Datasets:

NCube

/

europa-random-split

like 0

61996TJ0084

es

Motivación de la sentencia Marco jurídico del litigio 1 Según la letra a) del apartado 2 del artículo 1 de la Decisión 83/516/CEE del Consejo, de 17 de octubre de 1983, sobre las funciones del Fondo Social Europeo (DO L 289, p. 38; EE 05/04, p. 26), el Fondo Social Europeo participará en la financiación de acciones de formación y orientación profesional. 2 La aprobación por la Comisión de una solicitud de financiación llevará aparejada, según el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 2950/83 del Consejo, de 17 de octubre de 1983, sobre aplicación de la Decisión 83/516/CEE, referente a las funciones del Fondo Social Europeo (DO L 289, p. 1; EE 05/04, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento»), el abono de un anticipo del 50 % de la ayuda concedida, en la fecha prevista para el comienzo de la operación de formación. 3 En virtud del apartado 4 de esa misma disposición, en las solicitudes de pago del saldo irá incluido un informe detallado sobre el contenido, los resultados y los aspectos financieros de la operación de que se trate. El Estado miembro interesado certificará la exactitud fáctica y contable de los datos que figuren en las solicitudes de pago. 4 A tenor del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento, cuando la ayuda del Fondo Social Europeo (en lo sucesivo, «Fondo») no sea utilizada con arreglo a las condiciones fijadas en la decisión de aprobación, la Comisión podrá suspender, reducir o suprimir la ayuda, después de haber dado al Estado miembro de que se trate la oportunidad de formular sus observaciones. 5 Por último, el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento dispone que, sin perjuicio de los controles efectuados por los Estados miembros, la Comisión podrá efectuar comprobaciones in situ. Antecedentes de hecho del litigio 6 Cipeke - Comércio e Indústria de Papel, Ld.°, que ejerce su actividad en el comercio y la industria del papel y en el sector de las artes gráficas, celebró, junto con un grupo de empresas del sector, un contrato con un promotor, Partex Companhia Portuguesa de Serviços, SA (en lo sucesivo, «Partex»), cuyo objeto era la organización de una acción de formación común durante el ejercicio de 1987. 7 El Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu de Lisboa (en lo sucesivo, «DAFSE») formuló, en beneficio del grupo de empresas de que se trata, una solicitud de ayuda del Fondo, registrada por la Comisión el 20 de octubre de 1986. 8 Mediante Decisión de 30 de abril de 1987, la Comisión aprobó dicho proyecto de formación y concedió a Partex, en nombre de las entidades interesadas, un importe global de ayuda de 300.665.191 ESC, de los que 71.309.280 ESC fueron en beneficio de Cipeke. 9 La acción de la demandante consistió en dos cursos remunerados de formación profesional, impartidos en el sector de las artes gráficas y destinados, respectivamente, a empleados en presupuestos gráficos y a técnicos en fotomecánica. 10 Mediante contratos de prestación de servicios firmados, respectivamente, el 31 de diciembre de 1986, el 24 de abril de 1987 y el 30 de abril de 1987, Cipeke había encomendado la acción de formación, mediante subcontratación, a las empresas Partex, Cetase y Quadriforma, reservándose únicamente una función de vigilancia de las decisiones adoptadas por dichas empresas. Otras dos sociedades, Gráfica Monumental y Parageste, participaron asimismo en las acciones de formación de Cipeke. 11 Una vez finalizada la acción de formación, la demandante presentó al DAFSE el informe de valoración cuantitativo y cualitativo, así como una solicitud definitiva de pago del saldo. Tras señalar, mediante escrito de 10 de enero de 1990, la existencia de determinada cuantía de gastos no subvencionables, la Comisión, mediante Decisión de 2 de marzo de 1990, redujo la cuantía de la ayuda inicialmente concedida. 12 Habiendo recurrido la demandante, el Tribunal de Justicia anuló dicha Decisión por motivación insuficiente (sentencia de 4 de junio de 1992, Cipeke/Comisión, C-189/90, Rec. p. I-3573, apartados 21 a 23), después de haber considerado que, si bien la demandante pudo efectivamente tener conocimiento del importe total de la reducción, ignoraba en cambio la lista exacta de las partidas o rúbricas afectadas, el desglose por partidas de la reducción y el modo de cálculo de dicha reducción. 13 En ejecución de la referida sentencia, la Comisión incoó un procedimiento con vistas a adoptar una nueva Decisión respecto de la demandante. A tal efecto, el 7 de julio de 1993 la interesada fue objeto de una inspección comunitaria. 14 Mediante escrito nº 6045 de 24 de marzo de 1994 (en lo sucesivo, «escrito nº 6045»), la Comisión comunicó al DAFSE que el nuevo examen de la solicitud de pago del saldo de Cipeke había revelado que una parte de la ayuda del Fondo no había sido utilizada con arreglo a las condiciones fijadas en la Decisión de aprobación. 15 En dicho escrito, la Comisión indicó que Cipeke había subcontratado las acciones de formación con diversas entidades, las cuales habían facturado determinados servicios. A juicio de la Comisión, en el marco de la inspección pudo comprobarse, según informaciones procedentes del principal responsable del promotor, que el papel de intermediario de éste había sido totalmente inútil y había dado lugar a un incremento injustificado de los gastos declarados. 16 La Institución estimó que el total de los gastos no subvencionables de la demandante se elevaba a 19.725.390 ESC y que debía devolverse a la Comisión la cantidad de 4.267.218 ESC. 17 La Institución pidió al DAFSE que formulara sus observaciones, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento. A tales efectos, mediante escrito de 11 de abril de 1994, el DAFSE requirió a la demandante para que se pronunciara sobre el proyecto de reducción, y transmitió también dicho proyecto a Partex, titular del expediente. 18 Mediante escrito de 21 de abril de 1994, Partex pidió que la Decisión que había de dictarse confirmara que las cantidades por ella facturadas podían ser objeto de ayuda. La demandante, por su parte, mediante escrito de 26 de abril de 1994 enviada al DAFSE, mantuvo en su integridad su solicitud de pago del saldo final del proyecto. 19 Mediante escrito de 13 de mayo de 1994, el DAFSE formuló sus observaciones sobre el proyecto de Decisión. 20 Mediante Decisión PT-C(95)543, de 12 de diciembre de 1995, la Comisión redujo efectivamente la ayuda financiera del Fondo y ordenó la devolución de la cantidad de 4.267.218 ESC. 21 Mediante escrito de 21 de marzo de 1996, recibido por la demandante el 23 de marzo siguiente, el DAFSE informó de la referida Decisión a la demandante y le instó a devolver al Fondo la citada cantidad. Procedimiento 22 En tales circunstancias, mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de mayo de 1996, la demandante interpuso un recurso de anulación contra la Decisión de reducir la ayuda. 23 Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia ese mismo día, la demandante formuló, con arreglo al artículo 185 del Tratado CE, una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión adoptada. Mediante auto de 8 de octubre de 1996 (T-84/96 R, Rec. p. II-1315), el Presidente del Tribunal de Primera Instancia desestimó dicha demanda y decidió reservar la decisión sobre las costas. 24 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. 25 La vista se celebró el 26 de septiembre de 1997. Fueron oídos los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Pretensiones de las partes 26 La demandante solicita la anulación del acto impugnado, con todas las consecuencias jurídicas que de ello se deriven. 27 La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que: 1) Declare infundado, por falta de prueba, el recurso de la demandante y lo desestime. 2) Condene en costas a la demandante. Sobre el objeto del litigio 28 Es preciso hacer constar que las pretensiones formuladas en la demanda contienen las siguientes indicaciones: «Por ello, el acto impugnado incurre en vicios sustanciales de forma (artículo 190 del Tratado CE), lo que implica su nulidad, la cual se alega aquí y deberá ser declarada, por lo que dicho acto no podrá tener efecto alguno (artículo 173 del Tratado CE)». 29 No obstante, cabe considerar que algunas pretensiones de la demanda cuestionan en realidad la procedencia de la Decisión impugnada. En efecto, la demandante alega, en su escrito de demanda, que las conclusiones de la Comisión carecen de fundamento (punto 38), que se basan en cálculos hipotéticos (punto 40) o que los cálculos de la Comisión en cuanto al carácter no subvencionable de determinados gastos no se hicieron de manera razonable (punto 41), y, por último, que las cantidades consideradas no subvencionables estaban previstas en el proyecto inicial (punto 45). 30 Tales pretensiones, sin embargo, no están lo suficientemente articuladas para cumplir lo prescrito en la letra c) del apartado 1 del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento, a cuyo tenor toda demanda deberá contener, entre otras cosas, la exposición sumaria de los motivos invocados. A este respecto, es preciso hacer constar que la parte demandante no aduce ningún motivo que se refiera expresamente a la procedencia de la Decisión. 31 En efecto, según reiterada jurisprudencia, la exposición de un motivo debe ser suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal ejercer su control jurisdiccional y a la parte demandada preparar su defensa. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la Justicia, es necesario, pues, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa un motivo resulten, al menos de forma sumaria, pero de una forma coherente y comprensible, de la demanda misma (auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 1993, De Hoe/Comisión, T-85/92, Rec. p. II-523, apartado 20). 32 La imprecisión de la exposición de las pretensiones de la demandante en su escrito de demanda indujo a la Comisión a considerar que el motivo basado en la motivación insuficiente era el único motivo invocado en el escrito de demanda, de manera que dicha Institución se limitó a responder a ese motivo en su escrito de contestación. Así pues, en el punto 13 de dicho escrito, la Comisión sostuvo que la circunstancia de que la demandante no esté de acuerdo con la Decisión impugnada no debe confundirse con la inexistencia o insuficiencia de motivación. 33 Este Tribunal de Primera Instancia no puede tomar en consideración las observaciones que la demandante formuló en su escrito de 26 de abril de 1994 sobre el proyecto de Decisión de reducir la ayuda y a las que se remite en el punto 42 de su escrito de demanda. En efecto, tal remisión global a otros escritos, aunque anexos a la demanda, no puede paliar la inexistencia de elementos esenciales de los fundamentos de Derecho que deben figuran en la demanda misma (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1990, Comisión/Grecia, C-347/88, Rec. p. I-4747, apartado 28, y de 31 de marzo de 1992, Comisión/Dinamarca, C-52/90, Rec. p. I-2187, apartados 17 y siguientes). 34 Es cierto que, en lo que atañe a puntos específicos, cabe apoyar y completar el cuerpo de la demanda mediante remisiones a extractos de documentos que figuren en anexo, pero no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los anexos, los motivos que éste podría considerar que constituyen el fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria e instrumental (autos del Tribunal de Primera Instancia de 24 de marzo de 1993, Benzler/Comisión, T-72/92, Rec. p. II-347, apartado 19, y De Hoe/Comisión, antes citado, apartado 22). 35 Por ello, este Tribunal de Primera Instancia considera que la demanda, tal como fue sometida a su apreciación, no le permite ejercer su control jurisdiccional sobre la procedencia de la Decisión impugnada, y que tal demanda impidió a la parte demandada articular eficazmente su defensa a este respecto. 36 Es verdad que la demandante cuestionó asimismo, en la fase de réplica y en la vista, la procedencia de la motivación de la Decisión impugnada. No obstante, tal motivo debe considerarse nuevo, puesto que no cabe considerarlo como la ampliación del motivo basado en la motivación insuficiente, debido precisamente a la distinción que procede efectuar entre ambos (véase el apartado 32 supra). 37 Pues bien, del apartado 2 del artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia resulta que en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, salvo en el supuesto, que no se da en el caso de autos, de que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 1996, Atlanta y otros/CE, T-521/93, Rec. p. II-1707, apartado 39). 38 De las precedentes consideraciones resulta que el motivo basado en la insuficiente motivación de la Decisión impugnada es el único motivo invocado válidamente ante este Tribunal de Primera Instancia. Sobre la motivación de la Decisión Alegaciones de las partes 39 En su escrito de demanda, la demandante sostiene que las conclusiones expuestas en el escrito nº 6045, que constituyen la fundamentación de la Decisión impugnada, son contradictorias, ambiguas, incoherentes y desprovistas de fundamento. No indican de un modo objetivo y exacto de qué manera se calculó la cuantía de los gastos no subvencionables. En esta medida, la Decisión impugnada no resulta conforme con los requisitos formulados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Cipeke/Comisión, antes citada. 40 Según la demandante, la Comisión basó sus conclusiones en cálculos hipotéticos, que, respecto a los gastos vinculados a la preparación de los cursos, conducen a cuantías mucho menos elevadas que las correspondientes a la media de los gastos realizados por todos los demás beneficiarios de la ayuda de que se trata. Los cálculos de la Comisión sobre el carácter no subvencionable de determinados gastos no se realizaron de un modo razonable, como ya tuvo ocasión de subrayar la demandante en su escrito de 26 de abril de 1994, anexo a la demanda y de la que constituye parte integrante. 41 En su réplica, la demandante añade que la Decisión impugnada no indica ni el modo de cálculo ni los criterios que la Comisión aplicó para reducir la ayuda financiera (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 1992, Consorgan/Comisión, C-181/90, Rec. p. I-3557, apartados 15 a 25; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de diciembre de 1994, Lisrestal y otros/Comisión, T-450/93, Rec. p. II-1177, apartado 52). 42 Las justificaciones aducidas para reducir la cuantía de la ayuda inicialmente concedida, tal como se desprenden de las conclusiones de la inspección y de las observaciones del Estado portugués, se basan, según la demandante, en meros razonamientos hipotéticos y en presunciones, siendo así que las justificaciones aducidas para reducir la cuantía de la ayuda debieran establecerse con certeza y con la suficiente claridad. 43 La Comisión objeta en lo sustancial que la demandante no ha acreditado el carácter hipotético, inexacto y subjetivo de unos cálculos que ella, por el contrario, elaboró minuciosamente y con seriedad a resultas de la inspección. 44 Según la Comisión, el escrito nº 6045, cuyas conclusiones constituyen el fundamento de la Decisión impugnada, como la propia demandante indica en el punto 37 de la demanda, precisa con suficiente claridad y transparencia los métodos de cálculo y las reglas aplicadas, tales como el criterio del carácter razonable de los gastos, que llevaron a dicha Institución a reducir la ayuda del Fondo. 45 Dicho escrito puso en conocimiento de la interesada no sólo la cuantía total de la reducción, sino también la lista exacta de las partidas en las que se practicaron tales reducciones, las diferentes cuantías por partida y por empresa subcontratista, así como el modo de cálculo de dicha reducción. Por último, concluye la Comisión, las reducciones efectuadas fueron acreditadas con certeza y con la suficiente claridad, al menos en la medida en que fue posible hacerlo teniendo en cuenta los elementos que la demandante puso a disposición de la misión de inspección. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 46 Con carácter liminar, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado ha de reflejar clara e inequívocamente el razonamiento de la Institución de la que emane el acto impugnado, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el Juez comunitario pueda ejercer su control (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 1997, The Irish Farmers Association y otros, C-22/94, Rec. p. I-1809, apartado 39; sentencia Lisrestal y otros/Comisión, antes citada, apartado 52). 47 De lo anterior se deduce que la inexistencia o insuficiencia de motivación constituye un motivo basado en vicios sustanciales de forma, distinto, en cuanto tal, del motivo basado en la inexactitud de los fundamentos de la Decisión impugnada, cuyo control forma parte, por el contrario, del examen de la procedencia de dicha Decisión (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de octubre de 1996, Vecchi/Comisión, T-356/94, RecFP p. II-1251, apartado 82). 48 En el caso de autos, basta con indicar que la Decisión impugnada, tal como se explicita en el escrito nº 6045, desarrolla, a lo largo de varias páginas, una exposición circunstanciada de las razones en las que, acertada o equivocadamente, se basó la Comisión para fundamentar la reducción de diferentes rúbricas de los gastos considerados no subvencionables y las modalidades de cálculo de tales reducciones. De este modo, se dio a la demandante la oportunidad de conocer tanto la cuantía total de la reducción como las rúbricas afectadas, el desglose por rúbrica de las reducciones y el modo de cálculo de dichas reducciones, con arreglo a los principios formulados por la sentencia Cipeke/Comisión, antes citada. 49 Resulta, pues, que la motivación de la Decisión impugnada indica de un modo claro y coherente las consideraciones de hecho y de Derecho en las que se basa la justificación legal de las reducciones efectuadas, con independencia de la procedencia de tales consideraciones, que, como antes se indicó, no forma parte del control del carácter suficiente de la motivación, sino del examen del fondo del litigio. 50 Por ello, procede desestimar por infundado el motivo basado en la motivación insuficiente de la Decisión impugnada. 51 De lo anterior se deduce que debe desestimarse el recurso. Decisión sobre las costas Costas 52 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, y al haber solicitado la Comisión la condena en costas de la demandante, procede condenar a ésta en costas, incluidas las causadas en el procedimiento sobre medidas provisionales. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas a la demandante, incluidas las causadas en el procedimiento sobre medidas provisionales.

61995CJ0334

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por despacho de 21 de Setembro de 1995, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 23 de Outubro seguinte, o Finanzgericht Hamburg-Jonas colocou, ao abrigo do artigo 177._ do Tratado CE, seis questões prejudiciais sobre, por um lado, a validade do artigo 17._, n._ 1, do Regulamento (CEE) n._ 804/68 do Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (JO L 148, p. 13; EE 03 F2 p. 146, com as alterações introduzidas pelo Regulamento (CEE) n._ 3904/87 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1987 (JO L 370, p. 1, a seguir «Regulamento n._ 804/68»), em conjugação com o respectivo Anexo, bem como sobre as consequências de uma eventual declaração de invalidade e, por outro lado, sobre a interpretação do artigo 244._ do Regulamento (CEE) n._ 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO L 302, p. 1, a seguir «Código Aduaneiro Comunitário»), bem como do artigo 177._ do Tratado. 2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio em que são partes a Krüger GmbH & Co. KG (a seguir «Krüger») e o Hauptzollamt Hamburg-Jonas (a seguir «Hauptzollamt») a propósito do reembolso de uma restituição à exportação de produtos lácteos. 3 O Regulamento n._ 804/68 prevê no artigo 17._, n._ 1: «Na medida necessária para permitir a exportação dos produtos (lácteos)... em natureza ou sob a forma de mercadorias constantes do anexo... com base nos preços destes produtos no comércio internacional, a diferença entre estes preços e os preços da Comunidade pode ser coberta por uma restituição à exportação.» 4 O anexo do Regulamento n._ 804/68 refere entre os produtos que podem dar lugar à restituição: Código NC Designação das mercadorias ex 2101 10 Preparações à base de café 5 Na altura dos factos do litígio no processo principal a subposição 2101 10 da Nomenclatura Combinada, tal como estabelecida no Anexo do Regulamento (CEE) n._ 2658/87 do Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativa à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum ( JO L 256, p. 1), na versão resultante do Regulamento (CEE) n._ 2505/92 da Comissão, de 14 de Julho de 1992, (JO L 267, p. 1), dizia respeito às mercadorias seguintes: Código NC Designação das mercadorias 2121 10 2101 10 11 2101 10 19 2101 10 91 2101 10 99 - Extractos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extractos, essências ou concentrados ou à base de café: - Extractos, essências e concentrados: - De teor, em peso, de matéria seca proveniente do café, igual ou superior a 95% - Outros - Preparações: - Não contendo matérias gordas provenientes do leite, proteínas do leite, sacarose, isoglicose, glicose, amido ou fécula, ou contendo, em peso, menos de 1,5% de matéria gordas provenientes do leite, menos de 2,5% de proteínas do leite, menos de 5% de sacarose ou isoglicose, menos de 5% de glicose ou amido ou fécula - Outras 6 O Regulamento (CEE) n._ 3115/94 da Comissão, de 20 de Dezembro de 1994, que modifica os anexos I e II do Regulamento n._ 2658/87 (JO L 345, p. 1), adoptado na sequência do GATT de 1994 distinguiu nas «preparações» entre as que são à base de extractos, de essências ou de concentrados de café que integram a nova sub-posição 2101 10 92, e os «outros» que integram uma nova sub-posição 2101 10 98. As antigas sub-posições 2101 10 91 e 2110 10 99 foram suprimidas. 7 O Código Aduaneiro Comunitário dispõe no seu artigo 1._: «A legislação aduaneira compreende o presente código e as disposições adoptadas a nível comunitário ou nacional em sua aplicação. O presente código aplica-se sem prejuízo de disposições especiais estabelecidas noutros domínios: - às trocas entre a Comunidade Europeia e países terceiros, - ...». 8 Nos termos do artigo 161._, n._ 1 do Código aduaneiro Comunitário, «O regime de exportação permite a saída de mercadorias comunitárias do território aduaneiro da Comunidade. A exportação implica a aplicação das formalidades previstas para a referida saída, incluindo medidas de política comercial e, se necessário, dos direitos de exportação.» 9 O artigo 243._, n._ 1, primeiro parágrafo do mesmo código prevê em seguida: «Todas as pessoas têm o direito de interpor recurso das decisões tomadas pelas autoridades aduaneiras ligadas à aplicação da legislação aduaneira e que lhe digam directa e individualmente respeito.» 10 Por último, nos termos do artigo 244._ do Código Aduaneiro Comunitário, «A interposição de recurso não tem efeito suspensivo da execução da decisão contestada. Todavia, as autoridades aduaneiras suspenderão, total ou parcialmente, a execução dessa decisão sempre que tenham motivos fundamentados para pôr em dúvida a conformidade da decisão contestada com a legislação aduaneira ou que seja de recear um prejuízo irreparável para o interessado. Quando a decisão contestada der origem à aplicação de direitos de importação ou de direitos de exportação, a suspensão da execução dessa decisão fica sujeita à existência ou à constituição de uma garantia...». 11 Resulta do autos do processo principal que, no decurso de 1993, a Krüger exportou uma mistura de leite gordo em pó e extractos de café com a designação comercial «Cappuccino Tasse». No desalfandegamento a Krüger declarou o produto correctamente como preparação alimentícia em forma instantânea «Cappuccino» da sub-posição pautal 2101 10 99. 12 O Hauptzollamt concedeu à Krüger uma restituição à exportação no montante de 89 411 DM para as quantidades de leite magro e leite magro em pó utilizadas no fabrico do produto em questão. 13 Por carta de 3 de Fevereiro de 1994, a Krüger interrogou o Hauptzollamt sobre a razão por que não tinham sido concedidas restituições à exportação à sua filial para o mesmo tipo de produto. 14 Em 11 de Fevereiro de 1994, o Hauptzollamt informou a Krüger que a regulamentação comunitária autorizava a concessão de restituições à exportação para o leite magro contido nas preparações alimentares à base de café, mas não para o leite contido na preparações alimentares à base de extractos, de essências ou de concentrados de café. 15 Considerando que as restituições à exportação anteriormente concedidas à Krüger lhe tinham sido pagas erradamente, o Hauptzollamt, por decisão de 30 de Maio de 1994, pediu o reembolso do montante de 89 411 DM. 16 Invocando o artigo 244._, segundo parágrafo, do Código Aduaneiro Comunitário, a Krüger recorreu para o Finanzgericht Hamburg pedindo a suspensão da execução desta decisão. 17 Por despacho de 21 de Setembro de 1995, o Finanzgericht Hamburg deferiu este pedido, com fundamento na existência de boas razões para duvidar da validade da decisão em causa. Este órgão jurisdicional considerou com efeito que o Regulamento n._ 804/68 poderia violar o artigo 40._, n._ 3, segundo parágrafo, do Tratado CE, na medida em que não concede restituições à exportação para os produtos lácteos contidos nas preparações alimentares fabricadas à base de extractos, de essências ou de concentrados de café. 18 Atenta a importância do litígio o Finanzgericht Hamburg nos termos das disposições conjugadas do § 128, n._ 3, segundo período, e do § 115, n._ 2, alínea 1, da Finanzgerichtsordnung (código de processo nos tribunais fiscais), autorizou um recurso de «Revision» para o Bundesfinanzhof da decisão provisória de suspensão. Exprimiu, no entanto, dúvidas quanto à compatibilidade de uma tal autorização com o segundo parágrafo do artigo 177._ do Tratado. 19 No mesmo despacho, o Finanzgericht Hamburg colocou, por conseguinte, ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1) O Regulamento (CEE) n._ 804/68, em conjugação com o respectivo Anexo, na redacção do Regulamento (CEE) n._ 374/92, é contrário ao do artigo 40._, n._ 3, segundo parágrafo, do Tratado CEE, e é inválido na medida em que não concede restituições à exportação de leite ou derivados de leite contidos em preparações alimentícias da sub-posição 2101 10 da nomenclatura combinada, preparações à base de extractos, essências ou concentrados de café? 2) A proibição de discriminação obsta ao pedido de reembolso de restituições à exportação concedidas a leite ou derivados de leite contidos em preparações alimentícias da sub-posição 2101 10 da nomenclatura combinada, preparados à base de extractos de café?- 3) O artigo 244._ do Regulamento (CEE) n._ 2913/92 (Código Aduaneiro) é aplicável à suspensão da execução de decisões através das quais é pedido o reembolso de restituições à exportação? 4) Caso a resposta à questão 3. seja afirmativa: em casos em que seja duvidosa a validade das regras comunitárias em que assenta a decisão, a suspensão da execução é apreciada com base no artigo 244._ do Código Aduaneiro, ou com base noutros pressupostos, e quais? 5) Caso a resposta à questão 3. seja negativa: Com base em que pressupostos deve ser apreciada a suspensão da execução, em casos em que é duvidosa a validade das regras comunitárias em que assenta a decisão? 6) O artigo 177._, segundo parágrafo, do Tratado CE deve ser interpretado no sentido de que exclui a possibilidade de autorização de recurso em casos como o presente, nos termos do § 128, n._ 3, segundo período, em conjugação com o § 115, n._ 2, alínea 1, do Finanzgerichtsordnung (código de processo nos tribunais fiscais)?» Quanto à primeira e segunda questões 20 Com as duas primeiras questões o órgão jurisdicional nacional interroga o Tribunal de Justiça quanto à validade do Regulamento n._ 804/68, na medida em que este, no que se refere às restituições à exportação de produtos lácteos, diferencia o tratamento entre as preparações à base de café e as preparações à base de extractos, de essências ou de concentrados de café, bem como quanto às consequências a retirar de uma eventual declaração de invalidade deste regulamento. 21 Ao colocar estas questões o Finanzgericht Hamburg partiu da premissa segundo a qual esta diferença de tratamento resulta da redacção do artigo 17._, n._ 1, do Regulamento n._ 804/68 e respectivo Anexo, em conjugação com a nomenclatura combinada. 22 É jurisprudência constante que, no âmbito de um processo de cooperação entre os órgãos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justiça instituído pelo artigo 177._ do Tratado, compete a este dar ao órgão jurisdicional de reenvio uma resposta útil que lhe permita decidir o litígio que lhe foi submetido. 23 Nessa óptica, compete ao Tribunal de Justiça reformular as questões que lhe foram submetidas ou examinar se uma questão relativa à validade de uma disposição do direito comunitário assenta numa interpretação correcta do texto em causa. 24 No presente reenvio, há que apreciar antes de mais se o artigo 17._, n._ 1, do Regulamento n._ 804/68, em conjugação com o respectivo Anexo, que remete para a sub-posição 2101 10 da nomenclatura combinada, deve ser interpretado no sentido de que autoriza a concessão das restituições à exportação unicamente para os produtos lácteos contidos nas preparações à base de café, excluindo os contidos nas preparações à base de extractos, de essências e de concentrados de café. 25 A esse propósito, importa tomar em consideração a finalidade do Regulamento n._ 804/68, a redacção da sub-posição 2101 10 da nomenclatura combinada referida no anexo do regulamento e a estrutura desta posição pautal. 26 O Regulamento n._ 804/68 prevê no artigo 17._, n._ 1, como um dos elementos da organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos, a faculdade de a Comunidade conceder restituições à exportação para os produtos lácteos vendidos em natureza ou para os que entram na composição de outros produtos. Esta restituição, que equivale à diferença entre os preços dos produtos lácteos no comércio internacional e os preços da Comunidade, tem por objectivo garantir, em caso de necessidade, a venda dos produtos comunitários no mercado mundial. 27 Tratando-se mais especificamente de produtos lácteos utilizados em produtos fabricados a partir do café, o anexo do Regulamento n._ 804/68 refere a sub-posição 2101 10 da nomenclatura combinada com a designação «Preparações à base de café» fazendo preceder o código numérico da sub-posição do prefixo «ex». 28 Esta sub-posição pautal distingue os extractos, essências e concentrados de café, por um lado, e as preparações, por outro. 29 A referência, no anexo do Regulamento n._ 804/68 às preparações explica-se pelo facto de só estas últimas serem susceptíveis de conter produtos lácteos. 30 Ora, ao nível da sub-posição «preparações», a nomenclatura combinada distingue não entre as preparações à base de café e as preparações à base de extractos, essências ou concentrados de café, mas entre as que não contêm ou contêm apenas uma diminuta proporção de matérias gordas provenientes do leite, proteínas do leite, sacarose, isoglicose, glicose, amido ou fécula (Código 2101 10 91) e as outras (Código 2101 10 99). 31 Nestas condições a designação «ex 2101 10 Preparações à base de café» que figura no anexo do Regulamento n._ 804/68, não poderá ser interpretada literalmente como englobando apenas as preparações à base de café, devendo pelo contrário ser entendida como abrangendo todas as preparações realizadas a partir de produtos de café nas quais entram produtos lácteos. 32 Esta interpretação do Regulamento n._ 804/68 não poderá ser contestada pelo facto de ser diminuta a parte dos produtos lácteos no valor das preparações à base de extractos, de essências ou de concentrados de café. Com efeito, o Regulamento n._ 804/68, muito embora limitando-se a prever a possibilidade de a Comunidade conceder restituições à exportação, não contém qualquer disposição de acordo com a qual estas últimas seriam excluídas quando a parte que representa o produto lácteo no valor do produto exportado não exceda um determinado nível. 33 Além disso, esta leitura do Regulamento n._ 804/68 é a única que lhe pode conferir um efeito útil. Na verdade, as disposições em questão deste regulamento não teriam razão de ser caso fossem interpretadas no sentido de que para a concessão de uma restituição à exportação para os produtos lácteos só seriam eligíveis as preparações à base de café, cuja existência no mercado não foi demonstrada, tal como resulta das observações apresentadas ao Tribunal de Justiça. 34 Por conseguinte, cabe interpretar o artigo 17._, n._ 1, do Regulamento n._ 804/68, em conjugação com o respectivo Anexo, que remete para a sub-posição 2101 10 da nomenclatura combinada, tal como estabelecida no Anexo do Regulamento n._ 2658/87, na versão resultante do Regulamento n._ 2505/92, no sentido de que autoriza a concessão de restituições à exportação para os produtos lácteos contidos tanto nas preparações à base de café como nas preparações à base de extractos, de essências e de concentrados de café. 35 Tendo em conta esta leitura do Regulamento n._ 804/68 não há que analisar a validade deste regulamento à luz do princípio da não discriminação, uma vez que a argumentação relativa à violação deste último se baseia numa interpretação segundo a qual o regulamento não permitiria a concessão das restituições à exportação para os produtos lácteos contidos nas preparações à base de extractos, de essências e de concentrados de café, ao passo que permitiria a concessão deste benefício para os produtos lácteos contidos nas preparações à base de café, nem as consequências a tirar de uma eventual declaração de invalidade do referido regulamento. Quanto à terceira questão 36 Com esta questão o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 244._ do Código Aduaneiro Comunitário é aplicável aos pedidos de reembolso das restituições à exportação. 37 Resulta antes de mais da redacção dos artigos 243._, n._ 1 e 244._, segundo parágrafo, do Código Aduaneiro Comunitário que os recursos previstos nestas disposições são interpostos das decisões tomadas pelas autoridades dos Estados-Membros ligadas à aplicação da legislação aduaneira. 38 Decorre em seguida do artigo 161._ do Código Aduaneiro Comunitário que o regime de exportação implica a aplicação das formalidades que permitem a saída de mercadorias comunitárias do território aduaneiro da Comunidade, incluindo medidas de política comercial e direitos de exportação. 39 Ora, as restituições à exportação não fazem parte do regime de exportação das mercadorias comunitárias, pois encontram o seu fundamento nos regulamentos que estabelecem as organizações comuns de mercado para os diferentes produtos agrícolas. Visam com efeito cobrir a diferença entre os preços destes produtos no comércio internacional e os preços praticados na Comunidade de modo a permitir a exportação desses produtos no mercado mundial garantindo os rendimentos dos produtores comunitários. Estas restituições constituem assim o aspecto externo da política comum de preços no interior da Comunidade e não podem ser consideradas como medidas que relevam da legislação aduaneira. 40 É portanto de responder à terceira questão que o artigo 244._ do Código Aduaneiro Comunitário não é aplicável aos pedidos de reembolso das restituições à exportação. Quanto à quarta questão 41 O órgão jurisdicional de reenvio apenas colocou a quarta questão para a hipótese de uma resposta afirmativa à terceira questão. 42 Atendendo à resposta negativa dada à terceira questão não há, por conseguinte, que responder à quarta questsão. Quanto à quinta questão 43 Com esta questão o órgão jurisdicional nacional pede, no essencial, ao Tribunal de Justiça que precise os critérios com base nos quais pode decidir a suspensão da execução de uma decisão administrativa nacional, se tiver dúvidas quanto à validade do acto comunitário que lhe serve de fundamento. 44 Para responder a esta questão, basta recordar que, no acórdão de 9 de Novembro de 1995, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e o. I (C-465/93, Colect., p. I-3761), o Tribunal de Justiça declarou que as medidas provisórias só podem ser decretadas por um órgão jurisdicional nacional: - se esse órgão jurisdicional tiver sérias dúvidas sobre a validade do acto comunitário e se, no caso de a questão da validade do acto impugnado não ter sido ainda submetida à apreciação do Tribunal de Justiça, esse mesmo órgão jurisdicional lha reenviar; - se houver urgência no sentido de que as medidas provisórias são necessárias para evitar que a parte que as solicita sofra um prejuízo grave e irreparável; - se o órgão jurisdicional tomar em devida conta o interesse da Comunidade; - se, na apreciação de todas estas condições, o órgão jurisdicional nacional respeitar as decisões do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Primeira Instância sobre a legalidade do regulamento ou um despacho em processo de medidas provisórias com vista à concessão, a nível comunitário, de medidas provisórias similares. 45 A Comissão sublinhou todavia que, para ter devidamente em conta o interesse da Comunidade, o órgão jurisdicional nacional deve, quando pretende decretar as medidas provisórias, dar a possibilidade de se exprimir à instituição comunitária de que emana o acto cuja validade é posta em dúvida. 46 A esse propósito cabe precisar que compete ao órgão jurisdicional nacional chamado a apreciar o interesse da Comunidade no âmbito de um pedido de medidas provisórias decidir, de acordo com as suas regras de processo, qual o modo mais adequado de recolher todas as informações úteis relativas ao acto comunitário em causa. 47 É de responder à quinta questão que o órgão jurisdicional nacional apenas pode suspender a execução de uma decisão administrativa nacional baseada num acto comunitário: - se esse órgão jurisdicional tiver sérias dúvidas sobre a validade do acto comunitário e se, no caso de a questão da validade do acto impugnado não ter sido ainda submetida à apreciação do Tribunal de Justiça, esse mesmo órgão jurisdicional lha reenviar; - se houver urgência no sentido de que as medidas provisórias são necessárias para evitar que a parte que as solicita sofra um prejuízo grave e irreparável; - se o órgão jurisdicional tomar em devida conta o interesse da Comunidade; - se, na apreciação de todas estas condições, o órgão jurisdicional nacional respeitar as decisões do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Primeira Instância sobre a legalidade do regulamento ou um despacho em processo de medidas provisórias com vista à concessão, a nível comunitário, de medidas provisórias similares. Quanto à sexta questão 48 Com esta questão o órgão jurisdicional de reenvio pretende no essencial saber se o segundo parágrafo do artigo 177._ do Tratado se opõe a que um órgão jurisdicional nacional, que decretou a suspensão da execução de uma decisão administrativa nacional e submeteu ao Tribunal de Justiça a título prejudicial uma questão relativa à validade do acto comunitário no qual aquela se baseou, autorize a interposição de um recurso da sua decisão. 49 A fim de dar uma resposta útil a esta questão, importa analisar se uma norma processual nacional que permite a interposição de recurso de tal decisão é compatível, por um lado, com o dever de submeter uma questão ao Tribunal de Justiça imposta ao órgão jurisdicional nacional que considere que um acto de direito comunitário está ferido de invalidade e, por outro lado, com o direito de submeter a questão Tribunal de Justiça reconhecido pelo artigo 177._ a todo o órgão jurisdicional nacional. 50 Decorre dos acórdãos de 21 de Fevereiro de 1991, Zuckerfabrick Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Oest (C-143/88 e C-92/89, Colect., p. I-415), e Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e o. (I), já referido, que quando um órgão jurisdicional nacional suspende a execução de uma decisão administrativa nacional baseada num acto comunitário cuja validade é contestada, tem a obrigação de submeter ao Tribunal de Justiça uma questão prejudicial relativa à validade deste último. 51 Esta obrigação encontra o seu fundamento na necessidade de assegurar a aplicação uniforme do direito comunitário e salvaguardar a competência exclusiva do Tribunal de Justiça para decidir quanto à validade de um acto de direito comunitário. 52 Ora, o respeito destes imperativos não é afectado pela possibilidade de apresentar um recurso da decisão do órgão jurisdicional nacional. Com efeito, se esta decisão vier a ser alterada ou anulada no âmbito desse recurso, o processo prejudicial ficará sem objecto e o direito comunitário encontrará a sua plena aplicação. 53 Aliás, uma disposição processual nacional que prevê tal faculdade não impede a utilização do processo prejudicial pelo órgão jurisdicional que decide em última instância e que está obrigado, em conformidade com o terceiro parágrafo do artigo 177._ do Tratado, a proceder a um reenvio se tiver dúvidas quanto à interpretação ou validade do direito comunitário. 54 É portanto de responder à sexta questão que o segundo parágrafo do artigo 177._ do Tratado não se opõe a que um órgão jurisdicional nacional, que decretou a suspensão da execução de uma decisão administrativa nacional e submeteu ao Tribunal de Justiça a título prejudicial uma questão relativa à validade do acto comunitário em que aquela se baseou, permita a interposição de recurso da a sua decisão. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 55 As despesas efectuadas pelo Conselho da União Europeia e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pronunciando-se sobre as questões que lhe foram submetidas pelo Finanzgericht Hamburg, por despacho de 21 de Setembro de 1995, declara: 56 O artigo 17._, n._ 1, do Regulamento (CEE) n._ 804/68 do Conselho, de 27 de Julho de 1968, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos, com as alterações introduzidas pelo Regulamento (CEE) n._ 3904/87 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1987, em conjugação com o respectivo Anexo que remete para a sub-posição 2101 10 da nomenclatura combinada, tal como estabelecida no anexo do Regulamento (CEE) n._ 2658/87 do Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum, na versão resultante do Regulamento (CEE) n._ 2505/92 da Comissão, de 14 de Julho de 1992, deve ser interpretado no sentido que autoriza a concessão de restituições à exportação para os produtos lácteos contidos quer nas preparações à base de café, quer nas preparações à base de extractos, de essências ou de concentrados de café. 57 O artigo 244._ do Regulamento (CEE) n._ 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, não é aplicável aos pedidos de reembolso das restituições à exportação. 58 Um órgão jurisdicional nacional apenas pode suspender a execução de uma decisão administrativa nacional baseada num acto comunitário: - se esse órgão jurisdicional tiver sérias dúvidas sobre a validade do acto comunitário e se, no caso de a questão da validade do acto impugnado não ter sido ainda submetida à apreciação do Tribunal de Justiça, esse mesmo órgão jurisdicional lha reenviar; - se houver urgência no sentido de que as medidas provisórias são necessárias para evitar que a parte que as solicita sofra um prejuízo grave e irreparável; - se o órgão jurisdicional tomar em devida conta o interesse da Comunidade; - se, na apreciação de todas estas condições, o órgão jurisdicional nacional respeitar as decisões do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Primeira Instância sobre a legalidade do regulamento ou um despacho em processo de medidas provisórias com vista à concessão, a nível comunitário, de medidas provisórias similares. 59 O segundo parágrafo do artigo 177._ do Tratado CE não se opõe a que um órgão jurisdicional nacional, que decretou a suspensão da execução de uma decisão administrativa nacional e submeteu ao Tribunal de Justiça a título prejudicial uma questão relativa à validade do acto comunitário em que aquela se baseou, permita a interposição de um recurso da sua decisão.

61982CJ0277

da

1 Ved staevning , indgivet til Domstolens justitskontor den 15 . oktober 1982 , har C . Papageorgopoulos , proeveansat tjenestemand ved Det oekonomiske og sociale Udvalg , anlagt sag med paastand om annullation af udtalelsen om hende ved proevetidens udloeb samt af hendes paafoelgende afskedigelse , og at sagsoegte doemmes til at betale hende loen og honorarer fra den 1 . januar 1982 tillige med erstatning og renter som godtgoerelse for den kraenkelse , hun har lidt . 2 Efter afholdelsen af en generel udvaelgelsesproeve med henblik paa ansaettelse af maskinskrivere , blev sagsoegeren den 1 . juli 1981 ansat af sagsoegte som tjenestemand paa proeve . 3 Udtalelsen ved proevetidens udloeb blev udfaerdiget den 27 . november 1981 og meddelt sagsoegeren den 30 . november . Anmaerkningen »utilstraekkelig« er i rubrikken »kvalifikationer« anvendt for saa vidt angaar udnyttelsen af kundskaber i forbindelse med udfoerelsen af arbejdsopgaver , den skriftlige udtryksfaerdighed og tilpasningsevnen , samt i rubrikken »indsats« for saa vidt angaar arbejdets kvalitet og den maade , det udfoeres paa . I afsnittet »generel vurdering« begrundes anvendelsen af anmaerkningerne »utilstraekkelig« med foelgende : »Selv om Papageorgopoulos ' faglige og tekniske kundskaber maa bedoemmes som tilstraekkelige , udviser hendes kenskab til modersmaalet ( graesk ) alvorlige mangler , hvilket er aarsag til en ganske utilstraekkelig indsats , saavel med hensyn til kvaliteten af arbejdet som den maade , det udfoeres paa . Hendes reaktioner paa de henstillinger , hun i denne forbindelse har faaet , har desuden vist , at hun havde uhyre store vanskeligheder ved at acceptere sine overordnedes myndighed , at indpasse sig i et team , og derfor ved at tilpasse sig arbejdsgangen i institutionen.« 4 Udtalelsen slutter med en negativ bedoemmelse af sagsoegerens egnethed til i betragtning af sine kvalifikationer , indsats og tjenstlige adfaerd at varetage de med hendes stilling forbundne arbejdsopgaver . 5 Udtalelsen blev udfaerdiget af kontorchef Vermeylen og underskrevet af lederen af maskinskrivningsafdelingen , Farenzena , den fungerende leder af afdelingen , de Oliveira , og af lederen af den graeske pool , Pallis . 6 Ved skrivelse af 4 . december 1981 protesterede sagsoegeren imod udtalelsen . 7 Ved beslutning af 21 . december 1981 , der meddeltes sagsoegeren den 22 . december , besluttede Det oekonomiske og sociale Udvalgs generalsekretaer at afskedige hende med virkning fra den 31 . december 1981 . 8 Den 18 . marts 1982 indgav sagsoegeren en klage over afskedigelsesbeslutningen . Denne klage blev afvist ved Det oekonomiske og sociale Udvalgs generalsekretaers beslutning af 15 . juli 1982 . 9 I staevningen goer sagsoegeren gaeldende , at udtalelsen er mangelfuldt begrundet , at den ikke er objektiv , at den indirekte er selvmodsigende , at den kraenker princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og tilsidesaetter bistandspligten samt , at den er udtryk for magtfordrejning , idet Pallis , der underskrev udtalelsen , ville skaffe sig af med en konkurrent til stillingen som leder af den graeske pool . 10 Til stoette for disse anbringender anfoerer sagsoegeren , at Pallis var hendes konkurrent til stillingen som leder af den graeske pool , og at hendes bedoemmelse derfor ikke var objektiv . Hun goer desuden gaeldende , at Amarantidou , der i mindst halvdelen af proevetiden var ansvarlig for poolens ledelse , burde vaere blevet adspurgt . 11 Det fremgaar af sagen , at Pallis ved beslutning af 25 . september 1981 med virkning fra den 1 . oktober midlertidigt blev overdraget kontrollen med og organiseringen af den graeske sektion af maskinskrivningsafdelingen , og at hun paa tidspunktet for udtalelsens udfaerdigelse var ansvarlig for denne sektions ledelse . Det er i overensstemmelse med reglerne om god forvalt- ning , at den person , der er ansvarlig for sektionens ledelse , giver sin bedoemmelse af den proeveansatte . Med hensyn til sagsoegerens klagepunkt om at Amarantidou ' s vurdering burde vaere blevet soegt , fremgaar det , at der aldrig har foreligget nogen skriftlig beslutning om at overdrage ledelsen af maskinskrivningsafdelingens graeske sektion til denne , der var midlertidig ansat , men at hun rent faktisk varetog koordinationen af den graeske pools opgaver under afdelingslederens opsyn . Amarantidou har kun kunnet foelge sagsoegerens arbejde fra den 1 . juli til den 17 . august , da sidstnaevnte tog paa ferie . Endog foer udtalelsen blev udfaerdiget , forlod Amarantidou Det oekonomiske og sociale Udvalgs tjeneste den 27 . august . Hendes vurdering var derfor ikke afgoerende . 12 Udtalelsen , der blev udfaerdiget af kontorchefen , blev medunderskrevet af lederen af maskinskrivningsafdelingen , af de Oliveira , der fungerede som leder af afdelingen under sin chefs fravaer , og af den person , der var ansvarlig for ledelsen af den graeske pool , for at angive , at disse var enige i den i udtalelsen indeholdte bedoemmelse . De negative bedoemmelser er tilstraekkeligt begrundede i den generelle bedoemmelse , som der er henvist til . Det maa derfor fastslaas , at udtalelsen er blevet forskriftsmaessigt udfaerdiget og begrundet . 13 For saa vidt angaar anbringendet om magtfordrejning , har sagsoegeren ikke fremlagt det ringeste bevis for sine beskyldninger , hvorfor dette anbringende ikke kan laegges til grund . 14 For saa vidt angaar sagsoegerens oevrige klagepunkter , bemaerkes , at hun har indskraenket sig til at naevne disse i staevningen og forbeholdt sig muligheden for om noedvendigt naermere at udvikle dem i replikken . Disse klagepunkter er ikke blevet gjort til genstand for nogen form for praecisering eller udvikling under retsforhandlingernes senere trin . De boer herefter ikke undersoeges naermere . Afgørelse om sagsomkostninger Sagens omkostninger 15 Ifoelge procesreglementets artikel 69 , stk . 2 , doemmes den part , der taber sagen , til at afholde dens omkostninger . I henhold til procesreglementets artikel 70 baerer institutionerne imidlertid selv de udgifter , de har afholdt i sager anlagt af de ansatte ved Faellesskaberne . Afgørelse Paa grundlag af disse praemisser udtaler og bestemmer DOMSTOLEN ( foerste afdeling ) 1 . Sagsoegte frifindes . 2 . Hver part baerer sine omkostninger .

62005CJ0426

it

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 4 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ( GU L 108, pag. 33 ; in prosieguo: la «direttiva quadro»). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Tele2 Telecommunication GmbH, già Tele2 UTA Telecommunication GmbH, un’impresa austriaca che fornisce reti e servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: la «Tele2»), e la Telekom-Control-Kommission (Commissione di controllo delle telecomunicazioni; in prosieguo: la «TCK») a causa del rifiuto di quest’ultima di riconoscerle la qualità di parte nell’ambito di una procedura amministrativa di analisi del mercato. Contesto normativo Normativa comunitaria Ai termini del dodicesimo ‘considerando’ della direttiva quadro: «Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale. (…)» L’art. 4 della direttiva quadro, intitolato «Diritto di ricorso», così dispone: «1.   Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell’esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l’organo di ricorso non decida altrimenti. 2.   Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato». L’art. 6 della direttiva quadro, intitolato «Meccanismo di consultazione e di trasparenza», prevede quanto segue: «Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d’informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l’autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un’informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza nel campo commerciale». L’art. 7 della direttiva quadro, intitolato «Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche» così recita: «(…) 3.   Oltre alla consultazione di cui all’articolo 6, qualora un’autorità nazionale di regolamentazione intenda adottare una misura che: a) rientri nell’ambito di applicazioni degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002,] 2002/19/CE, [relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime] (direttiva accesso) [( GU L 108, pag. 7 , in prosieguo: la “direttiva accesso”),] o dell’articolo 16 della direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002,] 2002/22/CE, [relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica] (direttiva servizio universale) [( GU L 108, pag. 51 , in prosieguo: la “direttiva servizio universale”)]; e b) influenzi gli scambi tra Stati membri, essa rende nel contempo accessibile il progetto di misura alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell’articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all’autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese o entro il termine di cui all’articolo 6, se tale termine è più lungo. Il periodo di un mese non può essere prorogato. 4.   Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a: a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1; o b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5, e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all’autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. Entro tale periodo la Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2, adottare una decisione con cui si richieda all’autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. La decisione è accompagnata da un’analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura. 5.   L’autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione. (…)» L’art. 8 della direttiva quadro, intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione », enuncia al suo paragrafo 2: «Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro: a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità; b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione; d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione». L’art. 16 della direttiva quadro, intitolato «Procedura per l’analisi del mercato», prevede: «1.   Non appena possibile dopo l’adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. 2.   Quando l’autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della [direttiva servizio universale] o ai sensi degli articoli 7 e 8 della [direttiva accesso], a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. 3.   Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l’autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 4.   Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all’articolo 13 e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano. (…) 6.   Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7». Normativa nazionale La legge generale sul procedimento amministrativo del 1991 L’art. 8 della legge generale sul procedimento amministrativo del 1991 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl., 51/1991), nella versione pubblicata nel 2004 (BGBl. I, 10/2004), prevede quanto segue: «Coloro che ricorrono all’attività delle autorità o a cui tale attività si riferisce sono soggetti interessati; qualora siano interessati in virtù di un diritto o di un interesse giuridico, sono parti». La legge sulle telecomunicazioni del 2003 L’art. 37 della legge sulle telecomunicazioni del 2003 (Telekommunikationsgesetz 2003, BGBl. I, 70/2003; in prosieguo: il «TKG»), intitolato «Procedura per l’analisi del mercato», mira a recepire l’art. 16 della direttiva quadro. Ai sensi di suddetto art. 37: «1.   L’autorità nazionale di regolamentazione effettua d’ufficio, in osservanza delle disposizioni delle Comunità europee, ad intervalli regolari, non superiori a due anni, un’analisi dei mercati rilevanti definiti dal regolamento ai sensi dell’art. 36, n. 1. Tale procedura ha lo scopo di revocare, mantenere, modificare od imporre specifici obblighi una volta stabilito se sul mercato rilevante una o più imprese detengano un significativo potere di mercato o se, al contrario, vi sia un’effettiva concorrenza. 2.   Qualora, in esito a tale procedura, l’autorità di regolamentazione giunga alla conclusione che sul mercato rilevante una o più imprese detengono un significativo potere di mercato, cosicché non vi è un’effettiva concorrenza, essa deve imporre a tale o tali imprese idonei e specifici obblighi in conformità degli artt. 38-46 ovvero 47, n. 1. Eventuali obblighi già esistenti a carico delle imprese, nella misura in cui riguardano il mercato rilevante, vengono modificati o nuovamente imposti dall’autorità di regolamentazione in base ai risultati della procedura e alla luce degli obiettivi della regolamentazione. 3.   Qualora in esito alla procedura l’autorità di regolamentazione rilevi che nel mercato rilevante vi è un’effettiva concorrenza e nessuna impresa dispone di un significativo potere di mercato, ha la facoltà di astenersi dall’imporre obblighi ai sensi del n. 2, fatto salvo quanto disposto dall’art. 47, n. 2; in tal caso la procedura viene chiusa informalmente, relativamente a tale mercato, mediante decisione dell’autorità di regolamentazione e la decisione viene pubblicata. Qualora su tale mercato vi siano ancora specifici obblighi a carico di imprese, essi vengono revocati mediante decisione. Nella stessa decisione deve essere fissato anche un termine adeguato, non eccedente i sei mesi, che stabilisca il momento a partire dal quale la revoca prende effetto. (…) 5.   Nella detta procedura ha qualità di parte solo l’impresa nei cui confronti siano imposti, modificati o revocati specifici obblighi. (…)» L’art. 128 del TKG, intitolato «Procedura di consultazione», dispone: «1.   Il Ministro federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia e l’autorità di regolamentazione danno ai soggetti interessati la possibilità di presentare entro un termine ragionevole le proprie osservazioni sul progetto di misure di esecuzione ai sensi della presente legge federale che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato. Fanno eccezione le misure ai sensi degli artt. 91, n. 4, 122 e 130. Le competenti autorità rendono pubbliche le procedure di consultazione e i relativi risultati, salvo che l’art. 125 non disponga altrimenti. (…) 4.   Il Ministro federale dei Trasporti, dell’Innovazione e della Tecnologia e l’autorità di regolamentazione danno ai soggetti interessati la possibilità di presentare entro un termine ragionevole le proprie osservazioni su questioni relative ai diritti degli utenti finali o dei consumatori in materia di servizi pubblici di comunicazione. Essi tengono adeguatamente conto di tali osservazioni, in particolare qualora ci si debba aspettare un impatto rilevante sul mercato». Causa principale e questioni pregiudiziali In data 16 luglio 2004, nell’ambito di una procedura amministrativa per l’analisi del mercato condotta dalla TCK, la Tele2 ha chiesto a quest’ultima di conferirle la qualità di parte nonché il diritto di accedere al fascicolo ai sensi dell’art. 37 del TKG. Con decisione 6 settembre 2004, la TCK ha respinto tale domanda adducendo che, a norma del suddetto art. 37, n. 5, possono essere parti nelle procedure per l’analisi del mercato solo le imprese nei cui confronti siano stati imposti, modificati o revocati specifici obblighi di regolamentazione, ad esclusione di ogni altra impresa. A suo giudizio, ciò non sarebbe esattamente il caso della Tele2. La Tele2 ha impugnato tale decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo), ritenendo che una decisione adottata dalla TCK nell’ambito di una procedura per l’analisi del mercato costituisca una decisione ai sensi della direttiva «quadro», che interessa non soltanto l’impresa nei cui confronti siano stati imposti, modificati o revocati specifici obblighi di regolamentazione, bensì parimenti i concorrenti di quest’ultima. Infatti, secondo la Tele2, il risultato di detta analisi del mercato condiziona direttamente i diritti che un concorrente dell’impresa dominante può fare valere contro tale impresa. Pertanto, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alle Corte le due seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli artt. 4 e 16 della direttiva quadro debbano essere interpretati nel senso che per “interessati” [(betroffenen)] o “parti interessate” [(betroffenen)] si devono intendere anche le imprese attive come concorrenti sul mercato rilevante nei cui confronti non siano imposti, mantenuti o modificati specifici obblighi in una procedura per l’analisi del mercato. 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se l’art. 4 della direttiva quadro osti ad una norma nazionale ai sensi della quale in una procedura per l’analisi del mercato ha qualità di parte solo l’impresa alla quale siano imposti, modificati o revocati specifici obblighi». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la nozione di utente o di impresa «interessato(a)» [(betroffen)], ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva quadro, nonché quella di parte «interessata» [(betroffene)], ai sensi dell’art. 16, n. 3, di detta direttiva, debbano essere interpretate nel senso che possono fare riferimento non soltanto ad un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante che è oggetto di una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito di una procedura per l’analisi del mercato di cui all’art. 16 della medesima direttiva e che ne è destinataria, ma parimenti agli utenti e alle imprese concorrenti di una siffatta impresa che non sono diretti destinatari della decisione di cui trattasi, la quale incide tuttavia sfavorevolmente sui loro diritti. Occorre preliminarmente rilevare che, come emerge dalla decisione di rinvio, nella causa principale si tratta del diritto di essere parte in un procedimento amministrativo non contenzioso, nella specie, in una procedura per l’analisi del mercato condotta dalla TCK a norma dell’art. 37 del TKG, il quale recepisce l’art. 16 della direttiva quadro. Per contro, l’art. 4 di detta direttiva, parimenti evocato dal giudice del rinvio, disciplina un punto rientrante nel diritto amministrativo contenzioso, poiché tale art. 4 dispone che gli Stati membri prevedano, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, e che siano interessati da una decisione adottata da un’autorità di regolamentazione, di ricorrere dinanzi ad un organo indipendente dalle parti coinvolte, che può essere un tribunale. Qualora l’organo di ricorso non abbia natura giurisdizionale, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e, inoltre, in tal caso, la sua decisione è impugnabile dinanzi a un giudice ai sensi dell’art. 234 CE. Dalla decisione di rinvio si evince peraltro che, in base al diritto processuale austriaco, nell’ambito di una procedura per l’analisi del mercato, la qualità di parte conferisce diritti di partecipazione a detta procedura, come quello di consultare il fascicolo inerente al procedimento amministrativo, quello di essere sentiti, quello di prendere conoscenza dei risultati del procedimento di assunzione della prova e di presentare osservazioni ad esso relative nonché il diritto di esperire mezzi di ricorso contro la decisione adottata in esito ad una procedura siffatta. Tenuto conto del tenore letterale dell’art. 4 della direttiva quadro, come appena ricordato al punto 17 della presente sentenza, al fine di risolvere la prima questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre valutare la portata della nozione di utente o di impresa «interessato(a)» da una decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del suddetto articolo. Anzitutto, è giocoforza constatare che la direttiva quadro non definisce tale nozione. Secondo il governo belga, il fatto che nelle versioni inglese e tedesca della direttiva di cui trattasi, gli artt. 4, n. 1, e 16, n. 3, utilizzano un termine identico, ossia rispettivamente «affected» (interessato) e «betroffen» (interessato), indica che queste due disposizioni si riferiscono alla stessa realtà e che, di conseguenza, le formulazioni olandesi «getroffen» (interessato) e «die gevolgen ondervinden» (che subisce le conseguenze) di cui, rispettivamente, agli artt. 4, n. 1, e 16, n. 3, hanno lo stesso significato. Il giudice del rinvio ritiene altresì che, poiché gli artt. 4, n. 1, e 16, n. 3, della direttiva quadro nella versione tedesca impiegano la stessa espressione «betroffenen», ad essi deve essere attribuita la medesima portata. Tuttavia, da tali constatazioni non può essere ricavata alcuna soluzione alla questione sollevata dal giudice del rinvio. Infatti, più versioni linguistiche della direttiva quadro, ossia le versioni tedesca, inglese, bulgara, danese, spagnola, greca, italiana, lettone, lituana, polacca, slovacca, svedese e ceca, agli artt. 4, n. 1, e 16, n. 3, di detta direttiva, utilizzano lo stesso ed unico termine quando invece nelle altre versioni linguistiche delle stesse disposizioni figurano due vocaboli diversi, quali, nella versione francese di dette disposizioni, rispettivamente quella di utente o impresa «interessato(a)» e parti «interessate». Orbene, in forza di una costante giurisprudenza, le varie versioni linguistiche di un testo comunitario vanno interpretate in modo uniforme e pertanto, in caso di divergenze tra tali versioni, la disposizione di cui trattasi dev’essere interpretata in funzione del sistema e dello scopo della normativa di cui fa parte (sentenze 13 aprile 2000, causa C-420/98, W.N., Racc. pag. I-2847 , punto 21, e 14 giugno 2007, causa C-56/06, Euro Tex, Racc. pag. I-4859 , punto 27). Del pari, è di giurisprudenza costante che dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio d’uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107 , punto 11; 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster, Racc. pag. I-6917 , punto 43, e 18 ottobre 2007, causa C-195/06, Österreichischer Rundfunk, Racc. pag. I-8817 , punto 24). Pertanto, la portata che il legislatore comunitario ha inteso conferire alla nozione di utente o di impresa «interessato(a)» da una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva quadro, deve essere valutata alla luce dell’obiettivo perseguito dall’art. 4 nel contesto di tale direttiva. Tuttavia, è giocoforza constatare che, pur supponendo che un’impresa, che versi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale, rientri nella previsione dell’art. 16, n. 3, della direttiva quadro, non ne conseguirebbe automaticamente che tale impresa possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 1, di quest’ultima. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, detto art. 4, n. 1, persegue finalità ben distinte da quelle sottese al detto art. 16, n. 3. Infatti, la conseguenza, per un’impresa, di rientrare nell’ambito di applicazione della prima disposizione è quella di vedersi attribuire un diritto di ricorso contro una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione che l’interessa, mentre la seconda disposizione, in caso di decisione recante revoca degli obblighi imposti all’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante, le conferisce invece il diritto di essere avvisata di tale revoca con un congruo preavviso. Come evidenziato dall’avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, l’art. 4 della direttiva quadro costituisce un’espressione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271 , punto 37, nonché giurisprudenza ivi citata), e in virtù del quale spetta ai giudici degli Stati membri garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (sentenza Unibet, cit., punto 38 nonché giurisprudenza ivi citata). Nell’ipotesi contemplata all’art. 4 della direttiva quadro, gli Stati membri sono tenuti a prevedere un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale al fine di tutelare i diritti derivanti agli utenti e alle imprese dall’ordinamento giuridico comunitario. Ne discende che l’imperativo di conferire una tutela giurisdizionale effettiva, dal quale deriva l’art. 4 della direttiva quadro, deve applicarsi ugualmente agli utenti e alle imprese in capo ai quali possono scaturire diritti dall’ordinamento giuridico comunitario, segnatamente dalle direttive sulle telecomunicazioni, e che sono lesi nei loro diritti da una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione. Occorre pertanto verificare se dall’ordinamento giuridico comunitario, segnatamente dalle direttive sulle telecomunicazioni, possano scaturire diritti nei confronti degli utenti e delle imprese concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante e se questi possano essere lesi nei loro diritti in seguito ad una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione di cui non sono i destinatari, ipotesi in cui dovrebbero godere di un diritto di ricorso al fine di sottoporre tale decisione ad un sindacato giurisdizionale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni e come fatto valere dalla ricorrente nella causa principale, al pari della Commissione, taluni obblighi specifici imposti all’impresa detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante conformemente all’art. 16, nn. 3 e 4, della direttiva quadro, nonché alle disposizioni della direttiva accesso ivi citate, costituiscono misure di tutela previste nell’interesse degli utenti e delle imprese concorrenti di tale impresa detentrice di un significativo potere e sono dunque idonee a conferire diritti a questi ultimi. Tra le misure di tutela figurano, in particolare, quelle che possono essere disposte dall’autorità di regolamentazione nazionale conformemente all’art. 8 della direttiva accesso nonché gli obblighi di non discriminazione tra concorrenti e gli obblighi relativi all’accesso dei concorrenti a determinate risorse di rete e all’utilizzo di queste ultime, previsti rispettivamente agli artt. 10 e 12 di quest’ultima direttiva. Per quanto attiene, in particolare, ai suddetti obblighi relativi all’accesso a determinate risorse di rete e all’utilizzo di queste ultime, l’art. 12, n. 1, della direttiva accesso dispone che «[a]i sensi dell’art. 8, le autorità nazionali di regolamentazione, possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ad autorizzare l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l’autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell’utente finale». Al pari dell’obbligo di non discriminazione di cui all’art. 10 della stessa direttiva, tali obblighi relativi all’accesso dei concorrenti a determinate risorse di rete e all’utilizzo di queste ultime sono intesi a fare beneficiare di tale accesso i concorrenti interessati. Ne consegue che gli utenti o le imprese concorrenti di un’impresa detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante devono essere considerati potenziali beneficiari dei diritti corrispondenti agli obblighi specifici di regolamentazione imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione a tale impresa detentrice di un significativo potere in forza dell’art. 16 della direttiva quadro e delle direttive sulle telecomunicazioni ivi citate. Pertanto, questi utenti e queste imprese possono essere considerati «interessati», ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva quadro, dalle decisioni di detta autorità che modificano o revocano tali obblighi. Si deve poi rilevare che, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione devono promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, garantendo, in particolare, che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Orbene, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni e come fatto valere dal governo danese, una rigida interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva quadro, secondo cui tale disposizione non conferirebbe un diritto di ricorso a persone diverse dai destinatari delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione, sarebbe difficilmente compatibile con gli obiettivi generali e i principi di regolamentazione derivanti, per tali autorità, dall’art. 8 di detta direttiva, in particolare con l’obiettivo di promozione della concorrenza. Ne discende che l’art. 4, n. 1, della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che mira a concedere un diritto di ricorso altresì a persone diverse dai destinatari di una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito di un’analisi del mercato. Pertanto, vanno considerati «interessati» ai sensi di tale disposizione gli utenti e le imprese concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato considerato, qualora i loro diritti siano potenzialmente lesi da una decisione del genere. Per quanto riguarda poi l’art. 16, n. 3, terza frase, della direttiva quadro, tale disposizione prevede che le parti «interessate» dalla revoca di obblighi di regolamentazione settoriali siano avvisate con un congruo preavviso. Orbene, un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante è destinataria della decisione di revoca di tali obblighi cosicché risulta pacifico che questa debba esserle notificata. Lo stesso vale peraltro rispetto a decisioni che pongono in essere siffatti obblighi a carico di una tale impresa, indipendentemente dalla mancanza di menzione esplicita in tal senso all’art. 16, n. 4, di detta direttiva. Per contro, l’avvertimento previsto dall’art. 16, n. 3, della medesima direttiva, assume pieno significato in relazione ad imprese concorrenti che, dal canto loro, traggono profitto dagli obblighi di cui è stata decisa la revoca. Se ne ricava che il legislatore comunitario, prevedendo la notifica di un tale avvertimento, abbia inteso tutelare, in qualità di parti «interessate», soprattutto i concorrenti dell’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato. Occorre inoltre osservare che, in caso contrario, il legislatore comunitario avrebbe fatto ricorso in tale disposizione non alla nozione di parti «interessate», bensì a quella di «impresa» di cui alla seconda frase dello stesso paragrafo. Pertanto, i diritti dei concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante sono tutelati dall’art. 16, n. 3, della direttiva quadro e questi ultimi devono dunque essere considerati come rientranti tanto nella sfera di applicazione di tale disposizione quanto in quella dell’art. 4, n. 1, della medesima direttiva. Va inoltre ricordato che, in forza dell’art. 16, n. 6, della direttiva quadro, le misure adottate in base a tale disposizione sono soggette alle procedure previste segnatamente dall’art. 6 della direttiva in parola e che quest’ultima disposizione comporta, in particolare, il diritto per le parti interessate di presentare le loro osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Da quanto precede risulta che la nozione di utente o di impresa «interessato(a)», ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva quadro, nonché quella di parte «interessata», ai sensi dell’art. 16, n. 3, di detta direttiva, devono essere interpretate nel senso che possono fare riferimento non soltanto ad un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante che è oggetto di una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito di una procedura per l’analisi del mercato di cui all’art. 16, della medesima direttiva e che ne è la destinataria, bensì anche agli utenti e alle imprese concorrenti di una siffatta impresa che non sono diretti destinatari di tale decisione, la quale incide tuttavia sfavorevolmente sui loro diritti. Di conseguenza, non può essere accolta la tesi sostenuta dai governi austriaco e sloveno secondo cui la mera lettura congiunta dell’art. 4, n. 1, e del dodicesimo ‘considerando’ della direttiva quadro consente di concludere che la direttiva in parola prevede la possibilità di un ricorso unicamente nei confronti di chi sia stato effettivamente oggetto di una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione e che ne sia destinatario. Certamente, il suddetto ‘considerando’ enuncia che «[c]hiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale». Tale ‘considerando’ si limita dunque ad evocare la possibilità, per chiunque sia colpito da una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione, di proporre ricorso contro tale decisione. Orbene, la semplice evocazione, in tale ‘considerando’, della possibilità per il destinatario di una decisione di proporre un ricorso non implica affatto che un tale ricorso sia precluso ad altre imprese quali le imprese concorrenti di suddetto destinatario. I governi austriaco e sloveno fanno altresì valere che, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni su cui è incentrata la presente questione pregiudiziale, occorre tener conto del principio di effettività inerente al diritto comunitario, il quale ingloba anche l’aspetto relativo alla rapidità di attuazione delle specifiche decisioni di regolamentazione. Questi governi sembrano dunque volere dimostrare che la possibilità di riconoscere agli «interessati», di cui all’art. 8 della legge generale sul procedimento amministrativo del 1991, nella versione pubblicata nel 2004, diritti riservati alle «parti» possa allungare notevolmente la durata complessiva della procedura per l’analisi del mercato, allorché l’autorità nazionale di regolamentazione deve reagire al più presto possibile per compensare gli squilibri che possono manifestarsi nei mercati le cui condizioni possono mutare rapidamente. Tale argomentazione non può essere accolta. Infatti, come rammentato al punto 17 della presente sentenza, l’art. 4 della direttiva quadro sancisce l’obbligo di prevedere un diritto di ricorso giurisdizionale ma non riguarda affatto il procedimento amministrativo non contenzioso che precede la proposizione di un siffatto ricorso. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione sollevata dichiarando che la nozione di utente o di impresa «interessato(a)» ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva quadro nonché quella di parte «interessata», ai sensi dell’art. 16, n. 3, di tale direttiva, devono essere interpretate nel senso che possono fare riferimento non soltanto ad un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante che sia oggetto di una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito di una procedura per l’analisi del mercato di cui all’art. 16 della medesima direttiva e che ne sia la destinataria, bensì parimenti agli utenti e alle imprese concorrenti di una tale impresa che non sono diretti destinatari di tale decisione, la quale incide tuttavia sfavorevolmente sui loro diritti. Sulla seconda questione Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se dall’art. 4 della direttiva quadro risulti che un’impresa quale la ricorrente nella causa principale, allorché disponga di un diritto di ricorso avverso le decisioni adottate da un’autorità nazionale di regolamentazione in esito ad una procedura amministrativa di analisi del mercato debba, per tale motivo, vedersi anche attribuire la qualità di parte nel procedimento non contenzioso di analisi del mercato. A tal riguardo, giova rammentare che l’art. 4 della direttiva quadro non disciplina la questione quali siano le parti nel procedimento amministrativo non contenzioso di cui all’art. 16 di tale direttiva. Neppure la formulazione di quest’ultima disposizione fornisce indicazioni nel senso che un’impresa come la ricorrente nella causa principale dovrebbe avere un diritto di partecipare, in qualità di parte, a detta procedura per l’analisi del mercato. Infatti, l’art. 16, n. 3, terza frase, della direttiva quadro si limita ad affermare che le parti interessate dalla revoca di obblighi specifici di regolamentazione devono essere avvisate con un congruo preavviso. Conseguentemente, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto (v., in particolare, sentenze 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599 , punto 12 e giurisprudenza ivi citata, nonché 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig Italiana, Racc. pag. I-8003 , punto 33 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, in linea di principio, il diritto comunitario non impone agli Stati membri di ammettere l’insieme degli utenti e delle imprese concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante a partecipare ad una procedura per l’analisi del mercato di cui all’art. 16 della direttiva quadro, in qualità di parte in possesso, ai sensi del diritto processuale austriaco applicabile, delle prerogative descritte al punto 18 della presente sentenza. Spetta dunque al legislatore nazionale precisare se un’impresa come la ricorrente nella causa principale possegga la qualità di parte in tale procedimento amministrativo non contenzioso e, in caso affermativo, stabilire se tale impresa possa vedersi conferire diritti processuali diversi da quelli espressamente previsti da detto art. 16 nonché diritti inerenti al procedimento di consultazione espressamente previsti dall’art. 6 della medesima direttiva. Di conseguenza, una norma di diritto nazionale che, nell’ambito di un tale procedimento, riconosca la qualità di parte solo ad imprese (precedentemente) detentrici di un significativo potere sul mercato rilevante nei confronti delle quali siano stati imposti, modificati o revocati specifici obblighi di regolamentazione, in linea di principio, non è contraria all’art. 4 della direttiva quadro. Tuttavia, va ricordato che le modalità procedurali nazionali di ricorso intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in tal senso, in particolare, citate sentenze Peterbroeck, punto 12 e giurisprudenza ivi citata, nonché Grundig Italiana, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda il principio di effettività, invocato dalla ricorrente nella causa principale per rivendicare un diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di analisi del mercato di cui trattasi, va ricordato che dalla giurisprudenza della Corte emerge che ciascun caso, in cui si ponga la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione dei diritti conferiti ai soggetti dal diritto comunitario, dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in tal senso, sentenze Peterbroeck, cit., punto 14, e 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van der Weerd e a., Racc. pag. I-4233 , punto 33). Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio assicurarsi che il diritto processuale interno garantisca la tutela dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario agli utenti e alle imprese concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante con modalità che non siano meno favorevoli di quelle che riguardano la tutela di diritti interni analoghi e che non pregiudichino l’efficacia della tutela giuridica garantita dall’art. 4 della direttiva quadro a detti utenti ed imprese. Ciò posto, si deve risolvere la seconda questione sollevata nel senso che una norma di diritto nazionale che, nell’ambito di una procedura non contenziosa per l’analisi del mercato, riconosca la qualità di parte unicamente alle imprese (precedentemente) detentrici di un significativo potere sul mercato rilevante nei confronti delle quali sino imposti, modificati o revocati obblighi specifici di regolamentazione, in linea di principio, non è contraria all’art. 4 della direttiva quadro. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che il diritto processuale interno garantisca la tutela dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario agli utenti e alle imprese concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante con modalità che non siano meno favorevoli di quelle che riguardano la tutela di diritti analoghi di natura interna e che non pregiudichino l’efficacia della tutela giuridica garantita dall’art. 4 della direttiva quadro a detti utenti e a dette imprese. Sulle spese Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) La nozione di utente o d’impresa «interessato(a)», ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché quella di parte «interessata», ai sensi dell’art. 16, n. 3, di tale direttiva, devono essere interpretate nel senso che possono fare riferimento non soltanto ad un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante che sia oggetto di una decisione adottata da un’autorità nazionale di regolamentazione nell’ambito di una procedura per l’analisi del mercato di cui all’art. 16 della medesima direttiva e che ne sia la destinataria, bensì parimenti agli utenti e alle imprese concorrenti di una siffatta impresa che non sono diretti destinatari di tale decisione, la quale incide tuttavia sfavorevolmente sui loro diritti. 2) Una norma di diritto nazionale che, nell’ambito di una procedura non contenziosa per l’analisi del mercato, riconosca la qualità di parte unicamente alle imprese (precedentemente) detentrici di un significativo potere sul mercato rilevante, nei confronti delle quali siano imposti, modificati o revocati obblighi specifici di regolamentazione, in linea di principio, non è contraria all’art. 4 della direttiva 2002/21. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che il diritto processuale interno garantisca la tutela dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario agli utenti e alle imprese concorrenti di un’impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante con modalità che non siano meno favorevoli di quelle che riguardano la tutela di diritti analoghi di natura interna e che non pregiudichino l’efficacia della tutela giuridica garantita dall’art. 4 della direttiva 2002/21 a detti utenti e a dette imprese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

62008TJ0117

el

Ιταλία κατά Επιτροπής, σκέψη 148). Επομένως υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να συμβουλεύθηκαν οι υποψήφιοι, τους οποίους ενδεχομένως ενδιέφερε η επίμαχη προκήρυξη κενής θέσεως, μόνον τις ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν σε όλες τις επίσημες γλώσσες, δηλαδή τη σύντομη ανακοίνωση της 28ης Δεκεμβρίου 2007, στην οποία μνημονεύεται απλώς η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της επίμαχης προκηρύξεως κενής θέσεως, και το διορθωτικό της επίμαχης προκηρύξεως κενής θέσεως της 30ής Ιανουαρίου 2008, το οποίο αναφέρει απλώς ότι τροποποιήθηκε η επίμαχη προκήρυξη κενής θέσεως. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι οι δύο αυτές ανακοινώσεις, οι οποίες ουδόλως περιέχουν κάποια σημαντική πληροφορία, όπως η διάρκεια και η δυνατότητα ανανεώσεως της θητείας στην προς κάλυψη θέση, οι όροι συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα και η απαιτούμενη επαγγελματική πείρα, οι λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή και η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι ικανές να παράσχουν επαρκείς πληροφορίες στους δυνητικούς υποψηφίους σχετικά με το περιεχόμενο της επίμαχης προκηρύξεως κενής θέσεως. Όμως, όπως σημειώθηκε στη σκέψη 79 ανωτέρω, μια τέτοια γνώση συνιστά προαπαιτούμενο για την κατά τον βέλτιστο τρόπο υποβολή της υποψηφιότητάς τους. Κατά μείζονα λόγο, οι υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν ούτε την αγγλική, ούτε τη γαλλική, ούτε τη γερμανική γλώσσα, αλλά έχουν τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις, δεν θα είχαν ποτέ τη δυνατότητα να λάβουν γνώση του πλήρους περιεχομένου του κειμένου της επίμαχης προκηρύξεως κενής θέσεως. Από το σύνολο των ανωτέρω σκέψεων προκύπτει ότι η δημοσίευση της επίμαχης προκηρύξεως κενής θέσεως μόνον στην αγγλική, γαλλική και γερμανική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω γλώσσας των δυνητικών υποψηφίων, αντιβαίνουσα προς το άρθρο 12 ΕΚ. Κατά τα λοιπά, η ΕΟΚΕ παρέβη επίσης, εμμέσως, το άρθρο 12 του ΚΠΛ, καθόσον η δημοσίευση της επίμαχης προκηρύξεως κενής θέσεως στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική μόνον γλώσσα, ενδέχεται να ευνοήσει, στο πλαίσιο των διαδικασιών προσλήψεως ενός έκτατου υπαλλήλου στη θέση γενικού γραμματέα, τους υποψηφίους ορισμένης ιθαγένειας, ήτοι εκείνους που προέρχονται από χώρες των οποίων οι πολίτες έχουν ως μητρική γλώσσα τις ως άνω γλώσσες, όπως επίσης να βλάψει τουλάχιστον ένα μέρος των υποψηφίων που είναι πολίτες των λοιπών κρατών μελών (βλ., κατ’ αναλογία, προπαρατεθείσα απόφαση Ιταλία κατά Επιτροπής, σκέψη 150). Υπό το πρίσμα των σκέψεων αυτών, το πρώτο σκέλος του υπό κρίση λόγου ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτό. Ως εκ τούτου, η επίμαχη προκήρυξη κενής θέσεως που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική μόνον γλώσσα πρέπει να ακυρωθεί, χωρίς να χρειάζεται να αναλυθεί το δεύτερο σκέλος του υπό κρίση λόγου ακυρώσεως, ούτε οι υπόλοιποι λόγοι τους οποίους προβάλλει η Ιταλική Δημοκρατία. Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 87, παράγραφος 4, του προαναφερθέντος κανονισμού, τα κράτη μέλη που παρενέβησαν στη διαφορά φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα. Εν προκειμένω, η ΕΟΚΕ ηττήθηκε. Εντούτοις, η Ιταλική Δημοκρατία δεν διατύπωσε αίτημα σχετικά με τα δικαστικά έξοδα. Υπό τις συνθήκες αυτές, κάθε διάδικος πρέπει να φέρει τα δικά του δικαστικά έξοδα. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Ακυρώνει την δημοσιευθείσα στις 28 Δεκεμβρίου 2007 προκήρυξη κενής θέσεως 73/07 αναφορικά με τη θέση Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), όπως τροποποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2008. 2) Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα. Vadapalas Jürimäe Truchot Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 31 Μαρτίου 2011. (υπογραφές) * Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.

62017CJ0313

et

Apellatsioonkaebusega palub G. Haswani tühistada Üldkohtu 22. märtsi 2017. aasta kohtuotsuse Haswani vs . nõukogu (T‑231/15, ei avaldata, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“, EU:T:2017:200 ) osas, milles sellega jäeti vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata tema nõue tühistada nõukogu 27. mai 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/850, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ( ELT 2016, L 141, lk 125 ), ja nõukogu 27. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/840, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ( ELT 2016, L 141, lk 30 ) (edaspidi „27. mai 2016. aasta aktid“). Õiguslik raamistik Esimese astme menetluse ajal kehtinud redaktsioonis Üldkohtu kodukorra (edaspidi „Üldkohtu kodukord“) artikkel 86 „Hagiavalduse muutmine“ on sõnastatud järgmiselt: „1.   Kui akt, mille tühistamist nõutakse, on asendatud või muudetud teise aktiga, millel on sama ese, võib hageja selle uue asjaolu arvesse võtmiseks muuta hagiavaldust enne menetluse suulise osa lõppemist või enne Üldkohtu otsust lahendada kohtuasi ilma menetluse suulise osata. 2.   Hagiavalduse muutmine peab toimuma eraldi dokumendiga ning hagiavalduse muutmise tinginud akti peale tühistamishagi esitamiseks ELTL artikli 263 kuuendas lõigus ette nähtud tähtaja jooksul. 3.   Muutmisavalduses märgitakse: a) nõuded, mida muudetakse; b) vajaduse korral väited ja argumendid, mida muudetakse; c) vajaduse korral nõuete muutmisega seotud tõendid või taotlus nende kogumiseks. 4.   Muutmisavaldusele lisatakse hagiavalduse muutmise tinginud akt. Kui seda akti ei esitata, määrab kohtusekretär hagejale mõistliku tähtaja selle esitamiseks. Kui seda puudust ette nähtud tähtaja jooksul ei kõrvaldata, otsustab Üldkohus, kas selle nõude täitmata jätmine muudab hagiavalduse muutmise avalduse vastuvõetamatuks. 5.   President määrab kostjale tähtaja hagiavalduse muutmise avaldusele vastamiseks, ilma et see mõjutaks otsust, mille Üldkohus teeb hagiavalduse muutmise avalduse vastuvõetavuse kohta. […]“. Vaidluse taust, Üldkohtule esitatud hagi ja vaidlustatud kohtuotsus Apellant on Süüria kodanikust tööstur, kes on nafta- ja gaasiäriühingu HESCO asutaja ja kaasomanik. Kahe 6. märtsi 2015. aasta aktiga lisati tema nimi nõukogu 31. mai 2013. aasta otsuse 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ( ELT 2013, L 147, lk 14 ), I lisas sisalduvasse loetellu ja nõukogu 18. jaanuari 2012. aasta määruse (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011 ( ELT 2012, L 16, lk 1 ), II lisas sisalduvasse loetellu järgmiste põhjendustega: „Väljapaistev Süüria ärimees, Süüria suure tehnoloogia- ja ehitusettevõtte HESCO Engineering and Construction Company kaasomanik. Tal on tihedaid sidemeid Süüria režiimiga. George Haswani toetab režiimi ja saab sellest kasu, kuna tal on vahendajaroll Süüria režiimi poolt ISILilt nafta ostmise tehingutes. Ta saab režiimist kasu ka tänu soodsale kohtlemisele, sealhulgas lepingu sõlmimisele (alltöövõtjana) Venemaa suure naftaettevõtja Stroytransgaziga.“ Apellant palus 5. mail 2015 Üldkohtul tühistada 6. märtsi 2015. aasta aktid. Nõukogu võttis 28. mail 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/837, millega muudetakse otsust 2013/255 ( ELT 2015, L 132, lk 82 ), millega pikendati otsust 2013/255 kuni 1. juunini 2016 ja muudeti selle otsuse I lisa. Samal päeval võttis nõukogu vastu ka rakendusmääruse (EL) 2015/828, millega rakendatakse määrust nr 36/2012 ( ELT 2015, L 132, lk 3 ), millega muudetakse määruse nr 36/2012 II lisa. Üldkohtu kantseleisse 23. juunil 2015 saabunud dokumendis muutis apellant oma nõudeid nii, et taotles ka otsuse 2015/837 ja rakendusmääruse 2015/828 tühistamist. Nõukogu võttis 12. oktoobril 2015 vastu ühelt poolt otsuse (ÜVJP) 2015/1836, millega muudetakse otsust 2013/255 ( ELT 2015, L 266, lk 75 ), ja teiselt poolt määruse (EL) 2015/1828, millega muudetakse määrust nr 36/2012 ( ELT 2015, L 266, lk 1 ), millega muudetakse selle määruse II lisa (edaspidi „12. oktoobri 2015. aasta aktid“). Muudatusi tehti eelkõige lisatud loeteludesse kandmise kriteeriumidesse seoses otsuse 2013/255 artikli 28 lõikega 2 ja määruse nr 36/2012 artikli 15 lõikega 1a. Täpsemalt täiendati repressioonide eest vastutamise või võimuga seotuse kriteeriume loeteluga isikutest, kes kuulusid seitsmesse kategooriasse, sealhulgas „Süürias tegutsevad juhtivad ettevõtjad“. Nõukogu teavitas 29. aprilli 2016. aasta kirjas apellanti oma kavatsusest jätta ta kõnealustesse loeteludesse ja muuta tema kohta märgitud põhjendust. Apellant vastas oma esindaja vahendusel nõukogule 12. mai 2016. aasta kirjaga. Nõukogu kandis 27. mai 2016. aasta aktidega apellandi nime nende õigusaktide lisadesse järgmistel põhjustel: „Süürias tegutsev suurärimees, kel on ärihuvid tehnoloogia-, ehitus- ning nafta- ja gaasisektorites ja/või kes tegutseb nimetatud sektorites. Tal on ärihuvid ja/või märkimisväärne mõju mitmes Süüria äriühingus ja üksuses, eelkõige on selleks HESCO Engineering and Construction Company, mis on suur tehnoloogia- ja ehitusettevõte. George Haswanil on tihedaid sidemeid Süüria režiimiga. Ta toetab režiimi ja saab sellest kasu, kuna tal on vahendajaroll Süüria režiimi poolt ISILilt nafta ostmise tehingutes. Ta saab režiimist kasu ka tänu soodsale kohtlemisele, sealhulgas lepingu sõlmimisele (alltöövõtjana) Venemaa suure naftaettevõtja Stroytransgaziga.“ Üldkohtu kantseleisse 7. juulil 2016 saabunud menetlusdokumendiga soovis apellant muuta oma hagiavaldust, et nõuda ka 27. mai 2016. aasta aktide tühistamist (edaspidi „teine muutmisavaldus“ või „teine muutmistaotlus“). 22. juuli 2016. aasta kirjas esitas nõukogu oma märkused teise muutmisavalduse kohta, leides, et see oli lünklik ja ebatäpne. Vaidlustatud kohtuotsuses jättis Üldkohus eelkõige vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata teise muutmistaotluse põhjusel, et teises muutmisavalduses oleks apellant pidanud Üldkohtu kodukorra artikli 86 lõike 4 kohaselt esitama tühistamisnõuete põhjenduseks muudetud väited ja argumendid. Niisiis otsustas Üldkohus nimetatud kohtuotsuse punktides 41–47, et kuna piiravaid meetmeid või loetellu kandmise kriteeriume puudutav õiguslik raamistik oli muutunud, pidi apellant muutma oma väiteid ja argumente, et seda arvesse võtta, ja et siinses asjas ei olnud see nõue täidetud, sest teine muutmistaotlus piirdus üksnes taotlusega laiendada hagi nõudeid, esitamata muud selgitust ega uusi faktilisi või õiguslikke asjaolusid, mis võtaks arvesse kohaldatava õigusliku raamistiku arengut, eelkõige uute loetellu kandmise kriteeriumide kehtestamist. Poolte nõuded Euroopa Kohtus G. Haswani palub Euroopa Kohtul: – tühistada vaidlustatud kohtuotsus osas, milles teine muutmistaotlus tunnistati vastuvõetamatuks; – seetõttu anda korraldus kustutada George Haswani nimi 27. mai 2016. aasta aktide lisadest; – tühistada 12. oktoobri 2015. aasta aktid; – mõista Euroopa Liidu Nõukogult välja kõigi kahjude hüvitamiseks 700000 eurot; – mõista nõukogult välja kohtukulud Euroopa Kohtus ja kõik kohtukulud Üldkohtus. Nõukogu palub Euroopa Kohtul: – jätta apellatsioonkaebus rahuldamata; – mõista kohtukulud välja apellandilt. Vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artiklile 172 esitas Euroopa Komisjon, kes on menetlusse astuja esimeses kohtuastmes, apellatsioonkaebusele vastuse, milles ta ühineb nõukogu nõuetega ja palub Euroopa Kohtul apellatsioonkaebus tervikuna rahuldamata jätta ja mõista kohtukulud välja apellandilt. Apellatsioonkaebus Oma väidetes, mida tuleb koos käsitleda, märgib G. Haswani sisuliselt, et tunnistades teise muutmistaotluse käesoleva kohtuotsuse punktis 15 esitatud põhjustel vastuvõetamatuks, on Üldkohus oma kohtuotsuses kolmel korral õigusnormi rikkunud. Poolte argumendid G. Haswani heidab Üldkohtule ette esimest õigusnormi rikkumist, kuna see eiras Üldkohtu kodukorra artikli 86 lõikeid 4 ja 5. Nendest sätetest nähtub tema sõnul, et kui hageja ei ole lisanud oma taotlusele koopiat aktist, mis põhjendab taotletud muutmist, peab Üldkohtu kohtusekretär otsesõnu paluma tal selle puuduse eelnevalt määratud tähtaja jooksul kõrvaldada, ning ilma selleta ei saa Üldkohus taotlust vastuvõetamatuks tunnistada. Niisiis, kuna hagiavalduse muutmist põhjendava akti esitamata jätmine ei too automaatselt kaasa muutmistaotluse vastuvõetamatust, siis seda enam kehtib see muudetud väidete esitamata jätmise korral. Vaidlustatud kohtuotsuses on õigusnormi teinegi kord rikutud, kuna Üldkohus järeldas, et ta võib vastuvõetamatuse tõttu jätta läbi vaatamata hageja teise muutmisavalduse nõuded, kontrollimata, kas kohtusekretär palus hagejal puudused kõrvaldada või mitte. Kolmas õigusnormi rikkumine, mille Üldkohus toime pani, eirates Üldkohtu kodukorra artikli 86 lõikes 3 asuvat väljendit „vajaduse korral“, millest tuleneb, et muudetud väidete ja argumentide esitamine ei olnud vajalik, kui loetellu kandmise kriteeriumid olid muutunud algselt vaidlustatud aktide ja muutmistaotlusega hagile lisatud aktide vahepeal. Ehkki ta ei vaidle sellega seoses vastu, et 12. oktoobri 2015. aasta aktid laiendasid isikute ringi, kelle suhtes võib piiravaid meetmeid kohaldada, leiab G. Haswani, et on „ilmne“, et lisaks väikestele sõnastuserinevustele on 2016. aastal tema suhtes võetud meetmete põhjendused sisuliselt samad kui 2015. aastal võetud meetmetel. Üldkohus leidis ka ise, et need põhjendused ei olnud tõendatud, kuna ühelgi nõukogu esitatud dokumendil – nii ebatäpsed ajakirjandusartiklid kui ka internetilehtede väljavõtted – ei olnud piisavat tõendusjõudu. G. Haswani leiab ühtlasi, et teda ei saa kohustada esitama muudetud väiteid muutmistaotluse vastuvõetamatuks tunnistamise ähvardusel, kuna see oli „ülemäärane“. Nõukogu kahtleb, kas apellatsioonkaebus on vastuvõetav, kuna selles ei ole piisavalt täpsustatud liidu õiguse sätteid, mida on rikutud, ning leiab, et teine väidetud õigusnormi rikkumine ei ole piisavalt tõendatud. Ülejäänud osas leiab nõukogu, et apellatsioonkaebus on ilmselgelt põhjendamatu. Ta viitab argumentidele, mida ta oli edukalt esitanud esimeses kohtuastmes seoses teise muutmisavalduse vastuvõetamatusega. Nende argumentidega kantakse muutmistaotlusele üle nõuded, mis on esitatud hagiavaldusele, millele tuleb lisada kas või kokkuvõtlik ülevaade esitatud väidetest vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 76 punktile d, sest vastasel korral on hagiavaldus vastuvõetamatu. Nõukogu leiab, et siinses asjas muutmistaotluse kohta otsustatu on Üldkohtu väljakujunenud praktika, kusjuures kohus on juba jätnud samal viisil läbi vaatamata ühe teise muutmistaotluse (28. jaanuari 2016. aasta kohtuotsus Klyuyev vs. nõukogu, T‑341/14 , EU:T:2016:47 , punktid – ). Nõukogu tugineb kohtujuristi ettepanekule kohtuasjas, milles tehti 9. novembri 2017. aasta kohtuotsus HX vs. nõukogu ( C‑423/16 P , EU:C:2017:848 , punkt ) ja leiab, et Üldkohtu kodukorra artikli 86 lõike 3 väljendist „vajaduse korral“ tulenevat reeglit peab kohaldama igal üksikjuhul eraldi ning see nõuab, et Üldkohus sisuliselt hindaks vajadust esitada muudetud väiteid ja argumente. See tõlgendus tuleneb asjaolust, et sellised vorminõuded nagu Üldkohtu kodukorra artikli 86 lõike 3 punkt b peavad tagama menetluse võistleva laadi ja võimaldama Üldkohtul otsust teha kõiki asjaolusid teades, ning need ei ole „eesmärk omaette“. Üldkohtul on sellega seoses teatav kaalutlusõigus. Komisjon astus menetlusse nõukogu esitatud kirjalike seisukohtade toetuseks ja kasutas sama tüüpi argumente. Ta juhib tähelepanu eelkõige teise muutmisavalduse „eriti lünklikule“ laadile. Komisjon leiab, et kui avaldus on „eriti lünklik“, siis ei ole Üldkohtul mingeid takistusi tunnistada muutmistaotlus vastuvõetamatuks, ilma et ta peaks isegi selle põhjendatust hindama. Euroopa Kohtu hinnang Kõigepealt tuleb tagasi lükata nõukogu ja komisjoni vastuväited käesoleva apellatsioonkaebuse vastuvõetavuse kohta. Nimelt ilmneb sellest selgelt, et apellant heidab oma väidetega Üldkohtule ette seda, et Üldkohus eiras iseenda kodukorra artikli 86 lõikeid 4 ja 5, kui ta otsustas vaidlustatud kohtuotsuse punktides 39–47, et teine muutmisavaldus tuleb tunnistada vastuvõetamatuks põhjusel, et see ei sisalda muudetud väiteid ja argumente. Nende väidetega esitatakse seega õigusküsimus, mida Euroopa Kohus võib apellatsiooniastmes läbi vaadata. Tuleb märkida, et Üldkohtu kodukorra artikkel 86 reguleerib tingimusi, mille kohaselt erandina nõuete muutmatuse põhimõttest võib hageja muuta oma hagiavaldust, kui akt, mille tühistamist Üldkohtult taotletakse, asendatakse või muudetakse muu aktiga, millel on sama ese (vt eelkõige 9. novembri 2017. aasta kohtuotsus HX vs. nõukogu, C‑423/16 P , EU:C:2017:848 , punkt ). Eelkõige ilmneb viidatud artikli 86 lõike 3 punktist b, et hagiavalduse muutmise avalduses peab vajaduse korral märkima väited ja argumendid, mida hagiavaldusega võrreldes muudetakse. Selle sätte sõnastuses väljendi „vajaduse korral“ kasutamine viitab ühemõtteliselt sellele, et hagiavalduse muutmise avalduses peab märkima muudetud väited ja argumendid üksnes siis, kui see osutub vajalikuks. Seda järeldust kinnitab Üldkohtu kodukorra artikli 86 eesmärk. Sellega seoses on Euroopa Kohus juba leidnud, et on täiesti põhjendatud kehtestada teatud vorminõudeid hagiavalduse muutmisele, ning need nõuded ei ole eesmärk omaette, vaid on vastupidi mõeldud menetluse võistlevuse ja korrakohase õigusemõistmise tagamiseks (9. novembri 2017. aasta kohtuotsus HX vs. nõukogu, C‑423/16 P , EU:C:2017:848 , punkt ). Nagu kohtujurist märkis oma ettepaneku punktis 61, siis oleks vastuolus korrakohase õigusemõistmise ning menetlusökonoomia põhimõttega nõuda, et hageja, kes on oma nõudeid muutnud, kordaks oma hagiavalduse muutmise avalduses samu väiteid ja argumente, mille ta on juba esitanud algul vaidlustatud akti vastu. Niisiis, kui hilisem akt, mida on vaidlustatud hagiavalduse muutmise teel, on sisuliselt sama kui algul vaidlustatud akt või kui see erineb algsest vaid vormiliste erinevuste tõttu, siis ei saa välistada, et kui hageja ei lisanud oma muutmistaotlusele ka muudetud väiteid ja argumente, siis soovis ta vaikimisi, kuid siiski tingimata, viidata hagiavalduse väidetele ja argumentidele. Sellises olukorras peab Üldkohus hagiavalduse muutmise avalduse vastuvõetavuse hindamisel kontrollima, kas hagiavalduse muutmise teel vaidlustatud aktil on hagiavalduses vaidlustatud aktiga võrreldes olulised erinevused, mis teevad vajalikuks hagiavalduses esitatud väidete ja argumentide muutmise. Kui Üldkohus järeldab pärast seda hindamist, et hageja on ekslikult jätnud hagiavalduse muutmise avaldusele lisamata muudetud väited ja argumendid, on tal vastupidi G. Haswani väidetele õigus tunnistada oma kodukorra artikli 86 lõike 6 alusel see avaldus vastuvõetamatuks, kuna ei ole järgitud selle artikli lõike 3 punktis b sätestatud vorminõuet, nagu ka mis tahes muu selles artiklis sätestatud nõude eiramise tõttu. Nimetatud hindamises käigus ei pea Üldkohus eelnevalt hagejal paluma kõrvaldada puudused, mis seisnesid muudetud väidete ja argumentide esitamata jätmises. Nimelt, nagu märkis kohtujurist oma ettepaneku punktides 48–57, on hageja ülesandeks hinnata vajadust muuta hagi väiteid ja argumente, sest temal on menetluse algatamise initsiatiiv ja ta piiritleb vaidluse eseme, tehes seda eelkõige enda esitatud nõuete ja väidetega nii muutmistaotluse kui ka hagiavalduse raames (vt analoogia alusel 14. novembri 2017. aasta kohtuotsus British Airways vs. komisjon, C‑122/16 P , EU:C:2017:861 , punktid ja ). Sellega seoses tuleb märkida, et ehkki Euroopa Kohus on 9. novembri 2017. aasta kohtuotsuses HX vs. nõukogu ( C‑423/16 P , EU:C:2017:848 , punktid – ) Üldkohtule ette heitnud seda, et ta ei andnud eelnevalt hagejale võimalust parandada muutmistaotlust, mis ei olnud esitatud Üldkohtu kodukorra artikli 86 lõikes 2 nõutud eraldi dokumendiga, siis toimus see nimetatud juhtumi eripäraste asjaolude tõttu, milleks oli ebamäärasus Üldkohtu kodukorra selles keeleversioonis, mis oli hageja valitud menetluskeeleks. Käesolevas apellatsioonkaebuses vaidlustatud kohtuotsuse aluseks olnud asjas piirdus Üldkohus – järeldamaks, et G. Haswani oleks pidanud hagiavalduse muutmise taotlusele lisama muudetud väited ja argumendid – oma kohtuotsuse punktides 41–47 sellega, et ta märkis, et piiravate meetmete õiguslik raamistik ja eelkõige huvitatud isikute asjaomastesse loeteludesse kandmise põhjused olid hagiavalduse esitamisest saadik muutunud, ja et teises muutmisavalduses vaidlustatud aktid võtsid eelkõige seda arengut arvesse, uurimata, kas esineb oluline erinevus individuaalsete põhjenduste, mida kasutati G. Haswani vastu hagiavalduses vaidlustatud aktides (teisisõnu 6. märtsi 2015. aasta aktid ja rakendusmäärus 2015/828) ja nende põhjenduste vahel, mida kasutati G. Haswani vastu teises muutmisavalduses vaidlustatud aktides (teisisõnu 27. mai 2016. aasta aktid, mida on tõlgendatud 12. oktoobri 2015. aasta aktide alusel). Nii toimides ei viinud Üldkohus läbi käesoleva kohtuotsuse punktis 38 mainitud kontrolli. Eelnevast tuleneb, et vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punkt 1 tuleb tühistada. Hagimenetlus Üldkohtus Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 61 esimese lõigu kohaselt võib Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse tühistamise korral ise teha asja suhtes lõpliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium lubab, või suunata asja tagasi Üldkohtusse otsustamiseks. Kuna Üldkohus jättis hagiavalduse muutmise taotluse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata, ilma et ta oleks läbi viinud käesoleva kohtuotsuse punktis 38 mainitud kontrolli ega kuulanud pooli sellega seoses ära, siis järeldab Euroopa Kohus, et menetlusstaadium ei luba asja lahendada. Kohtukulud Kuna asi suunatakse tagasi Üldkohtusse, tuleb otsuse tegemine kohtukulude kohta jätta edaspidiseks. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab: 1. Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 22. märtsi 2017. aasta otsuse Haswani vs. nõukogu ( T‑231/15 , ei avaldata, EU:T:2017:200 ) resolutsiooni punkt 1. 2. Saata kohtuasi tagasi Euroopa Liidu Üldkohtusse. 3. Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: prantsuse.

62007TJ0369

de

Rechtlicher Rahmen Völkerrechtliche und gemeinschaftsrechtliche Vorschriften betreffend das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und das Protokoll von Kyoto Das am 9. Mai 1992 in New York angenommene Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (im Folgenden: Rahmenübereinkommen), das im Namen der Europäischen Gemeinschaft mit Beschluss 94/69/EG des Rates vom 15. Dezember 1993 über den Abschluss des Rahmenübereinkommens (ABl. 1994, L 33, S. 11) genehmigt wurde, hat zum Endziel, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird. Anhang I des Rahmenübereinkommens enthält eine Liste der Staaten, die Parteien des Übereinkommens sind, unter denen die Republik Lettland verzeichnet ist, die dort im Übrigen in die Kategorie der Staaten eingeordnet wird, die sich in der Übergangsphase zur Marktwirtschaft befinden. Das Rahmenübereinkommen ist in der Gemeinschaft am 21. März 1994 in Kraft getreten. Um das Endziel des Rahmenübereinkommens zu erreichen, wurde am 11. Dezember 1997 das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen angenommen (Beschluss 1/CP.3 „Annahme des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen …“). Anlage A zum Protokoll von Kyoto enthält eine Liste der Treibhausgase und eine Liste der Sektoren und der Gruppen von Emissionsquellen, die vom Protokoll von Kyoto erfasst werden. Anlage B zum Protokoll von Kyoto enthält eine Liste der Parteien des Protokolls von Kyoto mit ihren quantifizierten Emissionsbegrenzungs- oder -reduktionsverpflichtungen, darunter die der Republik Lettland, deren Reduktionsziel auf 8 % festgelegt wurde. Am 25. April 2002 erließ der Rat der Europäischen Union die Entscheidung 2002/358/EG über die Genehmigung des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen im Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die gemeinsame Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen (ABl. L 130, S. 1). Das Protokoll von Kyoto sowie seine Anlagen A und B werden in Anhang I der Entscheidung 2002/358 wiedergegeben. Anhang II der Entscheidung 2002/358 enthält eine Tabelle der quantifizierten Emissionsbegrenzungs- oder -reduktionsverpflichtungen im Hinblick auf die Festlegung der jeweiligen Emissionsmengen, die der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten gemäß Art. 4 des Protokolls von Kyoto zugeteilt wurden. Regelung betreffend das Gemeinschaftssystem für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten Art. 1 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275, S. 32) in der durch die Richtlinie 2004/101/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 (ABl. L 338, S. 18) geänderten Fassung sieht vor: „Mit dieser Richtlinie wird ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft … geschaffen, um auf kosteneffiziente und wirtschaftlich effiziente Weise auf eine Verringerung von Treibhausgasemissionen hinzuwirken.“ Art. 9 der Richtlinie 2003/87 lautet: „(1)      Die Mitgliedstaaten stellen für jeden in Artikel 11 Absätze 1 und 2 genannten Zeitraum einen nationalen Plan auf, aus dem hervorgeht, wie viele Zertifikate sie insgesamt für diesen Zeitraum zuzuteilen beabsichtigen und wie sie die Zertifikate zuzuteilen gedenken. Dieser Plan ist auf objektive und transparente Kriterien zu stützen, einschließlich der in Anhang III genannten Kriterien, wobei die Bemerkungen der Öffentlichkeit angemessen zu berücksichtigen sind. Die Kommission erarbeitet unbeschadet des Vertrags bis spätestens 31. Dezember 2003 eine Anleitung zur Anwendung der in Anhang III aufgeführten Kriterien. Für den in Artikel 11 Absatz 1 genannten Zeitraum wird der Plan spätestens am 31. März 2004 veröffentlicht und der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten übermittelt. Für die folgenden Zeiträume werden die Pläne mindestens achtzehn Monate vor Beginn des betreffenden Zeitraums veröffentlicht und der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten übermittelt. (2)      Die nationalen Zuteilungspläne werden in dem in Artikel 23 Absatz 1 [der Richtlinie 2003/87] genannten Ausschuss erörtert. (3)      Innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung eines nationalen Zuteilungsplans durch einen Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 kann die Kommission den Plan oder einen Teil davon ablehnen, wenn er mit den in Anhang III aufgeführten Kriterien oder mit Artikel 10 unvereinbar ist. Der Mitgliedstaat trifft eine Entscheidung nach Artikel 11 Absatz 1 oder 2 nur dann, wenn Änderungsvorschläge von der Kommission akzeptiert werden. Ablehnende Entscheidungen sind von der Kommission zu begründen.“ Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 2003/87 bestimmt: „Für den am 1. Januar 2008 beginnenden Fünfjahreszeitraum und jeden folgenden Fünfjahreszeitraum entscheidet jeder Mitgliedstaat über die Gesamtzahl der Zertifikate, die er für diesen Zeitraum zuteilen wird, und leitet das Verfahren für die Zuteilung dieser Zertifikate an die Betreiber der einzelnen Anlagen ein. Diese Entscheidung wird mindestens zwölf Monate vor Beginn des betreffenden Zeitraums getroffen, und zwar auf der Grundlage des gemäß Artikel 9 aufgestellten nationalen Zuteilungsplans des Mitgliedstaats, im Einklang mit Artikel 10 und unter angemessener Berücksichtigung der Bemerkungen der Öffentlichkeit.“ In Anhang III der Richtlinie 2003/87 werden zwölf Kriterien aufgeführt, die für die nationalen Zuteilungspläne gelten. Die Kriterien 1 bis 3 des Anhangs III sehen vor: „1.      Die Gesamtmenge der Zertifikate, die im jeweiligen Zeitraum zugeteilt werden sollen, muss mit der in der Entscheidung 2002/358/EG und im Kyoto-Protokoll enthaltenen Verpflichtung des Mitgliedstaats zur Begrenzung seiner Emissionen in Einklang stehen unter Berücksichtigung des Anteils der Gesamtemissionen, dem diese Zertifikate im Vergleich zu Emissionen aus Quellen entsprechen, die nicht unter diese Richtlinie fallen, sowie der nationalen energiepolitischen Maßnahmen; ferner sollte sie dem nationalen Klimaschutzprogramm entsprechen. Die Gesamtmenge der zuzuteilenden Zertifikate darf nicht höher sein als der wahrscheinliche Bedarf für die strikte Anwendung der Kriterien dieses Anhangs. Bis 2008 muss die Menge so groß sein, dass sie mit einem Weg zur Erreichung oder Übererfüllung der Zielvorgaben jedes Mitgliedstaats gemäß der Entscheidung 2002/358/EG und dem Kyoto-Protokoll vereinbar ist. 2.      Die Gesamtmenge der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, muss vereinbar sein mit Bewertungen der tatsächlichen und der erwarteten Fortschritte bei der Erbringung des Beitrags der Mitgliedstaaten zu den Verpflichtungen der Gemeinschaft gemäß der Entscheidung 93/389/EWG. 3.      Die Mengen der Zertifikate, die zugeteilt werden sollen, müssen mit dem Potenzial – auch dem technischen Potenzial – der unter dieses System fallenden Tätigkeiten zur Emissionsverringerung in Einklang stehen. Die Mitgliedstaaten können bei ihrer Aufteilung von Zertifikaten die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen je Erzeugnis in den einzelnen Tätigkeitsbereichen und die in diesen Tätigkeitsbereichen erreichbaren Fortschritte zugrunde legen.“ Vorgeschichte des Rechtsstreits Mit Schreiben vom 16. August 2006 übermittelte die Republik Lettland der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87 ihren nationalen Zuteilungsplan für den Zeitraum 2008 bis 2012 (im Folgenden: NZP). Nach dem NZP beabsichtigte die Republik Lettland, ihrer von Anhang I der Richtlinie 2003/87 erfassten nationalen Industrie ein durchschnittliches Jahresgesamtvolumen von 7,763883 Mio. t Kohlendioxidäquivalent zuzuteilen. Die Kommission erließ am 29. November 2006 eine erste ablehnende Entscheidung, deren verfügender Teil wie folgt lautet: „ Artikel 1 Der folgende Aspekt des [NZP] für den in Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie genannten ersten Fünfjahreszeitraum ist nicht vereinbar mit den Kriterien 1 [bis] 3 des Anhangs III der Richtlinie [2003/87]: Der Teil der vorgesehenen Gesamtmenge der Zertifikate, der 4,480580 Mio. t Kohlendioxidäquivalent pro Jahr entspricht, entspricht nicht den Bewertungen gemäß der Entscheidung 280/2004/EG [des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über ein System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls, ABl. L 49, S. 1] und ist nicht mit dem Potenzial, einschließlich des technischen Potenzials, von Tätigkeiten zur Emissionsverringerung vereinbar. Artikel 2 Die Kommission wird keine Einwände gegen den [NZP] erheben, wenn unter Vermeidung von Ungleichbehandlungen folgende Änderungen vorgenommen und der Kommission unverzüglich unter Berücksichtigung der Fristen mitgeteilt werden, die erforderlich sind, um die einzelstaatlichen Verfahren ohne schuldhafte Verzögerung durchzuführen: Die Gesamtmenge der im Rahmen des Gemeinschaftssystems zuzuteilenden Zertifikate wird um 4,480580 Mio. t Kohlendioxidäquivalent herabgesetzt. Artikel 3 1.      Die durchschnittliche Gesamtzahl der von [der Republik] Lettland gemäß ihrem [NZP] an die in diesem Plan genannten Anlagen und neue Marktteilnehmer pro Jahr zuzuteilenden Zertifikate in Höhe von 3,283303 Mio. t Kohlendioxidäquivalent darf nicht überschritten werden. 2.      Der [NZP] kann ohne vorherige Zustimmung der Kommission geändert werden, wenn die entsprechende Änderung die Zuteilung von Zertifikaten an bestimmte Anlagen in den Grenzen der Gesamtzahl an Zertifikaten, die an die in dem Plan genannten Anlagen zuzuteilen sind, betrifft und auf einer verbesserten Datenqualität beruht oder in einer Reduzierung des Anteils der innerhalb der Grenzen des Art. 10 der Richtlinie [2003/87] kostenlos zugeteilten Zertifikate besteht. 3.      Andere Änderungen des [NZP] als diejenigen zur Umsetzung von Art. 2 der vorliegenden Entscheidung sind bis zum 31. Dezember 2006, d. h. innerhalb der in Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie [2003/87] vorgesehenen Frist, zu übermitteln und erfordern gemäß Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie [2003/87] die vorherige Zustimmung der Kommission. Artikel 4 Diese Entscheidung ist an die Republik Lettland gerichtet.“ Mit Schreiben vom 29. Dezember 2006 übermittelte die Republik Lettland der Kommission einen überarbeiteten NZP, der die Zuteilung von durchschnittlich 6,253146 Mio. t Kohlendioxidäquivalent pro Jahr vorsah. Mit Schreiben vom 30. März 2007, das in englischer Sprache verfasst war, stellte die Kommission fest, dass die in dem NZP enthaltenen Informationen unvollständig waren, und ersuchte die Republik Lettland, einige Fragen zu beantworten und ihr weitere Informationen zu liefern. Mit Schreiben vom 25. April 2007 beantwortete die Republik Lettland dieses Auskunftsersuchen. Am 13. Juli 2007 erließ die Kommission die Entscheidung C(2007) 3409 über die Änderung des nationalen Plans zur Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten, den die Republik Lettland gemäß der Richtlinie 2003/87 übermittelt hat (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), in deren verfügendem Teil es u. a. heißt: „ Artikel 1 Folgende Aspekte der vorgeschlagenen Änderung des lettischen [NZP] für den in Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie [2003/87] vorgesehenen Fünfjahreszeitraum sind insbesondere mit den nachfolgend angeführten Kriterien vereinbar und werden daher genehmigt: 1.      Kriterien 1 [bis] 3 des Anhangs III der Richtlinie [2003/87]: Erhöhung der jährlichen Gesamtmenge an Zertifikaten um 0,144813 Mio. t Kohlendioxidäquivalent, was den Bewertungen gemäß der Entscheidung 280/2004/EG und dem Potenzial, einschließlich des technischen Potenzials, von Tätigkeiten zur Emissionsverringerung entspricht; … Artikel 2 Folgender Aspekt der vorgeschlagenen Änderung des lettischen [NZP] für den in Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie [2003/87] vorgesehenen Fünfjahreszeitraum ist mit den nachfolgend angeführten Kriterien unvereinbar und wird daher abgelehnt: Kriterien 1 [bis] 3 des Anhangs III der Richtlinie [2003/87]: weitere Erhöhung der jährlichen Gesamtmenge an Zertifikaten um 2,825030 Mio. t Kohlendioxidäquivalent, was mit den Bewertungen gemäß der Entscheidung 280/2004 und dem Potenzial, einschließlich des technischen Potenzials, von Tätigkeiten zur Emissionsverringerung nicht vereinbar ist. Artikel 3 Diese Entscheidung ist an die Republik Lettland gerichtet.“ Im ersten Erwägungsgrund der angefochtenen Entscheidung nimmt die Kommission Bezug auf Art. 3 Abs. 3 der ersten ablehnenden Entscheidung, mit dem es der Republik Lettland gestattet wurde, Änderungen ihres NZP für den Zeitraum 2008 bis 2012 bis zum 31. Dezember 2006, d. h. innerhalb der Frist nach Art. 11 Abs. 2 der Richtlinie 2003/87, zu übermitteln. Im dritten Erwägungsgrund der angefochtenen Entscheidung stellt die Kommission u. a. fest, dass, soweit die von der Republik Lettland vorgelegten Informationen eine Änderung des wesentlichen Inhalts des NZP enthielten, diese Änderung gemäß Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorab von der Kommission akzeptiert werden müsse. Die angefochtene Entscheidung beschränke sich auf diese Aspekte der vorgelegten Informationen. Andere Aspekte dieser Informationen, insbesondere diejenigen, die sich auf die Umsetzung der ersten ablehnenden Entscheidung bezögen oder einen Standpunkt zum Ausdruck brächten, der von der Bewertung abweiche, die die Kommission in der ersten ablehnenden Entscheidung vorgenommen habe, seien im Rahmen der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt worden. Im sechsten Erwägungsgrund der angefochtenen Entscheidung wird festgestellt, dass die Republik Lettland keine Informationen vorgelegt habe, die eine Änderung der Methode zur Berechnung der Höchstmenge an Zertifikaten, wie sie im Rahmen der ersten ablehnenden Entscheidung festgelegt sei, rechtfertigten. Im achten Erwägungsgrund der angefochtenen Entscheidung akzeptiert die Kommission schließlich im Hinblick auf die genaueren Angaben, die die Republik Lettland in Bezug auf eine besonders hohe Investition im Zementsektor gemacht hat, auf der Grundlage dieser Berechnungsmethode eine Erhöhung des Höchstkontingents der verfügbaren Zertifikate, wie sie in Art. 1 der angefochtenen Entscheidung bezeichnet ist. Verfahren und Anträge der Verfahrensbeteiligten Mit Klageschrift, die am 26. September 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Republik Lettland die vorliegende Klage erhoben. Mit am selben Tag bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenem besonderem Schriftsatz hat die Republik Lettland eine Entscheidung im beschleunigten Verfahren nach Art. 76a der Verfahrensordnung des Gerichts beantragt. Mit Entscheidung vom 13. November 2007 hat das Gericht (Dritte Kammer) diesen Antrag zurückgewiesen. Mit am 27. November 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenem Schriftsatz hat das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland beantragt, in dem vorliegenden Verfahren als Streithelfer zur Unterstützung der Kommission zugelassen zu werden. Mit Beschluss vom 12. Juni 2008 hat der Präsident der Dritten Kammer des Gerichts diesem Antrag stattgegeben. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland hat seinen Streithilfeschriftsatz am 28. August 2008 eingereicht. Mit am 14. Dezember 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenem und mit Schreiben vom 26. Mai 2008 bestätigtem besonderem Schriftsatz hat die Republik Lettland gemäß Art. 116 § 2 der Verfahrensordnung beantragt, bestimmte Teile des Anhangs 7 der Klageschrift gegenüber dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland vertraulich zu behandeln. Mit am 27. Dezember 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenem Schriftsatz hat die Republik Litauen beantragt, in dem vorliegenden Verfahren als Streithelferin zur Unterstützung der Republik Lettland zugelassen zu werden. Mit Beschluss vom 12. Juni 2008 hat der Präsident der Dritten Kammer des Gerichts diesem Antrag stattgegeben. Die Republik Litauen hat ihren Streithilfeschriftsatz am 29. August 2008 eingereicht. Mit am 6. Januar 2009 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenem Schriftsatz hat die Kommission zu den Streithilfeschriftsätzen des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Republik Litauen Stellung genommen. Die Republik Lettland hat innerhalb der festgesetzten Frist nicht zu diesen Schriftsätzen Stellung genommen. Mit am 7. Februar 2008 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenem Schriftsatz hat die Slowakische Republik beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge der Republik Lettland zugelassen zu werden. Mit Beschluss vom 12. Juni 2008 hat der Präsident der Dritten Kammer des Gerichts festgestellt, dass dieser Antrag gemäß Art. 115 der Verfahrensordnung, aber nach Ablauf der in Art. 115 § 1 der Verfahrensordnung festgelegten Frist von sechs Wochen gestellt worden war. Dementsprechend hat er dem Antrag stattgegeben, die Rechte der Slowakischen Republik dabei aber auf die in Art. 116 § 6 der Verfahrensordnung vorgesehenen beschränkt. Die Republik Lettland, unterstützt durch die Republik Litauen, beantragt, –        die angefochtene Entscheidung für nichtig zu erklären; –        der Kommission die Kosten aufzuerlegen. Die Kommission, unterstützt durch das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, beantragt, –        die Klage abzuweisen; –        der Republik Lettland die Kosten aufzuerlegen. Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht (Dritte Kammer) beschlossen, die mündliche Verhandlung zu eröffnen. Mit Schreiben vom 12. Juli 2010 hat das Gericht die Kommission im Rahmen prozessleitender Maßnahmen nach Art. 64 der Verfahrensordnung aufgefordert, bestimmte Dokumente vorzulegen. Die Kommission ist dieser Aufforderung fristgemäß nachgekommen. Die Verfahrensbeteiligten haben in der Sitzung vom 21. September 2010 mündlich verhandelt und mündliche Fragen des Gerichts beantwortet. Rechtliche Würdigung Die Republik Lettland stützt ihre Klage auf vier Gründe, nämlich erstens einen Verstoß gegen die durch den EG-Vertrag festgelegten Zuständigkeiten im Bereich der Energiepolitik, zweitens einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, drittens die Missachtung der Verpflichtungen, die sich aus dem Protokoll von Kyoto ergeben, und viertens die Nichteinhaltung der in Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorgesehenen Dreimonatsfrist. Zur Einrede der Unzulässigkeit des Antrags auf Nichtigerklärung von Art. 1 der angefochtenen Entscheidung Vorbringen der Verfahrensbeteiligten Unterstützt durch das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland macht die Kommission geltend, der Antrag der Republik Lettland sei, obwohl er sich auf die gesamte angefochtene Entscheidung beziehe, in Wirklichkeit nur auf die Nichtigerklärung des Art. 2 der angefochtenen Entscheidung gerichtet, nicht aber auf die des Art. 1 dieser Entscheidung, in dem festgestellt werde, dass einige der in dem überarbeiteten NZP vorgeschlagenen Änderungen mit den Kriterien des Anhangs III der Richtlinie 2003/87 vereinbar seien. Denn nur Maßnahmen, die verbindliche Rechtswirkungen erzeugten, die die Interessen des Klägers beeinträchtigten, könnten Gegenstand einer Nichtigkeitsklage sein. Da Art. 1 der angefochtenen Entscheidung die Interessen der Republik Lettland nicht beeinträchtige, habe diese kein Interesse an der Nichtigerklärung dieser Bestimmung, und die Klage sei insoweit für unzulässig zu erklären. Die Republik Lettland tritt diesem Vorbringen entgegen. Würdigung durch das Gericht Zum von der Kommission angeführten Begriff des Rechtsschutzinteresses ist darauf hinzuweisen, dass der Vertrag bei Nichtigkeitsklagen deutlich zwischen dem Klagerecht der Gemeinschaftsorgane und der Mitgliedstaaten einerseits und dem natürlicher und juristischer Personen andererseits unterscheidet. Den Mitgliedstaaten steht nämlich die Befugnis zu, die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen der Kommission durch eine Nichtigkeitsklage anzufechten, ohne dass die Ausübung dieses Rechts davon abhängt, dass ein Rechtsschutzinteresse dargetan wird. Ein Mitgliedstaat muss für die Zulässigkeit seiner Klage daher nicht dartun, dass ein von ihm angefochtener Rechtsakt der Kommission ihm gegenüber rechtliche Wirkungen erzeugt (Beschluss des Gerichtshofs vom 27. November 2001, Portugal/Kommission, C‑208/99, Slg. 2001, I‑9183, Randnrn. 22 und 23, und Urteil des Gerichts vom 22. Oktober 2008, TV 2/Danmark u. a./Kommission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 und T‑336/04, Slg. 2008, II‑2935, Randnr. 63). Diese Feststellung ergibt sich auch aus der von der Rechtsprechung entwickelten Definition des Rechtsschutzinteresses, die sich nur auf Klagen natürlicher oder juristischer Personen und nicht auf Klagen von Unionsorganen oder Mitgliedstaaten bezieht (vgl. Urteil des Gerichts vom 21. Mai 2010, Frankreich u. a./Kommission, T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 und T‑456/04, Slg. 2010, II‑0000, Randnr. 118 und die dort angeführte Rechtsprechung). Darüber hinaus darf der Begriff des Rechtsschutzinteresses nicht mit dem Konzept der anfechtbaren Handlung vermengt werden, nach dem mit der Nichtigkeitsklage nur Handlungen angefochten werden können, die potenziell beschwerende Rechtswirkungen erzeugen sollen, was anhand ihres materiellen Gehalts festzustellen ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 2000, Niederlande/Kommission, C‑147/96, Slg. 2000, I‑4723, Randnrn. 25 und 27; Beschlüsse des Gerichtshofs Portugal/Kommission, oben in Randnr. 33 angeführt, Randnr. 24, und vom 28. Januar 2004, Niederlande/Kommission, C‑164/02, Slg. 2004, I‑1177, Randnrn. 18 und 19; Urteil Frankreich u. a./Kommission, oben in Randnr. 33 angeführt, Randnr. 119). Es lässt sich nicht bestreiten, dass die angefochtene Entscheidung ihrem materiellen Gehalt nach solche Rechtswirkungen erzeugt. Folglich ist die Einrede der Unzulässigkeit des Antrags auf Nichtigerklärung von Art. 1 der angefochtenen Entscheidung zurückzuweisen. Es erscheint zweckmäßig, zuerst die Begründetheit des vierten Klagegrundes zu prüfen. Zum vierten Klagegrund: Nichteinhaltung der in Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorgesehenen Dreimonatsfrist Einleitende Bemerkung Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass der von der Kommission und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland geltend gemachte Umstand, dass die Republik Lettland die erste ablehnende Entscheidung vom 29. November 2006 im Rahmen der vorliegenden Klage nicht in Frage stellen könne, da sie nicht fristgemäß gegen diese Entscheidung vorgegangen sei, selbst dann, wenn es sich so verhält, keine Auswirkungen auf die Zulässigkeit des vierten Klagegrundes hat, der sich auf einen der angefochtenen Entscheidung innewohnenden Fehler bezieht. Vorbringen der Verfahrensbeteiligten Die Republik Lettland vertritt, unterstützt durch die Republik Litauen, die Auffassung, die angefochtene Entscheidung sei als „inexistent“ anzusehen, da sie unter Verstoß gegen Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 erlassen worden sei. Nach dieser Bestimmung könne die Kommission einen NZP innerhalb von drei Monaten nach seiner Übermittlung durch einen Mitgliedstaat ablehnen. Der überarbeitete NZP sei am 29. Dezember 2006 übermittelt worden. Folglich sei die Frist, innerhalb deren die Kommission hätte reagieren müssen, wenn sie diesen NZP in vollem Umfang oder teilweise hätte ablehnen wollen, am 29. März 2007 abgelaufen. Die Kommission habe der Republik Lettland jedoch erst am 30. März 2007 ein – im Übrigen unter Verstoß gegen Art. 3 der Verordnung Nr. 1 des Rates vom 15. April 1958 zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. 1958, Nr. 17, S. 385) in englischer Sprache verfasstes – Schreiben übermittelt, in dem sie ausgeführt habe, dass der überarbeitete NZP unvollständig sei, und zusätzliche Erläuterungen angefordert habe. Schließlich habe die in Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorgesehene Dreimonatsfrist an dem Tag zu laufen begonnen, an dem ihr Schreiben vom 29. Dezember 2006, mit dem der überarbeitete NZP übermittelt worden sei, tatsächlich bei der Kommission eingegangen sei, und nicht erst, nachdem die Kommission dieses Dokument am 5. Januar 2007 in ihrem Register eingetragen habe. Unterstützt durch das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland trägt die Kommission vor, sie habe Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 eingehalten, da die darin vorgesehene Dreimonatsfrist nur für den übermittelten NZP gelte, nicht aber für dessen Änderungen. Es sei klar zu unterscheiden zwischen der Übermittlung des NZP, mit der diese Frist zu laufen beginne, und den vorgeschlagenen Änderungen, für die keine Frist festgelegt sei. Die Kommission erkennt an, dass der NZP als akzeptiert gelte, wenn sie sich nicht innerhalb von drei Monaten äußere. Anders sei es jedoch, wenn ein Mitgliedstaat Änderungen des entsprechenden NZP vorschlage. In diesem Fall erlaube es Art. 9 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2003/87 einem Mitgliedstaat nämlich nur dann, eine Zuteilungsentscheidung nach Art. 11 der Richtlinie zu erlassen, wenn die von ihm vorgeschlagenen Änderungen von der Kommission akzeptiert worden seien; damit werde eine ausdrückliche Genehmigung der Kommission verlangt. Die Kommission meint, Art. 9 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2003/87 setze ihr zwar keine Frist, um die von dem Mitgliedstaat vorgeschlagenen Änderungen des NZP zu genehmigen, daraus folge jedoch nicht, dass ihr unbegrenzte Zeit für die Prüfung dieser Änderungen zur Verfügung stehe. Sie müsse sich hierzu so schnell wie möglich äußern, jedenfalls vor Beginn des betreffenden Handelszeitraums. Darüber hinaus habe die Kommission Randnr. 55 des Urteils des Gerichts vom 23. November 2005, Vereinigtes Königreich/Kommission (T‑178/05, Slg. 2005, II‑4807), beachtet, indem sie den lettischen Behörden in ihrem Schreiben vom 30. März 2007 ihre Beanstandungen zu den vorgeschlagenen Änderungen mitgeteilt habe. Zudem enthalte Randnr. 73 des genannten Urteils entgegen der Ansicht der Republik Litauen lediglich ein obiter dictum , soweit darin ausgeführt werde, dass es keinen Grund für die Annahme gebe, dass die Dreimonatsfrist im Sinne von Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87, über die sie für die Ablehnung des Plans verfüge, nicht zu laufen beginne, wenn ein unvollständiger NZP übermittelt worden sei. Zum einen sei diese Stelle des fraglichen Urteils unter Berücksichtigung der besonderen Umstände jener Rechtssache auszulegen. Zum anderen habe das Gericht in derselben Randnummer des Urteils ausgeführt, dass die Kommission, wenn der NZP unvollständig oder „vorläufig“ sei, berechtigt sei, ihn abzulehnen, weil er entweder nicht den durch die Richtlinie 2003/87 aufgestellten Kriterien entspreche oder weil sie nicht in der Lage sei, seine Vereinbarkeit mit diesen Kriterien zu beurteilen. In diesen Fällen könne die Kommission, so das Gericht, den Mitgliedstaat durch die Ablehnung des NZP verpflichten, ihr einen neuen vollständigen NZP zu übermitteln, bevor er seine Entscheidung gemäß Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87 erlassen könne. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland fügt hinzu, dass die Kommission in der Lage sein müsse, den NZP zu bewerten, was nur möglich sei, wenn sie über vollständige Informationen verfüge. Daher dürfe die in Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorgesehene Dreimonatsfrist erst ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnen, zu dem diese Informationen verfügbar seien, da dem Prüfungsverfahren sonst seine praktische Wirksamkeit genommen würde. Andernfalls müsste die Kommission den NZP nämlich bereits deswegen ablehnen, weil sie nicht über ausreichende Informationen verfüge, was zur Folge hätte, dass der Mitgliedstaat seinen NZP nochmals übermitteln müsste, wodurch eine erneute Dreimonatsfrist in Gang gesetzt würde. Unterstützt durch das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland führt die Kommission aus, wenn sie nicht alle Informationen erhalten habe, die erforderlich seien, um die Änderungen eines NZP im Licht der Kriterien des Anhangs III der Richtlinie 2003/87 zu beurteilen, verbiete es ihr der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gemäß Art. 10 EG, diese Änderungen automatisch abzulehnen, ohne dem betroffenen Mitgliedstaat zu gestatten, die fehlenden Informationen innerhalb einer bestimmten Frist nachzureichen. Andernfalls müsste sie, um die Dreimonatsfrist einzuhalten, die Änderungen des NZP ablehnen, auch wenn sich der Mitgliedstaat von sich aus oder auf Aufforderung bemühe, die fehlenden Informationen zusammenzustellen und mitzuteilen. Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland meint, das Verhalten der Republik Lettland verstoße gegen Treu und Glauben, da sie zunächst zwar eingeräumt habe, dass der NZP unvollständig sei, und die von der Kommission angeforderten ergänzenden Angaben übermittelt habe, dann jedoch die Nichteinhaltung der Dreimonatsfrist gerügt habe. In der mündlichen Verhandlung hat die Kommission auf eine Frage des Gerichts von ihrem Hilfsvorbringen Abstand genommen, wonach die Dreimonatsfrist jedenfalls erst am 5. Januar 2007, dem Zeitpunkt, zu dem der überarbeitete NZP vom Generalsekretariat der Kommission im Register eingetragen worden sei, zu laufen begonnen habe; dies ist in das Protokoll der mündlichen Verhandlung aufgenommen worden. Dass das Schreiben der Kommission vom 30. März 2007 in englischer und nicht in lettischer Sprache verfasst gewesen sei, habe sich schließlich auf die Gültigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht ausgewirkt. Die Kommission habe die 27 NZP innerhalb einer sehr kurzen Frist prüfen müssen, und die meisten Mitgliedstaaten, darunter die Republik Lettland, hätten ihr die Höflichkeit erwiesen, ihr ihre NZP in englischer Übersetzung zu übermitteln. Der darauf folgende Schriftwechsel habe ebenfalls hauptsächlich in englischer Sprache stattgefunden. Sie sei daher davon ausgegangen, dass die Republik Lettland für die Zwecke der Prüfung des NZP damit einverstanden gewesen sei, dass der Schriftverkehr in Englisch geführt werde, da sie in ihrem Schreiben vom 25. April 2007 auf das Schreiben vom 30. März 2007 geantwortet habe, ohne der Verwendung des Englischen zu widersprechen. Jedenfalls sei der Verstoß gegen die Verordnung Nr. 1 ein Verfahrensfehler, der nur dann zur Nichtigerklärung des letztlich erlassenen Rechtsakts führen könne, wenn das Verfahren ohne ihn zu einem anderen Ergebnis hätte führen können. Im vorliegenden Fall hätte eine lettische Übersetzung des gesamten Schriftverkehrs zwischen der Kommission und der Republik Lettland das Verfahren zwar hinausgezögert, seinen Ausgang jedoch nicht ändern können. Würdigung durch das Gericht –       Zur Prüfungsbefugnis der Kommission nach Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 Gemäß Art. 9 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2003/87 kann die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung eines NZP durch einen Mitgliedstaat diesen NZP oder einen Teil davon ablehnen, wenn er mit den in Anhang III aufgeführten Kriterien oder mit Art. 10 der Richtlinie unvereinbar ist. Gemäß Satz 2 trifft der Mitgliedstaat eine Entscheidung nach Art. 11 Abs. 1 oder 2 der Richtlinie nur dann, wenn Änderungsvorschläge von der Kommission akzeptiert werden. Satz 3 sieht schließlich vor, dass ablehnende Entscheidungen von der Kommission zu begründen sind. Wie in der Rechtsprechung anerkannt, ist die aus Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 folgende Befugnis der Kommission zur Prüfung und Ablehnung eines NZP eng umrissen, da sie sowohl inhaltliche als auch zeitliche Grenzen hat. Zum einen ist die Kontrolle darauf beschränkt, dass die Kommission die Vereinbarkeit des NZP mit den Kriterien des Anhangs III und mit Art. 10 der Richtlinie 2003/87 prüft, und zum anderen ist sie innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung des NZP durch den Mitgliedstaat vorzunehmen (Beschluss des Gerichts vom 30. April 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Kommission, T‑387/04, Slg. 2007, II‑1195, Randnr. 104; vgl. in diesem Sinne auch Urteil des Gerichts vom 7. November 2007, Deutschland/Kommission, T‑374/04, Slg. 2007, II‑4431, Randnr. 116). Im Übrigen führt die nach Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorgenommene Vorabkontrolle nicht zwangsläufig zu einer Entscheidung der Kommission. Diese ist zwar verpflichtet, nach der Übermittlung eines NZP sorgfältig und unparteiisch dessen Vereinbarkeit mit den Kriterien des Anhangs III und mit Art. 10 der Richtlinie 2003/87 zu prüfen. Aus der Wendung „kann ablehnen“ geht jedoch hervor, dass die Kommission in dieser Hinsicht über ein gewisses Ermessen verfügt. Daraus ergibt sich ferner, dass der Mitgliedstaat, wenn die Kommission nicht binnen drei Monaten, nachdem er seinen NZP übermittelt hat, von dieser Befugnis Gebrauch macht, den NZP grundsätzlich unter den in den Art. 11 ff. der Richtlinie 2003/87 genannten Voraussetzungen umsetzen kann, ohne dass die Genehmigung der Kommission erforderlich wäre. Daher muss das Verfahren zur Prüfung des NZP nicht unbedingt mit einer förmlichen Entscheidung abgeschlossen werden, zumal wenn der Mitgliedstaat im Laufe dieses Verfahrens alle verlangten Änderungen vornimmt. Die Kommission kann jedoch veranlasst sein, von ihrer Entscheidungsbefugnis nach Art. 9 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2003/87 Gebrauch zu machen, wenn der Mitgliedstaat es vor Ablauf der Dreimonatsfrist unterlässt oder sich weigert, seinen NZP zu ändern, obwohl Einwände erhoben wurden. Ohne eine solche ablehnende Entscheidung der Kommission wird der übermittelte NZP nämlich endgültig und unterliegt einer Rechtmäßigkeitsvermutung, die es dem Mitgliedstaat erlaubt, ihn umzusetzen (vgl. in diesem Sinne Beschluss EnBW Energie Baden-Württemberg/Kommission, oben in Randnr. 46 angeführt, Randnrn. 106, 107, 111, 115 und 120). Insoweit kann die Kommission nicht mit Erfolg geltend machen, dass Art. 9 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2003/87, der von „Änderungsvorschlägen“ spricht, die „von der Kommission akzeptiert“ werden müssen, verlangt, dass sie eine förmliche Entscheidung erlässt, mit der diese Änderungen genehmigt werden. Wie das Gericht bereits entschieden hat, erfolgen diese Änderungen in einer späteren Phase des Prüfverfahrens, nachdem die Kommission Einwände gegen den übermittelten NZP oder Teile davon erhoben hat, und sie dienen gerade dazu, die Einwände auszuräumen, die die Kommission ursprünglich hinsichtlich der Vereinbarkeit mit den Kriterien des Anhangs III und mit Art. 10 der Richtlinie 2003/87 geäußert hat. Dass die Kommission diese Änderungen akzeptiert, ist daher lediglich die logische Folge dessen, dass sie zunächst im Rahmen der ihr durch Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 eingeräumten beschränkten Kontroll- und Ablehnungsbefugnis Einwände erhoben hat, und nicht Ausdruck einer allgemeinen Genehmigungsbefugnis (Beschluss EnBW Energie Baden-Württemberg/Kommission, oben in Randnr. 46 angeführt, Randnr. 104). Im Übrigen ergibt sich aus dieser Rechtsprechung nicht, dass die Kommission die Änderungen des NZP in einer förmlichen Entscheidung akzeptieren muss. Eine derartige Auslegung liefe im Gegenteil zum einen dem Grundsatz zuwider, wonach die Kommission über keine allgemeine Befugnis zur Genehmigung des NZP verfügt. Zum anderen stünde sie nicht im Einklang mit der Systematik des Art. 9 Abs. 3 Satz 3 der Richtlinie 2003/87, der sich nur auf eine Ablehnungsentscheidung, nicht aber auf eine Genehmigungsentscheidung bezieht. Im Licht dieser Grundsätze ist zu beurteilen, ob die Kommission die Vorschriften des Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 im vorliegenden Fall beachtet hat. –       Zum Begriff „Übermittlung“ im Sinne des Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 Die Republik Lettland macht im Wesentlichen geltend, die Kommission habe die in Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorgesehene Dreimonatsfrist in Bezug auf das Verfahren zur Prüfung des überarbeiteten NZP nicht eingehalten. Nach der Übermittlung des überarbeiteten NZP am 29. Dezember 2006 sei diese Frist nämlich am 29. März 2007 abgelaufen. Die Kommission habe ihr aber erst am 30. März 2007 ein Auskunftsersuchen – in englischer Sprache und damit unter Verstoß gegen Art. 3 der Verordnung Nr. 1 – übersandt, aus dem hervorgehe, dass der genannte NZP unvollständig sei. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die angefochtene Entscheidung nicht innerhalb von drei Monaten ab der am 29. Dezember 2006 erfolgten Übermittlung des überarbeiteten NZP erlassen wurde, sondern erst am 13. Juli 2007. Unter diesen Umständen ist zu prüfen, ob mit der Übermittlung des überarbeiteten NZP eine neue Dreimonatsfrist zu laufen begann, nachdem das Prüfverfahren mit der ersten ablehnenden Entscheidung vorläufig abgeschlossen worden war. Mit anderen Worten ist zu prüfen, ob der Begriff „Übermittlung“ eines NZP im Sinne des Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 sowohl die ursprüngliche Übermittlung des NZP als auch die des – insbesondere nach einer ablehnenden Entscheidung der Kommission – überarbeiteten NZP erfasst. Der Wortlaut des Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 unterscheidet hinsichtlich der „Übermittlung eines [NZP]“, die die Dreimonatsfrist in Gang setzt, nicht danach, ob es sich um die ursprüngliche Übermittlung des NZP oder um die spätere Übermittlung eines NZP handelt, der insbesondere nach dem Erlass einer ablehnenden Entscheidung der Kommission überarbeitet wurde. Darüber hinaus bringt die Präzisierung, dass diese Übermittlung „gemäß Absatz 1“ der Vorschrift erfolgt, wonach „[d]ie Mitgliedstaaten … einen nationalen Plan auf[stellen], aus dem hervorgeht, wie viele Zertifikate sie insgesamt für [den betreffenden Handelsz]eitraum zuzuteilen beabsichtigen und wie sie die Zertifikate zuzuteilen gedenken“, insoweit keine zusätzliche Klärung, da sowohl die ursprüngliche Übermittlung des NZP als auch die spätere Übermittlung des überarbeiteten NZP die Frage zum Gegenstand haben, wie viele Zertifikate der Mitgliedstaat zuzuteilen beabsichtigt. Im Übrigen schließt die Formulierung „Änderungsvorschläge“ nicht aus, dass der Mitgliedstaat solche Änderungen im Wege einer förmlichen „Übermittlung“ eines überarbeiteten NZP vorschlagen kann oder sogar muss, insbesondere dann, wenn es sich um Änderungen von wesentlicher Tragweite handelt. Insoweit hat das Gericht bereits anerkannt, dass zum einen Art. 9 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2003/87 in Bezug auf die möglichen Änderungen keine Beschränkung vorsieht und zum anderen jede Änderung der Kommission zu übermitteln und von dieser zu akzeptieren ist, bevor der NZP in der geänderten Form als Grundlage einer Entscheidung dienen kann, die der Mitgliedstaat gemäß Art. 11 der Richtlinie 2003/87 trifft (Urteil Vereinigtes Königreich/Kommission, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnr. 56). Ebenfalls in diesem Sinne hat das Gericht entschieden, dass die Kommission einen Mitgliedstaat durch die Ablehnung des NZP verpflichten durfte, ihr einen neuen, vollständigen NZP zu übermitteln, bevor er seine Entscheidung erlassen konnte (Urteil Vereinigtes Königreich/Kommission, oben in Randnr. 40 angeführt, Randnr. 73). Im Übrigen ergibt sich entsprechend diesen Grundsätzen aus dem verfügenden Teil der ersten ablehnenden Entscheidung (Art. 2 und Art. 3 Abs. 3), dass die Kommission selbst der Auffassung war, dass ihr im vorliegenden Fall sämtliche Änderungen des NZP zu „übermitteln“ gewesen seien und dass diese Änderungen demnach ihrer Vorabkontrolle nach Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 unterlegen hätten. Teleologisch betrachtet soll das nach Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 eingeleitete Verfahren nicht nur eine Vorabkontrolle durch die Kommission ermöglichen, sondern auch Rechtssicherheit für die Mitgliedstaaten schaffen und ihnen insbesondere erlauben, rasch, innerhalb kurzer Fristen, zu erfahren, wie sie auf der Grundlage ihrer NZP in der betreffenden Zuteilungsperiode die Emissionszertifikate zuteilen und das gemeinschaftliche Handelssystem verwalten können. Angesichts der begrenzten Dauer dieser Periode – drei oder fünf Jahre (Art. 11 der Richtlinie 2003/87) – haben nämlich sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten ein berechtigtes Interesse daran, dass Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Inhalts des NZP rasch beigelegt werden und dass der NZP nicht während seiner gesamten Gültigkeitsdauer Gefahr läuft, von der Kommission beanstandet zu werden (Beschluss EnBW Energie Baden-Württemberg/Kommission, oben in Randnr. 46 angeführt, Randnr. 117). Diese Erwägungen gelten für jeden NZP, unabhängig davon, ob es sich um die ursprünglich übermittelte Fassung oder um eine überarbeitete und später übermittelte Fassung handelt. Darüber hinaus ist das Erfordernis, dass die Kommission nach der Übermittlung eines überarbeiteten NZP eine schnelle und effiziente Kontrolle vornimmt, umso wichtiger, wenn dieser Kontrolle bereits eine erste Phase der Prüfung des ursprünglichen NZP vorausging, die gegebenenfalls zu einer ablehnenden Entscheidung und daraufhin zu Änderungen des genannten NZP geführt hat. Wenn die Kommission vorträgt, sie dürfe die Vorschläge zur Änderung eines NZP oder einen überarbeiteten NZP prüfen, ohne die Dreimonatsfrist gemäß Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 einhalten zu müssen, so ist diese These geeignet, das Ziel einer schnellen und effizienten Kontrolle sowie die Rechtssicherheit zu konterkarieren, auf die der übermittelnde Mitgliedstaat einen Anspruch hat, um den Anlagen in seinem Hoheitsgebiet die Emissionszertifikate vor Beginn des Handelszeitraums nach Art. 11 der genannten Richtlinie zuteilen zu können. Schließlich kann die Kommission nicht geltend machen, dass sie nach Abschluss der zweiten Phase des Prüfverfahrens, die die Bewertung der vorgeschlagenen Änderungen des NZP betreffe, eine förmliche Entscheidung über die Genehmigung dieser Änderungen erlassen müsse, was diese Phase von derjenigen unterscheide, die sich auf den ursprünglich übermittelten NZP beziehe, da eine solche Entscheidung weder in Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 vorgesehen noch notwendig ist (vgl. oben, Randnr. 48). Folglich erfasst der Begriff „Übermittlung“ im Sinne des Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 sowohl die ursprüngliche als auch die anschließende Übermittlung verschiedener Versionen eines NZP, so dass jede dieser Übermittlungen eine neue Dreimonatsfrist in Gang setzt. –       Zum Ablauf der Dreimonatsfrist nach Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Übermittlung des überarbeiteten NZP am 29. Dezember 2006 im vorliegenden Fall eine neue Dreimonatsfrist im Sinne des Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 in Gang setzte. Da die Dreimonatsfrist im Sinne des Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 am 29. März 2007 abgelaufen war, war das Auskunftsersuchen, das die Kommission am 30. März 2007 an die Republik Lettland richtete, verfristet. Es braucht daher nicht geprüft zu werden, ob ein derartiges Ersuchen, wäre es fristgerecht geäußert worden, die Frist hätte unterbrechen oder aussetzen können und ob eine solche Unterbrechung oder Aussetzung hätte eintreten können, obwohl das betreffende Schreiben in englischer und nicht in lettischer Sprache verfasst war. Daraus folgt, dass der überarbeitete NZP am 30. März 2007 endgültig geworden ist. Entgegen dem Vorbringen der Republik Lettland ist der Verfahrensfehler, der in der Nichteinhaltung der Dreimonatsfrist im Sinne des Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 besteht, jedoch nicht so schwer und offensichtlich, dass er es rechtfertigen würde, die angefochtene Entscheidung als inexistenten Rechtsakt zu qualifizieren (vgl. Urteil des Gerichtshofs vom 6. März 2008, Kommission/Spanien, C‑196/07, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung). Für die Rechtsakte der Organe spricht nämlich, selbst wenn sie fehlerhaft sind, grundsätzlich eine Vermutung der Gültigkeit, und sie entfalten daher Rechtswirkungen, solange sie nicht zurückgenommen, im Rahmen einer Nichtigkeitsklage für nichtig erklärt oder infolge eines Vorabentscheidungsersuchens oder einer Rechtswidrigkeitseinrede für ungültig erklärt worden sind (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Rat, T‑256/07, Slg. 2008, II‑3019, Randnr. 55 und die dort angeführte Rechtsprechung). Wie oben in Randnr. 47 festgestellt worden ist, wird der NZP unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Prüfverfahrens nach Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 am Ende dieses Verfahrens endgültig und unterliegt einer Rechtmäßigkeitsvermutung, wenn die Kommission innerhalb der Dreimonatsfrist keine Entscheidung erlassen hat. Der im vorliegenden Fall festgestellte Rechtsverstoß, nämlich die Verfristung der angefochtenen Entscheidung, kann jedoch nicht als so schwer und offensichtlich angesehen werden, dass er die angefochtene Entscheidung inexistent werden ließe. Angesichts des fundamentalen Grundsatzes der Rechtssicherheit muss die Feststellung, dass ein Rechtsakt inexistent ist, nämlich auf ganz außergewöhnliche Fälle beschränkt werden (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichtshofs vom 15. Juni 1994, Kommission/BASF u. a., C‑137/92 P, Slg. 1994, I‑2555, Randnrn. 48 und 50, vom 8. Juli 1999, Chemie Linz/Kommission, C‑245/92 P, Slg. 1999, I‑4643, Randnrn. 93 und 95, und vom 5. Oktober 2004, Kommission/Griechenland, C‑475/01, Slg. 2004, I‑8923, Randnrn. 18 und 20). Die angefochtene Entscheidung ist daher wegen eines Verstoßes gegen Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2003/87 für nichtig zu erklären, ohne dass über die Zulässigkeit und die Begründetheit der anderen von der Republik Lettland geltend gemachten Klagegründe entschieden zu werden braucht. Kosten Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kommission unterlegen ist, ist sie entsprechend dem Antrag der Republik Lettland zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Art. 87 § 4 Abs. 1 der Verfahrensordnung tragen die Mitgliedstaaten, die dem Rechtsstreit als Streithelfer beigetreten sind, ihre eigenen Kosten. Daher tragen die Republik Litauen, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland sowie die Slowakische Republik ihre eigenen Kosten. Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Dritte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Die Entscheidung C(2007) 3409 der Kommission vom 13. Juli 2007 über die Änderung des nationalen Plans zur Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten, den die Republik Lettland gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates für den Zeitraum 2008 bis 2012 übermittelt hat, wird für nichtig erklärt. 2. Die Europäische Kommission trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten der Republik Lettland. 3. Die Republik Litauen, die Slowakische Republik und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland tragen jeweils ihre eigenen Kosten. Azizi Cremona Frimodt Nielsen Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. März 2011. Unterschriften * Verfahrenssprache: Lettisch.

62008CJ0260

hu

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a 2005. október 27-i 1719/2005/EK bizottsági rendelettel ( HL L 286., 1. o. ) módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet ( HL L 256., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.) I. mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra (a továbbiakban: KN) 7312 vámtarifaszáma alá tartozó áruk eredetének meghatározása céljából a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92 tanácsi rendelet ( HL L 302., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.; a továbbiakban: Vámkódex) 24. cikkének értelmezésére vonatkozik. E kérelmet a Bundesfinanzdirektion West (a továbbiakban: Bundesfinanzdirektion) és a HEKO Industrieerzeugnisse GmbH (a továbbiakban: HEKO) közötti, Kínából származó acélsodronyból az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban készített acélkötél nem preferenciális származásának meghatározására vonatkozó jogvitában terjesztették elő. Jogi háttér A származási szabályokról szóló megállapodás A többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozatban ( HL L 336., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 21. kötet, 80. o.) az Európai Unió Tanácsa többek között jóváhagyta az 1994. április 15-én Marrakeshben aláírt záróokmányhoz csatolt, a származási szabályokról szóló megállapodást (WTO-GATT 1994) ( HL L 336., 144. o. ; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 21. kötet, 231. o.). E megállapodás célja a származási szabályok harmonizációja, és az átmeneti időszakra nézve harmonizációs munkaprogramot állapít meg. Az említett megállapodásnak „Az átmeneti időszakra vonatkozó szabályok” című 2. cikke előírja: „A származási szabályok összehangolásának a IV. részben lefektetett munkaprogramja befejezéséig, a tagok biztosítják, hogy: a) amikor általános érvényű adminisztratív határozatokat bocsátanak ki, egyértelműen meghatározzák a teljesítendő követelményeket. Nevezetesen: i. azokban az esetekben, amelyekben a vámtarifa-besorolás megváltozásának kritériumát alkalmazzák, az ilyen származási szabálynak, illetve az alóla való bármely kivételnek, világosan meg kell határoznia a vámtarifa-nómenklatúra azon vámtarifaszámait vagy alszámait, amelyekre a szabály vonatkozik; […]” A közösségi vámjogi szabályozás A Közösségi Vámkódex 24. cikke kimondja: „Azokat az árukat, amelyeknek az előállításában egynél több ország vett részt, úgy kell tekinteni, hogy abból az országból származnak, amelyben az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozáson vagy megmunkáláson mentek keresztül az ehhez felszerelt vállalkozás területén, és új termék létrehozását eredményezték vagy az előállítás fontos szakaszát képezték.” A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet ( HL L 253., 1. o. , magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o.) IV. címének „Nem preferenciális származás” elnevezésű 1. fejezete tartalmazza a 35–40. cikket. A végrehajtási rendelet 35. cikke értelmében: „Ez a fejezet a [KN] XI. áruosztályába tartozó textilipari alapanyagokra és textilárukra, valamint egyes, a textilipari alapanyagoktól és textiláruktól eltérő termékekre vonatkozóan határozza meg, hogy milyen megmunkálást vagy feldolgozást kell olyannak tekinteni, hogy az teljesíti a Vámkódex 24. cikkében megállapított kritériumokat, és az érintett termékeket abból az országból származóvá teszi, amelyben ezt a megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték. […]” E rendelet 39. cikke előírja: „A 11. mellékletben felsorolt előállított termékek vonatkozásában az abban a mellékletben szereplő táblázat 3. oszlopában említett megmunkálást, illetve feldolgozást kell olyan eljárásnak vagy műveletnek tekinteni, amely a létrejött terméknek a Vámkódex 24. cikke szerinti származó helyzetet megalapozza. […]” A KN 7312 vámtarifaszáma, vagyis a „[s]odort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, az elektromos szigetelésű kivételével” nem szerepel a végrehajtási rendelet 11. mellékletében. Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 2005 májusában a HEKO kötelező érvényű származási felvilágosítást kért a Bundesfinanzdirektiontól a KN 7312 vámtarifaszáma alá tartozó, Kínából származó sodronyokra, valamint az e sodronyokból készült, ugyancsak a Kombinált Nómenklatúra 7312 vámtarifaszáma alá tartozó, Észak-Koreában gyártott különböző acélkötelekre nézve. Az iratokból kitűnik, hogy e köteleket több szálból álló sodrony tekercselésével állítják elő, az e célra kötélkészítő gépekkel felszerelt észak-koreai vállalkozásnál. Az acélköteleket emellett a későbbi felhasználástól függően darabolják, illesztik, préselik, impregnálják, lapítják, kötik egybe és/vagy vonják be. 2006. január 11-én a Bundesfinanzdirektion öt kötelező érvényű származási felvilágosítást adott ki, amelyek a Kínai Népköztársaságot jelölik meg az acélkötelek származási helyeként, azon az alapon, hogy a vámtarifa-besorolás megváltozásának hiányában az acélkötelek gyártási folyamatának végső szakaszában a sodronyok Észak-Koreában történő tekercselése nem jelent a Vámkódex 24. cikke értelmében vett lényeges feldolgozást vagy megmunkálást. Álláspontjának alátámasztására a Bundesfinanzdirektion az Európai Közösségek Bizottsága által a Vámkódex 24. cikkében szereplő kifejezések pontosítása érdekében kidolgozott és a Bizottság internetes honlapján megtalálható úgynevezett „listás” szabályokra (a továbbiakban: listás szabályok) hivatkozott. Az említett szabályokból kitűnik, hogy a KN 7312 vámtarifaszáma alá tartozó árukat csak akkor lehet lényeges feldolgozáson vagy megmunkáláson átmentnek tekinteni, ha a vámtarifaszámuk megváltozik. A HEKO megsemmisítés iránti keresetet indított a Bundesfinanzdirektion határozatai ellen a Finanzgericht Düsseldorf előtt. E bíróság 2007. májusi ítéletében megsemmisítette a kötelező érvényű származási felvilágosításokat, és arra kötelezte a Bundesfinanzdirektiont, hogy olyan kötelező érvényű származási felvilágosításokat bocsásson ki, amelyekben a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot jelölik meg az acélkötelek származási országaként. Az említett bíróság szerint ugyanis a listás szabályok nem összeegyeztethetőek a Bíróság ítélkezési gyakorlatával, és nem minősülnek kötelező erejű jogi aktusnak. A Bundesfinanzdirektion felülvizsgálati kérelmet nyújtott be ezen ítélettel szemben a fellebbviteli bírósághoz, azzal érvelve, hogy noha a listás szabályok nem rendelkeznek jogi kötelező erővel, bizonyos mértékig a Vámkódex 24. cikkének értelmezését adják. E körülmények között a Bundesfinanzhof felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdést terjesztette a Bíróság elé: „A Kombinált Nómenklatúra 7312 vámtarifaszáma alá tartozó áruknak csak olyan lényeges feldolgozása vagy megmunkálása tekintendő-e a nem preferenciális származás szempontjából döntőnek, amely azt eredményezi, hogy a feldolgozással vagy megmunkálással létrejött terméket a Kombinált Nómenklatúra más vámtarifaszáma alá kell besorolni?” Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről Kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kívánja megtudni, hogy a Vámkódex 24. cikkében szereplő „lényeges feldolgozás vagy megmunkálás” fogalmát úgy kell-e értelmezni, hogy a KN 7312 vámtarifaszáma alá tartozó áruk csak akkor tartoznak e fogalom körébe, ha a feldolgozás vagy megmunkálás következtében a terméket a KN más vámtarifaszáma alá kell besorolni. Mindenekelőtt a listás szabályok alkalmazhatóságára vonatkozóan a HEKO azzal érvel, hogy mivel e szabályokat nem tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában , azok nem rendelkeznek kötelező erővel, és nem kötik a tagállamok bíróságait. A Bizottság szintén nem tulajdonít kötelező erőt e listás szabályoknak, amelyek tartalmában szerinte a tagállamok képviselői a Vámkódex bizottsággal állapodtak meg. A Bizottság mindazonáltal azt javasolja, hogy e szabályokat vegyék figyelembe a közösségi vámjogi szabályozásnak az Európai Közösség által a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében vállalt kötelezettségekkel való összhangjának biztosítása céljából. A listás szabályok ugyanis konkrét kritériumokat írnak elő a származási szabályokról szóló megállapodás 2. cikkéből fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében, amely szerint általános érvényű adminisztratív határozatok kibocsátásakor egyértelműen meg kell határozni a teljesítendő követelményeket. E tekintetben fontos leszögezni, hogy noha a Bizottság által kidolgozott listás szabályok hozzájárulnak az áruk nem preferenciális származásának meghatározásához, e szabályok nem bírnak jogi kötelező erővel. E ténynél fogva e szabályok tartalmának összhangban kell lennie a Vámkódex 24. cikkében megfogalmazott származási szabályokkal, és nem változtathatja meg azok hatályát (lásd analógia útján a KN magyarázó megjegyzéseire vonatkozóan a C-311/04. sz. Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht ügyben 2006. január 12-én hozott ítélet [EBHT 2006., I-609. o.] 28. pontját és a C-376/07. sz. Kamino International Logistics ügyben 2009. február 19-én hozott ítélet [EBHT 2009., I-1167. o.] 48. pontját). Hozzá kell tenni azt is, hogy noha a releváns másodlagos jogi aktusokat a WTO keretében elfogadott megállapodások fényében kell értelmezni (lásd ebben az értelemben a C-392/98. sz., Dior és társai ügyben 2000. december 14-én hozott ítélet [EBHT 2000., I-11307. o.] 47. pontját, valamint a C-245/02. sz. Anheuser-Busch ügyben 2004. november 16-án hozott ítélet [EBHT 2004., I-10989. o.] 55. pontját), ettől még a származási szabályokról szóló megállapodás a jelen pillanatban csupán az átmeneti időszakra vonatkozó harmonizációs munkaprogramot képez. E megállapodás nem jelent teljes harmonizációt, a WTO tagjai mérlegelési lehetőséggel rendelkeznek saját származási szabályaik elfogadását illetően. E tekintetben a WTO munkacsoport 2003. június 20-án az Amerikai Egyesült Államokban közzétett, a textíliák és ruházati cikkek származási szabályaira vonatkozó jelentésének 6.23 és 6.24 pontjából kitűnik, hogy a WTO tagjai szabadon állapíthatják meg a származást meghatározó kritériumokat, azokat módosíthatják, illetve különböző termékekre nézve különböző kritériumokat alkalmazhatnak. E megállapításokból kitűnik, hogy a tagállamok bíróságai a Vámkódex 24. cikkének értelmezése során a listás szabályokban szereplő kritériumokhoz folyamodhatnak, amennyiben ez nem vezet e cikk módosításához. Ami különösen a Vámkódex 24. cikkében szereplő „lényeges feldolgozás vagy megmunkálás” fogalmát illeti, a KN 7312 vámtarifaszáma alá tartozó árukra vonatkozóan a HEKO azzal érvel, hogy a vámtarifa-besorolás megváltozásának listás szabályokból eredő kritériuma nem áll összhangban a 24. cikkel, mivel e kritérium nem az alaptermék és az előállított termék közötti, lényegében e termékek sajátos anyagi minőségére vonatkozó objektív és valós megkülönböztetésen alapul. Ezzel szemben a görög kormány és a Bizottság véleménye az, hogy a KN 7312 vámtarifaszáma alá tartozó árukra nézve a származást meghatározó utolsó lényeges feldolgozás vagy megmunkálás magában foglalja a vámtarifa-besorolás megváltozását. A vámtarifa-besorolás megváltozásán alapuló kritérium lehetővé tenné egyrészt a Közösség vámterületén a Vámkódex 24. cikkének egységes alkalmazását, másrészt a kábelgyártás során a feldolgozás vagy megmunkálás technológiai szakaszainak figyelembevételét. E tekintetben a Bizottság hozzáteszi, hogy a sodronyok acélkötéllé alakítása nem jár az alaptermék minőségének érdemi megváltozásával, és csupán a termék származását nem befolyásoló összeszerelési műveletnek minősül. Ezzel szemben a kábelek acélhuzalból történő előállítása a vámtarifa-besorolás megváltozásával jár, következésképpen meghatározza e termékek új származását. Ezen érvelésnek nem lehet helyt adni. A Vámkódex 24. cikkének szövegéből ugyanis az következik, hogy amikor az áru előállításában több ország vett részt, úgy kell tekinteni, hogy abból az országból származik, amelyben az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozáson vagy megmunkáláson ment keresztül az ehhez felszerelt vállalkozás területén, és új termék létrehozását eredményezték, vagy az előállítás fontos szakaszát képezték. A Bíróságnak az áruk származása fogalmának közös meghatározásáról szóló 1968. június 27-i 802/68/EGK tanácsi rendelet ( HL L 148., 1. o. ) 5. cikkének – amely rendelkezés megelőzte a Vámkódex 24. cikkét, és amelynek megfogalmazása azzal azonos – értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy az utolsó feldolgozás vagy megmunkálás e rendelkezés értelmében csak akkor tekinthető „lényegesnek”, ha az így létrejött termék olyan sajátos egyedi jellemzőkkel és összetétellel rendelkezik, amelyekkel e feldolgozás vagy megmunkálás előtt nem bírt. A termék külalakját a felhasználása céljából megváltoztató műveletek, amelyek azonban nem járnak a termék tulajdonságainak jelentős minőségi megváltoztatásával, nem alkalmasak a termék származásának meghatározására (a 49/76. sz. Gesellschaft für Überseehandel ügyben 1977. január 26-án hozott ítélet [EBHT 1977., 41. o.] 6. pontja és a 93/83. sz. Zentrag-ügyben 1984. február 23-án hozott ítélet [EBHT 1984., 1095. o.] 13. pontja). Ezen ítélkezési gyakorlatból az is kitűnik, hogy nem elegendő megkeresni az áruk származását meghatározó kritériumokat az előállított termékek tarifális besorolásában, ugyanis a közös vámtarifát sajátos követelményekhez igazodva alkották meg, nem pedig a termékek származása meghatározásának függvényében. Éppen ellenkezőleg, az áruk származásának az alaptermék és az előállított termék közötti, e termékek sajátos anyagi minőségét figyelembe vevő objektív és valós megkülönböztetésen kell alapulnia (lásd a fent hivatkozott Gesellschaft für Überseehandel ügyben hozott ítélet 5. pontját, valamint a 162/82. sz., Cousin és társai ügyben 1983. március 23-án hozott ítélet [EBHT 1983., 1101. o.] 16. pontját). Emellett arra a kérdésre vonatkozóan, hogy különböző alkotóelemek összeszerelésének művelete lényeges feldolgozásnak vagy megmunkálásnak minősül-e, a Bíróság korábban úgy ítélte meg, hogy vannak olyan esetek, amikor a technikai szempontok alapján végzett vizsgálat nem lehet döntő az áru származásának megállapításában, és ilyen esetekben másodlagos szempontként figyelembe kell venni az összeszereléssel hozzáadott értéket is (lásd ebben az értelemben a C-26/88. sz. Brother International ügyben 1989. december 13-án hozott ítélet [EBHT 1989., 4253. o.] 20. pontját, a C-447/05. és C-448/05. sz., Thomson és Vestel France egyesített ügyekben 2007. március 8-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-2049. o.] 27. pontját, valamint a C-372/06. sz. Asda Stores ügyben 2007. december 13-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-11223. o.] 37. pontját). A Bíróság ezáltal elismerte az olyan egyértelmű és objektív kritérium alkalmazásának érvényességét, mint a hozzáadott érték, lehetővé téve a bonyolult összetételű áruk vonatkozásában annak kifejezését, hogy miből is áll a származást megalapozó lényeges feldolgozás (lásd többek között a fent hivatkozott Thomson és Vestel France ügyben hozott ítélet 39. pontját). A jelen esetben meg kell vizsgálni, hogy a KN 7312 vámtarifaszáma alá tartozó áruk származásának meghatározása céljából egyetlen kritérium, nevezetesen a vámtarifa-besorolás megváltozása kritériumának alkalmazása összhangban áll-e a jelen ítélet 28. és 29. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlattal, és minden esetben lehetővé teszi-e annak megállapítását, hogy az acélkötél előállítása a sodronyból a Vámkódex 24. cikke értelmében lényeges feldolgozásnak vagy megmunkálásnak minősül-e. E tekintetben rá kell mutatni, hogy a vámtarifa-besorolás megváltozásának kritériuma sem az alaptermék, vagyis az acélsodrony és az előállított termék, vagyis az acélkötél közötti objektív és valós megkülönböztetésén, sem e termékek sajátos anyagi minőségén nem alapul, és nem veszi figyelembe az előállított termék gyártásához vezető sajátos feldolgozását vagy megmunkálását. Igaz, a Bíróság már kimondta, hogy a sajátos feldolgozás vagy megmunkálás elvont fogalmának pontosítása érdekében nem összeegyeztethetetlen a 802/68 rendelet 5. cikkével, hogy a Bizottság olyan rendszerhez folyamodott, amelyben a vámtarifa-besorolás megváltozása szolgált alapszabályként, amelyet maga a Bizottság egészített ki és pontosított a sajátos feldolgozás vagy megmunkálás jellegzetességeit figyelembe vevő kiegészítő listákkal (lásd a fent hivatkozott Cousin és társai ügyben hozott ítélet 17. pontját). Mindazonáltal, igaz ugyan, hogy valamely áru vámtarifa-besorolásának megváltozása az áru feldolgozásának vagy megmunkálásának lényeges jellegét tükrözi, azonban ettől még a feldolgozás vagy megmunkálás lényegesnek minősülhet a vámtarifa-besorolás megváltozása nélkül is. Ahogyan a Bizottság maga is elismeri, a vámtarifa-besorolás megváltozásának a listás szabályokban előírt kritériuma az esetek nagy részét lefedi, de nem teszi lehetővé az összes olyan eset azonosítását, amelyben az áru feldolgozása vagy megmunkálása lényeges. Ennélfogva más szempontokat is figyelembe kell venni annak meghatározásához, hogy a Vámkódex 24. cikke szerinti feltételek teljesültek-e. Ebből következően a KN 7312 vámtarifaszáma alá tartozó árukra vonatkozóan a Vámkódex 24. cikkében szereplő „lényeges feldolgozás vagy megmunkálás” fogalmának értelmezése során kizárólag a vámtarifa-besorolás megváltozása kritériumának alkalmazása, anélkül hogy bármiféle utalás történne az ezen árukat érintő sajátos feldolgozásra vagy megmunkálásra, alkalmas az említett cikk hatályának korlátozására. A fenti megfontolásokra tekintettel az előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy a KN 7312 vámtarifaszáma alá tartozó árukat illetően a Vámkódex 24. cikke értelmében vett lényeges feldolgozás vagy megmunkálás nemcsak azokra az esetekre vonatkozik, amelyek során a feldolgozással vagy megmunkálással létrejött terméket a Kombinált Nómenklatúra más vámtarifaszáma alá kell besorolni, hanem azokra is, amikor a feldolgozás vagy megmunkálás következtében, a vámtarifa-besorolás megváltozása nélkül, olyan sajátos egyedi jellemzőkkel és összetétellel rendelkező áru jön létre, amelyekkel az említett műveletet megelőzően nem bírt. A költségekről Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (korábbi harmadik tanács) a következőképpen határozott: A 2005. október 27-i 1719/2005/EK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra 7312 vámtarifaszáma alá tartozó árukat illetően a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 24. cikke értelmében vett lényeges feldolgozás vagy megmunkálás nemcsak azokra az esetekre vonatkozik, amelyek során a feldolgozással vagy megmunkálással létrejött terméket a Kombinált Nómenklatúra más vámtarifaszáma alá kell besorolni, hanem azokra is, amikor a feldolgozás vagy megmunkálás következtében, a vámtarifa-besorolás megváltozása nélkül, olyan sajátos egyedi jellemzőkkel és összetétellel rendelkező áru jön létre, amelyekkel az említett műveletet megelőzően nem bírt. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: német.

62014CJ0386

mt

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 49 TFUE. Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ tilwima bejn Groupe Steria SCA u l-Ministère des Finances et des Comptes publics (il-Ministeru tal-finanzi u tal-Kontijiet Pubbliċi) dwar ir-rifjut ta’ dan tal-aħħar li jħallas lura lil din il-kumpannija proporzjon mit-taxxa fuq il-kumpanniji u mill-kontribuzzjonijiet addizzjonali għal din it-taxxa mħallsa fil-kuntest tal-perijodi fiskali magħluqa tas-snin 2005 sal-2008 u li jikkorrispondi għall-impożizzjoni tal-parti mill-ispejjeż integrata mill-ġdid fil-bilanċ tagħha minħabba d-dividendi li rċeviet mis-sussidjarji tagħha stabbiliti fi Stati Membri li ma humiex Franza. Il-kuntest ġuridiku Id-dritt tal-Unjoni Id-Direttiva tal-Kunsill 90/435/KEE, tat-23 ta’ Lulju 1990, dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ ta’ kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 147), kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2003/123/KE, tat-22 ta’ Diċembru 2003 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 2, p. 3), li kienet fis-seħħ matul il-perijodu kopert mit-tilwima fil-kawża prinċipali, kienet tipprovdi, fl-Artikolu 4 tagħha: “1.   Meta kumpannija parent jew l-istabbiliment permanenti tagħha jirċievu l-profitti mqass[m]a bis-saħħa ta’ l-assoċjazzjoni tal-kumpannija parent mas-sussidjarja tagħha, l-Istat tal-kumpannija parent u l-Istat ta’ l-istabbiliment permanenti tagħha għandhom, għajr meta s-sussidjarja tiġi llikwidata, jew: — iżommu lura milli jintaxxaw dawn il-profitti, jew — jintaxxaw dawn il-profitti filwaqt li jawtorizzaw lill-kumpannija parent u lill-istabbiliment permanenti li jnaqqsu mill-ammont mistħoqq tat-taxxa dak il-frazzjon tat-taxxa fuq il-korporazzjonijiet li jkollu x’jaqsam ma’ dawn il-profitti u mħallas mis-sussidjarja u minn kull sussidjarja [...] sal-limitu ta’ l-ammont tat-taxxa mitħoqqa korripsondenti. [...] 2.   Madankollu, kull wieħed mill-Istati Membri għandu jżomm il-għażla li jipprovdi illi kull impost li jkollu x’jaqsam ma’ l-ishma u kull telf li jirriżulta mit-tqassim tal-qligħ tal-kumpannija sussidjarja jistgħu ma jitnaqqsux mill-profitti taxxabbli tal-kumpannija ġenitur. Meta l-ispejjeż tal-ġestjoni li jkollhom x’jaqsmu ma’ l-ishma f’dan il-każ jiġu ffissati bħala rata waħda uniformi, l-ammont iffissat ma jistax jaqbeż il 5 % tal-profitti mqassma mill-kumpannija sussidjarja”. L-Artikolu 9 tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/96/UE, tat-30 ta’ Novembru 2011, dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti ( ĠU L 345, p. 8 ), ħassar id-Direttiva 90/435. Id-dritt Franċiż Skont l-Artikolu 145(1) tal-Code général des impôts (Kodiċi fiskali ġenerali Franċiż, iktar ’il quddiem is-“CGI”), is-sistema fiskali tal-kumpanniji parent għandha tapplika, b’mod partikolari, għall-kumpanniji suġġetti għat-taxxa fuq il-kumpanniji bir-rata normali li jżommu parteċipazzjonijiet li jirrappreżentaw minn tal-inqas 5 % tal-kapital tal-kumpannija li tkun offriet opportunità ta’ investiment fil-kapital tagħha. Fir-rigward tad-dħul minn parteċipazzjonijiet, l-Artikolu 216 tas-CGI jipprovdi: “1. Id-dħul nett minn parteċipazzjonijiet, li jagħtu dritt għall-applikazzjoni tas-sistema tat-tassazzjoni tal-kumpanniji parent u li huma koperti mill-Artikolu 145, li tirċievi matul sena finanzjarja kumpannija parent, jista’ jitnaqqas mit-total nett tal-profitti ta’ dik il-kumpannija, wara tnaqqis ta’ proporzjon tal-ispejjeż. It-tnaqqis ta’ proporzjon ta’ spejjeż msemmi fl-ewwel subparagrafu huwa ffissat uniformament għal 5 % tad-dħul totali mill-parteċipazzjonijiet, inklużi krediti tat-taxxa. Madankollu, dan it-tnaqqis ma jistax jeċċedi, għal kull perijodu tat-taxxa, l-ammont totali tal-ispejjeż ta’ kull natura sostnuti mill-kumpannija li żżomm il-parteċipazzjoni tul l-istess perijodu”. Fir-rigward tas-sistema tal-integrazzjoni fiskali, l-Artikolu 223A tas-CGI jipprovdi: “Kumpannija […] tista’ tikkostitwixxi ruħha bħala l-unika entità suġġetta għat-taxxa fuq il-kumpanniji dovuta fuq it-total tal-bilanċ tal-grupp iffurmat minnha u mill-kumpanniji li tagħhom hija jkollha minn tal-inqas 95 % tal-kapital azzjonarju b’mod kontinwu matul is-sena finanzjarja, direttament jew indirettament permezz ta’ kumpanniji tal-grupp. […] [...] Jistgħu jkunu membri tal-grupp biss dawk il-kumpanniji li jkunu taw il-kunsens tagħhom u li l-bilanċ tagħhom huwa suġġett għat-taxxa fuq il-kumpanniji skont il-kundizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni fiskali ġenerali. […]” L-Artikolu 223B tas-CGI jipprovdi: “Il-bilanċ ġenerali għandu jiġi ddeterminat mill-kumpannija parent billi tagħmel it-total alġebriku tal-bilanċi ta’ kull waħda mill-kumpanniji tal-grupp, iddeterminati skont il-kundizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni fiskali ġenerali [...] Fir-rigward tad-determinazzjoni tal-bilanċi tal-perijodu miftuħa qabel l-1 ta’ Jannar 1993, jew magħluqa b’effett mill-31 ta’ Diċembru 1998, il-bilanċ ġenerali għandu jitnaqqas bil-proporzjon tal-ispejjeż inkluż f’dawn il-bilanċi minn kumpannija tal-grupp minħabba l-parteċipazzjoni tagħha f’kumpannija oħra tal-grupp [...] [...]” Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali hija l-kumpannija parent ta’ grupp fiskali integrat, fis-sens tal-Artikolu 223A tas-CGI. Steria, li hija kumpannija membru ta’ dan il-grupp, iżżomm hija stess parteċipazzjonijiet ta’ iktar minn 95 % f’sussidjarji stabbiliti kemm fi Franza u kemm fi Stati Membri oħra. Skont l-Artikolu 216 tas-CGI, id-dividendi li Steria tirċievi mingħand is-sussidjarji tagħha li huma stabbiliti fi Stati Membri oħra jitnaqqsu mid-dħul nett totali tagħha, ħlief għal proporzjon ta’ spejjeż stabbilit b’rata fissa ta’ 5 % tal-ammont nett tad-dividendi li tirċievi (iktar ’il quddiem il-“proporzjon tal-ispejjeż”) u li jirrappreżenta l-ispejjeż imħallsa mill-kumpannija parent inkonnessjoni mal-parteċipazzjoni tagħha fis-sussidjarja li tkun qassmet dawn id-dividendi. Wara li ħallset minn rajha, fuq din il-bażi, it-taxxa fuq il-kumpanniji u l-kontribuzzjonijiet addizzjonali għal din it-taxxa, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali talbet, fir-rigward tas-snin 2005 sa 2008, il-ħlas lura tal-proporzjon ta’ dawn it-taxxi li jikkorrispondi għall-proporzjon tal-ispejjeż. Hija bbażat it-talba tagħha fuq l-inkompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni nazzjonali inkwistjoni mal-Artikolu 43 KE (li sar l-Artikolu 49 TFUE). Hija invokat, f’dan ir-rigward, l-inugwaljanza fit-trattament bejn id-dividendi li tirċievi kumpannija parent ta’ grupp fiskali integrat skont jekk id-dividendi joriġinawx minn kumpanniji li jkunu huma stess membri ta’ dan il-grupp integrat, li jimplika li dawn tal-aħħar ikunu stabbiliti fi Franza, jew joriġinawx minn sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri oħra. Fil-fatt, huwa biss fl-ewwel sitwazzjoni li d-dividendi jiġu eżentati totalment mit-taxxa fuq il-kumpanniji minħabba n-newtralizzazzjoni, skont l-Artikolu 223B tas-CGI, tar-reintegrazzjoni, fil-qligħ tal-kumpannija parent, tal-proporzjon tal-ispejjeż. Peress li l-amministrazzjoni fiskali ma laqgħatx it-talba tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali, din tal-aħħar ippreżentat rikors quddiem it-Tribunal administratif de Montreuil. Wara li dan ir-rikors ġie miċħud permezz ta’ deċiżjoni tal-4 ta’ Ottubru 2012, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali appellat minn din id-deċiżjoni quddiem il-Cour administrative d’appel de Versailles. Il-qorti tar-rinviju tfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza X Holding tagħha (C‑337/08, EU:C:2010:89 ), iddeċidiet li l-Artikoli 49 TFUE u 54 TFUE ma jipprekludux leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li toffri l-possibbiltà, għal kumpannija parent, li tikkostitwixxi entità fiskali waħda flimkien mas-sussidjarja residenti tagħha, iżda li ma tippermettix il-kostituzzjoni ta’ tali entità fiskali waħda flimkien ma’ sussidjarja mhux residenti, peress li l-qligħ ta’ din tal-aħħar ma huwiex suġġett għal-liġi fiskali ta’ dan l-Istat Membru. Madankollu, skont il-qorti tar-rinviju, l-imsemmija sentenza ma eżaminatx il-konformità mad-dritt tal-Unjoni tal-vantaġġi kollha rriżervati lill-kumpanniji li jkunu membri ta’ grupp fiskali integrat. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Cour administrative d’appel de Versailles iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja: “L-Artikolu 43 tat-Trattat KE li sar l-Artikolu 49 TFUE marbut mal-libertà tal-istabbiliment għandu jiġi interpretat fis-sens li dan jipprekludi li l-leġiżlazzjoni marbuta mal-iskema Franċiża tal-integrazzjoni fiskali tagħti lil kumpannija parent integranti n-newtralizzazzjoni tal-integrazzjoni mill-ġdid tal-parti mill-ispejjeż u l-imposti stabbilita bir-rata fissa ta’ 5 % tal-ammont nett tad-dividendi riċevuti minnha unikament mingħand il-kumpanniji residenti parti fl-integrazzjoni, filwaqt li tali dritt jiġi rrifjutat fir-rigward tagħha, skont din il-leġiżlazzjoni, għad-dividendi li jiġu ddistribwiti lilha mis-sussidjarji tagħha residenti fi Stat Membru ieħor li, li kieku kienu residenti, kienu hemmhekk ikunu oġġettivament eliġibbli, fuq talba tagħhom?” Fuq id-domanda preliminari L-Artikolu 49 TFUE jeżiġi l-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet għal-libertà ta’ stabbiliment. Għalhekk, għalkemm, skont il-formulazzjoni tagħhom, id-dispożizzjonijiet tat-Trattat FUE dwar il-libertà ta’ stabbiliment huma intiżi li jiżguraw il-benefiċċju tat-trattament nazzjonali fl-Istat Membru ospitanti, dawn id-dispożizzjonijiet jipprekludu wkoll li l-Istat Membru ta’ oriġini jostakola l-istabbiliment fi Stat Membru ieħor ta’ wieħed miċ-ċittadini tiegħu jew ta’ kumpannija inkorporata konformement mal-leġiżlazzjoni tiegħu (sentenza X, C‑686/13, EU:C:2015:375 , punt 27 u l-ġurisprudenza ċċitata). Mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li jkun hemm ostakolu għal-libertà ta’ stabbiliment meta, skont leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru, kumpannija residenti li jkollha sussidjarja jew stabbiliment permanenti fi Stat Membru ieħor iġġarrab differenza fit-trattament fiskali żvantaġġjuża meta mqabbla ma’ kumpannija residenti li jkollha stabbiliment permanenti jew sussidjarja fl-ewwel Stat Membru (ara s-sentenza Nordea Bank Danmark, C‑48/13, EU:C:2014:2087 , punt 19 u l-ġurisprudenza ċċitata). Skont il-leġiżlazzjoni inkwistjoni fil-kawża prinċipali, id-dividendi li tirċievi kumpannija parent residenti minn sussidjarja, kemm jekk residenti u kemm jekk mhux residenti, jitnaqqsu mill-qligħ nett tal-kumpannija parent, bl-esklużjoni tal-proporzjon tal-ispejjeż. L-ispejjeż relatati mal-parteċipazzjonijiet li minnhom joriġinaw id-dividendi eżentati mit-taxxa huma fil-fatt meqjusa bħala li ma jistgħux jitnaqqsu mill-qligħ tal-kumpannija parent. Madankollu, din ir-reintegrazzjoni tal-proporzjon tal-ispejjeż fil-qligħ tal-kumpannija parent hija nnewtralizzata favur kumpannija parent li tagħmel parti minn grupp fiskali integrat, fis-sens tal-Artikolu 223A tas-CGI, fir-rigward biss tad-dividendi mqassma mis-sussidjarji tagħha li jappartjenu lil dan il-grupp. B’hekk, minn leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali jirriżulta li d-dividendi li tirċievi kumpannija parent residenti li tagħmel parti minn grupp fiskali integrat, u li tqassmu mis-sussidjarji tagħha li jappartjenu lill-istess grupp fiskali, jitnaqqsu kompletament mill-qligħ nett ta’ din il-kumpannija parent u, għaldaqstant, huma eżentati kompletament mit-taxxa fuq il-kumpanniji f’dan l-Istat Membru, filwaqt li d-dividendi li l-imsemmija kumpannija parent tirċievi minn sussidjarji li ma jappartjenux lill-imsemmi grupp fiskali huma eżentati biss parzjalment minn din it-taxxa, minħabba r-reintegrazzjoni tal-proporzjon tal-ispejjeż fil-qligħ ta’ din l-istess kumpannija parent. Issa, peress li, skont tali leġiżlazzjoni, huma biss il-kumpanniji residenti li jistgħu jkunu parti minn grupp fiskali integrat, il-vantaġġ fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali huwa rriżervat għad-dividendi ta’ oriġini nazzjonali. Il-fatt li tiġi eskluża mill-benefiċċju ta’ tali vantaġġ kumpannija parent li jkollha sussidjarja stabbilita fi Stat Membru ieħor huwa ta’ natura li jagħmel inqas attraenti l-eżerċizzju minn din il-kumpannija parent tal-libertà ta’ stabbiliment tagħha, filwaqt li jiddiswadiha milli toħloq sussidjarji fi Stati Membri oħra. Sabiex din id-differenza fit-trattament tkun kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-libertà ta’ stabbiliment, huwa meħtieġ li din id-differenza tkun tikkonċerna sitwazzjonijiet li ma humiex oġġettivament komparabbli jew li tkun iġġustifikata minn raġuni imperattiva ta’ interess ġenerali (ara s-sentenza X Holding, C‑337/08, EU:C:2010:89 , punt 20). Issa, il-fatt li d-dividendi li tirċievi kumpannija parent u li jibbenefikaw mill-eżenzjoni fiskali totali joriġinaw minn sussidjarji li jagħmlu parti mill-grupp fiskali integrat li lilu tappartjeni wkoll il-kumpannija parent ikkonċernata ma jikkorrispondix għal differenza oġġettiva fis-sitwazzjoni bejn kumpanniji parent li tiġġustifika d-differenza fit-trattament ikkonstatata (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi Papillon, C‑418/07, EU:C:2008:659 , punti 23 sa 30; X Holding, C‑337/08, EU:C:2010:89 , punti 21 sa 24, u SCA Group Holding et , C‑39/13 sa C‑41/13, EU:C:2014:1758 , punti 29 sa 31). Fil-fatt, fir-rigward ta’ leġiżlazzjoni, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi, permezz tal-effett tan-newtralizzazzjoni tar-reintegrazzjoni tal-proporzjon tal-ispejjeż fil-qligħ tal-kumpannija parent, għall-eżenzjoni fiskali totali tad-dividendi riċevuti, is-sitwazzjoni tal-kumpanniji li jappartjenu lil grupp fiskali integrat hija komparabbli għal dik tal-kumpanniji li ma jappartjenux lil tali gruppi, sa fejn, fiż-żewġ każijiet, minn naħa, il-kumpannija parent tbati l-ispejjeż marbuta mal-parteċipazzjoni tagħha fis-sussidjarja u, min-naħa l-oħra, il-qligħ iġġenerat mis-sussidjarja u li minnu jirriżultaw id-dividendi mqassma jista’, bħala prinċipju, ikun is-suġġett ta’ impożizzjoni ekonomika doppja jew ta’ impożizzjoni konsekuttiva (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi Haribo Lakritzen Hans Riegel u Österreichische Salinen, C‑436/08 u C‑437/08, EU:C:2011:61 , punt 113, kif ukoll Santander Asset Management SGIIC et , C‑338/11 sa C‑347/11, EU:C:2012:286 , punt 42). Għandha tiġi eżaminata wkoll il-kwistjoni ta’ jekk differenza fit-trattament bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali hijiex iġġustifikata minn raġuni imperattiva ta’ interess ġenerali. Il-Gvern Franċiż, il-Gvern Olandiż u l-Gvern tar-Renju Unit isostnu li n-newtralizzazzjoni tar-reintegrazzjoni tal-proporzjon tal-ispejjeż tikkostitwixxi element inseparabbli tas-sistema tal-integrazzjoni fiskali, li huwa ġġustifikat min-neċessità li jitħares it-tqassim tas-setgħa ta’ impożizzjoni bejn l-Istati Membri. F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li fis-sentenza X Holding tagħha (C‑337/08, EU:C:2010:89 , punti 18 u 43), il-Qorti tal-Ġustizzja, wara li fakkret li sistema ta’ integrazzjoni fiskali tippermetti, b’mod partikolari, li jiġu kkonsolidati fil-livell tal-kumpannija parent il-profitti u t-telf tal-kumpanniji integrati fl-entità fiskali u li tinżamm, għat-tranżazzjonijiet imwettqa fi ħdan il-grupp, natura fiskalment newtrali, iddeċidiet li d-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-libertà ta’ stabbiliment ma jipprekludux il-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tagħti l-possibbiltà, għal kumpannija parent, li tikkostitwixxi entità fiskali waħda mas-sussidjarja residenti tagħha, iżda li tipprekludi l-kostituzzjoni ta’ tali entità fiskali waħda ma’ sussidjarja mhux residenti, peress li l-qligħ ta’ din tal-aħħar ma huwiex suġġett għal-liġi fiskali ta’ dan l-Istat Membru. Fil-fatt, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, l-esklużjoni ta’ kumpanniji mhux residenti minn tali sistema hija ġġustifikata fid-dawl tan-neċessità li jitħares it-tqassim ekwilibrat tas-setgħa ta’ impożizzjoni bejn l-Istati Membri. Peress li l-kumpannija parent tista’ tiddeċiedi minn rajha li tikkostitwixxi entità fiskali mas-sussidjarja tagħha u li xxolji din l-entità b’mod daqstant ieħor liberu minn sena għall-oħra, il-possibbiltà li tinkludi fl-entità fiskali unika sussidjarja mhux residenti twassal sabiex il-kumpannija parent titħallilha l-libertà li tagħżel is-sistema fiskali applikabbli għat-telf ta’ din is-sussidjarja u l-post fejn dan it-telf ser jittieħed inkunsiderazzjoni (sentenza X Holding, C‑337/08, EU:C:2010:89 , punti 31 sa 33). Madankollu, mis-sentenza X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89 ) ma jistax jiġi dedott li kull differenza fit-trattament bejn kumpanniji li jappartjenu lil grupp fiskali integrat, minn naħa, u kumpanniji li ma jappartjenux lil tali grupp, min-naħa l-oħra, hija kompatibbli mal-Artikolu 49 TFUE. Fil-fatt, fl-imsemmija sentenza, il-Qorti tal-Ġustizzja eżaminat biss il-kundizzjoni ta’ residenza bħala kundizzjoni meħtieġa għall-aċċess għal sistema ta’ integrazzjoni fiskali u ddeċidiet li din il-kundizzjoni kienet iġġustifikata, fid-dawl tal-fatt li tali sistema tippermetti t-trasferiment ta’ telf fi ħdan il-grupp fiskali integrat. Fir-rigward tal-vantaġġi fiskali differenti mit-trasferiment tat-telf fi ħdan il-grupp fiskali integrat, għandha għaldaqstant tiġi eżaminata separatament, kif osservat l-Avukat Ġenerali fil-punt 34 tal-konklużjonijiet tagħha, il-kwistjoni ta’ jekk Stat Membru jistax jirriżerva dawn il-vantaġġi għall-kumpanniji li jagħmlu parti minn grupp fiskali integrat u, għaldaqstant, jeskludi dawn il-vantaġġi f’sitwazzjonijiet transkonfinali. Issa, differenza fit-trattament bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali ma tistax tkun iġġustifikata permezz tan-neċessità li jitħares it-tqassim ekwilibrat tas-setgħa ta’ impożizzjoni bejn l-Istati Membri. Fil-fatt, din id-differenza fit-trattament tikkonċerna biss id-dividendi deħlin, riċevuti minn kumpanniji parent residenti, b’tali mod li hija kkonċernata s-sovranità fiskali tal-istess Stat Membru wieħed (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Papillon, C‑418/07, EU:C:2008:659 , punti 39 u 40). Il-Gvern Franċiż, il-Gvern Ġermaniż u l-Gvern tar-Renju Unit invokaw ukoll in-neċessità li titħares il-koerenza tas-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali. Sabiex argument ibbażat fuq tali ġustifikazzjoni jkun jista’ jintlaqa’, huwa meħtieġ li tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ rabta diretta bejn il-vantaġġ fiskali kkonċernat u t-tpaċija ta’ dan il-vantaġġ permezz ta’ piż fiskali partikolari, fejn in-natura diretta ta’ din ir-rabta għandha tiġi evalwata fid-dawl tal-għan tal-leġiżlazzjoni inkwistjoni (sentenza Bouanich, C‑375/12, EU:C:2014:138 , punt 69 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dan ir-rigward, il-Gvern Franċiż sostna li l-vantaġġ fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali jissodisfa l-għan li l-grupp ikkostitwit mill-kumpannija parent u mis-sussidjarji tagħha jiġi assimilat ma’ impriża waħda b’diversi stabbilimenti. Huwa minnu li tali assimilazzjoni timplika li ma titteħidx inkunsiderazzjoni l-parteċipazzjoni miżmuma mill-kumpannija parent f’ras il-grupp fiskali integrat fil-kapital tas-sussidjarji tagħha, li jimplika li diversi tranżazzjonijiet fi ħdan il-grupp jitqiesu bħala fiskalment ineżistenti. Issa, fis-sentenza Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659 , punt 50), il-Qorti tal-Ġustizzja ammettiet li rabta diretta tista’ teżisti, fis-sistema tal-integrazzjoni fiskali, bejn vantaġġ fiskali mogħti lill-kumpanniji li jagħmlu parti minn grupp fiskali integrat u żvantaġġ fiskali li jirriżulta minn tali newtralizzazzjoni tat-tranżazzjonijiet interni għall-imsemmi grupp. Fil-kawża li wasslet għal dik is-sentenza, it-teħid inkunsiderazzjoni immedjat mill-kumpannija parent tat-telf imġarrab mis-sussidjarja tagħha kien paċut mill-fatt li ma kinitx tittieħed inkunsiderazzjoni, fil-kuntest ta’ grupp fiskali integrat, l-eżistenza ta’ parteċipazzjoni tal-ewwel kumpannija fit-tieni waħda, b’tali mod li kien impossibbli, għall-kumpannija parent, li tinkludi entrata fil-kontabbiltà sabiex tkopri d-deprezzament tal-parteċipazzjoni tagħha fis-sussidjarja li tkun qiegħda ġġarrab telf (ara s-sentenzi Papillon, C‑418/07, EU:C:2008:659 , punt 48, u SCA Group Holding et , C‑39/13 sa C‑41/13, EU:C:2014:1758 , punti 34 u 35). Madankollu, għall-kuntrarju ta’ dak li kien il-każ fil-kawża li wasslet għas-sentenza Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659 ), ma setgħet tiġi identifikata ebda rabta diretta, fis-sens tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 31 ta’ din is-sentenza, bejn il-vantaġġ fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali u żvantaġġ fiskali li jirriżulta min-newtralizzazzjoni tat-tranżazzjonijiet interni tal-grupp. Fil-fatt, anki jekk, kif isostni l-Gvern Franċiż, in-newtralizzazzjoni tar-reintegrazzjoni tal-proporzjon tal-ispejjeż tirriżulta mill-assimilazzjoni tal-grupp ikkostitwit mill-kumpannija parent u mis-sussidjarji tagħha ma’ impriża waħda b’diversi stabbilimenti, din in-newtralizzazzjoni ma timplika ebda żvantaġġ fiskali għall-kumpannija parent f’ras il-grupp fiskali integrat, iżda tagħtiha, għall-kuntrarju, kif jirriżulta mill-punti 17 sa 19 ta’ din is-sentenza, il-vantaġġ fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali. Għaldaqstant, l-argumenti bbażati fuq in-neċessità li titħares il-koerenza tas-sistema fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali ma jistgħux jintlaqgħu. Fl-aħħar nett, il-Gvern Franċiż u l-Gvern Ġermaniż isostnu wkoll li l-vantaġġ fiskali inkwistjoni fil-kawża prinċipali huwa konformi mal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 90/435, li jipprovdi li l-Istati Membri għandhom iżommu l-possibbiltà li jipprovdu li l-ispejjeż relatati mal-parteċipazzjoni ta’ kumpannija parent fis-sussidjarja tagħha ma jkunux jistgħu jitnaqqsu mill-qligħ taxxabbli tal-ewwel kumpannija. Issa, skonthom, l-Artikolu 216 tas-CGI jimplementa din il-possibbiltà. Lanqas tali argument ma jista’ jintlaqa’. Fil-fatt, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li l-possibbiltà mogħtija lill-Istati Membri fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 90/435 tista’ tiġi eżerċitata biss b’osservanza tad-dispożizzjonijiet fundamentali tat-Trattat, f’dan il-każ l-Artikolu 49 TFUE (ara s-sentenzi Bosal, C‑168/01, EU:C:2003:479 , punt 26; Keller Holding, C‑471/04, EU:C:2006:143 , punt 45, kif ukoll Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774 , punt 46). Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha jirriżulta li r-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 49 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru dwar sistema ta’ integrazzjoni fiskali li tipprovdi li kumpannija parent li tintegra tibbenefika min-newtralizzazzjoni tar-reintegrazzjoni ta’ proporzjon tal-ispejjeż stabbilit bir-rata fissa ta’ 5 % tal-ammont nett tad-dividendi li din tirċievi mill-kumpanniji residenti li jagħmlu parti mill-integrazzjoni, filwaqt li, skont din il-leġiżlazzjoni, din in-newtralizzazzjoni hija rrifjutata lil tali kumpannija parent fir-rigward tad-dividendi mqassma lilha mis-sussidjarji tagħha li jinsabu fi Stat Membru ieħor li, li kieku kienu residenti, kienu jkunu oġġettivament eliġibbli hemmhekk, fuq talba tagħhom. Fuq l-ispejjeż Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas‑sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura. Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) taqta’ u tiddeċiedi: L-Artikolu 49 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru dwar sistema ta’ integrazzjoni fiskali li tipprovdi li kumpannija parent li tintegra tibbenefika min-newtralizzazzjoni tar-reintegrazzjoni ta’ proporzjon tal-ispejjeż stabbilit bir-rata fissa ta’ 5 % tal-ammont nett tad-dividendi li din tirċievi mill-kumpanniji residenti li jagħmlu parti mill-integrazzjoni, filwaqt li, skont din il-leġiżlazzjoni, din in-newtralizzazzjoni hija rrifjutata lil tali kumpannija parent fir-rigward tad-dividendi mqassma lilha mis-sussidjarji tagħha li jinsabu fi Stat Membru ieħor li, li kieku kienu residenti, kienu jkunu oġġettivament eliġibbli hemmhekk, fuq talba tagħhom. Firem ( *1 ) Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.

62003CJ0443

mt

1       It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) tal-Kunsill Nru 1348/2000, tad-29 ta' Mejju 2000, dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (ĠU L 160, p.37, iktar 'il quddiem "ir-Regolament") 2       Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn M. Leffler, domiċiljat l-Olanda, u l-kumpannija stabbilita taħt id-dritt Ġermaniż Berlin Chemie AG (iktar 'il quddiem "Berlin Chemie"), sabiex tinkiseb ir-revoka ta' mandati ta' sekwestru magħmula minn din il-kumpannija fuq il-beni ta' M. Leffler. Il-Kuntest Ġuridiku 3       Ir-Regolament għandu bħala għan it-titjib ta' l-effiċjenza u l-ħeffa fi proċeduri ġudizzjarji billi jistabbilixxi l-prinċipju ta' trażmissjoni diretta ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-gudizzjarji. 4       Qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-parti l-kbira ta' l-Istati Membri kienu marbutin mill-Konvenzjoni ta' l-Aja tal-15 ta' Novembru ta' l-1965 dwar in-notifika barra mill-pajjiż ta' kull dokument ġudizzjarju jew extra-ġudizzjarju f'materji ċivili jew kummerċjali, li stabbiliet mekkaniżmu ta' kooperazzjoni amministrattiva li jippermetti n-notifika jew it-trażmissjoni ta' dokument permezz ta' awtorità ċentrali. Barra minn dan, l-Artikolu IV tal-Protokoll anness mal-Konvenzjoni ta’ Brussell tas-27 ta’ Settembru 1968 dwar il-Ġurisdizzjoni u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali (ĠU 1972, L 299, p. 32) kif emendata bil-Konvenzjoni tad-9 ta' Ottubru 1978 dwar l-Adeżjoni tar-Renju tad-Danimarka, ta' l-Irlanda u tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u ta' l-Irlanda ta' Fuq (ĠU L 304, p. 1, u – test emendat – p. 77), bil- Konvenzjoni tal-25 ta' Ottubru 1982 dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika tal-Greċja (ĠU L 388, p. 1), bil-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1989 dwar l-Adeżjoni tar-Renju ta' Spanja u tar-Repubblika tal-Portugall (ĠU L 258, p. 1) u bil-Konvenzjoni tad-29 ta' Novembru 1996 dwar l-Adeżjoni tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju ta' l-Iżvezja (ĠU 1997, C 15, p.1, iktar 'il quddiem "il-Konvenzjoni ta' Brussell"), jipprovdi għall-possibbiltà ta' notifika b'modi iktar diretti. It-tieni paragrafu ta' l-Artikolu IV ta' l-imsemmi Protokoll huwa fformulat kif ġej : "Kemm-il darba l-Istat fejn ikollha ssir in-notifika ma joġġezzjonax permezz ta' dikjarazzjoni lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej, dawk id-dokumenti jistgħu wkoll jintbagħtu mill-uffiċjali pubbliċi idoneji ta’ l-iStat fejn ikun ġie abbozzat id-dokument direttament lill-uffiċjali pubbliċi idoneji ta’ l-Istat fejn id-destinatarju tkun tista’ tinsab. F’dan il-każ l-uffiċjal ta’ l-ewwel Stat għandu jibgħat kopja tad-dokument lill-uffiċjal ta’ l-Istat fejn issir l-applikazzjoni dwar min ikun kompetenti li jwassalha lill-persuna indirizzata. Id-dokument għandu jintbagħat bil-mod kif speċifikat bil-liġi ta’ l-Istat fejn issir l-applikazzjoni. Dan it-twassil għandu jiġi reġistrat b’ċertifikat li jintbagħat direttament lill-uffiċjal ta’ l-ewwel Stat." 5       Il-Kunsill tal-Ministri tal-Ġustizzja, li ltaqgħa fid-29 u fit-30 ta' Ottubru 1993, ta mandat lil grupp ta' xogħol, imsemmi "Grupp għas-semplifikazzjoni tat-trażmissjoni tad-dokumenti", sabiex jelabora strument intiż għas-semplifikazzjoni u t-tħaffif tal-proċeduri ta' trażmissjoni tad-dokumenti bejn l-Istati Membri. Dan ix-xogħol wassal għall-adozzjoni, fuq il-bażi ta' l-Artikolu K. 3 tat-Trattat UE (l-Artikoli K. sa K.9 tat-Trattat UE inbidlu permezz ta' l-Artikoli 29 UE sa 42 UE), tal-Konvenzjoni dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji f'materji ċivili jew kummerċjali (iktar 'il quddiem "il-Konvenzjoni"). Din il-Konvenzjoni ġiet stabbilita permezz ta' att tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea tas-26 ta' Mejju 1997 (ĠU C 261, p. 1; test tal-Konvenzjoni, p. 2; Protokoll dwar l-interpretazzjoni tal-Konvenzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja, p. 17). 6       Il-Konvenzjoni ma daħlitx fis-seħħ. Safejn it-test tagħha nebbaħ dak tar-Regolament, ir-rapport ta' spjegazzjoni ta' din l-istess Konvenzjoni (ĠU 1997, C 261, p. 26) intuża sabiex jikkjarifika l-interpretazzjoni ta' l-imsemmi Regolament. 7       Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam, il-Kummissjoni ppreżentat, fis-26 ta' Mejju 1999, proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji f'materji ċivili jew kummerċjali (ĠU C 247 E, p. 11). 8       Meta dan id-dokument tpoġġa quddiem il-Parlament Ewropew, dan ta' l-aħħar wera x-xewqa li jiġi adottat fil-forma ta' Regolament. F'dan ir-rigward il-Parlament, fir-rapport finali tiegħu (A5-0060/1999 finali, tal-11 ta' Novembru 1999), osserva li: "Ir-Regolament, bil-kontra tad-Direttiva, għandu l-vantaġġ li jassigura implementazzjoni ta' malajr, trasparenti u omoġenea tat-test komunitarju, li jikkorispondi ma' l-għan mixtieq. Dan it-tip ta' strument, minn barra dan, diġa intuża għall -"komuniterizazzjoni" ta' Konvenzjonijiet oħra li qegħdin jiġu attwalment ikkunsidrati ". 9       It-tieni premessa tar-Regolament tipprovdi: "Il-funzjonament xieraq fis-suq intern jenħtieġ il-bżonn li jkunu mtejba u mħaffa t-trażmissjoni ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali għal servizz [notifika] bejn l-Istati Membri" 10     Il-premessi 7 sa disa' ta' l-imsemmi Regolament huma formulati kif ġej: "(7) Ħeffa fit-trażmissjoni tenħtieġ l-użu tal-mezzi kollha xierqa, basta li ċerti kondizzjonijiet rigward il-leġibilità u l-kwalità tad-dokumenti li jkun waslu tkun osservata. Sigurezza fit-trażmissjoni tenħtieġ li d-dokument li għandu jkun trasmess ikun akkumpanjat minn formula stampata minn qabel, biex tkun mimlija fil-lingwa tal-post fejn is-servizz [notifika] irid ikun effetwat, jew f’xi lingwa oħra aċċettata mill-Istat Membru f’dak il-każ. (8)      Biex tkun assigurata l-effettività ta’ dan ir-Regolament, il-possibbilità ta’ rifjut tas-servizz [notifika] ta’ dokumenti huwa limitat għal sitwazzjonijiet eċċezzjonali. (9)      Il-ħeffa tat-trażmissjoni tippermetti li d-dokumenti jkunu notifikati fi ftit ġranet mill-wasla tad-dokument. B’dana kollu, jekk ma ssirx in-notifika wara li jkun għadda xahar, l-aġenzija li tirċievi għandha tinforma lill-aġenzija li tittrażmetti. L-iskadenza ta’ dan il-perijodu m’għandhiex timplika li t-talba tkun mibugħta lura lill-aġe[n]zija li tittrażmetti meta jkun ċar li n-notifika hija fattibbli f’perjodu raġjonevoli. (10)      Għall-protezzjoni ta’ l-interessi ta’ min ikun indirizzat, in-notifika għandha ssir fil-lingwa uffiċjali ta’ waħda mill-lingwi uffiċjali tal-post fejn għandha ssir jew fl-lingwa oħra ta’ l-Istat Membru li joriġina li min ikun indirizzat ikun jifhem." 11     L-Artikolu 4(1) tar-Regolament jipprovdi: "Dokumenti ġudizzjarji għandhom ikunu trasmessi direttament u malajr kemm jista’ jkun possibbli bejn l-aġenziji nnominati fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 2." 12     L-Artikolu 5 tar-Regolament jipprovdi: "Traduzzjoni tad-dokumenti 1.      L-applikant għandu jkun avżat mill-aġenzija li tittrażmetti li lilha hu jew hi jgħaddu d-dokument għat-trażmissjoni li dak indirizzat jista’ jiċħad li jaċċettah jekk ma jkunx b’waħda mil-lingwi li hemm disposizzjoni dwarhom fl-Artikolu 8. 2.      L-applikant għandu jerfa’ l-ispejjes tat-traduzjoni qabel it-trażmissjoni tad-dokument, mingħajr preġudizzju għal xi deċiżjoni sussegwenti possibbli mill-Qorti jew awtorità kompetenti dwar ir-responsabbilità ta’ dawk l-ispejjes." 13     L-Artikolu 7 tar-Regolament huwa fformulat kif ġej: "Notifika ta’ dokumenti 1.      L-aġenzija li tirċievi għandha hija stess tinnotifika d-dokument jew tara li jkun notifikat, jew bi qbil mal-liġijiet ta’ l-Istat Membru indirizzat jew b’formula partikolari mitluba mill-aġenzija li titrasmetti, sakemm metodu bħal dan ma jkunx inkompatibbli mal-liġi ta’ dak l-Istat Membru. 2.      Il-passi kollha meħtieġa għan-notifika tad-dokument għandhom ikunu effettwati malajr kemm jista’ jkun possibbli. F’kull każ, jekk ma jkunx possibbli li ssir in-notifika fi żmien xahar wieħed mill-wasla tiegħu, l-aġenzija li tirċievi għandha tinforma lill-aġenzija li tittrażmetti permezz ta’ ċertifikat fil-formula normali [li tidher] fl-Anness, li hi għandha tħejji permezz tal-kondizzjonijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 10 (2). Il-perjodu għandu jkun ikkalkulat bi qbil mal-liġi ta’ l-Istat Membru indirizzat." 14     L-Artikolu 8 ta' l-imsemmi Regolament jipprovdi: "Rifjut ta’ aċċettazzjoni ta’ dokument 1.      L-aġenzija li tirċievi għandha tinforma lill-indirizzat li hu jew hi jistgħu jirrifjutaw li jaċċettaw id-dokument li għandu jkun notifikat jekk dan ikun b’xi lingwa oħra apparti minn waħda minn dawn il-lingwi li ġejjin: a)       il-lingwa uffiċjali ta’ l-Istat Membru indirizzat jew, jekk ikun hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, il-lingwa uffiċjali jew waħda mill-lingwi uffiċjali tal-post fejn in-notifika għandha issir; jew b)       il-lingwa ta’ l-Istat Membru tat-trażmissjoni li l-indirizzat ikun jifhem. 2.       Meta l-aġenzija li tirċievi tkun infurmata li l-indirizzat jirrifjuta li jaċċetta d-dokument bi qbil mal-paragrafu 1, hi għandha immedjatament tinforma lill-aġenzija li tittrażmetti permezz taċ-ċertifikat li hemm disposizzjoni dwaru fl-Artikolu 10 u tibgħat lura t-talba u d-dokumenti li tkun mitluba t-traduzjoni tagħhom." 15     L-Artikolu 9 ta' l-istess Regolament huwa fformulat kif ġej: "Data tan-notifika 1.       Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8, id-data tan-notifika tad-dokument permezz ta’ l-Artikolu 7 għandha tkun id-data li fiha jkun nnotifikat skond il-liġi ta’ l-Istat Membru indirizzat. 2.       Iżda, meta dokument ikun nnotifikat ma tul perjodu partikolari fil-kuntest tal-proċeduri li għandhom jinġiebu jew li jkunu pendenti fl-Istat Membru ta’ l-oriġini, id-data li għadha titqies fir-rigward ta’ l-applikant għandha tkun stabbilita bil-liġi ta’ dak l-Istat Membru 3.       Stat Membru għandu jkun awtorizzat li jidderoga mid-disposizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 għal perjodu transitorju ta’ ħames snin, għal raġunijiet xierqa. Dan il-perjodu transitorju jista’ jiġġedded minn Stat Membru f’intervalli ta’ ħames snin skond is-sistema legali tiegħu. Dak l-Istat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-kontenut ta’ deroga bħal dik u għaċ-ċirkostanzi ta’ dak il-każ." 16     L-Artikolu 19 tar-Regolament jipprovdi: "Konvenut li ma jidhirx 1.       Meta ċitazzjoni jew dokument ekwivalenti kellu jkun trasmess lil Stat Membru ieħor għall-iskop ta’ notifika, permezz tad-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, u l-konvenut ma jkunx deher, m’għandhiex tingħata s-sentenza sa kemm ikun stabbilit li: a)       id-dokument kien nnotifikat b’metodu preskritt bil-liġi internazzjonali ta’ l-Istat Membru indirizzat għan-notifika ta’ dokumenti f’azzjonijiet domestiċi fuq persuni li jkunu fit-territorju tiegħu; jew b)       id-dokument ikun attwalment imwassal lill-konvenut jew fir-residenza tiegħu permezz ta’ metodu ieħor provdut f’dan ir-Regolament; u li f’xi wieħed minn dawn il-każi n-notifika jew il-konsenja ssir fi żmien suffiċjenti sabiex il-konvenut ikunu jista’ jiddefendi [ruħhu]. […]" 17     Ir-Regolament jipprevedi l-użu ta' diversi formuli normali, li huma annessi miegħu. Waħda minn dawn il-formuli, stabbilita skond l-Artikolu 10 tar-Regolament, hija msemmija "Ċertifikat ta' notifika jew ta' nuqqas ta' notifika ta' dokumenti". Il-punt 14 ta' din il-formula jipprovdi għal notazzjoni għal meta d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta d-dokument minħabba l-lingwa użata. Il-punt 15 ta' l-imsemmija formula jindika diversi raġunijiet għan-nuqqas ta' notifika tad-dokument. 18     L-Artikolu 26 (1) sa (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (ĠU 2001, L 12, p. 1), huwa fformulat kif ġej: "1.       Meta konvenut domiċiljat fi Stat Membru wieħed ikun infittex f’Qorti ta’ Stat Membru ieħor u li ma jidhirx quddiem il-Qorti, il-Qorti għandha tiddikjara bl-inizjattiva tagħha stess li m’ għandhiex ġurisdizzjoni sa kemm il-ġurisdizzjoni tagħha ma tkunx ġejja mid-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. 2.       Il-Qorti għandha twaqqaf il-proċedimenti sa kemm ma jkunx jidher li dak il-konvenut seta’ rċieva d-dokument li jiftħu l-proċedimenti jew dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti sabiex ikun jista’ jħejji d-difiża tiegħu jew li jkunu ttieħdu l-passi kollha meħtieġa għal dan il-għan. 3.       Artikolu 19 ta’ Regolament (KE) Nru 1348/2000 [...] għandhom japplikaw [għandu japplika] minflok id-disposizzjonijiet ta’ paragrafu 2 jekk id-dokument li jiftaħ il-proċedimenti jew dokument ekwivalenti jkun ġie trażmess minn Stat Membru wieħed lill Stat Membru ieħor bis-saħħa ta’ dan ir-Regolament." 19     Minn barra dan, l-Artikolu 34 (2) tar-Regolament Nru 44/2001, jipprevedi li deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru ma tiġix rikonoxxuta fi Stat Membru ieħor "jekk il-konvenut ma kienx ġie servut [nnotifikat] bid-dokument li jkun fetaħ il-proċedimenti jew b’dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti u b’tali manjiera li dan ikun jista’ jħejji għad-difiża tiegħu, sa kemm id-difensur ma jkunx naqas milli jibda l-proċedimenti biex jiddisputa s-sentenza meta kien possibli għalih jagħmel hekk". Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari 20     Mid-deċiżjoni ta' rinviju jirriżulta li, is-sur Leffler, permezz taċ-ċitazzjoni tiegħu tat-22 ta' Ġunju 2001, ressaq lill-Berlin Chemie quddiem il-President tal-Rechtbank te Arnhem sabiex jikseb ir-revoka tal-mandati ta' sekwestru magħmula minn din il-kumpannija, kif ukoll ordni li tiprojbixxi lil din ta' l-aħħar milli toħroġ mandati ġodda ta' sekwestru. Berlin Chemie kkontestat it-talba u, permezz tad-digriet tat-13 ta' Lulju 2001, il-President tar-Rachtbank ċaħad it-talbiet tas-sur Leffler. 21     Permezz ta' rikors tas-27 ta' Lulju 2001, ippreżentat fl-uffiċju ta' l-avukat ta' Berlin Chemie, is-sur Leffler ressaq appell quddiem il-Gerechtshof te Arnhem. Berlin Chemie ġiet ordnata tidher quddiem dik il-Qorti fis-seduta tas-7 ta' Awissu 2001. 22     Madankollu, safejn il-kawża in kwistjoni ma ġietx imniżżla fil-lista tal-kawżi tal-Gerechtshof, is-sur Leffler għamel mod li jiġi nnotifikat, fid-9 ta' Awissu 2001, rikors emendat. Bis-saħħa ta' dan ta' l-aħħar, Berlin Chemie ġiet ordnata tidher fis-seduta tat-23 ta' Awissu 2001, iżda din ma resqitx għal dik is-seduta. 23     Wara t-talba tas-sur Leffler sabiex tagħti deċiżjoni kontra l-Berlin Chemie minħabba li din ma dehritx, il-Gerechtshof iddeċidiet li tissospendi l-proċedura sabiex tagħti l-ooportunità lir-rikorrenti jintima l-imsemmija kumpannija sabiex tidher, skond l-Artikolu 4(7) (verżjoni preċedenti) tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili Olandiż (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) u skond ir-Regolament. 24     Biċ-ċitazzjoni tas-7 ta' Settembru 2001, innotifikata lill-uffiċju tal-Prokuratur Generali tal-Gerechtshof, Berlin Chemie ġiet intimata tidher għas-seduta tad-9 ta' Ottubru 2001. Madankollu din il-kumpannija ma dehritx għall-imsemmija seduta. 25     Fuq it-talba tas-sur Leffler sabiex tagħti deċiżjoni kontra l-Berlin Chemie minħabba li din ma dehritx, il-Gerechtshof reġgħet iddeċidiet li tissospendi l-proċedura din id-darba sakemm jiġu ppreżentati elementi li juru li n-notifika kienet seħħet skond l-Artikolu 19 tar-Regolament. Ċerti dokumenti ġew ippreżentati fis-seduta ta' l-4 ta' Diċembru 2001. 26     Permezz tas-sentenza tat-18 ta' Diċembru 2001, il-Gerechtshof irrifjutat li tagħti deċiżjoni kontra l-Berlin Chemie minħabba li din ma dehritx kif kien talabha s-sur Leffler u ddeċidiet li l-proċedura kienet magħluqa. 27     Il-punti relevanti ta' l-imsemmija sentenza, hekk kif riprodotti mill-Qorti ta' rinviju, huma dawn li ġejjin: "3.1 Mill-elementi ppreżentati jirriżulta li n-notifika taċ-ċitazzjoni indirizzata lil Berlin Chemie seħħet skond il-liġi Ġermaniża, madankollu Berlin Chemie irrifjutat li tirċevi d-dokumenti minħabba li dawn ma kinux miktuba bil-Ġermaniż. 3.2 Iċ-ċitazzjoni ppreżentata fil-Ġermanja ma kinitx ġiet tradotta fil-lingwa uffiċjali ta' l-Istat mitlub jew f'lingwa li d-destinatarju jifħem. Din għalhekk ma tissodisfax il-ħtiġijiet imsemmija fl-Artikolu 8 tar-Regolament KE fuq in-notifika. Konsegwentement, għanda tiġi miċħuda t-talba għal deċiżjoni minħabba li parti ma dehritx." 28     Is-sur Leffler ressaq appell fil-Kassazzjoni kontra s-sentenza tat-18 ta' Diċembru 2001. Huwa jsostni li l-Gerechtshof kienet għamlet żball ta' dritt fil-punt 3.2 tar-raġunijiet ta' dik is-sentenza. Skond dan, l-imsemmija Qorti kellha tagħti deċiżjoni minħabba li parti ma dehritx, alternattivament, huwa jqis li kellha tappunta data ġdida għas smiegħ u tordna li Berlin Chemie tkun intimata tidher f'dik il-ġurnata, wara li jkunu ġew rettifikati żbalji eventwali fiċ-ċitazjonijiet preċedenti. 29     Il-Qorti ta' rinviju tikkonstata li l-Artikolu 8 tar-Regolament ma jipprovdix għall-konsegwenzi f'każ li notifika ma tiġix aċċettata. Hija tosserva b'mod partikolari: "[...] Jista jkun possibli li jiġi meqjus li, peress li d-destinatarju jirrifjutat li jaċċetta d-dokument għal raġunijiet validi, għandu jiġi kkunsidrat li n-notifika ma seħħitx. Madankollu irid ukoll jingħad li huwa permess, wara li d-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta d-dokument, li dan in-nuqqas jiġi rrettifikat billi terġa tingħata traduzzjoni lil-persuna kkonċernata. F'din l-aħħar ipoteżi, timponi ruħha l-kwistjoni tat-terminu taż-żmien u l-modalitajiet li bihom it-traduzzjoni għanda tiġi mgħarrfa lid-destinatarju. Sabiex it-traduzzjoni tiġi mgħarrfa lid-destinatarju, hemm bżonn li wieħed jimxi ma l-indikazzjonijiet tar-Regolament dwar in-notifika jew inkella dan jista' jsir b'mod ħieles? Huwa importanti wkoll li jiġi determinat, la darba hemm il-possibbiltà ta' rettifika, jekk id-dritt proċedurali nazzjonali japplikax f'dan ir-rigward." 30     Il-Hoge Raad der Nederlanden għalhekk iddeċidiet li tissospendi l-proċedura u tqiegħed quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja t-talbiet preliminari li ġejjin: "1)      Għandu l-Artikolu 8(1) tar-Regolament jiġi interpretat fis-sens li, fil-każ fejn id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta d-dokument minħabba l-ksur tar-regola stabbilita f'din id-dispożizzjoni f'dak li jirrigwarda l-lingwa, jippermetti lill-mittenti jirrettifika dan in-nuqqas? 2)      Jekk ir-risposta għall-ewwel mistoqsija tkun fin-negattiv, għandu r-rifjut li jiġi aċċettat dokument jiġi meqjus li, fid-dritt, iċaħħad lin-notifika minn kull effett? 3)      Fil-każ fejn ir-risposta għall-ewwel mistoqsija tkun pożittiva: a)      F'liema terminu u b'liema mod għanda t-traduzzjoni tiġi mgħarrfa lid-destinatarju? L-eżiġenzi msemmija mir-regolament għat-trażmissjoni u n-notifika tad-dokumenti jiswew ukoll għat-trażmissjon tat-traduzzjoni, jew dan il-mod ta' trażmissjoni jista' jsir liberament? b)      Għandu d-dritt proċedurali nazzjonali japplika għall-possibbiltà li jiġi rrettifikat in-nuqqas?" Fuq it-talbiet preliminari Fuq l-ewwel talba 31     Permezz ta' l-ewwel talba tagħha, il-Qorti ta' rinviju tistaqsi jekk l-Artikolu 8(1) tar-Regolament għandux jiġi interpretat fis-sens li, kemm il-darba d-destinatarju ma jaċċettax dokument li kien indirizzat lilu minħabba li ma kienx miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti li l-imsemmi destinatarju jifhem, il-mittenti jistax jirrimedja għan-nuqqas ta' traduzzjoni. Osservazzjonijiet ippreżentati lill-Qorti tal-Ġustizzja 32     Il-Gvernijiet tal-Ġermanja u tal-Finlandja jqisu li l-konsegwenzi tar-rifjut tad-dokument għandhom jiġu ddeterminati skond id-dritt nazzjonali. Is-sostenn ta' din it-teżi huma jinvokaw il-kummentarju ta' l-Artikoli 5 u 8 li jidhru fir-rapport ta' spjegazzjoni tal-Konvenzjoni, ir-rinviju tal-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza tat-3 ta' Lulju 1990, Lancray (C-305/88, Ġabra p. I-2725, punt 29), id-dritt nazzjonali sabiex tiġi evalwata r-rettifika eventwali tal-vizzju ta' notifika kif ukoll ix-xogħolijiet preparatorji tar-Regolament, hekk kif deskritt minn kummentatur, li minnhom jirriżulta li d-delegazzjonijiet ta' l-Istati Membri ma wrewx ix-xewqa li r-regolament ikun ta' xkiel għad-dritt proċedurali nazzjonali. Skond is-soluzzjoni prevista mil-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli, ma jkunx possibbli rimedju fin-nuqqas ta' traduzzjoni. 33     Is-sur Leffler, il-Gvern Olandiz, Franċiż u Portugiż, kif ukoll il-Kummissjoni, fis-sottomissjonijiet verbali tagħhom, isostnu li l-konsegwenzi ta' rifjut ta' aċċettazzjoni ta' dokument għandhom jirriżultaw minn interpretazzjoni awtonoma tar-Regolament u li, skond ir-Regolament stess, għandu jkun permess rimedju għan-nuqqas ta' traduzzjoni. Huma jiġbdu l-attenzjoni fuq l-għan tar-Regolament li jħaffef u li jissemplifika l-proċeduri ta' notifika ta' dokumenti u jenfasizzaw li l-fatt li ma jkunx permess rmedju għan-nuqqas ta' traduzzjoni jneħħi mill-effikaċja ta' l-artikolu 5(1) tar-Regolament, peress li, f'dan il-każ, l-operaturi ma jieħdu ebda riskju u sistematikament jittraduċu d-dokumenti. Huma josservaw min-naħa l-oħra li t-termini "li t-traduzjoni tagħhom hija mitluba " li jidhru fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament jagħmlu sens biss safejn ikun possibbli li jiġi rmedjat in-nuqqas ta' traduzzjoni, kif ukoll il-fatt li ċerti siltiet tar-rapport ta' spjegazzjoni tal-konvenzjoni jagħtu x'jifhem bl-eżistenza ta' tali possibbiltà. 34     Il-Kummissjoni min-naħa l-oħra ssostni diversi elementi li jiġġustifikaw li n-nuqqas ta' traduzzjoni mhuwiex ikkunsidrat bħala kawża ta' nullità assoluta tan-notifika. B'mod partikolari, il-formuli normali jiddistingwu bejn in-notamenti dwar in-nuqqas ta' notifika regolari (punt 15 tal-formula stabbilita skond l-Artikolu 10 tar-Regolament) u dawk dwar rifjut ta' dokument għal raġunijiet lingwistiċi (punt 14 ta' l-istess formula). Barra minn hekk, l-Artikolu 8(2) tar-Regolament jirrigwarda r-rinviju tad-dokumenti li tagħhom tintalab it-traduzzjoni, u mhux tad-dokumenti kollha, kif kien ikun il-każ kieku n-notifika ma kellha ebda effett. Il-Kummissjoni tenfasizza li ebda test ma jipprevedi n-nullità awtomatika tan-notifika fil-każ fejn ma jkunx hemm traduzzjoni u li l-aċċettazzjoni ta' tali nullità tmur kontra l-prinċipju li jgħid li nullità trid tkun prevista f'test ("ebda nullità mingħajr test"). Fl-aħħar hija tosserva li nullità assoluta teċċedi dak li huwa neċessarju sabiex ikunu mħarsa l-interessi tad-destinatarju, filwaqt li nullità ma tistax tiġi kkonċepita mingħajr ilment ("l-ebda nullità mingħajr ilment"). 35     Berlin Chemie ssostni li s-semplifikazzjoni tan-notifiki m'għandiex isseħħ la b'detriment taċ-ċertezza legali u lanqas tad-drittijiet tad-destinatarju. Dan ta' l-aħħar għandu jkun jista' jifhem kemm jista' jkun malajr f'liema tip ta' proċedura huwa mdaħħal u jipprepara d-difiża tiegħu b'mod xieraq. Berline Chemie tesponi li, f'każ ta' dubju fuq l-urġenza eventwali tal-proċedura in kwistjoni, id-destinatarju tad-dokument għandu, bħala prekawzjoni, jittraduċi huwa stess dan id-dokument, filwaqt li m'għandhux ikun huwa li jerfa r-responsabbiltà u jbati l-ispejjeż tan-nuqqas ta' traduzzjoni. Min-naħa l-oħra, il-mittenti jkun infurmat fuq ir-riskji marbutin ma' nuqqas ta' traduzzjoni u jkun jista' jieħu l-passi meħtieġa sabiex jevithom. Fl-aħħar, il-fatt li jkun permess rimedju għan-nuqqas ta' traduzzjoni jikkawża dewmien fil-proċeduri, b'mod partikolari fl-ipoteżi fejn il-Qorti jkollha qabel kollox tiddetermina jekk ir-rifjut ta' aċċettazzjoni tad-dokument mhux tradott huwiex ġustifikat. Dan jista jagħti lok għal ċerti abbużi f'dan ir-rigward. 36     F'dak li jirrigwarda l-protezzjoni tad-destinatarju, konvenut f'kawża, M. Leffler u l-Gvern Olandiż isostnu li din hija assigurata biżżejjed permezz ta' l-Artikolu 19 tar-Regolament. L-istess bħal Gvern Franċiż, huma jqisu li l-Qorti għandha s-setgħa li tiffissa t-termini sabiex jittieħdu in kunsiderazzjoni l-interessi tal-partijiet in kwistjoni u, b'mod partikolari, li tippermetti lill-konvenut jipprepara d-difiża tiegħu. Dwar id-dewmien fil-proċedura ikkawżat mill-ħtieġa ta' rmedju għan-nuqqas ta' traduzzjoni, il-Gvern Olandiż isostni li essenzjalment dan ikun iktar ta' dannu għar-rikorrenti milli għall-konvenut destinatarju. Ir-risposta tal-Qorti tal-Ġustizzja 37     Bilfors għandu jiġi kkonstatat li l-Artikolu 8 tar-Regolament ma jipprovdix għall-konsegwenzi legali li jirriżultaw mir-rifjut ta' destinatarju li jaċċetta dokument minħabba li dan ma jkunx miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti u li d-destinatarju jifhem. 38     Madankollu, id-dispożizjonijiet l-oħra tar-Regolament, l-għan imfakkar fil-premessi 2 u 6 sa' 9 tar-Regolament, li tkun assigurata l-ħeffa u l-effiċjenza tat-trażmissjoni tad-dokumenti u l-effikaċja li għanda tingħaraf lill-possibbiltà, prevista fl-Artikoli 5 u 8 ta' l-imsemmi Regolament, li d-dokument ma jiġix tradott fil-lingwa uffiċjali ta' l-Istat mitlub, jiġġustifikaw li tkun prekluża n-nullita tad-dokument meta dan ikun irrifjutat mid-destinatarju minħabba li ma jkunx miktub fl-imsemmija lingwa jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti u li d-destinatarju jifhem, iżda li, min-naħa l-oħra, tkun permessa l-possibbiltà ta' rmedju għan-nuqqas ta' traduzzjoni. 39     Qabel kollox, hemm lok li jiġi kkonstatat li ebda dispożizzjoni tar-Regolament ma tipprevedi li r-rifjut tad-dokument minħabba li d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 ma ġewx irrispettati jġib miegħu n-nullità ta' dan id-dokument. Bil-kontra ta' dan, jekk ir-Regolament ma jispeċifikax il-konsegwenzi eżatti tar-rifjut ta' dokument, minn ta' l-anqas diversi dispożizzjonijiet tiegħu jagħtu x'jifhem li n-nuqqas ta' traduzzjoni jista' jiġi rrimedjat. 40     Għalhekk, ir-referenza "dokumenti li tagħhom hija mitluba t-traduzjoni", li tidher fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament, tfisser li huwa possibbli għad-destinatarju li jitlob traduzzjoni u, għalhekk, għall-mittenti li jirrimedja n-nuqqas ta' traduzzjoni billi jibgħat it-traduzzjoni meħtieġa. Din ir-referenza fil-fatt hija differenti mit-termini "dokumenti trażmessi" użati fl-Artikolu 6(2) u (3) tar-Regolament sabiex jindikaw id-dokumenti kollha mibgħuta mill-aġenzija li tittrażmetti lill-aġenzija li tirċevi u mhux għal parti minnhom biss. 41     Bl-istess mod, il-formula normali li tiċċertifika n-notifika jew in-nuqqas tagħha, mimlija skond kif stabbilit fl-Artikolu 10 tar-Regolament, ma tinkludix ir-rifjut tad-dokument minħabba r-raġuni tal-lingwa użata fost ir-raġunijiet li għalihom ma seħħitx in-notifika, iżda tipprovdi post separat għal dan in-notament. Dan jippermetti l-konklużjoni li rifjut tad-dokument m'għanduk jiġi kkunsidrat bħala nuqqas ta' notifika. 42     Min-naħa l-oħra, jekk jiġi meqjus li dan ir-rifjut qatt ma jista' jkun irmedjat, dan ikun ta' dannu għad-drittijiet tal-mittenti b'tali mod li dan qatt ma jieħu r-riskju li jinnotifika dokument mhux tradott, b'tali mod li tiġi kkontestata l-effikaċja tar-regolament u, b'mod iktar partikolari, tad-dispożizzjonijiet tiegħu li jirrigwardaw it-traduzzjoni tad-dokumenti, li jikkontribwixxu għall-għan li titħaffef it-trażmissjoni tagħhom. 43     Fir-rigward ta' din l-interpretazzjoni ma jistax ikollu suċċess l-argument li l-konsegwenzi tar-rifjut tad-dokument għandhom ikunu determinati mid-dritt nazzjonali. F'dan ir-rigward ma jistgħux jiġu invokati l-kummentarji li jidru fir-rapport ta' spjegazzjoni tal-Konvenzjoni, id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Lancray, iċċitata iktar 'il fuq, jew ix-xogħolijiet preparatorji tar-Regolament. 44     Fil-fatt, jekk id-dritt nazzjonali jitħalla jiddetermina l-istess prinċipju tal-possibbiltà li jiġi rrimedjat in-nuqqas ta' traduzzjoni, dan jippreġudika kull applikazzjoni uniformi tar-Regolament, għaliex mhuwiex eskluż li l-Istati Membri jipprovdu soluzzjonijiet diverġenti f'dan ir-rigward. 45     Issa, l-għan tat-Trattat ta' Amsterdam li tinħoloq żona ta' libertà, ta' sigurta u ta'ġustizzja li tagħti lill-Komunita dimensjoni ġdida, u t-trasferiment, mit-Trattat UE għat-Trattat KE , tas-sistema li tippermetti l-adozzjoni ta' miżuri li jaqgħu fl-ambitu tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transfrontaljeri juri r-rieda ta' l-Istati Membri li jistabbilixxu tali miżuri fl-ordinament ġudizzjarju tal-Komunita u b'hekk jistabbilixxu l-prinċipju li għandhom ikunu interpretati b'mod awtonomu. 46     Bl-istess mod, l-għażla tal-forma ta' Regolament, iktar milli dik ta' Direttiva li għall-ewwel kienet proposta mill-Kummissjoni, turi l-importanza li l-legiżlatur Komunitarju jagħti lin-natura direttament applikabbli tad-dispożizzjonijiet ta' l-imsemmi Regolament u l-aplikazzjoni uniformi tagħhom. 47     Minn dan isegwi li, għalkemm utli, il-kummentarji li jidhru fir-rapport ta' spjegazzjoni tal-Konvenzjoni, li ġiet adottata qabel ma daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Amsterdam, ma jistgħux jiġu invokati kontra interpretazzjoni awtonoma tar-Regolament li titlob applikazzjoni uniformi għar-rifjut tad-dokumnet għar-raġuni li dan id-dokument ma ġiex miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti u li d-destinatarju jifhem. Bl-istess mod, għandu jiġi osservat li l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja kif tirriżulta mis-sentenza Lancray, iċċitata iktar 'il fuq, tinsab fil-kuntest ta' l-interpretazzjoni ta' strument ġudizzjarju ta' natura differenti u li, b'differenza mir-Regolament, mhijiex intiża sabiex tistabbilixxi sistema ta' notifika intrakomunitarja. 48     Fl-aħħar, f'dak li jirrigwarda l-konklużjonijiet li wasal għalihom il-Gverm Ġermaniż fuq ix-xogħolijiet preparatorji deskritti minn kummentatur, huwa biżżejjed li jiġi osservat li l-allegata rieda tad-delegazzjonijiet ta' l-Istati Membri ma ħaditx sura fl-istess test tar-Regolament. Minn dan isegwi li dawn l-allegati xogħolijiet preparatorji ma jistgħux jiġu invokati kontra interpretazzjoni awtonoma tar-Regolament intiża sabiex tassigura l-effikaċja tad-dispożizzjonijiet li jinstabu fiħ, fid-dawl ta' l-applikazzjoni uniformi tiegħu fi-ħdan il-Komunita, fir-rispett tal-finijiet tiegħu. 49     Li r-Regolament jiġi interpretat bħala li jitlob il-possibbiltà li jiġi rmedjat in-nuqqas ta' traduzzjoni bħala konsegwenza uniformi tar-rifjut tad-dokument minħabba li dan id-dokument ma ġiex miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru mitlub u li d-destinatarju jifhem ma jikkontestax l-importanza tad-dritt nazzjonali u l-funzjoni tal-Qorti nazzjonali. Fil-fatt, kif jirriżulta min ġurisprudenza kostanti, fin-nuqqas ta' dispożizzjonijiet komunitarji, huwa l-ordni ġudizzjarju intern ta' kull Stat Membru li għandu jirregola l-modalitajiet proċedurali ta' azzjonijiet legali intiżi li jassiguraw il-ħarsien tad-drittijiet ta' l-individwi li jirriżultaw mill-effett dirett tad-dritt komunitarju (ara, b'mod partikolari, is-sentenza tas-16 ta' Diċembru 1976, Rewe, 33/76, Ġabra p. 1989, punt 5). 50     Il-Qorti tal-Ġustizzja madankollu ppreċiżat li dawn il-modalitajiet ma jistgħux ikunu inqas favorevoli minn dawk li jirrigwardaw drittijiet li joriġinaw mill-ordni ġudizzjarju intern (prinċipju ta' l-ekwivalenza) u li dawn m'għandhomx jagħmlu l-użu tad-drittijiet mogħtija mill-ordni ġudizzjarju komunitarju pratikament impossibbli u eċċessivament diffiċli (prinċipju ta' effettività) (ara s-sentenzi Rewe, iċċitata iktar il-fuq punt 5; ta' l-10 ta' Lulju 1997, Palmisani, C-261/95, Ġabra p. I-4025, punt 27, u tal-15 ta' Settembru 1998, Edis, C-231/96, Ġabra p. I-4951, punt 34). F'dan ir-rigward, kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punti 38 u 64 tal-konklużjonijiet tiegħu, il-prinċipju ta' effettività għandu jwassal lill-Qorti nazzjonali li tapplika l-modalitajiet proċedurali previsti mill-ordni gudizzjarju intern biss safejn dawn ma jikkontestawx l-għanijiet u l-finalitajiet tar-Regolament. 51     Minn dan isegwi li, peress li r-Regolament ma jipprevedix il-konsegwenzi ta' ċerti fatti, hija l-Qorti nazzjonali li għandha tapplika, fil-prinċipju, id-dritt nazzjonali tagħha filwaqt li tishar sabiex tkun assigurata l-effikaċja tad-dritt komunitarju, u dan jista' jwassalha li, jekk ikun hemm bżonn, twarrab liġi nazzjonali li tkun ta' xkiel jew li tinterpreta liġi nazzjonali li oriġinalment kienet intiża biss għal sitwazzjoni interna sabiex tkun tista' taplikha għas-sitwazzjoni transfrontaliera in kwistjoni (ara b'mod partikolari, f'dan is-sens, is-sentenzi tad-9 ta' Marzu 1978, Simmenthal, 106/77, Ġabra p. 629, punt 16; tad-19 ta' Ġunju 1990, Factortame et ., C-213/89, Ġabra p. I-2433, punt 19; ta' l-20 ta' Settembru 2001, Courage u Crehan, C-453/99, Ġabra p. I-6297, punt 25, u tas-17 ta' Settembru 2002, Muñoz u Superior Fruiticola, C-253/00, Ġabra p. I-7289, punt 28). 52     Hija wkoll il-Qorti nazzjonali li għandha tishar sabiex ikunu mħarsa d-drittijiet tal-partijiet fil-kawża, b'mod partikolari l-possibbiltà, għad-destinatarju, li jkollu biżżejjed żmien sabiex iħejji d-difiża tiegħu jew id-dritt, għall-parti li tkun ittrażmettiet id-dokument, li ma tbatix, per eżempju fi proċedura ta' urġenza fejn il-konvenut ma jidhirx, il-konsegwenzi negattivi ta' rifjut ta' aċċettazzjoni ta' dokument li jkun purament dilatorju u evidentement abużiv, meta jista' lkun ippruvat li l-persuna li lilha dan id-dokument kien indirrizat kienet tifhem il-lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti u li biha l-imsemmi dokument kien miktub. 53     Għalhekk, it-tweġiba għall-ewwel talba, jiġifieri jekk l-Artikolu 8(1) tar-Regolament għandux jiġi interpretat fis sens li, peress li d-destinatarju tad-dokument irrifjutaħ minħabba li dan ma ġiex miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti li d-destinatarju jifhem, il-mittenti għandu l-possibbiltà li jirmedja billi jibgħat it-traduzzjoni. Fuq it-tieni talba 54     It-tieni talba, magħmula fil-każ fejn l-Artikolu 8 tar-Regolament jiġi interpretat fis-sens li mhuwiex possibbli li n-nuqqas ta' traduzzjoni ma jistax isib rimedju, trid tara jekk ir-rifjut tad-dokument għandux bħala konsegwenza li jċaħħad lin-notifika minn kull effett. 55     Fid-dawl tar-risposta mogħtija għall-ewwel talba, mhemmx lok li tingħata rispost għat-tieni talba. Fuq it-tielet talba 56     Permezz tat-tielet talba magħmula fil-każ ta' risposta pożittiva għall-ewwel talba, l-Qorti ta' rinviju sostanzjalment saqsiet f'liema terminu u b'liema mod għandha t-traduzzjoni tiġi mgħarrfa lid-destinatarju u jekk id-dritt proċedurali nazzjonali japplikax għall-possibbiltà li jiġi rmedjat in-nuqqas ta' traduzzjoni. L-osservazzjonijiet imressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 57     F'dak li jirrigwarda t-teminu li fih wieħed jista' jirmedja għan-nuqqas ta' traduzzjoni, il-Gvern Olandiż u dak Portugiż jirreferu għall-Artikolu 7(2) tar-Regolament. Huma jqisu li t-traduzzjoni għandha tintbgħat mill-iktar fis possibbli u li t-terminu ta' xahar jista' jkun ikkunsidrat bħala raġonevoli. 58     Dwar l-effett tat-trażmissjoni tat-traduzzjoni fuq it-terminu, il-Gvern Olandiż isostni li, anke jekk id-destinatarju kien iġġustifikat li jirrifjuta d-dokument indirizzat lilu, għandu xorta waħda jinżamm l-effett ta' salvagwardja tat-terminu previst fl-Artikolu 9(2) u (3) tar-Regolament. Il-Kummissjoni tosserva li d-dati tan-notifika jiġu ddeterminati skond l-imsemmi Artikolu 9. F'dak li jirrigwarda d-destinatarju, hija biss in-notifika tad-dokument tradott li tiġi kkunsidrata, u dan jispjega t-termini "mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8" li jidhru fl-Artikolu 9(1) ta' l-istess Regolament. F'dak li jirrigwarda r-rikorrent, id-data tibqa' tiġi ddeterminata skond l-Artikolu 9(2). 59     Il-Gvern Franċiż ifakkar li l-Qorti għandha tkun tista' tbiddel it-termini ta' żmien sabiex tippermetti lid-destinatarju tad-dokument jipprepara d-difiża tiegħu. 60     F'dak li jirrigwarda l-modalitajiet li bihom għanda tintbgħat it-traduzzjoni, is-sur Leffler, il-Gvern Franċiż u dak Portugiż iqisu li t-trażmissjoni tat-traduzzjoni għanda ssir skond il-ħtiġiet tar-Regolament. Il-Gvern Olandiż isostni, min-naħa l-oħra, li t-trażmissjoni tista ssir b'mod informali iżda li, sabiex jiġi evitat kull ekwivoku, ikun aħjar li tiġi evitata trażmissjoni diretta mill-aġenzija li tittrażmetti lid-destinatarju u li jkun aħjar li tgħaddi minn idejn l-aġenzija li tirċevi. 61     Berlin Chemie ssostni li, jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi li t-trażmissjoni tat-traduzzjoni hija possibbli, hemm bżonn, sabiex tiġi ggarantita ċ-ċertezza legali, li l-konsegwenzi ta' din il-possibbiltà jkunu armoniżżati, b'mod konformi ma' l-għanijiet tar-Regolament. Ir-risposta tal-Qorti tal-Ġustizzja 62     Għalkemm l-Artikolu 8 tar-Regolament ma fiħx dispożizzjonijiet preċiżi dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti meta jkun hemm bżonn li jiġi rmedjat rifjut ta' dokument minħabba li dan ma ġiex miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru indirizzat jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti li d-destinatarju tad-dokument jifhem, għandu madankollu jiġi kkonstatat li l-prinċipji ġenerali tad-dritt komunitarju u d-dispożizzjonijiet l-oħra tad-dokument jagħtu numru ta' indikazzjonijiet lill-Qorti nazzjonali, sabiex tingħata effikaċja lir-Regolament. 63     Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, ir-Regolament għandu jiġi interpretat fis-sens li n-nuqqas ta' traduzzjoni għandu jiġi rmedjat skond il-modalitajiet previsti f'dan ir-Regolament. 64     Meta l-aġenzija li tittrażmetti tkun infurmata li d-destinatarju rrifjuta li jaċċetta d-dokument minħabba nuqqas ta' traduzzjoni, u jekk ikun hemm bżonn wara li tisma' lir-rikorrenti, din għandha, skond l-Artikolu 4(1) tar-Regolament, tirmedja għal dan billi tibgħat it-traduzzjoni mill-iktar fis possibbli. F'dan ir-rigward, kif issuġġerew il-Gvern Olandiż u dak Portugiż, terminu ta' xahar, li jibda jiddekorri minn meta l-agenzija li tittrażmetti tkun infurmata bir-rifjut, jista' jkun ikkunsidrat bħala xieraq iżda l-Qorti nazzjonali tista' tevalwa dan it-terminu fid-dawl taċ-ċirkustanzi. Għandu jiġi kkunsidrat, b'mod partikolari, il-fatt li ċerti testi jistgħu jkunu ta' tul mhux tas-soltu u li jkunu jridu jiġu tradotti f'lingwa li għaliha ma tantx ikun hemm tradutturi disponibbli. 65     F'dak li jirrigwarda l-effett tat-trażmissjoni ta' traduzzjoni fuq id-data tan-notifika, hemm lok li tiġi determinata b'analoġija mas-sistema ta' data doppja kif stabbilita fl-Artikolu 9(1) u (2) tar-Regolament. Sabiex tkun preservata l-effikaċja tar-Regolament, hemm bżonn li d-drittijiet tad-diversi partijiet in kwistjoni jiġu protetti bl-aħjar mod possibbli u bilanċjat. 66     Id-data ta' notifika tista' tkun importanti għar-rikorrenti, per eżempju meta d-dokument notifikat ikun jikkonstitwixxi l-ftuħ ta' proċedura li għanda titressaq f'terminu perenptorju jew ikun intiż sabiex jinterrompi preskrizzjoni. Min-naħa l-oħra, kif ġie indikat fil-punt 38 ta' din is-sentenza, in-nuqqas li jiġu rrispettati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 (1) tar-Regolament ma jġibx miegħu n-nullità tan-notifika. Fid-dawl ta' dawn l-elementi, hemm lok li jiġi kkunsidrat li r-rikorrent jista' jibbenefika, fir-rigward tad-data, mill-effett ta' l-ewwel notifika safejn dan wera diliġenza sabiex jirmedja d-dokument bit-trażmissjoni mill-aktar fis possibbli tat-traduzzjoni. 67     Madankollu, id-data ta' notifika tista' wkoll tkun importanti għad-destinatarju, b'mod partikolari għaliex din tikkostitwixxi l-punt meta jibda' jiddekorri t-terminu li fiħ jista' jressaq rikors jew jipprepara difiża. Protezzjoni effettiva tad-destinatarju tad-dokument għandha tikkunsidra, fir-rigward tiegħu, biss id-data li fiha setgħa mhux biss isir jaf iżda wkoll jifhem id-dokument innotifikat, jiġifieri d-data li fiha rċeva t-traduzzjoni. 68     Hija l-Qorti nazzjonali li għandha tikkunsidra u tipproteġi l-interessi tal-partijiet in kwistjoni. Għalhekk, b'analoġija ma' l-Artikolu 19 (1) (a) u (b) tar-Regolament, jekk dokument ġie rrifjutat għar-raġuni li dan id-dokument ma ġiex miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti li d-destinatarju tad-dokument jifhem u l-konvenut ma dherx, il-Qorti għandha jissospendi l-proċedura sakemm ma jiġix stabbilit li d-dokument in kwistjoni ġie rrettifikat bit-trażmissjoni ta' traduzzjoni u li minn meta din seħħet, il-konvenut kellu żmien biżżejjed sabiex jiddefendi ruħhu. Dan l-obbligu jirriżulta wkoll mill-prinċipju msemmi fl-Artikolu 26(2) tar-Regolament Nru 44/2001, u r-rispett ta' dan il-prinċipju għandu jiġi mistħarreġ qabel ma tkun rikonoxxuta deċiżjoni, skond l-Artikolu 34 (2) ta' l-istess regolament. 69     Sabiex jissolvew il-problemi marbutin mal-mod ta' kif wieħed għandu jirmedja għan-nuqqas ta' traduzzjoni li mhuwiex previst mir-Regolament hekk kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja, hija l-Qorti nazzjonali, kif indikat fil-punti 50 u 51 ta' din is-sentenza, li għandha tapplika d-dritt proċedurali nazzjonali tagħha filwaqt li tara li tassigura l-effikaċità tar-Regolament, fir-rispett ta' l-għan tiegħu. 70     Għalhekk għandu jiġi mfakkar li, meta titressaq kwistjoni li tirrigwarda l-interpretazzjoni tar-Regolament, il-Qorti nazzjonali tista', skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 68(1), issaqsi lill-Qorti tal-Gustizzja dwarha. 71     Fid-dawl ta' dawn iċ-ċirkustanzi kollha, it-tweġiba għat-tielet mistoqsija għanda tkun li: –       L-Artikolu 8 tar-Regolament għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta d-destinatarju ta' dokument jirrifjutaħ minħabba li dan id-dokument ma ġiex miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti li d-destinatarju jifhem, din is-sitwazzjoni tista' tiġi rmedjata billi tintbgħat it-traduzzjoni tad-dokument skond il-modalitajiet previsti mir-Regolament u mill-iktar fis possibbli; –       Sabiex jissolvew il-problemi marbutin mal-mod ta' kif wieħed għandu jirmedja għan-nuqqas ta' traduzzjoni li mhuwiex previst mir-Regolament hekk kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja, hija l-Qorti nazzjonali, kif indikat fil-punti 50 u 51 ta' din is-sentenza, li għandha tapplika d-dritt proċedurali nazzjonali tagħha filwaqt li tara li tassigura l-effikaċità ta' l-imsemmi Regolament, fir-rispett ta' l-għan tiegħu. Dwar l-ispejjeż 72     Peress li l-proċedura preżenti għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mressqa quddiem il-Qorti tar-rinviju, hija din il-Qorti li għandha, għaldaqstant, tiddeċiedi dwar l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjonijiet ta' osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk ta' l-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura. Għal dawn il-motivi, il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tiddeċiedi li: 1) L-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) tal-Kunsill Nru. 1348/2000 tad-29 ta' Mejju 2000, dwar is-servizz [notifika] fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet [materji] ċivili jew kummerċjali, għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta d-destinatarju ta' dokument jirrifjutah minħabba li dan id-dokument ma ġiex miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti li d-destinatarju jifhem, il-mittenti għandu l-possibbiltà li jirmedja għal dan billi jitrasmetti t-traduzzjoni meħtieġa. 2) L-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 1348/2000 għandu jiġi interpretat fis-sens li, meta d-destinatarju tad-dokument jirrifjutaħ minħabba li dan id-dokument ma ġiex miktub f'lingwa uffiċjali ta' l-Istat Membru mitlub jew f'lingwa ta' l-Istat Membru li jittrażmetti li d-destinatarju jifhem, din is-sitwazzjoni tista' tiġi rmedjata billi tintbgħat it-traduzzjoni tad-dokument skond il-modalitajiet previsti mir-Regolament Nru 1348/2000 u mill-iktar fis possibbli. Sabiex jissolvew il-problemi marbutin mal-mod ta' kif wieħed għandu jirmedja għan-nuqqas ta' traduzzjoni li mhuwiex previst mir-Regolament Nru 1348/2000 hekk kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja, hija l-Qorti nazzjonali li għandha tapplika d-dritt proċedurali nazzjonali tagħha filwaqt li tara li tassigura l-effikaċja ta' l-imsemmi Regolament, fir-rispett ta' l-għan tiegħu. Firem * Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.

62007TJ0343

hu

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának az ALLSAFE szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozására vonatkozó, 2007. július 11‑i határozatával (R 406/2004‑2. sz. ügy) szemben benyújtott kereset. Az ügy adatai A közösségi védjegy bejelentője: allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG Az érintett közösségi védjegy: Az „ALLSAFE” szóvédjegy a 6., 12., 22., 35., 39. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában (2940534. sz. védjegybejelentés) Az elbíráló határozata: Az elbíráló a védjegybejelentést elutasította. A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította. Rendelkező rész 1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 2) Az Elsőfokú Bíróság az allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG‑t kötelezi a költségek viselésére.

62011CJ0415

da

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler ( EFT L 95, s. 29 , herefter »direktivet«). Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en sag mellem Mohamed Aziz og Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa) (herefter »Catalunyacaixa«) vedrørende gyldigheden af visse vilkår i en aftale om lån med pant i fast ejendom, indgået mellem disse parter. Retsforskrifter EU-retten Følgende fremgår af 16. betragtning til direktivet: »[…] [D]en erhvervsdrivende kan opfylde kravet om god tro ved at handle loyalt og rimeligt med den anden part, hvis legitime interesser han skal tage hensyn til.« Direktivets artikel 3 bestemmer: »1.   Et kontraktvilkår, der ikke har været genstand for individuel forhandling, anses for urimeligt, hvis det til trods for kravene om god tro bevirker en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til skade for forbrugeren. 2.   Et kontraktvilkår anses altid for ikke at have været genstand for individuel forhandling, når det er udarbejdet på forhånd, og forbrugeren derved ikke har haft nogen indflydelse på indholdet, navnlig i forbindelse med en standardkontrakt. […] 3.   Bilaget indeholder en vejledende og ikke-udtømmende liste over de kontraktvilkår, der kan betegnes som urimelige.« Direktivets artikel 4, stk. 1, har følgende ordlyd: »Det vurderes, om et kontraktvilkår er urimeligt, under hensyn til, hvilken type varer eller tjenesteydelser aftalen omfatter, og ved på tidspunktet for aftalens indgåelse at tage hensyn til alle omstændighederne i forbindelse med dens indgåelse samt til alle andre vilkår i aftalen eller i en anden aftale, som hænger sammen med denne, jf. dog artikel 7.« Direktivets artikel 6, stk. 1, har følgende ordlyd: »Medlemsstaterne fastsætter, at urimelige kontraktvilkår i en aftale, som en erhvervsdrivende har indgået med en forbruger, i henhold til deres nationale lovgivning ikke binder forbrugeren, og at aftalen forbliver bindende for parterne på i øvrigt samme vilkår, hvis den kan opretholdes uden de urimelige kontraktvilkår.« Direktivets artikel 7, stk. 1, bestemmer: »Medlemsstaterne sikrer, at der i forbrugernes og konkurrenternes interesse findes egnede og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår i aftaler, der indgås mellem forbrugere og en erhvervsdrivende, til ophør.« I nr. 1 i bilaget til direktivet opregnes de kontraktvilkår, som er omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 3. Bilaget omfatter bl.a. følgende vilkår: »1.   Kontraktvilkår, hvis formål eller virkning er følgende: […] e) at pålægge en forbruger, som ikke opfylder sine forpligtelser, en uforholdsmæssigt stor godtgørelse […] q) at ophæve eller indskrænke forbrugerens adgang til at rejse søgsmål eller benytte andre retsmidler, navnlig ved at pålægge forbrugeren et krav om udelukkende at lade evt. tvister afgøre ved voldgift, der ikke er omfattet af retlige bestemmelser, ved uretmæssigt at begrænse de bevismuligheder, som forbrugeren har til rådighed, eller ved at pålægge denne en bevisbyrde, der ifølge gældende ret ligger hos en anden aftalepart.« Spansk ret I spansk ret var bestemmelserne om beskyttelse af forbrugerne mod urimelige kontraktvilkår først fastsat i Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (almindelig lov nr. 26/1984 om beskyttelse af forbrugere og brugere) af 19. juli 1984 (BOE nr. 176 af 24.7.1984, s. 21686). Almindelig lov nr. 26/1984 blev efterfølgende ændret ved Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación (lov nr. 7/1998 om generelle forretningsbetingelser) af 13. april 1998 (BOE nr. 89 af 14.4.1998, s. 12304), som gennemførte direktivet i spansk ret. Endelig blev den kodificerede udgave af lov nr. 26/1984 med senere ændringer indarbejdet i Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (kongeligt lovdekret nr. 1/2007 om omarbejdning af den generelle lov om beskyttelse af forbrugere og brugere og anden tilknyttet lovgivning) af 16. november 2007 (BOE nr. 287 af 30.11.2007, s. 49181). Det følger af artikel 82 i kongeligt lovdekret nr. 1/2007: »1.   Alle kontraktvilkår, der ikke har været genstand for individuel forhandling, og alle former for praksis, hvorom der ikke er udtrykkelig enighed, anses for urimelige, hvis de til trods for kravene om god tro bevirker en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren. […] 3.   Karakteren af et urimeligt kontraktvilkår vurderes under hensyn til, hvilken type varer eller tjenesteydelser aftalen omfatter, og ved at tage hensyn til alle omstændigheder i forbindelse med dens indgåelse samt til alle andre vilkår i aftalen eller i en anden aftale, som hænger sammen med denne. 4.   Uanset bestemmelserne i de foregående stykker er kontraktvilkår under alle omstændigheder urimelige i henhold til bestemmelserne i artikel 85-90, hvis de: a) knytter kontrakten til den erhvervsdrivendes vilje b) begrænser forbrugerens og brugerens rettigheder c) bevirker manglende gensidighed i kontrakten d) pålægger forbrugeren eller brugeren uforholdsmæssige garantier eller uretmæssigt pålægger dem bevisbyrden e) er uforholdsmæssige i forhold til indgåelsen og gennemførelsen af aftalen, eller f) strider imod kompetencereglerne og gældende ret.« For så vidt angår betalingspåkravsproceduren fastsætter lov om civil retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil) i den affattelse, der var gældende på det tidspunkt, hvor den procedure, der har givet anledning til, at tvisten i hovedsagen blev indledt, i kapitel V, afsnit IV, bog III med overskriften »Særlige forhold ved fuldbyrdelse af pantsatte værdier eller aktiver« navnlig i artikel 681-698 proceduren for realisering af pant i fast ejendom, som udgør kernen i hovedsagen. Artikel 695 i lov om civil retspleje bestemmer: »1.   I de procedurer, der er omfattet af nærværende kapitel, kan rekvisitus’ indsigelse mod fuldbyrdelsen kun tages til følge, hvis den bygger på følgende grunde: (1) Sikkerheden, eller den fordring, for hvilken sikkerheden er stillet, er bortfaldet, forudsat at der fremlægges et tingbevis, som viser, at pant i fast ejendom – eller, i påkommende tilfælde, sikkerhed uden besiddelse (registerpant) – er bortfaldet, eller en notarbekræftelse, som støtter modtagelsen af betaling, eller at sikkerheden er bortfaldet. (2) Den omstændighed, at der er begået fejl ved beregningen af det udestående skyldige beløb, når den sikrede fordring er resultatet af en endelig opgjort konto mellem rekvisitus og rekvirenten. Rekvisitus skal fremlægge sit eksemplar af kontoudtoget, og indsigelsen kan kun tages til følge, såfremt saldoen på dette udtog adskiller sig fra det kontoudtog, som rekvirenten har fremlagt. […] (3) […] eksistensen af en anden sikkerhedsstillelse eller pant […] der er registreret før den gæld, som ligger til grund for proceduren, sammen med det tilsvarende registreringsbevis. 2.   Hvis der fremsættes en indsigelse som omhandlet i stk. 1, indstiller den kompetente embedsmand ved retten fuldbyrdelsen og indkalder parterne til møde ved den ret, der har anordnet fuldbyrdelsen. Der skal gå mindst fire dage fra indkaldelsen til afholdelsen af det nævnte møde. Ved dette møde skal retten høre parterne og gennemgå skriftlige indlæg. Senest to dage efter mødet skal retten træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet […]« Artikel 698 i lov om civil retspleje bestemmer: »1.   Ethvert krav, som debitor, tredjemand og andre berørte kan fremsætte, og som ikke er omfattet af de foregående artikler, herunder vedrørende dokumentets ugyldighed eller fordringens forfaldstid, sikkerhed, ophør eller størrelse, behandles i en herfor fastsat procedure, uden at føre til udsættelse eller forsinkelse af den procedure, der er fastsat i nærværende kapitel. […] 2.   Ved indgivelse af den i stk. 1 nævnte påstand eller under den sag, som dette har givet anledning til, kan der anmodes om, at opfyldelsen af den dom, der afsiges i sagen, sikres, ved indeholdelse af hele eller en del af det beløb, som i henhold til den procedure, der reguleres i nærværende kapitel, skal udbetales til kreditor. Retten træffer afgørelse om denne indeholdelse på grundlag af de fremlagte dokumenter, hvis den finder de anførte grunde tilstrækkelige. Hvis den, der anmoder om indeholdelsen, ikke er åbenbart og tilstrækkeligt solvent, skal retten på forhånd kræve tilstrækkelig sikkerhedsstillelse til at svare morarenter og betale erstatning for andre skader, som kan forårsages af kreditor. 3.   Hvis kreditor har stillet tilstrækkelig sikkerhed for det beløb, som skal deponeres i henhold til den i stk. 1 omhandlede sag, ophæves deponeringen.« Artikel 131 i Ley Hipotecaria (lov om pant), hvis kodificerede udgave blev godkendt ved dekret af 8. februar 1964 (BOE nr. 58 af 27.2.1946, s. 1518), fastsætter: »Forbehold i tingbogen om pantets ugyldighed eller andre tilsvarende anmærkninger, som ikke støttes på et af de tilfælde, som kan føre til udsættelse af fuldbyrdelsen, bortfalder i medfør af kendelsen om bortfald som omhandlet i artikel 133, forudsat at anmærkningerne er påført senere end den dato, hvor der er gjort påtegning i margenen om udstedelse af hæftelsesbeviset. Påtegning om kvittering for betaling af det pantesikrede lån kan ikke optages i tingbogen, så længe den ovennævnte anmærkning i margenen ikke er bortfaldet efter afsigelse af kendelse herom.« Artikel 153a i lov om pant har følgende ordlyd: »[…] [P]arterne kan aftale, at det udestående skyldige beløb i tilfælde af tvangssalg skal fastsættes af det finansielle låneinstitut på den måde, som parterne har fastsat i aftalen. Ved den forfaldsdag, som er aftalt mellem de kontraherende parter, eller ved udløbet af en eventuelt forlænget frist, kan en realisering af pantet gennemføres i henhold til artikel 129 og 153 i denne lov og i de lignende bestemmelser i lov om civil retspleje.« Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål Den 19. juli 2007 indgik den marokkanske statsborger, Mohamed Aziz, der siden december 1993 har arbejdet i Spanien, en låneaftale med Catalunyacaixa med sikkerhed i fast ejendom, der blev oprettet for notar. Ejendommen, som var genstand for den nævnte sikkerhed, var Mohamed Aziz’ families bolig, som han havde ejet siden 2003. Lånet fra Catalunyacaixa var på 138000 EUR. Lånet skulle tilbagebetales i 33 årlige rater med 396 månedlige ydelser fra den 1. august 2007. Som det fremgår af de for Domstolen fremlagte sagsakter, var der i kontraktvilkår nr. 6 i låneaftalen, som var indgået med Catalunyacaixa, fastsat en årlig morarente på 18,75%, som automatisk fandt anvendelse på beløb, som ikke var betalt på forfaldsdatoen, uden at der skulle fremsættes selvstændigt krav herom. Desuden gav kontraktvilkår nr. 6a Catalunyacaixa ret til at anse hele lånet for forfaldent, hvis en af de aftalte rater forfaldt, og skyldner ikke havde opfyldt sin betalingsforpligtelse med hensyn til en del af lånekapitalen eller renter. I kontraktvilkår nr. 15 i samme låneaftale, som omhandler fastlæggelsen af det udestående skyldige beløb, er det angivet, at Catalunyacaixa har mulighed for at overtage pantet for at få dækning for en eventuel gæld, men ligeledes med henblik herpå at kræve betaling direkte på grundlag af et egnet certifikat, der angiver det fordrede beløb. Mohamed Aziz betalte regelmæssigt sine månedlige ydelser fra juli 2007 til maj 2008, men ophørte hermed i juni 2008. Catalunyacaixa henvendte sig på denne baggrund den 28. oktober 2008 til en notar for at få udstedt et dokument om fastlæggelse af gælden. Notaren bekræftede, at det fremgik af de fremlagte dokumenter og af indholdet af låneaftalen, at værdien af gælden var 139764,64 EUR, som svarede til de månedlige ydelser, der ikke var blevet betalt, med tillæg af nominelle renter og morarenter. Efter forgæves at have opfordret Mohamed Aziz til at betale, indledte Catalunyacaixa den 11. marts 2009 en fuldbyrdelsesprocedure ved Juzgado de Primera Instancia n o 5 de Martorell mod den pågældende med principal påstand om betaling af et beløb på 139674,02 EUR, 90,74 EUR i forfaldne renter og 41 902,21 EUR i renter og omkostninger. Idet Mohamed Aziz ikke gav møde i retten, traf retten den 15. december 2009 bestemmelse om fuldbyrdelse. Der blev således udstedt et betalingspålæg over for Mohamed Aziz, hvilket han hverken efterkom eller gjorde indsigelser imod. På denne baggrund blev der den 20. juli 2010 afholdt en auktion over ejendommen, uden at der indkom noget bud. I overensstemmelse med bestemmelserne i lov om civil retspleje anordnede Juzgado de Primera Instancia n o 5 de Martorell således, at der blev foretaget udlæg i ejendommen svarende til 50% af dens værdi. Den nævnte ret fastsatte ligeledes den 20. januar 2011 som skæringsdato for overdragelse af ejendomsretten til budgiver. Mohamed Aziz blev følgelig udsat af sin bolig. Kort før denne begivenhed, den 11. januar 2011, anlagde Mohamed Aziz imidlertid sag ved Juzgado de lo Mercantil n o 3 de Barcelona med påstand om ophævelse af kontraktvilkår nr. 15 i låneaftalen, med henvisning til, at det udgjorde et urimeligt kontraktvilkår, som følgelig omfattede fuldbyrdelsesproceduren. På denne baggrund har Juzgado de lo Mercantil n o 3 de Barcelona udtrykt tvivl om overensstemmelsen mellem spansk ret og den retlige ramme, der er fastsat i direktivet. Retten har navnlig understreget, at hvis kreditor med henblik på tvangsfuldbyrdelse vælger at realisere pantet, er mulighederne for at påberåbe sig, at et af kontraktvilkårene i låneaftalen er urimeligt, meget begrænsede, idet en sådan indsigelse først kan blive behandlet under et senere anerkendelsessøgsmål, som ikke har opsættende virkning. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at det under disse omstændigheder er særdeles vanskeligt for en spansk ret at sikre en effektiv forbrugerbeskyttelse under den nævnte procedure for realisering af pant i fast ejendom såvel som under det modsvarende anerkendelsessøgsmål. Juzgado de lo Mercantil n o 3 de Barcelona finder endvidere, at afgørelsen i hovedsagen rejser andre spørgsmål, navnlig vedrørende fortolkningen af udtrykket »kontraktvilkår, hvis formål eller virkning er at pålægge en forbruger, som ikke opfylder sine forpligtelser, en uforholdsmæssigt stor godtgørelse«, som indeholdt i nr. 1, litra e), i bilaget til direktivet, såvel som »kontraktvilkår, hvis formål eller virkning er at ophæve eller indskrænke forbrugerens adgang til at rejse søgsmål«, som fastsat i nr. 1, litra q), i det nævnte bilag. Besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt kontraktvilkår om førtidig ophævelse, som er indeholdt i aftaler af længere varighed, fastsættelsen af morarenter samt lånegivers ensidige fastsættelse af afviklingsordninger af hele gælden er forenelige med disse bestemmelser i bilaget til direktivet, fremgår ikke klart. Juzgado de lo Mercantil n o 3 de Barcelona, der er i tvivl om den korrekte fortolkning af EU-retten, har under disse omstændigheder besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1) Udgør ordningen vedrørende fuldbyrdelse af retsafgørelser om pantsatte værdier eller værdier, der stilles som sikkerhed, der er fastsat i artikel 695 ff. i lov om civil retspleje, med de begrænsninger med hensyn til indsigelsesgrunde, der er fastsat i den spanske procesret, en klar begrænsning af forbrugerbeskyttelsen, idet den formelt og materielt indebærer en klar hindring for forbrugeren med hensyn til at anlægge søgsmål eller benytte andre retsmidler, som sikrer en effektiv beskyttelse af hans rettigheder? 2) [Hvordan skal] begrebet uforholdsmæssig [forstås] med hensyn til: a) muligheden for førtidig ophævelse af aftaler, der er planlagt for et langt tidsrum – i dette tilfælde 33 år – på grund af misligholdelse i et yderst begrænset og konkret tidsrum. b) fastsættelse af morarenter – i dette tilfælde over 18% – som ikke svarer til kriterierne for fastsættelsen af morarenter i andre aftaler, som vedrører forbrugere (forbrugerkredit), og som på andre områder af indgåelse af forbrugeraftaler kan anses for urimelige, og som ikke desto mindre i forbindelse med aftaler om fast ejendom ikke har en klar lovbestemt grænse, heller ikke i de tilfælde, hvor de ikke alene skal anvendes på forfaldne ydelser, men på alle de ved den førtidige ophævelse skyldige ydelser c) fastsættelse af afviklingsordninger og fastsættelse af variable renter – både nominelle renter og morarenter – gennemført ensidigt af kreditgiver i tilknytning til muligheden for realisering af pantet, og som ikke giver skyldner mulighed for at gøre indsigelse mod opgørelsen af gælden under selve fuldbyrdelsesproceduren, men må henvise vedkommende til at anlægge et anerkendelsessøgsmål, under hvilken fuldbyrdelsen, når der er opnået en endelig afgørelse, vil være afsluttet, eller skyldneren har mistet den værdi, der er givet som pant eller sikkerhedsstillelse, hvilket spørgsmål er af særlig betydning, når der er tale om lån til at købe bolig for, og fuldbyrdelsen medfører fraflytning af ejendommen?« Om de præjudicielle spørgsmål Formaliteten Catalunyacaixa og Kongeriget Spanien har udtrykt tvivl om, hvorvidt det første spørgsmål kan antages til realitetsbehandling, med henvisning til, at det ikke er nødvendigt for den forelæggende ret med henblik på at træffe afgørelse i den tvist, som er indbragt for den. I denne forbindelse gør de gældende, at denne tvist er opstået inden for rammerne af et anerkendelsessøgsmål, der er selvstændigt og separat i forhold til sagen om realisering af pant i fast ejendom og alene vedrører spørgsmålet, om kontraktvilkår nr. 15 i den i hovedsagen omhandlede låneaftale er ugyldigt i medfør af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Følgelig er et svar om foreneligheden mellem proceduren for realisering af pant i fast ejendom og direktivet hverken nødvendigt eller relevant for afgørelsen af denne tvist. Ud fra samme synspunkt bestrider Kongeriget Spanien og Catalunyacaixa ligeledes, at det andet spørgsmål kan antages til realitetsbehandling, idet der hermed søges en fortolkning af begrebet uforholdsmæssig som omhandlet i de relevante bestemmelser i direktivet i relation til kontraktvilkårene om førtidig ophævelse i aftaler af længere varighed og om fastsættelse af morarenter. De gør gældende, at disse kontraktvilkår ikke har nogen forbindelse til hovedsagens genstand og heller ikke vil være relevante for bedømmelsen af, om kontraktvilkår nr. 15 i den i hovedsagen omhandlede låneaftale er urimeligt. Herved bemærkes indledningsvis, at det i henhold til fast retspraksis, hvorefter det inden for rammerne af proceduren i henhold til artikel 267 TEUF, som er baseret på en klar adskillelse mellem de nationale retters og Domstolens funktioner, alene er den nationale ret, der har kompetence til at fastlægge og vurdere hovedsagens faktiske omstændigheder og til at fortolke og anvende den nationale ret. Det tilkommer ligeledes udelukkende den nationale ret, som tvisten er indbragt for, og som har ansvaret for den retsafgørelse, der skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere såvel nødvendigheden som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når de stillede spørgsmål vedrører fortolkningen af EU-retten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse (dom af 14.6.2012, sag C-618/10, Banco Español de Crédito, præmis 76 og den deri nævnte retspraksis). Domstolen kan således kun afvise en anmodning om præjudiciel afgørelse fra en national ret, såfremt det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan foretage en saglig korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål (dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 77 og den deri nævnte retspraksis). Dette er imidlertid ikke tilfældet i den foreliggende sag. Det bemærkes således, at i henhold til den spanske processuelle ordning kunne Mohamed Aziz, inden for rammerne af proceduren for realisering af pant i fast ejendom, der er indledt af Catalunyacaixa mod ham, nemlig have anfægtet de urimelige kontraktvilkår, som knyttede ham til dette kreditinstitut, og som dannede grundlag for indledningen af fuldbyrdelsessagen, ganske vist ikke ved Juzgado de Primera Instancia n o 5 de Martorell, der tog stilling til fuldbyrdelsespåstanden, men ved Juzgado de lo Mercantil n o 3 de Barcelona, der skal tage stilling til anerkendelsessøgsmålet. Som Europa-Kommissionen med rette har anført, skal det første spørgsmål, som Juzgado de lo Mercantil n o 3 de Barcelona har stillet, på denne baggrund forstås i bred forstand, dvs. at det – henset til begrænsningen af de indsigelser, der er tilladt inden for rammerne af proceduren for realisering af pant i fast ejendom – nærmere bestemt skal afgøres, om de beføjelser, der er tillagt den ret, der skal tage stilling til anerkendelsessøgsmålet – og som dermed har kompetence til at afgøre, om de vilkår, der er fastsat i den i hovedsagen omhandlede aftale, der danner grundlag for den gæld, der kræves betalt på grundlag af den nævnte fuldbyrdelsesprocedure, er urimelige – er forenelige med direktivet. Under disse omstændigheder og henset til, at det tilkommer Domstolen at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter den i stand til at afgøre den tvist, der verserer for den (dom af 28.11.2000, sag C-88/99, Roquette Frères, Sml. I, s. 10465 , præmis 18, og af 11.3.2010, sag C-384/08, Attanasio Group, Sml. I, s. 2055 , præmis 19), må det konstateres, at det ikke klart fremgår, at den fortolkning af EU-retten, som ønskes med det første spørgsmål, er uden forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand. På samme måde kan det ikke udelukkes, at fortolkningen af begrebet uforholdsmæssig som omhandlet i de relevante bestemmelser i direktivet, der er nævnt i det andet spørgsmål, kan være nyttigt for at kunne træffe afgørelse i den tvist, som er indbragt for Juzgado de lo Mercantil n o 3 de Barcelona. Selv om påstanden om klausulens bortfald, som er fremsat af Mohamed Aziz i tvisten i hovedsagen, alene vedrører gyldigheden af kontraktvilkår nr. 15 i låneaftalen, er det – som generaladvokaten har fremhævet i punkt 62 og 63 i forslaget til afgørelse – nemlig tilstrækkeligt at bemærke, dels at det følger af direktivets artikel 4, stk. 1, at det kan være relevant ved undersøgelsen af det vilkår, der er genstand for tvisten, at anlægge en helhedsvurdering af de øvrige kontraktvilkår i den aftale, der er nævnt i dette spørgsmål, dels at den nationale ret i henhold til Domstolens praksis er forpligtet til at efterprøve alle de kontraktvilkår, som er omfattet af direktivets anvendelsesområde, for at afgøre, om de er urimelige, selv i det tilfælde, at der ikke er fremsat udtrykkelig anmodning herom, så snart den råder over de oplysninger vedrørende de retlige eller faktiske omstændigheder, som denne prøvelse kræver (jf. i denne retning dom af 4.6.2009, sag C-243/08, Pannon GSM, Sml. I, s. 4713 , præmis 31 og 32, og dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 43). De præjudicielle spørgsmål kan følgelig antages til realitetsbehandling i deres helhed. Realiteten Første spørgsmål Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktivet skal fortolkes således, at det er til hinder for en ordning i en medlemsstat som den i hovedsagen omhandlede, som – inden for rammerne af en procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom – ikke fastsætter bestemmelse om indsigelsesgrunde knyttet til et urimeligt vilkår i en aftale, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, og hvor den ret, der skal påkende anerkendelsessøgsmålet, og som har kompetence til at efterprøve, om et sådant vilkår er urimeligt, ikke har mulighed for at iværksætte foreløbige foranstaltninger med henblik på at sikre den fulde virkning af sin endelige afgørelse. Med henblik på besvarelsen af dette spørgsmål skal det indledningsvis bemærkes, at den ved direktivet indførte beskyttelsesordning hviler på den betragtning, at forbrugeren befinder sig i en svagere stilling end den erhvervsdrivende såvel hvad angår forhandlingsstyrke som informationsniveau (dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 39). Under hensyntagen til denne svagere stilling fastsætter direktivs artikel 6, stk. 1, at urimelige kontraktvilkår ikke binder forbrugeren. Som det fremgår af retspraksis, er der tale om en præceptiv bestemmelse, der har til formål at erstatte den formelle balance, som kontrakten indfører mellem medkontrahenternes rettigheder og forpligtelser, med en reel balance, der skal genindføre ligheden mellem parterne (dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 40 og den deri nævnte restpraksis). I denne sammenhæng har Domstolen allerede flere gange understreget, at de nationale retter af egen drift skal efterprøve, om et kontraktvilkår, der henhører under direktivets anvendelsesområde, er urimeligt, og dermed afhjælpe den manglende ligevægt mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende, så snart den råder over de oplysninger vedrørende de retlige eller faktiske omstændigheder, som denne prøvelse kræver (Pannon GSM-dommen, præmis 31 og 32, og dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 42 og 43). Domstolen har således i forbindelse med en anmodning om præjudiciel afgørelse, indgivet af en national ret, som skulle behandle en sag inden for rammerne af en kontradiktorisk procedure, som var blevet indledt, efter at en forbruger havde gjort indsigelse mod et betalingspåkrav, fastslået, at denne ret var forpligtet til ex officio at indlede en undersøgelse med henblik på at konstatere, om en værnetingsklausul om stedlig enekompetence i en kontrakt, som er indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, falder inden for direktivets anvendelsesområde, og til i bekræftende fald ex officio at undersøge, om klausulen eventuelt er urimelig (dom af 9.11.2010, sag C-137/08, VB Pénzügyi Lízing, Sml. I, s. 10847 , præmis 56). Domstolen har tilsvarende præciseret, at direktivet er til hinder for en ordning i en medlemsstat, hvorefter en ret, der skal behandle en anmodning om udstedelse af et betalingspåkrav, hverken ved indledningen af sagens behandling eller på noget andet tidspunkt af proceduren, selv om den råder over de retlige og faktiske oplysninger, der er nødvendige i denne forbindelse, ex officio må efterprøve, om et vilkår om morarenter, der er indeholdt i en kontrakt, som er indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, er urimeligt, såfremt forbrugeren ikke har fremsat indsigelse vedrørende vilkåret (dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 57). Sagen i hovedsagen adskiller sig imidlertid fra den situation, der gav anledning til dommen i sagen VB Pénzügyi Lízing og i sagen Banco Español de Crédito, derved, at den vedrører fastlæggelsen af det ansvar, der påhviler den ret, som skal behandle anerkendelsessøgsmålet, der er knyttet til en procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom, for i givet fald at sikre den effektive virkning af afgørelsen i anerkendelsessøgsmålet, såfremt det heri fastslås, at kontraktvilkåret, der udgør fuldbyrdelsesgrundlaget, er urimeligt, og dermed, at indledning af den nævnte fuldbyrdelsesprocedure var urimelig. I denne forbindelse bemærkes, at da der ikke er sket en harmonisering af de nationale mekanismer for tvangsfuldbyrdelse, henhører måderne for iværksættelse af indsigelsesgrunde inden for rammerne af en procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom, og de beføjelser, der er tillagt den ret, der skal påkende anerkendelsessøgsmålet, og som har kompetence til at tage stilling til lovligheden af de kontraktvilkår, som udgør fuldbyrdelsesgrundlaget, under medlemsstaternes nationale retsordener i medfør af princippet om sidstnævntes procesautonomi, dog på betingelse af, at disse bestemmelser ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende situationer, der er underlagt national ret (ækvivalensprincippet), og at de i praksis ikke må gøre det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve de rettigheder, der er tillagt forbrugerne ved EU-retten (effektivitetsprincippet) (jf. i denne retning dom af 26.10.2006, sag C-168/05, Mostaza Claro, Sml. I, s. 10421 , præmis 24, og af 6.10.2009, sag C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, Sml. I, s. 9579 , præmis 38). Hvad angår ækvivalensprincippet bemærkes, at Domstolen ikke råder over nogen oplysninger, der kan give anledning til tvivl om, hvorvidt den ordning, der omhandles i hovedsagen, er forenelig med dette princip. Det fremgår nemlig af sagsakterne, at den spanske processuelle ordning forbyder den ret, som påkender anerkendelsessøgsmålet, der er knyttet til proceduren med henblik på realisering af pant i fast ejendom, at iværksætte midlertidige foranstaltninger med henblik på at sikre den fulde virkning af dens endelige retsafgørelse, ikke kun når denne efterprøver, om et vilkår i en aftale, der er indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, er urimeligt i henhold til direktivets artikel 6, men ligeledes når den undersøger, om et sådant vilkår tilsidesætter nationale ufravigelige retsgrundsætninger, hvilket det dog tilkommer den forelæggende ret at efterprøve (jf. i denne retning dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 48). Hvad angår effektivitetsprincippet bemærkes, at det fremgår af Domstolens faste praksis, at hvert enkelt tilfælde, hvor der opstår spørgsmål om, hvorvidt en national processuel bestemmelse gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at anvende EU-retten, skal bedømmes under hensyn til, hvilken stilling bestemmelsen indtager i den samlede procedure, herunder dens forløb og dens særlige kendetegn, for de forskellige nationale retsinstanser (dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 49). I den foreliggende sag fremgår det af sagsakterne for Domstolen, at rekvisitus’ indsigelse under procedurerne med henblik på realisering af pant i medfør af artikel 695 i lov om civil retspleje kun kan tages til følge, hvis den støttes på, at sikkerheden eller den fordring, for hvilken sikkerheden er stillet, er bortfaldet, eller at der er begået fejl ved beregningen af det udestående skyldige beløb, når den sikrede fordring er resultatet af en endelig opgjort konto mellem rekvisitus og rekvirenten, eller på eksistensen af en anden panteret eller sikkerhedsstillelse, der er registreret før den fordring, som er genstand for proceduren. I henhold til artikel 698 i lov om civil retspleje behandles alle andre krav, som debitor kan fremsætte, herunder vedrørende dokumentets ugyldighed eller fordringens forfaldstid, sikkerhed, ophør eller størrelse, i en herfor fastsat procedure, uden at det fører til udsættelse eller forsinkelse af den procedure, der er fastsat i det pågældende kapitel. I medfør af artikel 131 i lov om pant bortfalder de forbehold om pantets gyldighed eller øvrige anmærkninger, der ikke støttes på et af de tilfælde, som kan føre til udsættelse af fuldbyrdelsen, når der afsiges kendelse herom som omhandlet i denne lovs artikel 133, forudsat at anmærkningerne er påført senere end den dato, hvor der er gjort påtegning i margenen om udstedelse af hæftelsesbeviset. Det følger imidlertid af disse oplysninger, at den endelige overgivelse af det pantsatte gode til en tredjemand altid er uigenkaldelig i den spanske processuelle ordning, selv hvis den omstændighed, at det kontraktvilkår, som forbrugeren har anfægtet under et anerkendelsessøgsmål, er urimeligt og dermed fører til omstødelse af proceduren med henblik på realisering af pant i fast ejendom, bortset fra det tilfælde, hvor denne forbruger har taget forbehold for påstanden om pantets gyldighed før denne påtegning i margen. I denne forbindelse bør det dog bemærkes, at i betragtning af forløbet af og særegenhederne ved den i hovedsagen omhandlede procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom, skal en sådan mulighed anses for at være meget begrænset, idet der foreligger en ikke ubetydelig risiko for, at den berørte forbruger ikke tager det nævnte forbehold inden for den fastsatte frist, enten på grund af den ekstremt hurtige fuldbyrdelsesprocedure, der er omhandlet i sagen, eller fordi vedkommende ikke kender eller forstår omfanget af sine rettigheder (jf. i denne retning dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 54). Det må således fastslås, at en sådan processuel ordning er egnet til at gribe negativt ind i effektiviteten af den retsbeskyttelse, der søges opnået ved direktivet, idet den gør det umuligt for den ret, som behandler anerkendelsessøgsmålet, og hvorved forbrugeren har anlagt sag med påstand om, at det kontraktvilkår, som udgør fuldbyrdelsesgrundlaget, er urimeligt, at iværksætte foreløbige retsmidler, som kan føre til udsættelse af proceduren med henblik på realisering af pant i fast ejendom eller være til hinder herfor, når anvendelsen af sådanne midler synes nødvendige for at sikre den fulde virkning af rettens endelig afgørelse (jf. i denne retning dom af 13.3.2007, sag C-432/05, Unibet, Sml. I, s. 2271 , præmis 77). I alle de tilfælde, hvor realiseringen af den pantsatte faste ejendom, således som det er tilfældet i hovedsagen, gennemføres, før retten, der skal påkende anerkendelsessøgsmålet, har fastslået, at kontraktvilkåret, som ligger til grund for pantet, er urimeligt, og at fuldbyrdelsesproceduren således er ugyldig, vil denne afgørelse – således som generaladvokaten har anført i punkt 50 i forslaget til afgørelse – uden denne mulighed alene gøre det muligt at give forbrugeren en efterfølgende retsbeskyttelse af rent erstatningsmæssig art, hvilket er en mangelfuld og utilstrækkelig beskyttelse og hverken udgør et egnet eller effektivt middel til at bringe anvendelsen af selv samme vilkår til ophør, i modsætning til, hvad der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i direktiv 93/13. Dette gælder så meget desto mere, når den pantsatte ejendom, således som det er tilfældet i hovedsagen, er den skadelidte forbrugers og dennes families bolig, eftersom denne mekanisme til beskyttelse af forbrugeren er begrænset til betaling af skadeserstatning og ikke giver mulighed for at forhindre det endelige og uigenkaldelige tab af boligen. Som den forelæggende ret ligeledes har anført, er det således tilstrækkeligt for de erhvervsdrivende, hvis betingelserne er opfyldt, at indlede en procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom for i det væsentlige at fratage forbrugerne fordelen ved den beskyttelse, der søges opnået ved direktivet, hvilket også er i strid med Domstolens praksis, hvorefter de særlige kendetegn ved de retssager, som inden for rammerne af national ret gennemføres mellem de erhvervsdrivende og forbrugerne, ikke kan udgøre en faktor, som kan påvirke den retlige beskyttelse, som forbrugerne nyder i medfør af bestemmelserne i dette direktiv (jf. i denne retning dommen i sagen Banco Español de Crédito, præmis 55). Under disse omstændigheder skal det fastslås, at den i hovedsagen omhandlede spanske lovgivning ikke er forenelig med effektivitetsprincippet, for så vidt som de procedurer med henblik på realisering af pant i fast ejendom, der indledes af erhvervsdrivende, og hvori forbrugerne er modparter, gør det umuligt eller uforholdsmæssigt svært at anvende den beskyttelse, som direktivet tilsigter at give forbrugerne. I lyset af disse betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at direktivet skal fortolkes således, at det er til hinder for en ordning i en medlemsstat som den i hovedsagen omhandlede, som – inden for rammerne af en procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom – ikke fastsætter bestemmelse om indsigelsesgrunde knyttet til et urimeligt vilkår i en aftale, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, og hvor den ret, der skal påkende anerkendelsessøgsmålet, og som har kompetence til at efterprøve, om et sådant vilkår er urimeligt, ikke har mulighed for at iværksætte foreløbige forholdsregler, herunder navnlig udsættelse af den nævnte fuldbyrdelsesprocedure, med henblik på at sikre den fulde virkning af sin endelige afgørelse. Det andet spørgsmål Med sit andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt at få præciseret de grundlæggende elementer i begrebet »urimeligt kontraktvilkår«, henset til direktivets artikel 3, stk. 1 og 3, samt bilaget hertil for at kunne afgøre, om de vilkår, som er genstand for tvisten i hovedsagen, og som omhandler førtidig ophævelse i aftaler af længere varighed, fastsættelse af morarenter samt aftalen om ophævelse, er urimelige. I denne forbindelse skal det præciseres, at Domstolens kompetence ifølge fast retspraksis på dette område omfatter fortolkning af begrebet »urimeligt kontraktvilkår« i direktivets artikel 3, stk. 1, og i direktivets bilag samt af de kriterier, som den nationale retsinstans kan eller skal anvende ved undersøgelsen af et kontraktvilkår i lyset af direktivets bestemmelser, idet det tilkommer den pågældende retsinstans under hensyn til disse kriterier at træffe afgørelse om et særligt kontraktvilkårs konkrete kvalifikation i lyset af de faktiske omstændigheder i det konkrete tilfælde. Det fremgår heraf, at Domstolen skal begrænse sig til at give den forelæggende ret de oplysninger, som denne skal tage hensyn til ved bedømmelsen af, om det pågældende kontraktvilkår er urimeligt (jf. dom af 26.4.2012, sag C-472/10, Invitel, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis). Det bemærkes under disse omstændigheder, at direktivets artikel 3, stk. 1, i relation til begrebet god tro og begrebet betydelig skævhed mellem parternes rettigheder og forpligtelser, som følger af kontrakten, til skade for forbrugeren kun indeholder en abstrakt definition af, hvad der gør, at et kontraktvilkår, der ikke har været genstand for individuel forhandling, anses for urimeligt (jf. dom af 1.4.2004, sag C-237/02, Freiburger Kommunalbauten, Sml. I, s. 3403 , præmis 19, og Pannon GSM-dommen, præmis 37). Som generaladvokaten har anført i punkt 71 i forslaget til afgørelse, skal der med henblik på afgørelsen af, om et kontraktvilkår bevirker en »betydelig skævhed« i parternes rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til skade for forbrugeren, navnlig tages hensyn til de gældende regler i den nationale lovgivning, såfremt der ikke foreligger en aftale mellem parterne herom. Det er ved hjælp af en sådan sammenlignende undersøgelse, at den nationale ret kan vurdere, om, og i givet fald i hvilket omfang, aftalen stiller forbrugeren i en mindre gunstig retsstilling end den, der følger af den gældende nationale lovgivning. Ligeledes med dette formål for øje forekommer det relevant at foretage en undersøgelse af den retsstilling, som forbrugeren befinder sig i, under hensyn til de midler, han råder over i medfør af den nationale ordning til at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår til ophør. Hvad angår spørgsmålet om, under hvilke omstændigheder der opstår en sådan skævhed »til trods for kravene om god tro«, må det, på baggrund af 16. betragtning til direktivet, og således som generaladvokaten nærmere bestemt har anført i punkt 74 i forslaget til afgørelse, fastslås, at den nationale ret med henblik herpå skal efterprøve, om den erhvervsdrivende, ved at handle loyalt og rimeligt med forbrugeren, med rimelighed kunne forvente, at forbrugeren ville acceptere et sådant vilkår efter individuel forhandling. I denne forbindelse bemærkes, at bilaget, som direktivets artikel 3, stk. 3, henviser til, kun indeholder en vejledende og ikke-udtømmende liste over de kontraktvilkår, der kan betegnes som urimelige (jf. Invitel-dommen, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis). Desuden skal det i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 1, vurderes, om et kontraktvilkår er urimeligt under hensyn til, hvilken type varer eller tjenesteydelser aftalen omfatter, og ved på tidspunktet for aftalens indgåelse at tage hensyn til alle omstændighederne i forbindelse med dens indgåelse (Pannon GSM-dommen, præmis 39, og dommen i sagen VB Pénzügyi Lízing, præmis 42). Det følger ud fra denne synsvinkel heraf, at der ligeledes skal tages hensyn til, hvilke konsekvenser nævnte kontraktvilkår kan have inden for rammerne af de retsregler, der finder anvendelse på kontrakten. Dette indebærer, at der må foretages en undersøgelse af den nationale retsorden (jf. Freiburger Kommunalbauten-dommen, præmis 21, og kendelse af 16.11.2010, sag C-76-10, Pohotovosť, Sml. I, s. 11557, præmis 59). Det er i lyset af disse kriterier, at det tilkommer Juzgado de lo Mercantil n o 3 de Barcelona at afgøre, om de kontraktvilkår, hvortil der henvises i det andet spørgsmål, er urimelige. Hvad for det første angår vilkåret om førtidig ophævelse i aftaler af længere varighed på grund af debitors misligholdelse i en begrænset periode tilkommer det navnlig den forelæggende ret – således som generaladvokaten har anført i punkt 77 og 78 i forslaget til afgørelse – at efterprøve, om den erhvervsdrivendes ret til at ophæve hele lånet er betinget af forbrugerens manglende overholdelse af en forpligtelse, som er af afgørende betydning i forhold til den pågældende aftale, om denne mulighed er tænkt på tilfælde, hvor en sådan misligholdelse er tilstrækkeligt alvorlig hvad angår lånets varighed og størrelse, om den nævnte ret fraviger de gældende regler på området, og om den nationale lovgivning fastsætter egnede og effektive midler, som giver den forbruger, der er omfattet af et sådant vilkår, mulighed for at fjerne virkningerne af ophævelsen af lånet. Hvad endvidere angår vilkåret om fastsættelsen af morarenter skal det i lyset af nr. 1, litra e), i bilaget til direktivet, sammenholdt med direktivets artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, erindres, at den nationale ret – således som generaladvokaten har anført i punkt 85-87 i forslaget til afgørelse – navnlig skal undersøge dels de nationale regler, som finder anvendelse mellem parterne i det tilfælde, hvor der ikke er aftalt nogen ordning i den omhandlede aftale eller i andre aftaler af denne type, indgået med forbrugerne, dels rentesatsen for den fastsatte morarente i forhold til den lovbestemte rente, for at kontrollere, at renten er egnet til at sikre opfyldelsen af de forfulgte mål i den pågældende medlemsstat, og at den ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene. Hvad endelig angår vilkåret om långivers ensidige ophævelse af den misligholdte gæld, som er forbundet med muligheden for at indlede proceduren med henblik på realisering af pant i fast ejendom, skal det under henvisning til nr. 1, litra q), i bilaget til direktivet samt til de kriterier, der er indeholdt i direktivets artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, fastlås, at den nationale ret navnlig skal vurdere, om, og i givet fald i hvilket omfang, det omhandlede vilkår fraviger de regler, der finder anvendelse, såfremt der ikke er indgået nogen aftale mellem parterne, på en sådan måde, at forbrugerens adgang til domstolene og udøvelsen af hans ret til forsvar – under hensyn til de processuelle midler, han råder over – vanskeliggøres. På baggrund af det ovenstående skal det andet spørgsmål besvares således: — Direktivets artikel 3, stk. 1, skal fortolkes således, at: — Begrebet »betydelig skævhed« til skade for forbrugeren skal vurderes på grundlag af en undersøgelse af de nationale regler, der ville finde anvendelse, såfremt parterne ikke havde indgået en aftale, med henblik på en vurdering af, om, og i givet fald i hvilket omfang, aftalen giver forbrugeren en mindre gunstig retsstilling end den, der følger af den gældende nationale lovgivning. Ligeledes med dette formål for øje er det relevant at foretage en undersøgelse af den retlige situation, som den nævnte forbruger befinder sig i, under hensyn til de midler, han råder over i medfør af den nationale lovgivning, med henblik på at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår til ophør. — For at afgøre, under hvilke omstændigheder der opstår en sådan skævhed »til trods for kravene om god tro«, skal det efterprøves, om den erhvervsdrivende ved at handle loyalt og rimeligt med forbrugeren med rimelighed kunne forvente, at forbrugeren ville acceptere det omhandlede vilkår efter individuel forhandling. — Direktivets artikel 3, stk. 3, skal fortolkes således, at bilaget, hvortil der henvises i denne bestemmelse, kun indeholder en vejledende og ikke-udtømmende liste over de kontraktvilkår, der kan betegnes som urimelige. Sagens omkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret: 1) Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler skal fortolkes således, at det er til hinder for en ordning i en medlemsstat som den i hovedsagen omhandlede, som – inden for rammerne af en procedure med henblik på realisering af pant i fast ejendom – ikke fastsætter bestemmelse om indsigelsesgrunde knyttet til et urimeligt vilkår i en aftale, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, og hvor den ret, der skal påkende anerkendelsessøgsmålet, og som har kompetence til at efterprøve, om et sådant vilkår er urimeligt, ikke har mulighed for at iværksætte foreløbige foranstaltninger med henblik på at sikre den fulde virkning af sin endelige afgørelse. 2) Artikel 3, stk. 1, i direktiv 93/13 skal fortolkes således, at: — Begrebet »betydelig skævhed« til skade for forbrugeren skal vurderes på grundlag af en undersøgelse af de nationale regler, der ville finde anvendelse, såfremt parterne ikke havde indgået en aftale, med henblik på en vurdering af, om, og i givet fald i hvilket omfang, aftalen giver forbrugeren en mindre gunstig retsstilling end den, der følger af den gældende nationale lovgivning. Ligeledes med dette formål for øje er det relevant at foretage en undersøgelse af den retlige situation, som den nævnte forbruger befinder sig i, under hensyn til de midler, han råder over i medfør af den nationale lovgivning, med henblik på at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår til ophør. — For at afgøre, under hvilke omstændigheder der opstår en sådan skævhed »til trods for kravene om god tro«, skal det efterprøves, om den erhvervsdrivende ved at handle loyalt og rimeligt med forbrugeren med rimelighed kunne forvente, at forbrugeren ville acceptere det omhandlede vilkår efter individuel forhandling. Artikel 3, stk. 3, i direktiv 93/13 skal fortolkes således, at bilaget, hvortil der henvises i denne bestemmelse, kun indeholder en vejledende og ikke-udtømmende liste over de kontraktvilkår, der kan betegnes som urimelige. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: spansk.

62020CJ0634

bg

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС. Запитването е отправено в рамките на производство, образувано по инициатива на A, относно решението на Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Агенция за издаване на разрешения и упражняване на контрол в областта на социалното дело и здравеопазването, Финландия) (наричана по-нататък „Valvira“) да предостави на A правото да упражнява професията лекар като правоспособен специалист във Финландия за срок от три години под ръководството и надзора на правоспособен лекар, който има право самостоятелно да упражнява тази професия. Правна уредба Правото на Съюза Съгласно член 1 („Предмет“) от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации ( ОВ L 255, 2005 г., стр. 22 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 3), изменена с Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. ( ОВ L 354, 2013г., стр. 132 ) (наричана по-нататък „Директива 2005/36“): „Настоящата директива установява реда за признаване от държава членка, която обвързва достъпа до регламентирана професия или нейното упражняване на своята територия с притежаване на определени професионални квалификации (наричана по-нататък в текста „приемаща държава членка“), с цел достъп до тази професия и нейното упражняване, на професионални квалификации, придобити в една или повече други държави членки (наричана/наричани по-нататък в текста държава членка по произход), и който ред позволява на титуляр[я] на споменатите квалификации да упражнява там същата професия. Настоящата директива установява също така правила относно частичния достъп до регламентирана професия и признаването на стажове за усвояване на професията в друга държава членка“. Член 4 („Последици от признаването“) от тази директива предвижда в параграф 1, че „[п]ризнаването на професионални квалификации от приемащата държава членка предоставя на бенефициерите достъп в тази държава членка до упражняване на същата професия, за която са придобили квалификация в държавата членка по произход, и право да упражняват тази професия в приемащата държава членка при същите условия, които се прилагат за нейните граждани“. Член 10 („Приложно поле“) от посочената директива, намиращ се в глава I от тази директива, предмет на която е общата система за признаване на удостоверения за професионални квалификации, предвижда в буква б): „Тази глава се прилага към всички професии, които не попадат в приложното поле на глави II и III от този дял, както и в следните случаи, в които молителят, поради конкретни и изключителни причини, не отговаря на изискванията, предвидени в тези глави: […] б) за лекари с базово образование, лекари-специалисти, медицински сестри с общ профил, лекари по дентална медицина, лекари по дентална медицина-специалисти, ветеринарни лекари, акушерки, фармацевти и архитекти, когато мигрантът не отговаря на изискванията за действителна и законосъобразна професионална практика по членове 23, 27, 33, 37, 39, 43 и 49“. Член 13 („Условия за признаване“) от Директива 2005/36 предвижда в параграф 1, първа алинея: „Ако достъпът до регламентирана професия или нейното упражняване в приемаща държава членка са обвързани с притежаване на определени професионални квалификации, компетентният орган на тази държава членка разрешава на заявителите достъп до тази професия и нейното упражняване при същите условия, които се прилагат към нейните граждани, ако заявителите притежават удостоверение за правоспособност или удостоверение за професионални квалификации по член 11, изисквани от друга държава членка за получаване на достъп до тази професия и упражняването ѝ на нейна територия“. Член 21 („Принцип на автоматично признаване“) от посочената директива, намиращ се в дял III, глава III от тази директива, предмет на която глава е „признаване[то] на минималните квалификационни изисквания въз основа на координация“, прогласява в параграф 1: „Всяка държава членка признава удостоверения за професионални квалификации за професиите: „лекар“, даващи право на достъп до професионалните дейност на лекар с базово образование и лекар-специалист, „медицинска сестра с общ профил“, „лекар по дентална медицина“, „лекар по дентална медицина-специалист“, „ветеринарен лекар“, „фармацевт“ и „архитект“, изброени в точки 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 и 5.7.1 от Приложение V, които отговарят на минималните квалификационни изисквания, предвидени съответно в членове 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 и 46, и, за целите на достъпа до професионалните дейности и тяхното упражняване, дава на тези удостоверения същото действие на своята територия, като издаваните от нея удостоверения за професионални квалификации. Тези удостоверения за професионални квалификации се издават от компетентните органи на държавите членки и, при необходимост, следва да са придружени със свидетелствата, изброени в точки 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 и 5.7.1 от Приложение V. […]“. Приложение V, точка 5.1.1 към Директива 2005/36, в частта относно удостоверенията за професионална квалификация за базово обучение по медицина в Обединеното кралство, има следния текст: „Страна Удостоверение за професионална квалификация Орган, който присъжда квалификацията Свидетелство, което придружава удостоверението Референтна дата United Kingdom Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 декември 1976 г.“ Съгласно член 55а („Признаване на стаж за усвояване на професията“) от тази директива: „1.   Ако достъп до регламентирана професия в държавата членка по произход е обвързан с преминаването на стаж за усвояване на професията, при разглеждане на молба за разрешение за упражняване на регламентирана професия компетентният орган на държавата членка по произход признава стажа за усвояване на професията, преминат в друга държава членка, при условие че последният е в съответствие с посочените в параграф 2 публикувани насоки и отчита стажовете за усвояване на професията, преминати в трета държава. Държавите членки могат обаче да установят подходящо ограничение в националното законодателство на продължителността на частта на стажа за усвояване на професията, която може да бъде премината в чужбина. 2.   Признаването на стажа за усвояване на професията не заменя никое от съществуващите изисквания за полагане на изпит с цел получаване на достъп до въпросната професия. Компетентните органи публикуват насоки относно организирането и признаването на стажове за усвояване на професията, преминати в друга държава членка или в трета държава, по-специално относно ролята на ръководителя на стажа за усвояване на професията“. Финландското право Съгласно член 6а, параграф 1 от laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994, ammattihenkilölaki) [Закон за здравните специалисти (559/1994)], в редакцията му в сила към релевантния момент за спора по главното производство, по отправена при спазване на определените от Valvira изисквания молба на лице, което е започнало обучение по медицина в държава от Европейския съюз или от Европейското икономическо пространство (ЕИП) преди 1 януари 2012 г., в която условието за правото на упражняване на професията лекар, след като е получена дипломата, е да се премине следдипломен стаж за усвояване на професията, и което е преминало там базово обучение по медицина, Valvira предоставя разрешение за упражняване на професията лекар като правоспособен специалист във Финландия под ръководството и надзора на правоспособен специалист, който има право самостоятелно да упражнява тази професия в здравно заведение. Правото на упражняване на тази професия се предоставя за срок от 3 години. Съгласно член 6а, втора алинея от Закона за здравните специалисти (559/1994), ако през периода, предвиден в член 6а, първа алинея от този закон, молителят изпълнява лекарски функции в съответствие с изискванията, определени от Valvira, по молба на молителя Valvira му предоставя правото самостоятелно да упражнява професията лекар във Финландия. Когато има основателна причина, Valvira може да удължи тригодишния срок, предвиден в член 6а, първа алинея. Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос През 2008 г. A започва да следва медицина в Единбургския университет (Обединеното кралство). На 6 юли 2013 г. тя получава Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, диплома за завършено базово обучение по медицина. Получената от A диплома съответства на удостоверението за професионални квалификации, което — досежно Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия — е посочено в точка 5.1.1 от приложение V към Директива 2005/36. По силата на дипломата ѝ за завършено базово обучение по медицина A има ограничено право да упражнява професията лекар в Обединеното кралство. Тя е вписана в регистъра на органа, компетентен в Обединеното кралство в тази материя — General Medical Council (Общ лекарски съюз), като „ provisionally registered doctor with a licence to practise “ (временно вписан лекар с разрешение да практикува). Тя има правото да работи в рамките на следдипломна програма. След като получава дипломата си за завършено базово обучение по медицина, А се връща във Финландия. Въз основа на получената в Обединеното кралство диплома тя подава молба до Valvira да ѝ бъде предоставено правото да упражнява във Финландия професията лекар като правоспособен специалист. Тя обаче не представя свидетелството (Certificate of experience ), придружаващо удостоверението за професионална квалификация, което — досежно Обединеното кралство — е посочено в точка 5.1.1 от приложение V към Директива 2005/36; това свидетелство е условие за правото в Обединеното кралство на упражняване в пълен обем на професията лекар. Тъй като А не разполага с това свидетелство, Valvira ѝ предлага да преквалифицира молбата ѝ да практикува професията лекар като правоспособен специалист в молба за издаване на разрешение за срочно практикуване. А се съгласява. Според Valvira, за да получи разрешение за самостоятелно упражняване на професията лекар във Финландия, А има два варианта. От една страна, тя може за срок от три години да премине във Финландия стаж за усвояване на професията в съответствие с насоките на Обединеното кралство и на основание член 55а от Директива 2005/36 да поиска признаването му от компетентния в Обединеното кралство орган, за да може след това да поиска да ѝ се предостави правото на упражняване на професията лекар във Финландия по силата на предвидената в тази директива система за автоматично признаване. От друга страна, тя може да премине във Финландия тригодишно специализирано обучение по обща медицина. A избира втория вариант, който не води в другите държави — членки на Съюза или на ЕИП, до автоматичното признаване на професионалните квалификации като лекар по смисъла на Директива 2005/36. С решение от 3 ноември 2016 г. Valvira предоставя на А разрешение за тригодишен период от 2 ноември 2016 г. до 2 ноември 2019 г. да упражнява във Финландия професията лекар като правоспособен специалист под ръководството и надзора на правоспособен лекар, който има право самостоятелно да упражнява тази професия. През този период А е можела да упражнява професията лекар само при условие че преминава тригодишното специализирано обучение по обща медицина във Финландия. С решение от 4 май 2017 г. Valvira отхвърля подадената от А жалба по административен ред. Съгласно мотивите към това решение правото на упражняване на професията лекар съгласно член 6а от Закона за здравните специалисти (559/1994) е предоставено на А в хипотеза, в която тя не разполага със свидетелството по точка 5.1.1 от приложение V към Директива 2005/36. След като е подадена жалба за отмяна на споменатото решение, с решение от 5 декември 2017 г. Helsingin hallinto-oikeus (Административен съд Хелзинки, Финландия) я отхвърля по съображения, че първо, не е възможно автоматично признаване съгласно Директива 2005/36, понеже А не е представила свидетелството по точка 5.1.1 от приложение V към тази директива за Обединеното кралство; второ, общата процедура за признаване на удостоверения за професионална квалификация също не е приложима, понеже А не е получила дипломата за базово обучение по медицина преди определената в точка 5.1.1 референтна дата — 20 декември 1976 г., и трето, А не може да се ползва в друга държава — членка на Съюза, от право, по-благоприятно от предоставеното от държавата членка по произход. Ето защо този съд приема, че Valvira е имала основание да предостави на A ограничено право да упражнява професията лекар под ръководството и надзора на друг, правоспособен лекар, който има право самостоятелно да упражнява тази професия. Пред Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд, Финландия) A твърди, че ако условията за автоматично признаване не са изпълнени, молбата ѝ за признаване на получената в друга държава — членка на Съюза, диплома за базово обучение по медицина трябва да се разгледа съгласно разпоредбите на общия режим на признаване, залегнал в Директива 2005/36. В тази насока Valvira трябвало да направи индивидуално сравнение между дипломата за базово обучение по медицина, получена от А в Обединеното кралство, и финландската диплома за такова обучение. Всъщност правото на Съюза не допускало предоставянето на автономно право за упражняване на професията да се обвърже с тригодишен период под надзор, ако не е доказано наличието на съществени разлики спрямо националния стандарт, които не могат да бъдат компенсирани. На 1 ноември 2019 г. A получава разрешение от Valvira да упражнява самостоятелно професията лекар като правоспособен специалист във Финландия. A обаче не е оттеглила жалбата си пред Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд). Тази юрисдикция счита, че Valvira не е била длъжна съгласно Директива 2005/36 да сравни издаваните във Финландия и в Обединеното кралство дипломи за базово обучение по медицина, защото А не е изпълнила нито условията, предвидени от приложимата към професията лекар система за автоматично признаване, нито условията, предвидени от общия режим за признаване на професионални квалификации. Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд) обаче се пита дали такова задължение може да произтича от членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС. При тези условия Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд) решава да спре производството и да отправи следния преюдициален въпрос: „Трябва ли член 45 ДФЕС или 49 ДФЕС, при спазване на принципа на пропорционалност, да се тълкуват в смисъл, че не допускат компетентният орган на приемащата държава членка, основавайки се на националното законодателство, да предостави на дадено лице правото да упражнява професията лекар за срок от три години, като му поставя условие да я упражнява само под ръководството и надзора на правоспособен лекар и през същия период да премине през специализирано тригодишно обучение по обща медицина, за да получи в приемащата държава членка разрешение за самостоятелно упражняване на професията лекар, като се има предвид, че: а) лицето е преминало базово обучение по медицина в държавата членка по произход, но при подаването на молбата за признаване на професионалната квалификация в приемащата държава членка не е могло да представи свидетелство за едногодишен стаж за усвояване на професията, изисквано в държавата членка по произход като допълнително условие за професионалната квалификация, б) с оглед на член 55а от Директива 2005/36 в приемащата държава членка като препоръчителен вариант, който лицето отхвърля, му е предложена възможността за период от три години то да премине стаж за усвояване на професията в приемащата държава членка в съответствие с насоките на държавата членка по произход и да поиска признаването му от компетентните органи на държавата членка по произход, за да може след това отново да поиска в приемащата държава членка да му бъде предоставено правото да упражнява професията лекар по силата на предвидената в Директивата система за автоматично признаване, в) националните разпоредби на приемащата държава членка целят повишаване на безопасността на пациентите и качеството на здравните услуги, като се гарантира, че здравните специалисти имат необходимото за тяхната професионална дейност образование, друга достатъчна професионална квалификация и останалите изисквани за професионалната дейност умения?“. По допустимостта на преюдициалното запитване Както бе посочено в точка 21 от настоящото решение, въпреки че междувременно A получава разрешение да упражнява във Финландия самостоятелно професията лекар, тя не е оттеглила жалбата си пред Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд), според когото произнасянето по спора налага да се отговори на въпрос, предмет на който е тълкуването на правото на Съюза. Сезирана с искане за разяснения в това отношение, запитващата юрисдикция уточнява, че съгласно националната постоянна съдебна практика жалбата не се отхвърля като недопустима по съображение, че по дадено дело с оглед на изтичането на срока или на друга причина повече не е възможно да се отмени решението на определен орган, след като същото е било установено за незаконосъобразно. Запитващата юрисдикция посочва, че например ако по дадено дело поисканото разрешение е било получено, Korkein hallinto-oikeus (Върховен административен съд) ще се произнесе по основанията за обжалване и следователно ще се произнесе по евентуалната незаконосъобразност на първоначалното решение, както и на решението на Hallinto‑oikeus (административен съд). Запитващата юрисдикция изтъква, че освен това съгласно националното право относно деликтната отговорност за осъждането да се плати обезщетение за вреди на основание на незаконосъобразността на решението на даден орган е необходимо незаконосъобразността най-напред да е била отделно констатирана с окончателно решение. В тази насока следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика въведеното с член 267 ДФЕС производство е инструмент за сътрудничество между Съда и националните юрисдикции, чрез който Съдът предоставя на националните юрисдикции насоки за тълкуването на правото на Съюза, необходими за решаването на висящия пред тях спор (вж. решение от 6 юни 2013 г., MA и др., C‑648/11 , EU:C:2013:367 , т. и определение от 1 септември 2021 г., OKR (Преюдициално запитване от помощник-нотариус), C‑387/20 , EU:C:2021:751 , т. и цитираната съдебна практика). Въпросите, които са свързани с тълкуването на правото на Съюза и са поставени от националния съд в нормативната и фактическата рамка, която той определя съгласно своите правомощия и проверката на чиято точност не е задача на Съда, се ползват с презумпция за релевантност. Съдът може да откаже да се произнесе по отправеното от национална юрисдикция преюдициално запитване само ако е съвсем очевидно, че исканото тълкуване на правото на Съюза няма никаква връзка с действителността или с предмета на спора в главното производство, когато проблемът е от хипотетично естество или също когато Съдът не разполага с необходимите данни от фактическа и правна страна, за да бъде полезен с отговора на поставените му въпроси (решение от 6 юни 2013 г., MA и др., C‑648/11 , EU:C:2013:367 , т. и цитираната съдебна практика). В случая е важно да се отбележи, че запитващата юрисдикция уточнява по-специално че съгласно националното право относно деликтната отговорност за осъждането да се плати обезщетение за вреди на основание на незаконосъобразността на решението на даден орган е необходимо незаконосъобразността най-напред да е била отделно констатирана с окончателно решение. Доколкото обаче даден иск за обезщетение за вреди на A може да бъде уважен само при условие че незаконосъобразността на административното решение, която е основанието на такъв иск, е установена преди това отделно с окончателно съдебно решение, чието съдържание ще зависи от отговора на преюдициалния въпрос, този въпрос във всички случаи продължава да е релевантен за съхраняването, ако е необходимо, на правата на А към националния орган, приел посоченото административно решение. Ето защо преюдициалното запитване е допустимо. Предварителни бележки Следва да се отбележи, че релевантните факти по настоящото дело са настъпили, когато правото на Съюза още се е прилагало в Обединеното кралство. Ето защо членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС и Директива 2005/36 са приложими в настоящия случай. По преюдициалния въпрос С преюдициалния си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат компетентният орган на приемащата държава членка да предостави на дадено лице въз основа на националното законодателство право да упражнява професията лекар, което е за ограничен във времето период от три години и за което трябва да е изпълнено двустранното условие — първо, заинтересованото лице да практикува под ръководството и надзора на правоспособен лекар, и второ — през същия период това заинтересовано лице успешно да премине тригодишно специализирано обучение по обща медицина, за да може да получи правото да упражнява самостоятелно професията лекар в приемащата държава членка, като се има предвид, че заинтересованото лице, което е следвало базово обучение по медицина в държавата членка по произход, притежава визираното в точка 5.1.1 от приложение V към Директива 2005/36 удостоверение за професионални квалификации, що се отнася до Обединеното кралство, но не и посоченото там свидетелство за преминат едногодишен стаж за усвояване на професията, изискван от държавата членка по произход като допълнително условие за професионалната квалификация. В тази насока следва да се припомни, че съгласно член 21, параграф 1 от Директива 2005/36 всяка държава членка признава удостоверенията за професионални квалификации за професията лекар, които дават право на достъп до професионалните дейности на лекар с базово образование, изброени в точка 5.1.1 от приложение V към тази директива, и за целите на достъпа до професионалните дейности и тяхното упражняване дава на тези удостоверения същото действие на нейната територия като издаваните от нея удостоверения за професионални квалификации. Освен това Съдът вече е уточнил, че по отношение на целта на Директива 2005/36 от членове 1 и 4 от нея става ясно, че основната цел на взаимното признаване е да осигури на притежателите на професионална квалификация, която им дава достъп до регламентирана професия в тяхната държава членка по произход, достъп в приемащата държава членка до същата професия, за която са придобили квалификация в държавата членка по произход, и възможността да упражняват тази професия в приемащата държава членка при същите условия, които се прилагат за нейните граждани (решение от 8 юли 2021 г., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20 , EU:C:2021:554 , т. ). Безспорно е, че след като жалбоподателката по главното производство няма свидетелството ( Certificate of experience ), визирано в точка 5.1.1 от приложение V към Директива 2005/36, тя не може да практикува в пълен обем в Обединеното кралство регламентираната професия лекар с базово образование и следователно няма как да се ползва от режима на автоматично признаване, залегнал в член 21 от тази директива. Всъщност прилагането на този режим предполага молителят да има образование, което го квалифицира в държавата членка по произход да упражнява такава професия в нея (вж. в този смисъл решение от 8 юли 2021 г., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20 , EU:C:2021:554 , т. и ). Член 10 от Директива 2005/36, който определя приложното поле на общата система за признаване на удостоверенията за професионални квалификации, предвидена в дял III, глава I от тази директива, не може по силата на буква б) да задължи приемащата държава членка — освен ако наруши припомнената в точка 34 от настоящото решение цел на същата директива — да разглежда удостоверенията за обучение на молители, които не притежават необходимите квалификации за упражняването на професията лекар с базово образование в своята държава членка по произход (вж. по аналогия решение от 8 юли 2021 г., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20 , EU:C:2021:554 , т. и цитираната съдебна практика). От практиката на Съда обаче следва, че директивите относно взаимното признаване на дипломите, и по-специално Директива 2005/36, нямат за цел и не могат да водят до затрудняване на признаването на въпросните дипломи, удостоверения и други доказателства за официални квалификации в неуредените от тях случаи (вж. в този смисъл решение от 8 юли 2021 г., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20 , EU:C:2021:554 , т. и ). Ето защо в хипотеза, която попада в приложното поле не на Директива 2005/36, а на член 45 ДФЕС или на член 49 ДФЕС, когато разглеждат искане на гражданин на Съюза да му бъде разрешено да упражнява професия, достъпът до която съгласно националното законодателство се обуславя от притежаването на дадена диплома или професионална квалификация, или от определени периоди на практически опит, органите на държавите членки са длъжни да вземат под внимание всички дипломи, удостоверения и други документи, както и релевантния опит на заинтересованото лице, като направят сравнение между, от една страна, удостоверената с тези документи и опит компетентност, и от друга, знанията и квалификациите, изисквани от националното законодателство (вж. в този смисъл решение от 8 юли 2021 г., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20 , EU:C:2021:554 , т. и ). В случая е важно да се припомни, че A, от националната преписка за която е видно, че тя е финландска гражданка, се позовава във Финландия на университетска диплома, която е получила в друга държава членка. В тази насока Съдът е приел, че свободното движение на хора не би се осъществявало напълно, ако държавите членки можеха да отказват прилагането на членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС на онези свои граждани, които са се възползвали от улесненията, предоставяни от правото на Съюза, и които благодарение на тези улеснения са придобили професионални квалификации в държава членка, различна от тази, на която са граждани. Това съображение се прилага и когато гражданин на държава членка е пребивавал и е придобил в друга държава членка академична квалификация, на която той възнамерява да се позове в държавата, чийто гражданин е (вж. в този смисъл решение от 6 октомври 2015 г., Brouillard, C‑298/14 , EU:C:2015:652 , т. — ). Следователно в случай като този по главното производство, който попада в приложното поле не на Директива 2005/36, а на член 45 ДФЕС или на член 49 ДФЕС, съответната приемаща държава членка е длъжна да изпълнява задълженията си, свързани с признаването на професионални квалификации, както е припомнено в точка 38 от настоящото решение. Тази процедура по сравнително изследване трябва да позволи на властите на приемащата държава членка да се уверят обективно, че чуждестранната диплома удостоверява знания и квалификации на притежателя ѝ, които, ако не идентични, са поне равностойни на удостоверяваните с националната диплома. Тази преценка на равностойността на чуждестранната диплома трябва да се направи изключително въз основа на нивото на знанията и квалификациите, които тази диплома позволява да се предположат с оглед на естеството и продължителността на курса на обучение и на свързаната с него практическа подготовка на нейния притежател (вж. в този смисъл решение от 6 октомври 2015 г., Brouillard, C‑298/14 , EU:C:2015:652 , т. и цитираната съдебна практика). Ако това сравнително изследване на дипломите доведе до констатацията, че удостоверените с чуждестранната диплома знания и квалификации съответстват на изискваните от националните разпоредби, държавата членка е длъжна да приеме, че тази диплома отговаря на поставените в тях условия (решение от 6 октомври 2015 г., Brouillard, C‑298/14 , EU:C:2015:652 , т. и цитираната съдебна практика). Ако пък сравнителното изследване покаже съществени различия между преминатото от молителя обучение и обучението, изисквано в приемащата държава членка, компетентните органи могат да определят компенсаторни мерки за преодоляването на тези разлики (решение от 8 юли 2021 г., Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20 , EU:C:2021:554 , т. и цитираната съдебна практика). Мерките, приети в приложното поле на правото на Съюза, обаче трябва да са съобразени с общите принципи на това право, и по-специално с принципа на пропорционалност. Съответно, вземането на компенсаторни мерки трябва да бъде ограничено до случаи, при които тези мерки се явяват съразмерни с преследваната цел (вж. в този смисъл решение от 2 декември 2010 г., Vandorou и др., C‑422/09, C‑425/09 и C‑426/09 , EU:C:2010:732 , т. ). Преди да наложат компенсаторни мерки с цел да се преодолеят разликите между обучението в държавата членка по произход и това в приемащата държава членка на молителя, компетентните национални органи трябва да преценят дали придобитите от молителя знания са достатъчни, за да се докаже притежаването на знанията, изисквани от последната държава (вж. в този смисъл решение от 2 декември 2010 г., Vandorou и др., C‑422/09, C‑425/09 и C‑426/09 , EU:C:2010:732 , т. ). Национално законодателство, което налага общо и недиференцирано едни и същи компенсаторни мерки на всички притежатели на диплома за завършено базово обучение по медицина, получена по-специално в държава — членка на Съюза, в която след получаването на тази диплома, за да е налице право на упражняване на професията лекар, трябва да бъде преминат стаж за усвояване на професията, обаче не се явява в съзвучие нито с изискването за ефективно сравняване между, от една страна, удостоверената с документа или документите компетентност на заинтересованото лице, и от друга, знанията и квалификациите, изисквани от законодателството на приемащата държава членка, нито с принципа на пропорционалност. Предвид изложеното дотук на поставения въпрос следва да се отговори, че членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат компетентният орган на приемащата държава членка да предостави на дадено лице въз основа на националното законодателство право да упражнява професията лекар, което е за ограничен във времето период от три години и за което трябва да е изпълнено двустранното условие — първо, заинтересованото лице да практикува под ръководството и надзора на правоспособен лекар, и второ — през същия период това заинтересовано лице успешно да премине тригодишно специализирано обучение по обща медицина, за да може да получи правото да упражнява самостоятелно професията лекар в приемащата държава членка, като се има предвид, че заинтересованото лице, което е следвало базово обучение по медицина в държавата членка по произход, притежава визираното в точка 5.1.1 от приложение V към Директива 2005/36 удостоверение за професионални квалификации, що се отнася до Обединеното кралство, но не и посоченото там свидетелство за преминат едногодишен стаж за усвояване на професията, изискван от държавата членка по произход като допълнително условие за професионалната квалификация. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (шести състав) реши: Членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат компетентният орган на приемащата държава членка да предостави на дадено лице въз основа на националното законодателство право да упражнява професията лекар, което е за ограничен във времето период от три години и за което трябва да е изпълнено двустранното условие — първо, заинтересованото лице да практикува под ръководството и надзора на правоспособен лекар, и второ — през същия период това заинтересовано лице успешно да премине тригодишно специализирано обучение по обща медицина, за да може да получи правото да упражнява самостоятелно професията лекар в приемащата държава членка, като се има предвид, че заинтересованото лице, което е следвало базово обучение по медицина в държавата членка по произход, притежава визираното в точка 5.1.1 от приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации, изменена с Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г., удостоверение за професионални квалификации, що се отнася до Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, но не и посоченото там свидетелство за преминат едногодишен стаж за усвояване на професията, изискван от държавата членка по произход като допълнително условие за професионалната квалификация. Подписи ( *1 ) Език на производството: фински.

62009TJ0323

it

Ricorso fondato su una clausola compromissoria volto ad ottenere la condanna della Irish Electricity Generating Co. Ltd al rimborso della somma di EUR 180 664,70 corrispondenti ad una parte degli importi anticipatile dalla Commissione nell’ambito del contratto WE/178/97/IE/GB, unitamente agli interessi di mora. Dispositivo 1) La Irish Electricity Generating Co. Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 180 664,70, unitamente agli interessi di mora: –        al tasso del 5,56% annuo, a decorrere dal 25 agosto 2003 e fino alla data della presente sentenza; –        al tasso annuo applicato in forza della legge irlandese, vale a dire, attualmente, dell’art. 26 del Debtors (Ireland) Act 1840 (legge sui debitori), come modificato, entro il limite del 5,56% annuo, a decorrere dalla presente sentenza e fino alla liquidazione completa del debito. 2) La Irish Electricity Generating Co. Ltd è condannata alle spese.

62009TJ0370

et

Õiguslik raamistik 1. Euroopa Liidu õigus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivis 98/30/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta ( EÜT L 204, lk 1 ; ELT eriväljaanne 12/02, lk 28; edaspidi „esimene gaasidirektiiv”) kehtestatakse gaasi edastamise, jaotamise, tarnimise ja hoiustamise ühiseeskirjad. Selles on sätestatud eeskirjad, mis on seotud maagaasisektori, kaasa arvatud veeldatud maagaas, korraldamise ja toimimisega, juurdepääsuga turule, võrkude toimimisega ning kriteeriumide ja menetlustega, mida rakendatakse maagaasi edastamise, jaotamise, tarnimise ja hoiustamise lubade andmisel. Esimene gaasidirektiiv kohustas liikmesriike avama järk-järgult suurte tarbijate maagaasiga varustamise turu ning andma kolmandatele isikutele juurdepääsu olemasolevale edastusvõrgule. Vastavalt esimese gaasidirektiivi artikli 29 lõikele 1 ja artiklile 30 pidid liikmesriigid direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid jõustama hiljemalt 10. augustil 2000. Esimene gaasidirektiiv tunnistati kehtetuks ja asendati alates 1. juulist 2004 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2003. aasta direktiiviga 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta ning direktiivi 98/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta ( ELT L 176, lk 57 ; ELT eriväljaanne 12/02, lk 230). 2. Siseriiklik õigus Prantsuse õigus 8. aprilli 1946. aasta loi 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (seadus 46-628 elektri ja gaasi natsionaliseerimise kohta) ( Journal Officiel de la République Française , edaspidi „JORF”, 9.4.1946, lk 2651; edaspidi „1946. aasta seadus”) artikkel 1 nägi ette enne kehtetuks tunnistamist 9. mai 2011. aasta ordonnance’iga 2011-504 portant codification de la partie législative du code de l’énergie ordonnance (määrus 2011-504 energiakoodeksi seadusandliku osa kodifitseerimise kohta) ( JORF 10.5.2011, lk 7954): „Alates käesoleva seaduse väljakuulutamisest natsionaliseeritakse: […] 2° Põlevgaasi tootmine, edastamine, jaotamine, importimine ja eksportimine. […]” Enne kui 1946. aasta seadust muudeti 9. augusti 2004. aasta loi’ga 2004-803 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (seadus 2004-803 avalik-õiguslike elektri- ja gaasiteenuste ning elektri- ja gaasisektori ettevõtjate kohta) ( JORF 11.8.2004, lk 14256), nägi artikli 3 esimene lõik ette: „Natsionaliseeritud gaasiettevõtjaid haldab avalik-õiguslik tööstus-kaubandusettevõte Gaz de France (GDF), Service National”. Kuni 3. jaanuari 2003. aasta loi 2003-8 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie (seadus 2003-8 gaasi- ja elektriturgude ning avaliku energiateenuse kohta) ( JORF 4.1.2003, lk 265, edaspidi „2003. aasta seadus”) jõustumiseni andis 1946. aasta seadus Gaz de France’ile gaasi importimise ja eksportimise monopoli. 2003. aasta seadus, millega võeti üle esimene gaasidirektiiv, avas Prantsuse gaasituru konkurentsile. Selle seadusega avati muu hulgas juurdepääs maagaasivõrgule ja vabatarbijatele maagaasi tarnimisele ning tühistati gaasi importimise ja eksportimise monopol. Gaz de France muudeti seadusega 2004-803 aktsiaseltsiks. Saksa õigus 13. detsembri 1935. aasta Energiewirtschaftsgesetz (seadus energiavarustuse kaitse kohta; edaspidi „1935. aasta EnWG”) ( Reichsgesetzblatt I, lk 1451) nägi ette ametivõimude poolt Saksamaa gaasiettevõtjatele tegevuslubade andmise ja nende tegevuse üle järelevalve teostamise süsteemi. 27. juuli 1957. aasta Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungeni (konkurentsipiirangutevastane seadus; edaspidi „GWB”) ( Bundesgesetzblatt , edaspidi „ BGBl ”, I S, lk 1081) artikli 103 kohaselt kehtis teatavate kokkulepete suhtes, mis olid sõlmitud energiaettevõtjate ja kohalike omavalitsusüksuste vahel, erand keelust sõlmida vaba konkurentsi tingimusi rikkuvaid kokkuleppeid. See erand hõlmas muu hulgas nn piirikokkulepped, millega ettevõtjad leppisid kokku mitte tarnida elektrit või gaasi teise ettevõtja territooriumil, ning nn ainuõigusliku kontsessiooni lepingud, millega kohalik omavalitsusüksus andis äriühingule ainuõigusliku kontsessiooni, mis võimaldas tal kasutada avalikku maad, et ehitada ja käitada elektri- ja gaasijaotusvõrke. Kokkulepete elluviimiseks tuli nendest teatada pädevale konkurentsiasutusele, kes võis need ära keelata, kui ta leidis, et need kujutavad endast seaduses sätestatud erandi kuritarvitust. 24. aprilli 1998. aasta Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrecht (energiaõigust ümber korraldav seadus) ( BGBl . 1998 I, lk 730) tühistas alates jõustumisest piirikokkulepete ja ainuõigusliku kontsessiooni lepingute suhtes GWB artiklis 103 ette nähtud erandi. Selle seadusega asendati ka 1935. aasta EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung – Energiewirtschaftsgesetz’iga (energia mõistliku juhtimise seadus; edaspidi „1998. aasta EnWG”). 20. mai 2003. aasta Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts (energiaõigust ümber korraldava seaduse muutmise seadus) ( BGBl . 2003 I, lk 685) muutis 1998. aasta EnWG-d esimese gaasidirektiivi rakendamise eesmärgil. Vaidluse taust 1. Asjaomased ettevõtjad Hageja GDF Suez SA, kes tekkis Gaz de France’i ja Suezi koondumisel 22. juulil 2008, on Prantsuse ettevõtja, kes tegutseb kogu energiaahelas elektri ja gaasi sektoris selle algusest lõpuni. Ta on pikka aega tegutsenud ettevõtja ja tähtsaim maagaasitarnija Prantsusmaal. Ta on ka üks tähtsamaid maagaasitarnijaid Euroopas. E.ON AG on Saksa ettevõtja, kes toodab, edastab, jaotab ja tarnib energiat, peamiselt maagaasi ja elektrit. E.ON Ruhrgas AG, kes tekkis E.ON-i ja Ruhrgas AG koondumisel ja kuulub 100% ulatuses E.ON-ile alates 31. jaanuarist 2003, on Saksamaal suurim maagaasitarnija ning üks peamisi tarnijaid Euroopa turul. Saksamaa ametiasutused kohustasid 18. septembri 2002. aasta otsuses seda koondumist heaks kiites E.ON Ruhrgasi rakendama gaasisektori liberaliseerimise programmi, mis puudutas 200 TWh suurust üldkogust. See kogus tuli müüa kuuel iga-aastasel enampakkumisel, milles igaüks puudutas 33,33 TWh suurust kogust, ning esimesed tarned algasid 1. oktoobril 2003. 2. MEGAL-i kokkulepe 18. juuli 1975. aasta kokkuleppes (edaspidi „MEGAL-i kokkulepe”) otsustasid Gaz de France ja Ruhrgas ühiselt ehitada MEGAL-i torujuhtme ja seda koos käitada. Torujuhe, mis on täiel määral kasutuses alates 1. jaanuarist 1980, on üks peamisi torujuhtmeid, mis võimaldab importida gaasi Saksamaal ja Prantsusmaal. Torujuhe läbib Saksamaa lõunaosa ja ühendab 461 km pikkusel alal Saksa-Tšehhi piiri Prantsuse-Saksa piiriga Waidhausi (Saksamaa) ja Medelsheimi (Saksamaa) vahel. MEGAL-i kokkuleppe lisas 2 määratleti vastavalt Gaz de France'i ja Ruhrgasi ostetud gaasi sisenemis- ja väljumiskohad. Ruhrgasi jaoks määrati kindlaks teatav arv MEGAL-i torujuhtme väljumiskohti, kusjuures vajaduse korral võidi lisada täiendavaid väljumiskohti. Gaz de France’i osas oli märgitud, et kogu selle äriühingu torujuhtme kaudu edastatava gaasikoguse väljumiskoht on Saksamaa ja Prantsusmaa piiril asuv koht Habkircheni (Saksamaa) lähedal, kui MEGAL-i kokkuleppe pooled ei näe ette teisiti. Vastavalt MEGAL-i kokkuleppele asutasid Gaz de France ja Ruhrgas ühiselt ettevõtja MEGAL GmbH Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft, nüüd MEGAL Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (edaspidi „MEGAL”), kelle ülesandeks tehti MEGAL-i torujuhtme ehitamine ja käitamine ning torujuhtme kaudu gaasi edastamine. Samuti anti torujuhe MEGAL-i omandisse. Gaz de France ja Ruhrgas asutasid MEGAL-i kokkuleppe alusel ka ühiselt ettevõtja MEGAL Finance Co. Ltd (edaspidi „MEGAL Finco”), kelle ülesanne oli leida MEGAL-i torujuhtme ehitamiseks vajalik kapital ja seda hallata. Ruhrgas ja Gaz de France kirjutasid 18. juulil 1975 alla ka 13 kirjale (edaspidi „kaaskirjad”), mis olid mõeldud täpsustama teatavaid MEGAL-i torujuhtme haldamise tehnilisi, finants- ja operatiivseid aspekte. Nende kirjade hulgas on nn „Direktion I” kiri ja „Direktion G” kiri. Direktion G kiri on sõnastatud järgmiselt: „[…] Gaz de France’ile lepingu raames gaasi edastamiseks antud või antav ülekandevõime puudutab gaasi, mida Gaz de France ostis või ostab ning mis tarnitakse Gaz de France’i arvel [MEGAL-ile] ja/või [MEGAL Fincole] transiidiks Prantsusmaale ning mis on mõeldud tarbimiseks Prantsusmaal. Ruhrgasile lepingu raames gaasi edastamiseks antud või antav ülekandevõime puudutab gaasi edastamist mis tahes muul transiidi eesmärgil ja gaasi edastamist torujuhtme kaudu ning Saksamaa Liitvabariigis torujuhtmest välja võetud gaasi, mis on mõeldud tarbimiseks Saksamaa Liitvabariigis, või mille Ruhrgas on ostnud transiidiks Saksamaa Liitvabariigi kaudu. […]” Direktion I kirja kohaselt: „[…] Gaz de France kohustub [MEGAL-i] kokkuleppe raames mitte tarnima mis tahes gaasi otseselt või kaudselt Saksamaa Liitvabariigis asuvatele klientidele. […]” Ruhrgas ja Gaz de France teavitasid 22. juunil 1976 Bundeskartellamti (Saksamaa Liitvabariigi konkurentsiamet) MEGAL-i ja MEGAL Finco asutamisest. 13. augusti 2004. aasta kokkuleppes (edaspidi „2004. aasta kokkulepe”) kinnitasid Gaz de France ja E.ON Ruhrgas, et nad pidasid Direktion G ja Direktion I kirju juba ammu „õigustühiseks”, ning see kokkuleppe tunnistas need kirjad tagasiulatuvalt kehtetuks. Gaz de France ja E.ON Ruhrgas kirjutasid 5. septembril 2005 alla konsortsiumikokkuleppele (edaspidi „2005. aasta kokkulepe”), mis jõustus 13. oktoobril 2005 ja milles nad sõnastasid ümber MEGAL-it puudutavad lepingulised suhted. Konsortsiumikokkulepe näeb ette, et MEGAL-i partneritel on „sooduskasutusõigused” sõltuvalt mahuosast MEGAL-i torujuhtmes. Kokkulepet täiendati 9. septembril 2005 vahekokkuleppega (edaspidi „vahekokkulepe”). 23. märtsil 2006 sõlmisid Gaz de France ja E.ON kokkuleppe, millega lõpetati kõik muud nende vahel enne 2005. aasta kokkulepet sõlmitud MEGAL-it puudutavad kokkulepped. 3. Haldusmenetlus Komisjon võttis 5. mail 2006 vastu otsused, milles ta kohustas Gaz de France’i ja E.ON-i ning kõiki nende tütarettevõtjaid lubama läbi viia kontroll nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 [EÜ] artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta ( EÜT 2003, L 1, lk 1 ; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205) artikli 20 alusel. Kontrollid viidi läbi 16. ja 17. mail 2006. Määruse nr 1/2003 artikli 18 alusel saatis komisjon Gaz de France’ile, E.ON-ile ja E.ON Ruhrgasile (edaspidi koos „asjaomased ettevõtjad”) mitu teabenõuet. Komisjon algatas 18. juulil 2007 menetluse määruse nr 1/2003 artikli 11 lõike 6 tähenduses. 9. juunil 2008 saatis komisjon asjaomastele ettevõtjatele vastuväiteteatise. Viimased esitasid vastuseks kirjalikke märkusi ja tegid 14. oktoobri 2008. aasta ärakuulamisel teatavaks oma seisukoha. Komisjon teavitas asjaomaseid ettevõtjaid 27. märtsil 2009 täiendavatest faktilistest asjaoludest, mida pärast vastuväiteteatist arvesse oli võetud, ning palus neil nendele kirjalikult vastata. Komisjon võimaldas neil tutvuda ka nende vastavate vastuväiteteatisele esitatud vastuste mittekonfidentsiaalsete versioonidega ja pärast vastuväiteteatise vastuvõtmist kogutud dokumentidega. Asjaomased ettevõtjad esitasid oma märkused 4. mail 2009 (hageja) ja 6. mail 2009 (E.ON ja E.ON Ruhrgas). Vaidlustatud otsus Komisjon võttis 8. juulil 2009 vastu otsuse K(2009) 5355 (lõplik) [EÜ] artiklis 81 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/39.401 – E.ON/GDF) (edaspidi „vaidlustatud otsus”); kokkuvõte sellest otsusest on avaldatud 16. oktoobri 2009. aasta Euroopa Liidu Teatajas ( ELT C 248, lk 5 ). Vaidlustatud otsuses märkis komisjon, et kõnealune tegevus oli asjaomaste ettevõtjate vaheline kokkulepe ja/või kooskõlastatud tegevus EÜ artikli 81 tähenduses, mis seisnes teineteise koduturule mittetulemises või sellele turule tulemises piiratud määral ning selliselt oma koduturgude kaitsmises, hoidudes müümast teise poole koduturul MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatud gaasi. Komisjon tuvastas muu hulgas, et MEGAL-i kokkulepe, selle lisa 2 ning Direktion G ja Direktion I kirjad kujutasid endast kokkuleppeid EÜ artikli 81 lõike 1 tähenduses, kuna asjaomased ettevõtjad on väljendanud oma ühist tahet käituda turul konkreetsel viisil. Komisjoni sõnul piirasid need kokkulepped nende ettevõtjate äritegevust, piirates nende MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatava gaasi kasutamist. Komisjon märkis veel, et asjaomased ettevõtjad kohtusid mitmel korral, et arutada oma vastavaid MEGAL-i gaasitoru kaudu edastatud gaasi müügistrateegiaid Saksamaal ja Prantsusmaal ning saada teavet teineteise strateegiate kohta. Komisjoni hinnangul oli nende kontaktide ja äriplaanis tundliku teabe vahetuse eesmärk mõjutada nende ettevõtjate äritegevust, rakendada Direktion G ja Direktion I kirjad ning kohandada nende sisu uutele turutingimustele, mis tulenesid Euroopa gaasiturgude liberaliseerimisest (edaspidi „liberaliseerimine”), tühistamata siiski piiranguid, mida need kirjad sisaldasid. Komisjon leidis seetõttu, et asjaomaste ettevõtjate tegevus, mis seisnes esialgses turgude jagamise kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses, mis väljendus korrapärastes koosolekutes, mille eesmärk oli kooskõlastamine ja selle kokkuleppe rakendamine enam kui 25 aasta jooksul, oli üks ja vältav rikkumine ning „oma eesmärgilt konkurentsipiirang”. Rikkumise alguse osas leidis komisjon, et Saksamaal algas rikkumine kuupäeval, mil MEGAL-i torujuhe kasutusele võeti, st 1. jaanuaril 1980. Ta leidis, et Prantsusmaal algas rikkumine kuupäeval, mil viimane oleks pidanud üle võtma esimese gaasidirektiivi, st 10. augustil 2000. 1946. aasta seadusest tuleneva seadusliku monopoli tõttu gaasi importimise ja tarnimise valdkonnas leidis komisjon, et kõnealune tegevus ei saanud enne gaasituru liberaliseerimist konkurentsi piirata. Sellega seoses, kuigi esimene gaasidirektiiv võeti Prantsusmaal üle 2003. aastal, märkis komisjon, et konkurentsi piirati 10. augustist 2000, kuna sellest kuupäevast alates oleksid hageja konkurendid võinud varustada Prantsusmaal vabatarbijaid. Rikkumise lõpu osas märkis komisjon, et kuigi asjaomased ettevõtjad tühistasid formaalselt Direktion G ja Direktion I kirjad 13. augustil 2004, lõpetasid nad piirangute kohaldamise, mis takistas hagejal kasutada MEGAL-i torujuhtme väljumiskohti Saksamaal, välja arvatud gaasisektori liberaliseerimise programmi raames ostetud maht, alles 2005. aasta septembri lõpus. Komisjon leidis veel, et asjaolu, et hageja oli alates 2004. aastast ostnud MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatud E.ON Ruhrgasi gaasi tarnimiseks Saksamaal, ei viidanud rikkumise lõppemisele, kuna 2005. aasta oktoobrini vastas MEGAL-i torujuhtmest pärit gaasi müük hageja poolt Saksamaal gaasisektori liberaliseerimise programmi raames tema poolt ostetud mahule. Neil asjaoludel leidis komisjon, et rikkumine, mille eest hageja ja E.ON Ruhrgas vastutasid, kestis seega vähemalt 1. jaanuarist 1980 kuni 30. septembrini 2005 Saksamaal toimepandud rikkumise puhul ning vähemalt 10. augustist 2000 kuni 30. septembrini 2005 Prantsusmaal toimepandud rikkumise puhul. Kuna E.ON omandas 31. jaanuaril 2003 E.ON Ruhrgasi üle kontrolli, siis on ta komisjoni hinnangul E.ON Ruhrgasiga „solidaarselt vastutav” rikkumise eest, mis kestis 31. jaanuarist 2003 kuni 30. septembrini 2005. Komisjon määras asjaomastele ettevõtjatele määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 alusel trahvid. Selleks kohaldas ta meetodit, mis on esitatud suunistes määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta ( ELT 2006, C 210, lk 2 ; edaspidi „2006. aasta suunised”). Niisiis leidis komisjon, et rikkumisest mõjutatud müük oli asjaomaste ettevõtjate poolt MEGAL-i torujuhtme vahendusel edastatud gaasi müük klientidele Saksamaal ja vabatarbijatele Prantsusmaal, välja arvatud gaasisektori liberaliseerimise programmi raames teostatud müük. Rikkumise raskust arvestades määras komisjon kindlaks algse osa 15% mõjutatud müügist. Trahvi arvutamisel arvesse võetud rikkumise kestuse osas võttis komisjon Prantsusmaa puhul aluseks ajavahemiku 10. augustist 2000 kuni 30. septembrini 2005, st 5 aastat 1 kuu ja 20 päeva. Ta leidis, et Saksamaa puhul peab ajavahemik, mille eest trahv määrati, piirduma perioodiga 24. aprillist 1998, mil Saksamaa seadusandja kõrvaldas tegeliku monopoli, mis selles riigis eksisteeris erandi tõttu, mis kehtis piirikokkulepete suhtes, kuni 30. septembrini 2005, st 7 aastat ja 5 kuud. Kõnealuse rikkumise laadi arvestades kohaldas komisjon keelatud kokkuleppe suhtes lisasummat, mis oli 15% mõjutatud müügist. Komisjon leidis, et juhtumi eripäraseid asjaolusid arvestades tuli erandkorras mõlemale asjaomasele ettevõtjale määrata sama trahvi põhisumma. Et mitte kahjustada ühte ettevõtjatest, võttis komisjon trahvi põhisummaks kõige madalamale müügiväärtusele vastava summa. Ta määras seega kõikidele asjaomastele ettevõtjatele ühe ja sama trahvi põhisumma, st 553 miljonit eurot. Komisjon ei tuvastanud raskendavate või kergendavate asjaolude esinemist ning ta ei kohandanud põhisummat. Komisjon määras seega E.ON-ile ja E.ON Ruhrgasile („solidaarselt”) 553 miljoni euro suuruse trahvi ja hagejale sama suure trahvi. Vaidlustatud otsuse resolutsiooni artiklid 1 ja 2 kõlavad järgmiselt: „ Artikkel 1 [Asjaomased ettevõtjad] on rikkunud [EÜ] artikli 81 lõiget 1, osaledes kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses maagaasisektoris. [Hageja] ja E.ON Ruhrgasi […] rikkumine kestis Saksamaa puhul vähemalt 1. jaanuarist 1980 kuni 30. septembrini 2005 ja Prantsusmaa puhul vähemalt 10. augustist 2000 kuni 30. septembrini 2005. Ettevõtja E.ON […] rikkumine kestis 31. jaanuarist 2003 kuni 30. septembrini 2005. Artikkel 2 Artiklis 1 nimetatud rikkumise või rikkumiste eest määratakse järgmised trahvid: a) E.ON Ruhrgas […] ja E.ON […] solidaarselt 553000000 eurot b) [hageja]: 553000000 eurot […]” Menetlus ja poolte nõuded Hageja esitas hagiavalduse, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 18. septembril 2009. Üldkohtu kantseleisse 25. septembril 2009 saabunud dokumendis palus hageja, et hagiavalduse teatavaid osi käsitletaks kolmandate isikute suhtes konfidentsiaalsena. Üldkohtusse 8. juulil 2010 saabunud dokumendis palus hageja, et hagiavalduse lisade, kostja vastuse ja repliigi teatavaid osi käsitletaks kolmandate isikute suhtes konfidentsiaalsena. Üldkohtu kantseleisse 2. septembril 2010 saabunud dokumendis palus hageja, et vasturepliigi teatavaid osi käsitletaks kolmandate isikute suhtes konfidentsiaalsena. Ettekandja-kohtuniku ettekande põhjal otsustas Üldkohus (viies koda) avada suulise menetluse ning palus Üldkohtu kodukorra artiklis 64 sätestatud menetlust korraldavate meetmete raames pooltel vastata ühele küsimusele ning esitada teatavad dokumendid. Pooled täitsid need nõuded selleks antud tähtaja jooksul. Poolte kohtukõned ja vastused Üldkohtu esitatud küsimustele kuulati ära 21. septembri 2011. aasta kohtuistungil. Üldkohtu nõudel esitas hageja kohtuistungil ka ühe dokumendi. Hageja palub Üldkohtul: — esimese võimalusena tühistada tervikuna või osaliselt vaidlustatud otsuse artikkel 1 osas, milles talle omistati vastutus EÜ artikli 81 lõike 1 rikkumise eest seoses osalemisega vähemalt 1. jaanuarist 1980 kui 30. septembrini 2005 maagaasisektoris sõlmitud keelatud kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevustes Saksamaal ja 10. augustist 2000 kuni 30. septembrini 2005 Prantsusmaal, ning seetõttu tühistada ka selle otsuse artikkel 3, milles kohustatakse teda lõpetama artiklis 1 määratletud rikkumised või tegevus, millel on sama või sarnane eesmärk või mõju; — teise võimalusena tühistada talle vaidlustatud otsuse artiklis 2 määratud trahv või seda oluliselt vähendada; — mõista kohtukulud välja komisjonilt. Komisjon palub Üldkohtul: — jätta hagi rahuldamata; — mõista kohtukulud välja hagejalt. Õiguslik käsitlus Hageja palub esimese võimalusena tühistada vaidlustatud otsus osaliselt ning teise võimalusena tühistada nimetatud otsuses talle määratud trahv või seda vähendada. A – Vaidlustatud otsuse osalise tühistamise nõue Vaidlustatud otsuse osalise tühistamise nõude põhjendamiseks esitab hageja neli väidet, millest esimese kohaselt on EÜ artikli 81 kohaldamisel tehtud faktivigu ja rikutud õigusnormi seoses kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasoluga enne 2000. aasta augustit, teise väite kohaselt on EÜ artikli 81 kohaldamisel tehtud faktivigu ja rikutud õigusnormi seoses kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasoluga pärast 2000. aasta augustit, kolmanda väite kohaselt puuduvad ilmselgelt tõendid kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse kohta, mille eesmärk oli piirata Prantsusmaal E.ON-i ja E.ON Ruhrgasi (edaspidi vahet tegemata „E.ON”, ka siis, kui tegemist on Ruhrgasiga) poolt MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatava gaasi kasutamist, ning neljanda väite kohaselt on EÜ artikli 81 kohaldamisel tehtud faktivigu ja rikutud õigusnormi seoses asjaomaste ettevõtjate vahelise kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasoluga pärast 2004. aasta augustit. 1. Esimene väide, et EÜ artikli 81 kohaldamisel on tehtud faktivigu ja rikutud õigusnormi seoses kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasoluga enne 2000. aasta augustit Väide, milles hageja kinnitab, et komisjon kohaldas valesti EÜ artiklit 81, leides, et kaaskirjad olid enne 2000. aasta augustit selle artikliga vastuolus, koosneb kolmest osast, millest esimese kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81 seetõttu, et nendel kirjadel ei olnud enne 2000. aasta augustit konkurentsivastast eesmärki ja (isegi mitte potentsiaalset) tagajärge, teise osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81 seetõttu, et enne 2000. aasta augustit ei mõjutatud ühendusesisest kaubandust ning kolmanda osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81, tõendite kogumist puudutavaid norme ja põhjendamiskohustust, kuna puudub tõend väidetava rikkumise kohta ajavahemikus 1980. aasta jaanuarist kuni 1999. aasta veebruarini. a) Esimene osa Selles osas väidab hageja, et komisjon on rikkunud EÜ artiklit 81, kuna enne 2000. aasta augustit ei olnud kaaskirjade eesmärk ega (isegi mitte potentsiaalne) tagajärg konkurentsi piiramine Saksa ja Prantsuse turul. Sellega seoses tuleb meenutada, et EÜ artikli 81 lõike 1 kohaselt on ühisturuga kokkusobimatud ja keelatud kõik sellised ettevõtjatevahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja kooskõlastatud tegevus, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust ning mille eesmärgiks või tagajärjeks on takistada, piirata või kahjustada konkurentsi ühisturu piires. Kokkuleppe konkurentsivastane eesmärk või tagajärg ei ole kumulatiivsed, vaid alternatiivsed tingimused selle hindamiseks, kas kokkulepe kuulub EÜ artikli 81 lõikes 1 sätestatud keelu kohaldamisalasse. Väljakujunenud kohtupraktikast aga tuleneb, et selle tingimuse alternatiivse olemuse tõttu – mida märgib sidesõna „või” – on vaja kõigepealt uurida kokkuleppe enda eesmärki, arvestades selle täitmise majanduslikku konteksti. Kui kokkuleppe sisu analüüsist ei ilmne siiski konkurentsi kahjustamine piisavas ulatuses, tuleb seejärel uurida selle tagajärgi ning selle keelatuks tunnistamiseks peavad esinema kõik asjaolud, mis tõendavad, et konkurentsi tegelikult tuntavalt takistati, piirati või kahjustati. Samuti nähtub kohtupraktikast, et kokkuleppe tagajärgi ei ole vaja uurida, kui on tuvastatud kokkuleppe konkurentsivastane eesmärk (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P ja C-519/06 P: GlaxoSmithKline Services jt vs . komisjon jt, EKL 2009, lk I-9291 , punkt 55 ja seal viidatud kohtupraktika). Kokkuleppe konkurentsivastasuse hindamisel tuleb lähtuda eelkõige kokkuleppe sisust, eesmärkidest, mida sellega soovitakse saavutada, ning selle majanduslikust ja õiguslikust kontekstist. Lisaks, kuigi poolte tahe ei kujuta endast kokkuleppe konkurentsi piirava laadi kindlakstegemiseks vajalikku tunnust, ei takista miski komisjonil või Euroopa Liidu kohtutel seda arvesse võtmast (vt eespool punktis 63 viidatud kohtuotsus GlaxoSmithKline Services jt vs . komisjon jt, punkt 58 ja seal viidatud kohtupraktika). Lisaks võib konkurentsi piiramist pidada kokkuleppe eesmärgiks isegi siis, kui konkurentsi piiramine ei ole selle ainus eesmärk, vaid sellel on ka teisi, õiguspäraseid eesmärke (vt Euroopa Kohtu 6. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas C-551/03 P: General Motors vs . komisjon, EKL 2006, lk I-3173 , punkt 64 ja seal viidatud kohtupraktika). Lõpetuseks tuleb märkida, et Euroopa Kohus on mitmel korral kvalifitseerinud lepingud, mille eesmärk oli siseriiklike turgude eraldamine riigipiiride alusel või mis muutsid siseriiklike turgude läbipõimumise raskemaks – eelkõige need lepingud, mille eesmärk oli keelata või piirata paralleeleksporti –, lepinguteks, mille eesmärk on konkurentsi piiramine EÜ artikli 81 tähenduses (vt selle kohta eespool punktis 63 viidatud kohtuotsus GlaxoSmithKline Services jt vs . komisjon jt, punkt 61 ja seal viidatud kohtupraktika). Just nendest kaalutlustest lähtuvalt tuleb analüüsida käesoleva osa põhjendamiseks esitatud kahte argumenti, mille kohaselt esiteks on rikutud õigusnormi ja tehtud faktiviga ning teiseks on tehtud ilmne hindamisviga. Esiteks väidab hageja, et komisjon rikkus õigusnormi ja tegi faktivea, leides, et kaaskirjadel oli ajavahemikus 1980. jaanuarist kuni 2000. aasta augustini konkurentsivastane eesmärk. Selle kohta esitab ta kaks argumentide seeriat, millest esimene puudutab seda, et arvesse ei ole võetud kaaskirjade allkirjastamise aja õiguslikku ja majanduslikku konteksti (vt allpool punktid 76–111), ning teine seda, et arvesse ei ole võetud MEGAL-i torujuhtme ja kõnealuste kirjade eesmärki (vt allpool punktid 73–75). Teiseks väidab hageja, et komisjon on teinud ilmse hindamisvea, leides, et see, et ta ei müünud Saksamaal ajavahemikus 1980–2000, oli tingitud kaaskirjadest tulenevast kartellikokkuleppest. Selles osas esitab ta sisuliselt kolm argumentide seeriat, millest esimene puudutab komisjoni seisukoha vastuolulisust (allpool punkt 71), teine seda, et Wingasi ja Mobili näited ei ole asjakohased (vt allpool punktid 102 ja 103) ning kolmas seda, et keskendudes vaid Saksa turule ja jättes esitamata tõendi kas või potentsiaalse konkurentsi olemasolu kohta Prantsuse turul 1975. aastal või isegi enne 2000. aastat, ei tõendanud komisjon, et kaaskirjade eesmärk, milleks oli väidetavalt oma koduturu kaitsmine mõlema asjaomase ettevõtja poolt, kujutab endast konkurentsivastast turgude jagamise kokkulepet (vt allpool punkt 70). Kõigepealt tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata kolmanda argumentide seeria raames esitatud argumendid, mis esitati teise argumendi põhjendamiseks esimest korda repliigi staadiumis, ilma et oleks vaja võtta seisukohta nende vastuvõetavuse osas. Nimelt asjaolu, et monopoli tõttu Prantsuse turul puudutas kaaskirjadest tulenev kokkuleppe kuni 10. augustini 2000 ainult Saksa gaasiturgu ega olnud kuni selle kuupäevani seega vastastikune, ei takista asumast seisukohale, et asjaomased ettevõtjad sõlmisid kokkuleppe, mille eesmärk oli turgude jagamine. Niisiis Prantsuse gaasiturg tegelikult eksisteeris, vaatamata sellele, et tegemist oli monopoliga, ning monopoli tõttu sellel turul konkurentsi puudumine ei tähendanud, et turgu ei olnud. Nagu märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 244, võis asjaomase kokkuleppe eesmärk olla nende monopolide tugevdamine enne liberaliseerimist ja liberaliseerimise mõju edasilükkamine. Neid asjaolusid arvestades võis komisjon õigustatult asuda seisukohale, et kaaskirjad kujutasid endast turgude jagamise kokkulepet. Liiati ei oma rikkumise olemasolu seisukohast tähtsust see, kas kaaskirjades sisalduv kokkulepe oli sõlmitud asjaomaste ettevõtjate ärihuvides või mitte, kui komisjoni toimikus sisalduvate tõendite põhjal on tõendatud, et nad on tegelikult selle lepingu sõlminud (vt selle kohta Üldkohtu 8. juuli 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-67/00, T-68/00, T-71/00 ja T-78/00: JFE Engineering jt vs . komisjon, EKL 2004, lk II-2501 , punkt 185), nagu käesoleval juhul. Samuti ei mõjuta asjaomase kokkuleppe konkurentsivastast eesmärki see, et Prantsuse gaasiturul eksisteeriva monopoli tõttu ei saanud E.ON alguses sellest kokkuleppest kasu või tal ei olnud huvi seda sõlmida. Samuti tuleb tagasi lükata teise argumendi põhjendamiseks esitatud esimese argumentide seeria argumendid, milles hageja väidab, et komisjoni tees, mille kohaselt oli Saksa gaasiturg ajavahemikus 1980–2000 konkurentsile avatud, on vastuolus komisjon mööndusega, et enne liberaliseerimist oli sellele turule tulekul palju takistusi, ning järeldusega, mille kohaselt ei saanud kaaskirjadel olla mis tahes märkimisväärset mõju konkurentsile enne aastaid 1998–2000. Nimelt võib turg olla konkurentsile avatud, kuigi esinevad turuletuleku takistused, ning see, et kokkulepe avaldab märkimisväärset mõju alates teatud ajast, ei tähenda, et enne seda ajahetke ei avaldanud see mingit mõju. Seejärel tuleb analüüsida esimese argumendi raames esitatud argumente, millega soovitakse tõendada, et komisjon on rikkunud õigusnormi ja teinud faktivigu, leides, et kaaskirjadel oli ajavahemikus 1980. aasta jaanuarist kuni 2000. aasta augustini konkurentsivastane eesmärk. Mis puudutab esiteks MEGAL-i torujuhtme ja kaaskirjade eesmärki, siis tuleb hageja argumentatsioon tagasi lükata. Nimelt tuleb esiteks MEGAL-i torujuhtme eesmärgi osas meenutada, et nagu nähtub eespool punktis 65 meenutatud kohtupraktikast, võib konkurentsi piiramist pidada kokkuleppe eesmärgiks isegi siis, kui konkurentsi piiramine ei ole selle ainus eesmärk, vaid sellel on ka teisi, õiguspäraseid eesmärke. Niisiis, isegi kui eeldada, et MEGAL-i torujuhtme ehitamise eesmärk võis olla kindlustada ja mitmekesistada Prantsusmaa gaasiga varustamist, ei võimalda see välistada, et sellega seotud kokkuleppel võis siiski olla konkurentsivastane eesmärk või tagajärg, ning see ei ole niisiis piisav, et muuta kokkulepe EÜ artikli 81 seisukohast õiguspäraseks. Samal põhjusel tuleb tagasi lükata hageja argument kokkuleppe kohta, mille ta sõlmis MEGAL Fincoga 20. juulil 1981, mille õiguslik laad on tema sõnul vastavalt varustamise kindlustamise ja mitmekesistamise eesmärgile võrreldav transiidilepinguga, ning mis järelikult on õiguspärane. Liiati ei käsitleta seda kokkulepet vaidlustatud otsuses ning komisjon ei leidnud, et see kujutaks endast kartellikokkulepet või et see aitas käesolevas asjas tuvastatud kartellikokkuleppele kaasa. Teiseks, seoses kaaskirjade eesmärgiga piisab, kui tõdeda, et isegi kui eeldada, nagu hageja väidab, et nende eesmärk oli [ konfidentsiaalne ] ( ), ei võimalda see välistada, et neil kirjadel võis olla ka konkurentsivastane eesmärk või tagajärg. Igal juhul ei esita hageja mingit allkirjastamise ajast pärit otsest tõendit, mis võimaldaks näidata, et kaaskirjade eesmärk oli [ konfidentsiaalne ]. Dokumendid, mis hageja sellega seoses vastuses vastuväiteteatisele ja Üldkohtus esitatud menetlusdokumentides esitas, on tegelikult pärit 2004. ja 2006. aastast, kusjuures viimane neist viitab [ konfidentsiaalne ]. Liiati ei võimalda miski Direktion G või Direktion I kirjade sõnastuses asuda seisukohale, et need vastasid [ konfidentsiaalne ]. Kaaskirjade allkirjastamise aja õigusliku ja majandusliku konteksti osas tugineb hageja liberaliseerimisperspektiivi puudumisele ja sellele, et asjaomased ettevõtjad ei saanud Saksa ja Prantsuse turul olla konkurendid enne 2000. aastat. Esiteks, mis puudutab liberaliseerimisperspektiive kaaskirjade allkirjastamise ajal, siis tuleb hageja argumentatsioon nende perspektiivide puudumise kohta tagasi lükata. On tõsi, et miski ei võimalda asuda seisukohale, et liberaliseerimine oli sel ajal tõenäoline lühiajalises või keskpikas perspektiivis. Täpsemalt ei võimalda menetlusdokumentides komisjoni esitatud asjaolud tõendada, et see nii oli. Nimelt kinnitab komisjon, et esimesed sammud liberaliseerimise suunas tehti 80.-ndatel aastatel ning ta viitab selles osas mitmesugustele tekstidele, millest vanim on 14. juuni 1985. aasta siseturu väljakujundamist käsitlev valge raamat. Ent lisaks asjaolule, et see on kaaskirjade allkirjastamise ajast kümme aastat hilisem, ei käsitle see ka energiasektorit. Selles suhtes ei ole komisjoni argument, et valge raamat võimaldas kohe MEGAL-i torujuhtme ehitusprojekti alguses mõelda, et uutes valdkondades võib oodata liberaliseerimist, ei ole asjakohane lühiajalises või keskpikas perspektiivis. Muud komisjoni viidatud tekstid on aga kõnealusest valgest raamatust veelgi hilisemad ning need on vastavalt 1990. aastast pärit nõukogu 29. juuni 1990. aasta direktiiv 90/377/EMÜ ühenduse menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks ( EÜT L 185, lk 6 ; ELT eriväljaanne 12/01, lk 138), 1991. aastast pärit nõukogu 31. mai 1991. aasta direktiiv 91/296/EMÜ maagaasi edastamise kohta võrkude kaudu ( EÜT L 147, lk 37 ; ELT eriväljaanne 12/01, lk 151) ning 1994. aastast pärit Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 1994. aasta direktiiv 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta ( EÜT L 164, lk 3 ; ELT eriväljaanne 06/02, lk 622). Esimese gaasidirektiivini viinud ettepanek on aga pärit 1992. aastast. Siiski tuleb sarnaselt komisjonile märkida, et niisuguse torujuhtme ehitamine, nagu on MEGAL-i torujuhe, kujutab endast investeeringut väga pikaajaliseks kasutamiseks. Komisjon kinnitas niisiis, ilma et hageja oleks talle vastu vaielnud, et torujuhtme kasutusaeg on üldiselt 45–65 aastat. Lisaks tuleb tõdeda, et arvestades EÜ artikleid 2 ja 3 kaaskirjade allkirjastamise ajal kehtinud redaktsioonis, oli liidu eesmärk juba siis ühisturu rajamine, mis eeldas muu hulgas kaupade impordi ja ekspordiga seotud koguseliste piirangute, samuti kõigi muude samaväärse toimega meetmete kõrvaldamist. Pealegi oli Euroopa Kohtul selleks ajaks juba olnud võimalus rõhutada, et liikmesriikide siseturgude eraldamine on vastuolus asutamislepingu olulise eesmärgiga ühendada liikmesriikide siseturud ühisturuks (vt selle kohta Euroopa Kohtu 3. juuli 1974. aasta otsus kohtuasjas 192/73: Van Zuylen, EKL 1974, lk 731 , punkt 13). Neil asjaoludel tuleb asuda seisukohale, et kaaskirjade allkirjastamisel ei saanud liberaliseerimist pikaajalises perspektiivis välistada ning see kuulus mõistlikult oodatavate perspektiivide hulka. Liiatigi kinnitas seda sisuliselt E.ON, kes märkis oma vastuses vastuväiteteatisele, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 245, et Direktion I kiri koostati „kui ettevaatusabinõu […] selle vältimiseks, et kas või puhtteoreetiline oht, mis on seotud õiguslike ja majanduslike tingimuste muutustega, mida oli võimatu täielikult välistada, projekti ohtu ei seaks”. Hoolimata sellest, et hageja kohtuistungil selle avaldusega ei nõustunud, näitab see vähemalt, et asjaomastest ettevõtjatest ühe jaoks ei olnud õiguslik ja majanduslik muutus täiesti välistatud ning et Direktion I kirja eesmärk oli end selle vastu kaitsta. Teiseks, seoses konkurentsi väidetava puudumisega Saksa ja Prantsuse gaasiturul enne 2000. aastat tuleb märkida, et EÜ artikli 81 lõige 1 on kohaldatav üksnes konkurentsile avatud sektorites, võttes arvesse selles sättes toodud tingimusi, mis on seotud liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamise ja tagajärgedega konkurentsile (vt analoogia alusel seoses EÜ artikli 87 lõike 1 sarnaste tingimustega Üldkohtu 15. juuni 2000. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97-T-607/97, T-1/98, T-3/98-T-6/98 ja T-23/98: Alzetta jt vs . komisjon, EKL 2000, lk II-2319 , punkt 143). Sellega seoses olgu rõhutatud, et konkurentsitingimuste uurimine ei põhine mitte üksnes turul juba tegutsevate ettevõtjate vahelisel olemasoleval konkurentsil, vaid ka potentsiaalsel konkurentsil, et saada teada, kas turu struktuuri ning selle funktsioneerimist juhtivat majanduslikku ja õiguslikku konteksti arvesse võttes on olemas tegelikud ja konkreetsed võimalused, et asjassepuutuvad ettevõtjad tegutseksid omavahelises konkurentsis või uus konkurent võiks siseneda kõnealusele turule ning konkureerida olemasolevate ettevõtjatega (Euroopa Kohtu 28. veebruari 1991. aasta otsus kohtuasjas C-234/89: Delimitis, EKL 1991, lk I-935 , punkt 21; Üldkohtu 15. septembri 1998. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-374/94, T-375/94, T-384/94 ja T-388/94: European Night Services jt vs . komisjon, EKL 1998, lk II-3141 , punkt 137, ning 14. aprilli 2011. aasta otsus kohtuasjas T-461/07: Visa Europe ja Visa International Service vs . komisjon, EKL 2011, lk II-1729 , punkt 68). Selle kontrollimiseks, kas ettevõtja on turul potentsiaalne konkurent, peab komisjon kontrollima, kas juhul kui kõnealust kokkulepet ei oleks täidetud, oleks esinenud tegelikud ja konkreetsed võimalused siseneda sellele turule ning konkureerida olemasolevate ettevõtjatega. Selline tõendamine ei saa põhineda vaid oletusel, vaid seda peab kinnitama faktidega või asjaomase turu struktuurianalüüsiga. Nii ei saa ettevõtjat lugeda potentsiaalseks konkurendiks, kui tema turule sisenemine ei vasta elujõulisele majandusstrateegiale (vt selle kohta eespool punktis 82 viidatud kohtuotsus Visa Europe ja Visa International Service vs . komisjon, punktid 166 ja 167). Sellest tuleneb tingimata, et ehkki ühe ettevõtja kavatsus turule siseneda võib olla oluline kontrollimaks, kas teda võib lugeda potentsiaalseks konkurendiks viidatud turul, on sellise määratluse aluseks olev keskne asjaolu siiski tema suutlikkus kõnealusele turule siseneda (eespool punktis 82 viidatud kohtuotsus Visa Europe ja Visa International Service vs . komisjon, punkt 168). Käesoleval juhul tuleb vahet teha olukorral Prantsuse maagaasiturul ja Saksa maagaasiturul. Prantsuse turu osas ei ole vaidlust selles, et hagejale alates 1946. aastast kuulunud gaasi importimise ja tarnimise monopol tühistati alles 1. jaanuaril 2003 ning seda hoolimata sellest, et esimese gaasidirektiivi siseriiklikusse õigusesse ülevõtmise tähtaeg möödus 10. augustil 2000. Järelikult ei olnud vähemalt viimati nimetatud kuupäevani Prantsuse gaasiturul isegi mitte ühtegi potentsiaalset konkurenti ning kõnealune tegevus ei saanud seda turgu puudutavas osas kuuluda EÜ artikli 81 kohaldamisalasse. Sellest kuupäevast hilisemat olukorda analüüsitakse kolmanda väite raames. Saksa turu osas lükkas komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 30 ümber kinnituse, mille kohaselt ei ole hageja enne liberaliseerimist olnud kunagi E.ON-i jaoks potentsiaalne konkurent. Ta rõhutas selles osas, et Saksa õigus ei keelanud kunagi uute tarnijate turuletulekut, vaid võimaldas ainult pikka aega tegutsenud tarnijatel luua olulisi turuletuleku tõkkeid, sõlmides kokkuleppeid, mis jäävad konkurentsiõiguse kohaldamisalast välja. Lisaks märkis komisjon, et nende kokkulepete suhtes kohaldatav erand ei olnud absoluutne, vaid allus teatavatele tingimustele. Kokkulepetest, mille puhul tugineti erandile, tuli teatada pädevale konkurentsiasutusele, kes võis kokkuleppe keelata, kui ta leidis, et see kujutas endast seadusliku erandi kuritarvitust. Viimaseks, komisjon märkis Wingasi ja Mobili juhtumitele tuginedes, et võimalus konkureerida, vaatamata väga olulistele turuletuleku tõketele, ei olnud üksnes teoreetiline. Ta järeldas sellest, et hagejal oli võimalik müüa gaasi territooriumil, kus traditsiooniliselt tarnis gaasi E.ON, vaatamata märkimisväärsetele turuletuleku tõketele, mistõttu võis teda pidada E.ON-i potentsiaalseks konkurendiks kogu vaatlusalusel perioodil. Komisjon märkis veel vaidlustatud otsuse põhjenduses 240, et ta ei vaielnud vastu turuletuleku tõkete olemasolule ega sellele, et piiriülene konkurents pikka aega tegutsenud tarnijate vahel on üliväike. Ta rõhutas lisaks otsuse põhjenduses 294, et 1935. aasta EnWG ega GWB § 103 ei näinud E.ON-ile või mõnele teisele pikka aega tegutsenud ettevõtjale ette seaduslikku monopoli Saksamaa territooriumil. Hageja vaidleb nendele hinnangutele vastu, väites, et Saksa gaasiturg oli konkurentsile täiesti suletud õigusaktidest tulenevate tõkete, selle turu struktuuri ja selle tõttu, et kolmandatel isikutel ei olnud võrgule juurdepääsu, nii et ta ei olnud E.ON-i konkurent sellel turul. Selles küsimuses tuleb vahet teha esiteks ajavahemikul 1980–1998 ning teiseks ajavahemikul 1998–2000. Mis puudutab esiteks ajavahemikku 1980–1998, siis tuleb esiteks märkida, et kuni 1. jaanuarini 1990 nägi GWB § 103 lõige 5 ette, et üldiselt ei olnud võrgule juurdepääsust keeldumine ebaõiglane, kui juurdepääsutaotluse eesmärk oli tarnida gaasi kliendile, kes asus selle turustaja geograafilisel alal, kellele taotlus saadeti. Nagu märgib komisjon, kehtis selline võrgule juurdepääsust keeldumise seaduslikkuse eelduse vorm vaid üldjuhul ja teatavatel tingimustel. Nagu väitis hageja, ilma et komisjon oleks sellele vastu vaielnud, märkis Bundesgerichtshof (föderaalkohus, Saksamaa) 15. novembri 1994. aasta otsuses ( Neue Juristische Wochenschrift 1995, lk 2718), et GWB § 103 alusel enne 1990. aastat kehtinud redaktsioonis oli praktikas välistatud kontrolli teostamine turgu valitseva seisundi kuritarvituste üle, mis on seotud edastusvõrguga liitumisega. Teiseks tuleb märkida, et vaidlust ei ole selles, et kuni 24. aprillini 1998 olid GWB § 103 lõikega 1 selle seaduse sätete kohaldamisalast – millega keelati konkurentsivastased kokkulepped – välja jäetud esiteks piirikokkulepped, st kokkulepped, millega avalik-õiguslikke teenuseid osutavad äriühingud leppisid omavahel kokku mitte tarnida gaasi konkreetsel territooriumil, ning teiseks ainuõigusliku kontsessiooni lepingud, st kokkulepped, millega kohaliku omavalitsuse asutus andis ainuõigusliku kontsessiooni äriühingule, mis võimaldas tal kasutada avalikku maad, et ehitada ja käitada elektri- ja gaasijaotusvõrke. Vaidlustatud otsuse põhjendusest 23 nähtub küll, et kokkulepete täitmiseks tuli nendest teatada Bundeskartellamtile, kellel oli pädevus need keelata, kui ta leidis, et kõnealune kokkulepe kujutab endast õiguse kuritarvitamist. Nagu märgib komisjon, ei olnud ükski ettevõtja kohustatud piirikokkulepetes osalema ning need olid siduvad vaid kokkuleppe pooltele, nii et need ei saanud keelata gaasi müüa niisugusel kolmandal isikul nagu hageja. Siiski nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 24, et piirikokkulepete ja ainuõigusliku kontsessiooni lepingute korraga kasutamise tagajärjel tekkis tegelikult ainuõiguslike tarnealade süsteem, kus ainult üks gaasitarneettevõtja võis gaasi klientidele tarnida, ilma et teistel ettevõtjatel oleks olnud seaduslik keeld gaasi tarnida. Komisjon möönab vaidlustatud otsuse põhjenduses 371, et Saksamaa pikka aega tegutsenud tarnijatel oli nende vastavatel tarnealadel tegelik monopol. Ta kinnitab seda ka oma menetlusdokumentides, kus ta möönab, et ajavahemikus 1980–1998 eksisteerisid „tegelikud territoriaalsed monopolid” või „puhtfaktilised monopolid”. Neil asjaoludel tuleb asuda seisukohale, et vähemalt 24. aprillini 1998 iseloomustas Saksa gaasiturgu tegelike territoriaalsete monopolide esinemine. Saksamaa gaasituru eraldamist sel ajavahemikul kinnitasid hageja viidatud asjaolud, mille kohaselt esiteks oli see turg struktureeritud kolmel tasandil, mis kõik moodustasid eraldiseisvad turud ja millest tulenes vajadus sõlmida enne lõpptarbijani jõudmist mitu edastuslepingut ning teiseks ei olnud ühtegi kolmandate isikute juurdepääsu reguleerivat sätet. Tuleb tõdeda, et see olukord, mis eksisteeris Saksa gaasiturul kuni 24. aprillini 1998, võis sellel turul põhjustada mis tahes konkurentsi, st mitte ainult tegeliku vaid ka potentsiaalse konkurentsi puudumise. Sellega seoses tuleb rõhutada, et on otsustatud, et kohalike gaasijaotusettevõtjate geograafiline monopol välistab nende igasuguse tegeliku konkurentsi (vt selle kohta Üldkohtu 21. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-87/05: EDP vs . komisjon, EKL 2005, lk II-3745 , punkt 117). Kuid vaidlustatud otsus ega toimik ei sisalda asjaolusid, mis võimaldaksid õiguslikult piisavalt tõendada, et juhul kui kõnealust kokkulepet ei oleks täidetud ning vaatamata eespool punktides 90–95 kirjeldatud Saksa turu tunnusjoontele oli kuni 24. aprillini 1998 hagejal tegelik ja konkreetne võimalus siseneda Saksa gaasiturule ning konkureerida olemasolevate ettevõtjatega, nagu on nõutud eespool punktides 82 ja 83 viidatud kohtupraktikas. Seega ei oma tähtsust vaidlustatud otsuse põhjenduses 294 viidatud asjaolu, mille kohaselt ei olnud Saksamaal seaduslikku monopoli. Nimelt selleks, et kindlaks teha, kas turul on potentsiaalne konkurents, peab komisjon kontrollima, kas on olemas tegelikud ja konkreetsed võimalused, et asjaomased ettevõtjad tegutseksid omavahelises konkurentsis või uus konkurent võiks siseneda sellele turule ning konkureerida olemasolevate ettevõtjatega. See komisjonipoolne kontroll peab toimuma nende võimaluste objektiivsel alusel, nii et asjaolu, mille kohaselt need võimalused on välistatud otseselt siseriiklikest õigusaktidest tuleneva monopoli tõttu või kaudselt õigusaktide rakendamisest tuleneva faktilise olukorra tõttu, ei oma tähtsust. Lisaks, vaidlustatud otsuse põhjenduses 30 sisalduv väide, mille kohaselt ei olnud hagejal mitte ainult õiguslikus plaanis õigus müüa gaasi E.ON-i traditsioonilisel tarnealal, vaid see oli ka tegelikkuses võimalik (vaatamata märkimisväärsetele turuletuleku tõketele), ei saa iseenesest piisavalt tõendada potentsiaalse konkurentsi olemasolu. Nimelt ei ole hageja puhtteoreetiline turuletuleku võimalus piisav, et niisuguse konkurentsi olemasolu tõendada. Lisaks rajaneb selline väide lihtsal hüpoteesil ning ei ole tõend, mida kinnitavad faktilised asjaolud või asjakohase turu struktuuri analüüs vastavalt eespool punktis 83 viidatud kohtupraktikale, kusjuures selle põhjendamiseks esitatud näited ei puutu pealegi asjasse, nagu nähtub allpool punktidest 102 ja 103. Nii on see ka vaidlustatud otsuse põhjenduses 240 viidatud asjaoludega, mille kohaselt olid asjaomased ettevõtjad Euroopa gaasisektori olulised ettevõtjad ning igaühte neist tuli pidada uueks loomulikuks konkurendiks teise ettevõtja turul, või et nad olid heas positsioonis konkurendid, kellel olid põhimõtteliselt kõik võimalused edukalt naaberturule sisenemiseks, või viimaseks, et Saksamaa ja Prantsusmaa kujutasid endast tihedalt seotud naaberturgusid, mis suurendas edu saavutamise võimalusi. Nimelt ei võimalda nii üldine ja abstraktne teave tõendada, et vaatamata Saksa turul esinevale konkurentsiolukorrale oleks hageja olnud suuteline sellele turule sisenema, kui kõnealust kokkulepet ei oleks olnud. Veel käib see ka samadel põhjustel vaidlustatud otsuse põhjenduses 240 viidatud asjaolude kohta, mille kohaselt oli asjaomastel ettevõtjatel vajalik jõud, eelised ja infrastruktuur, et turule sisenemist võimaldada, ning et hageja tütarettevõtjad EEG ja PEG ning tema vähemusosalus GASAG-is ja VNG-s olid tugevad eelised oma positsiooni tugevdamiseks sellel turul. Wingasi ja Mobili näited, mis esitati vaidlustatud otsuse põhjendustes 30 ja 243 selle tõendamiseks, et Saksa gaasiturule oli võimalik siseneda, ei ole komisjoni arutluskäigu toetamiseks asjakohased, nagu väidab sisuliselt hageja väite käesoleva osa teise argumendi põhjendamiseks esitatud teises argumentide seerias. Nimelt nähtub esiteks kõnealuse otsuse põhjendusest 30, et Wingasi puhul on tegemist BASF-i ja Gazpromi ühisettevõttega, kel õnnestus siseneda Saksa gaasiturule 1990-ndatel aastatel tänu viimati nimetatu gaasitarnetele ja E.ON-i ning muude pikka aega tegutsenud tarnijate torujuhtmetega paralleelselt kasutatavate uute torujuhtmete ulatusliku võrgu ehitamisele. Ent nagu hageja väidab, leidis komisjon oma 29. septembri 1999. aasta otsuses (Juhtum IV/M.1383 – Exxon/Mobil) (edaspidi „Exxon/Mobil otsus”), et oli vähe tõenäoline, et Wingasi olukord kordub, kuna see ettevõtja oli õnnestunud assotsiatsioon väga suure (või isegi kõige suurema) Saksa gaasi tööstustarbija ja väga suure Vene tootja vahel (vt Exxon/Mobil otsuse põhjendus 100). Liiati nähtub hageja viidatud aruandest komisjoni uurimise kohta energiasektoris (SEK/2006/1724), et selle aruande raames peeti Wingasi tulenevalt tema ainulaadsest positsioonist Saksa turul „turul olijaks”, mitte „uueks turuletulijaks”. Teiseks, ka Mobil tuli Saksa gaasiturule 1990-ndatel aastatel, pidades pikka aega tegutsenud võrguhaldajate ülekandevõrkudele juurdepääsu saamiseks läbirääkimisi. Ent tuleb tõdeda, et komisjon ise märkis, et Mobil oli Saksamaal veidi ebatüüpilises olukorras (vt Exxon/Mobil otsuse põhjendus 251). Ta toonitas muu hulgas, et see ettevõtja tootis olulise osa Saksa gaasist ja kuulus Saksa gaasiettevõttele, mis oli kahtlemata komisjoni arvates põhjus, miks ta võis Saksamaal gaasi importida, omamata omaenda kõrgsurvetorustikku, ning seda tänu kolmandate isikute juurdepääsule võrgule. Komisjon märkis veel seda, et Mobil oli ainulaadses seisundis (vt Exxon/Mobil otsuse põhjendus 219). Nagu väidab komisjon, oli ka hagejal tõepoolest eeliseid ning ta ei olnud tüüpilises olukorras. Arvestades siiski Wingasi ja Mobili olukordade ainulaadsust ja eripära, mida komisjon ise möönis, ei saa need üksi tõendada uue turuletulija tegelikku ja konkreetset võimalust siseneda Saksa gaasiturule ja konkureerida olemasolevate ettevõtjatega. Selles kontekstis tuleb märkida, et nagu väitis hageja, ei saanud ettevõtjad, antud juhul [ konfidentsiaalne ], kes olid temaga samas olukorras – st naaberriigis turgu valitsevad ettevõtjad, kellel on Saksamaal asuv torujuhe – Saksa gaasiturule siseneda, mida komisjon pealegi möönab, meenutades samas siiski, et Mobil ja Wingas sisenesid sellele turule. Igal juhul ei sisaldu vaidlustatud otsuses ühtegi tõendit, isegi mitte üldist tõendit, mis kinnitaks, et ajavahemikul 1. jaanuarist 1980 kuni 24. aprillini 1998, hoolimata asjaoludest, mis eeldasid Saksa gaasiturul piirkondlike monopolide olemasolu, ei vastanud torustiku ehitamine või pikka aega tegutsenud ettevõtjaga kokkulepete sõlmimine juurdepääsu saamiseks võrgule MEGAL-i torujuhtme trajektooril, elujõulisele majandusstrateegiale eespool punktis 83 viidatud kohtupraktika tähenduses, ning kujutas endast tegelikku ja konkreetset võimalust niisuguse ettevõtja jaoks nagu hageja, kes on MEGAL-i torujuhtme kaasomanik, siseneda sellele turule ja konkureerida seal olemasolevate ettevõtjatega. Eeskätt ei võimalda ükski asjaolu asuda seisukohale, et hageja sisenemine turule oleks sellisel viisil võinud toimuda piisavalt kiiresti, et turuosaliste tegevust oleks mõjutanud potentsiaalse turuletuleku oht, või et see oleks toimunud majanduslikult talutavate kuludega. Tuleb tõdeda, et vaidlustatud otsus ei sisalda mingit teavet, mis võimaldaks asuda seisukohale, et komisjon on kontrollinud potentsiaalse konkurentsi olemasolu vastavalt eespool punktis 83 viidatud kohtupraktika nõuetele. Eeltoodut arvestades tuleb asuda seisukohale, et komisjon ei tõendanud potentsiaalse konkurentsi olemasolu Saksa gaasiturul ajavahemikus 1. jaanuarist 1980 kuni 24. aprillini 1998. Lisaks, toonitades vaidlustatud otsuse põhjenduses 372, et Saksa seadusandja nägi piirikokkulepete suhtes kohaldavate konkurentsiõigusest tehtava erandi kehtetuks tunnistamisega 24. aprillil 1998 selgelt ette, et gaasisektor peab pärast seda kuupäeva olema konkurentsile avatud, kaldub komisjon möönma vähemalt kaudselt, et enne seda kuupäeva oli Saksa seadusandja ise seisukohal, et gaasisektor ei olnud konkurentsile avatud ning järelikult ei esinenud mis tahes potentsiaalset konkurentsi. Teiseks, seoses ajavahemikuga 24. aprillist 1998 kuni 10. augustini 2000 tuleb meenutada, et tulenevalt enne seda ajavahemikku toimunud õigusaktide muudatustest ei eksisteerinud sel ajavahemikul enam võrgule juurdepääsu keelamise seaduslikkuse eeldusest ega piirikokkulepete ja ainuõigusliku kontsessiooni lepingute suhtes kohaldatavast erandist tulenevad piirangud. Hageja väidab siiski, et kuni 2000. aastani ei olnud Saksamaal ühtegi kolmandate isikute juurdepääsu reguleerivat sätet, esimesed kolmandate isikute juurdepääsu sätestavad kokkulepped sõlmiti alles alates sellest aastast. Sellega seoses tuleb kõigepealt märkida, et asjaolu, et gaasi edastamise ja turustamise osas ei eksisteeri ühtegi kolmandate isikute juurdepääsu reguleerivat eeskirja, on küll Saksa gaasiturule tuleku takistus, kuid see ei tähenda, et turule oli täiesti võimatu siseneda, seda enam, et nagu nähtub eespool punktist 90, oli alates 1. jaanuarist 1990 võrgule juurdepääsust keeldumise seaduslikkuse eeldus kehtetu. Seega asjaolu, et vaatlusalusel perioodil kolmandate isikute juurdepääsu reguleerivate eeskirjade puudumisel Saksamaal ei lasunud võrku haldaval omanikul mingit kohustust anda ühele oma konkurendile juurdepääs, ei välista niisuguse juurdepääsu läbirääkimiste võimalust. Igal juhul nähtub vaidlustatud otsusest, et alates 1. jaanuarist 1999 tuleneb GWB § 19 lõike 4 punktist 4 kolmandate isikute juurdepääsu õigus olulisele infrastruktuurile, millele hageja vastu ei vaidle. Kuigi Saksa turu struktuur oleks samuti võinud endast ajavahemikus 24. aprillist 1998 kuni 10. augustini 2000 kujutada turuletuleku tõket, ei võimalda siiski ükski asjaolu asuda seisukohale, et sel ajavahemikul, mis on hilisem 1998. aastal toimunud õigusaktide muudatustest, välistas see struktuur üksi või koos kolmandate isikute juurdepääsu reguleeriva eeskirja puudumisega täielikult Saksa turul potentsiaalse konkurentsi. Liiati väidab hageja vaid seda, et see struktuur kujutas endast olulist turuletuleku tõket, millele aitas kaasa piirkondadevaheliste hulgimüüjate vertikaalne integratsioon. Ometi ei väida ta, et see muutis mis tahes turuletuleku võimatuks. Neil asjaoludel tuleb tuvastada, et ükski asjaolu ei tõenda, et komisjon leidis vääralt, et ajavahemikus 24. aprillist 1998 kuni 10. augustini 2000 eksisteeris Saksa turul potentsiaalne konkurents. Kõike eeltoodut arvestades tuleb väite esimese osaga nõustuda ajavahemikku 1. jaanuarist 1980 kuni 24. aprillini 1998 puudutavas osas ning see tagasi lükata ajavahemikku 24. aprillist 1998 kuni 10. augustini 2000 puudutavas osas. Kuna väite esimese osaga nõustuti vaid osaliselt, tuleb analüüsida ka käesoleva väite põhjendamiseks esitatud muid osasid ajavahemikku 24. aprillist 1998 kuni 10. augustini 2000 puudutavas ulatuses. b) Teine osa Selles väite osas vaidlustab hageja komisjoni analüüsi, mille kohaselt või kartellikokkuleppel olla tegelikult või potentsiaalselt tuntav mõju gaasiga kauplemisele Prantsusmaa ja Saksamaa vahel enne 2000. aasta augustit. Selle kohta esitab hageja sisuliselt kaks argumenti, millest esimene tugineb põhjenduste puudumisele ning teine õigusnormi rikkumisele ja faktiveale. – Esimene argument Hageja väidab, et vaidlustatud otsust on puudulikult põhjendatud, kuna ei ole näidatud, mil määral võis kartell mõjutada gaasiga kauplemist Prantsusmaa ja Saksamaa vahel alates 1. jaanuarist 1980, ning et EÜ artikli 81 kohaldamise tingimused olid selleks ajaks täidetud. Sellega seoses olgu meenutatud, et põhjendamiskohustus on oluline vorminõue, mida tuleb eristada põhjenduste põhjendatuse küsimusest, mis kuulub vaidlustatud akti sisulise õiguspärasuse valdkonda (vt selle kohta Euroopa Kohtu 2. aprilli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-367/95 P: komisjon vs . Sytraval ja Brink’s France, EKL 1998, lk I-1719 , punkt 67, ja Üldkohtu 4. juuli 2006. aasta otsus kohtuasjas T-304/02: Hoek Loos vs . komisjon, EKL 2006, lk II-1887 , punkt 54). Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab otsus, milles isikule rikkumine süüks pannakse, olema põhjendatud nii, et selle üle oleks võimalik teostada reaalselt õiguspärasuse kontrolli ja huvitatud isik saaks vajalikku teavet selle kohta, kas otsus on või ei ole põhjendatud. Põhjenduse piisavust tuleb hinnata antud juhtumi asjaolude alusel, muu hulgas akti sisu, selles tuginetud põhjenduste laadi ja selle adressaatide huvi saada selgitusi alusel (Üldkohtu 28. aprilli 1994. aasta otsus kohtuasjas T-38/92: AWS Benelux vs . komisjon, EKL 1994, lk II-211 , punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 14. mai 1998. aasta otsus kohtuasjas T-310/94: Gruber + Weber vs . komisjon, EKL 1998, lk II-1043 , punkt 209). Käesolevas asjas meenutas komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 261, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamiseks kokkuleppest kõigi objektiivsete õiguslike või faktiliste asjaolude põhjal olema piisavalt suure tõenäosusega võimalik järeldada, et see kokkulepe mõjutab või võib mõjutada otseselt või kaudselt liikmesriikidevahelist kaubavahetust. Vaidlustatud otsuse põhjenduses 262 lisas ta, et vastavalt suunistele [EÜ] artiklites 81 ja 82 sätestatud kaubandusmõju kontseptsiooni kohta ( ELT 2004, C 101, lk 81 ; edaspidi „2004. aasta suunised”) võivad mitut liikmesriiki hõlmavad turgude jagamise kokkulepped juba oma laadilt ühtlustada konkurentsitingimusi, mõjutada kaubavahetuse läbipõimumist, juhtides tavapärased kaubavood kõrvale nende loomulikust kursist, ja seega mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust. Seejärel märkis ta otsuse põhjenduses 263, et EÜ artikli 81 lõike 1 kohaldamisel turgude jagamise kokkuleppele ja kooskõlastatud tegevusele ei piirduta osaliste müügi selle osaga, mis eeldas tegelikkuses kaupade liikumist ühest liikmesriigist teise, ja et asjaolul, et toodetega on nende laadist tulenevalt piiriüleselt lihtne kaubelda, on oluline kaal küsimuses, kas liikmesriikidevahelist kaubandust võidakse mõjutada. Samas põhjenduses leidis ta, et üritades külmutada enne liberaliseerimist esinenud konkurentsiolukorda, piirates gaasi edastamist MEGAL-i torujuhtme kaudu, mis on peamine maagaasi imporditee Saksamaale ja Prantsusmaale, ning takistades seega piiriülest konkurentsi Saksa ja Prantsuse gaasiturgudel, takistasid asjaomaste ettevõtjate konkurentsivastane kokkulepe ja tegevus käesolevas asjas neil ettevõtjatel leida võimalust äritegevuse arendamiseks teineteise koguturul ning need mõjutasid seega või vähemalt võisid mõjutada tuntavalt liikmesriikidevahelist kaubandust. Neil asjaoludel tuleb asuda seisukohale, et komisjon esitas õiguslikult piisavalt põhjused, miks ta leidis, et kartellikokkulepe võis mõjutada kaubandust Prantsusmaa ja Saksamaa vahel alates 1. jaanuarist 1980 ja et EÜ artikli 81 kohaldamise tingimused olid täidetud. Selles küsimuses tuleb märkida, et vaidlustatud otsuses on ka sõnaselgelt viidatud olukorrale „enne liberaliseerimist”, st enne 10. augustit 2000, nii et hageja väidab ekslikult, et komisjoni tõendid piirduvad sellest kuupäevast hilisema ajaga. Esimene argument tuleb seega tagasi lükata. – Teine argument Hageja väidab, et otsuses on tehtud faktiviga ja rikutud õigusnormi. Tema sõnul ei saanud kaaskirjadel olla tuntavat tegelikku või potentsiaalset mõju kaubavahetusele Saksamaa ja Prantsusmaa vahel enne 2000. aasta augustit, kuna Saksa ja Prantsuse turud olid enne seda ajahetke tegelikult või õiguslikult konkurentsile suletud, nii et maagaasiga kauplemine nende riikide vahel ei oleks asjaomase tegevuseta olnud teistsugune. Selles osas tuleb meenutada, et EÜ artikli 81 lõige 1 on kohaldatav ainult kokkulepete suhtes, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamiseks otsusest, kokkuleppest või tegevusest kõigi objektiivsete õiguslike või faktiliste asjaolude põhjal olema piisavalt suure tõenäosusega võimalik järeldada, et see otsus, kokkulepe või tegevus mõjutab või võib mõjutada otseselt või kaudselt liikmesriikidevahelist kaubavahetust ja seda viisil, mis annab alust arvata, et see võib takistada liikmesriikidevahelise ühisturu loomist (vt Euroopa Kohtu 23. novembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-238/05: Asnef-Equifax ja Administración del Estado, EKL 2006, lk I-11125 , punkt 34 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega mõjutatakse ühendusesisest kaubavahetust üldjuhul mitme sellise asjaolu koosmõjul, mis eraldi võetuna ei pruugi iseenesest määravad olla. Kontrollimaks, kas keelatud kokkulepe mõjutab tuntavalt liikmesriikidevahelist kaubandust, tuleb seda uurida selle majanduslikus ja õiguslikus kontekstis (vt eespool punktis 122 viidatud kohtuotsus Asnef-Equifax ja Administración del Estado, punkt 35 ja seal viidatud kohtupraktika). Selles suhtes on vähe oluline, kas keelatud kokkuleppe mõju kaubandusele on ebasoodne, neutraalne või soodne. Konkurentsipiirang võib liikmesriikidevahelist kaubandust mõjutada, kui see juhib kaubavood kõrvale kursilt, mille need muidu oleksid võtnud (vt selle kohta Euroopa Kohtu 29. oktoobri 1980. aasta otsus liidetud kohtuasjades 209/78-215/78 ja 218/78: van Landewyck jt vs . komisjon, EKL 1980, lk 3125 , punkt 172). Lisaks piisab keelatud kokkuleppe võimest mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust, st selle võimalikust mõjust, selleks et kokkulepe kuuluks EÜ artikli 81 kohaldamisalasse, ning puudub vajadus tõendada selle tegelikku mõju kaubandusele (Euroopa Kohtu 21. jaanuari 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-215/96 ja C-216/96: Bagnasco jt, EKL 1999, lk I-135 , punkt 48, ning Üldkohtu 14. detsembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-259/02-T-264/02 ja T-271/02: Raiffeisen Zentralbank Österreich jt vs . komisjon, EKL 2006, lk II-5169 , punkt 166). Siiski on vajalik, et keelatud kokkuleppe võimalik mõju riikidevahelisele kaubandusele oleks tuntav või teisisõnu, et see ei oleks vähetähtis (vt selle kohta Euroopa Kohtu 28. aprilli 1998. aasta otsus kohtuasjas C-306/96: Javico, EKL 1998, lk I-1983 , punktid 12 ja 17). Lisaks on liikmesriigi kogu territooriumi hõlmava kokkuleppe olemus siseriiklike turgude lõhestatusele kaasaaitav, takistades turgude omavahelist põimumist, mis on EÜ asutamislepingu eesmärk (eespool punktis 122 viidatud kohtuotsus Asnef-Equifax ja Administración del Estado, punkt 37). Käesolevas asjas tuleb tõdeda, et kuna komisjon ei tõendanud potentsiaalse konkurentsi esinemist Saksa gaasiturul ajavahemikus 1. jaanuarist 1980 kuni 24. aprillini 1998 (vt eespool punkt 104), ja kuna on selge, et Prantsuse turg oli konkurentsile suletud vähemalt 2000. aasta augustini, siis leidis komisjon vääralt, et kõnealune kokkulepe ja tegevus võisid liikmesriikide kaubavahetust tuntavalt mõjutada enne 24. aprilli 1998. See peab seda enam paika, et nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 263, rajas komisjon oma sellekohase järelduse asjaolule, et see kokkulepe ja tegevus takistasid Saksa ja Prantsuse gaasiturgudel piiriülest konkurentsi. Kuid kuna neil kahel turul ei olnud konkurentsi, ei saanud seda konkurentsi piirata ning järelikult ei saadud mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust. Ajavahemiku 24. aprillist 1998 kuni 10. augustini 2000 osas tuleb käesolev argument liikmesriikide kaubavahetuse mõjutamise kohta aga tagasi lükata, kuna potentsiaalse konkurentsi olemasolu Saksa gaasiturul ei seatud nõuetekohaselt kahtluse alla (vt eespool punkt 111) ning kuna konkurentsi piiramine võis seega tuntavalt mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust. Need kaalutlused ei kaota oma asjakohasust hageja argumentide tõttu, mis tuginevad suunistele EÜ artiklites 81 ja 82 sätestatud kaubandusmõju kontseptsiooni kohta. Nimelt vaidlustab hageja vaidlustatud otsuse põhjenduses 262 esitatu (vt eespool punkt 118), kinnitades, et liberaliseerimise ja gaasi siseturu rajamise perspektiivi puudumine (vähemalt) enne 2000. aasta augustit on kohtupraktika tähenduses objektiivne asjaolu, mis võimaldab piisava tõenäosusega välistada, et asjaomane turgude jagamise kokkulepe võis liikmesriikidevahelist kaubandust tuntavalt mõjutada. Ent nagu märgitud väite esimese osa analüüsi raames, ei olnud liberaliseerimise perspektiivi kaaskirjade allkirjastamise ajal võimalik pikaajalises perspektiivis välistada (vt eespool punkt 80). Lisaks, ainuüksi see, et gaasi siseturgu ei olnud rajatud, ei välistanud gaasi ühendusesisest kaubavahetust, mida võidi mõjutada, sest selline kaubavahetus võis tegelikult eksisteerida hoolimata sellest, et siseturg ei olnud välja kujunenud. Hageja vastuväide tuleb seega tagasi lükata. Samuti tuleb tagasi lükata argument, et suunistes on ette nähtud, et „kui liikmesriikide vahelisele kaubandusele eksisteerib absoluutne takistus, mis ei ole seotud kokkuleppe ega tegevusega, võib mõju kaubandusele ilmneda ainult juhul, kui nimetatud takistus lähitulevikus kaob”, kuna nende takistuste kadumine ei olnud pikas perspektiivis välistatud. Eeltoodust tuleneb, et osaliselt tuleb nõustuda väite teise osa raames esitatud teise argumendiga ning järelikult väite teise osaga ajavahemikku 1. jaanuarist 1980 kuni 24. aprillini 1998 puudutavas osas. Kõnealune väite osa aga tuleb tagasi lükata ajavahemikku 24. aprillist 1998 kuni 10. augustini 2000 puudutavas osas. c) Kolmas osa Käesolevas osas väidab hageja, et vaidlustatud otsus rikub EÜ artiklit 81, tõendite kogumist puudutavaid norme ja põhjendamiskohustust, kuna puudub tõend väidetava rikkumise kohta ajavahemikus 1980. aasta jaanuarist kuni 1999. aasta veebruarini. Sellega seoses tuleb kõigepealt märkida, et kuna komisjon ei tuvastanud Prantsusmaal enne 10.augustit 2000 toime pandud rikkumist ja kuna väite esimese osa analüüsist nähtub, et ta tuvastas vääralt Saksamaal ajavahemikus 1. jaanuarist 1980 kuni 24. aprillini 1998 toime pandud rikkumise, siis peab käesoleva osa analüüs piirduma ajavahemikuga viimati nimetatud kuupäevast kuni 1999. aasta veebruarini. Seejärel tuleb märkida, et keerulise rikkumise raames, milles paljud tootjad osalesid mitmete aastate vältel eesmärgiga üheskoos turgu reguleerida, ei nõuta komisjonilt, et ta kvalifitseeriks täpselt rikkumise iga ettevõtja ja iga asjaomase ajahetke kohta ning kooskõlastatud kokkuleppe või tegevuse kohta, kuna igal juhul hõlmab EÜ artikkel 81 ühte või teist nende rikkumise liikidest (Üldkohtu 20. aprilli 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-305/94-T-307/94, T-313/94-T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 ja T-335/94: Limburgse Vinyl Maatschappij jt vs . komisjon, EKL 1999, lk II-931 , punkt 696). Komisjonil on õigus kvalifitseerida selline keeruline rikkumine kokkuleppeks „ja/või” kooskõlastatud tegevuseks, kuna see rikkumine hõlmab aspekte, mis tuleb kvalifitseerida „kokkuleppeks”, ning aspekte, mis tuleb kvalifitseerida „kooskõlastatud tegevuseks” (eespool punktis 133 viidatud kohtuotsus Limburgse Vinyl Maatschappij jt vs . komisjon, punkt 697). Sellises olukorras ei tule kaht kvalifikatsiooni mõista kvalifikatsioonina, mis nõuab, et üheaegselt ja kumulatiivselt oleks tõendatud, et iga faktiline asjaolu sisaldab keelatud kokkuleppe või kooskõlastatud tegevuse tunnuseid, vaid seda tuleb mõista ühe tervikliku kvalifikatsioonina, mis koosneb faktilistest asjaoludest, millest osad on kvalifitseeritud kokkuleppeks ja teised kooskõlastatud tegevuseks EÜ artikli 81 lõike 1 tähenduses, mis ei näe mitmest teost koosnevate rikkumiste puhul ette eraldiseisvat kvalifikatsiooni (eespool punktis 133 viidatud kohtuotsus Limburgse Vinyl Maatschappij jt vs . komisjon, punkt 698). Lisaks tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et konkurentsivastane tegevus või kokkulepe tuleb tuletada teatud hulgast kokkusattumustest ja kaudsetest tõenditest, mis kogumis analüüsituna ning muu loogilise selgituse puudumise korral võivad osutuda tõendiks konkurentsieeskirjade rikkumise kohta (vt Euroopa Kohtu 21. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-105/04 P: Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied vs . komisjon, EKL 2006, lk I-8725 , punktid 94 ja 135 ning seal viidatud kohtupraktika). Sellised kaudsed tõendid ja kokkulangevused võimaldavad kindlaks teha mitte ainult konkurentsivastase tegevuse ja kokkulepete olemasolu, vaid ka jätkuva konkurentsivastase tegevuse kestuse ja ajavahemiku, mil täideti kokkulepet, mis oli sõlmitud konkurentsieeskirju rikkudes (eespool punktis 136 viidatud kohtuotsus Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied vs . komisjon, punkt 95). Viimaseks tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktikast tulenevalt tähendab ettevõtjatele tagatava õiguskindluse nõue seda, et kui vaidlus puudutab konkurentsieeskirjade rikkumist, esitab komisjon, kellel on tõendamiskoormis tema poolt tuvastatud rikkumiste osas, sellised tõendid, mis tõendavad õiguslikult piisavalt endast rikkumist kujutavate asjaolude olemasolu. Mis puudutab konkreetselt teatava rikkumise väidetavat kestust, siis nõuab sama õiguskindluse põhimõte, et kui puuduvad tõendid, mis otseselt tõendavad rikkumise kestust, siis esitab komisjon vähemalt tõendid, mis puudutavad ajaliselt piisavalt lähestikku asetleidnud asjaolusid, nii et võib mõistlikult tuvastada, et see rikkumine vältas katkematult kahe täpse kuupäeva vahel (Üldkohtu 7. juuli 1994. aasta otsus kohtuasjas T-43/92: Dunlop Slazenger vs . komisjon, EKL 1994, lk II-441 , punkt 79). Nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 211, leidis komisjon käesolevas asjas, et asjaomaste ettevõtjate tegevus, mis seisnes esialgses turgude jagamise kokkuleppes ja kooskõlastatud tegevuses, mis väljendus korrapärastes koosolekutes, mille eesmärk oli kooskõlastamine ja selle kokkuleppe täitmine enam kui 25 aasta jooksul, oli üks ja vältav rikkumine ning „oma eesmärgilt konkurentsipiirang”. Ta rõhutas, et oleks kunstlik jagada vaid ühte eesmärki taotlevat ühte vältavat käitumist mitmeks erinevaks rikkumiseks, kui selle puhul on vastupidi tegu ühe rikkumisega, mis järk-järgult konkretiseerus nii kokkulepete kui ka kooskõlastatud tegevuse kaudu. Ent nagu väidab hageja, ei esitanud komisjon ühtegi tõendit asjaomase rikkumise kohta seoses ajavahemikuga 1980. aasta jaanuarist kuni 4. veebruarini 1999. Komisjon ei vaidle sellele vastu ning möönab kostja vastuses, et peale kaaskirjade ei esitanud ta 1999. aastast varasemaid üksikasjalikke tõendeid. Selles küsimuses tuleb kohe tagasi lükata komisjoni selgitus, mille kohaselt ei pidanud ta pärast seda, kui ta oli kontrollide käigus kaasa võtnud 1999. aastast hilisemad dokumendid, vajalikuks nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt varasemaid dokumente. Nimelt ei saa lubada, et komisjon tugineb omaenda puudusele tõendite kogumisel, et jätta täitmata kohustused, mis tal sellega seoses lasuvad. Siiski ei takista see, et vältava rikkumise teatud kindlate ajavahemike kohta ei ole tõendeid esitatud, järeldamast, et kokku kestis rikkumine nimetatud ajavahemikest kauem, kui selline järeldus põhineb objektiivsetel ja omavahel kooskõlas olevatel kaudsetel tõenditel (vt selle kohta eespool punktis 136 viidatud kohtuotsus Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied vs . komisjon, punkt 98). Ent olgu meenutatud, et nagu nähtub vaidlustatud otsusest, sõlmisid asjaomased ettevõtjad 1975. aastal turgude jagamise kirjaliku kokkuleppe, mille moodustasid MEGAL-i kokkuleppe, selle lisad ja kaaskirjad, ning mis seisnes teineteise koduturule mittetulemises või sellele turule tulemises piiratud määral ning selliselt oma koduturgude kaitsmises, hoidudes müümast teise poole koduturul MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatud gaasi. Ükski hageja esitatud argument ei võimalda seda järeldust kahtluse alla seada, nagu nähtub kogu käesolevast kohtuotsusest. Seda kokkulepet ei sõlmitud tähtajaliselt, sest kokkuleppe ükski säte ei viita selle lõppkuupäevale. Ükski tõend ei võimalda kinnitada, et MEGAL-i kokkulepe, selle lisad ja kaaskirjad oleks lõpetatud enne 1999. aastat. Liiati ei ole hageja esitanud ühtegi sellest ajast varasemat tõendit, mis võiksid seda kinnitada. Selles kontekstis tuleb täpsustada, et see, et esimese väite esimese osa analüüsi tulemusel tühistab Üldkohus vaidlustatud otsuse artikli 1 osas, milles tuvastatakse Saksamaal enne 1998. aastat toime pandud rikkumine, ei sea iseenesest kahtluse alla turgude jagamise kokkuleppe olemasolu, vaid kuupäeva, millest alates kujutas see endast rikkumist. Mis puudutab asjaolu, et 2004. aasta kokkuleppe kohaselt pidasid asjaomased ettevõtjad 1975. aasta kaaskirju „juba ammu”„õigustühiseks”, siis ei anna see täpset teavet, mis võimaldaks asuda seisukohale, et käesolevas asjas vaadeldav kokkulepe lõpetati enne 1999. aastat. Sellest ajahetkest hilisematest dokumentidest ja eeskätt hageja õigustalituse 9. ja 17. veebruari 2000. aasta e-kirjadest, mis viitavad sõnaselgelt Direktion G ja Direktion I kirjadele, mille tõendusjõudu analüüsitakse allpool punktis 163, nähtub vastupidi, et hageja viitas jätkuvalt nimetatud kokkuleppele, mis aga osutab sellele, et 2000. aastal ei olnud see lõpetatud. Neid asjaolusid arvestades tuleb asuda seisukohale, et MEGAL-i kokkulepe, selle lisad ja kaaskirjad kehtisid ajavahemikus 1975–1999 ja seega käesoleva osa analüüsi seisukohalt asjassepuutuval perioodil, nagu see on määratletud eespool punktis 132, st ajavahemikus 1998–1999, mistõttu ei olnud komisjonil vaja esitada täiendavat tõendit nende täitmise kohta kõnealusel perioodil. Sellega seoses olgu toonitatud, et käesoleva juhtumi olukord erineb sellest, millega seoses tehti eespool punktis 138 viidatud kohtuotsus Dunlop Slazenger vs . komisjon, millele hageja osutas. Nimelt tuvastas komisjon selles asjas muu hulgas kahe kirja olemasolu vastavalt 1977. ja 1985. aastast, millega asjaomane ettevõtja kohustus ekspordist hoiduma. Üldkohus otsustas, et kuna komisjon ei olnud suuteline esitama tõendeid, mis kinnitavad ettevõtjale ette heidetava rikkumise vältavat laadi ajavahemikus 1977–1985, ei tõendanud komisjon õiguslikult piisavalt, et rikkumine sai alguse 1977. aastal. Nagu nähtub nimetatud kohtuotsuse punktist 45, puudutas 1977. aasta kiri erinevalt käesolevast juhtumist siiski ühte ühekordset pakkumust ega kujutanud endast tähtajatut meedet, nagu on MEGAL-i kokkuleppe ja kaaskirjade puhul. Järelikult tuleb kolmas osa tagasi lükata. Kõigest eeltoodust tuleneb, et käesoleva väite esimese ja teise osaga tuleb osaliselt nõustuda ja et väite kolmas osa tuleb tagasi lükata. Järelikult tuleb vaidlustatud otsuse artikkel 1 tühistada osas, milles selles tuvastati Saksamaal ajavahemikus 1. jaanuarist 1980 kuni 24. aprillini 1998 toime pandud rikkumine. 2. Teine väide, mille kohaselt on EÜ artikli 81 kohaldamisel tehtud faktivigu ja rikutud õigusnormi seoses kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasoluga pärast 2000. aasta augustit See väide, milles hageja kinnitab, et komisjon on seoses kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasoluga pärast 2000. aasta augustit EÜ artikli 81 kohaldamisel teinud faktivigu ja rikkunud õigusnormi, koosneb neljast osas, millest esimese kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81, kuna ei esine ühte vältavat rikkumist ajavahemikus 1. jaanuarist 1980 kuni 30. septembrini 2005 ning sellest tulenevalt on kaaskirjad aegunud, teise osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81 ja tõendite kogumist puudutavaid eeskirju, kuna puudus asjaomaste ettevõtjate ühine tahe kohaldada kaaskirju pärast 2000. aasta augustit, kolmanda osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81, kuna asjaomaste ettevõtjate koosolekutele ja teabevahetusele ajavahemikus 1999–2005 on antud ilmselt väär hinnang ning neljanda osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81 ja põhjendamiskohustust, kuna ei ole antud hinnangut hageja käitumise sõltumatusele Saksamaal ja E.ON-i käitumise sõltumatusele Prantsusmaal. Esimest osa tuleb analüüsida viimasena. a) Teine osa Käesolevas osas väidab hageja, et komisjon ei tõendanud õiguslikult piisavalt asjaomaste ettevõtjate ühist tahet kohaldada kaaskirju pärast 2000. aasta augustit. Selles suhtes olgu meenutatud, et komisjon peab tõendama tema poolt kindlaks tehtud rikkumist ja esitama tõendid, mille alusel saab õiguslikult piisavalt tuvastada rikkumise koosseisu kuuluvate asjaolude asetleidmist (vt eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 173 ja seal viidatud kohtupraktika). Lisaks peab EÜ artikli 230 alusel esitatud tühistamishagi raames kohus kontrollima vaid vaidlustatud akti õiguspärasust (eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 174). Kohtul, kes lahendab tühistamishagi komisjoni otsuse peale, milles tuvastatakse konkurentsieeskirjade rikkumine ja määratakse otsuse adressaatidele trahv, tuleb hinnata, kas tõenditest ja muudest asjaoludest, millele komisjon oma otsuses tugineb, piisab väidetava rikkumise tõendamiseks (vt eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 175 ja seal viidatud kohtupraktika). Lisaks tuleb meenutada, et kohtu kahtlust tuleb tõlgendada rikkumise tuvastamise otsuse adressaadiks oleva ettevõtja kasuks. Seega ei saa kohus järeldada, et komisjon on tõendanud rikkumise toimepanemist õiguslikult piisavalt, kui tal on selles küsimuses veel kahtlusi, eriti hagi puhul, milles nõutakse trahvi määrava otsuse tühistamist (vt eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 177 ja seal viidatud kohtupraktika). Komisjonil tuleb niisiis esitada piisavalt täpseid ja üksteist toetavaid tõendeid, mille põhjal saaks veenduda, et rikkumine on toime pandud (vt eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 179 ja seal viidatud kohtupraktika). Tuleb siiski rõhutada, et komisjoni esitatud iga tõend ei pea rikkumise iga elemendi puhul tingimata vastama nendele kriteeriumidele. Piisab, kui kaudsete tõendite kogum, millele institutsioon tugineb, vastab neile nõuetele tervikuna hinnatult (vt eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 180 ja seal viidatud kohtupraktika). Käesolevas asjas nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 163, et komisjon leidis, et asjaomased ettevõtjad sõlmisid 1975. aastal kokkuleppe, mille kohaselt hageja ei müünud MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatud gaasi oma klientidele Saksamaal ning E.ON ei müünud MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatud gaasi Prantsusmaal. Ta leidis, et kui Euroopa gaasiturud avati ja järelikult kui turgude jagamise kokkulepe „võis avaldada olulist mõju turule aastatel 1998/2000”, ei lõpetanud need ettevõtjad formaalselt seda kokkulepet ega tunnistanud seda sõnaselgelt aegunuks. Sellega seoses märkis ta muu hulgas, et nii asjaomaste ettevõtjate sisedokumendid kui ka nendevaheline teabevahetus näitavad, et nad olid seisukohal, et hageja suhtes kehtestatud keeld kasutada MEGAL-i torujuhtme väljumiskohti Saksamaal ja E.ON i suhtes kehtestatud keeld edastada gaasi selle torujuhtme kaudu Prantsusmaal olid siduvad. Just neid asjaolusid arvestades tuleb analüüsida väite käesoleva osa põhjendamiseks hageja esitatud kolme argumenti, millest esimene tugineb süütuse presumptsiooni rikkumisele ja kaaskirjade tõendusliku väärtuse puudumisele pärast 2000. aasta augustit, teise argumendi kohaselt ei ole tõenduslikku väärtust tõenditel, mida komisjon kasutas, et tõendada, et asjaomased ettevõtjad leppisid kokku selles, et peavad neid kirju pärast seda kuupäeva siduvaks, ning kolmanda argumendi kohaselt esitas ta tõendeid, mis annavad tunnistust kaaskirjadest „loobumisest” pärast liberaliseerimist. Selleks tundub vajalik analüüsida teist, seejärel kolmandat ja viimaseks esimest argumenti. – Teine argument Hageja väidab sisuliselt, et asjaolud, millele komisjon tugines, on ebatäpsed ja mitmeti mõistetavad ning ei ole piisavad, et kinnitada ühist tahet, mis võis väljenduda asjaomases kokkuleppes, st antud asjas kaaskirjade kohaldamises pärast liberaliseerimist. Sellega seoses olgu meenutatud, et dokumendi tõendusjõu hindamiseks tuleb teha kindlaks selles esitatud informatsiooni usutavus ja muu hulgas arvesse võtta dokumendi päritolu, selle koostamise asjaolusid, selle adressaati ning seda, kas dokumendi sisu arvestades näib see mõistlik ja usaldusväärne (vt Üldkohtu 27. septembri 2006. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-44/02 OP, T-54/02 OP ja T-56/02 OP, T-60/02 OP ja T-61/02 OP: Dresdner Bank jt vs . komisjon, EKL 2006, lk II-3567 , punkt 121 ja seal viidatud kohtupraktika). Ent antud juhul ei võimalda ükski asjaolu seada kahtluse alla nende dokumentide tõenduslikku väärtust, millele komisjon tugines, et pidada kaaskirju siduvaks pärast 2000. aasta augustit. Esiteks, mis puudutab hageja õigustalituse dokumente, siis tuleb märkida, et vaidlustatud otsuse põhjendustes 64 ja 65 meenutas komisjon 3. detsembri 1999. aasta dokumendi ning 9. ja 17. veebruari 2000. aasta e-kirjade sisu. Esiteks nähtub 3. detsembri 1999. aasta dokumendist sisuliselt, et kõnealune õigustalitus leidis, et hageja ei saa tugineda uuele liberaliseerimist puudutavale õiguslikule kontekstile, et varustada kliente Saksamaal MEGAL-i torujuhet läbiva gaasiga. Kuigi hageja võis selle dokumendi kohaselt selliste klientide varustamiseks torujuhet läbivat gaasi välja võtta, moonutaks see kõnealust torujuhet puudutavaid kokkuleppeid. Teiseks, nagu märkis komisjon, viitavad 9. ja 17. veebruari 2000. aasta e-kirjad sõnaselgelt Direktion G ja Direktion I kirjadele. Nimelt on neis märgitud, et neist esimene kiri sarnaneb „ulatuslikule turu jagamisele” asjaomaste ettevõtjate vahel, „millest tekib niisuguse dokumendi õigusliku väärtuse küsimus (tühine!)” ning et teises kirjas, mis on nimetatud „suurepäraseks”, lepivad need ettevõtjad kokku, et hageja ei tarni gaasi (otse või kaudselt) Saksamaal asuvale kliendile. Selles suhtes tuleb tagasi lükata hageja argument, et need e-kirjad kinnitavad kaaskirjade tõlgendamise probleeme. On tõsi, et nendest e-kirjadest nähtub, et hageja õigustalitusel tekkis küsimus, kas E.ON võis MEGAL-i torujuhtme kaudu kolmandatele isikutele gaasi edastada, ning märkis, et minevikus tõlgendas ta asjaomaseid kirju E.ON-i kasuks, leides, et ta ei saanud selle torujuhtme kaudu gaasi edastada soovivat kolmandat isikut sundida temaga lepingut sõlmima. Siiski on hageja õigustalituse asjassepuutuvate kaaskirjade analüüs nendega kaasnevate piirangute osas selge ja üheti mõistetav, nagu nähtub nende dokumentide sõnastusest. Neil asjaoludel võis komisjon viga tegemata tugineda nendele kolmele dokumendile, et nende alusel asuda sisuliselt seisukohale, et hageja oli kokkuleppe õigusvastasusest teadlik, kuid jätkas selle täitmist, nagu on märgitud vaidlustatud otsuse punktis 4.2.2.2. Teiseks, seoses E.ON-i protokollidega 1999. aasta 4. veebruari ja 24. juuni koosolekute kohta nähtub esiteks esimese koosoleku protokollist, et E.ON võttis murelikult teadmiseks varasematel koosolekutel esitatud märkused, mille kohaselt kavandasid mõned isikud hageja struktuuris vähemalt eraldi gaasimüüki Saksamaal MEGAL-i torujuhtme kaudu. Selle dokumendi kohaselt vastas hageja, et selle eesmärk oli optimeerida oma positsiooni edastaja ja aktsionärina ning et juhul, kui muudetakse kolmandate isikute juurdepääsu reegleid, peab ta oma huve kaitsma, võttes siiski arvesse tihedaid pikaajalisi sidemeid E.ON-iga. Samuti lubas ta E.ON-i oma kaalutlustega hästi kursis hoida. Teisalt nähtub teise koosoleku protokollist, et hageja märkis, et ta kavatseb võib-olla ärivõimalusi Saksamaal ära kasutada, kuigi see ei ole suunatud E.ON-i vastu. Selle protokolli kohaselt mainis ta veel, et MEGAL-i torujuhet käsitleva lepingulise korra kohaselt võib ta seda torujuhet kasutada ainult edastusjuhtmena ja tal ei ole luba Saksamaal gaasi välja võtta, millele E.ON vastas, et hageja valik võtta MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja tähendaks MEGAL-i lepingulise raamistiku muutmist tervikuna. See ei kinnita mitte ainult seda, et hageja üritas E.ON-i rahustada seoses oma kavatsustega Saksamaal, vaid ka seda, et asjaomased ettevõtjad pidasid end kõnealuse kokkuleppe sätetega seotuks. Seega märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 70 viga tegemata, et kuigi need võimaldavad näidata, et E.ON-i hinnangul kavatsesid mõned hagejas töötavad isikud siseneda Saksamaa lõunaosa turule, tõendavad need dokumendid ka seda, et E.ON üritas hagejat ümber veenda ja et viimane lubas võtta arvesse tugevat pikaajalist suhet E.ON-iga ja teda oma kaalutlustega hästi kursis hoida. Nende dokumentide sõnastust arvestades leidis ta õigustatult ka seda, et asjaomased ettevõtjad leppisid kokku, et hageja võimaliku sisenemise suhtes turule MEGAL-i torujuhtme alal pidid nad võtma ühise seisukoha. On tõsi, nagu märgib hageja, et kumbki neist kahest dokumendist ei viita otse kaaskirjade jõus hoidmisele. Siiski nähtub eeskätt 24. juuni 1999. aasta koosolekut puudutavast dokumendist selgelt, et asjaomased ettevõtjad pidasid end veel seotuks MEGAL-i torujuhet puudutava lepingulise raamistikuga, mille lahutamatuks osaks on kaaskirjad, ja piirangutega, mis kaasnesid nende kirjadega hageja võimaluse osas võtta sellest torujuhtmest Saksamaal gaasi välja. Igal juhul, vastupidi sellele, milles hageja püüab veenda, ei nähtu vaidlustatud otsuse põhjendustest 67–70, et komisjon kasutas neid dokumente selleks, et näidata, et ettevõtjad pidasid neid kirju siduvaks, kuna põhjenduses 70 esitatud järeldused ei puudutanud nende aegunud laadi ega siduvust. Viimaseks, seoses vaidlustatud otsuse punktiga 4.2.2.4, milles arendatakse kaalutlust, mille kohaselt „lubab [hageja] [E.ON-ile] Saksamaal mitte konkurentsi pakkuda”, tuleb märkida, et kuigi selline kaalutlus võib näida lihtsustatud, ei ole see siiski sisuliselt väär, kuna kõnealustest dokumentidest nähtub, et hageja kavatses võtta arvesse oma suhet E.ON-iga ja hoida viimast kursis oma kaalutlustega võimaliku müügi suhtes Saksamaal ja et ärivõimalused, mida ta kavatseb ära kasutada, ei ole suunatud E.ON-i vastu. Kolmandaks, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 77, järeldas komisjon E.ON-i 8. juuni 2001. aasta sisedokumendist, mis koostati hagejaga 12. juunil 2001. toimunud koosoleku jaoks, et E.ON oli teadlik sellest, et hageja suhtes kehtestatud keeld võtta MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja oli konkurentiõigusega vastuolus. Sellega seoses tuleb märkida, et see dokument kuulub eeskätt MEGAL-i torujuhtme lepingulise raamistiku ümberkorraldamist puudutavate arutelude konteksti. Sellest nähtub, et viidatud uue struktuuri raames oli ette nähtud, et hageja saab õiguse kasutada sisenemis- ja väljumiskohti MEGAL-i torujuhtme trassil, mida praktikas ei saanud õiguslikust seisukohast vastavalt GWB-le või EnWG-le igal juhul talle keelata. E.ON oli seega täiesti teadlik, et Saksamaa õigusaktid ei lubanud tal keelduda hageja õigusest võtta gaasi välja MEGAL-i torujuhtmest. Ent sellise õiguse andmine hagejale oli kavas vaid tulevikus MEGAL-i kokkuleppe uuesti läbirääkimise raames koos sooduskasutuse mõiste rakendamisega. Igal juhul nähtub kõnealusest dokumendist veel, et hageja nõudis võimalust kasutada MEGAL-i torujuhtme väljavõtukohti Saksamaal, mis tähendab seega, et olemasolevat lepingulist raamistikku arvestades tal seda võimalust ei olnud. Seega väidab hageja põhjendamatult, et komisjon oleks pidanud asuma seisukohale, et sellest dokumendist nähtub, et kaaskirjad enam ei kehtinud. Neljandaks, seoses asjaomaste ettevõtjate kirjavahetusega 13. ja 21. mail 2002, leidis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 81, et see kinnitab, et E.ON pidas Direktion G kirja siduvaks ning et ükski asjaomane ettevõtja ei andnud mõista, et see kiri ja Direktion I kiri olid aegunud. Sellega seoses tuleb tõdeda, et E.ON-i kiri, mille ta saatis 21. mail 2002 hagejale vastuseks tema 13. mai 2002. aasta kirjale, viitab sõnaselgelt Direktion G kirjale, mainides, et teisele ettevõtjale MEGAL-i torujuhtmest edastamine on selle kirjaga täiesti kooskõlas. Kui aga kirja oleks peetud aegunuks ning asjaomastele ettevõtjatele mittesiduvaks, ei oleks E.ON märkinud, et kõnealune edastamine on kirjaga kooskõlas. Hageja osutatud asjaolu, et ta ei viidanud Direktion G kirjale või Direktion I kirjale oma 13. mai 2002. aasta kirjas, ei ole määrav tõendamaks nende sätete aegumist või ühise tahte puudumist. Nimelt, kuigi hageja tõepoolest nendele kõnealuses kirjas ei viidanud, on tõsi ka see, nagu väitis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 83, et E.ON ei oleks Direktion G kirjale tuginenud, et väita, et tal oli õigus gaasi edastada ühe oma kliendi arvel, kui sellele kirjale ei oleks varem viidatud kui sedaliiki edastamist keelavale. Igal juhul, isegi kui eeldada, et E.ON võis ühepoolselt sellele kirjale viidata, ei mõjutaks see esiteks järeldust, et see kiri tundus olevat siduv vähemalt selle ettevõtja jaoks, ning teiseks ei võimalda asuda seisukohale, et kaaskirjad ei olnud hagejale enam siduvad. Mis puudutab hageja kinnitust, mille kohaselt viitas E.ON Direktion G kirjale, et kindlustada oma läbirääkimispositsiooni tema suhtes kolmandatele isikutele edastamise õiguse küsimuses, siis ei saa see igal juhul ümber lükata järeldusi, millele komisjon jõudis. Lõpuks, hageja argument, mille kohaselt viitab see kirjavahetus gaasi edastamisele kolmandatele isikutele, mitte turgude jagamisele, ei võimalda kahtluse alla seada asjaolu, et see kirjavahetus toob ilmsiks ka Direktion G kirja siduvuse vähemalt E.ON-i jaoks, ega asuda seisukohale, et hageja pidas kaaskirju aegunuks. Lisaks, arvestades selle sõnastust, võis kirjavahetusest järeldada, nagu märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 83, et hageja arvates keelas sel ajal kehtinud versioonis MEGAL-i kokkulepe E.ON-il tarnida gaasi Prantsusmaal MEGAL-i torujuhtme kaudu isegi kolmandate isikute arvel. Selline seisukoht on kooskõlas ka Direktion G kirja tõlgendusega, mille andis hagejale tema õigustalitus ja mis on esitatud 2000. aasta 9. ja 17. veebruari e-kirjades. Viiendaks, E.ON-i 23. mai 2002. aasta koosoleku protokolli, E.ON-i 27. veebruari 2003. aasta e-kirja ja E.ON-i 19. veebruari 2004. aasta protokolli osas tuleb kõigepealt märkida, et nagu väidab ka hageja, ei viita ükski neist dokumentidest konkreetselt kaaskirjadele. Komisjon aga ei väitnud vaidlustatud otsuses, et need seda teevad. Seejärel tuleb märkida, et E.ON-i protokollist 23. mai 2002. aasta koosoleku kohta hageja vastutavate isikute ja E.ON-i vastutavate isikute vahel nähtub selgelt, et hageja kinnitas sellel koosolekul, et ta ei kavatsenud sel ajal müüa MEGAL-i torujuhtmest välja võetud gaasi Saksamaa lõunaosas. Lisaks nähtub 27. veebruari 2003. aasta e-kirjast, mille E.ON-i vastutav isik Prantsusmaal saatis E.ON-i direktorile Saksamaal, et esimesena nimetatu ja hageja vastutava isiku vahel oli toimunud eraviisiline kohtumine. Sellest nähtub, et hageja vastutav isik märkis sellel koosolekul muu hulgas, et ta tundus olevat veendunud, et ta peab oma Saksa turu lähenemisviisist kinni pidama. Samuti tuleneb sellest, et kuigi hageja võis üritada müüa gaasi E.ON-i alal, tegi ta seda pigem info saamiseks turu kohta kui otse ründamiseks. Viimaseks nähtub E.ON-i protokollist 19. veebruari 2004. aasta koosoleku kohta hageja ja E.ON-i esindajate vahel, et sellel koosolekul teatas hageja E.ON-ile, et ta mõistab, et viimane on ja soovib jääda peamiseks tarnijaks [ konfidentsiaalne ] jaoks ning et ta kavatseb kinni pidada E.ON-i kehtivatest tarnelepingutest. Neid asjaolusid arvestades tuleb tõdeda, et nendest kolmest dokumendist neid koos lugedes nähtub selgesti, et asjaomased ettevõtjad vahetasid teavet oma arengustrateegiate kohta, ning täpsemalt see, et hageja andis teada oma kavatsusest mitte otse rünnata E.ON-i Saksa turul ning mitte müüa gaasi Saksamaa lõunaosas. Hoolimata sellest, et need ei viita otseselt kaaskirjadele, annavad need dokumendid selliselt tunnistust sellest, et asjaomased ettevõtjad pidasid kinni MEGAL-i kokkuleppest ja nendest kaaskirjadest tulenevast turgude jaotusest. Seega tuleb tagasi lükata hageja väide, et nendes dokumentides märgitu ei ole väidetava rikkumisega kuidagi seotud. Nende dokumentide tõendusjõu osas tuleb toonitada seoses hageja viidatud asjaoluga, et tegemist on E.ON-i sisedokumentidega, mida ei kinnita teabevahetus asjaomaste ettevõtjate vahel, et selle asjaolu asjakohasus lükatakse ümber allpool punktides 224–226. Lisaks olgu märgitud, et need dokumendid koostasid E.ON-i talitused pärast koosolekuid ja vestlusi, mis leidsid aset asjaomaste ettevõtjate esindajate vahel. Liiati on nende adressaadid E.ON-i vastutavad isikud. Pealegi kaldub nendes sisalduv teave, mis on täpne, mitte ebaselge, nagu väidab hageja, kattuma ning kinnitama turgude jagamise olemasolu. Neid asjaolusid arvestades tuleb neid dokumente pidada mõistlikuks ja usutavaks, mitte olematu või väikese tõendusjõuga, nagu väidab hageja. Mis puudutab seda, et üks dokument, st 27. veebruari 2003. aasta e-kiri sisaldab eraviisilise vestluse käigus öeldut, siis ei anna ükski asjaolu alust arvata, et öeldu on väär, kuna selle sõnastus kaldub tegelikult selle tõesust kinnitama. Viimaks, miski ei viita sellele, et nende dokumentide ja eeskätt 27. veebruari 2003. aasta e-kirja koostajad andsid asjaoludele isikliku tõlgenduse või et neil oli isiklik huvi nende asjaolude ilustamise vastu, et esitada oma ülemustele nende ootustele vastav tulemus, nagu oli kohtuasjas, milles tehti eespool punktis 161 viidatud kohtuotsus Dresdner Bank jt vs . komisjon (punkt 132), millele hageja osutas. Kuuendaks, seoses 16. märtsi 2004. aasta e-kirjaga tuleb märkida, et selles teavitas Prantsusmaal E.ON-i müügi eest vastutav isik kahele E.ON-i töötajale Saksamaal koosolekust, mis ta oli pidanud hageja töötajaga (kes on tema endine klassikaaslane) Prantsusmaal gaasimüügi küsimustes ning E.ON-i ja hageja võimaliku huvi küsimuses otsida lahendusi, mis võimaldaks „mõistlikku konkurentsi”. Sellest nähtub, et kuigi hageja ei soovinud välja näidata, et ta kartis riikliku energiaameti survet, ei olnud see talle teadmata ning talle ei oleks meeldinud, kui teda liiga avalikult oleks kritiseeritud, ning seega, kui oleks midagi saanud teha, et näidata, et uued turuletulijad võisid saada juurdepääsu Prantsuse lõunaosale, oleks ta sellesse positiivselt suhtunud. Sellest tuleneb samuti, et hageja, kes soovis sellele ametile heameelt valmistada, tegi tema töötajale ettepaneku vahetada teavet, mille kohaselt hageja varustab tasu eest E.ON-i gaasiga Prantsuse lõunaosas. Selles osas pidas viidatud töötaja e-kirja kohaselt silmas eelkõige MEGAL-it puudutavaid küsimusi. Sellest e-kirjast nähtub veel, et hageja töötaja märkis, et selle kohaselt, mida tema MEGAL-i kokkuleppest teab, olid kõik MEGAL-i torujuhtme võimsused, mis olid Medelsheimis, reserveeritud hageja poolt, nii et isegi need kogused, mida E.ON importis sel ajal, olid illegaalsed. Käesolevas asjas ei võimalda esiteks vastupidi hageja väidetule ükski asjaolu asuda seisukohale, et see e-kiri kajastab selle koostaja isiklikku arvamust. Nimelt nähtub selle dokumendi sõnastusest selgelt, et selle koostaja, kes on E.ON-i müügi eest vastutav isik Prantsusmaal, kavatseb E.ON-i Saksamaa vastutavatele isikutele anda edasi teavet, mis ta sai eraviisilise kohtumise käigus hageja töötajaga, mitte vahetatud teabe isiklikku tõlgendust. Öeldu tundub tegelikult kajastavat hageja seisukohta, mitte tema selle töötaja seisukohta, kes viibis asjaomasel kohtumisel kohal. Kohtumine toimus liiati hageja töötaja palvel, kes soovis aru pidada enne kõrgetasemelist koosolekut, mis pidi asjaomaste ettevõtjate vahel toimuma hiljem ja mis käsitles otseselt hagejat puudutavaid probleeme, st gaasimüügi küsimusi Prantsusmaal ja asjaomaste ettevõtjate võimalikku huvi otsida lahendusi, mis võimaldaksid „mõistlikku konkurentsi”. Liiati on öeldu piisavalt selge ja üksikasjalik, nii et selle tõlgenduse osas ei esine mingit kahtlust. Seega ei olnud dokumendi arvessevõtmiseks vaja, et see hagejale edastataks, et viimane saaks selle suhtes erimeelsust väljendada, nagu eespool punktis 161 viidatud kohtuotsuses Dresdner Bank jt vs . komisjon esinenud hüpoteesi puhul, millele osutas hageja. Lisaks, nagu märgitakse allpool punktis 225, väidab hageja vääralt, et nimetatud kohtuotsusest nähtub, et koosoleku protokollil, mis on puhtalt sisemiseks kasutamiseks mõeldud dokument, mida kuni haldusmenetluseni hagejale ei tutvustatud, on äärmiselt väike tõendusjõud. Teiseks väidab hageja, et öeldu usutavusse tuleb suhtuda ettevaatlikult. Ta ei esita hagiavalduses siiski selle väite põhjendamiseks ühtegi asjaolu ja piirdub viitega vastuväiteteatisele esitatud vastusele. Ent kuigi teatavate punktide osas saab hagiavalduse teksti toetada ja täiendada viidetega hagiavaldusele lisatud dokumentide osadele, ei saa üldine viide teistele dokumentidele, isegi kui need on hagiavaldusele lisatud, asendada selliste sisuliste õiguslike argumentide puudumist, mis peavad olema märgitud hagiavalduses endas (Euroopa Kohtu 31. märtsi 1992. aasta otsus kohtuasjas C-52/90: komisjon vs . Taani, EKL 1992, lk I-2187 , punkt 17, ja Üldkohtu 21. mai 1999. aasta määrus kohtuasjas T-154/98: Asia Motor France jt vs . komisjon, EKL 1999, lk II-1703 , punkt 49). Hageja väide tuleb tagasi lükata, kuna seda ei kinnita ükski muu hagiavalduse element. Lisaks, arvestades seda, kellelt öeldu pärines ja kes seda edastas, ning arvestades selle sisu ja eeskätt täpsust, näib öeldu reaalne, mõistlik ja usaldusväärne. Kolmandaks kinnitab see dokument, mis viitab liiati sõnaselgelt „MEGAL-i kokkulepetele”, igal juhul järeldusi, mille võib teha muude dokumentide põhjal, millele komisjon tugineb, et järeldada Saksa ja Prantsuse gaasiturgude jagamise kokkuleppe olemasolu. Niisiis saab vastupidi hageja väidetule sellele dokumendile tugineda, et tõendada asjaomast rikkumist. Seega tuleb tema argumentatsioon selles osas tagasi lükata. Seitsmendaks, pärast vastuväiteteatise saatmist arvesse võetud täiendavate dokumentide osas väidab hageja vaid seda, et ta tõendas nende ebatäpsust ja mitmeti mõistetavust, märkimata siiski, mil moel komisjon neid valesti tõlgendas. Igal juhul tuleb märkida, et komisjon viitas nendele dokumentidele vaidlustatud otsuse 98. joonealuses märkuses üksnes näitena, mis võimaldab sarnaselt vaidlustatud otsuse 102. joonealuses märkuses viidatud 21. juuli 2004. aasta e-kirjaga samuti kinnitada tema väidet, et hageja sisedokumendid tõendasid, et ta oli seisukohal, et tal ei olnud võimalik võtta MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja E.ON-iga sõlmitud lepingutingimuste tõttu, kuigi ta oli sellele mõelnud. Seega tuleb tagasi lükata ka hageja argumentatsioon nende täiendavate dokumentide kohta. Kaheksandaks tuleb tagasi lükata hageja argumentatsioon, et ta esitas muu loogilise selgituse komisjoni aluseks võetavatele asjaoludele või et juhul kui tõend ei ole selge ja seda tuleb tõlgendada, võivad pooled selle, mille komisjon aluseks võttis, vabalt asendada asjaolude tõenäolise selgitusega. Nimelt on sellise argumentatsiooni alus kohtupraktikas, mis puudutab hüpoteesi, kus komisjon tugineb rikkumise toimepanemise tuvastamiseks ainult asjaomaste ettevõtjate käitumisele turul. Käesolevas asjas esitas komisjon aga mitu dokumentaalset tõendit põhjendamaks oma järeldust konkurentsivastase kokkuleppe olemasolu kohta. Ka ei ole need tõendid ebaselged ning on piisavalt üheti mõistetavad. Järelikult on hageja viidatud kohtupraktika käesoleval juhul asjakohane üksnes olukorras, kus komisjonil ei ole õnnestunud teha kindlaks rikkumise olemasolu dokumentaalsete tõendite alusel, millele ta tugineb (vt selle kohta eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punktid 186 ja 187 ning seal viidatud kohtupraktika). Ent eeltoodut arvestades ei olnud see nii, kuna komisjoni esitatud dokumendid on koos MEGAL-i kokkuleppe, selle lisade ja kaaskirjadega tõlgendades piisavad tema hinnangu põhjendamiseks. Sellest järeldub, et ükski hageja argument ei võimalda kahtluse alla seada komisjoni järeldust, mille kohaselt näitavad nii asjaomaste ettevõtjate sisedokumendid kui ka nende kirjavahetus, et nad pidasid siduvaks hageja suhtes kehtestatud keeldu kasutada MEGAL-i torujuhtme väljumiskohti Saksamaal ning E.ON-i suhtes kehtestatud keeldu edastada gaasi selle torujuhtme kaudu Prantsusmaal. Lisaks, komisjoni poolt selles osas esitatud kaudsed tõendid on kogumis piisavad, et tema hinnangut põhjendada. Sellest tuleneb, et teine argument tuleb tagasi lükata. – Kolmas argument Hageja toonitab, et ta tõendas esiteks, et asjaomased ettevõtjad tunnistasid kaaskirjad formaalselt ja sõnaselgelt aegunuks alates liberaliseerimisest ning kordasid mitmel korral seda seisukohta ning teiseks, et alates sellest ajast ei pidanud need ettevõtjad neid kirju enam enda jaoks siduvaks. Hageja hinnangul ei võtnud komisjon neid asjaolusid arvesse või andis neile selgelt väära hinnangu. Esiteks, seoses kaaskirjade aegunuks tunnistamisega tuleb meenutada, et komisjon leidis vaidlustatud otsuse põhjenduses 163, et kui Euroopa gaasiturud avati konkurentsile, ei lõpetanud asjaomased ettevõtjad kõnealust kokkulepet ning ei tunnistanud neid kirju sõnaselgelt aegunuks. Esiteks väidab hageja, et E.ON saatis talle 7. jaanuaril 2002 faksi, milles ta loetles MEGAL-i kokkulepped ja täpsustas, kuidas neid käsitleda. Faksis on muu hulgas märgitud, et Direktion G ja Direktion I kirju tuleb pidada „aegunuks”, mis annab tunnistust sellest, et asjaomased ettevõtjad pidasid kaaskirju uues õiguslikus raamistikus ametlikult mittesiduvaks. Sellega seoses tuleb kõigepealt märkida, et E.ON-i poolt hagejale 7. jaanuaril 2002 saadetud faks saadeti pärast asjaomaste ettevõtjate koosolekut, mis toimus 14. detsembri 2001, mille eesmärk oli hageja sõnul asetada MEGAL-i kokkulepe uude õiguslikku konteksti. Nimetatud faksi esilehel on märgitud, et sellele on lisatud asjaomaste ettevõtjate vahel eksisteerivate kokkulepete loetelu projekt ning see, kuidas tuleb neid vastavaid sätteid käsitleda mõiste „sooduskasutus” raames. Loetelu MEGAL-i kokkuleppe sätetest, selle lisadest ja kaaskirjadest, sh Direktion G ja Direktion I kirjad, on ära toodud kõnealuse faksi lisas. Selle lisa iga lehe päises on märge „MEGAL-i uus struktuur – Aluskokkuleppe ja seotud lepingute muutmine uueks konsortsiumikokkuleppeks”. Selles kirjeldatakse Direktion G kirja kui kirja, mille eesmärk on asjaomaste ettevõtjate „mahukohustused”, kusjuures on esitatud küsimus, kas „MEGAL saab sõlmida edastuslepinguid kolmandate isikutega” või mitte. Direktion I kirja on selles kirjeldatud kui kirja, mille eesmärk on see, et „[hageja] Saksamaal ei tarni ega varusta”. Selle osas, kuidas neid kirju käsitelda, on faksis märgitud nende kirjade vastas sõna „aegunud”. Faksi tervikuna lugedes ja selle konteksti arvestades tuleb asuda seisukohale, et viitamata kaugeltki sellele, et asjaomased ettevõtjad pidasid Direktion G ja Direktion I kirju juba aegunuks, piirdub faks, mille E.ON saatis 7. jaanuaril 2002 hagejale, märkusega, et need ettevõtjad kaalusid nende kirjade aegunuks pidamist uue kokkuleppe kontekstis, mida parajasti läbi räägiti. Nimelt viitab märge„aegunud” sellele, et asjaomased ettevõtjad olid seisukohal, et selliseid tingimusi ei olnud vaja uude kokkuleppesse sisse viia. Seda kinnitab asjaolu, et sätted, mille käsitlemise kohta ei olnud tehtud märget „aegunud”, on sõnaselgelt öeldud, et need tuleb uude kokkuleppesse või selle lisadesse integreerida, neid vajaduse korral muutes. Lisaks, selle faksi esilehel on märgitud, et faks puudutab „olemasolevaid kokkuleppeid”. Seega leidis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 80 õigesti, et see faks osutas rollile, mida need kaaskirjad peavad etendama tulevikus uue MEGAL-i kokkuleppe raames ning mõiste „sooduskasutus” rollile. Selles küsimuses ei oma tähtsust hageja viidatud asjaolu, et kõnealusele faksile lisatud loetelus mainitakse muid kaaskirju, mis tema sõnul olid faksi saatmise kuupäeval aegunud. Nagu leidis komisjon vaidlusaluse otsuse põhjenduses 80, ei saa kõnealusest faksist seega järeldada, et asjaomased ettevõtjad pidasid Direktion G ja Direktion I kirju faksi saatmise kuupäeval aegunuks. Seejärel tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt ei ole E.ON-i poolt hagejale 7. jaanuaril 2002 saadetud faksist hilisematel tõenditel, mis puudutavad kaaskirjade kohaldamist, piisavat tõenduslikku väärtust. Nimelt viitab hageja hagiavalduses selle argumendi põhjendamiseks sõnaselgelt vaid E.ON-i 21. mai 2002. aasta kirjale. Ent nagu nähtub eespool punktist 168, on seda viimast puudutavad väited juba tagasi lükatud. Lisaks, kui eeldada, et selle argumendi põhjendamiseks soovib hageja viidata ka eespool punktides 168–178 nimetatud dokumentidele, siis piisab, kui tõdeda, et nendega seotud väited lükati nimetatud punktides tagasi. Viimaseks, vastupidi hageja väidetule ei rääkinud komisjon endale vastu, kinnitades, et E.ON-i poolt talle 7. jaanuaril 2002 saadetud faksi tõlgendus ei ole täiesti selge, tõlgendades seda samas hageja vastu. Nimelt, kuigi ta tõepoolest tunnistas, et selle faksi tõlgendus ei ole täiesti selge, leidis komisjon selle sisu alusel siiski, et see faks ei võimaldanud tuvastada, et asjaomased ettevõtjad pidasid kaaskirju sel ajal aegunuks. Samuti ei saa asuda seisukohale, et jättes arvesse võtmata hageja tõlgendust sellele dokumendile ning leides, et see ei tõendanud selgelt, et asjaomased ettevõtjad pidasid kaaskirju aegunuks, tõlgendas komisjon neid ettevõtjate vastu. Selliselt toimides piirdus ta tegelikult sellega, et lükkas ümber hageja seisukoha, kes viitas sellele kui õigustavale dokumendile. Teiseks, hageja väidab, et komisjon hindas ilmselgelt valesti mitut faktilist asjaolu, mis kinnitavad tõlgendust, mille ta andis 7. jaanuari 2002. aasta faksile. Sellega seoses viitab ta hagiavalduses 19. detsembri 2002. aasta sisedokumendile, mis tekitab küsimuse, kas tal ei olnud automaatselt õigus võtta MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja, isegi struktuuri muutmata, märkides samas, et E.ON kordab jätkuvalt, et transiidilepingu sõlminu võib kasutada oma gaasi kogu selle transiidi trassil, ning 23. juuni 2004. aasta koosoleku protokollile, milles on märgitud muu hulgas, et E.ON kinnitab veel kord, et hagejal on õigus juurde pääseda mis tahes väljavõtukohale MEGAL-i torujuhtmes, tingimusel et on piisavalt ülekandevõimet. Tuleb aga tõdeda, et need dokumendid ei kinnita hageja argumentatsiooni. Nimelt, kuigi nendest võib tõepoolest tuleneda, et E.ON märkis sisuliselt, et teatavatel tingimustel oli võimalik omada väljumiskoha kasutamise õigust MEGAL-i torujuhtmel, nähtub nendest varasematest dokumentidest ja eeskätt 21. juuli 2004. aasta e-kirjast siiski, et hageja arvates olid sel kuupäeval tema võimalused võtta sellest torujuhtmest gaasi välja piiratud gaasi liberaliseerimise programmi raames ostetud kogustega ning tal ei olnud sellel torujuhtmel väljavõtukohti, kui need kogused välja arvata. Nimetatud e-kirjast nähtub nimelt, et hageja oli arvamusel, et müük oli võimalik selle torujuhtme kõikidest väljavõtukohtadest gaasisektori liberaliseerimise programmi raames saadud gaasikoguste piires. Ta oli seisukohal, et üle selle piiri ei olnud täiendav müük enam seotud gaasisektori liberaliseerimise programmi raames saadud gaasikogustega ja et selle puhul olid ainsad sisenemiskohad, mida kasutada võidi, need, mis [ konfidentsiaalne ]. Veel oli märgitud, et muud väljavõtukohad olid globaalse kokkuleppe ootuses välistatud. See e-kiri kinnitab ka mitmes muus 2004. aasta esimesest poolaastast pärit dokumendis – mis on seega hilisemad 19. detsembri 2002. dokumendist –väljendatud seisukohta. Seega nähtub 28. jaanuari 2004. aasta koosolekul tehtud käsikirjalistest märkustes, et MEGAL-i torujuhtme väljavõtukohad määrati kindlaks ainult E.ON-i jaoks, kuna hageja tegeleb vaid transiidiga ja temalt nõutaks gaasi väljavõtmiseks investeeringut. Hageja 10. mai 2004. aasta dokumendist tuleneb veel, et mis puudutab sisenemis- ja väljumiskohti MEGAL-i torujuhtme trassil, siis oli hagejal sel ajal ainult õigus välja võtta „enampakkumistel omandatud gaasi”, st gaasisektori liberaliseerimise programmi raames ostetud gaasi, ükskõik millises sisenemis- ja väljumiskohas sellel torujuhtmel. Selles dokumendis on ka sõnaselgelt märgitud, et gaasi toimetamine [ konfidentsiaalne ] lõpptarbijatele Saksamaal MEGAL-i torujuhtme väljavõtukoha kaudu ei olnud sel ajal teostatav, kuna hagejal ei olnud niisuguseid torujuhtme väljavõtukohti läänes. Samuti, 27. mai 2004. aasta ülevaatekoosoleku protokollis on märgitud, et hageja esindaja teatas, et ta ei olnud toimikuga kursis, kuid ta oli kuulnud, et hageja soovis tarnida gaasi Saksamaa lõunaosas MEGAL-i torujuhtmest, mis ei oleks nii olnud, kui tal oleks juba olnud väljavõtuõigus. Viimaseks, mis puudutab konkreetselt 19. detsembri 2002. aasta dokumenti, siis nähtub selle dokumendi tervikuna lugemisel, et selles on märgitud hageja õiguste võimalik areng MEGAL-i torujuhet puudutavas tulevases lepingulises raamistikus. Seevastu ei saa sellest järeldada, et hageja arvas, et ta omab selles torujuhtmes kindlalt väljavõtukohti, ega ka seda, et ta pidas kaaskirju aegunuks. Lisaks, hageja esitatud asjaolud on vastuolus MEGAL-i kokkuleppe lisa 2 lepingutingimustega, mis ei anna talle õigust võtta gaasi välja MEGAL-i torujuhtmest Saksamaal, kui asjaomased ettevõtjad ei lepi kokku teisiti, ning miski ei võimaldanud asuda seisukohale, et need olid sel ajal kehtetuks tunnistatud või et need ettevõtjad olid nende muutmises formaalselt kokku leppinud. Neid asjaolusid arvestades tuleb tagasi lükata hageja argumentatsioon, mis puudutab ilmselgelt väära hinnangut mitmele faktilisele asjaolule, mis kinnitavad tõlgendust, mille ta andis 7. jaanuari 2002. aasta faksile. Teiseks, seoses hageja käitumisega, mis väidetavalt annab tunnistust sellest, et ta ei pidanud end kaaskirjadega seotuks, tuleb toonitada, et komisjon märkis vaidlustatud otsuse põhjenduses 163, et nende kahe ettevõtja müügistrateegiad teise poole koduturul ega gaasi tegelik müük nendel turgudel ei kujuta endast tõendit, mis lükkaks ümber järelduse, mille kohaselt hoidsid nad oma turgude jagamise kokkuleppe jõus. Sellega seoses väidab hageja, et komisjon rikkus EÜ artiklit 81 ja põhjendamiskohustust, jättes arvesse võtmata tõendid, mis kinnitasid Saksamaa lõunaosas asuvatele klientidele tehtud pakkumusi gaasi tarnimiseks MEGAL-i torujuhtmest. Tema sõnul tõendavad need pakkumused ühise tahte puudumist pärast liberaliseerimist. Selline vastuväide tuleb siiski tagasi lükata. Nimelt tuleb kõigepealt põhjenduste osas märkida, et vaidlustatud otsuse põhjenduses 163 toodud järeldusele jõudmiseks märkis komisjon eeskätt selle otsuse põhjenduses 73, et hageja müüs gaasi Saksamaal alles alates 2001. aastast ja seda väga piiratult. Nimelt, selles põhjenduses esitatud tabeli kohaselt olid hageja turuosad Saksamaal [ konfidentsiaalne ]. Sama tabeli kohaselt müüs ta MEGAL-i torujuhtmest pärit gaasi alles alates 2004. aastast [ konfidentsiaalne ] tarnimiseks. Lisaks märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 101, et sellest torujuhtmest pärit tarned vastavad suhteliselt väikesele osale hageja kogumüügist Saksamaal ja et sellest torujuhtmest müüdud gaasi kogused Saksamaal ajavahemikus 2004–2005. aasta september olid peaaegu eksklusiivselt gaasi kogused, mille hageja ostis E.ON-ilt gaasisektori liberaliseerimise programmi raames. Neid asjaolusid arvestades tuleb asuda seisukohale, et vaidlustatud otsust on piisavalt põhjendatud. Tuleb siiski märkida, et vaidlustatud otsuses ei viidata selles küsimuses sõnaselgelt pakkumustele, mille hageja esitas klientidele Saksamaa lõunaosas, et tarnida MEGAL-i torujuhtmest. Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb siiski, et kuigi ELTL artikli 296 kohaselt on komisjonil kohustus põhjendada oma otsuseid märkides faktilised ja õiguslikud asjaolud, millest sõltub meetme õiguslik põhjendus, ning kaalutlused, mis viisid otsuse tegemiseni, ei ole tal kohustust käsitleda kõiki haldusmenetluse jooksul iga huvitatud isiku tõstatatud faktilisi ja õiguslikke asjaolusid (17. detsembri 1991. aasta otsus kohtuasjas T-8/89: DSM vs . komisjon, EKL 1991, lk II-1883 , punkt 257, ning 19. mai 1994. aasta otsus kohtuasjas T-2/93: Air France vs . komisjon, EKL 1994, lk II-323 , punkt 92). Mis puudutab vaidlustatud otsuse põhjenduses 163 esitatud kinnituse põhjendatust, siis tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt rikkus komisjon EÜ artiklit 81, jättes tema pakkumused arvesse võtmata. Nimelt, [ konfidentsiaalne ]. Lisaks, arvestades allpool punktis 197 osutad asjaolusid, millest nähtub, et vähemalt 2003. aasta teise pooleni hoidus hageja ise müümast MEGAL-i torujuhtmest Saksamaa lõunaosas, tuleb hageja viidatud pakkumuste asjakohasusse seda ajavahemikku puudutavas osas suhtuda kriitiliselt. Lõpuks, arvestades seda, et need pakkumused puudutavad vaid Saksamaad, ei saa need mõjutada komisjoni kinnitust, kuivõrd see käib Prantsuse turu kohta. Neil asjaoludel ei tõenda hageja pakkumuste olemasolu iseenesest komisjoni tuvastatu ebaõigsust ega asjaomaste ettevõtjate vahelise kokkuleppe või ühise tahte puudumist. Kolmandaks, seoses hageja raskustega MEGAL-i torujuhtmest gaasi väljavõtmisel tuleb kõigepealt märkida, et vastupidi sellele, mida väidab hageja, ei leidnud komisjon, et [ konfidentsiaalne ]. Nimelt ei esine see vaidlustatud otsuse põhjenduses 144 toodud kinnitus komisjoni hinnangus, vaid asjaomaste ettevõtjate argumentide kokkuvõttes. Seejärel tuleb rõhutada, et hageja arengutakistused Saksamaa lõunaosas ei tulene ainult kolmandate isikute juurdepääsu küsimusest, [ konfidentsiaalne ], vaid ka tema vabatahtlikust käitumisest. Nimelt tuleb meenutada, et 23. mai 2002. aasta koosoleku protokollis on märgitud, et hageja ei kavatsenud MEGAL-i torujuhtme gaasi müüa Saksamaa lõunaosas. Samuti nähtub hageja 29. augusti 2003. aasta nn. infotunni dokumendist, et ta hoidus alates 2001. aastast plaanist võtta gaasi MEGAL-i torujuhtmest välja, et seda turustada Saksamaa lõunaosas, mis on E.ON-i parim turg. Veel tuleb meenutada, et 27. veebruari 2003. aasta e-kirjast tuleneb, et hageja tundus olevat veendunud, et ta peab oma Saksa turu lähenemisviisist kinni pidama ja et kuigi ta võis üritada müüa gaasi E.ON-i alal, tegi ta seda pigem info saamiseks turu kohta kui otse ründamiseks. Viimaseks, igal juhul ei saa asjaolu [ konfidentsiaalne ] seada asjaomast rikkumist kahtluse alla osas, milles see tugineb MEGALi kokkuleppele, selle lisadele ja kaaskirjadele. Seega ei ole tulemuslik argument, mis põhineb menetlusel juhtumis COMP/39.317 – E.ON Gas, mis puudutab E.ON-i tegevust. [ konfidentsiaalne ] Neljandaks, seoses E.ON-i müügi arenguga Prantsusmaal nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 73, et E.ON hakkas gaasi Prantsusmaal müüma alles 2003. aastal ja seda väga piiratult. Nimelt on selles põhjenduses toodud tabelis mainitud, et E.ON-i turuosa Prantsusmaal oli 2003. aastal 0,05%, 2004. aastal 0,21% ja 2005. aastal 0,5% ning et neil aastatel oli kliente vastavalt 3, 4 ja 8. Seega, kuigi E.ON-i müük kasvas alates 2003. aastast, jäi see siiski äärmiselt nõrgale tasemele ja puudutas väga väikest arvu kliente. Pealegi nähtub E.ON-i nn infotunni sisedokumendist, mis valmistati ette 20. detsembri 2001. aasta nn ülevaatekoosoleku jaoks, millele on viidatud vaidlustatud otsuse põhjenduses 116, et E.ON soovis hagejale sellel koosolekul teada anda, et Pariisis (Prantsusmaa) avati müügipunkt, mille roll oli näidata E.ON-i kohalolekut Prantsusmaal, mitte tungida agressiivselt Prantsuse turule. Veel nähtub E.ON-i nn infotunni dokumendist 2. juuli 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku tarbeks, et E.ON hoidus tahtlikult Prantsuse turul tegutsemast kuni 2003. aasta suveni. Ka 27. mai 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku hageja protokollist nähtub, et E.ON-i tegevuse läänepiir Mandri-Euroopas oli Saksamaa läänepiir ja et E.ON-il ei olnud muu hulgas Prantsusmaa vastu sügavat huvi. Neil asjaoludel tuleb asuda seisukohale, et E.ON-i müük Prantsusmaal ei võimalda tõendada, et ta ei pidanud end kaaskirjadega seotuks. E.ON-i vähest arengut puudutavad väidetavad tööstusega seotud põhjendused, väidetav agressiivne äripoliitika Prantsusmaal ja saavutatud tulemused või asjaolu, et tema müügi areng ei olnud alates 2005. aastast seiskunud, ei saa seada kahtluse alla dokumentaalseid tõendeid, mis kinnitavad otseselt E.ON-i tahet piirata oma Prantsuse gaasiturule tulekut. Siiski on oluline toonitada, et Prantsuse turu osas kehtib see järeldus vaid 2004. aasta kokkuleppeni, milles asjaomased ettevõtjad tunnistasid kaaskirjad „õigustühiseks”. Enne seda ajahetke puudutavat olukorda analüüsitakse neljanda väite kolmanda osa raames (vt allpool punktides 367–378). Eeltoodust tuleneb, et selle reservatsiooniga tuleb kolmas argument tagasi lükata. – Esimene argument Hageja väidab, et leides, et kaaskirju kohaldati jätkuvalt pärast liberaliseerimist, rikkus komisjon süütuse presumptsiooni põhimõtet. Tema sõnul peaks komisjon vastupidi eeldama nendest kirjadest „loobumist” alates 2000. aasta augustist, nõudmata isegi tõendit nende ametliku lõpetamise kohta asjaomaste ettevõtjate poolt alates sellest kuupäevast. Sellega seoses olgu meenutatud, et süütuse presumptsiooni põhimõte, sellisena nagu see tuleneb muu hulgas Roomas 4. novembril 1950 alla kirjutatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi „EIÕK”) artikli 6 lõikest 2, on üks põhiõigustest, mida vastavalt Euroopa Kohtu praktikale liidu õiguskorras kaitstakse. Mis puudutab rikkumiste laadi ning nende eest mõistetavate karistuste laadi ja raskusastet, siis kohaldatakse süütuse presumptsiooni põhimõtet muu hulgas ettevõtjatele kohalduvate konkurentsieeskirjade rikkumiste menetlustes, milles võidakse määrata trahve või karistusmakseid (vt eespool punktis 70 viidatud Üldkohtu otsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 178, ning 5. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas T-279/02: Degussa vs . komisjon, EKL 2006, lk II-897 , punkt 115 ja seal viidatud kohtupraktika). Süütuse presumptsiooni põhimõte tähendab seda, et iga süüdistatav on süütu seni, kuni tema süü on õiguspäraselt tõendatud (Üldkohtu 6. oktoobri 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-22/02 ja T-23/02: Sumitomo Chemical ja Sumika Fine Chemicals vs . komisjon, EKL 2005, lk II-4065 , punkt 106). Käesolevas asjas tuleb kõigepealt meenutada, et nagu juba toonitatud eespool punktis 142, nähtub vaidlustatud otsusest, et asjaomased ettevõtjad sõlmisid 1975. aastal turgude jagamise kirjaliku kokkuleppe, mis koosnes MEGAL-i kokkuleppest, selle lisadest ja kaaskirjadest ning mis seisnes teineteise koduturule mittetulemises või sellele turule tulemises piiratud määral ning selliselt oma koduturgude kaitsmises, hoidudes müümast teise poole koduturul MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatud gaasi. Nagu nähtub käesolevast kohtuotsusest tervikuna, ei võimalda ükski hageja argument seda järeldust kahtluse alla seada. Veel tuleb meenutada, et nagu nähtub eespool punktist 143, ei võimalda miski asuda seisukohale, et see kokkulepe lõpetati enne 1999. või isegi enne 2000. aastat ning see, et esimese väite esimese osa analüüsi tulemusel tühistas Üldkohus vaidlustatud otsuse artikli 1 osas, milles tuvastatakse Saksamaal enne 1998. aastat toime pandud rikkumine, ei võimalda iseenesest kahtluse alla seada turgude jagamise kokkuleppe olemasolu, vaid aega, millest alates oli see õigusvastane. Käesoleva osa põhjendamiseks esitatud teise ja kolmanda argumendi analüüsist nähtub lisaks, et miski ei võimaldanud seada kahtluse alla vaidlustatud otsuse põhjenduses 163 esitatud kaalutlusi, mille kohaselt esiteks ei lõpetanud asjaomased ettevõtjad ametlikult oma kokkulepet ega tunnistanud seda sõnaselgelt aegunuks, ning teiseks nende müügistrateegiad teise poole koduturul ega gaasimüük nendel turgudel ei kujuta endast tõendit, mis lükkaks ümber järelduse, mille kohaselt hoidsid nad oma turgude jagamise kokkuleppe jõus. Neid asjaolusid arvestades tuleb asuda seisukohale, et vastupidi sellele, mida väidab hageja, jättis komisjon viga tegemata eeldamata, et kaaskirjadest „loobuti” alates 2000. aasta augustist. Käesoleva argumendi raames hageja viidatud kohtupraktika ei puutu asjasse. Nimelt, erinevalt asjaoludest, mille alusel tegi Üldkohus 29. juuni 1995. aasta otsuse kohtuasjas T-30/91: Solvay vs . komisjon (EKL 1995, lk II-1775) , oli komisjonil käesolevas asjas kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasolu kohta pärast 2000. aasta augustit otseseid tõendeid, mis võimaldasid tõendada, et asjaomased ettevõtjad pidasid end ikka 1975. aastal sõlmitud turgude jagamise kokkuleppega seotuks. Neid tõendeid hinnati eeskätt vaidlustatud otsuse põhjendustes 61–136. Need tõendid, millest mõned viitavad kaaskirjadele, põhinevad eelkõige asjaomaste ettevõtjate kirjavahetusel või koosolekute protokollidel ning nende sisedokumentidel, millest mõned viitavad nimetatud ettevõtjate koosolekutele. Ent nagu nähtub väite käesoleva osa teise ja kolmanda argumendi analüüsist, ei tõendanud hageja, et nendel tõenditel ei ole tõendusjõudu ega seda, et komisjon hindas valesti, et asjaomased ettevõtjad ei olnud kaaskirjadest pärast 2000. aastat „loobunud”. Mis puudutab tõendite puudumist õigusvastase tegevuse kohta ajavahemikus 1980–1999, siis selle asjaolu asjassepuutuvus lükati ümber esimese väite kolmanda osa analüüsimisel. Sellest tuleneb, et komisjon tõendas nõuetekohaselt esialgse kokkuleppe olemasolu ja selle hilisemat jätkamist ning et erinevalt selle kohtuasja asjaoludest, milles tehti eespool viidatud kohtuotsus Solvay vs . komisjon, ei õigustanud ta vanade kokkulepete kasutamist tõendina, mis kinnitab hilisema rikkumise olemasolu. Kõigest eeltoodust nähtub, et ka esimene argument tuleb tagasi lükata. Kuna ükski teise osa põhjendamiseks esitatud argumentidest ei ole põhjendatud, tuleb väite teine osa tervikuna tagasi lükata. b) Kolmas osa Käesolevas osas väidab hageja, et komisjon tõlgendas valesti koosolekuid ja teabevahetust asjaomaste ettevõtjate vahel ajavahemikus 1999–2005 ning et vaidlustatud otsuses on seega tehtud ilmne hindamisviga. Selles osas tuleb meenutada, et kooskõlastatud tegevusega peetakse silmas koostööd ettevõtjate vahel, kes ei ole läinud nii kaugele, et nad oleksid sõlminud kokkuleppe selle sõna kitsas tähenduses, kuid milles teadlikult valitakse konkurentsiriskide asemel ettevõtjatevaheline koostöö. Koordineerimise ja koostöö kriteeriume, mis moodustavad kooskõlastatud tegevuse, tuleb mõista lähtuvalt asutamislepingu konkurentsieeskirjadele omasest kontseptsioonist, mille kohaselt peab iga ettevõtja otsustama sõltumatult, mil viisil ta kavatseb ühisturul tegutseda (vt Euroopa Kohtu 16. detsembri 1975. aasta otsus liidetud kohtuasjades 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 ja 114/73: Suiker Unie jt vs . komisjon, EKL 1975, lk 1663 , punkt 26; 31. märtsi 1993. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 ja C-125/85-C-129/85: Ahlström Osakeyhtiö jt vs . komisjon, EKL 1993, lk I-1307 , punkt 63, ja 28. mai 1998. aasta otsus kohtuasjas C-7/95 P: Deere vs . komisjon, EKL 1998, lk I-3111 , punkt 86). Kuigi selline sõltumatuse nõue ei välista ettevõtjate õigust enda tegevust vastavalt konkurentide juba võetud või tulevikus võetavatele meetmetele mõistlikult kohandada, on selle nõudega oluliselt vastuolus igasugune ettevõtjate omavaheline otsene või kaudne suhtlemine, millega võidakse mõjutada olemasoleva või potentsiaalse konkurendi käitumist turul või see, et sellisele konkurendile antakse teada, kuidas ettevõtja ise on otsustanud käituda või kavatseb hakata turul käituma, kui sellise suhtlemise eesmärk või tagajärg on niisuguste konkurentsitingimuste tekkimine, mis ei vasta kõnealuse turu normaalsetele tingimustele, võttes arvesse kaupade või osutatud teenuste liiki, ettevõtjate suurust ja arvu ning nimetatud turu suurust (vt selle kohta eespool punktis 211 viidatud kohtuotsus Suiker Unie ja vs . komisjon, punkt 174; eespool viidatud kohtuotsus Züchner, punkt 14, ja eespool punktis 211 viidatud kohtuotsus Deere vs . komisjon, punkt 87). Kohtupraktikast nähtub, et oluliselt koondunud oligopoolsel turul võib teabevahetus võimaldada ettevõtjatel teada saada, milline on konkurentide seisund turul ja nende äristrateegia ning muuta seeläbi arvestatavalt ettevõtjate vahel säilivat konkurentsi (Euroopa Kohtu 4. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C-8/08: T-Mobile Netherlands jt, EKL 2009, lk I-4529 , punkt 34). Sellest tuleneb, et teabevahetus konkurentide vahel on tõenäoliselt vastuolus konkurentsieeskirjadega, kui see vähendab teadmatuse astet asjaomase turu toimimise kohta või teeb selle astme olematuks, mille tulemusel tekib konkurentsipiirang ettevõtjate vahel (vt eespool punktis 211 viidatud kohtuotsus Deere vs . komisjon, punkt 90, ja 2. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-194/99 P: Thyssen Stahl vs . komisjon, EKL 2003, lk I-10821 , punkt 81). Lõpetuseks tuleb meenutada, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale piisab ettevõtja kartellikokkuleppes osalemise piisavaks tõendamiseks sellest, kui komisjon tõendab, et asjaomane ettevõtja osales koosolekutel, mille käigus sõlmiti konkurentsivastaseid kokkuleppeid, olemata sellele selgelt vastu. Kui osalemine sellistel koosolekutel on tõendatud, peab see ettevõtja esitama tõendeid, et ta osales neil kohtumistel ilma mingisuguse konkurentsivastase tagamõtteta, näidates, et ta oli oma konkurentidele teada andnud, et ta osaleb neil kohtumistel teisel eesmärgil kui nemad (vt Euroopa Kohtu 7. jaanuari 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P: Aalborg Portland jt vs . komisjon EKL 2004, lk I-123 , punkt 81). Just neid kaalutlusi silmas pidades tuleb analüüsida käesoleva osa põhjendamiseks hageja esitatud kahte argumenti, mille eesmärk on sisuliselt vaidlustada komisjoni hinnang kooskõlastatud tegevuse olemasolu suhtes esiteks seoses kaaskirjadega Saksa ja Prantsuse gaasituru jagamise kohta ning teiseks konkurentide vahel tundliku teabe vahetamise kohta. – Esimene argument Hageja väidab, et koosolekud ja teabevahetus asjaomaste ettevõtjate vahel ajavahemikus 1999–2005 ei võimalda tõendada Saksa ja Prantsuse gaasiturgude jagamise kooskõlastatud tegevuse olemasolu seoses kaaskirjadega. Sellega seoses tuleb märkida, et vaidlustatud otsuse põhjenduses 163 leidis komisjon, et asjaomaste ettevõtjate vahelistel koosolekutel oli kaaskirjadega sama eesmärk, st jagada turud ja piirduda oma turule lubamisel sellega, mida nad pidasid hädavajalikuks. Hageja vaidleb sellele väitele vastu, kinnitades, et komisjon ei ole seda õiguslikult piisavalt tõendanud. Selles suhtes esitab ta sisuliselt neli argumenti. Esiteks, hageja argumendi kohta, et väidete põhjendamiseks komisjoni mainitud dokumentidel on äärmiselt väike tõenduslik väärtus, tuleb kõigepealt meenutada, et isegi kui komisjon avastab tõendeid, mis otseselt kinnitavad ettevõtjatevahelist ebaseaduslikku sidet – näiteks koosolekute protokollid –, on need tavaliselt katkendlikud ja korrapäratud, mistõttu on sageli vajalik teatud üksikasju tuletamise teel taastada. Enamikul juhtudel peab konkurentsivastase tegevuse või kokkuleppe olemasolu järeldama teatud hulgast kokkusattumustest ja kaudsetest viidetest, mis üheskoos käsitletuna võivad muu ühtse selgituse puudumisel moodustada tõendi konkurentsieeskirjade rikkumise kohta (eespool punktis 215 viidatud kohtuotsus Aalborg Portland jt vs . komisjon, punktid 57). Samuti tuleb meenutada, et nagu nähtub eespool punktis 161 viidatud kohtupraktikast, tuleb dokumendi tõendusjõu hindamiseks teha kindlaks selles esitatud informatsiooni usutavus ja eriti arvesse võtta dokumendi päritolu, selle koostamise asjaolusid, selle adressaati ning seda, kas dokumendi sisu arvestades näib ta mõistlik ja usaldusväärne. Käesolevas asjas tuleb esiteks tulemusetuna tagasi lükata hageja väide, et asjaomase kooskõlastatud tegevuse kohta ei esitatud ühtegi „otsest tõendit”. Nimelt, arvestades seda, et toiminguid, mis on seotud konkurentsivastaste tegevuste ja kokkulepetega, viiakse läbi saladuskatte all, et koosolekud toimuvad salaja ning et kogu seonduv dokumentatsioon on viidud miinimumini (eespool punktis 215 viidatud kohtuotsus Aalborg Portland jt vs . komisjon, punkt 55), ei saa komisjonilt nõuda, et ta tugineks tingimata nende tegevuste ja kokkulepete suhtes otsestele tõenditele. Eespool punktis 220 viidatud kohtupraktikast nähtub lisaks, et enamikul juhtudel peab konkurentsivastase tegevuse või kokkuleppe olemasolu järeldama teatud hulgast kokkusattumustest ja kaudsetest viidetest, mis üheskoos käsitletuna võivad muu ühtse selgituse puudumisel moodustada tõendi konkurentsieeskirjade rikkumise kohta. Igal juhul tuleb kõnealune väide põhjendamatuse tõttu tagasi lükata. Nimelt, nagu nähtub vaidlustatud otsusest, tugines komisjon arvukatele sisedokumentidele ja protokollidele asjaomaste ettevõtjate vaheliste koosolekute kohta, sh nn ülevaatekoosolekud, mis organiseeriti mitu korda aastas nende ettevõtjate juhtide vahel ja mida tuleb pidada otsesteks tõenditeks kooskõlastatud tegevuse kohta. Nendest dokumentidest ja muu hulgas vaidlustatud otsuse põhjenduses 180 viidatud dokumentidest tuleneb nimelt, et asjaomased ettevõtjad kooskõlastasid eri koosolekutel oma tegevust Saksa ja Prantsuse gaasiturgude jagamise eesmärgil. Teiseks, hageja argumentatsioon dokumentide kohta, mis väljendavad väidetavalt asjaomaste ettevõtjate strateegiate sõltumatust, lükatakse ümber allpool punktides 259–269. Kolmandaks, hageja väide, mille kohaselt ei ole komisjoni esitatud tõendid, mis on tihti üldised, „suuremas osas” seotud asjaomase rikkumisega, tuleb tagasi lükata. Nimelt on see tulemusetu, kuna hageja ei väida, et ükski komisjoni esitatud dokumentidest ei puuduta asjaomast rikkumist ning piirdub selles osas viitega „suuremale osale” komisjoni esitatud tõenditele. Igal juhul ei ole selline väide põhjendatud. Nimelt tuleb meenutada, et asjaolu, et dokument viitab vaid mõnedele muudes tõendites osutatud asjaoludele, ei piisa, et kohustada komisjoni kõrvaldama asjaomast dokumenti süüstavate tõendite kogumist (eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 238). Lisaks, kuigi mõned dokumendid ei puuduta otseselt turgude jagamist, mida asjaomased ettevõtjad ellu viisid, võimaldavad need siiski kinnitada niisuguse jagamise olemasolu ja illustreerida nende ettevõtjate vahelisi konkurentsivastaseid suhteid. Igal juhul puudutavad mõned komisjoni viidatud dokumendid asjaomast rikkumist otseselt. Nii on see näiteks E.ON-i protokolli puhul 23. mai 2002. aasta koosoleku kohta, millest nähtub – nagu märgitud eespool punktis 197 –, et hageja teatas E.ON-ile, et tal ei olnud sel ajal kavas müüa gaasi MEGAL-i torujuhtmest Saksamaa lõunaosas. Nii on see ka hageja viidatud E.ON-i siseprotokolli puhul 29. märtsi 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku kohta, millest nähtub, et ta kavatses osaleda gaasisektori liberaliseerimise programmis kartuses, et Vene gaas satub „valedesse kätesse” ning MEGAL-i torujuhtme trassil tekib täiendav konkurents. Seoses asjaomase teabe üldise laadiga tuleb rõhutada, et rikkumises süüdi oleval ettevõtjal oleks liiga lihtne hoiduda karistusest, kui ta võiks viidata õigusvastase kokkuleppe toimimise kohta esitatud teabe üldisele laadile, juhul kui kokkuleppe olemasolu ja selle konkurentsivastane eesmärk on siiski piisavalt tõendatud (vt selle kohta analoogia alusel eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 203), nagu käesolevas asjas. Neljandaks, see, et muud dokumendid peale kaaskirjade, millele vaidlustatud otsus tugineb, ei ole asjaomastele ettevõtjatele ühised või nende vahel vahetatud dokumendid, vaid nende ettevõtjate sisedokumendid, ei oma tähtsust. Nimelt tuleb kõigepealt märkida, et vaidlustatud otsuses märkis komisjon, et tal on ka „mittesiseseid” tõendeid, millele on viidatud 199. joonealuses märkuses ja mille asjakohasust ei ole hageja nõuetekohaselt vaidlustanud. Igal juhul ei keela mitte ükski ühenduse õigusnorm ega üldpõhimõte komisjonil tugineda ühe ettevõtja vastu teiste süüdistatavate ettevõtjate avaldustele. Vastasel juhul oleks komisjoni kohustust tõendada EÜ artikleid 81 ja 82 rikkuvat käitumist võimatu täita ja see oleks vastuolus EÜ asutamislepinguga talle pandud ülesandega teostada järelevalvet selle üle, et nimetatud sätteid kohaldataks nõuetekohaselt (vt eespool punktis 70 viidatud Üldkohtu otsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 192 ja seal viidatud kohtupraktika, ning 8. juuli 2008. aasta otsus kohtuasjas T-54/03: Lafarge vs . komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 57 ja seal viidatud kohtupraktika). Nii on see ka teise süüdistatava ettevõtja sisedokumentide puhul. Nimelt, ettevõttesiseseid protokolle, mis leiti süüdistatava ettevõtja ruumides läbiviidud kontrolli käigus, võib kasutada tõendina mõne muu süüdistatava ettevõtja vastu (vt selle kohta Üldkohtu 24. oktoobri 1991. aasta otsus kohtuasjas T-3/89: Atochem vs . komisjon, EKL 1991, lk II-1177 , punktid 31–38, ja 11. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-59/99: Ventouris vs . komisjon, EKL 2003, lk II-5257 , punkt 91). Lisaks, arvestades kõnealuse tegevuse laadi ennast ning tõendite kogumisega kaasnevaid raskusi, mida on meenutatud eespool punktis 221, ei saa komisjon olla kohustatud tuginema tingimata asjaomaste ettevõtjate vahel vahetatud või nende ettevõtjate ühistele dokumentidele. Seega võib ta tugineda asjaomase ettevõtja sisedokumentidele, kui need võimaldavad rikkumist tuvastada. Eespool punktis 161 viidatud kohtuotsusest Dresdner Bank jt vs . komisjon, millele hageja oma argumentatsioonis tugineb, ei saa tuletada, et üldiselt on ettevõtja sisedokumendil, mida ei ole muule ettevõtjale tutvustatud, sellest tulenevalt väike tõendusjõud. See ei nähtu otseselt sellest kohtuotsusest ning sellele räägivad igal juhul vastu eespool punktis 224 viidatud kohtuotsused Atochem vs . komisjon ning Ventouris vs . komisjon. Niisiis tuvastati eespool punktis 161 viidatud kohtuotsuses Dresdner Bank jt vs . komisjon ainult seda, et selles kohtuasjas vaadeldav protokoll oli puhtalt sisekasutuseks mõeldud dokument, mida selles asjas kuni haldusmenetluseni hagejatele ei tutvustatud, mistõttu ei olnud neil võimalust selle sisu suhtes erimeelsust väljendada. See asjaolu on siiski vaid üks selles kohtuotsuses arvesse võetud tõenditest, et otsustada, et see protokoll oli vaid vihje, mis võimaldas kahtlustada ühise tahte esinemist. Erinevalt kohtuasjast, milles see otsus tehti, esitas komisjon käesolevas asjas mitu hagejalt ja E.ON-ilt pärit dokumenti, mis kinnitavad selgelt asjassepuutuva tegevuse olemasolu. Lõpetuseks, mis puudutab asjaolu, et komisjon tugines sellistele sisedokumentidele nagu nn infotunni dokumendid, mis on ettevalmistavad ja mille puhul ei tõenda miski, et sisu osas toimus nendel koosolekutel, millele nad viitavad, teabevahetus, siis tuleb märkida, et kuigi see asjaolu võib viia nende dokumentide tõendusjõusse kriitiliselt suhtumiseni, ei takista see komisjonil nendele tuginemast kui süüstavatele dokumentidele, et kinnitada oma muudel dokumentidel põhinevat järeldust. Nimelt kujutab asjaolu, et asjaomased ettevõtjad kavatsesid käsitleda teatavaid omavahel turgude jagamisega seotud teemasid, endast kaudset tõendit selle kohta, et see jagamine tõepoolest aset leidis (vt selle kohta analoogia alusel eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 231). Need dokumendid ei ole seega tõendusjõuta ja on seega vastupidi hageja väidetule asjakohased. Viiendaks tuleb tagasi lükata hageja väide, et suurem osa vaidlustatud otsuse aluseks olevatest dokumentidest sisaldavad vaid isiklikke ja subjektiivseid analüüse ja hinnanguid, mis on pärit suhteliselt kõrgel ametikohal olevatelt töötajatelt, kellel ei ole alati ettevõtja esindamise või tema nimel kohustuse võtmise õigust. Nimelt ei tuginenud komisjon üksnes sellistele dokumentidele, vaid ka protokollidele nn ülevaatekoosolekute kohta, mis tõid kokku asjaomaste ettevõtjate juhid. Hageja ei tõenda pealegi, et komisjon tugines vaid sellistele dokumentidele, piirdudes viitega „suurem osa” neist, osutamata täpselt, millistele dokumentidele ta soovib viidata. Kui eeldada, et hageja viitab oma väites 16. märtsi 2004. aasta e-kirjale, tuleb meenutada, et selle tõendusjõudu juba kinnitati eespool punktis 174. Lisaks, kui eeldada, et ta viitab 27. veebruari 2003. aasta e-kirjale, mis räägib eraviisilisest kohtumisest ühe tema töötaja ja ühe E.ON-i töötaja vahel, siis nähtub sellest selgelt, et sellel kohtumisel kavatses hageja töötaja edastada E.ON-i töötajale teatavat infot, mis võis huvi pakkuda nii hagejale kui E.ON-ile ja mis puudutas hageja ambitsioone Saksamaal. Arvestades veel selles e-kirjas öeldu üksikasjalikkust, sisu ja seda, kes seda väljendas, tundub see täiesti tõenäoline ja teabevahetuse sisu objektiivselt kajastav. Viimaseks, see dokument kinnitab selgelt turgude jagamise esinemist, kuna sellest nähtub muu hulgas, et hageja tundus olevat veendunud, et ta peab oma Saksa turu lähenemisviisist kinni pidama ja et kuigi hageja võis üritada müüa gaasi E.ON-i alal, tegi ta seda pigem info saamiseks turu kohta kui otse ründamiseks. Kuuendaks tuleb tagasi lükata ka hageja väide, et asjaolud, millele komisjon tugineb, ei ole omavahel seotud. Nimelt piirdub hageja väitega, et käsitletud teema erineb dokumenditi, esitamata asjaolusid, mis võimaldaksid asuda seisukohale, et komisjoni antud koguhinnang on ilmselgelt väär. Lisaks, nagu nähtub eespool punktis 220 viidatud kohtupraktikast, peab komisjon sageli tuginema teatud hulgale kokkusattumustele ja kaudsetele tõenditele. Siiski ei saa nõuda, et dokumendid, millele ta selles osas tugineb, oleks süstemaatiliselt omavahel temaatiliselt seotud. Seega on oluline, et komisjoni kasutatud tõendid on piisavalt täpsed ja üksteist toetavad, mille põhjal saaks veenduda, et väidetav rikkumine esineb. Nimelt piisab, kui teatud hulk kokkusattumusi ja kaudseid tõendid, millele institutsioon tugineb, võivad üheskoos käsitletuna tõendada konkurentsieeskirjade rikkumist. Igal juhul, nagu juba märgitud, oli komisjonil antud juhul kooskõlastatud tegevuse kohta peale kaudsete tõendite ja muude tõendite ka kirjalik kokkulepe, mis oli selle tegevuse alus ja mille lõpetamist hageja ei ole tõendanud. Neid asjaolusid arvestades tuleb tagasi lükata hageja argument, et dokumentidel, millel vaidlustatud otsus rajaneb, on väike tõendusjõud. Teiseks, seoses hageja argumendiga, mille kohaselt ei võimalda koosolekud ja teabevahetus asjaomaste ettevõtjate vahel ajavahemikus 1999–2005 esile tuua nende ühist tahet jagada omavahel Saksa ja Prantsuse gaasiturud vastavalt kaaskirjadele, tuleb meenutada, et hageja argumentatsioon 4. veebruari 1999. aasta, 24. juuni 1999. aasta, 23. mai 2002. aasta, 27. veebruari 2003. aasta, 19. veebruari 2004. aasta ja 16. märtsi 2004. aasta koosolekuid ja teabevahetust puudutavate dokumentide kohta lükati ümber käesoleva väite analüüsi raames. Ent nende sisu arvestades võimaldavad need asjaolud iseenesest tõendada nende ettevõtjate ühist tahet asjaomase rikkumise kontekstis. Järelikult saab selle argumentatsiooni juba ainuüksi sellel alusel tagasi lükata. Täiendavalt tuleb igal juhul tõdeda, et nagu nähtub allpool punktidest 232–238, ei ole põhjendatud hageja argumentatsioon, milles ta vaidleb vastu vaidlustatud otsuse põhjendustes 114–122 esitatud komisjoni kaalutlustele, mille kohaselt kohustusid asjaomased ettevõtjad mitte käituma agressiivselt ja taunisid mõnikord teineteise müüki või hindu. Nimelt, vastupidi sellele, mida väidab hageja, ei tundu komisjon olevat valesti tõlgendanud dokumente, millele ta tugines, st E.ON-i nn infotunni dokument 20. detsembri 2001. aasta nn ülevaatekoosoleku kohta, hageja 29. augusti 2003. aasta nn infotunni sisedokument 2. septembri 2003. aasta koosoleku kohta, E.ON-i protokoll 29. märtsi 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku kohta, E.ON-i protokoll 27. mai 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku kohta ja E.ON-i nn infotunni dokument 2. juuli 2004. aasta koosoleku kohta. Ükski hageja esitatud tõend ei võimalda tegelikult seada kahtluse alla nendel dokumentidel põhinevaid komisjoni väiteid. Kõigepealt, hageja ei saa 29. märtsi 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku protokolli kritiseerimisega ümber lükata vaidlustatud otsuse põhjenduses 115 sisalduvat komisjoni väidet, mille kohaselt hoiti turgude jagamise kokkulepe jõus, olles samas seisukohal, et mõlema ettevõtja piiratud ja kontrollitud sisenemist teise poole koduturule eelistati uute turuletulijate pakutavale konkurentsile ning see võimaldas ametiasutustele näidata, et turul arenes teatav konkurents. Nimelt ei kasutanud komisjon seda protokolli oma väite põhjendamiseks, kuna see väide rajaneb selles küsimuses hageja 24. septembri 2004. aasta sisedokumendil, milles on muu hulgas märgitud, nagu nähtub sellest põhjendusest, et suurtel Saksa ettevõtjatel on vaja alibit Saksamaal, et näidata, et turg on avatud ja et asjaomastel ettevõtjatel võib olla ühine huvi sõlmida tugeva strateegilise sisuga „tehing”, mis võimaldab Euroopas positsioone vahetada. Samuti, vastupidi hageja väidetule ei olnud komisjon seisukohal, et hageja tahe Saksamaal tegevust arendada eelisjärjekorras väliskasvu kaudu, mida kinnitab kõnealune protokoll, oli seotud E.ON-iga sõlmitud kartellikokkuleppega. Hageja argumentatsioon selle kohta on seega tulemusetu. Igal juhul ei ole see argumentatsioon põhjendatud. Nimelt nähtub 29. märtsi 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku protokollist, et hageja kavatses gaasisektori liberaliseerimise programmis osaleda kartuses, et MEGAL-i torujuhtme trassil tekib täiendav konkurents, mis vastupidi hageja väidetule kujutab endast seost asjaomase rikkumisega. Mis puudutab hageja väidet, et kõnealusest protokollist nähtub tema soov Saksamaal tegevust arendada, tagamata E.ON-i huve, siis tuleb märkida, et isegi kui eeldada, et see on nii, näitab see protokoll siiski ka tema soovi kontrollida konkurentsitaset. See, et hageja andis E.ON-ile oma rahulolematusest teada pärast katse luhtumist osta ära E.ON-i osaluse [ konfidentsiaalne ] ja oma kavatsusest Saksamaal oma tegevust arendada välisosaluste kaudu, ei võimalda seda järeldust kahtluse alla seada. Seega järeldas komisjon sellest protokollist vaidlustatud otsuse põhjenduses 98 viga tegemata, et hageja püüdis E.ON-iga jõuda üksmeelele ühise eesmärgi küsimuses, mis seisnes selle vältimises, et gaasisektori liberaliseerimise programmi raames müüdavat gaasi [ konfidentsiaalne ] ostaksid MEGAL-i torujuhtme trassil asjaomaste ettevõtjate konkurentidest kolmandad isikud. Edasi, vaidlustatud otsuse põhjenduses 116 sisalduva komisjoni väite osas, mille kohaselt kinnitas E.ON hagejale pidevalt, et tal ei olnud plaanis pakkuda agressiivset konkurentsi Prantsuse turul, tuleb märkida, et see kinnitus ei tundu vale, arvestades E.ON-i nn infotunni dokumenti 20. detsembri 2001. aasta nn ülevaatekoosoleku kohta ja E.ON protokolli 27. mai 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku kohta, millele komisjon tugines. Nimelt, mis puudutab nn infotunni dokumenti, siis ei oma käesolevas asjas tähtsust see, et seda dokumenti ei kinnita asjaomaste ettevõtjate kirjavahetus või hageja sisedokument, nagu nähtub eespool punktis 224 viidatud kohtupraktikast. Lisaks, kuigi miski ei võimalda tuvastada, et E.ON andis tõepoolest hagejale teada, et Pariisis äsja avatud müügipunkti roll oli näidata tema kohalolekut, mitte tungida agressiivselt turule, siis nähtub sellest ettevalmistavast dokumendist siiski selgelt, et E.ON soovis hagejat oma Prantsusmaa äristrateegia osas rahustada. See dokument on seega asjakohane tegur asjaomaste ettevõtjate vahelise salajase kokkuleppe olemasolu kindlakstegemisel. Mis puudutab E.ON-i protokolli 27. mai 2004. aasta koosoleku kohta, siis hageja möönab, et teave selle kohta, et E.ON teatas talle, et tema tegevuse läänepiir Mandri-Euroopas oli Saksamaa läänepiir ja et tal ei olnud muu hulgas Prantsusmaa vastu sügavat huvi, kajastas E.ON-i äristrateegiat Euroopas. Ta vaidleb siiski vastu, et ta andis sellele otsusele eelneva heakskiidu. Komisjon aga ei ole väitnud, et see nii oli. Ta piirdus väitega, et E.ON kinnitas hagejale rahustuseks pidevalt, et ta ei kavatsenud Prantsuse turul agressiivset konkurentsi pakkuda. Hageja viidatud asjaolu, et E.ON tegi selle info teatavaks, isegi kui eeldada, et see nii on, ei võimalda seda hinnangut kahtluse alla seada. Nende dokumentide kohta käiv hageja argumentatsioon tuleb seega tagasi lükata. Viimaseks, mis puudutab vaidlustatud otsuse põhjenduses 117 sisalduvat komisjoni väidet, mille kohaselt taunisid asjaomased ettevõtjad müüki teineteise koduturul, siis ei tundu see väär, arvestades hageja 29. augusti 2003. aasta nn infotunni sisedokumenti 2. septembri 2003. aasta koosoleku kohta, 27. mai 2004. aasta koosoleku protokolli ja E.ON-i nn infotunni dokumenti 2. juuli 2004. aasta koosoleku kohta, millele komisjon tugineb. Nimelt, mis puudutab 29. augusti 2003. aasta nn infotunni dokumenti, siis tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt sisaldab see dokument vaid selle koostajate isiklikku ja subjektiivset arvamust kajastavaid seisukohti, kuna sellest nähtub, et selles analüüsitakse võrdlevalt asjaomaste ettevõtjate tegevusi objektiivselt. Seoses hageja argumendiga, et miski ei kinnita, et selles nn infotunni dokumendis mainitud küsimusi arutati või esitleti, tuleb märkida, et selle nn infotunni dokumendis on toodud igal juhul küsimused, mida hageja kavatses sellel koosolekul arutlusele võtta. Edasi, vastupidi hageja väidetule on see dokument märk kartellikokkuleppe olemasolu kohta, kuna sellest nähtub, et hageja äritegevus Saksamaal kuulub Prantsusmaal kaotatud turuosade teistes Euroopa riikides kompenseerimise rangelt kontrollitud ja mõistliku raamistikku. Sellest nähtub ka, et E.ON rakendab Prantsuse turul algusest peale otsese konkurentsi mudelit, samas kui hageja tegutseb mõlemal turul vastupidi partnerluse vaimus mõistliku konkurentsi perspektiivis. Sellega seoses oli täpsustatud, et on oluline arutada E.ON-iga turuhindade küsimust. Seega võimaldab asjassepuutuv nn infotunni dokument asuda seisukohale, et hageja taunis E.ON-i konkurentsialtisid pakkumusi Prantsusmaal ning kavatses käituda mõistliku konkurentsi põhiselt ja kooskõlastas tegevust selle ettevõtjaga turuhindade küsimuses, mis ei ole konkureeriv käitumine, hoolimata pakkumustest, mida hageja oli võinud Saksamaal teha, ja keerulisele kontekstile, mille ta võis seal eest leida. Viimaseks, komisjon leidis õigesti kõnealusele nn infotunni dokumendile tuginedes, et hageja esitas E.ON-i pakkumuse vastu, mis puudutas ühe kliendi varustamist, edukalt enda oma, kasutamata oma tegevusruumi täies ulatuses. Nimelt tuleneb sellest dokumendist, et selle pakkumuse osas ei kasutanud hageja kogu tegutsemisruumi, mida tema äriline raamistik talle võimaldas, kusjuures seda tegutsemisruumi kasutati pigem siis, kui ta pidi vastu seisma näiteks [ konfidentsiaalne ] pakutud konkurentsile. Hageja esitatud asjaolu, et oma strateegia tõttu ei põhjenda [ konfidentsiaalne ] eri käitumist sõltuvalt konkurendist, kellega tal silmitsi tuli seista. Teiseks, mis puudutab 27. mai 2004. aasta koosoleku protokolli ja 2. juuli 2004. aasta koosoleku dokumenti, siis ei võimalda ükski asjaolu tuvastada, et komisjoni antud tõlgendus on vale. Nimelt nähtub sellest protokollist, et hageja äritegevust Saksa turul peeti jätkuvalt agressiivseks ja ohtlikuks. Kõnealusest dokumendist nähtub veel, et arutelude raames E.ON-i ja hageja vahel oli E.ON seisukohal, et liiga agressiivsete pakkumuste tõttu oli gaasi väärtus Saksa turul põhja lastud, samas kui hageja väitel oli ta pidanud andma järele komisjoni survele, kes soovis piiriülest konkurentsi ja et tema jaoks omas Saksa turg oma suuruselt ja geograafiliselt asukohalt suurt tähtsust. Komisjon võis seega tugineda neile dokumentidele, et järeldada, et asjaomased ettevõtjad taunisid teineteise koduturul teostatud müüki. Lisaks, isegi kui nendest nähtub teatava konkurentsivormi olemasolu, toovad need dokumendid ka esile selle, et ettevõtjad vahetasid teavet oma vastava äristrateegia kohta. Need on ka kaudne tõend koduturgude jagamise (või nendele kooskõlastatud sisenemise) kokkuleppe kohta, kuna nendest nähtub, et hageja tegevuse tõttu Saksamaal suurenes E.ON-i müügitegevus Prantsusmaal, kusjuures selline sümmeetriline turule sisenemine on võimalik vaid niisuguse kokkuleppe korral. Nende sõnastust arvestades võis komisjon niisiis neid dokumente viga tegemata kasutada kõnealuse rikkumise tuvastamiseks. Kolmandaks, mis puudutab hageja argumenti, mille kohaselt tõendavad tähelepanuta jäetud või valesti tõlgendatud toimikumaterjalid kooskõlastatud tegevuse puudumist, siis väidab hageja, et need materjalid tõid välja asjaomaste ettevõtjate strateegia sõltumatuse Saksamaal ja Prantsusmaal, otsese konkurentsi nende vahel nende vastavatel koduturgudel ja hageja tahte viia võimalikult kiiresti lõpule MEGAL-i kokkuleppe muutmine, et saada Saksamaal täieõiguslikuks edastajaks. See argumentatsioon tuleb tagasi lükata. Nimelt on komisjon eelkõige 4. veebruari 1999. aasta, 24. juuni 1999. aasta, 23. mai 2002. aasta, 27. veebruari 2003. aasta, 19. veebruari 2004. aasta ja 16. märtsi 2004. aasta koosolekuid ja teabevahetust puudutavate dokumentide alusel õiguslikult piisavalt tõendanud kooskõlastatud tegevuse olemasolu, mis tuleneb asjaomaste ettevõtjate koosolekutest ja teabevahetusest ajavahemikus 1999–2005, arvestades kaalutlusi, mis puudutavad Prantsuse turgu pärast 2004. aasta augustit ja mida analüüsitakse neljanda väite raames. Edasi, välja arvatud hageja 19. jaanuari 2004. aasta siseprotokoll ja GDF Deutschlandi 30. aprilli 2004. aasta äriplaan Saksamaal, piirdub hageja oma argumendi põhjendamiseks viitega oma vastuses vastuväiteteatisele esitatud asjaoludele ega esita hagiavalduses konkreetselt nende dokumentide kohta mingit argumentatsiooni. Niisiis, välja arvatud need kaks viimast dokumenti, ei saa niisugune viide hagiavaldusele lisatud dokumentidele olla lubatud eespool punktis 175 esitatud põhjustel. Lisaks, mis puudutab hageja 19. jaanuari 2004. aasta siseprotokolli, siis piisab, kui märkida, et see käsitleb vaid kümmet tarnelepingut, mis liiati puudutavad ainult Saksamaa loodeosas (ja seega väljaspool MEGAL-i torujuhtme tarneala) asuvaid kliente, ja selles on märgitud, et teiste osaliste territooriumile lähenemine on muudetud keeruliseks kolmandate isikute juurdepääsu suurte kulude tõttu või seetõttu, et MEGAL-i torujuhtmest ei ole praegu võimalik varustada. Niisiis ei tõenda see dokument kaugeltki otsest konkurentsi asjaomaste ettevõtjate vahel, nagu väidab hageja, vaid kinnitab nendevahelise konkurentsi puudumist MEGAL-i torujuhtme tarnealal ja seda, et hagejal ei ole sellest võimalik varustada. Selle võimatuse põhjust ei ole ära toodud, kuid kõnealusest protokollist võib tuletada, et see erineb kolmandate isikute juurdepääsuga seotud raskustest, mida on samuti mainitud. Viimaseks, GDF Deutschlandi 30. aprilli 2004. aasta Saksamaa äriplaanis on märgitud, et uute lepingute sõlmimine on alates 2003. aasta teisest poolest tunduvalt kiirenenud ja et see on üle kahe aasta kohapeal oleku tulemus, [ konfidentsiaalne ]. Sellest nähtub ka, et hageja kohalolek Saksa turul vastastab ta suurtele ettevõtjatele. Sellest dokumendist ei nähtu siiski, kas asjaomased lepingud puudutavad MEGAL-i torujuhtme tarneala. Seevastu kinnitab see, et hageja keskendus oma pakkumustes Saksamaa loodeosale, [ konfidentsiaalne ]. Need dokumendid ei võimalda seega komisjoni argumentatsiooni kahtluse alla seada. Neljandaks, hageja argumendi osas, mille kohaselt õigustas asjassepuutuvaid koosolekuid asjaomaseid ettevõtjaid ühendavad struktuurilised ja ärilised sidemed, tuleb märkida, et kuigi komisjon ei vaidle vastu selliste sidemete õiguspärasusele, ei saa need siiski õigustada koosolekuid, mis on ka aluseks EÜ artikli 81 lõikes 1 keelatud kooskõlastatud tegevusele. Ent käesolevas asjas leidis komisjon, nagu nähtub eeskätt vaidlustatud otsuse põhjendustest 50, 63 ja 158, et kuigi neist koosolekutest paljude eesmärk oli õiguspäraste aruteluteemade käsitlemine, kasutasid asjaomased ettevõtjad sageli neid kontakte, et arutada turgude jagamise kokkuleppe täitmist. Kuna seda kaalutlust ei sea kahtluse alla ükski toimiku dokument, tuleb hageja argument tagasi lükata. Eeltoodust tuleneb, et hageja väidab vääralt, et asjaomaste ettevõtjate koosolekud ja teabevahetus ajavahemikus 1999–2005 ei võimalda tuvastada nendevahelist tundliku teabe vahetamist seoses kaaskirjadega. Esimene argument tuleb seega tagasi lükata. – Teine argument Hageja väidab, et komisjon tegi faktivea ja rikkus õigusnormi, leides, et koosolekud ja teabevahetus asjaomaste ettevõtjate vahel ajavahemikus 1999–2005 võimaldasid tuvastada asjaomaste ettevõtjate vahel tundliku teabe vahetamise seoses kaaskirjadega või nendest sõltumatult. Kõigepealt osas, milles hageja viitab selles argumendis kaaskirjadest sõltumatule kooskõlastatud tegevusele, tuleb tõdeda, et tema argumentatsioon on tulemusetu. Nimelt ei asunud komisjon vaidlustatud otsuses otseselt seisukohale, et kontaktid ajavahemikus 1999–2005 kujutasid endast nendest kirjadest sõltumatuid rikkumisi. Vastupidi, vaidlustatud otsusest nähtub selle tervikuna lugemisel, et selles käsitleti asjaomast kooskõlastatud tegevust kui MEGAL-i kokkuleppest ja kaaskirjadest tuleneva turgude jagamise kokkuleppe täitmisega seonduvaks. Edasi, tuleb tõdeda, et kõnealuse argumendi põhjendamiseks hageja esitatud argumendid ei ole põhjendatud, olenemata sellest, kas need viitavad kooskõlastatud tegevusele seoses kaaskirjadega või nendest sõltumatult. Esiteks, hageja argumendi osas vaidlustatud otsuses sisalduva vastuolu kohta tuleb märkida, et selle otsuse põhjenduses 161 väidab komisjon, et asjaomased ettevõtjad ei vahetanud üksikasjalikku äriteavet müügi, hindade, kulude, marginaalide või klientide kohta ning selline teabe jagamine ei olnud antud juhul vajalik, et jõuda ühisele seisukohale, et MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatud gaasi ei tule kasutada selleks, et pakkuda konkurentsi teise poole koduturul, ja üldisemalt, et pakkuda „mõistlikumat” konkurentsi. Sama otsuse põhjenduses 186 märkis komisjon, et asjaomased ettevõtjad vahetasid tundlikku äriteavet, st seoses hindade ja strateegiatega, analüüsisid ja pidasid eelnevalt regulaarselt nõu oma vastastike tulevikustrateegiate küsimustes ja tegutsesid vastavalt teise poole ootustele. Vastupidi hageja väidetule ei ole need kaks väidet vastuolulised. Nimelt see, et asjaomased ettevõtjad ei vahetanud „üksikasjalikku äriteavet” ei ole vastuolus sellega, et nad vahetasid „ärilisest seisukohast tundlikku teavet”. Nimelt võisid asjaomased ettevõtjad vahetada teavet, mis ei olnud küll üksikasjalik, vaid võis olla üldine, ent siiski oluline nende äristrateegiate kindlaksmääramiseks. Teiseks, tagasi tuleb lükata hageja argument, milles vaidlustatakse vaidlustatud otsuse põhjenduses 161 esitatud komisjoni analüüs, mille kohaselt ei olnud üksikasjaliku teabe vahetus vajalik, kuna igal pikaajalisel tarnijal oli monopolilähedane seisund oma traditsioonilisel koduturul ning piisas teisele poolele teada andmisest, et selle teise poole koduturule (aktiivset) sisenemist ei plaanitud. Nimelt, nagu nähtub eespool punktis 213 viidatud kohtuotsusest, võib oluliselt koondunud oligopoolsel turul teabevahetus võimaldada ettevõtjatel teada saada konkurentide seisundi turul ja äristrateegia ning muuta seeläbi arvestatavalt konkurentsi, mis ettevõtjate vahel säilib. See kohtupraktika ei nõua, et asjaomane teave puudutaks üksikasjalikku teavet. Seega võib sellise oligopoolse turu kontekstis, nagu on vaatluse all käesolevas asjas, ka üldine teabevahetus, mis puudutab eeskätt ettevõtja äristrateegiat, konkurentsi kahjustada. Lisaks, kuigi hageja väidab, et praktikas on selline stsenaarium äärmiselt harva esinev, möönab ta repliigis, et kohtupraktika ei välista põhimõtteliselt, et „üldise” teabe vahetus on taunitav, kui selle eesmärk on vähendada teadmatuse astet kõnealuse turu toimimise kohta ja seejärel piirab konkurentsi ettevõtjate vahel. Veel tuleb lisada, et kohtupraktikas on tunnustatud, et kui kooskõlastamisel osalev ettevõtja jätkab asjaomasel turul tegutsemist, on kooskõlastamise ja selle ettevõtja turukäitumise vahelise põhjusliku seose eeldus kohaldatav isegi siis, kui kooskõlastamine rajaneb vaid ühekordsel asjassepuutuvate ettevõtjate kohtumisel (eespool punktis 213 viidatud kohtuotsus T-Mobile Netherlands jt, punkt 62). Ent käesolevas asjas rajaneb kooskõlastamine suurel arvul koosolekutel. Hageja viidatud asjaolu, et asjaomased ettevõtjad sisenesid piiratud määral teineteise turule, ei võimalda seada kahtluse alla seda, et üksikasjaliku teabe vahetamine ei olnud vajalik, kuna teabevahetus võis igal juhul konkurentsi mõjutada, kuna kooskõlastamisega kõrvaldati teadmatus, mis peab eksisteerima konkureerivate ettevõtjate vahel. Neid asjaolusid arvestades väidab hageja vääralt, et komisjoni analüüs vähendas rikkumise tuvastamiseks nõutavat tõendamisstandardit. Kolmandaks, hageja argument, mille kohaselt ei vahetanud asjaomased ettevõtjad mis tahes konfidentsiaalset või strateegilist teavet kohtupraktika tähenduses, ei ole tulemuslik. Nimelt ei ole asjakohane hageja osutatud asjaolu, et asjaomased ettevõtjad ei vahetanud teavet kulude, hindade, marginaalide, müüdud koguste või klientide kohta, kuna sellisel tugevalt koondunud oligopoolsel turul nagu on gaasiturg, piisab teabevahetusest eespool punktis 213 viidatud kohtupraktika tähenduses. Ent nagu nähtub eeskätt vaidlustatud otsuse põhjendustes 84, 87, 120, 121 või 180 viidatud dokumentidest, kontakteeruti mitmel korral ja vahetati teavet asjaomaste ettevõtjate vastavate strateegiate kohta teineteise koduturul. Vastupidi sellele, mida väidab hageja, tuleb märkida, et asjaomaste ettevõtjate vahel toimunud arutelud ei olnud „ebamäärased tahteavaldused”. Näiteks nähtub 23. mai 2002. aasta koosoleku 27. mai 2002. aasta protokollist, et ühel kohtumisel E.ON-iga kinnitas hageja, et hetkel ei olnud kavas Saksamaal gaasi müüa. Samuti nähtub 27. mai 2004. aasta protokollist, et E.ON-i tegevuse läänepiir Mandri-Euroopas oli Saksamaa läänepiir ja et E.ON-il ei olnud muu hulgas Prantsusmaa vastu sügavat huvi. Lisaks ei märgi hageja hagiavalduses, millisele konkreetsele arutelule ta viitab ning piirdub viitega vastusele vastuväiteteatisele. Neljandaks tuleb tagasi lükata hageja argument, milles ta vaidlustab nende dokumentide asjakohasuse, millele komisjon tugines. Esiteks, 27. veebruari 2003. aasta e-kirja osas tuleb meenutada, et selles dokumendis on märgitud, et kuigi hageja võis üritada müüa gaasi E.ON-i alal, tegi ta seda pigem info saamiseks turu kohta kui otse ründamiseks. Liiati lükati eespool punktis 227 tagasi hageja vastuväide, mille kohaselt puudutas see dokument isiklikke ja subjektiivseid arvamusi. Tagasi tuleb lükata ka hageja argument, mille kohaselt ei olnud ta sellest eraviisilisest kohtumisest teadlik, kuna nimetatud e-kirjast nähtub, et hageja esindaja avaldas soovi kohtuda E.ON-i esindajaga asjaomaste ettevõtjate hiljem toimuva koosoleku ettevalmistamise kontekstis ning soovis edastada teatavat infot, mis võis huvi pakkuda nii talle kui E.ON-ile. Lisaks, vastupidi hageja märgitule ei võimalda ükski toimiku dokument tõendada temapoolset otsest rünnakut Saksa turul, kuna vaatlusalusel ajavahemikul piirdus ta tegelikult sisuliselt nende gaasikoguste müümisega, mille ta ostis gaasisektori liberaliseerimise programmi raames. Teiseks, 16. märtsi 2004. aasta e-kirjast nähtub, et ühe kohtumise käigus E.ON-i töötajaga teatas hageja töötaja talle, et tema arvates olid E.ON-i mõnedelt klientidelt võetavad hinnad liiga madalad. Samuti nähtub sellest, et asjaomaste ettevõtjate töötajad vahetasid teavet suhete kohta teatavate klientidega nendelt võetavate hindade küsimuses. Veel nähtub sellest, et hageja esindaja teatas E.ON-i esindajale, et Prantsuse idaosas ei soovinud hageja muuta hinnataset „keskmiste/väikeste” klientide jaoks, kuid suuremate klientide hindu võidakse muuta. Erinevalt hageja väidetust, võis see teave E.ON-ile huvi pakkuda, kes nagu nähtub vaidlustatud otsusest, alustas gaasi müümist Prantsusmaal 2003. aastal. Lisaks, isegi kui teave ei ole väga üksikasjalik, võimaldas see E.ON-il teada saada, milline oli üldine hinnastrateegia, mida hageja kavatses kohaldada oma eri liiki klientidele juhul, kui tema territooriumile tulevad konkurendid. Mis puudutab asjaolu, et [ konfidentsiaalne ], siis ei saa see õigustada teabevahetust, millele osutab 16. märtsi 2004. aasta e-kiri ja mis igal juhul vähendas teadmatuse astet, mis tavapäraselt peab konkurentide vahel esinema. Mis puudutab veel edastatu väidetavat subjektiivsust, siis sellega seonduv argumentatsioon lükati tagasi eespool punktides 174 ja 227. Järelikult on 27. veebruari 2003 ja 16. märtsi 2004. aasta e-kirjad tõendid strateegilise teabe vahetamise kohta. Lõpetuseks, vastupidi sellele, mida annab mõista hageja repliigis, ei olnud komisjon kohustatud „loetlema” üldist strateegilist teavet, mida vahetati, kuna vaidlustatud otsusest nähtub, et sellist teavet tegelikult vahetati. Asjaolu, et teabevahetus asjaomaste ettevõtjate vahel toimus uue MEGAL-i kokkuleppe läbirääkimiste kontekstis, ei õigusta konkurentsi mõjutada võiva teabe vahetamist. Igal juhul on kõnealune teave ja eeskätt 27. mai 2002. aasta protokollis või 27. veebruari 2003. aasta e-kirjas märgitud teave ulatuslikum MEGAL-i kokkulepe uute läbirääkimistega seonduvast teabest. Sellest järeldub, et vastupidi hageja väidetule võis vaidlustatud otsuses komisjoni viidatud teabevahetus asjaomaste ettevõtjate vahel vähendada teadmatust Saksa ja Prantsuse gaasituru toimimise ja nimetatud ettevõtjate vastava tulevase tegevuse osas nendel turgudel ning sellest tulenevalt muuta tuntavalt nende vahel säilinud konkurentsi. Eeltoodust tuleneb, et tagasi tuleb lükata hageja argumentatsioon, mille kohaselt ei võimalda asjaomaste ettevõtjate koosolekud ja teabevahetus ajavahemikus 1999–2005 tuvastada tundliku teabe vahetamist nende vahel, olenemata sellest, kas see on kaaskirjadega seotud või nendest sõltumatu. Seega tuleb tagasi lükata ka teine argument ja sellest tulenevalt väite kolmas osa tervikuna. c) Neljas osa Käesolevas osas väidab hageja, et vaidlustatud otsust ei ole põhjendatud ja selles on rikutud EÜ artiklit 81, kuna asjassepuutuv tegevus kvalifitseeriti kokkuleppeks ja/või kooskõlastatud tegevuseks, ilma et oleks hinnatud haldusmenetluses esitatud tõendeid, millega sooviti näidata tegevuse sõltumatust hageja puhul Saksamaal ja E.ON-i puhul Prantsusmaal. Täpsemalt ei analüüsinud komisjon hageja sõnul majanduslikke argumente, mis võimaldavad kahtluse alla seada asjaomase rikkumise olemasolu enda. Tuleb tõdeda, et hageja esitab sisuliselt kaks argumentide seeriat, millest esimene puudutab seda, et arvesse ei võetud tõendeid, mis näitavad kahe asjaomase ettevõtja tegevuse sõltumatust teineteise turul, ning teine seda, et majanduslikke tõendeid ei võetud arvesse. Esiteks, mis puudutab asjaolusid, mis tõendavad asjaomaste ettevõtjate tegevuse sõltumatust, mida komisjon ei ole väidetavalt analüüsinud, siis tuleb märkida, et hageja argumendid ei ole põhjendatud. Kõigepealt, mis puudutab hageja argumente tema tegevuse sõltumatuse kohta, siis tuleb esmalt märkida, et tema esitatud tõendid on üldised ja ei võimalda näidata sõltumatut tegevust eeskätt seoses MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatud gaasi tarnimisega, kusjuures käesolevas asjas tuvastatu rikkumine piirdub selle sektoriga, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 199. Seejärel, mis puudutab väidetavat [ konfidentsiaalne ], siis väidab hageja vääralt, et ta viis läbi [ konfidentsiaalne ], kuna sellised dokumendid nagu 27. veebruari 2003. aasta e-kiri, näitavad, et tal ei olnud see kavas. Lisaks, [ konfidentsiaalne ] olemasolule räägib vastu hageja 2005. aasta aprilli sisedokument, mis koostati E.ON-i kaebuste tulemusel [ konfidentsiaalne ]. Igal juhul, isegi kui eeldada, et ta viis läbi [ konfidentsiaalne ], siis nagu nähtub komisjoni esitatud tõenditest, toimus selle osas siiski mitu teabevahetust E.ON-iga, kusjuures asjaomased ettevõtjad taunisid vastastikku teineteise [ konfidentsiaalne ] eri kohtumistel ning nagu tuvastatud, üritasid üksteist selles küsimuses rahustada (vt eespool punkt 164). Lisaks, mis puudutab väidetavalt hageja saadud [ konfidentsiaalne ], siis piisab selle meenutamisest, et vaidlustatud otsuse põhjendusest 101 nähtub, et hageja hakkas gaasi MEGAL-i torujuhtme kaudu müüma alles 2004. aasta oktoobris ja et müügikogused olid sisuliselt sarnased gaasisektori liberaliseerimise programmi raames omandatud kogustega vähemalt 2005. aasta oktoobrini. Viimaseks, mis puudutab [ konfidentsiaalne ], siis hageja argumentatsioon, mille kohaselt [ konfidentsiaalne ], ei tõenda tema tegevuse sõltumatust ning ei sea kahtluse alla komisjoni kaalutlusi, mis tõendavad asjaomase rikkumise olemasolu. Nimelt nähtub kohtupraktikast, et selle tõendamine, et esines asjaolusid, mis näitavad komisjoni tuvastatud fakte erinevas valguses ja mis võimaldavad seega anda faktidele teise usutava seletuse, mis erineb sellest, mille esitas komisjon, järeldamaks, et ühenduse konkurentsieeskirju on rikutud, on asjakohane vaid siis, kui komisjon tugineb rikkumise olemasolu järeldamiseks ainult asjaomaste ettevõtjate tegevusele turul (vt selle kohta eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 186 ja seal viidatud kohtupraktika). Ent käesolevas asjas ei ole see nii, kuna komisjon tugineb arvukatele dokumentaalsetele tõenditele, mille puhul ei olnud hageja võimeline tõendama, nagu nähtub eeltoodust, et nendel puudus tõendusjõud. Igal juhul, mis puudutab konkreetselt turuletuleku tõkkeid [ konfidentsiaalne ], siis ei välista need asjaolud iseenesest asjaomase rikkumise olemasolu. Teiseks, hageja argumentide osas E.ON-i tegutsemise sõltumatuse kohta Prantsusmaal tuleb esiteks märkida, et argumentatsioon, mille kohaselt otsustas E.ON kaitsta oma koduturgu ja arendada oma tegevust muudes Euroopa riikides vaid äärmiselt vähe, ning mille kohaselt ei pidanud E.ON Prantsuse turgu kunagi prioriteetseks turuks, ei sea – nagu nähtub eelmises punktis viidatud kohtupraktikast – kahtluse alla komisjoni kaalutlusi, mis tõendavad rikkumise olemasolu. Teiseks, seoses hageja väitega, et vaatamata oma vähesele huvile Prantsuse turu vastu oli E.ON-il Prantsusmaal agressiivne käitumine, piisab selle meenutamisest, et nagu nähtub eespool punktist 198, ei näita E.ON-i müük Prantsusmaal, et ta ei pidanud end kaaskirjadega seotuks. Teiseks, mis puudutab majanduslikke argumente, mida komisjon ei hinnanud, siis tuleb märkida, et käesolevas asjas tugines komisjon peamiselt vaidlustatud otsuse artiklis 1 karistatud kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse konkurentsi piiravale eesmärgile. Liiati viitas ta arvukatele dokumentaalsetele tõenditele, mis tema hinnangul kinnitavad nii selle kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse olemasolu kui ka nende piiravat eesmärki. Seoses niisuguste kokkulepete konkureetse olukorraga, mis nagu käesoleval juhul näevad ette koduturgude austamise, nähtub kohtupraktikast esiteks, et neil on iseenesest konkurentsi piirav eesmärk ja et sedalaadi kokkulepped on EÜ artikli 81 lõikes 1 otseselt keelatud ning teiseks, et seda eesmärki, mille olemasolu oli vaieldamatult tõendatud dokumentaalsete tõenditega, ei saa õigustada majandusliku konteksti analüüsiga, milles konkurentsivastane käitumine aset leidis (vt selle kohta eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 184 ja seal viidatud kohtupraktika). Ent antud juhul, nagu nähtub esimese väite ja käesoleva väite teise ja kolmanda osa analüüsist, ei olnud hageja suuteline seadma kahtluse alla neid dokumentaalseid tõendeid, mis võimaldasid komisjonil tuvastada asjaomase kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse olemasolu ning nende konkurentsivastase eesmärgi kogu ajavahemiku osas, mida käesolev väide puudutab. Neid asjaolusid arvestades ei saa komisjonile ette heita seda, et ta ei andnud sektorile ja asjaomaste ettevõtjate käitumisele üldist ja põhjalikku majanduslikku hinnangut. Viide eespool punktis 207 viidatud kohtuotsusele Solvay vs . komisjon ei puutu antud juhul asjasse, kuna erinevalt asjaoludest, mille alusel tehti see kohtuotsus, sai käesolevas asjas komisjon tugineda mitmele dokumentaalsele tõendile, mis puudutavad käesolevas väites vaadeldavat ajavahemikku, arvestades neljanda väite viimases osas esitatud kaalutlusi. Lõpetuseks, kuna hageja heidab komisjonile ette ka seda, et ta ei analüüsinud tõendeid, mis näitavad tema tegutsemise sõltumatust Saksamaal ja E.ON-i tegutsemise sõltumatust Prantsusmaal, siis piisab viitest eelnevatele kaalutlustele ja eeskätt eespool punktides 259–267 esitatutele, mis lükkavad ümber hageja argumentatsiooni asjaomaste ettevõtjate sõltumatuse kohta. Kõigest eeltoodust järeldub, et väite neljas osa tuleb tagasi lükata. d) Esimene osa Hageja toonitab, et kuna kogu ajavahemikus 1980–2005 ei olnud tegemist ühe vältava rikkumisega, siis olid kaaskirjad vastavalt määruse nr 1/2003 artiklile 25 igal juhul aegunud. Selles osas tuleb meenutada, et vastavalt määruse nr 1/2003 artikli 25 lõigetele 1 ja 2 on komisjonil õigus määrata trahv konkurentsiõiguse sätete rikkumise eest üldjuhul viie aasta jooksul; aegumistähtaeg hakkab kulgema rikkumise toimepaneku päevast või jätkuvate või korduvate rikkumiste puhul rikkumise lõppemise päevast. Sama artikli lõigete 3 ja 4 kohaselt katkestavad aegumistähtaja kulgemise komisjoni võetavad mis tahes meetmed, mille eesmärk on rikkumist uurida või algatada selle suhtes menetlus; aegumistähtaja kulg katkeb kuupäevast, mil sellisest meetmest teatatakse vähemalt ühele rikkumises osalenud ettevõtjale ja see katkeb kõikide rikkumises osalenud ettevõtjate suhtes. Viimaseks, sama artikli lõikest 5 nähtub, et katkenud aegumistähtaja kulg algab iga kord uuesti, kuid see tähtaeg möödub hiljemalt päeval, mil kahekordse aegumistähtajaga võrdne ajavahemik lõpeb, ilma et komisjon oleks määranud trahvi või karistust; nimetatud tähtaeg pikeneb aja võrra, mille jooksul aegumistähtaeg oli peatunud. Lisaks tuleb märkida, et rikkumist tuvastav otsus ei kujuta endast sanktsiooni määruse nr 1/2003 artikli 25 tähenduses ja seega ei kohaldata sellele sama sättega ette nähtud aegumist (vt analoogia alusel eespool punktis 203 viidatud kohtuotsus Sumitomo Chemical ja Sumika Fine Chemicals vs . komisjon, punkt 61). Nimelt, määruse nr 1/2003 VI peatükis, mis puudutab karistusi, on silmas peetud vaid trahve ja karistusmakseid, ning ükski selle määruse säte ei võimalda asuda seisukohale, et määruse artiklis 7 silmas peetud komisjoni otsused, milles ta tuvastab EÜ artiklite 81 ja 82 sätete rikkumise, kuuluvad selles peatükis nimetatud karistuste hulka. Niisiis ei tähenda trahvide ja karistusmaksete määramise pädevuse aegumine seda, et aegub kaudne pädevus rikkumist tuvastada (vt analoogia alusel eespool punktis 203 viidatud kohtuotsus Sumitomo Chemical ja Sumika Fine Chemicals vs . komisjon, punktid 62 ja 63). Hageja argument, mille kohaselt pidi komisjon tõendama õiguspärast huvi tuvastada aegunud rikkumine, mis seisnes kaaskirjades, tuleb tagasi lükata. Nimelt, nagu eeltoodust nähtub, ei tähenda karistuse määramise võimaluse aegumine seda, et aegub rikkumise tuvastamise võimalus. Igal juhul, vastavalt hageja viidatud kohtupraktikale peab komisjon selleks õiguspärast huvi tõendama vaid siis, kui ta kavatseb teha otsuse, milles tuvastatakse rikkumine, mille asjassepuutuv ettevõtja on juba lõpetanud (vt selle kohta eespool punktis 203 viidatud kohtuotsus Sumitomo Chemical ja Sumika Fine Chemicals vs . komisjon, punkt 37). Ent käesoleva osa raames tugineb hageja argumentatsioon rikkumise väidetavale aegumisele – ja isegi, nagu ta väidab repliigis, ainult rikkumise alguskuupäevale –, mitte asjaolule, et rikkumine pandi toime minevikus. Neid asjaolusid arvestades on hageja argumentatsioon tulemusetu osa, mis puudutab kaaskirjade või rikkumise aegumist. Osas, milles hageja argumentatsioon puudutab ühe vältava rikkumise puudumist, tuleb märkida, et see tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata. Sellega seoses tuleb meenutada, et EÜ artikli 81 lõike 1 rikkumine võib seisneda mitte üksnes üksikus teos, vaid ka mitmes teos või koguni vältavas tegevuses (Euroopa Kohtu 8. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas C-49/92 P: komisjon vs . Anic Partecipazioni, EKL 1999, lk I-4125 , punkt 81). Mitmeid aastaid kestva rikkumise puhul ei oma kartellikokkuleppe olemasolu seisukohast tähtsust, et selle ilmingud on nähtavad erinevatel ajahetkedel, mis on üksteisest eraldatud pikemate või lühemate ajavahemikega, kui rikkumise moodustavatel erinevatel tegevustel on üksainus eesmärk ning need kuuluvad ühe vältava rikkumise koosseisu (eespool punktis 136 viidatud kohtuotsus Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied vs . komisjon, punkt 98). Käesolevas asjas tuvastas komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 203, et kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus kuulusid tervikprojekti raamesse, millega määrati kindlaks asjaomaste ettevõtjate tegevussuunised turul ning piiras nende mõlema äritegevust, et saavutada identne konkurentsivastane eesmärk ja ainus majanduslik eesmärk, st piirata mis tahes omavahelist konkurentsi MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatava gaasi osas. Ta järeldas sisuliselt otsuse põhjenduses 211, et ajaomaste ettevõtjate tegevus kujutas endast ühte vältavat rikkumist ja „oma eesmärgilt konkurentsipiirangut”. Ent nagu nähtub muu hulgas esimese väite analüüsist (vt eespool punktid 142 ja 143), ei olnud hageja suuteline kahtluse alla seadma asjaomase turgude jagamise kokkuleppe olemasolu antud juhul enne 2000. aastat ega tõendama selle kokkuleppe lõpetamist, kuigi tehti kindlaks, et Saksamaa osas oli vale komisjoni tuvastatud kuupäev, millest alates loeti kokkulepe õigusvastaseks. Lisaks, nagu nähtub eeskätt käesoleva väite teise osa analüüsist, väidab hageja vääralt, et komisjon ei tõendanud asjaomaste ettevõtjate ühist tahet kohaldada kaaskirju pärast 2000. aastat. Samuti ei nõustutud hageja ühegi argumendiga, milles väideti, et asjaomaste ettevõtjate koosolekud ja teabevahetus ajavahemikus 1999–2005 ei võimaldanud tõendada turgude jagamise alast kooskõlastatud tegevust seoses kaaskirjadega ja konkurentide vahel tundliku teabe vahetamist. Neid asjaolusid arvestades asus komisjon viga tegemata seisukohale, et asjaomane tegevus kujutas endast ühte vältavat rikkumist ja „oma eesmärgilt konkurentsipiirangut”, hoolimata sellest, et selle rikkumise kestus oli Saksa turu osas vale. Hageja argumendi osas, mille kohaselt tõi liberaliseerimine kaasa „väga suure muutuse”, seades küsimuse alla alates 1975. aastast taotletava ühise eesmärgi, tuleb märkida, et hageja ei tõendanud, et kõik asjaomased ettevõtjad ei taotlenud sama eesmärki, st takistada – või piirata maksimaalselt – mis tahes konkurentsi nende klientide suhtes, nõustudes üksteise traditsioonilisele koduturule mitte siseneda MEGAL-i torujuhtmest gaasi tarnimiseks, nagu märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 205. Nagu eeltoodust nähtub, näitavad komisjoni esitatud tõendid veel, et isegi pärast esimese gaasidirektiivi ülevõtmiseks ette nähtud kuupäeva viitasid need ettevõtjad kaaskirjadele ja et nad pidasid neid kirju siduvaks. Kõigest eeltoodust järeldub, et väite kolmas osa tuleb tagasi lükata, ilma et oleks vaja võtta seisukoht selle vastuvõetavuse suhtes seoses hageja viitega hagiavalduse lisadele. Järelikult tuleb teine väide tervikuna tagasi lükata. 3. Kolmas väide, mille kohaselt ei ole ilmselgelt esitatud tõendeid kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse kohta, mille eesmärk oli piirata Prantsusmaal E.ON-i poolt MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatava gaasi kasutamist See täiendava võimalusena esitatud väide, milles hageja kinnitab, et Prantsuse turu puhul ei saa tuvastada mingit EÜ artikli 81 rikkumist, jaguneb kolmeks osaks, millest esimese kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81, kuna Prantsuse turul ei ole toime pandud Direktion G kirjast tulenevat rikkumist, teise osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81, kuna Prantsusmaa osas on asjaomaste ettevõtjate koosolekuid ja teabevahetust ilmselt valesti tõlgendatud, ning täiendava võimalusena esitatud kolmanda osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81 enne 2003. aasta jaanuari riikliku tegevusega seotud erandi tõttu. a) Esimene osa Selles osas väidab hageja, et Direktion G kirja alusel ei saa Prantsuse turu osas tuvastada mingit EÜ artikli 81 rikkumist. Sellega seoses esitab ta sisuliselt kolm argumenti, millest esimese kohaselt ei ole see kiri selge ja on rikutud süütuse presumptsiooni põhimõtet, teise argumendi kohaselt on seda kirja ilmselgelt valesti tõlgendatud ning kolmanda argumendi kohaselt ei ole komisjon selle kirja tõlgenduse põhjendamiseks esitanud tõendeid. Esiteks, mis puudutab hageja argumenti, mille kohaselt ei ole Direktion G selge ja on rikutud süütuse presumptsiooni põhimõtet, siis viitab ta selles kirjas kehtestatud piirangut puudutavale vastuolule vastuväiteteatise ja vaidlustatud otsuse vahel. Sellega seoses tuleb märkida, et komisjon märkis vastuväiteteatise punktis 50, et „esimese gaasidirektiivi jõustumiseni 2000. aastal ei kehtestanud [kaas]kirjad [E.ON-i suhtes] ühtegi otsest piirangut, kuna [hagejal] oli Prantsusmaal gaasi importimise monopol”. Vaidlustatud otsusest aga nähtub, et komisjon asus muu hulgas seisukohale, et Direktion G kiri sisaldas E.ON-i jaoks piiranguid. Näiteks põhjenduses 222 leidis komisjon, et selle kirja „eesmärk oli takistada E.ON-il […] varustada Prantsuse kliente MEGAL-i [torujuhtme] kaudu edastatava gaasiga, mis oli [E.ON-i] jaoks peamine juurdepääsutee, et importida gaasi Saksamaa kaudu Prantsuse turule”. Käesolevas asjas tuleb tõdeda ilma, et oleks vaja võtta seisukoht vastuväiteteatise ja vaidlustatud otsuse erinevuse suhtes ning analüüsida selle kohta komisjoni esitatud selgitusi, et hageja sellekohane argumentatsioon on igal juhul tulemusetu. Sellest üksi ei saa eelkõige tuletada, et Direktion G kiri on ebaselge ja et selle alusel ei saanud süütuse presumptsiooni põhimõtet rikkumata tuvastada turgude jagamise kokkulepet. Nimelt on vastuväiteteatis ettevalmistav dokument, milles sisalduvad faktilised ja õiguslikud hinnangud on oma olemuselt üksnes esialgsed. Sellele järgnev otsus ei pea ilmtingimata kopeerima vastuväiteteatist, sest komisjonil tuleb arvestada haldusmenetluse käigus ilmnevate asjaoludega, et ta saaks kas loobuda alusetuks osutunud vastuväidetest või kohandada või täiendada vastuväidete põhjenduseks esitatud argumentatsiooni nii faktiliste kui ka õiguslike asjaoludega (vt selle kohta Euroopa Kohtu 7. juuni 1983. aasta otsus liidetud kohtuasjades 100/80-103/80: Musique Diffusion française jt vs . komisjon, EKL 1983, lk 1825 , punkt 14; 17. novembri 1987. aasta otsus liidetud kohtuasjades 142/84 ja 156/84: BAT ja Reynolds vs . komisjon, EKL 1987, lk 4487 , punkt 70, eespool punktis 215 viidatud kohtuotsus Aalborg Portland jt vs . komisjon, punkt 67). Teiseks, hageja argumendi osas, mille kohaselt on Direktion G kirja ilmselt valesti tõlgendatud, tuleb märkida esiteks seoses kaaskirjade terminite sümmeetria puudumisega, et komisjon ei olnud seisukohal, et need kirjad olid sõnastatud sümmeetriliselt. Lisaks, asjaolu, et Direktion G kiri ei ole sõnastatud Direktion I kirjaga identselt või sümmeetriliselt, ei mõjuta iseenesest komisjoni võimalust asuda seisukohale, et nendel kirjadel on sarnane eesmärk, st jagada siseriiklikud gaasiturud ning piirata asjaomaste ettevõtjate juurdepääsu siseriiklikule turule. Seega tuleb teiseks kontrollida, kas Direktion G kirja sisu arvestades sai komisjon õigustatult asuda seisukohale, et selle kirja eesmärk oli keelata E.ON-il müüa MEGAL-i torujuhet läbivat gaasi Prantsusmaal. Sellega seoses tuleb meenutada, et Direktion G kiri on sõnastatud järgmiselt: „[…] [GDF-ile] lepingu raames gaasi edastamiseks antud või antav ülekandevõime puudutab gaasi, mida [GDF] ostis või ostab ning mis tarnitakse [GDF-i] arvel [MEGAL-ile] ja/või [MEGAL Fincole] transiidiks Prantsusmaale ning mis on mõeldud tarbimiseks Prantsusmaal. [E.ON-ile] lepingu raames gaasi edastamiseks antud või antav ülekandevõime puudutab gaasi edastamist mis tahes muul transiidi eesmärgil ning gaasi edastamist torujuhtme kaudu ning Saksamaa Liitvabariigis torujuhtmest välja võetud gaasi, mis on mõeldud tarbimiseks Saksamaa Liitvabariigis, või mille [E.ON] on ostnud transiidiks Saksamaa Liitvabariigi kaudu. […]” Tuleb tõepoolest märkida, et Direktion G kiri ei keela selle sõnastust arvestades sõnaselgelt E.ON-il tarnida MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatavat gaasi Prantsusmaal. Siiski, nagu märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 198, võib Direktion G kirjast siiski järeldada, et kui hageja MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatav gaas tuleb toimetada Prantsusmaale, siis E.ON-i selle torujuhtme kaudu edastatav gaas tuleb välja võtta Saksamaal või edastada mis tahes muul transiidi eesmärgil, mis tähendab, et E.ON ei tohi selle torujuhtme kaudu edastatavat gaasi toimetada Prantsusmaale. Nimelt tuleb väljendit „edastamine mis tahes muul transiidi eesmärgil” tõlgendada eelmise lõigu taustal, mis annab hagejale ülekandevõime gaasi jaoks, mis tarnitakse „[tema] arvel [...] transiidiks Prantsusmaale”. See väljend tähendab seega, et E.ON-il on ülekandevõime, et tarnida transiitgaasi sihtkohaga muudesse riikidesse kui Prantsusmaa. Seega peab selle kirja kohaselt gaas, mida E.ON võis MEGAL-i torujuhtme kaudu edastada, olema mõeldud tarbimiseks Saksamaal või transiidiks muudesse riikidesse kui Prantsusmaa. Järelikult, kuigi Direktion G kiri ei keela sõnaselgelt E.ON-il müüa gaasi Prantsusmaal, piirab see siiski tema võimalusi edastada seda sellesse riiki MEGAL-i torujuhtme kaudu ning järelikult müüa seal sellest torujuhtmest pärit gaasi. Seega ei saa asuda seisukohale, et nimetatud kirja eesmärk on lihtsalt täpsustada MEGAL-i torujuhtme kaudu gaasi edastamise tingimused kolmandate isikute jaoks, nagu väidab hageja. See tõlgendus leiab kinnitust, kui Direktion G kirja ja MEGAL-i kokkuleppe lisa 2 koos lugeda. [ konfidentsiaalne ] E.ON-i jaoks edastataval gaasil ei saanud seega olla väljumiskohta Prantsusmaal ning seda ei saanud järelikult selles riigis müüa. [ konfidentsiaalne ]. Komisjon leidis seega viga tegemata vaidlustatud otsuse põhjenduses 222, et Direktion G kirja eesmärk oli takistada E.ON-il varustada Prantsuse kliente MEGAL-i gaasitoru kaudu edastatud gaasiga. Mis puudutab repliigi staadiumis hageja esitatud argumentatsiooni, mille kohaselt oli võimalik anda faktidele teine usutav seletus, mis erineb sellest, mille esitas komisjon, siis tuleb uuesti meenutada, et selle argumentatsiooni aluseks olev kohtupraktika puudutab olukorda, kus komisjon tugineb rikkumise olemasolu järeldamiseks ainult asjaomaste ettevõtjate tegevusele turul (vt selle kohta eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 186) ja kus komisjonil ei ole dokumentaalseid tõendeid. Ent käesolevas asjas ei ole see nii. Nimelt tuleb Direktion G kirja selle vormi ja sõnastust arvestades pidada dokumentaalseks tõendiks, mistõttu ei ole nimetatud kohtupraktika kohaldatav. Sama kehtib dokumentide suhtes, mis kinnitavad selle sisu, st MEGAL-i kokkulepe ja selle lisa 2. Viimaseks tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt ei esitanud komisjon tõendit, mis võimaldaks kinnitada, et Direktion G kirja eesmärk ja/või tagajärg oli piirata E.ON-i arengut Prantsusmaal. Nimelt, nagu nähtub eeltoodust, ei ole komisjon selle kirja tõlgendamisel teinud viga. Niisiis, isegi kui eeldada, et vaidlustatud otsuses komisjoni esitatud asjaolud ei võimalda kinnitada tema tõlgendust, ei mõjuta see kõnealust tõlgendust, mida pealegi kinnitab see, kui MEGAL-i kokkulepet ja selle lisa 2 koos lugeda. Igal juhul tuleb täiendavalt märkida, et nagu nähtub allpool punktidest 299–303, ei võimalda hageja argumendid seada kahtluse alla vaidlustatud otsuses komisjoni poolt oma tõlgenduse toetuseks esitatud asjaolusid. Esiteks tuleb eespool punktis 70 esitatud põhjustel tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt kinnitas komisjon sellega, et ta möönis vaidlustatud otsuse põhjenduses 198, et kaaskirjade allkirjastamise ajal oli E.ON-i võimalik konkurents õiguslikult välistatud hagejale kuuluva monopoli tõttu, et Direktion G kirja eesmärk ja/või tagajärg ei saanud põhimõtteliselt olla E.ON-i müügi piiramine Prantsusmaal. Teiseks, hageja argumendid, mille eesmärk on kummutada viite asjakohasus MEGAL-i kokkuleppe lisale 2, tuleb aga tagasi lükata eespool punktis 295 esitatud põhjustel. Kolmandaks, vaidlustatud otsuse põhjenduses 198 esitatud komisjoni väite osas, mille kohaselt näitavad asjaomaste ettevõtjate kontaktid alates 1999. aastast, et E.ON-i tegevuse vahel Prantsuse turul ja hageja tegevuse vahel Saksa turul oli seos, tuleb kõigepealt märkida, et komisjon ei tuginenud konkreetselt sellele järeldusele, et kinnitada tõlgendust, mille ta andis Direktion G kirjale. Nagu nimetatud põhjendusest nähtub, on tegelikult tegemist ühega asjaolude hulgast, mis võeti arvesse, et kinnitada üldiselt, et kokkulepe ja/või kooskõlastatud tegevus puudutas ka E.ON-i gaasimüüki Prantsusmaal MEGAL-i torujuhtmest. Hageja argumentatsioon selle kohta on seega käesoleva väite osa raames tulemusetu. Seejärel tuleb nentida, et ükski asjaolu ei võimalda tõendada, et komisjoni väide on „vigane”, nagu väidab hageja. Pealegi ei esita hageja hagiavalduses ühtegi asjaolu. Vastupidi, komisjoni väidet kinnitab muu hulgas nn infotunni dokument 2. juuli 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku jaoks, milles on märgitud, et E.ON hoidus tahtlikult Prantsuse turul tegutsemast kuni 2003. aasta suveni ja et tulenevalt hageja tegevusest Saksamaal tema müügitegevus Prantsusmaal suurenes, mis näitab, et ettevõtjate müügi vahel teineteise turul on seos. See käib ka E.ON-i 5. oktoobri 2005. aasta nn infotunni dokumendi kohta, mis käsitleb 11. oktoobri 2005. aasta koosolekut ja millest nähtub, et E.ON hakkas Prantsusmaal gaasi müüma 2003. aasta lõpus reaktsioonina hageja tegevusele Saksamaal. Neljandaks, vastupidi hageja väidetule leidis komisjon viga tegemata, et tõlgendus, mille ta andis Direktion G kirjale, ühtis hageja õigustalituse omaga. 9. ja 17. veebruari 2000. aasta e-kirjadest nähtub ju, et õigustalitusel tekkis küsimus, kas E.ON võis edastada gaasi kolmandatele isikutele MEGAL-i torujuhtme kaudu ning märkis, et minevikus tõlgendas ta seda E.ON-i kasuks, leides, et viimane võis kohustada gaasi edastada soovivat kolmandat isikut temaga, mitte MEGAL Fincoga lepingut sõlmima. Sellegipoolest, hoolimata sellest küsimusest kinnitas sama talitus sõnaselgelt, et kõnealuse kirja sisu sarnanes ulatuslikule „turu jagamisele” asjaomaste ettevõtjate vahel. See tähendab niisiis, et hageja õigustalituse arvates piiras see kiri E.ON-i võimalust turustada Prantsusmaal gaasi MEGAL-i torujuhtmest. Seega väidab hageja vääralt, et need e-kirjad võivad tema tõlgendust kinnitada. Viiendaks, tagasi tuleb lükata hageja argumendid, mille eesmärk on kummutada dokumentaalsed tõendid, mille komisjon esitas oma väidete põhjendamiseks, st 13. ja 21. mai 2002. aasta kirjavahetus ning 16. märtsi 2004. aasta e-kiri. Kõigepealt tuleb märkida, et nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendustest 81 ja 96, ei kasutanud komisjon neid dokumente oma Direktion G kirjale antud tõlgenduse kinnitamiseks, vaid sisuliselt selleks, et asuda seisukohale, et kõnealune kokkuleppe oli ikka kehtiv. Seejärel, eespool punktis 168 esitatud põhjustel tuleb tagasi lükata hageja argumendid 13. ja 21. mai 2002. aasta kirjavahetuse kohta. Lõpuks, argumendid 16. märtsi 2004. aasta e-kirja kohta tuleb esiteks eespool punktis 174 esitatud põhjustel tagasi lükata selle e-kirja tõendusjõudu puudutavas osas. Teiseks tuleb need tagasi lükata osas, milles nende eesmärk on vaidlustada kättesaadava kasutamata mahu olemasolu asjakohasus. Nimelt kvalifitseeris 16. märtsi 2004. aasta kiri E.ON-i impordi Prantsusmaal „illegaalseks”, viidates sõnaselgelt just nimelt MEGAL-i kokkuleppele ja arvestades asjaolu, et hageja oli reserveerinud kogu mahu. Mis puudutab [ konfidentsiaalne ], siis komisjon ei tuginenud sellisele asjaolule oma argumentatsiooni põhjendamiseks, mistõttu ei puutu hageja argumendid selle kohta asjasse. Kõigest eeltoodust tuleneb, et väite esimene osa tuleb tagasi lükata. b) Teine osa Käesolevas osas väidab hageja, et Prantsuse turu osas ei saa asjaomaste ettevõtjate koosolekute ja teabevahetuse põhjal tuvastada ühtegi EÜ artikli 81 rikkumist. Sellega seoses vaidlustab ta viie koosoleku asjassepuutuvuse, millele komisjon tugines kooskõlastatud tegevuse tuvastamiseks. Kuna hageja argumendid dokumentide kohta, mis puudutavad neid viite koosolekut, mis toimusid vastavalt 27. veebruaril 2003, 2. septembril 2003, 16. märtsil 2004, 27. mail 2004 ja 2. juulil 2004, lükati tagasi (vt eelkõige eespool punktid 237, 238, 252 ja 253), tuleb käesolev osa tagasi lükata. c) Kolmas osa Hageja leiab, et vastavalt riiklikust tegevusest tuleneva EÜ artikli 81 kohaldamise erandile ei saanud komisjon Prantsuse turul toime pandud rikkumise algusajaks määrata ajahetke enne 2003. aasta jaanuari, mis on esimese gaasidirektiivi Prantsuse õigusesse ülevõtmise ja 2003. aasta seaduse vastuvõtmise aeg, millega lõpetati õiguslikult tema seaduslik gaasi importmise ja eksportimise monopol ning avati Prantsuse turg vabatarbijate osas konkurentsile. Selles suhtes tuleb kõigepealt meenutada, et komisjon leidis Prantsusmaal toime pandud rikkumise osas, nagu nähtub vaidlustatud otsuse artiklist 1, et see kestis vähemalt 10. augustist 2000 kuni 30. septembrini 2005. Järelikult tuleb väite käesolev osa tagasi lükata selles osas, mis võib puudutada 10. augustist 2000 varasemat aega, kuna komisjon ei tuvastanud, et Prantsusmaal eksisteeris sel ajal rikkumine. Täpsemalt, hageja argument, et komisjon ei teinud järeldusi oma konstateeringust, mis esitati liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi raames, mille tulemusel tehti Euroopa Kohtu 23. oktoobri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-159/94: komisjon vs . Prantsusmaa (EKL 1997, lk I-5815) , mille kohaselt keelas hageja seaduslik impordimonopol välisriigi ettevõtjate mis tahes konkurentsi Prantsusmaal, tuleb tagasi lükata, kuna see konstateering on varasem käesolevas asjas vaatluse all olevast ajavahemikust. Seega tuleb analüüsida, kas ajavahemiku puhul 10. augustist 2000 kuni 2003. aasta jaanuarini võis Prantsusmaa osas olla välistatud EÜ artikli 81 rikkumine asjaomaste ettevõtjate poolt. Selles küsimuses tuleb meenutada, et komisjon märkis vaidlustatud otsuse põhjenduses 289, et hageja seaduslik impordimonopol tunnistati Prantsuse õiguses ametlikult kehtetuks alles 2003. aasta seaduse jõustumisega. Ta rõhutas siiski, et liidu õiguse kohaselt olid Prantsuse ametiasutused kohustatud sellele monopolile lõpu tegema pärast esimese gaasidirektiivi rakendamiseks ette nähtud tähtaja möödumist, st10. augustiks 2000. Ta lisas, et avalik-õigusliku ettevõtjana ei saanud hageja tugineda asjaolule, et Prantsuse ametiasutused ei olnud määratud tähtaja jooksul siseriiklikusse õigusesse esimest gaasidirektiivi üle võtnud. Seetõttu asus ta põhjenduses 291 seisukohale, et Prantsusmaal gaasi tarnimise puhul rikkus uurimises käsitletav tegevus EÜ asutamislepingu artiklit 81 alates 10. augustist 2000. Selle hinnanguga tuleb nõustuda. Kohtupraktikast tulenevalt peetakse EÜ artiklites 81 ja 82 silmas üksnes konkurentsivastast tegevust, mille algatajateks on ettevõtjad ise. Kui ettevõtjatele on konkurentsivastane tegevus siseriiklike õigusnormide alusel kohustuslik või kui need õigusnormid moodustavad õigusliku raamistiku, mis välistavad igasuguse ettevõtjatevahelise konkureerimise võimaluse, ei ole EÜ artiklid 81 ja 82 kohaldatavad. Sellises olukorras ei ole konkurentsipiirangu põhjuseks ettevõtjate autonoomne tegevus, mida nendes sätetes eeldatakse. Seevastu võivad EÜ artiklid 81 ja 82 olla kohaldatavad, kui ilmneb, et siseriiklikud õigusnormid jätavad võimaluse konkurentsiks, mida ettevõtjate autonoomne tegevus võib takistada, piirata või kahjustada (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-359/95 P ja C-379/95 P: komisjon ja Prantsusmaa vs . Ladbroke Racing, EKL 1997, lk I-6265 , punktid 33 ja 34, ning 11. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-207/01: Altair Chimica, EKL 2003, lk I-8875 , punktid 30 ja 31). Käesolevas asjas tuleb kõigepealt meenutada, et Prantsuse ametiasutused pidid alates tähtaja möödumisest, mis oli ette nähtud esimese gaasidirektiivi ülevõtmiseks, mille eesmärk oli luua konkurentsil põhinev gaasiturg, kohaldamata jätma mis tahes sellega vastuolus oleva sätte. Nad ei saanud muu hulgas tugineda niisugustele sätetele hageja konkurentide vastu, kes soovisid Prantsuse gaasiturule siseneda. Nimelt tuleb liidu õiguse ülimuslikkuse tõttu jätta kohaldamata siseriikliku õigusakti mis tahes säte, mis on liidu õigusnormiga vastuolus, olenemata sellest, kas siseriiklik norm on liidu normist varasem või hilisem (Euroopa Kohtu 9. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-198/01: CIF, EKL 2003, lk I-8055 , punkt 48). Veel tuleb rõhutada, et vahetut õigusmõju omada võivatele direktiivi sätetele saab tugineda muu hulgas üksuse vastu, kellele on olenemata tema juriidilisest vormist tehtud ametiasutuste korraldusel ülesandeks viimaste kontrolli all olevate avalike teenuste osutamine, ja kellel on sellega seoses laiemad volitused kui need, mis tulenevad eraõiguslike isikute vahelistele suhetele kohaldatavatest eeskirjadest (Euroopa Kohtu 12. juuli 1990. aasta otsus kohtuasjas C-188/89: Foster jt, EKL 1990, lk I-3313 , punkt 18), nagu hageja puhul. Edasi, tuleb tõdeda, nagu komisjon märkis õigesti vaidlustatud otsuse põhjenduses 290, et alates 2000. aasta augustist said gaasitarnijad Prantsuse turule siseneda ning mõned kliendid tunnistati vabatarbijaks. Pealegi möönab hageja, et ta võttis alates 2000. aasta augustist initsiatiivi võtta kolmandate isikute juurdepääsu üleminekumeede, mis võimaldaks Prantsuse turu järkjärgulist avamist konkurentsile. Prantsuse ametiasutused teatasid asjas, milles tehti Euroopa Kohtu 28. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-259/01: komisjon vs . Prantsusmaa (EKL 2002, lk I-11093 , punktid 12 ja 13), et alates 10. augustist 2000 kehtiv gaasi edastus- ja jaotusvõrgule juurdepääsu üleminekukord võimaldas esimese gaasidirektiivi artikli 18 tähenduses vabatarbijatel saada juurde gaasivõrgule vähemalt ühe aasta pikkuste tarnelepingute kaudu. Selle korra kohaldamine võimaldas vabatarbijatel gaasitarnelepingute osas uuesi läbirääkimisi pidada ja isegi tarnijat vahetada. Aasta pärast selle korra kehtestamist vahetas 14% vabatarnijat Prantsuse turul tarnijat ja sellele turule ilmus 4 uut ettevõtjat. Lõpuks, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjenduses 116 viidatud 20. detsembri 2001. aasta nn ülevaatekoosoleku ettevalmistavast dokumendist, avas E.ON Prantsusmaal müügipunkti. See ei oleks nii olnud, kui Prantsuse turg oleks sel ajal olnud konkurentsile täiesti suletud. Samuti nähtub nn infotunni dokumendist 2. juuli 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku jaoks, et E.ON hoidus tahtlikult Prantsuse turul tegutsemast kuni 2003. aasta suveni. Tema tegevusetus Prantsuse turul ei olnud vähemalt selle ajahetkeni seega tingitud seadusest tulenevast piirangust. Neid asjaolusid arvestades tuleb tõdeda, et kuigi 1946. aasta seadus formaalselt veel kehtis, ei saanud alates 10. augustist 2000 seda praktikas pidada niisuguseks, mis tegi asjaomase konkurentsivastase tegevuse kohustuslikuks või millega loodi õiguslik raamistik, mis ise kõrvaldas asjaomaste ettevõtjate mis tahes konkurentsipõhise tegevuse võimaluse eespool punktis 312 viidatud kohtupraktika tähenduses. Hageja väidab seega ekslikult, et komisjon ei saanud asuda seisukohale esiteks, et väidetav rikkumine algas 10. augustil 2000 ning teiseks, et vastavalt 1946. aasta seadusele oli hagejal seaduslik monopol gaasi importimise ja tarnimise valdkonnas, kuna see olukord püsis muutumatuna. Lisaks, vastupidi hageja väidetule ei jäänud see seadusliku monopoli omamise olukord muutumatuks 2003. aasta seaduse vastuvõtmiseni, kuna Prantsuse ametiasutused pidid esimese gaasidirektiivi 10. augustiks 2000 üle võtma ning kuna hageja möönab ise, et ta näitas alates 2000. aasta augustist üles initsiatiivi võtta vastu kolmandate isikute juurdepääsu üleminekumeede, mis võimaldab Prantsuse turu järkjärgulist avamist konkurentsile. Eeltoodud järeldusi ei sea kahtluse alla asjaolu, et eespool punktis 315 viidatud 28. novembri 2002. aasta kohtuotsusest komisjon vs . Prantsusmaa (punkt 21) nähtub, et ettevõtjate tegevust, antud juhul hageja tegevust alates 10. augustist 2000 ei saa pidada asutamislepingust tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Nimelt selleks, et kontrollida, kas EÜ artikkel 81 on kohaldatav, on käesolevas asjas ainus tähtsust omav küsimus see, kas alates sellest kuupäevast tegi 1946. aasta seadus asjaomase konkurentsivastase tegevuse kohustuslikuks või loodi sellega õiguslik raamistik, mis ise kõrvaldas igasuguse konkurentsi võimaluse. Ent nagu eeltoodust nähtub, ei olnud see käesolevas asjas nii. Igal juhul ei saa selline üksus nagu hageja, kes on riigi kontrolli all, tugineda sellele, et riik ei ole täitnud EL toimimise lepingust tulenevaid kohustusi, et õigustada selle lepinguga keelatud konkurentsivastast tegevust. Samuti tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt ei saa „avatust”, mida ta alates 2000. aasta augustist üles näitas, samastada seadusliku monopoli lõppemisega või monopoliga, mis tulenes sellest, et seadusandja ei olnud kolmandate isikute juurdepääsuks loodud üleminekueeskirju heaks kiitnud. Nimelt pidi komisjon uurima Prantsuse gaasituru olukorda objektiivselt, mitte ainult teoreetiliselt, et kontrollida, kas vaatamata 1946. aasta seaduses ette nähtud seadusliku impordimonopoli formaalsele säilitamisele võis see turul mis tahes konkurentsi takistada. Nende meetmete päritolu ja laad, mis seda avatust võimaldasid, ei mõjuta järeldust, mis on toodud vaidlustatud otsuse põhjenduses 290 ja mille kohaselt oli Prantsuse turul tegelikult võimalik konkurentsi pakkuda. Vastupidi hageja väidetule ei ole midagi „paradoksaalset” selles, et komisjon tugines asjaolule, et hageja konkurendid said vabatarbijaid Prantsusmaal varustada alates 10. augustist 2000 hoolimata sellest, et see olukord oli tingitud ainult tema käitumisest. Samuti on hageja vääral seisukohal, et see tähendab, et teda karistati liberaliseerimises osalemise eest, ning see läheb vastuollu liidu eesmärkidega ja konkurentsipoliitikaga. Pealegi karistas komisjon käesolevas asjas asjaomaste kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse eest, mitte selle eest, et hageja rakendas alates 10. augustist 2000 osaliselt ja piiratult esimest gaasidirektiivi. Vastavalt eespool punktis 313 viidatud kohtupraktikale pidi hageja igal juhul esimese gaasidirektiivi rakendamisele kaasa aitama, mida ta oma tegevuse kaudu alates 10. augustist 2000 ka tegi, kuigi ebatäiuslikult. Lisaks, nagu väidab hageja, nähtub kohtupraktikast, et vastavalt õiguskindluse põhimõttele ei määrata ettevõtjale karistust, olgu see siis karistus- või haldusõiguslik, minevikus toime pandud tegevuse eest, kui see tegevus oli kohustuslik siseriikliku seaduse kohaselt, mis välistab võimaluse konkurentsiks, mida ettevõtjate sõltumatu tegevusega võidaks takistada, kahjustada või piirata (vt selle kohta eespool punktis 313 viidatud kohtuotsus CIF, punkt 53). See kohtupraktika ei ole antud juhul siiski kohaldatav, kuna nagu juba märgitud, eksisteeris vaatamata 1946. aasta seaduse formaalsele jõushoidmisele konkurentsi võimalus, mida võidi takistada. Lisaks ei teinud see seadus asjaomast tegevust kohustuslikuks. Samuti tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt ei pakkunud õigus- ja haldusnormide raamistik enne esimese gaasidirektiivi rakendamist piisavat õiguskindlust uutele konkurentidele, kuna nagu tuvastatud, vaatamata 1946. aasta seaduse jõushoidmisele ei olnud välistatud igasugune võimalus nende konkurentsiks ja kuna E.ON hoidus tahtlikult Prantsuse turul tegutsemast kuni 2003. aasta suveni. Lisaks nähtub eespool punktis 313 viidatud kohtupraktikast selgelt, et alates 10. augustist 2000 ei saadud vastavalt esimese gaasidirektiivi tingimusteta ja täpsetele sätetele enam Prantsusmaal gaasi tarnida soovivate välisriigi ettevõtjate vastu tugineda 1946. aasta seaduse sätetele. Neid asjaolusid arvestades ei saa tugineda väidetavale õiguslikule ebakindlusele enne esimese gaasidirektiivi tegelikku ülevõtmist, et põhjendada asjaomaste ettevõtjate tegevust. Sellega seoses tuleb ka märkida, et E.ON-i suurusel ettevõtjal olid vajalikud meetmed, et kasutada liberaliseerimist ära alates 10. augustist 2000, viidates direktiivi vahetu õigusmõjuga sätetele, hoolimata sellest, et direktiiv ei olnud Prantsuse õigusesse üle võetud. Lisaks, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 290, tarnis E.ON pärast esimese gaasidirektiivi ülevõtmistähtaja möödumist ja enne selle ülevõtmismeetmete vastuvõtmist gaasi Belgias. Veel, vastupidi sellele, mida annab mõista hageja argumentatsioon, ei heitnud komisjon E.ON-ile ette seda, et ta arendas tegevust Prantsuse turul alles pärast 2003. aasta jaanuari, vaid heitis asjaomastele ettevõtjatele ette ainult seda, et nad sõlmisid EÜ artikliga 81 vastuolus oleva turgude jagamise kokkuleppe. Eeltoodust tuleneb, et komisjon võis tuvastada EÜ artikli 81 rikkumise asjaomaste ettevõtjate poolt Prantsuse turu osas ajavahemikus 10. augustist 2000 kuni 2003. aasta jaanuarini. Seega määras komisjon nimetatud sätet rikkumata käesolevas asjas rikkumise alguskuupäevaks Prantsuse turul 10. augusti 2000. Järelikult tuleb tagasi lükata väite kolmas osa ning sellest tulenevalt kolmas väide tervikuna. 4. Neljas väide, mille kohaselt on EÜ artikli 81 kohaldamisel tehtud faktivigu ja rikutud õigusnorme asjaomaste ettevõtjate vahelise kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasolu osas pärast 2004. aasta augustit See viimase võimalusena esitatud väide, milles hageja kinnitab, et komisjon ei tõendanud õiguslikult piisavalt kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasolu asjaomaste ettevõtjate vahel pärast 13. augustit 2004, jaguneb kolmeks osaks, millest esimese kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81, kuna pärast 2004. augustit puudus asjaomaste ettevõtjate ühine tahe kohaldada kaaskirju, teise osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81, kuna nende ettevõtjate koosolekutele ja teabevahetusele pärast 2004. aasta augustit on antud ilmselgelt väär hinnang, ning täiendava võimalusena esitatud kolmanda osa kohaselt on rikutud EÜ artiklit 81, tõendite kogumist käsitlevaid norme ja põhjendamiskohustust, kuna puudub tõend rikkumise olemasolu kohta Prantsuse turul pärast 2004. aasta augustit. Enne nende osade analüüsimist olgu meenutatud, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt huvitub EÜ artiklitega 81 ja 82 loodud konkurentsisüsteem kokkulepete või mis tahes muus võrreldavas vormis kooskõlastuse või koordineerimise pigem majanduslikest tagajärgedest kui õiguslikust vormist. Seega keelatud kokkulepete puhul, mis enam ei kehti, piisab EÜ artikli 81 kohaldamiseks sellest, et nende mõju kestab pärast formaalset lõppemist edasi. Sellest järeldub, et rikkumise kestust ei tule hinnata mitte perioodi alusel, mil kokkulepe kehtis, vaid perioodi alusel, mil süüdistatavad ettevõtjad EÜ artikliga 81 keelatud tegevust ellu viisid (vt Üldkohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-101/05 ja T-111/05: BASF ja UCB vs . komisjon, EKL 2007, lk II-4949 , punkt 187 ja seal viidatud kohtupraktika). Komisjon leidis käesolevas asjas vaidlustatud otsuse põhjenduses 299, et rikkumine lõppes, kui asjaomased ettevõtjad lõpetasid tegelikult Direktion I ja Direktion G kirjade ning lepingulise piirangu kohaldamise, mis takistas hagejal kasutada MEGAL-i torujuhtme väljavõtukohti Saksamaal, et kliente gaasiga varustada. Kuigi need kirjad tunnistati ametlikult kehtetuks 2004. aasta kokkuleppega, asus komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 300 seisukohale, et kõnealune lepinguline piirang lõppes kõige varem alles 2005. aasta septembri lõpus. Ta võttis arvesse asjaolu, et 9. septembri 2005. aasta vahekokkulepe võimaldas hagejal turustada ülekandevõimsust MEGAL-i torujuhtmel alates 1. oktoobrist 2005 ja et 2005. aasta kokkulepe jõustus 13. oktoobril 2005. Samas põhjenduses märkis ta veel lisaks, et samal ajal torujuhtmest pärit hageja gaasimüük Saksamaal asuvatele klientidele ületas tuntavalt summad, mida ta kulutas ostule gaasisektori liberaliseerimise programmi raames alles 2005. oktoobrist alates. Ta leidis seega, et EÜ artikkel 81 oli kohaldatav, kuna kooskõlastamine jätkus pärast varasema kokkuleppe lõppemist ning selle mõju jätkus kuni MEGAL-i kokkuleppega asendamiseni. Järelikult leidis komisjon, et rikkumine jätkus pärast 2004. aasta kokkulepet, tuginedes lisaks tõenditele, mis kinnitavad, et asjaomased ettevõtjad jätkasid kaaskirjade formaalsele tühistamisele vaatamata nende kohaldamist, ka asjaolule, et MEGAL-i kokkuleppe lisas 2 sisalduvad lepingulised piirangud, mis takistasid hagejal kasutada MEGAL-i torujuhtme väljumiskohti Saksamaal, kehtisid veel pärast 2004. aasta kokkulepet edasi. Käesoleva väite eri osasid tuleb analüüsida neid kaalutlusi silmas pidades. a) Esimene osa Käesoleva osa raames märgib hageja, et vaidlustatud otsus rikub EÜ artiklit 81, kuna puudub asjaomaste ettevõtjate ühine tahe kohaldada kaaskirju pärast 2004. aasta augustit. Sellega seoses esitab hageja sisuliselt kaks argumenti, millest esimene tugineb ilmsele hindamisveale ja teine komisjoni viidatud asjaolude tõendusjõu puudumisele. – Esimene argument Hageja toonitab, et komisjon tegi ilmse hindamisvea seoses tema osalemisega gaasisektori liberaliseerimise programmis ja täpsemalt leides, et asjaolu, et ta müüs gaasi Saksamaa lõunaosas 2004. aastal, ei ole piisav tõendamaks, et turge ei jagatud. Sellega seoses tuleb esiteks märkida, et vastupidi hageja väidetule ei võimalda see, et Saksamaal müüdi gaasi MEGAL-i torujuhtmest 2004. aasta oktoobrist alates, iseenesest tõendada, et kaaskirju ei peetud enam siduvaks. Nimelt tuleb meenutada, et nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 73, [ konfidentsiaalne ]. Nagu märkis komisjon, müüs hageja seega gaasi Saksamaal alates 2003. aastast üksnes piiratult. Lisaks, MEGAL-i torujuhtmest pärit gaasi müük, mis sai alguse alles 2004. aastal, moodustas suhteliselt väikse osa (või nagu märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 101 „suhteliselt minimaalse” osa) hageja kogumüügist Saksamaal, ja seda ei saa tema hinnangul pidada märkimisväärseks. Nimelt, 2004. ja 2005. aastal [ konfidentsiaalne ]. Viimaseks, vaidlustatud otsuse põhjendusest 101 nähtub, et MEGAL-i torujuhtmest pärit gaasikogused, mida hageja müüs Saksamaal ajavahemikus 2004–2005. aasta september, osteti peaaegu eksklusiivselt E.ON-ilt gaasisektori liberaliseerimise programmi raames ja need kogused tuli kohustuslikus korras müüa vastavalt Saksa ametiasutuste otsusele, milles lubati E.ON-il ja Ruhrgasil ühineda. Kõiki neid tunnusjooni arvestades võimaldab MEGAL-i torujuhtmest pärit gaasi müük tõesti näidata ärivõimaluste otsimist, nagu väitis hageja. Siiski ei võimalda see üksi tõendada, et kaaskirjad ei olnud siduvad. Lisaks, nagu märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 102, kalduvad dokumentaalsed tõendid sisuliselt kinnitama, et hageja oli arvamusel, et ta ei saanud müüa gaasisektori liberaliseerimise programmi raames ostetud kogustest suuremaid koguseid tulenevalt E.ON-iga sõlmitud lepingu tingimustest (vt eelkõige allpool punktid 337–339). Argumendi osas, et komisjon oleks pidanud võtma arvesse hageja tehtud pakkumused, piisab selle meenutamisest, et need üksi ei oleks igal juhul saanud tõendada konkurentsi esinemist (vt eespool punkt 196), veelgi enam seetõttu, et hageja möönis ise oma vastuses vastuväiteteatisele, et ükski tema viidatud pakkumustest ei olnud edukas. Hageja argumendi osas, mille kohaselt ei võtnud komisjon arvesse seda, et alates 2005. aasta septembrist tehtud gaasitarned vastasid osaliselt alates 2004. aastast läbiräägitud lepingutele, viidatakse allpool punktis 350 toodud kaalutlustele. Teiseks, argument, et komisjon ei selgita, miks ei ole gaasisektori liberaliseerimise programmis aktiivselt osalemine ja selle raames ostetud gaasikoguste kasutamine edasimüügiks Saksamaal tõend kartellikokkuleppe puudumise kohta, on tulemusetu, kuna komisjon pidi tõendama rikkumise olemasolu, mitte selle puudumist. Igal juhul ei tõenda gaasisektori liberaliseerimise programmis osalemine, et turgude jagamise kokkulepet ei olnud, ning see, et hageja otsustas vabatahtlikult gaasisektori liberaliseerimise programmis osaleda ja kasutada selle osalemise raames ostetud koguseid Saksamaa lõunaosas tegevuse arendamiseks, ei oma selles osas tähtsust. Nimelt tuleb kõigepealt meenutada, et hageja poolt Saksamaal gaasisektori liberaliseerimise programmi raames müüdud gaas ei ole asjaomase rikkumise ese, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 346. Edasi, hageja müügi analüüsist ja dokumentaalsetest tõenditest nähtub, et viimane piiras tegelikult oma tegevust gaasisektori liberaliseerimise programmi raamis omandatuga. Seega ei müünud ta nendest kogustest märkimisväärselt rohkem. See näitab niisiis, et vaatamata tema osalemisele gaasisektori liberaliseerimise programmis pidas ta jätkuvalt kinni MEGAL-i kokkuleppest tulenevatest lepingulistest piirangutest. Lisaks nähtub E.ON-i siseprotokollist 29. märtsi 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku kohta, et hageja kavatses osaleda gaasisektori liberaliseerimise programmis kartuses, et Vene gaas satub valedesse kätesse ning tekib seega tugev konkurents. Hageja argument, et MEGAL-i torujuhtmest müüdu ületas gaasisektori liberaliseerimise programmi raames omandatud kogused, tuleb tagasi lükata, kuna kuigi komisjon ei vaielnud sellele asjaolule vastu, märkis ta vaidlustatud otsuse põhjenduses 113 siiski, nagu möönab hageja, et kõnealune müük ei ületanud märkimisväärselt neid koguseid. Igal juhul, kuigi hageja müüdud kogused võisid olla veidi suuremad gaasisektori liberaliseerimise programmi raames omandatust, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjenduses 101 toodud tabelist, siis see ei võimalda seda väikest vahet arvestades tõendada, et hageja ei pidanud end kaaskirjadega seotuks. Kolmandaks, ükski asjaolu ei tõenda, et komisjon kinnitas vääralt vaidlustatud otsuse põhjenduses 102 hageja 21. juuli 2004. aasta e-kirjale tuginedes, mille sisu on meenutatud eespool punktis 189, et hageja oli arvamusel, et ta ei tohtinud MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja võtta E.ON-iga sõlmitud lepingu tingimuste tõttu. Seega ei võimalda miski asuda seisukohale, nagu väidab hageja, et seda, et nimetatud torujuhtmest ei saadud gaasi välja võtta, välja arvatud gaasisektori liberaliseerimise programmi raames omandatud kogused, selgitab [ konfidentsiaalne ]. Täpsemalt, hageja argumendi osas, et tema arengut Saksamaa lõunaosas pidurdasid tehnilised põhjused [ konfidentsiaalne ], samas kui see ei olnud nii gaasisektori liberaliseerimise programmi raames, tuleb märkida, et selliseid põhjuseid ei mainitud kõnealuses e-kirjas, et põhjendada hageja väljendatud seisukohta. Selles kontekstis tuleb rõhutada, et asjaolu, et see e-kiri ei viita kaaskirjadele, ei ole määrav, kusjuures komisjon ei ole ka väitnud, et see nii oli. Asjaolu, et selles e-kirjas on märgitud, et MEGAL-i torujuhet puudutava tervikliku kokkuleppe ootuses on välistatud sellest torujuhtmest muude väljavõtukohtade kasutamine kui need, mis on selles loetletud, ning see, et nimetatud e-kirjas on esitatud Saksamaa lõunaosas asuvate klientide varustamise tingimused, kalduvad seevastu tõendama seda, et kirjeldatud olukord vastab olemasolevast MEGAL-i kokkuleppest tulenevale olukorrale [ konfidentsiaalne ]. Viimaks, tuleb märkida, et hageja 10. mai 2004. aasta dokument, mida on mainitud vaidlustatud otsuse 98. joonealuses märkuses, kinnitab põhjenduses 102 esitatud komisjoni väidet. Nimelt nähtub sellest, et mis puudutab MEGAL-i torujuhtme sisenemis- ja väljumiskohti, siis on hagejal õigus välja võtta enampakkumistel omandatud gaasi (ja seda ainult sel kuupäeval) ükskõik millisest selle torujuhtme sisenemis- või väljumiskohtadest. Selles dokumendis on ka sõnaselgelt märgitud, et gaasi toimetamine [ konfidentsiaalne ] lõpptarbijatele Saksamaal MEGAL-i torujuhtme väljumiskoha kaudu ei olnud sel ajahetkel teostatav, kuna hagejal ei olnud selliseid väljavõtukohti sellest torujuhtmest läänes. Neljandaks tuleb tõdeda, et komisjon ei tuginenud rikkumise tuvastamiseks gaasi päritoluriigile. Nimelt nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 199, et asjaomane rikkumine puudutab MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatava gaasi tarnimist ning gaasi päritolu kohta ei ole midagi mainitud. Veel märgib komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 349, et müük, mida rikkumine puudutab, on selle gaasi müük, mida E.ON ja hageja edastasid MEGAL-i torujuhet kasutades ning mida nad müüsid klientidele Saksamaal ja vabatarbijatele Prantsusmaal, välja arvatud gaasi müük, mida E.ON teostas gaasisektori liberaliseerimise programmi raames tarnimiseks Waidhausi, ja gaasi müük, mille hageja ostis selle gaasisektori liberaliseerimise programmi raames Waidhausi tarnimiseks. [ konfidentsiaalne ]. Neid asjaolusid arvestades tuleb tagasi lükata hageja argument, et komisjon rääkis endale vastu, tuvastades rikkumise [ konfidentsiaalne ]. Nii on see ka hageja argumendiga, mille kohaselt ei selgitanud komisjon, kuidas võis gaasi päritolu nimetatud rikkumise kvalifitseerimist mõjutada. Mis puudutab lõpetuseks hageja kinnitust, et komisjoni arutluskäik tähendab, et kaaskirju võis kõige enam pidada sihtkohaklausliks [ konfidentsiaalne ], siis piisab kui sarnaselt komisjonile tõdeda, et niisugune klausel kujutab endast vertikaalset kokkulepet, mis üldjuhul sõlmitakse tarnija ja tema kliendi vahel gaasitarnelepingu raames, mille eesmärk on keelata kliendil tarnijalt ostetud gaasi taaseksportida, samas kui käesolevas asjas on asjaomane kokkulepe horisontaalne kokkulepe, mis sõlmiti kahe tarnija vahel gaasiedastusinfrastruktuuri ehitamise raames ja mille eesmärk oli selle infrastruktuuri kaudu edastatud gaasi müüki üksteise territooriumil piirata. Kõnealune väide tuleb seega tagasi lükata. Kõigest eeltoodust nähtub, et esimene argument tuleb tagasi lükata. – Teine argument Hageja seab kahtluse alla nende asjaolude tõendusjõu, millele komisjon viitas tõendamaks keelu säilitamist võtta MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja pärast 2004. aasta augustit. Tema sõnul ei esitanud komisjon täpseid ja üksteist toetavaid tõendeid, et põhjendada väiteid, mille kohaselt jätkasid asjaomased ettevõtjad vaatamata 2004. aasta kokkuleppele kaaskirjade kohaldamist pärast seda ajahetke. Esiteks, seoses MEGAL-i kokkuleppe lisaga 2 tuleb meenutada, et selles lisas olid määratletud sisenemis- ja väljumiskohad, mida asjaomased ettevõtjad võisid kasutada MEGAL-i torujuhtmes. Hageja osas nägi selle lisa punkt 2.1 ette vaid üheainsa Prantsuse-Saksa piiril asuva väljumiskoha kogu tema edastatava gaasikoguste jaoks, kui asjaomased ettevõtjad ei näe ette teisiti. Selle lisas ei anta seega hagejale väljumiskohta Saksamaal ning see takistas seega võtta Saksa klientidele mõeldud gaasi välja MEGAL-i torujuhtmest. Ent ükski asjaolu ei võimalda asuda seisukohale, et kõnealune lisa lõpetati või muudeti esemetuks 2004. aasta kokkuleppe kaudu ega tõendada, et viimati nimetatud kokkulepe oli asjaomaste ettevõtjate vahel kokku lepitud selle lisa lepinguline muudatus. Nimelt, nagu märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 107, ei maini 2004. aasta kokkulepe seda lisa, millele hageja pealegi vastu ei vaidle. 2004. aasta kokkuleppe sõnastusest nähtub tegelikult selgesti, et see puudutas vaid teatavaid kaaskirju, sest MEGAL-i kokkuleppe või selle lisade muid sätteid ei ole mainitud. Hageja ei esita pealegi ühtegi tõendit, mis võimaldaks seada kahtluse alla selles põhjenduses esitatud komisjoni kinnituse, mille kohaselt oleksid asjaomased ettevõtjad, kui nad oleks tahtnud käsitleda MEGAL-i kokkuleppe lisa 2 küsimust 2004. aasta kokkuleppes, nad seda otseselt teinud. Hageja väitest, mille kohaselt tunnistasid asjaomased ettevõtjad juba 2001. aastal ja seejärel 2004. aasta kokkuleppes, et Direktion I kiri, mis komisjoni sõnul sisaldas kõnealusele lisale sarnast sätet, oli „õigustühine”, ei saa seda lisa puudutava sellekohase sõnaselge märkuse puudumisel (sh 7. jaanuari 2002. aasta faksis või 2004. aasta kokkuleppes) selle lisa aegumist järeldada. Kõnealust lisa puudutav hageja argumentatsioon tuleb seega tagasi lükata. Teiseks, vaidlustatud otsuse põhjenduses 108 mainitud 23. augusti 2004. aasta ajakirjandusartikli osas tuleb kõigepealt märkida, et tegemist on vaid ühe tõendiga, millele komisjon rajas oma analüüsi, mille kohaselt oli hageja pärast 2004. aasta kokkulepet arvamusel, et ta ei tohtinud MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja võtta E.ON-iga sõlmitud lepingu tingimuste tõttu. Nimelt, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendustest 111 ja 112, tugines ta ka hageja 2005. aasta jaanuari sisedokumendile, hageja arengukavale Saksamaal ja tema käitumisele. Edasi, tuleb tõdeda, et 23. augusti 2004. aasta ajakirjandusartikkel on pärit erialaajakirjast, see annab edasi hageja Saksamaa müügidirektori öeldut ning sisaldab väga täpseid asjaolusid, mis puudutavad hageja piiratud võimalusi võtta MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja. Sellest nähtub niisiis, et hageja ei olnud selle ajakirjandusartikli kirjutamise ajal veel E.ON-iga lõplikule kokkuleppele jõudnud sellest torujuhtmest gaasi väljavõtmise osas ja et hageja võimalused sellest torujuhtmest gaasi välja võtta olid piiratud. Selles ajakirjandusartiklis on täpsustatud, et hageja võis gaasi välja võtta igal pool, kus see oli teostatav olemasolevate reeglite ühise tõlgenduse alusel. Neid asjaolusid arvestades ei saa selle ajakirjandusartikli tõendusjõudu pidada väikseks või olematuks ja komisjon võis õigustatult sellele dokumendile tugineda, et kinnitada oma väidet, mille kohaselt näitasid mõned tõendid, et hageja oli arvamusel, et ta ei tohtinud gaasi sellest torujuhtmest välja võtta tulenevalt lepingulistest suhetest E.ON-iga. Asjaolu, et asjassepuutuv ajakirjandusartikkel on 2004. aasta kokkuleppest vaid 10 päeva hilisem, ei puutu otseselt asjasse, kuna isik, kelle öeldut edastati, pidi tema ülesandeid arvestades tingimata ja täpselt olema kursis kõnealuse torujuhtme olukorraga. Viimaseks, hageja väidab ekslikult, et komisjon keeldus võtmast arvesse 26. augusti 2004. aasta e-kirja, milles E.ON reageeris asjaomasele ajakirjandusartiklile ja meenutas, et Direktion I kiri oli aegunud. Nimelt märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 110, et seda kirja käsitletakse nimetatud otsuse punktis 4.3.1 E.ON-i selle argumendi üldises kontekstis, mille kohaselt lubas ta hagejal MEGAL-i torujuhtmest Saksamaal gaasi välja võtta. Vaidlustatud otsuse põhjenduses 149, mis sisaldub otsuse punktis 4.3.1, märgib komisjon niisiis, et väitele, et E.ON nõustus hageja õigusega võtta MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja, räägib vastu tõend, et hageja oli nii sisetasandil kui ka avalikes avaldustes seisukohal, et tal ei ole õigust torujuhtmest gaasi välja võtta suuremas koguses kui gaasisektori liberaliseerimise programmi raames ostetud kogused. Tuleb tõdeda, et selliselt toimides vastab komisjon kaudselt, kuid tingimata E.ON-i 26. augusti 2004. aasta kirjale tuginevale argumentatsioonile. Hageja argumentide osas, mille kohaselt näitab 26. augusti 2004. aasta kiri asjaomaste ettevõtjate ühise tahte puudumist, et kaaskirjadest „loobumine” ei lange kokku 2005. aasta kokkuleppega ja et hageja gaasi tarnimise raskused tulenesid tema tahtest sõltumatutest takistustest, piisab, kui märkida, et neile räägivad vastu sellest kirjast hilisemad asjaolud (vt eelkõige allpool punktides 349, 361 ja 362 viidatud dokumendid) ja hageja käitumine turul (vt allpool punkt 350), mis tõendavad asjaomase rikkumise jätkumist pärast 2004. aasta kokkulepet, mistõttu tuleb need argumendid tagasi lükata. Lisaks, kuigi sellest kirjast nähtub, et E.ON kinnitas mitmel korral, et hageja võis gaasi välja võtta MEGAL-i torujuhtmest, [ konfidentsiaalne ], mis näitab, et tegelikkuses olid hageja võimalused Saksamaal gaasi välja võtta sel ajal veel väga piiratud. Lõpetuseks, nagu märkis komisjon, nähtub sellest dokumendist selgelt, et E.ON väitis hagejale, et ei olnud konstruktiivne tuua avalikkuse ette MEGAL-i torujuhtmest gaasi väljavõtmise võimaluste kirjeldust või arutelusid, mis näitab, et E.ON-i taotletav eesmärk oli eelkõige teha hagejale selgeks, et ei olnud soovitatav teha sel teemal avalikke avaldusi. Seega tuleb tagasi lükata hageja argumentatsioon kõnealuse ajakirjandusartikli kohta. Kolmandaks, hageja Saksamaa arengukava 2. septembri 2005. aasta versiooni osas nähtub, et lepingust tulenevatel põhjustel ei saanud hageja gaasi välja võtta MEGAL-i torujuhtme erinevatest väljumiskohtadest ega turustada otse oma ülekandevõimsust. E.ON-iga oodatava uue kontakti loomine torustiku kasutamiseks võis seda olukorda muuta. Selles suhtes, isegi kui eeldada, et see osutub tõeseks, ei saa asjaolu, et see arengukava oli vaid projekti staadiumis, nagu väidab hageja, kahtluse alla seada selle hageja enda talituste välja töötatud sisu õigsust ja seega selle tõendusjõudu. Nii on see ka hageja väite puhul, mille kohaselt ei oldud seda juba aastaid ettevõttesiseselt ajakohastatud ega kontrollitud. Sellele väitele tundub vastu rääkivat ka see, et dokumendis on selgelt märgitud, et tegemist on „2. septembri 2005. aasta versiooniga”. Liiati ei ole hageja esitanud lõplikku dokumenti, mille sisu on ajakohastatud ja kontrollitud ja mis erineb komisjoni mainitust. Neljandaks, mis puudutab vaidlustatud otsuse põhjenduses 300 esitatud komisjoni väidet, et alles 2005. oktoobrist alates ületas MEGAL-i torujuhtmest pärit hageja gaasi müük Saksamaal asuvatele klientidele tuntavalt summad, mida ta kulutas ostule gaasisektori liberaliseerimise programmi raames, siis tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt tegi komisjon ilmse hindamisvea, võttes seda asjaolu arvesse rikkumise lõpukuupäeva kindlakstegemiseks. Nimelt, kui välja arvata see, et hageja hinnangul heitis komisjon vastuvõetava põhjenduseta kõrvale alternatiivsed selgitused, mille kohaselt iseloomustab müüki Saksamaal tugev tõus oktoobris ja alates 2005. aasta oktoobrist tehtud tarned tulenesid ammu enne seda ajahetke sõlmitud tarnelepingutest, ei esita hageja ilmse hindamisvea tõendamiseks ühtegi asjaolu. Ent sellise vea tõendamiseks peab hageja esitama tõendid, mis võimaldavad näidata, et komisjoni arutluskäik on vale, mida ta käesolevas asjas ei teinud. Igal juhul vastas komisjon hageja selgitustele. Nimelt märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 302 vastuseks selgitusele gaasitarneaasta struktuuri kohta, et hageja teadis, et kõik aastased tarnelepingud hakkasid kehtima oktoobris ja et ta võis mõistlikult eeldada uue kokkuleppe sõlmimist E.ON-iga. Hageja ei ole otseselt esitanud argumente selle väite ümberlükkamiseks. Komisjon märkis ka vaidlustatud otsuse põhjenduses 113, et kuigi hageja oli eelnevalt sõlminud tarnekokkuleppeid klientidega, ei võtnud ta päriselt siiski torujuhtmest gaasi välja enne 2005. aasta oktoobrit ja et järelikult oli ta kinni pidanud keelust võtta Saksamaal MEGAL-i torujuhtme gaasi välja. Selle hinnanguga tuleb nõustuda, kuna nagu sai märgitud, moodustas kuni 2005. aasta oktoobrini hageja Saksamaal müüdud MEGAL-i torujuhtmest müüdud gaasi kogus Saksa tarbimisest kaduvväikese osa ja ületas väga vähesel määral gaasisektori liberaliseerimise programmi raames omandatud gaasikogused, mida E.ON oli kohustatud müüma. Sellest järeldub, et teine argument ning seega ka esimene osa tuleb tagasi lükata. b) Teine osa Käesolevas osas seab hageja kahtluse alla komisjoni hinnangu 2004. aasta kokkuleppest hilisematele koosolekutele ja teabevahetusele. Tema sõnul tõlgendas komisjon asjaomaste ettevõtjate vahel pärast 2004. aasta kokkulepet toimunud koosolekuid ja teabevahetust täiesti valesti. Ta esitab selle kohta viis argumenti. Esiteks, mis puudutab hageja argumenti, et E.ON kaebas pärast 2004. aasta kokkulepet jätkuvalt konkurentsi üle, mida hageja Saksamaal pakkus, siis tuleb kõigepealt märkida, et komisjon ei asunud seisukohale, nagu hageja argumentatsioonist võib mõista, et see asjaolu ei võimaldanud ümber lükata sellise kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasolu, mille eesmärgiks oli jätkata kaaskirjade kohaldamist. Vaidlustatud otsuse põhjendustes 130–136 võttis komisjon tegelikult seda asjaolu teiste hulgas arvesse vaid selleks, et näidata sisuliselt konkurentsivastase tegevuse olemasolu ning eeskätt asjaomaste ettevõtjate vahelist teabevahetust – mis kujutas endast pigem kooskõlastamist kui konkurentsi – pärast 2004. aasta kokkulepet. Edasi tuleb tõdeda, et selliste kaebuste olemasolust üksi ei piisa kartellikokkuleppe olemasolu välistamiseks. Vastupidi, nagu väitis komisjon sisuliselt, kui eelnevalt ei oleks olnud kahe konkureeriva ettevõtja vahel konkurentsivastast turgude jagamise kokkulepet, ei oleks ühel neist ettevõtjatest olnud põhjust korrapärastel koosolekutel kaevelda tema territooriumil teise ettevõtja pakutava konkurentsi üle. Nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 195, näitavad üksikud tõendid erimeeldusest teemade üle, mida konkurendid konkureerivas keskkonnas ei tohiks käsitleda, et asjaomased ettevõtjad tegutsesid ühise seisukoha raames, hoolimata sellest, et teatud juhtudel süüdistasid nad vastastikku teineteist sellest seisukohast kõrvalekaldumises. Hageja viidatud asjaolu, et mõned tõendid annavad tunnistust tugevast konkurentsist, ei saa eelnevaid kaalutlusi ümber lükata. Nimelt ei muuda asjaolu, et kartellikokkulepet ei järgitud, midagi kartellikokkuleppe enda olemasolus (vt Üldkohtu 15. juuni 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-71/03, T-74/03, T-87/03 ja T-91/03: Tokai Carbon jt vs . komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 74 ja seal viidatud kohtupraktika). Igal juhul tuleb märkida, et isegi kui eeldada, et selline konkurents eksisteeris, taunisid asjaomased ettevõtjad siiski vastastikku müüki ja kohaldatavaid hindu ning reageerisid nendele kaebustele, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendustest 123, 124 ja 130–136. Lisaks, kuigi hageja 9. veebruari 2005. aasta dokumendist nähtub, et E.ON süüdistas hagejat gaasihinna „põhjalaskmises” Saksamaal ning uute klientide võitmiseks [ konfidentsiaalne ] hinnaerinevuste ärakasutamises, mis võiks viidata hageja teatavale konkureerivale tegevusele Saksamaal, leidis hageja siiski, et „selle küsimuse kallal tuli töötada”. Ent tavapärastes konkurentsitingimustes ei kavatseks ettevõtja „töötada” oma konkurendi süüdistuste kallal, mis käsitlevad tema hindasid. Seega näitab see, et hageja kavatses E.ON-i mureküsimustele vastata. Sellega seoses tuleb meenutada, et kui ettevõtja tuleb vastu teise ettevõtja poolt talle adresseeritud kaebusele teemal, et esimese ettevõtja müüdavad tooted pakuvad talle konkurentsi, kujutab nende isikute käitumine endast kooskõlastatud tegevust (eespool punktis 211 viidatud kohtuotsus Suiker Unie jt vs . komisjon, punkt 283). Kuid käesolevas asjas tuleb asuda seisukohale, et märkides, et ta hakkab „töötama selle küsimuse kallal”, mis puudutab E.ON-i kaebust seoses Saksamaal kohaldatavate hindadega, ning töötades 2005. aasta aprillis välja dokumendi E.ON-i nende kaebuste tulemusel, mis puudutasid tema hinnapositsiooni müügil kommunaalettevõtetele, tuli hageja nendele kaebustele vastu nimetatud kohtupraktika tähenduses, isegi kui ta leidis, nagu nähtub sellest 2005. aasta aprilli dokumendist, et E.ON-i arusaama tuleb hinnata kriitiliselt. Veel tuleb märkida, et see, et hageja ei vaidlusta, et aeg-ajalt ei pidanud turgude jagamise kokkuleppe pooled sellest kinni või et nad kurtsid sellest mittekinnipidamise üle teise poole poolt, ei näita kuidagi, et seda kokkulepet ei hoitud kehtivana või ei kohaldatud. Ta leiab siiski, et niisugune põhimõte ei ole käesolevas asjas kohaldatav, kuna asjaomased ettevõtjad kordasid 2004. aasta kokkuleppes, et kaaskirjad olid „õigustühised”, ja et komisjon ei tõendanud asjaomaste ettevõtjate ühist tahet pärast 2004. aasta augustit. Esiteks lükati hageja argumentatsioon, millega ta soovis vaidlustada ühise tahte olemasolu pärast seda ajahetke, käesoleva väite esimese osa raames siiski tagasi. Teiseks, kuigi asjaomased ettevõtjad teatasid 2004. aasta kokkuleppes, et nad pidasid kaaskirju „õigustühiseks”, pidasid nad jätkuvalt kinni nendest tulenevast turgude jagamise kokkuleppest, kuna E.ON jätkas hageja tegutsemise taunimist, millesse viimane püüdis kriitiliselt suhtuda, nagu näitavad muu hulgas 9. veebruari 2005. aasta ja 2005. aasta aprilli dokumendid. Lisaks, mis puudutab konkreetselt hagejat, siis kuni 2005. aasta septembrini ei võtnud ta MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja märkimisväärselt rohkem gaasisektori liberaliseerimise programmi raames omandatud kogustest, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendustest 101–103. Teiseks, hageja argumendi osas, milles ta vaidleb vastu sellele, et E.ON-i kartus hageja arengu suhtes Saksamaal pärast 2004. aasta augustit oli vaid näilik, piisab, kui märkida, et komisjon ei arvanud, et need kaebused olid üksnes „näilikud”, nagu väidab hageja. Igal juhul ei võimalda selline kartus näidata kokkuleppe puudumist ning seda samadel põhjustel kui need, millest tulenevalt lükati tagasi E.ON-i kaebusi puudutavad argumendid (vt eespool punktid 353–359). Selles kontekstis tuleb toonitada, et nagu on märgitud eespool punktis 263, ei võimalda hageja 2005. aasta augusti dokument näitlikustada temapoolset agressiivset hinnapoliitikat Saksamaal. Veel tuleb meenutada, et eespool punktis 357 viidatud kohtupraktika kohaselt ei ole tavapärases konkurentsi kontekstis mõeldav, et ettevõtja reageerib oma konkurendi kriitikale hinnapoliitika kohta ja üritab suhtuda tema agressiivse hinnapositsiooni arusaama kriitiliselt, nagu tegi hageja selles dokumendis, mis koostati E.ON-i kaebuste tulemusel. See dokument ei ole seega kartellikokkuleppe puudumise tõendamiseks asjakohane. Nimelt, nagu väidab komisjon, kaldub E.ON-i väljendatud kartus käesoleva asja kontekstis eespool punktis 354 esitatud põhjustel tõendama seda, et asjaomased ettevõtjad jälgisid, et kokkulepet täidetaks. Vastupidi hageja väidetule ei tähenda see tõendamiskoormise ümberpööramist, kuna seda järeldust tuleb tõlgendada koos muude tõenditega, mis näitavad rikkumise jätkumist pärast 2004. aasta augustit. Kolmandaks, vastupidi hageja väidetule leidis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 124 õigesti, et hageja reageeris E.ON-i kaebustele, mis puudutasid tema hinnapoliitikat [ konfidentsiaalne ] segmendis Saksamaal, tuginedes 9. veebruari 2005. aasta ja 2005. aasta aprilli dokumentidele. Sellega seoses piisab selle meenutamisest, et 9. veebruari 2005. aasta dokumendis on märgitud, et E.ON-i süüdistuste küsimuse kallal on vaja töötada, ning et 2005. aasta aprilli dokument koostati E.ON-i kaebuste tulemusel, mis puudutasid hageja hinnapositsiooni müügil [ konfidentsiaalne ], mis laskvat Saksamaal gaasihinna põhja. Seega on E.ON-i kaebuste, mis puudutavad hageja poliitikat, ja viimase reaktsioonide vahel ju seos. Neid asjaolusid arvestades ei saa väita, et komisjoni tõlgendus on vale. Selles suhtes tuleb toonitada, et vastupidi hageja väidetule ei asunud komisjon vaidlustatud otsuses seisukohale, et 2005. aasta aprilli dokumendis soovitati hageja agressiivsust Saksamaal vähendada. Viimaseks tuleb täpsustada, et vastupidi sellele, mida väidab hageja, ei saa asuda seisukohale, et selline reaktsioon on märk heast haldusest. Nimelt nähtub sellest dokumendist selgelt, et eesmärk oli E.ON-i arusaama hinnata kriitiliselt, mitte säilitada hageja kasumlikkuse taset Saksamaal, nagu väidab hageja. Neljandaks, mis puutub 21. septembri 2005. aasta koosolekut käsitlevatesse dokumentidesse, st antud juhul 20. septembri 2005. aasta nn infotunni dokument, mis valmistati ette selle koosoleku jaoks, ning 22. septembri 2005. aasta e-kiri, mis tegi sellest kokkuvõtte, millele on viidatud vaidlustatud otsuse põhjendustes 132 ja 133, siis tuleb kõigepealt märkida, et nagu komisjon lõpuks möönis kohtuistungil vastuseks Üldkohtu küsimusele, tugines ta nendele selleks, et järeldada, et E.ON kaebas jätkuvalt hageja poolt Saksamaal pakutava konkurentsi üle ning et nende käitumine oli pigem kooskõlastamine kui konkurents. Neid dokumente kasutati seega süüstavate dokumentidena, vastupidi sellele, mida komisjon esialgu oma menetlusdokumentides väitis. Edasi tuleb tõdeda, et hageja sellekohane argumentatsioon tuleb tagasi lükata. Nimelt, ilma et oleks vaja analüüsida 20. septembri 2005. aasta nn infotunni dokumenti, mis valmistati ette järgmise päeva koosolekuks, piisab, kui nentida, et kaugel sellest, et selle koosoleku protokoll tooks esile, nagu väidab hageja, et [ konfidentsiaalne ], võimaldab see tõendada asjaomaste ettevõtjate tegevuse konkurentsivastasust. Nimelt nähtub sellest, et hageja teatas, et ta ei pidanud Saksa turgu võtmeturuks, ja et hiljuti oli ta üheksast pakkumusest edukas ainult ühe kliendi puhul. Samuti märkis ta olevat kliente isegi kaotanud. Seega ka mõni päev enne komisjoni aluseks võetud rikkumise lõpukuupäeva vahetas hageja E.ON-iga teavet oma äripoliitika kohta Saksamaal. Selline teave võis mõjutada E.ON-i tegevust turul, kellel oli võimalik teada, milline oli hageja olukord Saksa klientide suhtes, ning kes tegi teatavaks, kuidas ta kavatses sellel turul käituda. Ent iga ettevõtja tegevuspoliitika sõltumatuse nõudega – mis on omane asutamislepingu konkurentsi puudutavatele sätetele – on oluliselt vastuolus igasugune ettevõtjate omavaheline otsene või kaudne suhtlemine, mis võib mõjutada olemasoleva või potentsiaalse konkurendi tegutsemist turul või anda sellisele konkurendile teada viisist, kuidas ettevõtja ise on otsustanud või kavatseb turul tegutseda, kui selle suhtlemise eesmärk või mõju on selliste konkurentsitingimuste tekitamine, mis ei vasta kõnealuse turu tavapärastele tingimustele. Kui ei ole vastupidist tõendit, mille peavad esitama asjassepuutuvad ettevõtjad, tuleb selles suhtes eeldada, et kooskõlastatud tegevuses osalevad ettevõtjad, kes jätkavad turul tegutsemist, võtavad konkurentidega vahetatud teavet oma turukäitumise kindlaksmääramisel arvesse (vt selle kohta eespool punktis 275 viidatud kohtuotsus komisjon vs . Anic Partecipazioni, punktid 117 ja 121). Seda kohtupraktikat arvestades tuleb tunnistada, et EÜ artikli 81 lõikega 1 vastuolus olev kooskõlastamine sai teoks 21. septembri 2005. aasta koosolekul, ning hageja isegi ei üritanud esitada tõendit selle kohta, et ta ei võtnud kõnealust teavet arvesse. Seega võttis komisjon viga tegemata arvesse 21. septembri 2005. aasta koosolekut puudutavad dokumendid, järeldades, et teabevahetus asjaomaste ettevõtjate vahel kujutas endast pigem kooskõlastamist kui konkurentsi. Viimaseks, hageja argumendid, milles vaidlustatakse teabe vahetamine, lükati juba ümber teise väite analüüsi raames, millele seega viidatakse. Samuti tuletatakse meelde, et 21. septembri 2005. aasta koosoleku protokoll üksi näitab, et asjaomased ettevõtjad vahetasid teavet, mis võis mõjutada nende käitumist turul ning sellest teavitada; selline teabevahetus on EÜ artikli 81 kohaselt keelatud. Kõigest eeltoodust nähtub, et väite teine osa tuleb tagasi lükata. c) Kolmas osa Käesolevas osas väidab hageja, et vaidlustatud otsuses on rikutud EÜ artiklit 81, tõendite kogumist käsitlevaid norme ning otsust ei ole põhjendatud, kuna selles ei ole esitatud ühtegi tõendit rikkumise kohta Prantsuse turul pärast 13. augustit 2004. Sellega seoses tuleb meenutada, et vaidlustatud otsuse artiklist 1 nähtub, et rikkumine kestis Saksamaa puhul 1. jaanuarist 1980 vähemalt kuni 30. septembrini 2005 ning Prantsusmaa puhul 10. augustist 2000 vähemalt kuni 30. septembrini 2005. Nimelt tuleb kõigepealt nentida, et ükski dokumentaalne tõend ei kinnita, et kõnealune rikkumine jätkus pärast 13. augustit 2004 kokkuleppe või kooskõlastatud tegevuse vormis. Viimane Prantsuse turgu puudutav dokument on E.ON Ruhrgasi 26. juuni 2004. aasta nn infotunni sisedokument 2. juuli 2004. aasta nn ülevaatekoosoleku kohta, mis on varasem 13. augustist 2004 ehk 2004. aasta kokkuleppe kuupäevast. Mis puudutab täpsemalt koosolekuid ja teabevahetust, mille jooksul vastavalt vaidlustatud otsuse põhjendusele 307 asjaomased ettevõtjad arutasid oma vastavat strateegiat teineteise koduturul pärast 2004. aasta augustit, siis tuleb märkida, et komisjon ei viita selles põhjenduses ühelegi täpsele dokumentaalsele tõendile koosoleku kohta, mis oleks puudutanud Prantsuse turgu. Lisaks, nimetatud otsuse põhjendustes 123, 124 ja 130–136 viidatud 13. augustist 2004 hilisemaid koosolekuid puudutavad dokumendid käsitlevad vaid Saksa gaasiturgu, mitte Prantsuse turgu. Edasi, komisjon ei viita E.ON-i tegevusele Prantsuse turul, et tõendada kartellikokkuleppe jätkumist sellel turul. Nimelt ei viidanud ta E.ON-i müügile Prantsusmaal, kuigi ta tegi seda vaidlustatud otsuse põhjenduses 300 hageja müügi puhul Saksamaal. Pealegi ei ole komisjon isegi viidanud MEGAL-i torujuhtme väljumiskohtasid puudutavatele piirangutele, mis võisid olla E.ON-i suhtes Prantsusmaal kohaldatavad, eelkõige aga nendele, mis võisid tuleneda MEGAL-i kokkuleppe lisast 2. Nimelt viitab komisjon vaidlustatud otsuse põhjendustes 299, 300 ja 307 üksnes neile lepingulistele piirangutele, mis takistavad hagejal kasutada torujuhtme väljumiskohti klientide varustamiseks Saksamaal. Igal juhul tuleb tõdeda, et hoolimata teda puudutavatest MEGAL-i kokkuleppe lisa 2 sätetest, sai E.ON MEGAL-i torujuhtmest gaasi välja võtta, et seda Prantsusmaal müüa, isegi kui see müük moodustas vaid väikse turuosa ning puudutas vaid väheseid kliente, nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendustest 73 ja 101. Viimaseks olgu märgitud, et vaidlustatud otsuse põhjenduses 304 toodud komisjoni väide, mille kohaselt asjaolu, et asjaomased ettevõtjad sõlmisid uue kokkuleppe, näitab, et nad pidasid end ikka olemasoleva kokkuleppega seotuks, või komisjoni väide, mille kohaselt oleks uue kokkuleppe puudumisel vana ikka veel jõus, ei võimalda õiguslikult piisavalt põhjendada tema järeldusi Prantsuse turu kohta. Niisuguseid üldiseid kaalutlusi ei saa pidada piisavalt täpseteks ja üksteist toetavateks tõenditeks selle kohta, et Prantsusmaal jätkus rikkumine pärast 2004. aasta kokkulepet. Tuleb seega tõdeda, et vaidlustatud otsuses ei esitanud komisjon ühtegi tõendit, mis võimaldaks järeldada, et kõnealune rikkumine jätkus Prantsuse turul pärast 2004. aasta kokkulepet. Kohtuistungil möönis komisjon liiati, et tal ei olnud olukorra kohta Prantsuse turul tõendeid, mis oleksid võrreldavad tõenditega olukorra kohta Saksa turul. Kuna aga vaidlustatud otsuse artikkel 1 teeb vahet Saksa turul ja Prantsuse turul toimepandud rikkumise kestusel, pidi komisjon põhjendama ka oma järeldust viimati nimetatud turu osas. Teisisõnu, eristades artiklis 1 Saksa turul ja Prantsuse turul eraldiseisvate rikkumiste kestust, pidi komisjon esitama vajalikud tõendid, mis võimaldaksid õiguslikult piisavalt kinnitada rikkumise toimepanemist neil kahel turul ning kahel väidetud ajavahemikul. Nimelt lasub rikkumise toimepanemise ja seega selle kestuse tõendamiskoormis komisjonil (vt eespool punktis 70 viidatud kohtuotsus JFE Engineering jt vs . komisjon, punkt 341 ja seal viidatud kohtupraktika). Neid kaalutlusi ei muuda asjaolu, et rikkumine kujutab endast ühte vältavat rikkumist. Nimelt ei mõjuta see tuvastatud rikkumise laadiga seotud asjaolu fakti, et kuna komisjon mainis vaidlustatud otsuse resolutsiooni osas tahtlikult Prantsuse ja Saksa turul rikkumise erinevat kestust, oli ta kohustatud neid tuvastatud kestusi õiguslikult piisavalt tõendama. Samuti ei saa nõustuda komisjoni argumendiga, mille kohaselt ei näita ükski tõend asjaomase rikkumise enneaegset lõppemist ainult Prantsuse turul, kuna temal lasuvat tõendamiskoormist ei saa pidada täidetuks ainult järeldusega, et miski ei näita, et rikkumine ei lõppenud 2004. aasta hoolimata kokkuleppest. Seoses komisjoni väitega, et enneaegne lõppemine on vastuolus turgude jagamise kokkuleppega või ei allu mingile loogikale, piisab, kui märkida, et selline väide ei tõenda asjaomase rikkumise jätkumist neil kahel asjassepuutuval turul. Pealegi, nagu märgib hageja, on see vastuolus komisjoni enda järeldusega, mille kohaselt ei alanud asjaomane rikkumine samadel kuupäevadel. Komisjoni argumentatsioon, mille kohaselt seletab rikkumise alguskuupäevade erinevust vaid asjaolu, et asjaomane kokkuleppe ei saanud Prantsuse turul mõju avaldada kuni turg oli konkurentsile suletud ning et lõpukuupäeva erinevus on faktiküsimus, ei ole selles suhtes veenev. Lisaks ei ole komisjoni argument, mille kohaselt pidasid asjaomased ettevõtjad kaaskirjadest pärast 2004. aasta kokkulepet jätkuvalt kinni nii Saksamaal kui ka Prantsusmaal, ei ole kuidagi viimati nimetatud riigi osas tõendatud. Sellest järeldub, et komisjon ei tõendanud õiguslikult piisavalt, et asjaomane rikkumine kestis Prantsusmaal ajavahemikus 13. augustist 2004 kuni 30. septembrini 2005. Seega tuleb vaidlustatud otsuse artikkel 1 tühistada osas, milles tuvastatakse, et rikkumine kestis Prantsusmaal selle ajavahemiku jooksul. B – Trahvi tühistamise või vähendamise nõue 1. Trahvi tühistamise nõue Trahvi tühistamise nõude põhjendamiseks esitab hageja üheainsa väite, mille kohaselt on rikutud võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtet. Hageja väidab sisuliselt, et määrates talle trahvi hoolimata sellest, et komisjon ei teinud seda varasematel sarnastel juhtumitel, rikkus komisjon võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtet. Sellega seoses tuleb rõhutada, et määruse nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 eesmärk on anda komisjonile pädevus määrata trahve, et ta saaks täita liidu õigusega talle pandud järelevalveülesannet (vt selle kohta eespool punktis 288 viidatud kohtuotsus Musique Diffusion française jt vs . komisjon, punkt 105, ja Üldkohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/00: Archer Daniels Midland ja Archer Daniels Midland Ingredients vs . komisjon, EKL 2003, lk II-2597 , punkt 105). See ülesanne hõlmab kohustust uurida ja karistada üksikuid rikkumisi ning järgida üldist poliitikat konkurentsiõiguses asutamislepingus kehtestatud põhimõtete kohaldamiseks ja sellesse suunda suunata ka ettevõtjate käitumist. Sellest tuleneb, et komisjon peab tagama trahvide hoiatava mõju (Üldkohtu 28. aprilli 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-456/05 ja T-457/05: Gütermann ja Zwicky vs . komisjon, EKL 2010, lk II-1443 , punkt 79). Käesolevas asjas leidis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 320, et trahvide määramine ei riku võrdse kohtlemise põhimõtet. Tema sõnul on asjaolud, mille alusel tehti asjaomaste ettevõtjate mainitud varasemad otsused haldusmenetluses, erinevad käesoleva juhtumi asjaoludest, mistõttu ei esinenud mis tahes sarnast olukorda, mida erinevalt käsitleti. Selles osas võttis ta nimetatud otsuse põhjenduses 321 arvesse asjaomase rikkumise laadi ning otsuse põhjenduses 322 rikkumise konteksti, kohaldamisala ja kestust. Viimaks lükkas ta tagasi argumendid, mille kohaselt võisid asjaomased ettevõtjad õiguspäraselt oodata, et komisjon ei määra trahvi põhjusel, et nad ei olnud enne otsuseid juhtumites GDF/ENI ja GDF/ENEL teadlikud, et nad panid toime rikkumise, või põhjusel, et esimeses otsuses ei määratud trahvi (vt vaidlustatud otsuse põhjendused 323–325). Käesoleva väite raames esitatud hageja argumente tuleb analüüsida neid asjaolusid arvestades. Esiteks, seoses võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise väitega tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktikast nähtub, et komisjoni varasem otsustuspraktika ei kujuta endast konkurentsivaldkonna trahvide õiguslikku raamistikku, sest selle raamistiku määratleb üksnes määrus nr 1/2003 ja suunised (vt selle kohta Üldkohtu 30. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-203/01: Michelin vs . komisjon, EKL 2003, lk II-4071 , punkt 254 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega on teisi juhtumeid käsitlevad otsused diskrimineerimise esinemise küsimuses üksnes soovituslikud, arvestades, et ei ole eriti tõenäoline, et sellele juhtumile omased asjaolud, nagu asjaomased turud, tooted, ettevõtjad ning ajavahemikud oleksid identsed (vt selle kohta Euroopa Kohtu 7. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C-76/06 P: Britannia Alloys & Chemicals vs . komisjon, EKL 2007, lk I-4405 , punkt 60). Võrdse kohtlemise põhimõte, millega on vastuolus eelkõige see, kui sarnaseid olukordi käsitletaks erinevalt ja erinevaid olukordi käsitletaks ühtemoodi, välja arvatud juhul, kui see on objektiivselt põhjendatud, on kohaldatav komisjoni suhtes, kui ta määrab ettevõtjale trahvi konkurentsieeskirjade rikkumise eest nagu iga muu institutsiooni suhtes mis tahes tegevuse puhul (vt Üldkohtu 13. jaanuari 2004. aasta otsus kohtuasjas T-67/01: JCB Service vs . komisjon, EKL 2004, lk II-49 , punkt 187 ja seal viidatud kohtupraktika). Komisjoni varasemad trahvi määramise otsused on võrdse kohtlemise põhimõtte seisukohalt asjakohased siiski juhul, kui on tõendatud, et nende teiste otsustega seonduvate juhtumite asjaolusid puudutavad andmed, nagu asjaomased turud, tooted, riigid, ettevõtjad ning ajavahemikud on sarnased vaidlusaluse juhtumi asjaoludega (vt selle kohta Üldkohtu 27. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-59/02: Archer Daniels Midland vs . komisjon, EKL 2006, lk II-3627 , punkt 316 ja seal viidatud kohtupraktika). Ent käesolevas asjas, nagu nähtub allpool punktidest 389–396, ei ole hageja poolt viidatud varasemate otsustega seotud juhtumite asjaolud sarnased käesoleva asja omadega, mistõttu ei puutu need otsused võrdse kohtlemise põhimõtte seisukohalt vastavalt eespool punktis 387 viidatud kohtupraktikale asjasse. Nimelt, esiteks ei määratud juhtumite Sonatrach, E.ON/Gazprom, OMV/Gazprom, ENI/Gazprom ja NLNG puhul trahvi seetõttu, et komisjon lõpetas nende uurimise formaalset rikkumise tuvastamise otsust vastu võtmata eelkõige asjassepuutuvate ettevõtjate võetud kohustusi arvestades. Ent käesolevas asjas on olukord teistsugune, kuna komisjon lõpetas menetluse otsusega, milles ta tuvastas EÜ artikli 81 sätete rikkumise. Teiseks, vastupidi hageja väidetule erineb käesoleva juhtumi olukord juhtumite GDF/ENI ja GDF/ENEL olukorrast. Kõigepealt ei tõenda iseenesest asjaolu, et kõnealune tegevus toimus gaasisektoris samal ajal liberaliseerimise ja seega sektori põhjaliku arenguga, et juhtumite GDF/ENI ja GDF/ENEL asjaolud on sarnased käesoleva asja asjaoludega. Edasi, juhtumites GDF/ENI ja GDF/ENEL võttis komisjon arvesse asjaolu, et tegemist oli esimese otsusega, mis puudutas territoriaalseid piiranguid gaasisektoris. Sellist olukorda käesolevas asjas enam ei esine. Lisaks erinevad asjassepuutuvad piirangud oma olemuselt. Nimelt, juhtumites GDF/ENI ja GDF/ENEL vaatluse all olnud piirangud olid vertikaalsed, kuna need tulenesid esiteks transiidilepingust ning teiseks lepingust, mida võib pidada edastuslepinguks või müügilepinguks. Lisaks nähtub analüüsist, mille komisjon viis läbi EÜ artikli 81 lõike 3 kohaldamist käsitlevates asjades, et komisjon ise pidas neid piiranguid vertikaalseks. Ent sellise olukorraga ei ole tegemist käesolevas asjas, kus piirang on horisontaalne, sest see tuleneb kahe tarnija vahelisest kokkuleppest, mis käsitleb torujuhtme kasutamist ning puudutab nende kummagi võimalusi müüa gaasi teineteise turul. Selles suhtes ei saa asjaolu, et komisjon tuvastas, et juhtumis GDF/ENEL vaatluse all oleva lepingu võimalik õiguslik kvalifitseerimine teenus-/edastuslepinguks ei takista pidamast tingimust „gaasi kasutamiseks Itaalias” edasimüüki piiravaks, seada kahtluse alla asjaolu, et piirangute laad on erinev. Nimelt puudutab see järeldus nende mõju, mitte laadi. Pealegi erinevad juhtumid GDF/ENI ja GDF/ENEL käesolevast asjast, nagu märgib komisjon, kuna need juhtumid puudutavad lepingutingimust, mis piirab ühepoolselt ala, kus ENI ja ENEL võisid kasutada lepingu esemeks olevat gaasi, samas kui see ei ole nii käesolevas asjas, kus piirang puudutab asjaomaste ettevõtjate vastavaid territooriume. Sellega seoses tuleb täpsustada esiteks, et hageja ei märgi, kuidas see erinevus asjasse ei puutu ning teiseks, et tema kaaskirjade väidetavalt asümmeetrilist laadi puudutavad argumendid lükati juba tagasi. Lisaks ei tuvastatud erinevalt käesolevast asjast juhtumites GDF/ENI ja GDF/ENEL kooskõlastatud tegevust. Selle erinevuse asjakohasust ei saa kahtluse alla seada hageja viidatud asjaolu, et vaidlustatud otsuse kohaselt on kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse mõisted paindlikud ning võivad kattuda ning seega ei ole vaja neil kahel mõistel selgelt vahet teha. Nimelt asjaolu, mille kohaselt ei ole vaja neid kahte liiki rikkumisi eristada, ei võimalda seada kahtluse alla seda, et käesolevas asjas tuvastati mõlemad, samas kui juhtumites GDF/ENI ja GDF/ENEL see nii ei olnud. Hageja argument, et asjaomaste ettevõtjate koosolekud ja teabevahetus ajavahemikus 1999–2005 ei võimaldanud tuvastada tundliku teabe vahetamise iseseisva rikkumise olemasolu, hoolimata kaaskirjadest, lükati juba tagasi, nagu nähtub eespool punktidest 243–258. Lõpetuseks, hoolimata sellest, et Saksamaa rikkumise algusekuupäeva puhul ja Prantsusmaa rikkumise lõppkuupäeva osas tuvastati viga, tuleb rõhutada, et rikkumine juhtumites GDF/ENI ja GDF/ENEL pandi toime suhteliselt lühikesel ajavahemikul, st ligikaudu 2 aastat, samas kui see ei ole nii antud juhul, kus rikkumine kestis Saksamaal vähemalt 7 aastat ja Prantsusmaal 4 aastat. Hageja argumendid, mille eesmärk on selle erinevuse vaidlustamine, tuleb seega samuti tagasi lükata. Kõigest eeltoodust tuleneb, et võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise väide tuleb tagasi lükata. Teiseks, tagasi tuleb lükata karistuste tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtte rikkumise väide, kuna hageja ei esita selles kontekstis võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise väite põhjendamiseks esitatud väidetega võrreldes iseseisvat väidet. Igal juhul tuleb see argument tingimata tagasi lükata, kuna trahviga lõppeda võiva haldusmenetlusega seotud ettevõtja peab arvestama võimalusega, et komisjon võib igal ajal otsustada tõsta trahvisumma taset võrreldes minevikus kohaldatuga (vt selle kohta Euroopa Kohtu 28. juuni 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-C-208/02 P ja C-213/02 P: Dansk Rørindustri jt vs . komisjon, EKL 2005, lk I-5425 , punkt 229) ja et ettevõtjatele peab seega olema mõistlikult ootuspärane, et komisjon võib konkurentsipoliitika elluviimise raames trahvide üldist taset igal ajal muuta. Seda hinnangut ei muuda hageja viidatud märkus, mis on toodud otsuseid GDF/ENI ja GDF/ENEL puudutavas pressiteates ja mille kohaselt on komisjon vähem leebe, kui pärast nende otsuste vastuvõtmist peaks ta tuvastama samalaadsete piirangute esinemise muudes gaasitarnelepingutes. Nimelt ei saa järeldada, et kuna seda ei ole kõnealuses pressiteates või nendes otsustes sõnaselgelt mainitud, ei kavatsenud komisjon enne neid otsuseid alanud rikkumisi karistada. Liiati sai juba märgitud, et käesoleva juhtumi olukord erineb juhtumite GDF/ENI ja GDF/ENEL olukorrast (vt eespool punktid 390–396). Seega väidab hageja vääralt, et vastavalt võrdse kohtlemise ja karistuste tagasiulatuva jõu puudumise põhimõttele võttis komisjon arvesse asjaolu, et tema karistuspoliitika mis tahes rangemaks muutmine saab igal juhul toimuda vaid nendest otsustest hilisema tegevuse puhul. Viimaseks, mis puudutab proportsionaalsuse põhimõtte rikkumise väidet, siis tuleb käesolevas asjas asjassepuutumatuna tagasi lükata hageja argumentatsioon, mille kohaselt ei saa komisjon määrata trahvi rikkumise eest, mille tunnustest tulenevalt oli sarnases varasemas asjas õigustatud see, et mis tahes rahalist karistust ei peetud vastupidi proportsionaalseks, proportsionaalsuse põhimõtet rikkumata. Nimelt asjaolu, et komisjon ei ole konkurentsieeskirju rikkunud ettevõtjale määranud trahvi, ei saa üksi takistada seda, et sama laadi rikkumise toime pannud ettevõtjale määratakse trahv (vt selle kohta Üldkohtu 28. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-86/95: Compagnie générale maritime jt vs . komisjon, EKL 2002, lk II-1011 , punkt 487). Lisaks, selle juhtumi asjaolud, milles tehti muud hageja viidatud otsused, ei ole käesoleva juhtumi asjaoludega sarnased (vt eespool punktid 389–396). Hageja väide, et komisjon asus kaudselt seisukohale, et selle põhimõttega oleks vastuolus määrata rahalisi karistusi sellise tegevuse eest nagu käesolevas asjas, ajal, mil õigusnormid ei olnud veel selged, tuleb tagasi lükata. Nimelt, komisjoni sellist seisukohta ei saa tuletada, nagu hageja tundub väitvat, asjaolust, et ta märkis GDF/ENEL juhtumit puudutavas pressiteates, et ta soovis õigusnorme selgemaks muuta mitte ainult nende juhtumitega seotud ettevõtjate jaoks, vaid ka kõikide selles sektoris tegutsevate ettevõtjate jaoks. Tegelikult on komisjon selle õiguse selgemaks muutmise vajadusele osutanud pressiteates vaid selleks, et põhjendada, et tal oli huvi võtta minevikus toime pandud rikkumise suhtes vastu formaalne otsus. Käesolevas ajas ei ole see seik trahvi kindlaksmääramisel seevastu asjakohane. Sama kehtib GDF/ENI ja GDF/ENEL otsustes esitatud komisjoni järelduse suhtes, mille kohaselt tuleb vältida, et sektori ettevõtjad arvavad või jäävad ekslikult arvama, et selline tegevus, nagu on vaatluse all käesolevas asjas, on kooskõlas liidu õigusega. Proportsionaalsuse põhimõtte rikkumise väide tuleb seega tagasi lükata. Viimaseks, ükski muu asjaolu ei õigusta seda, et Üldkohus muudaks vaidlustatud otsust trahvisumma osas võrdse kohtlemise, proportsionaalsuse ja tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtte alusel. Kõigest eeltoodust tuleneb, et trahvi tühistamise nõude põhjendamiseks esitatud ainus väide tuleb tagasi lükata. Lisaks leiab Üldkohus, et ükski avaliku korraga seotud põhjus, millele ta peaks omal algatusel viitama (vt selle kohta Euroopa Kohtu 8. detsembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C-389/10 P: KME Germany jt vs . komisjon, EKL 2011, lk I-12789 , punkt 131), ei õigusta seda, et ta kasutaks trahvi tühistamiseks oma muutmispädevust. 2. Trahvisumma vähendamise nõue Trahvisumma vähendamise nõude põhjendamiseks esitab hageja pärast repliigi staadiumis toimunud osalist väidetest loobumist viis väidet, millest esimese kohaselt ei ole Prantsuse gaasiturgu puudutavat väidetavat rikkumist õiguslikult piisavalt tõendatud ning vaidlustatud otsust ei ole selles osas põhjendatud, teise väite kohaselt on rikkumise kestust valesti hinnatud, kolmanda väite kohaselt on rikkumise raskust valesti hinnatud, neljanda väite kohaselt on valesti hinnatud vajadust kohaldada 15% lisasummat ning viienda väite kohaselt on valesti hinnatud kergendavaid asjaolusid. a) Esimene väide, mille kohaselt ei ole Prantsuse gaasiturgu puudutavat väidetavat rikkumist õiguslikult piisavalt tõendatud ning vaidlustatud otsust ei ole selles osas põhjendatud Hageja väidab, et kuna komisjon ei ole Prantsuse gaasiturgu puudutavat rikkumist õiguslikult piisavalt tõendatud ning kuna vaidlustatud otsust ei ole selles osas põhjendatud, tuleb talle määratud trahvisummat vähendada Prantsusmaal müüdule vastavas osas. Sellega seoses piisab, kui märkida, et hageja argumendid Prantsuse gaasiturgu puudutava rikkumise tõendatuse kohta ja vaidlustatud otsuse sellekohase põhjendamise kohta lükati tagasi vaidlustatud otsuse tühistamise nõude põhjendamiseks esitatud kolmanda väite analüüsi raames, ning et käesoleval väitel ei ole nende argumentide suhtes mingit iseseisvat tähendust. Lisaks on Üldkohus seisukohal, et ükski muu asjaolu ei õigusta seda, et ta kasutaks oma muutmispädevust trahvisumma osas Prantsuse turul rikkumise olemasolu seisukohast. Järelikult tuleb esimene väide tagasi lükata. b) Teine väide, mille kohaselt on rikkumise kestust valesti hinnatud Käesolevas väites kinnitab hageja, et komisjon hindas valesti rikkumise kestust. Tema sõnul ei esinenud rikkumist Saksamaal enne 2000. aasta augustit ja Prantsusmaal enne 2003. aasta jaanuari. Lisaks ei olnud rikkumist Prantsusmaal ja Saksamaal enam pärast 2004. aasta augustit või teise võimalusena Prantsusmaal pärast 2004. aasta augustit. Hageja leiab, et väidetava rikkumise kestust ja rikkumisega seotud müügiväärtust tuleb järelikult vähendada ning sellest tulenevalt trahvisummat vähendada. Sellega seoses tuleb kõigepealt meenutada, et nagu nähtub vaidlustatud otsuse tühistamise nõude põhjendamiseks esitatud neljanda väite kolmanda osa analüüsist, ei tõendanud komisjon õiguslikult piisavalt Prantsuse turgu puudutavas osas, et rikkumine jätkus pärast 10. augustit 2004 kuni 30. septembrini 2005. Seega on kohane, et Üldkohus vähendab oma muutmispädevust kasutades hagejale määratud trahvisummat, et võtta arvesse rikkumise kestust sellel turul. Selle pädevuse kasutamise konkreetseid tagajärgi täpsustatakse allpool punktides 458–466. Edasi, kuna hageja argumendid, millega sooviti esiteks näidata, et Saksa turul ei saanud enne 2000. aasta augustit ja Prantsuse turul enne 2003. aasta jaanuari tuvastada mis tahes rikkumist, ning teiseks, et Saksa turul ei saanud pärast 2004. aasta augustit tuvastada mis tahes rikkumist, lükati juba tagasi vaidlustatud otsuse tühistamise nõude põhjendamiseks esitatud väidete analüüsi raames, siis tuleb käesolev väide tagasi lükata neid argumente puudutavas osas, sest selles osas ei ole nimetatud väitel nende argumentide suhtes mis tahes iseseisvat tähendust. Viimaseks, tagasi tuleb lükata hageja argument, mille kohaselt võib Üldkohus oma täieliku pädevuse teostamise raames talle määratud trahvisummat vähendada põhjusel, et komisjon ei tõendanud, miks ei olnud arutluskäik, mille tulemusel võttis ta seoses Saksa turuga trahvi arvutamisel arvesse ainult ajavahemikku pärast 1998. aasta aprilli (kuigi rikkumine algas 1. jaanuaril 1980), kohaldatav ajavahemiku suhtes 1998. aasta aprilli lõpust kuni 2000. aasta augustini, vaatamata kolmandate isikute juurdepääsu puudumisele sel ajavahemikul. Nimelt märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 372 ajavahemiku 1998–2000 kohta, et tunnistades 24. aprillil 1998 kehtetuks piirikokkulepete suhtes kohaldatava konkurentsiõiguse erandi, nägi Saksamaa seadusandja ette, et pärast seda kuupäeva peab gaasisektor olema konkurentsile avatud. Liiati ei võimaldanud vaidlustatud otsuse tühistamise nõude põhjendamiseks esitatud esimese väite analüüsi raames ükski asjaolu asuda seisukohale, et komisjon leidis vääralt, et Saksamaal esines pärast 1998. aastat potentsiaalne konkurents. Lõpuks leiab Üldkohus, et miski ei õigusta tema muutmispädevuse kasutamist – nagu hageja soovitab – rikkumise kestuse alusel määratud trahvisumma osas ulatuslikumalt eespool punktis 408 viidatud tagajärgedest. Eeltoodust tuleneb, et käesolev väide tuleb tagasi lükata, välja arvatud osas, mis puudutab rikkumise lõppemist Prantsuse turul. c) Kolmas väide, mille kohaselt on rikkumise raskust valesti hinnatud Käesolevas väites kinnitab hageja, et vaidlustatud otsuses on rikkumise raskuse kindlaksmääramise osas tehtud viga ja rikutud proportsionaalsuse põhimõtet. Viidates rikkumise laadile ning selle toimepanemise ja mõju puudumisele, väidab ta, et trahvi põhisumma kindlakstegemiseks komisjoni kohaldatud protsent müügiväärtusest, mis käesolevas asjas oli 15%, on liigu kõrge ja Üldkohus peab seda vähendama. Selle kohta tuleb meenutada, et vastavalt kohtupraktikale peab trahvide suurus sõltuma rikkumise asjaoludest ja raskusest ning rikkumise raskuse hindamine trahvi suuruse kindlaksmääramisel peab toimuma eelkõige konkurentsipiirangute laadi arvesse võttes (vt Üldkohtu 23. veebruari 1994. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-39/92 ja T-40/92: CB ja Europay vs . komisjon, EKL 1994, lk II-49 , punkt 143 ja seal viidatud kohtupraktika). Selleks et hinnata ettevõtjale süükspandavate konkurentsinormide rikkumiste raskust, määramaks kindlaks tema puhul proportsionaalne trahvisumma, võib komisjon arvesse võtta teatud rikkumiste eriti pikka kestust, nende rikkumiste arvu ja mitmekesisust, mis puudutasid asjaomase ettevõtja kõiki või peaaegu kõiki tooteid ja millest mõni mõjutas kõiki liikmesriike, niisuguste rikkumiste erilist raskust, mis on osa tahtlikust ja järjepidevast strateegiast, mille eesmärk on mitmesuguste konkurente kõrvaldavate tegevuste ja klientide püsiklientidena sidumise poliitika abil säilitada kunstlikult või tugevdada ettevõtja valitsevat seisundit turgudel, kus konkurents oli juba piiratud, kuritarvituse tagajärgi, mis on konkurentsi seisukohast eriti kahjulikud, ning eeliseid, mida ettevõtja tänu oma rikkumistele sai (vt selle kohta Üldkohtu 6. oktoobri 1994. aasta otsus kohtuasjas T-83/91: Tetra Pak vs . komisjon, EKL 1994, lk II-755 , punktid 240 ja 241). Vastavalt 2006. aasta suuniste punktidele 19 ja 21 arvutatakse trahvi põhisumma osakaaluna müügiväärtusest, mis võib olla kuni 30% ja mis saadakse rikkumise raskusastme korrutamisel aastate hulgaga, mil rikkumine aset leidis. Suuniste punkti 20 kohaselt hinnatakse raskust iga üksikjuhtumi ja iga rikkumise liigi puhul eraldi, võttes arvesse kõiki olulisi asjaolusid. Nagu nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 364, võttis komisjon käesolevas asjas rikkumise raskuse kindlakstegemiseks arvesse muu hulgas seda, et turgude jagamise kokkulepped on juba laadilt üks raskemaid EÜ artikli 81 rikkumise liike, seda, et ettevõtjad tegutsesid kooskõlastatult, et korrapärastel koosolekutel luua salajane ja struktureeritud projekt, mille eesmärk oli piirata gaasisektoris konkurentsi, seda, et kokkulepe ja kooskõlastatud tegevus töötati välja, seda juhiti ja õhutati mõlema ettevõtja kõige kõrgemal tasandil ning neid kasutati täielikult ära nende ettevõtjate huvides ja nende klientide ning lõppkokkuvõttes tarbijate kahjuks, ning seda, et rikkumine hõlmas MEGAL-i torujuhtme kaudu Prantsusmaale ja Saksamaale edastatavat gaasi, s.o ühisturu olulist osa. Otsuse põhjenduses 365 järeldas ta, et rikkumise laadi arvestades tuleb kohaldada osa 15% müügiväärtusest. Ükski hageja esitatud tõend ei võimalda seda hinnangut kahtluse alla seada. Nimelt ei võimaldanud vaidlustatud otsuse tühistamise nõude põhjendamiseks esitatud väidete analüüs kahtluse alla seada asjaomaste ettevõtjate osalemist vaidlustatud otsuse põhjenduses 2 tuvastatud mitmest teost koosnevas, ühes ja vältavas EÜ artikli 81 rikkumises, mille tagajärjel piirati konkurentsi nende vastaval koduturul ja mis tõi täpsemalt kaasa turgude jagamise ja MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatava maagaasi tarnimist puudutava konfidentsiaalse teabe vahetuse. Sellega seoses tuleb märkida, et hageja väited rikkumise laadi kohta, mille kohaselt esiteks ei kujutanud kaaskirjad endast piisavalt selget turgude jagamise horisontaalkokkulepet, vaid kõige enam sihtkohaklauslit, ning teiseks ei võimaldanud asjaomaste ettevõtjate koosolekud ja muud kontaktid tuvastada kõige raskemaid konkurentsipiiranguid, seda ka siis, kui neid oleks analüüsitud kaaskirjadest sõltumatuna, lükati juba tagasi vaidlustatud otsuse tühistamise nõude põhjendamiseks esitatud väidete analüüsimisel (vt eelkõige eespool punktid 243–258 ja 341). Liiati tunnistas hageja õigustalitus oma 9. ja 17. veebruari 2000. aasta e-kirjades, et Direktion G kiri sarnanes ulatuslikule „turgude jagamisele”, mis näitab, et hageja oli selle konkurentsivastasusest täiesti teadlik. Selline konkurentsiõiguse ilmne rikkumine on oma laadilt aga eriti raske. See töötab vastu liidu kõige põhilisematele eesmärkidele, eelkõige ühtse turu rajamisele (vt selle kohta Üldkohtu 22. aprilli 1993. aasta otsus kohtuasjas T-9/92: Peugeot vs . komisjon, EKL 1993, lk II-493 , punkt 42). Seda kinnitab 2006. aasta suuniste punkt 23, milles on täpsustatud, et hindade määramise, turu jagamise ja tootmise piiramise horisontaalkokkulepped, mis on üldjuhul salajased, on juba oma olemuselt kõige tõsisemad konkurentsipiirangud. 2006. aasta suuniste punktis 23 on veel märgitud, et konkurentsipoliitika seisukohast karistatakse nende kokkulepete eest karmilt ja et seepärast on nimetatud rikkumiste puhul kasutatav osakaal üldjuhul astmestiku kõrgemal tasemel, mis on nende suuniste punktile 21 vastavalt 0–30%. Neid asjaolusid arvestades leidis komisjon vaidlustatud otsuses õigesti, et rikkumise laadi arvestades tuli kohaldada asjaomasest müügist 15-protsendilist osa. Samuti tuleb tagasi lükata hageja argumendid rikkumise toimepanemise ja tagajärgede kohta, kuna vastavalt 2006. aasta suuniste punktile 23 võis komisjon trahvisumma määrata ainult rikkumise laadi alusel. Igal juhul, mis puudutab esiteks toimepanemist, siis nähtub vaidlustatud otsuse põhjendusest 228, et asjaomased ettevõtjad täitsid aastate jooksul asjaomast kokkulepet ja kooskõlastatud tegevust, kusjuures seda ei seatud kahtluse alla otsuse tühistamise nõude hindamisel. Teiseks, mis puudutab rikkumise tagajärgi turule, siis leidis komisjon samas põhjenduses, et kuna konkurentsivastaseid kokkuleppeid täideti, siis võidi eeldada, et need avaldasid turul seejärel konkreetset konkurentsivastast mõju selles mõttes, et rikkumine muutis olemasolevad monopolid tugevamaks enne liberaliseerimist ja lükkas selle mõju edasi. Viimaseks, ükski muu asjaolu ei õigusta seda, et Üldkohus kasutaks oma muutmispädevust trahvisumma osas rikkumise raskuse seisukohast. Sellest tulenevalt tuleb kolmas väide tagasi lükata. d) Neljas väide, mille kohaselt hinnati valesti vajadust kohaldada 15% lisasummat Käesolevas väites kinnitab hageja, et komisjon ei tohtinud määrata 15% lisasummat põhjusel, et turgude jagamise kokkulepped õigustavad üldjuhul oma laadi tõttu vähemalt 15% lisasumma kohaldamist. Selles küsimuses tuleb meenutada, et 2006. aasta suuniste punkt 25 näeb trahvisummade arvutamise osas ette, et olenemata ettevõtja osalemise kestusest rikkumises, lisab komisjon põhisummale summa, mis moodustab 15–25% müügiväärtusest, eesmärgiga hoida ära ettevõtjate igasugust soovi osaleda hindade määramise, turu jagamise ja tootmise piiramise horisontaalkokkulepetes. Komisjon võib sellist lisasummat rakendada ka muude rikkumiste suhtes. Otsustamaks, milline peaks olema konkreetse juhtumi puhul kasutatav osakaal müügiväärtusest, võtab komisjon selles punktis täpsustatu kohaselt arvesse teatavat hulka tegureid, eeskätt neid, mida on nimetatud 2006. aasta suuniste punktis 22, st rikkumise laad, kõikide rikkumises osalevate ettevõtjate turuosa kokku, rikkumise geograafiline ulatus ja asjaolu, kas rikkumine ka toime pandi. Käesolevas asjas märkis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 375, et turu jagamise kokkulepped õigustavad oma laadi tõttu üldjuhul vähemalt 15% lisasumma kohaldamist ja et käesolevas asjas ei olnud vaja kohaldada 15% suuremat lisasummat. Selle hinnanguga tuleb nõustuda. Nimelt piisab, kui meenutada, et komisjon leidis õigustatult, et see tegevus kujutas endast turgude jagamise horisontaalset kokkulepet (vt eelkõige eespool punkt 419), kuna see ei olnud territoriaalse piirangu klausel, mille keelatuse komisjon alles hiljuti kindlaks tegi, nagu väidab hageja (vt eelkõige eespool punktid 341 ja 393). 2006. aasta suunised näevad seda liiki rikkumise puhul aga ette trahvi põhisummale summa lisamise, mis on 15–25% müügiväärtusest. Neid asjaolusid arvestades võis komisjon ilmset viga tegemata kehtestada 15% lisasumma. Igal juhul, isegi kui eeldada, et asjaomane rikkumine ei olnud horisontaalne, tuleb märkida, et 2006. aasta suuniste punkt 25 võimaldab komisjonil kohaldada lisasummat sellest erinevatele rikkumistele. Hageja argumendid, et sellise lisasumma heakskiitmine oleks vastuolus võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõttega, samas kui muud samalaadsed juhtumid lõpetati formaalset otsust tegemata, tuleb tagasi lükata. Nimelt, erinevalt käesolevast asjast ei tuvastanud komisjon hageja viidatud juhtumites rikkumise olemasolu. Ta ei saanud seega karistust määrata ega kohaldada niisugust lisasummat. Lisaks, nagu on märgitud eespool punktis 389, puudutavad hageja osutatud juhtumid vertikaalseid piiranguid, mitte horisontaalseid, nagu käesolevas asjas. Viimaseks, ükski muu asjaolu ei õigusta seda, et Üldkohus kasutaks oma muutmispädevust trahvisumma osas kohaldatud lisasumma seisukohast. Eeltoodust tuleneb, et neljas väide tuleb tagasi lükata. e) Viies väide, mille kohaselt on kergendavaid asjaolusid valesti hinnatud Käesolevas väites kinnitab hageja, et komisjon tegi vea, keeldudes arvesse võtmast kergendavat asjaolu, mis on seotud esiteks sellega, et ta osales asjaomases rikkumises vaid piiratult, ning teiseks, et tema tegevus oli lubatud või seda õhutati avaliku sektori poolt või õigusaktidega. Selle osas tuleb märkida, et 2006. aasta suuniste punktist 29 tuleneb, et trahvisummat võidakse vähendada muu hulgas siis, kui konkurentsivastane tegevus oli lubatud või seda õhutati avaliku sektori poolt või õigusaktidega või kui asjaomane ettevõtja esitab tõendid selle kohta, et tema osalemine rikkumises on sisuliselt tühine ning tõestab, et ajal, mil ta oli rikkumist kujutavate kokkulepete osaline, ta tegelikult kokkuleppeid ei täitnud, käitudes turul konkureerivalt. Esiteks, asjaomases rikkumises piiratud osalemisega seotud kergendava asjaolu osas leidis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 383, et tõendid lükkasid ümber asjaomaste ettevõtjate teesi, mille kohaselt ei viidud turgude jagamise kokkulepet ja kooskõlastatud tegevust ellu. Hageja väidab siiski, et komisjon ei võtnud arvesse asjaolusid, mis näitavad, et ta käitus turul konkureerivalt. Käesolevas asjas tuleb märkida, et selleks, et hageja suhtes kohaldataks kergendavat asjaolu rikkumises vähese osalemise alusel, peab ta tõendama, et ajavahemikul, mil hageja oli endast rikkumist kujutavate kokkulepetega seotud, hoidus ta tegelikult nende täitmisest, käitudes turul konkureerivalt, või vähemalt tõendama, et ta on selgelt ja märgatavalt rikkunud asjaomase kartelliga kehtestatud kohustusi niivõrd, et see häiris kartelli toimimist (Üldkohtu 15. märtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas T-26/02: Daiichi Pharmaceutical vs . komisjon, EKL 2006, lk II-713 , punkt 113). Teisiti öeldes peab ta tõendama, et ta ei täitnud vaidlusaluseid kokkuleppeid, käitudes turul viisil, mis takistas tuvastatud rikkumise konkurentsivastast toimet (vt selle kohta Üldkohtu 26. aprilli 2007. aasta otsus liidetud kohtuasjades Bolloré jt vs . komisjon, T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 ja T-136/02, EKL 2007, lk II-947 , punkt 629). Tuleb aga tõdeda, et hageja esitatud asjaolud ei võimalda niisugust käitumist tõendada. Nimelt tuleb esiteks meenutada, et ettevõtja, kes vaatamata konkurentidega kooskõlastamisele tegutseb turul rohkem või vähem iseseisvalt, võib üritada lihtsalt kartelli oma huvides ära kasutada (Üldkohtu 14. mai 1998. aasta otsus kohtuasjas T-308/94: Cascades vs . komisjon, EKL 1998, lk II-925 , punkt 230). Neid asjaolusid arvestades ei võimalda see, et komisjon möönis, et hageja üritas asjaomasest piirangust mööda hiilida, tõendada turul käitumist sellisel viisil, mis võib takistada tuvastatud rikkumise konkurentsivastast toimet. Hageja argument, et komisjon rääkis endale vastu, leides, et ta üritas asjaomasest piirangust mööda hiilida, tuleb seega tagasi lükata. Teiseks, ükski hageja esitatud asjaolu ei tõenda asjaomases rikkumises väga piiratult osalemist või sellise tegevuse olemasolu turul, mis võib nimetatud rikkumise tagajärgede tekkimise takistamisele kaasa aidata. Täpsemalt ei saa hageja gaasimüük MEGAL-i torujuhtmest seda tõendada eespool punktides 194 ja 333 meenutatud tunnusjoonte tõttu ja eeskätt seetõttu, et see sai alguse alles 2004. aasta oktoobris, kogused olid piiratud ja seetõttu, et see ei vastanud gaasisektori liberaliseerimise programmi raames omandatud kogustest oluliselt suurematele kogustele. See, et hageja osales gaasisektori liberaliseerimise programmis vabatahtlikult, ei oma nende kaalutluste suhtes tähtsus, nagu nähtub eespool punktist 335. Samuti ei näita konkurentsitegevuse olemaolu iseenesest pakkumuste, võimaluste otsimise või võrgule juurdepääsu taotluste olemasolu, kuna nende tulemusel ei müüdud MEGAL-i torujuhtmest oluliselt rohkem gaasi, eelkõige gaasisektori liberaliseerimise programmi raames omandatud koguseid ületades. Lisaks, [ konfidentsiaalne ], mille lükkab ümber tema 2005. aasta aprilli sisedokument, milles ta ise tunnistab, et tema Saksamaa [ konfidentsiaalne ] arusaama tuleb suhtuda kriitiliselt. Viimaseks, nagu juba märgitud, nähtub toimiku dokumentaalsetest tõenditest muu hulgas, et hageja kavatses E.ON-iga uurida lahendusi, mis võimaldavad mõistlikku konkurentsi või et ta kartis, et Vene gaas võib sattuda valedesse kätesse ning võimaldab MEGAL-i torujuhtmega seoses täiendavat konkurentsi, mis räägib vastu kartellikokkuleppes osaleja piiratud osalemisele. Lisaks ei näita ükski asjaolu, et hageja tegutsemine häiris kartelli toimimist. Kolmandaks, hageja väidab ekslikult, et komisjon pööras tõendamiskoormise ümber. Nimelt, kui komisjon tõendab asjaomase rikkumise olemasolu, peab hageja 2006. aasta suuniste punkti 29 kohaselt tõendama, et tema osalemine rikkumises oli sisuliselt tühine ning tõendama, et ajal, mil ta oli rikkumist kujutavate kokkulepete osaline, ta tegelikult kokkuleppeid ei täitnud, käitudes turul konkurentsi soodustavalt. Tagasi tuleb lükata hageja argument, et ta peab tõendama, et tema tegevus võib turul kartellikokkuleppe tagajärgede tekkimise takistamisele kaasa aidata, samas kui komisjon ei tõendanud nende tagajärgede esinemist. Nimelt, kuigi ta ei olnud kohustatud tõendama asjaomase rikkumise mõju, nagu ka kohtupraktika tal lubab teha, leidis komisjon siiski, et kuna on tõendatud, et konkurentsivastased kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus aastate jooksul ellu viidi, võis eeldada, et õigusvastased kokkulepped tekitasid konkreetseid konkurentsivastaseid tagajärgi turul selles mõttes, et rikkumine muutis tugevamaks enne liberaliseerimist olemasolevad monopolid ja lükkas liberaliseerimise mõju edasi. Teiseks, mis puudutab kergendavat asjaolu, mis on seotud sellega, et konkurentsivastane tegevus oli lubatud või seda õhutati avaliku sektori poolt või õigusaktidega, siis leidis komisjon vaidlustatud otsuse põhjenduses 384, et seda ei saa kohaldada ajavahemikule, mis järgneb liberaliseerimise algusele, kuna liidu asutused ja liikmesriigid näitasid esimest gaasidirektiivi vastu võttes ja rakendades oma kavatsust muuta gaasiturud konkurentsipõhiseks. Komisjon lisas, et hoolimata sellest, et Prantsuse ametiasutused ei pidanud selle direktiivi ülevõtmistähtajast kinni, ei takistanud nad seda, et uued konkurendid varustavad vabatarbijaid alates 10. augustist 2000, mistõttu ei ole mingit põhjust näha selles Prantsuse ametiasutuste meedet, mis lubab või julgustab turgude jagamise õigusvastast kokkulepet. Vaidlustatud otsuse põhjenduses 385 täpsustas komisjon, et kui leitakse, et on põhjendatud kinnitus, et rikkumine oli lubatud või seda õhutati Prantsuse avaliku võimu poolt kogu enne esimese gaasidirektiivi vastuvõtmisele eelneva perioodi jooksul, võeti seda kinnitust igal juhul juba nõuetekohaselt arvesse, kuna trahvide arvutamisel arvesse võetud rikkumisperiood algab alles 1998. aasta aprillis Saksamaa puhul ja alles 10. augustil 2000 Prantsusmaa puhul. Sellega seoses vaidleb hageja vastu, et komisjon oleks pidanud tunnistama, et tema tegevus oli lubatud või seda õhutati avaliku sektori poolt või õigusaktidega. Esiteks tuleb hageja väite osas, et Saksa ja Prantsuse õigusaktid lubasid kuni esimese gaasidirektiivi tegeliku ülevõtmiseni gaasiturgude eraldatust, Saksamaa osas märkida, et nagu nähtub vaidlustatud otsuse tühistamise nõude esimese väite analüüsist, ei välistanud õiguslik raamistik potentsiaalse konkurentsi olemasolu pärast 24. aprilli 1998. Prantsusmaa osas nähtub eespool punktidest 312–323, et lisaks sellele, et Prantsuse õiguslik raamistik ei saanud alates 10. augustist 2000 enam lubada või õhutada turu eraldatust, aitasid Prantsusmaa võetud meetmed (tõsi küll piiratult) alates sellest kuupäevast kaasa selle eraldatuse kõrvaldamisele. Sellega seoses tuleb märkida, et vastupidi hageja väidetule ei tähenda selle asjaolu arvesse võtmine, mille kohaselt Prantsuse ametiasutused ei takistanud uutel konkurentidel kliente varustada, et asjassepuutuvat kergendavat asjaolu tuleb kohaldada ainult juhul, kui konkurentsivastane olukord on siseriiklike õigusaktidega kohustuslikuks tehtud (ja mitte ainult lubatud). See näitab tegelikult, et Prantsuse ametiasutused ei kavatsenud säilitada ja seega lubada Prantsuse turu eraldatust. Samuti tuleb märkida, et hageja ei saanud avalik-õigusliku ettevõtjana igal juhul pärast 10. augustit 2000 tugineda olukorrale Prantsusmaal, kuna ta on nende üksuste hulgas, kelle vastu võib tugineda nendele direktiivi sätetele, millel võib olla vahetu õigusmõju, nagu nähtub eespool punktis 314 viidatud kohtupraktikast. Vastupidi sellele, mida väidab hageja, ei jäta see kohtupraktika teda avalik-õigusliku ettevõtjana ilma võimalusest tugineda asjaomasele kergendavale asjaolule, vaid näitab, et sellise ettevõtjana ei saanud ta tegutseda vastuolus direktiivi eesmärgiga, ja et seega ei lubanud ega õhutanud Prantsuse õigusaktide käesolevas asjas vaadeldavat tegevust. Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagist, mille komisjon esitas Prantsuse Vabariigi suhtes kohtuasjades C-159/94 ja C-259/01, ei saa tuletada, et komisjon rääkis endale vastu, keeldudes hageja suhtes käesolevas asjas arvesse võtmast kõnealust kergendavat asjaolu. Nimelt ei saa sellest tuletada, et Prantsuse õiguslik raamistik lubas või õhutas käesolevas asjas vaatluse all olevat kokkulepet, vaid kõige enam, et komisjon leidis, et Prantsuse ametiasutused olid rikkunud EÜ asutamislepingu artiklitest 30, 34 ja 37 tulenevaid kohustusi, kehtestades esimese juhtumi puhul gaasi ja elektri importimise ja eksportimise ainuõigused, või teise juhtumi puhul esimesest gaasidirektiivist tulenevaid kohustusi seda nõuetekohaselt rakendamata jättes. Liiati ei rahuldatud kohtuasjas C-159/94 hagi. Viimaseks, komisjoni väidetavast järeldusest, et Saksa õiguslik raamistik ei võimaldanud välisriigi uute turuletulijate tõhusat konkurentsi, ei saa tuletada, et see raamistik lubas või õhutas konkurentsivastast tegevust. Neid asjaolusid arvestades tuleb asuda seisukohale, et avalik sektor või õigusaktid ei lubanud või õhutanud asjaomast konkurentsivastast tegevust. Teiseks, mis puudutab asjaolu, et gaasisektori liberaliseerimine oli rikkumise perioodil käimas ning kohaldatavate normide osas esines teadmatus, siis piisab, kui märkida, et see ei võimalda mingil juhul tõendada, et konkurentsivastane tegevus oli lubatud või seda õhutati avaliku sektori poolt või õigusaktidega. Kuigi Saksa ja Prantsuse ametiasutused jätsid ettevõtjatele nende tegevuse õiguspärasuse osas märkimisväärse teadmatuse mitte ainult enne, vaid ka pärast liberaliseerimist, ei võimalda selline asjaolu tõendada, et nad lubasid või õhutasid käesolevas asjas vaatluse all olevat tegevust. Seega väidab hageja vääralt, et selline järeldus toetab kergendavate asjaoludena õigusliku raamistiku mõju arvessevõtmist trahvi arvutamisel. Lisaks, kui eeldada, et hageja soovib oma argumentatsiooniga väita, et arvestades liberaliseerimise konteksti ja sellest tulenevat teadmatust, pani ta rikkumise toime ettevaatamatusest, siis piisab, kui märkida, et tema õigustalituse 9. ja 17. veebruari 2000. aasta e-kirjad näitavad selgelt, et ta oli teadlik vähemalt Direktion G kirja õigusvastasusest. Viimaseks tuleb tagasi lükata hageja argument, mis tugineb 20. oktoobri 2004. aasta otsusele K(2004) 4030 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 kohaldamise menetlust (Juhtum COMP/C.38.238/B.2 – Toortubakas – Hispaania). Nimelt ei ole komisjon seotud oma varem antud hinnangutega (vt Euroopa Kohtu 24. septembri 2009. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P: Erste Group Bank jt vs . komisjon, EKL 2009, lk I-8681 , punkt 123 ja seal viidatud kohtupraktika) ning igal juhul ei saa Hispaania tubakatootjate olukorda võrrelda nii suurte ettevõtjate olukorraga, nagu on vaatluse all käesolevas asjas, kes on peamised tarnijad Euroopa gaasiturul ja kes olid asjaolude toimumise ajal oligopoolses seisundis. Neil asjaoludel ei võimalda miski asuda seisukohale, et komisjon tegi vea, otsustades, et ei esinenud ühtegi kergendavat asjaolu. Lisaks, ükski muu asjaolu ei õigusta seda, et Üldkohus kasutaks oma muutmispädevust trahvisumma osas kergendavate asjaolude seisukohast. Seega tuleb tagasi lükata viies väide ja sellest tulenevalt kõik trahvi vähendamise nõude põhjendamiseks esitatud väited, välja arvatud teine väide, millega osaliselt nõustuti, mis tähendab, et Üldkohus peab kasutama oma muutmispädevust (vt eespool punkt 408). Lisaks leiab Üldkohus, et ükski avaliku korraga seotud põhjus, millele ta peaks omal algatusel viitama (vt selle kohta eespool punktis 401 viidatud kohtuotsus KME Germany jt vs . komisjon, punkt 131), ei õigusta seda, et ta kasutaks hagejale määratud trahvi vähendamiseks oma muutmispädevust. f) Hageja lõpliku trahvisumma kindlaksmääramine Nagu nähtub eespool punktist 378, ei tõendanud komisjon õiguslikult piisavalt, et kõnealune rikkumine jätkus Prantsuse gaasiturgu puudutavas osas pärast 10. augustit 2004 kuni 30. septembrini 2005. Seega tuleb vaidlustatud otsust muuta, et võtta hagejale määratava lõpliku trahvisumma kindlaksmääramisel arvesse Prantsuse turul toime pandud rikkumise kestust, antud juhul 10. augustist 2000 (vt eespool punkt 323) kuni 13. augustini 2004 (vt eespool punkt 378). Kohaldades komisjoni kasutatud trahvide kindlaksmääramise meetodit, mis on esitatud vaidlustatud otsuse põhjendustes 358–391, st (Prantsusmaa keskmise aastase müügi suhtes kohaldatud algne protsent x Prantsusmaa rikkumise kestus) + (Prantsusmaa keskmise aastase müügi suhtes kohaldatud lisaprotsent) + (Saksamaa keskmise aastase müügi suhtes kohaldatud algne protsent x Saksamaa rikkumise kestus) + (Saksamaa keskmise aastase müügi suhtes kohaldatud lisaprotsent), kasutades parandatud andmeid Prantsusmaal toimunud rikkumise kestuse kohta (4 aastat 5,5 asemel) ja keskmist müüki seoses rikkumisega Prantsuse turul [ konfidentsiaalne ], peaks hageja trahvisumma olema 267 miljonit eurot [ konfidentsiaalne ]. Tuleb siiski meenutada, et vastavalt EÜ artiklile 229 annab määruse nr 1/2003 artikliga 31 antud täielik pädevus Üldkohtule lisaks puhtale karistuste õiguspärasuse kontrolli õigusele – mille raames võib Üldkohus üksnes tühistamishagi rahuldamata jätta või vaidlustatud akti tühistada – ka õiguse asendada komisjoni hinnang enda omaga ja järelikult teha vaidlustatud akti muutev kohtuotsus, isegi kui ta seda ei tühista, et kõigi faktiliste asjaoludega arvestades muuta muu hulgas trahvi, kui tal on palutud anda hinnang trahvisummale (vt selle kohta Euroopa Kohtu 8. veebruari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-3/06 P: Groupe Danone vs . komisjon, EKL 2007, lk I-1331 , punktid 61 ja 62, ning 3. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-534/07 P: Prym ja Prym Consumer vs . komisjon, EKL 2009, lk I-7415 , punkt 86 ja seal viidatud kohtupraktika). Sellega seoses on oluline märkida, et Üldkohus ei ole oma täieliku pädevuse teostamisel seotud komisjoni arvutustega ega tema suunistega (vt selle kohta eespool punktis 326 viidatud kohtuotsus BASF ja UCB vs . komisjon, punkt 213 ja seal viidatud kohtupraktika), vaid ta peab kõiki kohtuasja asjaolusid arvesse võttes ise hinnangu andma. Ent käesolevas ei võta trahvi kindlaksmääramisel komisjoni järgitud meetod, mis on ära toodud eespool punktis 460, arvesse kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid. Selle meetodi kohaldamine andmetele, mida on parandatud rikkumise kestuse osas Prantsusmaal ja keskmise müügi osas seoses Prantsuse turul toime pandud rikkumisega sel perioodil, toob kaasa hagejale määratud trahvi vähendamise määral, mis on äärmiselt ebaproportsionaalne võrreldes tuvastatud eksimuse suhtelise tähtsusega. Nimelt, kuigi komisjoni eksimus puudutab üksnes Prantsuse turgu ja vaid 12,5 kuud 5 aastast ja pooleteisest kuust, mille komisjon esialgu tuvastas seoses sellel turul toime pandud rikkumisega, tooks komisjoni meetodi kohaldamine kaasa üle 50% trahvi vähendamise. Lisaks, komisjoni kasutatud meetodi kohaldamise tulemuseks trahvi kindlaksmääramisel on see, et Saksa turul toimepandud rikkumise suhtelist tähtsust võrreldes Prantsuse turul toimepanduga alahinnatakse. Pärast seda, kui pooled kuulati kohtuistungil ära küsimuses, millised on trahvisumma suhtes võimalikud tagajärjed, mis tulenevad vaidlustatud otsuse osalisest tühistamisest osas, mis puudutab trahvisumma kindlaksmääramist lähtuvalt rikkumise kestusest Prantsuse turul, ja arvestades kõiki eespool esitatud kaalutlusi, eeskätt eespool punktides 464 ja 465 esitatud kaalutlusi, tuleb juhtumi kõiki asjaolusid ning eelkõige rikkumise kestust ja raskust arvesse võttes määrata hagejale määratud trahvi lõplikuks summaks 320 miljonit eurot. Kohtukulud Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuid kodukorra artikli 87 lõike 3 esimese lõigu kohaselt võib Üldkohus määrata kulude jaotuse või jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda, kui osa nõudeid rahuldatakse ühe poole, osa teise poole kasuks või kui tegemist on eriliste põhjustega. Arvestades asjaolu, et kummagi poole nõuetest on rahuldatud vaid osa, tuleb poolte kohtukulud jätta nende endi kanda. Esitatud põhjendustest lähtudes ÜLDKOHUS (viies koda) otsustab: 1. Tühistada komisjoni 8. juuli 2009. aasta otsuse K(2009) 5355 (lõplik) [EÜ] artiklis 81 sätestatud menetluse kohta (Juhtum COMP/39.401 – E.ON/GDF) artikkel 1 esiteks osas, milles tuvastatakse, et rikkumine kestis Saksamaal toimepandud rikkumise puhul 1. jaanuarist 1980 vähemalt kuni 24. aprillini 1998, ning teiseks osas, milles tuvastatakse Prantsusmaal toimepandud rikkumine ajavahemikus 13. august 2004 kuni 30. septembrini 2005. 2. Määrata GDF Suez SA-le otsuse K(2009) 5355 (lõplik) artikli 2 punktis b määratud trahvisummaks 320 miljonit eurot. 3. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. 4. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda. Papasavvas Vadapalas O’Higgins Kuulutatud avalikul kohtuistungil 29. juunil 2012 Luxembourgis. Allkirjad Sisukord Õiguslik raamistik 1. Euroopa Liidu õigus 2. Siseriiklik õigus Prantsuse õigus Saksa õigus Vaidluse taust 1. Asjaomased ettevõtjad 2. MEGAL-i kokkulepe 3. Haldusmenetlus Vaidlustatud otsus Menetlus ja poolte nõuded Õiguslik käsitlus A – Vaidlustatud otsuse osalise tühistamise nõue 1. Esimene väide, et EÜ artikli 81 kohaldamisel on tehtud faktivigu ja rikutud õigusnormi seoses kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasoluga enne 2000. aasta augustit a) Esimene osa b) Teine osa – Esimene argument – Teine argument c) Kolmas osa 2. Teine väide, mille kohaselt on EÜ artikli 81 kohaldamisel tehtud faktivigu ja rikutud õigusnormi seoses kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasoluga pärast 2000. aasta augustit a) Teine osa – Teine argument – Kolmas argument – Esimene argument b) Kolmas osa – Esimene argument – Teine argument c) Neljas osa d) Esimene osa 3. Kolmas väide, mille kohaselt ei ole ilmselgelt esitatud tõendeid kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse kohta, mille eesmärk oli piirata Prantsusmaal E.ON-i poolt MEGAL-i torujuhtme kaudu edastatava gaasi kasutamist a) Esimene osa b) Teine osa c) Kolmas osa 4. Neljas väide, mille kohaselt on EÜ artikli 81 kohaldamisel tehtud faktivigu ja rikutud õigusnorme asjaomaste ettevõtjate vahelise kokkuleppe ja/või kooskõlastatud tegevuse olemasolu osas pärast 2004. aasta augustit a) Esimene osa – Esimene argument – Teine argument b) Teine osa c) Kolmas osa B – Trahvi tühistamise või vähendamise nõue 1. Trahvi tühistamise nõue 2. Trahvisumma vähendamise nõue a) Esimene väide, mille kohaselt ei ole Prantsuse gaasiturgu puudutavat väidetavat rikkumist õiguslikult piisavalt tõendatud ning vaidlustatud otsust ei ole selles osas põhjendatud b) Teine väide, mille kohaselt on rikkumise kestust valesti hinnatud c) Kolmas väide, mille kohaselt on rikkumise raskust valesti hinnatud d) Neljas väide, mille kohaselt hinnati valesti vajadust kohaldada 15% lisasummat e) Viies väide, mille kohaselt on kergendavaid asjaolusid valesti hinnatud f) Hageja lõpliku trahvisumma kindlaksmääramine Kohtukulud ( *1 ) Kohtumenetluse keel: prantsuse. ( ) Konfidentsiaalsed andmed on kustutatud

62018CJ0380

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 6(1)(e) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) ( UL 2016, L 77, str. 1 ; v nadaljevanju: Zakonik o schengenskih mejah). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (državni sekretar za pravosodje in varnost, Nizozemska, v nadaljevanju: državni sekretar) in E. P. v zvezi z zakonitostjo odločbe, s katero se je E. P. odredilo, da mora zapustiti ozemlje Evropske unije. Pravni okvir Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma Člen 5(1) Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, podpisane 19. junija 1990 v Schengenu (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 2, str. 9, v nadaljevanju: Konvencija o izvajanju schengenskega sporazuma), je določal: „Za bivanje, ki ni daljše od treh mesecev, se lahko dovoli vstop na ozemlje pogodbenic tujcu, ki izpolnjuje naslednje pogoje: (a) ima veljavno listino ali listine za prehod meje, ki jih opredeli Izvršni odbor; […] (c) na zahtevo pokaže dokumente, ki pojasnjujejo namen in pogoje nameravanega bivanja, in ima zadostna sredstva za preživljanje […] ali ima možnost zakonito pridobiti taka sredstva; (d) ni oseba, za katero je razpisan ukrep zavrnitve vstopa; (e) ne pomeni nevarnosti za javni red, nacionalno varnost ali mednarodne odnose katere koli pogodbenice.“ Člen 20(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 610/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 ( UL 2013, L 182, str. 1 ), določa: „Tujci, za katere se ne zahteva vizum, se lahko prosto gibljejo na ozemljih pogodbenic največ 90 dni v katerem koli 180‑dnevnem obdobju, če izpolnjujejo pogoje za vstop iz člena 5(1)(a), (c), (d) in (e).“ Direktiva 2004/38/ES Člen 27(2) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46), določa: „Ukrepi, sprejeti zaradi javnega reda ali javne varnosti, so v skladu z načelom sorazmernosti in temeljijo izključno na osebnem obnašanju zadevnega posameznika. Predhodne kazenske obsodbe same po sebi še ne predstavljajo razlogov za sprejetje takšnih ukrepov. Osebno obnašanje zadevnega posameznika mora predstavljati resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe. Utemeljitve, ki niso neposredno povezane s podrobnostmi posameznega primera ali ki se nanašajo na splošno preventivo, niso dovoljene.“ Uredba (ES) št. 1987/2006 Člen 24(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) ( UL 2006, L 381, str. 4 ) določa: „1.   Podatki o državljanih tretjih držav, za katere je bil izdan razpis ukrepa za zavrnitev vstopa ali prepovedi prebivanja, se vnesejo na podlagi nacionalnega razpisa, ki temelji na odločitvi pristojnih upravnih organov ali sodišč v skladu s poslovnikom, ki je določen v okviru nacionalne zakonodaje. Ta odločitev se lahko sprejme samo na podlagi individualne ocene. Postopek za pritožbo zoper tako odločitev se izvede v skladu z nacionalno zakonodajo. 2.   Razpis ukrepa se vnese, kadar odločitev iz odstavka 1 temelji na nevarnosti za javni red in varnost ali za nacionalno varnost, ki jo predstavlja prisotnost državljana tretje države na ozemlju države članice. To je zlasti mogoče: (a) pri državljanu tretje države, ki je bil v državi članici obsojen za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen odvzema prostosti najmanj eno leto; (b) pri državljanu tretje države, za katerega se utemeljeno sumi, da je storil huda kazniva dejanja ali zoper katerega obstajajo konkretni dokazi, da načrtuje taka dejanja na ozemlju države članice.“ Direktiva 2008/115/ES Člen 3 Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ( UL 2008, L 348, str. 98 ) določa: „Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: […] 2. ‚nezakonito prebivanje‘ pomeni prisotnost državljana tretje države na ozemlju države članice, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za vstop iz člena 5 [Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) ( UL 2006, L 105, str. 1 )] ali drugih pogojev za vstop, bivanje ali stalno prebivališče v tej državi članici; […]“ Člen 6(1) te direktive določa: „Brez poseganja v izjeme iz odstavkov 2 do 5 države članice izdajo odločbo o vrnitvi vsakemu državljanu tretje države, ki nezakonito prebiva na njihovem ozemlju.“ Vizumski zakonik Člen 21(1) Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) ( UL 2009, L 243, str. 1 , v nadaljevanju: Vizumski zakonik) določa: „Pri obravnavi vloge za enotni vizum se preveri, ali prosilec izpolnjuje pogoje za vstop iz člena 5(1)(a), (c), (d) in (e) [Uredbe št. 562/2006], še posebej pa je treba preveriti, ali prosilec predstavlja tveganje nezakonitega priseljevanja ali tveganje za varnost držav članic in ali namerava prosilec zapustiti ozemlje držav članic pred datumom izteka zaprošenega vizuma.“ Zakonik o schengenskih mejah V uvodnih izjavah 6 in 27 zakonika o schengenskih mejah je navedeno: „(6) Nadzor meje ni samo v interesu države članice, na katere zunanjih mejah se opravlja, temveč tudi v interesu vseh držav članic, ki so odpravile nadzor meje na svojih notranjih mejah. Nadzor meje bi moral pomagati v boju proti nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi in preprečiti katero koli grožnjo notranji varnosti, javnemu redu, javnemu zdravju in mednarodnim odnosom držav članic. […] (27) V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije je treba odstopanje od temeljnega načela prostega gibanja oseb razlagati ozko, pojem javnega reda pa predvideva obstoj resnične, sedanje in dovolj resne grožnje, ki vpliva na enega od temeljnih interesov družbe.“ Člen 2 tega zakonika določa: „V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: […] 5. ‚osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije‘, pomenijo: (a) državljane Unije v smislu člena 20(1) PDEU in državljane tretjih držav, ki so družinski člani državljana Unije in uveljavljajo svojo pravico do prostega gibanja, za katere se uporablja Direktiva [2004/38]; (b) državljane tretjih držav in njihove družinske člane ne glede na njihovo državljanstvo, ki imajo v skladu s pogodbami med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov Unije; […]“ Člen 6(1) navedenega zakonika določa: „Za načrtovano bivanje na ozemlju držav članic, ki ni daljše od 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem 180-dnevnem obdobju, veljajo za državljane tretjih držav naslednji pogoji za vstop: […] (d) ne gre za osebe, za katere je bil v [schengenskem informacijskem sistemu (SIS)] razpisan ukrep zavrnitve vstopa; (e) ne predstavljajo grožnje javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom katere koli države članice, zlasti če v nacionalni zbirki podatkov držav članic na isti podlagi ni bil razpisan noben ukrep zavrnitve vstopa.“ Člen 8(2), tretji pododstavek, navedenega zakonika določa: „Vendar pa lahko mejni policisti pri opravljanju temeljne mejne kontrole pri osebah, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije, naključno preverjajo v nacionalnih in evropskih zbirkah podatkov, da se prepričajo, da oseba ne predstavlja resnične, sedanje in dovolj resne grožnje notranje varnosti, javnemu redu, mednarodnim odnosom držav članic ali grožnjo javnemu zdravju.“ Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje E. P., državljan tretje države, je bil med tem, ko je bil na Nizozemskem z namenom kratkoročnega bivanja, za katero ni potreben vizum, osumljen kršitve nizozemske kazenske zakonodaje o prepovedanih drogah. Državni sekretar je z odločbo z dne 19. maja 2016 E. P. odredil, da mora zapustiti ozemlje Unije iz razloga, da ne izpolnjuje več pogoja iz člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah, ker pomeni grožnjo javnemu redu. E. P. je zoper to odločbo vložil tožbo na rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (sodišče v Haagu, ki zaseda v Amsterdamu, Nizozemska). To sodišče je s sodbo z dne 13. septembra 2016 tožbi ugodilo in odločbo državnega sekretarja odpravilo. Državni sekretar je zoper to sodbo vložil pritožbo. Predložitveno sodišče se zlasti glede na naravo odločbe, sprejete zoper E. P., zapletenost presoje, ki jo je moral opraviti državni sekretar pri sprejetju take odločbe, in okoliščine, da se je E. P. na dan, ko je bila ta odločba sprejeta, nahajal na ozemlju države članice, sprašuje, ali je treba za ugotovitev grožnje javnemu redu v smislu člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah dokazati, daosebno obnašanje E. P. pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe. Meni, da sodna praksa Sodišča, ki izhaja iz sodb z dne 19. decembra 2013, Koushkaki ( C‑84/12 , EU:C:2013:862 ), z dne 11. junija 2015, Zh. in O. ( C‑554/13 , EU:C:2015:377 ), z dne 24. junija 2015, T. ( C‑373/13 , EU:C:2015:413 ), z dne 15. februarja 2016, N. ( C‑601/15 PPU , EU:C:2016:84 ), in z dne 4. aprila 2017, Fahimian ( C‑544/15 , EU:C:2017:255 ), ne daje nedvoumnega odgovora na to vprašanje. V teh okoliščinah je Raad van State (državni svet, Nizozemska) prekinil odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložil ti vprašanji: „1. Ali je treba člen 6(1), točka (e), [Zakonika o schengenskih mejah] razlagati tako, da je treba pri ugotovitvi, da se je zakonito prebivanje največ 90 dni znotraj obdobja 180 dni končalo, ker se tujega državljana obravnava kot grožnjo za javni red, obrazložiti s tem, da osebno ravnanje zadevnega tujega državljana pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za temeljne interese družbe? 2. Če je treba na prvo vprašanje odgovoriti nikalno, katere zahteve morajo potem v skladu s členom 6(1), točka (e), [Zakonika o schengenskih mejah] veljati za obrazložitev, da se tujega državljana obravnava kot grožnjo za javni red? Ali je treba člen 6(1), točka (e), [Zakonika o schengenskih mejah] razlagati tako, da nasprotuje nacionalni praksi, v skladu s katero se tujega državljana obravnava kot grožnjo za javni red izključno na podlagi dejstva, da je bilo ugotovljeno, da je zadevni tuji državljan osumljen storitve kaznivega dejanja?“ Vprašanji za predhodno odločanje Predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah razlagati tako, da nasprotuje nacionalni praksi, v skladu s katero lahko pristojni organi sprejmejo odločbo o vrnitvi državljana tretje države, za katerega ne velja obveznost vizuma in se nahaja na ozemlju držav članic z namenom kratkoročnega bivanja, iz razloga, da pomeni grožnjo javnemu redu, ker je osumljen storitve kaznivega dejanja. Iz člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah je razvidno, da je med pogoji za vstop na ozemlje držav članic z namenom kratkoročnega bivanja zahteva, da oseba ne pomeni grožnje javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali mednarodnim odnosom katere koli države članice. Čeprav je v tej določbi ta zahteva določena kot pogoj za vstop na ozemlje držav članic, je treba ugotoviti, da po vstopu na to ozemlje zakonitost bivanja na tem ozemlju ostaja ravno tako pogojena z izpolnjevanjem navedene zahteve. Namreč, na eni strani člen 20(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma določa, da se lahko državljani tretjih držav, za katere se ne zahteva vizum, prosto gibljejo na ozemlju držav članic v obdobju, ki ga določa ta določba, če ti državljani tretjih držav izpolnjujejo pogoje za vstop iz člena 5(1)(a), (c), (d) in (e) te konvencije. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je člen 6(1) Zakonika o schengenskih mejah nadomestil člen 5(1) Uredbe št. 562/2006, ki je nadomestil člen 5(1) Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma. Tako je treba člen 20(1) te konvencije razumeti tako, da se zdaj sklicuje na člen 6(1) Zakonika o schengenskih mejah. Na drugi strani iz člena 3, točka 2, Direktive 2008/115 izhaja, da državljan tretje države, ki se nahaja na ozemlju države članice in ne izpolnjuje pogojev za vstop iz člena 5 Uredbe št. 562/2006, ki je zdaj nadomeščen s členom 6 Zakonika o schengenskih mejah, ali drugih pogojev za vstop, bivanje ali stalno prebivališče, na tem ozemlju iz tega razloga prebiva nezakonito (glej v tem smislu sodbo z dne 7. junija 2016, Affum, C‑47/15 , EU:C:2016:408 , točka ). Glede na to, da člen 6(1) te direktive določa, da države članice načeloma izdajo odločbo o vrnitvi vsakemu državljanu tretje države, ki nezakonito prebiva na njihovem ozemlju, je treba v teh okoliščinah šteti, da lahko država članica sprejme tako odločbo glede državljana tretje države, za katerega ne velja obveznost vizuma in se nahaja na ozemlju držav članic z namenom kratkoročnega bivanja, kadar ta pomeni grožnjo javnemu redu v smislu člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah. V zvezi s tem je treba za opredelitev obsega pojma „grožnja javnemu redu“ iz zadnjenavedene določbe opozoriti, da iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da je za državljana Unije, ki je izkoristil svojo pravico do prostega gibanja, in za nekatere člane njegove družine mogoče šteti, da predstavljajo grožnjo javnemu redu, le če njihovo individualno ravnanje pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe zadevne države članice (glej v tem smislu sodbi z dne 29. aprila 2004, Orfanopoulos in Oliveri, C‑482/01 in C‑493/01 , EU:C:2004:262 , točki in , in z dne 10. julija 2008, Jipa, C‑33/07 , EU:C:2008:396 , točki in ). Pojem „grožnja javnemu redu“ se je nato na enak način razlagal v zvezi z več direktivami, ki urejajo položaj državljanov tretjih držav, ki niso člani družine državljana Unije (glej sodbe z dne 11. junija 2015, Zh. in O., C‑554/13 , EU:C:2015:377 , točka ; z dne 24. junija 2015, T., C‑373/13 , EU:C:2015:413 , točka , in z dne 15. februarja 2016, N., C‑601/15 PPU , EU:C:2016:84 , točka ). Vendar ni nujno, da se vsako sklicevanje zakonodajalca Unije na pojem „grožnja javnemu redu“ razume tako, da napotuje izključno na individualno ravnanje, ki pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe zadevne države članice. Tako je Sodišče glede sorodnega pojma „grožnja javni varnosti“ razsodilo, da je treba v okviru Direktive Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela ( UL 2004, L 375, str. 12 ) ta pojem razlagati širše, kot se razlaga v sodni praksi, ki se nanaša na osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja, in da navedeni pojem lahko med drugim vključuje potencialne grožnje za javno varnost (glej v tem smislu sodbo z dne 4. aprila 2017, Fahimian, C‑544/15 , EU:C:2017:255 , točka ). Zato je treba za natančno opredelitev obsega pojma „grožnja javnemu redu“ v smislu člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah upoštevati besedilo te določbe, njeno sobesedilo in cilje zakonodaje, katere del je ta določba (glej v tem smislu sodbi z dne 24. junija 2015, T., C 373/13 , EU:C:2015:413 , točka , in z dne 4. aprila 2017, Fahimian, C 544/15 , EU:C:2017:255 , točka ). Prvič, glede besedila člena 6(1)(e) tega zakonika je treba opozoriti, da se s tem besedilom drugače kakor zlasti od besedila člena 27(2) Direktive 2004/38 ne zahteva izrecno, da mora ravnanje zadevne osebe pomeniti resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe, da bi bilo za to osebo mogoče šteti, da pomeni grožnjo javnemu redu. Drugič, to presojo podpira sobesedilo člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah. V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da je ta določba tudi tesno povezana z Vizumskim zakonikom, saj je treba v skladu s členom 21(1) tega zakonika izpolnjevanje pogoja za vstop, ki ga določa, preveriti pred izdajo enotnega vizuma. Zato mora biti široko polje proste presoje, ki ga je Sodišče priznalo pristojnim organom držav članic pri preverjanju, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo enotnega vizuma, glede na zapletenost takega preverjanja (glej v tem smislu sodbo z dne 19. decembra 2013, Koushkaki, C‑84/12 , EU:C:2013:862 , točke od 56 do 60) tem organom logično priznano tudi, kadar ti odločajo, ali državljan tretje države pomeni grožnjo javnemu redu v smislu člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah. Dalje, čeprav se uvodna izjava 27 in člen 8(2), tretji pododstavek, tega zakonika izrecno sklicujeta na položaj, v katerem oseba pomeni „resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo“ javnemu redu, se ta sklicevanja nanašajo samo na položaj oseb, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Unije v smislu člena 2, točka 5, navedenega zakonika. V teh okoliščinah bi zakonodajalec Unije, če bi uporabo člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah želel pogojevati z obstojem takega položaja, to določbo logično oblikoval enako kot člen 8(2), tretji pododstavek, tega zakonika. Nazadnje, člen 6(1)(d) Zakonika o schengenskih mejah določa, da je tudi zahteva, da ne gre za osebe, za katere je bil v SIS razpisan ukrep zavrnitve vstopa, pogoj za vstop na ozemlje držav članic z namenom kratkoročnega bivanja. Iz člena 24(2) Uredbe št. 1987/2006 pa izhaja, da se lahko za državljana tretje države, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje, za katero je zagrožena kazen odvzema prostosti najmanj eno leto ali za katerega se utemeljeno sumi, da je storil huda kazniva dejanja, zaradi zavrnitve vstopa v SIS objavi razpis ukrepa, ker ta oseba pomeni nevarnost za javni red in varnost. Iz tega sledi, da se torej pojem „nevarnost za javni red in varnost“ v smislu te določbe bistveno razlikuje od pojma iz točke 29 te sodbe (glej po analogiji sodbo z dne 31. januarja 2006, Komisija/Španija, C‑503/03 , EU:C:2006:74 , točka ). Če bi se v tem okviru štelo, da je pojem „grožnja javnemu redu“ v smislu člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah ožji od pojma, od katerega je odvisna uporaba člena 6(1)(d) tega zakonika, bi to povzročilo nedoslednost navedenega zakonika. Tretjič, glede ciljev Zakonika o schengenskih mejah je iz uvodne izjave 6 tega zakonika razvidno, da bi moral nadzor meje pomagati k preprečevanju „katere koli grožnje“ javnemu redu. Zato je očitno, da je na eni strani vzdrževanje javnega reda eden od ciljev navedenega zakonika in da je na drugi namen zakonodajalca Unije boriti se proti vsem grožnjam javnemu redu. Ob upoštevanju vseh teh ugotovitev člena 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah ni mogoče razlagati tako, da načeloma nasprotuje nacionalni praksi, na podlagi katere je sprejeta odločba o vrnitvi državljana tretje države, za katerega ne velja obveznost vizuma in se nahaja na ozemlju držav članic z namenom kratkoročnega bivanja, če je ta osumljen storitve kaznivega dejanja, ne da bi bilo dokazano, da njegovo ravnanje pomeni resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki prizadene osnovne interese družbe zadevne države članice. Pri tem pa mora biti taka nacionalna praksa v skladu z načelom sorazmernosti, ki je splošno načelo prava Unije, in zato zlasti ne sme presegati tega, kar je nujno za varovanje javnega reda (glej v tem smislu sodbe z dne 2. maja 2019, Lavorgna, C‑309/18 , EU:C:2019:350 , točka ; z dne 17. aprila 2018, Egenberger, C‑414/16 , EU:C:2018:257 , točka , in z dne 9. julija 2015, K in A, C‑153/14 , EU:C:2015:453 , točka ). Iz tega po eni strani izhaja, da mora biti kaznivo dejanje, katerega je osumljen državljan tretje države, dovolj resno glede na njegovo naravo in zagroženo kazen, da upraviči, da se prebivanje tega državljana na ozemlju držav članic nemudoma konča. Po drugi strani se pristojni organi ob neobstoju obsodbe lahko sklicujejo na grožnjo javnemu redu, le če obstajajo skladni, objektivni in natančni elementi, na podlagi katerih je podan sum, da je navedeni državljan storil tako kaznivo dejanje. Predložitveno sodišče mora preveriti, ali nacionalna praksa iz postopka v glavni stvari izpolnjuje te zahteve. Iz vsega navedenega izhaja, da je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 6(1)(e) Zakonika o schengenskih mejah razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni praksi, v skladu s katero lahko pristojni organi sprejmejo odločbo o vrnitvi državljana tretje države, za katerega ne velja obveznost vizuma in se nahaja na ozemlju držav članic z namenom kratkoročnega bivanja, iz razloga, da pomeni grožnjo javnemu redu, ker je osumljen storitve kaznivega dejanja, pod pogojem, da se ta praksa uporablja, le če, prvič, je to kaznivo dejanje dovolj resno glede na njegovo naravo in zagroženo kazen, da upraviči, da se prebivanje tega državljana na ozemlju držav članic nemudoma konča, in drugič, če ti organi razpolagajo s skladnimi, objektivnimi in natančnimi elementi, ki potrjujejo njihov sum, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Stroški Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo: Člen 6(1)(e) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni praksi, v skladu s katero lahko pristojni organi sprejmejo odločbo o vrnitvi državljana tretje države, za katerega ne velja obveznost vizuma in se nahaja na ozemlju držav članic z namenom kratkoročnega bivanja, iz razloga, da pomeni grožnjo javnemu redu, ker je osumljen storitve kaznivega dejanja, pod pogojem, da se ta praksa uporablja, le če, prvič, je to kaznivo dejanje dovolj resno glede na njegovo naravo in zagroženo kazen, da upraviči, da se prebivanje tega državljana na ozemlju držav članic nemudoma konča, in drugič, če ti organi razpolagajo s skladnimi, objektivnimi in natančnimi elementi, ki potrjujejo njihov sum, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: nizozemščina.

62019CJ0059

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 7, točka 2, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ( UL 2012, L 351, str. 1 ). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Wikingerhof GmbH & Co. KG, družbo nemškega prava, ki upravlja hotel v zvezni deželi Schleswig‑Holstein (Nemčija), in družbo nizozemskega prava Booking.com BV, ki ima sedež na Nizozemskem in upravlja platformo za rezervacijo nastanitev, zaradi nekaterih praks zadnjenavedene družbe, v zvezi s katerimi družba Wikingerhof trdi, da pomenijo zlorabo prevladujočega položaja. Pravni okvir V uvodnih izjavah 15, 16 in 34 Uredbe št. 1215/2012 je navedeno: „(15) Pravila o pristojnosti bi morala biti čim bolj predvidljiva in morajo temeljiti na načelu, da se pristojnost praviloma določa po stalnem prebivališču toženca. Pri tem bi morala taka pristojnost vedno obstajati, razen v nekaterih točno opredeljenih primerih, v katerih je zaradi predmeta spora ali avtonomije strank upravičena druga navezna okoliščina. Da bi postala skupna pravila preglednejša in da ne pride do kolizije pristojnosti, je treba stalno prebivališče pravne osebe opredeliti kot avtonomen koncept. (16) Poleg stalnega prebivališča toženca bi morala obstajati tudi alternativna podlaga pristojnosti, ki temelji na tesni povezavi med sodiščem in sporom, ali ki pripomore k pravilnemu delovanju pravosodja. Obstoj tesne povezave bi moral zagotoviti pravno varnost in preprečiti možnost, da bi bil toženec tožen pred sodiščem države članice, katerega pristojnosti razumno ni bilo mogoče predvideti. To je pomembno zlasti v sporih v zvezi z nepogodbenimi obveznostmi, ki izvirajo iz kršitev zasebnosti in osebnostnih pravic, vključno z obrekovanjem. […] (34) Zagotoviti bi bilo treba kontinuiteto med [Konvencijo z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ( UL 1972, L 299, str. 32 ), kakor je bila spremenjena z zaporednimi konvencijami o pristopu novih držav članic k tej konvenciji], Uredbo [Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42)] in to uredbo ter v ta namen predpisati prehodne določbe. To velja tudi za razlago [navedene] konvencije […] in uredb, ki so jo nadomestile, s strani Sodišča Evropske unije.“ Poglavje II Uredbe št. 1215/2012, naslovljeno „Pristojnost“, med drugim vsebuje oddelek 1 z naslovom „Splošne določbe“ in oddelek 2 z naslovom „Posebna pristojnost“. Člen 4(1) navedene uredbe, ki je v navedenem oddelku 1, določa: „Ob upoštevanju določb te uredbe so osebe s stalnim prebivališčem v državi članici ne glede na njihovo državljanstvo tožene pred sodišči te države članice.“ Člen 7 Uredbe št. 1215/2012, ki je uvrščen v oddelek 2 poglavja II te uredbe, določa: „Oseba s stalnim prebivališčem v državi članici je lahko tožena v drugi državi članici: […] 1. (a) v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji pred sodiščem v kraju izpolnitve zadevne obveznosti; […] 2. v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti pred sodišči v kraju, kjer je prišlo ali lahko pride do škodnega dogodka; […]“ Oddelek 7 poglavja 2 Uredbe št. 1215/2012, naslovljen „Dogovor o pristojnosti“, vsebuje člen 25(1), ki določa: „Če so se stranke, ne glede na njihovo stalno prebivališče, dogovorile, da mora biti za spore, ki so ali ki bodo mogoče nastali v zvezi z določenim pravnim razmerjem, pristojno določeno sodišče ali sodišča določene države članice, je pristojno to sodišče oz. so pristojna sodišča te države članice, razen če je po pravu navedene države članice materialna veljavnost dogovora nična. […]“ Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje Družba Wikingerhof je marca 2009 z družbo Booking.com sklenila tipsko pogodbo, ki ji jo je ta predložila in v kateri je med drugim določeno: „Splošni pogoji poslovanja Hotel izjavlja, da je od družbe Booking.com prejel izvod različice 0208 splošnih pogojev poslovanja. Ti so dostopni na spletni strani Booking.com […] Hotel potrjuje, da je prebral in razumel pogoje ter z njimi soglaša. Pogoji so sestavni del te pogodbe […]“ Družba Booking.com je nato večkrat spremenila splošne pogoje, ki so bili dostopni na Extranetu te družbe, ki je sistem, s katerim je mogoče posodobiti podatke o hotelu in dostopati do podatkov o rezervacijah. Družba Wikingerhof je pisno nasprotovala vključitvi nove različice splošnih pogojev, ki jih je družba Booking.com 25. junija 2015 sporočila svojim pogodbenim partnerjem, v pogodbo, ki jo je sklenila z navedeno družbo. Menila je, da ni imela druge možnosti, kot da sklene navedeno pogodbo, zaradi moči, ki jo ima družba Booking.com na trgu posredniških storitev in portalov rezervacij nastanitve, čeprav so nekatere prakse družbe Booking.com nepoštene in torej v nasprotju s konkurenčnim pravom. Družba Wikingerhof je pri Landgericht Kiel (deželno sodišče v Kielu, Nemčija) vložila tožbo, s katero je predlagala, naj se družbi Booking.com prepove, da ob ceni, ki jo je navedla družba Wikingerhof, brez njene privolitve doda navedbo „ugodnejša cena“ ali „znižana cena“ na platformi rezervacij, da ji odvzame dostop do kontaktnih podatkov, ki jih zagotavljajo njeni pogodbeni partnerji na tej platformi, in nazadnje, da kadar so podane iskalne poizvedbe, razvrstitev hotela, ki ga upravlja družba Wikingerhof, pogojuje s plačilom provizije, ki presega 15 %. Družba Booking.com se je sklicevala na krajevno in mednarodno nepristojnost Landgericht Kiel (deželno sodišče v Kielu), ker v pogodbi, sklenjeni z družbo Wikingerhof, obstaja dogovor o pristojnosti, v skladu s katerim so za odločanje o sporih, ki izhajajo iz te pogodbe, krajevno pristojna sodišča v Amsterdamu (Nizozemska). Landgericht Kiel (deželno sodišče v Kielu) je razsodilo, da o tožbi družbe Wikingerhof ne more odločati zaradi neobstoja krajevne in mednarodne pristojnosti. Ta sodba je bila v pritožbenem postopku potrjena s sodbo Oberlandesgericht Schleswig (višje deželno sodišče v Schleswigu, Nemčija), v skladu s katero v obravnavanem primeru ni bila ugotovljena niti pristojnost sodišča kraja izpolnitve pogodbene obveznosti na podlagi člena 7, točka 1, Uredbe št. 1215/2012 niti pristojnost sodišča kraja škodnega dogodka v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti na podlagi člena 7, točka 2, te uredbe. Družba Wikingerhof je zoper to sodbo vložila revizijo pri Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija). To sodišče poudarja, da se vprašanje morebitnega vpliva dogovora o pristojnosti, na katerega se sklicuje družba Booking.com, na pristojnost nemških sodišč, na katera se je obrnila družba Wikingerhof, ne postavlja, ker ta dogovor ni bil veljavno sklenjen v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz člena 25 Uredbe št. 1215/2012. V obravnavani zadevi je revizija obrazložena s tem, da je pritožbeno sodišče storilo napako, ker je menilo, da tožba, o kateri odloča, ne spada v njegovo pristojnost za zadeve v zvezi z delikti ali kvazidelikti v smislu člena 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012. Predložitveno sodišče, ki se sklicuje na sodbo z dne 5. julija 2018, flyLAL‑Lithuanian Airlines ( C‑27/17 , EU:C:2018:533 ), meni, da tožba spada med zadeve v zvezi z delikti ali kvazidelikti v smislu člena 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012, če je njen predmet uveljavljanje civilne odgovornosti ali izdaja odredb o prepovedi, ki temeljijo na tem, da sporna ravnanja pomenijo zlorabo prevladujočega položaja. Taka zloraba prevladujočega položaja bi lahko izhajala iz pogojevanja sklenitve pogodbe s sprejetjem nepoštenih pogojev trgovanja. Navedeno sodišče meni, da postopek v glavni stvari spada med zadeve v zvezi z delikti ali kvazidelikti v smislu člena 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012, ker je družba Wikingerhof pogoje zadevne pogodbe, za katere meni, da so nepošteni, podpisala le zaradi prevladujočega položaja družbe Booking.com in se torej z njimi ni svobodno strinjala. Tako naj spor o glavni stvari ne bi zajemal le vprašanja razlage te pogodbe, temveč naj bi tudi sprožal vprašanje, ali je treba šteti, da določitev nekaterih pogodbenih pogojev s strani podjetja s prevladujočim položajem pomeni zlorabo in da je torej v nasprotju s pravili konkurenčnega prava. V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje: „Ali je treba člen 7, točka 2, [Uredbe št. 1215/2012] razlagati tako, da je za tožbo za prenehanje določenih ravnanj podana pristojnost po kraju delikta, če je mogoče, da je očitano ravnanje v skladu s pogodbenimi določbami dopustno, vendar tožeča stranka zatrjuje, da te določbe temeljijo na zlorabi prevladujočega položaja tožene stranke na trgu?“ Vprašanje za predhodno odločanje Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012 razlagati tako, da se uporablja za tožbo, s katero se zahteva prenehanje nekaterih ravnanj, ki se izvajajo v okviru pogodbenega razmerja med tožečo in toženo stranko, pri čemer ta tožba temelji na trditvi o zlorabi prevladujočega zadnjenavedene stranke, ki pomeni kršitev konkurenčnega prava. Najprej je treba opozoriti, da Uredba št. 1215/2012 v skladu z njeno uvodno izjavo 34 razveljavlja in nadomešča Uredbo št. 44/2001, s katero je bila nadomeščena Konvencija z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, kakor je bila spremenjena s poznejšimi konvencijami o pristopu novih držav članic k tej konvenciji. Zato razlaga, ki jo je Sodišče podalo v zvezi z določbami zadnjenavedenih pravnih instrumentov, velja tudi za določbe Uredbe št. 1215/2012, kadar je te določbe mogoče opredeliti kot „enakovredne“. To velja za člen 5, točka 3, te konvencije in Uredbe št. 44/2001 na eni strani ter člen 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012 na drugi (glej v tem smislu sodbo z dne 9. julija 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19 , EU:C:2020:534 , točka ). Medtem ko člen 4(1) Uredbe št. 1215/2012 določa splošno pristojnost sodišč države članice tožene stranke, člen 7, točka 1, in člen 7, točka 2, te uredbe določata posebno pristojnost v zadevah v zvezi s pogodbenimi razmerji ter v zadevah v zvezi z delikti ali kvazidelikti, kar tožeči stranki omogoča, da tožbo vloži pri sodiščih drugih držav članic. Tako člen 7, točka 1, navedene uredbe za tožbe iz prve kategorije tožeči stranki omogoča, da tožbo vloži pri sodišču v kraju izpolnitve zadevne obveznosti, medtem ko člen 7, točka 2, iste uredbe za tožbe iz druge kategorije določa, da se lahko vložijo pri sodišču kraja, kjer je prišlo ali lahko pride do škodnega dogodka. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča pojem „zadeve v zvezi z delikti ali kvazidelikti“ v smislu člena 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012 zajema vsak zahtevek, ki se nanaša na uveljavljanje odgovornosti tožene stranke in ki se ne navezuje na zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji v smislu člena 7, točka 1(a), te uredbe (glej v tem smislu sodbi z dne 27. septembra 1988, Kalfelis, 189/87 , EU:C:1988:459 , točka , in z dne 12. septembra 2018, Löber, C‑304/17 , EU:C:2018:701 , točka ), torej ki ne temelji na pravni obveznosti, ki jo je ena oseba v razmerju do druge prostovoljno sprejela (sodba z dne 20. januarja 2005, Engler, C‑27/02 , EU:C:2005:33 , točka ). V obravnavanem primeru je dodelitev pristojnosti za odločanje o zadevi v glavni stvari sodišču, pri katerem je družba Wikingerhof sprožila postopek, odvisna prav od razlikovanja med zadevami v zvezi z delikti ali kvazidelikti v smislu člena 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012 na eni strani in zadevami v zvezi s pogodbenimi razmerji v smislu člena 7, točka 1(a), te uredbe na drugi. Iz predložitvene odločbe je namreč razvidno, da če bi zahtevek družbe Wikingerhof spadal med zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji in bi ga zato bilo mogoče vložiti v kraju, kjer je bila obveznost, ki je podlaga za ta zahtevek, izpolnjena ali bi morala biti izpolnjena, sodišče, ki mu je bila zadeva predložena, ne bi bilo pristojno za odločanje o njem. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba pravili o posebni pristojnosti iz navedenih določb razlagati avtonomno, ob upoštevanju sistema in ciljev Uredbe št. 1215/2012, da se zagotovi njena enotna uporaba v vseh državah članicah (glej v tem smislu sodbe z dne 27. septembra 1988, Kalfelis, 189/87 , EU:C:1988:459 , točka ; z dne 17. septembra 2002, Tacconi, C‑334/00 , EU:C:2002:499 , točka , in z dne 18. julija 2013, ÖFAB, C‑147/12 , EU:C:2013:490 , točka ). Ta zahteva, ki velja zlasti za razmejitev področij uporabe teh dveh pravil, pomeni, da pojmov „zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji“ in „zadeve v zvezi z delikti ali kvazidelikti“ ni mogoče razumeti tako, da napotujejo na opredelitev, ki jo ima pravno razmerje, obravnavano pred nacionalnim sodiščem, v skladu z upoštevnim nacionalnim pravom (glej v tem smislu sodbo z dne 13. marca 2014, Brogsitter, C‑548/12 , EU:C:2014:148 , točka ). Glede, prvič, sistema Uredbe št. 1215/2012 je treba navesti, da ta temelji na splošnem pravilu o pristojnosti sodišč države članice stalnega prebivališča tožene stranke, medtem ko pravila o posebni pristojnosti, določena zlasti v njenem členu 7, pomenijo odstopanje od tega splošnega pravila in jih je treba razlagati ozko (glej v tem smislu sodbo z dne 27. septembra 1988, Kalfelis, 189/87 , EU:C:1988:459 , točka ), pri uporabi te uredbe pa se medsebojno izključujejo. Hkrati, kot je generalni pravobranilec v bistvu navedel v točki 87 sklepnih predlogov, je za navedeni sistem značilna možnost, ki jo daje tožeči stranki, da se sklicuje na eno od pravil o posebni pristojnosti iz navedene uredbe. Drugič, glede ciljev Uredbe št. 1215/2012 je iz uvodne izjave 16 te uredbe razvidno, da so bila pravila o posebni pristojnosti, na katera se lahko tožeča stranka sklicuje na podlagi člena 7, točka 1, navedene uredbe na eni strani in njenega člena 7, točka 2, na drugi, uvedena ob upoštevanju obstoja posebno tesne povezave med zahtevkom in sodiščem, ki je lahko pozvano k odločanju, na področjih, na katera se te določbe nanašajo, ali za prispevanje k pravilnemu delovanju pravosodja (glej v tem smislu sodbo z dne 4. oktobra 2018, Feniks, C‑337/17 , EU:C:2018:805 , točka ). Ugotoviti je torej treba, da je uporaba člena 7, točka 1, Uredbe št. 1215/2012 ali njenega člena 7, točka 2, na eni strani odvisna od izbire tožeče stranke, da se sklicuje na katero od teh pravil o posebni pristojnosti ali ne, in po drugi strani od preizkusa posebnih pogojev, določenih v teh določbah, ki ga opravi sodišče, pred katerim poteka postopek. V zvezi s tem mora sodišče, pred katerim poteka postopek, kadar se tožeča stranka sklicuje na eno od navedenih pravil, preveriti, ali so zahtevki tožeče stranke, ne glede na njihovo opredelitev v nacionalnem pravu, pogodbene narave ali, nasprotno, deliktne ali kvazideliktne narave v smislu navedene uredbe. Natančneje, kot je generalni pravobranilec navedel v točki 90 sklepnih predlogov, mora sodišče, pred katerim poteka postopek, zahtevek ene od pogodbenih strank povezati z zadevami v zvezi s pogodbenimi razmerji v smislu člena 7, točka 1, Uredbe št. 1215/2012 ali z zadevami v zvezi z delikti v smislu člena 7, točka 2, te uredbe, glede na obveznost, bodisi pogodbeno bodisi deliktno ali kvazideliktno, ki je pravni temelj zahtevka (glej v tem smislu sodbo z dne 13. marca 2014, Brogsitter, C‑548/12 , EU:C:2014:148 , točka ). Tako gre pri tožbi za zadevo v zvezi s pogodbenimi razmerji v smislu člena 7, točka 1(a), Uredbe št. 1215/2012, če je očitno, da je razlaga pogodbe, ki toženo stranko povezuje s tožečo, nujna, da se ugotovi, ali je ravnanje, ki ga druga očita prvi, zakonito ali nezakonito (glej v tem smislu sodbo z dne 13. marca 2014, Brogsitter, C‑548/12 , EU:C:2014:148 , točka ). To zlasti velja za tožbo, ki temelji na določbah pogodbe ali pravnih pravilih, ki se uporabljajo na podlagi te pogodbe (glej v tem smislu sodbi z dne 10. septembra 2015, Holterman Ferho Exploitatie in drugi, C‑47/14 , EU:C:2015:574 , točka , in z dne 15. junija 2017, Kareda, C‑249/16 , EU:C:2017:472 , točke od 30 do 33). Kadar pa se tožeča stranka v tožbi sklicuje na pravila o deliktni ali kvazideliktni odgovornosti, in sicer na kršitev zakonsko določene obveznosti, in če se ne zdi nujno preučiti vsebino pogodbe, sklenjene s toženo stranko, da bi se presodilo o zakonitosti ali nezakonitosti ravnanja, ki se očita toženi stranki, ker je ta obveznost naložena toženi stranki neodvisno od te pogodbe, pravni temelj tožbe spada med zadeve v zvezi z delikti ali kvazidelikti v smislu člena 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012. V obravnavanem primeru se družba Wikingerhof v tožbi sklicuje na kršitev nemškega konkurenčnega prava, ki določa splošno prepoved zlorabe prevladujočega položaja, ki ni odvisna od kakršne koli pogodbe ali druge prostovoljne zaveze. Konkretno meni, da zaradi položaja moči družbe Booking.com na upoštevnem trgu ni imela druge možnosti, kot da sklene zadevno pogodbo in trpi posledice poznejših sprememb splošnih pogojev te družbe, čeprav so nekatere prakse te družbe nepoštene. Tako je osrednje pravno vprašanje v postopku v glavni stvari to, ali je družba Booking.com zlorabila prevladujoči položaj v smislu navedenega konkurenčnega prava. Kot pa je generalni pravobranilec navedel v točkah 122 in 123 sklepnih predlogov, za ugotovitev zakonitosti ali nezakonitosti praks, očitanih družbi Booking.com, glede na to pravo, ni nujno treba razlagati pogodbe, ki zavezuje stranki v postopku v glavni stvari, saj je taka razlaga potrebna kvečjemu za ugotovitev resničnosti navedenih praks. Ugotoviti je torej treba, da tožba družbe Wikingerhof, ki temelji na zakonski obveznosti vzdržati se vsakršne zlorabe prevladujočega položaja, spada med zadeve v zvezi z delikti ali kvazidelikti v smislu člena 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče. Ta razlaga je v skladu s ciljema bližine in učinkovitega izvajanja sodne oblasti, ki jima sledi ta uredba in na katera se nanaša uvodna izjava 16 te uredbe ter na katera je opozorjeno v točki 28 te sodbe. Sodišče, ki je pristojno na podlagi člena 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012, to je, v okoliščinah obravnavanega primera, sodišče trga, na katerega vpliva zatrjevano protikonkurenčno ravnanje, je najprimernejše za odločanje o vprašanju utemeljenosti tega zatrjevanja, in sicer zlasti z vidika zbiranja in ocenjevanja dokazov, ki so v zvezi s tem upoštevni (glej po analogiji sodbi z dne 29. julija 2019, Tibor‑Trans, C‑451/18 , EU:C:2019:635 , točka , in z dne 9. julija 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19 , EU:C:2020:534 , točka ). Glede na vse zgornje navedbe je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 7, točka 2, Uredbe št. 1215/2012 razlagati tako, da se uporablja za tožbo, s katero se zahteva prenehanje nekaterih ravnanj, ki se izvajajo v okviru pogodbenega razmerja med tožečo in toženo stranko, pri čemer ta tožba temelji na trditvi o zlorabi prevladujočega položaja zadnjenavedene stranke, ki pomeni kršitev konkurenčnega prava. Stroški Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo: Člen 7, točka 2, Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je treba razlagati tako, da se uporablja za tožbo, s katero se zahteva prenehanje nekaterih ravnanj, ki se izvajajo v okviru pogodbenega razmerja med tožečo in toženo stranko, pri čemer ta tožba temelji na trditvi o zlorabi prevladujočega položaja zadnjenavedene stranke, ki pomeni kršitev konkurenčnega prava. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: nemščina.

62014CJ0442

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 14 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( EGT L 230 , 1991, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 20, s. 236), av artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden ( EGT L 123, 1998, s. 1 ), av artiklarna 59 och 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG ( EUT L 309, 2009, s. 1 ) och av artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG ( EUT L 41, 2003, s. 26 ). Begäran har framställts i ett mål mellan Bayer CropScience BV (nedan kallat Bayer) och Stichting De Bijenstichting (Bijenstichting), å ena sidan, och College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (myndighet som ansvarar för godkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter, nedan kallad CTB), å andra sidan. Målet avser beslutet av den 18 mars 2013 genom vilket CTB i huvudsak delvis biföll Bijenstichtings ansökan om utlämnande av handlingar som Bayer ingett i samband med förfarandena för godkännande av vissa växtskyddsmedel och biocidprodukter för utsläppande på den nederländska marknaden, vilka innehåller det verksamma ämnet imidakloprid. Tillämpliga bestämmelser Internationell rätt Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPs‑avtalet) återfinns i bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO), som ingicks den 15 april 1994 i Marrakech och godkändes genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående på gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) ( EGT L 1994, s. 336 ; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3). I artikel 39.3 i detta avtal föreskrivs följande: ”Om en medlem som villkor för att godkänna marknadsföring av läkemedel eller lantbrukskemiska produkter, i vilka det ingår nya kemiska enheter, kräver företeende av öppna testresultat eller andra uppgifter, vilkas framtagande innebär betydande arbete, skall den skydda sådana uppgifter mot otillbörlig kommersiell användning. Medlemmarna skall dessutom skydda sådana uppgifter mot att röjas, utom när detta är nödvändigt för att skydda allmänheten eller om åtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna är skyddade mot otillbörlig kommersiell användning.” Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 ( EUT L 124, 2005, s. 1 ) (nedan kallad Århuskonventionen). Artikel 4 i denna konvention har rubriken ”Tillgång till miljöinformation”. Där föreskrivs följande: ”1.   Om inte annat följer av övriga punkter i denna artikel skall varje part se till att myndigheter på begäran ger allmänheten tillgång till miljöinformation inom ramen för den nationella lagstiftningen … … 4.   En begäran om miljöinformation får avslås om utlämnandet skulle få negativa följder för följande: … d) Sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information, där sådan sekretess skyddas i lag i syfte att skydda legitima ekonomiska intressen. Denna punkt skall inte hindra utlämnande av information om utsläpp som är av betydelse i miljöskyddshänseende. … Ovannämnda grunder för avslag skall tolkas restriktivt, varvid hänsyn skall tas till allmänhetens intresse av att informationen lämnas ut och huruvida informationen gäller utsläpp i miljön. …” Unionsrätt Bestämmelser om godkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter för utsläppande på marknaden (produktgodkännande) I artikel 2.2 i direktiv 91/414 definieras begreppet ”Resthalter av växtskyddsmedel” enligt följande: ”Ett eller flera ämnen som på grund av att ett växtskyddsmedel har använts förekommer i eller på växter, produkter som härrör från växter, ätbara animaliska produkter eller i miljön i övrigt, inklusive deras metaboliter och produkter som härrör från deras nedbrytning eller reaktion.” I artikel 14 i detta direktiv föreskrivs följande: ”Utan att det påverkar tillämpningen av [direktiv 2003/4], skall medlemsstaterna och kommissionen se till att uppgifter om företagshemligheter som har lämnats av en sökande behandlas som konfidentiella, om det begärs av den som ansöker om att få ett verksamt ämne upptaget i bilaga 1 eller ett växtskyddsmedel godkänt, samt om medlemsstaten eller kommissionen godtar sökandens skäl för sin begäran. …” I artikel 2.1 g i direktiv 98/8 har begreppet ”resthalter” definierats på följande sätt: ”Ett eller flera av de i biocidprodukten ingående ämnena som finns kvar efter dennes användning, inbegripet ämnenas metaboliter och produkter som härrör från deras nedbrytning eller reaktion.” I artikel 19, med rubriken ”Hemliga uppgifter”, i samma direktiv föreskrivs följande: ”1.   Om inte annat föreskrivs i [direktiv 2003/4] får sökanden meddela den behöriga myndigheten om vilka uppgifter sökanden anser vara kommersiellt känsliga och vilkas utlämnande skulle kunna orsaka driftsmässig eller kommersiell skada och som han därför önskar hemlighålla för alla andra än de behöriga myndigheterna och kommissionen. En fullständig motivering krävs i varje fall ... . 2.   Den behöriga myndighet som har mottagit ansökan skall på grundval av underlag som sökanden tillhandahåller besluta vilka uppgifter som skall hållas hemlig[a] i enlighet med punkt 1. …” I artikel 3.1 i förordning nr 1107/2009 definieras begreppet ”resthalter” enligt följande: ”[E]tt eller flera ämnen som på grund av att ett växtskyddsmedel har använts förekommer i eller på växter eller växtprodukter, ätliga animaliska produkter, dricksvatten eller i miljön i övrigt, inklusive deras metaboliter och nedbrytnings- eller reaktionsprodukter. …” I artikel 33, med rubriken ”Ansökan om produktgodkännande eller ändring av ett produktgodkännande”, i samma förordning föreskrivs följande: ”1.   Den som önskar släppa ut ett växtskyddsmedel på marknaden ska personligen eller via en representant ansöka om produktgodkännande eller ändring av ett produktgodkännande i varje medlemsstat där växtskyddsmedlet ska släppas ut på marknaden. … 4.   I samband med att ansökan lämnas in får sökanden i enlighet med artikel 63 begära att viss information, inklusive vissa delar av dokumentationen, ska behandlas konfidentiellt och ska fysiskt avskilja den informationen. … Vid begäran om tillgång till information ska den medlemsstat som prövar ansökan besluta om vilken information som ska behandlas konfidentiellt. …” Artikel 63, med rubriken ”Konfidentialitet”, i förordningen har följande lydelse: ”1.   Den som begär att den information som lämnas i enlighet med denna förordning ska behandlas konfidentiellt ska lämna dokumentation, vars riktighet kan kontrolleras, som visar att ett röjande av uppgifterna kan skada hans affärsintressen ... . 2.   Röjande av följande information ska normalt anses skada skyddet för den berörda personens affärsintressen eller den enskildes privatliv och integritet: a) Framställningsmetoden. b) Specifikationen av det verksamma ämnets föroreningar, bortsett från föroreningar som anses vara toxikologiskt, ekotoxikologiskt eller miljömässigt relevanta. c) Resultat av tillverkningssatser av det verksamma ämnet inklusive föroreningar. d) Metoder för analys av föroreningar i det verksamma ämne som tillverkats bortsett från metoder för föroreningar som anses vara toxikologiskt, ekotoxikologiskt eller miljömässigt relevanta. e) Kopplingar mellan en tillverkare eller importör och den sökande eller den som innehar produktgodkännandet. f) Information om ett växtskyddsmedels samtliga beståndsdelar. g) Namn och adress till personer som medverkar i försök på ryggradsdjur. 3.   Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av direktiv [2003/4].” Bestämmelserna om tillgång till miljöinformation I skälen 1, 5, 9 och 16 i direktiv 2003/4 anges följande: ”(1) Ökad tillgång för allmänheten till miljöinformation och spridning av sådan information bidrar till en ökad medvetenhet om miljöfrågor, ett fritt meningsutbyte, ett aktivare deltagande från allmänhetens sida i beslut som rör miljön och slutligen till en bättre miljö. … (5) Den 25 juni 1998 undertecknade Europeiska gemenskapen [Århuskonventionen]. Bestämmelser i gemenskapslagstiftningen måste stämma överens med den konventionen för att Europeiska gemenskapen skall kunna ingå den. … (9) Det är även nödvändigt att offentliga myndigheter i så hög utsträckning som möjligt gör miljöinformation tillgänglig för, och sprider denna till, allmänheten, i synnerhet genom informations- och kommunikationsteknik ... . … (16) Rätten till information innebär att den allmänna regeln bör vara att informationen lämnas ut och att offentliga myndigheter bör ha rätt att avslå en begäran om miljöinformation endast i specifika och klart definierade fall. Skälen för avslag bör tolkas restriktivt, varvid allmänhetens intresse av att informationen lämnas ut bör vägas mot det intresse som betjänas av att begäran avslås ... .” I artikel 1 i detta direktiv föreskrivs följande: ”Syftena med detta direktiv är a) att garantera rätt till tillgång till sådan miljöinformation som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter och att ange de grundläggande förutsättningarna och villkoren samt förfaranden som i praktiken skall tillämpas för utövandet av denna rätt, och b) att såsom en självklarhet se till att miljöinformation successivt görs tillgänglig för, eller sprids till, allmänheten för att säkerställa största möjliga systematiska tillgång till och spridning av miljöinformation till allmänheten. I detta syfte skall i synnerhet telematik och/eller elektronik, när så är möjligt, främjas.” I artikel 2, med rubriken ”Definitioner”, i samma direktiv anges följande: ”I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 1. miljöinformation: all information i skriftlig form, bild- eller ljudform, elektronisk eller annan materiell form om a) tillståndet för olika delar av miljön, som luft och atmosfär, vatten, mark, land, landskap och naturområden, inbegripet våtmarker, kust- och havsområden, biologisk mångfald och dess delar, inklusive genetiskt modifierade organismer, och samspelet mellan dessa delar, b) faktorer som substanser, energi, buller, strålning eller avfall, inklusive radioaktivt avfall, utsläpp i luften, utsläpp i vattnet och andra utsläpp i miljön som påverkar eller troligtvis påverkar de delar av miljön som anges i a, …” Artikel 3 i samma direktiv har rubriken ”Tillgång till miljöinformation på begäran”. I artikel 3.1 anges följande: ”Medlemsstaterna skall säkerställa att offentliga myndigheter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv åläggs att tillhandahålla den sökande sådan miljöinformation som innehas av eller förvaras för dem utan att denne behöver ange skälen för sin begäran.” Artikel 4 i direktiv 2003/4 har rubriken ”Undantag”. I artikel 4.2 anges följande: ”Medlemsstaterna får föreskriva att begäran om miljöinformation skall avslås, om utlämnande av informationen skulle ha negativa följder för följande: … d) Sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information, där sådan sekretess föreskrivs i nationell lagstiftning eller gemenskapslagstiftning i syfte att skydda legitima ekonomiska intressen, inbegripet det allmänna intresset att behålla sekretess för insynskydd för statistiska uppgifter och skattesekretess. … De skäl till avslag som nämns i punkterna 1 och 2 skall tolkas restriktivt, varvid det i det särskilda fallet skall tas hänsyn till allmänhetens intresse av att informationen lämnas ut. I varje enskilt fall skall allmänhetens intresse av att informationen lämnas ut vägas mot det intresse som betjänas av att begäran avslås. Medlemsstaterna får inte med stöd av punkt 2 a, d, f, g och h föreskriva att en begäran kan avslås om den gäller uppgifter om utsläpp i miljön. …” Bestämmelser tillämpliga på industriutsläpp I artikel 2.3 och 2.5 i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar ( EGT L 257, 1996, s. 26 ) föreskrivs följande: ”I detta direktiv avses med … 3. anläggning : en fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I bedrivs, liksom all annan därmed förknippad verksamhet som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar. … 5. utsläpp : direkt eller indirekt utsläpp, från punktkällor eller diffusa källor inom anläggningen, av ämnen, vibrationer, värme eller buller till luft, vatten eller mark.” I artikel 3.3 och 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) ( EUT L 334, 2010, s. 17 ) föreskrivs följande: ”I detta direktiv gäller följande definitioner: … 3. anläggning : en fast, teknisk enhet inom vilken en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I eller i del 1 i bilaga VII bedrivs, liksom all annan därmed förknippad verksamhet på samma plats som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som anges i dessa bilagor och som kan påverka utsläpp och föroreningar. 4. utsläpp : direkt eller indirekt utsläpp, från punktkällor eller diffusa källor inom anläggningen, av ämnen, vibrationer, värme eller buller till luft, vatten eller mark.” Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna Den 28 april och den 8 juli 2011 beslutade CTB, den nederländska myndighet som är behörig att bevilja ansökningar om produktgodkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter eller om ändring av villkoren för sådana godkännanden, att ändra godkännandena avseende flera växtskyddsmedel och en biocidprodukt som innehåller det verksamma ämnet imidakloprid, vilket bland annat har en insektsdödande effekt. Bijenstichting, en nederländsk sammanslutning för skydd av bin, ansökte genom skrivelser av den 11 maj, den 24 augusti och den 25 oktober 2011 på grundval av direktiv 2003/4 hos CTB om att 84 handlingar rörande nämnda godkännanden skulle lämnas ut. Bayer, ett företag som bland annat är verksamt på området för växtskydd och skadedjursbekämpning och som är innehavare av ett stort antal av dessa godkännanden, motsatte sig att handlingarna i fråga skulle lämnas ut. Det skäl som angavs härför var att det kunde medföra intrång i upphovsrätten, att konfidentiell kommersiell eller industriell information kunde röjas samt att rätten till uppgiftsskydd skulle urholkas. Den 9 juli 2012 beslutade CTB, i ett första skede, att avslå Bijenstichtings ansökningar om utlämnande av handlingar, i deras helhet. Till stöd för avslagsbeslutet angav CTB särskilt att ansökningarna inte avsåg ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4. Ansökningarna kunde därför endast bifallas om det vid en avvägning mellan det allmänna intresset av utlämnande å ena sidan och det intresse som innehavaren av godkännandet hade av en konfidentiell behandling av uppgifterna i fråga å andra sidan framstod som befogat att lämna ut handlingarna, vilket emellertid inte var fallet. Efter det att Bijenstichting begärt omprövning av nämnda avslagsbeslut, beslutade CTB, i ett andra skede, att delvis ändra sitt beslut. Genom beslut av den 18 mars 2013 slog CTB fast att det delvis fanns grund för begäran om omprövning. I sistnämnda beslut angav CTB att faktauppgifter om faktiska utsläpp i miljön av växtskyddsmedel och biocidprodukter ska anses utgöra ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4. I förevarande fall fann CTB att 35 av de handlingar som begärts utlämnade avsåg sådana uppgifter. Således var de skäl som med framgång kunde göras gällande för att neka att lämna ut de aktuella handlingarna enligt nämnda myndighet mycket begränsade. Ett sådant skäl skulle kunna vara skydd av de immateriella rättigheter som tillkommer innehavaren av produktgodkännandet av produkten i fråga. Efter att ha gjort en avvägning mellan det allmänna intresset av utlämnande och skyddet av dessa rättigheter bedömde CTB emellertid att förstnämnda intresse vägde tyngst. CTB beslutade följaktligen att lämna ut de aktuella handlingarna. De 35 handlingar som CTB ansåg kunde lämnas ut består av laboratoriestudier och studier som delvis utgörs av fältstudier. Laboratoriestudierna rör imidakloprids påverkan på bin. Övriga studier avser mätningar av resthalter av växtskyddsmedel och biocidprodukter och deras verksamma ämnen, vilka som följd av användningen av nämnda medel och produkter förekommer i luften, marken, behandlat utsäde, blad, pollen eller nektar från en gröda (som härrör från behandlat utsäde), honung och bin. Handlingarna i fråga innehöll även en sammanfattning av en studie avseende imidakloprids överföring till växter och avseende guttation, det vill säga vatten som trängt upp och lagt sig på en växts blad, samt två presentationer. Vad beträffar de övriga 49 handlingarna, bedömde CTB däremot att de inte kunde anses utgöra ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4. Enligt CTB kunde tillgång till dessa 49 handlingar nekas med hänvisning till skyddet av immateriella rättigheter men även till att kommersiell eller industriell information ska behandlas konfidentiellt. Efter att, i enlighet med den bestämmelsen, ha gjort en avvägning mellan aktuella intressen, beslutade CTB att neka utlämnande av nämnda handlingar. Såväl Bijenstichting som Bayer överklagade CTB:s beslut av den 18 mars 2013 till den hänskjutande domstolen College van Beroep voor het bedrijfsleven (Appellationsdomstolen för förvaltningsmål rörande ekonomiska frågor, Nederländerna). Den hänskjutande domstolen bedömer att det för att kunna avgöra det nationella målet är nödvändigt att klargöra förhållandet mellan dels reglerna om konfidentiell behandling som återfinns i specialbestämmelserna på området för utsläppande av växtskyddsmedel och biocidprodukter på marknaden, det vill säga, vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet, direktiven 91/414 och 98/8 samt förordning nr 1107/2009, dels de allmänna reglerna om tillgång till miljöinformation i direktiv 2003/4. Den hänskjutande domstolen har närmare bestämt sökt klarhet i om, såsom Bijenstichting har påstått, CTB borde ha förklarat att de begärda uppgifterna var konfidentiella, på Bayers begäran, senast då ändringen av villkoren för godkännande av de aktuella produkterna ägde rum, eller om, såsom CTB har gjort gällande, det även kunde slås fast att dessa uppgifter är konfidentiella vid en senare tidpunkt, i samband med att Bayer motsatte sig beviljande av Bijenstichtings ansökningar om tillgång till uppgifterna i ett senare skede på grundval av direktiv 2003/4, även om ansökningarna avsåg uppgifter som Bayer inte hade begärt skulle behandlas konfidentiellt vid förfarandet för ändring av villkoren för produktgodkännandena. I det förstnämnda fallet borde CTB ha bifallit Bijenstichtings ansökningar om utlämnande i deras helhet, utan att i förekommande fall kunna avslå dessa ansökningar med tillämpning av artikel 4.2 i direktiv 2003/4. I det sistnämnda fallet, däremot, kunde CTB beakta Bayers synpunkter avseende att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt, vilka uttrycktes för första gången i samband med att nämnda ansökningar lämnades in. Vidare anser den hänskjutande domstolen att det är oklart hur begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska förstås och har sökt klarhet i om de uppgifter som Bijenstichting har begärt tillgång till omfattas av det begreppet. Om så är fallet, kunde Bijenstichtings ansökningar om utlämnande enligt den bestämmelsen inte avslås med hänvisning till att ett sådant utlämnande skulle få negativa följder för sekretessen för den kommersiella eller industriella information som Bayer lämnat. Om så däremot inte är fallet, ska det i stället göras en avvägning mellan intresset av att nämnda information behandlas konfidentiellt och det allmänna intresset av utlämnande, för att avgöra huruvida informationen ska lämnas ut. Mot denna bakgrund beslutade College van Beroep voor het bedrijfsleven (Appellationsdomstolen för förvaltningsmål rörande ekonomiska frågor) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen: ”1) Innebär artikel 14 i direktiv 91/414 respektive artikel 59 jämförd med artikel 63 i förordning nr 1107/2009 respektive artikel 19 i direktiv 98/8 att en ansökan om konfidentiell behandling, såsom avses i nämnda artiklar 14, 63 och 19 från en sökande som avses i dessa artiklar, ska bedömas för varje uppgift före eller i anslutning till meddelande av produktgodkännande respektive före eller i anslutning till ändring av villkoren för godkännandet i form av ett beslut som varje berörd tredje man kan få tillgång till? 2) Om den första frågan ska besvaras jakande: ska artikel 4.2 i direktiv 2003/4 då tolkas så, att när det inte har meddelats ett sådant beslut som avses i fråga 1 ska motparten, i egenskap av nationell myndighet, lämna ut den miljöinformation som avses i ansökan, om en sådan ansökan har lämnats in efter det att produktgodkännande har meddelats respektive efter ändringen av villkoren för godkännandet? 3) Hur ska begreppet ’utsläpp i miljön’ i artikel 4.2 [andra stycket] i direktiv 2003/4 tolkas, mot bakgrund av handlingarnas innehåll, såsom detta har återgetts i punkt 5.2 i [beslutet om hänskjutande] med beaktande av vad parterna har anfört härvidlag i punkt 5.5 i [beslutet om hänskjutande]? 4) a) Kan uppgifter som ger en uppskattning av utsläppen i miljön av ett växtskyddsmedel, dess verksamma ämnen och andra beståndsdelar som en följd av växtskyddsmedlets användande betraktas som ’uppgifter om utsläpp i miljön’? b) Om ja, har det någon betydelse om dessa uppgifter har förvärvats genom (begränsade) fältstudier eller andra former av studier (exempelvis laboratorie- eller translokationsstudier)? 5) Kan laboratoriestudier – där försöksanläggningen har inrättats för att undersöka isolerade aspekter under standardiserade förutsättningar, varvid många faktorer utesluts, såsom exempelvis klimatpåverkan, och försöken ofta, i jämförelse med normal användning, genomförs med höga doser – betraktas som ”uppgifter om utsläpp i miljön”? 6) Ska man i samband med att växtskyddsmedlet har använts i försöksanläggningen även betrakta resthalter – i till exempel luft eller på marken, blad, pollen eller nektar från en växt (som härrör från behandlat utsäde), i honung eller på icke-målorganismer – som ’utsläpp i miljön’? 7) Gäller detta också för mätningar av spridningen av ämnet vid användning av växtskyddsmedlet i försöksanläggningen? 8) Innebär orden ’uppgifter om utsläpp i miljön’ i artikel 4.2 andra stycket … i direktiv 2003/4 att när det är fråga om utsläpp i miljön ska hela informationskällan lämnas ut och inte enbart de (mät)uppgifter som i förekommande fall kan hämtas från denna? 9) Ska det vid tillämpningen av undantaget i nämnda artikel 4.2 [första stycket] d [i direktiv 2003/4] för kommersiell och industriell information göras en åtskillnad mellan å ena sidan ’utsläpp i luften’ och å andra sidan ’utsläpp i vattnet och andra utsläpp i miljön’ i den mening som avses i artikel 2.1 b i [detta] direktiv?” Begäran om återupptagande av det muntliga förfarandet Bayer har, efter det att generaladvokaten föredragit sitt förslag till avgörande den 7 april 2016, genom skrivelse som inkom till domstolens kansli den 9 maj 2016, begärt att domstolen ska återuppta den muntliga delen av förfarandet. Till stöd för sin ansökan har Bayer i huvudsak gjort gällande att det uteslutande ankommer på den nationella domstolen att bedöma om de uppgifter som är i fråga i det nationella målet och som avses i den fjärde–åttonde tolkningsfrågan avser ”utsläpp i miljön” i den mening som avses i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4. Om domstolen, emellertid, i likhet med generaladvokaten, beslutar att uttala sig om dessa frågor, begär Bayer att domstolen ska återuppta den muntliga delen av förfarandet så att domstolen ges möjlighet att få kännedom om de handlingar som Bijenstichting har begärt ska lämnas ut och på den grunden fastställa om de uppgifter som handlingarna innehåller avser ”utsläpp i miljön”. Bayer anser vidare att de svar på tolkningsfrågorna som generaladvokaten har föreslagit inte är förenliga med det fullständiga och uttömmande regelverk om utlämnande av handlingar som inrättats genom direktiven 91/414 och 98/8 samt förordning nr 1107/2009. För den händelse att domstolen finner att de uppgifter som är i fråga i det nationella målet avser utsläpp i miljön, begär Bayer slutligen även att domstolen uttalar sig om det sätt på vilket tillgång konkret ska ges till dessa uppgifter, och särskilt om huruvida det skulle vara godtagbart att sökanden får ta del av dessa i en läsesal. Domstolen konstaterar inledningsvis att det varken i stadgan för Europeiska unionens domstol eller i dess rättegångsregler föreskrivs någon möjlighet för parterna att inkomma med yttranden över generaladvokatens förslag till avgörande (se, bland annat, beslut av den 4 februari 2000, Emesa Sugar, C-17/98 , EU:C:2000:69 , punkt , och dom av den 6 september 2012, Döhler Neuenkirchen, C-262/10 , EU:C:2012:559 , punkt ). Vidare ska det erinras om att domstolen, i enlighet med artikel 83 i rättegångsreglerna, när som helst, efter att ha hört generaladvokaten, får besluta att den muntliga delen av förfarandet ska återupptas, bland annat om domstolen anser att den inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet eller om målet ska avgöras på grundval av ett argument som inte har avhandlats mellan parterna eller de berörda som avses i artikel 23 i stadgan för Europeiska unionens domstol (se, bland annat, dom av den 28 april 2016, Borealis Polyolefine m.fl., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 och C-391/14–C-393/14 , EU:C:2016:311 , punkt ). I förevarande fall konstaterar domstolen att Bayers begäran om att domstolen ska återuppta den muntliga delen av förfarandet i huvudsak syftar till att bemöta vad generaladvokaten anfört i sitt förslag till avgörande. Dessutom anser domstolen att den har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet och att det inte är nödvändigt att avgöra målet på grundval av ett argument som inte har avhandlats mellan parterna. Begäran ska följaktligen avslås. Prövning av tolkningsfrågorna Den första och den andra frågan Den hänskjutande domstolen har ställt de två första frågorna, som ska prövas tillsammans, i huvudsak för att få klarhet i om artikel 4.2 i direktiv 2003/4 jämförd med artikel 14 i direktiv 91/414, artikel 19 i direktiv 98/8 och artiklarna 33.4 och 63 i förordning nr 1107/2009 ska tolkas på så sätt att om den som ansöker om ett produktgodkännande av ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt inte under förfarandet för erhållande av ett sådant godkännande begär att de uppgifter som inges inom ramen för det förfarandet ska behandlas konfidentiellt, är den behöriga myndigheten skyldig att bifalla en ansökan om tillgång till dessa uppgifter som tredje man med stöd av direktiv 2003/4 gett in efter det att nämnda förfarande avslutats, utan att därvid kunna pröva en invändning mot denna ansökan som framställts av den som ansökt om nämnda godkännande, och utan att i förekommande fall kunna avslå ansökan på den grunden att ett utlämnande av de aktuella uppgifterna skulle få negativa följder för den sekretess som omfattar den kommersiella och industriella informationen. Domstolen erinrar härvid om att det av artikel 14 i direktiv 91/414, artikel 19 i direktiv 98/8 och artiklarna 33.4 och 63 i förordning nr 1107/2009 följer att den som har ansökt om ett produktgodkännande av ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt, i samband med förfarandet för erhållande av nämnda godkännande, får begära konfidentiell behandling av vissa uppgifter som utgör konfidentiell kommersiell eller industriell information eller som vederbörande anser är kommersiellt känsliga och vilkas utlämnande skulle kunna orsaka driftsmässig eller kommersiell skada. I artikel 14 första stycket i direktiv 91/414, artikel 19.1 i direktiv 98/8 och artikel 63 i förordning nr 1107/2009 anges emellertid även att dessa bestämmelser inte ska påverka tillämpningen av direktiv 2003/4. Unionslagstiftarens avsikt förefaller således vara att de allmänna bestämmelserna i direktiv 2003/4 ska tillämpas på tredje mans begäran om tillgång till information som återfinns i akter som rör ansökningar om produktgodkännande av växtskyddsmedel och biocidprodukter, med avseende på vilken det är möjligt att begära konfidentiell behandling med tillämpning av ovannämnda bestämmelser (se, e contrario , dom av den 22 december 2010, Ville de Lyon, C-524/09 , EU:C:2010:822 , punkt ). I artikel 4.2 i detta direktiv anges dock att medlemsstaterna får föreskriva att en begäran om miljöinformation kan avslås, om utlämnande av informationen skulle få negativa följder för något av de intressen som anges i den bestämmelsen, däribland sekretess som omfattar kommersiell och industriell information. Möjligheten att avslå ansökan är i nämnda bestämmelse inte villkorad av att en ansökan om konfidentiell behandling har ingetts före ansökan om utlämnande. Härav följer, i motsats till vad Bijenstichting har gjort gällande, att den behöriga myndigheten, som enligt direktiv 2003/4 har att pröva en ansökan om tillgång till sådan information som ingetts av den som har ansökt om produktgodkännande av ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt inom ramen för det föreskrivna förfarandet för erhållande av ett sådant godkännande, inte är skyldig att bifalla ansökan och lämna ut den begärda informationen endast av det skälet att den som ansökt om nämnda godkännande inte tidigare, i nämnda förfarande, har begärt att den informationen ska behandlas konfidentiellt. Nämnda myndighet måste kunna pröva, i förekommande fall med beaktande av en invändning från den som ansökt om nämnda godkännande, om ett sådant utlämnande inte skulle kunna få negativa följder med avseende på den sekretess som omfattar den kommersiella eller industriella informationen och om ansökan inte borde avslås med tillämpning av artikel 4.2 första stycket d i samma direktiv. Mot bakgrund av det ovanstående ska de två första frågorna besvaras enligt följande. Artikel 4.2 i direktiv 2003/4 ska tolkas på så sätt att den omständigheten att den som ansöker om ett godkännande av ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt för utsläppande på marknaden inte under förfarandet för erhållande av ett sådant godkännande begär att de uppgifter som inges inom ramen för det förfarandet ska behandlas konfidentiellt med stöd av artikel 14 i direktiv 91/414, artikel 19 i direktiv 98/8 och artiklarna 33.4 och 63 i förordning nr 1107/2009, inte hindrar den behöriga myndigheten från att pröva en invändning som framställts av den som ansökt om nämnda godkännande, mot en ansökan om tillgång till dessa uppgifter som tredje man gett in med stöd av direktiv 2003/4 efter det att nämnda förfarande avslutats, och inte hindrar att myndigheten i förekommande fall avslår ansökan med tillämpning av artikel 4.2 första stycket d i samma direktiv på den grunden att ett utlämnande av de aktuella uppgifterna skulle få negativa följder för den sekretess som omfattar den kommersiella och industriella informationen. Den tredje–sjunde frågan och den nionde frågan Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje–sjunde frågan och den nionde frågan, som ska prövas tillsammans, i huvudsak för att få klarhet i om begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 omfattar utsläpp av växtskyddsmedel eller biocidprodukter, eller av ämnen som de innehåller, i miljön och, om den frågan ska besvaras jakande, om begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i den bestämmelsen omfattar uppgifter om en uppskattning av utsläppen i miljön och inverkan av nämnda utsläpp, inbegripet uppgifter som härrör från studier som helt eller delvis utgörs av fältstudier samt från laboratorie- eller translokationsstudier, uppgifter om resthalter i miljön som en följd av användningen av den aktuella produkten och studier som avser mätningar av spridningen av ämnet vid användning. Det ankommer visserligen på den hänskjutande domstolen att bedöma huruvida de olika handlingar som Bijenstichting i förevarande fall har begärt ska lämnas ut omfattas av begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4. Det ankommer emellertid på EU-domstolen att upplysa nämnda domstol om vilka objektiva omständigheter som ska beaktas vid den bedömningen. Domstolen framhåller härvidlag inledningsvis att eftersom det varken återfinns någon definition av begreppet ”utsläpp i miljön” eller av begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i nämnda direktiv, ska tolkningen av dessa begrepp göras mot bakgrund av såväl det sammanhang som artikel 4.2 andra stycket i nämnda direktiv återfinns i som syftet med detta direktiv. Såsom bekräftas i skäl 5 i direktiv 2003/4 var unionslagstiftarens syfte med direktivet att se till att unionsrätten blev förenlig med Århuskonventionen, så att gemenskapen kunde bli part i denna konvention. Unionslagstiftaren införde därför en allmän ordning som skulle säkerställa att varje fysisk och juridisk person i en medlemsstat gavs rätt att få tillgång till miljöinformation som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter, utan att behöva ange skälen för sin begäran (se, bland annat, dom av den 19 december 2013, Fish Legal och Shirley, C-279/12 , EU:C:2013:853 , punkt ). Av detta följer att Århuskonventionens lydelse och syfte ska beaktas vid tolkningen av direktiv 2003/4, som syftar till att införliva konventionen med unionsrätten (se, bland annat, dom av den 19 december 2013, Fish Legal och Shirley, C-279/12 , EU:C:2013:853 , punkt ). Det är framför allt artikel 4.4 d i nämnda konvention som ska beaktas. Däri anges att sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information inte ska hindra utlämnande av information om utsläpp som är av betydelse i miljöskyddshänseende. Vidare har, enligt fast praxis från domstolen, direktiv 2003/4 till syfte att säkerställa en principiell rätt till tillgång till sådan miljöinformation som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter och att, såsom följer av skäl 9 och artikel 1 i samma direktiv, säkerställa största möjliga systematiska tillgång till och spridning av miljöinformation till allmänheten (se, bland annat, dom av den 19 december 2013, Fish Legal och Shirley, C-279/12 , EU:C:2013:853 , punkt ). Härav följer att, såsom uttryckligen anges i artikel 4.4 andra stycket i Århuskonventionen samt i skäl 16 och artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4, huvudregeln bör vara att information lämnas ut och att de skäl för avslag som anges i dessa bestämmelser bör tolkas restriktivt (se, bland annat, dom av den 16 december 2010, Stichting Natuur en Milieu m.fl., C-266/09 , EU:C:2010:779 , punkt , och av den 28 juli 2011, Office of Communications, C-71/10 , EU:C:2011:525 , punkt ). Genom att det i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 föreskrivs att sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information inte får utgöra hinder för utlämnande av ”uppgifter om utsläpp i miljön”, möjliggörs ett konkret genomförande av denna regel och av principen om största möjliga tillgång till miljöinformation som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter. Härav följer, i motsats till vad bland annat Bayer, den tyska regeringen och Europeiska kommissionen har gjort gällande, att begreppen ”utsläpp i miljön” och ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 inte ska tolkas restriktivt. Det är mot bakgrund av dessa överväganden som tolkningsfrågorna ska besvaras. – Begreppet ”utsläpp i miljön” Vid tolkningen av begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska det fastställas om det ska göras åtskillnad, såsom bland annat Bayer, den tyska regeringen och kommissionen har gjort gällande, mellan detta begrepp och begreppen ”utsläpp i vattnet” och ”andra utsläpp” och om förstnämnda begrepp endast ska anses avse sådana utsläpp som omfattas av direktiv 2010/75, det vill säga utsläpp från vissa industrianläggningar som definieras i det direktivet eller om det begreppet även ska anses avse utsläpp i miljön av sådana produkter och ämnen som växtskyddsmedel eller biocidprodukter och de ämnen som dessa innehåller. Vad för det första beträffar frågan om det görs åtskillnad mellan begreppet ”utsläpp i luften” och begreppen ”utsläpp i vattnet” och ”andra utsläpp”, framhåller domstolen att det vid första påseendet förefaller göras en sådan åtskillnad i artikel 2.1 b i direktiv 2003/4 där de faktorer som kan omfattas av begreppet ”miljöinformation” anges. En sådan åtskillnad görs emellertid inte i Århuskonventionen där det i artikel 4.4 första stycket d endast föreskrivs att sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information inte ska hindra utlämnande av ”information om utsläpp som är av betydelse i miljöskyddshänseende”. Såsom generaladvokaten har angett i punkt 59 i sitt förslag till avgörande är det inte heller relevant att göra åtskillnad mellan utsläpp i luften, utsläpp i vattnet och andra utsläpp mot bakgrund av syftet att säkerställa utlämnande av miljöinformation som direktiv 2003/4 eftersträvar och det skulle vara konstlat att göra en sådan åtskillnad. Såväl utsläpp av gaser eller ämnen i atmosfären som ”andra utsläpp” eller utsläpp i vattnet, såsom utsläpp av ämnen, preparat, organismer, mikro-organismer, vibrationer, värme eller buller, särskilt i luften, vattnet och marken, kan nämligen påverka dessa olika delar av miljön. Dessutom överlappar begreppen ”utsläpp i luften”, ”utsläpp i vattnet” och ”andra utsläpp” till stor del varandra, vilket användningen av uttrycket ”andra utsläpp” i artikel 2.1 b i samma direktiv visar. Av den bestämmelsen följer att utsläpp i luften och utsläpp i vattnet även utgör ”andra utsläpp” i miljön. I många av unionsrättsakterna, såsom direktiv 2010/75, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador ( EUT L 143, 2004, s. 56 ) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG ( EUT L 33, 2006, s. 1 ) likställs i stor utsträckning begreppen ”utsläpp i luften”, ”andra utsläpp”, och ”utsläpp i vattnet”. Härav följer att man vid tolkningen av begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 inte ska göra någon åtskillnad mellan detta begrepp och begreppen ”utsläpp i vattnet” och ”andra utsläpp” i miljön. För det andra ska det fastställas om begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4, såsom Bayer, den tyska regeringen och kommissionen har gjort gällande, endast ska anses avse sådana utsläpp som omfattas av direktiv 2010/75 – det vill säga, enligt artikel 3.4 i det direktivet, direkt eller indirekt utsläpp till luft, vatten eller mark av ämnen, vibrationer, värme eller buller från punktkällor eller diffusa källor inom vissa industrianläggningar – och inte utsläpp från andra källor såsom när en produkt sprutas ut i luften eller produkten används på växter i vatten eller i marken. I vägledningen för genomförandet av Århuskonventionen föreslås visserligen, i dess lydelse från år 2000, att begreppet ”utsläpp” ska definieras i enlighet med definitionen av det begreppet i artikel 2.5 i direktiv 96/61, vilken formulerats på exakt samma sätt i artikel 3.4 i direktiv 2010/75. I 2014 års lydelse av nämnda vägledning hänvisas till definitionen i sistnämnda bestämmelse. Domstolen har emellertid redan tidigare slagit fast att även om vägledningen för genomförandet av Århuskonventionen kan anses utgöra ett förklarande dokument som i förekommande fall kan beaktas tillsammans med andra relevanta omständigheter vid tolkningen av konventionen, har de bedömningar som finns i denna vägledning ingen bindande verkan och de har inte den normativa innebörd som bestämmelserna i konventionen har (se bland annat, dom av den 19 december 2013, Fish Legal och Shirley, C-279/12 , EU:C:2013:853 , punkt och där angiven rättspraxis). Det följer varken av Århuskonventionen eller av direktiv 2003/4 att begreppet ”utsläpp i miljön” endast ska anses avse utsläpp från vissa industrianläggningar. Vidare skulle en sådan begränsning vara oförenlig med ordalydelsen i artikel 4.4 första stycket d i den konventionen. Enligt denna bestämmelse ska nämligen information om utsläpp som har betydelse i miljöskyddshänseende lämnas ut. Information om utsläpp från andra källor än industrianläggningar, såsom utsläpp som följer av användning av växtskyddsmedel eller biocidprodukter, är lika relevant i miljöskyddshänseende som information om industriutsläpp. Dessutom skulle en begränsning av begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 till att avse utsläpp från vissa industrianläggningar stå i strid med det syfte med direktivet som består i att det ska ges största möjliga tillgång till miljöinformation. En sådan tolkning av nämnda begrepp kan följaktligen inte godtas. Av det ovanstående följer att det inte ska göras någon åtskillnad mellan begreppet ”utsläpp i miljön” och begreppen ”utsläpp i vattnet” och ”andra utsläpp”. Begreppet ”utsläpp i miljön” ska inte heller begränsas till att endast avse de utsläpp som omfattas av direktiv 2010/75 och inte utsläpp av produkter och ämnen i miljön från andra källor än industrianläggningar. Således kan begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 inte anses utesluta utsläpp i miljön av sådana produkter och ämnen som växtskyddsmedel eller biocidprodukter och de ämnen som dessa innehåller. Begreppet i fråga måste dock begränsas till att avse endast icke hypotetiska utsläpp, det vill säga faktiska eller förutsebara utsläpp av produkten eller ämnet i fråga under normala eller realistiska användningsförhållanden. Även om den omständigheten att en produkt släpps ut på marknaden i allmänhet inte i sig räcker för att slå fast att den produkten med nödvändighet kommer att släppas ut i miljön eller för att det ska anses att den information som rör produkten avser ”utsläpp i miljön”, gäller det inte en sådan produkt som växtskyddsmedel eller en biocidprodukt, som vid normal användning är avsedd att släppas ut i miljön, vilket är en följd av dess funktion. Förutsebara utsläpp av denna produkt i miljön är således inte hypotetiska i sistnämnda fall. Under dessa omständigheter omfattar begreppet ”utsläpp i miljön” faktiska utsläpp i miljön som sker i samband med användningen av produkten eller ämnet i fråga, samt förutsebara utsläpp av den produkten eller det ämnet i miljön under normala eller realistiska användningsförhållanden som motsvarar de förhållanden som omfattas av motsvarande produktgodkännande som gäller i det område där produkten är avsedd att användas. Som generaladvokaten har påpekat i punkterna 82 och 83 i sitt förslag till avgörande, omfattar det aktuella begreppet inte rent hypotetiska utsläpp. Det följer nämligen av artikel 1 i direktiv 2003/4 jämförd med artikel 2.1 i samma direktiv, att syftet med direktivet är att garantera rätt till tillgång till information som avser faktorer, såsom utsläpp, vilka påverkar eller troligtvis kommer att påverka miljön, bland annat luften, vattnet och marken. Rent hypotetiska utsläpp kan per definition inte påverka miljön. Av det ovanstående följer att begreppet ”utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas på så sätt att det bland annat omfattar utsläpp i miljön av sådana produkter och ämnen som växtskyddsmedel eller biocidprodukter och de ämnen som dessa innehåller, förutsatt att det rör sig om faktiska eller förutsebara utsläpp under normala eller realistiska användningsförhållanden. – Begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” Vad beträffar frågan om de olika kategorier av uppgifter som avses i punkt 50 ovan omfattas av begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 framhåller domstolen följande. Det ska för det första prövas huruvida detta begrepp, såsom den nederländska regeringen har gjort gällande, endast omfattar uppgifter om utsläpp av växtskyddsmedlet eller biocidprodukten i fråga – eller de ämnen som detta medel eller denna produkt innehåller – som sådana, det vill säga uppgifter om vilka slags utsläpp det är fråga om, utsläppens sammansättning, deras kvantitet samt vid vilken tidpunkt och på vilken plats utsläppen ägt rum, eller om även uppgifter om nämnda utsläpps inverkan på miljön omfattas av detta begrepp. Domstolen framhåller i detta avseende att denna bestämmelses lydelse skiljer sig åt mellan de olika språkversionerna. Medan det i den franska språkversionen av bestämmelsen hänvisas till ”uppgifter som avser utsläpp i miljön”, används i flera andra språkversioner uttrycket ”uppgifter om utsläpp i miljön”. I den tyska språkversionen står det ”Informationen über Emissionen in die Umwelt”, i den italienska språkversionen ”informazioni sulle emissioni nell’ambiente » och i den engelska språkversionen ”information on emissions into the environment”. Enligt domstolens fasta praxis fordrar dock behovet av en enhetlig tolkning av en unionsbestämmelse att den, i händelse av bristande överensstämmelse mellan dess språkversioner, tolkas mot bakgrund av sammanhanget i och ändamålet med de föreskrifter i vilka den ingår (se, bland annat, dom av den 15 oktober 2015, Grupo Itevelesa m.fl., C-168/14 , EU:C:2015:685 , punkt och där angiven rättspraxis). Såsom angetts i punkt 55 i förevarande dom har direktiv 2003/4 till syfte att säkerställa en principiell rätt till tillgång till sådan miljöinformation som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter och att säkerställa största möjliga systematiska tillgång till och spridning av miljöinformation till allmänheten. Det följer av skäl 1 i samma direktiv att sådan tillgång och spridning bland annat bidrar till en ökad medvetenhet om miljöfrågor och till ett aktivare deltagande från allmänhetens sida i beslut som rör miljön (se, bland annat, dom av den 28 juli 2011, Office of Communications, C-71/10 , EU:C:2011:525 , punkt ). Allmänheten måste i detta syfte ges tillgång inte bara till uppgifter om utsläppen som sådana utan även till uppgifter om dessa utsläpps kortsiktiga och långsiktiga inverkan på miljön, såsom nämnda utsläpps inverkan på icke-målorganismer. Allmänheten har nämligen inte endast ett intresse av att få tillgång till sådana uppgifter om utsläpp i miljön som ger kännedom om de faktiska och förutsebara utsläppen i miljön utan har, såsom generaladvokaten har angett i punkt 86 i sitt förslag till avgörande, även ett intresse av att få uppgifter som gör det möjligt att förstå på vilket sätt miljön kan påverkas av utsläppen i fråga. Härav följer att begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas så, att det inte endast omfattar uppgifter om utsläppen som sådana, det vill säga uppgifter om vilka slags utsläpp det är fråga om, utsläppens sammansättning, deras kvantitet samt vid vilken tidpunkt och på vilken plats utsläppen ägt rum, utan även omfattar uppgifter om nämnda utsläpps kortsiktiga och långsiktiga inverkan på miljön. Domstolen ska härefter för det andra pröva om den omständigheten att uppgifterna härrör från studier som helt eller delvis utgörs av fältstudier, från laboratoriestudier eller från translokationsstudier – det vill säga studier som avser produktens eller ämnets överföring till växten – påverkar bedömningen av begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 och särskilt huruvida uppgifter som hämtats från laboratoriestudier kan anses omfattas av det begreppet. Domstolen anser att studiernas form inte i sig är avgörande i detta sammanhang. Det har nämligen inte någon större betydelse om uppgifterna i fråga härrör från studier som helt eller delvis utgörs av fältstudier, från laboratoriestudier eller från translokationsstudier. Däremot ska syftet med studierna i fråga ha varit att göra en bedömning av ”utsläpp i miljön” i den mening som avses i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 – det vill säga, såsom angetts i punkterna 77 och 78 i förevarande dom, faktiska eller förutsebara utsläpp av produkten eller ämnet i fråga i miljön under omständigheter som motsvarar normala eller realistiska användningsförhållanden – eller en bedömning av utsläppens inverkan på miljön. Begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 omfattar således inte uppgifter som härrör från studier som har till syfte att undersöka effekterna av användningen av en dos av produkten eller ämnet i fråga som är betydligt större än den största tillåtna dosen enligt det produktgodkännande som meddelats, vilken är den dosering som kommer att tillämpas i praktiken, eller användningen av en ännu högre koncentration av produkten eller ämnet. Sådana uppgifter hänför sig nämligen till utsläpp som inte är förutsebara under normala eller realistiska användningsförhållanden. I motsats till vad kommissionen har anfört omfattar begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” däremot studier som har till syfte att fastställa toxiciteten hos, effekterna av och andra aspekter av en produkt eller ett ämne under sämsta tänkbara realistiska förhållanden. Detsamma gäller studier som genomförts under förhållanden som i så stor utsträckning som möjligt efterliknar normala jordbruksförhållanden och verkliga förhållanden i det område där produkten eller ämnet kommer att användas. Vad för det tredje beträffar frågan om uppgifter om resthalter i miljön som en följd av användningen av den aktuella produkten och studier som avser mätningar av spridningen av ämnet vid användning utgör ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4, erinrar domstolen om följande. Enligt artikel 2.2 i direktiv 91/414, artikel 2.1 g i direktiv 98/8 och artikel 3.1 i förordning nr 1107/2009, utgör resthalter ämnen som, på grund av att ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt har använts, bland annat förekommer i eller på växter eller i miljön i övrigt, inklusive deras metaboliter och nedbrytnings- eller reaktionsprodukter. Förekomsten av resthalter i miljön orsakas således av utsläpp i miljön av produkten i fråga eller ämnen som den innehåller. Det rör sig med andra ord om en konsekvens av utsläppen. Så är fallet inte endast såvitt avser resterna av de ämnen som sprutats ut i luften eller som på grund av produkten i fråga har hamnat på växterna, marken eller icke-målorganismer, utan även såvitt avser dessa ämnens metaboliter och nedbrytnings- eller reaktionsprodukter. Även om metaboliterna har bildats genom omvandling av ämnena i den aktuella produkten, utgör de en konsekvens av utsläppen av nämnda produkt och nämnda ämnen i miljön. Vidare ska det framhållas att spridning utgörs av en överföring i luften av små droppar eller ånga av växtskyddsmedel eller biocidprodukter utanför det område som är avsett att omfattas av behandlingen. Det rör sig således om en konsekvens av utsläppet av nämnda produkter och ämnen i miljön. Härav följer att uppgifter om resthalter som förekommer i miljön efter användning av den berörda produkten och studier avseende mätningar av spridningen av ämnet i samband med sådan användning omfattas av begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4. Av det ovanstående följer att begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” omfattar uppgifter om slag, kvantitet, tidpunkt och plats med avseende på ”utsläpp i miljön” av växtskyddsmedel och biocidprodukter samt de ämnen som dessa medel och produkter innehåller. Förstnämnda begrepp omfattar vidare uppgifter om sådana utsläpps kortsiktiga och långsiktiga inverkan på miljön, särskilt uppgifter om resthalter som förekommer i miljön som en följd av användning av den berörda produkten, och studier avseende mätningar av spridningen av ämnet i samband med sådan användning, oberoende av om dessa uppgifter härrör från studier som helt eller delvis utgörs av fältstudier, från laboratoriestudier eller från translokationsstudier. Det ska för övrigt understrykas att en sådan tolkning av artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4, i motsats till vad Bayer och den tyska regeringen har anfört, inte är oförenlig med artiklarna 16 och 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan), vilka rör näringsfrihet och rätt till egendom, och inte heller med artikel 39.3 i TRIPs-avtalet där det föreskrivs att uppgifter som ingetts av den som ansökt om produktgodkännande av läkemedel och lantbrukskemiska produkter ska behandlas konfidentiellt. En sådan tolkning fråntar inte heller artikel 63 i förordning nr 1107/2009 dess ändamålsenliga verkan. I punkt 2 i artikel 63 anges den information vars utlämnande normalt ska anses skada bland annat skyddet för den berörda personens affärsintressen och med avseende på vilken det enligt punkt 1 i samma artikel är möjligt att begära att den ska behandlas konfidentiellt. Vad beträffar artiklarna 16 och 17 i stadgan och artikel 39.3 i TRIPs-avtalet, erinrar domstolen om att det i artikel 52.1 i stadgan anges att utövandet av de rättigheter som erkänns i stadgan får begränsas, om begränsningarna görs genom lag och är förenliga med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter samt är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen. Dessutom är det enligt artikel 39.3 i TRIPs-avtalet möjligt att lämna ut uppgifter som ingetts av den som ansökt om produktgodkännande av läkemedel och lantbrukskemiska produkter när detta är nödvändigt för att skydda allmänheten. Vid en avvägning mellan de rättigheter som säkerställs i artiklarna 16 och 17 i stadgan och artikel 39.3 i TRIPs-avtalet, å ena sidan, och miljöskyddsmålen och målet att säkerställa största möjliga spridning av miljöinformation till allmänheten, å andra sidan, slog unionslagstiftaren inom ramen för sitt omfattande utrymme för skönsmässig bedömning fast att det, för att kunna uppnå dessa mål, var nödvändigt att föreskriva att en ansökan om tillgång till ”uppgifter om utsläpp i miljön”, med beaktande av sådana uppgifters relevans och betydelse för miljöskyddet, inte får avslås på den grunden att ett utlämnande av de uppgifterna skulle få negativa följder för den sekretess som omfattar kommersiell eller industriell information. Den tolkning av begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” som följer av punkt 96 i förevarande dom medför inte att samtliga uppgifter i akterna avseende produktgodkännande av växtskyddsmedel eller biocidprodukter, särskilt inte samtliga uppgifter som härrör från studier som genomförts i syfte att erhålla ett sådant godkännande, omfattas av det begreppet och alltid ska lämnas ut. Endast sådana uppgifter som hänför sig till ”utsläpp i miljön” omfattas av det begreppet, vilket inte endast utesluter uppgifter som inte avser utsläpp av den berörda produkten i miljön, utan även – såsom följer av punkterna 77–80 i förevarande dom – uppgifter som rör hypotetiska utsläpp, det vill säga utsläpp som varken föreligger eller är förutsebara under omständigheter som motsvarar normala eller realistiska användningsförhållanden. Denna tolkning får således inte någon oproportionerlig inverkan på skyddet av de rättigheter som säkerställs i artiklarna 16 och 17 i stadgan och artikel 39.3 i TRIPs-avtalet. Vad vidare beträffar artikel 63 i förordning nr 1107/2009 erinrar domstolen om att den artikeln, såsom framgår av punkt 43 i förevarande dom, inte ska påverka tillämpningen av direktiv 2003/4. Det följer således inte av den artikeln att de uppgifter som däri anges inte skulle kunna anses utgöra ”uppgifter om utsläpp i miljön” eller att uppgifterna aldrig skulle kunna lämnas ut med tillämpning av det direktivet. Det ska dessutom framhållas att den tolkning som gjorts av det begreppet i punkt 96 i förevarande dom inte fråntar artikel 63 i nämnda förordning dess ändamålsenliga verkan. Den presumtion som fastställts i artikel 63.2 gör det möjligt för den behöriga myndigheten att slå fast att de uppgifter som ingetts av den som ansöker om ett sådant produktgodkännande som omfattas av den bestämmelsen i princip är konfidentiella och inte kan lämnas ut till allmänheten om det inte lämnats in någon ansökan om tillgång till de uppgifterna med stöd av direktiv 2003/4. Nämnda presumtion innebär även att nämnda sökande garanteras att den behöriga myndigheten, för det fall att en sådan ansökan inges, endast kan lämna ut uppgifterna om den, med avseende på varje uppgift för sig, har konstaterat att de avser utsläpp i miljön eller om något annat överordnat allmänintresse motiverar ett utlämnande. – Slutsats Av det ovanstående följer att den tredje–sjunde frågan och den nionde frågan ska besvaras på så sätt att artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas enligt följande: — Begreppet ”utsläpp i miljön” i nämnda bestämmelse omfattar utsläpp i miljön av sådana produkter och ämnen som växtskyddsmedel eller biocidprodukter och de ämnen som dessa innehåller, förutsatt att det rör sig om faktiska och förutsebara utsläpp under normala eller realistiska användningsförhållanden. — Begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i nämnda bestämmelse omfattar uppgifter om art, kvantitet, tidpunkt och plats med avseende på ”utsläpp i miljön” av dessa produkter och ämnen. Förstnämnda begrepp omfattar vidare uppgifter om nämnda utsläpps kortsiktiga och långsiktiga inverkan på miljön, särskilt uppgifter om resthalter som förekommer i miljön som en följd av användning av den berörda produkten, och studier avseende mätningar av spridningen av ämnet i samband med sådan användning, oberoende av om dessa uppgifter hämtats från studier som helt eller delvis utgörs av fältstudier, från laboratoriestudier eller från translokationsstudier. Den åttonde frågan Den hänskjutande domstolen har ställt den åttonde frågan för att få klarhet i om artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas på så sätt att det är hela informationskällan eller endast relevanta uppgifter som kan hämtas från densamma som ska lämnas ut, när en ansökan om tillgång till information om utsläpp i miljön lämnas in. Det följer av nämnda bestämmelse att de grunder för avslag som avses i artikel 4.2 första stycket a, d, f–h i direktiv 2003/4 inte är tillämpliga med avseende på en ansökan om tillgång till miljöinformation om ansökan avser uppgifter om utsläpp i miljön. När ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle ha negativa följder för något av de intressen som avses i den bestämmelsen, ska därför endast relevanta uppgifter som kan hämtas från informationskällan och som avser utsläpp i miljön lämnas ut, för det fall att det är möjligt att åtskilja dessa uppgifter från andra uppgifter i informationskällan, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva. Av det ovanstående följer att den åttonde frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas på så sätt att när det inges en ansökan om tillgång till information om utsläpp i miljön och ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle ha negativa följder för något av de intressen som avses i artikel 4.2 första stycket a, d, f–h i direktiv 2003/4, ska endast relevanta uppgifter som kan hämtas från informationskällan och som avser utsläpp i miljön lämnas ut, för det fall att det är möjligt att åtskilja dessa uppgifter från andra uppgifter i informationskällan, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande: 1) Artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, ska tolkas på så sätt att den omständigheten att den som ansöker om ett godkännande av ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt för utsläppande på marknaden inte under förfarandet för erhållande av ett sådant godkännande begär att de uppgifter som inges inom ramen för det förfarandet ska behandlas konfidentiellt med stöd av artikel 14 i rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, av artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden, av artiklarna 33.4 och 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, inte hindrar den behöriga myndigheten från att pröva en invändning som framställts av den som ansökt om nämnda godkännande. mot en ansökan om tillgång till dessa uppgifter som tredje man gett in med stöd av direktiv 2003/4 efter det att nämnda förfarande avslutats, och inte hindrar att myndigheten i förekommande fall avslår ansökan med tillämpning av artikel 4.2 första stycket d i samma direktiv på den grunden att ett utlämnande av de aktuella uppgifterna skulle få negativa följder för den sekretess som omfattar den kommersiella och industriella informationen. 2) Artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas enligt följande: — Begreppet ”utsläpp i miljön” i den mening som avses i nämnda bestämmelse omfattar utsläpp i miljön av sådana produkter och ämnen som växtskyddsmedel eller biocidprodukter och de ämnen som dessa innehåller, förutsatt att det rör sig om faktiska och förutsebara utsläpp under normala eller realistiska användningsförhållanden. — Begreppet ”uppgifter om utsläpp i miljön” i den mening som avses i nämnda bestämmelse omfattar uppgifter om art, kvantitet, tidpunkt och plats med avseende på ”utsläpp i miljön” av växtskyddsmedel och biocidprodukter samt de ämnen som dessa medel och produkter innehåller. Förstnämnda begrepp omfattar vidare uppgifter om nämnda utsläpps kortsiktiga och långsiktiga inverkan på miljön, särskilt uppgifter om resthalter som förekommer i miljön som en följd av användning av den berörda produkten, och studier avseende mätningar av spridningen av ämnet i samband med sådan användning, oberoende av om dessa uppgifter hämtats från studier som helt eller delvis utgörs av fältstudier, från laboratoriestudier eller från translokationsstudier. 3) Artikel 4.2 andra stycket i direktiv 2003/4 ska tolkas på så sätt att när det inges en ansökan om tillgång till information om utsläpp i miljön och ett utlämnande av de begärda uppgifterna skulle ha negativa följder för något av de intressen som avses i artikel 4.2 första stycket a, d, f–h i direktiv 2003/4, ska endast relevanta uppgifter som kan hämtas från informationskällan och som avser utsläpp i miljön lämnas ut, för det fall att det är möjligt att åtskilja dessa uppgifter från andra uppgifter i informationskällan, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: nederländska.

62010TJ0150

en

ACTION brought against the decision of the First Board of Appeal of OHIM of 12 January 2010 (Case R 1812/2008-1), concerning opposition proceedings between Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG and Loopia AB. Operative part The Court: 1. Annuls the decision of the First Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) of 12 January 2010 (Case R 1812/2008-1); 2. Orders OHIM to bear its own costs and to pay the costs of Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG; 3. Orders OHIM to pay the costs necessarily incurred by Telefónica O2 Germany for the purposes of the proceedings before the First Board of Appeal of OHIM; 4. Orders Loopia AB to bear its own costs.

62015TJ0139

et

Õigusraamistik Määrus nr 320/2006 Euroopa Liidu Nõukogu võttis 20. veebruaril 2006 vastu määruse (EÜ) nr 320/2006, millega luuakse ajutine kava suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ( ELT 2006, L 58, lk 42 ). Määrust (EÜ) nr 320/2006 on mitu korda muudetud, viimati nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 72/2009, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika muudatusi ja muudetakse määrusi (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1405/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr 479/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1883/78, (EMÜ) nr 1254/89, (EMÜ) nr 2247/89, (EMÜ) nr 2055/93, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 2596/97, (EÜ) nr 1182/2005 ja (EÜ) nr 315/2007 ( ELT 2009, L 30, lk 1 ). Määrus nr 320/2006, mida on muudetud määrusega nr 72/2009, on kohaldatav käesoleva juhtumi asjaoludele. Määruse nr 320/2006 põhjendustes 1 ja 5 on märgitud järgmist: „(1) […] Ühenduse suhkrutootmis- ja ‑kaubandussüsteemi ühtlustamiseks rahvusvaheliste nõuetega ning selle konkurentsivõime tagamiseks tulevikus tuleb käivitada põhjalik ümberkorraldusprotsess, mis toob kaasa mittetasuva tootmisvõimsuse märgatava vähenemise ühenduses. Selleks tuleks suhkru uue ja toimiva ühise turukorralduse rakendamise eeltingimusena kehtestada eraldiseisev ja autonoomne ajutine kava [Euroopa] ühenduse suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks. […] (5) Tuleks sisse viia kaalukas majandussoodustus piisava ümberkorraldusabi kujul, et madalaima tootlikkusega suhkruettevõtjad loobuksid oma kvoodikohasest tootmisest. Sel eesmärgil tuleks näha ette ümberkorraldusabi, mis innustaks loobuma suhkru kvoodikohasest tootmisest ja asjaomastest kvootidest ning samal ajal võimaldaks võtta piisavalt arvesse tootmisest loobumisega seotud sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kohustusi. Abi peaks olema kättesaadav nelja turustusaasta jooksul, et vähendada tootmist ulatuses, mis tagaks ühenduses tasakaalustatud turuolukorra.“ Määruse nr 320/2006 artikkel 1 „Ajutine ümberkorraldusfond“ sätestab: „1.   Käesolevaga asutatakse ajutine fond suhkrutööstuse ümberkorraldamiseks ühenduses […] (edaspidi „ümberkorraldusfond“). Ümberkorraldusfond moodustab osa Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi tagatisrahastust. Alates 1. jaanuarist 2007 moodustab ümberkorraldusfond osa Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF). 2.   Ümberkorraldusfondist rahastatakse käesoleva määruse artiklites 3, 6, 7, 8 ja 9 ettenähtud meetmetest tulenevaid kulutusi. […] 4.   Käesolevat määrust ei kohaldata asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 osutatud äärepoolseimate piirkondade suhtes.“ Määruse nr 320/2006 artikkel 3 „Ümberkorraldusabi“ sätestab järgmist: „1.   Igal ettevõtjal, kes toodab suhkrut, isoglükoosi või inuliinisiirupit ja kellele on eraldatud kvoot 1. juuliks 2006 […], on õigus ümberkorraldusabile iga loovutatud kvooditonni eest tingimusel, et ühel turustusaastal (kas 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 või 2009/2010) ettevõtja: a) loobub oma ühele või mitmele tehasele määratud kvoodist ja demonteerib täielikult asjaomaste tehaste tootmisseadmed, või b) loobub oma ühele või mitmele tehasele määratud kvoodist, demonteerib osaliselt asjaomaste tehaste tootmisseadmed ega kasuta asjaomaste tehaste allesjäänud tootmisseadmeid suhkruturu ühise korraldusega hõlmatud toodete tootmiseks, […]. 3.   Tootmisseadmete täielikuks demonteerimiseks tuleb: a) peatada lõplikult ja täielikult suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi tootmine asjaomastes tootmisrajatistes; b) sulgeda asjaomane vabrik/asjaomased vabrikud ja demonteerida nende tootmisseadmed artikli 4 lõike 2 punktis d osutatud ajavahemiku jooksul; ning c) taastada vabriku ümbruse hea keskkonnaseisund ja hõlbustada tööjõu ümberpaigutamist artikli 4 lõike 2 punktis f osutatud ajavahemiku jooksul. […] 4.   Tootmisseadmete osaliseks demonteerimiseks tuleb: a) peatada lõplikult ja täielikult asjaomase suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi tootmine asjaomases tootmisrajatises; b) demonteerida tootmisseadmed, mida ei asuta kasutama uueks tootmistegevuseks ning mis on ette nähtud ja mida kasutatakse punktis a osutatud toodete tootmiseks […]; c) taastada vabriku ümbruse hea keskkonnaseisund ja hõlbustada tööjõu ümberpaigutamist artikli 4 lõike 2 punktis f osutatud ajavahemiku jooksul […]. 5.   Ümberkorraldusabi summa iga loobutud kvooditonni kohta on: a) lõike 1 punktis a osutatud juhul: – 730,00 [eurot] turustusaastal 2006/2007, – 730,00 [eurot] turustusaastal 2007/2008, – 625,00 [eurot] turustusaastal 2008/2009, – 520,00 [eurot] turustusaastal 2009/2010; b) lõike 1 punktis b osutatud juhul: – 547,50 [eurot] turustusaastal 2006/2007, – 547,50 [eurot] turustusaastal 2007/2008, – 468,75 [eurot] turustusaastal 2008/2009, – 390,00 [eurot] turustusaastal 2009/2010; […].“ Peale selle on määruse nr 320/2006 artiklis 4 „Ümberkorraldusabi taotlused“ sätestatud järgmist: „1.   Ümberkorraldusabi taotlused esitatakse asjaomasele liikmesriigile selle aasta 31. jaanuariks, mis eelneb turustusaastale, mille jooksul kvoodist loobutakse. […] 2.   Ümberkorraldusabi taotlused sisaldavad järgmist: a) ümberkorraldusplaan; […] c) kohustus loobuda asjaomasel turustusaastal asjakohasest kvoodist; d) artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud juhul kohustus demonteerida täielikult tootmisseadmed asjaomase liikmesriigi poolt määratava aja jooksul; e) artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud juhul kohustus demonteerida osaliselt tootmisseadmed asjaomase liikmesriigi poolt määratava aja jooksul ning mitte kasutada tootmiskohta ja allesjäänud tootmisseadmeid suhkruturu ühise korraldusega hõlmatud toodete tootmiseks; […]. 3.   Lõike 2 punktis a osutatud ümberkorraldusplaan sisaldab vähemalt järgmisi elemente: […] c) asjaomaste tootmisseadmete täielik tehniline kirjeldus; d) äriplaan, milles esitatakse üksikasjad vabriku või vabrikute sulgemise ning tootmisseadmete täieliku või osalise demonteerimise viiside, ajakava ja kulude kohta; […] h) finantsplaan, milles esitatakse üksikasjad kõikide ümberkorraldusplaaniga seotud kulude kohta.“ Määruse nr 320/2006 artikkel 5 „Ümberkorraldusabi käsitlev otsus ja kontrollid“ näeb ette järgmist: „1.   Liikmesriigid teevad otsuse ümberkorraldusabi andmise kohta artikli 3 lõikes 2 osutatud turustusaastale eelneva aasta veebruari lõpuks. Otsus turustusaasta 2006/2007 kohta võetakse siiski vastu 30. septembriks 2006. […] 2.   Ümberkorraldusabi antakse, kui liikmesriik on teinud pärast põhjalikku kontrollimist kindlaks, et: – taotlus sisaldab artikli 4 lõikes 2 osutatud elemente; – ümberkorraldusplaan sisaldab artikli 4 lõikes 3 osutatud elemente; – ümberkorraldusplaanis kirjeldatud meetmed ja tegevused on kooskõlas asjakohaste ühenduse ja liikmesriikide õigusaktidega; – […]. 3.   Kui lõike 2 esimeses kolmes taandes osutatud üks tingimus või mitu tingimust ei ole täidetud, saadetakse ümberkorraldusabi taotlus taotlejale tagasi. Taotlejat teavitatakse täitmata tingimustest. Seejärel võib taotleja oma taotluse kas tagasi võtta või seda täiendada. […]“ Määrus nr 968/2006 Euroopa Komisjon võttis 27. juunil 2006 vastu määruse (EÜ) nr 968/2006, millega kehtestatakse määruse nr 320/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ( ELT 2006, L 176, lk 32 ). Määrust nr 968/2006 on mitu korda muudetud, viimati komisjoni 13. juuli 2011. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 672/2011, millega muudetakse määrust nr 968/2006 ( ELT 2011, L 184, lk 1 ). Määrus nr 968/2006, määrusega nr 672/2011 muudetud redaktsioonis, on käesoleva juhtumi asjaoludele kohaldatav. Määruse nr 968/2006 põhjenduses 4 on sätestatud järgmist: „Seoses kvootidest loobumisega on nõukogu määruse […] nr 320/2006 artiklis 3 sätestatud tootmisseadmete täieliku või osalise demonteerimise võimalused, millest tulenevad erinevad ümberkorraldusabi summad. Samal ajal kui nimetatud kahe võimaluse suhtes rakendatavate tingimuste puhul tuleks arvestada asjaolu, et suurem ümberkorraldusabi summa antakse täieliku demonteerimise korral sellega seotud suuremate kulutuste tõttu, peetakse asjakohaseks võimalust lubada säilitada vabriku need osad, mis ei moodusta tootmisliini osa, kui neid on võimalik kasutada muudel ümberkorralduskavas ettenähtud eesmärkidel, eriti kui selline kasutus loob töökohti. Teisalt tuleks seadmed, mis ei ole otseselt suhkrutootmisega seotud, demonteerida, kui neile ei ole mõistliku ajavahemiku jooksul leitud alternatiivset kasutust ning nende säilitamine oleks keskkonnale kahjulik.“ Määruse nr 968/2006 artikkel 4 „Tootmisseadmete demonteerimine“ näeb ette järgmist: „1.   Määruse […] nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral käsitleb tootmisseadmete demonteerimise nõue järgmist: a) kõiki seadmeid, mis on vajalikud suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmiseks, nagu suhkrupeedi, suhkruroo, teravilja ja siguri ladustamiseks, analüüsimiseks, pesemiseks ja tükeldamiseks vajalikke seadmeid; kõiki seadmeid suhkrupeedist või suhkruroost suhkru, teraviljast tärklise, tärklisest glükoosi või sigurist inuliini ekstraheerimiseks ja tootmiseks või kontsentreerimiseks; b) [muid kui punktis a nimetatud seadmeid], mis on otseselt seotud suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmisega ja mis on [vajalikud] loovutatud kvoodiga hõlmatud toodangu käitlemiseks, isegi kui seda oleks võimalik kasutada muuks tootmiseks, näiteks veekuumutus- ja ‑töötlemisseadmed ning energiatootmisseadmed; suhkrupeedi pressimisjääkide ja melassi töötlemise seadmed; tehasesisesed transpordiseadmed; c) kõiki muid seadmeid, nagu pakendamisseadmed, mis jäävad kasutamata ning mis tuleb keskkonnakaitselistel põhjustel demonteerida ning kõrvaldada. 2.   Määruse […] nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis b osutatud osalise demonteerimise korral puudutab tootmisseadmete demonteerimise nõue käesoleva artikli lõikes 1 osutatud seadmeid, mida ei kavatseta tehases kasutada muuks tootmiseks või muuks otstarbeks vastavalt ümberkorralduskavale.“ [Euroopa Kohtus täpsustatud tõlge] Vastavalt määruse nr 968/2006 artiklile 6 „Liikmesriikide kohustused“: „1.   Hiljemalt 20 päeva pärast artikli 2 lõikes 3 osutatud konsultatsioonikutse koopia saamist teavitab liikmesriik ümberkorralduskavaga seotud isikuid oma otsusest järgmise kohta: […] b) hiljemalt 30. septembril 2010 lõppev ajavahemik, mis määratakse tootmisseadmete demonteerimiseks ning määruse […] nr 320/2006 artikli 3 lõike 3 punktis c ja artikli 3 lõike 4 punktis c osutatud sotsiaalsete või keskkonnaalaste kohustuste täitmiseks; […]. Erandina esimese lõigu punktist b võivad liikmesriigid asjaomase ettevõtja põhjendatud taotluse korral lubada kõnealuses punktis kindlaks määratud tähtaega pikendada kuni 31. märtsini 2012. Sel juhul esitab ettevõtja muudetud ümberkorralduskava vastavalt artiklile 11. […]“ Määruse nr 968/2006 artikkel 9 „Ümberkorraldusabi lubatavus“ sätestab järgmist: „[…] 2.   Et taotlus loetaks kõlblikuks, tuleb ümberkorralduskavas a) esitada kokkuvõte peamistest eesmärkidest, meetmetest ja tegevustest, samuti nende meetmete ja tegevuste maksumusest, rahastamiskavast ja ajakavadest; b) täpsustada iga asjaomase vabriku puhul loovutatava kvoodi suurus, mis peab olema täielikult või osaliselt demonteeritavast tootmisvõimsusest väiksem või sellega võrdne; c) esitada tõend selle kohta, et tootmisseadmed demonteeritakse täielikult või osaliselt ning viiakse tootmiskohast ära; […] e) selgelt määratleda kõik tegevused ja kulutused, mida rahastab ümberkorraldusfond, ja vajaduse korral muud seotud elemendid, mida kavatsetakse rahastada teistest ühenduse fondidest. 3.   Kui lõikega 2 ettenähtud tingimused ei ole täidetud, teavitab liikmesriik taotlejat põhjustest ja määrab määruse […] nr 320/2006 artikli 4 lõikes 1 sätestatud ajavahemiku piires tähtaja ümberkorralduskava korrigeerimiseks. Liikmesriik otsustab korrigeeritud taotluse kõlblikkuse üle 15 tööpäeva jooksul pärast esimeses lõigus osutatud tähtaja lõppu, ent vähemalt 10 tööpäeva enne määruse […] nr 320/2006 artikli 5 lõikes 1 sätestatud tähtaega. Kui korrigeeritud taotlust ei esitata tähtaegselt või see loetakse taas kõlbmatuks, lükatakse ümberkorraldusabi taotlus tagasi ning liikmesriik teavitab sellest taotlejat ja komisjoni viie tööpäeva jooksul. Samalt taotlejalt laekunud uut taotlust käsitletakse artiklis 8 osutatud kronoloogilises järjekorras. […]“ Määruse nr 968/2006 artikkel 11 „Ümberkorralduskava muutmine“ näeb ette järgmist: „1.   Niipea kui ümberkorraldusabi on antud, võtab taotleja kõik heakskiidetud ümberkorralduskavas kirjeldatud meetmed ning täidab ümberkorraldusabi taotluses võetud kohustused. 2.   Liikmesriik nõustub kõikide heakskiidetud ümberkorralduskavas tehtavate muudatustega vastavalt asjaomase ettevõtja sooviavaldusele, milles a) selgitatakse põhjuseid ja rakendamisel esinenud probleeme; b) tuuakse välja muudatused või uued kavandatavad meetmed ning nende oodatavad tulemused; c) täpsustatakse mõju finantsasjadele ja ajakavale. Muudatustega ei tohi muuta antava ümberkorraldusabi kogusummat ega vastavalt määruse […] nr 320/2006 artiklile 11 makstavaid ajutisi ümberkorraldusmakseid. Liikmesriik teavitab komisjoni muudetud ümberkorralduskavast.“ Määruse nr 968/2006 artikkel 16 „Ümberkorraldusabi maksmine“ sätestab järgmist: „1.   Määruse […] nr 320/2006 artikli 10 lõikes 4 osutatud ümberkorraldusabi iga osamakse tegemise tingimuseks on sellise tagatise esitamine, mille suurus on 120% asjaomase osamakse summast. […]“ Määruse nr 968/2006 artikkel 22 „Tagatiste vabastamine“ sätestab järgmist: „1.   Artikli 16 lõikes 1 ja artikli 18 lõikes 2 osutatud tagatised vabastatakse tingimusel, et: a) kõik ümberkorralduskavas, riiklikes ümberkorraldusprogrammides ja äriplaanis ettenähtud meetmed ja tegevused on rakendatud; b) artikli 23 lõikes 2 osutatud lõpparuanne on esitatud; c) liikmesriigid on teinud artiklis 25 osutatud kontrollid; […]. 3.   Välja arvatud vääramatu jõuga seotud juhtudel, jäädakse tagatisest ilma, kui lõikes 1 osutatud tingimused ei ole hiljemalt 30. septembril 2012 täidetud.“ Määruse nr 968/2006 artikkel 25 „Kontroll“ sätestab järgmist: „1.   Iga ettevõtjat ja tootmiskohta, mille osas saadakse toetust ümberkorraldusfondi alusel, kontrollib liikmesriigi pädev asutus kolme kuu jooksul pärast artikli 23 lõikes 2 osutatud tähtaega. Kontrollitakse ümberkorralduskava või äriplaani järgimist ning ettevõtja poolt arenguaruandes esitatud teabe täpsust ja täielikkust. Ümberkorralduskavaga seotud esimese kontrolli käigus kontrollitakse samuti ettevõtja poolt ümberkorraldusabi taotluses esitatud mis tahes täiendavat teavet, eelkõige määruse […] nr 320/2006 artikli 4 lõike 2 punktis b osutatud kinnitust. 2.   Kontroll peab igal juhul hõlmama kõiki määruse […] nr 320/2006 artikli 4 lõikes 3 osutatud ümberkorralduskava elemente. […]“ Lisaks sellele sätestab määruse nr 968/2006 artikkel 26 „Tagasinõudmine“ järgmist: „1.   Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui abisaaja ei täida ühte või enamat kohustust ümberkorralduskava, äriplaani või riikliku ümberkorraldusprogrammi alusel, nõutakse asjaomas(t)e kohustus(t)e osas antud abi tagasi, välja arvatud vääramatu jõu korral. […]“ Viimaks, vastavalt määruse nr 968/2006 artiklile 27 „Karistused“: „1.   Kui abisaaja ei täida ühte või enamat kohustust ümberkorralduskava, äriplaani või riikliku ümberkorraldusprogrammi alusel, peab ta maksma summa, mis on 10% artikli 26 alusel tagasinõutavast summast. […]“ Vaidluse taust Komisjoni talitused viisid ajavahemikul 16.–19. märts 2010 Ungaris läbi auditi kolmes neljast endisest suhkrutootmisrajatisest, mille jaoks oli antud ümberkorraldusabi tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral vastavalt määruse nr 320/2006 artiklile 3 kohtuasja asjaolude asetleidmise ajal kehtinud redaktsioonis. Nimetatud auditi tagajärjel teatas komisjon 20. juuli 2010. aasta kirjaga (edaspidi „20. juuli 2010. aasta esimene teade“) Ungari ametiasutustele läbiviidud kontrollkäigu tulemused ning täpsustas, et see teade saadeti komisjoni 21. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 885/2006, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega ( ELT 2006, L 171, lk 90 ), artikli 11 alusel. 20. juuli 2010. aasta esimesest teatest nähtub, et komisjon leidis, et Ungari ametiasutused ei olnud täielikult täitnud Euroopa Liidu õigusnormide nõudeid, mis käsitlevad suhkrutööstusettevõtjatele abi andmise tingimusi turustusaastatel 2007/2008 ja 2008/2009. Komisjon leidis nimelt, et külastatud tööstusaladel, mis kuulusid vastavalt Eastern Sugarile Kabas (Ungari) ja Matra Cukorile Szolnokis (Ungari), olid alles tornhoidlad ja seetõttu ei olnud neil äriühingutel õigust saada ümberkorraldusabi tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral, vaid ainult osalise demonteerimise korral, mille summa on 25% väiksem kui tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral antava ümberkorraldusabi summa. Sellega seoses märkis komisjon, et need äriühingud ei ole siiski tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi saamiseks abikõlblikud, kui nad ei rakenda ümberkorraldamiskava täielikult ning kui ülejäänud tootmistegevusega seotud hooneid, sealhulgas tornhoidlaid, ei lammutata. Lõpuks palus komisjon Ungari ametiasutustel esitada teavet allesjäänud hoonete kohta suhkrutootmise aladel, kus tema töötajad kohapeal ei käinud. Ungari ametiasutused vastasid 20. juuli 2010. aasta esimeses teates esitatud vastuväidetele 20. septembri 2010. aasta kirjaga ja teavitasid komisjoni, et Eastern Sugari tootmiskohas Kabas asuvad tornhoidlad olid rendile antud pakendamata suhkru ladustamiseks pakendamise eesmärgil. Kahepoolsel kohtumisel komisjoni talituste ja Ungari ametiasutuste vahel, mis toimus Brüsselis (Belgia) 6. detsembril 2010, märkisid viimased muu hulgas, et tornhoidlaid on veel alles esiteks Eastern Sugari tootmiskohas Kabas ning teiseks Magyar Cukori tootmiskohas Petőházas (Ungari) ning et Matra Cukori tegevuskohas Szolnokis asunud tornhoidlad olid lammutamisel. Lisaks väitsid nad sisuliselt, et puudub õiguslik alus ja kohustus tornhoidlad demonteerida ning tootmiskvoodist loobumisest ja tootmisseadmete demonteerimisest piisab, et Ungari ettevõtjatel oleks võimalik taotleda ümberkorraldusabi tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral. Komisjon omalt poolt möönis, et kuigi määrustes nr 320/2006 ja nr 968/2006 ei ole mainitud tornhoidlate lammutamist, tuleneb nende määruste ülesehitusest, et kuivõrd tornhoidlad moodustavad tootmisseadmete lahutamatu osa, siis tuli need demonteerida. Lisaks märkis komisjon, et suhkrutootjad, kes taotlesid ümberkorraldusabi tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral, oleks võinud valida osalise demonteerimise, mille tulemusel oleks antud abi summa olnud 25% väiksem kui tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral antav abi. Viimaks teatas ta Ungari ametiasutustele, et neil on olukorra lahendamiseks ja täieliku demonteerimise korral antava ümberkorraldusabi allesjäämiseks aega kuni septembrini 2011. Ungari ametiasutused esitasid 3. märtsil 2011 oma tähelepanekud 6. detsembri 2010. aasta kahepoolse kohtumise protokolli kohta. Nad kinnitasid eelkõige, et suhkrutööstusettevõtjad, kes said ainult tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral antavat ümberkorraldusabi, võisid taotleda tähtaja pikendamist demonteerimise lõpetamiseks, mida nad ei olnud aga teinud. Komisjon teatas Ungari ametiasutustele 8. novembril 2012 määruse nr 885/2006 artikli 11 lõike 2 kolmanda lõigu kohaselt saadetud kirjas, et ta kavatseb jätta Euroopa Liidu rahastamisest välja 11709400 euro suuruse summa, kuna see summa oli arvutatud tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral antava toetuse summa ning osalise demonteerimise korral antava toetuse summa vahe alusel. Ungari ametiasutused taotlesid 18. detsembril 2012 vastavalt määruse nr 885/2006 artiklile 16 lepitusmenetluse alustamist. Lepitusorgan esitas 25. aprillil 2013 aruande, milles ta leidis esiteks, et pooli ei olnud õnnestunud lepitada ning et poolte vahelise vastuolu põhiküsimus oli Euroopa Kohtus arutamisel. Seejärel märkis ta sisuliselt esiteks, et komisjon oli mitmel korral jätnud Ungari ametiasutustele teatamata kohustusest tornhoidlaid lammutada, ning teiseks, et mitmel liikmesriigil, nagu ka komisjonil endal, oli tekkinud raskusi asjaomaste õigusnormide tõlgendamisel. Lõpuks kutsus see organ komisjoni võtma arvesse asjaolu, et komisjoni 23. detsembri 1997. aasta dokumendis nr VI/5330/97 „Suunised finantstagajärgede arvutamiseks EAGGFi tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsuse ettevalmistamisel“ (edaspidi „dokument VI/5330/97“) on märgitud, et „kui rikkumise põhjuseks võib olla ühenduse eeskirjade tõlgendamine […], võib seda kergendavat asjaolu arvesse võtta ja välja võidakse pakkuda väiksema korrektsioonimäära kohaldamine või korrektsiooni kohaldamata jätmine“. 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) otsustas Euroopa Kohus sisuliselt, et mõiste „tootmisseadmed“ määruse nr 320/2006 artiklite 3 ja 4 ning määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses hõlmab ümberkorraldusabi saaja suhkru ladustamiseks mõeldud tornhoidlaid. Euroopa Kohus leidis siiski, et see ei ole nii kahel juhul: esiteks, kui on tõendatud, et tornhoidlaid kasutati üksnes kvoodi kohaselt toodetud suhkru ladustamiseks, mille on ladustanud teised tootjad või mis on viimaste käest ostetud, ning teiseks, kui neid tornhoidlaid kasutatakse üksnes mujal toodetud suhkru turunduslikul eesmärgil pakendamiseks või pakkimiseks. Ungari ametiasutused kordasid 8. jaanuari 2014. aasta kirjas komisjonile põhjuseid, miks nende arvates 14. novembri 2013. aasta kohtuotsust SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) arvestades allesjäetud tornhoidlad Eastern Sugari endises suhkrutootmiskohas Kabas ja Magyar Cukori endises suhkrutootmiskohas Petőházas (edaspidi „kõnealused tornhoidlad“) ei ole hõlmatud mõistega „tootmisseadmed“. Komisjon andis 28. märtsi 2014. aasta kirjas Ungari ametiasutustele kahekuise tähtaja, et nad esitaksid veenvaid tõendeid selle kohta, et enne ümberkorraldusabi taotluste esitamist kasutati kõnealuseid tornhoidlaid üksnes teiste tootjate kvoodi alusel toodetud suhkru ladustamiseks ja pakendamiseks. Ungari ametiasutused vaidlustasid 26. mai 2014. aasta kirjaga komisjoni seisukoha, mille kohaselt tuleb hindamiseks, kas kõnealused tornhoidlad kuuluvad mõiste „tootmisseadmed“ alla, arvesse võtta, kuidas neid ümberkorraldusabi taotluse esitamise kuupäeval kasutati. Arvestades, et Ungari ametiasutused ei olnud nimetanud ühtegi asjaolu, millest oleks olnud võimalik järeldada, et vaidlusaluseid tornhoidlaid kasutati ümberkorraldusabi taotluse esitamise kuupäeval üksnes teiste tootjate poolt kvoodi alusel toodetud suhkru ladustamiseks ja pakendamiseks, saatis komisjon Ungari ametiasutustele 6. oktoobril 2014 kirja, milles ta rõhutas seisukohta, mida ta väljendas oma eelmises, 8. novembri 2012. aasta kirjas. Põllumajandusfondide komiteega konsulteeriti vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 31 lõikele 1 ja sama määruse artikli 41 lõikele 3 ning 18. novembri 2014. aasta koosolekul esitatud kokkuvõtvas aruandes märkis komisjon, et tema seisukoht seoses tuvastatud puudustega ei ole muutunud. Neil asjaoludel võttis komisjon vastu 16. jaanuari 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/103, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames ( ELT 2015, L 16, lk 33 , edaspidi „vaidlustatud otsus“), sealhulgas käesolevas asjas arutusel olevaid kulutusi, mis Ungari tegi seoses ümberkorraldusabiga suhkrutööstuses, kogusummas 11709400 eurot. Menetlus ja poolte nõuded Ungari esitas käesolevas kohtuasjas hagiavalduse, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 27. märtsil 2015. Prantsuse Vabariik ja Itaalia Vabariik palusid vastavalt 22. juunil ja 3. juulil 2015 Üldkohtu kantseleisse saabunud avaldustes luba astuda menetlusse Ungari nõuete toetuseks. Üldkohtu teise koja president andis 21. augusti 2015. aasta määrusega menetlusse astumiseks loa. Prantsuse Vabariik esitas menetlusse astuja seisukohad Üldkohtu kantseleisse 21. oktoobril 2015. Komisjon ja Ungari esitasid oma märkused Prantsuse Vabariigi menetlusse astuja seisukohtade kohta vastavalt 16. detsembril 2015 ja 6. jaanuaril 2016. Ungari palub Üldkohtul: – tühistada vaidlustatud otsus osas, milles EAGFi rahastamisest jäetakse välja Ungari poolt suhkrutööstussektoris antud ümberkorraldusabi summas 11709400 eurot; – mõista kohtukulud välja komisjonilt. Komisjon palub Üldkohtul: – jätta hagi rahuldamata; – mõista kohtukulud välja Ungarilt. Prantsuse Vabariik palub Üldkohtul: – tühistada vaidlustatud otsus; – mõista kohtukulud välja komisjonilt. Ettekandja-kohtuniku ettekande põhjal otsustas Üldkohus (neljas koda) alustada menetluse suulist osa ja palus Üldkohtu kodukorra artiklis 89 sätestatud menetlust korraldavate meetmete raames pooltel vastata kirjalikele küsimustele ning esitada teatavaid dokumente. Kõik pooled, välja arvatud Itaalia Vabariik, täitsid menetlust korraldavate meetmete raames esitatud nõuded ettenähtud tähtaja jooksul. Poolte kohtukõned ja vastused Üldkohtu suulistele küsimustele kuulati ära 8. mai 2017. aasta kohtuistungil. Kuna Itaalia Vabariik ei osalenud kohtuistungil, jäi menetluse suuline osa avatuks, et võimaldada tal esitada oma seisukohad kirjalikult ühe nädala jooksul alates kohtuistungi protokolli kättetoimetamisest. Itaalia Vabariik esitas ettenähtud tähtaja jooksul oma kirjalikud seisukohad, milles ta leidis, et Ungari hagi tuleb rahuldada. Ungari ja komisjon esitasid 16. juunil 2017 Üldkohtu kantseleisse oma märkused Itaalia Vabariigi poolt pärast kohtuistungit esitatud seisukohtadele. Õiguslik käsitlus Oma apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab Ungari sisuliselt kaks väidet, millest esimese kohaselt on rikutud määruse nr 320/2006 artikleid 3 ja 4 ning määruse nr 968/2006 artiklit 4 ning teise kohaselt on rikutud dokumendis VI/5330/97 sätestatud suuniseid ja lojaalse koostöö põhimõtet. Esimene väide, et on rikutud määruse nr 320/2006 artikleid 3 ja 4 ning määruse nr 968/2006 artiklit 4 Ungari, keda toetavad Prantsuse Vabariik ja Itaalia Vabariik, väidab sisuliselt, et vaidlustatud otsusega rikutakse määruse nr 320/2006 artikleid 3 ja 4 ning määruse nr 968/2006 artiklit 4, kuna komisjon leidis, et Ungari suhkrutööstusettevõtjad ei vasta tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral antava ümberkorraldusabi andmise tingimustele, kuna nad on alles jätnud tornhoidlad ega ole seega demonteerinud kõiki oma tootmisseadmeid. Sellega seoses väidab Ungari, et komisjon tegi vea, kui ta järeldas, et hindamiseks, kas tootmisüksused kvalifitseeruvad tootmisseadmeteks määruse nr 320/2006 tähenduses ja seega, kas need kuuluvad erandite alla, mis on toodud Euroopa Kohtu 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ), oli vaja uurida nende kasutamist ajal, mil esitati ümberkorraldusabi andmise taotlus (edaspidi „komisjoni kehtestatud tingimus“). Ungari väidab lisaks sisuliselt, et tootmisseadmete täieliku demonteerimise kohustust võidakse täita, isegi kui tornhoidlad müüakse selle asemel, et neid hävitada, kui suhkrukvoodist loobuti ja kui ümberkorraldamisprotsessi lõpuks ei saa abisaaja allesjäänud käitisi suhkrutootmises enam kasutada. Komisjon vaidleb Ungari, Prantsuse Vabariigi ja Itaalia Vabariigi argumentidele vastu. Sissejuhatuseks tuleb meenutada, et 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ), olles eelnevalt tuvastanud, et mõiste „tootmisseadmed“ ei ole määrustes nr 320/2006 ja nr 968/2006 määratletud, leidis Euroopa Kohus esiteks, et mõiste „tootmine“ võib hõlmata ka teisi toote valmistamise etappe, mis leiavad aset enne või pärast keemilist või füüsilist töötlemisprotsessi, ning et see võiks seega hõlmata ka suhkru ladustamist, mis ei olnud pakitud kohe pärast selle eraldamist toorainest. Seega järeldas ta, et ladustamine võib olla „otseselt seotud suhkru tootmisega“ määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses (14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt, C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 , punkt ). Teiseks leidis Euroopa Kohus, et tornhoidlad võisid mõjutada otseselt suhkru kogust, mida saab toota, ja tootmisprotsesse, mis sõltuvad sellest, kas lähedal asub ladustamisrajatis, kuna eelkõige võimaldavad need lükata täielikult või osaliselt edasi toote müüki asjaomase suhkru turustusaasta kohta ning mõjutavad nii turgu määruse nr 320/2006 põhjenduse 5 tähenduses (14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt, C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 , punktid – ). Kolmandaks leidis ta sisuliselt, et määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 3 punktidest a ja b tuleneb, et täieliku demonteerimise korral ümberkorraldamisabi saamiseks tuleb asjaomane tööstuskompleks põhimõtteliselt tervikuna kasutuselt kõrvaldada ning et võimalus hoiduda demonteerimisest või jätkata tulevikus muude kui tootmisseadmete kasutamist nii, et jääb alles õigus saada abi täies ulatuses, kujutab endast erandit, mida tuleb tõlgendada kitsalt (14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt, C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 , punkt ). Eeltoodud kaalutlusi arvestades otsustas Euroopa Kohus 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuse SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) punktis 31, et abisaaja suhkru ladustamiseks mõeldud tornhoidlad tuleb kvalifitseerida tootmisseadmeteks, olenemata sellest, et neid kasutatakse ka muuks otstarbeks. Kohus tegi siiski sellest põhimõttest kaks erandit. Ta leidis nimelt sisuliselt, et tornhoidlad jäävad „tootmisseadmete“ kvalifikatsiooni ja seega demonteerimiskohustuse kohaldamisalast välja, kui on tõendatud, et neid kasutati ainult kvoodi alusel toodetud ja teiste tootjate ladustatud või neilt ostetud suhkru hoidmiseks (14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt, C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 , punktid ja ), ning teiseks, kui neid kasutati ainult mujal toodetud suhkru pakendamiseks või pakkimiseks turustamise eesmärgil (14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt, C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 , punktid ja ) (edaspidi „Euroopa Kohtu kehtestatud erandid“). Käesolevas asjas ei vaidlusta Ungari, Prantsuse Vabariik ja Itaalia Vabariik seda, et tornhoidlad ei kuulunud tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi andmise taotluse esitamise ajal Euroopa Kohtu kehtestatud erandite alla. Lisaks sellele ei eita Ungari, et vaidlusalused tornhoidlad olid ümberkorraldamisprotsessi lõpuks tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi saanud Ungari suhkrutööstusettevõtjate tootmiskohtades alles. Ungari leiab siiski, et komisjon tuvastas vääralt, et eespool nimetatud asjaolud õigustavad 25% finantskorrektsiooni, mida tema suhtes kohaldati. Ungari väitel, keda toetavad Prantsuse Vabariik ja Itaalia Vabariik, on nimelt oluline, et ümberkorraldamisprotsessi lõpuks ei olnud tornhoidlate näol enam tegemist suhkrutootmisega seotud rajatistega. Seetõttu leidis komisjon valesti, et seda, kas tornhoidlad olid hõlmatud ühega Euroopa Kohtu kehtestatud eranditest, oli vaja uurida ümberkorraldusabi andmise taotluse esitamise kuupäeval. Ungari argumendid, mida toetavad ka Prantsuse Vabariik ja Itaalia Vabariik, ei ole siiski kõnealuste õigusnormidega kooskõlas. Kõigepealt nähtub määruse nr 320/2006 põhjendustest 1 ja 5, et kõnealuse õigusakti eesmärk on vähendada Euroopa Liidu suhkrutootmise mittetasuvat tootmisvõimsust, ergutades madalaima tootlikkusega ettevõtjaid loobuma suhkru kvoodikohasest tootmisest ja asjaomastest kvootidest. Lisaks nähtub määruse nr 320/2006 põhjendusest 5, et ümberkorralduskava põhineb suhkruettevõtja vabatahtlikul osalusel, kuivõrd selle eesmärk on kehtestada kaalukas majandussoodustus piisava ümberkorraldusabi andmise kujul (vt selle kohta 14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt, C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 , punkt ). Selleks et saavutada vaidlusaluste õigusnormidega taotletav eesmärk vähendada Euroopa Liidus kahjumliku suhkrutootmise võimsust, nägi Euroopa Liidu seadusandja ette kaks erinevat ümberkorraldamiskava sõltuvalt kasutuselt kõrvaldamise viisist, nimelt täieliku demonteerimise või osalise demonteerimise, millest tuleneb erinev ümberkorraldusabi summa, nagu nähtub määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 5 punktidest a ja b koostoimes määruse nr 968/2006 põhjendusega 4. Esiteks, mis puudutab tingimusi, mis peavad olema täidetud, et saada ümberkorraldusabi tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral, siis on määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis a ja artikli 3 lõike 3 punktis b nõutud, et abi taotlenud suhkrutööstusettevõtja loobuks ühele või mitmele oma tehasele eraldatud kvoodist ning et ta sulgeks oma vabrikud ja demonteeriks tootmisseadmed. Ent saamaks ümberkorraldusabi tootmisseadmete osalise demonteerimise korral, on määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis b ja artikli 3 lõike 4 punktis b nõutud, et abi taotlenud suhkrutööstusettevõtja loobuks ühele või mitmele oma tehasele eraldatud kvoodist ning et ta demonteeriks osaliselt asjaomaste tehaste tootmisseadmed ega kasutaks allesjäänud tootmisseadmeid suhkruturu ühise korraldusega (edaspidi „suhkruturu ühine korraldus“) hõlmatud toodete tootmiseks. Teiseks on tootmisseadmete demonteerimise kohustuse kohaldamisala täpsustatud määruse nr 968/2006 artiklis 4. Määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 kohaselt hõlmab määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud tootmisseadmete täieliku demonteerimise kohustus muu hulgas seadmeid, mis on vajalikud suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmiseks (määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punkt a), seadmeid, mis on otseselt seotud suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmisega ja mis on vajalikud loovutatud kvoodiga hõlmatud toodangu käitlemiseks, isegi kui neid oleks võimalik kasutada muuks tootmiseks (määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punkt b), ja kõiki muid seadmeid, nagu pakendamisseadmed, mis jäävad kasutamata ning mis tuleb keskkonnakaitselistel põhjustel demonteerida ning kõrvaldada (määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punkt c). Vastavalt määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punktile c koostoimes määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktiga a ja määruse nr 968/2006 põhjendusega 4 võib seega täieliku demonteerimise korral erandkorras säilitada kõik tootmisseadmed, mis ei ole suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmiseks vajalikud või mis ei ole otseselt seotud nimetatud toodete tootmisega, nagu pakendamisseadmed, tingimusel et need jäävad kasutusse ning neid ei tule keskkonnakaitselistel põhjustel demonteerida ning kõrvaldada. Lisaks näeb määruse nr 968/2006 artikli 4 lõige 2 ette, et osalise demonteerimise korral puudutab tootmisseadmete demonteerimise nõue sama artikli lõikes 1 osutatud seadmeid (vt eespool punkt 59), mida ei kavatseta tehases kasutada muuks tootmiseks või muuks otstarbeks vastavalt ümberkorralduskavale. Lisaks nähtub määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktist b, et tootmisseadmeid, mida saab alles jätta, ei peaks enam kasutatama suhkruturu ühise korraldusega hõlmatud toodete tootmiseks. Seega, vastavalt määruse nr 968/2006 artikli 4 lõikele 2 koostoimes määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktiga b võib säilitada seadmeid, mis on vajalikud suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmiseks või mis on otseselt seotud kõnealuste toodete tootmisega, tingimusel et neid ei kasutata suhkruturu ühise korraldusega hõlmatud toodete tootmiseks ja et neid kavatsetakse tehases kasutada muuks tootmiseks või muuks otstarbeks vastavalt ümberkorralduskavale. Kolmandaks peavad täieliku või osalise demonteerimise vahel valima suhkruettevõtjad ümberkorraldusabi taotlemisel. Määruse nr 320/2006 artikli 4 lõike 2 punktide a, c, d ja e, artikli 4 lõike 3 punktide c ja h ning määruse nr 968/2006 artikli 9 lõike 2 punktide a ja c kooslugemisel nähtub, et ümberkorraldusabi taotlus sisaldab eelkõige esiteks kohustuse võtmist kvoodist loobuda ja teiseks kohustust demonteerida tootmisseadmed asjaomase liikmesriigi määratud tähtaja jooksul täielikult või osaliselt ning ümberkorralduskava, mis sisaldab muu hulgas tootmisseadmete täielikku tehnilist kirjeldust, kokkuvõtet meetmetest ja tegevustest, samuti hinnangut nende meetmete ja tegevuste maksumuse kohta, rahastamiskava ning erinevate kavandatud meetmete rakendamise ajakava. Vastavalt eespool punktis 63 meenutatud sätetele oleks abisaaja pidanud seega hiljemalt täieliku või osalise demonteerimise korral ümberkorraldusabi saamise taotluse esitamise kuupäevaks kindlaks tegema kõik tootmisseadmed, mille demonteerimise kohustuse ta endale vastavalt ümberkorraldamiskavale võttis. See eeldab seega, et tornhoidlate puhul tehakse abitaotluse esitamisel kindlaks, kas need kujutavad endast tootmisseadmeid, mille demonteerimine peab olema kohustulikult ette nähtud ümberkorraldamiskavas, kui on taotletud tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi andmist, või kas need hoidlad kuuluvad Euroopa Kohtu kehtestatud erandite alla. Mis tahes teistsugune tõlgendus jätaks sisutühjaks need nõuded, mis on sätestatud määruse nr 320/2006 artiklis 4 ja määruse nr 968/2006 artiklis 9, ning lisaks ei eristataks asjaomaste õigusnormidega ette nähtud tootmisseadmete osalist ja täielikku demonteerimist. Esiteks juhul, kui suhkrutööstusettevõtjad ei tea ümberkorraldusabi andmise kuupäeval, kas nende tootmiskohas asuvad tornhoidlad kujutavad endast tootmisseadmeid või mitte, ei nimetata neid ümberkorralduskavas demonteerimisele kuuluvate tootmisseadmetena, mis on aga vastuolus määruse nr 320/2006 artikli 4 lõike 3 punktiga c Lisaks sellele ei oleks õige kõikide tootmisseadmete demonteerimise kohustuse võtmine, mis peab täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi saamise taotluses esinema (vt eespool punkt 63), sest see kohustus ei pruugi hõlmata kõiki tootmisseadmeid, mis nimetatud kohustuse võtmise päeval olemas olid. Teiseks, juhul kui tornhoidlate võimalikku kvalifitseerimist tootmisseadmeteks hinnataks ümberkorraldamisprotsessi lõpus, võimaldaks see nii tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral kui ka nende osalise demonteerimise korral hoida alles tornhoidlad, mis kujutasid endast tootmisseadmeid abitaotluse esitamise kuupäeval, põhjendades seda sellega, et pärast ümberkorraldamist neid enam suhkru tootmiseks ei kasutata. Nii ei oleks võimalus jätta osa tootmisseadmeid alles enam mitte iseloomulik osalisele demonteerimisele, vaid laieneks ka täielikule demonteerimisele, kuigi sel viimati nimetatud juhul saavad ettevõtjad ümberkorraldusabi 25% suuremas summas kui osalise demonteerimise korral, võttes arvesse sellega kaasnevaid lisakulutusi, nagu nähtub määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 5 punktidest a ja b ja määruse nr 968/2006 põhjendusest 4. Eespool toodut silmas pidades peab juhul, kui tornhoidla kujutab endast tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral antava ümberkorraldusabi taotlemise ajal tootmisseadet, olema see taotluses mainitud ja nimetatud hoidla tuleb demonteerida vastavalt ümberkorralduskavale, vastasel juhul ei ole sellise abi andmise tingimused täidetud. Seega vastupidi sellele, mida väidavad Ungari, Prantsuse Vabariik ja Itaalia Vabariik, ei ole komisjon rikkunud õigusnormi, asudes seisukohale, et tornhoidlate kvalifitseerimist tuleb hinnata ümberkorraldusabi andmise taotluse esitamise ajal. Eespool esitatud järeldust ei lükka ümber argumendid, mille esitasid Ungari, Prantsuse Vabariik ja Itaalia Vabariik. Esiteks väidab Ungari sisuliselt, et komisjoni kehtestatud kriteerium on vastuolus suhkrutööstuse ümberkorraldamiskava eesmärgiga. Tema arvates on ümberkorraldusabi loomuomase eesmärgi saavutamise seisukohast otsustav, et ümberkorraldamisprotsessi lõpuks ei oleks enam tootmisseadmeid, mida võib kasutada suhkru tootmiseks. Selles osas nähtub käesoleva kohtuotsuse punktidest 56, 57 ja 68, et saavutamaks vaidlusaluste õigusnormidega taotletav eesmärk vähendada Euroopa Liidus kahjumliku suhkrutootmise võimsust, on Euroopa Liidu seadusandja ette näinud kaks erinevat ümberkorraldamiskava, sõltuvalt kasutuselt demonteerimise ulatusest, millest tuleneb erinev ümberkorraldusabi summa. Peale selle, nagu on täpsustatud eespool punktides 62–64, valik täieliku või osalise demonteerimise vahel eeldab, et ümberkorraldusabi taotlev ettevõtja teeb juba abitaotluse esitamise ajal kindlaks kõik asjaomasel tootmisalal asuvad tootmisseadmed, mis ta kohustub hiljemalt ümberkorraldamisprotsessi lõpuks täielikult või osaliselt hävitama. Eespool öeldut silmas pidades on komisjoni kehtestatud kriteerium osa Euroopa Liidu seadusandja kehtestatud süsteemist ega ole vastuolus suhkrutööstuse ümberkorraldamise süsteemi loogikaga. Seega tuleb Ungari argument tagasi lükata. Teiseks on Prantsuse Vabariik seisukohal, et komisjon saab tuletada kohustusest, mis on sätestatud määruse nr 320/2006 artikli 4 lõikes 2, et abitaotlused peavad sisaldama kohustuse võtmist demonteerida tootmisseadmed liikmesriigi kehtestatud tähtaja jooksul, et kuupäev, mille seisuga tuleb hinnata tornhoidlate kasutamist, on abitaotluse esitamise kuupäev. See säte ei puuduta nimelt tema arvates mitte ümberkorraldusabi andmise tingimusi, vaid üksnes ümberkorraldusabi taotluste sisu ja nende esitamise kuupäeva. Määruse nr 968/2006 artiklis 9 sätestatud tingimustest tuleneb sõnaselgelt, et määruse nr 320/2006 artiklis 4 kehtestatud tingimused puudutavad ümberkorraldamisabi taotluste vastuvõetavust. Lisaks on selge, et need vastuvõetavuse tingimused erinevad tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldamisabi andmise sisulistest tingimustest, mis on kehtestatud määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis a ning milleks on esiteks abisaaja ühe või mitme tehase jaoks määratud kvoodist loobumine ning teiseks tootmisseadmete täielik demonteerimine ja asjaomaste tehaste sulgemine (vt eespool punkt 57). Kui aga tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi andmise taotluses ei ole kindlaks tehtud kõiki tootmisseadmeid, mis tuleks demonteerida vastavalt ümberkorralduskavale, saab vaidlustada mitte ainult selle taotluse vastuvõetavuse, vaid ka taotlejaks oleva ettevõtja õiguse sellist abi saada. Kui seade ega hoone ei ole ümberkorraldamiskavas nimetatud kui tootmisseade, siis selle demonteerimist ei ole ümberkorralduskavas ette nähtud ja seega ei ole täidetud määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis a osutatud täieliku demonteerimise tingimus. Igal juhul, kui Prantsuse Vabariigi argumendiga nõustuda, tähendaks see, et ümberkorraldusabi taotluste kontrollimine liikmesriigi poolt hõlmaks üksnes nimetatud taotluste vastuvõetavuse tingimusi, millega ei saa nõustuda, sest vastavalt määruse nr 320/2006 artikli 5 lõikele 2 otsustatakse tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi andmine pärast viidatud kontrolli teostamist liikmesriigi poolt. Selles osas sätestab määruse nr 320/2006 artikli 5 lõige 2, et enne ümberkorraldamisabi andmist peab liikmesriik läbi viima „põhjaliku kontrolli“ abitaotluse sisu ja ümberkorralduskava osas ning ümberkorralduskavas kirjeldatud meetmete ja tegevuste kooskõla osas Euroopa Liidu õigusega ja asjakohaste siseriiklike õigusaktidega. Seega, hinnates täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi andmist, ei saa liikmesriik piirduda puhtalt vormilise kontrolliga, mis piirdub tuvastamisega, et esinevad erinevad asjaolud, mis peavad olema esiteks abitaotluses ning teiseks ümberkorralduskavas märgitud, vaid ta peab samuti kontrollima, kas nimetatud asjasse puutuvatest asjaoludest võib vähemalt esmapilgul järeldada, et täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi andmise tingimused on täidetud ja seega, et pärast ümberkorraldamist ei jää enam likvideeritud tootmiskohas ühtegi tootmisseadet alles. Lisaks nähtub määruse nr 968/2006 artiklite 25 ja 26 koostoimes tõlgendamisest, et kontrollid ümberkorraldamisprotsessi lõpuks vastavalt kõnealuse määruse artiklile 25 on ette nähtud, et kontrollida ümberkorralduskava nõuetekohast rakendamist ja mitte sisuliste tingimuste täitmist ümberkorraldusabi saamiseks, sest neid viimati nimetatud tingimusi kontrollitakse eelnevalt, see tähendab enne abi andmist. Seega tuleb Prantsuse Vabariigi argument tagasi lükata. Ungari väidab kolmandaks sisuliselt, et komisjoni kehtestatud kriteerium jätaks määruse nr 968/2006 artikli 4 lõikes 1 punkti c mõjuta, kuna see ei lubaks tornhoidlaid, mida abisaaja on varem kasutanud oma toodete säilitamiseks, alles jätta pakendamisele kuuluva suhkru ladustamiseks. Esiteks, nagu on märgitud eespool punktides 59 ja 60, tuleneb määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punktist c koostoimes määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktiga a ning määruse nr 968/2006 põhjendusega 4, et täieliku demonteerimise korral võib erandkorras alles jätta kõik seadmed – välja arvatud need, mida on vaja suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmiseks või mis on otseselt seotud kõnealuste toodete tootmisega –, nagu pakendamisseadmed, tingimusel et need jäävad kasutusse ning neid ei tule keskkonnakaitselistel põhjustel demonteerida ning kõrvaldada. Teisest küljest tuleb meenutada, et 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) leidis Euroopa Kohus, et tornhoidla, mida abisaaja suhkru ladustamiseks kasutas, on otseselt suhkrutootmisega seotud seade määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punkti b tähenduses (14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt, C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 , punktid ja ) ning see ei kuulu seetõttu muude seadmete, sealhulgas pakendamisseadmete hulka, mida on silmas peetud määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punktis c ja mis võidakse täieliku demonteerimise korral alles jätta, tingimusel et need jäävad kasutusse ning neid ei tule keskkonnakaitselistel põhjustel demonteerida ning kõrvaldada. Seega vastupidi Ungari väidetele ei võimalda määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punkt c sellise tornhoidla allesjätmist, mida kasutatakse abisaaja toodangu ladustamiseks, kuna selline ladustamine võib toimuda ainult osalise demonteerimise korral ja tingimusel, et pärast ümberkorraldamist ei kasutata tornhoidlat enam suhkru ühise turukorraldusega hõlmatud toodete tootmiseks. Eespool toodut arvesse võttes tuleb tagasi lükata Ungari argumendid, sealhulgas ka argument, mille ta esitas oma vastuses Üldkohtu kirjalikule küsimusele ja mille kohaselt eristab määruse nr 968/2006 põhjendus 4 tootmisseadmete hulgas seadmete alarühmana neid, „mis ei kuulu tootmisahelasse“, kuhu kuuluvad suhkru ladustamiseks ette nähtud tornhoidlad, mille säilitamine on lubatud, sõltumata sellest, kas demonteerimine on täielik või osaline. Neljandaks väidab Ungari, keda toetab Prantsuse Vabariik, sisuliselt, et komisjoni kehtestatud kriteerium ei tulene 14. novembri 2013. aasta kohtuotsusest SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) ega ka Euroopa Kohtu põhjenduskäigust selles kohtuotsuses. Kõigepealt tuleb märkida, et 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) ei esitanud Euroopa Kohus oma seisukohta küsimuses, millisel hetkel oli vaja hinnata, kas tornhoidlad on tootmisseadmed, mille suhtes kehtib demonteerimiskohustus. Selles kohtuasjas piirdus Euroopa Kohus sellega, et vastas eelotsuse küsimustele, mille talle oli esitanud Consiglio di Stato (Itaalia kõrgeima kohtuna tegutsev haldusnõukogu), mis ühest küljest käsitlesid kriteeriume, mille alusel kindlaks teha, kas tornhoidlad on tootmisseadmed, ning teisest küljest määruse nr 320/2006 artiklite 3 ja 4 ning määruse nr 968/2006 artikli 4 kehtivust, Euroopa Liidu esmase õiguse ülimuslikke õigusnorme ja põhimõtteid. Ent asjaolu, et Euroopa Kohus ei käsitlenud 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) küsimust, mis ajal tuleb hinnata tornhoidlate kasutamist, ei mõjuta komisjoni kehtestatud kriteeriumi seaduslikkust, pidades silmas, et see kriteerium tuleneb kaudselt, kuid tingimata määruse nr 320/2006 artikli 3 lõigete 1, 3, 4 ja 5, artikli 4 lõigete 2 ja 3, artikli 5 lõigete 2 ja 3 ning määruse nr 968/2006 artikli 4 ja artikli 9 lõigete 2 ja 3 koostoimest (vt eespool punktid 57–68). Seega tuleb Ungari ja Prantsuse Vabariigi argumendid tagasi lükata. Viiendaks väidab Itaalia Vabariik sisuliselt, et komisjoni kehtestatud kriteerium kahjustab asjaomaste õigusaktidega taotletavat eesmärki säilitada töökohad, kuivõrd see viiks tornhoidlate hävitamiseni, mida enne ümberkorraldusabi taotluse esitamist kasutati seaduslikult ka kohapeal toodetud suhkru pakkimiseks ja pakendamiseks, ning seega vähendab töökohti. Sellega seoses tuleb märkida, et määruste nr 320/2006 ja 968/2006 mitu sätet näitavad, kui tähtsaks Euroopa Liidu seadusandja on pidanud tööhõive olukorda asjaomastes piirkondades, mida suhkrutööstuse ümberkorraldamine mõjutab. Näiteks nähtub määruse nr 320/2006 artikli 3 lõikest 3 punktist c ja artikli 3 lõike 4 punktist c, et tootmisseadmete täielikuks demonteerimiseks ja nende osaliseks demonteerimiseks tuleb võtta meetmeid, et hõlbustada tööjõu ümberpaigutamist. Lisaks lubavad määruse nr 968/2006 artikli 4 lõige 2 koostoimes määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktiga b osalise demonteerimise korral tootmisseadmed säilitada, et neid kasutada muude toodete kui suhkru ühise turukorraldusega hõlmatud toodete tootmiseks (vt eespool punkt 61), võimaldades selliselt alles jätta töökohti endistes suhkrutootmistehastes. Sama moodi vastavalt määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punktile c koostoimes sama määruse põhjendusega 4 võib täieliku demonteerimise korral säilitada kõik muud tootmisseadmed peale nende, mis on suhkru, isoglükoosi või inuliinisiirupi tootmiseks vajalikud või otseselt seotud nimetatud toodete tootmisega, nagu pakendamisseadmed, mis jäävad kasutusse ja mida ei tule keskkonnakaitselistel põhjustel demonteerida ning kõrvaldada (vt eespool punkt 60). Eelnevat silmas pidades tuleb tööhõive kaitsmise eesmärki ja ümberkorraldamisest mõjutatud ettevõtjate tegevust hinnata koos põhikohtuasjas kõne all olevate õigusnormidega taotletava eesmärgiga, mis on suhkrutootmise mittetasuva tootmisvõimsuse vähendamine Euroopa Liidus vastavalt määruse nr 320/2006 põhjendustele 1 ja 5 (vt eespool punkt 54). Lisaks ei õigusta sotsiaalsed kaalutlused, millele Itaalia Vabariik viitas, tema asjaomaste õigusnormide tõlgendust, mis kahjustab olulist vahetegu, mida Euroopa Liidu seadusandja soovis osalise ja täieliku demonteerimise vahel teha (vt punktid 56, 57 ja 68 eespool). Seega tuleb Itaalia Vabariigi argument tagasi lükata. Kuuendaks väidab Ungari, keda toetab Prantsuse Vabariik, et komisjoni kehtestatud kriteerium ei arvesta suhkrutootmise hooajalist laadi ja seab kahtluse alla Euroopa Kohtu kehtestatud erandite praktilise kohaldatavuse. Seoses sellega tuletab ta meelde, et ümberkorraldusabi taotlused esitatakse vastavalt määruse nr 320/2006 artikli 4 lõikele 1 asjaomasele liikmesriigile selle aasta 31. jaanuariks, mis eelneb turustusaastale, mille jooksul kvoodist loobutakse. Kuna see kuupäev jääb aga suhkru hooajalise tootmise tsükli sisse, on väga tõenäoline, et tornhoidlaid kasutatakse veel sel ajal ümberkorraldusabi taotleja kvoodikohases suhkrutootmises, arvestades nende otstarvet ja kasutamist. Ungari väidab seega, et tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi saamiseks peavad ettevõtjad, kes kavatsevad samas tornhoidlad alles jätta, et neid tulevikus kasutada mujal toodetud suhkru ladustamiseks, kas ladustama tornhoidlates mujal toodetud suhkrut juba alates kvoodist loobumisele eelnenud aastast või tornhoidlad kasutuselt kõrvaldama, lõpetades vajaduse korral omaenda suhkru tootmise juba enne tootmiskvoodist loobumist. Prantsuse Vabariik lisab seoses sellega, et ettevõtjatel on harva samas kohas kvoodikohase suhkru tootmise rajatis ja tornhoidlad, mida kasutatakse teiste tootjate kvoodikohaselt toodetud suhkru ladustamiseks, pakendamiseks või pakkimiseks. Esiteks asjaolu, et Euroopa Kohtu kehtestatud erandite kohaselt sätestatud tingimused on ümberkorraldamisabi taotluse esitamise ajal keeruliselt täidetavad, ei tähenda, et need tingimused ei saaks olla täidetud. Komisjon esitas ka Consiglio di Stato (Itaalia kõrgeima halduskohtuna tegutsev riiginõukogu) 15. juuni 2015. aasta kohtuotsuse nr 2966, millest nähtus, et kolmest tornhoidlast ühte kasutati täieliku demonteerimise korral antava ümberkorraldusabi taotluse esitamise kuupäeval abisaaja tootmiskohas toodetud suhkru ladustamiseks, samas kui kaht ülejäänud tornhoidlat kasutati teiste tootjate toodetud suhkru ladustamiseks ja pakendamiseks. Teiseks, nagu komisjon põhjendatult väidab, on nende tornhoidlate, mis ei kujuta endast tootmisseadet, allesjätmine erand reeglist, mida Üldkohus meenutas 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuse SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) punktis 30, mille kohaselt tuleb asjaomane tööstuskompleks tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi saamiseks tervikuna kasutuselt kõrvaldada. Seega on asjaolu, et tornhoidlate kasutamise hindamine ümberkorraldusabi taotluse esitamise kuupäeval viib harva selleni, et välistatakse nende kvalifitseerimine tootmisseadmeteks, ainult selle tagajärg, et võimalus hoiduda muude seadmete kui tootmisseadmete demonteerimisest või isegi jätkata tulevikus seadmete, mis ei ole tootmisseadmed, kasutamist, säilitades samas õiguse saada täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi, on Euroopa Kohtu meelde tuletatud erand, mida tuleb tõlgendada kitsalt (vt selle kohta 14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt, C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 , punkt ). Seega tuleb Ungari ja Prantsuse Vabariigi argumendid tagasi lükata. Seitsmendaks väidab Ungari, keda toetab Itaalia Vabariik, et ei ole loogiline komisjoni argument, mille kohaselt ei oleks asjakohane võtta arvesse tornhoidlate kasutamist ümberkorraldamisprotsessi lõpus, kuna eeldatavasti on ümberkorraldamine selleks kuupäevaks lõpetatud ja seega ei ole enam tegemist loobutud kvoodi alusel suhkrutootmisega, sest see eeldab sisuliselt, et ümberkorraldamise eesmärk on täidetud juba enne, kui seda alustatakse. Nagu on selgitatud eespool punktides 57–68, on ümberkorraldusabi taotluse esitamise ajal tornhoidlate kasutamise kontrollimise eesmärk teha kindlaks, kas nende puhul on tegemist tootmisega seotud seadmetega, mis tuleb tootmisseadmete täielikuks demonteerimiseks antava ümberkorraldusabi saamiseks kohustuslikult demonteerida, või seadmetega, mis ei ole seotud suhkrutootmisega ja mille puhul abisaajal on valida, kas need alles jätta või demonteerida. Vastupidi Ungari väitele ei eelda abitaotluse esitamise kuupäeval tornhoidlate kasutamise kontroll, et ümberkorraldamise eesmärk on juba saavutatud ja tornhoidlad on sel kuupäeval lammutatud. Lisaks sätestab määruse nr 968/2006 artikkel 6, et tootmisseadmete demonteerimise tähtaeg lõppeb hiljemalt 31. märtsil 2012. Seega kuigi tornhoidla kujutas endast abitaotluse esitamise päeval suhkrutootmisseadet, ei olnud nõutud, et see tegelikult viivitamata lammutataks, vaid see võis toimuda hilisemal kuupäeval ning hiljemalt 31. märtsiks 2012. Igal juhul nähtub eespool punktidest 57–60, et pärast ümberkorraldamist ei saa täielikult demonteeritud alale jääda tootmisseadmeid, sealhulgas tornhoidlaid, mida kasutati abisaaja toodetud suhkru ladustamiseks, välja arvatud juhul, kui ümberkorralduskava ei olnud rakendatud õigesti, mistõttu abisaajal tuleb abi vastavalt määruse nr 968/2006 artiklile 26 ja vastavalt kõnealuse määruse artiklis 27 sätestatud karistustele tagasi maksta. Seega tuleb Ungari argument tagasi lükata. Pidades silmas, mida on meenutatud eespool punktides 101 ja 102, tuleb samuti tagasi lükata Prantsuse Vabariigi argument, et ei ole kindel, et allesjäetud tornhoidlad kuuluvad pärast ümberkorraldamist tingimata Euroopa Kohtu kehtestatud erandite alla. Kaheksandaks väidab Ungari sisuliselt, et komisjoni kohaldatud kriteerium on vastuolus kaalutlusruumiga ümberkorralduskavade koostamisel ja rakendamisel, mis on suhkrutööstusettevõtjatel kehtivate õigusnormide, eelkõige määruse nr 968/2006 artikli 4 lõike 1 punkti c kohaselt. Prantsuse Vabariik väidab omalt poolt, et määruse nr 968/2006 artiklis 11 ette nähtud võimalusest muuta ümberkorralduskava tuleneb, et allesjäetud tornhoidlate täpne kasutus võib muutuda demonteerimisprotsessi käigus. Seega välistab tema arvates see, et demonteerimisprotsess aja jooksul muutub, tornhoidlate kasutamise hindamise abitaotluse esitamise kuupäeval. Ühest küljest ei mõjuta paindlikkus ümberkorraldamiskava koostamisel, mis abisaajatel on, samuti võimalus nimetatud kava määruse nr 968/2006 artikli 11 alusel muuta, määruse nr 320/2006 ja määruse nr 968/2006 sätteid, eeskätt peamist kohustust tootmisseadmed demonteerida, mis on sätestatud määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktides a ja b ning mis hõlmab täieliku demonteerimise korral kõikide tootmisseadmete hävitamist, mis abitaotluse esitamise päeval olemas on. Teisest küljest ei võta Ungari ja Prantsuse Vabariik arvesse erinevust täieliku ja osalise demonteerimise vahel, mis on ometi vaidlusaluste õigusnormide lahutamatu osa (vt eespool punktid 56, 57 ja 68). Võimalus säilitada tootmisseadmeid, sealhulgas tornhoidlaid, võib siiski esineda ainult osalise demonteerimise korral ning abisumma peab olema väiksem sellest summast, mida võib saada juhul, kui kõik tootmisseadmed demonteeritakse. Seega tuleb Ungari ja Prantsuse Vabariigi argumendid tagasi lükata. Üheksandaks väidab Prantsuse Vabariik, et kindla kõneviisi tuleviku kasutamisest määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 4 punktis b, väljendis „tootmisseadmed, mida ei asuta kasutama“, tuleneb, et tingimusi, mis on seotud tootmiskohas alles jäetud seadmete kasutamisega, ei olnud võimalik hinnata ümberkorraldusabi taotluse esitamise ajal. Tuleb meenutada, et määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 4 punkti b kohaselt on osalise demonteerimise puhul lubatud säilitada osa tootmisseadmeid ja demonteerida need, mida abisaaja pärast ümberkorraldamist eeldatavasti enam ei kasuta. Määruse (EÜ) nr 968/2006 artikli 4 lõikes 2 on lisaks seoses sellega täpsustatud, et tootmisseadmete demonteerimise nõue puudutab seadmeid „[…], mida ei kavatseta tehases kasutada muuks tootmiseks või muuks otstarbeks vastavalt ümberkorralduskavale“. Seega tuleneb eespool punktis 110 viidatud sätetest nende koostoimes, et osalise demonteerimise korral peab ümberkorraldamisabi saaja teadma juba ümberkorraldusabi taotluse esitamise ajal, millised on tootmisseadmed, mida ta ei kavatse enam kasutada, ning mainima neid ümberkorralduskavas. Seda arvestades ei takista komisjoni ette nähtud kriteeriumi kasutamist see, et määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 4 punktis b kasutatakse kindla kõneviisi tulevikuvormi. Seega tuleb Prantsuse Vabariigi argument tagasi lükata. Kümnendaks ja viimaseks väidab Ungari, et 14. novembri 2013. aasta kohtuotsus SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) tekitavat ebakindlust seoses võimalusega ladustada tornhoidlas suhkrut, mida abisaaja toodab muu kvoodi alusel kui vabastatud kvoot, ilma et see hoidla langeks tootmisseadme kvalifikatsioon alla. Selles osas väidab ta sisuliselt, et Euroopa Kohtu järeldused 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuse SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) punktides 32 ja 40 ei oleks omavahel kooskõlas, kui ei asutaks seisukohale, et allesjäetud tornhoidlaid saab kasutada suhkruturu ühise korralduse alla kuuluvate toodete tootmises, näiteks niisuguse suhkru ladustamiseks, mis on toodetud abisaaja poolt teises tootmiskohas ning muu kvoodi alusel. Esiteks on Euroopa Kohtu järeldused 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuse SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) punktides 32 ja 40 omavahel täielikult kooskõlas. Nimelt näeb Euroopa Kohus nimetatud kohtuotsuse punktis 32 ette olukorra, kus tornhoidlad ei kujuta endast tootmisseadmeid, sest neid kasutatakse üksnes teiste tootjate kvoodikohaselt toodetud suhkru ladustamiseks või ostetakse seda neilt tootjatelt. Seevastu selle kohtuotsuse punktis 40 käsitleb Euroopa Kohus sellist juhtumit, kus tornhoidlat, mis kujutab endast abi andmise kuupäeval tootmisseadet, kasutatakse abisaaja poolt tema teistes tootmiskohtades muu kvoodi alusel toodetud suhkru ladustamiseks. Selles osas on Euroopa Kohus märkinud, et tootjal ei ole „tavaliselt õigust saada ümberkorraldusabi“, kuna määruse nr 320/2006 artikli 3 lõike 1 punktis b on sätestatud keeld kasutada osalise demonteerimise korral demonteerimata tootmisseadmeid suhkruturu ühise korraldusega hõlmatud toodete tootmiseks. Teiseks, mis puudutab küsimust, kas mõiste „tootmisseadmed“ hõlmab tornhoidlaid, mida kasutatakse abisaaja toodetud suhkru ladustamiseks tema muudes tootmiskohtades muu tootmiskvoodi alusel, siis ei ole mingit tähtsust selle aja kindlaksmääramisel, mille seisuga on vaja hinnata tornhoidlate kasutamist. Seega tuleb Ungari argument tagasi lükata. Kuna ükski Ungari, Prantsuse Vabariigi ja Itaalia Vabariigi argumentidest ei ole põhjendatud, tuleb esimene väide tagasi lükata. Teine väide, et on rikutud dokumendis VI/5330/97 esitatud suuniseid ja lojaalse koostöö põhimõtet Ungari teine väide jaguneb sisuliselt kaheks osaks, millest esimese väiteosa kohaselt on rikutud dokumendis VI/5330/97 esitatud suuniseid ja teise väiteosa kohaselt on rikutud lojaalse koostöö põhimõtet. Kõigepealt tuleb märkida, et teise väite esimeses osas leiab Ungari sisuliselt, et vaidlusaluste õigusnormide tõlgendusprobleeme arvesse võttes oleks komisjon pidanud hoiduma finantskorrektsiooni kohaldamisest või kohaldama väiksemat finantskorrektsiooni määra dokumendi VI/5330/97 alusel. Teises väiteosas heidab ta komisjonile seevastu ette, et viimane ei ole talle esitanud suhkrutööstuse ümberkorraldamise kava rakendamise ajal oma tõlgendust asjaomaste õigusnormide kohta, eriti seoses kohustusega demonteerida tornhoidlad tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi saamiseks, ja seega rikkunud lojaalse koostöö põhimõtet. Väite esimene osa, mille kohaselt rikuti dokumendis VI/5330/97 sätestatud suuniseid Ungari, keda toetab Prantsuse Vabariik, väidab, et komisjon rikkus suuniseid, mis on sätestatud dokumendis VI/5330/97, põhjendades oma väidet sisuliselt nii, et arvestades esiteks probleeme määruste nr 320/2006 ja nr 968/2006 tõlgendamisel küsimuses, milline on tornhoidlate saatus tootmiskoha täieliku demonteerimise korral, ning neid probleeme 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) ja teiseks, et komisjon ei andnud õigel ajal teavet selle kohta, milline on tema poolt asjaomastele õigusnormidele antud tõlgendus, oleks komisjon pidanud vähendama suhkrutööstuse ümberkorraldamise osas kohaldatud finantskorrektsiooni summat või isegi hoiduma finantskorrektsiooni kohaldamisest kooskõlas dokumendis VI/5330/97 sätestatud suunistega. Komisjon vaidleb Ungari argumentidele vastu. Vastavalt dokumendi nr VI/5330/97 2. lisale „EAGGFi [tagatisrahastu] raamatupidamise aastaaruande kontrollimise ja heakskiitmise menetluse finantstagajärjed, puudused liikmesriikide poolt läbiviidud kontrollis“ tehakse finantskorrektsioon, kui komisjon leiab, et liikmesriigid ei ole läbi viinud kontrolle, mida on konkreetselt nõutud kohaldatavates määrustes või mis on igal juhul esmatähtsad, et tagada EAGGFi tagatisrahastust tehtavate kulutuste õiguspärasus. Dokumendi VI/5330/97 2. lisas „Piiratud juhtumid“ on kirjas järgmine teine lõik: „Kui puudused on tingitud raskustest ühenduse õigusaktide tõlgendamisel – välja arvatud juhtudel, kus võib mõistlikult eeldada, et liikmesriik lahendab need raskused koos komisjoniga –, ja kui liikmesriigi ametiasustused on võtnud puuduste kõrvaldamiseks vajalikud sammud kohe, kui puudused avastati, võib neid tegureid arvesse võtta ning see võib viia madalama korrektsioonimäära kohaldamise või korrektsiooni kohaldamata jätmiseni.“ (edaspidi „dokumendi VI/5330/97 2. lisas ette nähtud piiratud juhtumid“) Sissejuhatuseks tuleb meenutada, et võttes vastu halduslikud käitumisnormid, mille eesmärk on tekitada välist mõju, näiteks dokumendis VI/5330/97 esitatud suunised, ning teavitades kas nende avaldamise teel või teatades neist liikmesriikidele nagu käesolevas asjas et ta kavatseb edaspidi nende normidega hõlmatud juhtudel neist lähtuda, piirab institutsioon, käesoleval juhul komisjon, oma kaalutlusõigust ega saa neist normidest kõrvale kalduda, vastasel juhul võidakse teda karistada õiguse üldpõhimõtete nagu võrdne kohtlemine, õiguskindlus või õiguspärase ootuse kaitse rikkumise eest. Seega ei saa välistada, et teatavatel tingimustel ja nende sisust olenevalt võib sellistel üldkohaldatavatel käitumisnormidel olla õiguslikke tagajärgi ja et haldusasutused ei või nendest üksikjuhtumi puhul kõrvale kalduda, esitamata põhjendusi, mis oleksid kooskõlas selliste õiguse üldpõhimõtetega nagu võrdne kohtlemine või õiguspärase ootuse kaitse, tingimusel et see lähenemine ei ole vastuolus muude liidu õiguse ülimuslike normidega (vt selle kohta 9. septembri 2011. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, T‑344/05 , ei avaldata, EU:T:2011:440 , punkt ; 16. septembri 2013. aasta kohtuotsus Hispaania vs. komisjon, T‑3/07 , ei avaldata, EU:T:2013:473 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika, ning 10. juuli 2014. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, T‑376/12 , EU:T:2014:623 , punkt (ei avaldata)). Lisaks tuleb sarnaselt komisjoniga märkida, et dokumendi VI/5330/97 2. lisas ette nähtud piiratud juhtumit tuleb kaaluda ja see ei anna automaatselt õigust selle kohaldamisele. Tõepoolest, nagu näitab dokumendi VI/5330/97 sõnastus, milles see ette on nähtud, on selle kohaldamiseks kehtestatud tingimused, et esiteks tuleneb komisjoni raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluses täheldatud tegematajätmine raskustest Euroopa Liidu õigusnormide tõlgendamisel ning teiseks on liikmesriigi ametiasutused võtnud vajalikud meetmed selle tegematajätmise kõrvaldamiseks niipea, kui komisjon sellele tähelepanu juhtis. Mis puudutab VI/5330/97 2. lisas ette nähtud piiratud juhtumi kohaldamise esimest tingimust, siis esmalt tuleb märkida, et komisjon ei ole vaidlustanud Prantsuse Vabariigi väidet, et üheksa liikmesriiki on kogenud raskusi mõiste „tootmisseadmed“ tõlgendamisel seoses ladustamiseks ette nähtud tornhoidlate säilitamise võimalusega suhkrutootmisseadmete täieliku demonteerimise korral. Järgmiseks, oma 25. aprilli 2013. aasta aruandes on lepitusorgan sõnaselgelt tunnistatud, et kõnealuste õigusnormide tõlgendamisprobleemid ei tekkinud mitte üksnes liikmesriikidel, vaid ka komisjoni teenistustel (vt eespool punkt 27). Lõpuks tuleb märkida, et 14. novembri 2013. aasta kohtuotsuses SFIR jt ( C‑187/12–C‑189/12 , EU:C:2013:737 ) lahendas Euroopa Kohus ainult küsimust, millistel tingimustel tornhoidlat ei kvalifitseerita tootmisseadmeks, mille suhtes kehtib demonteerimiskohustus, kuid ta ei avaldanud arvamust küsimuses, millise ajahetke seisuga oli vaja tornhoidlate kasutamist hinnata, ega küsimuses, kas demonteerimiskohustus tähendas tingimata, et tootmisseade tuleb hävitada. Eespool punktis 127 nimetatud asjaoludel ja vastupidi sellele, mida väidab komisjon, on selge, et kõnealuste õigusnormide osas tekkis seoses täieliku demonteerimise korral tornhoidlate allesjätmisega tõlgendamisprobleeme. Seda järeldust ei sea kahtluse alla komisjoni argument, mille kohaselt on ta temale sellekohase küsimuse esitanud liikmesriikidele tornhoidlate lammutamist puudutava kohustuse kohta järjekindlalt andnud täiesti ühesugust teavet. Komisjoni argument ei ole nimelt mitte ainult põhjendamata, vaid see on igal juhul faktiliselt ebaõige, sest komisjon tunnistas vasturepliigis, et ta ei vastanud kunagi kirjale, mille Ungari ametiasutused talle novembris 2006 saatsid ja mille ta sai kätte 15. detsembril 2006 ning milles need ametiasutused küsisid temalt konkreetselt tornhoidlate allesjätmise kohta täieliku demonteerimise korral. Käesoleval juhul on dokumendi VI/5330/97 2. lisas ette nähtud piiratud juhtumi kohaldamise esimene tingimus seega täidetud. Dokumendi VI/5330/97 2. lisas ette nähtud piiratud juhtumi teise tingimuse osas, mille kohaselt liikmesriik oleks pidanud võtma meetmeid puuduse kõrvaldamiseks niipea, kui see avastati, väitis Ungari oma menetlusdokumentides sisuliselt, et kuna normide õige tõlgenduse osas kindlust ei olnud, ei saanud temalt eeldada, et ta võtab viivitamata parandusmeetmeid. Vastuseks Üldkohtu kohtuistungil esitatud küsimusele kinnitas Ungari, et ta ei olnud võtnud meetmeid komisjoni 20. juuli 2010. aasta esimeses teates tuvastatud puuduse kõrvaldamiseks. Ent selleks, et teine dokumendi VI/5330/97 2. lisas ette nähtud piiratud juhtumi kohaldamise tingimus oleks olnud täidetud, ei oleks Ungari pidanud tingimata lammutama vaidlusaluseid tornhoidlaid, vaid ta oleks võinud teha komisjoniga koostööd ümberkorraldamisabi saajate suhtes meetmete võtmisel, mis oleks võimaldanud puuduse kõrvaldada või vähemal hoidnuks ära puuduse tõttu fondile suurema kahju tekkimise, eelkõige keeldudes ümberkorraldamisabi saajate antud tagatiste vabastamisest vastavalt määruse nr 968/2006 artiklile 16, mida ta ei teinud. Kuna dokumendi VI/5330/97 2. lisas ette nähtud teine piiratud juhtumi kohaldamise tingimus ei olnud täidetud, ei pidanud komisjon vastupidi Ungari, keda toetab Prantsuse Vabariik, väidetele hoiduma finantskorrektsiooni kohaldamisest või seda vähendama. Järelikult tuleb teise väite esimene osa tagasi lükata. Lojaalse koostöö põhimõtte rikkumine Ungari, keda toetab Prantsuse Vabariik, väidab, et võttes arvesse kõnealuste õigusnormide tõlgendamisraskusi, oleks komisjon pidanud lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt kõikidele liikmesriikidele selgelt teatavaks tegema oma seisukoha, eelkõige vastates ümberkorralduskava käivitamise etapis esitatud küsimustele, ja juhtima nende tähelepanu sellele, et tornhoidlate allesjätmine võib olla vastuolus tootmisseadmete täieliku demonteerimise kohustusega, kuid ta ei teinud seda. Lisaks sellele heidab Ungari komisjonile ette, et ta jättis vastamata kirjale, mille ta temale 2006. aasta novembris saatis, et küsida, kas lammutamiskohustus puudutab ka tornhoidlaid. Komisjon vaidleb Ungari argumentidele vastu. Esiteks märgib ta seoses sellega, et enamikul liikmesriikidel kõnealuste õigusnormide tõlgendamisel raskusi ei tekkinud ning neile, kellel need raskused tekkisid ja kes selle kohta temale küsimusi esitasid, andis ta omalt poolt alati selgeid ja ühesuguseid vastuseid. Teiseks, mis puudutab Ungari poolt temale novembris 2006 saadetud kirja, siis väidab ta, et seda ei saadetud pädevale haldusasutusele ning et, kuigi temale saadetud kirjadele vastamata jätmine kujutab endast „andestamatut tegevusetust“ tema poolt, Ungari oleks pidanud komisjonile uuesti oma kahtlusi väljendades hoolikam olema. Vastavalt ELL artikli 4 lõikele 3 abistavad liit ja liikmesriigid üksteist kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega aluslepingutest tulenevate ülesannete täitmisel täielikus vastastikuses austuses. Lojaalse koostöö põhimõte on vastastikust laadi. See kohustab liikmesriike võtma kõik sobivad meetmed, et tagada Euroopa Liidu õiguse kohaldamise ulatus ja tõhusus, ning kehtestab Euroopa Liidu institutsioonidele vastastikused liikmesriikidega lojaalse koostöö tegemise kohustused (16. oktoobri 2003. aasta kohtuotsus Iirimaa vs. komisjon, C‑339/00 , EU:C:2003:545 , punktid ja , ning 6. novembri 2014. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, T‑632/11 , ei avaldata, EU:T:2014:934 , punkt ). Esiteks tuleneb eespool punktis 139 viidatud kohtupraktikast, et vastavalt lojaalse koostöö põhimõttele oli liikmesriikidel kohustus välistada igasugune ebakindlus seoses asjaomaste normide korrektse kohaldamisega, paludes vajaduse korral komisjonil selgitada võimalust anda tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi äriühingutele, kes olid nõus tornhoidlad alles jätma. Lisaks märkis komisjon, ilma et Ungari oleks sellele vastu vaielnud, et 23 liikmesriigist, kes ümberkorralduskavas osalesid, esitasid tornhoidlate kohta küsimusi vaid kuus liikmesriiki, sealhulgas Ungari. Seega võis komisjon põhjendatult arvata, et enamik liikmesriike olid aru saanud, et kõnesolevates õigusnormides on nõutud tornhoidlate lammutamist, et saada tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi, ning seetõttu ei olnud tal vaja esitada oma kõnesolevate õigusnormide tõlgendust kõikidele liikmesriikidele. Seega vastupidi sellele, mida väidavad Ungari ja Prantsuse Vabariik, ei saa komisjonilt lojaalse koostöö põhimõttele tuginedes nõuda, et ta oleks pidanud teatama kõikidele liikmesriikidele oma seisukoha seoses tornhoidlate demonteerimise kohustusega. Teiseks, kuigi võib olla kahetsusväärne, et komisjon ei vastanud Ungari 2006. aasta novembris saadetud kirjale, ei kujuta see reaktsiooni puudumine, mida komisjon ise nimetab „andestamatuks tegevusetuseks“, endast käesolevas asjas lojaalse koostöö põhimõtte rikkumist. Lojaalse koostöö põhimõtte kohaselt oleks Ungari pidanud välistama igasuguse kahtluse seoses tornhoidlate demonteerimise kohustusega, et saada ümberkorraldusabi, küsides vajaduse korral komisjonilt uuesti kas kirjalikult või kord kuus toimuvatel pädeva korralduskomitee koosolekutel selgitusi, kuid ta ei teinud seda. Igal juhul ei saa komisjoni reageerimata jätmist Ungari 2006. aasta novembri kirjale käsitada institutsiooni seisukohana kiita heaks asjaomasele määrusele Ungari ametiasutuste antud tõlgendus. Ungari ametiasutused oleks ainult komisjoni konkreetsest ja selgest seisukohavõtust saanud järeldada, et see institutsioon kiitis täieliku demonteerimise korral vaidlusaluste tornhoidlate säilitamise heaks (vt selle kohta analoogia alusel 14. detsembri 2011. aasta kohtuotsus Hispaania vs. komisjon, T‑106/10 , ei avaldata, EU:T:2011:740 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Kolmandaks tuleb ühest küljest tõdeda, et komisjon teavitas 20. juuli 2010. aasta esimeses teates Ungarit, et tornhoidlad olid otseselt suhkrutootmisega seotud ja seetõttu tuli need lammutada tööstuspiirkondades, mille suhtes oli taotletud tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi. Teisest küljest tuletas komisjon 20. juuli 2010. aasta esimeses teates Ungarile sõnaselgelt meelde, et Ungari suhkrutööstusettevõtjad ei ole tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral antava ümberkorraldusabi saamiseks abikõlblikud, kui ümberkorralduskavasid täielikult ei rakendata ja kui suhkrutootmistegevusega seotud hooneid, eelkõige tornhoidlaid, ei lammutata. Sellega seoses tuletas komisjon meelde, et sel ajal kehtinud määruse nr 968/2006 redaktsiooni artikli 6 lõike 1 teises lõigus demonteerimistegevuse lõpetamiseks ette nähtud tähtaeg möödus 30. septembril 2011. Seega oli Ungaril veel pärast esimese teate kättesaamist 20. juulil 2010 võimalus vaidlustatud korrektsiooni vältida, nõudes Ungari suhkrutootjatelt kõnealuste normide järgimist nii, nagu komisjon neid tõlgendas. Kuid isegi olles alates sellest ajast teadlik komisjoni seisukohast tornhoidlate lammutamise küsimuses, ei võtnud Ungari mingeid meetmeid, et toimitaks sellega kooskõlas. Vastupidi, nagu nähtub põllumajandusfondide komitee 18. novembri 2014. aasta koosoleku koondaruande punktist 3.2.2 (vt eespool punkt 33), jätkas Ungari kõnesolevate õigusnormide kohaldamist vastavalt oma enda tõlgendusele, kuna kaks päeva pärast kahepoolset koosolekut, mis toimus komisjoni ja Ungari vahel 6. detsembril 2010 (vt eespool punkt 22), vabastas viimati nimetatu määruse nr 968/2006 artikli 22 alusel kaks viimast tagatist, mille tootmisseadmete täieliku demonteerimise korral ümberkorraldusabi saajad olid andnud, kuigi tornhoidlad olid neile kuuluvates tootmiskompleksides ikka veel alles. Eeltoodut arvestades tuleb tagasi lükata teise väite teine osa, mille kohaselt komisjon on rikkunud lojaalse koostöö põhimõtet. Kuna ükski Ungari esitatud väide ei ole põhjendatud, tuleb hagi tervikuna rahuldamata jätta. Kohtukulud Vastavalt Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõikele 1 on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Vastavalt sama kodukorra artikli 135 lõikele 1, kui õiglus seda nõuab, võib Üldkohus erandkorras siiski otsustada, et kaotanud pool kannab lisaks enda kohtukuludele vaid osa vastaspoole kohtukuludest. Lisaks võib Üldkohus sama kodukorra artikli 135 lõike 2 kohaselt mõista kohtukulud tervikuna või osaliselt välja ka võitnud poolelt, kui see on õigustatud võitnud poole käitumise tõttu, sealhulgas käitumise tõttu enne kohtumenetlust. Ungari on kohtuvaidluse kaotanud. Käesoleva hagi läbivaatamisel leiti siiski eespool punktis 143, et komisjon jättis vastamata Ungari 2006. aasta novembris saadetud kirjale. Neil asjaoludel leiab Üldkohus, et on õige ja õiglane jätta Ungari kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool komisjoni kohtukuludest ning jätta pool komisjoni kohtukuludest tema enda kanda. Viimaks, vastavalt kodukorra artikli 138 lõikele 1 kannavad menetlusse astujad liikmesriigid oma kohtukulud. Seega kannavad Prantsuse Vabariik ja Itaalia Vabariik ise oma kohtukulud. Esitatud põhjendustest lähtudes ÜLDKOHUS (neljas koda) otsustab: 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Jätta Ungari kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja pool Euroopa Komisjoni kohtukuludest. 3. Jätta pool komisjoni kohtukuludest tema enda kanda. 4. Jätta Prantsuse Vabariigi ja Itaalia Vabariigi kohtukulud nende endi kanda. Kanninen Schwarcz Iliopoulos Kuulutatud avalikul kohtuistungil 12. märtsil 2019 Luxembourgis. Allkirjad Sisukord Õigusraamistik Määrus nr 320/2006 Määrus nr 968/2006 Vaidluse taust Menetlus ja poolte nõuded Õiguslik käsitlus Esimene väide, et on rikutud määruse nr 320/2006 artikleid 3 ja 4 ning määruse nr 968/2006 artiklit 4 Teine väide, et on rikutud dokumendis VI/5330/97 esitatud suuniseid ja lojaalse koostöö põhimõtet Väite esimene osa, mille kohaselt rikuti dokumendis VI/5330/97 sätestatud suuniseid Lojaalse koostöö põhimõtte rikkumine Kohtukulud ( *1 ) Kohtumenetluse keel: ungari.

62020CJ0306

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 101 artiklan 1 ja 3 kohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 20.4.2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 330/2010 ( EUVL 2010, L 102, s. 1 ) 2 artiklan ja 4 artiklan b alakohdan tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat ”Visma Enterprise” SIA (aiemmin ”FMS Software” SIA ja ”FMS” SIA) ja Konkurences padome (kilpailuneuvosto, Latvia) ja jossa on kyse viimeksi mainitun päätöksestä, jolla Visma Enterpriselle määrätään sakko sen vuoksi, että sen väitetään rikkoneen Latvian kilpailuoikeutta. Asiaa koskevat oikeussäännöt Unionin oikeus Asetuksen N:o 330/2010 2 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Perussopimuksen 101 artiklan 3 kohdan ja tämän asetuksen säännösten nojalla perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin. – –” Latvian oikeus Kilpailulain (Konkurences likums) 11 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa: ”Kiellettyjä ja tekemisestään lähtien pätemättömiä ovat sellaiset toimijoiden väliset sopimukset, joiden tarkoituksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen tai joiden seurauksena kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy Latvian alueella; tällaisiksi katsotaan sopimukset, jotka koskevat 1) hintojen tai tariffien vahvistamista suoraan tai välillisesti jollain keinolla tai hinnan ja tariffin muodostamista koskevia määräyksiä sekä hintoja tai myyntiehtoja koskevien tietojen vaihtamista 2) tuotannon määrän, myynnin, markkinoiden, teknisen kehityksen tai investointien rajoittamista tai valvontaa 3) markkinoiden jakamista alueen, ostajien, tavarantoimittajien tai muiden perusteiden mukaisesti 4) ehtoja, joiden mukaan kolmannen kanssa toteutettavaa liiketoimea koskevan sopimuksen tekeminen, muuttaminen tai irtisanominen edellyttää, että kyseinen kolmas hyväksyy velvollisuuksia, joita ei kauppatavan mukaan sovelleta kyseessä olevaan liiketoimeen 5) tarjouspyyntö- tai hankintamenettelyihin osallistumista tai osallistumatta jättämistä tai tällaisia toimia (tai toimimatta jättämisiä) koskevia sopimusehtoja, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kilpailun tai menettelyn osallistujat ovat julkistaneet tarjouksensa yhteisenä eikä tällaisen tarjouksen tarkoituksena ole estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua 6) erilaisten ehtojen soveltamista samankaltaisiin liiketoimiin kolmansien kanssa, minkä johdosta nämä kolmannet asetetaan kilpailun kannalta epäedullisempaan tilanteeseen 7) sellaisten toimien toteuttamista (tai toteuttamatta jättämistä), joiden seurauksena toinen toimija joutuu poistumaan tietyiltä markkinoilta tai estyy tulemasta tietyille markkinoille.” Kyseisen lain 11 §:n 2 momentissa säädetään, että sopimusten, joilla voidaan tehostaa tavaroiden tuotantoa tai myyntiä taikka edistää taloudellista kehitystä ja joilla siis luodaan etua kuluttajille, katsotaan olevan päteviä, eikä kyseisiin sopimuksiin sovelleta tämän pykälän 1 momentissa säädettyä kieltoa siltä osin kuin tällaisilla sopimuksilla ei aseteta asianomaisille toimijoille sellaisia rajoituksia, jotka eivät ole tarpeen mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, eikä niillä voida poistaa kilpailua merkittävältä osalta merkityksellisiä markkinoita. Mainitun lain 11 §:n 4 momentissa säädetään, että Ministru Kabinets (ministerineuvosto, Latvia) määrittää, mitkä toimijoiden väliset sopimukset eivät rajoita tuntuvasti kilpailua sekä minkä edellytysten täyttyessä kyseisen pykälän 1 momentissa mainittuja kieltoja ei sovelleta toimijoiden välisiin sopimuksiin. Kilpailulain 11 §:n 1 momentissa vahvistettua poikkeusta tiettyjen vertikaalisten sopimusten kieltoon koskevista säännöksistä 29.9.2008 annettua ministerineuvoston asetusta nro 797 (Ministru kabineta noteikumi Nr. 797 ”Noteikumi par atsevišķu vertikālo vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam”) (jäljempänä asetus nro 797/2008), joka on annettu kilpailulain 11 §:n 4 momentin nojalla, sovelletaan tietyn tyyppisiin vertikaalisiin sopimuksiin ja siinä säädetään tältä osin tehtävistä poikkeuksista. Asetuksessa nro 797/2008 olevan 8.2.1 §:n mukaan aktiivista myyntiä (jakelijoiden käyttäytyminen asiakkaiden aktiivisessa etsinnässä rajoittamattomalla alueella tai rajoittamattoman asiakasmäärän osalta) voidaan poikkeustapauksissa rajoittaa, mutta siinä kielletään passiivisen myynnin rajoittaminen (tapaukset, joissa jakelijaan ottaa yhteyttä asiakas, joka ei kuulu yksinomaan mainitulle jakelijalle varattuun alueeseen tai asiakaskuntaan). Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset Kilpailulain 11 §:n 1 momentin soveltamisesta tiettyihin yritysten FMS Software, ”RGP” SIA, ”Zemgales IT centrs” SIA, ”PC Konsultants” SIA , ”Guno M” SIA, ”Softserviss” SIA, ”I. R. Finanses” SIA, FMS ja ”FOX” SIA omaksumiin menettelytapoihin 9.12.2013 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) kilpailuneuvosto määräsi FMS Softwaren ja FMS:n maksamaan yhteisvastuullisesti 45000 Latvian latin (noin 64000 euroa) suuruisen sakon. Kilpailuneuvosto totesi kyseisessä päätöksessä, että FMS Software, jolla on tekijänoikeudet Horizon ja Horizon Start ‑nimisiin kirjanpito-ohjelmistoihin, on tehnyt usean jakelijan kanssa mainittujen ohjelmistojen jakelua koskevan sopimuksen, jossa annetaan myyntiprosessissa etu tietyille jakelijoille, mistä seurasi, että kilpailu näiden jakelijoiden välillä rajoittui. FMS oli ottanut jatkaakseen FMS Softwaren taloudellisen toiminnan erästä osaa, jonka yhteydessä kilpailuoikeutta oli todettu rikotun. Tutkittuaan FMS Softwaren ja sen jakelijoiden väliset yhteistyösopimukset Horizon ja Horizon Start ‑kirjanpito-ohjelmistojen jakelusta sekä kyseisen yhtiön ja mainittujen jakelijoiden välisen vuotta 2011 koskevan vakiomuotoisen yhteistyösopimuksen jäljennöksen kilpailuneuvosto totesi, että viimeksi mainitun sopimuksen 4.1 kohdassa määrättiin, että loppukäyttäjän kanssa käytävän myyntiprosessin alussa jakelijan on tallennettava mahdollinen kauppa FMS Softwaren luomaan tietokantaan lähettämällä vakiomuotoinen sähköinen lomake, jossa täsmennetään tiettyjä kyseistä käyttäjää koskevia tietoja. Tämän sopimusehdon mukaan jakelijalla, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen kaupan loppukäyttäjän kanssa, on etuoikeus myyntitoimen toteuttamiseen, jollei kyseinen käyttäjä vastusta tätä. Mainitussa sopimusehdossa määrättiin myös, että tämä etuoikeus säilyy kuuden kuukauden ajan mahdollisen kaupan kirjaamisesta lukien (jäljempänä kyseessä oleva sopimus). Kilpailuneuvosto katsoi, että FMS Softwaren jakelijoiden mahdollisia asiakkaita koskevan tietokannan luominen ei ole kiellettyä, mutta mahdollisen asiakkaan kirjanneelle jakelijalle annetusta ”etuoikeudesta myyntitoimen toteuttamiseen” seuraava etu tuo esiin jakelijoiden välisten suhteiden sääntelyn siten, että ainoastaan jakelija, joka on ensimmäisenä ilmoittanut asiasta FMS Softwarelle, voi toteuttaa tietyn ajanjakson aikana myyntitoimen kyseisen asiakkaan kanssa sillä edellytyksellä, ettei asiakas vastusta tätä. Kyseessä olevalla sopimuksella pyritään kilpailuneuvoston mukaan rajoittamaan kilpailua jakelijoiden välillä Horizon ja Horizon Start ‑kirjanpito-ohjelmistoja markkinoitaessa. Koska kirjaaminen koskee mahdollisia asiakkaita, joille kysymyksessä olevaa tuotetta ei ole vielä myyty, jakelijoiden on mahdotonta kilpailla tarjoamalla kirjanpito-ohjelmistoja edullisemmin ehdoin. Tällä näet rajoitetaan sitä hyötyä, jonka asiakkaat saavat jakelijoiden välisestä kilpailusta, joten kyseessä olevassa sopimuksessa määrätyn edun myöntämisellä, joka on rinnastettavissa markkinoiden jakamiseen asiakaskunnan mukaan, pyritään rajoittamaan kilpailua kirjanpito-ohjelmistojen jakelijoiden välillä. Tämän sopimuksen tarkoituksena on rajoittaa kilpailua, eikä näin ollen ole tarpeen tutkia, seuraako siitä kilpailun rajoittuminen, eikä näyttää toteen, että sitä on sovellettu tai että se on pantu tosiasiallisesti täytäntöön. Kilpailuneuvosto katsoi lisäksi, ettei asetuksen nro 797/2008 8.2.1 §:n nojalla ole tehty poikkeusta kilpailulain 11 §:n 1 momentissa säädettyyn kieltoon kyseessä olevan sopimuksen osalta, koska kyseisellä sopimuksella rajoitetaan asiakaskuntaa, jolle jakelijat voivat myydä Horizon ja Horizon Start ‑kirjanpito-ohjelmistoja. Kilpailuneuvoston mukaan näin todettu kilpailusääntöjen rikkominen on kestänyt yli viiden vuoden ajan ja se on lopetettu FMS Softwaren aloitteesta. Kyseinen viranomainen katsoi lisäksi, ettei ollut asianmukaista eikä tarpeen katsoa, että muut kyseessä olevan sopimuksen osapuolet eli FMS Softwaren jakelijat olisivat olleet vastuussa tästä rikkomisesta, koska nämä eivät olleet osallistuneet aktiivisesti sopimuksen tekemiseen ja koska niiden kunkin markkinavoima kyseiseen yhtiöön nähden oli merkityksetön. Visma Enterprise nosti Administratīvā apgabaltiesassa (maakunnallinen hallintotuomioistuin, Latvia) kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista ja väitti muun muassa, että kyseisessä päätöksessä on aineellisia virheitä, jotka koskevat kyseessä olevan sopimuksen arviointia, sopimuksen tarkoituksen tulkintaa sekä niiden perusteiden tulkintaa, joiden nojalla arvioidaan, sovelletaanko tiettyihin vertikaalisiin sopimuksiin poikkeusta kilpailulain 11 §:n 1 momentissa säädetystä kartellikiellosta. Visma Enterprisen mukaan kyseessä olevalla sopimuksella ei poisteta jakelijoiden välistä kilpailua, koska se ei estä jakelijoita tekemästä tarjouksiaan jo kirjatuille asiakkaalle. Ei ole omassa mitään kyseisen sopimuksen ulkopuolista seikkaa, joka voisi paljastaa osapuolten yhteisen tavoitteen jakaa markkinat asiakaskunnan mukaan. Jakelijoille ei näet ilmoiteta asiakkaiden varaamisesta. Visma Enterprise väitti myös, että yhteistoimintajärjestelyn olemassaolon osoittamiseksi kilpailuneuvoston olisi pitänyt yksilöidä ävhintään kaksi rikkomiseen syyllistynyttä henkilöä. Se, että tämä viranomainen on katsonut, etteivät Visma Enterprisen jakelijat ole vastuussa todetusta rikkomisesta, vahvistaa, ettei rikkomista ole tapahtunut. Lisäksi sen perusteella, että jakelijat eivät ole olleet aktiivisia kyseessä olevaa sopimusta tehtäessä ja että niiden markkinavoima FMS Softwareen nähden oli merkityksetön, ei voida katsoa, etteivät ne ole vastuussa kilpailulain 11 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon rikkomisesta. Kilpailuneuvoston olisi lisäksi arvioitava ensin, koskeeko FMS Softwaren ja sen jakelijoiden välisen yhteistyön edellytyksiä poikkeus vai ei, ja vasta sen jälkeen, voidaanko kilpailulain 11 §:n 1 momenttia soveltaa vai ei. Kilpailuneuvosto väitti, että kyseessä olevalla sopimuksella pyritään jakamaan asiakkaat jakelijoiden välillä kuuden kuukauden ajan kirjaamisesta lukien ja poistamaan jakelijoiden välinen kilpailu. Sen tarkoituksena on rajoittaa kilpailua etenkin siitä syystä, ettei Visma Enterprise voi vedota mihinkään perusteeseen, joka oikeuttaa tarpeen rajoittaa jonkun jakelijan oikeutta tarjota palvelujaan toisen jakelijan varaamalle asiakkaalle. Administratīvā apgabaltiesa hyväksyi 8.5.2015 antamallaan tuomiolla osittain Visma Enterprisen kanteen ja kumosi riidanalaisen päätöksen sen osan, joka koski sakon määräämistä maksettavaksi yhteisvastuullisesti. Kyseinen tuomioistuin määräsi kilpailuneuvoston toteuttamaan uuden hallintotoimen, jonka tarkoituksena on määrätä FMS Softwarelle sakko, ja jättämään sakon määrän laskennan ulkopuolelle FMS:n nettoliikevaihdon riidanalaisen päätöksen tekemistä edeltäneeltä viimeiseltä tilikaudelta. Kanne hylättiin muilta osin. Visma Enterprise ja kilpailuneuvosto tekivät kumpikin tästä tuomiosta kassaatiovalituksen. Senāta Administratīvo lietu departaments (ylin tuomioistuin, hallintoasioiden osasto, Latvia) kumosi 16.6.2017 antamallaan tuomiolla Administratīvā apgabaltiesan 8.5.2015 antaman tuomion ja palautti kyseessä olevan asian tälle tuomioistuimelle uuden ratkaisun antamista varten. Pääasian asianosaiset ovat jättäneet lisäkirjelmiä. Visma Enterprise väitti muun muassa, että sille jakelijalle, joka on esittänyt pyyntönsä ensimmäisenä, annettu etuoikeus merkitsee Visma Enterprisen antamaa tukea tarjouksen ja teknisten ratkaisujen laatimisessa. Tämä sopimus ei sisällä mitään Visma Enterprisen lupausta, jonka mukaan kirjaaminen takaisi sen, että muut jakelijat eivät tee tarjousta tietylle asiakkaalle tai että Visma Enterprise ei kuule muita jakelijoita tietyn asiakkaan osalta. Sopimuksessa ei myöskään määrätä mistään pakkokeinosta tai seuraamuksesta. Visma Enterprise ei millään tavoin estä muita jakelijoita toteuttamasta myyntitoimia sellaisten asiakkaiden kanssa, joille yksi Visma Enterprisen jakelijoista on jo tarjonnut palveluja. Jakelijoita kohdellaan ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” ‑periaatteen mukaisesti, millä taataan yhdenvertainen kohtelu. Lisäksi yhteistyö tietyn jakelijan kanssa ei merkitse sitä, etteikö asiakkaalla olisi mahdollisuutta hankkia kirjanpito-ohjelmiston lisenssiä myöhempänä ajanjaksona toiselta jakelijalta. Visma Enterprise ja jakelijat eivät estä asiakasta vaihtamasta jakelijaa. Asiakas voi myös tehdä sopimuksen sellaisen jakelijan kanssa, joka ei ole kirjannut sitä ensimmäisenä, minkä johdosta markkinoiden jakaminen ei voi tulla kyseeseen. Kyseessä oleva sopimus kannustaa jakelijoita olemaan aktiivisia kirjanpito-ohjelmistojen jakelussa toteuttamalla aktiivisesti myyntitoimiaan toisten jakelijoiden kanssa kilpaillen. Tämä on tarpeen kysymyksessä olevan alan ja tuotteen erityispiirteiden ja sen erikoisuuden vuoksi, että jakelujärjestelmä edellyttää useiden vastaavaa tehtävää markkinoilla hoitavien jakelijoiden samanaikaista toimintaa. Kirjaamisjärjestelmällä pyritään takaamaan se, että tuotteen toimittaminen asiakkaalle ja palvelujen tarjoaminen asiakkaalle tapahtuu tehokkaasti ja laadukkaasti, ja varmistamaan jakelijoiden työn valvonta, koska jakelijat eivät voi yksinään ymmärtää asiakkaille tarjottavien palvelujen erityispiirteitä. Kirjaamisella, jolla taataan, että Visma Enterprise saa tiedon hyvissä ajoin, ja mahdollistetaan se, että se voi korjata jakelijan tietämyksessä olevat aukot, pyritään siten välttämään tuotteen maineen vahingoittuminen tai se, että asiakas saa harhaanjohtavan vaikutelman ohjelmistosta ja sen toiminnoista. Sillä, että toimivaltainen jakelija tarjoaa laadukkaan palvelun, voidaan säästää Visma Enterprisen resursseja. Kyseessä olevan sopimuksen tavoitteena on siis edistää Visma Enterpriselle kauppoja tekevien jakelijoiden toimintaa, jotta Visma Enterprise voi – kun otetaan huomioon odotetut tulot sekä toimiala ja mahdollisten asiakkaiden intressit – suunnitella tulojaan, yksilöidä mahdollisen asiakaskunnan, päättää investoinneista tuotteensa kehittämiseen sekä antaa asiakkaalle valmistajan alennuksen jakelijan pyynnöstä. Kyseisellä sopimuksella pyritään siis hyväksyttävään päämäärään, koska sen avulla voidaan järjestää yhteistyö jakelijan kanssa, arvioida sitä, vastaako tuote ostajan tarpeita, ottaa käyttöön tasapuoliset menettelytavat yhteistyön tekemiseksi jakelijoiden kanssa ja käyttää resursseja järkevästi. Kilpailuneuvosto vastasi, että Visma Enterprise jakaa asiakkaat yhteensovitetusti jakelijoiden kesken. Kirjaamismenettelyn käyttöön ottamiselle ei ole järkevää ja taloudellisesti perusteltua selitystä ennen kuin mahdollinen asiakas on vahvistanut toiveensa alkaa käyttää Visma Enterprisen kehittämää ohjelmistoa. Mahdollisten asiakkaiden yksilöimistä ja tuotteen kehittämisen edellyttämää investointia voidaan arvioida vasta, kun loppukäyttäjä on päättänyt, että se aloittaa markkinoidun ohjelmiston käytön. Visma Enterprise ei kilpailuneuvoston mukaan valvo jakelijoiden toimintaa ja osaamista ohjelmiston jälleenmyynnin yhteydessä. Se tarkastaa jakelijoiden tiedot ennen yhteistyön aloittamista niiden kanssa ja järjestää jakelijoille säännöllisesti seminaareja täydentääkseen niiden tietoja ja kehittääkseen niiden osaamista. Kyseessä olevassa sopimuksessa olevalla ilmaisulla ”jollei loppukäyttäjä vastusta tätä” ei ole suurta merkitystä arvioitaessa näytön tasoa kilpailua rajoittavien vaikutusten osalta. Asiakkaan todennäköistä käyttäytymistä arvioitaessa tutkitaan, onko riidanalainen sopimusehto tosiasiallisesti pantu täytäntöön. Tämän sopimusehdon täytäntöönpanoa ei kuitenkaan pidä ottaa huomioon, jollei haluta, että kilpailunrajoituksen olemassaolo riippuu kolmannen tahdonilmaisusta. Kilpailuneuvosto väitti lisäksi, ettei kyseessä olevan sopimuksen täytäntöönpanolla oteta käyttöön yksinjakelujärjestelmää eikä valikoivaa jakelujärjestelmää. Ei siis ole tarpeen arvioida mahdollisten passiivista myyntiä koskevien rajoitusten olemassaoloa. Administratīvā apgabaltiesa hylkäsi kanteen 13.9.2018 antamallaan tuomiolla ja totesi riidanalaisen päätöksen lailliseksi ja perustelluksi. Arvioituaan sen merkitystä, että kyseessä olevaan sopimukseen on lisätty ilmaisu ”jollei loppukäyttäjä vastusta tätä”, kyseinen tuomioistuin katsoi, ettei tällä ilmaisulla ollut merkitystä, koska se on muodollinen ja koska loppukuluttaja ei tiedä asiakaskunnan jakamista koskevasta sopimuksesta. Mainitun tuomioistuimen mukaan yhteistoimintajärjestelyn toteaminen ei voi riippua asiakkaiden käyttäytymisestä, jollei kyse ole horisontaalisista sopimuksista, jolloin kartellin olemassaolo voidaan todeta vain, jos asiakkaat ostavat tuotteita asianomaisella kollusiivisella hinnalla. Visma Enterprise teki tästä tuomiosta kassaatiovalituksen. Senāta Administratīvo lietu departaments kumosi 26.11.2019 antamallaan tuomiolla Administratīvā apgabaltiesan 13.9.2018 antaman tuomion. Senāta Administratīvo lietu departaments katsoi, ettei Administratīvā apgabaltiesa ollut arvioinut oikein kyseessä olevan sopimuksen oikeudellista ja taloudellista asiayhteyttä. Kyseisen sopimuksen luonne, ulottuvuus ja rajat ilmenevät yhteistoimintajärjestelyn osapuolten suunnittelemista sopimuksen täytäntöönpanon yksityiskohdista, ja tämä kattaa myös sen, miten asiakkaiden mahdolliset vastalauseet havaitaan ja miten ne vaikuttavat myyjän liikkumavaraan. Merkitystä ei myöskään ole sillä, onko asiakas ollut tietoinen sellaisesta sopimusehdosta, jonka mukaan hän voi vastustaa sen jakelijan etuoikeutta, joka on kirjannut asiakkaan ensimmäisenä, tai yleisesti kyseessä olevan sopimuksen sisällöllistä etusijaa. On sitä vastoin tärkeää selvittää, miten jakelijoiden on toimittava myyntitilanteessa, jos tällaisia vastalauseita vastaanotetaan. Tätä seikkaa voidaan selventää sekä kyseisen sopimuksen sanamuodon että sen täytäntöönpanon perusteella. Tarvetta arvioida tätä sopimusehtoa siten, että se ilmentää kyseessä olevan sopimuksen sisältöä, ei voida rinnastaa näytöksi sopimuksen tosiasiallisesta täytäntöönpanosta kilpailusääntöjen rikkomisen toteamisen ennakkoedellytyksenä. Sopimuksen sisältöä on arvioitava sekä sen sanamuodon että niiden oikeudenkäynnin asianosaisten esittämien todisteiden valossa, jotka voivat osoittaa sopimuksen todellisen luonteen. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, että pääasiassa on selvää, että kyseessä oleva sopimus ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Nyt käsiteltävä oikeusriita on siis ratkaistava soveltamalla Latvian oikeutta eli kilpailulakia ja asetusta nro 797/2008. Unionin tuomioistuin on kuitenkin jo katsonut muun muassa 14.3.2013 annetussa tuomiossa Allianz Hungária Biztosító ym. ( C‑32/11 , EU:C:2013:160 ), että sillä on toimivalta ratkaista unionin oikeuden oikeussääntöjä koskevat ennakkoratkaisupyynnöt tapauksissa, joissa tosiseikat jäävät unionin oikeuden välittömän soveltamisalan ulkopuolelle mutta joissa näitä oikeussääntöjä sovelletaan kansallisen lainsäädännön nojalla, koska kansallisessa lainsäädännössä noudatetaan unionin oikeudessa annettuja ratkaisuja täysin jäsenvaltion sisäisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Tällaisissa tapauksissa Euroopan unionilla on näet selvä intressi siihen, että unionin oikeudesta omaksuttuja oikeussääntöjä tai käsitteitä tulkitaan yhtenäisesti, jotta vältettäisiin myöhemmät tulkintaerot, eikä tämä riipu siitä, missä olosuhteissa näitä oikeussääntöjä tai käsitteitä sovelletaan. Senāta Administratīvo lietu departamentsin oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että sopimuksilla kilpailuun todennäköisesti olevien vaikutusten osalta SEUT 101 artiklan 1 kohdassa ja kilpailulain 11 §:n 1 momentissa vahvistetaan samat oikeussäännöt. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailulain 11 §:n 1 momenttia ei pitäisi soveltaa eri tavoin kuin SEUT 101 artiklan 1 kohtaa. On ehdottoman tärkeää välttää se, että Latviassa hyväksytään kiellettyjen vertikaalisten sopimusten olemassaolon toteamiseksi arviointiperusteita, jotka poikkeavat unionin oikeudessa säädetyistä arviointiperusteista. Oikeusvarmuus, joka voidaan taata toimielinten ja tuomioistuinten käytännön ennustettavuudella, on niin Latvian tasavallan kuin unioninkin yleisten oikeusperiaatteiden mukaista. Perustavanlaatuisen erilainen lähestymistapa kilpailuoikeuden rikkomisia määriteltäessä saattaa lisäksi aiheuttaa jäsenvaltioiden välillä sellaisia eroja, jotka voivat rajoittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Pääasiassa on ratkaistava, voidaanko sellaisen sopimuksen osalta, jossa määrätään, että jakelijalle, joka on ensimmäisenä kirjannut liiketoimen, annetaan kuuden kuukauden ajaksi kirjaamisesta lukien etuoikeus saattaa myyntiprosessi loppuun asianomaisen loppukäyttäjän kanssa, ellei viimeksi mainittu vastusta tätä, päätellä pelkästään sopimuksen luonteen perusteella, että kyseessä on sopimus, jonka tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua markkinoilla. Tässä tilanteessa Administratīvā apgabaltiesa päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1) Kun Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta tulkitaan oikein, voidaanko käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaista valmistajan ja usean jakelijan välistä sopimusta [jonka nojalla jakelijalle, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen kaupan, annetaan kuuden kuukauden ajaksi kirjaamisesta lukien etuoikeus saattaa myyntiprosessi loppuun kyseisen loppukäyttäjän kanssa, ellei loppukäyttäjä vastusta tätä] pitää [SEUT] 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yritysten välisenä sopimuksena, jonka tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua? 2) Onko käsiteltävässä asiassa kyseessä olevassa valmistajan ja usean jakelijan välisessä sopimuksessa, sellaisena kuin sitä tulkitaan [EUT‑]sopimuksen mukaisesti, sellaisia viitteitä, joiden perusteella tällaiseen sopimukseen ei voitaisi soveltaa poikkeusta yleisestä yhteistoimintajärjestelyjen kiellosta? 3) Onko katsottava, että käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva valmistajan ja usean jakelijan välinen sopimus, sellaisena kuin sitä tulkitaan [EUT‑]sopimuksen mukaisesti, muodostaa poikkeuksen? Sovelletaanko poikkeusta, joka mahdollistaa sellaisten vertikaalisten sopimusten tekemisen, joilla rajoitetaan aktiivista myyntiä sellaisella alueella tai sellaiselle asiakasryhmälle, jonka valmistaja on varannut itselleen tai joita koskevan yksinoikeuden se on antanut toiselle ostajalle, jos tällä ei rajoiteta ostajan asiakkaiden harjoittamaa myyntiä ja jos tavarantoimittajan ([Visma Enterprise]) markkinaosuus on enintään 30 prosenttia, ainoastaan yksinjakelujärjestelmiin? 4) Voidaanko katsoa, että käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva valmistajan ja usean jakelijan välinen sopimus, sellaisena kuin sitä tulkitaan [EUT‑]sopimuksen mukaisesti, täyttää kilpailusääntöjen rikkomisen tunnusmerkistön yksinomaan yhden ainoan talouden toimijan lainvastaisen käyttäytymisen perusteella? Onko käsiteltävän asian olosuhteissa, sellaisina kuin niitä tulkitaan [EUT‑]sopimuksen mukaisesti, viitteitä siitä, että kiellettyyn yhteistoimintajärjestelyyn on osallistunut yksi ainoa talouden toimija? 5) Onko käsiteltävän asian olosuhteissa, sellaisina kuin niitä tulkitaan [EUT‑]sopimuksen mukaisesti, viitteitä kilpailun vähenemisestä (vääristymisestä) jakelujärjestelmässä, edun tuottamisesta [Visma Enterpriselle] tai kilpailua haittaavasta vaikutuksesta? 6) Onko käsiteltävän asian olosuhteissa, sellaisina kuin niitä tulkitaan [EUT‑]sopimuksen mukaisesti, ja kun jakeluverkoston markkinaosuus on enintään 30 prosenttia ([Visma Enterprise] on valmistaja, joten sen markkinaosuus sisältää myös jakelijoiden myyntivolyymit) viitteitä kilpailua haittaavasta vaikutuksesta jakelujärjestelmässä ja/tai sen ulkopuolella, ja koskeeko yhteistoimintajärjestelyjen kielto kyseistä sopimusta? 7) Kun tarkastellaan SEUT 101 artiklan 3 kohtaa ja [asetuksen N:o 330/2010] 2 artiklaa, [luettuna yhdessä] sen 4 artiklan b alakohdan kanssa, – sovelletaanko poikkeusta sellaiseen jakelujärjestelmään, jossa i) jakelija (jälleenmyyjä) valitsee itse mahdollisen asiakkaan, jonka kanssa se ryhtyy yhteistyöhön, ii) tavarantoimittaja ei ole ennakkoon määrittänyt objektiivisin, selkein ja todennettavissa olevin perustein mitään tiettyä asiakasryhmää, jolle kukin jakelija tarjoaa palvelujaan, iii) tavarantoimittaja varaa jakelijan (jälleenmyyjän) pyynnöstä mahdolliset asiakkaat kyseiselle jakelijalle, iv) muut jakelijat eivät ole tietoisia tai niille ei ole ennakkoon ilmoitettu mahdollisen asiakkaan varaamisesta, v) ainoa peruste mahdollisen asiakkaan varaamiseen ja yksinjakelujärjestelmän perustamiseen tietyn jakelijan hyväksi on kyseisen jakelijan itsensä esittämä pyyntö eikä tavarantoimittajan päätös ja vi) varaus on voimassa kuuden kuukauden ajan mahdollisen kaupan kirjaamisesta lukien (minkä jälkeen yksinjakeluoikeus ei ole enää voimassa)? – Voidaanko katsoa, että passiivista myyntiä ei rajoiteta, jos tavarantoimittajan ja jakelijan väliseen sopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaan ostaja (loppukäyttäjä) voi vastustaa varausta, vaikka ostajalle ei ole ilmoitettu kyseisestä ehdosta? Voiko ostajan (loppukäyttäjän) käyttäytyminen vaikuttaa tavarantoimittajan ja jakelijan välisen sopimuksen ehtoihin (oikeuttaa ne)?” Unionin tuomioistuimen toimivalta Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että kyseessä oleva sopimus koskee täysin jäsenvaltion sisäistä tilannetta eikä sillä ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kyseisen tuomioistuimen mukaan oikeusriita olisi näin ollen ratkaistava soveltamalla Latvian oikeutta. Mainittu tuomioistuin täsmentää kuitenkin, että Latvian ylimmän tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan SEUT 101 artiklan 1 kohdassa ja kilpailulain 11 §:n 1 momentissa vahvistetaan samat oikeussäännöt siltä osin kuin on kyse sopimusten todennäköisistä vaikutuksista kilpailuun eikä SEUT 101 artiklan 1 kohtaa ja kilpailulain 11 §:n 1 momenttia saisi soveltaa eri tavoin. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan on olennaista välttää se, että Latviassa voidaan käyttää kiellettyjen vertikaalisten sopimusten olemassaolon toteamiseksi arviointiperusteita, jotka poikkeavat unionin kilpailusäännöissä vahvistetuista perusteista. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 267 artiklalla käyttöön otetussa unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välisessä yhteistyössä yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen unionin tuomioistuimelle esittämillä kysymyksillä merkitystä asian kannalta. Kun esitetyt kysymykset koskevat unionin oikeuden tulkintaa, unionin tuomioistuimen on näin ollen lähtökohtaisesti ratkaistava ne (tuomio 18.10.1990, Dzodzi, C‑297/88 ja C‑197/89 , EU:C:1990:360 , ja kohta ja tuomio 10.12.2020, J & S Service, C‑620/19 , EU:C:2020:1011 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on kuitenkin myös niin, että unionin tuomioistuimen on oman toimivaltaisuutensa arvioimiseksi tutkittava ne olosuhteet, joiden vallitessa kansallinen tuomioistuin on esittänyt ennakkoratkaisupyynnön (tuomio 10.12.2020, J & S Service, C‑620/19 , EU:C:2020:1011 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tältä osin on muistutettava, että unionin tuomioistuin on useaan otteeseen todennut, että sillä on toimivalta ratkaista unionin oikeuden oikeussääntöjä koskevat ennakkoratkaisupyynnöt tapauksissa, joissa pääasian tosiseikat jäävät unionin oikeuden välittömän soveltamisalan ulkopuolelle, mutta joissa näitä oikeusääntöjä sovelletaan kansallisen lainsäädännön nojalla, koska kansallisessa lainsäädännössä noudatetaan unionin oikeudessa annettuja ratkaisuja täysin jäsenvaltion sisäisten tilanteiden ratkaisemiseksi (tuomio 21.7.2016, VM Remonts ym., C‑542/14 , EU:C:2016:578 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tällaista toimivaltaa voidaan perustella sillä, että unionin oikeusjärjestyksen ilmeisen edun mukaista on se, että unionin oikeudesta omaksuttuja säännöksiä tulkitaan yhtenäisesti, jotta vältettäisiin myöhemmät tulkintaerot (ks. vastaavasti tuomio 18.10.1990, Dzodzi, C‑297/88 ja C‑197/89 , EU:C:1990:360 , kohta ja tuomio 10.12.2020, J & S Service, C‑620/19 , EU:C:2020:1011 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee nyt käsiteltävässä asiassa pääosin, että kilpailulain 11 §:n 1 momentissa säädetään oikeussäännöistä, jotka vastaavat täysin SEUT 101 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja oikeussääntöjä, ja että mainittua 11 §:n 1 momenttia tulkitaan samalla tavoin kuin SEUT 101 artiklan 1 kohtaa. Unionin tuomioistuin on lisäksi jo katsonut kyseisen seikan perusteella, että sillä oli toimivalta ratkaista SEUT 101 artiklan 1 kohdan tulkintaa koskevat ennakkoratkaisupyynnöt täysin jäsenvaltion sisäisissä tilanteissa, jotka eivät vaikuttaneet jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joissa sovellettiin kilpailulain 11 §:n 1 momenttia (ks. vastaavasti tuomio 26.11.2015, Maxima Latvija, C‑345/14 , EU:C:2015:784 , – kohta ja tuomio 21.7.2016, VM Remonts ym., C‑542/14 , EU:C:2016:578 , – kohta). Näin ollen on pääteltävä, että unionin tuomioistuimella on toimivalta vastata esitettyihin kysymyksiin siltä osin kuin ne koskevat SEUT 101 artiklan 1 kohdan ja SEUT 101 artiklan 3 kohdan, jonka keskeinen sisältö toistetaan kilpailulain 11 §:n 2 momentissa, tulkintaa. Tämän tuomion 44 kohdassa mainittuun oikeuskäytäntöön perustuvaa unionin tuomioistuimen toimivaltaa vastata esitettyihin kysymyksiin siltä osin kuin ne koskevat asetuksen N:o 330/2010 tulkintaa ei sitä vastoin ole osoitettu. Kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdasta nimittäin ilmenee, että sen tarkoituksena on vahvistaa edellytykset, joiden täyttyessä SEUT 101 artiklan 1 kohtaa ei SEUT 101 artiklan 3 kohdan nojalla sovelleta vertikaalisiin sopimuksiin. Ennakkoratkaisupyynnöstä ei kuitenkaan ilmene, että Latvian lainsäädännössä noudatettaisiin asetuksessa N:o 330/2010 annettuja ratkaisuja pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa tilanteissa, jotka eivät kuulu SEUT 101 artiklan eivätkä näin ollen kyseisen asetuksen soveltamisalaan. Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Ensimmäinen, viides ja kuudes kysymys Ensimmäisellä, viidennellä ja kuudennella kysymyksellään, jotka on tutkittava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko SEUT 101 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavarantoimittajan ja jakelijan välinen sopimus, jonka nojalla jakelija, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen kaupan loppukäyttäjän kanssa, saa kuuden kuukauden ajaksi kyseisen kaupan kirjaamisesta lukien ”etuoikeuden myyntitoimen toteuttamiseen”, jollei kyseinen käyttäjä vastusta tätä, voidaan luonnehtia kyseisessä määräyksessä tarkoitetuksi ”sopimukseksi, jonka tarkoituksena on” estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua, tai ”josta seuraa”, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy. Tässä yhteydessä on huomautettava, että SEUT 267 artiklassa, joka perustuu kansallisten tuomioistuimien ja unionin tuomioistuimen tehtävien selkeään jakoon, tarkoitetussa menettelyssä unionin tuomioistuimen tehtävä rajoittuu niiden unionin oikeuden säännösten ja määräysten, joita ennakkoratkaisupyyntö koskee, eli nyt käsiteltävässä asiassa SEUT 101 artiklan 1 kohdan, tulkintaan. Siten ei ole unionin tuomioistuimen vaan ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä arvioida lopullisesti, onko – kun otetaan huomioon kaikki pääasian tilanteen tunnusomaiset merkitykselliset seikat ja sen oikeudellinen ja taloudellinen asiayhteys – kyseessä olevan sopimuksen tarkoituksena rajoittaa kilpailua (ks. vastaavasti tuomio 14.3.2013, Allianz Hungária Biztosító ym., C‑32/11 , EU:C:2013:160 , kohta ja tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta). Unionin tuomioistuin voi kuitenkin ennakkoratkaisupyyntöä käsitellessään tehdä sen käytettävissä olevien asiakirja-aineistoon sisältyvien seikkojen perusteella täsmennyksiä ohjatakseen ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta tulkinnassaan, jotta tämä voi ratkaista oikeusriidan (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). SEUT 101 artiklan 1 kohdan mukaan sisämarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy sisämarkkinoilla. Jotta sopimus kuuluisi tämän kiellon piiriin, sen on oltava sellainen, että sen ”tarkoituksena on” estää, rajoittaa tai vääristää tuntuvasti kilpailua sisämarkkinoilla tai siitä ”seuraa”, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy tuntuvasti sisämarkkinoilla (ks. vastaavasti tuomio 13.12.2012, Expedia, C‑226/11 , EU:C:2012:795 , , ja kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 30.1.2020, Generics (UK) ym., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , kohta). Unionin tuomioistuimen 30.6.1966 annetusta tuomiosta LTM ( 56/65 , EU:C:1966:38 ) lähtien vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tämän edellytyksen vaihtoehtoisuus, joka osoitetaan konjunktiolla ”tai”, johtaa siihen, että on tarkasteltava ensiksi sopimuksen tarkoitusta (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa, että kyseisessä määräyksessä, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, erotetaan selvästi toisistaan tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsite ja vaikutukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsite, ja kumpaankin niistä sovelletaan erilaista todistelua koskevaa järjestelmää (tuomio 30.1.2020, Generics (UK) ym., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , kohta). Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä näet ilmenee, että tietyntyyppiset yritysten väliset toiminnan yhteensovittamiset ilmentävät siinä määrin riittävää vahingollisuutta kilpailulle, jotta ne voidaan luonnehtia tarkoitukseen perustuvaksi rajoitukseksi, joten niiden vaikutusten tutkiminen ei ole tarpeen. Kyseinen oikeuskäytäntö liittyy siihen, että tiettyjen yritysten välisen toiminnan yhteensovittamisen muotojen voidaan katsoa olevan jo luonteensa puolesta kilpailun moitteetonta toimintaa haittaavia (tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tarkoitukseen perustuviksi rajoituksiksi luonnehdittujen sopimusten osalta ei ole tarpeen etsiä eikä varsinkaan näyttää toteen niiden vaikutuksia kilpailuun niiden luonnehtimiseksi SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi ”kilpailunrajoitukseksi”, koska kokemus osoittaa, että tällaiset sopimukset johtavat tuotannon vähentämiseen ja hintojen korotuksiin, mikä taas johtaa resurssien huonoon jakautumiseen, mistä erityisesti kuluttajat kärsivät (ks. vastaavasti tuomio 30.1.2020, Generics (UK) ym., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Siihen, että sopimuksen tarkoitus on kilpailunvastainen, riittää se, että sopimus on konkreettisesti omiaan estämään kilpailun sisämarkkinoilla tai rajoittamaan tai vääristämään sitä (ks. vastaavasti tuomio 14.3.2013, Allianz Hungária Biztosító ym., C‑32/11 , EU:C:2013:160 , kohta). Keskeinen oikeudellinen kriteeri sen määrittämiseksi, sisältääkö sopimus tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen, on sen toteaminen, että tällainen sopimus on itsessään siinä määrin riittävän vahingollinen kilpailulle, että voidaan katsoa, ettei ole tarpeen selvittää sen vaikutuksia (tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi tarkoitukseen perustuvan kilpailurajoituksen käsitettä on tulkittava suppeasti. Kyseistä käsitettä voidaan näet soveltaa vain tietyntyyppisiin yritysten välisen toiminnan yhteensovittamisiin, jotka ilmentävät siinä määrin riittävää vahingollisuutta kilpailulle, että voidaan katsoa, ettei niiden vaikutusten tutkiminen ole tarpeen (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Se, että sopimus on vertikaalinen sopimus, ei merkitse kuitenkaan sitä, etteikö siihen voisi sisältyä tarkoitukseen perustuvaa kilpailunrajoitusta. Sillä vaikka vertikaaliset sopimukset usein haittaavat luonteensa vuoksi kilpailua horisontaalisia sopimuksia vähemmän, myös niihin voi kuitenkin tietyissä olosuhteissa sisältyä erityisen korkea kilpailun rajoittamisen mahdollisuus (ks. vastaavasti tuomio 14.3.2013, Allianz Hungária Biztosító ym., C‑32/11 , EU:C:2013:160 , kohta ja tuomio 26.11.2015, Maxima Latvija, C‑345/14 , EU:C:2015:784 , kohta). Sen arvioimiseksi, onko yritysten välinen sopimus tai yritysten yhteenliittymän päätös siinä määrin riittävän vahingollinen kilpailulle, että sitä voidaan pitää SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ”tarkoitukseen perustuvana” kilpailunrajoituksena, on tarkasteltava sen lausekkeiden sisältöä, tavoitteita, jotka sillä pyritään saavuttamaan, sekä sen taloudellista ja oikeudellista asiayhteyttä. Kyseistä asiayhteyttä arvioitaessa on myös otettava huomioon sopimuksen tai päätöksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen luonne sekä kysymyksessä olevien markkinoiden toimintaan ja rakenteeseen liittyvät tosiasialliset olosuhteet (tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Se, että toimenpiteellä katsotaan pyrittävän hyväksyttävään tavoitteeseen, ei sulje pois sitä, että silloin, kun toimenpiteellä pyritään myös toiseen tavoitteeseen – joka puolestaan on katsottava ei-hyväksyttäväksi, kun otetaan huomioon myös tämän toimenpiteen lausekkeiden sisältö ja asiayhteys, johon se kuuluu –, toimenpiteen tarkoituksena voidaan katsoa olevan kilpailun rajoittaminen (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Aluksi on todettava kyseessä olevan sopimuksen sisällöstä, että ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Visma Enterprisen ja sen jakelijoiden välisen vakiomuotoisen yhteistyösopimuksen 4.1 lausekkeessa määrätään, että jakelijalla, joka ensimmäisenä on kirjannut mahdollisen kaupan loppukäyttäjän kanssa, on kuuden kuukauden ajan mahdollisen kaupan kirjaamisesta lukien ”etuoikeus myyntitoimen toteuttamiseen”, ellei loppukäyttäjä vastusta tätä. Tältä osin on huomautettava, ettei kyseisen sopimusehdon sanamuodosta, sellaisena kuin se on toistettu ennakkoratkaisupyynnössä, ilmene, mistä tämä etuoikeus muodostuu. Kilpailuneuvosto katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että ainoastaan jakelija, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen asiakkaan, voi toteuttaa myyntitoimen tämän kanssa, minkä Visma Enterprise on kiistänyt. Kuten Euroopan komissio esittää unionin tuomioistuimelle toimittamissaan kirjallisissa huomautuksissa, sama sopimusehto ei sellaisenaan näytä nimenomaisesti estävän Visma Enterprisen jakelijoita kääntymästä aktiivisesti mahdollisen asiakkaan puoleen tai vastaamasta kyseisen asiakkaan pyyntöihin. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on siis määritettävä kyseessä olevan sopimuksen täsmällinen sisältö. Tämän jälkeen on huomautettava, että pääasian asianosaiset ovat myös eri mieltä kyseisen sopimuksen tavoitteesta, koska Visma Enterprise on väittänyt, että sopimuksen tavoitteena on järjestää yhteistyö jakelijoiden kanssa, arvioida sitä, vastaako tuote ostajan tarpeita, ottaa käyttöön tasapuoliset menettelytavat yhteistyön tekemiseksi jakelijoiden kanssa ja käyttää resursseja järkevällä tavalla. Tämän tuomion 51 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava kyseessä olevan sopimuksen tavoitteita. Tältä osin on huomautettava, että vaikka osapuolten aikomuksia ei ole tarpeen ottaa huomioon sen määrittämisessä, onko yritysten välinen sopimus kilpailua rajoittava vai ei, mikään ei estä kilpailuviranomaisia tai kansallisia ja unionin tuomioistuimia ottamasta niitä huomioon (tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on lopuksi tutkittava se taloudellinen ja oikeudellinen asiayhteys, johon kyseessä oleva sopimus kuuluu. Jos kyseistä sopimusta ei voitaisi luonnehtia tarkoitukseen perustuvaksi rajoitukseksi, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen olisi tutkittava sen vaikutukset, ja voidakseen luonnehtia sen SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi kilpailunrajoitukseksi sen olisi todettava niiden seikkojen olemassaolo, jotka osoittavat, että kilpailu on tosiasiallisesti estynyt, rajoittunut tai vääristynyt tuntuvasti (ks. vastaavasti tuomio 2.4.2020, Budapest Bank ym., C‑228/18 , EU:C:2020:265 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tätä varten on otettava huomioon se konkreettinen kehys, johon sopimus kuuluu, eli erityisesti se taloudellinen ja oikeudellinen asiayhteys, jossa kyseessä olevat yritykset toimivat; vaikutuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen luonne sekä kyseessä olevien markkinoiden toiminnan tosiasialliset edellytykset ja niiden rakenne (tuomio 30.1.2020, Generics (UK) ym., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kilpailua rajoittavat vaikutukset voivat olla sekä todellisia että potentiaalisia, mutta niiden on joka tapauksessa oltava riittävän tuntuvia (tuomio 30.1.2020, Generics (UK) ym., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Arvioitaessa sopimuksen vaikutuksia SEUT 101 artiklan kannalta on tutkittava, millaisiksi todelliset kilpailuolosuhteet muodostuisivat, jos kyseessä olevaa sopimusta ei olisi tehty (ks. vastaavasti tuomio 30.1.2020, Generics (UK) ym., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tätä varten on otettava huomioon muun muassa sopimuksen kohteena olevien tuotteiden luonne ja se, onko niiden määrä rajallinen, osapuolten asema ja merkitys asianomaisten tuotteiden markkinoilla, kyseisen sopimuksen yksittäisyys tai päinvastoin sen sijoittautuminen sopimusten muodostamaan kokonaisuuteen. Tältä osin samankaltaisten sopimusten olemassaolo on seikka, joka ei ole välttämättä määräävä mutta joka voi yhdessä muiden seikkojen kanssa muodostaa sen taloudellisen ja oikeudellisen asiayhteyden, jossa mainittua sopimusta on arvioitava (ks. vastaavasti tuomio 11.12.1980, L’Oréal, 31/80 , EU:C:1980:289 , kohta). Vaihtoehtoisen skenaarion laatimisen tarkoituksena on osoittaa talouden toimijoiden realistiset käyttäytymismahdollisuudet siinä tapauksessa, ettei asianomaista sopimusta olisi tehty, ja määrittää siten markkinoiden todennäköinen toiminta ja niiden rakenne siinä tapauksessa, ettei kyseistä sopimusta olisi tehty, (ks. vastaavasti tuomio 30.1.2020, Generics (UK) ym., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , kohta). Kansallisen tuomioistuimen on kaikkien merkityksellisten tietojen perusteella ratkaistava, täyttääkö kyseessä oleva sopimus tosiasiassa SEUT 101 artiklan 1 kohdassa määrätyn kiellon piiriin kuulumisen edellytykset (tuomio 11.12.1980, L’Oréal, 31/80 , EU:C:1980:289 , kohta). Kuten komissio on väittänyt, vertikaaliset sopimukset ovat lisäksi lähtökohtaisesti omiaan haittaamaan kilpailua horisontaalisia sopimuksia vähemmän. Näin ollen saman tuotemerkin jakelijoiden välisen kilpailun (intra-brand competition) rajoittaminen on lähtökohtaisesti ongelmallista vain silloin, kun eri tuotemerkkien välinen tehokas kilpailu (inter-brand competition) merkityksellisillä markkinoilla heikkenee (ks. analogisesti tuomio 25.10.1977, Metro SB-Großmärkte v. komissio ( 26/76 , EU:C:1977:167 , kohta). Edellä esitetystä seuraa, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on määritettävä muun muassa merkityksellisten markkinoiden ominaispiirteet ja osapuolten asema näillä markkinoilla. Ennakkoratkaisukysymysten sanamuodosta ilmenee tältä osin, että Visma Enterprisen markkinaosuus on enintään 30 prosenttia. Tämä seikka olisi yhdessä muiden tekijöiden kanssa otettava huomioon määritettäessä merkityksellisten markkinoiden rakennetta ja myös Visma Enterprisen asemaa näillä markkinoilla, mikä voi riippua siitä taloudellisesta asiayhteydestä, jossa kyseessä olevaa sopimusta on arvioitava. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tämän jälkeen tutkittava siitä aiheutuvat seuraukset kilpailulle, että jakelija ”varaa” mahdollisen asiakkaan, etenkin siihen ennakkoratkaisukysymysten sanamuodon perusteella toteen näytettyyn seikkaan nähden, että jakelijoille ei ilmoiteta etukäteen mahdollisen asiakkaan ”varaamisesta” ja että loppukäyttäjälle ei ilmoiteta mahdollisuudesta vastustaa tätä varaamista, sekä siihen nähden, miten pitkään kyseinen varaus on voimassa. Kaikkien edellä olevien seikkojen perusteella ensimmäiseen, viidenteen ja kuudenteen kysymykseen on vastattava, että SEUT 101 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavarantoimittajan ja jakelijan välistä sopimusta, jonka nojalla jakelija, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen kaupan loppukäyttäjän kanssa, saa kuuden kuukauden ajaksi kyseisen kaupan kirjaamisesta lukien ”etuoikeuden myyntitoimen toteuttamiseen”, jollei kyseinen käyttäjä vastusta tätä, ei voida luonnehtia kyseisessä määräyksessä tarkoitetuksi ”sopimukseksi, jonka tarkoituksena on” estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua, ellei kyseistä sopimusta voida sen sanamuodon, tavoitteiden ja asiayhteyden takia katsoa siinä määrin riittävän vahingolliseksi kilpailulle, että se voidaan luonnehtia tällä tavoin. Jos tällainen sopimus ei ole SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus, kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, voitaisiinko sen kaikkien niiden pääasian kannalta merkityksellisten seikkojen perusteella, joita ovat etenkin se taloudellinen ja oikeudellinen asiayhteys, jossa kyseessä olevat yritykset toimivat, vaikutuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen luonne sekä kyseessä olevien markkinoiden toiminnan tosiasialliset edellytykset ja niiden rakenne, katsoa rajoittavan kilpailua riittävän tuntuvasti sen todellisten tai potentiaalisten vaikutusten vuoksi. Toinen, kolmas ja seitsemäs kysymys Toisella, kolmannella ja seitsemännellä kysymyksellään, jotka on tutkittava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko SEUT 101 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että tavarantoimittajan ja jakelijan väliseen sopimukseen, jonka nojalla jakelija, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen kaupan loppukäyttäjän kanssa, saa kuuden kuukauden ajaksi kyseisen kaupan kirjaamisesta lukien ”etuoikeuden myyntitoimen toteuttamiseen”, jollei kyseinen käyttäjä vastusta tätä, voidaan siinä tapauksessa, että se olisi SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus, jonka ”tarkoituksena on” estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai josta ”seuraa”, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy, soveltaa poikkeusta kyseisen artiklan 3 kohdan nojalla. Tältä osin on muistutettava, että SEUT 101 artiklan 1 kohdan vastainen sopimus voi olla kyseisen artiklan 3 kohdan mukaisen poikkeuksen kohteena ainoastaan, jos se täyttää kyseiseen määräykseen sisältyvät edellytykset, mukaan lukien edellytyksen siitä, että sopimuksen on osaltaan tehostettava tuotantoa tai tuotteiden jakelua tai edistettävä teknistä tai taloudellista kehitystä (ks. vastaavasti tuomio 11.9.2014, MasterCard ym. v. komissio, C‑382/12 P , EU:C:2014:2201 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on myös niin, että SEUT 101 artiklan 3 kohdassa määrätyssä ensimmäisessä edellytyksessä tarkoitettuna tehostamisena ei kuitenkaan voida pitää kaikkia sellaisia etuja, joita osapuolet saavat kyseessä olevan sopimuksen perusteella tuotanto- tai jakelutoiminnassaan. Tähän tehostamiseen on etenkin liityttävä merkittäviä objektiivisia etuja, jotka voivat kompensoida kyseisen sopimuksen aiheuttamia kilpailuhaittoja (tuomio 11.9.2014, MasterCard ym. v. komissio, C‑382/12 P , EU:C:2014:2201 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Sopimusta on tutkittava sen määrittämiseksi, myötävaikuttaako se tuotannon tai tavaroiden jakelun tehostamiseen tai teknisen tai taloudellisen kehityksen edistämiseen ja liittyykö kyseiseen sopimukseen merkittäviä objektiivisia etuja, yritysten esittämien tosiseikkoja koskevien perustelujen ja todisteiden valossa (tuomio 11.9.2014, MasterCard ym. v. komissio, C‑382/12 P , EU:C:2014:2201 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tällainen tutkinta voi edellyttää sen alan, jota kyseessä oleva sopimus koskee, ominaisuuksien ja mahdollisten erityispiirteiden huomioon ottamista, jos nämä ominaisuudet ja erityispiirteet ovat ratkaisevia tutkimuksen lopputuloksen kannalta. SEUT 101 artiklan 3 kohdan perusteella on otettava huomioon se, onko vaikutus merkityksellisillä markkinoilla myönteinen kaikkien kuluttajien kannalta (tuomio 11.9.2014, MasterCard ym. v. komissio, C‑382/12 P , EU:C:2014:2201 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimittamista tiedoista ilmenee Visma Enterprisen väittäneen, että kyseessä olevasta sopimuksesta on seurannut muun muassa, että sen tuotteen jakelu on tehostunut, sen tarjoama tuote on parempilaatuinen ja sille on kertynyt säästöjä. Kyseisen tuomioistuimen on siis arvioitava, tehostaako kyseinen sopimus osaltaan pääasiassa kyseessä olevien tavaroiden tuotantoa tai jakelua ja täyttääkö se muut SEUT 101 artiklan 3 kohtaan sisältyvät edellytykset. Edellä esitetyn perusteella toiseen, kolmanteen ja seitsemänteen kysymykseen on vastattava, että SEUT 101 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että tavarantoimittajan ja jakelijan väliseen sopimukseen, jonka nojalla jakelija, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen kaupan loppukäyttäjän kanssa, saa kuuden kuukauden ajaksi kyseisen kaupan kirjaamisesta lukien ”etuoikeuden myyntitoimen toteuttamiseen”, jollei kyseinen käyttäjä vastusta tätä, voidaan siinä tapauksessa, että se olisi SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus, jonka ”tarkoituksena on” estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai josta ”seuraa”, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy, soveltaa poikkeusta kyseisen artiklan 3 kohdan nojalla ainoastaan, jos se täyttää kyseiseen kohtaan sisältyvät kumulatiiviset edellytykset. Neljäs ennakkoratkaisukysymys Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Administratīvā apgabaltiesa on esittänyt neljännen kysymyksen sellaisen Visma Enterprisen väitteen yhteydessä, joka koskee riidanalaisen päätöksen sitä osaa, jossa kilpailuneuvosto katsoi, ettei ollut asianmukaista eikä tarpeen katsoa, että FMS Softwaren jakelijat olisivat olleet vastuussa todetusta kilpailusääntöjen rikkomisesta. Tällä väitteellä Visma Enterprise esittää käsityksenään lähinnä, että koska kilpailulain 11 §:n 1 momentti, jossa toistetaan SEUT 101 artiklan 1 kohdan keskeinen sisältö, koskee yritysten välisiä sopimuksia, kilpailuneuvosto ei voinut määrätä seuraamuksia yhdelle ainoalle kyseessä olevan sopimuksen osapuolelle, koska se myöntäisi tällöin, ettei näitä oikeussääntöjä ollut rikottu. Neljäs kysymys on siis ymmärrettävä siten, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee sillä lähinnä, onko SEUT 101 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, ettei voida katsoa, että kyse on tätä määräystä rikkovasta sopimuksesta, kun mainitun määräyksen täytäntöönpanosta vastaava viranomainen on tehnyt erilaisen arvioinnin siitä, kuka joutuu vastuuseen kilpailusääntöjen rikkomisesta. Kuten tämän tuomion 53 kohdassa on tältä osin muistutettu, SEUT 101 artiklan 1 kohdan mukaan sisämarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä ovat sellaiset yritysten väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua sisämarkkinoilla tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy sisämarkkinoilla. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen olemassaolon edellytykseksi riittää se, että kyseiset yritykset ovat ilmaisseet yhteisen tahtonsa toimia markkinoilla määrätyllä tavalla (tuomio 14.1.2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, C‑450/19 , EU:C:2021:10 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). SEUT 101 artiklan rikkomisen toteamisen on näin ollen perustuttava kyseisessä määräyksessä vahvistettujen edellytysten nojalla tehtyyn arviointiin. Tästä seuraa, että kysymys SEUT 101 artiklan 1 kohdan nojalla kielletyn sopimuksen olemassaolosta eroaa lähtökohtaisesti siitä kysymyksestä, joka koskee vastuuseen joutumista kilpailusääntöjen rikkomisesta ja seuraamuksen määräämistä kyseisen sopimuksen osapuolelle, vaikka tietyt tosiseikat voivatkin osoittautua merkityksellisiksi näiden kummankin ongelman arvioinnissa. Ensimmäinen kysymys liittyy näet SEUT 101 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytyksiin, kun taas jälkimmäinen kysymys liittyy kyseisen määräyksen rikkomisen seurauksiin, ja viimeksi mainittu kysymys on lähtökohtaisesti otettava huomioon vasta sitten, kun ensin on todettu, että kyseistä määräystä on rikottu. Mikäli SEUT 101 artiklan 1 kohdan vastaisen sopimuksen olemassaolo näytetään toteen kyseisessä määräyksessä mainittujen arviointiperusteiden nojalla, tämän määräyksen täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen arvioinnilla, joka koskee kyseisen sopimuksen osapuolten joutumista vastuuseen kilpailusääntöjen rikkomisesta, ei siis lähtökohtaisesti voi olla vaikutusta tämän rikkomisen toteamiseen. SEUT 101 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytyksiä koskeva kysymys eroaa lisäksi siitä kysymyksestä, voiko kyseisen määräyksen täytäntöönpanosta vastaava viranomainen katsoa, että kyseisen määräyksen rikkomisesta joutuu vastuuseen vain yksi ainoa kyseisen rikkomisen muodostavan sopimuksen osapuoli; tätä kysymystä ei kuitenkaan ole esitetty pääasiassa. Neljänteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että SEUT 101 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei tässä määräyksessä kielletyn sopimuksen mahdollisuutta voida sulkea pois pelkästään siitä syystä, että mainitun määräyksen täytäntöönpanosta vastaava viranomainen on arvioinut eri tavoin sitä, kuka kyseisen sopimuksen osapuolista joutuu vastuuseen kilpailusääntöjen rikkomisesta. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) SEUT 101 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavarantoimittajan ja jakelijan välistä sopimusta, jonka nojalla jakelija, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen kaupan loppukäyttäjän kanssa, saa kuuden kuukauden ajaksi kyseisen kaupan kirjaamisesta lukien ”etuoikeuden myyntitoimen toteuttamiseen”, jollei kyseinen käyttäjä vastusta tätä, ei voida luonnehtia kyseisessä määräyksessä tarkoitetuksi ”sopimukseksi, jonka tarkoituksena on” estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua, ellei kyseistä sopimusta voida sen sanamuodon, tavoitteiden ja asiayhteyden takia katsoa siinä määrin riittävän vahingolliseksi kilpailulle, että se voidaan luonnehtia tällä tavoin. Jos tällainen sopimus ei ole SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus, kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, voitaisiinko sen kaikkien niiden pääasian kannalta merkityksellisten seikkojen perusteella, joita ovat etenkin se taloudellinen ja oikeudellinen asiayhteys, jossa kyseessä olevat yritykset toimivat, vaikutuksen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen luonne sekä kyseessä olevien markkinoiden toiminnan tosiasialliset edellytykset ja niiden rakenne, katsoa rajoittavan kilpailua riittävän tuntuvasti sen todellisten tai potentiaalisten vaikutusten vuoksi. 2) SEUT 101 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että tavarantoimittajan ja jakelijan väliseen sopimukseen, jonka nojalla jakelija, joka on ensimmäisenä kirjannut mahdollisen kaupan loppukäyttäjän kanssa, saa kuuden kuukauden ajaksi kyseisen kaupan kirjaamisesta lukien ”etuoikeuden myyntitoimen toteuttamiseen”, jollei kyseinen käyttäjä vastusta tätä, voidaan siinä tapauksessa, että se olisi SEUT 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus, jonka ”tarkoituksena on” estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai josta ”seuraa”, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy, soveltaa poikkeusta kyseisen artiklan 3 kohdan nojalla ainoastaan, jos se täyttää kyseiseen kohtaan sisältyvät kumulatiiviset edellytykset. 3) SEUT 101 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, ettei tässä määräyksessä kielletyn sopimuksen mahdollisuutta voida sulkea pois pelkästään siitä syystä, että mainitun määräyksen täytäntöönpanosta vastaava viranomainen on arvioinut eri tavoin sitä, kuka kyseisen sopimuksen osapuolista joutuu vastuuseen kilpailusääntöjen rikkomisesta. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: latvia.

62013CJ0128

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27.11.1987 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3665/87 ( EYVL L 351, s. 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna 26.7.1994 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1829/94 ( EYVL L 191, s. 5 ; jäljempänä asetus N:o 3665/87), 4 artiklan 1 kohdan ja maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22.7.1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 ( EYVL L 205, s. 5 ), sellaisena kuin se muutettuna 10.12.1993 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 3403/93 ( EYVL L 310, s. 4 ; jäljempänä asetus N:o 2220/85), 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Cruz & Companhia Lda (jäljempänä Cruz & Companhia) sekä Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) ja Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL (jäljempänä CCAM) ja jossa on kyse kieltäytymisestä vapauttaa vientituen ennakkomaksun, joka on maksettu vuonna 1995 toteutetulle viinin viennille, määrän takaisinmaksamista varten annettu pankkitakaus ja tämän pankkitakauksen aktivoimisesta. Asiaa koskevat oikeussäännöt Viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16.3.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 ( EYVL L 84, s. 1 ) 56 artiklassa säädettiin seuraavaa: ”1.   Siinä määrin kuin on tarpeellista [viinialan yhteisen markkinajärjestelyn piiriin kuuluvien] tuotteiden taloudellisesti merkittäv[än] viennin mahdollistami[seksi] näiden tuotteiden maailmanmarkkinahin[noilla, näiden hintojen] ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella. – – 2.   Tuki on samansuuruinen kaikkialla yhteisössä. Se voi vaihdella määräpaikan mukaan. Tuki myönnetään hakemuksesta. 3.   Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta yleiset säännöt vientitukien myöntämisestä ja niiden määrän vahvistamisperusteet. 4.   Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 83 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. – –” Asetuksen N:o 822/87 71 artiklan 2 kohdassa säädettiin seuraavaa: ”Niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai henkilöryhmittymien, joilla on hallussaan ammattinsa harjoittamista varten 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita [mukaan lukien viiniin liittyvät tuotteet, kuten nyt käsiteltävässä asiassa], erityisesti tuottajien, pullottajien, jalostajien ja erikseen määriteltävien kauppiaiden, on pidettävä kirjaa erityisesti edellä mainittujen tuotteiden saapuvista ja lähtevistä eristä.” Komissio sääti maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä asetuksella N:o 3665/87. Asetuksen N:o 3665/87 johdanto-osan kolmas, neljäs ja kuudestoista perustelukappale kuuluivat seuraavasti: ”neuvoston antamissa yleisissä säännöissä säädetään, että tuki maksetaan esitettäessä todisteet siitä, että tuotteet on viety yhteisön ulkopuolelle; – – tietyt vientitoimet voivat johtaa väärinkäytöksiin; tällaisten väärinkäytösten välttämiseksi tuen maksamisen edellytyksenä olisi oltava se, että tuote on viety yhteisön tullialueelta ja tuotu kolmanteen maahan ja tarvittaessa tosiasiallisesti saatettu kolmannen maan markkinoille, – – viennin rahoituksen helpottamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava lupa maksaa tuki viejille ennakolta kokonaisuudessaan tai osittain välittömästi, kun vienti-ilmoitus on hyväksytty, ja tähän olisi liityttävä vakuus, jolla varmistetaan kyseisen ennakkomaksun palauttaminen, jos myöhemmin ilmenee, että tukea ei olisi pitänyt maksaa”. Asetuksen N:o 3665/87 4 artiklan 1 kohdassa säädettiin seuraavaa: ”Tuen maksaminen edellyttää todistetta siitä, että tuotteet, joiden vienti-ilmoitus on hyväksytty, on viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä hyväksynnästä viety sellaisenaan yhteisön tullialueelta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 ja 16 artiklan säännösten soveltamista.” Asetuksen N:o 3665/87 13 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädettiin seuraavaa: ”Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole laadultaan virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia ja on tarkoitettu ihmisravinnoksi, kun niiden ominaisuudet tai kunto estävät niiden käytön tai rajoittavat huomattavasti niiden käyttöä tähän tarkoitukseen.” Asetuksen N:o 3665/87 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettiin seuraavaa: ”Kulutukseen saattamista koskevien tullimuodollisuuksien täyttyminen todistetaan esittämällä toinen seuraavista viejän valitsemista asiakirjoista: – – b) purkamista ja kulutukseen saattamista koskeva todistus, jonka laatii kansainväliseen tarkastukseen ja valvontaan erikoistunut ja komission 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksymä laitos. Kyseisessä todistuksessa on annettava kulutukseen saattamista koskevan tulliasiakirjan päiväys ja numero.” Asetuksen N:o 3665/87 22 artiklassa, joka oli luvussa 2, jonka otsikko oli ”Tuen ennakkomaksu, kun kyseessä on suora vienti”, säädettiin seuraavaa: ”1.   Jäsenvaltioiden on viejän hakemuksesta maksettava tuki kokonaisuudessaan tai osa tuesta ennakolta välittömästi, kun vienti-ilmoitus on hyväksytty, jos on annettu kyseisen 15 prosentilla lisätyn ennakkomaksun suuruinen vakuus. Jäsenvaltiot voivat määrittää edellytykset, joilla on mahdollista hakea tuen osan ennakkomaksua. 2.   Ennakkomaksun määrä lasketaan ottaen huomioon ilmoitettuun määräpaikkaan sovellettava tuki, jota tarkistetaan tarvittaessa valuutan tasausmaksuilla, liittymistasausmaksuilla ja muilla yhteisön säädöksissä annetuilla maksuilla.” Asetuksen N:o 3665/87 33 artiklan 1 kohdassa säädettiin seuraavaa: ”Kun niiden tuotteiden tai tavaroiden, joihin sovelletaan tämän luvun säännöksiä, oikeus tukeen ja/tai valuutan tasausmaksuun on todistettu, kyseinen määrä on tasattava ennakkomaksulla. Kun vietyyn määrään sovellettava maksu on suurempi kuin ennakkomaksu, kyseiselle henkilölle maksetaan näiden erotus. Kun vietyyn määrään sovellettava maksu on pienempi kuin ennakkomaksu erityisesti 2 kohtaa sovellettaessa, toimivaltaisen viranomaisen on pantava toimeen viipymättä asetuksen (ETY) N:o 2220/85 29 artiklassa säädetty menettely, jotta toimija maksaisi näiden maksujen välisen erotuksen korotettuna 20 prosentilla.” Asetuksessa N:o 2220/85 vahvistettiin säännökset vakuuksista, jotka on annettava joko asetuksen N:o 822/87 tai sen soveltamisasetusten nojalla. Asetuksen N:o 2220/85 19 artiklassa, joka oli IV osastossa, jonka otsikko oli ”Ennakot”, säädettiin seuraavaa: ”1.   Vakuus vapautetaan jos: a) oikeus ennakkomäärän [lopulliseen] saamiseen on vahvistettu tai jos b) ennakko on maksettu takaisin ja korotettu yhteisön erityisessä sääntelyssä säädetyllä prosentilla. 2.   Kun ennakkomäärän saamista koskevan oikeutuksen todistamiselle asetettu määräaika ylitetään ilman oikeutuksesta esitettyä todistetta, toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi sovellettava 29 artiklassa säädettyä menettelyä. – –” Viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavista asiakirjoista sekä asiaan liittyvien rekistereiden pidosta 26.7.1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2238/93 ( EYVL L 200, s. 10 ) 1 artiklassa säädettiin seuraavaa: ”1.   Tässä asetuksessa annetaan asetuksen (ETY) N:o 822/87 71 artiklan viinialan tuotteiden saateasiakirjaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sanotun kuitenkaan rajoittamatta [valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25.2.1992 annetun neuvoston] direktiivin 92/12/ETY [ EYVL L 76, s. 1 ] soveltamista. Siinä laaditaan: a) säännöt määritetyllä alueella tuotettujen laatuviinien alkuperän todistamisesta ja maantieteelliseen merkintään oikeutettujen pöytäviinien lähtöisyyden todistamisesta näiden viinien mukana seuraavissa asiakirjoissa, jotka on laadittu direktiiviin 92/12/ETY perustuvien yhteisön säännösten mukaisesti; b) säännöt asetuksen (ETY) N:o 822/87 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viinituotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen laatimisesta: — jäsenvaltion sisällä, sillä edellytyksellä ettei näiden kuljetusten mukana seuraa direktiiviin 92/12/ETY perustuvien yhteisön säännösten mukainen asiakirja; — vietäessä kolmanteen maahan; — yhteisön sisäisessä kaupassa: — kuljetuksen suorittaa pientuottaja, jonka se jäsenvaltio, josta kuljetus alkaa, on vapauttanut yksinkertaistetun saateasiakirjan laatimisesta tai — kun kyseessä on sellaisen viinituotteen kuljetus, joka ei ole valmisteveron alainen; c) täydentävät säännökset seuraavien laatimiseen: — hallinnollinen saateasiakirja tai tämän korvaava kaupallinen asiakirja — yksinkertaistettu saateasiakirja tai tämän korvaava kaupallinen asiakirja, jotka on tarkoitettu seuraamaan asetuksen (ETY) N:o 822/87 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen viinituotteiden kuljetuksia. 2.   Tässä asetuksessa laaditaan lisäksi säännöt niiden henkilöiden tulo- ja lähtörekisterien pitämisestä, jotka pitävät hallussaan viinituotteita ammattinsa puolesta.” Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset Cruz & Companhia on liikeyritys, joka harjoittaa viinien, viinojen ja niiden jalosteiden myyntitoimintaa, johon sisältyy tuotteiden valmistus, varastointi ja osto jälleenmyyntiä varten. Toimintaa harjoittaessaan tämä yritys vei viinejä Angolaan alemmalla hinnalla kuin hinta, jonka se olisi saanut, jos se olisi myynyt viinin Euroopan unionin markkinoille. Kesäkuussa 1995 Cruz & Companhia haki Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícolalta (jäljempänä INGA) tuen maksamista ennakolta. Se toimitti tätä varten vienti-ilmoituksen hyväksymisasiakirjat, todisteet siitä, että tuotteet oli viety unionin tullialueelta viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä hyväksynnästä, sekä CCAM:n 14.6.1995 myöntämän pankkitakauksen, jonka määrä on sama kuin tuen ennakkomaksun määrä lisättynä 15 prosentilla. Tuen ennakkomaksu suoritettiin Cruz & Companhialle 26.6.1995. Toteutettuaan viennin Cruz & Companhia toimitti INGA:lle vientiin liittyvät asiakirjat eli laskut, todistuksen, ilmoituksen tavaroiden koostumuksesta, näytteen ja vienti-ilmoituksen hyväksymisasiakirjat. Tuotteet saapuivat määränpäänä olevaan kolmanteen maahan, ja ne tullattiin. INGA ei ole palauttanut pankkitakausta Cruz & Companhialle. Tehtyään tarkastuksen varmistaakseen Cruz & Companhian toteuttaman viininviennin säännöstenmukaisuuden INGA määräsi 29.7.2004 tekemällään päätöksellä, että Cruz & Companhian vientitukena saama määrä on palautettava 30 päivän määräajassa sillä uhalla, että pankkitakauksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat mekanismit käynnistyvät. Cruz & Companhia, joka ei ole maksanut vapaaehtoisesti vaadittua määrää, nosti INGA:n 29.7.2004 tekemästä päätöksestä hallintokanteen Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseussa. Kyseinen tuomioistuin hylkäsi Cruz & Companhian kanteen perusteettomana 25.7.2008 antamallaan tuomiolla. Cruz & Companhia haki muutosta kyseiseen tuomioon Tribunal Central Administrativo do Nortessa. Kyseinen tuomioistuin hylkäsi valituksen ja pysytti Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseun tuomion 9.7.2009 antamallaan tuomiolla, joka on tullut lainvoimaiseksi. Cruz & Companhia teki ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa IFAP:tä, joka on INGA:n seuraaja, ja CCAM:ää vastaan valituksen, jossa se vaati sen toteamista, että pankkitakauksen kohde poistui 31.8.1995, jolloin se esitti asiakirjat, jotka todistivat tuotteiden saapumisen Angolaan, ja että näissä olosuhteissa se, että IFAP aktivoi pankkitakauksen, oli lainvastaista ja merkitsi väärinkäyttöä. Samoin Cruz & Companhia vaati, että CCAM määrätään pidättymään kyseessä olevan pankkitakauksen maksamisesta IFAP:lle sekä että IFAP määrätään maksamaan vahingonkorvauksena kantajan vaatimat määrät. Ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa otettiin esille kysymys siitä, oliko oikeus tuen lopulliseen saamiseen vahvistettu ja sen seurauksena oliko vakuus, jolla taataan ennakkomäärän palauttaminen, vapautettava, koska viejä esitti vienti-ilmoituksen hyväksymisasiakirjat ja todisteet siitä, että tuotteet oli viety unionin tullialueelta viimeistään 60 päivän kuluessa ja saapuivat kohteena olevaan kolmanteen maahan, vai oliko lisäksi tarpeen vakuuttua siitä, että tuen ennakkomaksuna saadut määrät olivat erääntyneet. Näissä olosuhteissa Tribunal da Relação de Lisboa päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1) Onko vakuuden, joka on annettu tuen ennakkomaksun yhteydessä, katsottava rauenneen, kun viejän on todettu esittäneen asiakirjat, jotka liittyvät vienti-ilmoituksen hyväksymiseen ja todisteisiin siitä, että tuotteet vietiin yhteisön tullialueelta viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä hyväksymisestä? 2) Onko näin varsinkin, kun tämä on lisäksi esittänyt todisteet näiden tuotteiden tullaamisesta tuontimaana olevassa kolmannessa maassa? 3) Vai onko sen sijaan katsottava, että näiden edellytysten täyttymisen lisäksi vakuuden vapauttaminen edellyttää sitä, ettei valtiolla ole oikeutta vaatia ennakolta maksetun tuen palauttamista mistä tahansa muusta syystä, joka liittyy vientiä koskeviin säännöstenvastaisuuksiin?” Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Näillä kysymyksillä, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, onko asetuksen N:o 2220/85 19 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että vakuuden, jonka viejä on antanut vientituen ennakkomaksun palauttamisen takaamiseksi, on katsottava rauenneen, kun viejän on todettu esittäneen asiakirjat, jotka liittyvät vienti-ilmoituksen hyväksymiseen, todisteet siitä, että tuotteet vietiin unionin tullialueelta viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä hyväksymisestä, ja todisteet näiden tuotteiden tullaamisesta tuontimaana olevassa kolmannessa maassa. Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 3665/87 22 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on viejän hakemuksesta maksettava tuki kokonaisuudessaan tai osa tuesta ennakolta välittömästi, kun vienti-ilmoitus on hyväksytty, sillä edellytyksellä, että annetaan vakuus. Tämän vakuuden vapauttamisen edellytyksistä on todettava, että asetuksen N:o 2220/85 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, joka oli IV osastossa, jonka otsikko oli ”Ennakot”, säädetään, että vakuus vapautetaan, jos oikeus ennakkomäärän lopulliseen saamiseen on vahvistettu. Unionin tuomioistuimelle toimittamissaan huomautuksissa Cruz & Companhia katsoo, että vakuuden tarkoituksena on taata se, että vienti, jonka osalta tuen ennakkomaksu oli suoritettu, on toteutettu, että tuote on saapunut määränpäämaahan ja saatettu markkinoille tässä maassa asetetussa määräajassa. Cruz & Companhia viittaa asetuksen N:o 3665/87 4 artiklan 1 kohtaan ja 18 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja väittää, että vakuus on vapautettava heti, kun viejä esittää tullaustodistuksen, sillä kyseisestä hetkestä lähtien oikeus tuen lopulliseen saamiseen on vahvistettu. Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 3665/87 4 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, että tuen maksaminen edellyttää todisteen esittämistä siitä, että tuotteet, joiden vienti-ilmoitus on hyväksytty, on viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä hyväksynnästä viety sellaisenaan unionin tullialueelta. Kyseisessä säännöksessä ei mainita lainkaan oikeutta tämän tuen lopulliseen saamiseen. Kuten asetuksen N:o 3665/87 johdanto-osan 16 perustelukappaleesta ilmenee, tämän asetuksen 22 artiklan nojalla annetulla vakuudella varmistetaan ennakkomaksun palauttaminen, jos myöhemmin ilmenee, että tukea ei olisi pitänyt maksaa. Tässä yhteydessä on korostettava, että kyseisen asetuksen 13 artiklan mukaan tukea ei myönnetä tuotteille, jotka eivät ole ”laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia” ja, jos tuotteet on tarkoitettu ihmisravinnoksi, kun niiden ominaisuudet tai kunto estävät niiden käytön tai rajoittavat huomattavasti niiden käyttöä tähän tarkoitukseen. Siltä osin kuin kyse on siitä, että tuotteet ovat ”laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia”, on korostettava, että asetuksen N:o 3665/87 13 artikla kuuluu tämän asetuksen 2 osaston, jonka otsikkona on ”Vienti kolmansiin maihin”, I lukuun, jonka otsikkona on ”Tukioikeus”, mikä osoittaa, että se, että viety tuote on ”laadultaan virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen”, on vientituen myöntämisen aineellinen edellytys (ks. tuomio Fleisch-Winter, C‑309/04, EU:C:2005:732 , 28 kohta). Kyseisestä 13 artiklasta ilmenee myös, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansiin maihin viedyt tuotteet ovat laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia (ks. vastaavasti tuomio Saksa v. komissio, C‑54/95, EU:C:1999:11 , 49 kohta). Portugalin hallitus väittää kirjallisissa huomautuksissaan, että Cruz & Companhian toiminnan valvonnan seurauksena todettiin, ettei kyseinen viejä pitänyt erityislainsäädännössä säädettyä pakollista kirjanpitoa. Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 822/87 71 artiklan 2 kohdassa säädetään, että niiden luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai henkilöryhmittymien, joilla on hallussaan ammattinsa harjoittamista varten tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita, erityisesti tuottajien, pullottajien, jalostajien ja erikseen määriteltävien kauppiaiden, on pidettävä kirjaa erityisesti edellä mainittujen tuotteiden saapuvista ja lähtevistä eristä. Lisäksi asetuksen N:o 2238/93 1 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että siinä annetaan asetuksen 822/87 71 artiklan viinialan tuotteiden saateasiakirjaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. On todettava, että jos viejä ei ole täyttänyt velvollisuutta pitää kirjaa asetusten N:o 822/87 ja N:o 2238/93 mukaisesti, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on määritettävä, jäsenvaltioilla ei ole mahdollisuutta varmistaa asetuksen N:o 3665/87 13 artiklan nojalla, ovatko kolmansiin maihin viedyt tuotteet laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia, eikä näin ollen taata, onko vientituen ennakkomaksujärjestelmään liittyviä edellytyksiä noudatettu. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan viejän on vastattava vientituen ennakkomaksujärjestelmästä johtuvien velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä aiheutuvista seuraamuksista (ks. asetuksen N:o 3665/87 33 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tulkinnan osalta tuomio Groupe Limagrain Holding, C‑402/10, EU:C:2011:704 , 52 kohta). Näin ollen esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että asetuksen N:o 2220/85 19 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että vakuuden, jonka viejä on antanut vientituen ennakkomaksun palauttamisen takaamiseksi, ei ole katsottava rauenneen, vaikka viejän on todettu esittäneen asiakirjat, jotka liittyvät vienti-ilmoituksen hyväksymiseen, todisteet siitä, että tuotteet vietiin unionin tullialueelta viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä hyväksymisestä, sekä todisteet näiden tuotteiden tullaamisesta tuontimaana olevassa kolmannessa maassa, jos muita tuen saamisen edellytyksiä, erityisesti asetuksen N:o 3665/87 13 artiklassa säädettyä edellytystä, jonka mukaan vietävien tuotteiden on oltava laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia, ei ole täytetty. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: Maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22.7.1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85, sellaisena kuin se muutettuna 10.12.1993 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 3403/93, 19 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että vakuuden, jonka viejä on antanut vientituen ennakkomaksun palauttamisen takaamiseksi, ei ole katsottava rauenneen, vaikka viejän on todettu esittäneen asiakirjat, jotka liittyvät vienti-ilmoituksen hyväksymiseen, todisteet siitä, että tuotteet vietiin Euroopan unionin tullialueelta viimeistään 60 päivän kuluessa kyseisestä hyväksymisestä, sekä todisteet näiden tuotteiden tullaamisesta tuontimaana olevassa kolmannessa maassa, jos muita tuen saamisen edellytyksiä, erityisesti maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27.11.1987 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87, sellaisena kuin se on muutettuna 26.7.1994 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1829/94, 13 artiklassa säädettyä edellytystä, jonka mukaan vietävien tuotteiden on oltava laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia, ei ole täytetty. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: portugali.

62018CJ0560

fr

Par son pourvoi, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (ci-après « Igpour »), une organisation représentant les intérêts des fabricants, des distributeurs et des opérateurs d’automates de divertissement en Pologne, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 10 juillet 2018, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission (T‑514/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:500 ), par laquelle celui-ci a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours d’Igpour tendant à l’annulation de la décision GestDem 2015/1291 de la Commission, du 12 juin 2015, lui refusant l’accès à l’avis circonstancié rendu par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL, ainsi que de la décision GestDem 2015/1291 de la Commission, du 17 juillet 2015, lui refusant l’accès à l’avis circonstancié rendu par la République de Malte dans le cadre de la procédure de notification 2014/537/PL (ci-après, ensemble, les « décisions litigieuses »). Le cadre juridique L’article 4 du règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( JO 2001, L 145, p. 43 ), dispose : « [...] 2.   Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection : [...] – des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. [...] » Les antécédents du litige Le 20 novembre 2013, la Commission a adressé à la République de Pologne et à certains autres États membres, dans le cadre de la procédure en manquement 2013/4218, une lettre de mise en demeure sur le fondement de l’article 258 TFUE par laquelle elle demandait aux destinataires de mettre leur cadre réglementaire national régissant les services de jeux de hasard en conformité avec les libertés fondamentales du traité FUE. Dans sa réponse, reçue par la Commission le 3 mars 2014, la République de Pologne a annoncé à cette dernière qu’elle avait l’intention de lui notifier, sur le fondement de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( JO 1998, L 204, p. 37 ), un projet de loi portant modification de la loi polonaise sur les jeux de hasard, afin de répondre à ses préoccupations. Le 5 novembre 2014, la République de Pologne a notifié à la Commission le projet de loi annoncé, conformément à l’article 8 de la directive 98/34. Cette notification a été enregistrée sous la référence 2014/537/PL. La Commission et la République de Malte ont émis des avis circonstanciés sur le projet de loi notifié, au sens de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 98/34, respectivement les 3 et 6 février 2015. Le 17 février 2015, Igpour a demandé l’accès aux avis émis par la Commission et la République de Malte, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n o 1049/2001. Le 10 mars 2015, la Commission a refusé d’accorder à Igpour l’accès aux documents demandés. Le 16 avril 2015, Igpour a adressé une demande confirmative d’accès aux documents à la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1049/2001. Dans les décisions litigieuses, la Commission a expliqué que la divulgation des documents en cause porterait atteinte à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n o 1049/2001, en ce qui concerne la procédure en manquement 2013/4218, étant donné que ces avis étaient inextricablement liés à ladite procédure. La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1 er septembre 2015, Igpour a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses. Le Royaume de Suède a été admis à intervenir à la procédure au soutien des conclusions d’Igpour, tandis que la République de Pologne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le 7 décembre 2017, la Commission a mis fin à la procédure en manquement 2013/4218 à l’égard de la République de Pologne. Le 28 février 2018, elle a décidé d’accorder à Igpour l’accès aux documents demandés. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 28 septembre 2017. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 mars 2018, la Commission a demandé au Tribunal de constater que ce recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci, dès lors qu’elle avait décidé d’accorder à Igpour l’accès aux deux documents sur lesquels portaient les décisions litigieuses. La Commission a également demandé à ce qu’Igpour soit condamnée aux dépens. Par ordonnance du 14 mars 2018, le Tribunal a décidé de rouvrir la phase orale de la procédure et a invité les autres parties à s’exprimer sur la demande de non-lieu à statuer déposée par la Commission. Dans ses observations, Igpour a contesté avoir perdu tout intérêt à agir. Dans ses observations, la République de Pologne s’est limitée à relever qu’elle ne s’opposait pas à la demande de la Commission. Le Royaume de Suède n’a pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer. Dans l’ordonnance attaquée, d’une part, le Tribunal a considéré qu’il était peu probable qu’une situation aussi atypique se représente à l’avenir. D’autre part, il a estimé qu’Igpour s’était limitée à évoquer la possibilité de former un recours en responsabilité (non contractuelle) de l’Union européenne contre la Commission sans toutefois préciser si elle ou ses membres avaient V l’intention de faire usage de cette possibilité. En conséquence, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours et que les parties supporteraient leurs propres dépens. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties Par son pourvoi, Igpour demande à la Cour : – d’annuler l’ordonnance attaquée, – d’annuler les décisions litigieuses, et – de condamner la Commission aux dépens ; – à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond et de réserver les dépens. La Commission demande à la Cour : – de rejeter le pourvoi comme étant non fondé et – de condamner Igpour aux dépens de la présente procédure. Le Royaume de Suède demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et les décisions litigieuses. La République de Pologne a présenté ses observations lors de l’audience et demande, en substance, de rejeter le pourvoi comme étant non fondé. Sur le pourvoi Igpour invoque cinq moyens à l’appui de son pourvoi. Sur le premier moyen Argumentation des parties Par son premier moyen, Igpour fait valoir que les points 30 et 32 de l’ordonnance attaquée sont erronés à deux égards. D’une part, le Tribunal aurait commis une erreur de droit lorsqu’il a constaté qu’il était peu probable que l’illégalité alléguée par Igpour se représente à l’avenir. D’autre part, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que la question pertinente était de savoir s’il était possible que se présente à l’avenir une situation spécifique comme celle de l’espèce, alors que ce qui serait pertinent serait de savoir si la Commission appliquera à l’avenir les interprétations du règlement n o 1049/2001 ou de la directive 98/34 qu’Igpour conteste. Selon Igpour, d’une part, le Tribunal n’a pas considéré qu’il était improbable que la Commission se fonde à l’avenir sur une interprétation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n o 1049/2001, selon laquelle sont couverts par une présomption générale de non-divulgation les documents, contenant ou non des références à des lettres de mise en demeure, qui sont « indissociablement liés » à une procédure en manquement en cours. Le Tribunal aurait évalué non pas la probabilité que cette interprétation se représente à l’avenir, mais plutôt la probabilité que cette interprétation soit réutilisée dans une situation semblable à celle de l’espèce, à savoir à l’occasion d’une nouvelle affaire dans laquelle une procédure en manquement serait en cours, un État membre notifierait à la Commission un projet de loi répondant aux préoccupations ayant justifié ladite procédure et la Commission rendrait un avis circonstancié concernant ce projet, puis refuserait de divulguer cet avis en raison de la nécessité de protéger l’objectif de la procédure en manquement. D’autre part, le Tribunal a fait la même erreur que celle identifiée aux points 26 et 27 du présent arrêt, en ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel le principe de transparence qui sous-tend la directive 98/34, remplacée par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( JO 2015, L 241, p. 1 ), n’empêche pas d’invoquer des présomptions générales de non-divulgation à l’égard d’avis circonstanciés rendus dans le cadre d’une procédure de notification non confidentielle. Par ailleurs, compte tenu de l’étendue considérable des obligations des États membres en matière de notification imposées par la directive 2015/1535, il serait probable que de nombreux projets de loi notifiés répondront, au moins partiellement, aux préoccupations de la Commission qui justifient une procédure en manquement en cours et donc qu’une situation semblable à celle de l’espèce se reproduise. Le Tribunal n’aurait aucunement justifié son affirmation inverse et une telle justification serait impossible à apporter. Igpour fait observer qu’une autre ordonnance qui la concerne, à savoir l’ordonnance du 19 juillet 2018, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission ( T‑750/17 , non publiée, EU:T:2018:506 ), démontre que la Commission défend avec constance son interprétation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n o 1049/2001 ainsi que du principe de transparence inscrit dans les directives 98/34 et 2015/1535 et confirme qu’il est probable qu’une telle interprétation se reproduise à l’avenir. Igpour fait valoir, au surplus, qu’il est tout à fait probable qu’elle-même dépose, à l’avenir, des demandes d’accès à des documents auxquelles la Commission répondra en se prévalant de l’interprétation du droit de l’Union contestée en l’espèce. À cet égard, elle souligne que, en sa qualité d’organisation d’entrepreneurs, ses activités concernent tous les aspects des opérations commerciales de ses membres et non uniquement les aspects directement liés au secteur particulier qu’elle représente ou affectés par la législation nationale aux jeux de hasard. Le gouvernement suédois fait observer que, même si Igpour bénéficie désormais de l’accès aux documents en cause, les décisions litigieuses n’ont pas été formellement retirées par la Commission, de telle sorte que le litige a conservé son objet. Selon le gouvernement suédois, Igpour avait délibérément demandé à avoir accès aux avis circonstanciés dans le cadre d’une procédure de notification alors que la procédure en manquement était encore pendante. Étant donné que la divulgation des documents demandés n’a eu lieu qu’après la clôture desdites procédures, celle-ci n’aurait pas permis d’atteindre entièrement les objectifs poursuivis par la demande d’accès. Le gouvernement suédois partage la position d’Igpour selon laquelle le Tribunal aurait dû examiner la question de savoir si la règle de présomption générale appliquée par la Commission aux décisions contestées pouvait être invoquée par celle-ci à l’avenir. Cette conclusion trouverait un appui direct dans l’arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 ), duquel il ressortirait que ce qui doit être examiné est la question de savoir si l’illégalité invoquée est susceptible de se reproduire à l’avenir. Le gouvernement suédois considère, à l’instar d’Igpour, qu’une telle répétition est hautement susceptible de se produire à l’avenir. En effet, premièrement, il existerait un risque immédiat que la Commission puisse motiver des décisions de rejet de futures demandes d’accès à des documents, présentées dans le cadre de procédures de notification prévues par la directive 2015/1535 en se référant à la règle de présomption générale contestée. Deuxièmement, la Commission aurait de facto déjà appliqué cette règle de présomption générale après avoir pris les décisions litigieuses, et ce pour motiver le rejet d’une demande supplémentaire d’Igpour qui, présentée dans le cadre d’une procédure de notification prévue par la directive 2015/1535, visait à avoir accès aux commentaires de la Commission et à un avis circonstancié. Troisièmement, le fait qu’Igpour s’expose à un grand risque de voir ladite règle de présomption générale invoquée à l’avenir découlerait aussi de la circonstance qu’Igpour est une organisation représentant les intérêts des fabricants, des distributeurs et des exploitants d’automates de divertissement en Pologne, dont les activités concernent tous les aspects des opérations commerciales de ses membres et non uniquement les aspects directement liés au secteur particulier qu’elle représente ou affectés par la législation nationale aux jeux de hasard. Enfin, ce risque ne concernerait pas seulement les demandes d’accès aux documents formulées par Igpour, mais également celles provenant d’autres personnes. La Commission fait valoir que le premier moyen du pourvoi n’est pas fondé. Appréciation de la Cour Par son premier moyen, Igpour, soutenue par le gouvernement suédois, fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a constaté, aux points 30 et 32 de l’ordonnance attaquée, qu’il était peu probable que l’illégalité alléguée par elle se représente à l’avenir et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à poursuivre le recours. Selon elle, la question pertinente dans ce contexte n’était pas de savoir s’il était possible que se représente à l’avenir une situation spécifique analogue à celle de la présente affaire, mais celle de savoir s’il existait un risque, en général, que l’illégalité alléguée se reproduise à l’avenir et, en particulier, que la Commission fasse à l’avenir la même interprétation du règlement n o 1049/2001, selon laquelle elle est en droit d’appliquer une présomption générale de confidentialité dans les procédures en manquement en cours. À cet égard, il y a lieu de rappeler, que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’objet du litige doit perdurer, de même que l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , point et jurisprudence citée). Un requérant peut, dans certains cas, conserver un intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué pour amener l’auteur dudit acte à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l’illégalité dont l’acte en question est prétendument entaché (arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P , EU:C:2013:331 , point et jurisprudence citée, ainsi que du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , point ). La persistance de cet intérêt suppose que cette illégalité soit susceptible de se reproduire dans le futur, indépendamment des circonstances particulières de l’affaire en cause (arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P , EU:C:2007:322 , point , et du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , point ). Il résulte également de la jurisprudence de la Cour que la persistance de l’intérêt à agir d’un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P , EU:C:2013:331 , point ). En l’occurrence, au point 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où le recours d’Igpour vise un refus d’accès à des avis circonstanciés émis sur le fondement de la directive 98/34 et portant sur un projet de loi, notifié par un État membre sur le fondement de cette directive, et que la Commission a justifié son refus de divulguer ces avis par la nécessité de protéger l’objectif de la procédure en manquement en cours, il est peu probable qu’une situation aussi atypique se représente à l’avenir. Certes, il est constant que la Commission a fondé le refus d’accès aux documents demandés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n o 1049/2001 et, en particulier, sur l’existence alléguée d’un lien indissociable entre les avis circonstanciés et la procédure en manquement en cause contre la République de Pologne et, partant, sur une présomption générale de confidentialité qui s’appliquerait aux documents relatifs aux procédures en manquement en cours. Ainsi, il ne peut être exclu, comme le soutient Igpour, que, pour refuser l’accès à tout document intrinsèquement lié à une procédure en manquement en cours, la Commission fonde à nouveau, à l’avenir, sa motivation sur cette présomption générale de non-divulgation. Toutefois, la Cour a déjà reconnu l’existence d’une présomption générale de confidentialité au bénéfice des documents se rapportant à une procédure précontentieuse en manquement, y inclus les documents échangés entre la Commission et l’État membre concerné dans le cadre d’une procédure EU Pilot (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P , EU:C:2018:660 , point et jurisprudence citée). Dès lors, en fondant son intérêt à agir sur l’argument selon lequel l’illégalité alléguée par elle est susceptible de se reproduire à l’avenir, indépendamment des circonstances particulières de l’affaire en cause, Igpour tend en réalité à contester l’existence d’une présomption générale de confidentialité, laquelle a déjà été confirmée par la Cour. Si une interprétation à un tel niveau d’abstraction de « l’illégalité susceptible de se reproduire dans le futur » était retenue, elle aurait, comme l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général, au point 73 de ses conclusions, des conséquences paradoxales. En effet, l’intérêt à agir du requérant, dans toute procédure en matière d’accès à des documents, persisterait automatiquement du seul fait que, à l’avenir, l’institution concernée pourrait interpréter une disposition de droit spécifique de la manière contestée. En outre, contrairement à ce que soutient Igpour, et ainsi que M. l’avocat général l’a également fait observer, en substance, au point 115 de ses conclusions, il n’existe, en l’espèce, aucune raison particulière de penser qu’Igpour sera « particulièrement exposée à de telles mises en œuvre de ladite présomption dans le futur ». En effet, les circonstances de l’espèce se distinguent de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission ( C‑57/16 P , EU:C:2018:660 ). Dans celle-ci, d’une part, la demande d’accès concernait des documents liés au processus législatif de l’Union en matière environnementale. D’autre part, la Cour y a reconnu l’existence d’un intérêt de la requérante à poursuivre la procédure malgré la divulgation des documents demandés au motif que le pourvoi visait à obtenir l’annulation d’un arrêt qui avait pour la première fois reconnu l’application d’une présomption générale de confidentialité à une certaine catégorie de documents sur le fondement de ladite base juridique. L’utilisation d’une telle présomption dont la légalité était contestée aurait donc été effectivement susceptible de se reproduire à l’avenir, indépendamment des circonstances particulières de ladite affaire, tandis que, en l’espèce, l’illégalité alléguée se rapporte à la mise en œuvre d’une présomption, déjà admise par la Cour, dans des circonstances particulières, de sorte qu’une telle illégalité ne saurait se reproduire en dehors de ces circonstances. Par conséquent, il convient de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a apprécié de manière concrète les circonstances particulières dans lesquelles la prétendue illégalité s’est produite et a considéré que de telles circonstances, eu égard à leurs particularités, n’étaient pas susceptibles de se reproduire, de telle sorte que l’illégalité alléguée n’était pas susceptible de se reproduire en dehors des circonstances particulières de la présente affaire. Par ailleurs, en ce qui concerne les arguments exposés aux points 28 à 31 du présent arrêt, il convient de constater que, par ceux-ci, Igpour reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis la même erreur de droit que celle déjà analysée aux points 42 à 50 du présent arrêt. Ils doivent, dès lors, être rejetés pour les mêmes motifs. Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé. Sur le deuxième moyen Argumentation des parties Par son deuxième moyen, Igpour soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, en substance, au point 33 de l’ordonnance attaquée, que clôturer l’affaire sans avoir statué sur le fond ne permettrait pas à la Commission de se soustraire à un contrôle judiciaire effectif. En effet, la Commission pourrait toujours décider de donner l’accès aux documents demandés lorsqu’elle se rend compte qu’elle risque de succomber dans un litige. Igpour fait valoir que le raisonnement du Tribunal, en vertu duquel « admettre [l’]argument [selon lequel la clôture de l’affaire sans décider sur le fond permettrait à la Commission de se soustraire à un contrôle judiciaire effectif] reviendrait à considérer que, sans qu’il soit besoin d’établir des circonstances propres à chaque cas d’espèce, tout requérant ayant initialement été débouté de sa demande d’accès aux documents pourrait demander à ce que le litige l’opposant à l’institution concernée par la demande en cause fût jugé, et ceci en dépit du fait que sa demande avait été satisfaite postérieurement à l’introduction de son recours devant le juge de l’Union », repose sur une lecture inexacte de cet argument. En premier lieu, l’intérêt à poursuivre l’action existerait en l’espèce au motif que, d’une part, le refus d’accès aux documents litigieux repose sur un prétendu « lien indissociable » entre les documents demandés et la procédure en manquement en cours et, d’autre part, la procédure en manquement est close et les documents ont été fournis après la clôture tant de la phase écrite que de la phase orale de la procédure. Lorsque ces conditions sont réunies, il serait nécessaire que les juridictions de l’Union statuent sur le recours. Étant donné qu’il appartient exclusivement à la Commission de décider de l’opportunité et du moment de clore la procédure en manquement, elle pourrait prendre une telle décision si, après l’audience et la fin de la procédure orale, elle perçoit le risque de succomber au litige. Elle pourrait ainsi décider d’échapper à une issue qui lui aurait été défavorable. En pratique, si la clôture de la procédure en manquement supprimait la nécessité pour le Tribunal de statuer, une telle approche serait susceptible de permettre à la Commission de retarder l’accès à tout document pendant quelques années sans aucun contrôle juridictionnel d’une telle décision. En deuxième lieu, le raisonnement suivi par le Tribunal ne concorderait manifestement pas avec la jurisprudence de la Cour exposée aux points 78 et 79 de son arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission ( C‑239/12 P , EU:C:2013:331 ), selon laquelle l’intérêt à poursuivre l’action après la cessation des effets juridiques d’un acte attaqué peut être justifié par le fait que la reconnaissance de l’illégalité alléguée pourrait procurer un bénéfice au requérant. En troisième lieu, Igpour fait valoir que le Tribunal n’a pas véritablement contesté au fond son assertion selon laquelle la Commission échappait à tout contrôle juridictionnel et que cette assertion est suffisante pour établir qu’Igpour dispose d’un intérêt à maintenir son recours. Le droit d’accès découlerait directement de l’article 15 TFUE et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, il serait particulièrement important de garantir un contrôle juridictionnel effectif des décisions de la Commission portant refus d’accès à des documents. La Commission fait valoir que ce moyen n’est pas fondé. Appréciation de la Cour Par son deuxième moyen, Igpour soutient, en substance, que la clôture de l’affaire par le Tribunal sans que celui-ci ait statué sur le fond permet à la Commission de se soustraire à un contrôle juridictionnel effectif et que, dans la mesure où le Tribunal a jugé que tel n’était pas le cas, le point 33 de l’ordonnance attaquée est entaché d’une erreur de droit. À cet égard, il convient d’observer qu’il ressort de la jurisprudence, déjà citée au point 39 du présent arrêt, que si, dans certaines circonstances, un requérant conserve son intérêt à agir en annulation même lorsque l’acte dont l’annulation est demandée a cessé de produire des effets après l’introduction de son recours, tel n’est pas le cas en toute hypothèse. Or, il ressort de l’analyse du premier moyen du pourvoi qu’Igpour n’est pas parvenue à établir que les circonstances du cas d’espèce étaient telles que, au regard de cette jurisprudence, le Tribunal aurait dû constater la persistance de son intérêt à agir malgré le fait que, au cours de la procédure devant le Tribunal, la Commission avait accordé accès aux deux documents sur lesquels portaient les décisions litigieuses. Par ailleurs, dans la mesure où, par ce moyen, Igpour prétend, en substance, que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal l’a privée d’une protection juridictionnelle effective, en violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, cette disposition n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , point , ainsi que du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P , EU:C:2017:801 , point et jurisprudence citée) et donc, de même, ne modifie pas les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir. C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 33 de l’ordonnance attaquée, qu’admettre l’argument d’Igpour reviendrait à considérer que, sans qu’il soit besoin d’établir des circonstances propres à chaque cas d’espèce, le requérant auquel l’accès aux documents a été initialement refusé pourrait demander à ce qu’il soit statué sur le litige l’opposant à l’institution concernée par la demande en cause en dépit du fait que sa demande avait été satisfaite postérieurement à l’introduction de son recours devant le juge de l’Union. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le deuxième moyen du pourvoi comme étant non fondé. Sur les troisième et quatrième moyens Argumentation des parties Par son troisième moyen, Igpour soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que le fait que, dans le cadre d’un éventuel recours en indemnité intenté contre la Commission, elle doive établir l’illégalité des décisions litigieuses ne constituerait pas une charge injustifiable étant donné qu’elle pourrait alors se fonder sur les arguments déjà soumis dans le contexte du recours en annulation. Selon Igpour, ce raisonnement est erroné à double titre. D’une part, l’annulation d’un acte par les juridictions de l’Union lierait les magistrats de l’Union ou nationaux ayant à connaître d’un recours en indemnité ou pourrait constituer la base de négociations extrajudiciaires avec les institutions de l’Union visant à réparer le dommage subi. En d’autres termes, le caractère contraignant d’un arrêt du Tribunal lui procurerait un avantage. D’autre part, considérant le stade de la procédure devant le Tribunal auquel l’ordonnance attaquée a été prise, à savoir après la clôture de la procédure écrite et orale, le poids qui serait mis à la charge d’Igpour, si l’ensemble de ces éléments devait être réitéré dans le cadre d’un futur recours en indemnité, serait en tout état de cause injustifié. Par le quatrième moyen, Igpour soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, son argument selon lequel l’annulation des décisions litigieuses pouvait lui procurer un avantage dans ses discussions avec la Commission ainsi que lors d’un éventuel recours en indemnité intenté contre la Commission, simplement parce qu’elle n’avait pas précisé si elle avait « vraiment » l’intention de former un tel recours et parce qu’elle n’avait pas apporté d’éléments précis, concrets et vérifiables s’agissant des effets des décisions litigieuses. En outre, Igpour reproche au Tribunal de l’avoir condamnée à supporter ses propres dépens, lesquels constitueraient un préjudice spécifique et certain causé par les décisions litigieuses. Selon Igpour, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, elle n’a nullement l’obligation de convaincre celui-ci qu’elle entend « vraiment » former un recours en indemnité. Ce serait son intérêt, et non l’éventualité d’un recours en indemnité, qui ne devrait pas être purement hypothétique. En effet, il suffirait qu’elle expose les raisons pour lesquelles les décisions litigieuses lui ont causé un préjudice matériel. Il ne serait pas nécessaire de rendre précis ou vérifiables les faits invoqués au soutien de cet exposé, car il n’appartiendrait pas au Tribunal de les vérifier. Une telle exigence serait donc sans objet. Elle alourdirait en outre les conditions du recours en annulation comme du recours en indemnité en les compliquant inutilement. En tout état de cause, il existerait un lien de causalité entre, d’une part, les décisions litigieuses et, d’autre part, les coûts du recours en annulation. En outre, si la décision du Tribunal relative aux dépens est prise en considération, ces derniers sont devenus irrécupérables après le prononcé de l’ordonnance attaquée. Igpour soutient que, en présentant cet argument, elle conteste non pas la décision du Tribunal relative aux dépens, mais seulement celle adoptée par ce dernier quant à l’absence de nécessité de statuer dans la mesure où il n’a pas pris en considération le fait que les coûts exposés par elle constituaient un préjudice particulier causé par les décisions litigieuses. La Commission fait valoir que ces deux moyens ne sont pas fondés. Appréciation de la Cour Par ces deux moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, Igpour soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le fait que, dans le cadre d’un éventuel recours en indemnité, elle doive réitérer les arguments déjà soumis dans le contexte de ce recours en annulation ne constituerait pas une charge injustifiable de nature à établir son intérêt à agir en l’espèce. En outre, elle reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’elle n’avait pas précisé si elle avait « vraiment » l’intention de former un tel recours ni apporté d’éléments précis, concrets et vérifiables s’agissant des effets des décisions litigieuses et d’en avoir déduit que l’éventualité d’un tel recours n’était pas de nature à établir que son intérêt à agir persistait. À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P , EU:C:2018:880 , point ). Or, s’il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’éventualité d’un recours en indemnité suffit à fonder un intérêt à agir, c’est cependant à la condition que celui‑ci ne soit pas hypothétique (voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P , EU:C:2015:609 , points et ainsi que jurisprudence citée, et du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P , EU:C:2018:880 , point ). À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 41 du présent arrêt, la persistance d’un tel intérêt à agir doit être appréciée in concreto en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi. Il en découle qu’Igpour ne pouvait justifier d’un intérêt à agir par une simple invocation de la possibilité d’introduire dans le futur un recours tendant à la réparation du dommage, sans invoquer des éléments concrets concernant les conséquences de l’illégalité alléguée sur sa situation et la nature du préjudice qu’elle prétendait avoir subi et dont un tel recours aurait visé à obtenir réparation. Or, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, le Tribunal a constaté, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que la requérante avait évoqué la possibilité d’un tel recours en indemnité sans préciser si elle-même ou ses membres avaient effectivement l’intention de faire usage de cette possibilité, se bornant, en ce qui concerne le préjudice prétendument subi, à indiquer que « des recours ont été rejetés et que des parties défenderesses ont été condamnées », sans toutefois fournir le moindre élément précis, concret et vérifiable, la requérante ne faisant, par ailleurs, nullement valoir à cet égard que le Tribunal aurait dénaturé les faits ou l’argumentation qu’elle lui avait présentée. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu, en substance, considérer que les conditions résultant de la jurisprudence, rappelée au point 73 du présent arrêt, et permettant de constater que l’éventualité d’un recours en indemnité est de nature à fonder un intérêt à agir en annulation n’étaient pas remplies. Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument selon lequel Igpour aurait subi un préjudice spécifique du fait que le Tribunal l’a condamnée à supporter ses propres dépens, il convient de relever qu’une telle circonstance ne saurait manifestement pas, par elle-même, permettre d’établir la persistance d’un intérêt à agir en annulation, sauf à priver cette condition de toute portée. Quant à l’argumentation selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que le fait que, dans le cadre d’un éventuel recours en indemnité, Igpour doive réitérer les arguments déjà soumis dans le contexte de son recours en annulation ne constituerait pas une charge injustifiable de nature à établir son intérêt à agir en l’espèce, il convient de relever que le fait d’accueillir une telle argumentation aurait pour résultat que le Tribunal serait obligé d’examiner le recours en indemnité, alors même que celui-ci est purement hypothétique. Or, ainsi qu’il ressort des points 74 à 76 du présent arrêt, le Tribunal a considéré à bon droit, en l’occurrence, qu’une telle invocation est insuffisante à établir la persistance de l’intérêt à agir en l’absence de tout élément concret avancé en ce sens par la requérante en première instance. Il s’ensuit que les troisième et quatrième moyens du pourvoi doivent être écartés comme étant non fondés. Sur le cinquième moyen Argumentation des parties Par son cinquième moyen, Igpour soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 34 de l’ordonnance attaquée, qu’elle n’avait pas d’intérêt à poursuivre le recours, alors que l’annulation des décisions litigieuses était nécessaire pour réparer le préjudice moral subi par elle en tant qu’organisation professionnelle et qu’il n’existe aucun autre moyen de réparer un tel préjudice. La Commission soutient que ce moyen est irrecevable. Appréciation de la Cour Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, la compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est, en effet, limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait, par conséquent, soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P , EU:C:2011:620 , point et jurisprudence citée). En l’occurrence, il convient de constater qu’Igpour n’a pas soutenu devant le Tribunal qu’elle aurait conservé un intérêt à obtenir l’annulation des décisions litigieuses au motif que cette annulation aurait constitué une réparation de son prétendu préjudice moral résultant de l’illégalité alléguée de ces décisions, mais l’invoque pour la première fois dans son pourvoi. Il s’ensuit que le cinquième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable. En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité. Sur les dépens Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, Igpour ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation d’Igpour aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. Conformément à l’article 140 du règlement de procédure, le Royaume de Suède ainsi que la République de Pologne supporteront leurs propres dépens. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : 1) Le pourvoi est rejeté. 2) Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. 3) Le Royaume de Suède et la République de Pologne supportent leurs propres dépens. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

62017CJ0194

nl

Met zijn hogere voorziening verzoekt Georgios Pandalis om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 14 februari 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) ( T‑15/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2017:75 ; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van zijn beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 30 oktober 2015 (zaak R 2839/2014‑1) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen LR Health & Beauty Systems en Pandalis (hierna: „litigieuze beslissing”). Toepasselijke bepalingen Verordening (EG) nr. 207/2009 Artikel 7 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] ( PB 2009, L 78, blz. 1 ), met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1, onder c): „Geweigerd wordt inschrijving van: [...] c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”. Artikel 51 van die verordening, met als opschrift „Gronden van verval”, luidt: „1.   De rechten van de houder van het [Unie]merk worden op vordering bij het [EUIPO] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard: a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de [Europese Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken [...]; [...] 2.   Indien de grond van verval slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het [Unie]merk is ingeschreven, worden de rechten van de merkhouder alleen voor de betrokken waren of diensten vervallen verklaard.” Artikel 64 van die verordening, met als opschrift „Beslissing over het beroep”, bepaalt in lid 1: „Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen.” Artikel 75 van die verordening, met als opschrift „Gronden van de beslissing”, luidt als volgt: „De beslissingen van het [EUIPO] worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.” Richtlijn 2002/46/EG Artikel 2, onder a), van richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen ( PB 2002, L 183, blz. 51 ) bepaalt: „In deze richtlijn wordt verstaan onder: a) ,voedingssupplementen’: als aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden.” Artikel 6 van die richtlijn bepaalt: „1.   Voor de toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2000/13/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame ( PB 2000, L 109, blz. 29 )] luidt de verkoopbenaming van de onder deze richtlijn vallende producten ,voedingssupplement’. 2.   In de etikettering, presentatie en reclame mag aan voedingssupplementen niet de eigenschap worden toegeschreven dat zij ziekten bij de mens voorkomen, behandelen of genezen, noch mogen daarin op dergelijke eigenschappen toespelingen worden gemaakt. 3.   Onverminderd de voorschriften van richtlijn [2000/13] bevat de etikettering de volgende verplichte elementen: a) de naam van de categorieën nutriënten of stoffen die het product kenmerken, of informatie betreffende de aard van deze nutriënten of stoffen; b) de portie van het product die voor dagelijkse consumptie wordt aanbevolen; c) een waarschuwing voor overschrijding van de aanbevolen dagelijkse portie; d) de vermelding dat voedingssupplementen niet als substituut voor een gevarieerde voeding mogen worden gebruikt; e) een waarschuwing dat de producten buiten bereik van jonge kinderen moeten worden bewaard.” Voorgeschiedenis van het geding Op 10 augustus 1999 heeft rekwirant, Pandalis, een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ingediend bij het EUIPO. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken Cystus (hierna: „betrokken merk”). De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren onder meer tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Zij zijn omschreven als volgt: „Voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. Het betrokken merk is op 5 januari 2004 onder nummer 1273 119 ingeschreven. Op 3 september 2013 heeft LR Health & Beauty Systems GmbH een vordering tot vervallenverklaring van het betrokken merk voor alle ingeschreven waren ingediend op basis van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, op grond dat dat merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal was gebruikt. Op 12 september 2014 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO (hierna: „nietigheidsafdeling”) de rechten van rekwirant vervallen verklaard voor een deel van de ingeschreven waren, waaronder „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice. Op 30 oktober 2015 heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO (hierna: „kamer van beroep”) met de litigieuze beslissing het beroep van rekwirant tegen deze beslissing van de nietigheidsafdeling verworpen. Inzonderheid heeft zij ten eerste overwogen dat rekwirant de term „cystus” niet als Uniemerk had gebruikt, dit wil zeggen om de commerciële herkomst van zijn waren aan te duiden, maar op beschrijvende wijze, om aan te duiden dat de betrokken waren als voornaamste werkzame stof extracten van de plantensoort Cistus Incanus L. bevatten. Dienaangaande volstaan het gedeeltelijke gebruik van het symbool „®” en de spelling van de term „cystus” met de letter „y” niet opdat zou worden besloten tot gebruik als Uniemerk. Ten tweede heeft de kamer van beroep overwogen dat rekwirant geen concreet en objectief bewijs van het gebruik van het betrokken merk voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice had overgelegd. Het was immers niet aangetoond dat de term „cystus” als merk was gebruikt voor de waren Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft en Immun44® Kapseln. Voorts was niet aangetoond dat zuigtabletten, keelpastilles, infusie, gorgeloplossingen en ontstekingsremmende tabletten (hierna: „andere waren van Cystus”) binnen de warencategorie met als beschrijving „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 vielen. De kamer van beroep heeft dus in wezen geoordeeld dat de gebruiksvoorbeelden van de term „cystus” met betrekking tot deze waren het normale gebruik van het betrokken merk voor de waren waarvoor het was ingeschreven niet konden bewijzen. De kamer van beroep heeft derhalve besloten dat het betrokken merk in de referentieperiode in de Europese Unie niet normaal was gebruikt. Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 14 januari 2016, heeft rekwirant beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Met zijn eerste middel, dat in wezen uit drie onderdelen bestond, heeft rekwirant gesteld dat de kamer van beroep artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening, had geschonden door het betrokken merk te kwalificeren als een beschrijvende aanduiding in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening. In de punten 17 tot en met 20 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het eerste onderdeel van dit middel, inzake de omvang van het onderzoek van de kamer van beroep, ongegrond verklaard. Wat het tweede onderdeel van dit middel betreft, inzake het recht van rekwirant om te worden gehoord, heeft het Gerecht in de punten 23 tot en met 25 van zijn arrest geoordeeld dat het recht om te worden gehoord, zoals geformuleerd in artikel 75, tweede zin, van verordening nr. 207/2009, weliswaar geldt voor alle elementen, feitelijk en rechtens, alsook voor de bewijselementen waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet voor het standpunt dat de administratie uiteindelijk wil innemen. Derhalve is de kamer van beroep niet verplicht om een verzoekende partij te horen over een feitelijke beoordeling die onderdeel vormt van haar finale standpunt. In casu heeft de kamer van beroep geen uitspraak gedaan over het bestaan van absolute weigeringsgronden, en het onderscheidend vermogen van het betrokken merk niet ter discussie gesteld. Hoe dan ook heeft rekwirant de gelegenheid gehad om in de loop van de procedure met betrekking tot alle betrokken waren een standpunt in te nemen over het normale gebruik van dit merk, en dus noodzakelijkerwijs ook over de aard van dit gebruik. Bijgevolg heeft het Gerecht dit tweede onderdeel afgewezen als niet ter zake dienend. Het Gerecht heeft beslist om het derde onderdeel van het eerste middel, inzake de onjuiste opvatting van de kamer van beroep door te oordelen dat de term „cystus” beschrijvend was voor alle waren van rekwirant, samen met het derde middel te onderzoeken. In de punten 31 tot en met 35 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het tweede middel, inzake misbruik van bevoegdheid door de kamer van beroep, afgewezen. Ter ondersteuning van zijn derde middel, dat bestond uit twee onderdelen, heeft rekwirant gesteld dat de kamer van beroep artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009 had geschonden door het betrokken merk vervallen te verklaren, terwijl hij had aangetoond dat hij dit normaal en in overeenstemming met het doel ervan had gebruikt voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice. Het eerste onderdeel van dit derde middel betrof de aard van het gebruik van het betrokken merk op de verpakkingen van de producten Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft en Immun44® Kapseln. In punt 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat partijen niet betwistten dat de betrokken waren als voornaamste werkzame stof extracten bevatten van de plant met Cistus Incanus L. als wetenschappelijke naam en cistus als Latijnse naam. In punt 43 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat het gebruik van de term „cystus” op de verpakkingen van de betrokken waren, gelet op de context ervan, door het publiek als beschrijvend voor het hoofdingrediënt van deze waren zou worden opgevat, en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren. Zo blijkt met name uit de uitdrukking „cystus®extract” en uit het feit dat de termen „cystus®052” zijn opgenomen in de ingrediëntenlijst van het product Immun44® Saft duidelijk dat de term „cystus” niet het „voedseladditief, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice aanduidt, en a fortiori evenmin de commerciële herkomst ervan, maar uitsluitend een van de ingrediënten ervan. Op basis van de vele verwijzingen naar de term „cystus” op de verpakkingen van de betrokken waren en de benadrukking ervan, kan het gebruik van deze term als Uniemerk niet worden aangetoond wanneer, zoals in casu, het relevante publiek deze verwijzingen zal opvatten als beschrijvend voor de voornaamste werkzame stof van de betrokken waren. In punt 46 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaraan toegevoegd dat de spelling van de term „cystus” met de letter „y” niet volstond om het gebruik als merk aan te tonen. Dienaangaande dragen afwijkende schrijfwijzen er in het algemeen niet toe bij dat een teken met een inhoud die onmiddellijk als beschrijvend kan worden begrepen, onderscheidend wordt. Dit geldt in casu temeer daar de kamer van beroep terecht kon overwegen dat de letters „i” en „y” in woorden van Latijnse oorsprong vaak op onderling verwisselbare wijze werden gebruikt en dat in het Duits de letter „y” als de letter „i” kon worden uitgesproken. Bijgevolg had de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te overwegen dat het relevante publiek de term „cystus” zou opvatten als een beschrijvende aanduiding die verwijst naar de naam van de cistusplant, en niet als een Uniemerk, zonder zich daarmee uit te spreken over het bestaan van een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009. Het tweede onderdeel van het derde middel had betrekking op de indeling van de andere waren van Cystus. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 54 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep deze waren geenszins had ingedeeld als medicijnen, medische substanties van klasse 5 van de Overeenkomst van Nice of van enige andere categorie, maar zich had beperkt tot de overweging dat niet rechtens genoegzaam was aangetoond dat deze waren moesten worden ingedeeld als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice. Het Gerecht heeft in de punten 55 en 56 van het bestreden arrest herinnerd aan de regels inzake de bewijslast in het kader van een procedure tot vervallenverklaring van een Uniemerk, en vervolgens in punt 57 van dit arrest vastgesteld dat, ten eerste, rekwirant niet had bewezen dat hij het betrokken merk normaal had gebruikt en, ten tweede, louter de bewering dat de betrokken waren „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”, van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice waren, niet volstond. In punt 58 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep terecht kon overwegen dat de schending van de bepalingen van richtlijn 2002/46 die een aantal verplichte vermeldingen voor de verkoop van een als aanvulling op de normale voeding bedoeld product oplegden, een bijzonder overtuigende aanwijzing vormde die pleitte tegen de kwalificatie als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice. Het Gerecht heeft daaraan in punt 59 van het bestreden arrest toegevoegd dat de kamer van beroep evenmin blijk had gegeven van een onjuiste opvatting met de overweging dat het bestaan van een centraal farmacologisch nummer voor de andere producten van Cystus, de verkoop van deze waren in apotheken en, in het bijzonder, het feit dat deze in de handel worden gebracht met de vermelding dat zij beschermen tegen griep en verkoudheden en helpen bij ontstekingen in mond- en keelholte, aanvullende overtuigende aanwijzingen vormden die pleitten tegen de kwalificatie ervan als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice. Aangezien het eerste tot en met het derde middel alle waren afgewezen, heeft het Gerecht het bij hem aanhangige beroep in zijn geheel verworpen. Conclusies van partijen voor het Hof Met zijn hogere voorziening verzoekt rekwirant het Hof: – het bestreden arrest te vernietigen; – de litigieuze beslissing te vernietigen; – de beslissing van de nietigheidsafdeling van 12 september 2014 te vernietigen, voor zover de rechten van de houder van het betrokken merk daarbij vervallen worden verklaard voor de als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” omschreven waren van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice; – de vordering tot nietigverklaring die LR Health & Beauty Systems heeft ingesteld tegen het betrokken merk af te wijzen, voor zover deze vordering betrekking heeft op de als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” omschreven waren van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice, en – het EUIPO te verwijzen in de kosten. Het EUIPO verzoekt het Hof: – de hogere voorziening af te wijzen en – rekwirant te verwijzen in de kosten. LR Health & Beauty Systems verzoekt het Hof: – de hogere voorziening in haar geheel af te wijzen en – rekwirant te verwijzen in de kosten. Hogere voorziening Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert rekwirant in wezen drie middelen aan, inzake, ten eerste, de classificatie van de andere waren van Cystus als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice, ten tweede, de aard van het gebruik van de term „cystus” voor de producten Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft en Immun44® Kapseln en, ten derde, het recht om door de kamer van beroep te worden gehoord. Eerste middel Argumenten van partijen Het eerste middel ziet op de overwegingen in de punten 54 tot en met 59 van het bestreden arrest. Het bestaat uit twee onderdelen. Met het eerste onderdeel van zijn eerste middel stelt rekwirant dat het Gerecht blijk heeft gegeven van onjuiste rechtsopvattingen bij de uitlegging en de toepassing van artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009. Dienaangaande kan uit het bestreden arrest niet worden opgemaakt of het betrokken merk niet is gebruikt voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” of voor voedingssupplementen in het algemeen. De andere waren van Cystus, met als hoofdingrediënt de cistusroos, zijn echter voedingssupplementen in de zin van artikel 2, onder a), van richtlijn 2002/46, die geen onderscheid maakt tussen voedingssupplementen voor medische doeleinden en voedingssupplementen, niet voor medische doeleinden. Bovendien heeft het Gerecht de omstandigheid dat de reclame voor de andere waren van Cystus erop was gebaseerd dat deze beschermen tegen griep en verkoudheden, onjuist opgevat, door deze omstandigheid ten onrechte te beschouwen als een aanwijzing dat deze waren niet kunnen vallen onder „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. Bovendien heeft het Gerecht het feit dat rekwirant mogelijk de vereisten inzake etikettering van artikel 6, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 2002/46 niet heeft nageleefd, ook onjuist opgevat. Het Gerecht heeft dit immers aldus uitgelegd dat een product dat niet aan deze bepalingen voldoet, geen niet voor medische doeleinden bestemd voedingssupplement is. De etikettering heeft echter geen invloed op de kwalificatie van de andere waren van Cystus als voedingssupplementen in de zin van artikel 2, onder a), van richtlijn 2002/46. Het Gerecht heeft artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009 ook geschonden door het bestaan van een centraal farmacologisch nummer voor de andere producten van Cystus en de verkoop ervan in apotheken in aanmerking te nemen als overtuigende aanwijzingen die pleitten tegen de kwalificatie ervan als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. In Duitsland houdt het bestaan van een dergelijk farmacologisch nummer geen verband met de vraag of een product al dan niet medische doeleinden heeft. Ten slotte heeft het Gerecht de onder het betrokken merk verkochte zuigtabletten (hierna: „zuigtabletten”) niet gedifferentieerd onderzocht om na te gaan of deze voedingssupplementen waren in de zin van artikel 2, onder a), van richtlijn 2002/46. Met het tweede onderdeel van zijn eerste middel stelt rekwirant dat het bestreden arrest een ontoereikende motivering bevat voor de vaststelling dat het betrokken merk voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” niet normaal is gebruikt in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009. Rekwirant kan immers niet de redenen kennen waarom de door hem aangedragen feiten en overgelegde bewijzen het Gerecht niet ervan hebben overtuigd dat het betrokken merk voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” normaal is gebruikt. Voorts stelt de analyse van het Gerecht rekwirant niet in staat om te weten onder welke categorie zijn waren vallen. De motivering van het bestreden arrest is bovendien ontoereikend omdat deze rekwirant niet in staat stelt de redenen te kennen waarom het Gerecht niet op gedifferentieerde wijze is nagegaan of het betrokken merk, voor zuigtabletten, normaal is gebruikt voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. In het bijzonder zijn de zuigtabletten niet op de markt gebracht met de vermelding dat zij beschermen tegen griep en verkoudheden en helpen bij ontstekingen in mond- en keelholte. In punt 59 van het bestreden arrest heeft het Gerecht echter geoordeeld dat dit een overtuigende aanwijzing was die pleitte tegen de kwalificatie van de andere waren van Cystus als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. Het EUIPO en LR Health & Beauty Systems verzoeken het Hof het eerste middel in hogere voorziening af te wijzen. Beoordeling door het Hof In casu heeft rekwirant inschrijving van het betrokken merk verkregen voor waren die worden omschreven als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice. In de punten 54 tot en met 61 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had overwogen dat rekwirant niet had aangetoond dat de andere waren van Cystus als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” konden worden aangemerkt, met als gevolg dat hij niet had bewezen dat het betrokken merk voor deze waren in de Unie normaal was gebruikt in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009. Ter ondersteuning van het eerste onderdeel van het eerste middel in hogere voorziening, inzake de classificatie van de andere waren van Cystus, voert rekwirant in een eerste grief aan dat deze waren voedingssupplementen zijn in de zin van artikel 2, onder a), van richtlijn 2002/46, en vallen onder klasse 30 van de Overeenkomst van Nice. In dat verband zij eraan herinnerd dat de hogere voorziening overeenkomstig artikel 256, lid 1, tweede alinea, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijsstukken te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en deze bewijsstukken levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (arresten van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P , EU:C:2008:739 , punt , en 6 juni 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P , niet gepubliceerd, EU:C:2018:396 , punt ). Een dergelijke onjuiste opvatting moet voorts duidelijk blijken uit de dossierstukken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en het bewijs noodzakelijk is (arresten van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P , EU:C:2008:739 , punt , en 26 oktober 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C‑482/15 P , EU:C:2016:805 , punt ). Aangezien een grief inzake de onjuiste opvatting van de feiten en het bewijs uitzonderlijk van aard is, verlangen artikel 256 VWEU, artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof bovendien inzonderheid dat de rekwirant precies aangeeft welke elementen door het Gerecht onjuist zijn opgevat, en dat hij het bewijs levert van de analysefouten die het Gerecht volgens hem tot die onjuiste opvatting hebben gebracht (arrest van 22 september 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P , niet gepubliceerd, EU:C:2016:720 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Vastgesteld zij echter dat rekwirant met de argumenten die hij ter ondersteuning van deze eerste grief aanvoert, gewoon de feitelijke beoordelingen betwist op basis waarvan het Gerecht tot de conclusie is gekomen dat de andere waren van Cystus niet als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice mochten worden aangemerkt, en in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van de feiten door het Hof probeert te verkrijgen. Voor zover rekwirant stelt dat het bestreden arrest berust op een onjuiste opvatting van feiten en bewijzen, laten de door hem ter ondersteuning van deze stelling ontwikkelde argumenten voorts niet toe de precieze elementen aan te wijzen die het Gerecht onjuist zou hebben opgevat, en tonen deze evenmin de analysefouten aan die het Gerecht zou hebben begaan. Bijgevolg beantwoorden deze argumenten niet aan de vereisten die voortvloeien uit de in punt 53 van dit arrest vermelde rechtspraak. Derhalve moet de eerste grief niet-ontvankelijk worden verklaard. Rekwirant verwijt het Gerecht in een tweede grief dat het geen gedifferentieerd onderzoek heeft verricht met betrekking tot de zuigtabletten, aangezien het in punt 59 van het bestreden arrest in het algemeen heeft overwogen dat de andere waren van Cystus bij het op de markt brengen ervan aldus werden voorgesteld dat zij gunstige effecten op de gezondheid hadden, hetgeen een overtuigende aanwijzing vormde die pleitte tegen de kwalificatie ervan als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. Rekwirant betwist echter dat de zuigtabletten op de markt zijn gebracht met de vermelding dat zij dergelijke gunstige effecten hebben. Zonder dat hoeft te worden bepaald of deze tweede grief ontvankelijk is, volstaat het om – in navolging van de advocaat-generaal in punt 39 van haar conclusie – op te merken dat deze voortvloeit uit een onjuiste lezing van punt 59 van het bestreden arrest. In dat punt heeft het Gerecht immers niet vastgesteld dat de zuigtabletten op de markt werden gebracht met de aanduiding dat zij gunstige effecten op de gezondheid hadden. Het heeft alleen opgemerkt – zonder onderscheid te maken tussen de zuigtabletten en de andere waren van Cystus – dat de kamer van beroep geen blijk had gegeven van een onjuiste opvatting in het kader van haar feitelijke beoordeling van de aanvullende overtuigende aanwijzingen die pleitten tegen de kwalificatie van de andere waren van Cystus als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. Daarbij heeft het Gerecht de beoordeling van de kamer van beroep in punt 57 van de litigieuze beslissing niet ter discussie gesteld, dat de door rekwirant overgelegde documenten niet aangaven of de zuigtabletten „medische substanties” of „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” waren. Bijgevolg is voor de zuigtabletten wel degelijk een gedifferentieerd onderzoek gebeurd, waarbij de kamer van beroep en het Gerecht rekening hebben gehouden met het feit dat deze niet op de markt waren gebracht met de vermelding van gunstige effecten op de gezondheid. De tweede grief moet dus worden afgewezen. Wat betreft het tweede onderdeel van het eerste middel in hogere voorziening, inzake schending van de motiveringsplicht, voert rekwirant ten eerste aan dat het Gerecht geen enkele vaststelling heeft gedaan met betrekking tot de categorie waartoe de andere waren van Cystus behoorden. Zoals de advocaat-generaal in punt 43 van haar conclusie heeft opgemerkt, gaat het geding tussen LR Health & Beauty Systems en rekwirant echter uitsluitend om de vraag of rekwirant het normale gebruik van het betrokken merk voor de andere waren van Cystus als „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice kon aantonen. In het kader van het onderzoek van dit geding heeft het Gerecht in punt 57 van het bestreden arrest vastgesteld dat de kamer van beroep terecht had overwogen dat rekwirant dit bewijs van een normaal gebruik niet had geleverd. Het stond niet aan het Gerecht om te onderzoeken in welke andere categorie dan klasse 30 van de Overeenkomst van Nice de andere waren van Cystus moesten worden ingedeeld, aangezien deze vraag niet relevant was voor de beslechting van het geding. In die omstandigheden is de eerste grief ongegrond. Rekwirant stelt ten tweede dat het bestreden arrest niet toelaat de redenen te kennen waarom het Gerecht geen gedifferentieerd onderzoek heeft verricht om na te gaan of het betrokken merk, specifiek voor zuigtabletten, normaal was gebruikt voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het Hof het Gerecht er niet toe verplicht een uiteenzetting te geven die volledig en één voor één alle argumenten van de partijen in het geding volgt, en dat de motivering van het Gerecht dus impliciet kan zijn, mits de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom het Gerecht hun argumenten heeft afgewezen en het Hof over voldoende elementen beschikt om zijn toezicht uit te oefenen (arrest van 30 mei 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P en C‑86/16 P , EU:C:2018:349 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu heeft het Gerecht geen onderscheid gemaakt tussen de zuigtabletten en de andere waren van Cystus. Opgemerkt zij echter dat de kamer van beroep in de punten 57 tot en met 64 van de litigieuze beslissing heeft onderzocht of de zuigtabletten, als een van de andere waren van Cystus, beantwoordden aan de beschrijving „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”. Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat het Gerecht, door te overwegen dat de kamer van beroep geen blijk had gegeven van een onjuiste opvatting met betrekking tot de classificatie van de andere waren van Cystus, zich de bij beoordeling van de kamer van beroep heeft aangesloten. Zoals de advocaat-generaal in punt 45 van haar conclusie heeft opgemerkt, heeft het Gerecht zodoende de bezwaren van rekwirant met betrekking tot de zuigtabletten impliciet afgewezen. Derhalve moeten de tweede grief en, bijgevolg, het tweede onderdeel van het eerste middel in hogere voorziening worden afgewezen. Gelet op een en ander moet het eerste middel deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond worden verklaard. Tweede middel Argumenten van partijen Het tweede middel in hogere voorziening ziet op de overwegingen in de punten 43 en 46 van het bestreden arrest. Het bestaat uit twee onderdelen. Met het eerste onderdeel van dit tweede middel voert rekwirant aan dat het Gerecht artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door het betrokken merk aan te merken als een beschrijvende aanduiding die verwijst naar de naam van de cistusplant, zonder verwijzing naar de concrete aard van het gebruik als merk. Volgens rekwirant heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest ten onrechte vastgesteld dat de kamer van beroep mocht overwegen dat het relevante publiek de term „cystus” zou opvatten als een beschrijvende aanduiding die verwijst naar de naam van de cistusplant, zonder zich evenwel uit te spreken over het bestaan van een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009. Door deze summiere kwalificatie door het Gerecht wordt rekwirant elke mogelijkheid ontnomen om zijn merk te gebruiken overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009. Dienaangaande had het Gerecht ten eerste moeten nagaan of rekwirant voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” het betrokken merk had gebruikt in de vorm waarin het was ingeschreven of in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen ervan werd gewijzigd. Ten tweede had het Gerecht moeten onderzoeken of het betrokken merk was gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, die erin bestond een commerciële herkomst aan te duiden. Dit merk is gebruikt overeenkomstig deze functie, aangezien de consument het gewoon is dat op producten, naast het hoofdmerk, bijkomende merken staan, die ook worden opgevat als aanduidingen van de herkomst van de waren. Ten derde beschouwt het relevante publiek het teken Cystus volgens rekwirant als een merk dat de verkochte voedingssupplementen aanduidt, omdat dit merk ook wordt gebruikt voor de cistusplant, die als eindproduct wordt verkocht. Bijgevolg is de aanduiding van de betrokken waren met het teken Cystus een gebruik van het merk, in die zin dat dit aanduidt dat de producent van een van de wezenlijke ingrediënten van de waar ook verantwoordelijk is voor de betrokken voedingssupplementen in hun geheel. Wat betreft de „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden”, die als voornaamste werkzame stof extracten van de cistusplant bevatten, wordt rekwirant de facto de mogelijkheid ontnomen om zijn merk te gebruiken overeenkomstig de functie ervan. Met het tweede onderdeel van zijn tweede middel stelt rekwirant dat het Gerecht de motiveringsplicht heeft geschonden in het kader van de vaststelling dat het betrokken merk voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” niet normaal was gebruikt in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009. Dienaangaande is de beoordeling van het Gerecht in de punten 43 en 46 van het bestreden arrest tegenstrijdig. Daarin stelt het Gerecht immers enerzijds summier vast dat de spelling van de term „cystus” met de letter „y” niet volstond om het gebruik als merk aan te tonen, terwijl het anderzijds verklaart dat op basis van dit betoog de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te overwegen dat het relevante publiek de term „cystus” zou opvatten als een beschrijvende aanduiding die verwees naar de naam van de cistusplant, en niet als Uniemerk. De motivering van het Gerecht is bovendien ontoereikend, aangezien het niet de redenen uiteenzet waarom de concrete aard van het gebruik van het betrokken merk niet aan de vereisten van artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009 beantwoordt. Aangezien dit merk onder meer is ingeschreven voor „voedseladditieven, niet voor medische doeleinden” van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice, dient immers te worden verondersteld dat het voor deze waren onderscheidend en niet beschrijvend is. Volgens het EUIPO en LR Health & Beauty Systems moet het tweede middel in hogere voorziening worden afgewezen. Beoordeling door het Hof Met betrekking tot het eerste onderdeel van dit tweede middel zij eraan herinnerd dat van een merk een „normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arresten van 11 maart 2003, Ansul, C‑40/01 , EU:C:2003:145 , punt , en 17 maart 2016, Naazneen Investments/BHIM, C‑252/15 P , niet gepubliceerd, EU:C:2016:178 , punt ). Voor individuele merken is deze wezenlijke functie erin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen en behouden, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze, C‑689/15 , EU:C:2017:434 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Daaruit volgt dat niet is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie wanneer het aanbrengen van een merk op een waar niet ertoe bijdraagt dat voor deze waar een afzet wordt gevonden of dat deze waar in het belang van de consument wordt onderscheiden van de waren die van andere ondernemingen afkomstig zijn (zie in die zin arrest van 15 januari 2009, Silberquelle, C‑495/07 , EU:C:2009:10 , punt ). In casu dient te worden vastgesteld dat het betoog van rekwirant voortvloeit uit een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 43 van het bestreden arrest verklaard dat het gebruik van de term „cystus” op de verpakkingen van Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft en Immun44® Kapseln, „gelet op de context ervan”, door het publiek als beschrijvend voor het hoofdingrediënt van deze producten zou worden opgevat, en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren. Bovendien heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest daaraan toegevoegd dat de kamer van beroep geen blijk had gegeven van een onjuiste opvatting met de overweging dat het relevante publiek de term „cystus” zou opvatten als een beschrijvende aanduiding die verwijst naar de naam van de cistusplant, en niet als Uniemerk. Voorts heeft het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest aangegeven dat het element „cystus” een „gering onderscheidend vermogen” had. Daaruit vloeit voort – zoals de advocaat-generaal in punt 59 van haar conclusie heeft opgemerkt – dat het Gerecht niet heeft vastgesteld dat het betrokken merk beschrijvend was. Het Gerecht heeft immers een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, het gebruik van het betrokken merk en, anderzijds, het gebruik van de term „cystus”, die door het publiek wordt opgevat als een beschrijving van het hoofdingrediënt van de producten Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft en Immun44® Kapseln. Gelet op de in de punten 83 tot en met 85 van het onderhavige arrest vermelde rechtspraak mocht het Gerecht dit onderscheid maken, aangezien een merk niet altijd wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, die erin bestaat de identiteit van de herkomst van de waren of de diensten waarvoor het is ingeschreven te waarborgen. Na beoordeling van de feiten en bewijzen heeft het Gerecht dus in wezen geoordeeld dat in de omstandigheden van de onderhavige zaak de kamer van beroep terecht had vastgesteld dat rekwirant het betrokken merk niet overeenkomstig de wezenlijke functie ervan had gebruikt. Veeleer dan het betrokken merk, heeft rekwirant aldus de term „cystus” als een beschrijving van het hoofdingrediënt van de betrokken waren gebruikt. De vraag of rekwirant het betrokken merk heeft gebruikt overeenkomstig de herkomstaanduidende functie, dan wel de term „cystus” heeft gebruikt op de verpakkingen van de betrokken waren, vormt overigens een feitelijke beoordeling, en kan overeenkomstig de in punt 51 van dit arrest aangehaalde rechtspraak dus slechts het voorwerp van een hogere voorziening vormen in het geval van een onjuiste opvatting. In het kader van het eerste onderdeel van zijn tweede middel heeft rekwirant echter niet gesteld dat het Gerecht de aan hem ter beoordeling voorgelegde feiten en bewijzen onjuist heeft opgevat. In die omstandigheden moet het eerste onderdeel van het tweede middel ongegrond worden verklaard. Het tweede onderdeel van het tweede middel in hogere voorziening, inzake de motiveringsplicht, berust op de premisse dat het Gerecht heeft geoordeeld dat het betrokken merk beschrijvend was voor de betrokken waren. Zoals blijkt uit het onderzoek van het eerste onderdeel van dit middel, is deze premisse echter onjuist. Bovendien heeft het Gerecht in de punten 39 tot en met 49 van het bestreden arrest de redenen uiteengezet waarom het heeft geoordeeld dat het betrokken merk voor de producten Pilots Friend Immunizer®, Immun44® Saft en Immun44® Kapseln in de Unie niet normaal was gebruikt in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009. In deze omstandigheden moet dat tweede onderdeel ongegrond worden verklaard en moet het tweede middel bijgevolg in zijn geheel worden verworpen. Derde middel Argumenten van partijen Rekwirant verwijst naar de punten 23 tot en met 25 van het bestreden arrest en stelt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 75, tweede zin, van verordening nr. 207/2009, aangezien de kamer van beroep uitspraak heeft gedaan over het bestaan van een absolute weigeringsgrond door te refereren aan het beschrijvende karakter van het betrokken merk, zoals blijkt uit de punten 32 en 34 van de litigieuze beslissing. Anders dan het Gerecht verklaart, heeft de kamer van beroep deze beoordeling verricht in het kader van de inleidende uiteenzetting van de litigieuze beslissing en niet in het kader van haar onderzoek van de concrete aard van het gebruik van het betrokken merk. Rekwirant heeft echter niet de mogelijkheid gehad om in de loop van de procedure voor de kamer van beroep een standpunt in te nemen over de vaststelling inzake het beschrijvende karakter van het betrokken merk. Het Gerecht had de litigieuze beslissing bijgevolg moeten vernietigen wegens schending van het recht om te worden gehoord. Het EUIPO en LR Health & Beauty Systems betwisten de gegrondheid van de door rekwirant aangevoerde argumenten. Beoordeling door het Hof In de punten 23 tot en met 25 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het tweede onderdeel van het eerste middel dat rekwirant in eerste aanleg had aangevoerd, onderzocht en afgewezen. Dat onderdeel betrof schending van zijn in artikel 75, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 neergelegde recht om te worden gehoord. Dienaangaande heeft het Gerecht geoordeeld dat – anders dan rekwirant beweerde – de kamer van beroep geen uitspraak had gedaan over het bestaan van absolute weigeringsgronden en evenmin het onderscheidend vermogen van het betrokken merk ter discussie had gesteld, en dat rekwirant in ieder geval de gelegenheid had gehad om in de loop van de procedure met betrekking tot alle betrokken waren een standpunt in te nemen over het normale gebruik van dit merk, en dus noodzakelijkerwijs ook over de aard van dit gebruik. Rekwirant verwijt het Gerecht in wezen een onjuiste lezing van de litigieuze beslissing. Hij stelt dat de kamer van beroep uitspraak heeft gedaan over een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, waarover hij niet is gehoord. Dienaangaande verwijst rekwirant naar de punten 32 en 34 van de litigieuze beslissing. In punt 32 van die beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de „wetenschappelijke algemene benaming van een plant niet alleen de naam van het plantengeslacht [en bijgevolg de naam van het product in de ruime zin of een beschrijvende aanduiding in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009] vorm[de], maar ook de waren aanduidde waarvan het hoofdingrediënt [werd] verkregen op basis van planten van dit geslacht” en dat aan deze overweging evenmin werd afgedaan door de vervanging van de „i” door de „y”, letters die in woorden van Latijnse oorsprong vaak door elkaar worden gebruikt. Deze zinnen zouden, afzonderlijk beschouwd, inderdaad aanleiding kunnen geven tot verwarring. Uit punt 29 van de litigieuze beslissing blijkt echter dat de kamer van beroep erop heeft gewezen dat het geding tussen LR Health & Beauty Systems en rekwirant betrekking had op de vraag of rekwirant het betrokken merk daadwerkelijk had gebruikt overeenkomstig de herkomstaanduidende functie, dan wel of hij de term „cystus” had gebruikt als een beschrijvende aanduiding van het hoofdingrediënt van de betrokken waren. Bijgevolg heeft de kamer van beroep niet geoordeeld dat rekwirant in het algemeen het betrokken merk niet kon gebruiken. Zij heeft, na onderzoek van de feiten en de bewijzen, geoordeeld dat de term „cystus” in casu door rekwirant werd gebruikt als een beschrijvende aanduiding die verwees naar de naam van de cistusplant. Daaruit vloeit voort dat – anders dan rekwirant stelt – punt 32 van de litigieuze beslissing niet kan worden begrepen als een verklaring van de kamer van beroep waarmee zij zich heeft uitgesproken over het bestaan van een absolute weigeringsgrond. In de punten 33 en 34 van de litigieuze beslissing heeft deze kamer voorts gepreciseerd dat de toevoeging van het symbool „®” wellicht aldus moest worden begrepen dat rekwirant uiteindelijk in zijn reclame verklaarde dat hij een merkrecht op een beschrijvende aanduiding had verworven. In dit opzicht vormen deze zinnen – zoals de advocaat-generaal in punt 85 van haar conclusie heeft opgemerkt – geen vaststelling van de kamer van beroep zelf over het feit dat de term „cystus” in het algemeen een beschrijvende aanduiding is, maar een uitlegging van wat rekwirant door het gebruik van het symbool „®” heeft meegedeeld. In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat het Gerecht, met zijn oordeel dat de kamer van beroep geen uitspraak had gedaan over het bestaan van een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, de litigieuze beslissing niet onjuist heeft gelezen. Derhalve kan het derde middel in hogere voorziening niet slagen. Uit een en ander volgt dat de hogere voorziening in haar geheel moet worden afgewezen. Kosten Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Ingevolge artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirant in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en LR Health & Beauty Systems te worden verwezen in de kosten. Het Hof (Derde kamer) verklaart: 1) De hogere voorziening wordt afgewezen. 2) Georgios Pandalis wordt verwezen in de kosten. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Duits.

62016CJ0138

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago na eni strani člena 3(1) in člena 5 Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230) ter na drugi strani člena 11a(1), točka 2, Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del z dne 9. septembra 1886 v različici, ki izhaja iz Pariškega akta z dne 24. julija 1971, kakor je bila spremenjena 28. septembra 1979 (v nadaljevanju: Bernska konvencija). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (v nadaljevanju: AKM) in družbo Zürs.net Betriebs GmbH (v nadaljevanju: Zürs.net) zaradi zahteve družbe AKM, naj ji družba Zürs.net posreduje informacije o številu naročnikov, priključenih na kabelsko omrežje, ki ga upravlja, in ji nakaže, če je to potrebno, nadomestilo z zamudnimi obrestmi za dajanje na razpolago del, varovanih z avtorsko in sorodnimi pravicami. Pravni okvir Mednarodno pravo Pogodba WIPO o avtorski pravici Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) je 20. decembra 1996 v Ženevi sprejela Pogodbo WIPO o avtorski pravici, ki je začela veljati 6. marca 2002. Ta pogodba je bila v imenu Skupnosti potrjena s Sklepom Sveta 2000/278/ES z dne 16. marca 2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 33, str. 208). Pogodba WIPO o avtorski pravici v členu 1(4) določa, da pogodbenice upoštevajo člene od 1 do 21 Bernske konvencije. Bernska konvencija Člen 11a(1), točka 2, Bernske konvencije določa: „1)   Avtorji književnih in umetniških del imajo izključno pravico dovoljevati: […] 2.   vsako žično ali brezžično priobčitev po radiu oddajanega dela, če naj ga priobči javnosti kakšna druga ustanova, ne pa tista, ki ga je izvirno oziroma prva oddajala“. Pravo Unije Direktiva 2001/29 V uvodni izjavi 9 Direktive 2001/29 je navedeno: „Vsakršno usklajevanje avtorske in sorodnih pravic mora temeljiti na visoki stopnji varstva, kajti takšne pravice so za intelektualno ustvarjanje bistvenega pomena. […]“ Člen 3(1) te direktive določa: „Države članice predvidijo za avtorje izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo vsakršno obliko priobčenja njihovih del javnosti, po žici ali na brezžični način, vključno z dajanjem svojih del na voljo javnosti tako, da imajo člani javnosti do njih dostop s kraja in v času, ki si ju izberejo sami.“ Člen 5(3)(o) navedene direktive določa: „Države članice lahko predvidijo izjeme in omejitve pravic iz členov 2 in 3 v naslednjih primerih: […] (o) uporaba v določenih drugih manj pomembnih primerih, kjer izjeme ali omejitve že obstajajo po nacionalni zakonodaji, pod pogojem, da zadevajo le analogne načine uporabe in ne vplivajo na prost pretok blaga in storitev v Skupnosti, brez vpliva na druge izjeme in omejitve, ki jih vsebuje ta člen.“ Avstrijsko pravo Člen 17 Österreichisches Urheberrechtgesetz (avstrijski zakon o avtorskih pravicah, BGBl. 111/1936) v različici BGBl. I, 99/2015, določa: „(1)   Avtor ima izključno pravico radiodifuznega oddajanja dela po radiu ali na podoben način. (2)   Z radiodifuznim oddajanjem je izenačena priobčitev dela domači javnosti s strani organizacije s sedežem v domači državi ali v tujini, na podoben način kot po radiu, vendar s pomočjo žic. (3)   Prenos radiodifuznih oddaj […] 2. prek skupne antenske naprave, […] (b) če na napravo ni priključenih več kot 500 udeležencev, se to ne šteje za novo radiodifuzno oddajanje. Sicer se sočasen, popoln in nespremenjen prenos radiodifuznih oddaj [nacionalne organizacije za radiodifuzijo (ORF)] po žici na nacionalnem ozemlju šteje za del prvotnega radiodifuznega oddajanja.“ Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje Družba AKM kolektivno upravlja avtorske pravice. Družba Zürs.net upravlja inštalacijo kabelskega omrežja v mestu Zürs (Avstrija), prek katere prenaša televizijske in radijske oddaje, od katerih nekatere prvotno oddaja nacionalna organizacija za radiodifuzijo (ORF), ostale pa druge organizacije za radiodifuzijo. Predložitveno sodišče navaja, da je bilo na dan sprejetja predložitvene odločbe na kabelsko omrežje družbe Zürs.net priključenih približno 130 naročnikov. Družba AKM od družbe Zürs.net zahteva, naj ji posreduje informacije o številu naročnikov, priključenih na kabelsko omrežje, ki ga upravlja, za več referenčnih datumov in informacije o predvajanih vsebinah. Od nje zahteva tudi, naj po tem, ko bodo posredovane informacije preverjene, plača ustrezno nadomestilo. Družba Zürs.net meni, da na podlagi uporabe člena 17(3), točka 2(b), avstrijskega zakona o avtorskih pravicah v različici BGBl. I, 99/2015, ki se nanaša na male inštalacije z največ 500 naročniki, oddaj, ki jih oddaja, ni mogoče šteti za novo radiodifuzijo in da torej nima obveznosti predložitve informacij družbi AKM. Družba AKM meni, da ta določba ni v skladu niti s pravom Unije niti z Bernsko konvencijo. V teh okoliščinah je Handelsgericht Wien (sodišče za gospodarske spore na Dunaju, Avstrija), ki razsoja v sporu med družbo AKM in družbo Zürs.net, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje: „Ali je treba člena 3(1) in 5 Direktive [2001/29] oziroma člen 11a(1), točka 2, Bernske konvencije razlagati tako, da je predpis – ki določa, da se prenos radiodifuznih oddaj prek ‚skupnih anten‘, kot so te, s katerimi upravlja tožena stranka v postopku o glavni stvari, (a) ne šteje za novo radiodifuzno oddajanje, če na napravo ni priključenih več kot 500 udeležencev, in/ali (b) šteje za del prvotnega radiodifuznega oddajanja, če gre za sočasen, popoln in nespremenjen prenos radiodifuznih oddaj avstrijske radiodifuzne organizacije (Österreichischer Rundfunk) po žicah na nacionalnem ozemlju (Avstrija), in da te uporabe niso zajete niti s kakšno drugo izključno pravico priobčitve javnosti z elementom oddaljenosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29, zaradi česar niso odvisne od soglasja avtorja in zanje tudi ne velja obveznost plačila nadomestila – v nasprotju s pravom Unije oziroma Bernsko konvencijo, ki se kot mednarodni sporazum šteje za del prava Unije?“ Vprašanje za predhodno odločanje Predložitveno sodišče s svojim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člena 3(1) in 5 Direktive 2001/29 oziroma člen 11a(1), točka 2, Bernske konvencije razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da na podlagi izključne pravice priobčitve javnosti zahteva za pridobitev avtorjevega dovoljenja ne velja: — niti za sočasen, popoln in nespremenjen prenos radiodifuznih oddaj, ki ga izvede nacionalna organizacija za radiodifuzijo po kablih na nacionalnem ozemlju, — niti za radiodifuzijo prek skupne antene, če na napravo ni priključenih več kot 500 naročnikov. To vprašanje je treba obravnavati v dveh delih. Na prvem mestu je treba tako ugotoviti, ali sočasen, popoln in nespremenjen prenos radiodifuznih oddaj nacionalne organizacije za radiodifuzijo po kablih na nacionalnem ozemlju, kot je ta iz postopka v glavni stvari, lahko pomeni „priobčenje javnosti“ v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29 ali člena 11a(1), točka 2, Bernske konvencije. V zvezi s tem je treba poudariti, da člen 11a(1), točka 2, Bernske konvencije določa, da imajo avtorji književnih in umetniških del izključno pravico dovoljevati vsako žično ali brezžično priobčitev z radiodifuzijo oddajanega dela, če naj ga priobči javnosti kakšna druga ustanova, ne pa tista, ki ga je izvirno oziroma prva oddajala. Člen 3(1) Direktive 2001/29 določa, da države članice predvidijo za avtorje izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo vsakršno obliko priobčitve svojih del javnosti, po žici ali brezžično, vključno z dajanjem svojih del na voljo javnosti tako, da imajo člani javnosti do njih dostop s kraja in v času, ki si ju izberejo sami. Ugotoviti je treba, da člen 3(1) v bistvu ustreza členu 11a(1), točka 2, Bernske konvencije. Dalje, kadar Sodišče razlaga pojem „priobčitev javnosti“ v smislu navedenega člena 3(1), je ta razlaga na podlagi ustaljene sodne prakse Sodišča v skladu z navedeno določbo konvencije (glej v tem smislu sodbo z dne 7. decembra 2006, SGAE, C‑306/05 , EU:C:2006:764 , točki in ). Sodišče je že presodilo, da pojem „priobčenje javnosti“ v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29 združuje dva kumulativna elementa, in sicer „priobčitev“ dela in priobčitev tega dela „javnosti“ (sodba z dne 31. maja 2016, Reha Training, C‑117/15 , EU:C:2016:379 , točka ). Natančneje, iz ustaljene sodne prakse Sodišča je, prvič, razvidno, da priobčitev zajema kateri koli prenos varovanih del, ne glede na uporabljeno sredstvo ali tehnični postopek, in da mora vsak prenos s posebnim tehničnim sredstvom načeloma posebej dovoliti avtor zadevnega dela (glej sodbo z dne 31. maja 2016, Reha Training, C‑117/15 , EU:C:2016:379 , točki in ). Drugič, za to, da je podano „priobčenje javnosti“ v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29, morajo biti varovana dela dejansko priobčena „javnosti“, pri čemer pojem „javnost“ zajema nedoločeno število morebitnih naslovnikov, pri tem pa mora biti število oseb dovolj veliko (glej sodbo z dne 31. maja 2016, Reha Training, C‑117/15 , EU:C:2016:379 , točki in ). Poleg tega je Sodišče že razsodilo, da prenos varovanih del, ki ga opravi organizacija, ki ni organizacija, ki je pridobila dovoljenje za prvotno priobčitev, pomeni „priobčitev javnosti“ v smislu te določbe, kadar so taka dela posredovana novi javnosti, torej javnosti, ki je imetniki zadevnih pravic niso upoštevali, ko so prvotno dovolili uporabo svojih del (glej v tem smislu sodbo z dne 31. maja 2016, Reha Training, C‑117/15 , EU:C:2016:379 , točka in navedena sodna praksa). Na podlagi okoliščine, da je bil v postopku v glavni stvari zadevni prenos opravljen prek kablov, torej s tehničnim sredstvom, drugačnim od tistega, uporabljenega pri prvotnem radiodifuznem prenosu, je mogoče v obravnavanem primeru ugotoviti, da je družba Zürs.net izvedla priobčitev v smislu člena 3 Direktive 2001/29. Vendar je treba preveriti še, ali je ta priobčitev namenjena novi javnosti, ki se razlikuje od javnosti, ki so ji namenjene radiodifuzne oddaje ORF. Iz stališč družbe Zürs.net, ki jih v zvezi s tem družba AKM ne izpodbija, je razvidno, da so imetniki zadevnih pravic, ko dajo ORF dovoljenje za radiodifuzijo, seznanjeni s tem, da oddajanje te nacionalne organizacije lahko prejmejo vse osebe, ki so na nacionalnem ozemlju. Glede na to, da je distribucija varovanih del prek kablov izvedena na nacionalnem ozemlju, kot je to razvidno iz vprašanja za predhodno odločanje, in da so zato imetniki pravic, ko so nacionalnemu organizmu za radiodifuzijo odobrili prvotno oddajanje, upoštevali zadevne osebe, javnosti, ki ji je družba Zürs.net distribuirala navedena dela, ni mogoče šteti za novo javnost. Iz tega sledi, da prenos oddaj, izveden v pogojih, opisanih v točki 18 te sodbe, ni priobčitev javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29. Za tak prenos torej ne velja zahteva za pridobitev dovoljenja imetnikov pravic, določena v tej določbi. Na drugem mestu, predložitveno sodišče se sprašuje, ali nacionalna zakonodaja, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki določa, da prenos oddaj prek skupne antene, na katero je priključeno največ 500 naročnikov, ne pomeni nove radiodifuzije, spada na področje uporabe člena 5 Direktive 2001/29 in natančneje njenega odstavka 3(o), ter ali se je torej z distribucijo takih oddaj, prenesenih prek takih anten, mogoče izogniti zahtevi za pridobitev dovoljenja imetnika pravice. Iz pojasnil predložitvenega sodišča je razvidno, da je mogoče šteti, da družba Zürs.net upravlja „malo skupno anteno“ v smislu te nacionalne zakonodaje. V zvezi s tem je treba najprej spomniti, da kot je Sodišče poudarilo v točki 25 te sodbe, prenos varovanih del, ki ga opravi organizacija, ki ni organizacija, ki je pridobila dovoljenje za prvotno priobčitev, pomeni „priobčenje javnosti“ v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29, kadar so taka dela posredovana novi javnosti, torej javnosti, ki je imetniki zadevnih pravic niso upoštevali, ko so prvotno dovolili uporabo svojih del. V obravnavanem primeru je iz predložitvene odločbe razvidno, da „mala skupna antena“ družbe Zürs.net poleg prenosa oddaj ORF omogoča tudi prenos oddaj drugih emitentov s sedežem v drugih državah članicah, tako da je take prenose mogoče šteti za priobčitev javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29. Predložitveno sodišče mora presoditi te okoliščine in na podlagi tega sprejeti ustrezne sklepe. V teh okoliščinah se je treba vprašati, ali je upravljanje navedenih malih anten lahko izvzeto iz zahteve za pridobitev dovoljenja imetnika pravice na podlagi izjem, določenih v členu 5 Direktive 2001/29. V zvezi s tem je iz člena 5(3)(o) Direktive 2001/29 razvidno, da države članice lahko predvidijo izjeme in omejitve za pravice iz členov 2 in 3 te direktive, kadar gre za uporabo v nekaterih drugih manj pomembnih primerih, v katerih izjeme ali omejitve že obstajajo po nacionalni zakonodaji, pod pogojem, da zadevajo le analogne načine uporabe in ne vplivajo na prosti pretok blaga in storitev v Evropski uniji, brez vpliva na druge izjeme in omejitve, ki jih vsebuje ta člen. Člen 5(3)(o) Direktive 2001/29 med drugim glede na napotovanje na njen člen 3 pomeni določbo, ki omogoča odstopanje od pravice do priobčitve javnosti, ki jo določa navedeni člen 3. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba določbe direktive, ki odstopajo od splošnega načela, ki ga uvaja ta direktiva, razlagati ozko (sodbi z dne 16. julija 2009, Infopaq International, C‑5/08 EU:C:2009:465 , točka , in z dne 10. aprila 2014, ACI Adam in drugi, C‑435/12 , EU:C:2014:254 , točka ). Iz tega je razvidno, da je treba različne izjeme in omejitve iz člena 5(3) Direktive 2001/29, med katerimi je ta iz točke (o) te določbe, razlagati ozko (glej v tem smislu sodbo z dne 1. decembra 2011, Painer, C‑145/10 , EU:C:2011:798 , točka ). V postopku v glavni stvari je iz spisa, predloženega Sodišču, razvidno, da nacionalna zakonodaja iz postopka v glavni stvari gospodarskim subjektom omogoča, da opravljajo dejavnost v sektorju oddajanja varovanih del prek skupnih anten, ne da bi imeli obveznost med drugim zaprositi avtorje teh del za dovoljenje na podlagi pravice do priobčitve javnosti, ki jo ti imajo, pod pogojem, da na tako anteno ni priključenih več kot 500 naročnikov. Navedena možnost, ki jo določa zakon, lahko privabi gospodarske subjekte, ki jo želijo izrabiti, ter povzroči stalno in vzporedno uporabo več skupnih anten. To lahko pripelje do položaja, v katerem ima na celotnem nacionalnem ozemlju veliko število naročnikov vzporedni dostop do tako distribuiranih oddaj. Sodišče je že razsodilo, da je prav merilo skupnega števila potencialnih naslovnikov z vzporednim dostopom do istega dela pomemben element pojma „javnost“ in torej upoštevni element priobčitve javnosti, za katero velja zahteva pridobitve dovoljenja imetnika zadevne pravice (glej v tem smislu sodbo z dne 31. maja 2016, Reha Training, C‑117/15 , EU:C:2016:379 , točke od 42 do 44). Ob upoštevanju ozke razlage, ki jo je treba uporabiti za člen 5(3)(o) Direktive 2001/29, in cilja visokega varstva avtorskih pravic, navedenega v uvodni izjavi 9 te direktive, torej ni mogoče šteti, da nacionalna zakonodaja, kot je ta iz postopka v glavni stvari, s katero se več gospodarskim subjektom omogoča vzporedna distribucija varovanih del brez pridobitve dovoljenja avtorjev prek skupnih anten z omejeno kapaciteto priključenih naročnikov, pomeni „uporabo v določenih […] manj pomembnih primerih“ v smislu člena 5(3)(o), med drugim zaradi njenega kumulativnega učinka, navedenega v točki 40 te sodbe. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, ne da bi bilo treba obravnavati, ali so izpolnjeni drugi pogoji, določeni v členu 5(3)(o) Direktive 2001/29, da v okviru možnosti, dane državam članicam, da določijo izjeme ali omejitve pravic, določenih v členih 2 in 3 te direktive, ni mogoče sprejeti nacionalne zakonodaje, kot je ta iz postopka v glavni stvari. Taka zakonodaja mora zato spoštovati načelo, navedeno v členu 3(1) Direktive 2001/29, ki določa, da imajo avtorji varovanih del izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo njihovo priobčitev javnosti. Glede na vse zgornje ugotovitve je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti tako: — člen 3(1) Direktive 2001/29 in člen 11a Bernske konvencije je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da na podlagi izključne pravice priobčitve javnosti zahteva za pridobitev avtorjevega dovoljenja ne velja za sočasen, popoln in nespremenjen prenos radiodifuznih oddaj, ki ga izvede nacionalna organizacija za radiodifuzijo po kablih na nacionalnem ozemlju, če je ta prenos zgolj tehnično sredstvo komunikacije in če je bil avtor dela z njim seznanjen, ko je dovolil prvotno priobčitev, kar mora preveriti predložitveno sodišče; — člen 5 Direktive 2001/29 in med drugim njegov odstavek 3(o) je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da na podlagi izključne pravice priobčitve javnosti zahteva za pridobitev avtorjevega dovoljenja ne velja za radiodifuzijo s skupno anteno, če na napravo ni priključenih več kot 500 naročnikov, in da je treba to zakonodajo torej uporabiti v skladu s členom 3(1) te direktive, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Stroški Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (osmi senat) razsodilo: Člen 3(1) Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi in člen 11a Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del z dne 9. septembra 1886 v različici, ki izhaja iz Pariškega akta z dne 24. julija 1971, kakor je bil spremenjen 28. septembra 1979, je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da na podlagi izključne pravice priobčitve javnosti zahteva za pridobitev avtorjevega dovoljenja ne velja za sočasen, popoln in nespremenjen prenos radiodifuznih oddaj, ki ga izvede nacionalna organizacija za radiodifuzijo po kablih na nacionalnem ozemlju, če je ta prenos zgolj tehnično sredstvo komunikacije in če je bil avtor dela z njim seznanjen, ko je dovolil prvotno priobčitev, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Člen 5 Direktive 2001/29 in med drugim njegov odstavek 3(o) je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz postopka v glavni stvari, ki določa, da na podlagi izključne pravice priobčitve javnosti zahteva za pridobitev avtorjevega dovoljenja ne velja za radiodifuzijo s skupno anteno, če na napravo ni priključenih več kot 500 naročnikov, in da je treba to zakonodajo torej uporabiti v skladu s členom 3(1) te direktive, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: nemščina.

62006CJ0251

fi

1       Ennakkoratkaisupyyntö koskee pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista 17.7.1969 annetun neuvoston direktiivin 69/335/ETY (EYVL L 249, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna 10.6.1985 annetulla neuvoston direktiivillä 85/303/ETY (EYVL L 156, s. 23) ja Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyllä asiakirjalla (EYVL 1994, C 241, s. 21 ja EYVL 1995, L 1, s. 1; jäljempänä direktiivi 69/335), 4 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan sekä 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa. 2       Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Firma ING. AUER – Die Bausoftware GmbH (jäljempänä ING. AUER – Die Bausoftware) ja Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Freistadt Rohrbach Urfahrin veroviranomainen) ja joka koskee viimeksi mainitun tekemää vaatimusta 104 680,20 euron suuruisen pääomansijoitusveron maksamisesta. Asiaa koskevat oikeussäännöt Yhteisön lainsäädäntö 3       Direktiivin 69/335 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa: ”1.      Pääomansijoitusveron alaisia toimia verotetaan ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella pääomayhtiön tosiasiallinen johto sijaitsee silloin, kun nämä toimet suoritetaan. 2.      Jos pääomayhtiön tosiasiallinen johto sijaitsee kolmannessa maassa ja sen sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, pääomansijoitusveron alaisia toimia verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa sääntömääräinen kotipaikka on.” 4       Direktiivin 69/335 3 artiklassa säädetään seuraavaa: ”1.      Pääomayhtiöllä tarkoitetaan tässä direktiivissä: a)      seuraavia Belgian, Tanskan, Saksan, Espanjan, Ranskan, Helleenien tasavallan, Italian, Irlannin, Luxemburgin, Alankomaiden, Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisia yhtiöitä: – – –       société de personnes à responsabilité limitée/ personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sociedad de responsabilidad limitada, société à responsabilité limitée, Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης, società a responsabilità limitata, société à responsabilité limitée, sociedade por quotas [rajavastuuyhtiöt]; Itävallan lainsäädännön mukaisia seuraavia yhtiöitä: –       Aktiengesellschaft, –       Gesellschaft mit beschränkter Haftung; – – 2.      Tätä direktiiviä sovellettaessa pääomayhtiöiksi katsotaan kaikki muutkin voittoa tavoittelevat yhtiöt, yhteenliittymät tai oikeushenkilöt. Pääomansijoitusveroa kannettaessa jäsenvaltio voi kuitenkin olla katsomatta näitä pääomayhtiöiksi.” 5       Direktiivin 69/335 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”1.      Seuraavat toimet ovat pääomansijoitusveron alaisia: a)      pääomayhtiön perustaminen; – – c)      pääomayhtiön yhtiöpääoman korottaminen kaikenlaisten omaisuuserien sijoittamisella; – – g)      sellaisen yhtiön, yhteenliittymän tai oikeushenkilön, jota siinä jäsenvaltiossa, johon se siirtyy, pidetään pääomayhtiönä pääomansijoitusveroa kannettaessa mutta jota siinä jäsenvaltiossa, josta se siirtyy, ei pidetä sellaisena, tosiasiallisen johdon siirtäminen jäsenvaltiosta toiseen; – – 3.      Edellä olevan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna perustamisena ei pidetä pääomayhtiön perustamisasiakirjan, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttamista eikä erityisesti: – – b)      sellaisen yhtiön, yhteenliittymän tai oikeushenkilön tosiasiallisen johdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jota molemmissa jäsenvaltioissa pidetään pääomayhtiönä pääomansijoitusveroa kannettaessa; – –” 6       Direktiivin 69/335 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa: ”1.      Jäsenvaltioiden on vapautettava pääomansijoitusverosta sellaiset muut kuin 9 artiklassa tarkoitetut toimet, jotka 1 päivänä heinäkuuta 1984 olivat vapautettuja verosta tai joista tuolloin kannettiin veroa 0,5 prosenttia tai tätä vähemmän. – – 2.      Jäsenvaltiot voivat joko vapauttaa pääomansijoitusverosta kaikki muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut toimet tai kantaa niistä veron soveltamalla yhtenäistä verokantaa, joka ei ole yhtä prosenttia korkeampi.” Kansallinen oikeus Itävallan oikeus 7       Oikeusperusta pääomansijoitusveron kantamiselle Itävallassa on pääomansiirtoverosta 16.10.1934 annetun lain (Kapitalverkehrsteuergesetz; deutsches RGBl. I., s. 1058/1934), sellaisena kuin se on muutettuna 12.1.1999 annetulla lailla (BGBl. I, 28/1999; jäljempänä KVG), I osassa. 8       KVG:n 2 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Pääomansijoitusveroa kannetaan: – – 5.      Ulkomaisen yhtiön tosiasiallisen johdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtämisestä Itävaltaan, kun yhtiöstä tämän siirtämisen johdosta tulee itävaltalainen yhtiö. Tätä sääntöä ei sovelleta silloin, kun ennen johdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtämistä yhtiötä pidettiin pääomayhtiönä kannettaessa pääomansijoitusveroa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. – –” 9       KVG:n 4 §:n 1 ja 2 momentissa luetellaan pääomayhtiöt ja tällaisiksi yhtiöiksi pääomansijoitusveroa kannettaessa katsottavat yhtiöt. KVG:n 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan pääomayhtiöitä ovat muun muassa rajavastuuyhtiöt (Gesellschaften mit beschränkter Haftung). Saksan oikeus 10     Rahoitusmarkkinoiden toimintaedellytysten parantamisesta 22.2.1990 annetun lain (Gesetz zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der Finanzmärkte (Finanzmarktförderungsgesetz); BGBl. 1990 I, s. 266), jonka tarkoituksena on parantaa rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä, 4 §:n 1 momentin 2 kohdalla kumottiin 17.11.1972 annettu pääomansiirtoverolaki (Kapitalverkehrsteuergesetz; BGBl. 1972 I, s. 2130), ja sillä poistettiin siten pääomansijoitusvero 1.1.1992 lähtien. Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset 11     Yhtiö, jonka perustamisesta oli ilmoitettu 28.7.1999, kirjattiin 9.9.1999 Itävallan tasavallan yhtiörekisteriin nimellä ”Bausoftware GmbH” (jäljempänä Bausoftware). Sen ainoa osakas oli Saksan oikeuden mukaan perustettu Nemetschek AG ‑niminen yhtiö (jäljempänä Nemetschek). Bausoftwaren tosiasiallinen johto sijaitsi Saksassa. 12     Nemetscheck sijoitti 16.9.1999 Bausoftwareen 102 000 000 Itävallan šillinkiä (ATS). Bausoftware hankki 22.9.1999 tehdyllä luovutussopimuksella Ing. Auer ”Die Bausoftware” ‑nimisen rekisteröimättömän toiminimen (Einzelunternehm), jonka kotipaikka oli Mondsee (Itävalta). 13     Tämä luovutus hyväksyttiin samana päivänä pidetyssä Bausoftwaren yhtiökokouksessa. 14     Kyseisessä kokouksessa Bausoftwaren ylimääräiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Itävallassa asuva Auer ja tälle myönnettiin erityinen oikeus johtaa yhtiötä. Lopuksi yhtiön nimeä muutettiin siten, että siitä tuli ING. AUER – Die Bausoftware. 15     Kyseisessä yhtiössä suoritetun tarkastuksen jälkeen Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr vaati 6.6.2005 tehdyllä päätöksellä KVG:n säännösten mukaisesti yhtiötä maksamaan sillä perusteella, että sen tosiasiallinen johto oli siirretty Saksasta Itävaltaan, pääomansijoitusveroa 104 680,20 euroa, mikä vastasi yhtä prosenttia yhtiöoikeuksien arvosta. 16     Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Linzin veroasioita käsittelevä tuomioistuin), jossa ING. AUER – Die Bausoftware on hakenut muutosta kyseiseen päätökseen, päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1)      Kun yhtiön, yhteenliittymän tai oikeushenkilön tosiasiallinen johto siirretään jäsenvaltiosta, joka on poistanut pääomansijoitusveron ennen tämän yhtiön, yhteenliittymän tai oikeushenkilön perustamista, jäsenvaltioon, jossa kannetaan pääomansijoitusveroa kyseisenä ajankohtana, estetäänkö sillä, että ensimmäisessä jäsenvaltiossa on luovuttu pääomansijoitusveron kantamisesta kumoamalla vastaava kansallinen oikeusperusta, tämän yhtiön, yhteenliittymän tai oikeushenkilön luokitteleminen pääomayhtiöksi ’pääomansijoitusveroa kannettaessa’ [direktiivin 69/335] 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ja – – 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla? 2)      Kielletäänkö – – ?direktiivin 69/335? – – 7 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltiota, johon pääomayhtiö siirtää tosiasiallisen johtonsa, kantamasta tämän siirron yhteydessä pääomansijoitusveroa saman direktiivin – – 4 artiklan 1 kohdan a ja g alakohdassa kuvatuista toimista, kun nämä toimet on tehty aikana, jolloin pääomayhtiön tosiasiallinen johto sijaitsi jäsenvaltiossa, joka oli luopunut pääomansijoitusveron kantamisesta ennen pääomayhtiön perustamista kumoamalla asianomaisen kansallisen oikeusperustan?” Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu 17     Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ennakkoratkaisukysymyksillään, joita on syytä tarkastella yhdessä, onko se, että jäsenvaltiossa on luovuttu pääomansijoitusveron kantamisesta, esteenä sille, että yhtiö luokitellaan pääomayhtiöksi ”kannettaessa pääomansijoitusveroa” direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla silloin, kun yhtiön tosiasiallinen johto siirretään tästä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa edelleen kannetaan kyseistä veroa. 18     Ensinnäkin on täsmennettävä, että yhteisöjen tuomioistuin ei tutki sitä, voidaanko Bausoftwaren kirjaamista 9.9.1999 Itävallan tasavallan yhtiörekisteriin ja Nemetschekin 16.9.1999 siihen tekemää 102 000 000 ATS:n suuruista sijoitusta pitää pääomayhtiön perustamisena tai pääomayhtiön yhtiöpääoman korottamisena, joista on direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdan mukaisesti kannettava pääomansijoitusveroa. 19     Lisäksi vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että EY 234 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä, joka perustuu kansallisten tuomioistuimien ja yhteisöjen tuomioistuimen tehtävien selkeään jakoon, asian tosiseikaston arvioiminen kuuluu kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan (asia 36/79, Denkavit Futtermittel, tuomio 15.11.1979, Kok. 1979, s. 3439, 12 kohta ja asia C‑282/00, RAR, tuomio 15.5.2003, Kok. 2003, s. I‑4741, 46 kohta). Siten yhteisöjen tuomioistuimen suorittama tarkastelu perustuu ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen toteamukseen siitä, että tämän tuomion 11–14 kohdassa esitettyjen tosiseikkojen perusteella kyse on tosiasiallisen johdon siirtämisestä jäsenvaltiosta toiseen. 20     Ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdystä päätöksestä käy ilmi, että pääasiassa kyseessä oleva yhtiö on Itävallan oikeuden mukaan perustettu rajavastuuyhtiö. 21     Direktiivin 69/335 3 artiklan 1 kohdasta, jonka teksti on esitetty tämän tuomion 4 kohdassa, ilmenee, että tässä säännöksessä vahvistetaan kaikkien jäsenvaltioiden osalta pakottavasti ja yhdenmukaisesti yhtiöt, jotka ovat direktiivissä 69/335 tarkoitettuja pääomayhtiöitä. 22     Lisäksi tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa määritellään ne toimet, jotka ovat pääomansijoitusveron alaisia. 23     Yhtiön tosiasiallisen johdon siirtämisen osalta direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetään, että pääomansijoitusveroa kannetaan muun muassa ”sellaisen yhtiön, yhteenliittymän tai oikeushenkilön, jota siinä jäsenvaltiossa, johon se siirtyy, pidetään pääomayhtiönä pääomansijoitusveroa kannettaessa mutta jota siinä jäsenvaltiossa, josta se siirtyy, ei pidetä sellaisena, tosiasiallisen johdon siirtämisestä jäsenvaltiosta toiseen”. 24     Sitä vastoin kyseisen direktiivin 4 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti ”sellaisen yhtiön, yhteenliittymän tai oikeushenkilön tosiasiallisen johdon tai sääntömääräisen kotipaikan siirtämistä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jota molemmissa jäsenvaltioissa pidetään pääomayhtiönä pääomansijoitusveroa kannettaessa”, ei pidetä saman artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna pääomayhtiön perustamisena. 25     Tästä seuraa, että jotta tämän tyyppinen toimenpide voisi kohdevaltiossa olla pääomansijoitusveron alainen, kyseessä olevaa yhtiötä ei mainittua veroa kannettaessa ole pidettävä pääomayhtiönä siinä jäsenvaltiossa, josta se siirtyy. 26     Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksia esittäneet jäsenvaltiot väittävät, että silloin, kun yhtiöltä ei ole kannettu pääomansijoitusveroa siinä jäsenvaltiossa, josta se siirtyy, sen vuoksi, että tämä valtio on poistanut kyseisen veron, mainittua yhtiötä ei pääomansijoitusveroa kannettaessa pidetä pääomayhtiönä tässä valtiossa, joten se täyttää direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetyt edellytykset. 27     Tällaista näkemystä ei kuitenkaan voida hyväksyä, koska se johtaisi siihen, että valtion sisäisessä oikeudessa tehty pääomayhtiöiden luokittelu asetetaan etusijalle direktiiviin 69/335 perustuvaan luokitteluun nähden. 28     Kuten tämän tuomion 21 kohdassa on tuotu esille, direktiivin 69/335 3 artiklan 1 kohdassa nimittäin määritellään kaikkien jäsenvaltioiden osalta pakottavalla ja yhdenmukaisella tavalla yhtiöt, joita on pidettävä kyseisessä direktiivissä tarkoitettuina pääomayhtiöinä. 29     Näin ollen silloin, kun yhtiön oikeudellisena muotona on jokin mainitun 3 artiklan 1 kohdassa säädetyistä muodoista, yhtiötä on pidettävä direktiivissä 69/335 tarkoitettuna pääomayhtiönä, eikä se siten voi olla velvollinen maksamaan pääomansijoitusveroa silloin, kun sen tosiasiallinen johto siirretään jäsenvaltiosta toiseen, koska yhtiötä ei pidetä pääomayhtiönä siinä jäsenvaltiossa, josta se siirtyy. 30     On syytä lisätä, että tällainen toisistaan poikkeava luokittelu, joka johtaa direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamiseen, on sitä vastoin mahdollinen silloin, kun kyse on kyseisen direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista yhtiöistä. 31     Kun tässä säännöksessä nimittäin säädetään, että ”– – direktiiviä [69/335] sovellettaessa pääomayhtiöiksi katsotaan kaikki muutkin voittoa tavoittelevat yhtiöt, yhteenliittymät tai oikeushenkilöt”, jäsenvaltiot voivat sen nojalla pääomansijoitusveroa kannettaessa kuitenkin olla pitämättä tällaisina yhtiöinä näihin näin rinnastettavia yhtiöitä, yhteenliittymiä tai oikeushenkilöitä. 32     Jäsenvaltioille näin annettu harkintavalta, jota niillä ei ole mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhtiöiden osalta, voi siten johtaa siihen, että tietty yksikkö luokitellaan yhdessä jäsenvaltiossa pääomayhtiöksi, vaikka toisessa jäsenvaltiossa se ei sitä ole. Tilanteessa, jossa luokittelut poikkeavat toisistaan tällä tavoin eri jäsenvaltioissa, kyseessä olevan yksikön tosiasiallisen johdon siirtäminen kuuluu direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamisalaan. 33     Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut, että se, että siihen jäsenvaltioon liittyvä verovelvollisuuden arviointiperuste, josta yhtiö siirtyy, asetetaan etusijalle direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädettyyn pääomayhtiöiden luokittelua koskevaan arviointiperusteeseen nähden, on vastoin kyseisen direktiivin säännöksiä siltä osin kuin tämä mahdollistaa pääomansijoitusveron kantamisen tapauksissa, joissa mainitun direktiivin mukaan kyseistä veroa ei kanneta (ks. vastaavasti asia C‑178/05, komissio v. Kreikka, tuomio 7.6.2007, 26–30 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). 34     Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, että vaikka jäsenvaltioilla on direktiivin 69/335 7 artiklan 2 kohdan nojalla vapaus päättää yhtiöihin tehtyjen pääomansijoitusten vapauttamisesta pääomansijoitusverosta, tällaisesta vapautuksesta ei voi seurata sitä, että mainittujen pääomansijoitusten verotus sallitaan toisessa jäsenvaltiossa (ks. vastaavasti asia C‑494/03, Senior Engineering Investments, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I‑525, 43 kohta). 35     Näin ollen se seikka, että jäsenvaltio on käyttänyt kyseisessä 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä oikeutta ja poistanut pääomansijoitusveron, ei tarkoita sitä, että kun pääomayhtiön tosiasiallinen johto siirretään tästä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, viimeksi mainittu jäsenvaltio voisi automaattisesti kantaa mainittua veroa kyseisestä toimesta. 36     Kaikesta edellä olevasta seuraa, että direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ja 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että se, että jäsenvaltiossa on luovuttu kantamasta pääomansijoitusveroa, ei ole esteenä sille, että yhtiö, joka kuuluu yhteen kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainituista ryhmistä, luokitellaan pääomayhtiöksi kannettaessa pääomansijoitusveroa mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla silloin, kun yhtiön tosiasiallinen johto siirretään tästä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa edelleen kannetaan kyseistä veroa. 37     Tämän tulkinnan osalta on lisättävä, että yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä on tuotu esille kysymys mahdollisesta veronkierrosta, joka johtuisi näin tulkitun direktiivin 69/335 säännösten väärinkäytöstä. 38     Tältä osin on todettava, että vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on muodollisesti rajoittanut kysymyksensä koskemaan vain direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan sekä 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa, tällainen seikka ei estä yhteisöjen tuomioistuinta esittämästä tälle tuomioistuimelle kaikkia yhteisön oikeuden tulkintaan liittyviä seikkoja, jotka voivat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen ratkaistessa sen käsiteltäväksi saatettua asiaa riippumatta siitä, onko tämä tuomioistuin viitannut näihin seikkoihin esittämissään kysymyksissä vai ei (ks. vastaavasti asia C‑241/89, SARPP, tuomio 12.12.1990, Kok. 1990, s. I‑4695, 8 kohta; asia C‑87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, tuomio 4.3.1999, Kok. 1999, s. I‑1301, 16 kohta ja asia C‑392/05, Alevizos, tuomio 26.4.2007, 64 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). 39     Siten on tutkittava, voiko tämän tuomion 36 kohdassa esitetty direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan tulkinta myötävaikuttaa siihen, että yhteisön oikeutta käytetään väärin pääasiassa kyseessä olevien kaltaisten, kansallisen lainsäädännön säännösten kiertämiseksi. 40     Aivan ensiksi on todettava, että direktiiviin 69/335 ei sisälly minkäänlaista erityissäännöstä, jonka tarkoituksena olisi estää veronkiertoon liittyvä uhka. 41     Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin jo katsonut, että yhteisön lainsäädännön soveltamista ei voida laajentaa väärinkäyttönä pidettäviin taloudellisten toimijoiden toimiin eli toimiin, joita ei toteuteta tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä vaan yksinomaan joidenkin yhteisön lainsäädännössä säädettyjen etujen väärinkäyttämiseksi (ks. vastaavasti mm. asia C‑255/02, Halifax ym., tuomio 21.2.2006, Kok. 2006, s. I‑1609, 69 kohta). 42     Yhteisön oikeudessa annettu suoja ei siten liity tilanteisiin, joissa oikeussubjekti, luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, aikoo käyttää väärin yhteisön oikeussääntöjä tai vedota niihin vilpillisesti ainoana tavoitteenaan välttyä jäsenvaltion lainsäädännön soveltamiselta. 43     Tosin se seikka, että yhtiö on perustettu tietyssä jäsenvaltiossa siksi, että tarkoituksena on hyötyä edullisemmasta lainsäädännöstä, ei yksinään riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että kyse on yhteisön lainsäädännön väärinkäytöstä. 44     Kuitenkin yhtiön perustaminen jäsenvaltiossa puhtaasti keinotekoisin järjestelyin, joilla ei ole taloudellista todellisuuspohjaa, sen veron kiertämiseksi, joka olisi normaalisti maksettava, ei kuulu direktiivillä 69/335 siinä tarkoitetuille yhtiöille annetun suojan piiriin. 45     Tästä seuraa, että tämän tuomion 36 kohdassa esitetystä direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta ei pidä seurata sitä, että suositaan menettelyitä, joita voidaan luonnehtia keinotekoisin järjestelyin toteutetuiksi ja joiden ainoana tarkoituksena on hankkia verotuksellista hyötyä. 46     Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on näin ollen selvittää, liittyykö pääasian olosuhteisiin sellaisia objektiivisia seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että kyse on tällaisesta väärinkäytöstä. 47     Tässä tilanteessa ennakkoratkaisukysymyksiin on vastattava siten, että direktiivin 69/335 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ja 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että se, että jäsenvaltiossa on luovuttu kantamasta pääomansijoitusveroa, ei ole esteenä sille, että yhteen kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainituista ryhmistä kuuluva yhtiö luokitellaan pääomayhtiöksi kannettaessa pääomansijoitusveroa mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla silloin, kun yhtiön tosiasiallinen johto siirretään tästä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa edelleen kannetaan kyseistä veroa. Tällainen tulkinta ei kuitenkaan voi johtaa siihen, että suositaan menettelyitä, joita voidaan luonnehtia keinotekoisin järjestelyin toteutetuiksi ja joiden ainoana tarkoituksena on hankkia verotuksellista hyötyä. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on selvittää, liittyykö pääasian olosuhteisiin sellaisia objektiivisia seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että kyse on tällaisesta väärinkäytöstä. Oikeudenkäyntikulut 48     Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: Pääoman hankintaa koskevista välillisistä veroista 17.7.1969 annetun neuvoston direktiivin 69/335/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 10.6.1985 annetulla neuvoston direktiivillä 85/303/ETY ja Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyllä asiakirjalla, 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ja 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että se, että jäsenvaltiossa on luovuttu kantamasta pääomansijoitusveroa, ei ole esteenä sille, että yhteen kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainituista ryhmistä kuuluva yhtiö luokitellaan pääomayhtiöksi kannettaessa pääomansijoitusveroa mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla silloin, kun yhtiön tosiasiallinen johto siirretään tästä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon, jossa edelleen kannetaan kyseistä veroa. Tällainen tulkinta ei kuitenkaan voi johtaa siihen, että suositaan menettelyitä, joita voidaan luonnehtia keinotekoisin järjestelyin toteutetuiksi ja joiden ainoana tarkoituksena on hankkia verotuksellista hyötyä. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on selvittää, liittyykö pääasian olosuhteisiin sellaisia objektiivisia seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että kyse on tällaisesta väärinkäytöstä. Allekirjoitukset * Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62013CJ0482

hr

Zahtjevi za prethodnu odluku odnose se na tumačenje članka 6. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima ( SL L 95, str. 29 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.). Zahtjevi su upućeni u okviru spora između društva Unicaja Banco SA (u daljnjem tekstu: Unicaja Banco), s jedne strane, i J. Hidalga Ruede, M. del Carmen Vega Martín, društva Gestión Patrimonial Hive SL, F. A. Lópeza Reine i R. M. Hidalgo Vega, s druge strane, te društva Caixabank SA (u daljnjem tekstu: Caixabank) i, kao prvo, M. M. Ruede Ledesme i R. Mese Mese, kao drugo, J. Labelle Crespa, R. Márqueza Rodrígueza, R. Gallarda Salvata i M. Márquez Rodríguez, te, kao treće, A. Galána Lune i D. Galána Lune u vezi s naplatom neplaćenih dugova na osnovi ugovorâ o hipotekarnom zajmu sklopljenih između tih stranaka glavnog postupka. Pravni okvir Direktiva 93/13 U članku 1. stavku 2. Direktive 93/13 propisano je: „Ugovorne odredbe koje su odraz obaveznih zakonskih ili regulatornih odredaba i odredaba ili načela međunarodnih konvencija u kojima su države članice ili Zajednica stranke, posebno u području prijevoza, ne podliježu odredbama ove Direktive.“ Članak 3. stavak 1. te direktive glasi kako slijedi: „Ugovorna odredba o kojoj se nisu vodili pojedinačni pregovori smatra se nepoštenom ako u suprotnosti s uvjetom o dobroj vjeri, na štetu potrošača prouzroči znatniju neravnotežu u pravima i obvezama stranaka, proizašlih iz ugovora.“ U članku 4. stavku 1. spomenute direktive navodi se: „[...] nepoštenost ugovorne odredbe procjenjuje se tako da se u obzir uzimaju priroda robe ili usluga na koje se ugovor odnosi u vrijeme kada je ugovor sklopljen, sve popratne okolnosti sklapanja ugovora i sve ostale odredbe tog ugovora ili nekog drugog ugovora o kojem on ovisi.“ U članku 6. stavku 1. Direktive 93/13 određeno je: „Države članice utvrđuju da u ugovoru koji je prodavatelj robe ili pružatelj usluge sklopio s potrošačem prema nacionalnom pravu nepoštene odredbe nisu obvezujuće za potrošača, a da ugovor u tim uvjetima i dalje obvezuje stranke ako je u stanju nastaviti važiti i bez tih nepoštenih odredaba.“ Prema članku 7. stavku 1. spomenute direktive: „U interesu potrošača i tržišnih konkurenata države članice osiguravaju da postoje primjerena i djelotvorna sredstva za sprečavanje stalnog korištenja nepoštenih odredaba u ugovorima koje prodavatelji robe i pružatelji sklapaju s potrošačima.“ Španjolsko pravo U španjolskom pravu zaštita potrošača najprije je bila osigurana putem Općeg zakona 26/1984 o zaštiti potrošača i korisnika (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) od 19. srpnja 1984. (BOE br.°176 od 24. srpnja 1984., str. 21686.). Opći zakon 26/1984 zatim je izmijenjen Zakonom 7/1998 o općim uvjetima ugovora (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación) od 13. travnja 1998. (BOE br.°89 od 14. travnja 1998., str. 12304.), kojim je Direktiva 93/13 prenesena u španjolsko nacionalno pravo. Te odredbe kodificirane su Kraljevskim zakonodavnim dekretom 1/2007 o izmjeni Općeg zakona o zaštiti potrošača i korisnika i ostalih dopunskih zakona (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) od 16. studenoga 2007. (BOE br.°287 od 30. studenoga 2007., str. 49181.). Članak 83. Kraljevskog zakonodavnog dekreta 1/2007 glasi: „1.   Nepošteni uvjeti su ništetni i smatra se da nisu bili ugovoreni. 2.   Dio ugovora koji je ništetan izmjenjuje se u skladu s člankom 1258. Građanskog zakonika i načelom dobre vjere. U tu svrhu sud koji je proglasio spomenute uvjete ništetnima izmjenjuje ugovor i ovlašten je, ako ugovor nastavi važiti, ublažiti prava i obveze stranaka te posljedice njihove nevaljanosti, ako je za potrošača i korisnika nastala znatna šteta. Sudac može proglasiti ugovor nevaljanim samo ako njegove preostale odredbe stranke dovode u neravnopravan položaj koji se ne može otkloniti.“ Nakon donošenja presude Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164 ) španjolsko zakonodavstvo o zaštiti potrošača izmijenjeno je Zakonom 1/2013 o mjerama za jačanje zaštite hipotekarnih dužnika i o restrukturiranju duga te socijalnoj najamnini za stanovanje (Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) od 14. svibnja 2013. (BOE br. 116 od 15. svibnja 2013., str. 36373.). Taj je zakon, među ostalim, izmijenio određene odredbe Zakona 1/2000 o parničnom postupku (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) od 7. siječnja 2000. (BOE br.°7 od 8. siječnja 2000., str. 575.). U skladu s tim, članak 552. stavak 1. Zakona o parničnom postupku, kako je izmijenjen člankom 7. stavkom 1. Zakona 1/2013, određuje: „Ako sud ocjeni da se jedan od uvjeta koji su dio osnove za određivanje ovrhe iz članka 557. stavka 1. može smatrati nepoštenim, saslušat će stranke u roku od pet dana. Nakon njihovog saslušanja sud donosi odgovarajuću odluku u roku od sljedećih pet dana, u skladu s člankom 561. stavkom 1. podstavkom 3.“ Članak 7. stavak 3. Zakona 1/2013 dodao je točku 3. članku 561. stavku 1. Zakona o parničnom postupku, koji glasi kako slijedi: „Ako se utvrdi da su jedan ili nekoliko uvjeta nepošteni, u rješenju koje se donosi odlučuje se o posljedicama takvog utvrđenja, na način da se odredi da nije moguće pristupiti ovrsi ili da se naloži ovrha bez primjene uvjeta koji se smatraju nepoštenima.“ Člankom 7. stavkom 14. Zakona 1/2013 izmijenjen je članak 695. Zakona o parničnom postupku tako da se navodi da je postojanje nepoštenih uvjeta razlog za prigovor, kako slijedi: „1.   U postupcima iz ovog poglavlja prigovor protiv ovrhe koji podnese ovršenik prihvatit će se samo ako se temelji na sljedećim razlozima: [...] 4.   nepoštenosti ugovorne odredbe koja je osnova za ovrhu ili kojom se određuje dospjeli iznos.“ Člankom 3. stavkom 2. Zakona 1/2013 također je izmijenjen članak 114. Hipotekarnog zakona (Ley Hipotecaria) tako da mu je dodan treći podstavak, koji glasi kako slijedi: „Zatezna kamatna stopa za zajmove ili kredite radi kupnje nekretnine za vlastito stanovanje, koji su osigurani hipotekama zasnovanima na tom stanu, ne može biti viša od trostrukog iznosa zakonske kamate i može se obračunavati samo na nepodmireni iznos glavnice. Na tu zateznu kamatu ne može se ni u kojim okolnostima obračunavati kamata, osim u slučajevima predviđenima u članku 579. stavku 2. točki (a) Zakona o parničnom postupku.“ Konačno, drugom prijelaznom odredbom Zakona 1/2013 dodaje se: „Ograničenje zatezne kamate za hipoteke zasnovane na nekretnini za vlastito stanovanje, propisano člankom 3. stavkom 2., primjenjuje se na hipoteke zasnovane nakon stupanja na snagu ovog zakona. To ograničenje također se primjenjuje na zateznu kamatu predviđenu zajmovima osiguranim hipotekom na nekretnini za vlastito stanovanje zasnovanom prije stupanja na snagu ovog zakona, ako ta kamata dospijeva nakon tog dana, kao i na one zatezne kamate koje su na taj dan dospjele, ali nisu bile plaćene. U ovršnim postupcima ili postupcima izvansudske prodaje koji su pokrenuti i nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, te u postupcima u kojima je iznos zbog kojeg je zatraženo određivanje ovrhe ili izvansudske prodaje već utvrđen, tajnik suda ili javni bilježnik ovrhovoditelju dodjeljuje rok od deset dana za ponovno obračunavanje tog iznosa u skladu s odredbama prethodnog stavka.“ Glavni postupci i prethodna pitanja Glavni predmeti odnose se na hipotekarne ovršne postupke koje su pokrenuli Unicaja Banco i Caixabank radi ovrhe na osnovi nekoliko hipoteka zasnovanih između 5. siječnja 2007. i 20. kolovoza 2010. za iznose u visini između 47.000 i 249.000 eura. U predmetu C‑482/13 za hipotekarni zajam vrijedila je zatezna kamatna stopa od 18%, koju je bilo moguće povećati ako bi se povećanjem revidirane kamatne stope za četiri postotna boda dobila viša kamatna stopa, pri čemu ona nije smjela prijeći godišnju nominalnu stopu od 25%. U predmetima C‑484/13, C‑485/13 i C‑487/13 za hipotekarne zajmove vrijedila je zatezna kamatna stopa od 22,5%. Osim toga, svi ugovori o zajmu o kojima je riječ u glavnim postupcima sadrže odredbu prema kojoj zajmodavac u slučaju da zajmoprimac ne ispuni svoje obveze plaćanja može prije prvotno ugovorenog datuma dospijeća tražiti plaćanje cjelokupnog iznosa glavnice koji nije podmiren, uvećanog za kamatu, zateznu kamatu, naknade i troškove koji su bili ugovoreni. Između 21. ožujka 2012. i 3. travnja 2013. Unicaja Banco i Caixabank podnijeli su sudu koji je uputio zahtjeve za prethodnu odluku zahtjeve za ovrhu s osnove nepodmirenih iznosa uvećanih za zateznu kamatu predviđenu hipotekarnim ugovorima u pitanju. Taj sud u okviru tih postupaka razmotrio je pitanje jesu li uvjeti o zateznoj kamatnoj stopi i primjena te kamatne stope na glavnicu koja je prijevremeno dospjela zbog kašnjenja s plaćanjem „nepošteni“ u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 93/13. Međutim, sud koji je uputio zahtjev u tom se pogledu nalazi u nedoumici kada je riječ o posljedicama koje treba izvesti iz nepoštene naravi spomenutih uvjeta s obzirom na drugu prijelaznu odredbu Zakona 1/2013. Ako bi spomenuti sud primijenio tu odredbu, na njemu bi bilo da ponovno obračuna zatezne kamate u skladu s trećim podstavkom te odredbe. U tim je okolnostima Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marchena odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja: 1. Treba li nacionalni sud, u skladu s Direktivom Vijeća 93/13 [...], osobito s njegovim člankom 6. stavkom 1., kada utvrdi postojanje nepoštenog uvjeta koji se odnosi na zateznu kamatu kod hipotekarnih zajmova, a s ciljem da zajamči zaštitu potrošača i korisnika u skladu s načelima ekvivalentnosti i djelotvornosti, proglasiti taj uvjet ništetnim i neobvezujućim ili, suprotno tome, treba ublažiti uvjet u pogledu kamate, nalažući ovrhovoditelju ili zajmodavcu da ponovno obračuna kamatu? 2. Ne predstavlja li druga prijelazna odredba Zakona 1/2013 od 14. svibnja 2013. jasno ograničenje zaštite interesa potrošača time što implicitno nameće sudovima obvezu da ublaže nepošteni uvjet u pogledu zatezne kamate, tako da se ponovno obračuna ugovorena kamata i održi na snazi nepoštena ugovorna odredba, umjesto da se uvjet proglasi ništetnim i neobvezujućim za potrošača? 3. Krši li druga prijelazna odredba Zakona 1/2013 [...] Direktivu Vijeća 93/13 [...], osobito njezin članak 6. stavak 1., time što onemogućava primjenu načela ekvivalentnosti i djelotvornosti u području zaštite potrošača i izbjegava primjenu sankcije ništetnosti i neobveznosti nepoštenih uvjetâ u pogledu zateznih kamata, koji su ugovoreni u hipotekarnim zajmovima sklopljenima prije stupanja na snagu Zakona 1/2013 [...]?“ Rješenjem predsjednika Suda od 10. listopada 2013. predmeti C‑482/13 do C‑487/13 spojeni su u svrhu pisanog i usmenog postupka kao i donošenja presude. Predmeti C‑486/13 i C‑483/13 razdvojeni su rješenjima predsjednika Suda od 13. ožujka i 3. listopada 2014. zbog njihovog brisanja iz registra. O prethodnim pitanjima Sud koji je uputio zahtjev svojim pitanjima, koja valja ispitati zajedno, u biti pita treba li članak 6. stavak 1. Direktive 93/13 tumačiti u smislu da mu je protivna odredba nacionalnog prava u skladu s kojom nacionalni sud pred kojim je pokrenut hipotekarni ovršni postupak mora ponovno obračunati iznose koji se duguju na temelju uvjeta u ugovoru o hipotekarnom zajmu koji predviđa zateznu kamatnu stopu koja je tri puta veća od zakonske stope, primjenjujući zateznu kamatu koja ne prelazi tu gornju granicu. U tom pogledu najprije treba utvrditi da su, prema sudu koji je uputio zahtjev, uvjeti u pogledu zatezne kamate u ugovorima o hipotekarnom zajmu, u vezi s kojima su pred njim pokrenuti ovršni postupci, „nepošteni“ u smislu članka 3. Direktive 93/13. U tom kontekstu treba podsjetiti da, kada je riječ o posljedicama koje treba izvesti iz utvrđenja da je odredba ugovora između potrošača i trgovca nepoštena, iz sadržaja članka 6. stavka 1. Direktive 93/13 proizlazi da su nacionalni sudovi obvezni samo izuzeti iz primjene nepoštenu ugovornu odredbu kako ona ne bi imala obvezujuće učinke na potrošača, a da pritom nisu nadležni preispitati njezin sadržaj. Naime, taj ugovor u načelu mora nastaviti vrijediti bez bilo koje druge izmjene osim one koja proizlazi iz otklanjanja nepoštenih uvjeta, ako je takav kontinuitet ugovora pravno moguć prema pravilima nacionalnog prava (presude Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349 , t. 65. kao i Asbeek Brusse i de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341 , t. 57.). Točnije, ta se odredba ne može tumačiti na način da se njome nacionalnom sudu omogućava da, u slučaju da utvrdi nepoštenost odredbe o ugovornoj kazni u ugovoru između trgovca i potrošača, smanji iznos kazne stavljene na teret potrošaču, umjesto da u odnosu na njega u potpunosti izuzme iz primjene tu odredbu (presuda Asbeek Brusse i de Man Garabito, EU:C:2013:341 , t. 59.). Osim toga, s obzirom na narav i važnost javnog interesa koji se temelji na zaštiti potrošača, koji se nalaze u slabijem položaju u odnosu na trgovce, Direktiva 93/13 državama članicama nameće, kao što to proizlazi iz njezinog članka 7. stavka 1., tumačenog u vezi s njezinom uvodnom izjavom 24., da osiguraju primjerena i djelotvorna sredstva za sprečavanje stalnoga korištenja nepoštenih odredaba u ugovorima koje trgovci sklapaju s potrošačima (presude Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349 , t. 68. kao i Kásler i Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282 , t. 78.). Ako bi nacionalni sud mogao izmijeniti sadržaj nepoštenih uvjeta, takva nadležnost mogla bi ugroziti ostvarenje dugoročnog cilja iz članka 7. Direktive 93/13. Naime, takvom bi se nadležnošću doprinijelo otklanjanju preventivnog učinka na trgovce, koji postoji samom činjenicom neprimjene takvih nepoštenih uvjeta na potrošače, jer bi ti trgovci i dalje bili u iskušenju upotrijebiti spomenute uvjete, svjesni činjenice da čak i ako se ti uvjeti proglase ništetnima, nacionalni sud svejedno može prilagoditi ugovor u mjeri u kojoj je to potrebno, na način da time zaštiti interes spomenutih trgovaca (presude Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349 , t. 69. kao i Kásler i Káslerné Rábai, EU:C:2014:282 , t. 79.). S obzirom na prethodna razmatranja, Sud je presudio da je članku 6. stavku 1. Direktive 93/13 protivno pravilo nacionalnog prava koje nacionalnom sudu omogućava da, kada utvrdi ništetnost nepoštenog uvjeta u ugovoru sklopljenom između trgovca i potrošača, prilagodi ugovor tako da izmijeni sadržaj tog uvjeta (presude Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349 , t. 73. kao i Kásler i Káslerné Rábai, EU:C:2014:282 , t. 77.). Točno je da je Sud također priznao mogućnost da nacionalni sud nepošteni uvjet zamijeni dispozitivnom odredbom nacionalnog prava, pod uvjetom da ta zamjena bude u skladu s ciljem članka 6. stavka 1. Direktive 93/13 i omogućava uspostavljanje stvarne ravnoteže između prava i obveza ugovornih stranaka. Međutim, ta mogućnost ograničena je na slučajeve u kojima nacionalni sud zbog nevaljanosti nepoštenog uvjeta mora u cijelosti poništiti ugovor, čime potrošača izlaže za njega nepovoljnim posljedicama (vidjeti u tom smislu Kásler i Káslerné Rábai, EU:C:2014:282 , t. 82. do 84.) U glavnim predmetima, međutim, uz pridržaj da sud koji je uputio zahtjev treba obaviti provjere u tom pogledu, poništenje ugovornih odredaba o kojima je riječ ne može imati nepovoljne posljedice za potrošača jer će iznosi zbog kojih su hipotekarni ovršni postupci pokrenuti bez povećanja primjenom zatezne kamate predviđene tim odredbama nužno biti manji. Nakon što su ponovno istaknuta ta načela, valja utvrditi da iz odluka kojima se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da druga prijelazna odredba Zakona 1/2013 propisuje smanjenje zatezne kamate kod zajmova ili kredita radi kupnje nekretnine za vlastito stanovanje, koji su osigurani hipotekama zasnovanim na tom stanu. Njime se također propisuje da se u ovršnim postupcima ili postupcima izvansudske prodaje koji su pokrenuti i nisu dovršeni do dana stupanja na snagu tog zakona, 15. svibnja 2013., te u postupcima u kojima je iznos zbog kojeg je zatraženo određivanje ovrhe ili izvansudske prodaje već utvrđen, taj iznos mora ponovno obračunati, primjenjujući zateznu kamatnu stopu koja ne prelazi trostruki iznos zakonske kamatne stope, ako je zatezna kamatna stopa predviđena hipotekarnim ugovorom viša od te stope. Kao što su to istaknuli španjolska vlada u svojim podnescima i tijekom rasprave te nezavisni odvjetnik u točkama 38. i 39. svojeg mišljenja, područje primjene druge prijelazne odredbe Zakona 1/2013 obuhvaća sve ugovore o hipotekarnom zajmu i razlikuje se od onog Direktive 93/13, koje se odnosi samo na nepoštene uvjete uključene u ugovore između trgovaca i potrošača. Slijedi da obveza poštovanja gornje granice zatezne kamatne stope, koja odgovara trostrukom iznosu zakonske kamatne stope, kako ju je odredio zakonodavac, ne ugrožava ocjenu nepoštenosti uvjeta u pogledu zatezne kamate koju obavlja sud. U tom kontekstu valja podsjetiti da se u skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive 93/13 nepoštenost ugovorne odredbe procjenjuje tako da se u obzir uzimaju narav robe ili usluga na koje se ugovor odnosi kao i sve popratne okolnosti koje su postojale u vrijeme sklapanja ugovora. Iz toga proizlazi da se u tom smislu također moraju procijeniti posljedice koje navedena ugovorna odredba može imati u okviru nacionalnog prava koje se primjenjuje na ugovor, a to podrazumijeva ispitivanje nacionalnog pravnog sustava (vidjeti rješenje Sebestyén, C‑342/13, EU:C:2014:1857 , t. 29. i navedenu sudsku praksu). Nadalje, u tom pogledu valja podsjetiti da je nacionalni sud koji postupa u sporu isključivo između pojedinaca dužan, kad primjenjuje odredbe unutarnjeg prava, uzeti u obzir sveukupnost pravila nacionalnog prava i tumačiti ih u najvećoj mogućoj mjeri u svjetlu teksta i cilja mjerodavne direktive, radi postizanja rješenja usklađenog s njezinim ciljem (presuda Kásler i Káslerné Rábai, EU:C:2014:282 , t. 64.). Slijedom toga, treba smatrati da s obzirom na to da druga prijelazna odredba Zakona 1/2013 ne sprečava nacionalni sud, koji je suočen s nepoštenim uvjetom, da izvrši svoju funkciju tako da spomenuti uvjet izuzme iz primjene, primjena takve odredbe nacionalnog prava nije protivna Direktivi 93/13. To osobito znači, s jedne strane, da kada je nacionalni sud suočen s ugovornom odredbom koja se odnosi na zateznu kamatu čija je stopa niža od one predviđene drugom prijelaznom odredbom Zakona 1/2013, određivanje te zakonske gornje granice ne sprečava spomenuti sud da tu odredbu ocijeni nepoštenom, ako je to slučaj, u smislu članka 3. Direktive 93/13. Zatezna kamatna stopa koja je niža od trostruke zakonske stope ne može se nužno smatrati poštenom u smislu te direktive. S druge strane, ako je stopa zatezne kamate određene odredbom ugovora o hipotekarnom zajmu viša od stope propisane drugom prijelaznom odredbom Zakona 1/2013 i mora se, u skladu s tom odredbom, smanjiti, takva okolnost ne smije spriječiti nacionalni sud u tome da, osim te mjere ublažavanja, izvede, s obzirom na Direktivu 93/13, sve posljedice eventualne nepoštenosti ugovorne odredbe koja sadrži tu stopu, poništavajući ju ako je to potrebno. Slijedom navedenoga, iz svih prethodnih razmatranja slijedi da članak 6. stavak 1. Direktive 93/13 treba tumačiti u smislu da mu nije protivna odredba nacionalnog prava u skladu s kojom nacionalni sud pred kojim je pokrenut hipotekarni ovršni postupak mora ponovno obračunati iznose koji se duguju na temelju uvjeta u ugovoru o hipotekarnom zajmu koji predviđa zateznu kamatnu stopu koja je triput veća od zakonske stope, kako visina spomenute kamate ne bi prelazila tu gornju granicu, pod uvjetom da primjena te odredbe nacionalnog prava: — ne ugrožava ocjenu nepoštenosti takvog uvjeta koju obavlja sud i — ne sprečava taj sud da spomenuti uvjet izuzme iz primjene ako utvrdi da je „nepošten“ u smislu članka 3. stavka 1. te direktive. Troškovi Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se. Slijedom navedenoga, Sud (prvo vijeće) odlučuje: Članak 6. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba tumačiti u smislu da mu nije protivna odredba nacionalnog prava u skladu s kojom nacionalni sud pred kojim je pokrenut hipotekarni ovršni postupak mora ponovno obračunati iznose koji se duguju na temelju uvjeta u ugovoru o hipotekarnom zajmu koji predviđa zateznu kamatnu stopu koja je triput veća od zakonske stope, kako visina spomenute kamate ne bi prelazila tu gornju granicu, pod uvjetom da primjena te odredbe nacionalnog prava: — ne ugrožava ocjenu nepoštenosti takvog uvjeta koju obavlja sud i — ne sprečava taj sud da spomenuti uvjet izuzme iz primjene ako utvrdi da je „nepošten“ u smislu članka 3. stavka 1. te direktive. Potpisi ( *1 )   Jezik postupka: španjolski

62014CJ0452

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 267 VWEU en artikel 3, lid 2, van verordening (EG) nr. 297/95 van de Raad van 10 februari 1995 inzake de vergoedingen die aan het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald ( PB L 35, blz. 1 ), zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 273/2012 van de Commissie van 27 maart 2012 ( PB L 90, blz. 11 , hierna: „verordening nr. 297/95”) Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen het Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Italiaans geneesmiddelenbureau) en Doc Generici Srl (hierna: „Doc Generici”) over het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de wijziging van meerdere vergunningen voor het in de handel brengen (hierna: „VHB”). Toepasselijke bepalingen Unierecht Verordening nr. 297/95 Artikel 1 van verordening nr. 297/95, met als opschrift „Werkingssfeer”, bepaalt: „De vergoedingen die verschuldigd zijn voor het verkrijgen en laten verlengen van communautaire vergunningen om geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik in de handel te brengen en voor de andere door [het Europees Geneesmiddelenbureau (hierna: „Bureau”)] verleende diensten, worden volgens de bepalingen van deze verordening geïnd. De hoogte van deze vergoedingen wordt in euro vastgesteld.” Artikel 3 van die verordening, met als opschrift „Geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor de procedures van verordening (EG) nr. 726/2004 worden gevolgd”, bepaalt: „1. [VHB] van een geneesmiddel [...] 2. Wijziging van een [VHB] a) Wijzigingsvergoeding, type I Een wijzigingsvergoeding, type I, is verschuldigd voor een kleine wijziging van een [VHB], zoals omschreven in artikel 3, lid 2, van verordening (EG) nr. 1085/2003 [van de Commissie van 3 juni 2003 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van een vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die binnen het toepassingsgebied van verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad vallen ( PB L 159, blz. 24 )]. Voor wijzigingen van type IA bedraagt de vergoeding 2900 [EUR]. Voor wijzigingen van type IB bedraagt de vergoeding 6700 [EUR]. Bij een identieke wijziging geldt deze vergoeding voor alle toegelaten doseringen, farmaceutische vormen en aanbiedingsvormen. [...]” Verordening (EG) nr. 1234/2008 Overweging 6 van verordening (EG) nr. 1234/2008 van de Commissie van 24 november 2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ( PB L 334, blz. 7 ), zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 712/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012, ( PB L 209, blz. 4 ; hierna: „verordening nr. 1234/2008”), luidt: „Elke wijziging moet afzonderlijk worden ingediend. Een groepering van wijzigingen moet echter in bepaalde gevallen worden toegestaan om het onderzoek van de wijzigingen te vergemakkelijken en de administratieve lasten te verminderen. Een groepering van wijzigingen in de voorwaarden van verscheidene [VHB] van dezelfde vergunninghouder is alleen toegestaan als voor alle desbetreffende vergunningen exact dezelfde groep wijzigingen geldt.” Artikel 1, lid 1, van verordening nr. 1234/2008 bepaalt: „Deze verordening stelt bepalingen vast betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van alle [VHB] van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die overeenkomstig verordening (EG) nr. 726/2004 [van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau ( PB L 136, blz. 1 )], richtlijn 2001/83/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik ( PB L 311, blz. 67 )], richtlijn 2001/82/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ( PB L 311, blz. 1 )], en richtlijn 87/22/EEG [van de Raad van 22 december 1986 tot onderlinge aanpassing van de nationale maatregelen inzake het in de handel brengen van met behulp van hoogwaardige technieken, met name biotechnieken, vervaardigde geneesmiddelen ( PB L 15, blz. 38 )] zijn verleend.” Artikel 2 van verordening nr. 1234/2008 luidt: „Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 1) ‚wijziging in de voorwaarden van een [VHB]’ of ‚wijziging’: elke wijziging van: a) de informatie die bedoeld is in artikel 12, lid 3, tot en met artikel 14 van richtlijn 2001/82/EG en bijlage I bij die richtlijn, in artikel 8, lid 3, tot en met artikel 11 van richtlijn 2001/83/EG en bijlage I bij die richtlijn, in artikel 6, lid 2, en artikel 31, lid 2, van verordening (EG) nr. 726/2004 of artikel 7 van verordening (EG) nr. 1394/2007 [van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van richtlijn 2001/83 en verordening nr. 726/2004 ( PB L 324, blz. 121 )]; [...] 2) ‚kleine wijziging van type IA’: een wijziging die slechts een minimaal effect of überhaupt geen effect heeft op de kwaliteit, veiligheid of werkzaamheid van het desbetreffende geneesmiddel; [...] 9) ‚zuiver nationale [VHB]’: elke [VHB] die door een lidstaat wordt verleend overeenkomstig het acquis buiten de procedure voor wederzijdse erkenning of de gedecentraliseerde procedure en die niet is onderworpen aan volledige harmonisatie op grond van een verwijzingsprocedure.” Artikel 7 van verordening nr. 1234/2008, met als opschrift „Groepering van wijzigingen”, luidt als volgt: „1.   Wanneer kennisgeving wordt gedaan van of een aanvraag wordt ingediend voor verscheidene wijzigingen, wordt voor elke beoogde wijziging een afzonderlijke kennisgeving of aanvraag overeenkomstig hoofdstuk II, hoofdstuk III of artikel 19, naargelang het geval, ingediend. 2.   In afwijking van lid 1 is het volgende van toepassing: a) wanneer op hetzelfde ogenblik aan dezelfde relevante instantie kennisgeving wordt gedaan van dezelfde kleine wijziging of wijzigingen van type IA in de voorwaarden van één of meer [VHB] die in het bezit zijn van dezelfde houder, kan voor al deze wijzigingen één kennisgeving als bedoeld in artikel 8 of 14 worden ingediend; [...]” In artikel 13 bis van verordening nr. 1234/2008, met als opschrift „Kennisgevingsprocedure voor kleine wijzigingen van type IA”, is bepaald: „1.   Wanneer een kleine wijziging van type IA wordt aangebracht, dient de houder bij de bevoegde instantie een kennisgeving in, die de in bijlage IV vermelde elementen bevat. Deze kennisgeving wordt binnen twaalf maanden na de uitvoering van de wijziging ingediend. [...]” Artikel 13 quinquies van die verordening, met als opschrift „Groepering van wijzigingen in zuiver nationale [VHB]”, bepaalt: „1.   Wanneer kennisgeving wordt gedaan van of een aanvraag wordt ingediend voor verscheidene wijzigingen, wordt voor elke beoogde wijziging bij de bevoegde instantie een afzonderlijke kennisgeving of aanvraag overeenkomstig artikel 13 bis, 13 ter, 13 quater of 19, naargelang het geval, ingediend. 2.   In afwijking van lid 1 is het volgende van toepassing: a) wanneer op hetzelfde ogenblik aan dezelfde bevoegde instantie kennisgeving wordt gedaan van dezelfde kleine wijziging of wijzigingen van type IA in de voorwaarden van een of meer [VHB] die in het bezit zijn van dezelfde houder, kan voor al deze wijzigingen één kennisgeving als bedoeld in artikel 13 bis worden ingediend; [...]” Bijlage II bij verordening nr. 1234/2008, met als opschrift „Indeling van wijzigingen”, luidt: „1. De volgende wijzigingen worden ingedeeld als kleine wijzigingen van type IA: a) wijzigingen van louter administratieve aard die verband houden met de identiteit en contactgegevens van: — de houder; — de fabrikant of leverancier van in het fabricageproces of eindproduct gebruikte grondstoffen, reagentia, tussenproducten of werkzame stoffen; [...]” In bijlage IV bij verordening nr. 1234/2008, met als opschrift „In te dienen elementen”, is bepaald: „[...] 5) In geval van wijzigingen in gecentraliseerde vergunningen voor het in de handel brengen, de desbetreffende vergoeding als bedoeld in verordening nr. 297/95. 6) In geval van wijzigingen in door de bevoegde instanties van lidstaten verleende [VHB]: a) een lijst van die lidstaten met een opgave van de referentielidstaat, indien van toepassing; b) de desbetreffende vergoedingen waarin de toepasselijke nationale voorschriften in de betrokken lidstaten voorzien.” Mededelingen van het EMA Artikel 4 bis van de mededeling van het EMA van 22 juli 2013, met als opschrift „Voorschriften voor de tenuitvoerlegging van verordening nr. 297/95 inzake de vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau dienen te worden betaald en andere maatregelen” (EMA/MB/358554/2013) (hierna: „mededeling van 22 juli 2013”), bepaalt: „Groepering van wijzigingen en werkverdelingsprocedures voor wijzigingen 1.   De toepasselijke vergoeding, zoals vastgesteld in verordening nr. 297/95 of in de onderhavige bepalingen, is verschuldigd voor iedere wijziging van een [VHB] die is gegroepeerd in één kennisgeving of in één overeenkomstig artikel 7 van verordening nr. 1234/2008 ingediende aanvraag. [...]” In punt 1.1.5. van de mededeling van het EMA van 9 december 2013, met als opschrift „Toelichting inzake de vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau dienen te worden betaald” (EMA/458574/2013) (hierna: „mededeling van 9 december 2013”) is bepaald: „Groepering en werkverdelingsprocedures voor wijzigingen 1.1.5.1. Groepering van uitbreidingen en/of wijzigingen waarvan kennisgeving wordt gedaan of die worden ingediend overeenkomstig artikel 7, lid 2, van verordening [nr. 1234/2008]. [...] In geval van groepering van dezelfde wijzigingen van type IA in de voorwaarden van verscheidene [VHB] van dezelfde vergunninghouder [zoals is bepaald in artikel 7, lid 2, onder a), van verordening nr. 1234/2008], is de toepasselijke vergoeding verschuldigd voor iedere wijziging van type IA en voor iedere [VHB] waarop de groepering betrekking heeft. Meerdere houders van een [VHB] die door eenzelfde moederonderneming verbonden zijn, vallen tevens onder het begrip „dezelfde houder van een [VHB]”. De vergoeding die verschuldigd is uit hoofde van de groepering moet worden betaald door de houder van de [VHB] die om toepassing van de groeperingsprocedure heeft verzocht. Wanneer een van de uitbreidingen of wijzigingen in een groepering ongeldig wordt geacht, terwijl de overige wel geldig zijn, zijn de hierboven bedoelde toepasselijke vergoedingen verschuldigd voor iedere uitbreiding of wijziging die als geldig wordt beschouwd. [...]” Italiaans recht Decreto legislativo nr. 44 – Attuazione direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali (wetsbesluit nr. 44 houdende uitvoering van richtlijn 93/39/EEG tot wijziging van richtlijnen 65/65/EEG, 75/318/EEG en 75/319/EEG inzake geneesmiddelen) van 18 februari 1997 (gewoon supplement bij GURI nr. 54 van 6 maart 1997) bepaalde in artikel 5, lid 1: „Voor het onderzoek van aanvragen voor een [VHB] van geneesmiddelen en voor verzoeken tot wijziging en verlenging van overeenkomstig decreto legislativo nr. 178 van 29 mei 1991 [...] afgegeven vergunningen moeten aan het ministerie van Volksgezondheid [...] vergoedingen worden betaald die overeenkomen met een vijfde van de bedragen die zijn vastgesteld in verordening nr. 297/95”. Artikel 158, leden 11, onder c), en 12, van decreto legislativo nr. 219 – Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche’ della direttiva 2003/94/CE [wetsbesluit nr. 219 houdende uitvoering van richtlijn 2001/83/EG (en de latere richtlijnen tot wijziging daarvan) tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, en van richtlijn 2003/94/EG] van 24 april 2006 (gewoon supplement bij GURI nr. 142 van 21 juni 2006), luidde als volgt: „11.   Worden bevestigd: [...] c) De vergoedingen die overeenkomstig artikel 5, lid 1, van wetsbesluit nr. 44 van 18 februari 1997 zijn vastgesteld voor het onderzoek van aanvragen voor een VHB van geneesmiddelen en voor verzoeken tot wijziging en verlenging van die vergunningen. 12.   [...] Binnen de grenzen van de in lid 11, onder c), bedoelde vergoedingen, worden de bedragen bij besluit van de minister van Volksgezondheid op voorstel van het AIFA geactualiseerd overeenkomstig de wijzigingen van de aan het EMA verschuldigde vergoedingen. In elk geval mogen de in lid 11, onder c), bedoelde vergoedingen niet minder bedragen dan een vijfde van de in de gemeenschapsverordeningen vastgestelde vergoedingen voor de overeenkomstige verrichtingen van het EMA”. In bijlage 3, punt 2, bij het besluit van de minister van Volksgezondheid van 24 mei 2004 was bepaald: „Wijziging van een [VHB] A. Vergoeding die van toepassing is voor wijzigingen van type I. Deze vergoeding is verschuldigd voor kleine wijzigingen van de [VHB] overeenkomstig de ter zake geldende verordening van de Commissie. Bij een identieke wijziging geldt die vergoeding voor alle toegelaten doseringen, farmaceutische vormen en aanbiedingsvormen [en bedraagt zij] 1392 EUR.” De verwijzende rechter stelt vast dat uit de ten tijde van de feiten in het hoofdgeding toepasselijke regeling blijkt dat de aan het AIFA verschuldigde vergoeding voor kleine wijzingen van type IA 600 EUR bedroeg. Hoofdgeding en prejudiciële vragen Doc Generici is houder van 62 door het AIFA afgegeven VHB. Zij heeft aan die autoriteit gemeld dat het adres van haar statutaire zetel was gewijzigd en heeft dientengevolge verzocht om de wijziging van al haar VHB. Bij brief van 23 maart 2013 heeft het AIFA die onderneming verzocht om betaling van een vergoeding van 600 EUR voor ieder van de 62 VHB die in die zin dienden te worden aangepast, dat wil zeggen een bedrag van 37200 EUR (hierna: „besluit van 23 maart 2013”). Doc Generici heeft bij het Tribunale Amministrativo regionale del Lazio (bestuursrechtbank voor de regio Lazio) beroep ingesteld strekkende tot, ten eerste, nietigverklaring van het besluit van 23 maart 2013 en, ten tweede, betaling van een bedrag van 36600 EUR als schadevergoeding, zijnde het verschil tussen het aan het AIFA betaalde bedrag (37200 EUR) en het bedrag dat zij meent verschuldigd te zijn (600 EUR). Dat beroep is toegewezen op grond van het argument dat één enkele vergoeding van 600 EUR verschuldigd is voor één enkele wijziging die gelijktijdig voor alle geldende vergunningen moet worden aangebracht. De rechter in eerste aanleg heeft zich gebaseerd op de bepaling op grond waarvan „deze vergoeding [geldt] voor alle toegelaten doseringen, farmaceutische vormen en aanbiedingsvormen”, die is opgenomen in zowel bijlage 3 bij genoemd besluit van de minister van Volksgezondheid van 24 mei 2004 als artikel 3, lid 2, onder a), van verordening nr. 297/95. Die rechter was van oordeel dat onder laatstgenoemde bepaling ook de gevallen vielen waarin eenzelfde wijziging betrekking had op meerdere VHB. Volgens hem was die uitlegging in overeenstemming met overweging 6 van verordening nr. 1234/2008, op grond waarvan identieke wijzigingen van vergunningen van eenzelfde vergunninghouder in een enkele kennisgeving mogen worden gegroepeerd teneinde de administratieve lasten van de behandeling ervan te verminderen. Het AIFA heeft tegen die beslissing hoger beroep ingesteld bij de Consiglio di Stato, rechter in laatste aanleg. In de verwijzingsbeslissing merkt die rechterlijke instantie op dat uit de nationale regeling duidelijk blijkt dat, ingevolge de vrije keuze van de Italiaanse wetgever, sinds 1997 de regeling voor de vergoedingen voor door het AIFA afgegeven VHB van geneesmiddelen nauw aansluit bij de Unieregeling. Het bedrag van de nationale vergoeding is namelijk uitgedrukt als een percentage van het bedrag van de vergoeding die het EMA in het kader van de gecentraliseerde procedure int. De Consiglio di Stato vraagt zich af of de rechter in eerste aanleg het Unierecht juist heeft uitgelegd. De Consiglio di Stato is van oordeel dat artikel 3, lid 2, onder a), van verordening nr. 297/95 een ander geval betreft dan hetwelk in het hoofdgeding aan de orde is. Indien de wetgever de bedoeling had gehad om onder die bepaling ook situaties zoals die van het hoofdgeding te laten vallen, zou hij uitdrukkelijk hebben verwezen naar „alle geneesmiddelen waarvoor een vergunning is verleend”, waardoor dienaangaande elke twijfel uitgesloten zou zijn. De verwijzende rechter verwijst naar de mededeling van 9 december 2013. Hoewel die mededeling geen normatieve handeling is, kan dat document een aanwijzing zijn dat binnen de Europese Unie meerdere uitleggingen bestaan van de bepalingen op het vlak van vergoedingen. Voorts vraagt de verwijzende rechter zich af of hij, aangezien hij de rechterlijke instantie in laatste aanleg is en er een objectieve tegenstrijdigheid bestaat tussen de uitleggingen van het Unierecht die in het kader van het hoofdgeding worden voorgesteld, verplicht is het Hof krachtens artikel 267 VWEU te verzoeken om een prejudiciële beslissing. Daarop heeft de Consiglio di Stato de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 3, lid 2, onder a), van verordening nr. 297/95 aldus worden uitgelegd dat voor wijzigingen van vergunningen voor het in de handel brengen van type I – in het bijzonder, wat het hoofdgeding betreft, van type I A – in geval van identieke wijzigingen die betrekking hebben op meerdere vergunningen voor het in de handel brengen die toebehoren aan dezelfde vergunninghouder, één enkele vergoeding moet worden betaald, in de daarin bepaalde omvang, dan wel aldus dat voor iedere vergunning waarop de wijziging betrekking heeft een vergoeding moet worden betaald? 2) Mag dan wel – zoals de verwijzende rechter van oordeel is – moet in omstandigheden als die van de onderhavige zaak de vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie worden voorgelegd?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 2, onder a), van verordening nr. 297/95 aldus moet worden uitgelegd dat een nationale autoriteit mag eisen dat voor de wijziging van het adres van een houder van een VHB zoveel vergoedingen worden betaald als er VHB moeten worden gewijzigd. Wat de vergoedingen voor de diensten van het EMA in geval van wijziging van het adres van de houder van een VHB betreft, volgt uit artikel 4 bis, van de mededeling van 22 juli 2013, gelezen in samenhang met punt 1.1.5.1. van de mededeling van 9 december 2013 dat, in geval van groepering van identieke wijzigingen in de voorwaarden van meerdere VHB die in het bezit zijn van dezelfde vergunninghouder, volgens het EMA de krachtens verordening nr. 297/95 toepasselijke vergoeding verschuldigd is voor iedere wijziging en voor iedere VHB waarop die groepering betrekking heeft. Het is dus duidelijk dat voor een dergelijke wijziging die betrekking heeft op meerdere VHB die toebehoren aan eenzelfde vergunninghouder, de praktijk van het EMA erin bestaat te verlangen dat zoveel vergoedingen worden betaald als er VHB moeten worden gewijzigd. Evenwel moet in herinnering worden gebracht dat uit het opschrift zelf van verordening nr. 297/95 blijkt dat die verordening betrekking heeft op de aan het EMA verschuldigde vergoedingen. Artikel 1 van die verordening, die de werkingssfeer ervan vaststelt, bepaalt in dat verband dat de „vergoedingen die verschuldigd zijn voor het verkrijgen en laten verlengen van communautaire vergunningen om geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik in de handel te brengen en voor de andere door het Bureau verleende diensten, [...] volgens de bepalingen van deze verordening [worden] geïnd”. Het hoofdgeding heeft echter geen betrekking op het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de diensten van het EMA. Het betreft uitsluitend de aan het AIFA verschuldigde vergoedingen. Anders dan de premisse waarop de eerste vraag is gebaseerd en niettegenstaande het feit dat de toepasselijke nationale regeling het bedrag van de aan het AIFA verschuldigde vergoedingen vaststelt onder verwijzing naar verordening nr. 297/95, houdt laatstgenoemde verordening geen verplichtingen in voor de nationale autoriteiten die bevoegd zijn inzake VHB van geneesmiddelen. In dat verband moet in herinnering worden gebracht dat het Hof in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof tot taak heeft de nationale rechter een nuttig antwoord voor de oplossing van het bij hem aanhangige geding te geven. Daartoe dient het Hof de hem voorgelegde vragen in voorkomend geval te herformuleren. Het Hof heeft immers tot taak, alle bepalingen van het recht van de Unie uit te leggen die noodzakelijk zijn voor de beslechting van bij de nationale rechterlijke instanties aanhangige gedingen, ook wanneer die bepalingen niet uitdrukkelijk worden genoemd in de door die rechterlijke instanties gestelde vragen (zie met name arresten Campina, C‑45/06 , EU:C:2007:154 , punten en , en Fuß, C‑243/09 , EU:C:2010:609 , punt ). Derhalve belet de omstandigheid dat de verwijzende rechter zijn vragen formeel heeft beperkt tot de uitlegging van artikel 3, lid 2, van verordening nr. 297/95 het Hof niet om hem alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het recht van de Unie te verschaffen die van nut kunnen zijn voor de beslechting van de bij hem aanhangige zaak, ongeacht of deze rechter er in zijn vragen melding van maakt. Het staat in dit verband aan het Hof om uit alle door de nationale rechter verschafte gegevens, en met name uit de motivering van de verwijzingsbeslissing, de elementen van dat recht te putten die, gelet op het voorwerp van het geschil, uitlegging behoeven (zie in die zin arrest Fuß, C‑243/09 , EU:C:2010:609 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu moet erop worden gewezen dat de verwijzingsbeslissing ook naar verordening nr. 1234/2008 verwijst. Volgens artikel 1, lid 1, van die verordening „stelt [deze] bepalingen vast betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van alle [VHB] van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die overeenkomstig verordening (EG) nr. 726/2004, richtlijn 2001/83/EG, richtlijn 2001/82/EG en richtlijn 87/22/EEG zijn verleend”. Die verordening regelt dus de wijzigingen in alle VHB van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, ongeacht of zij zijn verleend door het EMA volgens gecentraliseerde procedures dan wel door de bevoegde nationale autoriteiten volgens gedecentraliseerde of louter interne procedures. Aangezien verordening nr. 1234/2008 van toepassing is op een situatie als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, moet dus worden nagegaan of de bepalingen van die verordening vereisen of verbieden dat een bevoegde nationale autoriteit een vergoeding int voor iedere VHB die wordt gewijzigd om de adreswijziging van de vergunninghouder in aanmerking te nemen. Uit punt 1, onder a), van bijlage II bij verordening nr. 1234/2008 blijkt dat wijzigingen van louter administratieve aard die verband houden met de identiteit en contactgegevens van de houder van een VHB als kleine wijzigingen van type IA worden ingedeeld. Artikel 7 van verordening nr. 1234/2008 is opgenomen in hoofdstuk I van die verordening, met als opschrift „Algemene bepalingen”, en artikel 13 quinquies van die verordening is opgenomen in hoofdstuk II bis van die verordening, met als opschrift „Wijzigingen in zuiver nationale [VHB]”. Binnen hun respectieve werkingssfeer kan volgens die bepalingen, wanneer op hetzelfde ogenblik aan dezelfde relevante instantie kennisgeving wordt gedaan van dezelfde kleine wijziging van type IA in de voorwaarden van meerdere vergunningen voor het in de handel brengen van dezelfde houder, voor al die wijzigingen één kennisgeving worden ingediend. Krachtens verordening nr. 1234/2008 mogen meerdere identieke verzoeken tot kleine wijzigingen van type IA die op hetzelfde ogenblik worden ingediend dus in één enkele kennisgeving worden gegroepeerd. Volgens overweging 6 van die verordening strekt een dergelijke groepering ertoe „het onderzoek van de wijzigingen te vergemakkelijken en de administratieve lasten te verminderen”, doch dit is „alleen toegestaan als voor alle desbetreffende vergunningen exact dezelfde groep wijzigingen geldt”. Verordening nr. 1234/2008 bevat echter geen bepalingen tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen die door de bevoegde nationale autoriteiten worden geïnd om dergelijke groeperingen van kleine wijzigingen van type IA te behandelen. De vraag of die nationale autoriteiten kunnen verlangen dat, ondanks de groepering van de verzoeken tot wijziging, zoveel vergoedingen worden betaald als er VHB moeten worden gewijzigd, valt bij gebreke van een Unierechtelijke regeling, onder het nationale recht. Uit een en ander volgt dat op de eerste vraag moet worden geantwoord dat noch verordening nr. 297/95 noch verordening nr. 1234/2008 oplegt of verbiedt dat een bevoegde nationale autoriteit eist dat voor een wijziging van het adres van de houder van een VHB, zoveel vergoedingen worden betaald als er VHB moeten worden gewijzigd. Tweede vraag Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of, in omstandigheden als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn en die in herinnering zijn gebracht in de punten 23 tot en met 26 van het onderhavige arrest, artikel 267 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, gehouden is gevolg te geven aan haar verwijzingsverplichting. In herinnering zij gebracht dat volgens artikel 267, lid 3, VWEU een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, gehouden is een vraag van Unierecht die voor haar rijst, te verwijzen, tenzij zij heeft vastgesteld dat de opgeworpen vraag niet relevant is of dat de betrokken bepaling van Unierecht reeds door het Hof is uitgelegd of dat de juiste toepassing van het Unierecht zo evident is, dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan (zie met name arresten Cilfit e.a., 283/81 , EU:C:1982:335 , punt , en Boxus e.a., C‑128/09–C‑131/09, C‑134/09 en C‑135/09 , EU:C:2011:667 , punt ). In de onderhavige zaak volgt uit de door de verwijzende rechter verstrekte toelichtingen dat deze van oordeel is dat hij gehouden is het Hof om een prejudiciële verwijzing te verzoeken. Hij is namelijk van oordeel dat het hoofdgeding een vraag doet rijzen betreffende de uitlegging van het recht van de Unie die pertinent en nieuw is en waarop het antwoord niet zo evident is, dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing ervan. Uit en ander volgt dat op de tweede vraag moet worden geantwoord dat artikel 267 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, in omstandigheden als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, gehouden is gevolg te geven aan haar verwijzingsverplichting. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: 1) Noch verordening (EG) nr. 297/95 van de Raad van 10 februari 1995 inzake de vergoedingen die aan het Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling dienen te worden betaald, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 273/2012 van de Commissie van 27 maart 2012, noch verordening (EG) nr. 1234/2008 van de Commissie van 24 november 2008 betreffende het onderzoek van wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 712/2012 van de Commissie van 3 augustus 2012, legt op of verbiedt dat een bevoegde nationale autoriteit eist dat voor een wijziging van het adres van de houder van een vergunning voor het in de handel brengen, zoveel vergoedingen worden betaald als er vergunningen voor het in de handel brengen moeten worden gewijzigd. 2) Artikel 267 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, in omstandigheden als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, gehouden is gevolg te geven aan haar verwijzingsverplichting. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Italiaans.

62010TJ0389

bg

) […] Производство и искания на страните Жалбата по дело T‑389/10 е подадена в секретариата на Общия съд от SLM на 13 септември 2010 г. Жалбата по дело T‑419/10 е подадена в секретариата на Общия съд от Ori Martin на 14 септември 2010 г. С определение от 29 октомври 2010 г. Общият съд (първи състав) уведомява жалбоподателите, че имат възможност да изменят своите основания и искания, за да отразят измененията, внесени с първото решение за изменение. SLM и Ori Martin не се възползват от тази възможност. С определение от 6 юни 2011 г. Общият съд иска от Комисията да му предостави второто решение за изменение. На 22 юни 2011 г. Комисията предоставя второто решение за изменение. С определение от 30 юни 2011 г. Общият съд (първи състав) уведомява жалбоподателите, че имат възможност да изменят своите основания и искания, за да отразят измененията, внесени с второто решение за изменение. SLM и Ori Martin излагат становищата си по второто решение за изменение, на което са адресати, в рамките на писмените си реплики, подадени на 13 април 2011 г. На 20 октомври 2011 г. Комисията подава оригинала на писмените си реплики на езика на производството, както и бележките си по становищата, представени от SLM и Ori Martin по второто решение за изменение, и с това приключва писмената фаза на производството. Предвид промяната на съставите на Общия съд, считано от 23 септември 2013 г., съдията докладчик е включен в шести състав, на който съответно са разпределени настоящите дела. Предварителните доклади по член 52, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд от 2 май 1991 г. са предоставени на шести състав на 8 ноември 2013 г. По дело T‑389/10, с определение от 17 декември 2013 г. Общият съд приканва страните да изпълнят поредица от процесуално-организационни действия. С писма, съответно от 28 януари и 28 февруари 2014 г., SLM и Комисията представят отговорите си във връзка с тези действия. В отговора си Комисията обаче отбелязва, че не може да изпълни изцяло някои искания за представяне на документи, тъй като исканите документи са ѝ били предоставени при разглеждането на искания за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. SLM изразява становище по тази забележка на Комисията. На 16 май 2014 г., в рамките на предприетите съгласно член 65 от Процедурния си правилник от 2 май 1991 г. действия по събиране на доказателства, Общият съд разпорежда на Комисията да му предостави документите, които същата е отказала да представи в отговор на процесуално-организационните действия, разпоредени на 17 декември 2013 г. Същия ден в рамките на процесуално-организационно действие Общият съд иска от Комисията да представи някои документи относно проучването или действията във връзка с нарушението на етапа на административното производство. Съответно на 27 май и 6 юни 2014 г. Комисията представя исканите документи. По дело T‑419/10, с определение от 17 декември 2013 г. Общият съд приканва страните да изпълнят поредица от процесуално-организационни действия. С писма, съответно от 28 и 30 януари 2014 г., Ori Martin и Комисията представят отговорите си във връзка с тези действия. По време на проведените на 30 юни 2014 г. съдебни заседания са изслушани устните изявления на страните и техните отговори на въпросите, поставени устно и писмено от Общия съд. Освен това страните са приканени да представят становищата си по евентуалното съединяване на разглежданите дела T‑389/10 и T‑419/10 за целите на съдебното решение в съответствие с член 50, параграф 1 от Процедурния правилник от 2 май 1991 г. По дело T‑389/10 SLM иска от Общия съд: — да отмени обжалваното решение; — предвид второто решение за изменение, да определи отново размера на солидарно наложената му глоба с Ori Martin; — с цел събиране на доказателства, на основание член 65, буква в), член 68 и сл. от Процедурния правилник от 2 май 1991 г., да разпореди провеждане на разпит или събиране на свидетелски показания от представителите на Redaelli и ITC по следния въпрос: „Вярно ли е, че SLM не е участвало в срещите във връзка с разглеждания картел преди края на 1999 г.?“ и да поиска от Комисията да представи списък, от който да е виден броят на длъжностните лица, включително директорите и началниците на отдели, които са работили последователно по случая от началото на 2002 г. до юни 2010 г.; — да разпореди на Комисията да заплати натрупаните лихви върху вече платената сума; — да осъди Комисията да заплати съдебните разноски. Комисията иска от Общия съд: — да отхвърли жалбата и исканията за събиране на доказателства; — да осъди SLM да заплати съдебните разноски. По дело T‑419/10 Ori Martin иска от Общия съд: — да отмени обжалваното решение в частта, в която му се вменява отговорността за санкционираните действия; — да отмени или намали размера на наложената му глоба; — да осъди Комисията да заплати съдебните разноски. Комисията иска от Общия съд: — да отхвърли жалбата; — да осъди Ori Martin да заплати съдебните разноски. От правна страна След като изслушва страните по този въпрос (точка 61 по-горе), Общият съд съединява настоящите дела за целите на съдебното решение на основание член 50 от Процедурния правилник от 2 май 1991 г. SLM изтъква няколко основания в подкрепа на жалбата си. Първите две основания са представени като годни да доведат до отмяна на обжалваното решение в засягащата SLM част и се отнасят, от една страна, до нарушаването на принципа на разумния срок и от друга страна, до нарушаването на принципа на добра администрация. Останалите изтъкнати основания са представени като годни да доведат до намаляване на размера на оспорваната глоба. Тези основания се отнасят, първо, до неправилното прилагане на Насоките от 2006 г. вместо на Насоките относно метода за определяне на размера на глобите, налагани съгласно член 15, параграф 2 от Регламент № 17 и член 65, параграф 5 от Договора за Европейска общност за въглища и стомана ( ОВ C 9, 1998 г., стр. 3 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 3, стр. 69, наричана по-нататък „Насоките от 1998 г.“); второ, до нарушаването на законоустановения праг от 10 % и неизпълнението на задължението за мотивиране в това отношение; трето, до неизпълнението на задължението за мотивиране, що се отнася до определянето на тежестта и увеличаването с възпираща цел; четвърто, до нарушаването на принципа на пропорционалност; пето, до неправилната преценка на продължителността на участието на SLM в картела; шесто, до неотчитането на смекчаващи обстоятелства по отношение на SLM; седмо, до неотчитането на изявленията на SLM; осмо, до неотчитането на неспособността на SLM да плати и девето, до погасяването по давност на преследването на нарушението. Вследствие на приемането на второто решение за изменение SLM изменя основанията си и отбелязва нов аспект в спора във връзка с грешките при изчисляването, които Комисията допуснала при определянето на частта от глобата, за която SLM носело самостоятелна отговорност, и частта, за която SLM и Ori Martin носели солидарна отговорност. От отговора на SLM във връзка с процесуално-организационните действия е видно, че вече няма нужда от произнасяне по първоначално изтъкнатите основания относно, от една страна, нарушаването на законоустановения праг от 10 % и неизпълнението на задължението за мотивиране в това отношение — представените в това отношение доводи могат да имат значение единствено за присъждането на съдебни разноски в полза на SLM — и от друга страна, неотчитането на неспособността на SLM да плати. Това е отбелязано по време на съдебното заседание. От своя страна Ori Martin изтъква три основания в подкрепа на жалбата си. Първото основание е изведено от погасяването по давност на преследването на нарушението. Второто основание се отнася до нарушаването на редица правила във връзка с вменяването на отговорността за съответното нарушение на Ori Martin в качеството му на почти едноличен собственик на SLM. С третото основание се оспорват някои аспекти на изчисляването на размера на глобата и се изразяват съмнения относно възможността за прилагане на Насоките от 2006 г. вместо на Насоките от 1998 г. Доводите на SLM и Ori Martin се припокриват по отношение на погасителна давност, възможността за прилагане на Насоките от 2006 г. вместо на Насоките от 1998 г., както и по някои аспекти на изчисляването на размера на глобата. Тези доводи ще бъдат разгледани заедно. А– По погасяването по давност на преследването на нарушението 1. Доводи на страните SLM и Ori Martin твърдят, че в разглеждания случай правото на Комисията да наложи глоби е погасено по давност. Давностният срок започнал да тече на 19 септември 2002 г. — на датата, на която е преустановено извършването на нарушението — и изтекъл на 19 септември 2007 г. Нито едно действие, извършено от Комисията след тази дата и преди изложението на възраженията — а именно исканията относно оборотите на предприятията, становищата ѝ по исканията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, както и проверката, извършена на 7 и 8 юни 2006 г. в помещенията на експерт-счетоводител — не били необходими за проучването на случая или за производството във връзка с нарушението. Следователно изпращането на изложението на възраженията на 30 септември 2008 г. било направено след изтичането на предвидения в член 25 от Регламент № 1/2003 петгодишен срок, считано от деня, в който е преустановено извършването на нарушението. Комисията оспорва тези доводи. 2. Съображения на Общия съд От член 25 от Регламент № 1/2003 следва, че по отношение на правото на Комисията да налага глоби се прилага петгодишен давностен срок при нарушенията на разпоредбите на член 101 ДФЕС. Давностният срок започва да тече от деня, в който е преустановено извършването на нарушението. Давностният срок обаче се прекъсва с всяко действие на Комисията с цел проучването или производството във връзка с нарушението. Писмените искания на Комисията за предоставяне на информация, както и писмените пълномощни за извършване на проверки, издадени от Комисията на нейни длъжностни лица, са изброени като примери сред действията, с които се прекъсва погасителната давност. В това отношение в член 25 от Регламент № 1/2003 ясно се посочва, че погасителната давност се прекъсва ефективно от датата, на която за предприетите действия е уведомено поне едно от предприятията или сдруженията на предприятия, които са участвали в нарушението, и че това прекъсване се прилага за всички предприятия или сдружения на предприятия, които са участвали в нарушението. В разглеждания случай трябва да се отбележи, че в петгодишния срок, считано от 19 септември 2002 г., когато се преустановява извършването на нарушението, Комисията връчва на различни предприятия, участвали в нарушението, редица искания за предоставяне на информация с цел проучването или производството във връзка с нарушението. Във връзка с примерите, които Комисията дава в отговор на въпросите на Общия съд в това отношение, от преписката е видно, че на 19 април 2006 г. тя изпраща на ITC искане за предоставяне на информация, което по-специално се отнася до изпълняваната от италиански експерт-счетоводител функция в картела. Също така е безспорно, че на 7 и 8 юни 2006 г. Комисията извършва проверка, при която изземва редица документи, които са изброени в приложение 5 към обжалваното решение и които ѝ дават възможност да потвърди важни обстоятелства във връзка с Клуб Италия. Действайки по този начин, Комисията ефективно прекъсва давностния срок по отношение на всички предприятия, участвали в нарушението преди 19 септември 2007 г. Следователно правото на Комисията да наложи глоби не е било погасено по давност към момента на приемане на изложението на възраженията на 30 септември 2008 г. или към момента на приемане на първоначалното решение на 30 юни 2010 г. Поради това основанията във връзка с погасителната давност трябва да се отхвърлят като неоснователни. Б– По прилагането на Насоките от 2006 г. вместо на Насоките от 1998 г. 1. Доводи на страните SLM и Ori Martin упрекват Комисията за това, че е приложила Насоките от 2006 г., за да санкционира деяния, извършени преди датата на публикуването им. По-специално SLM твърди, че прилагането с обратна сила на по-строга наказателна норма е в нарушение на принципите на законоустановеност на наказанията и на забраната за прилагане на наказателни норми с обратна сила. Комисията по-специално не можела да противопостави на третите лица правилото относно прилагането във времето, съдържащо се в точка 38 от Насоките от 2006 г., тъй като тези нови насоки не били приети съвместно с други институции или държави членки. Прилагането на Насоките от 2006 г. към положението на SLM също така съставлявало неравно третиране, тъй като на по-голямата част от предприятията — санкционирани за деяния, които са сравними с тези, за които се търси отговорност от SLM по силата на Насоките от 2006 г. — били наложени глоби в по-ограничен размер, от порядъка на 1—5 % от оборота им. Общият съд трябвало да преразгледа размера на глобата с оглед на Насоките от 1998 г., които действали към момента на извършване на деянията и при започването на административното производство. Комисията оспорва тези доводи. 2. Съображения на Общия съд Член 7, параграф 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г., е озаглавен „Неналагане на наказание без закон“ и гласи следното: „Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на неговото извършване не е било определено като престъпление според националното или международното право. Не може да бъде налагано наказание, по-тежко от това, което е било предвидено за съответното престъпление в момента, когато то е било извършено“. Сходна разпоредба се съдържа в Хартата на основните права на Европейския съюз, в чийто член 49, параграф 1 се предвижда, че: „Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно националното или международното право. По същия начин, не може да бъде налагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи това наказание“. В това отношение в член 53 от Хартата на основните права се уточнява, че горепосочената разпоредба не трябва да се тълкува като ограничаваща или накърняваща права на човека и основни свободи, които по-специално са признати от международните конвенции, по които Съюзът или всички държави членки са страни, и по-специално от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Именно в този контекст трябва да се отбележи, че в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 17 на Съвета — Първи регламент за прилагане на членове [101 ДФЕС] и [102 ДФЕС] от Договора ( ОВ 13, стр. 204 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 3), се посочва следното: „2.   С решение Комисията може да налага на предприятията и на сдруженията на предприятия глоби от не по-малко от хиляда и не повече от един милион [евро], като последният размер може да достигне 10 % от оборота, реализиран през предходната стопанска година от всяко от участвалите в нарушението предприятия, когато умишлено или поради небрежност: a) нарушават разпоредбите на член [101], параграф 1 [ДФЕС] или на член [102 ДФЕС] […]. При определяне на размера на глобата се взема предвид както тежестта, така и продължителността на нарушението“. Считано от 1 май 2004 г. тази разпоредба е отменена по силата на член 43 от Регламент № 1/2003 и е заменена с член 23, параграфи 2 и 3 от посочения регламент, където се посочва следното: „2.   С решение Комисията може да налага санкции на предприятия и на сдружения на предприятия, когато умишлено или поради небрежност: а) нарушават член [101 ДФЕС] или [102 ДФЕС] […] За всяко предприятие и сдружение на предприятия, което има участие в нарушението, санкцията не може да надвишава 10 % от общия размер на оборота му за предходната стопанска година. […] 3.   При определяне на размера на санкцията се взема предвид както тежестта, така и продължителността на нарушението“. Впоследствие, на 1 септември 2006 г., Комисията публикува в Официален вестник Насоките от 2006 г. В този документ се излага методът, който Комисията възнамерява да следва при определянето на размера на съответната глоба, налагана на предприятия, извършили нарушения на разпоредбите на член 81 ЕО (впоследствие член 101 ДФЕС). Текстът на точка 38 от Насоките от 2006 г. е следният: „[Насоките от 2006 г.] ще се прилагат във всички случаи, когато изложението на възраженията е нотифицирано след датата на публикуването им в Официален вестник, независимо от това дали глобата е наложена по силата на член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003, или на член 15, параграф 2 от Регламент 17/62“. Насоките от 2006 г. заменят Насоките от 1998 г. В това отношение съгласно постоянната съдебна практика вътрешните правила за поведение, приети от администрацията с цел да произведат правно действие върху трети лица — например икономическите оператори, които е възможно да извършат нарушения на член 101 ДФЕС — макар да не могат да се квалифицират като правни норми със задължителен характер поради самото им естество, същевременно съдържат насочващи правила за поведение, от които самата администрация не може да се отклони в конкретен случай, без да посочи причини, съвместими с принципа на равно третиране (решение от 28 юни 2005 г., Dansk Rørindustri и др./Комисия, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P—C‑208/02 P и C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408 , т. 209 и 210). Следователно Насоките от 2006 г., които представляват такива правила за поведение, попадат в обхвата на понятието „право“ по смисъла на член 7, параграф 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на член 49, параграф 1 от Хартата на основните права (в този смисъл и по аналогия вж. решения Dansk Rørindustri и др./Комисия, т. 92 по-горе, EU:C:2005:408 , т. 216 и от 18 май 2006 г., Archer Daniels Midland и Archer Daniels Midland Ingredients/Комисия, C‑397/03 P, Rec, EU:C:2006:328 , т. 20). Въпреки че тези разпоредби не следва да се тълкуват като забраняващи постепенното изясняване на нормите относно наказателната отговорност, те същевременно могат да се противопоставят на прилагането с обратна сила на ново тълкуване на правна норма, съгласно която дадено деяние представлява нарушение (в този смисъл и по аналогия вж. решение Dansk Rørindustri и др./Комисия, т. 92 по-горе, EU:C:2005:408 , т. 217 и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, цитирана в т. 215 от посоченото решение). Следователно, противно на твърденията на Комисията, само по себе си обстоятелството, че в Насоките от 2006 г. се запазва максималният размер от 10 % от оборота на санкционираните предприятия — който размер е предвиден в член 15, параграф 2 от Регламент № 17, приложим по отношение на деянията, във връзка с които се води настоящия спор — не е достатъчно, за да се докаже, че прилагането на Насоките от 2006 г. не нарушава принципа на забрана за прилагане на наказателни норми с обратна сила. Всъщност този принцип може да се окаже нарушен при прилагане на тълкуване, което не е можело да бъде предвидено разумно към момента на извършване на санкционираното нарушение (решение Dansk Rørindustri и др./Комисия, т. 92 по-горе, EU:C:2005:408 , т. 218). От гореизложеното следва, че насоките трябва да се разглеждат като извършено от Комисията тълкуване във връзка с поведението, която тя се ангажира да следва, ако възнамерява да наложи глоби, а от съдебната практика е видно, че извършваните от Комисията изменения в такива тълкувания са съвместими с принципите на забрана за прилагане на наказателни норми с обратна сила и на правна сигурност, ако измененията могат да се считат за разумно предвидими. Също от съдебната практика следва, че обхватът на понятието „предвидимост“ зависи в голяма степен от съдържанието на съответния текст, от приложното му поле и от броя и качеството на неговите адресати. Предвидимостта на закона допуска съответното лице да прибегне до компетентен съвет, за да оцени в разумна степен при наличните обстоятелства последиците, които могат да възникнат от определен акт. Това се отнася най-вече за лицата, упражняващи професионална дейност, които са свикнали да подхождат с голяма предпазливост при упражняване на професията си и от които може да се очаква, че ще проявят особено внимание при преценката на рисковете, с които са свързани провотивоправните им действия (в този смисъл вж. решение Dansk Rørindustri и др./Комисия, т. 92 по-горе, EU:C:2005:408 , т. 219 и цитираната съдебна практика). Същевременно ефективното прилагане на нормите на Съюза в областта на конкуренцията изисква Комисията да може във всеки момент да адаптира размера на глобите към нуждите на тази политика. От това следва, че предприятията, участващи в административно производство, което може да доведе до налагане на глоба, не могат да основават правните си очаквания нито на това, че Комисията няма да надвиши определяния по-рано размер на глобите, нито на дадена методика за тяхното изчисляване (вж. решение Archer Daniels Midland и Archer Daniels Midland Ingredients/Комисия, т. 93 по-горе, EU:C:2006:328 , т. 21 и 22 и цитираната съдебна практика). Следователно в разглеждания случай съответните предприятия трябва да отчитат възможността Комисията във всеки един момент да реши да увеличи размера на глобите спрямо прилагания такъв в миналото. Това е така не само когато Комисията увеличава размера на глобите в особени хипотези, но и когато това увеличаване се извършва чрез прилагането в конкретни случаи на общоприложими правила за поведение като насоките (вж. решение Archer Daniels Midland и Archer Daniels Midland Ingredients/Комисия, т. 93 по-горе, EU:C:2006:328 , т. 23 и 24 и цитираната съдебна практика). Ето защо тези предприятия нямат основание да приемат, че след като е приела Насоките от 1998 г., Комисията в никакъв случай не е можела да приложи към текущите производства нови насоки, без да наруши оправданите правни очаквания на предприятията. Същевременно трябва да се провери дали условията за прилагане на Насоките от 2006 г. в разглеждания случай отговарят на въведените със съдебната практика изисквания за правна сигурност и предвидимост. В това отношение следва да се припомни, че съгласно точка 38 от Насоките от 2006 г. те се прилагат във всички случаи, когато уведомяването за изложението на възраженията е извършено след датата на публикуването им в Официален вестник. Това публикуване е извършено на 1 септември 2006 г. и тъй като уведомяването за изложението на възраженията в разглеждания случай е извършено не по-рано от 30 септември 2008 г., размерът на наложената глоба съответно е бил изчислен по методологията, предвидена в Насоките от 2006 г. Първо, трябва да се отхвърли изтъкнатият от SLM довод, че Комисията няма правомощия да приеме и да противопостави на третите лица правилото за прилагане във времето, съдържащо в точка 38 от насоките. Всъщност противопоставимостта на това правило — допринасящо за съблюдаването на принципа на правна сигурност, уточнявайки ясно и обективно условията за прилагане във времето на Насоките от 2006 г. — произтича от признатата от съдебната практика възможност Комисията да се самоограничава, уточнявайки условията, при които възнамерява да упражни правото на преценка, предоставено ѝ с Регламент № 1/2003, който представлява правното основание за приемането на обжалваното решение (в този смисъл вж. решения Dansk Rørindustri и др./Комисия, т. 92 по-горе, EU:C:2005:408 , т. 211 и 213 и от 2 февруари 2012 г., Denki Kagaku Kogyo и Denka Chemicals/Комисия, T‑83/08, EU:T:2012:48 , т. 108). Второ, необходимо е съответно да се провери дали приемането на Насоките от 2006 г. е имало достатъчно предвидим характер по смисъла на припомнената в точки 96—100 по-горе съдебна практика. В това отношение, както следва от точки 5—7 от Насоките от 2006 г., основната им новост се състои в това, че за отправна точка за изчисляване на размера на глобата се взема основен размер, определен според стойността на продажбите на стоките или на услугите във връзка с нарушението, според продължителността и според тежестта на нарушението, като освен това се добавя специфична сума с цел възпиране на предприятията от участие в незаконосъобразни дейности. Следователно налага се изводът, че Насоките от 2006 г. почиват на критериите за тежест и за продължителност, които са определени в Регламент № 17 и възпроизведени в Регламент № 1/2003 и които вече са били взети предвид в Насоките от 1998 г. (в този смисъл вж. решение Denki Kagaku Kogyo и Denka Chemicals/Комисия, т. 103 по-горе, EU:T:2012:48 , т. 114). Освен това възможността предвидлив оператор да не може да определи предварително с точност равнището на глобите, които Комисията ще налага във всеки отделен случай, сама по себе си не противоречи на изискването за предвидимост, присъща за принципа на забрана за обратно действие на наказателната норма. Всъщност целите за репресия и възпиране, преследвани от политиката в областта на конкуренцията, могат да обосноват недопускането на възможността предприятията да преценяват точно ползите, които могат да извлекат от участието си в дадено нарушение, както и свързаните с това недостатъци. Достатъчно е предприятията, обръщайки се при необходимост към правен съветник, да могат да предвидят достатъчно точно критериите и приблизителния размер на глобите, които могат да им бъдат наложени. Същевременно, както току-що бе констатирано, взетите предвид критерии в Насоките от 2006 г. произтичат от посочените в Регламент № 17 критерии, които вече са били взети предвид в Насоките от 1998 г. (в този смисъл вж. решения от 22 май 2008 г., Evonik Degussa/Комисия, C‑266/06 P, EU:C:2008:295 , т. 55 и Denki Kagaku Kogyo и Denka Chemicals/Комисия, т. 103 по-горе, EU:T:2012:48 , т. 118). Налага се изводът, че Насоките от 2006 г., и по-конкретно съдържащият се в тях нов метод за определяне на размера на глобите — ако се допусне, че той има за последица увеличаване размера на наложените глоби — са били разумно предвидими за предприятия като SLM към момента на извършване на съответното нарушение. Поради това, прилагайки Насоките от 2006 г. в обжалваното решение при изчисляването на размера на налаганата глоба за извършено преди тяхното приемане нарушение, Комисията не е нарушила принципа на забрана за обратно действие (в този смисъл вж. решение Denki Kagaku Kogyo и Denka Chemicals/Комисия, т. 103 по-горе, EU:T:2012:48 , т. 117 и 124). Следователно основанието във връзка с прилагането на Насоките от 2006 г. вместо на Насоките от 1998 г. трябва да се отхвърли, без да е необходимо Общият съд да се произнася по въпроса дали SLM има основания да твърди, че въпросното прилагане е довело до налагането на по-тежка глоба от тази, която би била наложена, ако бе изчислена въз основа на Насоките от 1998 г. Всъщност, както бе припомнено в точки 99 и 100 по-горе, изтъкнатите от SLM принципи не изключват прилагането на насоките, за които се предполага, че имат утежняващи последици относно равнището на наложените глоби за извършените нарушения, при условие че политиката, която те прилагат, е разумно предвидима във времето, когато съответните нарушения са извършени (вж. решения от 12 декември 2007 г., BASF и UCB/Комисия, T‑101/05 и T‑111/05, Сб., EU:T:2007:380 , т. 233 и 234 и цитираната съдебна практика, и Denki Kagaku Kogyo и Denka Chemicals/Комисия, т. 103 по-горе, EU:T:2012:48 , т. 126 и цитираната съдебна практика). При всички положения трябва да се отбележи, че единствено с обобщаването на елементите, които Комисията използва при изчисляването в обжалваното решение, SLM не доказва, че размерът на глобата, който е щял да му бъде определен по съдържащата се в Насоките от 1998 г. методология, непременно е щял да бъде по-малък. Всъщност в разглеждания случай SLM само изтъква някои съществуващи разлики между Насоките от 2006 г. и Насоките от 1998 г. (допълнителния размер, начините на отчитане на продължителността на нарушението, същността на смекчаващите обстоятелства), без да посочва до какъв резултат би стигнала Комисията, ако бе приложила Насоките от 1998 г., чиято отправна точка за изчисляване също така се различава от използваната в Насоките от 2006 г. Освен това, за да се отговори на SLM — оспорващо строгото прилагане на Насоките от 2006 г., на което несправедливо било подложено, твърдейки че този начин на прилагане представлявал нарушение на принципа на равно третиране — достатъчно е да се отбележи, че този въпрос е различен от въпроса за съвместимостта на прилагането на Насоките от 2006 г. с принципа на забрана за обратно действие. Изтъкнатите в това отношение доводи от SLM ще бъдат разгледани по-нататък във връзка с представените от него идентични доводи относно взетите предвид от Комисията елементи при използването на тези насоки за определянето на размера на оспорваната глоба. Следователно основанието относно неправилното прилагане на Насоките от 2006 г. вместо на Насоките от 1998 г. трябва да се отхвърли като неоснователно. В– По взетите предвид елементи за изчисляване на размера на глобата и по разглеждането на представените пред Комисията доказателства SLM изтъква редица основания относно взетите предвид от Комисията елементи при определянето на размера на глобата. Тези основания са свързани с „липсата на мотиви при определянето на санкцията“; с използването след 2000 г. на европейския оборот на SLM за определянето на основния размер на глобата; с „липсата на мотиви при определянето на общата тежест по отношение на предприятията при определянето на основния размер“ и „липсата на мотиви при определянето на предвидения в точка 25 от насоките допълнителен размер“, както и с нарушаването в това отношение на принципа ne bis in idem; с нарушаването на принципа на пропорционалност и принципа на равно третиране, тъй като санкцията не отчитала в достатъчна степен „твърдяната тежест на нарушението“, „неговите последици“ и „икономическия контекст в сектора“, предходната практика на Комисията или „деянията, за които от SLM и останалите засегнати предприятия се търси отговорност“; с неправилна преценка на продължителността на участието на SLM в нарушението; с неотчитането на смекчаващи обстоятелства, свързани с малкия размер на пазарните му дялове, сътрудничеството с Комисията и „незначителната роля“ на SLM в нарушението, както и с неотчитането на направените изявления във връзка с искането за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. За да улесни разглеждането на тези основания Общият съд предложи, а SLM прие, те да бъдат групирани с оглед на различните етапи, следвани от Комисията при определянето на размера на глобата, а именно, от една страна, взетите предвид елементи за определянето на основния размер (стойност на продажбите, тежест, продължителност, допълнителен размер) и от друга страна, елементите, които може да се вземат предвид за коригиране на този размер (смекчаващи обстоятелства и Известие относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер, способност за плащане). Предвид ще се вземат също така оплакванията на SLM с общ характер относно неизпълнението на задължението за мотивиране или нарушаването на принципите на пропорционалност и на равно третиране. Освен това в рамките на основание, изведено от нарушаването на принципа на добра администрация, SLM обръща внимание на четири аспекта от преписката, от които било видно, че действайки пристрастно и несправедливо, Комисията отхвърлила представените от SLM доказателства, за да се позове на други притежавани от нея доказателства. Тези аспекти се отнасят до разглеждането на представените от SLM фактури в хода на административното производство, придаденото значение на определени срещи на Клуб Италия, на които няма данни SLM да е присъствало, евентуалното значение на датите на получаване на техническите одобрения, необходими за пускането на пазара на стоманата за предварително напрягане (СПН) в различните държави членки на Съюза, и на датата, на която са започнали проверките на лицето, на което е била поверена тази задача от членовете на Клуб Италия. В това отношение трябва да се отбележи, че горните четири аспекта са изтъкнати от SLM и в рамките на различните основания във връзка с взетите предвид елементи при изчисляването на размера на глобата, поради което ще бъдат разгледани заедно. С всички тези доводи по същество се цели да се оспори решението на Комисията, с което се установява, че SLM е участвало в съвкупност от споразумения и съгласувани практики в сектора на СПН от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г., без да се отчита същността и продължителността на участието, които SLM посочва или признава, като SLM твърди, от една страна, че не е участвало в нарушението преди края на 1999 г., и от друга страна, че тогава участието му се е ограничавало до Италия, а едва впоследствие решава да участва на други територии. От своя страна, в рамките на основанието му във връзка с някои аспекти на изчисляването на размера на глобата, Ori Martin твърди, че Комисията е допуснала редица грешки в преценката при прилагането на Насоките от 2006 г. и че са нарушени член 23 от Регламент № 1/2003, принципите на пропорционалност и на равно третиране, принципите на индивидуализиране на наказанията и на законоустановеност, както и че е налице неизпълнение на задължението за мотивиране. Ori Martin по същество прави три оплаквания в рамките на това основание: първото е за неправилна преценка на тежестта на нарушението, за което от SLM се търси отговорност; второто е за незаконосъобразно начисляване на предвидения в точка 25 от Насоките от 2006 г. допълнителен размер, а третото е за неотчитане на някои смекчаващи обстоятелства. Тези оплаквания ще бъдат разгледани едновременно с изложените от SLM твърдения по същите въпроси. По същество трябва да се отбележи, че в рамките на отправените критики към резултата от преценките, извършени от Комисията по съдържащата се в Насоките от 2006 г. методология при определянето на размера на глобата, жалбоподателите твърдят, че не са били надлежно отчетени особеностите на участието на SLM в нарушението, което било едновременно със закъснял и ограничен характер. 1. Предварителни бележки а) Съдържание на обжалваното решение От член 1 от обжалваното решение следва, че SLM и Ori Martin са нарушили член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП, тъй като от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г. — що се отнася до SLM — и от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г. — що се отнася до Ori Martin — са участвали в „съвкупност от споразумения и съгласувани практики в сектора на СПН във вътрешния пазар, а от 1 януари 1994 г. — в рамките на ЕИП“ (наричани по-нататък „картелът“ или „разглежданото едно-единствено нарушение“; като съгласно обичайно използваната терминология нарушението също така е комплексно и продължено). Съставни части на картела и квалифициране като едно-единствено нарушение В съображение 122 от обжалваното решение картелът е описан като „общоевропейска договореност, състояща се от т.нар. етап „Цюрих“ и т.нар. „европейски“ етап и/или от национални/регионални договорки според случая“. Съображения 123—135 от обжалваното решение представят накратко тези различни споразумения и съгласувани практики, които след това са подробно изложени и преценени от гледна точка на член 101, параграф 1 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП. В резюме, картелът се състои от следните договорки: — Клубът Цюрих, тоест първият етап от общоевропейското споразумение. Това споразумение съществува от 1 януари 1984 г. до 9 януари 1996 г. и включва определяне на квоти по страни (Германия, Австрия, Бенелюкс, Франция, Италия и Испания), разпределяне на клиенти, цени и обмен на чувствителна търговска информация. В него участват Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK и Redaelli, което представлява редица италиански предприятия поне от 1993 г. и от 1995 г. насам, към които впоследствие се присъединяват Emesa през 1992 г. и Tycsa през 1993 г. — Клубът Италия — национална договореност, която съществува от 5 декември 1995 г. до 19 септември 2002 г. Това споразумение засяга определянето на квоти за Италия и износа от тази страна към останалата част от Европа. В него участват италианските предприятия Redaelli, ITC, CB и Itas, към които впоследствие се присъединяват Tréfileurope и Tréfileurope Italia (на 3 април 1995 г.), SLM (на 10 февруари 1997 г.), Trame (на 4 март 1997 г.), Tycsa (на 17 декември 1996 г.), DWK (на 24 февруари 1997 г.) и Austria Draht (на 15 април 1997 г.). — споразумението за Юга — регионална договореност, по която италианските предприятия Redaelli, ITC, CB и Itas преговарят и която сключват през 1996 г. с Tycsa и Tréfileurope, за да определят степента на навлизане на всеки от участниците в южните страни (Испания, Италия, Франция, Белгия и Люксембург) и да се ангажират за съвместно договаряне на квотите с другите производители от Северна Европа. — Клубът Европа, тоест вторият етап от общоевропейското споразумение. Това споразумение е сключено през май 1997 г. от Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa и Emesa (наричани „постоянните членове“ или „шестимата производители“) и действието му приключва през септември 2002 г. Споразумението е имало за цел да се преодолее кризата с Клуб Цюрих, да се поделят нови квоти (изчислени за периода от четвъртото тримесечие на 1995 г. до първото тримесечие на 1997 г.), да се разпредели клиентелата и да се определят цените. Шестимата производители договарят правила за координиране, включително определянето на координатори, които отговарят за прилагането на договорките по страни и за координирането с другите заинтересовани предприятия, извършващи дейност в съответните страни или по отношение на същите клиенти. Техните представители се срещат редовно на различни равнища, за да следят прилагането на договорките. Те обменяли чувствителна търговска информация. При отклонение от договореното поведение се е прилагала адекватна система за компенсиране. — координацията по отношение на клиента Addtek. В рамките на това общоевропейско споразумение „шестимата производители“, към които понякога се присъединяват италианските производители и Fundia, са поддържали и двустранни (или многостранни) контакти и са участвали в определянето на цени и в разпределянето на клиентела на ad hoc принцип, ако са имали интерес. Например Tréfileurope, Nedri, WDI, Tycsa, Emesa, CB и Fundia координират заедно цените и обемите за клиента Addtek. Тези проекти се отнасят главно за Финландия, Швеция и Норвегия, но и за Нидерландия, Германия, балтийските държави и Централна и Източна Европа. Координацията по отношение на клиента Addtek вече се извършва по време на етапа на Клуб Цюрих от общоевропейското споразумение и продължава поне до края на 2001 г. — обсъжданията между Клуб Европа и Клуб Италия. През периода, продължил поне от септември 2000 г. до септември 2002 г., шестимата производители, ITC, CB, Redaelli, Itas и SLM се срещат редовно с цел включване на италианските предприятия в Клуб Европа в качеството на постоянни членове. Италианските предприятия са желаели да увеличат италианската квота в Европа, докато Клубът Европа е поддържал статуквото. За целта се провеждат срещи в рамките на Клуб Италия, за да се приеме единна позиция, срещи в рамките на Клуб Европа, за да се разгледа тази позиция и/или да се определи собствена позиция, и срещи между участниците в Клуб Европа и италианските представители, за да се стигне до споразумение по разпределянето на италианската квота на даден пазар. Участвалите предприятия са обменяли чувствителна търговска информация. Тези предприятия се договарят, за нуждите на преразпределението на европейската квота с цел включването на италианските производители, да използват нов референтен период (от 30 юни 2000 г. до 30 юни 2001 г.). Тези предприятия също така се споразумяват по обема на общия износ на италианските предприятия в Европа, който последните са си разпределяли по страни. Успоредно с това членовете на Клуб Европа обсъждат цените, като целят приемането в европейски мащаб на прилагания от италианските производители в рамките на Клуб Италия механизъм за определяне на цените. — Клубът España. Успоредно с общоевропейската договореност и Клуб Италия пет испански предприятия (Trefilerías Quijano, Tycsa, Emesa, Galycas и Proderac, последното от май 1994 г.) и две португалски предприятия (Socitrel от април 1994 г. и Fapricela от декември 1998 г.) се договарят — по отношение на Испания и Португалия и за период, продължил поне от декември 1992 г. до септември 2002 г. — да поддържат пазарния си дял стабилен и да определят квоти, да разпределят клиенти, включително за обществените поръчки за строителство, и да определят цените и условията за плащане. Те също така обменят чувствителна търговска информация. Според Комисията всички описани по-горе договорки се квалифицират като едно-единствено продължено нарушение на член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (обжалвано решение, съображения 135 и 609, както и точка 12.2.2). Комисията по-специално счита, че горепосочените договорки са част от цялостен план, определящ насоките за действие на членовете на картела във всички географски зони, и че „тези предприятия са ограничили индивидуалното си търговско поведение, за да постигнат единна антиконкурентна цел и единна антиконкурентна търговска цел, а именно да нарушат или да премахнат нормалните конкурентни условия на пазара на СПН в ЕИП и да установят общо равновесие, по-специално чрез определянето на цени и квоти, разпределянето на клиенти и обмена на чувствителна търговска информация“ (обжалвано решение, съображение 610 и точка 9.3). В това отношение Комисията посочва следното: „Планът, към който се присъединяват DWK, WDI, Tréfileurope, Tycsa, Emesa, Fundia, Austria Draht, Redaelli, CB, ITC, Itas, SLM, Trame, Proderac, Fapricela, Socitrel, Galycas и Trefilerías Quijano (не всички едновременно), е разработен и приведен в действие през период, продължил поне осемнадесет години, чрез съвкупност от тайни договорки, специални споразумения и/или съгласувани практики, които преследват една и съща обща цел за ограничаване на конкуренцията между участниците и използват сходни механизми за преследване на посочената цел (вж. точка 9.3.1). Дори когато дадена договорка е създавала проблем, други договорки са продължавали да действат нормално“ (обжалвано решение, съображение 612). Обстоятелства, приети за установени по отношение на SLM В обжалваното решение Комисията констатира, че SLM е участвало пряко в картела и по-специално в Клуб Италия и във включването на италианските производители в Клуб Европа от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г. (обжалвано решение, съображение 862). В това отношение Комисията се позовава на следните обстоятелства, изложени в съображения 474—478 от обжалваното решение в част, посветена на индивидуалното участието на SLM в Клуб Италия: „(474) Що се отнася до SLM, множество признаци показват, че то е било в течение на италианското споразумение от 18 декември 1995 г., когато се решава наред с останалото SLM да бъде уведомено за новите цени, които трябва да се прилагат през 1996 г. […]. Също така по време на срещата на 17 декември 1996 г. […] е раздадена таблица, показваща разпределянето на съответните тонове по клиент и определянето на основните доставчици за определен брой клиенти на италианския пазар през 1997 г. Въпреки че колоните на SLM остават празни, отбелязването на предприятието в таблицата е признак за това, че обсъждания между страните трябва да са били проведени или най-малкото да са били предвидени. Положението на SLM отново е обсъждано на срещите на 17 януари 1997 г. и 27 януари 1997 г. Първото доказано разпределяне на квоти за SLM е извършено на срещата на 10 февруари 1997 г., която дата Комисията счита за начална дата на участието на SLM в италианското споразумение. Всъщност в ръкописните бележки на ITC […], водени по време на тази среща, се вижда списък с обеми, които са доставени (за доставяне) на определени клиенти, между SLM, от една страна, и Redaelli, CB, Tycsa, ITC […], от друга страна. Бележките на ITC изрично показват, че CB и ITC са получили данните за свързаните с SLM продажби от страна [на представител на SLM]. Положението на SLM е обсъждано и на 7 април 1997 г. Освен това са налице точни доказателства за участието на SLM в над сто свързани с италианския пазар срещи между 15 април 1997 г. и септември 2002 г. Когато не е било представено, положението на SLM е било обсъждано между другите членове на Клуб Италия и това разкрива непрекъснатия му принос и участие в Клуб Италия. (475) Самото SLM потвърждава, че е участвало в Клуб Италия от края на 1999 г. до 2002 г. чрез посредничеството на [двама представители на SLM] и признава, че през 2001 г. ръководството на предприятието също е участвало н няколко срещи между европейски производители в хотел Villa Malpensa. Накрая, SLM декларира, че по време на среща в седалището на Redaelli, проведена в края на 1998 г. или началото на 1999 г., то е било поканено да участва в периодичните срещи или в обсъжданията на производствените ограничения. Първоначално то отказало, но впоследствие решило да вземе участие. (476) Същевременно SLM оспорва направените от Комисията изводи, що се отнася до началната дата на участие в картела, като твърди, че е участвало единствено в Клуб Италия от края на 1999 г. Първо, SLM твърди, че не е било представено на срещата на 10 февруари 1997 г. Комисията обаче отбелязва, че от писмените доказателства, с които разполага относно срещата на 10 февруари 1997 г. (ръкописните бележки на ITC), е видно подробно разпределяне на квоти за определени клиенти, по специално по отношение на SLM. Както бе разяснено по-горе, данните са били предоставени от […] самия представител на SLM […], което показва, че SLM е обменило своята информация преди срещата. Ето защо твърдяното от него отсъствие от тази среща не може да се вземе предвид. (477) Макар на 4 март 1997 г. SLM да изразява съмнения относно бъдещото си положение в картела, то продължава да участва в срещите на картела от следващия месец, тоест от срещата на 15 април 1997 г., по време на която са били определени цените на суровините и продажните цени за Франция, Испания и Германия и са проведени обсъждания по реализираните от Redaelli продажби към определен брой клиенти, както и по предложенията, направени от SLM и CB на клиентите. SLM всъщност продължава да участва редовно в срещите на Клуб Италия и в обсъжданията с другите участници в картела до датата, на която Комисията извършва проверките си. Противно на твърденията на SLM „съмненията“ му със сигурност не могат да се тълкуват като прекъсване на участието му в картела. (478) Макар според Redaelli SLM да не се е присъединило към споразумението за подялба на италианския пазар от самото начало, ITC, Tréfileurope и CB потвърждават участието на SLM в срещите на Клуб Италия. Тъй като SLM от началото е знаело за италианското споразумение (решение на членовете да уведомят SLM), въз основа на писмените доказателства […] Комисията приема, че непрекъснатото участие на SLM е започнало на 10 февруари 1997 г. и е приключило на 19 септември 2002 г.“. В съображения 649 и 650 от обжалваното решение, в частта относно характера на нарушението като едно-единствено, комплексно и продължено, Комисията подчертава следното: „(649) Що се отнася до SLM, освен че участва в Клуб Италия от 10 февруари 1997 г. […], то също така взема участие в обсъжданията по разширяването на Клуб Европа от 11 септември 2000 г. нататък […]. SLM не оспорва, че е присъствало на посочената среща на 11 септември 2000 г. Същевременно дори преди тази дата SLM е знаело или и е трябвало да знае, че Клуб Италия, в който участва, е бил съставна част от по-широка система, включваща и общоевропейска част. Първо, Комисията разполага с доказателства, че на ранен етап от участието му в Клуб Италия SLM се е срещнало с участващи в други клубове предприятия, като например DWK, Tréfileurope (участник в общоевропейското споразумение) и Tycsa (участник в общоевропейското споразумение и в Клуб España), и че е провело обсъждания с тях по приложимите за европейския пазар условия. Например по време на срещата им на 15 април 1997 г. те са засегнали въпроса за цените в редица европейски страни (Франция, Испания и Германия), както и вноса и износа […]. След това, на 29 ноември 1999 г. […], SLM провежда среща с Redaelli, Austria Draht, Tréfileurope, Tycsa и DWK, по време на която се обсъждат не само цените, прилагани в Испания и Португалия от две участващи в Клуб España предприятия, а именно Emesa и Fapricela, но също и Addtek, което е най-големият клиент на скандинавския пазар и около което се оформя „Скандинавският клуб“ […]. SLM участва и в обсъждане относно положението и характерните проблеми на европейския пазар, проведено на 18 януари 2000 г. (с Redaelli, ITC, Itas, AFT/Tréfileurope Italia, CB, Nedri, Tycsa и Tréfileurope). На 21 февруари 2000 г. SLM се среща с Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope Italia, CB, Tréfileurope, DWK и Tycsa (с последното комуникацията е по телефона) и обсъжда по-специално обема в Испания и ценово увеличение в Германия […]. По време на среща, проведена на 13 март 2000 г. между SLM, Redaelli, ITC, Itas, CB, Tréfileurope Italia, DWK, Tycsa и Trame е засегнато положението в Нидерландия и Швейцария. На 15 май 2000 г. в присъствието на SLM, ITC, Itas, Tréfileurope Italia, CB, SLM, Trame и DWK, Tréfileurope декларира, че Клуб Европа и Клуб Италия са в криза. Накрая, на 12 юни 2000 г. SLM присъства на среща с Redaelli, ITC, ITAS, Tréfileurope Italia CB, Trame, Tycsa и DWK, на която се отбелязва, че Клуб Европа се оплаква от Tycsa […]. (650) Следователно установено е в достатъчна степен, че поне от 29 ноември 1999 г. SLM е знаело или е трябвало да знае, че с участието си в Клуб Италия взема участие в по-глобална система, включваща различни равнища, чиято цел е стабилизирането на пазара на СПН, за да се избегне понижаване на цените“. Освен това, в отговор на становището на SLM по участието му в Клуб Италия преди края на 1999 г., Комисията посочва следното: „(863) SLM оспорва участието си в картела и по-специално в Клуб Италия до края на 1999 г. Участието му в Клуб Италия от 10 февруари 1997 г. нататък обаче е ясно установено въз основа на писмени доказателства и редица изявления в искания за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, направени от ITC, Tréfileurope и CB […]. SLM също така твърди, че въпреки участието му в някои срещи на Клуб Италия то възприело агресивна търговска политика, че не одобрило незаконосъобразното споразумение и че обменяло данни с конкурентите си, които макар и достоверни, не винаги били реални и верни. В това отношение е достатъчно отново да се отбележи, че е забранен всеки пряк или косвен контакт между конкуренти, който има за цел или последица оказване на влияние върху пазарното поведение на реален или потенциален конкурент или може да разкрие на такъв конкурент поведението, което конкурентите са решили да възприемат или възнамеряват да възприемат на пазара […]. Поради това за възникването на отговорността е достатъчно самото участие в срещи с антиконкурентен характер. Това, че SLM не е спазило картелните споразумения, няма голямо значение. Всъщност измамата е елемент, присъщ на всеки картел […]. Освен това самото SLM признава, че е участвало в срещите с цел увеличаване или поне съхраняване на клиентелата си“. В отговор на становището на SLM относно Клуб Европа Комисията посочва: „(864) SLM освен това твърди, че не е участвало във включването на италиански производители в Клуб Европа от 11 септември 2000 г. до 19 септември 2002 г. В това отношение SLM посочва, че единствено е участвало в девет от петдесет и една срещи на Клуб Европа на доста късен етап и то само по настояването на другите италиански производители. SLM твърди също, че не е имало интерес от участие в Клуб Европа, тъй като не е разполагало с необходимите сертификати за повечето от засегнатите страни. Накрая, според SLM участието му в срещите на Клуб Европа се дължало на небрежност. (865) Комисията констатира, че в период от едва две години (между 11 септември 2000 г. и 19 септември 2002 г.) SLM е участвало на равни интервали в девет срещи на Клуб Европа […]. Трябва да се отбележи, че присъствието на SLM също така е било очаквано на две допълнителни срещи (23 юли 2001 г. и 25 юли 2001 г.). Следователно установено е, че SLM е постоянен участник в Клуб Европа от етапа на разширяването. При това положение причините или интересите, поради които SLM се е присъединило към срещите на картела, или фактът, че не е разполагало със сертификат за някои, а дори и за повечето страни, няма никакво значение. Дори SLM да не разполага със сертификат за всички засегнати от картела страни, участието му в срещите може действително да е оказало влияние върху неговото поведение, по-специално върху решенията да поиска сертификат […]. При всички положения Клуб Европа е обхващал Италия и редица други страни, в които SLM е продавало, поради което SLM със сигурност е имало интерес от обсъжданията. Накрая, Комисията още веднъж отбелязва, че евентуалната небрежност не може да освободи съответното предприятие от отговорността му за участието в картел. Ето защо Комисията стига до извода, че SLM трябва да носи отговорност за участието си в Клуб Европа от 11 септември 2000 г. до 19 септември 2002 г. (866) При всички положения също така е установено, че от 10 февруари 1997 г. SLM е участвало в Клуб Италия […]. Ето защо SLM носи отговорност за участието си в картела от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г.“. Положението на Ori Martin След като в съображение 866 от обжалваното решение отбелязва, че SLM носи отговорност за участието си в картела от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г., Комисията описва положението на Ori Martin по следния начин: „(867) От 1 януари 1999 г. SLM се намира изцяло под контрола на Ori Martin SA (което на 31 октомври 2001 г. прехвърля 2 % на Ori Martin Lux SA). (868) Като се има предвид, че Ori Martin притежава (почти) изцяло SLM от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г., Комисията счита, че Ori Martin е упражнявало решаващо влияние върху SLM. (869) В отговора си на изложението на възраженията Ori Martin не оспорва преценените от Комисията факти, но твърди, че не може да се счита за солидарно отговорно със SLM. По-специално то твърди, че Комисията не е доказала надлежно упражняването от негова страна на решаващо влияние върху SLM. Според Ori Martin тази презумпция противоречи на принципа на лична отговорност и твърди, че Комисията не е доказала прякото или косвеното участие на Ori Martin в нарушението. (870) Съгласно постоянната съдебна практика […] Комисията може да презумира, че дружествата майки упражняват решаващо влияние върху изцяло притежаваното от тях дъщерно дружество. Когато се прилага тази презумпция, дружеството майка трябва да обори презумпцията, като представи доказателства, от които е видно, че дъщерно му дружество е определяло поведението си на пазара независимо. Неспособността на дружеството майка да представи достатъчно доказателства потвърждава презумпцията и дава достатъчно основание за вменяване на отговорността. (871) Твърдението за липса на пряко участие на дружеството майка в антиконкурентното поведение и евентуалното му незнание са ирелевантни. Противно на това твърдение, вменяването на отговорност на дружество майка за извършеното от дъщерното му дружество нарушение произтича от факта, че двата субекта формират едно-единствено предприятие за нуждите на общностните правила в областта на конкуренцията, а не от доказването на участието на дружеството майка или от това, че е знаело за нарушението. (872) Накрая, във връзка с принципа на лична отговорност, Комисията констатира, че член 101 [ДФЕС] се отнася за „предприятия“, които могат да включват няколко правни субекта. При това положение принципът на лична отговорност не се нарушава, ако различни правни субекти носят отговорност въз основа на обстоятелства, свързани със собствената им роля и с тяхното поведение в рамките на същото предприятие. В хипотезата на дружества майки отговорността се установява въз основа на упражнявания от тях действителен контрол върху търговската политика на дъщерните дружества, които фактически са участвали в деянията (вж. точка 13). (873) Освен това Ori Martin твърди, че не е упражнявало решаващо влияние върху SLM, което винаги упражнявало дейността си самостоятелно в сектора на СПН. Това се доказвало от факта, че SLM не било длъжно да се отчита на Ori Martin, което впрочем било финансово холдингово дружество и съответно не вземало решения относно търговската му политика. (874) Комисията отбелязва, че сам по себе си фактът, че дадено предприятие е финансово холдингово дружество, не изключва възможността то да упражнява решаващо влияние върху дъщерните си дружества. В качеството на акционер Ori Martin също така е имало интерес и роля спрямо дъщерното си дружество SLM с цел опазване на финансовите си имуществени интереси. Накрая, докато Ori Martin твърди, че не е имало дейност в обхванатия от картела сектор, Комисията констатира, че дъщерното му дружество Ori Martin SpA е извършвало дейност именно в сектора на стоманата и че съответно търговската дейност на SLM е била свързана с дейността на групата. При това положение Ori Martin не може да се квалифицира като чисто холдингово дружество и при всички положения не може да избегне понасянето на отговорността си. (875) Ето защо адресати на настоящото решение са SLM и Ori Martin. SLM носи отговорност за периода от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г. Ori Martin е солидарно отговорно за неправомерното поведение на SLM за периода от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г.“. Изчисляване на размера на глобата, наложена на SLM и Ori Martin Размерът на глобата, наложена на SLM и Ori Martin, е изчислен от Комисията в съответствие със съдържащата се в Насоките от 2006 г. методология (обжалвано решение, съображения 920—926). Комисията е използвала следните елементи за изчисляването: — използваната стойност на продажбите е определена на 15,86 милиона евро (първото решение за изменение, съображение 5); — процентът от стойността на продажбите на SLM, който е взет предвид при изчисляването на основния размер, е 19 % (обжалвано решение, съображение 953); — продължителността на участие в картела — 5 години и 7 месеца за SLM и 3 години и 8 месеца за Ori Martin — води до прилагане на коефициент за умножение от 5,58 за SLM и 3,66 за Ori Martin (първото решение за изменение, съображение 7); — Комисията използва коефициент от 19 % при определянето на допълнителния размер (обжалвано решение, съображение 962); — основният размер е определен на 19,8 милиона евро (първото решение за изменение, съображение 9); — не е отчетено никакво отегчаващо или смекчаващо обстоятелство; — размерът на глобата преди прилагането на прага от 10 % от оборота е определен на 19,8 милиона евро (първото решение за изменение, съображение 10); — искането на SLM да се ползва от намаляване въз основа на Известието относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер е отхвърлено (обжалвано решение, съображения 1126—1129); — размерът на глобата, който е определен след отчитането на прага от 10 %, е сведен на 15,956 милиона евро, така че глобата, за която SLM отговаря самостоятелно, да съответства на максималния размер от 10 % от оборота на дружеството (второто решение за изменение, съображения 17 и 19); — представеното от SLM искане за намаляване с оглед на способността му за плащане е отхвърлено предвид първоначално определения размер в обжалваното решение (обжалвано решение, съображения 1169—1172); — окончателният размер на наложената на SLM глоба е 15,956 милиона евро поради участието му в картела в периода от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г., от която глоба Ori Martin е обявено за солидарно отговорно за сумата от 14 милиона евро (обжалвано решение, членове 1 и 2 и второто решение за изменение, съображение 21 и член 1, точка 2), като SLM самостоятелно отговаря за заплащането на 1,956 милиона евро поради участието си в картела в периода от 10 февруари 1997 г. до 31 декември 1998 г. (обжалвано решение, членове 1 и 2 и второто решение за изменение, член 1, точка 2). б) Припомняне на принципи От член 49, параграф 3 от Хартата на основните права следва, че тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо нарушението. В това отношение член 101, параграф 1 ДФЕС и член 53, параграф 1 от Споразумението за ЕИП изрично посочват като несъвместими с вътрешния пазар споразуменията и съгласуваните практики, които пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията, или ограничават или контролират производството или пазарите. Нарушенията от този вид, по-специално когато става въпрос за хоризонтални картели, са квалифицирани от съдебната практика като особено тежки, тъй като имат пряко отражение върху съществените параметри на конкуренцията на съответния пазар (решение от 11 март 1999 г., Thyssen Stahl/Комисия, T‑141/94, Rec, EU:T:1999:48 , т. 675). Съгласно член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003 Комисията може да налага глоба на предприятията, които участват в такова нарушение, при условие че за всяко предприятие, което има участие в нарушението, глобата не надвишава 10 % от общия размер на оборота му за предходната финансова година. Член 23, параграф 3 от посочения регламент посочва също, че при определяне на размера на глобата се вземат предвид както тежестта, така и продължителността на нарушението. В това отношение от постоянната съдебна практика следва, че при определянето на размера на глобите следва да се отчетат всички елементи, които могат да повлияят на преценката на тежестта на горепосочените нарушения, например по-специално ролята, изпълнявана от всяка от страните в нарушението, и рискът, който този вид нарушения представляват за целите на Съюза. Когато нарушението е извършено от няколко предприятия, следва да се разгледа относителната тежест на участието на всяко от тях (вж. решение от 8 юли 1999 г., Hercules Chemicals/Комисия, C‑51/92 P, Rec, EU:C:1999:357 , т. 110 и цитираната съдебна практика). Също така фактът, че дадено предприятие не е участвало във всички съставни елементи на даден картел или че е имало незначителна роля в областта, в която е участвало, трябва да се вземе предвид при преценката на тежестта на нарушението и евентуално при определянето на размера на глобата (решения от 8 юли 1999 г., Комисия/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356 , т. 90 и от 7 януари 2004 г., Aalborg Portland и др./Комисия, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P и C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6 , т. 86). Когато е налице по-специално едно-единствено нарушение, по смисъла на комплексно нарушение, което обединява съвкупност от споразумения и съгласувани практики на отделни пазари, в които извършват дейност не всички нарушители или те могат да знаят само отчасти за общия план, санкциите трябва да бъдат индивидуализирани, в смисъл, че трябва да са съобразени с поведението и с присъщите на съответните предприятия характерни особености (вж. по аналогия решение от 7 юни 2007 г., Britannia Alloys & Chemicals/Комисия, C‑76/06 P, Сб., EU:C:2007:326 , т. 44). В този контекст принципът на пропорционалност налага глобата да бъде определена съразмерно на елементите, които трябва да се вземат предвид както за преценката на обективната тежест на самото нарушение, така и за преценката на относителната тежест на участието в нарушението на санкционираното предприятие (вж. — в този смисъл и предвид разграничението, което се прави оттогава между обективната тежест на нарушението по смисъла на точки 22 и 23 от Насоките от 2006 г. и относителната тежест на участието в нарушението на санкционираното предприятие, преценена от гледна точка на характерните за това предприятие обстоятелства по смисъла на точка 27 и сл. от тези насоки — решение от 27 септември 2006 г., Jungbunzlauer/Комисия, T‑43/02, Rec, EU:T:2006:270 , т. 226—228 и цитираната съдебна практика). Така в областта на санкциите, налагани за нарушение на правото на конкуренцията в областта на картелите, Комисията трябва да се погрижи да индивидуализира наказанията във връзка с нарушението, като вземе предвид конкретното положение на всеки нарушител (вж. в този смисъл решения от 15 септември 2011 г., Lucite International и Lucite International UK/Комисия, T‑216/06, EU:T:2011:475 , т. 87 и 88 и от 14 май 2014 г., Donau Chemie/Комисия, T‑406/09, Сб., EU:T:2014:254 , т. 92). В това отношение нарушител, който не носи отговорност за някои части от едно-единствено нарушение, не може да е имал роля при привеждането в изпълнение на посочените части. Поради ограничения обхват на установеното по отношение на него нарушение неспазването на правото в областта на конкуренцията непременно е по-малко тежко от това на нарушителите, участвали във всички части от нарушението. На практика индивидуализирането на наказанието с оглед на нарушението може да се извърши на различни етапи от определянето на размера на глобата, какъвто е случаят в обжалваното решение. Първо, Комисията може да признае спецификата на участието на дадено предприятие в нарушението на етапа на преценката на обективната тежест на разглежданото едно-единствено нарушение. В настоящия случай доказателствата, които тя е взела предвид на този етап, са, от една страна, материалното ограничение (случаят на Fundia, което е участвало само в координацията относно Addtek) или географското ограничение (случаят на Socitrel, Fapricela и Proderac, които са участвали само в Клуб España, който е обхващал само Испания и Португалия) на участието в разглежданото едно-единствено нарушение, и от друга страна, късното запознаване с неговото общоевропейско измерение (май 2001 г. за горепосочените предприятия). Второ, Комисията може да признае спецификата на участието на дадено предприятие в нарушението на етапа на преценката на смекчаващите обстоятелства, посочени в точка 29 от Насоките от 2006 г. във връзка с общата оценка на всички релевантни обстоятелства (вж. точка 27 от Насоките от 2006 г.). Макар никое от предприятията да не е могло да представи исканото от Комисията доказателство, че нарушението е било извършено в резултат на небрежност, Комисията признава, че ролята на Proderac и на Trame (Emme) е била значително по-ограничена отколкото тази на другите участници в картела и че съответно трябва да им се предостави намаление на глобата (в конкретния случай 5 %). Трето, Комисията може да признае спецификата на участието на дадено предприятие в нарушението на етап, следващ този на преценката на обективната тежест на нарушението или на смекчаващите обстоятелства, изтъкнати от съответните предприятия. Така точка 36 от Насоките от 2006 г. посочва, че Комисията може в някои случаи да наложи символична глоба и че също така може, както е посочено в точка 37 от тези насоки, да се отклони от представената обща методология за определяне на глобите предвид по-специално на особеностите на даден случай. В настоящия случай нито в първоначалния етап на преценката на тежестта на самото нарушение, нито на следващия етап на обсъждането относно смекчаващите обстоятелства или на някакъв друг етап Комисията не е взела предвид изтъкнатото от жалбоподателите особено положение, когато е определила размера на глобата. Съответно, при липсата на каквито и да било смекчаващи или особени обстоятелства, Комисията е приложила към жалбоподателите същата формула като използваната за санкционирането на предприятията, които са участвали във всички съставни елементи на общия картел, а не само в някои от тях. Тази формула е следната: дял от 19 % от стойността на продажбите на СПН на съответното предприятие в ЕИП (предвид тежестта на самото нарушение), умножен по броя на годините и месеците участие в нарушението (продължителността на индивидуалното участие на SLM в нарушението или на периода, по отношение на който се презумира, че Ori Martin е упражнявало решаващо влияние върху SLM), към който като допълнителен размер се прибавя 19 % от стойността на продажбите на СПН на съответното предприятие в ЕИП (допълнителният размер). В случая на жалбоподателите полученият по тази формула резултат, тоест глоба в размер на 19,8 милиона евро, е сведен на 15,956 милиона евро, така че глобата, за която SLM отговаря самостоятелно, да съответства на максималния размер от 10 % от оборота на дружеството. Оплакванията на SLM и на Ori Martin, че Комисията не е отчела надлежно особеностите на участието на SLM в нарушението при определянето на размера на глобата, трябва да се разгледат именно предвид изложените по-горе съображения. 2. По общата липса на мотиви и по общото оплакване за пристрастност SLM най-напред отбелязва, че не разбира как Комисията е достигнала до определянето на размера на глобата и как е разпределила глобата между него и Ori Martin. Такова неизпълнение на задължението за мотивиране трябвало да доведе до отмяна на обжалваното решение и неговото изменение. Видно е обаче, че данните, предоставени от Комисията в обжалваното решение и обобщени в точки 133 и 134 по-горе, позволяват на SLM да разбере различните елементи, взети предвид при определянето на размера на глобата. От обжалваното решение също така е видно, че Комисията е изложила в него причините, които ѝ позволяват да приеме, че SLM и Ori Martin са солидарно отговорни за заплащането на част от глобата, с която част се санкционира участието на SLM в нарушението в периода от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г. (обжалвано решение, съображения 867—875 и точка 132 по-горе). Освен това SLM упреква Комисията, че винаги се произнася в негов ущърб, когато доказателствата, с които тя разполага, не са в синхрон с обвинителната ѝ теза. В това отношение — предвид предоставените в обжалваното решение данни и по-специално в приложения 2 и 3 към него, където се описват различните събрани от Комисията доказателства за клубове Цюрих/Европа и Клуб Италия — не е достатъчно да се твърди, че поведението на Комисията е пристрастно или несправедливо единствено поради това, че тя е предпочела дадено обяснение пред друго, което е било предложено от SLM. Пристрастността не може да се изведе единствено от факта, че административното производство е приключило с неблагоприятен за SLM резултат. Поради това изтъкнатите от SLM основания във връзка с общата липса на мотиви и с оплакването за пристрастност трябва да бъдат отхвърлени като неоснователни. 3. По взетите предвид елементи за определяне на основния размер на глобата (стойност на продажбите, тежест, продължителност, допълнителен размер) Във връзка с взетите предвид елементи за определянето на основния размер на глобата трябва да се разгледат следните оплаквания: направеното от SLM оплакване в рамките на неговото четвърто основание относно стойността на продажбите във връзка с нарушението; изтъкнатото от SLM пето основание, както и направените от Ori Martin първо и второ оплакване относно преценката на тежестта на нарушението и определянето на допълнителен размер; изтъкнатото от SLM шесто основание, което — чрез изтъкване на твърдение за нарушаване на принципа на пропорционалност и на принципа на равно третиране — също се отнася до преценката на тежестта на нарушението, и изтъкнатото от SLM седмо основание относно преценката на продължителността на нарушението. а) По стойността на продажбите във връзка с нарушението Доводи на страните SLM отбелязва, че съгласно съображение 865 от обжалваното решение то участва в Клуб Европа едва от септември 2000 г. За предходния период реализираните извън Италия продажби съответно не трябвало да се вземат предвид при определянето на размера на глобата. Обжалваното решение трябвало да бъде изменено, така че стойността на реализираните извън Италия продажби да се вземе предвид само за периода, през който SLM участвало в Клуб Европа. Според Комисията поне от 1995 г. до септември 2002 г. успоредно с общоевропейските договорки SLM е участвало в антиконкурентни срещи, засягащи както Италия, така и износа от Италия към останалата част на Европа. Поради това било обективно обосновано основният размер да се определи съобразно стойността на европейските продажби на SLM. Съображения на Общия съд Съгласно точка 13 от Насоките от 2006 г. „[п]ри определяне на основния размер за налаганите глоби Комисията ще отчита стойността на продажбите на стоки и услуги на предприятието, с които нарушението е свързано пряко или косвено в даден географски район в ЕИП“. В същата точка Комисията уточнява, че „[п]о принцип […] ще отчита продажбите, извършени от предприятието през последната търговска година на неговото участие в нарушението“. Всъщност, видно от точка 37 от Насоките от 2006 г., „[в]ъпреки че настоящите насоки представляват обща методология за определяне на глобите, особеностите на даден случай […] мо[гат] да обоснов[ат] отклонение от тази методология“. В разглеждания случай, първо, трябва да се отбележи, че за да определи релевантния географски район при определянето на стойността на продажбите, Комисията използва главно географския район, обхванат от Клуб Цюрих и впоследствие от Клуб Европа. Така в съображение 932 от обжалваното решение Комисията посочва, че „[о]т 1984 г. до 1995 г. (период на Клуб Цюрих), [този район] обхваща Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Испания и Австрия“, че „[о]т 1992 г. (въз основа на споразуменията в Клуб España) той обхваща и Португалия“ и че „[о]т 1996 г. до 2002 г. (период на криза в Клуб Цюрих, в момента, когато споразумението на клуб Европа за квотите е било подготвено, период на клуб Европа и период на експанзия) географската зона е обхващала същите страни като по времето на Клуб Цюрих, включително Португалия, както и Дания, Швеция, Финландия и Норвегия“. За да отчете промяната във времето на въпросния географски район, Комисията същевременно уточнява, че изключва от взетата предвид стойност на продажбите реализираните продажби в Португалия преди 15 декември 1992 г. и реализираните продажби в Дания, Финландия, Швеция и Норвегия преди 9 януари 1996 г. В допълнение, за да отчете присъединяването към Съюза или влизането в сила на Споразумението за ЕИП, Комисията също така уточнява, че не взема предвид продажби, реализирани в Испания преди 1 януари 1986 г. и в Австрия, Финландия, Швеция и Норвегия преди 1 януари 1994 г. Освен това, що се отнася до Fundia, чието участие в картела се ограничава до координацията по отношение на Addtek, Комисията отбелязва, че взема предвид само продажбите, реализирани от Fundia към този клиент (обжалвано решение, съображения 932, 933 и 935). Следователно в обжалваното решение Комисията взема предвид някои елементи, свързани с промяната във времето на картела, с изменението на обхвата на приложимите правила или с формите на участие на съответното предприятие в нарушението, за да разграничи две или повече положения при определянето на стойността на продажбите, която трябва да се отчете. Този подход е още по-наложителен при наличие на едно-единствено нарушение, което на практика е комплексно и е от санкционирания в обжалваното решение вид, обхващащ „съвкупност от споразумения и съгласувани практики в сектора на СПН във вътрешния пазар, а от 1 януари 1994 г. — в рамките на ЕИП“ в периода от 1 януари 1984 г. до 19 септември 2002 г. Второ, от материалите по делото е видно, че стойността на продажбите, която служи за отправна точка на Комисията при определянето на размера на глобата, а именно 15,863 милиона евро, съответства на стойността на продажбите на СПН, реализирани от SLM през 2001 г. в различни държави, за които му е поискана информация (тоест Германия, Франция, Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Испания, Португалия, Дания, Австрия, Швеция, Финландия и Норвегия). В географски план почти всички продажби на SLM са реализирани в Италия (около 96,5 % от целия обем), а останалите са реализирани в Австрия, Германия или Франция (около 3,5 % от целия обем). От материалите по делото по-специално следва, че SLM получава необходимите технически одобрения, за да предлага СПН на пазара в Европа, а не само в Италия, едва през август 2000 г. за Германия и Франция, юли 2001 г. за Австрия и януари 2002 г. за Нидерландия. Едва след преустановяването на извършването на нарушението — а именно през юли 2006 г. за Испания и през април 2007 г. за Белгия — SLM получава необходимите технически одобрения за тези страни. В отговора си от 9 септември 2009 г. на искане на Комисията за предоставяне на информация SLM също така уточнява, че продажбите, реализирани в Австрия преди одобряването на стоките му през юли 2001 г., са били предназначени за „клиенти, които са австрийски търговци, препродаващи тези стоки в страни, различни от Австрия“. От предоставената на Комисията информация действително следва, че SLM е реализирало няколко продажби в Австрия през 1999 г. и 2000 г. Трето, както твърди SLM, трябва да се отбележи, че в настоящия случай според Комисията, макар SLM да участва в Клуб Италия от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г., а от 29 ноември 1999 г. е знаело или е трябвало да знае, че с участието си в Клуб Италия взема участие в по-глобална система, участието му в Клуб Европа е отчетено от 11 септември 2000 г. (обжалвано решение, съображения 650, 865 и 866). Следователно трябва да се разграничат два периода, за да се отчетат формите на участие на SLM в нарушението: първи период от 10 февруари 1997 г. до 10 септември 2000 г., който съответства на участието на SLM само в Клуб Италия, и втори период от 11 септември 2000 г. до 19 септември 2002 г., през който SLM участва както в Клуб Италия, така и в Клуб Европа. За втория период, предвид географския район, засегнат от участието на SLM в Клуб Италия и в Клуб Европа, е обективно обосновано размерът на глобата да се определи с оглед на стойността на европейските продажби на SLM. Видно е, че по време на този период SLM действително реализира продажби в Италия, но също и в Австрия, Германия и Франция. За първия период обаче трябва да се провери дали географският район, засегнат от участието на SLM в Клуб Италия, позволява да се приеме, че е обективно обосновано размерът на глобата да се определи с оглед на стойността на европейските продажби на SLM. Този въпрос не стои по отношение на реализираните в Италия продажби, които представляват 96,5 % от стойността на продажбите на SLM, взета предвид при определянето на размера на глобата, тъй като е ясно, че тези продажби са свързани с Клуб Италия по време на първия период. Що се отнася до Австрия, която представлява около 2 % от стойността на продажбите на SLM, взета предвид при определянето на размера на глобата, трябва да се отбележи, че нито едно представено по настоящото дело доказателство не позволява да се установи, че тази държава е била обект на обсъжданията, проведени в рамките на Клуб Италия в присъствието на SLM от 10 февруари 1997 г. до 10 септември 2000 г. По време на съдебното заседание Общият съд поиска от Комисията да посочи кои доказателства позволяват да се установи, че във връзка с участието на SLM в нарушението, в присъствието на представители на SLM са били обсъждани квоти за износ от Италия към Австрия или чувствителна търговска информация относно продажбите на СПН в Австрия, а Комисията отговори, че не може да представи такива доказателства. В този контекст, при определянето на размера на глобата с оглед на тежестта и продължителността на извършеното от SLM нарушение, стойността на продажбите, реализирани в държава, която не е била предмет на обсъжданията, проведени в негово присъствие в рамките на Клуб Италия, не може да се вземе предвид за цялата продължителност на участието му в картела. Поради това стойността на реализираните в Австрия продажби на SLM може да се вземе предвид само за продължителността, съответстваща на периода на участие на SLM в Клуб Европа. Що се отнася до Германия и Франция, които представляват около 1,5 % от стойността на продажбите на SLM, взета предвид при определянето на размера на глобата, Комисията основателно отбелязва, че Клуб Италия е имал не само вътрешно, но и външно измерение в смисъл, че многократно са провеждани обсъждания в присъствие или в отсъствие на представител на SLM, за да се определят квоти за износ от Италия или да се обмени чувствителна търговска информация за положението в Германия или във Франция или в други държави. Така за периода от 10 февруари 1997 г. до 10 септември 2000 г. от съдържащата се в приложение 3 към обжалваното решение информация за срещите на Клуб Италия е видно, че на 15 април 1997 г. в присъствие на представител на SLM са проведени обсъждания, чийто предмет по-специално е бил „определяне на цените на суровини и на продажните цени във Франция, Испания и Германия (в Германия от септември 1997 г. до януари 1998 г.)“. Също така, този път в отсъствие на представител на SLM, участниците в срещата на 22 октомври 1997 г. са „обменили информация за цените в Германия, Белгия и Нидерландия“, а тези на срещата на29 ноември 1999 г. са „обсъдили нуждите си на испанския пазар [и] прилаганите цени в Испания и в Португалия“. Освен това по повод на срещата на 21 февруари 2000 г., на която присъства представител на SLM, е обсъдено „ценово увеличение от „+ 40 %“ в Германия“. Същевременно, макар през периода от 10 февруари 1997 г. до 10 септември 2000 г. положението в Германия и Франция спорадично да се обсъжда, също така е видно, че SLM е могло да реализира продажби в тези държави едва от август 2000 г. и че предвид предоставените в това отношение данни от SLM на Комисията в отговора му от 9 септември 2009 г. на искане за предоставяне на информация такива продажби са реализирани само през 2000 г. за Германия и през 2001 г. за Франция. В този контекст, при определянето на размера на глобата с оглед на тежестта и продължителността на извършеното от SLM нарушение, стойността на продажбите, реализирани в държави, в които SLM първоначално не е било представено, тъй като по-специално не е имало разрешение да предлага стоките си на пазара, не може да се вземе предвид за цялата продължителност на участието му в картела. Поради това стойността на продажбите на SLM, реализирани в Германия и Франция, може да се вземе предвид едва от датата, на която е започнало реализирането на тези продажби, а именно през 2000 г. по отношение на Германия, и при всички положения, през 2001 г. по отношение на Франция. В заключение, предвид комплексното естество на разглежданото нарушение, което включва редица отделни съставни части, между които Клуб Италия и Клуб Европа, и за да се отчетат индивидуалните форми на участието на SLM в нарушението, за което му се търси отговорност, не е обективно обосновано всички европейски продажби на SLM да се вземат предвид като отправна точка при определянето на размера на глобата с оглед на тежестта и продължителността на извършеното от SLM нарушение. Последиците от гореизложеното за определянето на размера на глобата ще бъдат обсъдени впоследствие при упражняването от Общия съд на правомощията му за извършване на пълен съдебен контрол. б) По определения с оглед на степента на тежест на нарушението дял от стойността на продажбите Доводи на страните SLM и Ori Martin твърдят, че решението на Комисията да определи на 19 % дела от стойността на продажбите, взет предвид при преценката на степента на тежест на нарушението, не е мотивирано в достатъчна степен и е прието в нарушение на принципа на пропорционалност, принципа на равно третиране и принципа на индивидуализиране на наказанията. Първо, неучастието на SLM в европейското измерение на картела, поне до септември 2000 г., трябвало да се вземе предвид на това равнище. SLM не взело участие нито в Клуб Цюрих, нито в Клуб España, нито в споразумението за Юга, нито в споразумението за Севера на скандинавския пазар, нито пък в процедурите за възлагане на обществени поръчки Addtek. SLM също така не било сред постоянните членове на Клуб Европа и никога не играло роля на координатор в картела. Ставка от 19 % трябвало да се определи само за предприятията, които са инициатори на картела и са силно ангажирани в привеждането му в изпълнение. Второ, Комисията също така трябвало да вземе предвид конкретните последици от нарушението, за да прецени тежестта му. Трето, освен че размерът на наложените глоби с цел санкциониране на нарушението бил доста по висок от размера на наложените в миналото глоби с цел санкциониране на картели и че този размер бил по-голям от оборота в сектора за 2001 г., санкцията на SLM била три пъти и половина по-голяма от тази на Redaelli, което участвало в картела от 1984 г. на европейско и италианско равнище; шест пъти по-голяма от тази на Emme, при което характерът и продължителността на участие в картела са сходни с тези на SLM; седем пъти по-голяма от тази на CB и четири пъти по-голяма от тази на ITC, които взели по-активно участие отколкото SLM. Поради това Общият съд трябвало значително да намали размера на глобата, за да се отчетат както истинската роля на SLM в нарушението, така и отсъствието на конкретни последици от участието му в картела за пазара, а също и за да се осигури еднакво третиране на SLM спрямо другите санкционирани предприятия. Комисията оспорва тези доводи. Съображения на Общия съд С описаните по-горе различни оплаквания се оспорва резултатът от извършената от Комисията преценка на тежестта на нарушението с оглед на изложената в Насоките от 2006 г. обща методология. В това отношение в точки 19—23 от Насоките от 2006 г. се посочва: „(19) Основният размер на глобата ще се обвързва с [дял от] стойността на продажбите, [зависещ] от степента на тежест[…] на нарушението, умножен[…] по броя на годините на нарушението. (20) Оценката на тежестта се извършва на индивидуална основа за всички видове нарушения, като се вземат предвид всички релевантни обстоятелства на случая. (21) Като общо правило делът [от] стойността на продажбите, вземан предвид, ще се определя на ниво до 30 % от стойността на продажбите. (22) За да се прецени дали делът [от] стойността на продажбите, който ще бъде приложен в даден случай, следва да бъде в долната част или горната част на тази скàла, Комисията ще отчита редица фактори, като: естество на нарушението, общ пазарен дял на всички съответни предприятия, географски обхват на нарушението, както и дали нарушението е било [приведено в изпълнение] или не. (23) Хоризонталните споразумения за фиксиране на цените, подялба на пазара и ограничаване на продукцията, които обикновено са поверителни, поради самото си естество са сред най-вредните ограничения на конкуренцията. С оглед на следваната политика те ще бъдат наказвани с най-тежки глоби. Поради това делът [от] стойността на продажбите, който ще се взема предвид при такива нарушения, по принцип ще бъде в горния край на скàлата“. В съображение 953 от обжалваното решение Комисията стига до извода, че по скàла, чието максимално равнище е 30 %, взетият предвид при преценката на тежестта на нарушението дял от стойността на продажбите на SLM е 19 %. Съгласно текста на обжалваното решение, определянето на този дял е извършено с оглед на четирите фактора, дадени като примери в точка 22 от Насоките от 2006 г. Първо, що се отнася до естеството на нарушението, Комисията посочва, че „всички предприятията, с изключение на Fundia, са участвали в подялбата на пазара (определяне на квоти), разпределянето на клиенти и хоризонталното определяне на цени“ и че „тези договорки са сред най-вредните ограничения на конкуренцията, нарушаващи основните параметри на конкуренцията“ (обжалваното решение, съображение 939). Второ, що се отнася до общия пазарен дял на предприятията, по отношение на които извършването на нарушението е могло да бъде установено, Комисията приема, че този дял може да се „оцени на около 80 %“ (обжалвано решение, съображение 946). Трето, що се отнася до географския обхват на нарушението, Комисията подчертава, че той „се е променил във времето“, че от „1984 г. до 1995 г. е включвал Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Испания и Австрия“ и че от „1996 г. до 2002 г. нарушението е обхващало същите страни плюс Португалия, Дания, Швеция, Финландия и Норвегия“ (обжалвано решение, съображение 947). Четвърто, що се отнася до привеждането в изпълнение на нарушението, Комисията отбелязва, че „макар невинаги да са били напълно успешни, договорките действително са били приведени в изпълнение“ (обжалвано решение, съображение 950). Доводите на жалбоподателите трябва да се разгледат именно с оглед на тези съображения. На първо място, SLM и Ori Martin твърдят, че при определянето на дела от стойността на продажбите Комисията трябвало да вземе предвид по-малката отговорност на SLM в нарушението в сравнение с отговорността на другите предприятия, които участвали много по-активно и от по-дълго време. По тази начин жалбоподателите твърдят, че Комисията не е индивидуализирала достатъчно съображенията си, така че да вземе предвид особеностите на участието на SLM в нарушението. Същевременно, с оглед на изложената в Насоките от 2006 г. обща методология, е видно, че Комисията обикновено извършва такова индивидуализиране на санкцията не на първоначалния етап от определянето на основния размер, а на по-късния етап на коригиране на посочения размер, а дори и на още по-късен етап, ако това се окаже необходимо. Трябва да се констатира, че на етапа на определянето на основния размер Комисията не третира предприятията, които са действали като водачи или координатори по различни аспекти от разглежданото едно-единствено нарушение, по различен начин спрямо предприятията, които са били само съдружници в него. Комисията също така не счита за нужно да разграничи предприятията, които са участвали първоначално само в Клуб Италия, от предприятията, които са участвали едновременно в Клуб Италия и в Клуб Цюрих или в Клуб Европа, тъй като за Комисията „географският обхват на Клуб Италия значително се припокрива с този на общоевропейските споразумения“ (обжалвано решение, съображение 949). В разглеждания случай никоя от извършените от Комисията четири констатации, за да обоснове решението си да определи на 19 % дела от стойността на продажбите, взет предвид при преценката на степента на тежест на нарушението, не се оспорва като такава от жалбоподателите. Всички тези констатации са извършени по обективен начин с оглед на обстоятелствата по преписката, отразени по този повод в обжалваното решение, и се отнасят за нарушението като цяло, а не специално за SLM. Освен това, що се отнася до определянето на дела от стойността на продажбите, взет предвид при преценката на степента на тежест на нарушението, не може да се твърди, че Комисията не е отчела неучастието на SLM в Клуб Цюрих или в други аспекти на нарушението, тъй като този дял се отчита едва от момента, в който SLM е участвало в нарушението, и се отнася само за продажбите на SLM във връзка с нарушението (в това отношение вж. точки 159—180 по-горе). Следователно първото оплакване трябва да се отхвърли като неоснователно. На второ място, що се отнася до значението, което може да има доводът, че картелът нямал очакваните последици на пазара, трябва да се отбележи, че в настоящото дело според Комисията при наличие на споразумения и на съгласуваните практики, чийто предмет е ограничаване на конкуренцията, вземането предвид на конкретните им последици за пазара е излишно. Въпреки това в разглеждания случай Комисията посочва, че наличието на такива последици може да се предполага, тъй като е доказано, че посочените по-горе договорки поне частично са били приведени в действие (обжалвано решение, съображения 676—681). При всички положения при определянето на дела от стойността на продажбите, взет предвид при преценката на степента на тежест на нарушението, Комисията не посочва последиците от нарушението на пазара, а само това, че нарушението е било приведено в изпълнение. Впрочем трябва да се констатира, че в разглеждания случай определеният от Комисията дял от стойността на продажбите се намира в долната част на горната половина на скàлата (между 15 и 30 %), при положение че в Насоките от 2006 г. — след като отбелязва, че картел като разглеждания в настоящия случай е сред най-тежките ограничения на конкуренцията и трябва да бъде строго санкциониран — Комисията уточнява, че в тази хипотеза делът от вземаните предвид продажби по принцип ще се определя в горната част на скàлата. При това положение е допустимо да се приеме, че ако Комисията действително бе установила конкретни последици, то тя би определила дял, който е по-голям от 19 %. Следователно второто твърдение за нарушения трябва да се отхвърли като неотносимо предвид определената от Комисията в настоящия случай степен на тежест и изложените причини за обосноваването ѝ. На трето място, веднага трябва да се отхвърли оплакването за цялостно непропорционален характер на глобите, наложени с цел санкциониране на нарушението, с оглед на предходната практика на Комисията или остойностяването на сектора на СПН в Европа. Този въпрос, който засяга водената от Комисията политика в областта на конкуренцията по санкциониране на картелите, излиза извън рамките на съдебния контрол върху обжалваното решение. В разглеждания случай не е необходимо произнасяне по общия размер на наложените от Комисията глоби във времето или обсъждане на абсолютната стойност на наложените санкции във връзка с картела на СПН. Също така, що се отнася до оплакването за наличие на различия между SLM и едно или друго санкционирано в обжалваното решение предприятие, трябва да се отбележи, че на този етап съдебният контрол се отнася до извършената от Комисията преценка в обжалваното решение при определянето на 19 % на дела от стойността на продажбите, взети предвид при преценяването на степента на тежест на нарушението. Впрочем тази преценка не е извършена с оглед на крайния резултат — тоест размерът на наложената in fine глоба, след като евентуално е бил коригиран, за да се отчетат някои обстоятелства — а на по-ранен етап, по-специално при определянето на дела от стойността на продажбите, който следва да се вземе предвид определянето на основния размер на глобата. Следователно окончателният размер на глобата зависи от индивидуални за всяко от тези предприятия фактори, като например сътрудничеството въз основа на Известието относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер или законоустановения максимален праг от 10 % от общия оборот. В разглеждания случай, след като не са изложени доводи, позволяващи да се приеме, че положението на Redaelli, на CB или на ITC е било сходно с това на SLM по отношение на всички взети предвид фактори от Комисията при преценката на положението на тези предприятия, оплакването трябва да се отхвърли като неоснователно. На последно място, що се отнася до оплакването за непълнота на мотивите, трябва да се отбележи, че в решението надлежно са изложени обстоятелствата, които са отчетени при определянето на дела от стойността на продажбите на SLM, взет предвид с цел да се прецени тежестта на нарушението (обжалвано решение, съображения 936—953). Впрочем член 296 ДФЕС не може да бъде тълкуван в смисъл, че задължава Комисията да обяснява в решенията си причините, поради които при изчисляването на размера на глобата не възприема подходи, алтернативни на действително възприетия в обжалваното решение (в този смисъл вж. решение от 19 май 2010 г., IMI и др./Комисия, T‑18/05, Сб., EU:T:2010:202 , т. 153 и цитираната съдебна практика). От гореизложеното следва, че оплакванията на жалбоподателите във връзка с дела от стойността на продажбите, определен с оглед на степента на тежест на нарушението, трябва да се отхвърлят. в) По продължителността на участието на SLM в картела Доводи на страните SLM иска обжалваното решение да бъде отменено в частта, в която отговорността за участие в Клуб Италия му се вменява от февруари 1997 г. вместо от края на 1999 г. Комисията по-специално не взела предвид редица съществени обстоятелства, позволяващи началната дата на участието на SLM в Клуб Италия да бъде опровергана. Първо, никой представител на SLM не присъствал на срещата на 10 февруари 1997 г. Второ, по време на следващата среща на 4 март 1997 г., било съобщено, че SLM все още не било решило дали да се присъедини към Клуб Италия, а Redaelli освен това отбелязало, че SLM не се е присъединило към споразумението за подялба на италианския пазар. Трето, по повод на проведена през април 1998 г. среща било отбелязано, че SLM, което отново отсъствало, има агресивна политика. Четвърто, от искането за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер на Redaelli от 20 март 2003 г. било видно, че SLM започнало да участва в срещите едва от края на 1999 г. и това било потвърдено от Tréfileurope. Пето, единствените открити фактури, чийто произход се свърза с лицето, отговарящо за проверките, по отношение на SLM се отнасяли за проверки, извършени от март 2000 г. нататък, а не за предходен период. Комисията оспорва тези доводи. Тя припомня същността и характера на разглежданото едно-единствено нарушение, както и че е извършвано от учредяването на Клуб Цюрих през 1984 г., а SLM участвало в него от 10 февруари 1997 г., присъединявайки се към вече преведен в действие план. Що се отнася до срещата на 10 февруари 1997 г., това било първото пряко участие на SLM в картела и това било видно от разпределянето на квотите и оповестяването на данни, предоставени от представител на SLM. Съображения на Общия съд SLM не оспорва участието си в Клуб Италия от края на 1999 г. То признава това обстоятелство малко след като Комисията извършва проверките си през септември 2002 г. Пред Общия съд SLM също така не оспорва участието си в последния етап на Клуб Европа, а именно етапа на интегрирането с Клуб Италия, протекъл от септември 2000 г. до 19 септември 2002 г. От друга страна обаче SLM твърди, че не е участвало в Клуб Италия в периода от 10 февруари 1997 г. до края на 1999 г. Не можело да се приеме, че SLM е участвало в картела в този период. Както вече бе посочено, от член 23, параграф 3 от Регламент № 1/2003 следва, че при определяне на размера на глобата се вземат предвид както тежестта, така и продължителността на нарушението. В това отношение в точка 24 от Насоките от 2006 г. Комисията посочва, че „[з]а да бъде отчетена по-пълно продължителността на участието на всяко предприятие в нарушението, размерът, определен на основата на стойността на продажбите […] ще се умножава по броя на годините на участие“. В същата точка Комисията уточнява, че „[п]ериоди под шест месеца ще се отчитат за половин година, а периоди, по-дълги от шест месеца, но по-къси от една година, ще се отчитат за пълна година“. Същевременно, както се посочва в съображение 956 от обжалваното решение, в разглеждания случай Комисията предпочита да вземе предвид действителната продължителност на участието в нарушението, изразена в години и в пълни месеци със закръгляване до месец, а не да закръгли периодите по предлагания в насоките начин. Освен това, видно от съдебната практика, Комисията трябва да докаже не само наличието на картела, но и неговата продължителност. По-специално, що се отнася до събирането на доказателствата за нарушение на член 101, параграф 1 ДФЕС, Комисията трябва да докаже установените от нея нарушения и да посочи доказателствата, които надлежно удостоверяват осъществяването на фактическия състав на нарушението. (вж. решение от 17 май 2013 г., Trelleborg Industrie и Trelleborg/Комисия, T‑147/09 и T‑148/09, Сб., EU:T:2013:259 , т. 50 и цитираната съдебна практика). Ако съдът има съмнения, те трябва да се тълкуват в полза на предприятието — адресат на решението за установяване на нарушение. Следователно съдът не би могъл да направи извод, че Комисията надлежно е доказала наличието на разглежданото нарушение, ако все още има съмнение по този въпрос, по-специално в производствата по жалби за отмяна или изменение на решение, с което се налага глоба. Всъщност в последния случай трябва да се съобрази принципът за презумпцията за невиновност, която е част от основните права, защитени от правния ред на Съюза, и е установена в член 48, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Предвид характера на разглежданите нарушения, както и естеството и степента на строгост на предвидените за тях санкции, принципът за презумпцията за невиновност се прилага по-конкретно в производствата във връзка с нарушения на приложимите за предприятията правила за конкуренция, когато тези производства могат да приключат с решение за налагане на глоби или периодични имуществени санкции. Следователно е необходимо Комисията да представи точни и непротиворечиви доказателства, за да обоснове твърдото убеждение, че нарушението е било извършено (вж. решение Trelleborg Industrie и Trelleborg/Комисия, т. 215 по-горе, EU:T:2013:259 , т. 50 и цитираната съдебна практика). Не е задължително всяко от приведените от Комисията доказателства да отговаря непременно на тези критерии по отношение на всеки елемент на нарушението. Достатъчно е посочените от институцията улики, преценени в тяхната цялост, да отговарят на това изискване (вж. решение Trelleborg Industrie и Trelleborg/Комисия, т. 215 по-горе, EU:T:2013:259 , т. 51 и цитираната съдебна практика). Освен това е обичайно дейностите, в които се състоят антиконкурентните споразумения, да се осъществяват скрито, срещите да се провеждат тайно, а свързаната с тях документация да бъде сведена до минимум. Следователно, дори Комисията да открие доказателства, удостоверяващи изрично осъществяването на незаконни контакти между стопанските субекти, като протоколи от срещи, обикновено те биха били само непълни и откъслечни, поради което често се оказва необходимо някои подробности да се възстановят чрез дедукция. Ето защо в повечето случаи съществуването на антиконкурентна практика или споразумение трябва да бъде логически изведено от определен брой съвпадения и улики, които, взети заедно, могат да представляват, при липсата на друго смислено обяснение, доказателство за нарушаване на правилата на конкуренцията (вж. решение Trelleborg Industrie и Trelleborg/Комисия, т. 215 по-горе, EU:T:2013:259 , т. 52 и цитираната съдебна практика). Накрая, съдебната практика изисква при липсата на доказателства, които могат да установят пряко продължителността на дадено нарушение, Комисията да основе решението си поне на доказателства, отнасящи се до факти, които са достатъчно близки по време, така че да може основателно да се приеме, че това нарушение е продължило без прекъсване между две точни дати (вж. решение Trelleborg Industrie и Trelleborg/Комисия, т. 215 по-горе, EU:T:2013:259 , т. 53 и цитираната съдебна практика). В разглеждания случай Комисията приема, че SLM е участвало в нарушението от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г. (обжалвано решение, член 1 и съображения 862 и 899 и точки 127—131 по-горе). Според Комисията формите на участието на SLM са били следните: — SLM е участвало в Клуб Италия от 10 февруари 1997 г. до 19 септември 2002 г. (обжалвано решение, съображение 866 и точки 127, 128 и 130 по-горе); — поне от 29 ноември 1999 г. SLM е знаело или е трябвало да знае, че с участието си в Клуб Италия взема участие в по-глобална система, включваща различни равнища, чиято цел е стабилизирането на пазара на СПН на общоевропейско равнище, за да се избегне понижаване на цените (обжалвано решение, съображения 649 и 650 и точка 129 по-горе), тъй като узнаването се отнася до различни аспекти на разглежданото едно-единствено продължено нарушение, включително до скандинавския аспект, обсъждан по повод срещата на 29 ноември 1999 г.; — SLM трябва да носи отговорност за участието си в Клуб Европа от 11 септември 2000 г. до 19 септември 2002 г. (обжалвано решение, съображение 865 и точка 131 по-горе). – По доказателствата за периода преди срещата на 10 февруари 1997 г. Още преди да се позове на срещата на 10 февруари 1997 г., Комисията посочва в обжалваното решение, че разполага с множество данни, които ѝ позволяват да заключи, че SLM е знаело за съществуването на Клуб Италия (обжалвано решение, съображение 474 и точка 128 по-горе). Същевременно никое от посочените в това отношение от Комисията доказателства, разглеждани самостоятелно или дори в своята цялост, не е убедително в това отношение. Първото доказателство, цитирано от Комисията в съображение 474 от обжалваното решение, е препратка към две индикации, които се съдържат в документ, излагащ ръкописните бележки на ITC за срещата на Клуб Италия на 18 декември 1995 г., на която Redaelli, CB, Itas и ITC определят цените, които трябва да се прилагат от 1996 г. нататък за всяко тримесечие. Съгласно този документ, както го разбира Комисията, определени трети предприятия е трябвало да бъдат уведомени за тези нови цени. Това са „външните/Trame/SLM“ или „[представители на Tréfileurope, Trame и DWK]/SLM“ (обжалвано решение, съображение 429). Макар да е възможно този документ да послужи за установяване на намерението на четиримата основни членове на Клуб Италия (Redaelli, CB, Itas и ITC) да разширят обхвата на тяхното споразумение, необходими са други доказателства, за да се установи, че декларираното намерение реално е било последвано от действие и съответно поне SLM е узнало новите цени, определени от Redaelli, Itas, CB и ITC. В настоящия случай няма такива доказателства. Второто посочено от Комисията доказателство се отнася до таблиците — показващи разпределянето на тонове по клиент и разкриващи основни доставчици на италианския пазар през 1997 г. — които били раздадени по време на срещата на Клуб Италия на 17 декември 1996 г. В съображение 417 от обжалваното решение Комисията посочва, че „предприятията Austria Draht, Trame, SLM и DWK също били предвидени в таблиците Excel, но колоните с данни за самоличността на клиентите им и разрешените продажби били оставени празни“. В съображение 474 от обжалваното решение Комисията също така посочва, че „[в]ъпреки, че колоните на SLM остават празни, отбелязването на предприятието в таблицата е признак за това, че обсъждания между страните трябва да са били проведени или най-малкото да са били предвидени“. И в този случай при липса на доказателства, позволяващи да се установи, че SLM действително е било свързано с касаещите го обсъждания, посоченият по-горе документ не може да се тълкува в смисъл, че това действително е било така. Третото доказателство, посочено от Комисията в съображение 474 от обжалваното решение, е препратка към отбелязвания във връзка с SLM в ръкописните бележки на ITC за срещите на Клуб Италия от 17 (на практика 19) и 27 януари 1997 г. Такива отбелязвания не са достатъчни, за да се докаже, че SLM е знаело за Клуб Италия още преди началото на участието му в него. Всъщност само по себе си отбелязването от членовете на картел на дадено конкурентно предприятие при воденето на бележки или провеждането на среща не е достатъчно, за да се превърне това предприятие в участник в картела. Освен това в разглеждания случай е трудно да се разбере за какво се отнасят отбелязванията във връзка с SLM. Що се отнася до бележките за срещата на 19 януари 1997 г. — за които ITC признава, че са частично нечетливи — изглежда, че отбелязването на „SLM/Trame“ е направено във връзка с опит да се установи кои са доставчиците на определен клиент, но това отбелязване е последвано веднага от въпросителен знак. Що се отнася до бележките за срещата на 27 януари 1997 г., SLM е отбелязано многократно, но не всички отбелязвания са разбираеми. Най-ясното изглежда е, че SLM предлага „920“ на клиент и че Trame е направило друга оферта. В това отношение същевременно трябва да се отбележи, че в други ръкописни бележки на ITC за януари 1997 г. (в които също се споменава въпросното число „920“), може да се прочете, че клиентът San Michele посочва, че „SLM му е изпратило писмена оферта на 940“. Това отбелязване позволява да се илюстрира направеното от SLM твърдение в писмените му бележки, че посредством общи клиенти конкурентите му можели да получат множество данни относно продаваните количества и прилаганите цени от SLM. Освен това трябва да се отбележи, че предлаганата цена изглежда доста по-ниска от желаната от членовете на Клуб Италия цена (по време на срещата на 18 декември 1995 г. предвидените цени са били между 1300 и 1400, от ръкописните бележки на ITC от 27 януари 1997 г. е видно, че Redaelli има оферти на 1090). От гореизложеното следва, че различните доказателства за периода преди срещата на 10 февруари 1997 г., посочени в съображение 474 от обжалваното решение, не позволяват да се установи, че „множество признаци показват, че [SLM] е било в течение на италианското споразумение от 18 декември 1995 г.“. При всички случаи Комисията не търси отговорност от SLM за периода преди 10 февруари 1997 г. – По доказателствата за срещата на 10 февруари 1997 г. За да установи кога започва участието на SLM в Клуб Италия, Комисията приема, че „първото доказано разпределяне на квоти за SLM е извършено на срещата на 10 февруари 1997 г.“ (обжалвано решение, съображение 474 и точка 128 по-горе). В раздела относно тази среща, включен в приложение 3 към обжалваното решение, Комисията отбелязва, че тя вероятно е проведена в помещенията на Redaelli в присъствие на представители на Redaelli, CB, Itas и ITC. SLM не е посочено сред участниците в срещата. Освен това съгласно изложените от Комисията доказателства в посочения по-горе раздел срещата на Клуб Италия на 10 февруари 1997 г. е била посветена на следните въпроси: — „ITC. Ръкописни бележки на г‑н [A.] за срещата относно обмена на информация за покупките на основните клиенти и прилаганите цени“ („отбелязванията относно обмена на информация“); — „Бележки, които също се отнасят до разпределянето на квоти за някои (изброени) клиенти между SLM, от една страна, и Redaelli, CB, Tycsa, ITC/[A.], от друга страна“, както и фактът, че „тази информация бе предоставена от CB (г‑н [C.]) и Itas (г‑н [Am.]), които от своя страна бяха получили данните за SLM от г‑н [Ch.], а самият той е представител на SLM“ („отбелязванията относно разпределянето на „квоти“); — „Посочва се също така [лицето, отговарящо за проверките]: „[Pr.]: № 1 Redaelli № 2 Tréfileurope № 3 Itas № 4 CB № 5 Italcables“ („отбелязването относно лицето, отговарящо за проверките“); — „Освен това се посочва фактът, че Trame […] ще продаде 930 тона в чужбина […]“ (тази информация няма значение в разглеждания случай); — „Г‑н [A. (ITC)] също така записва телефонните номера на г‑н [K. (Tréfileurope)], г‑н [T. (DWK)], г‑н [Ch. (SLM)], г‑н [C. (CB)] и г‑н [Pr.]. Следваща среща на 17.2.1997 г.“ („отбелязването на телефонния номер на представител на SLM“). Тази информация произтича, от една страна, от документ, описващ ръкописните бележки на ITC относно разглежданата в настоящия случай среща, и от друга страна, от искането за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, подадено от ITC на 21 септември 2002 г. Следователно по този въпрос Комисията разполага само с един източник на информация, а именно ITC, и тя го потвърди в отговор на поставен от Общия съд въпрос в рамките на процесуално-организационните действия. Ето защо съдържащото се в обжалваното решение твърдение на Комисията, че „[у]частието [на SLM] в Клуб Италия от 10 февруари 1997 г. нататък обаче е ясно установено въз основа на писмени доказателства и редица изявления в искания за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, направени от ITC, Tréfileurope и CB“ (обжалвано решение, съображение 863 и точка 130 по-горе) може да изглежда заблуждаващо, тъй като това следва единствено от подаденото от ITC искане за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. По отношение на SLM изявленията на Tréfileurope и на CB, направени във връзка с искания за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, всъщност не засягат началната дата на участието на SLM в Клуб Италия, а в тях само се посочва, че SLM е участвало в Клуб Италия. Освен това от исканията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер на Redaelli и на Tréfileurope следва, че Клуб Италия е преживял два периода, а именно първи, в който е обединявал само твърдото ядро, съставено от Redaelli, CB, Itas, ITC и Tréfileurope, и втори, в който към тези предприятия се присъединяват други, сред които е SLM. Също така тълкуването, извършено от Комисията в съображение 474 от обжалваното решение, на изложените от нея доказателства във връзка със срещата на Клуб Италия на 10 февруари 1997 г. не може да отстрани съмненията на съда. Първо, що се отнася да значението на отбелязванията във връзка с разпределянето на квоти, трябва да се отбележи, че използваният от Комисията израз „разпределяне на квоти“ е двусмислен, тъй като е трудно да се разбере дали количествата, отбелязани в ръкописните бележки на ITC за SLM и други доставчици, се отнасят за количества, които вече са били доставени или за количества, които трябва да се доставят. В това отношение в искането за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер на ITC се посочва, че става въпрос за извършени от SLM пратки. В разглеждания случай не може да се изключи възможността обсъжданията, проведени по време на срещата на 10 февруари 1997 г. между представители на Redaelli, CB, Itas и ITC, да не са засягали гарантирането на продажбите на SLM, което предприятие не е присъствало на срещата, а установяването на клиентите на SLM и преценката на относителната му тежест като доставчик за тези клиенти спрямо тази на членовете на Клуб Италия. Впрочем с изложената хипотеза би могло да се обясни защо отбелязванията относно разпределянето на квоти са разделени на две колони — една за SLM и една за Redaelli, CB, Tycsa и ITC. Второ, що се отнася до произхода на информацията за SLM, отразена в отбелязванията относно разпределянето на квоти, от съображение 474 от обжалваното решение следва, че „бележките на ITC изрично показват, че CB и ITC са получили данните за свързаните с SLM продажби от страна [на представител на SLM]“. Същевременно при запознаване с бележките на ITC, които най-вероятно са били съставени към момента на настъпване на фактите, това „показване“ не изглежда толкова очевидно. Може само да се констатира, че бележките започват с отбелязването „SLM“ заедно с името на един от представителите му, изписано с главни букви, преди да се извършат отбелязванията относно разпределянето на квоти. Забележката, че информацията за SLM е била предоставена от представителите на CB и Itas, които посочили, че са я получили от посочения по-горе представител на SLM, се съдържа по-специално в искането на ITC за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. Следователно обвинението към SLM е косвено, тъй като се основа на казаното на представител на ITC от представителите на CB и Itas. За да докаже основателността на твърдението си, Комисията е могла да потърси потвърждение от CB и Itas дали посоченото от ITC, повече от пет години след настъпването на фактите, действително съответства на съдържанието на тази среща. Доказателствата, с които разполага в разглеждания случай Комисията, не са достатъчни, за да се отрече каквато и да било правдоподобност на тезата, защитавана от SLM, което оспорва твърдението, че стои в основата на тази информация, и твърди, че тя лесно е могла да бъде получена от клиентите или конкурентите (както бе установено в точка 226 по-горе за друг случай). Трето, от останалата информация, отразена в ръкописните бележки на ITC, също така следва, че разпределянето на квоти на SLM може да изглежда нелогично, без същевременно — както впрочем това е направено за Redaelli, Tréfileurope, CB, Itas и ITC — да се гарантира, че те ще бъдат проверени от лицето, отговарящо за проверките. Също така, макар отбелязването на телефонния номер на представителя на SLM да е възможно да показва, че свързване с него може да се осъществи вследствие на срещата, този факт не го доказва и също може да се обясни с евентуалното желание на членовете на Клуб Италия да привлекат SLM занапред, тъй като тези членове са били в състояние по-добре да оценят ролята на този доставчик за италианския пазар. На последно място, при всички положения трябва също така да се отбележи, че както при доказателствата от периода преди срещата на 10 февруари 1997 г. Комисията не може да представи каквото и да било доказателство, позволяващо надлежно да бъде установено, че SLM е знаело за участието си в Клуб Италия предвид провежданите обсъждания между членовете на клуба по неговото положение. От гореизложеното следва, че при отсъствие на каквото и да било доказателство, което може да потвърди съдържанието ѝ, доказателствата относно срещата на 10 февруари 1997 г. не са достатъчни, за да се приеме, че участието на SLM в Клуб Италия е започнало от тази дата. – По доказателствата за периода след срещата на 10 февруари 1997 г. Комисията също така посочва доказателства за периода след срещата на 10 февруари 1997 г., за да обоснове преценката си относно началния момент и продължителността на участието на SLM в Клуб Италия (обжалвано решение, съображение 474 и точка 128 по-горе). В обжалваното решение Комисията по-специално отхвърля редица доводи, които SLM излага отново пред Общия съд. Така това е съобщената информация, че SLM още има съмнения, което се посочва от ITC в искането му за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер във връзка с ръкописните бележки за срещата на Клуб Италия на 4 март 1997 г., доводът, изведен от липсата на фактури, изготвени от отговарящото за проверките лице, по отношение на SLM и то преди 2000 г., както и текстът на направено от Redaelli изявление в искането му за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер от 20 март 2003 г. (обжалвано решение, съображения 477 и 478 и точка 128 по-горе). Що се отнася до твърденията на ITC във връзка с ръкописните бележки за срещата на Клуб Италия на 4 март 1997 г. — на която били представени Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope и служител на лицето, отговарящо за проверките — то посочва, че „по време на срещата производителите са уведомени, че […] Trame и DWK искат да участват и ще дойдат следващия път, докато SLM все още има съмнения“ (Durante l’incontro i produttori vengono informati che […] Trame et DWK vogliono partecipare ed interverranno la prossima volta, mentre la SLM è ancora in dubbio). Според Комисията съмненията на SLM със сигурност не могат да се тълкуват като прекъсване на участието му в Клуб Италия. Това тълкуване обаче е незадоволително за Общия съд, тъй като на този етап Комисията все още не може да докаже надлежно, че по това време SLM е участвало в Клуб Италия. Напротив, посоченото по-горе твърдение на ITC предполага, че през март 1997 г. SLM все още не е било изразило съгласието си за присъединяване към Клуб Италия. Същевременно участието на SLM в Клуб Италия ясно следва от информацията за срещата на 15 април 1997 г., в която участва представител на SLM и на която се провежда „обсъждане относно реализирани от Redaelli продажби към определен брой клиенти, както и относно направени от SLM и CB оферти към клиенти, клиенти и квоти за продажба“, прави се „подробен преглед на реализираните продажби от […] SLM […]“ и се „провежда обсъждане относно разпределянето на квоти (с посочване на конкретен процент) за същите предприятия“ (обжалвано решение, приложение 3). От информацията в обжалваното решение за срещата на Клуб Италия на 30 септември 1997 г., проведена в присъствие на представител на SLM, също така следва, че е засегнат въпросът за „определянето на квоти за продажба, на минимална цена и на критерии за фиксирането на тези квоти“. Срещата на 22 декември 1997 г., по отношение на която присъствието на SLM не е уточнено, се отнася до сходни засягащи SLM въпроси аналогично на срещите на 11 януари 1998 г., 29 януари 1998 г., 1 февруари 1998 г., 5 март 1998 г., 12 април 1998 г., 19 април 1998 г., 21 юни 1998 г., 3 септември 1998 г., 27 септември 1998 г., 15 ноември 1998 г., 29 ноември 1998 г., 14 декември 1998 г., 20 януари 1999 г., 6 февруари 1999 г., 24 февруари 1999 г., 11 март 1999 г., 30 март 1999 г., 18 май 1999 г., 15 юни 1999 г., 30 юни 1999 г., 16 юли 1999 г., 7 септември 1999 г., 5 октомври 1999 г., 19 октомври 1999 г., 29 ноември 1999 г., 4 декември 1999 г., 14 декември 1999 г. и 18 януари 2000 г., като този път присъствието на SLM е отбелязано. До срещата на 16 септември 2002 г. в Милано (Италия) се провеждат други срещи в присъствие на представител на SLM и на тях се обсъждат по-специално квотите или цените. В този контекст обстоятелството, че в неуточнен момент през 1998 г. в притежавана от Tréfileurope таблица се посочва разпределянето на клиенти през 1998 — като SLM се отбелязва, но не се посочва засягаща го информация и това надлежно е отразено в приложение 3 към обжалваното решение — не може да постави под въпрос извода, който може да се направи въз основа на всички посочени по-горе доказателства, а именно че по достатъчно правдоподобен за Общия съд начин Комисията доказва, че от 15 април 1997 г. SLM е участвало в обсъждания в Клуб Италия, чиято цел е била ясно антиконкурентна. Също така фактът, че отговарящото за проверките лице не е представило фактури за SLM преди 2000 г., както и текстът на направеното от Redaelli изявление в искането му за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, съгласно което SLM не е участвало в Клуб Италия от началото на функционирането на клуба, не са достатъчни, за да се оспори предходният извод. Освен това, наред с останалото, е важно да се отбележи — както твърди SLM — че участието му в Клуб Европа е отчетено от Комисията само за периода от 11 септември 2000 г. до 19 септември 2002 г. (обжалвано решение, съображение 865 и точка 131 по-горе) и че според Комисията едва от 29 ноември 1999 г. SLM е знаело или е трябвало да знае, че с участието си в Клуб Италия взема участие в по-глобална система, включваща различни равнища, чиято цел е стабилизирането на пазара на СПН на общоевропейско равнище, за да се избегне понижаване на цените (обжалвано решение, съображение 650 и точка 129 по-горе). Всъщност това са доказателства, позволяващи да се охарактеризира спецификата на участието на SLM в нарушението, която не е идентична на тези на другите предприятия, като например Redaelli или Tréfileurope, които са участвали по-дълго време или по-всеобхватно в различните съставни части на разглежданото едно-единствено нарушение. – Заключение От гореизложеното следва, че вместо от 10 февруари 1997 г., началото на участието на SLM в Клуб Италия може да бъде надлежно доказано едва от 15 април 1997 г., като това участие впоследствие също така е доказано до септември 2002 г. В резултат на това обжалваното решение трябва да бъде отменено в тази му част и от определената по отношение на SLM продължителност на нарушението трябва да се извадят два месеца, а именно периодът от 10 февруари до 14 април 1997 г. Този период е ирелевантен за определения по отношение на Ori Martin период, тъй като отговорността за извършеното от SLM нарушение му е вменена едва от 1 януари 1999 г. Освен това по отношение на SLM е важно да се припомни следното: — Комисията отчита участието му в Клуб Европа само за периода от 11 септември 2000 г. до 19 септември 2002 г. (обжалвано решение, съображение 865 и точка 131 по-горе); — считано от 29 ноември 1999 г., то е знаело или е трябвало да знае, че с участието си в Клуб Италия взема участие в по-глобална система, включваща различни равнища, чиято цел е стабилизирането на пазара на СПН на общоевропейско равнище, за да се избегне понижаване на цените (обжалвано решение, съображение 650 и точка 129 по-горе). Тези факти също трябва да се вземат предвид при изчисляването на размера на наложена на SLM глоба, тъй като е видно, че Комисията не е направила разграничение между различните форми на участие на SLM в картела: само в Клуб Италия от април 1997 г. до края на ноември 1999 г. и впоследствие на общоевропейско равнище от декември 1999 г. до септември 2002 г. Последиците от гореизложеното за определянето на размера на глобата ще бъдат обсъдени впоследствие при упражняването от Общия съд на правомощията му за извършване на пълен съдебен контрол. г) По допълнително определения дял от стойността на продажбите Доводи на страните SLM и Ori Martin изтъкват същите доводи като изложените във връзка с преценката на тежестта, що се отнася до начисляването на предвидения в точка 25 от Насоките от 2006 г. допълнителен размер. Никой критерий не позволявал да се разбере избраното увеличение на размера на глобата с 19 % от стойността на продажбите на SLM. Този избор трябвало да оцени отрицателно, по-специално предвид скромната роля на SLM. Най-общо, отчитането на отегчаващо обстоятелство, свързано само с целта за възпиране, било несправедливо и можело да се разглежда като налагане на втора санкция за същите деяния. Освен това определянето на идентичен процент за всички предприятия, които са адресати решението, с изключение на Fundia, Socitrel, Fapricela и Proderac, независимо от тяхното индивидуално участие и роля, противоречало на принципа на равно третиране. Комисията оспорва тези доводи. В разглеждания случай тя само съобразила основния размер на глобата с оглед на хоризонталния характер на подлежащия на санкциониране картел, тоест с оглед на специфичната му тежест, независимо от размера на полученото незаконосъобразно предимство. Не била наложена никаква двойна санкция. Съображения на Общия съд В точка 25 от Насоките от 2006 г. се посочва следното: „[Н]езависимо от продължителността на участието на предприятието в нарушението, Комисията ще включи в основния размер сума между 15 % и 25 % от стойността на продажбите, […] с цел да възпира предприятията дори да встъпват в хоризонтални споразумения за фиксиране на цените, подялба на пазара и ограничаване на продукцията. Комисията може да приложи също така допълнителен размер в случай на други нарушения. За целите на вземане на решение относно дела [от] стойността на продажбите, който ще бъде приложен в даден случай, Комисията ще отчита редица фактори, по-специално посочените в точка 22 [от Насоките от 2006 г.]“. В разглеждания случай от обжалваното решение е видно, че след като припомня текста на горната разпоредба в съображение 957, в съображение 962 Комисията приема, че „[п]редвид обстоятелствата в случая, и по-специално обсъдените в точка 19.1.3 фактори [относно тежестта], е уместно да се определи допълнителен размер от стойността на продажбите от 16 % за Fundia, 18 % за Socitrel, Fapricela и Proderac и 19 % за всички останали предприятия [включително SLM]“. В това отношение трябва да се констатира, че нарушението, в което е участвало SLM, включва хоризонтални споразумения за определяне на цени, подялба на пазар и производствени ограничения, които имат най-вредните последици за конкуренцията в Съюза. Така в разглеждания случай Комисията посочва, че с цел възпиране на предприятията дори от включване в незаконосъобразни дейности тя ще включи в основния размер сума между 15 % и 25 % от стойността на продажбите, което е и направила в настоящия случай, определяйки този размер на 19 % за SLM. Този предварително обоснован подход не може да се счита за несправедлив или сравним с налагане на втора санкция, тъй като в него само се излагат отново елементите, които Комисията възнамерява да вземе предвид при определянето на размера на глобата. В това отношение Комисията не излиза извън границите, предвидени в приложимите по отношение на предприятията правила за конкуренция, дефинирани в член 101 ДФЕС и в член 23 от Регламент № 1/2003 относно тяхното изпълнение, като посочва, че при определянето на основния размер на глобата смята за уместно да включи в глобата специфична сума, която не зависи от продължителността на нарушението, с цел възпиране на предприятията дори от включване в незаконосъобразни дейности. Също като при преценката на степента на тежест на нарушението във връзка с определянето на основния размер на глобата взетите предвид от Комисията елементи на този етап на анализа ѝ се отнасят до нарушението като цяло. Едва на по-късен етап Комисията следва да коригира основния размер, за да отчете евентуалните смекчаващи обстоятелства, включително това относно твърдяната от жалбоподателите скромна роля. Тъй като SLM не представя каквото и да било доказателство, с което може да се оспори изложеният от Комисията подход във връзка с различните взети предвид в това отношение елементи в обжалваното решение — а именно естеството на нарушението, общият пазарен дял на съответните предприятия, географският обхват и привеждането в изпълнение на нарушението — следва да се приеме, че към Комисията не може да се отправят критики за това, че е счела за уместно да включи в основния размер на глобата специфична сума, която не зависи от продължителността на нарушението. Впрочем, макар Комисията да не излага конкретни мотиви относно дела от стойността на продажбите, използван във връзка с допълнителния размер, самото препращане към анализа на факторите, използвани за преценката на тежестта, е достатъчно в това отношение. Всъщност съображенията от анализа на мотивите във връзка с дела, използван за определянето на стойността на продажбите с цел преценка на тежестта на нарушението, се отнасят и за преценката на мотивите, изложени с цел да се обоснове делът, използван за определянето на допълнителния размер с възпираща цел (в този смисъл и по аналогия вж. решение от 11 юли 2013 г., Ziegler/Комисия, C‑439/11 P, Сб., EU:C:2013:513 , т. 124). От гореизложеното следва, че оплакванията на жалбоподателите относно вземането предвид от Комисията на допълнителен размер при определянето на основния размер на глобата по реда на Насоките от 2006 г. трябва да се отхвърлят. 4. По елементите, които трябва да се вземат предвид за коригирането на основния размер Що се отнася до елементите, използвани за коригиране на основния размер на глобата, следва да се разгледат следните оплаквания: от една страна, доводите във връзка с изтъкнатите от SLM и Ori Martin смекчаващи обстоятелства и от друга страна, изтъкнатите от SLM доводи във връзка с възможността да се ползва от разпоредбите относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер. а) По смекчаващите обстоятелства Доводи на страните SLM и Ori Martin твърдят, че Комисията неправилно не е признала наличието на смекчаващи обстоятелства в полза на SLM въз основа на точка 29 от Насоките от 2006 г. В това отношение SLM изтъква малкия размер на пазарните си дялове в Европа и Италия (съответно 3 % и 10 %), късното си и ограничено участие в нарушението, както и признаването от негова страна на голяма част от деянията, за които му се търси отговорност, няколко дни след проверката. Другите участници в нарушението винаги гледали на SLM като на „outsider“ поради агресивните му търговски практики. Освен това SLM не взело участие в повечето от тайните срещи и претърпяло значителни загуби поради поведение си и санкциите, които понесло от страна на участващите в нарушението от 1995 г. предприятия. От своя страна Ori Martin счита, че Комисията не е взела предвид, че участието на SLM в нарушението има само закъснял и ограничен характер. Комисията оспорва тези доводи. Съображения на Общия съд В точка 29 от Насоките от 2006 г. се посочва: „Основният размер може да бъде намален, ако Комисията установи наличието на смекчаващи обстоятелства, като например: — когато съответното предприятие представи доказателства, че то е прекратило нарушението веднага след намесата на Комисията: това няма да се прилага към тайни споразумения или практики (по-специално към картели); — когато предприятието представи доказателства, че нарушението е било извършено в резултат на небрежност; — когато предприятието представи доказателства, че неговото участие в нарушението е крайно ограничено и по такъв начин докаже, че по времето, когато то е било страна по нарушаващото споразумение, то фактически не го е прилагало, като е възприемало конкурентно поведение на пазара: сам по себе си фактът, че предприятието е участвало в нарушението по-кратко време, отколкото другите, няма да бъде считан за смекчаващо обстоятелство, тъй като това вече е отразено в основния размер; — когато съответното предприятие е оказало ефективно съдействие на Комисията извън обхвата на Известие за намаляване и освобождаване от отговорност и извън своето правно задължение за това; — когато антиконкурентното поведение на предприятието е било разрешено или насърчено от публичните органи или от законодателството“. В разглеждания случай SLM излага три вида доводи с цел да докаже, че Комисията е трябвало да вземе предвид едно или няколко смекчаващи обстоятелства при определянето на размера на глобата. На първо място, това е малкият размер на пазарните му дялове в Европа и Италия, на второ място, сътрудничеството му с Комисията и на трето място, незначителната му роля в картела както с оглед на продължителността на участието му, така и с оглед на неговия характер. Последният довод е изтъкнат и от Ori Martin. Що се отнася до довода във връзка с малкия размер на пазарните дялове на SLM в различните европейски държави, засегнати от нарушението (оценен под 3 %), и в Италия (оценен под 10 %), трябва да се отбележи, че липсата на изрично посочване на този довод сред смекчаващите обстоятелства, които могат да се вземат предвид при определянето на размера на глобата, не е достатъчно, за да се отхвърли евентуалната му релевантност. Така в точка 29 от насоките примерно, а не изчерпателно, само се посочват някои смекчаващи обстоятелства, които може да се вземат предвид, и това е видно от използвания в тази разпоредба израз „като например“ (в този смисъл вж. решение от 25 октомври 2011 г., Aragonesas Industrias y Energía/Комисия, T‑348/08, Сб., EU:T:2011:621 , т. 279 и 280). В разглеждания случай обаче Комисията не може да бъде упреквана за това, че не е взела предвид малкия размер на пазарните дялове на SLM, за да намали размера на глобата поради наличие на смекчаващи обстоятелства. От методологична гледна точка най-напред трябва да се подчертае, че при определянето на размера на глобата Комисията взема предвид относителната тежест на SLM в сектора на СПН, тъй като при изчисляването използва стойността на продажбите, реализирани от предприятието във връзка с разглежданото нарушение, като отправна точка. Освен това сам по себе си размерът на посочения от SLM пазарен дял не е пренебрежим. Този размер също така трябва да се съпостави с размера на пазарните дялове на всички участници в нарушението, който представлява около 80 % от продажбите на СПН в рамките на ЕИП, като Италия е страната, в която потреблението на СПН е най-голямо, както и със структурата на търсенето, което е твърде разнородно и включва съвсем малко на брой големи клиенти (обжалвано решение, съображения 98—102 и точки 14—16 по-горе). Освен това трябва да се констатира, че SLM не посочва релевантни доказателства, позволяващи да се установи защо сам по себе си размерът на пазарните му дялове в Европа или в Италия обосновава намаляване на основния размер на глобата поради наличие на смекчаващи обстоятелства. След като не се излагат доводи за противното, Комисията не може да бъде упреквана за това, че не е обсъдила въпроса дали е възможно малкият размер на пазарните дялове на SLM да обоснове вземането му под особено внимание от нейна страна като смекчаващо обстоятелство при определянето на размера на глобата. Поради това твърдението, че малкият размер на пазарните дялове на SLM трябва да се отчете като смекчаващо обстоятелство, чието наличие Комисията трябвало да констатира въз основа на точка 29 от Насоките от 2006 г., трябва да се отхвърли като неоснователно. Що се отнася до довода относно сътрудничеството с Комисията, SLM припомня, че е признало участието си в редица деяния, за които му се търси отговорност, няколко дни след проверката, и това не се оспорва от Комисията. В това отношение трябва да се припомни, че както е посочено в обжалваното решение, според Комисията само по себе си неоспорването на деянията не е достатъчно, за да се обоснове намаляване на размера на глобата поради наличие на смекчаващи обстоятелства. По този въпрос Комисията посочва, че не е обвързана от предходната си практика в това отношение и че прилагането на намаляването поради неоспорване на деянията, предвидено в Известието относно освобождаването от глоби или намаляването на глоби в случаите на картел ( ОВ С 207, 1996 г., стр. 4 ), впоследствие е било преустановено (обжалвано решение, съображение 1009). При всички положения трябва да се констатира, че признаването от страна на SLM на част от деянията, за които му се търси отговорност, не може да облекчи работата на Комисията по установяването на нарушението, тъй като въпросната част съответства на периода от 1999 г. до 2002 г., за която Комисията вече е разполагала с редица източници на информация и множество доказателства, събрани по-специално в хода на проверките, извършени през септември 2002 г. Съответно признаването на въпросните деяния от SLM е било без значение за установяването на нарушението по отношение на него или по отношение на останалите предприятия, участвали в нарушението. Поради това доводът относно необходимостта да се вземе предвид признаването от страна на SLM на част от деянията, за които му се търси отговорност, като смекчаващо обстоятелство, чието наличие Комисията трябвало да констатира въз основа на точка 29 от Насоките от 2006 г., трябва да се отхвърли като неоснователно. В това отношение от материалите по делото е видно, че данните, предоставени от SLM на Комисията в писмото му от 25 октомври 2002 г. или впоследствие в отговора му на изложението на възраженията, са били без значение за установяването на нарушението. Така информацията за разширяването на Клуб Европа от септември 2000 г. до септември 2002 г. в основната си част идва от други източници. Що се отнася до довода относно незначителната роля на SLM в извършването на нарушението, както по отношение на неговото продължителност, така и по отношение на характера му, веднага трябва да се отбележи, че що се отнася до ограничената продължителност на участието на SLM в нарушението, този елемент вече е бил отчетен на етапа на определянето на основния размер на глобата, където се взема предвид продължителността на участието на всяко предприятие в нарушението. Впрочем в Насоките от 2006 г. Комисията приема, че „сам по себе си фактът, че предприятието е участвало в нарушението по-кратко време, отколкото другите, няма да бъде считан за смекчаващо обстоятелство, тъй като това вече е отразено в основния размер“. Въпреки че не е изключено в определени хипотези значителната разлика в продължителността на участие на различните засегнати предприятия да може да се вземе предвид като смекчаващо обстоятелство, в разглеждания случай това не е така. Всъщност в настоящия случай участието на SLM в Клуб Италия е продължило няколко години и е реализирано съзнателно. Продължителността на това участие е достатъчно показателна, за да се приеме, че Комисията изобщо не е трябвало да взема предвид продължителността на участието на SLM в нарушението като смекчаващо обстоятелство. Що се отнася до твърдения ограничен характер на участието на SLM в нарушението и последиците, които това трябва да има при определянето на размера на наложената на посоченото предприятие глоба, страните спорят по значението, което следва да се придаде на представените по този въпрос доказателства. В това отношение от точка 29 от Насоките от 2006 г. е видно, че по принцип, за да констатира наличието на смекчаващо обстоятелство, Комисията иска от съответното предприятие да „представи доказателства, че неговото участие в нарушението е крайно ограничено и по такъв начин докаже, че по времето, когато то е било страна по нарушаващото споразумение, то фактически не го е прилагало, като е възприемало конкурентно поведение на пазара“. В миналото Комисията е приемала, че предприятие, играещо „изключително пасивна или [последователска] роля при извършване на нарушението“ може да се ползва от намаляване на основния размер поради наличие на смекчаващи обстоятелства (вж. точка Б.3 от Насоките от 1998 г.). Според SLM участието му в картела отговаря на това определение. В разглеждания случай то изтъква агресивните си търговски практики; загубите поради поведението си във връзка с понесените санкции; фактът, че другите участвали в нарушението предприятия поне до 2000 г. не го възприемат като член на картела, и фактът, че не участва в повечето от тайните срещи. Според Комисията участието на SLM не отговаря на посоченото определение. Така в съображение 990 от обжалваното решение, във връзка с анализа на доводите относно „незначителната и/или пасивна роля“, Комисията посочва следното: „SLM непрекъснато и редовно е участвало и допринасяло за реализирането на операциите по определяне на квоти, по разпределяне на клиенти и по определяне на цени, както и в обмена на чувствителна търговска информация в над сто срещи на Клуб Италия между 1997 г. и 2002 г. […]. Освен това, противно на твърденията на SLM, участието му в картела е потвърдено от ITC и Tréfileurope, а също и от CB […]. Поради това ролята на SLM в картела не може да се квалифицира нито като крайно ограничена, нито като изключително пасивна и незначителна“. Анализът на различните представени от Комисията доказателства и по-специално на доказателствата, изложени в приложение 3 към обжалваното решение за срещата на 15 април 1997 г., която протича в присъствие на представител на SLM и за чието съдържание информират ITC и Tréfileurope, показва, че SLM е възприемано като участник в картела доста преди 2000 г. Освен това също от обжалваното решение следва, че SLM е участвало в голям брой тайни срещи, който е достатъчен, за да се отхвърли възможността участието му да се квалифицира като изключително пасивно или незначително или като крайно ограничено. Впрочем в съображения 1015—1022 от обжалваното решение, във връзка с анализа на доводите относно „отклоняването от прилагането/крайно ограничената роля“, Комисията посочва, че също като други предприятия SLM твърди, че не е привело в изпълнение тайните споразумения или че е затруднило функционирането на картела, възприемайки конкурентно пазарно поведение. Посочва се, че в подкрепа на твърдението си SLM представя различни фактури и твърди, че е увеличило оборота си. В отговор Комисията посочва, че: — „повечето от изложените доказателства са данни, които не се заверени от представилата ги фирма“ (обжалвано решение, съображение 1018); — „[п]ри всички положения спорадичните измами във връзка с определените цени и/или разпределените клиенти сами по себе си не доказват, че даден участник не е привел в изпълнение тайните споразумения. Вътрешните конфликти, съперничеството и измамите са типични за всички картели, особено когато продължителността им е голяма […]. Съответно това, че дадено предприятие не е изпълнило някои от споразуменията, не означава, че не е приложило никое от тайните споразумения и е възприело напълно конкурентно пазарно поведение“ (обжалвано решение, съображение 1018); и — „прилагането на тайните споразумения е било осигурено чрез система за контрол […] и твърде честите срещи между конкуренти в рамките на картела, по време на които редовно е била обменяна поверителна информация, позволяваща на страните да съпоставят стойностите си и да се договорят и/или преразгледат квотите, цените и разпределянето на клиенти. Установено е, че […] SLM […], също като другите адресати на настоящото решение, са участвали редовно в срещи, по време на които са обсъждани и проверявани цените, квотите и клиентите […]. Освен това във връзка с […] SLM […] се отбелязва контрола на продажбите им, осъществяван от външен одитор, […]“ (обжалвано решение, съображение 1019). В заключение, според Комисията „е ясно, че никоя от страните не е доказала, че действително се е отклонила от прилагането на неправомерните споразумения, възприемайки конкурентно пазарно поведение, или най-малкото, че ясно и в значителна степен е нарушила задълженията, свързани с привеждането в изпълнение на картелните споразумения, до степен да затрудни самото функциониране на картела“ и че „[о]т това следва, че не е възможно да се отчете каквото и да било смекчаващо обстоятелство поради установено отклоняване от прилагането или крайно ограничена роля“ (съображение 1022). Същевременно трябва да се отбележи, че макар действително от материалите по делото да е видно, че SLM е участвало редовно в тайните срещи и че се е подчинявало на контролен механизъм, не е без значение да се установи дали вследствие на тези срещите и въпреки контролния механизъм SLM е възприело или не конкурентно пазарно поведение, както то твърди. Ето защо решението Комисията да отхвърли доводите на SLM, тъй като от преписката било видно че е участвало в нарушението, не е убедително. Също така, доводът относно липсата на „заверка“ на представената от SLM информация не е достатъчен, за ѝ се отрече каквато и да било стойност. Ако Комисията имаше и най-малкото съмнение относно автентичността или верността на информацията, която може да се извлече от представените от SLM фактури или от твърдяното увеличение на оборота, тя е имала възможност да поиска от SLM допълнителна информация или да проведе собствено разследване във връзка с тази информация. Трябва обаче да се констатира, че от анализа на посочените фактури и от изразените от страните по този въпрос становища в хода на съдебното заседание следва, че фактурите не са били твърде много и са се отнасяли само за твърде кратък времеви период, а именно началото на ноември 2001 г. Ето защо позоваването на тези документи в подкрепа на твърдението, че през периода на участие на SLM в неправомерните споразумения то действително се е отклонило от тяхното прилагане, възприемайки конкурентно пазарно поведение, е ирелеватно. Следователно в разглеждания случай Комисията е имало основание да припомни, че по принцип наличието на „спорадични измами“ само по себе си не доказва, че даден участник не е привел в изпълнение тайните споразумения. Впрочем SLM не представя никакви доказателства в подкрепа на твърдението си, че е възприемано като „outsider“ от другите участници в нарушението поради агресивните си търговски практики и че поради това спрямо него са били приложени наказателни мерки от останалите участници в картела. Тези твърдения съответно не е възможно да се вземат предвид. Поради това твърдението, че с оглед на представените документи в хода на административното производство Комисията е трябвало да приеме, че участието на SLM в нарушението е крайно ограничено по смисъла на точка 29 от Насоките от 2006 г., трябва да се отхвърли като необосновано. От гореизложеното следва, че оплакванията на жалбоподателите във връзка с различните доводи, изтъкнати с цел да се установи наличието на смекчаващи обстоятелства по смисъла, определен в точка 29 от Насоките от 2006 г., трябва да се отхвърлят. б) По изявленията, направени във връзка с искането за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер Припомняне на обжалваното решение В обжалваното решение Комисията посочва следното: „(1126) SLM иска глобата да бъде намалена, тъй като съобщило уличаващата го информация в отговора си на първото искане на Комисията за предоставяне на информация и това надхвърляло рамките на обикновеното сътрудничество. Освен това то твърди, че не е могло да представи повече информация, тъй като, от една страна, по това време не е било в състояние да определи с какви доказателства вече разполага Комисията, и от друга страна, ролята му в нарушението била незначителна. Накрая SLM твърди, че Комисията използвала изявленията му в подкрепа на заключенията си. (1127) Комисията припомня, че за може съответното намаляване на глобата да се обоснове с Известието относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер, предоставената информация трябва да привнася съществена добавена стойност. Ето защо самоуличаващият характер на информацията или извършеното от Комисията позоваване на тази информация при описанието на картела не са определящи. Когато съответното предприятие иска освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, то трябва да представи на Комисията цялата релевантна информация, с която разполага, и вероятността да се ползва от мярка, свързана с освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, е по-голяма, ако го направи своевременно. Ето защо невъзможността на SLM да предостави повече информация, тъй като не е знаело с какви доказателства вече разполага Комисията, е ирелевантна. (1128) Що се отнася до съществената добавена стойност на приноса на SLM, то поиска намаляване на глобата на 30 октомври 2002 г., отговаряйки същевременно на искане на Комисията за предоставяне на информация. В отговора си SLM призна собственото си участие в четири вида срещи, а именно в срещите на ESIS [Eurostress Information Service със седалище в Дюселдорф], в срещите между италианските производители на равнище ръководство от 1999 г. до 2002 г., в срещите между европейските производители на равнище ръководство/търговски отдел през 2001 г. и в срещите между италианските производители на равнище продавачи от 1999 г. до 2002 г. Описанието му на тези срещи обаче произтичаше от вече събрани доказателства, а изявленията му бяха неясни. (1129) Също така, що се отнася до разширяването на Клуб Европа, SLM обясни, че през 2001 г. е имало срещи между европейски и италиански производители с цел да се договори statu quo за италианския износ на европейския пазар. То декларира, че е участвало в три от тези срещи и представи доклада за две срещи, по-специално за срещата на 4 септември 2001 г. (на която се обсъжда statu quo за италианския износ и стабилизиране на цените), която многократно се отбелязва в CG. Същевременно редица данни от по-ранни източници доказват провеждането на тази и други срещи със същата цел. Ето защо предоставената от SLM информация не привнася съществена добавена стойност“. Доводи на страните SLM твърди, че Комисията неправилно е отказала да му предостави намаляване на размера на глобата въз основа на сътрудничеството, оказано по време на административното производство. SLM по-специално твърди, че поради второстепенната си роля в нарушението, когато решило да сътрудничи, не е можело да знае с кои доказателства Комисията вече разполага, за да прецени дали дадените отговори имат добавена стойност или не. Впрочем Комисията основателно можела да противопостави на съответното предприятие липсата на добавена стойност на признатите факти и обстоятелства, ако може да се установи, че това предприятие е знаело факти и обстоятелства, които по друг начин са били включени в преписката от Комисията. Това обаче не било така в случая, когато SLM декларирало пред Комисията, че е имало не по-малко от четири вида срещи между производителите на СПН: а именно в рамките на Eurostress Information Service (ESIS, професионално сдружение на производителите на СПН в Европа), между европейските производители, само между италианските производители, на равнище ръководители или продавачи. SLM посочило участниците, местата, произхода на поканите и съдържанието на срещите (обжалвано решение, съображение 1128). Тези изявления били използвани в изложението на възраженията, за да се обосноват някои изводи (вж. изложение на възраженията, точки 191 и 242, приложение 3 към жалбата), което не можело да стане, ако изявленията нямали стойност. Комисията твърди, че SLM не заслужава намаляване на размера на глобата, тъй като не е предоставило информация със съществена добавена стойност. Освен това намаляване на размера на наложената на SLM глоба щяло да бъде неуместно с оглед на пресметливото му поведение и неясния характер на съобщената информация. Съображения на Общия съд В разглеждания случай трябва да се отбележи, че на 9 януари 2002 г. Bundeskartellamt предава на Комисията документи, разкриващи наличието на нарушение на член 101 ДФЕС във връзка със СПН. Също така още на 19 юли 2002 г., тоест дори преди извършването на проверките на 19 и 20 септември 2002 г., Комисията вече е била освободила условно DWK от глоби в отговор на искане в този смисъл, направено на 18 юни 2002 г. Вследствие на тези проверки редица предприятия подават искания за по-благоприятно третиране от страна на Комисията в замяна на тяхното сътрудничество с нея, по-специално ITC на 21 септември 2002 г., но също и Redaelli на 21 октомври 2002 г. и Nedri на 23 октомври 2002 г. В обжалваното решение, Комисията посочва, че предоставя на ITC намаляване на глобата от 50 %, тъй като е първото предприятие, изпълнило изискванията, предвидени в точка 21 от Известието относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер от 2002 г. По-специално се отбелязва, че ITC е предоставило важни улики за Клуб Италия и общоевропейските договорки. Комисията също така посочва, че предоставя на Nedri намаляване на глобата от 25 %, тъй като е второто предприятие, изпълнило посочените по-горе изисквания. На други предприятия, а именно ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal, ArcelorMittal Fontaine, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal España, Emesa/Galycas и WDI, е предоставено намаляване на глобата от 20 % или от 5 %. Представените от Tycsa, Redaelli и SLM искания са отхвърлени. Що се отнася до SLM, едновременно с отговора си на искането за предоставяне на информация, което му е отправено във връзка с проверката, на 25 октомври 2002 г. то подава искане с цел да се ползва от Известието относно освобождаването от глоби или намаляването на техния размер от 2002 г., като искането е регистрирано от Комисията на 30 октомври 2002 г. Впоследствие, в отговора си на изложението на възраженията, SLM предоставя други доказателства на Комисията. Видно е обаче, че съобщената от SLM информация е имала относителна полза за Комисията, която вследствие на проверките или по-специално поради сътрудничеството на ITC вече е разполагала с множество доказателства, позволяващи да се установят различните страни на нарушението, за които SLM е предоставило информация. Така информацията относно разширяването на Клуб Европа от септември 2000 г. до септември 2002 г. произтича основно от различни от SLM предприятия, а пък ако SLM е било цитирано, то и редица други предприятия са били цитирани, като техният принос предхожда този на SLM (обжалвано решение, съображение 265 и сл.). От гореизложеното следва, че оплакванията на SLM относно необходимостта да му се предостави намаляване на размера на глобата, за да се възнагради неговото сътрудничество по установяването на нарушението, трябва да се отхвърлят. 5. По вземането предвид на особеното положение на SLM Многократно в доводите си SLM и Ori Martin твърдят, че Комисията не взела надлежно предвид особеното положение на SLM. Според жалбоподателите участието на това предприятие в картела било не само закъсняло, но и ограничено, и това Комисията трябвало да отчете на един или друг етап при определянето на размера на глобата. Комисията обаче не извършила такова индивидуализиране на санкцията, тъй като използваната формула при определянето на размера на глобата била същата като използваната за санкциониране на предприятията, които, например като Redaelli, взели участие във всички аспекти на нарушението и през цялата му продължителност. В настоящото дело Общият съд трябва да провери дали Комисията е преценила по подходящ начин обстоятелствата в случая, санкционирайки SLM с глоба в размер на 19,8 милиона евро преди прилагането на законоустановения праг от 10 %, изчислен по-специално с оглед на всички реализирани продажби на СПН в ЕИП от SLM, на обективната тежест на нарушението като такова, на продължителността на участието на SLM в Клуб Италия, считано от среща, на която SLM не е било представлявано, и без да се отчете каквото и да било смекчаващо обстоятелство (вж. точка 134 по-горе). Всъщност, както следва от съдебната практика и съгласно принципа на ефективна съдебна защита, включващ принципите на пропорционалност и на индивидуализиране на наказанията (вж. точки 138—142 по-горе), глобата трябва да се определи с оглед на елементите, свързани не само с нарушението като такова, но и с действителното участие на санкционираното предприятие в това нарушение. Така Комисията или съответно Общият съд трябва да се увери, че наказанието е индивидуализирано спрямо нарушението, като е отчетено особеното положение на SLM в разглежданото едно-единствено нарушение, описано от Комисията в обжалваното решение. Форми на участие в Клуб Италия Що се отнася до участието в Клуб Италия, могат да се направят три извода, за да се прецени санкцията, която трябва да се наложи на SLM предвид изложените по-горе съображения относно вземаните предвид елементи от Комисията при определянето на размера на глобата. Първо, както твърди Комисията, сключените в рамките на Клуб Италия споразумения действително са с географски обхват, който надхвърля Италия. Извън италианския си аспект този клуб също така е позволил на редица предприятия — а именно на твърдото ядро, състоящо се от Redaelli, CB, ITC, Itas (представени в Италия) и Tréfileurope (представено в Италия и в останалата част на Европа), но също и на SLM — да координират усилията на италианските производители относно износа и същевременно да определят обща политика в отговор на опитите на производителите от други европейски страни (като например Tycsa, Nedri и DWK, които понякога участват в Клуб Италия) да ограничат тези усилия, предлагайки на италианските производители квота за износ в останалата част на Европа. Същевременно трябва да се констатира, че през целия период, в който SLM участвало само в тази съставна част на нарушението (според Комисията от 10 февруари 1997 г. до 10 септември 2000 г.), проведените в негово присъствие обсъждания не са засягали Австрия, а ако са засягали Германия и Франция, това е ставало в моменти, в които SLM не е продавало или все още не е продавало СПН в тези държави. Тези особености трябва да се вземат предвид при преценката на размера на санкцията, която трябва да се наложи на SLM. Второ, що се отнася до продължителността на участието на SLM в Клуб Италия, не може да се приеме, че то е започнало на 10 февруари 1997 г., както счита Комисията, а началото му трябва да се отнесе към 15 април 1997 г., за да се удовлетвори изискваната степен на доказване при установяването на участие в нарушение. Това също така трябва да се има предвид при определянето на размера на глобата. Трето, що се отнася до обхвата на участието на SLM в Клуб Италия, трябва да се отбележи, че в обжалваното решение Комисията приема, че от 29 ноември 1999 г. SLM е знаело или е трябвало да знае, че с участието си в Клуб Италия взема участие в по-глобална система, включваща различни равнища, чиято цел е стабилизирането на пазара на СПН на общоевропейско равнище, за да се избегне понижаване на цените (обжалвано решение, съображение 650 и точка 129 по-горе). Следователно SLM е узнало за разглежданото едно-единствено нарушение, за което му търси отговорност Комисията, едва на по-късен етап в сравнение с други предприятия. Тази отбелязана в обжалваното решение особеност също трябва да се вземе предвид на етапа на определянето на размера на глобата, тъй като въвежда разграничение между положението на SLM и това на другите санкционирани в настоящия случай предприятия, като например Redaelli, което участва в Клуб Италия от самото му създаване или знае за всички аспекти на разглежданото едно-единствено нарушение. При това трябва да се отбележи, че положението на SLM се различава значително и от положението на трите предприятия, по отношение на които Комисията отчита закъснялото узнаване за общоевропейското измерение на нарушението. В случая Socitrel, Proderac и Fapricela, които действат в рамките на Клуб España, узнават за цялостния план едва през май 2001 г., а не както SLM през ноември 1999 г. Също така трябва да се отбележи, че SLM не само узнава за общоевропейското измерение на нарушението, но впоследствие и участва всестранно в него. Форми на участие в Клуб Европа и в другите договорки Безспорно е, че SLM не е участвало в споразумението за Юга, в Клуб España, в координирането по отношение на клиента Addtek или в Клуб Цюрих, който предхожда Клуб Европа. Що се отнася до Клуб Европа, важно е да се припомни, че участието на SLM в този аспект на разглежданото едно-единствено нарушение е отчетено само за периода от 11 септември 2000 г. до 19 септември 2002 г., съответстващ на период, в който SLM започва да получава необходимите разрешения за пускането на СПН на пазара в някои попадащи в обхвата на Клуб Европа държави и в който се провеждат обсъждания с Клуб Италия по размера на квотата, която може да се отпусне на италианските износители. От гореизложеното следва, че участието на SLM в нарушението не е било равномерно, а постепенно. В началото, от април 1997 г. до края на ноември 1999 г., SLM участва само в Клуб Италия, от декември 1999 г. знае за общоевропейското измерение на разглежданото едно-единствено нарушение, а в последствие участва в Клуб Европа от септември 2000 г. до септември 2002 г. Таза констатация е елемент, който е трябвало да се вземе предвид от Комисията при преценката на санкцията, която трябва да се наложи на SLM. Същевременно трябва също така да се отбележи, че тази констатация не означава, че участието на SLM в нарушението е толкова ограничено, колкото твърдят жалбоподателите. Всъщност от материалите по делото е видно, че от 2000 г. ролята на SLM в рамките на Клуб Италия — по-специално що се отнася до провежданите обсъждания с Клуб Европа, за да се определи квотата за износ — може да се приравни на ролята, играна от основните участници в Клуб Италия, а именно Redaelli, Itas, CB, ITC и Tréfileurope. 6. Заключение От гореизложеното съответно следва, че наложената на SLM, а отчасти и на Ori Martin, санкция е непропорционална по-специално в смисъл, че не е достатъчно индивидуализирана, тъй като Комисията не е взела предвид някои особености на положението на това предприятие при санкционирането му с глоба в размер на 19,8 милиона евро, преди да приложи законоустановения праг от 10 %. В наложената от Комисията санкция по-специално не се отчита фактът, че участието на SLM в разглежданото едно-единствено нарушение е само със закъснял и постепенен характер, като на първо време се ограничава главно до постиганите в рамките на Клуб Италия договорки за италианския пазар. В разглеждания случай при изчисляване на размера на глобата Комисията е трябвало да вземе предвид липсата на съответните одобрения, позволяващи на SLM да продава стоки в някои държави членки преди определена дата и липсата на доказателства, позволяващи да се приеме, че участието на SLM в картела е било възможно дори преди да започне да участва в срещите на Клуб Италия. Следователно член 2, точка 16 от обжалваното решение трябва да бъде отменен в частта, в която на жалбоподателите се налага непропорционална санкция. Последиците, които следва да се изведат от гореизложеното, ще бъдат разгледани във връзка с поверените на Общия съд правомощия за извършване на пълен съдебен контрол, чието упражняване се иска в разглеждания случай. При това положение не е необходимо да се разглеждат доводите на страните във връзка с оплакването за нарушаване на принципа на равно третиране или с оплакванията за нарушаване на някои разпоредби от Насоките от 2006 г., тъй като в разглеждания случай не могат да поставят под въпрос или да променят резултата от предходната преценка. Г– По необичайната продължителност на административното производство 1. Доводи на страните SLM твърди, че продължителността на административното производство е била твърде дълга. В разглеждания случай административното производство продължило повече от осем години, а между извършените на 19 септември 2002 г. проверки и изпращането на изложението на възраженията на 30 септември 2008 г. изминали шест години. Така от 2002 г. Комисията знаела голям брой факти, въз основа на които впоследствие обосновава обжалваното решение, и множество предприятия бързо започнали да сътрудничат. Според SLM производството приключило със закъснение поради големия брой длъжностни лица, които последователно работили по преписката, и поради това SLM иска от Общия съд да разпореди на Комисията да му предостави списък, от който да е виден броят на длъжностните лица, работили по преписката от 2002 г. до 2010 г. След повече от десет години за SLM било трудно да вземе отношение по деянията, за които му се търси отговорност, често косвено, въз основа на ръкописно съставени от други лица документи. На Комисията също така ѝ отнело шест години, за да реши дали трябва да уважи или отхвърли искането на SLM за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, подадено на 30 октомври 2002 г. и отхвърлено на 19 септември 2008 г., с което било нарушено правото на SLM своевременно да подготви защитна теза, годна да осигури най-добрата защита на интересите му. Административните забавяния попречили на SLM да подготви подходяща защита за първите години на участие в картела, за който му се търси отговорност (1997 г. и 1998 г.). Комисията оспорва тези доводи. Що се отнася до искането за събиране на доказателства, тя по-специално отбелязва, че предвид сложността на производството, посочването на броя на длъжностни лица, които последователно са отговаряли за преписката, е ирелевантно. 2. Съображения на Общия съд Най-напред трябва да се отбележи, че SLM признава участието си в нарушението от 1999 г. нататък. Това обстоятелство трябва да се вземе предвид при преценката на последиците от евентуалното нарушаване на принципа на разумния срок. Спазването на разумен срок при провеждане на административните производства в областта на политиката на конкуренцията представлява общ принцип на правото на Съюза, чието спазване се гарантира от юрисдикциите на Съюза (вж. решение от 19 декември 2012 г., Heineken Nederland и Heineken/Комисия, C‑452/11 P, EU:C:2012:829 , т. 97 и цитираната съдебна практика). Принципът на разумен срок на административното производство е потвърден в член 41, параграф 1 от Хартата на основните права, съгласно който „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“ (решение от 5 юни 2012 г., Imperial Chemical Industries/Комисия, T‑214/06, Сб., EU:T:2012:275 , т. 284). Разумният характер на продължителността на производството трябва да се преценява в зависимост от конкретните обстоятелства във всеки случай, и по-специално от контекста на същия, от поведението на страните в хода на производството, от значението на случая за различните заинтересовани предприятия и от степента му на сложност (в този смисъл вж. решение от 20 април 1999 г., Limburgse Vinyl Maatschappij и др./Комисия, T‑305/94—T‑307/94, T‑313/94—T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 и T‑335/94, Rec, EU:T:1999:80 , т. 126), а при необходимост и от информацията или обосновката, която Комисията може да представи във връзка с извършените в хода на административното производство действия по разследване. Съдът приема, че в административното производство могат да се разглеждат две последователни фази, всяка от които следва своя собствена вътрешна логика. Първата фаза, която продължава до изложението на възраженията, започва от момента, в който Комисията, упражнявайки поверените ѝ от законодателя на Съюза правомощия, предприеме действия, включващи твърдение за извършване на нарушение, и трябва да позволи на Комисията да формира становище относно по-нататъшния ход на производството. От своя страна втората фаза обхваща периода от изложението на възраженията до приемането на крайното решение. Тя трябва да позволи на Комисията да се произнесе окончателно по твърдяното нарушение (решение от 21 септември 2006 г., Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Комисия, C‑105/04 P, Rec, EU:C:2006:592 , т. 38). Съгласно съдебната практика нарушаването на принципа на разумния срок може да има два вида последици. От една страна, когато нарушението на изискването за разумен срок се е отразило на резултата от производството, нарушението може да доведе до отмяна на обжалваното решение (в този смисъл вж. решение от 21 септември 2006 г., Technische Unie/Комисия, C‑113/04 P, Rec, EU:C:2006:593 , т. 48 и цитираната съдебна практика). Трябва да се направи уточнението, че при прилагането на правилата в областта на конкуренция, превишаването на разумния срок може да бъде основание за отмяна само на решения, с които се установяват нарушения, и ако е било доказано, че нарушаването на този принцип е довело до накърняване на правото на защита на засегнатите предприятия. Извън тази конкретна хипотеза неизпълнението на задължението за произнасяне в разумен срок няма последици по отношение на законосъобразността на административното производство по реда на Регламент № 1/2003 (вж. решение от 16 декември 2003 г., Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied и Technische Unie/Комисия, T‑5/00 и T‑6/00, Rec, EU:T:2003:342 , т. 74 и цитираната съдебна практика, потвърдено по този въпрос след обжалване с решение Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Комисия, т. 337 по-горе, EU:C:2006:592 , т. 42 и 43). Същевременно, тъй като спазването на правото на защита като принцип, чийто фундаментален характер е подчертаван многократно в практиката на Съда (решение от 9 ноември 1983 г., Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Комисия, 322/81, Rec, EU:C:1983:313 , т. 7), има съществено значение в производствата като това в конкретния случай, е важно да се избегне непоправимото застрашаване на това право поради прекомерната продължителност на фазата на разследване и възможността тази продължителност да попречи на представянето на доказателства с цел да се обори твърдението за наличие на поведение, което може да ангажира отговорността на засегнатите предприятия. Поради това разглеждането на евентуалното възпрепятстване на упражняването на правото на защита не трябва да се ограничава до самата фаза, в която това право има пълно действие, а именно втората фаза на административното производство. Преценката относно причината за евентуалното отслабване на ефикасността на правото на защита трябва да обхване цялото това производство, като се има предвид общата му продължителност (решение Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Комисия, т. 337 по-горе, EU:C:2006:592 , т. 50). От друга страна, когато нарушението на изискването за разумен срок няма отражение върху резултата от производството, наличието на такова нарушение може да накара Общия съд, при упражняване на правомощието му за пълен съдебен контрол, да поправи адекватно произтичащо от превишаването на разумния срок на административното производство нарушение, като при необходимост намали размера на наложената глоба (в този смисъл вж. решения Technische Unie/Комисия, т. 339 по-горе, EU:C:2006:593 , т. 202—204 и от 16 юни 2011 г., Heineken Nederland и Heineken/Комисия, T‑240/07, Сб., EU:T:2011:284 , т. 429 и 434, потвърдено след обжалване с решение Heineken Nederland и Heineken/Комисия, т. 334 по-горе, EU:C:2012:829 , т. 100). От гореизложеното следва, че за да може продължително административно производство да съставлява нарушение на принципа на разумния срок, продължителността на това производство трябва да бъде квалифицирана като прекомерна. В разглеждания случай административното производство е проведено в четири последователни фази, първата от които предхожда изложението на възраженията, а трите следващи протичат след това изложение. Първата фаза започва на 9 януари 2002 г., когато Bundeskartellamt предава документите, посочени в точка 23 по-горе, и приключва на 30 септември 2008 г. с приемането на изложението на възраженията. Тогава започва втората фаза (вж. точки 33—39 по-горе), която приключва с приемането на първоначалното решение на 30 юни 2010 г. След подаването на първата поредица от жалби (припомнени в точка 10 по-горе), на 30 септември 2010 г. Комисията приема първо решение за изменение (вж. точка 4 по-горе) с цел да поправи различни грешки, констатирани от нея в първоначалното решение, и с това третата фаза на административното производство приключва. Накрая, на 4 април 2011 г. Комисията приема второто решение за изменение, с което предоставя намаляване на размера на наложената глоба, от една страна, на ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine и ArcelorMittal Wire France, и от друга страна, на SLM и Ori Martin, и с това приключва четвъртата фаза на административното производство (вж. точка 6 по-горе). Веднага следва да се отбележи, че настоящото основание се отнася само за първите две фази на административното производство. На 17 декември 2013 г., в рамките на предвидените в член 64 от Процедурния правилник от 2 май 1991 г. процесуално-организационни действия, Общият съд отправя писмен въпрос до Комисията с цел да получи подробно описание на предприетите от нея действия в периода след проверките, извършени на 19 и 20 септември 2002 г., до приемането на първоначалното решение. Комисията изпълнява това искане с акт, постъпил в секретариата на Общия съд на 28 февруари 2014 г. Секретариатът на Общия съд предоставя на жалбоподателите екземпляр от отговора на Комисията. В отговора си Комисията подробно и убедително описва извършените от нея действия в хода на цялото административно производство и причините, поради които производството е продължило от 2002 г. до 2010 г. Продължителността на административното производство в разглеждания случай се обяснява с редица фактори. В това отношение трябва да се държи сметка за продължителността на картела (над 18 години), за изключително широкия му географски обхват (картелът обхващал повечето от държавите членки), за организацията на картела в географски мащаб и във времето (различните клубове), за броя на проведените срещи в рамките на различните клубове (над 500), за броя на засегнатите предприятия (17), за броя на исканията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и за изключително големия обем предоставени или получени в хода на проверките документи, които са били изготвени на различни езици и които е трябвало да бъдат анализирани от Комисията, за различните допълнителни искания за предоставяне на информация, изпратени от Комисията до различните засегнати дружества в хода на разкриването на картела, за броя на адресатите на изложението на възраженията (над 40), за броя на езиците на производството (8), както и за различни искания във връзка със способността за плащане (14). Освен това трябва да се отбележи също, че SLM не доказва с какво правото му на защита е било нарушено поради продължителността на производството. Предоставените в това отношение данни са ирелевантни. Така вината за твърдяната от SLM невъзможност да подготви подходяща защита относно първите години на участие в картела, за който му се търси отговорност (1997 г. и 1998 г.), се носи единствено от него, тъй като от есента на 2002 г. то е знаело за воденото от Комисията разследване във връзка с картела, за участието в който е било обвинено. Също така, що се отнася до забавянето на отговора на искането на SLM за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, времето, което отговорът на Комисията отнема, е трябвало да го насърчи да вземе предпазни мерки и да изгради защитната си теза възможно най-бързо след започването на разследването през есента на 2002 г. Що се отнася до твърдяното затрудняване на възможността на SLM да вземе отношение по деянията, за които му се търси отговорност, с оглед на изтеклия времеви период, това е обстоятелство, което противно на твърденията на SLM, е трябвало да го накара да действа бързо, а не да чака доказателствата и лицата да се разпръснат. Въз основа на предоставените от Комисията данни, свидетелстващи за изключителната сложност на случая, трябва да се приеме, че въпреки продължителността на производството то не може да се квалифицира като прекомерно. Следователно Комисията не е нарушила изискването за разумен срок, поради което разглежданото основание трябва да се отхвърли. Д– По вменяването на отговорността за нарушението на дружеството майка Ori Martin твърди, че Комисията неправилно му вменява солидарна отговорност за част от нарушението, която отговорност, видно от съображения 862—875 от обжалваното решение, произтичала от презумпцията за решаващо влияние, тъй като Ori Martin притежавало почти целия капитал на SLM между 1 януари 1999 г. и 19 септември 2002 г. (вж. точка 132 по-горе). 1. Доводи на страните На първо място, според Ori Martin с констатацията си, че представените доказателства с цел да се обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние са ирелевантни, Комисията превръща една обикновена презумпция в необорима презумпция. По този начин се нарушавал член 101 ДФЕС, принципът на лична отговорност, принципът на индивидуализиране на наказанията и принципът на ограничена отговорност, регулиращ дружественото право. За оборването на презумпцията не трябвало да се изисква доказване на невъзможността на дружеството майка да упражнява решаващо влияние върху дъщерното си дружество, а само че това влияние не е било упражнено. В разглеждания случай фактът, че Ori Martin имало интерес и роля спрямо SLM в качеството на акционер с цел запазване на финансовите си интереси (обжалвано решение, съображение 874), не бил достатъчен, за да му се вмени отговорността за неправомерното поведение на SLM. Този интерес бил просто естествена последица от притежаването на част от капитала на съответното дружество, без впрочем да е необходимо това да е целият капитал, нито дори по-голямата част от него. По принцип отговорността за извършването на нарушение не можела да се вмени на лице, което не го е извършило или, при всички положения, отговорността за нарушението не можела да му бъде вменена, без това изрично и предварително да е предвидено в правна норма. Комисията трябвало да докаже, че Ori Martin е възнамерявало със собственото си поведение да допринесе за постигането на общите цели, преследвани от всички участници, и че е знаело за фактическите действия, които другите предприятия са възнамерявали да предприемат или да приведат в изпълнение при преследването на същите цели или че разумно е можело да ги предвиди и е било готово да поеме съответния риск. На второ място, Ori Martin твърди, че изтъкнатите доказателства за оборването на презумпцията са релевантни в разглеждания случай. Ori Martin винаги действало като холдинг и участието му в SLM било единствено финансово. Ori Martin никога не било упражнявало пряко дейност в сектора на СПН. Съответно то не било замесено в неправомерните действия на SLM. Ori Martin не знаело или не е можело да знае за антиконкурентните действия на SLM. Ori Martin по-специално никога не се месело в стратегическия избор и инвестиционните решения на SLM. Ori Martin нямало оперативна структура, нито служители. Тримата членове на неговия съвет на директорите нямали никакви познания в сектора на стоманата. Ненамесата на Ori Martin във функционирането на SLM се доказвала с протоколите от заседанията на съвета на директорите и на общото събрание на акционерите. Само в изолирани случай SLM се обръщало към групата Ori Martin за покупката на валцдрат (2 % от покупките през периода 1995—2001 г.). Освен това Ori Martin се позовава на липсата на „информационен поток“ между него и SLM. Впрочем замесеното в картела физическо лице от името на SLM действало по своя собствена инициатива и напълно самостоятелно. То никога не било изпълнявало каквато и да било функция в Ori Martin. На трето място, Ori Martin твърди, че в обжалваното решение Комисията не разяснява причините, поради които липсата на задължение на SLM да дава отчет на Ori Martin не е обстоятелство, с което може да се докаже самостоятелността на поведението му. С оглед на представените доказателства по време на административното производство Комисията трябвало да стигне до извода, че Ori Martin не може да носи отговорност за поведението на SLM, тъй като оказването на каквото и да било влияние от негова страна върху дъщерното дружество било изключено. В разглеждания случай тези доказателства били разгледани или отхвърлени, без да се преценят в тяхната цялост, а отхвърлянето им дори било извършено с такава обща формулировка, че било неразбираемо. Комисията оспорва тези доводи. С никое от изтъкнатите от Ori Martin доказателства не можело да се обори презумпцията за упражняване на решаващо влияние. Що се отнася до профила на членовете на съвета на директорите на Ori Martin и съдържанието на протоколите от заседанията на съвета на директорите и на общото събрание на акционерите на Ori Martin, според Комисията, след като тези доказателства не са били посочени в отговора на изложението на възраженията, а само в жалбата, Ori Martin не може да се позовава на тях, за да оспори извършената в обжалваното решение преценка. 2. Съображения на Общия съд От материалите по делото е видно, че Ori Martin притежава целия капитал на дъщерното си дружество SLM между 1 януари 1999 г. и 31 октомври 2001 г. От материалите по делото също така е видно, че между 1 ноември 2001 г. и 19 септември 2002 г. Ori Martin притежава пряко 98 % от същото това дъщерно дружество и непряко 2 % от него чрез Ori Martin Lux SA (обжалвано решение, съображение 867). Освен това, от обжалваното решение следва, че според Комисията Ori Martin е упражнявало решаващо влияние върху SLM от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г., тъй като по време на този период Ori Martin е притежавало изцяло или почти изцяло SLM (обжалвано решение, съображение 868). Макар връзката, която свързва дружеството майка Ori Martin с дъщерното му дружество SLM, да не се оспорва в настоящото дело, това не е така, що се отнася до изведените от това обстоятелство последици от Комисията. Всъщност Ori Martin иска обжалваното решение да бъде отменено в частта, в която му се вменява отговорността за неправомерното поведение на SLM за посочения по-горе период. Това вменяване било неправилно поради следните причини. От гледна точка на принципите Ori Martin твърди, че Комисията е изопачила естеството и обхвата на установената в съдебната практика презумпция за действително упражняване на решаващо влияние, приемайки, че характеризирането на собствеността на дружеството майка върху дъщерното дружество като почти пълна е достатъчно, за да се изключи необходимостта от доказване на действителното упражняване на такова влияние. Комисията не можела да счита за достатъчно само качеството на акционер, за да вмени отговорността за поведението на дъщерно дружество на неговото дружество майка. Тя трябвало да докаже, че Ori Martin също носи отговорност под една или друга форма, тъй като е възнамерявало със собственото си поведение да допринесе за извършването на нарушението или тъй като не е можело да не знае за него. В това отношение Ori Martin твърди, от една страна, че е допуснато нарушение на член 101 ДФЕС, на принципа на лична отговорност и на принципа на индивидуализиране на наказанията, по силата на които отговорността за съответното деяние не може да бъде вменена на лице, което не го е извършило, и от друга страна, че е допуснато нарушение на признатите в рамките на Съюза от дружественото право принципи на правосубектност и на ограничена отговорност, предвиждащи понасяне на отговорността от дружеството, което е извършител на деянията, обосноваващи носенето на тази отговорност, а не от групата, от която това дружество е част. От практическа гледна точка Ori Martin твърди, че Комисията не е преценила правилно различните доказателства, посочени по време на административното производство, които, ако били преценени надлежно, щели да покажат, че Ori Martin не е могло да упражнява решаващо влияние върху поведението на SLM. Впрочем този извод се подкрепял от допълнително изложените доводи пред Общия съд по този въпрос. По този въпрос Ori Martin се позовава на извършената от Комисията неправилна преценка на фактите в разглеждания случай, на неизпълнението на задължението за мотивиране, на нарушаването на принципа на равно третиране и на принципа на добра администрация. а) По презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние Твърдейки, че за да установи съществуването на съответното предприятие по смисъла на правото на Съюза, Комисията трябвало да докаже, че дружеството майка действително упражнява решаващото влияние, което Ori Martin евентуално имало поради размера на участието си в капитала на своето дъщерно дружество, и че било достатъчно Ori Martin да докаже, че това влияние не е било упражнено, за да бъде презумпцията оборена, без да е необходимо да се доказва, че за него е било невъзможно да упражнява такова влияние (вж. точка 359 по-горе), Ori Martin пренебрегва естеството и обхвата на презумпцията, установена в съдебна практика за такива случаи. Всъщност съгласно постоянната съдебна практика понятието за предприятие обхваща всяко образувание, което извършва икономическа дейност, независимо от неговия правен статут и начин на финансиране. По този въпрос Съдът е уточнил, от една страна, че понятието за предприятие, поставено в този контекст, трябва да бъде схващано като обозначаващо една стопанска единица, макар от правна гледна точка тази стопанска единица да е съставена от няколко физически или юридически лица, и от друга страна, че когато подобен стопански субект нарушава правилата на конкуренцията, съгласно принципа на личната отговорност същият следва да отговаря за това нарушение (вж. решения от 10 септември 2009 г., Akzo Nobel и др./Комисия, C‑97/08 P, Сб., EU:C:2009:536 , т. 54—56 и цитираната съдебна практика; от 29 септември 2011 г., Elf Aquitaine/Комисия, C‑521/09 P, Сб., EU:C:2011:620 , т. 53 и цитираната съдебна практика и от 11 юли 2013 г., Комисия/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, Сб., EU:C:2013:514 , т. 36 и 37 и цитираната съдебна практика). Що се отнася до въпроса при какви обстоятелства дадено юридическо лице, което не е извършител на нарушението, може въпреки това да бъде санкционирано, от постоянната съдебна практика следва също, че дружество майка може да носи отговорност за поведението на свое дъщерно дружество в частност когато, макар и да притежава отделна правосубектност, това дъщерно дружество не определя самостоятелно пазарното си поведение, а по същество изпълнява указанията, които му дава дружеството майка, по-конкретно с оглед на икономическите, организационните и юридическите връзки между тези два правни субекта (решения Akzo Nobel и др./Комисия, т 372 по-горе, EU:C:2009:536 , т. 58; Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 54 и Комисия/Stichting Administratiekantoor Portielje и Gosselin Group, т. 372 по-горе, EU:C:2013:514 , т. 38). В подобна ситуация, като се има предвид, че дружеството майка и неговото дъщерно дружество са част от една и съща стопанска единица и по този начин съставляват едно предприятие по смисъла на член 101 ДФЕС, Комисията може да адресира до дружеството майка решение за налагане на глоби, без да е необходимо да се доказва личното участие на последното в нарушението (решения Akzo Nobel и др./Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2009:536 , т. 59; Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 55 и Комисия/Stichting Administratiekantoor Portielje и Gosselin Group, т. 372 по-горе, EU:C:2013:514 , т. 39). Във връзка с това Съдът уточнява, че в особения случай, когато дружество майка притежава изцяло или почти изцяло капитала на свое дъщерно дружество, което е извършило нарушение на правилата на конкуренция на Съюза, съществува оборима презумпция, че дружеството майка действително упражнява решаващо влияние върху дъщерното си дружество (наричана по-нататък „презумпция за действително упражняване на решаващо влияние“) (решения Akzo Nobel и др./Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2009:536 , т. 60; Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 56 и Комисия/Stichting Administratiekantoor Portielje и Gosselin Group, т. 372 по-горе, EU:C:2013:514 , т. 40). При тези обстоятелства е достатъчно Комисията да докаже, че целият или почти целият дружествен капитал на дадено дъщерно дружество е собственост на неговото дружество майка, за да се презумира, че последното действително упражнява решаващо влияние върху търговската политика на това дъщерно дружество. Впоследствие Комисията ще бъде в състояние да счита дружеството майка за солидарно отговорно за плащането на наложената на неговото дъщерно дружество глоба, освен ако това дружество майка, което трябва да обори тази презумпция, не представи достатъчно доказателства, с които може да се установи, че неговото дъщерно дружество има самостоятелно поведение на пазара (решения Akzo Nobel и др./Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2009:536 , т. 61; Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 57 и Комисия/Stichting Administratiekantoor Portielje и Gosselin Group, т. 372 по-горе, EU:C:2013:514 , т. 41). Презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние цели по-конкретно да въведе равновесие между, от една страна, важността на целта за наказване на поведенията в нарушение на правилата на конкуренцията, по-специално на член 101 ДФЕС, и за предотвратяване на тяхното повторно извършване, и от друга страна, важността на изискванията на някои общи принципи на правото на Съюза, като по-конкретно принципите на презумпция за невиновност, на индивидуализиране на наказанията и на правната сигурност, както и правото на защита, включително принципа на равни процесуални възможности. Именно поради тази причина презумпцията е оборима (решение Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 59). Впрочем следва да се припомни, че тази презумпция почива на констатацията, според която, освен при наистина изключителни обстоятелства, дружество, притежаващо целия капитал на дъщерно дружество, може — тъй като делът от капитала е един — да упражнява решаващо влияние върху поведението на дъщерното дружество, и от друга страна, че липсата на действително упражняване на тези правомощия за влияние обикновено има смисъл да се търси в рамките на субектите, срещу които действа тази презумпция (решение Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 60). При тези условия, ако за оборването на посочената презумпция беше достатъчно заинтересована страна да изтъкне само неподкрепени с доказателства твърдения, до голяма степен тази презумпция щеше да бъде излишна (решение Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 61). От съдебната практика също следва, че макар дадена презумпция да е трудно оборима, тя остава допустима, ако е пропорционална на преследваната законосъобразна цел, ако е налице възможност да се приведат доказателства за противното и ако правото на защита е гарантирано (вж. решение Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 62 и цитираната съдебна практика). От съдебната практика следва също, че за да се установи дали дадено дъщерно дружество определя по самостоятелен начин своето поведение на пазара, следва да се вземат предвид всички релевантни елементи относно икономическите, организационните и юридическите връзки, които свързват това дъщерно дружество с неговото дружество майка и които могат да варират във всеки отделен случай и следователно не могат да бъдат предмет на изчерпателно изброяване (решения Akzo Nobel и др./Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2009:536 , т. 74; Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 58 и Комисия/Stichting Administratiekantoor Portielje и Gosselin Group, т. 372 по-горе, EU:C:2013:514 , т. 60). Ето защо, като бе припомнено по-горе, в особената хипотеза — както в разглеждания случай — когато дружество майка притежава изцяло или почти изцяло капитала на свое дъщерно дружество, за което се счита, че е извършило нарушение на правилата на конкуренция на Съюза, съществува оборима презумпция, че дружеството майка действително упражнява решаващо влияние върху дъщерното си дружество. Следователно, противно на твърденията на Ori Martin (вж. точка 360 по-горе), когато дружество майка и неговото дъщерно дружество са част от едно-единствено предприятие по смисъла на член 101 ДФЕС, не непременно отношение на подбудителство за извършване на нарушението между дружеството майка и неговото дъщерно дружество, нито — на по-силно основание — участие на първото в посоченото нарушение, е това, което оправомощава Комисията да адресира решението за налагане на глоби до дружеството майка, а фактът, че засегнатите дружества представляват едно-единствено предприятие по смисъла на член 101 ДФЕС (решение Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 88, вж. също точка 374 по-горе). Също така Комисията не е длъжна с цел да приложи презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние в конкретен случай да представя допълнителни доказателства към тези, доказващи приложимостта и действието на тази презумпция (вж. решение Elf Aquitaine/Комисия, т. 372 по-горе, EU:C:2011:620 , т. 80 и цитираната съдебна практика). С оглед на цитираната по-горе съдебна практика трябва да се констатира, че Комисията е имала основание да се позове на презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние, тъй като Ori Martin е притежавало целия или почти целия капитал на SLM от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г., без да е необходимо да посочва други доказателства по този въпрос. Освен това следва да се припомни, че тъй като е оборима, презумпцията не води до автоматично вменяване на отговорност на дружеството майка, притежаващо целия дружествен капитал на своето дъщерно дружество, което би било в противоречие с принципа на личната отговорност, на който се основава конкурентното право на Съюза (в този смисъл вж. решение от 20 януари 2011 г., General Química и др./Комисия, C‑90/09 P, Сб., EU:C:2011:21 , т. 51 и 52). Освен това Ori Martin също така не може да твърди, че в разглеждания случай принципът на индивидуализиране на наказанията е бил нарушен. Съгласно този принцип, който се прилага във всяко административно производство, което може да приключи с решение за налагане на санкции съгласно правилата на Съюза в областта на конкуренцията, предприятието трябва да бъде санкционирано само за деяния, за които лично отговаря. Този принцип обаче трябва да се съвмести с понятието за предприятие. Всъщност, както бе посочено в точка 383 по-горе, не отношение на подбудителство за извършване на нарушението между дружеството майка и неговото дъщерно дружество, нито — на по-силно основание — участие на първото в посоченото нарушение, а фактът, че те представляват едно-единствено предприятие по смисъла на член 101 ДФЕС, е това, което оправомощава Комисията да адресира решението за налагане на глоби до дружеството майка (в този смисъл вж. решение от 13 юли 2011 г., General Technic-Otis и др./Комисия, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 и T‑146/07, Сб., EU:T:2011:363 , т. 70 и сл., потвърдено след обжалване). Трябва също така да се отхвърлят твърденията на Ori Martin, че Комисията е нарушила принципа на ограничена отговорност, произтичащ от дружественото право в Съюза, тъй като го привлекла за солидарно отговорно. Всъщност ограничената отговорност на дружествата служи главно за установяване на праг на финансовата им отговорност, а не за да се възпрепятства възможността предприятие, извършило нарушение на правото в областта на конкуренцията, да бъде санкционирано посредством съставляващите го правни субекти, а именно извършилото нарушението дружество и неговото дружество майка, по-специално ако последното притежава почти целия капитал на дъщерното си дружество и не може да обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние върху дъщерното дружество. Следователно направените по този въпрос оплаквания от Ori Martin трябва да бъдат отхвърлени. В разглеждания случай, като се има предвид, че Ori Martin притежава целия или почти целия капитал на SLM, за да обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние Ori Martin съответно трябва да представи достатъчно доказателства, от които да е видно, че дъщерното му дружество е имало самостоятелно пазарно поведение. Ето защо трябва да се провери дали с изтъкнатите от Ori Martin доказателства в подкрепа на твърденията му въпросната презумпция може да бъде оборена. б) По доказателствата, посочени с цел да се обори презумпцията Във връзка с правото на ефективна съдебна защита, закрепено по-специално в Хартата на основните права, която съгласно член 6, параграф 1, първа алинея ДФЕС има същата юридическа сила като Договорите, Общият съд трябва да следи различните доказателства, посочени от санкционираното лице с цел да обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние, да бъдат надлежно разгледани. В това отношение в отговор на Комисията — която посочва, че тъй като данните относно профила на членовете на неговия съвет на директорите и съдържанието на протоколите от заседанията на съвета на директорите и на общото събрание на акционерите на Ori Martin не са били посочени в отговора на изложението на възраженията, а само в жалбата, Ori Martin не може да се позове на тях, за да оспори извършеното в обжалваното решение вменяване на отговорността за нарушението (вж. точка 363 по-горе) — трябва да се припомни, че никоя разпоредба от правото на Съюза не налага на адресата на едно изложение на възражения да оспорва различните негови фактически или правни елементи в хода на административното производство под угрозата да не може да направи това на по-късен етап в хода на съдебното производство (решение от 1 юли 2010 г., Knauf Gips/Комисия, C‑407/08 P, Сб., EU:C:2010:389 , т. 89). В действителност, макар и изричното признаване по време на административното производство пред Комисията от страна на дадено предприятие на определени фактически или правни елементи да може да съставлява допълнително доказателство при преценката в съдопроизводството на основателността на жалбата, то не би могло да ограничи самото упражняване на правото на обжалване пред Общия съд, с което разполагат физическите или юридическите лица по силата на член 263, четвърта алинея ДФЕС (решение Knauf Gips/Комисия, т. 392 по-горе, EU:C:2010:389 , т. 90). Именно в този контекст трябва да се разгледат посочените от Ori Martin различни доказателства с цел да обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние. На първо място, Ori Martin твърди, че винаги е действало като холдинг и че участието му в капитала на SLM е само с финансов характер. Това обаче не е достатъчно, за да се обори презумпцията, произтичаща от притежаването на целия или почти целия капитал на SLM. Всъщност в контекста на група от дружества холдингът, който координира по-специално финансовите инвестиции в групата, е дружество, чиято задача е да групира участия в различни дружества и чиято функция е да осигури единно ръководство на тези дружества (в този смисъл вж. решения от 8 октомври 2008 г., Schunk и Schunk Kohlenstoff-Technik/Комисия, T‑69/04, Сб., EU:T:2008:415 , т. 63; от 13 юли 2011 г., Shell Petroleum и др./Комисия, T‑38/07, Сб., EU:T:2011:355 , т. 70 и от 29 юни 2012 г., E.ON Ruhrgas и E.ON/Комисия, T‑360/09, Сб., EU:T:2012:332 , т. 283). В разглеждания случай, на първо място, от извлечението от люксембургския търговски и дружествен регистър и от дружествения устав, които Ori Martin представя с цел да обоснове твърденията си, е видно, че то е акционерно дружество по люксембургското право, което е учредено на 4 декември 1998 г. и чийто капитал е в размер на 44 милиона евро, а това е значителна сума (минималният размер на дружествения капитал на акционерно дружество в Люксембург е 31000 EUR). Този капитал съответства на определената стойност на непаричните вноски, направени от тримата акционери при учредяването на дружеството, а именно ценни книжа, представляващи 90 % от капитала на Ori Martin SpA и 100 % от капитала на Finoger SpA (двете дружества, притежаващи SLM). Така, дори да се допусне, че както твърди Ori Martin, то няма нито оперативна структура, нито служители — като същевременно е имало представителство в Лугано (Швейцария) (вж. приложение 6, стр. 674) — това не променя факта, че то не е дружество фантом, което е просто черупка, а е дружество, предназначено да играе конкретна роля в рамките на групата от дружества Ori Martin в качеството на холдингово дружество по люксембургското право. Освен това от член 2 от дружествения устав е видно, че предметът на дейност на Ori Martin е следният: „дейността на дружеството е записване и придобиване на дялови участия, финансиране и финансова дейност, под каквато и да било форма във всякакви люксембургски и чужди холдингови и други дружества, сдружения или обединения на предприятия, както и управление на предоставени му активи, контрол, управление и разработване на дяловите му участия“. Ori Martin се позовава на тази разпоредба от устава в отговора си на изложението на възраженията и в жалбата си, твърдейки, че е само „дружество, което единствено управлява финансови участия“. Трябва обаче да се констатира, че предметът му на дейност предполага както придобиването на дялови участия, така и управлението на предоставени му активи, а също и „контрол, управление и разработване на дяловите му участия“. От тази разпоредба следва, че съответното дялово участие на Ori Martin в определено дружество не е пасивно участие, към което акционерът е безучастен. Напротив, по силата на устава си Ori Martin е длъжно да извършва контрол, да управлява и да разработва дяловите си участия, което предполага активен, а не пасивен подход при реализирането на участията му. Освен това Ori Martin твърди, че от профила на тримата членове на неговия съвет на директорите е видно, че назначаването им е било извършено с оглед осъществяването на чисто финансово управление на дружеството, без да се предвижда възможност за намеса в управлението на дъщерните дружества. Тези членове на съвета на директорите също така не познавали сектора на стоманата, което иначе евентуално щяло да им позволи да се наместват ефективно. Това се потвърждавало от анализа на протоколите от заседанията на съвета на директорите на дружеството и от тези на общото събрание на акционерите. Същевременно от решенията на учредителното събрание на Ori Martin (приложение 4 към жалбата, стр. 608) следва, че броят на членове на съвета на директорите е било фиксиран на трима и че първоначално това са „г‑н [A], управител на дружества, с местожителство [в] Италия; г‑н [E], завършил търговски и финансови науки, с местожителство [в Люксембург]; г‑жа [L], частен служител, с местожителство [в Люксембург]“. Г‑н [E.] е избран за председател на съвета на директорите на 21 декември 1998 г. Съгласно извлечението от люксембургския търговски и дружествен регистър (приложение 1 към жалбата) към 3 август 2010 г. членове на съвета на директорите са г‑н [N.], с местожителство в Люксембург, г‑н [W.], с местожителство в Люксембург и г‑н [A.], който е и председател на съвета на директорите, с местожителство в Италия. Видно е също така, че г‑н [A.] е представен в устава като управител на дружества, което позволява да се приеме, че притежава умения, които се изискват за управлението на дружеството, предвид по-специално предмета му на дейност. От анализа на протоколите от заседанията на съвета на директорите на Ori Martin също така следва, че съветът на директорите многократно е предоставял на г‑н [A.] всички правомощия, за да представлява дружеството, или е потвърждавал решенията, приети от този член на съвета на директорите. Например от протокола от заседанието на съвета на директорите на 15 септември 1999 г. е видно, че съветът предоставя на г‑н [A.] всички правомощия, „за да представлява дружеството при подписването на протоколите от всички общи събрания на дъщерните дружества, проведени през 1999 г.“ (приложение 6 към жалбата, стр. 661). Също така от протокола от заседанието на съвета на директорите на 3 май 2000 г. е видно, че съветът предоставя на г‑н [A.] всички правомощия, за да „представлява дружеството в хода на редовните и извънредните общи събрания на следните дружества: […] SLM […]“ (приложение 6 към жалбата, стр. 670). Освен това анализът на протоколите от общите събрания на акционерите на Ori Martin позволява да се установи, че в доклада за управлението на съвета на директорите, адресиран до проведеното на 6 юни 2002 г. годишно общо събрание на акционерите, в рубриката „значими събития по време на отчетния период“ се отбелязва, че „дружеството продължи реорганизацията на дъщерните си дружества по сектор на дейност“ (приложение 6 към жалбата, стр. 692). Тези доказателства позволяват да се приеме, че най-малкото г‑н [A.], който е вземал важните решения относно дейностите на Ori Martin, изрично и многократно е бил упълномощаван да следи дейността на различните дъщерни дружества на Ori Martin. Видно е също, че Ori Martin предприема действия в рамките на групата, за да я реорганизира, което, противно на твърденията му, неизбежно предполага познаване на дейността им. На второ място, Ori Martin твърди, че между него и SLM няма „информационен поток“ и че не е знаело или че не е могло да знае за неправомерното поведение на SLM. Що се отнася до последния елемент, вече бе отбелязано, че той не е необходим, за да може отговорността за нарушението да се вмени на дружеството майка. Що се отнася до вече изложеното в отговора на изложението на възраженията твърдение за липса на „информационен поток“, то не е развито подробно. Същевременно това твърдение е ирелевантно, тъй като от гореизложеното следва, че г‑н [A.] е можел да контролира SLM поради уменията си, функциите си като член на съвета на директорите по силата на устава и тъй като от материалите по делото е видно, че решенията му са били потвърждавани от съвета на директорите. На трето място, вменяването на отговорност на дадено предприятие за нарушение на член 101 ДФЕС не предполага действие, нито дори узнаване, от страна на основните съдружници или управители на засегнатото от това нарушение предприятие, а действието на лице, което е упълномощено да действа за сметка на предприятието (решения от 7 юни 1983 г., Musique Diffusion française и др./Комисия, 100/80—103/80, Rec, EU:C:1983:158 , т. 97 и от 20 март 2002 г., Brugg Rohrsysteme/Комисия, T‑15/99, Rec, EU:T:2002:71 , т. 58). Впрочем Ori Martin не оспорва, че представителите на SLM в картела са били надлежно оправомощени от SLM да поемат задължения от името на предприятието. Това, че същите лица не са изпълнявали никакви функции в дружеството майка, е без значение, след като са били оправомощени да поемат задължения от името на дъщерното дружество, участвало в нарушението. Твърденията, че същите лица действали самостоятелно, освен че не са подкрепени, не могат да освободят SLM и съответно Ori Martin от тяхната отговорност. Следователно с нито едно от изложените от Ori Martin доказателства, разгледани поотделно или в тяхната цялост, не може да се обори презумпцията за действително упражняване от Ori Martin на решаващо влияние върху SLM. Що се отнася до оплакването за липса на мотиви, следва да се припомни, че задължението за мотивиране е въпрос, който е отделен от въпроса за основателността на мотивите. Според постоянната съдебна практика изискваните от член 296 ДФЕС мотиви трябва да са съобразени с естеството на съответния акт и трябва по ясен и недвусмислен начин да излагат съображенията на институцията, която издава акта, така че да дадат възможност на заинтересованите лица да се запознаят с основанията за взетата мярка, а на компетентната юрисдикция — да упражни своя контрол. Изискването за мотивиране следва да се преценява в зависимост от обстоятелствата по конкретния случай. Не се изисква мотивите да уточняват всички относими фактически и правни обстоятелства, доколкото въпросът дали мотивите на определен акт отговарят на изискванията на член 296 ДФЕС, следва да се преценява с оглед не само на текста, но и на контекста, както и на съвкупността от правни норми, уреждащи съответната материя. В частност Комисията не е длъжна да изрази позиция по всички доводи, приведени пред нея от заинтересованите лица, а за нея е достатъчно да изложи фактите и правните съображения, които са от съществено значение в контекста на решението (вж. решение от 4 март 2009 г., Associazione italiana del risparmio gestito и Fineco Asset Management/Комисия, T‑445/05, Сб., EU:T:2009:50 , т. 66 и 67 и цитираната съдебна практика). Впрочем от съображения 862—875 от обжалваното решение достатъчно ясно следва, че Комисията излага причините, поради които счита, че с изтъкнатите от Ori Martin доводи не може да се обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние. Обжалваното решение е достатъчно мотивирано в това отношение и оплакването за липса на мотиви съответно трябва да се отхвърли. Освен това, доколкото основанието, изведено от нарушаването на принципа на добра администрация, представлява отделно оплакване спрямо оплакването за неизпълнение на задължението за мотивиране, то също не може да бъде уважено. Всъщност трябва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика сред предоставените от правния ред на Съюза гаранции в административното производство е по-конкретно принципът на добра администрация, към който се включва задължението за компетентната институция да разгледа внимателно и безпристрастно всички относими към дадения случай данни (решения от 21 ноември 1991 г., Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438 , т. 14 и от 29 март 2012 г., Комисия/Естония, C‑505/09 P, Сб., EU:C:2012:179 , т. 95). Трябва да се констатира, че видно от обжалваното решение, Комисията внимателно и безпристрастно разглежда изтъкнатите от Ori Martin доводи по време на административното производство с цел да обори презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние и това, че ги отхвърля, не може да се разглежда като нарушаване на принципа на добра администрация. Комисията също така не може да бъде упреквана за това, че не се произнесла, както поотделно, така и в тяхната цялост, по доказателства, които не са ѝ били представени в административното производство. В отговор на оплакването за нарушаване на принципа на равно третиране трябва да се отбележи, че в това отношение според Ori Martin за други участвали в картела дружества Комисията взема предвид „наличието на йерархически връзки“ и „задължението на дъщерното дружество да дава отчет на дружеството майка“, което не било така в неговия случай. Същевременно, макар в отговора си на изложението на възраженията (приложение 5 към жалбата, точка 62) Ori Martin да отбелязва липсата на „задължения за даване на отчет“ от страна на SLM към него, вземането предвид на това обстоятелство — дори ако се допусне, че е доказано — не може да постави под въпрос горните разсъждения, водещи до извода, че Ori Martin е упражнявало решаващо влияние върху дъщерното си дружество, по-специално с цел да управлява, контролира и разработва дяловото си участие, както това следва от предмета му на дейност и от действията на членове на неговия съвет на директорите. Поради това различните оплаквания, направени във връзка с оборването на презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние, трябва да се отхвърлят. В резултат на това основанието във връзка с вменяването на Ori Martin на отговорността за извършеното от SLM нарушение трябва да се отхвърли изцяло като неоснователно. Комисията основателно приема, от една страна, че Ori Martin и SLM носят солидарна отговорност от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г. въз основа на презумпцията за действително упражняване на решаващо влияние, тъй като Ori Martin притежава почти целия капитал на SLM, и от друга страна, че Ori Martin не е оборило посочената презумпция. В това отношение от анализа на различните представени пред Общия съд доказателства действително може да се заключи, че Ori Martin е упражнявало решаващо влияние върху дъщерното си дружество, по-специално с цел да управлява, контролира и разработва дяловото си участие, както това следва от предмета му на дейност и от действията на членове на неговия съвет на директорите. Е– По искането на SLM да му бъдат заплатени лихви върху надвнесената част от вече платената глоба В писмената си реплика SLM излага становището си по второто решение за изменение и иска от Общия съд да разпореди на Комисията да му заплати натрупаните лихви за вече платената и възстановена от Комисията сума вследствие на извършените промени с второто решение за изменение. В писмената си дуплика Комисията отхвърля това искане с довода, че е неоснователно, че намаляването на размера на глобата, извършено във второто решение за изменение с цел да се гарантира, че в разглеждания случай тя не е непропорционална спрямо големината на санкционираното предприятие и обема на продажбите му, попада в обхвата на упражняваното от Комисията право на преценка и че заплащането на лихви би означавало намаляване на размера на глобата, което би предоставило двойно предимство в полза на адресатите на второто решение за изменение. Както бе отбелязано в хода на съдебното заседание, с никой от изложените от Комисията доводи не може да се докаже, че SLM се намира в положение, в което би се обогатило неоснователно. В разглеждания случай същевременно трябва да се констатира, че във второто решение за изменение, с което се намалява размерът на наложената на SLM глоба, не се обсъжда въпросът за възстановяването на надвзетата сума ведно с лихвите, ако заинтересованото лице поиска това. Освен това в настоящото производство няма данни SLM да е подавало искане в този смисъл до Комисията, нито пък че тя е вземала отношение по такова искане в акт, който може да има неблагоприятни последици за него и съответно да бъде обжалван пред Общия съд. Ето защо при липса на каквото и да било произнасяне на Комисията по искане на SLM да му бъдат заплатени лихви върху надвнесената част от глобата — частта, платена след първоначалното решение, която впоследствие е възстановена въз основа на второто решение за изменение — Общия съд няма правомощия да се произнесе по искането за издаване на разпореждане, направено в това отношение от SLM в становището му по второто решение за изменение, тъй като това правомощие по-специално не произтича от член 263 ДФЕС или от член 261 ДФЕС, разглеждани във връзка с член 31 от Регламент № 1/2003. От гореизложеното следва, че в разглеждания случай искането на SLM да му бъдат заплатени лихви върху надвнесената част от вече платената глоба трябва да се отхвърли. Ж– По исканията във връзка с наложената за участието в нарушението санкция, упражняването от Общия съд на правомощията му за извършване на пълен съдебен контрол и определянето на размера на глобата Предвид правомощието за пълен съдебен контрол, предоставено му, в приложение на член 261 ДФЕС, с член 31 от Регламент № 1/2003, Общият съд е овластен — извън обикновения контрол за законосъобразност на санкцията, който позволява само да се отхвърли жалбата за отмяна или да се отмени обжалваният акт — да замества преценката на Комисията със своята и вследствие на това да измени обжалвания акт дори при липсата на отмяна, като вземе предвид всички фактически обстоятелства и промени по-специално размера на наложената глоба, когато въпросът за този размер е предоставен на преценката му (в този смисъл вж. решения от 8 февруари 2007 г., Groupe Danone/Комисия, C‑3/06 P, Сб., EU:C:2007:88 , т. 61 и 62 и от 3 септември 2009 г., Prym и Prym Consumer/Комисия, C‑534/07 P, Сб., EU:C:2009:505 , т. 86 и цитираната съдебна практика). Жалбоподателите по-специално искат от Общия съд да отмени обжалваното решение, да определи отново размера на глобата, наложена на SLM солидарно с Ori Martin, и да отмени или намали размера на солидарно наложената на Ori Martin глоба. Както вече бе посочено по-горе, член 1, точка 16 от обжалваното решение трябва да бъде отменен в частта, в която SLM се държи отговорно за участието в съвкупност от споразумения и съгласувани практики в сектора на СПН на вътрешния пазар и в рамките на ЕИП от 10 февруари 1997 г. до 14 април 1997 г. Общият съд също така следва да отмени член 2, точка 16 от обжалваното решение в частта, в която на жалбоподателите се налага непропорционална глоба с цел да се санкционира участието на SLM в разглежданото едно-единствено нарушение от 15 април 1997 г. до 19 септември 2002 г., тъй като тази глоба е определена при отчитане на участието на SLM в нарушението, посочено в член 1 от обжалваното решение. Общият съд също трябва да определи размера на глобата, която следва да се наложи на SLM — и частично солидарно на Ori Martin — предвид участието на SLM в разглежданото едно-единствено нарушение. В това отношение трябва да се отбележи, че по естеството си определянето на глобата от Общия съд не е точна аритметична задача. Освен това, когато упражнява пълен съдебен контрол, Общият съд не е обвързан нито от изчисленията на Комисията, нито от насоките ѝ, а трябва да извърши собствена преценка, като вземе предвид всички обстоятелства по конкретния случай (вж. решение от 5 октомври 2011 г., Romana Tabacchi/Комисия, T‑11/06, Сб., EU:T:2011:560 , т. 266 и цитираната съдебна практика). В разглеждания случай при определянето на размера на глобата, предназначена да санкционира участието на SLM в разглежданото едно-единствено нарушение, в съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент № 1/2003 освен тежестта на нарушението предвид трябва да се вземе и неговата продължителност, а съгласно принципа на индивидуализиране на наказанията при налагането на санкцията трябва да се вземе предвид в какво положение се намира всеки нарушител по отношение на нарушението. Това по-специално следва да се направи, когато нарушението е комплексно и с дълга продължителност от вида на установеното от Комисията в обжалваното решение нарушение, което се характеризира с разнородност на участниците. В разглеждания случай Общият съд счита за уместно да вземе предвид следните обстоятелства. От една страна, в материалите по делото се съдържат достатъчно доказателства за това, че SLM е участвало в редица срещи на Клуб Италия, засягащи разпределянето на квоти и определянето на цени на италианския пазар. Такива договорки поради самото си естество са сред най-вредните ограничения на конкуренцията. Участието на SLM в Клуб Италия е съществен елемент при преценката на санкцията и сам по себе си този елемент е показателен с оглед на антиконкурентния характер на обсъжданията, проведени в рамките на тази клуб, независимо дали в случая на SLM става въпрос за обсъжданията във връзка с вътрешния аспект на това споразумение или, впоследствие, за обсъжданията във връзка с неговия външен аспект. В това отношение при определянето на размера на глобата Общият съд счита, че не трябва да се взема предвид стойността на реализираните продажби в държави, които не са били засегнати от картела, в който SLM участва реално и по-същество от 15 април 1997 г. до 10 септември 2000 г. Също така, тъй като информацията, която може да се извлече от ръкописните бележки на ITC за срещата на 10 февруари 1997 г. с цел търсене на отговорност от SLM за нарушението, не е подкрепена с други доказателства, началото на участието на SLM в Клуб Италия не следва да се отнася към тази дата. Същевременно това участие е надлежно доказано с наличните доказателства за срещата на 15 април 1997 г. и също така е установено, че е продължило без прекъсване до 19 септември 2002 г. От друга страна, основателно може да се приеме, че от 29 ноември 1999 г. SLM е знаело или е трябвало да знае, че с участието си в Клуб Италия взема участие в по-глобална система, включваща различни равнища, чиято цел е стабилизирането на пазара на СПН на общоевропейско равнище, за да се избегне понижаване на цените (обжалвано решение, съображение 650 и точка 129 по-горе). С основание може да се приеме също, че SLM е участвало в Клуб Европа в периода от 11 септември 2000 г. до 19 септември 2002 г., съответстващ на период, в който SLM започва да получава необходимите разрешения за пускането на СПН на пазара в някои попадащи в обхвата на Клуб Европа държави и в който се провеждат обсъждания с Клуб Италия по размера на квотата, която може да се отпусне на италианските износители. Следователно SLM е узнало за разглежданото едно-единствено нарушение, за което му търси отговорност Комисията, и е участвало в аспект на нарушението, различен от Клуб Италия, едва на по-късен в сравнение с други предприятия етап. Това относително закъсняло узнаване обаче не може да има голяма значение за определянето на размера на глобата поради изложените в точка 320 по-горе причини. Успоредно с това трябва да се отбележи, че Комисията не е установила SLM да е участвало в споразумението за Юга, в Клуб España или в координирането по отношение на клиента Addtek, които са съществени аспекти от разглежданото едно-единствено нарушение. С оглед на тези обстоятелства Общият съд счита, че глоба в размер на 19 милиона евро представлява ефикасна санкция срещу неправомерното поведение на SLM, която не е пренебрежимо малка и има достатъчен възпиращ ефект. Всяка глоба с размер, по-голям от този, би била непропорционална спрямо нарушението, за което се търси отговорност от жалбоподателите, разгледано във връзка със съвкупността от обстоятелства, която характеризира участието на SLM в разглежданото едно-единствено нарушение. В посочената глоба се отчита обстоятелството, че за част от нарушението SLM не е участвало във външния аспект на Клуб Италия, а за отправна точка се използва 15 април 1997 г. Общият съд счита, че по този начин в достатъчна степен взема предвид постепенното участие на SLM в картела, като трябва да се направи уточнението, че от самото начало SLM е участвало в немаловажен аспект от разглежданото едно-единствено нарушение, а впоследствие е участвало всестранно в картела по начин, сходен с този на основните участници в Клуб Италия. Поради изложените по-горе причини, в отговор изложените от Ori Martin доводи в това отношение, трябва да се приеме, че Ori Martin е солидарно отговорно за заплащането на част от тази глоба. С оглед на продължителността на периода, за който се презумира, че Ori Martin е могло да упражнява решаващо влияние върху SLM, следва да се приеме, че Ori Martin е солидарно отговорно за заплащането на 13,3 милиона евро от общия размер на глобата във връзка с периода от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г. Тази глоба, както съобразява Комисията в обжалваното решение, отразява обстоятелството, че Ori Martin не може да се счита отговорно за заплащането на целия размер на наложената на SLM глоба. В допълнение, с оглед на предвидения в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 законоустановен праг от 10 % от общия оборот, окончателният размер на лично наложената на SLM глоба не може да надхвърля 1,956 милиона евро. С оглед на гореизложеното размерът на наложена на SLM глоба трябва да бъде намален от 19,8 милиона евро на 19 милиона евро (периода от 15 април 1997 г. до 19 септември 2002 г.) и Ori Martin трябва да понесе солидарна отговорност за заплащането на 13,3 милиона евро от тази глоба (периода от 1 януари 1999 г. до 19 септември 2002 г.). Освен това, поради предвидения в член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003 законоустановен праг от 10 % от общия оборот, окончателният размер на лично наложената на SLM глоба се определя на 1,956 милиона евро (периода от 15 април 1997 г. до 31 декември 1998 г.). Освен това Общият съд не следва да разглежда исканията във връзка с предлаганите от SLM действия по събиране на доказателства (свидетелски показания на представители на Redaelli и ITC; списък на отговарящите за преписката длъжностни лица), тъй като тези действия не изглеждат необходими за разрешаването на спора. Впрочем, тъй като Общият съд измени обжалвания акт с оглед на всички фактически обстоятелства, упражнявайки пълен съдебен контрол по отношение на размера на предоставената на преценката му глоба, вече няма основание за произнасяне по изтъкнато от SLM вследствие на второто решение за изменение основание, в рамките на което SLM твърди, че извършената в първоначалното решение разбивка на глобата е неправилна с оглед на методологията, изложена от Комисията в Насоките от 2006 г. Отхвърля жалбите в останалата им част. По съдебните разноски Съгласно член 134, параграф 3 от Процедурния правилник, ако страните са загубили по едно или няколко от предявените основания, всяка страна понася направените от нея съдебни разноски. Общият съд обаче може да реши една от страните да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и част от съдебните разноски на другата страна, ако обстоятелствата по делото оправдават това. При обстоятелствата в разглеждания случай, предвид извършеното намаляване на размера на глобата, наложена на жалбоподатели от Комисията, и факта, че в първоначалната жалба на SLM се изтъква основание във връзка с нарушаването на законоустановения праг от 10 %, което основание SLM оттегля след приемането на второто решение за изменение, следва да се постанови, че Комисията понася собствените си съдебни разноски, както и две трети от съдебните разноски на SLM и една трета от съдебните разноски на Ori Martin, които съответно поемат останалата част от направените от тях съдебни разноски. По изложените съображения ОБЩИЯТ СЪД (шести състав) реши: 1) Съединява дела T‑389/10 и T‑419/10 за целите на съдебното решение. 2) Отменя член 1, точка 16 от Решение C(2010) 4387 окончателен на Комисията от 30 юни 2010 г. относно производство по член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП (преписка COMP/38344 — Стомана за предварително напрягане), изменено с Решение C(2010) 6676 окончателен на Комисията от 30 септември 2010 г. и с Решение C(2011) 2269 окончателен на Комисията от 4 април 2011 г., в частта, в която на Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) се вменява отговорността за участието в съвкупност от споразумения и съгласувани практики в сектора на стоманата за предварително напрягане на вътрешния пазар и в Европейското икономическо пространство (ЕИП) от 10 февруари 1997 г. до 14 април 1997 г. 3) Отменя член 2, точка 16 от Решение C(2010) 4387 окончателен, изменено с Решение C(2010) 6676 окончателен и с Решение C(2011) 2269 окончателен. 4) Намалява размера на наложената на SLM глоба от 19,8 милиона евро на 19 милиона евро, от които Ori Martin SA носи солидарна отговорност за 13,3 милиона евро, като поради предвидения в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 законоустановен праг от 10 % от общия оборот определя окончателния размер на наложената глоба, за която SLM носи лична отговорност, на 1,956 милиона евро. 5) Отхвърля жалбите в останалата им част. 6) Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, две трети от съдебните разноски на SLM и една трета от съдебните разноски на Ori Martin. 7) SLM понася една трета от направените от него съдебни разноски. 8) Ori Martin понася две трети от направените от него съдебни разноски. Frimodt Nielsen Dehousse Collins Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 15 юли 2015 година. Подписи ( *1 ) Език на производството: италиански. ( ) Възпроизвеждат се само точките от настоящото съдебно решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

62020CJ0051

nl

De Europese Commissie verzoekt het Hof: – vast te stellen dat de Helleense Republiek, door niet alle maatregelen te treffen ter uitvoering van het arrest van 9 november 2017, Commissie/Griekenland ( C‑481/16 , niet gepubliceerd, EU:C:2017:845 ; hierna: „niet-nakomingsarrest”), de krachtens dat arrest en artikel 260, lid 1, VWEU op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen; – de Helleense Republiek te gelasten aan de Commissie een dwangsom te betalen van 26697,89 EUR per dag vertraging bij de uitvoering van het niet-nakomingsarrest vanaf de datum waarop het arrest in de onderhavige zaak wordt gewezen tot de datum waarop het niet-nakomingsarrest volledig is uitgevoerd; – de Helleense Republiek te gelasten de Commissie een forfaitaire som te betalen waarvan de hoogte wordt bepaald door een dagelijks bedrag van 3709,23 EUR te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat is verstreken tussen de datum van de uitspraak van het niet-nakomingsarrest en de datum waarop deze lidstaat de inbreuk heeft beëindigd of, indien deze lidstaat de inbreuk niet heeft beëindigd, de datum waarop het arrest in de onderhavige zaak wordt gewezen, en – de Helleense Republiek te verwijzen in de kosten. Voorgeschiedenis van het geding In het kader van haar economisch aanpassingsprogramma heeft de Helleense Republiek een privatiseringsprogramma uitgevoerd. Larco General Mining & Metallurgical Company SA (hierna: „Larco”), een Griekse onderneming die actief is in de mijnbouw en de metaalproductie, behoort tot de te privatiseren vennootschappen. Larco is gespecialiseerd in de winning en de verwerking van laterieterts, de winning van bruinkool en de productie van ferronikkel en bijproducten. De activiteiten van de onderneming bestaan uit de exploratie, ontwikkeling, winning, smelting en verhandeling van haar producten overal ter wereld. In maart 2012 informeerde het Hellenic Republic Asset Development Fund, een vennootschap die is opgericht om het privatiseringsproces te beheren, de Commissie over de voorgenomen privatisering van Larco. Daarop is de Commissie in een preliminair onderzoek nagegaan of dit voornemen geen elementen van staatssteun bevatte. Zij zond de Griekse autoriteiten een vragenlijst. Uit de antwoorden daarop, die de Commissie op 16 maart 2012 heeft ontvangen, blijkt uitdrukkelijk dat de Griekse Staat reeds maatregelen ten gunste van Larco had genomen. Vervolgens vroeg de Commissie om nadere informatie per e‑mails van 18 april, 24 april, 5 juli, 22 augustus en 7 december 2012, en per brieven van 4 mei 2012 en 14 januari 2013, waarop de Griekse autoriteiten antwoordden op 20 april, 26 april, 3 oktober, 13 november, 15 november, 7 december en 24 december 2012 en 18 januari 2013. De diensten van de Commissie en vertegenwoordigers van de Griekse autoriteiten ontmoetten elkaar tijdens vergaderingen op 30 april en 11 september 2012 in Athene (Griekenland) en op 25 januari 2013 in Brussel (België). Bij brief van 6 maart 2013 heeft de Commissie de Helleense Republiek in kennis gesteld van haar besluit om de formele onderzoeksprocedure van artikel 108, lid 2, VWEU in te leiden ten aanzien van verschillende maatregelen, zoals staatsgaranties die Larco waren verleend voor de jaren 2008, 2010 en 2011, een kapitaalverhoging in 2009, een in 1998 ondertekend schuldregelingsakkoord of de mogelijkheid om garantieverklaringen ten bedrage van 1,5 miljoen EUR neer te leggen in plaats van een fiscale boete van 190 miljoen EUR te betalen. Daarna heeft de Commissie de Griekse autoriteiten en belanghebbenden verzocht om hun opmerkingen met betrekking tot de steunmaatregelen in te dienen. De Commissie heeft enkel opmerkingen ontvangen van de Griekse autoriteiten, op 30 april 2013. Op 27 maart 2014 heeft de Commissie besluit 2014/539/EU betreffende de door Griekenland toegekende staatssteun SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) ten gunste van de Larco General Mining & Metallurgical Company S.A. ( PB 2014, L 254, blz. 24 ) vastgesteld, waarvan de artikelen 2 tot en met 5 van het dispositief bepalen dat de betrokken maatregelen onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare steun zijn, dat die steun van Larco moet worden teruggevorderd en dat aan de Commissie informatie moet worden verstrekt, onder meer wat betreft de reeds genomen en de voorgenomen maatregelen om aan dit besluit te voldoen. Bovendien heeft de Commissie, nadat de Helleense Republiek de Commissie op de hoogte had gebracht van haar voornemen om bepaalde activa van Larco via twee afzonderlijke aanbestedingen te verkopen, op dezelfde dag het besluit betreffende steunmaatregel SA.37954 (2013/N) betreffende die verkoop vastgesteld (hierna: „besluit inzake de verkoop van bepaalde activa van Larco”). In dit laatste besluit geeft de Commissie aan dat volgens de door de Helleense Republiek verstrekte informatie de twee aanbestedingsprocedures respectievelijk door de Staat en door Larco zouden worden gevoerd als eigenaren van de activa waarop elke aanbesteding betrekking heeft. De eerste aanbesteding betrof in het bijzonder de metaalfabriek van Larymna (Griekenland) en 40 % van de exploitatierechten op het laterieterts van Agios Ioannis (Griekenland). De tweede aanbesteding had betrekking op 73 % van de rechten voor de ontginning van lateriet in Evia (Griekenland) en op alle rechten voor de ontginning van lateriet in Kastoria (Griekenland). Na afloop van de twee aanbestedingsprocedures en ongeacht de resultaten ervan, zou Larco overeenkomstig de nationale wettelijke regeling failliet worden verklaard en zouden haar resterende activa in het kader van de liquidatieprocedure worden verkocht. Gelet op deze informatie heeft de Commissie zich in het besluit inzake de verkoop van bepaalde activa van Larco op het standpunt gesteld dat deze verkoop, voor zover aan een aantal bepalingen en voorwaarden werd voldaan, geen staatssteun vormde en niet leidde tot economische continuïteit tussen Larco en de eigenaar of eigenaren van de te verkopen activa. De Commissie was van mening dat in die omstandigheden de kwestie van de terugvordering van de aan Larco betaalde onrechtmatige en onverenigbare steun geen betrekking zou hebben op de nieuwe eigenaren van de voor de verkoop bestemde activa. De in artikel 5 van beschikking 2014/539 aan de Helleense Republiek gestelde termijn van twee maanden om informatie te verstrekken over de maatregelen die waren genomen om de betrokken steun terug te vorderen, is op 28 mei 2014 verstreken zonder dat de Commissie enige informatie heeft ontvangen. Bij brief van 23 juni 2014 heeft de Commissie de Griekse autoriteiten herinnerd aan hun verplichtingen krachtens besluit 2014/539 en hun verzocht om de Commissie binnen een termijn van 20 werkdagen op de hoogte te stellen van de wijze waarop dit besluit zou worden uitgevoerd. Deze autoriteiten hebben bij e‑mail van 18 juli 2014 geantwoord dat zij haar binnen die termijn geen gegevens konden verstrekken. Voorts heeft de Commissie de Helleense Republiek er ook aan herinnerd dat zij gehouden was om de in artikel 4, lid 2, van beschikking 2014/539 gestelde termijn van vier maanden in acht te nemen. Deze termijn is echter op 28 juli 2014 verstreken zonder dat de Commissie informatie over de uitvoering van dit besluit heeft ontvangen. Bij brieven van 6 oktober 2014 en 18 december 2015 heeft de Commissie deze lidstaat verzocht haar deze informatie te verstrekken en een uitwisseling van gegevens over de wijze van terugvordering van de betrokken steun te organiseren. De lidstaat heeft deze brieven echter niet beantwoord. Tijdens een bijeenkomst te Athene tussen de Commissie en de Griekse autoriteiten hebben laatstgenoemden geen enkel argument aangevoerd ter rechtvaardiging van het ontbreken van maatregelen ter uitvoering van besluit 2014/539. Aangezien de Commissie van mening was dat de Helleense Republiek de krachtens besluit 2014/539 op haar rustende verplichtingen niet was nagekomen, heeft zij op 2 september 2016 volgens artikel 108, lid 2, VWEU tegen deze lidstaat een beroep wegens niet-nakoming ingesteld strekkende tot vaststelling dat die lidstaat niet binnen de gestelde termijn alle maatregelen had genomen die nodig waren om te voldoen aan dit besluit of althans de Commissie overeenkomstig de voorschriften van artikel 5 van dat besluit onvoldoende in kennis had gesteld van de genomen maatregelen. Op 9 november 2017 heeft het Hof in het niet-nakomingsarrest geoordeeld dat de Helleense Republiek niet binnen de gestelde termijn alle maatregelen had genomen die nodig waren ter uitvoering van besluit 2014/539 en zij de Commissie niet in kennis had gesteld van de ter uitvoering van dit besluit genomen maatregelen. Precontentieuze procedure Na de uitspraak van het niet-nakomingsarrest heeft de Commissie de Griekse autoriteiten op 15 november 2017 een brief gezonden met het verzoek om de onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare steun terug te vorderen. Deze autoriteiten hebben niet geantwoord op die brief. Op 13 november 2018 heeft de Commissie bij brief aan de Griekse minister van Financiën om inlichtingen verzocht over de stand van de procedure voor de terugvordering van de betrokken steun en aangegeven dat zij een beroep wegens niet-nakoming krachtens artikel 260 VWEU kon instellen. Ook deze brief bleef onbeantwoord. Op 25 januari 2019 heeft de Commissie, na te hebben vastgesteld dat besluit 2014/539 nog niet was uitgevoerd, de Helleense Republiek overeenkomstig artikel 260, lid 2, VWEU een aanmaningsbrief gestuurd met het verzoek binnen een termijn van twee maanden haar opmerkingen in te dienen. Op 29 maart 2019 heeft deze lidstaat in antwoord op de aanmaningsbrief onder meer melding gemaakt van de moeilijkheden die hij had ondervonden alsook zijn bereidheid om mee te werken. Daarop heeft de Commissie het onderhavige beroep ingesteld. Ontwikkelingen gedurende de onderhavige procedure Op 14 februari 2020 heeft de Helleense Republiek wet 4664/2020 vastgesteld. Artikel 21 van deze wet bepaalt dat Larco onder een regeling van bijzonder bewind wordt geplaatst. Dit bewind moet via een snelle en vereenvoudigde procedure leiden tot liquidatie van deze vennootschap (hierna: „bijzonder bewind”). Op het daartoe door deze lidstaat in zijn hoedanigheid van schuldeiser van Larco ingediende verzoek heeft de Monomeles Efeteio Athinon (alleensprekende rechter in tweede aanleg Athene, Griekenland) deze vennootschap bij beslissing nr. 1407/2020 van 28 februari 2020 onder bijzonder bewind geplaatst, dat niet gepaard ging met de stopzetting van de activiteiten van deze vennootschap. Bij diezelfde beslissing heeft die rechter een bewindvoerder aangewezen die is belast met de inventarisatie van alle activa en passiva van Larco en verplicht is om een openbare aanbestedingsprocedure te volgen voor de verkoop van de activa van deze vennootschap. Op 13 maart 2020 hebben de Griekse autoriteiten Larco verzocht om binnen dertig kalenderdagen het bedrag te betalen van de onrechtmatige en onverenigbaar met de interne markt verklaarde steun, vermeerderd met de toepasselijke rente, en de Commissie in kennis gesteld van het bijzonder bewind van Larco. Op 26 maart 2020 heeft het Hof bij zijn arrest Larko/Commissie ( C‑244/18 P , EU:C:2020:238 ) de hogere voorziening van Larco tegen het arrest van het Gerecht van 1 februari 2018, Larko/Commissie ( T‑423/14 , EU:T:2018:57 ), waarbij het Gerecht het beroep van Larco tot nietigverklaring van besluit 2014/539 had verworpen, gegrond verklaard. Het Hof heeft het arrest van het Gerecht vernietigd voor zover daarbij het eerste onderdeel van het eerste middel van het beroep, dat betrekking had op de in 2008 door de Griekse Staat aan Larco verleende garantie voor een lening van 30 miljoen EUR van ATE Bank aan deze vennootschap (hierna: „maatregel nr. 2”), was afgewezen. Na het arrest van het Hof heeft Larco bezwaren geformuleerd tegen het terug te vorderen bedrag van de steun met betrekking tot maatregel nr. 2. Op 7 april 2020 heeft de bewindvoerder van Larco de Helleense Republiek gedaagd in een verzoek om een arbitrale uitspraak over het geschil over de eigendomsregeling van de fabriek te Larymna. Bij brief van 27 april 2020 hebben de Griekse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van de bezwaren van Larco met betrekking tot maatregel nr. 2, waarop deze instelling bij brief van 6 mei 2020 heeft geantwoord. Op 14 mei 2020 zonden deze autoriteiten de Griekse belastingautoriteiten een brief waarin zij verzochten om volledige terugvordering van de betrokken steun van Larco. Naar aanleiding van een verzoek om inlichtingen van het Hof op grond van artikel 62, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof heeft de Helleense Republiek documenten betreffende de terugvordering van de betrokken steun overgelegd. Uit het antwoord op dit verzoek om inlichtingen blijkt ten eerste dat Larco, gelet op de tijd die nodig was voor de arbitrale uitspraak over de eigendomsregeling van de fabriek te Larymna en het feit dat deze regeling twaalf maanden na de inwerkingtreding ervan of negen maanden na de datum van die uitspraak zou eindigen, op 22 maart 2021 nog steeds onder het bijzonder bewind was geplaatst. Ten tweede heeft het scheidsgerecht bij die uitspraak, die is uitgesproken op 24 september 2020 en gerectificeerd op 8 oktober 2020, het eigendomsrecht van de Griekse Staat op de metaalfabriek en het mijncomplex van Larymna erkend. Larco bleef huurder van deze activa van de Griekse Staat. Ten derde zijn naar aanleiding van die uitspraak de twee in punt 10 van het onderhavige arrest genoemde aanbestedingen, waarmee de Helleense Republiek te kennen had gegeven dat zij voornemens was bepaalde activa van Larco te verkopen, geactualiseerd en heeft de bewindvoerder de inventaris van alle activa en passiva van Larco definitief voorbereid. Ten vierde zijn de procedures voor deze aanbestedingen parallel gevoerd en moesten zij uiterlijk op 8 juli 2021 zijn afgerond. Niet-nakoming Argumenten van partijen In de eerste plaats verwijt de Commissie de Helleense Republiek dat zij niet de maatregelen heeft genomen die nodig waren ter uitvoering van het niet-nakomingsarrest, aangezien de Griekse autoriteiten meer dan vijf jaar na de vaststelling van besluit 2014/539 en meer dan twee jaar na de uitspraak van dat arrest de betrokken staatssteun niet hebben teruggevorderd van Larco. Volgens de Commissie hebben de Griekse autoriteiten pas na 29 januari 2020, de datum waarop het onderhavige beroep is ingesteld, maatregelen voor de terugvordering van die steun genomen, in strijd met het vereiste dat dit besluit onverwijld en daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Om te beginnen is wet 4664/2020, op grond waarvan Larco onder bijzonder bewind kon worden geplaatst, pas vastgesteld op 14 februari 2020. Vervolgens is Larco op 28 februari 2020 onder bijzonder bewind geplaatst. Ten slotte hebben de Griekse autoriteiten Larco op 13 maart 2020 verzocht om het bedrag van die steun terug te betalen binnen een termijn van 30 dagen. Wat het bijzonder bewind van Larco betreft, merkt de Commissie ten eerste op dat artikel 21, lid 4, van wet 4664/2020 bepaalt dat deze vennootschap in aanmerking komt voor een overheidssubsidie waarmee zij de aan de toepassing van dat beheer verbonden kosten kan dekken. Volgens de Commissie vormt de in deze bepaling vastgestelde steun voor de exploitatie van Larco, die bedoeld is om deze vennootschap te bevrijden van de kosten die zij normaliter in het kader van haar lopend beheer of van haar normale activiteiten had moeten dragen, een categorie van steunmaatregelen die bijzonder schadelijk is voor de mededinging. In casu hebben de Griekse autoriteiten Larco reeds exploitatiesteun verleend in het kader van het bijzonder bewind. Ten tweede is de Commissie van mening dat de Helleense Republiek verplicht was om binnen de in artikel 4 van besluit 2014/539 gestelde termijn van vier maanden een insolventieprocedure tegen Larco in te leiden en de vorderingen tot terugbetaling van de betrokken steun op te nemen op de lijst van schuldvorderingen. Deze opneming had moeten worden gevolgd door ofwel volledige terugvordering van de betrokken steun, ofwel de liquidatie van de begunstigde en de definitieve stopzetting van zijn activiteiten. In casu heeft de Helleense Republiek de vorderingen tot terugbetaling van de betrokken steun echter niet op de lijst van schuldvorderingen geplaatst. Volgens artikel 21, lid 9, van wet 4664/2020 kan een dergelijke formele opneming pas plaatsvinden nadat de activa van Larco na de veiling ervan zijn overgedragen aan de hoogste bieder. Zelfs indien de vordering van de Helleense Republiek tot terugbetaling van de betrokken steun na de overdracht van de activa van Larco formeel op de lijst van schuldvorderingen zou zijn opgenomen, zoals het bijzondere bewind daarin voorziet, zou volgens de Commissie het niet-nakomingsarrest slechts volledig kunnen worden uitgevoerd indien de opbrengst van de liquidatie zou volstaan om het volledige bedrag van de betrokken steun terug te vorderen. Anders zou dit arrest alleen volledig kunnen worden uitgevoerd door de liquidatie en de definitieve beëindiging van de activiteiten van Larco. Wat in de tweede plaats de verplichting van de Griekse Staat betreft om de Commissie op de hoogte te houden, voert de Commissie aan dat de autoriteiten van deze lidstaat niet binnen de gestelde termijnen gegevens hebben verstrekt aan de hand waarvan kan worden nagegaan of de berekening van het bedrag van de terug te vorderen steun juist was. Deze autoriteiten hebben het niet-nakomingsarrest dus niet uitgevoerd. Bovendien is de Commissie van mening dat het feit dat het beroep van Larco tot nietigverklaring van besluit 2014/539 na het arrest van 26 maart 2020, Larko/Commissie ( C‑244/18 P , EU:C:2020:238 ), nog steeds aanhangig is bij het Gerecht, voor de onderhavige zaak irrelevant is. Zij voert aan dat de niet-nakomingsprocedure van artikel 260, lid 2, VWEU losstaat van de niet-nakomingsprocedure van artikel 263 VWEU. De Commissie wijst erop dat het Hof bij dat arrest weliswaar het arrest van 1 februari 2018, Larko/Commissie ( T‑423/14 , EU:T:2018:57 ), gedeeltelijk nietig heeft verklaard, maar dat zij besluit 2014/539, dat volledig uitvoerbaar blijft, niet nietig heeft verklaard. De Helleense Republiek is dus gehouden dit besluit in zijn geheel uit te voeren. In haar verweerschrift betoogt de Helleense Republiek in de eerste plaats dat de Griekse autoriteiten een reeks maatregelen hebben getroffen die een wezenlijke vooruitgang in de uitvoering van het niet-nakomingsarrest vormen. Zo hebben de Griekse autoriteiten Larco op 14 februari 2020 wegens haar financiële moeilijkheden onder een regeling van bijzonder bewind geplaatst. Dit bewind werd sinds 28 februari 2020 toegepast op Larco en het diende te eindigen twaalf maanden na de datum waarop het is toegepast of negen maanden na de datum waarop de arbitrale uitspraak over het geschil betreffende de eigendomsregeling van de fabriek te Larymna is gewezen. Ten eerste merkt de Helleense Republiek op dat het bijzonder bewind ten opzichte van de gewone faillissementsprocedure en de bijzondere procedure van wet 4307/2014 een specifieke insolventieprocedure is, in het kader waarvan de bewindvoerder snel de activa van de betrokken onderneming verkoopt en een openbare aanbestedingsprocedure organiseert om een waardevermindering van de activa te voorkomen. Het is juist dat de plaatsing van Larco onder een bijzonder bewind er niet toe heeft geleid dat haar activiteiten onmiddellijk werden gestaakt. Het in bedrijf houden van de fabriek te Larymna werd evenwel noodzakelijk geacht om de prijs van de activa van Larco te maximaliseren en de voortzetting van de nikkelproductie in Griekenland te verzekeren, die zowel voor de Griekse economie als voor de Europese economie van bijzonder belang is. Bovendien beschikt het Griekse ministerie van Milieu en Energie naar nationaal recht over de mogelijkheid om overheidssubsidies toe te kennen teneinde de kosten te dragen die nodig zijn voor de uitvoering van het bijzonder bewind, alsmede de exploitatiekosten om de onderneming draaiende te houden totdat zij haar activiteiten stopzet. De eventueel uit dien hoofde betaalde bedragen moeten echter in mindering worden gebracht op de verkoopprijs van de activa en worden terugbetaald aan de Staat, zonder dat rekening wordt gehouden met de andere schuldvorderingen die op de lijst van schuldvorderingen zijn genomen. Ten tweede merkt de Helleense Republiek op dat de bewindvoerder binnen vijf dagen na het einde van de aanbestedingsprocedure de schuldeisers moet verzoeken hun vorderingen definitief in te schrijven en vervolgens de lijst met de definitieve rangschikking van de schuldvorderingen moet opstellen. Wat meer in het bijzonder de datum van opneming op de lijst van schuldvorderingen betreft, voert de Helleense Republiek aan dat deze opneming, anders dan in de gewone faillissementsprocedure in het kader waarvan de opneming op de lijst van schuldvorderingen vóór de liquidatie van de onderneming plaatsvindt, in de procedure van bijzonder bewind plaatsvindt ná de verkoop van de activa van de betrokken onderneming. In afwijking van de toepasselijke algemene bepalingen hebben schuldvorderingen van de Staat die betrekking hebben op de terugvordering van onrechtmatige en onverenigbare steun voorrang boven elk algemeen of bijzonder voorrecht van de andere schuldeisers. Ten derde betoogt de Helleense Republiek dat de activiteiten van Larco met de verkoop van haar activa definitief worden beëindigd, waardoor wordt gewaarborgd dat er geen sprake is van economische continuïteit en van verstoring van de mededinging op de betrokken markt. De plaatsing van Larco onder een bijzonder bewind vormt dus een onomkeerbare procedure die moet leiden tot liquidatie van deze onderneming en tot definitieve beëindiging van haar activiteiten. De Helleense Republiek stelt dat indien de openbare aanbestedingsprocedure mislukt, Larco hoe dan ook in staat van faillissement verkeert en haar activa worden geliquideerd volgens de gewone faillissementsprocedure. Dat die aanbestedingsprocedure is mislukt, dient te worden vastgesteld indien in de loop van de procedure van bijzonder bewind 75 % van de activa van deze onderneming niet verkocht zijn geraakt. Overigens betwist de Helleense Republiek niet dat besluit 2014/539 na de uitspraak van het arrest van 26 maart 2020, Larko/Commissie ( C‑244/18 P , EU:C:2020:238 ), volledig uitvoerbaar blijft. Volgens deze lidstaat geeft de Commissie in haar mededeling betreffende de terugvordering van de onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare staatssteun echter aan dat wanneer een beroep tegen een terugvorderingsbesluit aanhangig is, de voorlopige uitvoering van dat besluit onder meer kan worden verzekerd doordat de steunontvanger het volledige terug te vorderen bedrag op een escrow-rekening stort. In de tweede plaats voert de Helleense Republiek aan dat zij de Commissie bij brief van 13 maart 2020 in kennis heeft gesteld van alle maatregelen die waren genomen om de betrokken steun terug te vorderen. Op 14 mei 2020 heeft zij de terugvordering van het totaalbedrag van deze steun gelast. Beoordeling door het Hof Allereerst zij erop gewezen dat het door Larco ingestelde beroep tot nietigverklaring van besluit 2014/539, dat heeft geleid tot het arrest van 26 maart 2020, Larko/Commissie ( C‑244/18 P , EU:C:2020:238 ), geen invloed heeft op de uitvoerbaarheid van dat besluit en bijgevolg op het onderhavige geding. Volgens de rechtspraak van het Hof heeft een beroep tot nietigverklaring immers, zoals blijkt uit artikel 278 VWEU, geen opschortende werking wanneer het Gerecht niet anders beslist. De inleiding van een beroep tot nietigverklaring doet dus geen afbreuk aan de uitvoerbaarheid van het besluit waarvan nietigverklaring wordt gevorderd (zie in die zin arrest van 9 juli 2015, Commissie/Frankrijk, C‑63/14 , EU:C:2015:458 , punt ). Met betrekking tot het argument van de Helleense Republiek dat de Commissie in haar mededeling betreffende de terugvordering van onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare staatssteun aangeeft dat wanneer een beroep tegen een terugvorderingsbesluit aanhangig is, de voorlopige uitvoering van dat besluit onder meer kan worden verzekerd doordat de steunontvanger het volledige terug te vorderen bedrag op een escrow-rekening stort, volstaat de opmerking dat deze lidstaat in casu geen gegevens heeft verstrekt waaruit een dergelijke betaling blijkt. In de eerste plaats moet er in hoofdzaak op worden gewezen dat uit de rechtspraak van het Hof volgt dat de lidstaat die adressaat is van een besluit waarbij hij wordt gelast onrechtmatige, met de interne markt onverenigbare steun terug te vorderen, op grond van artikel 288, vierde alinea, VWEU verplicht is om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om dat besluit uit te voeren. Hij dient de verschuldigde bedragen daadwerkelijk terug te vorderen om de verstoring van de mededinging op te heffen die voortkomt uit het concurrentievoordeel dat door die steun wordt verschaft (arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland, C‑93/17 , EU:C:2018:903 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Terugvordering van onrechtmatige, met de interne markt onverenigbare steun dient immers onverwijld en in overeenstemming met de nationaalrechtelijke procedures van de betrokken lidstaat te geschieden, voor zover die procedures een onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie toelaten. Daartoe dienen de betrokken lidstaten alle nodige maatregelen te nemen, met inbegrip van voorlopige maatregelen, waarover zij binnen hun nationale rechtsstelsel beschikken om dit doel te bereiken, onverminderd het Unierecht (arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland, C‑93/17 , EU:C:2018:903 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). In herinnering dient te worden gebracht dat in de gevallen waarin de onrechtmatig verleende en met de interne markt onverenigbaar verklaarde staatssteun moet worden teruggevorderd van begunstigde ondernemingen die in moeilijkheden of in staat van faillissement verkeren, dergelijke problemen niet afdoen aan de verplichting tot terugvordering van de steun. De lidstaat moet naargelang het geval dus proberen de vennootschap te laten vereffenen, zijn schuldvordering aan de passiefzijde te laten opnemen of elke andere maatregel treffen waarmee de steun kan worden terugbetaald (arrest van 17 januari 2018, Commissie/Griekenland, C‑363/16 , EU:C:2018:12 , punt ). Met name kunnen volgens vaste rechtspraak het herstel in de vroegere toestand en de opheffing van de verstoring van de mededinging die uit de onrechtmatig verleende steun voortvloeit, in beginsel plaatsvinden door de vordering tot terugbetaling van de betrokken steun te doen opnemen op de lijst van schuldvorderingen (arrest van 17 januari 2018, Commissie/Griekenland, C‑363/16 , EU:C:2018:12 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Niettemin moet erop worden gewezen dat met een dergelijke opneming alleen aan de terugvorderingsverplichting kan worden voldaan indien, ingeval de nationale autoriteiten niet het volledige steunbedrag hebben kunnen terugvorderen, de faillissementsprocedure resulteert in de vereffening van de onderneming, dat wil zeggen in een definitieve stopzetting van haar activiteit, hetgeen de nationale autoriteiten als aandeelhouder of schuldeiser teweeg kunnen brengen (arrest van 17 januari 2018, Commissie/Griekenland, C‑363/16 , EU:C:2018:12 , punt ). Daaruit volgt dat de definitieve stopzetting van de activiteiten van de onderneming die steun heeft genoten, alleen onvermijdelijk is wanneer in de loop van de faillissementsprocedure nog steeds niet het volledige steunbedrag kan worden teruggevorderd (arrest van 17 januari 2018, Commissie/Griekenland, C‑363/16 , EU:C:2018:12 , punt ). Daarnaast zij er ook op gewezen dat in een procedure wegens niet-nakoming krachtens artikel 260, lid 2, VWEU als referentiedatum om te bepalen of sprake is van niet-nakoming, de datum moet worden genomen waarop de termijn verstrijkt die in de krachtens die bepaling uitgereikte aanmaningsbrief is gesteld (arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland, C‑93/17 , EU:C:2018:903 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Aangezien de Commissie in het onderhavige geval, zoals in punt 20 van het onderhavige arrest is aangegeven, de Helleense Republiek op 25 januari 2019 een aanmaningsbrief heeft doen toekomen volgens de procedure van artikel 260, lid 2, VWEU, is de in het vorige punt van het onderhavige arrest bedoelde referentiedatum de datum waarop de in die brief gestelde termijn is verstreken, namelijk op 25 maart 2019. Het is duidelijk dat de Griekse autoriteiten op die datum de verplichting tot terugvordering van de betrokken steun niet waren nagekomen. Zoals blijkt uit de punten 23 tot en met 25, 45 en 52 van het onderhavige arrest hebben de Griekse autoriteiten immers pas na 29 januari 2020, de datum waarop het onderhavige beroep is ingesteld, maatregelen tot terugvordering van de betrokken steun vastgesteld. Ten eerste is wet 4664/2020 tot instelling van het bijzonder bewind namelijk vastgesteld op 14 februari 2020, dus bijna een jaar na het verstrijken van de in de aanmaningsbrief gestelde termijn en bijna zes jaar na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn voor uitvoering van besluit 2014/539. Ten tweede staat vast dat de Helleense Republiek Larco onder bijzonder bewind heeft geplaatst op 28 februari 2020. Ten derde is Larco op 13 maart 2020 verzocht om binnen 30 dagen het bedrag van de betrokken steun terug te betalen. Ten vierde hebben de Griekse autoriteiten op 14 mei 2020 een brief aan de Griekse belastingautoriteiten doen toekomen waarin zij hebben verzocht om volledige terugvordering van de betrokken steun van Larco. In die omstandigheden kan de Helleense Republiek niet op goede gronden stellen dat zij op de datum van het verstrijken van de in de aanmaningsbrief gestelde termijn alle nodige maatregelen had genomen om de procedure tot terugvordering van de betrokken staatssteun ten uitvoer te leggen. Wat in de tweede plaats het verzuim betreft om de Commissie in te lichten, moet worden opgemerkt dat de Helleense Republiek op de datum van het verstrijken van de in de brief van 25 januari 2019 gestelde termijn de Commissie niet de in artikel 5 van besluit 2014/539 opgesomde inlichtingen had verstrekt. Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de Helleense Republiek, door niet alle maatregelen te hebben genomen die nodig waren ter uitvoering van het niet-nakomingsarrest, de krachtens artikel 260, lid 1, VWEU op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. Financiële sancties Dwangsom Argumenten van partijen De Commissie is van mening dat de aan de Helleense Republiek verweten niet-nakoming nog voortduurde op het tijdstip van het onderzoek van de feiten door het Hof. Zij stelt voor de niet-uitvoering van het niet-nakomingsarrest te bestraffen door met name de betaling van een dwangsom op te leggen, waarbij zij zich baseert op mededeling SEC(2005) 1658 van 12 december 2005, met het opschrift „Uitvoering van artikel [260 VWEU]” ( PB 2007, C 126, blz. 15 ; hierna: „mededeling van 2005”), op haar mededeling betreffende de wijziging van de methode voor de berekening van forfaitaire sommen en dwangsommen die door de Commissie worden voorgesteld in het kader van niet-nakomingsprocedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie ( PB 2019, C 70, blz. 1 ), alsook op haar mededeling met de titel „Aanpassing van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van forfaitaire sommen en dwangsommen die de Commissie het Hof van Justitie van de Europese Unie voorstelt in het kader van inbreukprocedures” ( PB 2019, C 309, blz. 1 ). De Commissie wijst erop dat volgens de in de mededeling van 2005 vermelde formule de dwangsom per dag gelijk is aan het uniforme forfaitaire basisbedrag van 3116 EUR vermenigvuldigd met de coëfficiënt voor de ernst van de inbreuk, de coëfficiënt voor de duur van de inbreuk en de factor „n”. Wat de coëfficiënt voor de ernst betreft, betoogt de Commissie dat de bepalingen van het VWEU inzake staatssteun waarop in casu inbreuk is gemaakt, van fundamenteel belang zijn. Zij wijst erop dat de onrechtmatige en onverenigbare steun, die niet is teruggevorderd, nadelige gevolgen heeft gehad op de markt waarop Larco actief is. Gelet op de kenmerken van deze markt treffen de schadelijke effecten die de niet-teruggevorderde steun sorteert op de mededinging, volgens de Commissie niet alleen de ondernemingen in Griekenland, maar ook meer algemeen de ondernemingen in de gehele Europese Unie. Wat de vraag betreft of er verzwarende of verzachtende omstandigheden zijn, vestigt de Commissie de aandacht op de herhaalde tekortkomingen van de Helleense Republiek op het gebied van staatssteun, en is zij van mening dat er in de onderhavige zaak geen verzachtende omstandigheid kan gelden. Daarom stelt zij voor de ernst van de inbreuk, op de schaal van 1 tot 20 die in de mededeling van 2005 is vastgesteld, een coëfficiënt van 7 voor. Wat de duur van de inbreuk betreft, betoogt de Commissie dat deze op de datum waarop zij heeft besloten de onderhavige zaak aanhangig te maken bij het Hof, te weten 27 november 2019, 24 maanden bedroeg, aangezien de inbreuk is aangevangen op de datum waarop het niet-nakomingsarrest is gewezen, te weten 9 november 2017, zodat voor de duur, op de schaal van 1 tot 3 die eveneens in die mededeling is vastgesteld, een coëfficiënt van 2,4 moet worden toegepast. Wat de financiële draagkracht van de vervolgde lidstaat en meer bepaald de factor „n” betreft, merkt de Commissie op dat het Hof in zijn arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland ( C‑93/17 , EU:C:2018:903 ), heeft geoordeeld dat sinds de wijziging van het stemstelsel binnen de Raad van de Europese Unie, op 1 april 2017, bij de vaststelling van de factor „n” geen rekening meer kan worden gehouden met het aantal stemmen van de betrokken lidstaat binnen de Raad en dat het bruto binnenlands product (bbp) van de lidstaten de bepalende factor is waarvan moet worden uitgegaan. Volgens de Commissie dient het institutionele gewicht van de betrokken lidstaat in de Unie evenwel te worden behouden als essentieel element voor de berekening van de factor „n”, teneinde sancties te kunnen opleggen die zowel evenredig als voldoende afschrikkend zijn. Zij stelt dat indien enkel het bbp in aanmerking wordt genomen, de kloof tussen de lidstaten aanzienlijk vergroot wat deze factor betreft. De Commissie voert aan dat de methode voor de berekening van de factor „n” niet alleen moet zijn gebaseerd op het demografische of economische gewicht, maar ook op het feit dat elke lidstaat in het institutionele kader van de Unie een intrinsieke waarde heeft. Teneinde een evenwicht te handhaven tussen de financiële draagkracht van een lidstaat en het institutionele gewicht die deze heeft in de Unie, moet de factor „n” volgens haar dan ook worden berekend op basis van het bbp én het aantal zetels in het Europees Parlement dat aan de betrokken lidstaat is toegewezen. De Commissie is derhalve van mening dat deze factor „n” voor de Helleense Republiek op 0,51 moet worden vastgesteld. Het gebruik van het bbp en het aantal zetels in het Europees Parlement, zonder de mogelijkheid aanpassingen te verrichten, leidt volgens de Commissie echter tot een beduidend lagere referentiewaarde dan de waarde die voortvloeit uit de toepassing van de oude methode voor de berekening van de factor „n”. De Commissie stelt daarom voor om voor de berekening van het uniforme forfaitaire basisbedrag voor de dwangsom gebruik te maken van een aanpassingsfactor van 4,5 teneinde te garanderen dat de door de Commissie aan het Hof voorgestelde boetebedragen evenredig en voldoende afschrikkend blijven. Wat ten slotte de periodiciteit van de dwangsom betreft, is de Commissie van mening dat deze per dag dient te worden opgelegd en niet halfjaarlijks moet zijn. Volgens haar hoeven de per dag opgelegde dwangsommen in casu evenmin degressief te zijn. De Helleense Republiek brengt daartegen in dat in de onderhavige zaak geen financiële sancties behoeven te worden opgelegd, aangezien door de vaststelling van wet 4664/2020 en de plaatsing van Larco onder bijzonder bewind aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Bovendien benadrukt deze lidstaat dat dit bijzonder bewind in zijn geheel bedoeld is om te verzekeren dat Larco spoedig wordt geliquideerd, hetzij door de verkoop van haar activa door de bewindvoerder teneinde de hoogst mogelijke prijs te verkrijgen, hetzij door Larco aan de gewone faillissementsprocedure te onderwerpen indien binnen twaalf maanden niet 75 % van de activa verkocht raakt. De Helleense Republiek is van mening dat, mocht het Hof toch een dwangsom opleggen, het bedrag van de door de Commissie gevorderde dwangsom in de bijzondere omstandigheden van het geval niet passend is en niet strookt met het evenredigheidsbeginsel. Wat de ernst van de inbreuk betreft, stelt de Helleense Republiek in de eerste plaats dat rekening moet worden gehouden met de maatregelen die in dit stadium reeds zijn genomen en met het feit dat in de onderhavige zaak het terug te vorderen bedrag, vermeerderd met rente zoals berekend op 14 mei 2020, 160 miljoen EUR bedraagt, terwijl in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland ( C‑93/17 , EU:C:2018:903 ), het terug te vorderen bedrag 670 miljoen EUR bedroeg. In deze context vordert deze lidstaat, gelet op de tijd die nodig is om aanzienlijke vooruitgang te boeken in de liquidatieprocedure van Larco, dat de dwangsom halfjaarlijks wordt vastgesteld. In de tweede plaats betoogt de Helleense Republiek dat het onwaarschijnlijk is dat deze steun aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor de mededingingsvoorwaarden binnen de Unie en de mededinging heeft vervalst. In de derde plaats voert deze lidstaat met betrekking tot de vermeende herhaling van haar inbreukmakende gedrag op het gebied van staatssteun aan dat de Griekse autoriteiten in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland ( C‑93/17 , EU:C:2018:903 ), de nodige maatregelen hadden genomen om de terugvorderingsprocedure te voltooien door de activa van de betrokken onderneming te vereffenen. Bijgevolg is het volgens de Helleense Republiek niet passend om in de onderhavige zaak een coëfficiënt voor de ernst van de inbreuk van meer dan 1 toe te passen. De Helleense Republiek is van mening dat de coëfficiënt voor de duur niet hoger moet zijn dan 1. Wat ten slotte de financiële draagkracht en meer bepaald de factor „n” betreft, is de Helleense Republiek net als de Commissie van mening dat bij de berekening van de waarde van deze factor niet alleen rekening moet worden gehouden met het economische gewicht, maar ook met het institutionele gewicht dat de betrokken lidstaat heeft in de Unie. Er moet dus rekening worden gehouden met het aantal zetels in het Europees Parlement dat aan deze lidstaat is toegekend. Beoordeling door het Hof Om te beginnen zij eraan herinnerd dat de procedure van artikel 260, lid 2, VWEU tot doel heeft een in gebreke gebleven lidstaat ertoe te brengen een niet-nakomingsarrest uit te voeren en dus de effectieve toepassing van het Unierecht te verzekeren, en dat de maatregelen waarin deze bepaling voorziet, te weten de dwangsom en de forfaitaire som, beide dit doel dienen [arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In herinnering moet eveneens worden geroepen dat het aan het Hof staat om in elke zaak en aan de hand van de omstandigheden van het bij het Hof aanhangig gemaakte geding alsmede naargelang van de mate van overreding en afschrikking die het Hof vereist lijkt, de geldelijke sancties vast te stellen die passend zijn, met name om te voorkomen dat dergelijke inbreuken op het Unierecht zich vaker voordoen (arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland, C‑93/17 , EU:C:2018:903 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Volgens vaste rechtspraak is de oplegging van een dwangsom in beginsel slechts gerechtvaardigd indien de niet-nakoming bestaande in de niet-uitvoering van een eerder arrest voortduurt tot aan het onderzoek van de feiten door het Hof [arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Om te bepalen of de aan verweerster verweten niet-nakoming heeft voortgeduurd tot aan het onderzoek van de feiten door het Hof, moeten de maatregelen worden onderzocht die volgens verweerster zijn vastgesteld ná de haar daartoe in de aanmaningsbrief gestelde termijn (zie in die zin arresten van 11 december 2012, Commissie/Spanje, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punt , en 17 september 2015, Commissie/Italië, C‑367/14 , niet gepubliceerd, EU:C:2015:611 , punt ). In casu stelt de Helleense Republiek dat het bijzonder bewind van Larco niet is beëindigd en dat de twee aanbestedingsprocedures voor de verkoop van de activa van Larco op 8 juli 2021 voltooid moesten zijn. Het volstaat evenwel vast te stellen dat de Helleense Republiek niet heeft aangetoond dat zij op de datum van het onderzoek van de feiten door het Hof alle maatregelen heeft genomen die nodig zijn voor de uitvoering van het niet-nakomingsarrest. Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat de aan de Helleense Republiek verweten niet-nakoming, op het tijdstip van het onderzoek van de feiten door het Hof, nog steeds voortduurde. De veroordeling van de Helleense Republiek tot betaling van een dwangsom is dan ook een passend financieel middel om deze lidstaat aan te sporen de maatregelen te nemen die nodig zijn om de vastgestelde niet-nakoming te beëindigen en het niet-nakomingsarrest volledig uit te voeren. Het is vaste rechtspraak dat de dwangsom moet worden vastgesteld naargelang van de mate van overreding die nodig is om de lidstaat die nalaat een niet-nakomingsarrest uit te voeren, tot ander gedrag te brengen en de gelaakte inbreuk te doen beëindigen [zie in die zin arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Het Hof dient de dwangsom, in de uitoefening van zijn beoordelingsbevoegdheid, aldus vast te stellen dat zij in de gegeven omstandigheden passend is alsook evenredig is aan de vastgestelde niet-nakoming en aan de financiële draagkracht van de betrokken lidstaat [arresten van 11 december 2012, Commissie/Spanje, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak; 22 februari 2018, Commissie/Griekenland, C‑328/16 , EU:C:2018:98 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. De voorstellen van de Commissie in verband met de dwangsom kunnen het Hof niet binden en vormen louter een nuttige referentiebasis. Evenzo zijn richtsnoeren als die in de mededelingen van de Commissie niet bindend voor het Hof, maar dragen zij ertoe bij dat de doorzichtigheid, de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid van het optreden van de Commissie zelf worden gewaarborgd wanneer die instelling voorstellen doet aan het Hof. In een procedure krachtens artikel 260, lid 2, VWEU over een niet-nakoming door een lidstaat die voortduurt, ook al is diezelfde niet-nakoming reeds vastgesteld in een eerste krachtens artikel 258 VWEU of artikel 108, lid 2, VWEU gewezen arrest, moet het Hof immers vrij blijven om het bedrag en de vorm van de opgelegde dwangsom te kiezen die het geschikt acht om die lidstaat aan te sporen een einde te maken aan de niet-nakoming van de uit dat eerste arrest van het Hof voortvloeiende verplichtingen (arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland, C‑93/17 , EU:C:2018:903 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Voor de vaststelling van het bedrag van de dwangsom zijn de basiscriteria die moeten worden gehanteerd om te verzekeren dat die dwangsom een dwingend karakter heeft met het oog op de eenvormige en effectieve toepassing van het Unierecht, in beginsel de ernst en de duur van de inbreuk alsook de financiële draagkracht van de betrokken lidstaat. Bij de toepassing van deze criteria dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de consequenties van het niet-uitvoeren van het arrest voor de particuliere en de publieke belangen en met de spoed waarmee de betrokken lidstaat ertoe moet worden aangezet zijn verplichtingen na te komen [arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18, niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Wat in de eerste plaats de ernst van de inbreuk betreft, moet worden gewezen op het fundamentele karakter van de bepalingen van het VWEU inzake staatssteun [arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. De regels die in besluit 2014/539 en het niet-nakomingsarrest aan de orde zijn, vormen namelijk de uitdrukking van een van de wezenlijke taken die aan de Unie zijn opgedragen krachtens artikel 3, lid 3, VEU, te weten de totstandbrenging van een interne markt, en krachtens Protocol nr. 27 betreffende de interne markt en de mededinging, dat overeenkomstig artikel 51 VEU een integrerend deel uitmaakt van de Verdragen en volgens hetwelk de interne markt een regime omvat dat verzekert dat de mededinging niet wordt vervalst. Het belang van de Unierechtelijke bepalingen die in een geval als het onderhavige zijn geschonden, blijkt met name uit het feit dat door de terugbetaling van de onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar verklaarde staatssteun de verstoring van de mededinging wordt opgeheven die voortkomt uit het concurrentievoordeel dat door deze steun wordt verschaft, en dat de begunstigde door deze terugbetaling het voordeel verliest dat hij op de markt genoot ten opzichte van zijn concurrenten [arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Wat de in de onderhavige zaak vastgestelde niet-nakoming betreft, zij er ten eerste aan herinnerd dat de Helleense Republiek, ondanks het feit dat zij maatregelen heeft genomen om de betrokken staatssteun terug te vorderen, die steun niet volledig heeft teruggevorderd. Gelet op de in punt 94 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte regel dat de dwangsom passend moet zijn in de gegeven omstandigheden alsook evenredig aan de vastgestelde niet-nakoming, dient evenwel rekening te worden gehouden met het feit dat Larco na de op 24 september 2020 uitgesproken en op 8 oktober 2020 gerectificeerde scheidsrechterlijke uitspraak weliswaar huurder is gebleven van de metaalfabriek en het mijncomplex van Larymna, maar dat het scheidsgerecht het eigendomsrecht van de Griekse Staat op die activa heeft erkend. Ten tweede dient te worden gewezen op de omvang van het niet teruggevorderde steunbedrag. Dit bedrag, vermeerderd met rente, bedroeg op 14 mei 2020 namelijk 160 miljoen EUR. Ten derde moet rekening worden gehouden met het feit dat de markt waarop Larco actief is, met name die voor ferronikkel, grensoverschrijdend is. Bijgevolg heeft de onrechtmatige en onverenigbare steun die niet is teruggevorderd nadelige gevolgen op de markt die zich niet beperken tot het grondgebied van de Helleense Republiek. Ten slotte moet worden gewezen op de recidiverende aard van het inbreukmakende gedrag van deze lidstaat op het gebied van staatssteun. De Helleense Republiek is immers in beroepen die op grond van artikel 108, lid 2, VWEU zijn ingesteld vanwege het niet uitvoeren van besluiten tot terugvordering van steun, veroordeeld in de zaken die hebben geleid tot de arresten van 1 maart 2012, Commissie/Griekenland ( C‑354/10 , niet gepubliceerd, EU:C:2012:109 ), 28 juni 2012, Commissie/Griekenland ( C‑485/10 , niet gepubliceerd, EU:C:2012:395 ), 17 oktober 2013, Commissie/Griekenland ( C‑263/12 , niet gepubliceerd, EU:C:2013:673 ), 9 november 2017, Commissie/Griekenland ( C‑481/16 , niet gepubliceerd, EU:C:2017:845 ), en 17 januari 2018, Commissie/Griekenland ( C‑363/16 , EU:C:2018:12 ), alsmede in een op grond van artikel 228, lid 2, derde alinea, EG ingesteld beroep in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 7 juli 2009, Commissie/Griekenland ( C‑369/07 , EU:C:2009:428 ). Vastgesteld moet worden dat er in het onderhavige geval sprake is van een aanmerkelijke schending van de regels van het VWEU inzake staatssteun. Wat in de tweede plaats de duur van de inbreuk betreft, moet bij de beoordeling ervan rekening worden gehouden met het moment waarop het Hof de feiten beoordeelt en niet met het moment waarop de Commissie zich tot het Hof wendt [arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Daar de Helleense Republiek niet heeft kunnen aantonen dat zij een einde heeft gemaakt aan de niet-nakoming van haar verplichting om het niet-nakomingsarrest volledig uit te voeren, moet derhalve worden geoordeeld dat deze niet-nakoming sinds de uitspraak van dat arrest al meer dan vier jaar duurt, hetgeen een aanzienlijke tijd is. Wat in de derde plaats de financiële draagkracht van de betrokken lidstaat betreft, volgt uit vaste rechtspraak van het Hof dat de recente evolutie van het bbp van die lidstaat, in de stand ervan op de datum van het feitenonderzoek door het Hof, in aanmerking moet worden genomen [arresten van 11 december 2012, Commissie/Spanje, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punt ; arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 25 februari 2021, Commissie/Spanje (Persoonsgegevensrichtlijn – Strafrechtelijk gebied), C‑658/19 , EU:C:2021:138 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Om ervoor te zorgen dat de sancties evenredig en afschrikkend zijn, stelt de Commissie voor om naast het bbp van de betrokken lidstaat ook rekening te houden met het institutionele gewicht van die lidstaat in de Unie, uitgedrukt door het aantal stemmen waarover die lidstaat in het Europees Parlement beschikt. De Commissie is tevens van mening dat een aanpassingscoëfficiënt van 4,5 moet worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de sancties evenredig en afschrikkend zijn. In dit verband zij eraan herinnerd dat de voorstellen van de Commissie met betrekking tot de dwangsom, zoals blijkt uit punt 95 van het onderhavige arrest, het Hof niet binden en louter een nuttige referentiebasis vormen. Aangezien de door de Commissie bij de berekening van het bedrag van de dwangsom te gebruiken variabelen indicatieve regels zijn die de door de Commissie te volgen gedragslijn afbakenen, bevorderen zij namelijk de doorzichtigheid, de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid van haar optreden, alsook de evenredigheid van het bedrag van de dwangsom dat zij wil voorstellen (zie in die zin arrest van 4 juli 2000, Commissie/Griekenland, C‑387/97 , EU:C:2000:356 , punten en ). In deze context blijkt uit de rechtspraak van na 1 april 2017, de datum met ingang waarvan het oude systeem van stemmenweging ter bepaling van het aantal stemmen van de lidstaten in de Raad niet meer kan worden toegepast, dat het Hof bij de beoordeling van de financiële draagkracht van de betrokken lidstaat uitgaat van het bbp van die lidstaat als bepalende factor (arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland, C‑93/17 , EU:C:2018:903 , punten en ). Wat voorts de inaanmerkingneming betreft van het institutionele gewicht in de Unie van de betrokken lidstaat teneinde de evenredigheid en de afschrikkende werking van de sancties te waarborgen, zij er ten eerste aan herinnerd dat uit de in punt 94 van het onderhavige arrest aangehaalde vaste rechtspraak van het Hof volgt dat de evenredigheid van de financiële sancties in het licht van de vastgestelde niet-nakoming en volgens de financiële draagkracht van de betrokken lidstaat wordt beoordeeld. Ten tweede moet erop worden gewezen dat de doelstelling om sancties vast te stellen die voldoende afschrikkend zijn, zoals de advocaat-generaal in punt 35 van zijn conclusie heeft opgemerkt, niet noodzakelijkerwijs vereist dat het institutionele gewicht van de betrokken lidstaat in de Unie in aanmerking wordt genomen. Zoals de advocaat-generaal in punt 29 van zijn conclusie in wezen heeft aangegeven, staat het institutionele gewicht van de betrokken lidstaat in de Unie immers los van de kenmerken van de betrokken niet-nakoming. Het lijkt dus niet noodzakelijk om het institutionele gewicht van de betrokken lidstaat in aanmerking te nemen teneinde een voldoende afschrikkende werking te garanderen en deze lidstaat ertoe te brengen zijn huidige of toekomstige handelwijze betreffende de toekenning van staatssteun te wijzigen. Onverminderd de mogelijkheid voor de Commissie om financiële sancties voor te stellen die op meerdere criteria zijn gebaseerd, met name om een redelijke differentiatie tussen de verschillende lidstaten mogelijk te maken, moet bij de beoordeling van de financiële draagkracht van de Helleense Republiek dan ook worden uitgegaan van het bbp van deze lidstaat als bepalende factor, en hoeft voor de vaststelling van voldoende afschrikkende en evenredige sancties geen rekening te worden gehouden met het institutionele gewicht van de Helleense Republiek zoals dit blijkt uit het aantal stemmen waarover deze lidstaat beschikt in het Europees Parlement. Overigens heeft de Commissie, wat haar voorstel betreft om een aanpassingscoëfficiënt van 4,5 te gebruiken, niet aangetoond op basis van welke objectieve criteria zij de waarde van deze coëfficiënt heeft vastgesteld. Aangaande de periodiciteit van de dwangsom meent de Commissie dat deze dagelijks moet zijn. Evenwel dient het specifieke karakter van de terugvordering van de betrokken steun in aanmerking te worden genomen. In dit verband moet rekening worden gehouden met het feit dat de Griekse autoriteiten bepaalde maatregelen hebben genomen die de basis kunnen vormen voor de uitvoering van het niet-nakomingsarrest. De gevolgen van deze maatregelen kunnen echter niet onmiddellijk worden waargenomen. Dat maakt dat besluit 2014/539 – en dus het niet-nakomingsarrest – niet volledig lijkt te kunnen worden uitgevoerd op korte termijn. Bijgevolg zal de eventuele beëindiging van de bewuste inbreuk pas kunnen worden geconstateerd na afloop van een periode waarin alle behaalde resultaten ter beoordeling liggen. Derhalve moet een per halfjaar opgelegde dwangsom worden vastgesteld, zodat de Commissie de staat van voortgang van de ter uitvoering van het niet-nakomingsarrest getroffen maatregelen kan beoordelen aan de hand van de situatie aan het einde van die periode. Gelet op een en ander en gezien de beoordelingsbevoegdheid die artikel 260, lid 3, VWEU het Hof verleent, moet de Helleense Republiek worden veroordeeld tot betaling aan de Commissie van een dwangsom van 4368000 EUR voor elke periode van zes maanden vertraging bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan het niet-nakomingsarrest, vanaf de datum van uitspraak van het onderhavige arrest tot de datum waarop het niet-nakomingsarrest volledig is uitgevoerd. Forfaitaire som Argumenten van partijen De Commissie suggereert het Hof het bedrag van de forfaitaire som te bepalen door een dagbedrag te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat de inbreuk voortduurt. De Commissie stelt voor om bij de berekening van de hoogte van het forfaitaire bedrag dezelfde coëfficiënt voor de ernst en dezelfde factor „n” als in het kader van de dwangsom te hanteren. Het forfaitaire basisbedrag stelt zij daarentegen vast op 1039 EUR per dag. Anders dan bij de berekening van de dwangsom het geval is hoeft volgens haar geen coëfficiënt voor de duur te worden toegepast omdat de duur van de inbreuk reeds in aanmerking wordt genomen door een dagbedrag te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat de niet-nakoming voortduurt. De Commissie stelt aldus voor dat het bedrag van de forfaitaire som gelijk is aan het basisbedrag van 1039 EUR, vermenigvuldigd met de coëfficiënt voor de ernst (7) en de factor „n” (0,51), ofwel 3709,23 EUR, vermenigvuldigd met het aantal dagen dat is verstreken tussen de datum van de uitspraak van het niet-nakomingsarrest en de datum waarop de lidstaat zijn verplichtingen is nagekomen of, bij gebreke daarvan, de datum van uitspraak van het onderhavige arrest. De Helleense Republiek brengt daartegen in dat de door de Commissie voorgestelde forfaitaire som in de gegeven omstandigheden niet passend is en niet in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel. Beoordeling door het Hof Vooraf zij eraan herinnerd dat het Hof in de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid waarover het op dit gebied beschikt, gelijktijdig een dwangsom én een forfaitaire som mag opleggen [arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. De veroordeling tot betaling van een forfaitair bedrag en de vaststelling, in voorkomend geval, van de hoogte van dat bedrag moeten in elk concreet geval gebaseerd blijven op alle relevante aspecten die zowel verband houden met de kenmerken van de vastgestelde niet-nakoming als met de houding van de lidstaat waarop de op grond van artikel 260 VWEU ingeleide procedure betrekking heeft. Dit artikel verleent het Hof dienaangaande een ruime beoordelingsbevoegdheid teneinde te beslissen om al dan niet een dergelijke sanctie op te leggen en in voorkomend geval het bedrag ervan te bepalen [arrest van 12 maart 2020, Commissie/Italië (Aan de hotelsector in Sardinië verleende onrechtmatige steun), C‑576/18 , niet gepubliceerd, EU:C:2020:202 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In de onderhavige zaak wijzen alle juridische en feitelijke factoren die tot de vaststelling van de niet-nakoming hebben geleid erop dat alleen doeltreffend kan worden voorkomen dat zich in de toekomst opnieuw vergelijkbare inbreuken op het Unierecht voordoen indien een afschrikkende maatregel zoals de oplegging van een forfaitaire som wordt vastgesteld. In die omstandigheden staat het aan het Hof om in de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid die het toekomt de hoogte van dat forfaitaire bedrag zodanig vast te stellen dat dit in de gegeven omstandigheden passend is en evenredig is aan de begane inbreuk (arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland, C‑93/17 , EU:C:2018:903 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). In dit verband zijn vooral de ernst van de vastgestelde inbreuk en de periode gedurende welke deze is blijven voortbestaan na de uitspraak van het arrest waarbij zij is vastgesteld, relevante factoren (arrest van 14 november 2018, Commissie/Griekenland, C‑93/17 , EU:C:2018:903 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). De in casu in aanmerking te nemen omstandigheden komen met name naar voren in de overwegingen die zijn geformuleerd in de punten 97 tot en met 117 van het onderhavige arrest, die betrekking hebben op de ernst en de duur van de inbreuk alsook op de financiële draagkracht van de betrokken lidstaat. Gelet op het voorgaande wordt naar behoren rekening gehouden met de omstandigheden van het onderhavige geval wanneer de door de Helleense Republiek te betalen forfaitaire som wordt vastgesteld op 5500000 EUR. Bijgevolg dient de Helleense Republiek te worden veroordeeld tot betaling aan de Commissie van een forfaitaire som van 5500000 EUR. Kosten Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien de niet-nakoming is vastgesteld, dient de Helleense Republiek overeenkomstig de vordering van de Commissie te worden verwezen in de kosten. Het Hof (Tweede kamer) verklaart: 1) De Helleense Republiek is de krachtens artikel 260, lid 1, VWEU op haar rustende verplichtingen niet nagekomen doordat zij niet alle maatregelen heeft genomen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van 9 november 2017, Commissie/Griekenland ( C‑481/16 , niet gepubliceerd, EU:C:2017:845 ). 2) De Helleense Republiek wordt veroordeeld tot betaling aan de Europese Commissie van een dwangsom van 4368000 EUR voor elke periode van zes maanden vanaf de datum van de uitspraak van dit arrest tot de datum waarop het arrest van 9 november 2017, Commissie/Griekenland ( C‑481/16 , niet gepubliceerd, EU:C:2017:845 ), volledig is uitgevoerd. 3) De Helleense Republiek wordt veroordeeld tot betaling aan de Europese Commissie van een forfaitaire som van 5500000 EUR. 4) De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Grieks.

62014CJ0438

es

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18 y 21 TFUE. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, por un lado, y el Standesamt der Stadt Karlsruhe (oficina del Registro Civil de la ciudad de Karlsruhe, Alemania) y el Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe (servicio jurídico central de la ciudad de Karlsruhe, Alemania), por otro, en relación con la negativa de estas autoridades a modificar los nombres y el apellido inscritos en la partida de nacimiento del demandante en el litigio principal y a inscribir en el Registro Civil elementos nobiliarios que forman parte del apellido adquirido por él en otro Estado miembro. Derecho alemán El artículo 123, apartado 1, de la Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania), de 23 de mayo de 1949 (BGBl. p. 1; en lo sucesivo, «Ley Fundamental»), establece que «el Derecho vigente antes de la primera reunión del Bundestag continuará en vigor siempre que no contradiga la presente Ley Fundamental». El artículo 109 de la Verfassung des Deutschen Reichs (Constitución del Imperio Alemán), adoptada el 11 de agosto de 1919 en Weimar (Reichsgesetzblatt 1919, p. 1383; en lo sucesivo, «Constitución de Weimar») y que entró en vigor el 14 de agosto de 1919, dispone: «Todos los alemanes son iguales ante la ley. Los hombres y las mujeres tienen, por principio, los mismos derechos y obligaciones de ciudadanía. Quedan abolidos los privilegios de Derecho público y las desigualdades vinculados al nacimiento o a la condición. Las distinciones nobiliarias sólo existirán como parte del apellido. Ya no podrán concederse. Sólo se podrán conceder títulos si designan una función o profesión; quedan excluidos los títulos universitarios. El Estado no podrá otorgar órdenes ni condecoraciones. Ningún alemán podrá aceptar un título u orden de un Gobierno extranjero.» Mediante resoluciones de 11 de marzo de 1966 y 11 de diciembre de 1996, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) consideró que, en virtud del artículo 123, apartado 1, de la Ley Fundamental, el artículo 109 de la Constitución de Weimar seguía vigente y, dentro de la jerarquía normativa, tenía rango de ley federal ordinaria. Con el título «Estatuto personal», el artículo 5 de la Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Ley de introducción del Código Civil), de 21 de septiembre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2494, y corrección de errores BGBl. 1997 I, p. 1061), en su versión aplicable en la fecha de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «EGBGB»), dispone, en su apartado 1: «Si se hace remisión al Derecho del Estado del que sea nacional una persona que tenga la nacionalidad de varios Estados, se aplicará el Derecho del Estado con el que tenga la conexión más estrecha, en particular por razón de su residencia habitual o del curso de su vida. Si dicha persona posee también la nacionalidad alemana, primará dicha situación jurídica.» El artículo 6 de la EGBBG, titulado «Orden público», es del siguiente tenor: «Cuando la aplicación de una disposición jurídica de otro Estado conduzca a un resultado que sea manifiestamente incompatible con los principios esenciales del Derecho alemán, será posible inaplicar dicha disposición. En particular, no será aplicable una disposición de este tipo cuando su aplicación sea incompatible con los derechos fundamentales.» El artículo 10 de la EGBGB, titulado «Apellido», dispone, en su apartado 1: «El apellido de una persona se regirá por el Derecho del Estado de su nacionalidad.» El artículo 48 de la EGBGB, titulado «Elección de un apellido adquirido en otro Estado miembro de la Unión», dispone: «Si el apellido de una persona se rige por el Derecho alemán, dicha persona podrá elegir, mediante declaración ante la oficina del Registro Civil, el apellido adquirido durante su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión y que esté inscrito en el Registro Civil de éste, siempre que no sea manifiestamente incompatible con los principios esenciales del Derecho alemán. La elección del apellido se retrotraerá a la fecha de inscripción en el Registro Civil del otro Estado miembro, salvo si la persona declara expresamente que la elección del apellido sólo debe surtir efectos a futuro. La declaración debe estar legalizada o elevada a escritura pública. [...]» El artículo 48 de la EGBGB resulta de la adopción de la Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts (Ley por la que se adaptan determinadas disposiciones del Derecho internacional privado al Reglamento n.° 1259/2010 y se modifican otras disposiciones del Derecho internacional privado), de 23 de enero de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 101), que entró en vigor el 29 de enero de 2013. Dicha norma se introdujo en el Derecho alemán a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul ( C‑353/06 , EU:C:2008:559 ). Litigio principal y cuestión prejudicial [En su versión rectificada mediante auto de 6 de octubre de 2016] El demandante en el litigio principal es un nacional alemán, nacido el 9 de enero de 1963 en Karlsruhe (Alemania). Recibió al nacer el nombre de «Nabiel» y el apellido «Bagdadi», que fueron inscritos en el Registro Civil de la ciudad de Karlsruhe. Posteriormente, el demandante en el litigio principal, tras un procedimiento administrativo de cambio de nombre tramitado en la ciudad de Núremberg (Alemania), por un lado, adquirió el apellido «Bogendorff» y, por otro lado, añadió «Peter» al nombre de «Nabiel». Como consecuencia de una adopción, el estado civil alemán del demandante en el litigio principal volvió a modificarse, de modo que, desde entonces, según dicho estado civil, tiene los nombres de «Nabiel Peter» y el apellido «Bogendorff von Wolffersdorff». En 2001, el demandante en el litigio principal se trasladó al Reino Unido, donde ejerció la profesión de asesor en materia de insolvencia en Londres desde el año 2002. En el año 2004, adquirió la nacionalidad británica mediante naturalización, conservando la nacionalidad alemana. Mediante declaración ( Deed Poll ) de 26 de julio de 2004, registrada el 22 de septiembre de 2004 ante los servicios de la Supreme Court of England and Wales (Tribunal Supremo de Inglaterra y País de Gales, Reino Unido) y publicada en The London Gazette el 8 de noviembre de 2004, el demandante en el litigio principal cambió su nombre, de modo que, en virtud del Derecho británico, se llama «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff». En 2005, el demandante en el litigio principal y su esposa se trasladaron de Londres a Chemnitz, en Alemania, donde nació la hija de ambos el 28 de febrero de 2006. Desde entonces, residen en esta última localidad. El nacimiento de su hija, que tiene la doble nacionalidad alemana y británica, fue declarado ante el Consulado General del Reino Unido en Düsseldorf (Alemania) el 23 de marzo de 2006. Los nombres y el apellido de la hija que aparecen en su partida de nacimiento y su pasaporte británicos son «Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff». Sin embargo, la oficina del Registro Civil de la ciudad de Chemnitz se negó a inscribir a la hija con su apellido británico basándose en el artículo 10 de la EGBGB. El demandante en el litigio principal interpuso una recurso ante el Oberlandesgericht Dresden (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dresde, Alemania), solicitando que se ordenara a dicha oficina inscribir en el Registro Civil el apellido de su hija tal como éste figuraba en la partida de nacimiento emitida por las autoridades británicas. Mediante resolución de 6 de julio de 2011, el Oberlandesgericht Dresden (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dresde) estimó la solicitud. Conforme a esta orden conminatoria, las autoridades de la ciudad de Chemnitz procedieron a dicha inscripción. En consecuencia, la hija del demandante en el litigio principal tiene, como ciudadana alemana, nombres y apellido idénticos a los que tiene como ciudadana británica: «Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff». El 22 de mayo de 2013, el demandante en el litigio principal dirigió una declaración a la oficina del Registro Civil de la ciudad de Karlsruhe, instándola a inscribir en el Registro Civil, conforme al artículo 48 de la EGBGB, los nombres y el apellido que él había adquirido en virtud de la legislación británica. Ante la negativa de dicha oficina a proceder a esa inscripción, el demandante en el litigio principal interpuso un recurso ante el Amtsgericht Karlsruhe (Tribunal Civil y Penal de Karlsruhe, Alemania) con objeto de que se ordenase a la mencionada oficina, conforme al artículo 49, apartado 1, de la Personenstandsgesetz (Ley sobre el estado civil), modificar su partida de nacimiento con carácter retroactivo a partir del 22 de septiembre de 2004, de manera que sus nombres y apellido figurasen del siguiente modo: «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff». La oficina del Registro Civil de la ciudad de Karlsruhe se opuso a esta solicitud amparándose en la excepción de incompatibilidad con los principios esenciales del Derecho alemán prevista en el artículo 48 de la EGBGB. A este respecto, el Amtsgericht Karlsruhe (Tribunal Civil y Penal de Karlsruhe) observa que, en la doctrina alemana especializada, el ámbito de aplicación del artículo 48 de la EGBGB, adoptado a raíz de la sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul ( C‑353/06 , EU:C:2008:559 ), que permite a una persona cuyo apellido se rige por el Derecho alemán utilizar un apellido adquirido durante su residencia habitual en otro Estado miembro, es una cuestión debatida, en particular en el caso de que ese apellido se haya adquirido independientemente de cualquier cambio de estatuto personal derivado de la aplicación de disposiciones del Derecho de familia. Según el órgano jurisdiccional remitente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no permite resolver esta cuestión jurídica. De este modo, señala que las sentencias de 2 de octubre de 2003, Garcia Avello ( C‑148/02 , EU:C:2003:539 ) y de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul ( C‑353/06 , EU:C:2008:559 ) se refieren a casos en los que, desde el nacimiento de los interesados, los apellidos de estos últimos que podían ser reconocidos por las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trataba eran diferentes. El asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein ( C‑208/09 , EU:C:2010:806 ) se distingue del asunto principal debido a que, en el primer asunto, la interesada no tenía doble nacionalidad; la divergencia de apellidos resultaba de un cambio del estatuto personal derivado de la aplicación de disposiciones del Derecho de familia, concretamente de una adopción; y, por último, en lo que atañe a la utilización de títulos nobiliarios, las identidades constitucionales de la República de Austria y de la República Federal de Alemania sólo son comparables con ciertas reservas. En estas circunstancias, el Amtsgericht Karlsruhe (Tribunal Civil y Penal de Karlsruhe) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Deben interpretarse los artículos 18 TFUE y 21 TFUE en el sentido de que las autoridades de un Estado miembro están obligadas a reconocer el cambio de apellido de un nacional de dicho Estado miembro cuando dicho nacional tenga al mismo tiempo la nacionalidad de otro Estado miembro y haya adquirido, en este último Estado miembro, durante una residencia habitual, un apellido que haya escogido libremente y que contenga diversos títulos nobiliarios, mediante un cambio de apellido que no está vinculado a un cambio de estatuto comprendido en el Derecho de familia, en la medida en que podría no existir en el futuro un vínculo sustancial con dicho Estado y en la medida en que, en el primer Estado miembro, pese a la abolición de la nobleza por la Constitución, los títulos nobiliarios que se tuvieran en el momento de la abolición pueden continuar siendo utilizados como elemento del apellido?» Sobre la cuestión prejudicial Observaciones preliminares Ha de señalarse, para empezar, que el órgano jurisdiccional remitente conoce de un recurso interpuesto por el Sr. Bogendorff von Wolffersdorf con objeto de obtener no sólo un cambio de apellido, sino también de sus nombres «Nabiel Peter», que pasarían a ser «Peter Mark Emanuel». Por consiguiente, es preciso entender que la referencia que se hace en la cuestión prejudicial al concepto de «cambio de apellido» atañe a la negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer al mismo tiempo los nombres y el apellido adquiridos por un nacional de ese Estado miembro durante una residencia habitual en un segundo Estado miembro cuya nacionalidad también posee dicha persona. Por tanto, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que las autoridades de un Estado miembro están obligadas a reconocer los nombres y el apellido de un nacional de ese Estado miembro cuando éste también posee la nacionalidad de otro Estado miembro en el que ha adquirido un apellido libremente escogido por él y que contiene diversos elementos nobiliarios. En particular, pregunta si motivos relativos a la opción constitucional del primer Estado miembro y a la abolición de los títulos nobiliarios pueden facultar a este Estado miembro a no reconocer un cambio de nombres y apellido obtenido en esas circunstancias. El artículo 20 TFUE confiere el estatuto de ciudadano de la Unión a toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro (véase la sentencia de 12 de mayo de 2011, Runevič‑Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado y jurisprudencia citada). El demandante en el litigio principal, que tiene la nacionalidad de dos Estados miembros, goza de dicho estatuto. El Tribunal de Justicia ha señalado en diversas ocasiones que la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros (véase la sentencia de 12 de mayo de 2011, Runevič‑Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado y jurisprudencia citada). Ese estatuto permite a aquellos de dichos ciudadanos que se encuentran en la misma situación obtener en el ámbito de aplicación ratione materiae del Tratado, independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas a este respecto, el mismo trato jurídico (véase la sentencia de 12 de mayo de 2011, Runevič‑Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado y jurisprudencia citada). Entre las situaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación ratione materiae del Derecho de la Unión figuran las relativas al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, en particular las relativas al ejercicio de libertad de circulación y de residencia en el territorio de los Estados miembros tal y como se halla reconocida en el artículo 21 TFUE (véanse las sentencias de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk, C‑184/99 , EU:C:2001:458 , apartado ; de 11 de julio de 2002, D’Hoop, C‑224/98 , EU:C:2002:432 , apartado , y de 12 de mayo de 2011Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado ). Si bien, en el estado actual del Derecho de la Unión, las normas que rigen la transcripción en los documentos acreditativos del estado civil del nombre y apellido de una persona son competencia de los Estados miembros, éstos, no obstante, deben, al ejercer dicha competencia, respetar el Derecho de la Unión y en particular las disposiciones del Tratado relativas a la libertad reconocida a todo ciudadano de la Unión de circular y residir en el territorio de los Estados miembros (véanse las sentencias de 2 de octubre 2003, Garcia Avello, C‑148/02 , EU:C:2003:539 , apartado ; de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06 , EU:C:2008:559 , apartado ; de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartados y , y de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado ). En el presente caso, consta que el demandante en el litigio principal tiene la nacionalidad de dos Estados miembros y, en su condición de ciudadano de la Unión, ha ejercido su libertad de circular y residir en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen conforme al artículo 21 TFUE. Por tanto, procede examinar en relación con esta única disposición la negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer el apellido adquirido por un nacional de ese Estado en otro Estado miembro, cuya nacionalidad también posee, en circunstancias como las del asunto principal (véase, por analogía, la sentencia de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado ). Sobre la existencia de una restricción Procede señalar, con carácter preliminar, que el nombre y el apellido de una persona son un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada, cuya protección está consagrada por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), así como por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). Aunque el artículo 7 de la Carta no lo mencione expresamente, el nombre y el apellido de una persona afectan a su vida privada y familiar al constituir un medio de identificación personal y un vínculo con una familia (véanse, en lo que atañe al artículo 8 del CEDH, las sentencias de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado y jurisprudencia citada, y de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado ). Una normativa nacional que resulta desfavorable para determinados nacionales por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular y residir en otro Estado miembro constituye una restricción a las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión (véanse, en particular, las sentencias de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06 , EU:C:2008:559 , apartado ; de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado , y de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado ). De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer el apellido de un nacional de ese Estado miembro que ha ejercido su derecho a circular y residir libremente en el territorio de otro Estado miembro, tal como se determina en este último Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros reconocido en el artículo 21 TFUE. En efecto, pueden surgir confusión e inconvenientes de una discrepancia entre los dos apellidos aplicados a una misma persona (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartados , , , y ). En el presente caso, la negativa de las autoridades alemanas a reconocer el cambio de los nombres y el apellido de un nacional alemán, obtenido en virtud de la legislación de otro Estado miembro cuya nacionalidad también posee dicho nacional, puede constituir una restricción de esa índole. No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, para constituir una restricción de las libertades reconocidas por el artículo 21 TFUE, la negativa a modificar los nombres y el apellido de un nacional de un Estado miembro y a reconocer los nombres y el apellido adquiridos por él en otro Estado miembro debe implicar para el interesado «graves inconvenientes» de orden administrativo, profesional y privado (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado y jurisprudencia citada). Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cada vez que el apellido utilizado en una situación concreta no coincida con el que figura en el documento presentado como prueba de la identidad de una persona o cuando el apellido que figure en dos documentos presentados conjuntamente no sea el mismo, esa divergencia de apellidos puede generar dudas sobre la identidad de esa persona, así como sobre la autenticidad de los documentos presentados o la veracidad de los datos contenidos en éstos (sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06 , EU:C:2008:559 , apartado ). El Tribunal de Justicia también ha considerado, en relación con una persona nacional de un Estado miembro que se niega a reconocer el apellido adquirido por ella como consecuencia de su adopción en otro Estado miembro en el que dicha persona reside, que el riesgo concreto de tener, debido a la diversidad de apellidos, que disipar dudas sobre su identidad constituye una circunstancia que puede obstaculizar el ejercicio del derecho que se deriva del artículo 21 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado ). En el presente asunto, el Gobierno alemán manifiesta dudas en cuanto al perjuicio que pueden suponer para el demandante en el litigio principal, en su vida privada y profesional, los inconvenientes resultantes de las diferencias entre los nombres y los apellidos que posee. A su entender, nada indica que el apellido adquirido en el Reino Unido sea de una importancia considerable para la identificación del demandante en el litigio principal y su vínculo con una familia. Por el contrario, el demandante en el litigio principal afirmó, en la vista ante el Tribunal de Justicia, haber tenido que enfrentarse a graves inconvenientes, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 38 de la presente sentencia, en particular con ocasión del registro en Alemania de una sucursal de la sociedad de responsabilidad limitada que había constituido en el Reino Unido, a cuyos efectos, en su condición de ciudadano alemán, tuvo que justificar su identidad mediante documentos alemanes en los que figuraba un apellido distinto del mencionado en los documentos procedentes del Reino Unido, así como con ocasión de la apertura de una cuenta bancaria para esa sociedad, o incluso en el caso de simples controles rutinarios en los que ha tenido que presentar su permiso de conducir británico y, conforme a la correspondiente ley alemana, un documento de identidad alemán. A este respecto, cabe recordar que numerosas acciones de la vida cotidiana, tanto en el ámbito público como privado, requieren probar la propia identidad y, cuando se trata de una familia, acreditar la naturaleza de los vínculos familiares existentes entre los diferentes miembros de ésta (sentencia de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09 , EU:C:2011:291 , apartado ). El demandante en el litigio principal posee dos nacionalidades, por lo que tanto las autoridades alemanas como las británicas pueden expedirle documentos oficiales, como un pasaporte. Ahora bien, el demandante en el litigio principal está inscrito con nombres y apellidos diferentes en el Registro Civil alemán y ante las autoridades británicas. En efecto, los nombres y el apellido «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff» que figuran en su pasaporte y en su permiso de conducir británicos no son idénticos a los nombres y el apellido «Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff» inscritos en el Registro Civil alemán y en los documentos de identidad alemanes. Del mismo modo que en el asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein ( C‑208/09 , EU:C:2010:806 ), el riesgo concreto, en circunstancias como las del asunto principal, de tener, debido a la diversidad de apellidos, que disipar dudas sobre su identidad constituye una circunstancia que puede obstaculizar el ejercicio del derecho que se deriva del artículo 21 TFUE. Además, es preciso señalar que, en la medida en que la hija menor de edad del demandante en el litigio principal dispone de dos pasaportes a nombre de «Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff», expedidos respectivamente por las autoridades del Reino Unido y, a raíz de la sentencia del Oberlandesgericht Dresden (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dresde), por las autoridades alemanas, el demandante en el litigio principal corre también el riesgo, debido a su apellido, diferente al de su hija, de enfrentarse a dificultades para justificar sus vínculos familiares con ella. Por consiguiente, la negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer los nombres y el apellido de un nacional de ese Estado miembro, tal como se determinan y se hallan inscritos en un segundo Estado miembro cuya nacionalidad también posee, constituye una restricción de las libertades que el artículo 21 TFUE reconoce a todo ciudadano de la Unión. Sobre la existencia de una justificación De conformidad con reiterada jurisprudencia, un obstáculo a la libre circulación de personas sólo podría justificarse si se basara en consideraciones objetivas y fuera proporcionado al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional (véanse las sentencias de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06 , EU:C:2008:559 , apartado , y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado ). El órgano jurisdiccional remitente menciona cuatro motivos que podrían justificar la negativa a reconocer e inscribir los nombres y el apellido obtenidos por el demandante en el litigio principal en el Reino Unido. Estos motivos se basan en los principios de fijeza y continuidad del apellido; en la circunstancia de que el cambio de apellido en el Reino Unido fue una elección deliberada, independiente de cualquier cambio de estatuto personal derivado de la aplicación de disposiciones del Derecho de familia; en la longitud y la complejidad del apellido elegido; y en razones ligadas a la opción constitucional alemana y a la abolición de los títulos nobiliarios. Sobre los principios de fijeza y continuidad del apellido Según el órgano jurisdiccional remitente, la razón por la que el cambio de apellido por un acto voluntario, independientemente de cualquier cambio de estatuto personal derivado de la aplicación de disposiciones del Derecho de familia, no se permite en el Derecho alemán reside principalmente en los principios de fijeza y continuidad del apellido, que debe constituir un elemento de identificación de una persona fiable y duradero. No obstante, el Tribunal de Justicia ya declaró, en los apartados 30 y 31 de la sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul ( C‑353/06 , EU:C:2008:559 ), asunto en el que los principios de certeza y continuidad habían sido invocados por las autoridades alemanas en apoyo de la conexión de la determinación del apellido de una persona con la nacionalidad de ésta, que, por legítimos que puedan ser de por sí, esos principios no merecen que se les atribuya una importancia tal que puedan justificar la negativa de las autoridades competentes de un Estado miembro a reconocer el apellido de la persona interesada tal como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro. Sobre el carácter voluntario del cambio de apellido Según el órgano jurisdiccional remitente, la diferencia entre los apellidos que figuran en los pasaportes británico y alemán del demandante en el litigio principal no es imputable ni a las circunstancias de su nacimiento, ni a una adopción, ni a cualquier otra modificación de su estatuto personal, sino que resulta de su decisión de cambiar de apellido en el Reino Unido. Se trata de una decisión que obedece únicamente a razones de conveniencia personal. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si una elección de esta índole es digna de protección. Es preciso señalar que, en la vista ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán indicó que, contrariamente a lo aducido por la oficina del Registro Civil de la ciudad de Karksruhe, el ámbito de aplicación del artículo 48 de la EGBGB no se limita a situaciones comprendidas en el Derecho de familia. Según el referido Gobierno, esta disposición, adoptada a raíz de la sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul ( C‑353/06 , EU:C:2008:559 ), crea una base jurídica que permite a una persona sujeta al Derecho alemán elegir un apellido adquirido e inscrito en otro Estado miembro, siempre que no exista una incompatibilidad con los principios esenciales del Derecho alemán. Dicho Gobierno precisó que la inscripción de ese apellido puede realizarse mediante una declaración de la persona interesada ante la oficina del Registro Civil, indicando que desea utilizar el apellido adquirido en otro Estado miembro en lugar del apellido que resulta de la aplicación del Derecho de personas alemán, a condición de que el apellido se haya adquirido en otro Estado miembro durante una residencia habitual, es decir, una residencia de cierta duración que haya conducido a una cierta integración social. Esta exigencia tiene por objeto impedir que nacionales alemanes, con la única finalidad de eludir su Derecho nacional en materia de personas, efectúen estancias breves en otro Estado miembro de legislación más favorable para adquirir el apellido que deseen. A este respecto, como se ha indicado en el apartado 35 de la presente sentencia, el apellido de una persona es un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada, cuya protección está garantizada por el artículo 7 de la Carta, así como por el artículo 8 del CEDH. En la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 1994, Stjerna c. Finlandia (CE:ECHR:1994:1125JUD001813191, §§ 38 y 39), dicho Tribunal reconoció la función determinante que desempeña el apellido para identificar a las personas y consideró que la negativa de las autoridades finlandesas a autorizar a un solicitante a adoptar un nuevo apellido específico no podía considerarse necesariamente una injerencia en el ejercicio del derecho del interesado al respeto de su vida privada, como habría sido el caso, por ejemplo, de la obligación de cambiar de apellido. No obstante, dicho Tribunal reconoció que podían existir razones legítimas que llevaran a un individuo a desear cambiar su apellido, si bien admitió que el interés público podía justificar que se establecieran restricciones legales a esa posibilidad, por ejemplo, con objeto de asegurar un registro exacto de la población o de proteger los medios de identificación personal y de vincular a los poseedores de un apellido concreto con una familia. En estas circunstancias, debe considerarse que el carácter voluntario del cambio de apellido no constituye en sí mismo una lesión del interés general y, por consiguiente, no permite justificar por sí solo una restricción del artículo 21 TFUE. Por tanto, las autoridades alemanas no pueden denegar el reconocimiento de un apellido legalmente obtenido por un nacional alemán en otro Estado miembro por el único motivo de que ese cambio de apellido responda a razones de conveniencia personal y sin tener en cuenta los motivos de dicho cambio. Por lo que respecta, en particular, al interés, expresado en relación con los cambios voluntarios de apellido, en impedir que se eluda el Derecho nacional en materia de estatuto personal ejerciendo con esa única finalidad la libertad de circulación y los derechos derivados de ella, es preciso recordar que, en el apartado 24 de la sentencia de 9 de marzo de 1999, Centros ( C‑212/97 , EU:C:1999:126 ), el Tribunal de Justicia ya declaró que un Estado miembro está facultado para adoptar medidas destinadas a impedir que, aprovechando las posibilidades creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales intenten evitar abusivamente la aplicación de su legislación nacional y que los justiciables puedan invocar el Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. De ello resulta que la negativa a reconocer el apellido británico del demandante en el litigio principal no puede justificarse por la mera circunstancia de que el cambio de apellido se haya producido a iniciativa de éste, sin tener en cuenta los motivos de ese cambio. Sobre la longitud del apellido Según el órgano jurisdiccional remitente, el orden jurídico alemán también persigue el objetivo de evitar los apellidos de una longitud desproporcionada o demasiado complejos. En este sentido, señala que el nombre escogido por el demandante en el litigio principal, a saber, «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff» es, en Alemania, de una longitud inusual. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el apartado 36 de la sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul ( C‑353/06 , EU:C:2008:559 ), en respuesta a la alegación del Gobierno alemán de que el Derecho alemán no permite la atribución de apellidos compuestos por motivos prácticos, que tales consideraciones de facilidad administrativa no bastan para justificar un obstáculo a la libre circulación. Sobre la abolición de los privilegios y sobre la prohibición de utilizar títulos nobiliarios o de crear la apariencia de un origen nobiliario Según el servicio jurídico central de la ciudad de Karlsruhe y el Gobierno alemán, en el litigio principal, cabe aducir una razón objetiva que permita justificar una restricción de la libre circulación, basándose en el principio de igualdad de los ciudadanos alemanes ante la ley, así como en la opción constitucional de abolir los privilegios y las desigualdades vinculados al nacimiento o a la condición y de prohibir la utilización de títulos nobiliarios en cuanto tales, plasmada en el artículo 109, párrafo tercero, de la Constitución de Weimar, en relación con el artículo 123 de la Ley Fundamental. A su entender, reconocer un apellido libremente elegido, compuesto por varios títulos nobiliarios, adquirido en otro Estado miembro y cuya obtención no es consecuencia de un cambio de estatuto personal derivado de la aplicación de disposiciones del Derecho de familia implicaría crear un nuevo título nobiliario, lo cual es contrario al orden público alemán. El Gobierno alemán indica que, conforme al artículo 123 de la Ley Fundamental, en relación con el artículo 109, párrafo tercero, de la Constitución de Weimar, todos los privilegios y desigualdades vinculados al nacimiento o a la condición están abolidos en Alemania. Si bien los títulos nobiliarios efectivamente utilizados a la entrada en vigor de la Constitución de Weimar pueden subsistir como elementos del apellido y pueden transmitirse por un acto atinente al estatuto personal, la creación de nuevos títulos nobiliarios y la concesión de tales títulos están prohibidas. El Gobierno alemán precisa que, según reiterada jurisprudencia nacional, la concesión, mediante un cambio de apellido, de un apellido que contenga, como elemento de éste, un título nobiliario incurre también en la prohibición prevista por el artículo 109, párrafo tercero, de la Constitución de Weimar, y que también está prohibido crear la apariencia de un origen nobiliario, en particular mediante la modificación del apellido. Estas disposiciones, que, según el Gobierno alemán, forman parte del orden público alemán, tienen la finalidad de garantizar un trato igual de todos los ciudadanos alemanes. A este respecto, el servicio jurídico central de la ciudad de Karlsruhe y el Gobierno alemán se remiten al apartado 94 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein ( C‑208/09 , EU:C:2010:806 ), en el que el Tribunal de Justicia consideró que la negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer, en todos sus elementos, el apellido de un nacional de dicho Estado, tal como ha sido determinado en un segundo Estado miembro, en el que reside el citado nacional, en el momento de su adopción en edad adulta por un nacional de ese segundo Estado miembro, porque dicho apellido incluye un título nobiliario no permitido en el primer Estado miembro con arreglo a su Derecho constitucional, no puede considerarse una medida que menoscaba de manera injustificada la libre circulación y la libre residencia de los ciudadanos de la Unión. En este sentido, aunque, como subraya el órgano jurisdiccional remitente, el Derecho alemán se distingue de las disposiciones del Derecho austriaco examinadas en el marco del asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein ( C‑208/09 , EU:C:2010:806 ), por cuanto no establece una prohibición estricta del uso y de la transmisión de los títulos nobiliarios, que pueden utilizarse como parte integrante del apellido, procede admitir igualmente, en el presente asunto, que, considerado en el contexto de la opción constitucional alemana, el artículo 109, párrafo tercero, de la Constitución de Weimar, en cuanto elemento de la identidad nacional de un Estado miembro contemplada en el artículo 4 TUE, apartado 2, puede tomarse en consideración como elemento de justificación de una restricción al derecho a la libre circulación de las personas reconocido por el Derecho de la Unión. La justificación relativa al principio de igualdad de los ciudadanos alemanes ante la ley y a la opción constitucional de abolir los privilegios y las desigualdades y de prohibir la utilización de títulos nobiliarios en cuanto tales ha de considerarse relacionada con un motivo de orden público. Según reiterada jurisprudencia, consideraciones objetivas de orden público pueden justificar, en un Estado miembro, la negativa al reconocimiento del apellido de uno de sus nacionales, tal como ha sido atribuido en otro Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06 , EU:C:2008:559 , apartado , y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado ). El Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente que el concepto de orden público como justificación de una excepción a una libertad fundamental debe interpretarse en sentido estricto, de manera que cada Estado miembro no pueda determinar unilateralmente su alcance sin control por parte de las instituciones de la Unión Europea. Por tanto, el orden público sólo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (véanse las sentencias de 14 de octubre de 2004, Omega, C‑36/02 , EU:C:2004:614 , apartado y jurisprudencia citada, y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado ). No es menos cierto que las circunstancias específicas que pueden justificar el recurso al concepto de orden público pueden variar de un Estado miembro a otro y de una época a otra. En consecuencia, a este respecto hay que reconocer a las autoridades nacionales competentes un margen de apreciación dentro de los límites impuestos por el Tratado (véanse las sentencias de 14 de octubre de 2004, Omega, C‑36/02 , EU:C:2004:614 , apartado y jurisprudencia citada, y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado ). En el presente caso, el Gobierno alemán ha indicado que el artículo 109, párrafo tercero, de la Constitución de Weimar, que declara abolidos los privilegios y los títulos nobiliarios en cuanto tales y prohíbe la creación de títulos que confieran la apariencia de un origen nobiliario, incluso en forma de una parte de un apellido, constituye la aplicación del principio más general de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos alemanes. Pues bien, tal como indicó el Tribunal de Justicia en el apartado 89 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein ( C‑208/09 , EU:C:2010:806 ), el ordenamiento jurídico de la Unión tiene innegablemente como finalidad garantizar el respeto del principio de igualdad como principio general del Derecho. Este principio se consagra también en el artículo 20 de la Carta. Por tanto, es indudable que el objetivo de respetar el principio de igualdad es un objetivo legítimo en relación con el Derecho de la Unión. Las medidas restrictivas de una libertad fundamental sólo pueden estar justificadas por razones de orden público si son apropiadas para garantizar la consecución de los objetivos que persiguen, así como necesarias para la protección de los intereses que pretenden garantizar, y sólo si dichos objetivos no pueden alcanzarse con medidas menos restrictivas (véanse las sentencias de 14 de octubre de 2004, Omega, C‑36/02 , EU:C:2004:614 , apartado ; de 10 de julio de 2008, Jipa, C‑33/07 , EU:C:2008:396 , apartado , y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado ). El Tribunal de Justicia ya ha precisado a este respecto que no es indispensable que la medida restrictiva adoptada por las autoridades de un Estado miembro corresponda a una concepción compartida por el conjunto de los Estados miembros en cuanto a las modalidades de protección del derecho fundamental o interés legítimo controvertido y que, al contrario, el mero hecho de que un Estado miembro haya elegido un sistema de protección diferente del adoptado por otro Estado miembro no excluye la necesidad y la proporcionalidad de las disposiciones adoptadas en la materia (sentencias de 14 de octubre de 2004, Omega, C‑36/02 , EU:C:2004:614 , apartados y , y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado ). Asimismo, procede recordar que, de conformidad con el artículo 4 TUE, apartado 2, la Unión respeta la identidad nacional de sus Estados miembros, de la que forma parte también la forma republicana del Estado (sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09 , EU:C:2010:806 , apartado ). En el apartado 93 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein ( C‑208/09 , EU:C:2010:806 ), el Tribunal de Justicia declaró que no parece desproporcionado que un Estado miembro pretenda garantizar la consecución del objetivo de preservar el principio de igualdad prohibiendo la adquisición, la posesión o el uso por sus ciudadanos de títulos nobiliarios o de elementos nobiliarios que pudieran hacer creer que la persona que los utiliza ostenta tal honor. Así pues, consideró que, negándose a reconocer los elementos nobiliarios de un apellido como el controvertido en el asunto que dio lugar a la citada sentencia, las autoridades austriacas competentes en materia del estado civil no parecían ir más allá de lo que era necesario para garantizar la consecución del objetivo constitucional fundamental que perseguían. Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, si bien una práctica administrativa como la del litigio principal, que se opone a las declaraciones relativas a la elección de un apellido, está motivada por razones de orden público que se asemejan a las que sirven de base a la legislación austriaca mencionada en el anterior apartado de la presente sentencia, el ordenamiento jurídico alemán, a diferencia del ordenamiento jurídico austriaco, no contiene una prohibición estricta de mantener los títulos nobiliarios. Aunque, desde la fecha de entrada en vigor de la Constitución de Weimar, no se conceden nuevos títulos, los que existían en dicha fecha se han mantenido como elementos del apellido. Se admite, por tanto, que, pese a la abolición de la nobleza, los apellidos alemanes incluyan, por el origen de estos últimos, elementos correspondientes a antiguos títulos nobiliarios. Además, según el Derecho de personas alemán vigente en la actualidad, la adquisición de tales elementos del apellido es también posible mediante adopción. En cambio, sería contrario a la intención del legislador alemán que los nacionales alemanes, utilizando el Derecho de otro Estado miembro, adoptaran de nuevo los títulos nobiliarios abolidos. Pues bien, un reconocimiento sistemático de los cambios de apellido como el controvertido en el litigio principal podría conducir a ese resultado. En la medida en que se admite, en Alemania, que determinadas personas puedan llevar en su apellido elementos correspondientes a antiguos títulos nobiliarios, se suscita la cuestión de si la prohibición de elegir libremente un nuevo apellido que contenga antiguos títulos nobiliarios y la práctica de las autoridades alemanas consistente en denegar el reconocimiento de tal apellido son apropiadas y necesarias para garantizar la consecución del objetivo de protección del orden público de ese Estado miembro, caracterizado por el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos alemanes. A diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein ( C‑208/09 , EU:C:2010:806 ), la apreciación del carácter proporcionado de una práctica como la controvertida en el litigio principal requiere un análisis y una ponderación de diversos elementos jurídicos y de hecho propios del Estado miembro interesado que el órgano jurisdiccional remitente está en mejor posición de efectuar que el Tribunal de Justicia. En particular, incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar si las autoridades alemanas competentes en materia de estado civil, al denegar el reconocimiento del apellido adquirido en el Reino Unido por el demandante en el litigio principal debido a que la consecución del objetivo de garantizar el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos alemanes requiere que se prohíba a los nacionales alemanes adquirir y utilizar, en determinadas circunstancias, títulos nobiliarios o elementos nobiliarios que pudieran hacer creer que la persona que utiliza el apellido ostenta tal honor, han ido más allá de lo que es necesario para garantizar la consecución del objetivo constitucional fundamental que persiguen. A este respecto, al efectuar la ponderación entre el derecho a la libre circulación reconocido a los ciudadanos de la Unión por el artículo 21 TFUE y los intereses legítimos perseguidos por las limitaciones a la utilización de títulos nobiliarios y por la prohibición de crear la apariencia de un origen nobiliario impuestas por el legislador alemán, han de tomarse en consideración diversos elementos. Aunque estos elementos no puedan servir de justificación en cuanto tales, deben ser tenidos en cuenta en el momento de realizar el control de proporcionalidad. Así, por un lado, debe tomarse en consideración el hecho de que el demandante en el litigio principal ejerció ese derecho y posee la doble nacionalidad alemana y británica; que los elementos del apellido adquiridos en el Reino Unido que, según las autoridades alemanas, son contrarios al orden público no constituyen formalmente títulos nobiliarios ni en Alemania ni en el Reino Unido; y que el órgano jurisdiccional alemán que ordenó a las autoridades competentes inscribir el apellido de la hija del demandante en el litigio principal compuesto por elementos nobiliarios, tal como había sido inscrito por las autoridades británicas, no consideró que dicha inscripción fuera contraria al orden público. Por otro lado, es preciso asimismo tomar en consideración el hecho de que el cambio de apellido examinado se basa en una elección de mera conveniencia personal del demandante en el litigio principal; que la divergencia de apellidos resultante no es imputable ni a las circunstancias de su nacimiento, ni a una adopción, ni a la adquisición de la nacionalidad británica; y que el apellido elegido en el Reino Unido contiene elementos que, sin constituir formalmente títulos nobiliarios en Alemania o en el Reino Unido, confieren la apariencia de un origen nobiliario. En cualquier caso, ha de subrayarse que, si bien la razón objetiva basada en el orden público y en el principio de igualdad ante la ley de los nacionales alemanes podría justificar, si se estimara aplicable, la negativa a reconocer el cambio de apellido del demandante en el litigio principal, no podría justificar en cambio la negativa a reconocer el cambio de sus nombres. De cuantas consideraciones preceden resulta que procede responder a la cuestión planteada que el artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las autoridades de un Estado miembro no están obligadas a reconocer el apellido de un nacional de ese Estado miembro cuando éste posee igualmente la nacionalidad de otro Estado miembro en el que ha adquirido ese apellido libremente elegido por él y que contiene varios elementos nobiliarios, que el Derecho del primer Estado miembro no admite, si se demuestra, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, que tal denegación de reconocimiento está, en ese contexto, justificada por motivos de orden público, por cuanto resulta apropiada y necesaria para garantizar el respeto del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de dicho Estado miembro. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las autoridades de un Estado miembro no están obligadas a reconocer el apellido de un nacional de ese Estado miembro cuando éste posee igualmente la nacionalidad de otro Estado miembro en el que ha adquirido ese apellido libremente elegido por él y que contiene varios elementos nobiliarios, que el Derecho del primer Estado miembro no admite, si se demuestra, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, que tal denegación de reconocimiento está, en ese contexto, justificada por motivos de orden público, por cuanto resulta apropiada y necesaria para garantizar el respeto del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de dicho Estado miembro. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.

62013CJ0341

it

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( GU L 312, pag. 1 ). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Cruz & Companhia Lda (in prosieguo: la «Cruz & Companhia») e l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (Istituto per il finanziamento dell’agricoltura e della pesca; in prosieguo: l’«IFAP»), in merito ad un’esecuzione fiscale relativa al recupero di restituzioni all’esportazione di vino indebitamente percepite dalla Cruz & Companhia per la campagna 1995. Contesto normativo Diritto dell’Unione Il regolamento n. 2988/95 Ai sensi del considerando 3 del regolamento n. 2988/95: «considerando che le modalità di tale gestione decentrata e di sistemi di controllo sono regolate da disposizioni dettagliate diverse a seconda delle politiche comunitarie in questione; che occorre tuttavia combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione]». Il considerando 5 di detto regolamento stabilisce che «le condotte che danno luogo a irregolarità nonché le misure e sanzioni amministrative relative sono previste in normative settoriali conformi al presente regolamento». Secondo l’articolo 1 del medesimo regolamento: «1.   Ai fini della tutela degli interessi finanziari [dell’Unione] è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]. 2.   Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione] o ai bilanci da [questa] gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto [dell’Unione], ovvero una spesa indebita». L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento dispone quanto segue: «1.   Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. (...) La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione. (...) 3.   Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto (…) al paragrafo 1 (…)». Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 2988/95: «1.   Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto: — mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti; (...) 2.   L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria. (...) 4.   Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni». L’articolo 5 di detto regolamento stabilisce quanto segue: «1.   Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento di una sanzione amministrativa; b) il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percette o eluse aumentato, se del caso, di interessi; (...); c) la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria anche se l’operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte; (...) g) altre sanzioni, di carattere esclusivamente economico, aventi natura e portata equivalenti, contemplate dalle normative settoriali adottate dal Consiglio in funzione delle necessità proprie del settore di cui trattasi e nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [dal] Consiglio. 2.   Fatte salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, le altre irregolarità possono unicamente dar luogo alle sanzioni non assimilabili ad una sanzione penale previste al paragrafo 1, purché tali sanzioni siano indispensabili per la corretta applicazione della normativa». In forza dell’articolo 11 del regolamento n. 2988/95, quest’ultimo è entrato in vigore il 26 dicembre 1995. Il regolamento (CEE) n. 729/70 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ( GU L 94, pag. 13 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 ( GU L 125, pag. 1 ; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), stabiliva che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) fa parte del bilancio dell’Unione e comprende due sezioni, vale a dire la sezione «garanzia» e la sezione «orientamento». In base al paragrafo 2 di detto articolo, la sezione «garanzia» finanzia, tra l’altro, le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi. L’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento disponeva quanto segue: «Sono finanziate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme [del diritto dell’Unione], nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. (...)». L’articolo 4 dello stesso regolamento stabiliva come segue: «1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione: a) i servizi e gli organismi che sono riconosciuti per pagare le spese di cui agli articoli 2 e 3, in appresso denominati “organismi pagatori”. (...) 3.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione [determinate] informazioni (…) relative agli organismi pagatori, [riguardanti] la denominazione e lo statuto, le condizioni amministrative, contabili e di controllo interno secondo cui sono stati effettuati pagamenti relativi all’esecuzione delle norme [del diritto dell’Unione] nel quadro della politica agricola comune, [nonché] l’atto di riconoscimento. La Commissione è immediatamente informata di qualsiasi modificazione intervenuta. (...)». L’articolo 5 del regolamento n. 729/70 disciplinava le modalità secondo cui i finanziamenti anticipati dai servizi e dagli organismi nazionali di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento sono approvati dalla Commissione nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti FEAOG e stabiliva, a tal fine, in particolare, che la decisione di liquidazione dei conti verte sulla completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. L’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento precisava che la Commissione: «decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento [dell’Unione] di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme [di diritto dell’Unione]. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare. In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di una decisione di rifiuto del finanziamento. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza nonché del danno finanziario causato all’[Unione]. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. La presente disposizione non si applica, tuttavia, alle conseguenze finanziarie derivanti: — da casi di irregolarità di cui all’articolo 8, paragrafo 2, — da aiuti nazionali o infrazioni per i quali sono state avviate le procedure di cui agli articoli 93 e 169 del trattato [CE]». L’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento disponeva che gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze. L’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento stabiliva che, in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dall’Unione, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. Ai sensi dell’ultimo comma di detta disposizione, «le somme recuperate sono versate agli organismi pagatori riconosciuti e da questi detratte dalle spese finanziate dal [FEAOG]. Gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo sono versati al [FEAOG]». La normativa portoghese Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che la normativa portoghese non prevede alcun termine di prescrizione specifico per il recupero, a vantaggio del bilancio dell’Unione, delle restituzioni all’esportazione indebitamente percepite in tale Stato membro. L’articolo 309 del codice civile stabilisce un termine generale di prescrizione ventennale, mentre l’articolo 304, paragrafo 1, del medesimo codice dispone quanto segue: «[Q]ualora sia scaduto il termine di prescrizione, il beneficiario può rifiutare di realizzare la prestazione od opporsi, con qualsiasi mezzo, all’esercizio del diritto prescritto». Il decreto legge n. 155/92, del 28 giugno 1992, stabilisce il regime di amministrazione finanziaria dello Stato. Il suo articolo 36 prevede, in particolare, le modalità di recupero di fondi pubblici che devono essere restituiti alla Tesoreria nazionale. L’articolo 40 di tale decreto legge così dispone: «1 –   Il carattere obbligatorio del rimborso degli importi percepiti si prescrive in cinque anni dalla loro riscossione. 2 –   Il decorso del termine summenzionato è interrotto o sospeso per il sopraggiungere di cause generali di interruzione o sospensione della prescrizione». Controversia principale e questioni pregiudiziali Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Cruz & Companhia è una società il cui oggetto sociale è il commercio di vini, acqueviti e loro derivati. Nell’ambito della sua attività, tale società ha effettuato varie esportazioni di vino verso l’Angola, durante la campagna 1995, ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse venduto il vino sul mercato dell’Unione. La Cruz & Companhia ha chiesto all’Instituto Nacional de Garantia Agrária (Istituto nazionale di garanzia agricola; in prosieguo: l’«INGA») il pagamento delle restituzioni all’esportazione e ha presentato a tal fine le dichiarazioni di autorizzazione all’esportazione. Nel 2004 l’INGA ha chiesto alla Cruz & Companhia il rimborso delle restituzioni all’esportazione indebitamente percepite per una somma pari a EUR 634 995,78. Nel 2005 l’INGA ha avviato una procedura di esecuzione forzata di tale credito nei confronti della Cruz & Companhia. Con sentenza del 28 dicembre 2011, il Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Tribunale amministrativo e tributario di Viseu, Portogallo) ha respinto l’opposizione della Cruz & Companhia avverso la procedura di esecuzione, in quanto ha considerato che quest’ultima non era prescritta alla luce del termine ventennale previsto all’articolo 309 del codice civile. La Cruz & Companhia ha proposto appello avverso detta sentenza dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa). Essa fa valere sostanzialmente che l’applicazione del termine generale di prescrizione ventennale per il recupero, da parte dell’autorità nazionale competente, di restituzioni all’esportazione di vino realizzate nella campagna 1995 viola il diritto dell’Unione direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico portoghese, nonché i principi della certezza del diritto, di non discriminazione delle controversie comunitarie rispetto alle controversie nazionali e di proporzionalità. In proposito, la Cruz & Companhia sostiene che, nell’ambito della causa che la riguarda, doveva essere applicato il termine di prescrizione quadriennale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95, dato che la legislazione portoghese non prevedeva alcun termine specifico più lungo, ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo. A sostegno del suo argomento, essa fa valere, in particolare, la giurisprudenza risultante dalla sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading (C‑201/10 e C‑202/10, EU:C:2011:282 ). Inoltre, ammesso pure che, nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, possa essere applicato un termine nazionale di prescrizione più lungo, in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, la Cruz & Companhia rileva che quest’ultimo dovrebbe essere il termine quinquennale previsto all’articolo 40 del decreto legge n. 155/92, del 28 giugno 1992, relativo al perseguimento di irregolarità che pregiudicano gli interessi finanziari nazionali della Repubblica portoghese, dato che il principio di non discriminazione osta a che il perseguimento di irregolarità che pregiudicano gli interessi finanziari dell’Unione venga disciplinato da una norma sulla prescrizione che sia quattro volte più lunga di quella applicabile alle situazioni analoghe nazionali. L’IFAP, da parte sua, fa sostanzialmente valere che il termine di prescrizione previsto all’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 non si applicava al perseguimento di irregolarità realizzate sotto forma di misure amministrative, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento. Infatti, le norme in materia di prescrizione contenute in detto articolo 3 riguarderebbero solamente azioni giudiziarie intraprese per infliggere sanzioni amministrative, a norma dell’articolo 5 dello stesso regolamento. Il giudice del rinvio constata che la sentenza del 28 dicembre 2011 del Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu è conforme alla sua giurisprudenza consolidata secondo cui il termine di prescrizione del rimborso di restituzioni all’esportazione non era quello stabilito all’articolo 40 del decreto legge n. 155/92, bensì il termine generale ventennale fissato all’articolo 309 del codice civile. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l’applicabilità, nella causa di cui è adito, del termine di prescrizione previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95. In particolare, esso si domanda se tale disposizione si applichi solamente ai rapporti tra l’Unione e l’organismo nazionale pagatore di aiuti agricoli, o anche ai rapporti tra quest’ultimo e il beneficiario di aiuti considerati indebitamente percepiti. Lo stesso giudice si chiede altresì se detto termine di prescrizione quadriennale sia applicabile non soltanto alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 5 del regolamento n. 2988/95, ma anche alle misure amministrative previste all’articolo 4 del medesimo regolamento. Ciò considerato, il Supremo Tribunal Administrativo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il termine di prescrizione del procedimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [n. 2988/95] si applichi unicamente ai rapporti tra l’Unione e (…) l’organismo [nazionale] pagatore di aiuti dell’Unione, oppure anche ai rapporti tra (…) l’organismo [nazionale] pagatore di aiuti dell’Unione e (…) il beneficiario di aiuti erogati considerati indebiti. 2) Qualora si concluda che il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 è applicabile anche ai rapporti tra l’organismo [nazionale] pagatore degli aiuti e la beneficiaria degli aiuti considerati indebiti, se si debba ritenere che detto termine sia applicabile solo qualora siano state irrogate “sanzioni amministrative” ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 2988/95, oppure anche quando siano state adottate “misure amministrative” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in particolare per la restituzione degli importi indebitamente percepiti». Sulle questioni pregiudiziali Sulla rilevanza delle risposte ai fini della risoluzione della controversia principale Nelle sue osservazioni, il governo portoghese ha fatto valere che il procedimento principale non può essere interpretato alla luce delle disposizioni del regolamento n. 2988/95, poiché ciò di cui si controverte non è il termine di prescrizione dei procedimenti amministrativi, bensì le procedure di esecuzione della decisione di rimborso degli aiuti indebitamente attribuiti alla Cruz & Companhia, ovvero una procedura di recupero del credito. Pertanto, il sistema di prescrizione delle azioni giudiziarie previsto all’articolo 3 dello stesso regolamento non potrebbe più essere fatto valere in fase di esecuzione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato e recante l’obbligo di rimborso degli aiuti. Di conseguenza, le risposte alle questioni sollevate non sarebbero pertinenti ai fini della risoluzione del procedimento principale. È vero che, come sottolinea detto governo, il regolamento n. 2988/95 non prevede alcun termine di esecuzione di una decisione nazionale che disponga una «misura amministrativa» ai sensi del medesimo regolamento. Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura ipotetica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze Pfleger e a., C‑390/12, EU:C:2014:429 , punto 26, nonché Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel presente procedimento risulta espressamente dalla decisione di rinvio che il giudice del rinvio ha deciso di statuire considerando che la Cruz & Companhia non aveva fatto valere direttamente nel proprio ricorso la prescrizione del debito oggetto di esecuzione, ma quella «dell’obbligo di restituire le somme percepite» risultante dalle azioni giudiziarie conseguenti alle irregolarità constatate. Pertanto, il giudice del rinvio sottopone le proprie questioni al fine di accertare sostanzialmente in che misura il regolamento n. 2988/95 disciplini, dal punto di vista temporale, l’azione di un’autorità amministrativa diretta ad adottare una misura amministrativa di recupero di un credito indebitamente percepito a carico del bilancio dell’Unione. Ciò considerato, si deve rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Supremo Tribunal Administrativo. Nel merito Sulla prima questione Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che esso si applica alle azioni giudiziarie intraprese dalle autorità nazionali nei confronti dei beneficiari di aiuti dell’Unione in seguito ad irregolarità constatate dall’organismo nazionale incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione nell’ambito del FEAOG. In proposito, occorre ricordare che, nell’ambito della politica agricola comune, in applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 729/70, sono finanziate, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi concesse secondo le norme del diritto dell’Unione nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. In applicazione dell’articolo 4 di detto regolamento, gli Stati membri designano i servizi e gli organismi che essi autorizzano a pagare le spese di cui agli articoli 2 e 3 di quest’ultimo. In particolare, essi devono comunicare alla Commissione le condizioni amministrative e contabili secondo cui sono effettuati i pagamenti relativi all’esecuzione delle norme del diritto dell’Unione nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. L’articolo 5 del medesimo regolamento disciplina, da parte sua, le modalità secondo cui i finanziamenti anticipati da tali servizi e organismi nazionali sono approvati dalla Commissione nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti FEAOG. In applicazione dell’articolo 8 di detto regolamento, gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze sono sopportate dall’Unione, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. Le somme così recuperate sono versate ai servizi o agli organismi pagatori e detratte dalle spese finanziate dal FEAOG. Da dette disposizioni risulta che gli Stati membri restano competenti, in linea di principio, ad esercitare le azioni giudiziarie e a compiere ogni atto utile per la gestione dei prelievi e delle restituzioni (v., in tal senso, sentenza Mertens e a., da 178/73 a 180/73, EU:C:1974:36 , punto 16) e che, nell’esercizio di tali prerogative, i termini stessi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 729/70, relativi al recupero, da parte degli Stati membri, delle somme perse a causa di irregolarità, impongono espressamente alle autorità amministrative nazionali incaricate della gestione dei sistemi comunitari d’intervento agricolo di recuperare le somme indebitamente od irregolarmente versate, escludendo che queste, le quali agiscono in nome e per conto dell’Unione, possano, in tale occasione, valutare discrezionalmente l’opportunità di pretendere o meno la restituzione del denaro dell’Unione indebitamente od irregolarmente versato (v., in tal senso, sentenza BayWa e a., 146/81, 192/81 e 193/81, EU:C:1982:146 , punto 30). Al riguardo, nel richiedere il rimborso di restituzioni all’esportazione indebitamente percepite a carico del bilancio dell’Unione da parte di un operatore, come la Cruz & Companhia nel procedimento principale, le autorità competenti nazionali agiscono in nome e per conto del bilancio dell’Unione e perseguono un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 2988/95, cosicché esse agiscono nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle azioni giudiziarie intraprese dalle autorità nazionali nei confronti dei beneficiari di aiuti dell’Unione a seguito di irregolarità constatate dall’organismo nazionale incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione nell’ambito del FEAOG. Sulla seconda questione Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 sia applicabile non soltanto al perseguimento di irregolarità che portano all’imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento, ma anche alle azioni giudiziarie che conducono all’adozione di misure amministrative a norma dell’articolo 4 di detto regolamento. In proposito si deve ricordare che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 introduce una «normativa generale relativa a controlli omogenei e a misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto [dell’Unione]», e ciò, come risulta dal considerando 3 di detto regolamento, al fine di «combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari [dell’Unione] (sentenze Handlbauer, C‑278/02, EU:C:2004:388 , punto 31, nonché Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., da C‑278/07 a C‑280/07, EU:C:2009:38 , punto 20). Orbene, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 dispone, in materia di azioni giudiziarie, un termine di prescrizione che decorre dall’esecuzione dell’irregolarità, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, comprende «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto [dell’Unione] derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale [dell’Unione]» (sentenze Handlbauer, EU:C:2004:388 , punto 32, nonché Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 21). Ne risulta che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 si applica sia alle irregolarità che comportano l’imposizione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sia a quelle oggetto di una misura amministrativa ai sensi dell’articolo 4 di detto regolamento, misura che ha per oggetto la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto senza tuttavia presentare il carattere di una sanzione (v., in tal senso, sentenze Handlbauer, EU:C:2004:388 , punti 33 e 34, nonché Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 22). Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento principale, occorre esaminare, in primo luogo, se il regolamento n. 2988/95 si applichi ratione temporis, dal momento che le restituzioni all’esportazione indebitamente percepite dalla Cruz & Companhia sono state pagate per operazioni realizzate prima dell’entrata in vigore del medesimo regolamento. Prima dell’adozione del regolamento n. 2988/95, il legislatore dell’Unione non aveva previsto alcuna norma sulla prescrizione applicabile al recupero di vantaggi percepiti indebitamente dagli operatori economici in seguito ad un’azione o ad un’omissione da loro commessa che abbia avuto o possa avere avuto come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o a bilanci da questa gestiti (sentenza Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 25). Pertanto, prima dell’adozione di detto regolamento, le controversie relative al recupero di importi corrisposti indebitamente in forza del diritto dell’Unione, in mancanza di disposizioni di tale diritto, dovevano essere risolte dai giudici nazionali applicando il rispettivo diritto nazionale, salvi, tuttavia, i limiti posti dal diritto dell’Unione, nel senso che le modalità previste dal diritto nazionale non potevano risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il recupero degli aiuti non dovuti e che l’applicazione di esso doveva avvenire in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo (v. sentenza Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 26). Nell’adottare il regolamento n. 2988/95, in particolare il suo articolo 3, paragrafo 1, primo comma, il legislatore dell’Unione ha deciso di stabilire una norma generale sulla prescrizione applicabile in materia intendendo così, da un lato, definire un termine minimo valido per tutti gli Stati membri e, dall’altro, rinunciare alla possibilità di recuperare le somme indebitamente percepite a carico del bilancio dell’Unione dopo lo spirare di un periodo di quattro anni successivo al compimento delle irregolarità che inficiano i pagamenti controversi (sentenza Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 27). Pertanto, con l’adozione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 e fatto salvo il paragrafo 3 di tale articolo, il legislatore dell’Unione ha stabilito in tal modo una norma sulla prescrizione generale con cui ha volutamente ridotto a quattro anni il periodo durante il quale le autorità degli Stati membri, agendo in nome e per conto del bilancio dell’Unione, dovrebbero o avrebbero dovuto recuperare siffatti vantaggi indebitamente percepiti (sentenza Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 29), ad eccezione tuttavia del perseguimento di errori o di irregolarità commessi dalle stesse autorità nazionali (v., in tal senso, Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank, C‑281/07, EU:C:2009:6 , punto 22). Quanto ai debiti sorti sotto la vigenza di una norma nazionale sulla prescrizione, che non fossero ancora prescritti in applicazione di quest’ultima, l’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 ha come conseguenza che, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, un siffatto debito deve ritenersi prescritto, in linea di principio, entro un termine di quattro anni decorrente dalla data in cui le irregolarità sono state commesse (v. sentenza Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 31). In tali circostanze, in applicazione di detta disposizione, ogni somma indebitamente percepita da parte di un operatore a motivo di un’irregolarità anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95, in linea di principio, deve ritenersi non più dovuta per intervenuta prescrizione se non viene adottato alcun atto interruttivo nei quattro anni successivi alla commissione di una siffatta irregolarità, ove, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento, viene considerato atto interruttivo un atto dell’autorità competente portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire la detta irregolarità (v., in tal senso, sentenza Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 32). Ne consegue che, qualora un’irregolarità sia stata commessa, come nel caso del procedimento principale, nel corso del 1995, una siffatta irregolarità ricadrà sotto la norma generale di prescrizione di quattro anni e sarà, conseguentemente, prescritta nel corso del 1999 in funzione della data precisa della commissione di detta irregolarità risalente al 1995, salva tuttavia la possibilità che permane in capo agli Stati membri, in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, di prevedere termini di prescrizione più lunghi (v., per analogia, sentenza Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb e a., EU:C:2009:38 , punto 33). In secondo luogo, occorre tenere presente il fatto che il legislatore dell’Unione ha stabilito espressamente, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, che gli Stati membri possono applicare termini di prescrizione più lunghi del termine minimo di quattro anni previsto al paragrafo 1 di detto articolo 3. Infatti, il legislatore non ha inteso uniformare i termini applicabili in materia, cosicché l’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 non può aver comportato l’obbligo per gli Stati membri di portare a quattro anni i termini di prescrizione da essi applicati in passato, in mancanza di norme pregresse del diritto dell’Unione in materia (v., in tal senso, sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 25). Pertanto, con riferimento alla possibilità prevista all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, gli Stati membri conservano un ampio potere discrezionale in ordine alla fissazione di termini di prescrizione più lunghi che intendano applicare in caso di irregolarità che ledano gli interessi finanziari dell’Unione (sentenze Corman, C‑131/10, EU:C:2010:825 , punto 54, nonché Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 26). In proposito, i termini di prescrizione più lunghi che gli Stati membri mantengono la facoltà di applicare, in forza dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, possono derivare da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione di tale regolamento, cosicché detti Stati possono applicare siffatti termini più lunghi mediante un’applicazione decisa in via giurisprudenziale di una disposizione di carattere generale che prevede un termine di prescrizione superiore a quattro anni nel settore del recupero dei vantaggi indebitamente percepiti (sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 29). Per un operatore è certamente più facile individuare il termine di prescrizione applicabile allorché tale termine è definito dal legislatore nazionale in una disposizione specifica per il settore interessato. Tuttavia, in mancanza di una siffatta disposizione specifica applicabile ad un settore come quello del rimborso delle restituzioni all’esportazione indebitamente percepite a scapito del bilancio dell’Unione, il principio della certezza del diritto non osta di per sé all’applicazione di un termine di prescrizione generale previsto in una disposizione del diritto civile che risulti superiore al termine di quattro anni stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 (v., in tal senso, sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 33). Cionondimeno, una simile applicazione rispetta il principio della certezza del diritto solo se è sufficientemente prevedibile. In proposito si deve ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non spetta alla Corte constatare l’esistenza o meno di detta prassi giurisprudenziale (v., in tal senso, sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 34). Inoltre, l’applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, per la repressione di irregolarità ai sensi di tale regolamento, non deve andare manifestamente oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione (v., in tal senso, sentenze AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153 , punto 79, nonché Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 38). È vero che, da un lato, non è escluso che una norma sulla prescrizione ventennale derivante da una disposizione di diritto civile possa apparire necessaria e proporzionata, in particolare nelle controversie tra privati, in relazione all’obiettivo perseguito da detta norma e definito dal legislatore nazionale (v., per analogia, sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 41). Dall’altro, in considerazione dell’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, l’applicazione di un termine di prescrizione decennale risultante da una disposizione di diritto civile dello Stato membro di cui trattasi non è contraria al principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza Corman, EU:C:2010:825 , punti 24, 31 e 49). Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, alla luce di detto obiettivo, per il quale il legislatore dell’Unione ha ritenuto che una durata di prescrizione di quattro anni, o anche di tre anni, fosse già di per sé sufficiente per consentire alle autorità nazionali di perseguire un’irregolarità che pregiudica i suoi interessi finanziari e può comportare l’adozione di un provvedimento come il recupero di un vantaggio indebitamente percepito, concedere a dette autorità un termine di trent’anni va oltre quanto necessario ad un’amministrazione diligente (v., in tal senso, sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 43). La Corte ha sottolineato in tale contesto che all’amministrazione incombe un obbligo generale di diligenza nella verifica della regolarità dei pagamenti da essa stessa effettuati e che gravano sul bilancio dell’Unione, dato che gli Stati membri devono rispettare l’obbligo generale di diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 3, UE, il quale comporta che essi adottino prontamente i provvedimenti destinati a rimediare alle irregolarità. Pertanto, riconoscere agli Stati membri la possibilità di concedere a detta amministrazione un tempo per agire molto più lungo di quello previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 potrebbe, in certo qual modo, incoraggiare un’inerzia delle autorità nazionali nel perseguire le «irregolarità» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 2988/95, al tempo stesso esponendo gli operatori, da un lato, ad un lungo periodo di incertezza del diritto e, dall’altro, al rischio di non essere più in grado di fornire la prova della regolarità delle operazioni di cui trattasi al termine di un tale periodo (v., in tal senso, sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punti 44 e 45). Siffatte considerazioni valgono anche per l’applicazione di un termine di prescrizione ventennale risultante da una disposizione del codice civile al fine di perseguire un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 2988/95. Infatti, in ogni caso, se un termine di prescrizione di quattro anni dovesse sembrare troppo breve perché le autorità nazionali possano perseguire irregolarità di una certa complessità, è sempre possibile per il legislatore nazionale, conformemente al paragrafo 3 di detto articolo, adottare un termine di prescrizione più lungo, come quello di cui all’articolo 40 del decreto legge n. 155/92 (v., in tal senso, sentenza Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, EU:C:2011:282 , punto 46). Tuttavia, va sottolineato che, in mancanza di una siffatta norma, le irregolarità come quelle oggetto del procedimento principale, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 53 della presente sentenza, devono essere considerate prescritte entro un termine di quattro anni dalla data in cui sono state commesse, tenendo conto degli atti interruttivi della prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95 e nel rispetto del limite massimo previsto dal quarto comma di detto articolo 3, paragrafo 1. Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica non soltanto al perseguimento di irregolarità che portano all’imposizione di sanzioni amministrative, a norma dell’articolo 5 di tale regolamento, ma anche alle azioni giudiziarie che conducono all’adozione di misure amministrative, ai sensi dell’articolo 4 di detto regolamento. Sebbene l’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento consenta agli Stati membri di applicare termini di prescrizione più lunghi di quelli di quattro o tre anni previsti al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo, risultanti da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione di detto regolamento, l’applicazione di un termine di prescrizione ventennale va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Sulle spese Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) L’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle azioni giudiziarie intraprese dalle autorità nazionali nei confronti dei beneficiari di aiuti dell’Unione in seguito ad irregolarità constatate dall’organismo nazionale incaricato del pagamento delle restituzioni all’esportazione nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). 2) Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 si applica non soltanto al perseguimento di irregolarità che portano all’imposizione di sanzioni amministrative, a norma dell’articolo 5 di tale regolamento, ma anche alle azioni giudiziarie che conducono all’adozione di misure amministrative, ai sensi dell’articolo 4 di detto regolamento. Sebbene l’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento consenta agli Stati membri di applicare termini di prescrizione più lunghi di quelli di quattro o tre anni previsti al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo, risultanti da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione di detto regolamento, l’applicazione di un termine di prescrizione ventennale va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

62018CJ0523

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ ( ΕΕ 2003, L 176, σ. 37 ), καθώς και του άρθρου 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ ( ΕΕ 2009, L 211, σ. 55 ). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Engie Cartagena SL και του Ministerio para la Transición Ecológica, πρώην Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης, πρώην Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού, Ισπανία) σχετικά με τη νομιμότητα της εισφοράς την οποία οφείλουν να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς χρηματοδότηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα (στο εξής: υποχρεωτική εισφορά). Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Ο κανονισμός (ΕΟΚ) 1191/69 Το άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) 1191/69 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1969, περί των ενεργειών των κρατών μελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της δημοσίας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (ΕΕ ειδ. έκδ. 07/001, σ. 100), όριζε ότι ως υποχρεώσεις δημοσίας υπηρεσίας «νοούνται οι υποχρεώσεις, τις οποίες οι επιχειρήσεις μεταφορών αν ελάμβανον αποκλειστικά υπόψη τα δικά τους συμφέροντα δεν θα ανελάμβαναν ή δεν θα ανελάμβαναν στην ίδια έκταση ή με τους αυτούς όρους.» Ο κανονισμός (ΕΟΚ) 3577/92 Ο κανονισμός (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ) ( ΕΕ 1992, L 364, σ. 7 ), ορίζει στο άρθρο 2, σημείο 4, τα εξής: «Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: […] 4) Ως “υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας”: νοούνται οι υποχρεώσεις τις οποίες οι εν λόγω πλοιοκτήτες [της Ευρωπαϊκής Ένωσης], αν ελάμβαναν αποκλειστικά υπόψη τα δικά τους εμπορικά συμφέροντα, [δεν θα αναλάμβαναν ή] δεν θα αναλάμβαναν στην ίδια έκταση ή με τους αυτούς όρους· […]». Οι οδηγίες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/54 όριζε τα εξής: «Τηρώντας πλήρως τις οικείες διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 86, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι οποίες μπορούν να αφορούν την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ στους εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης και για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο τρίτα μέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο δίκτυο.» Η οδηγία 2009/72 κατήργησε την οδηγία 2003/54 από 3ης Μαρτίου 2011. Η αιτιολογική σκέψη 50 της οδηγίας 2009/72 έχει ως εξής: «Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της καθολικής υπηρεσίας, και τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές συνεπάγονται θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι οι καταναλωτές, και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τον ανταγωνισμό και τις δικαιότερες τιμές. Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με συνεκτίμηση των εθνικών συνθηκών και με παράλληλο σεβασμό του […] δικαίου [της Ένωσης] εκ μέρους των κρατών μελών. Οι πολίτες της Ένωσης και, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού και τις εύλογες τιμές. […]» Το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72, που επαναλαμβάνει, κατ’ ουσίαν, το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/54, έχει ως εξής: «Τηρώντας πλήρως τις οικείες διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 86, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι οποίες μπορούν να αφορούν την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές και της προστασίας του κλίματος. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας της [Ευρωπαϊκής Ένωσης] στους εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή αποδοτικότητα/διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο τρίτα μέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο δίκτυο.» Ο κανονισμός (ΕΚ) 1370/2007 Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 ( ΕΕ 2007, L 315, σ. 1 ), ορίζει στην παράγραφο 1 τα εξής: «Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καθορίσει, σύμφωνα με τους κανόνες του […] δικαίου [της Ένωσης], τον τρόπο με τον οποίον οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ενεργούν στον τομέα των δημοσίων επιβατικών μεταφορών για να εξασφαλίζουν την προσφορά υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, οι οποίες θα είναι, μεταξύ άλλων, πολυπληθέστερες, ασφαλέστερες, υψηλότερης ποιότητας ή λιγότερο δαπανηρές, από εκείνες που θα μπορούσαν να προσφέρουν από μόνες τους οι δυνάμεις της αγοράς. Προς τον σκοπό αυτόν, ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι αρμόδιες αρχές, όταν επιβάλλουν υποχρεώσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών ή συνάπτουν σχετικές συμβάσεις, αποζημιώνουν τους φορείς δημοσίων υπηρεσιών για το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται ή/και χορηγούν αποκλειστικά δικαιώματα ως αντάλλαγμα για την εκτέλεση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας.» Υπό τον τίτλο «Ορισμοί», το άρθρο 2, στοιχείο εʹ, του ως άνω κανονισμού ορίζει τα εξής: «Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως: […] ε) “υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας”, η απαίτηση που προσδιορίζεται ή καθορίζεται από μια αρμόδια αρχή, προκειμένου να εξασφαλίζονται δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών προς το κοινό συμφέρον, τις οποίες δεν θα αναλάμβανε ένας φορέας που μεριμνά περί των ιδίων εμπορικών συμφερόντων ή τουλάχιστον δεν θα τις αναλάμβανε στην ίδια έκταση ή υπό τις αυτές προϋποθέσεις χωρίς αμοιβή». Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 Το άρθρο 2, σημείο 14, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ( ΕΕ 2017, L 57, σ. 1 ), ορίζει τις «υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας» για τους σκοπούς του ως άνω κανονισμού ως «απαίτηση η οποία προσδιορίζεται ή καθορίζεται προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των λιμενικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος, τις οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης, αν υπολόγιζε αποκλειστικά το προσωπικό εμπορικό του συμφέρον, δεν θα αναλάμβανε ή δεν θα αναλάμβανε στην ίδια έκταση ή με τους ίδιους όρους». Το ισπανικό δίκαιο Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 14/2010 Η τέταρτη αιτιολογική σκέψη της Real Decreto-ley 14/2010, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico (πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010, περί θεσπίσεως επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του τιμολογιακού ελλείμματος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας), της 23ης Δεκεμβρίου 2010 (στο εξής: πράξη νομοθετικού περιεχομένου 14/2010) (BOE αριθ. 312, της 24ης Δεκεμβρίου 2010, σ. 106386), έχει ως εξής: «Δεύτερον, προκειμένου να μειωθεί το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται τα τιμολόγια, προβλέπεται ότι οι παραγωγοί επιχειρήσεις του κοινού καθεστώτος θα χρηματοδοτήσουν το σχέδιο δράσης 2008‑2012, που εγκρίθηκε με την από 8 Ιουλίου 2005 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στο έγγραφο “Στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ισπανία 2004-2012”. Επιπλέον, καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη χρηματοδότηση του εν λόγω σχεδίου, με αντίστοιχη τροποποίηση των διατάξεων του Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011 [νόμου περί του γενικού κρατικού προϋπολογισμού του 2011]». Η τρίτη συμπληρωματική διάταξη της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010, που φέρει τον τίτλο «Χρηματοδότηση των σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας για τα έτη 2011, 2012 και 2013», έχει ως εξής: «1. Τα ποσά που βαρύνουν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και προορίζονται για τη χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης 2008-2012, που εγκρίθηκε με την από 8 Ιουλίου 2005 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στο έγγραφο “Στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ισπανία 2004-2012”, που εγκρίθηκε με την από 28 Νοεμβρίου 2003 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν καθοριστεί για τα έτη 2011 και 2012 σε 270 εκατομμύρια ευρώ και 250 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως, καλύπτονται με εισφορά την οποία καταβάλλει η κάθε παραγωγός επιχείρηση βάσει των ποσοστών του ακόλουθου πίνακα: Επιχείρηση Ποσοστό Endesa Generación SA 34,66 Iberdrola Generación SA 32,71 GAS Natural SDG SA 16,37 Hidroeléctrica del Cantábrico SA 4,38 E.ON Generación SL 2,96 AES Cartagena SRL 2,07 Bizkaia Energía SL 1,42 Castelnou Energía SL 1,58 Nueva Generadora del Sur SA 1,62 Bahía de Bizkaia Electricidad SL 1,42 Tarragona Power SL 0,81 Σύνολο 100,00 2. Τα ποσά που βαρύνουν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και προορίζονται για το σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, καλύπτονται το 2013 με εισφορές που καταβάλλονται από τις παραγωγούς επιχειρήσεις, κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, έως το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.» Το σχέδιο δράσης 2008-2012 Το συνοπτικό κείμενο του σχεδίου δράσης 2008-2012, που εγκρίθηκε με την από 8 Ιουλίου 2005 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προβλέπει τα εξής: «[Ο]ι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας είναι μοχλός προόδου του κοινωνικού συνόλου, διότι: συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία· αποτελούν στοιχείο κοινωνικής ευθύνης· προσανατολίζουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης· θέτουν ένα νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων· εν τέλει, συνάδουν προς την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και των λαών. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές πρέπει να υλοποιούνται μέσω σχεδίων όπως το εκτιθέμενο στο παρόν έγγραφο, τα οποία πρέπει να εστιάζουν στους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους: 1. Την αναγνώριση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας ως μέσου οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. 2. Τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την εξάπλωση και την εξέλιξη, από πλευράς κοινωνικού συνόλου, των γνώσεων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. 3. Την πρόβλεψη της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας ως στοιχείων που διαπνέουν όλες τις εθνικές στρατηγικές και ιδίως την ισπανική στρατηγική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. 4. Την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στην αγορά τηρουμένης ως κατευθυντήριας αρχής της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. 5. Την παγίωση της θέσης αιχμής της Ισπανίας όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα.» Από το ως άνω συνοπτικό κείμενο προκύπτει ότι, παραλλήλως προς τις εν λόγω εθνικές στρατηγικές, «η [Ένωση] έχει εισαγάγει πολιτικές που τείνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Τούτο ισχύει για την οδηγία [2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( ΕΕ 2006, L 114, σ. 64 )]». Στο εν λόγω συνοπτικό κείμενο αναφέρεται επίσης ότι, από οικονομικής απόψεως, το σχέδιο δράσης 2008-2012 απαιτεί πολύ σημαντικούς χρηματοοικονομικούς πόρους ώστε το κίνητρο για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα ενθάρρυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες αποδεικνύονται μεν κερδοφόρες στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αλλά προϋποθέτουν απόφαση επένδυσης κεφαλαίων των οποίων η διαθεσιμότητα είναι πάντοτε περιορισμένη. Τα αναγκαία για την εφαρμογή του σχεδίου δημόσια κεφάλαια έχουν τριπλή προέλευση: i) κεφάλαια τα οποία προορίζει για το σχέδιο η Ισπανική Διοίκηση, μέσω του Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) (Ινστιτούτου ενεργειακής διαφοροποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας), που διαδέχτηκε το Centro de Estudios de la Energía (κέντρο ενεργειακών μελετών) και αντίστοιχους οργανισμούς των Αυτόνομων Κοινοτήτων· ii) κεφάλαια προερχόμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και iii) επανεπενδεδυμένα κεφάλαια των τομέων της ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου «με σκοπό να προωθηθεί η βελτίωση της αποδοτικότητας στους τομείς αυτούς». Η επίμαχη απόφαση και το IDAE Κατ’ εφαρμογήν της τρίτης συμπληρωματικής διάταξης της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010, o εθνικός νομοθέτης εξέδωσε την Orden IET/75/2014, por la que se regulan las transferencias de fondos, con cargo a las empresas productoras de energía eléctrica, de la cuenta específica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el año 2013, para la ejecución de las medidas del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, y los criterios para la ejecución de las medidas contempladas en dicho plan (απόφαση IET/75/2014, για τη ρύθμιση της μεταφοράς κεφαλαίων με τα οποία επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από τον ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού προς το Ινστιτούτο ενεργειακής διαφοροποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας, κατά το έτος 2013, για την υλοποίηση των μέτρων του σχεδίου δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα 2011-2020, καθώς και των κριτηρίων για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στο εν λόγω σχέδιο), της 27ης Ιανουαρίου 2014 (BOE αριθ. 25, της 29ης Ιανουαρίου 2014, σ. 5875) (στο εξής: επίμαχη απόφαση). Το άρθρο 1, παράγραφος 1, της επίμαχης αποφάσεως διευκρινίζει ότι σκοπός της είναι να καθορίσει τη διαδικασία μεταφοράς, από τον ειδικό λογαριασμό της Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού) προς το IDAE, των κεφαλαίων που προβλέπονται από την τρίτη συμπληρωματική διάταξη της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010. Το IDAE χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από τις οικονομικές εισφορές των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην ως άνω τρίτη συμπληρωματική διάταξη, στο πλαίσιο δε του ινστιτούτου αυτού υλοποιούνται εν μέρει τα σχέδια δράσης και αποδοτικότητας που καταρτίζονται από την Κυβέρνηση. Το IDAE ιδρύθηκε με την εικοστή πρώτη συμπληρωματική διάταξη του Ley 46/1985, de Presupuestos Generales del Estado para 1986 (νόμου 46/1985, περί του γενικού κρατικού προϋπολογισμού για το 1986), της 27ης Δεκεμβρίου 1985 (BOE αριθ. 311, της 28ης Δεκεμβρίου 1985, σ. 40637), ως φορέας δημοσίου δικαίου, με σκοπό τη διαχείριση και την ανάπτυξη της πολιτικής εξοικονόμησης, διατήρησης και διαφοροποίησης της ενέργειας. Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα Στις 31 Ιανουαρίου 2014, η GDF Suez Cartagena Energía SL, νυν Engie Cartagena, προσέφυγε ενώπιον του Audiencia nacional (κεντρικού δικαστηρίου, Ισπανία) ζητώντας να ακυρωθεί η επίμαχη απόφαση λόγω ελλείψεως νομιμότητας και να της επιδικαστεί αποζημίωση αντιστοιχούσα στα ποσά που είχε καταβάλει δυνάμει της αποφάσεως αυτής. Η Engie Cartagena αμφισβητεί ιδίως το ποσό με το οποίο πρέπει να επιβαρυνθεί στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του σχεδίου δράσης 2008-2012 και το οποίο καθορίστηκε με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου 14/2010. Η Engie Cartagena υποστηρίζει, ειδικότερα, ότι η επίμαχη εθνική νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια και στις αρχές που τέθηκαν με τις αποφάσεις της 20ής Απριλίου 2010, Federutility κ.λπ. ( C-265/08 , EU:C:2010:205 ), και της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, ANODE ( C‑121/15 , EU:C:2016:637 ), και τα οποία πρέπει να διέπουν την επιβολή υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Το Audiencia Nacional (ανώτερο ειδικό δικαστήριο) επισημαίνει ότι, με την εισαγωγή της υποχρεωτικής εισφοράς που προβλέπεται στην τρίτη συμπληρωματική διάταξη της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010, κατ’ εφαρμογήν της οποίας εκδόθηκε η επίμαχη απόφαση, ο εθνικός νομοθέτης επιθυμούσε να μειώσει το τιμολογιακό έλλειμμα του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας να επιβαρύνει με τη χρηματοδότηση του κόστους αυτού ολόκληρο το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, οι αιτιολογικές σκέψεις της εν λόγω πράξεως νομοθετικού περιεχομένου προβλέπουν ότι «σκοπός της παρούσας πράξεως νομοθετικού περιεχομένου είναι η κατεπείγουσα αντιμετώπιση του τιμολογιακού ελλείμματος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.» Όντως, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 14/2010 και, ειδικότερα, η ως άνω τρίτη συμπληρωματική διάταξη περιλαμβάνονταν μεταξύ των πολυάριθμων διατάξεων τις οποίες θέσπισε ο εθνικός νομοθέτης για την αντιμετώπιση του τιμολογιακού ελλείμματος στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Το αιτούν δικαστήριο διατηρεί αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η εν λόγω υποχρεωτική εισφορά συνάδει με τις αρχές του άρθρου 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 και, ειδικότερα, διερωτάται αν αυτή συνιστά υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας η οποία επιβάλλεται από το κράτος κατά τρόπο διαφανή και αμερόληπτο και η οποία διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων στους καταναλωτές. Κατά το εν λόγω δικαστήριο, από το ως άνω άρθρο 3, παράγραφος 2, προκύπτει ότι, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να θεσπίζουν υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας οι οποίες μπορούν, μεταξύ άλλων, να αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της προστασίας του κλίματος, σύμφωνα με την οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ ( ΕΕ 2004, L 52, σ. 50 ), καθώς και σύμφωνα με την οδηγία 2006/32, στο πλαίσιο των οποίων θεσπίστηκαν τα σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας για τα έτη 2011 έως 2013 καθώς και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 14/2010. Στην Ισπανία, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης 2011-2020 για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, του οποίου την κεντρική διαχείριση έχει αναλάβει το IDAE, το οποίο αποτελεί δημόσιο οργανισμό. Για τους σκοπούς του εν λόγω σχεδίου δράσης, εφαρμόζονται η προικοδότηση και η μεταφορά κεφαλαίων που προβλέπονται από την τρίτη συμπληρωματική διάταξη της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010, με σχετική υποχρέωση καταβολής χρηματικής παροχής η οποία βαρύνει τις ένδεκα επιχειρήσεις τις οποίες παραθέτει ο νόμος με τον οποίο εισήχθη η υποχρεωτική εισφορά. Σκοπός της μεταφοράς αυτής κεφαλαίων είναι η επίτευξη των στόχων του IDAE. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι, κατά την τρίτη συμπληρωματική διάταξη της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010, η χρηματοδότηση βαρύνει εφεξής ορισμένες μόνον επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα, αντί να προβλέπεται γενική κατανομή με επιβάρυνση του συστήματος ή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, κατά συνέπεια δε το οικείο κράτος μέλος απαιτεί από τις ως άνω επιχειρήσεις την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τους επιβάλλει σχετική υποχρέωση, κατά την έννοια των οδηγιών 2003/54 και 2009/72. Ειδικότερα, κατά το αιτούν δικαστήριο, όταν η χρηματοδότηση των σχεδίων για την αποδοτικότητα μετατρέπεται από γενική χρηματοδότηση που επιβαρύνει το σύστημα σε χρηματοδότηση που επιβαρύνει συγκεκριμένους παραγωγούς ενέργειας, η οποία επιβάλλεται βάσει νόμου κατά τρόπο δεσμευτικό, η ως άνω απαίτηση χρηματοδότησης αποτελεί υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, στο μέτρο που πρόκειται για απόφαση οικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως η οποία έχει όμως ως αντικείμενο και άμεσο σκοπό τη λήψη μέτρων που στο σύνολό τους συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της προστασίας του κλίματος. Το Audiencia Nacional (ανώτερο ειδικό δικαστήριο) εκτιμά όμως ότι, κατά παράβαση των απαιτήσεων του άρθρου 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 14/2010 δεν παρέχει καμία διευκρίνιση ούτε επί του κριτηρίου που εφαρμόζεται για τον καθορισμό του ύψους της υποχρεωτικής εισφοράς ούτε επί της αιτιολόγησης της κατανομής των ποσοστών ούτε επί του ζητήματος αν ο όγκος και η σημασία των επιχειρήσεων αυτών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα ήταν καθοριστικές και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, επί της φύσεως των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της σημασίας αυτής. Ειδικότερα, η τρίτη συμπληρωματική διάταξη της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010 προβλέπει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας χωρίς να παρέχει άλλα στοιχεία ή αιτιολογίες πλην εκείνων που αφορούν τη θεμιτή μείωση του τιμολογιακού ελλείμματος, πράγμα που θα μπορούσε να αντιβαίνει στις αρχές που απορρέουν από τις οδηγίες 2003/54 και 2009/72 όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που το μέτρο αυτό συνιστούσε υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, θα μπορούσε, υπό τη μορφή με την οποία έχει εισαχθεί, να ενέχει διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η οποία δεν θα εδικαιολογείτο επαρκώς και, επιπλέον, δεν θα τηρούσε τις αρχές που ισχύουν για το εν λόγω είδος υποχρεώσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Audiencia Nacional (ανώτερο ειδικό δικαστήριο) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Συνιστά υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/54 και στο άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 η νομοθετική πρόβλεψη που περιέχεται στην τρίτη συμπληρωματική διάταξη της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010, που φέρει τον τίτλο “Χρηματοδότηση των σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας για τα έτη 2011, 2012 και 2013” και η οποία έχει ως εξής: “[…] [τ]α ποσά που βαρύνουν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και προορίζονται για τη χρηματοδότηση του σχεδίου δράσης 2008-2012, που εγκρίθηκε με την από 8 Ιουλίου 2005 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία θέτει σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στο έγγραφο ‘Στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας στην Ισπανία 2004-2012’ που εγκρίθηκε με την από 28 Νοεμβρίου 2003 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν καθοριστεί για τα έτη 2011 και 2012 σε 270 εκατομμύρια ευρώ και 250 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως, καλύπτονται με εισφορά την οποία καταβάλλει η κάθε παραγωγός επιχείρηση βάσει των ποσοστών του ακόλουθου πίνακα: Επιχείρηση Ποσοστό […] [Engie] Cartagena 2,07 […]”; 2) Αν η πρόβλεψη αυτή συνιστά όντως υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, έχει οριστεί η υποχρέωση αυτή σαφώς, είναι δε διαφανής, αμερόληπτη και επαληθεύσιμη;» Επί των προδικαστικών ερωτημάτων Με το πρώτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι χρηματοδοτική εισφορά η οποία επιβάλλεται σε ορισμένες επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρηματοδότηση σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας τα οποία διαχειρίζεται δημόσια αρχή συνιστά υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας εμπίπτουσα στη διάταξη αυτή. Καταρχάς, επισημαίνεται, πρώτον, ότι, στο πλαίσιο του ερωτήματος αυτού, το αιτούν δικαστήριο αναφέρεται επίσης και στο άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/54. Στο μέτρο που, αφενός, από την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της προσφυγής την οποία άσκησε η Engie Cartagena κατά της επίμαχης αποφάσεως ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, εφαρμογή είχε η οδηγία 2009/72 και, αφετέρου, η διάταξη αυτή δεν υπέστη ουσιώδεις μεταβολές κατόπιν της θεσπίσεως της οδηγίας 2009/72, η απάντηση του Δικαστηρίου στο εν λόγω ερώτημα θα αφορά μόνο το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72. Δεύτερον, σε σχέση με τις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση όσον αφορά τον ενδεχομένως φορολογικό χαρακτήρα της υποχρεωτικής εισφοράς, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δεν παρέχουν στο Δικαστήριο τη δυνατότητα να κρίνει με βεβαιότητα αν η εν λόγω υποχρεωτική εισφορά έχει τέτοιο χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται πάντως ότι, αν το αιτούν δικαστήριο εκτιμήσει, βάσει της ερμηνείας του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, ότι τούτο πράγματι ισχύει, η οδηγία 2009/72, περιλαμβανομένου του άρθρου της 3, παράγραφος 2, δεν θα έχει εφαρμογή στην εθνική νομοθεσία με την οποία εισάγεται η εν λόγω υποχρεωτική εισφορά (πρβλ. απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, UNESA κ.λπ., C-80/18 έως C-83/18 , EU:C:2019:934 , σκέψη ). Κατόπιν των προκαταρκτικών αυτών παρατηρήσεων, επισημαίνεται ότι, κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72, λαμβανομένων πλήρως υπόψη των οικείων διατάξεων της Συνθήκης ΕΚ και ιδίως του άρθρου 86 ΕΚ (νυν άρθρου 106 ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας οι οποίες μπορούν να αφορούν την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης στους εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την έννοια των «υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας», διαπιστώνεται ότι, καθόσον το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 δεν παραπέμπει στα εθνικά δίκαια για την ερμηνεία που πρέπει να δοθεί στην έννοια αυτή, πρέπει να γίνει δεκτό, για τους σκοπούς της εφαρμογής της ως άνω οδηγίας, ότι η διάταξη αυτή περιέχει αυτοτελή έννοια του δικαίου της Ένωσης η οποία χρήζει ενιαίας ερμηνείας στο έδαφος της Ένωσης (πρβλ. αποφάσεις της 21ης Φεβρουαρίου 2008, Tele2 Telecommunication, C-426/05 , EU:C:2008:103 , σκέψη , και της 9ης Νοεμβρίου 2016, Wathelet, C‑149/15 , EU:C:2016:840 , σκέψη ). Ασφαλώς, κατά την αιτιολογική σκέψη 50 της οδηγίας 2009/72, οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με συνεκτίμηση των εθνικών συνθηκών και με παράλληλο σεβασμό του δικαίου της Ένωσης εκ μέρους των κρατών μελών. Εντούτοις, τα ανωτέρω αναφέρονται μόνο στη δυνατότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν, βάσει του εθνικού τους δικαίου, αν θα επιβάλουν ή όχι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας σε ορισμένες επιχειρήσεις, καθώς και να καθορίζουν το περιεχόμενο των υποχρεώσεων αυτών, υπό την επιφύλαξη ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης. Ειδικότερα, η διαλαμβανόμενη στην εν λόγω αιτιολογική σκέψη παραπομπή στα δίκαια των κρατών μελών αφορά μόνον την εφαρμογή της έννοιας των «υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας». Για τους σκοπούς της ερμηνείας της εν λόγω έννοιας, επισημαίνεται, πρώτον, ότι, μολονότι ούτε το ως άνω άρθρο 3, παράγραφος 2, ούτε κάποια άλλη διάταξη της οδηγίας 2009/72 περιέχει ορισμό της έννοιας των «υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας», εντούτοις από το γράμμα της διατάξεως αυτής είναι δυνατόν να συναχθούν συστατικά στοιχεία της συγκεκριμένης έννοιας, κατά την εν λόγω οδηγία. Ειδικότερα, αφενός, από το ότι, κατά το γράμμα του άρθρου 3, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, της οδηγίας 2009/72, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας «στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας», μπορεί να συναχθεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να οδηγούν τις εν λόγω επιχειρήσεις στο να συμβάλουν οι ίδιες στην επίτευξη του σκοπού γενικού οικονομικού συμφέροντος που καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Αφετέρου, το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 παραπέμπει ρητώς στο άρθρο 86 ΕΚ (νυν άρθρο 106 ΣΛΕΕ), υπό την έννοια ότι τα κράτη μέλη οφείλουν, ειδικότερα, να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη διάταξη αυτή της Συνθήκης όταν επιβάλλουν υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας κατά την έννοια της διατάξεως αυτής της οδηγίας 2009/72. Πλην όμως το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το άρθρο 106, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, το οποίο αφορά τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, αποσκοπεί στον συγκερασμό του συμφέροντος των κρατών μελών να χρησιμοποιούν ορισμένες επιχειρήσεις ως όργανο οικονομικής ή κοινωνικής πολιτικής με το συμφέρον της Ένωσης προς τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού και διατήρηση της ενότητας της εσωτερικής αγοράς (πρβλ. αποφάσεις της 21ης Σεπτεμβρίου 1999, Albany, C‑67/96 , EU:C:1999:430 , σκέψη , καθώς και της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, ANODE, C‑121/15 , EU:C:2016:637 , σκέψη ). Επομένως, η νομολογία αυτή επιβεβαιώνει ότι οι οικείες επιχειρήσεις πρέπει να υποχρεούνται να ενεργούν οι ίδιες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού γενικού οικονομικού συμφέροντος. Επιπλέον, από την παραπομπή στο άρθρο 106 ΣΛΕΕ την οποία πραγματοποιεί το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τις οποίες επιτρέπει το ως άνω άρθρο 3, παράγραφος 2, παρεκκλίνουν από τους κανόνες του ανταγωνισμού. Επομένως, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις γραπτές παρατηρήσεις της, η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, συνιστά δημόσια παρέμβαση στη λειτουργία της αγοράς, προς επίτευξη σκοπού γενικού οικονομικού συμφέροντος, η οποία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας να ενεργούν στην αγορά βάσει κριτηρίων επιβαλλόμενων από τις δημόσιες αρχές. Η ως άνω ερμηνεία της έννοιας της «υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας» επιβεβαιώνεται από τους ορισμούς της έννοιας αυτής που περιλαμβάνονται σε άλλες πράξεις του δικαίου της Ένωσης. Ειδικότερα, ελλείψει ορισμού της εν λόγω έννοιας στην οδηγία 2009/72 και δεδομένου ότι πρόκειται για έννοια που χρησιμοποιείται από τον νομοθέτη της Ένωσης σε πολλές πράξεις του παράγωγου δικαίου, ειδικότερα δε στο πλαίσιο των τομέων αρμοδιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 4 ΣΛΕΕ, όπως η ενέργεια ή οι μεταφορές, τέτοιου είδους πράξεις, διαφορετικές από την οδηγία 2009/72, αποτελούν χρήσιμο πλαίσιο αναφοράς για την ερμηνεία της ίδιας αυτής έννοιας στο πλαίσιο της ως άνω οδηγίας. Συναφώς όμως, όπως υπενθύμισε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 42 των προτάσεών του, προκύπτει ιδίως από το άρθρο 2, στοιχείο εʹ, του κανονισμού 1370/2007, που κατήργησε τον κανονισμό 1191/69, και από το άρθρο 2, σημείο 4, του κανονισμού 3577/92, σχετικά με τον τομέα των μεταφορών, καθώς και από το άρθρο 2, σημείο 14, του κανονισμού 2017/352, σχετικά με την παροχή την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, ότι η έννοια των «υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας» την οποία προέκρινε ο νομοθέτης της Ένωσης για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανονισμών αυτών αφορά, κατ’ ουσίαν, υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις δημόσιες αρχές σε επιχειρηματία ο οποίος, αν ελάμβανε αποκλειστικά υπόψη τα δικά του εμπορικά συμφέροντα, δεν θα αναλάμβανε ή δεν θα αναλάμβανε στην ίδια έκταση ή με τους αυτούς όρους τις υποχρεώσεις αυτές. Επομένως, δεδομένου τόσο του γράμματος του άρθρου 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 όσο και του ορισμού της έννοιας των «υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας» όπως διατυπώνεται κατά παρεμφερή τρόπο στο πλαίσιο των πράξεων αυτών που εκδίδονται από τον νομοθέτη της Ένωσης σε τομείς διαφορετικούς από εκείνον της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η εν λόγω έννοια, κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72, αντιστοιχεί σε μέτρα δημόσιας παρεμβάσεως στη λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς, τα οποία επιβάλλουν σε επιχειρήσεις του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, προς τον σκοπό της επιδίωξης γενικού οικονομικού συμφέροντος, την υποχρέωση να δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά βάσει κριτηρίων επιβαλλόμενων από τις δημόσιες αρχές. Κατά συνέπεια, η ελευθερία των επιχειρήσεων αυτών να δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται υπό την έννοια ότι, με γνώμονα αποκλειστικά τα εμπορικά συμφέροντά τους, οι επιχειρήσεις αυτές δεν θα προμήθευαν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες ή δεν θα τα προμήθευαν στην ίδια έκταση ή με τους αυτούς όρους. Επισημαίνεται, δεύτερον, ότι ο ορισμός αυτός της έννοιας των «υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας» συνάδει με το σύστημα που καθιερώνει η οδηγία 2009/72. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη γενική οικονομία της, η οδηγία αυτή επιδιώκει την επίτευξη μιας πλήρως και πραγματικά ανοικτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία όλοι οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τους προμηθευτές τους και στην οποία όλοι οι προμηθευτές μπορούν ελεύθερα να προμηθεύουν τους πελάτες τους με τα προϊόντα τους (πρβλ. αποφάσεις της 28ης Νοεμβρίου 2018, Solvay Chimica Italia κ.λπ., C-262/17, C‑263/17 και C-273/17 , EU:C:2018:961 , σκέψεις και , καθώς και της 17ης Οκτωβρίου 2019, Elektrorazpredelenie Yug, C-31/18 , EU:C:2019:868 , σκέψη ). Στο πλαίσιο αυτό, όμως, η οδηγία 2009/72 επιτρέπει στα κράτη μέλη, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζει, να επιβάλλουν, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας οι οποίες θίγουν την ελευθερία των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών να δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά και κατ’ αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τον ανοιχτό ανταγωνισμό στην αγορά αυτή. Ακριβώς επειδή οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας είναι ικανές να επιφέρουν περιορισμούς στην επίτευξη μιας πλήρως και πραγματικά ανοικτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο νομοθέτης της Ένωσης επέβαλε στα κράτη μέλη προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οσάκις επιβάλλουν τέτοιες υποχρεώσεις στους επιχειρηματίες. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, της ως άνω οδηγίας, οι εν λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενεργείας της Ένωσης στους εθνικούς καταναλωτές. Υπό το πρίσμα των σκέψεων αυτών πρέπει να εξεταστεί αν η υποχρεωτική εισφορά εμπίπτει στην κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 έννοια των «υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας». Συναφώς, σημειώνεται ότι, κατά το αιτούν δικαστήριο, με την εισαγωγή της υποχρεωτικής εισφοράς την οποία προβλέπει η τρίτη συμπληρωματική διάταξη της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου 14/2010, κατ’ εφαρμογήν της οποίας εκδόθηκε η επίμαχη απόφαση, ο εθνικός νομοθέτης επιθυμούσε να μειώσει το τιμολογιακό έλλειμμα του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αποφεύγοντας να επιβαρύνει με τη χρηματοδότηση της μείωσης ολόκληρο το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και, επομένως, τους καταναλωτές. Το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει ότι τα έσοδα από την εισφορά αυτή χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των σχεδίων δράσης τα οποία διαχειρίζεται το IDAE, πράγμα το οποίο, κατά την άποψη της Engie Cartagena και των παρεμβαινουσών στην υπόθεση της κύριας δίκης εταιριών, επιβεβαιώνει ότι ο επιδιωκόμενος με την υποχρεωτική εισφορά σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας. Διαπιστώνεται πάντως ότι, από τη στιγμή που η εν λόγω υποχρεωτική εισφορά δεν επιβάλλει στις οικείες επιχειρήσεις καμία απαίτηση που να περιορίζει την ελευθερία τους να δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μια τέτοια εισφορά δεν μπορεί να εμπίπτει στην κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 έννοια των «υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας». Ειδικότερα, με την επιβολή της εισφοράς αυτής οι ως άνω επιχειρήσεις ουδόλως παροτρύνονται να προμηθεύσουν ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες τα οποία δεν θα προμήθευαν ή δεν θα προμήθευαν στην ίδια έκταση ή με τους αυτούς όρους αν είχαν λάβει υπόψη αποκλειστικά τα εμπορικά συμφέροντά τους. Συναφώς, επισημαίνεται ότι απλώς και μόνον η περίσταση ότι τα έσοδα της υποχρεωτικής εισφοράς μεταβιβάζονται σε ταμείο το οποίο διαχειρίζεται το IDAE, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, δεν σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες τους οποίους βαρύνει η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς αυτής φέρουν «υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας», κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως. Ειδικότερα, η περίσταση αυτή άπτεται μόνον του τελικού προορισμού των εσόδων από την υποχρεωτική εισφορά, πράγμα που δεν αρκεί ώστε να θεωρηθεί ότι η καταβολή της εισφοράς αυτής συνιστά υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, όπως η υποχρέωση αυτή ορίζεται στη σκέψη 45 της παρούσας αποφάσεως. Το γεγονός ότι το IDAE ενδεχομένως επιδιώκει σκοπό γενικού οικονομικού συμφέροντος δεν είναι αφεαυτού κρίσιμο, δεδομένου ότι η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά το αν επιβάλλεται υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας όχι στο IDAE, αλλά, αντιθέτως, σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, η αποδοχή της απόψεως της Engie Cartagena και των παρεμβαινουσών στην κύρια δίκη εταιριών θα σήμαινε ότι οποιαδήποτε προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία και επιβαλλόμενη σε επιχειρηματίες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υποχρέωση χρηματοδοτικής εισφοράς θα συνιστούσε, βάσει του προορισμού και μόνον του τελικού προϊόντος της εισφοράς αυτής, «υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας» κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72, γεγονός που προδήλως θα υπερέβαινε το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω έννοιας, όπως αυτή χρησιμοποιείται από τον νομοθέτη της Ένωσης στο πλαίσιο της ως άνω διατάξεως. Ομοίως, το συμπέρασμα που διατυπώνεται στη σκέψη 51 της παρούσας αποφάσεως δεν κλονίζεται από την περίσταση, την οποία επισημαίνει το αιτούν δικαστήριο, ότι τα σχέδια δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα είχαν προηγουμένως, όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους, τον χαρακτήρα κόστους που βάρυνε ολόκληρο το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και, επομένως, εν τέλει, τους τελικούς καταναλωτές, και όχι, όπως συμβαίνει τώρα, κόστους που βαρύνει ορισμένους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, η περίσταση αυτή αφορά τα πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρέωση συνεισφοράς για τη χρηματοδότηση των σχεδίων αυτών, πράγμα το οποίο, όπως υποστήριξε η Επιτροπή στις γραπτές παρατηρήσεις της, δεν φαίνεται καταρχήν ικανό να επηρεάσει τη φύση της εν λόγω υποχρεώσεως. Τέλος, διαπιστώνεται ότι, παρά τα όσα υποστηρίζουν η Engie Cartagena και οι παρεμβαίνουσες στην υπόθεση της κύριας δίκης εταιρίες, η υποχρεωτική εισφορά είναι διαφορετική από τις εθνικού χαρακτήρα υποχρεώσεις τις οποίες αφορούσαν οι υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις της 20ής Απριλίου 2010, Federutility κ.λπ. ( C-265/08 , EU:C:2010:205 ), της 21ης Δεκεμβρίου 2011, ENEL ( C-242/10 , EU:C:2011:861 ), καθώς και της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, ANODE ( C‑121/15 , EU:C:2016:637 ). Ειδικότερα, οι υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν εθνικά μέτρα που επέβαλαν, αντιστοίχως, απαιτήσεις σχετικά με τις «τιμές αναφοράς» για την παροχή φυσικού αερίου, σχετικά με τη διαμόρφωση των προσφορών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και σχετικά με τα προκαθορισμένα τιμολόγια πωλήσεως φυσικού αερίου. Επομένως, τα μέτρα αυτά στο σύνολό τους καθόριζαν τους όρους προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών από τις οικείες επιχειρήσεις. Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι χρηματοδοτική εισφορά η οποία επιβάλλεται σε ορισμένες επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρηματοδότηση σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας τα οποία διαχειρίζεται δημόσια αρχή δεν συνιστά υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας εμπίπτουσα στη διάταξη αυτή. Δεδομένης της απαντήσεως που δόθηκε στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφαίνεται: Το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι χρηματοδοτική εισφορά η οποία επιβάλλεται σε ορισμένες επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρηματοδότηση σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας τα οποία διαχειρίζεται δημόσια αρχή δεν συνιστά υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας εμπίπτουσα στη διάταξη αυτή. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική.

62006TJ0040

sv

Bakgrund till tvisten Trioplast Industrier AB, som är sökande i målet, är moderbolaget i Trioplastgruppen. Bolaget är mottagare av det beslut som är föremål för denna talan i sin egenskap av moderbolag till Trioplast Wittenheim SA, som tillverkar industrisäckar, filmer och säckar och som har sitt säte i Wittenheim (Frankrike). År 1999 förvärvade sökanden Trioplast Wittenheim, som vid den tidpunkten hette Silvallac, genom sitt dotterbolag Trioplanex France SA. Säljare var det enligt dansk rätt bildade bolaget Nyborg Plast International A/S, som senare gavs firman FLS Plast A/S (nedan kallat FLS Plast). Övergången skedde den 19 januari 1999, med retroaktiv verkan från den 1 januari 1999. FLS Plast hade för sin del förvärvat 60 procent av aktierna i Trioplast Wittenheim i december år 1990 från bolaget Cellulose du Pin, som ingick i den koncern som innehades av Compagnie de Saint‑Gobain SA. Resterande 40 procent överläts av Cellulose du Pin till FLS Plast i december år 1991. Det administrativa förfarandet I november år 2001 underrättade bolaget British Polythene Industries kommissionen om att det förelåg en kartell inom sektorn för industrisäckar och uppgav att det önskade samarbeta med kommissionen i enlighet med kommissionens meddelande om befrielse från eller nedsättning av böter i kartellärenden (EGT C 207, 1996, s. 4) (nedan kallat meddelandet om samarbete). Den 26–27 juni 2002 genomförde kommissionen kontroller vid tretton företag med tillämpning av artikel 14.2 och 14.3 i rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962, första förordningen om tillämpning av artiklarna [81 EG] och [82 EG] (EGT 1962, 13, s. 204; svensk specialutgåva, område 8, volym 1, s. 8). Bland dessa företag återfanns Trioplast Wittenheim. Mellan den 14 november 2002 och den 21 februari 2003 skickade kommissionen skrivelser till ett flertal företag och begärde upplysningar från dessa med stöd av artikel 11 i förordning nr 17. Ett av dessa företag var Trioplast Wittenheim. Trioplast Wittenheim uppgav i skrivelse av den 19 december 2002, vilken kompletterades med en skrivelse av den 16 januari 2003, att bolaget önskade samarbeta med kommissionen vid dess utredning, inom ramen för meddelandet om samarbete, och tillhandahöll skriftliga förklaringar. Den 4 augusti 2003 tillskrev kommissionen Trioplast Wittenheim och övriga berörda företag och begärde kompletterande upplysningar. Kommissionen inledde det administrativa förfarandet den 29 april 2004 och utfärdade ett meddelande om invändningar mot ett flertal bolag, däribland sökanden och Trioplast Wittenheim. Ett muntligt hörande ägde rum den 26–28 juli 2004. Det angripna beslutet Den 30 november 2005 antog kommissionen, med stöd av rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 [EG] och 82 [EG] (EGT L 1, 2003, s. 1), beslut K(2005) 4634 slutlig om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] (ärende COMP/F/38.354 – Industrisäckar) (nedan kallat det angripna beslutet), med sammanfattning i Europeiska unionens officiella tidning av den 26 oktober 2007 (EUT L 282, s. 41). Bland dem som det angripna beslutet riktades till finns Trioplast Wittenheim, vars medverkan i överträdelsen av kommissionen betraktas som uppenbar, och sökanden, som av kommissionen anses ingå i en ekonomisk enhet som bar ansvaret för överträdelsen mellan åren 1999 och 2002. Det angripna beslutet riktas också mot FLS Plast och FLSmidth & Co. A/S (nedan kallat FLSmidth), vilket är holdingbolaget i FLS‑gruppen och vilket tidigare benämndes FLS Industries A/S. De ska ha ingått i en ekonomisk enhet med Trioplast Wittenheim mellan åren 1990 och 1999. Kommissionen konstaterade i det angripna beslutet, särskilt i skälen 417–548 däri, att flera företag hade deltagit i konkurrensbegränsande avtal och samordnade förfaranden i strid med artikel 81 EG – i Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike och Spanien. Enligt punkterna 549–576 i det angripna beslutet pågick överträdelsen mellan januari månad år 1982 och juni månad år 2002, men denna period varierade beroende på företag. I punkterna 3–14 i det angripna beslutet preciseras att de berörda produkterna, när det gäller det angripna beslutet, utgjordes av industrisäckar av plast avsedda att användas för förpackning av grundläggande handelsvaror, såsom råvaror, gödningsmedel, polymerer, byggnadsmaterial, jordbruks- och trädgårdsprodukter och djurfoder. Enligt det angripna beslutet kan dessa säckar som tillverkas av samma råvara – polyeten – men enligt olika metoder, indelas i fyra kategorier: öppna säckar, ventilsäckar, FFS-säckar (Form, Fill and Seal) och blocksäckar. Kommissionen fann att även om dessa säcktyper visserligen sinsemellan företer vissa särdrag utgör de ändå en relativt homogen grupp. Enligt skälen 165–186 i det angripna beslutet var den ifrågavarande kartellen schematiskt uppdelad på två plan, nämligen: –        på ett samlat plan genom Europeiska organisationen för tillverkare av ventilsäckar av plast (nedan kallad Valveplast) och de funktionella undergrupperna som hörde till denna organisation, däribland undergruppen ”blocksäckar”, och –        på ett undergruppsplan med regionala undergrupper knutna eller ej till Valveplast, nämligen undergrupperna Benelux, Tyskland, Frankrike, Belgien och Teppema (en organisation som bildats av nederländska tillverkare av öppna säckar, huvudsakligen för den nederländska marknaden men punktvis också för den belgiska marknaden). Av skälen 187–416 i det angripna beslutet framgår att de avtal och konkurrensbegränsande förfaranden som nu är i fråga tog sig följande former: –        en mekanism för regelbundet utbyte av icke anonymiserade upplysningar angående försäljningsvolymer och marknadsandelar för medlemmarna i respektive grupp och undergrupp, –        ett globalt system för fastställande och kontroll av försäljningskvoter per geografisk zon och, inom varje geografisk zon, per företag, –        gemensamma modeller för beräkning av försäljningspriserna till kunder, –        genomförande på grupp- och undergruppsnivå av system för ledning per kund för stora kunder, –        ett system för påföljder när kvoterna överskrids eller när fastställda priser inte följs, –        samordning och samverkan avseende priser och leveransvolymer för särskilda kunder, och –        uppdelning av anbudsinfordringar och ingivande av samordnade anbud med säkringsanbud. Enligt skälen 443 och 459 i det angripna beslutet ansåg kommissionen att samtliga berörda företag, med undantag av bolaget Stempher, vilka alla deltagit i olika grad i Valveplasts eller en eller flera undergruppers möten, hade agerat på ett sätt som innebar en enda fortlöpande överträdelse. Kommissionen fann i skäl 765 i det angripna beslutet att överträdelsen skulle anses som mycket allvarlig och slog fast att även om det inte var möjligt att exakt mäta den konkreta inverkan av hela den aktuella kartellverksamheten, kunde det emellertid hävdas att den genomförts och att den därmed också måste ha haft en inverkan på marknaden. Kommissionen delade därefter i skälen 766–777 i det angripna beslutet upp de berörda företagen i sex grupper på grundval av deras relativa betydelse på den relevanta marknaden, varvid kommissionen grundade sig på de marknadsandelar som vart och ett av dessa uppnått under år 1996, för den berörda produkten inom det relevanta territoriet. På detta underlag fastställde kommissionen utgångsbelopp för böterna på mellan 5,5 och 35 miljoner euro. Kommissionen fastställde utgångsbeloppet för Trioplast Wittenheim till 8,5 miljoner euro (grupp 5), då dess andel av den relevanta marknaden år 1996 uppgick till 2,8 procent. Då sökanden i likhet med FLS Plast och FLSmidth involverades i egenskap av moderbolag till Trioplast Wittenheim, tillskrevs de samma utgångsbelopp. Vidare framgår av skälen 779–783 i det angripna beslutet att utgångsbeloppen räknades upp med 10 procent per helår som överträdelsen pågått och med 5 procent för varje ytterligare period på sex månader eller mer men understigande ett år. För Trioplast Wittenheims del skedde således en uppräkning med 200 procent av utgångsbeloppet, motsvarande en överträdelseperiod på 20 år och fem månader, vilket utmynnade i ett grundbelopp på 25,50 miljoner euro. Uppräkningarna av utgångsbeloppet för FLS Plast (liksom för FLSmidth) och för sökanden fastställdes till 80 procent respektive 30 procent, vilket resulterade i ett grundbelopp på 15,30 miljoner euro för FLS Plast och FLSmidth och ett grundbelopp på 11,05 miljoner euro för sökanden. Som framgår av skälen 802 och 812–822 i det angripna beslutet skrevs grundbeloppen för Trioplast Wittenheim och dess moderbolag inte upp och sattes inte heller ned på grund av försvårande eller förmildrande omständigheter, eller på grund av att regeln om ett tak på 10 procent av den totala omsättningen för det berörda företaget under föregående räkenskapsår som föreskrivs i artikel 23.2 i förordning nr 1/2003 tillämpades (nedan kallat taket på 10 procent av omsättningen). Däremot tillämpade kommissionen punkt D i meddelandet om samarbete för att beakta Trioplast Wittenheims samarbete. I skäl 841 i det angripna beslutet fann kommissionen att Trioplast Wittenheim och sökanden borde komma i åtnjutande av en nedsättning med 30 procent av det bötesbelopp som de skulle ha ålagts utan detta samarbete. Grundbeloppen för FLS Plast och FLSmidth sattes däremot inte ned av denna anledning. Det slutgiltiga bötesbelopp som Trioplast Wittenheim ålades fastställdes således till 17,85 miljoner euro. Av detta belopp ålades FLS Plast och FLSmidth solidariskt betalningsansvar för 15,30 miljoner euro. Sökanden ålades solidariskt betalningsansvar för 7,73 miljoner euro. Slutligen innehåller artikeldelen i det angripna beslutet bland annat följande konstateranden: ”Artikel 1 1.      Följande företag har överträtt artikel 81 i EG‑fördraget genom att under de nedan angivna perioderna medverka i en serie avtal och samordnade förfaranden i sektorn för industrisäckar av plast i Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna vilka bestod i fastställande av priserna, upprättande av gemensamma modeller för beräkning av priserna, uppdelning av marknader, fördelning av försäljningskvoter, uppdelning av kunder och beställningar, ingivande av samordnade anbud i samband med vissa anbudsinfordringar samt utbyte av individualiserad information: … g) Trioplast Wittenheim … fr.o.m. den 6 januari 1982 t.o.m. den 26 juni 2002 och [sökanden] fr.o.m. den 21 januari 1999 t.o.m. den 26 juni 2002. h) FLS Plast … och FLSmidth … fr.o.m. den 31 december 1990 t.o.m. den 19 januari 1999. … Artikel 2 För de överträdelser som avses i artikel 1 åläggs företagen följande böter: … f) Trioplast Wittenheim … 17,85 miljoner euro. Av detta belopp har FLSmidth … och FLS Plast … solidariskt betalningsansvar för 15,30 miljoner euro och [sökanden] solidariskt betalningsansvar för 7,73 miljoner euro. … Artikel 3 De företag som avses i artikel 1 ska, om de inte redan upphört med den överträdelse som avses i nämnda artikel, göra detta omedelbart. De ska framöver avstå från sådana förfaranden som beskrivs i artikel 1 och från förfaranden som har samma eller likadant syfte eller resultat. …” Förfarandet och parternas yrkanden Sökanden har i ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 februari 2006 väckt förevarande talan. Sökanden har yrkat att tribunalen ska –        delvis ogiltigförklara artikel 1.1 g i det angripna beslutet vad gäller den period under vilken sökanden hålls ansvarig för överträdelsen; –        delvis ogiltigförklara artikel 2 första stycket f i det angripna beslutet vad gäller det bötesbelopp sökanden ålagts att betala, alternativt sätta ned bötesbeloppet, och –        ålägga kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna. Kommissionen har yrkat att tribunalen ska –        ogilla talan, och –        ålägga sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. Till följd av att sammansättningen av tribunalens avdelningar hade ändrats, förordnades referenten att tjänstgöra på sjätte avdelningen, och målet tilldelades följaktligen denna avdelning. Ordföranden på sjätte avdelningen beslutade den 15 juni 2010, efter att ha hört parterna, att förena förevarande mål med mål T‑26/06, Trioplast Wittenheim mot kommissionen, vad gäller det muntliga förfarandet, i enlighet med artikel 50 i tribunalens rättegångsregler. Parterna utvecklade sin talan och svarade på tribunalens frågor vid förhandlingen den 30 juni 2010. Rättslig bedömning Sökanden har åberopat sex grunder till stöd för sina yrkanden. Den första grunden avser såväl lagenligheten av det angripna beslutet, såvitt avser artikel 1.1 g däri, som lagenligheten av kommissionens fastställande av sökandens böter. Sökanden har nämligen genom den tredje delen av denna grund bestritt att det angripna beslutet är lagenligt, eftersom det utgår från ett fel beträffande fastställandet av överträdelsens varaktighet. Den första grundens första och andra delar avser dels lagenligheten av den metod för beräkningen av böterna som kommissionen tillämpat, dels lagenligheten av fastställandet av överträdelsens allvar, och framför allt valet av referensår. Detta innebär att den första grundens tredje del ska prövas först, och därefter den första och den andra delen. Sökanden har åberopat de fem följande grunderna till stöd för en ogiltigförklaring av artikel 2 första stycket f i det angripna beslutet, såvitt avser sökandens bötesbelopp. Enligt den andra grunden anser sökanden att det saknas stöd för kommissionens vägran att anse att förmildrande omständigheter ska gälla för sökanden. Den tredje grunden avser ett åsidosättande av taket på 10 procent av omsättningen. Den fjärde grunden tar sikte på att kommissionen gjorde en felaktig bedömning av sökandens samarbete inom ramen för meddelandet om samarbete. Den femte grunden avser kommissionens åsidosättande av proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen, och den sjätte grunden, slutligen, avser ett åsidosättande av principen om god förvaltningssed och av rättssäkerhetsprincipen vid fastställandet av sökandens solidariska ansvar. Under förhandlingen har sökanden återkallat sin tredje grund. Tribunalen kommer följaktligen inte att ta ställning till denna grund. 1. Yrkandet om delvis ogiltigförklaring av det angripna beslutet Den första grunden: Fel inom ramen för fastställandet av hur länge överträdelsen pågått och av nivån på böterna Den första grundens tredje del: Lagenligheten av fastställandet av hur länge överträdelsen pågått –       Parternas argument Sökanden har bestritt kommissionens konstaterande att Trioplast Wittenheims överträdelse pågick i 20 år och 5 månader, det vill säga från och med januari år 1982 till och med juni år 2002. Sökanden anser att dess böter ska sättas ned i enlighet med vad den anfört i fråga om hur länge Trioplast Wittenheim deltagit i överträdelsen. Sökanden har för det första gjort gällande att Trioplast Wittenheim upphörde att delta i de konkurrensbegränsande förfarandena i och med Valveplastmötet den 23 mars 1999. Trioplast Wittenheims överträdelse pågick således i 17 år och 2 månader, och den period för vilken sökanden ska svara solidariskt sträcker sig enligt sökanden från den 21 januari till den 23 mars 1999. Sökanden har uppgett att den, efter att ha förvärvat Trioplast Wittenheim några veckor tidigare, uppmärksammade de konkurrensbegränsande förfarandena för första gången under mötet den 23 mars 1999. B., som ingick i ledningen för sökanden, hade utnämnts till ny styrelseordförande i Trioplast Wittenheim och företrädde detta bolag, och han tog enligt sökanden inte del i några otillåtna diskussioner. Sökanden utfärdade därefter interna direktiv om att överträdelsen skulle upphöra. Sökanden har visserligen erkänt att Trioplast Wittenheim deltog i tre Valveplastmöten år 2001, men har hävdat att Valveplast under dessa möten diskuterade branschfrågor rörande två projekt som ansågs lagenliga, nämligen dels en priskalkylmodell för FFS‑säckar i syfte att underlätta övergången till tunnare filmer, dels införandet av parametrarna för Internetauktioner. Även om det skulle visa sig att diskussionerna var av konkurrensbegränsande karaktär, fäste Trioplast Wittenheim inte någon vikt därvid. Trioplast Wittenheims målsättning var alltså inte att utnyttja kartellen för egen vinning. För det fall tribunalen skulle anse att Trioplast Wittenheim deltog i överträdelsen genom att närvara vid tre Valveplastmöten under år 2001, har sökanden hävdat att Trioplast Wittenheim drog sig ur kartellen mellan den 23 mars 1999 och den 27 mars 2001 och att Trioplast Wittenheim upphörde med sitt deltagande definitivt i juli år 2001. Därmed pågick Trioplast Wittenheims överträdelse högst 17 år och 6 månader. Vad gäller den omständigheten att dess dotterbolag inte deltog i den konkurrensbegränsande samverkan mellan åren 1999 och 2001, har sökanden uppgett följande. Trioplast Wittenheim hade under den aktuella perioden som syfte att upphöra med det olagliga samarbete som de tidigare ägarna eller den tidigare ledningen inlett, att agera självständigt och marknadsmässigt och på så sätt öka i affärsvolym och marknadsandel, och att vid sitt kommersiella handlande inte ta hänsyn till den information som erhållits i samband med de konkurrensbegränsande förfarandena. Sökanden har i fråga om det definitiva tillbakadragandet från Valveplast gjort gällande att Trioplast Wittenheim inte närvarade vid fler möten efter det som hölls den 12 juli 2001. Sökanden har i detta hänseende tillagt att Trioplastgruppen antog ett program för att följa konkurrensreglerna i november år 2001, vilket visar att sökanden tog avstånd från alla former av konkurrensbegränsande beteende. Enligt sökanden deltog heller aldrig Trioplast Wittenheim i något eventuellt samordnande av Internetauktioner, som det talades om under de möten där sökanden närvarade. Trioplast Wittenheim deltog under perioden endast i en auktion och denna var inte föremål för samordning. Kommissionen har yrkat att talan inte ska bifallas på denna del av den första grunden. Tribunalens bedömning Enligt rättspraxis ankommer det på kommissionen att bevisa inte bara förekomsten av en kartell utan även hur länge denna har pågått. Det är härvid viktigt att kommissionen, när bevisning saknas som gör det möjligt att direkt fastställa överträdelsens varaktighet, åtminstone stödjer sig på bevisning som hänför sig till omständigheter som ligger tillräckligt nära i tiden för att det rimligen ska kunna antas att överträdelsen fortsatt oavbrutet mellan två exakta dagar (förstainstansrättens dom av den 7 juli 1994 i mål T‑43/92, Dunlop Slazenger mot kommissionen, REG 1994, s. II‑441, punkt 79, och av den 16 november 2006 i mål T‑120/04, Peróxidos Orgánicos mot kommissionen, REG 2006, s. II‑4441, punkt 51). Det ska dessutom preciseras att även om den period som ligger mellan två uttryck för beteenden som utgör överträdelser är ett relevant kriterium för att fastställa att en överträdelse är fortlöpande, kan frågan huruvida nämnda period är tillräckligt lång för att utgöra ett avbrott i överträdelsen dock inte prövas abstrakt. Tvärtom ska den bedömas mot bakgrund av den aktuella kartellens verksamhet (tribunalens dom av den 19 maj 2010 i mål T‑18/05, IMI m.fl. mot kommissionen, REU 2010, s. II‑0000, punkt 89). Fördelningen av bevisbördan kan dock variera, eftersom de faktiska omständigheter som en part åberopar kan vara sådana att motparten tvingas lämna en förklaring eller en motivering, vid äventyr av att bevisbördan kan anses ha uppfyllts (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 39 nämnda målet Peróxidos Orgánicos mot kommissionen, punkt 53, och se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 7 januari 2004 i de förenade målen C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P och C‑219/00 P, Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen, REG 2004, s. I‑123, punkt 79, och av den 17 juni 2010 i mål C‑413/08 P, Lafarge mot kommissionen, REU 2010, s. I‑0000, punkt 21). Det anses ur detta perspektiv att i den mån deltagandet i en kartell eller graden eller varaktigheten av deltagandet i en kartell bestrids, behöver kommissionen endast visa att det berörda företaget har deltagit i möten under vilka konkurrensbegränsande avtal slutits, utan att öppet ha motsatt sig detta, för att styrka att nämnda företag har deltagit i den konkurrensbegränsande samverkan. När deltagandet vid sådana möten väl har visats, åligger det detta företag att anföra omständigheter som visar att företaget deltog i nämnda möten utan någon som helst konkurrensfientlig inställning, genom att styrka att företaget förklarat för sina konkurrenter att det deltog i mötena med en annan inställning än dessa (domen i de ovan i punkt 40 nämnda förenade målen Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen, punkt 81). När företaget deltar i ett visst möte utan att öppet ta avstånd från det som där avhandlas, får nämligen övriga deltagare därigenom intrycket att företaget instämmer med vad som beslutas på mötet och att företaget kommer att rätta sig därefter (domen i de ovan i punkt 40 nämnda förenade målen Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen, punkt 82). Det är utrett i förevarande mål att Trioplast Wittenheim deltog i kartellen från januari månad 1982 till och med den 23 mars 1999 och att sökanden åsidosatte artikel 81 EG mellan den 21 januari och den 23 mars 1999, när den ingick i samma ekonomiska enhet som Trioplast Wittenheim. Sökanden har dock bestritt att Trioplast Wittenheim deltog i kartellen mellan den 23 mars 1999 och juni månad år 2002. Sökanden har alternativt hävdat att Trioplast Wittenheim inte deltog i kartellen mellan den 23 mars 1999 och den 27 mars 2001 och att dess deltagande i Valveplastmötena upphörde definitivt den 12 juli 2001. Tribunalen konstaterar för det första att sökanden har medgett att Trioplast Wittenheim deltog i de konkurrensbegränsande Valveplastmötena den 23 mars 1999 och den 27 mars, den 8 juni och den 12 juli 2001, vilka bland annat ägnades åt kalkylmodellen för priser på FFS-säckar och systemet för att samordna Internetauktioner. Av handlingarna i målet framgår att B., som vid den aktuella tidpunkten ingick i ledningen för Trioplastgruppen och var styrelseordförande i Trioplast Wittenheim, företrädde Trioplast Wittenheim under dessa möten, med undantag för mötet den 12 juli 2001, där en viss W. närvarade. Tribunalen finner följaktligen att det, i den mån det är utrett att Trioplast Wittenheim deltog i dessa möten, ankom på sökanden att förebringa sådana uppgifter som bevisade att Trioplast Wittenheim deltog i dessa möten utan någon som helst konkurrensbegränsande inställning. Även om sökanden har åberopat att Trioplast Wittenheim inte avsåg att delta i en olaglig kartell när det kom till de aktuella mötena och inte deltog i de olagliga diskussionerna, har sökanden inte därigenom visat att Trioplast Wittenheim öppet tog avstånd från det som avhandlades på dessa möten. Sökandens påstående att Trioplast Wittenheim upphörde med sitt deltagande i kartellen den 23 mars 1999 kan således inte godtas. För det andra konstaterar tribunalen – beträffande perioden mellan den 23 mars 1999 och den 27 mars 2001 – att det av det angripna beslutet, framför allt av dess bilaga 1 angående detaljerna från Valveplastmötena, framgår att kommissionen inte förfogar över några direkta bevis för att Trioplast Wittenheim deltog i de Valveplastmöten som ska ha ägt rum under nämnda period. Kommissionen har inte bestritt detta konstaterande. Det är däremot bevisat att Trioplast Wittenheim bjöds in för att delta i dessa möten och att det lämnade återbud vid ett flertal tillfällen. Kommissionen har nämligen utförligt redogjort för dessa omständigheter inte bara i sina skriftliga inlagor utan också under förhandlingen, utan att sökanden opponerat sig. Kommissionens påstående styrks dessutom av ett flertal handlingar som ingetts i målet, vilka inte bestritts av sökanden, vare sig vad gäller deras existens eller innehåll. Det rör sig särskilt om protokollen från mötena den 27 augusti och den 25 november 1999 samt den 23 mars och den 18 augusti 2000, av vilka det framgår att Trioplast Wittenheim lät framföra en ursäkt för sin frånvaro, samt om protokollet från mötet den 5 december 2000, som visar att Trioplast Wittenheim åtminstone hade kallats till detta möte. Tribunalen finner under dessa förhållanden att överträdelsen på grundval av kommissionens uppgifter får anses ha pågått oavbrutet mellan den 23 mars 1999 och den 27 mars 2001. Sökanden har för övrigt inte förebringat några omständigheter som visar att Trioplast Wittenheim tog avstånd från kartellen vid mötet den 23 mars 1999 eller under perioden därefter. Sökandens påstående att Trioplast Wittenheim agerade självständigt på marknaden, utan att vid sitt kommersiella handlande ta hänsyn till den information som tidigare erhållits genom kontakterna med övriga kartelldeltagare, föranleder inte tribunalen att göra någon annan bedömning i denna del. Vad för det tredje gäller perioden mellan mötet den 12 juli 2001 och den 26 juni 2002, räcker det att konstatera att sökanden inte har bevisat att Trioplast Wittenheim under det ifrågavarande mötet eller perioden därefter inför övriga deltagare uttryckligen tog avstånd från det som avhandlades på mötet den 12 juli 2001. Det har inte heller visats att Trioplast Wittenheim tog avstånd från kartellen i den mening som avses i rättspraxis, under perioden mellan den 12 juli 2001 och den 26 juni 2002. Det ska i detta sammanhang beaktas att det av handlingarna i målet framgår att T. den 10 december 2001 skriftligen inbjöd Trioplast Wittenheim att delta i mötet som skulle äga rum den 11 december 2001 i Paris. Av anteckningarna från detta möte framgår dessutom att övriga deltagare inte kände till Trioplast Wittenheims avsikter med sitt deltagande i kartellen. Av den inledande delen i anteckningarna framgår nämligen följande: ”Deltagare: endast Fardem, B‑K, RKW, Cofira och vi, BPI kommer inte längre, och TRIO [Trioplast] ännu oklart.” Sökandens påstående att Trioplast Wittenheims deltagande i kartellen upphörde definitivt den 12 juli 2001 kan således inte godtas. Sökanden kan därmed inte vinna framgång med påståendet att det angripna beslutet är rättsstridigt i den del det avser fastställandet av hur länge dess dotterbolags, Trioplast Wittenheims, överträdelse pågick och, följaktligen, i den del det avser fastställandet av sökandens överträdelse i egenskap av moderbolag. Talan ska således inte bifallas på den första grundens tredje del. Yrkandet om delvis ogiltigförklaring av artikel 1.1 g i det angripna beslutet kan därmed inte heller bifallas. Den första grundens första del: Lagenligheten av metoden för att beräkna böterna –       Parternas argument Sökanden har hävdat att den metod för bötesbeloppets beräkning som kommissionen använde sig av är i grunden felaktig och att den även står i strid med rättspraxis. Enligt sökanden har metoden aldrig tidigare använts. Sökanden har erinrat om att den inte hållits ansvarig för att själv ha brutit mot konkurrensreglerna. Sökanden hölls solidariskt ansvarig endast på grund av Trioplast Wittenheims deltagande i det konkurrensbegränsande förfarandet under den tid då sökanden ägde detta bolag, det vill säga från den 21 januari 1999 till den 26 juni 2002. Kommissionens fel består i att den vid beräkningen av böterna inte tog hänsyn till att Trioplast Wittenheims överträdelse avser tre från varandra skilda perioder, nämligen tiden då det ägdes av Compagnie de Saint Gobain, tiden då det ägdes av FLS Plast och FLSmidth och tiden då det ägdes av Trioplastgruppen. För FLS Plast, FLSmidth och sökanden fick kommissionens beräkningsmetod den orimliga konsekvensen att dessa bolags sammanlagda solidariska ansvar kom att överstiga det totala bötesbelopp som ålagts Trioplast Wittenheim. Bolagen ålades solidarisk betalningsskyldighet för böterna även för den period under vilken inget av dem ägde Trioplast Wittenheim. Denna åtgärd strider mot rättspraxis, i synnerhet domstolens dom av den 16 november 2000 i mål C‑279/98 P, Cascades mot kommissionen, REG 2000, s. I‑9693. Sökanden har påpekat att de grundläggande principerna om solidariskt ansvar innebär att detta ansvar ska sammanfalla med ansvaret för den man ansvarar solidariskt för, och det kan inte fastställas separat. Sökanden borde således ha gjorts solidariskt ansvarig med Trioplast Wittenheim för den del av bötesbeloppet som belöper på den tid som sökanden ägt dotterbolaget, det vill säga tre år. Sökanden har vidare påpekat att den metod som tillämpades av kommissionen innebär att de tre år under vilka sökanden ägde Trioplast Wittenheim räknas dubbelt, eftersom åren i fråga läggs såväl sökanden som Trioplast Wittenheim till last. Sökanden anser, beträffande sitt påstående att beräkningsmetoden aldrig tidigare använts, att kommissionens uppgift att metoden ska ha tillämpats i en rad beslut som fattats efter ärendet ”AstraZeneca” (ärende COMP/A.37.507/F3 – Astra Zeneca) (EUT L 332, 2006, s. 24) är irrelevant. De aktuella besluten har inte prövats av gemenskapsdomstolarna och kan inte anses utgöra fast praxis. Med hänsyn till olägenheterna med den tillämpade metoden borde kommissionen, i likhet med vad sökanden har gjort gällande, ha tillämpat den metod som den använt i några tidigare ärenden, däribland ärendet ”Organiska peroxider” (ärende COMP/E-2/37.857 – Organiska peroxider) (EUT L 110, 2005, s. 44). I detta ärende, som rörde ett dotterbolag som deltagit i en överträdelse längre än moderbolaget, fastställde kommissionen ett enda utgångsbelopp, varpå den, i motsats till vad den gjorde för Trioplast Wittenheim och dess moderbolag, delade upp detta belopp mellan de två ekonomiska enheter som var inblandade efter varandra, nämligen den som utgjordes av dotterbolaget och den som utgjordes av dotterbolaget och dess moderbolag. Utgångsbeloppet anpassades därefter för var och en av dessa ekonomiska enheter utifrån hur länge de deltagit, utifrån försvårande och förmildrande omständigheter och utifrån taket på 10 procent av omsättningen. Med hänsyn till de parametrar som kommissionen uppställt i sökandens fall, skulle tillämpningen av denna metod leda till att sökanden blev solidariskt ansvarig med Trioplast Wittenheim för 2,58 miljoner euro. En andra metod som kommissionen enligt sökanden skulle ha kunnat tillämpa, hade varit att dividera Trioplast Wittenheims totala bötesbelopp på 17,85 miljoner euro med 20 år, det vill säga överträdelsens totala längd. Detta skulle leda till 0,89 miljoner euro per år. För att fastställa det belopp för vilket FLS Plast och FLSmidth, å ena sidan, och sökanden, å andra sidan, skulle svara solidariskt, skulle kommissionen enligt denna metod ha multiplicerat det årliga beloppet 0,89 miljoner euro med 8 år respektive 3 år. Enligt denna metod skulle sökanden ha svarat solidariskt med Trioplast Wittenheim för 2,67 miljoner euro. Om tribunalen skulle godta den metod för beräkning av böterna som använts i förevarande fall, anser sökanden sig ha diskriminerats i förhållande till de företag som ålagts böter enligt principerna i besluten i ärendena Organiska peroxider och VVS Kopparrör (ärende C.38.069 – VVS-kopparrör) (EUT L 192, 2006, s. 21). Sökanden anser sig också ha utsatts för en diskriminering i förhållande till de företag som ålagts böter i enlighet med riktlinjerna för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 (EUT C 210, 2006, s. 2) (nedan kallade de nya riktlinjerna för beräkning av böter), vars tillämpning skulle ha lett till betydligt lägre böter för sökanden. Kommissionen har yrkat att talan inte ska bifallas på denna del av den första grunden. –       Tribunalens bedömning I artikel 1 i det angripna beslutet slog kommissionen fast att Trioplast Wittenheim, FLS Plast, FLSmidth och sökanden hade brutit mot artikel 81 EG. Därvid preciserades att Trioplast Wittenheims överträdelse pågick från och med den 6 januari 1982 till och med den 26 juni 2002, att FLS Plasts och FLSmidths överträdelse pågick från och med den 31 december 1990 till och med den 19 januari 1999, och att sökandens överträdelse pågick från och med den 21 januari 1999 till och med den 26 juni 2002. Böter på 17,85 miljoner euro påfördes Trioplast Wittenheim i enlighet med artikel 2 första stycket f i det angripna beslutet. Av detta belopp har FLS Plast och FLSmidth solidariskt betalningsansvar för 15,30 miljoner euro och sökanden för 7,73 miljoner euro. Sökanden har inom ramen för förevarande grund bestritt att den beräkningsmetod som kommissionen använde för att fastställa ”böterna” är välgrundad. Tribunalen noterar i detta avseende inledningsvis att kommissionen, bland annat i skäl 879 i det angripna beslutet, skiljer mellan böter som påförts vissa av dem till vilka det angripna beslutet riktas, och de belopp för vilka andra personer som det angripna beslutet riktas till svarar solidariskt. Det är i detta avseende anmärkningsvärt att kommissionen i nämnda skäl 879 i det angripna beslutet i vissa fall påför de dotterbolag som deltagit direkt i kartellen de belopp som den kommit fram till med tillämpning av sin beräkningsmetod såsom böter, medan den påför moderbolagen beloppen såsom takbelopp för vilka dessa ska svara solidariskt. I andra fall påförs däremot dessa belopp moderbolagen såsom böter, medan de dotterbolag som deltagit direkt i kartellen påförs beloppen såsom takbelopp för vilka dessa ska svara solidariskt när det gäller betalningen av böterna. Kommissionen använder för övrigt termen ”böter” utan åtskillnad för att beteckna såväl böter som sådana, som det tak upp till vilket den som beslutet riktas till svarar solidariskt när det gäller betalning av böterna. Denna urskillningslösa användning av termen ”böter” framgår bland annat av skälen 784, 841 och 867 i det angripna beslutet, där kommissionen, i enlighet med vad som framgår av artikeldelen i det angripna beslutet, angav de fastställda beloppen, såväl i form av böter som i form av ett solidariskt ansvar för betalningen av dessa böter. Tribunalen konstaterar således att den beräkningsmetod som kommissionen tillämpade uteslutande avser fastställelsen av de belopp som ska tillskrivas dem till vilka det angripna beslutet riktas, oberoende av skälet till varför detta belopp tillskrivs dem. I den mån nämnda beräkningsmetod inte anger skälet till varför de fastställda beloppen påförs dem till vilka det angripna beslutet riktas, det vill säga om de påförs såsom böter eller såsom takbelopp för bolagets solidariska ansvar för betalning av böterna, kommer tribunalen inom ramen för den här aktuella grunden endast att pröva huruvida den omtvistade, av kommissionen tillämpade, beräkningsmetoden är välgrundad till den del den avgör fastställelsen av de tilldelade beloppen. Vad för det första gäller beräkningen av det belopp som tillskrivits Trioplast Wittenheim har det i punkterna 17–20 ovan visats att kommissionen kom fram till det slutgiltiga beloppet på 17,85 miljoner euro genom att, först inom ramen för en differentierad behandling och på grundval av den andel av marknaden som uppnåtts med hjälp av den aktuella produkten på det relevanta territoriet, hänföra Trioplast Wittenheim till den femte gruppen och genom att tillskriva bolaget ett utgångsbelopp på 8,5 miljoner euro. Kommissionen räknade därefter upp utgångsbeloppet på 8,5 miljoner euro med 200 procent på grund av den tid, fastställd till 20 år och 5 månader, som bolaget deltog i kartellen, vilket utmynnade i ett grundbelopp på 25,5 miljoner euro. I avsaknad av försvårande eller förmildrande omständigheter och eftersom taket på 10 procent av omsättningen inte hade någon inverkan, satte kommissionen endast ned grundbeloppet med 30 procent i enlighet med meddelandet om samarbete. Vad därefter gäller beräkningen av det belopp som tillskrevs sökanden fastställde kommissionen samma utgångsbelopp som det som fastställdes för Trioplast Wittenheim. Kommissionen räknade därefter upp utgångsbeloppet med 30 procent för att grundbeloppet skulle återspegla den tid på tre år som sökanden deltagit i överträdelsen. Grundbeloppet på 11,05 miljoner euro sattes ned med 30 procent, med tillämpning av meddelandet om samarbete. Det belopp som tillskrevs sökanden kom således att uppgå till 7,73 miljoner euro. Samma metod tillämpades på det tidigare moderbolaget till Trioplast Wittenheim, FLS Plast, och dess holdingbolag, FLSmidth, vilka tillskrevs ett belopp på 15,30 miljoner euro. I deras fall skedde varken någon uppräkning eller nedsättning av böterna på grund av försvårande eller förmildrande omständigheter, och till skillnad från vad som var fallet för sökanden skedde inte heller någon nedsättning på grundval av meddelandet om samarbete. Mot bakgrund av dessa överväganden konstaterar tribunalen – med förbehåll för bedömningen av övriga grunder som sökanden åberopat – att sökanden inte har visat att kommissionen åsidosatte förordning nr 1/2003 eller avvek från riktlinjerna för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 15.2 i förordning nr 17 och artikel 65.5 i EKSG-fördraget (EGT C 9, 1998, s. 3) (nedan kallade riktlinjer för beräkning av böter), vid fastställandet av de belopp som tillskrevs Trioplast Wittenheim och sökanden. Sökanden har nämligen inte inom ramen för denna första del av den första grunden anfört något argument till stöd för att beräkningsmetoden som sådan ska anses vara baserad på ett grundläggande fel eller strida mot rättspraxis. Det ska i detta hänseende för det första konstateras att sökandens påstående att den inte själv åsidosatt konkurrensreglerna inte kan godtas. Sökanden, som hölls ansvarig för Trioplast Wittenheims konkurrensbegränsande beteende under perioden mellan den 21 januari 1999 och den 26 juni 2002, påfördes nämligen med stöd av artikel 23.2 i förordning nr 1/2003 ett belopp för att ha gjort sig skyldig till en överträdelse som sökanden själv ansågs ha begått till följd av att den hölls ansvarig för detta beteende (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 16 november 2000 i mål C‑294/98 P, Metsä‑Serla m.fl. mot kommissionen, REG 2000, s. I‑10065, punkt 28). Det ska i detta hänseende betonas att det faktum att sökanden har lastats för Trioplast Wittenheims beteende inte har ifrågasatts. Det ska för det andra påpekas att sökanden har fel när den hävdar att kommissionen underlät att beakta att Trioplast Wittenheim under den period av mer än 20 år som den konkurrensbegränsande samverkan pågick tillhörde tre moderbolag i följd. Av det angripna beslutet framgår nämligen att kommissionen, vid fastställandet av de belopp som tillskrivits sökanden och FLS Plast och FLSmidth, visade att dessa belopp hade nära anknytning till den tid under vilken vart och ett av dessa moderbolag till Trioplast Wittenheim var inblandade. Som påpekas ovan i punkt 68, räknade kommissionen, för sökandens del, upp utgångsbeloppet på 8,5 miljoner euro med 30 procent, det vill säga med 10 procent för varje helt år som sökanden ägde kapitalet i Trioplast Wittenheim. Motsvarande åtgärd vidtogs även i fråga om FLS Plast och FLSmidth. Sökandens påstående att den hållits ansvarig för en annan överträdelse än den som den gjort sig skyldig till är följaktligen ogrundat. Den av sökanden åberopade domen, i det ovan i punkt 56 nämnda målet Cascades mot kommissionen, är i detta avseende irrelevant, eftersom denna dom – i motsats till vad som här är fallet – rör moderbolagets ansvar för överträdelser som dotterbolagen begått innan de förvärvades av moderbolaget. I den mån sökanden har gjort gällande att kommissionen borde ha delat utgångsbeloppet med tre innan det ändrades med hänsyn till övriga omständigheter, konstaterar tribunalen endast att sökanden inte åberopat någon regel eller rättsprincip som innebär en sådan skyldighet för kommissionen. Synsättet att ett moderbolag ska tillskrivas samma utgångsbelopp som det som fastställts för det dotterbolag som deltagit direkt i den konkurrensbegränsande samverkan, utan att detta utgångsbelopp delas upp då flera moderbolag avlöst varandra i tiden, kan inte i sig anses olämpligt. Målet med kommissionens tillämpning av denna beräkningsmetod är nämligen att ett moderbolag som hålls ansvarigt för en överträdelse till följd av det som tillskrivs detta bolag ska kunna åläggas samma utgångsbelopp som det som det skulle ha ålagts om det hade deltagit direkt i kartellen. Detta överensstämmer med föremålet för konkurrenspolitiken och, i synnerhet, med föremålet för det instrument i konkurrenspolitiken som utgörs av böter, vilket består i att styra företagens beteende så att de iakttar konkurrensreglerna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 6 april 1995 i mål T‑150/89, Martinelli mot kommissionen, REG 1995, s. II‑1165, punkt 59). Hursomhelst, det är inte möjligt att härleda en skyldighet att dela upp utgångsbeloppet under de villkor som anges i punkt 74 ovan ur blotta omständigheten att en sådan uppdelning av utgångsbeloppet skulle ha skett i samband med handläggningen av tidigare ärenden, såsom ärendet Organiska peroxider. I den mån en beslutspraxis beträffande metoden för beräkning av belopp skulle ha etablerats av kommissionen vid tiden då de beslut som sökanden avser fattades, finns det inget som hindrar att denna praxis kunde frångås i det nu aktuella ärendet, eller att den ändras. Enligt fast rättspraxis utgör nämligen kommissionens tidigare beslutspraxis inte i sig någon rättslig ram för beräkning av böter på konkurrensområdet, eftersom det endast är i förordning nr 1/2003 som denna rättsliga ram definieras (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 24 september 2009 i de förenade målen C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P och C‑137/07 P, Erste Bank der österreichischen Sparkassen mot kommissionen, REG 2009, s. I‑0000, punkt 233 och där angiven rättspraxis, och se, analogt, förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T‑23/99, LR AF 1998 mot kommissionen, REG 2002, s. II‑1705, punkt 234). Det ska för det tredje, i förlängningen av föregående punkter, påpekas att den omständigheten att sammanläggningen av de belopp som tillskrivits dels sökanden, dels FLS Plast och FLSmidth, överskrider det belopp som tillskrivits deras dotterbolag Trioplast Wittenheim inte i sig kan leda till slutsatsen att den beräkningsmetod som kommissionen använde är uppenbart felaktig. Med hänsyn till att den metod som anges i riktlinjerna för beräkning av böter jämte principen om att straff och påföljder ska vara individuella tillämpats på omständigheterna i förevarande fall, hade kommissionen nämligen rätt att, då det visats att det fanns en ekonomisk enhet som deltagit i överträdelsen, hålla en av de juridiska personer som ingick, eller hade ingått, i denna ekonomiska enhet – oavsett om det rör sig om moderbolaget eller ett dotterbolag – ansvarig för betalningen av ett högre belopp än det som den andra juridiska personen eller de andra juridiska personerna som ingick, eller hade ingått, i nämnda ekonomiska enhet hade att betala. Vid en överträdelse som begicks av ett dotterbolag som tillhört flera ekonomiska enheter efter varandra under den tid när överträdelsen pågick, kan det följaktligen inte a priori anses olämpligt att det kumulerade beloppet för moderbolagen överstiger det belopp eller de kumulerade belopp som tillskrivits dotterbolaget. Vad för det fjärde gäller sökandens påstående att kommissionen skulle ha åsidosatt de grundläggande principer som är tillämpliga i fråga om solidariskt ansvar, påpekar tribunalen att sökanden inom ramen för denna grund inte har preciserat dessa principers natur eller innehåll. I det fallet att sökanden har gjort gällande att de tre argumenten i punkterna 71–76 ovan innebär ett åsidosättande av dessa principer, är det tillräckligt att upprepa att dessa argument är ogrundade, oavsett de aktuella principernas natur eller innehåll. Denna invändning kan således inte godtas. I den mån som sökanden har bestritt beloppet för sitt solidariska betalningsansvar avseende de böter som påförts Trioplast Wittenheim, med hänvisning till att de sammanlagda belopp med vilka dess solidariska ansvar, å ena sidan, och FLS Plasts och FLSmidths ansvar, å andra sidan, uppges överskrida de böter som i första hand påförts Trioplast Wittenheim, ska det påpekas att denna invändning omfattas av den sjätte grunden. Denna invändning kommer därför att prövas särskilt vid prövningen av den grunden. Vad för det femte gäller påståendet att de tre år under vilka sökanden ägde Trioplast Wittenheim räknades dubbelt vid tillämpningen av beräkningsmetoden, gör tribunalen följande bedömning. Inget hindrade att kommissionen beaktade denna treårsperiod vid fastställandet av både det belopp som tillskrivits sökanden och det belopp som tillskrivits Trioplast Wittenheim. Det kan inte ske någon dubblering vid solidariskt betalningsansvar, eftersom en betalning (oavsett vem det är som är betalar) innebär att borgenärens fordran är utsläckt i förhållande till dem som är betalningsansvariga tillsammans med huvudgäldenären, liksom i förhållande till den sistnämnde. Slutligen vinner sökandens påstående, att beräkningsmetoden aldrig tidigare hade tillämpats, inte stöd i de faktiska omständigheterna, eftersom det av diskussionerna vid tribunalen har framkommit att kommissionen faktiskt använt denna beräkningsmetod i en rad beslut före det angripna beslutet. Blotta omständigheten att dessa beslut vid denna tid inte hade prövats av unionens domstolar föranleder inte tribunalen att göra någon annan bedömning. Med hänsyn till den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 75 är den omständigheten att kommissionen skulle ha tillämpat en annan metod i ärendena från tiden före ärendet ”AstraZeneca” för övrigt irrelevant. Med hänsyn till de argument som sökanden anfört i samband med den första grundens första del, kan sökanden inte anses ha visat att kommissionen saknade stöd för att tillämpa förevarande beräkningsmetod för att fastställa det belopp som tillskrevs sökanden. Sökanden kan inte heller vinna framgång med argumentet att kommissionen åsidosatte likabehandlingsprincipen och de nya riktlinjerna för beräkning av böter, vilka för övrigt inte är tillämpliga i förevarande mål. Det räcker i detta avseende att hänvisa till ovan i punkt 75 nämnda rättspraxis angående kommissionens beslutspraxis och till den rättspraxis som säger att enbart den omständigheten att tillämpningen av den metod som föreskrivs i de nya riktlinjerna för beräkning av böter kan leda till att ett lägre belopp tillskrivs än det belopp som påförts genom det angripna beslutet inte kan visa att sistnämnda bötesbelopp är oproportionerligt (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 september 2006 i mål T‑329/01, Archer Daniels Midland mot kommissionen, REG 2006, s. II‑3255, punkt 380). Talan ska således inte bifallas på den första grundens första del, och det saknas skäl att pröva de beräkningsmetoder som sökanden föreslagit. Den första grundens andra del: Lagenligheten av fastställandet av överträdelsens allvar vid beräkningen av böterna –       Parternas argument Sökanden har kritiserat kommissionen för att vid fastställandet av utgångsbeloppet ha baserat sig på Trioplast Wittenheims marknadsandel år 1996, som enligt det angripna beslutet var det sista året av överträdelsen då samtliga företag till vilka det angripna beslutet riktades fortfarande var verksamma på marknaden för industrisäckar. Genom att inom ramen för den differentierade behandlingen välja år 1996 som referensår bröt kommissionen mot den praxis som den själv etablerat för fastställandet av en överträdelses allvar. Enligt denna praxis, som accepterats av gemenskapsdomstolarna, ska referensåret utgöras av det sista helår under vilket överträdelsen pågick för att på det mest lämpliga sättet uppskatta den ekonomiska styrkan hos var och en av kartelldeltagarna. I förevarande mål borde således år 2001 ha utgjort referensår. Sökanden har också gjort gällande att även om det var riktigt att kommissionens metod visar att dess avsikt var att tilldela FLS Plast, FLSmidth och sökanden ett eget utgångsbelopp, det vill säga skilt från utgångsbeloppet för Trioplast Wittenheim, borde detta belopp ha relaterat till den tid då respektive moderbolag ägt Trioplast Wittenheim. Utgångsbeloppet för sökanden kunde därmed inte lagligen baseras på Trioplast Wittenheims marknadsandel år 1996, eftersom sökanden förvärvade Trioplast Wittenheim först år 1999. För det fall tribunalen ändå skulle godta valet av år 1996 som referensår, har sökanden hävdat att kommissionen åsidosatte proportionalitetsprincipen. Genom att grunda sig på Trioplast Wittenheims marknadsandel på 2,8 procent år 1996, inkluderade kommissionen tillverkningen av öppna säckar och ventilsäckar som Trioplast Wittenheim lagt ned år 1997. Kommissionen borde med hänsyn till Trioplast Wittenheims marknadsandel år 2001, som uppgick till ungefär 0,4 procent, ha inkluderat Trioplast Wittenheim i den sjätte företagsgruppen eller till och med i en sjunde grupp och inte i den femte gruppen. Med hänvisning till sitt utrymme för skönsmässig bedömning i detta avseende har kommissionen hävdat att valet av år 1996 som referensår är berättigat, eftersom den således, med beaktande av omsättningen för detta år, kunde bedöma varje företags storlek och ekonomiska styrka inom branschen samt omfattningen av den överträdelse som vart och ett av dessa företag gjort sig skyldigt till. Principen om likabehandling kräver att kommissionen använder ett och samma år som referensår, även om valet av ett visst år som referensår oundgängligen innebär att vissa företag kan ha redovisat en högre eller lägre omsättning i förhållande till andra år. Enligt kommissionen var valet av år 1996 som referensår rimligt, även om sökanden förvärvade Trioplast Wittenheim från FLS Plast år 1999. Trioplast Wittenheim fortsatte nämligen att delta i kartellen även efter att det bytt moderbolag. Kommissionen har hävdat att referensåret kan vara antingen under den period då FLS Plast var inblandat eller under den period då sökanden var inblandad, men inte båda samtidigt. Vad gäller det påstådda åsidosättandet av proportionalitetsprincipen, har kommissionen anfört att det faktum att Trioplast Wittenheim lagt ned viss produktion under år 1997 snarare är ett faktum som talar för att använda år 1996 som referensår, eftersom detta bättre återspeglar Trioplast Wittenheims position på marknaden och gentemot övriga kartellmedlemmar under större delen (ungefär tre fjärdedelar) av den totala period som överträdelsen pågick. –       Tribunalens bedömning Som framgår av punkt 75 ovan är kommissionen för det första inte bunden av sina tidigare beslut. Även om det antas att fastställandet av referensåret i det nu aktuella ärendet avvek från etablerad praxis, hade denna omständighet alltså inte i sig någon betydelse för huruvida det angripna beslutet var lagenligt eller ej. Det är vidare fast rättspraxis att bedömningen av överträdelsens allvar ska avse den ekonomiska verkligheten sådan den tedde sig vid tidpunkten när denna överträdelse begicks. De relevanta omständigheter som i detta avseende ska beaktas är bland annat respektive företags storlek och ekonomiska styrka, samt omfattningen av vartdera företagets överträdelse (förstainstansrättens dom av den 14 maj 1998 i mål T‑334/94, Sarrió mot kommissionen, REG 1998, s. II‑1439, punkt 397 och där angiven rättspraxis). För bedömningen av dessa omständigheter ska omsättningen för den aktuella perioden användas som utgångspunkt (domstolens dom av den 16 november 2000 i mål C‑291/98 P, Sarrió mot kommissionen, REG 2000, s. I‑9991, punkt 86 och där angiven rättspraxis). Även om det är riktigt som sökanden uppgett att den beräkningsmetod som användes i det ärende som utmynnade i domarna av den 14 maj 1998 i det ovan i punkt 91 nämnda målet Sarrió mot kommissionen och av den 16 november 2000 i det ovan i punkt 91 nämnda målet Sarrió mot kommissionen baserades på omsättningen under det sista helår som överträdelsen pågick, innebär inte denna omständighet att detta val alltid ska göras. Som framgår av samma rättspraxis ska nämligen den beräkningsmetod väljas som gör det möjligt att beakta respektive företags storlek och ekonomiska styrka, samt omfattningen av vartdera företagets överträdelse utifrån den ekonomiska verkligheten sådan den tedde sig vid tidpunkten när denna överträdelse begicks (domen av den 16 november 2000 i det ovan i punkt 91 nämnda målet Sarrió mot kommissionen, punkt 88). Förstainstansrätten har även funnit att den relevanta tidsperioden måste avgränsas, så att de siffror avseende omsättningen som erhålls är så jämförbara som möjligt (förstainstansrättens dom av den 14 maj 1998 i mål T‑319/94, Fiskeby Board mot kommissionen, REG 1998, s. II‑1331, punkt 42). Tribunalen godtar således inte sökandens uppfattning att referensåret ska vara det sista helår under vilket överträdelsen pågick. Det ska i förevarande mål emellertid konstateras att överträdelsen pågick i mer än 20 år och att antalet företag som var inblandade i överträdelsen, och den yttre formen för vart och ett av dessa företag, kan ha utvecklats under dessa 20 år, liksom även deras respektive storlek och ekonomiska styrka. Tribunalen konstaterar i detta hänseende att även om sökanden distinkt återfinns bland dem till vilka det angripna beslutet riktas, ingår den inte – såsom påstås i skäl 767 i nämnda beslut – bland de företag som omfattas av det angripna beslutet och som under det valda referensåret 1996 fanns på marknaden för industrisäckar. Dessutom framgår det av handlingarna i målet att den ekonomiska enhet av vilken sökanden utgjorde en del mellan den 21 januari 1999 och den 26 juni 2002, det vill säga mot slutet av den period under vilken överträdelsen pågick, inte längre bedrev tillverkning av två produkter som omfattas av sektorn för industrisäckar, vilka tidigare tillverkades av Trioplast Wittenheim. Det framgår också att dess marknadsandel under denna period uppgick till ungefär 0,4–0,5 procent. Under dessa förhållanden kan det inte hävdas att den omsättning och den marknadsandel som kommissionen utgått från, det vill säga Trioplast Wittenheims omsättning och marknadsandel år 1996, kan återspegla storleken och den ekonomiska styrkan hos det företag av vilket sökanden har utgjort en del sedan år 1999. Ur detta perspektiv ska det konstateras att det av det angripna beslutet framgår att kommissionen vid beräkningen av böterna tillämpade ett individualiserat synsätt, i syfte att behandla de mottagare av det angripna beslutet som endast i egenskap av moderbolag hölls ansvariga som direkt delaktiga i överträdelsen. Att, i den mån som sökanden och Trioplast Wittenheim utgjorde en ekonomisk enhet som inte existerade före år 1999, använda år 1996 som referensår för en sådan enhet kan inte utan ytterligare relevanta indicier motsvara den ekonomiska verkligheten sådan den tedde sig vid den tid då detta företag deltog i överträdelsen. Detta referensår kan följaktligen inte vara kännetecknande för omfattningen av den överträdelse som lagts sökanden till last. De argument som kommissionen har framfört i detta sammanhang föranleder inte tribunalen att göra någon annan bedömning. I den mån som kommissionen – bland annat i sitt svar på tribunalens frågor – har hänvisat till sitt utrymme för skönsmässig bedömning på området, framgår det av punkterna 94 och 95 ovan att kommissionen, genom att inom ramen för den differentierade behandlingen inkludera sökanden i den grupp som Trioplast Wittenheim indelats i på grundval av sin marknadsandel år 1996, gjorde en uppenbart oriktig bedömning. Att använda marknadsandelen från ett referensår som inte är jämförbart med framtida år i ett fall som utvecklats på det sätt som skett i förevarande mål, kan dessutom medföra en diskriminering, genom att situationer som i tidsmässigt hänseende skiljer sig från varandra behandlas enligt ett och samma referenskriterium. Med argumentet att år 1996 återspeglar Trioplast Wittenheims ställning på den relevanta marknaden under hela den tid som överträdelsen pågick, bättre än vad dess ställning efter upphörandet med tillverkningen av vissa produkter på sektorn för industrisäckar år 1997 skulle kunna göra, förbises också att sökanden i förevarande mål vid bötesberäkningen ålagts ett separat belopp i förhållande till det som kommissionen ålade dess dotterbolag. Argumentet att Trioplast Wittenheims marknadsandel beaktades vid den differentierade behandlingen av sökanden saknar i det hänseendet betydelse, eftersom denna differentierade behandling grundades på en omsättning som sökanden inte tog del i. Denna omsättning kan således inte motsvara den ekonomiska verkligheten under den period då sökanden bildade en ekonomisk enhet med Trioplast Wittenheim. Tribunalen finner mot bakgrund av det ovan redovisade att sökanden ska vinna framgång med den första grundens andra del. Det angripna beslutet ska således ogiltigförklaras i den del sökandens utgångsbelopp har grundats på Trioplast Wittenheims marknadsandel under referensåret 1996. Den andra grunden: Huruvida kommissionen gjorde rätt då den inte beaktade några förmildrande omständigheter Parternas argument Sökanden anser att kommissionen vid fastställandet av bötesbeloppet borde ha beaktat de förmildrande omständigheter som förelåg beträffande Trioplast Wittenheims deltagande i överträdelsen. Sökanden har för det första hävdat att Trioplast Wittenheim endast sporadiskt deltog i de olagliga mötena. Sökanden har i det avseendet åberopat flera mötesprotokoll vilka bland annat uppges visa att Trioplast Wittenheims deltagande ifrågasattes av övriga deltagare och att Trioplast Wittenheim regelbundet uteblev från mötena. Dessa handlingar bekräftar också att Trioplast Wittenheim var en marginell ekonomisk aktör med en låg marknadsandel och att bolaget inte var drivande i de frågor som diskuterats inom ramen för det konkurrensbegränsande förfarandet. Sökanden har för det andra understrukit att Trioplast Wittenheim endast deltog i tre av sex undergrupper, det vill säga undergrupperna Frankrike, Benelux och blocksäckar, och att Trioplast Wittenheim upphörde med sitt deltagande i dessa undergrupper senast i februari månad år 1997. I den mån som deltagandet i undergrupperna utgjorde en överträdelse av artikel 81 EG, har sökanden gjort gällande att Trioplast Wittenheims överträdelse omfattas av preskriptionsreglerna. Under alla omständigheter ska såväl det förhållandet att Trioplast Wittenheims deltagande på undergruppsnivå var begränsat som det förhållandet att bolaget relativt tidigt drog sig ur kartellen anses utgöra förmildrande omständigheter. Sökanden har för det tredje hävdat att om tribunalen skulle finna att Trioplast Wittenheim deltog i överträdelsen efter den 23 mars 1999, borde den särskilda roll som detta bolag spelade i Valveplast under den tid som det var dotterbolag till sökanden ha ansetts som en förmildrande omständighet. Sökanden har i det sammanhanget understrukit att den fick kännedom om Valveplasts konkurrensbegränsande förfarande för första gången vid mötet den 23 mars 1999. Detta framgår enligt sökanden av aktieöverlåtelseavtalet mellan FLS Plast och Trioplanex France och av den skiljedom som meddelades i ett förfarande avseende ett eventuellt brott mot nämnda avtal. Efter detta möte ändrade Trioplast Wittenheim dessutom inställning internt, genom att dess anställda förbjöds att delta i Valveplasts konkurrensbegränsande förfarande. Trioplast Wittenheim återvände uteslutande i god tro till tre möten år 2001 för att delta i legitima diskussioner. Sökanden har i förlängningen av dess argument understrukit att de omständigheter som kommissionen åberopat mot att det skulle föreligga förmildrande omständigheter, såsom deltagandet i undergrupper, saknar betydelse med avseende på sökanden. Nämnda omständigheter avser nämligen en period innan sökanden hade förvärvat Trioplast Wittenheim. För det fall tribunalen skulle godta att separata böter beräknas för sökanden, anser sökanden att kommissionen borde ha beaktat förmildrande omständigheter från tiden efter nämnda förvärv, åtminstone vad gäller sökandens ansvar. Kommissionen har yrkat att talan inte ska bifallas på denna grund. Tribunalens bedömning Enligt rättspraxis gäller att när flera företag har deltagit i en överträdelse, ska för vart och ett av företagen prövas hur allvarlig den enskilda överträdelsen var (domstolens dom av den 16 december 1975 i de förenade målen 40/73–48/73, 50/73, 54/73–56/73, 111/73, 113/73 och 114/73, Suiker Unie m.fl. mot kommissionen, REG 1975, s. 1663, punkt 623), för att bestämma om hänsyn bör tas till förmildrande eller försvårande omständigheter. Om det visas att ett företag har haft en ”uteslutande passiv eller efterföljande roll” i genomförandet av överträdelsen, anses detta, enligt punkt 3 första strecksatsen i riktlinjerna för beräkning av böter, som en förmildrande omständighet. En passiv roll innebär att det berörda företaget har hållit en ”låg profil”, det vill säga att det inte aktivt har deltagit i utarbetandet av det, eller de, konkurrensbegränsande avtalet eller avtalen (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T‑220/00, Cheil Jedang mot kommissionen, REG 2003, s. II‑2473, punkt 167). Det följer i detta hänseende av rättspraxis att en av de omständigheter som kan visa att ett företag har haft en passiv roll i en kartell kan vara det faktum att företaget har deltagit i mötena betydligt mer sporadiskt än de ordinarie kartellmedlemmarna, liksom att företaget har inträtt sent på den marknad som är föremål för överträdelsen, oavsett hur länge företaget varit delaktigt i denna, eller vidare att företrädare för andra företag som har deltagit i överträdelsen har gjort uttryckliga uttalanden av detta slag (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 106 nämnda målet Cheil Jedang mot kommissionen, punkt 168, och förstainstansrättens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01–T‑246/01, T‑251/01 och T‑252/01, Tokai Carbon m.fl. mot kommissionen, REG 2004, s. II‑1181, punkt 331). Tribunalen har dessutom redan preciserat att den omständigheten att andra företag kan ha varit mer aktiva i en och samma kartell än ett visst företag ändå inte innebär att sistnämnda företag har haft en uteslutande passiv eller efterföljande roll. Det enda som kan beaktas är nämligen total passivitet, vilken ska styrkas av den part som åberopar denna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 26 april 2007 i de förenade målen T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 och T‑136/02, Bolloré m.fl. mot kommissionen, REG 2007, s. II‑947, punkt 611). I förevarande mål godtar tribunalen inte något av de argument som avser att sökanden skulle ha spelat en passiv och efterföljande roll i kartellen. Dessa argument har formulerats i tre grupper, varav den första bland annat avser att Trioplast Wittenheim inte deltog i Valveplastmötena samt Trioplast Wittenheims ställning på marknaden, den andra avser dess deltagande i undergrupperna och den tredje avser de omständigheter som ägde rum under perioden efter år 1999. För det första framgår det av bilaga 1 till det angripna beslutet, vilken innehåller flera detaljer från de Valveplastmöten som ägde rum under åren 1984–2002, att Trioplast Wittenheim med undantag för perioden efter år 1999 (vilket nämns i punkterna 44–50 ovan) regelbundet närvarade vid Valveplastmötena och ursäktade sig några gånger vid fall av frånvaro. Dessa uppgifter har inte bestritts, och kommissionen kan inte kritiseras för att inte ha fastställt att Trioplast Wittenheim spelade en passiv eller efterföljande roll genom att i begränsad omfattning ha deltagit i Valveplastmötena. Det är härvid inte nödvändigt att beakta Trioplast Wittenheims deltagandefrekvens i undergruppernas möten. Tribunalen preciserar i detta avseende att det inte heller fanns någon anledning för kommissionen att anta att övriga aktörer hyste några verkliga tvivel avseende Trioplast Wittenheims deltagande. Sökanden har i detta avseende inte förebringat någon bevisning i form av exempelvis utsagor från övriga deltagare i kartellen angående Trioplast Wittenheims speciella roll. Sökandens påståenden grundas uteslutande på innehållet i protokollen från Valveplastmötena, vilket inte ger något stöd för de slutsatser som sökanden önskar dra av nämnda innehåll. Noteringen i protokollet från mötet den 2 mars 1993 angående ändringen av Trioplast Wittenheims företrädares, G:s, ”passiva deltagande” till ett ”aktivt deltagande” är inte nödvändigtvis ett tecken på att övriga deltagare hyste några tvivel om att Trioplast Wittenheim som bolag var inblandat, eftersom det hade företrätts av andra personer före år 1992. Protokollet indikerar under alla förhållanden att G:s deltagande utvecklades mot en aktiv anslutning till kartellen från och med mars månad år 1993. Den omständigheten i sig att en deltagare i Valveplast år 2000 skulle ha fått i uppdrag att kontakta Trioplast Wittenheims företrädare för att diskutera företagets framtida representation utgör inte heller någon grund för att ifrågasätta Trioplast Wittenheims deltagande i kartellen. Vad gäller påståendet att Trioplast Wittenheim var en marginell aktör på marknaden, konstaterar tribunalen att så inte är fallet och att Trioplast Wittenheim var aktivt, såväl på den relevanta marknaden som inom Valveplast och i undergrupperna. Av skälen 134, 135 och 400 i det angripna beslutet framgår nämligen att Trioplast Wittenheim tillverkade alla de fyra produkter som var föremål för kartellen, nämligen öppna säckar, ventilsäckar, FFS‑säckar och blocksäckar. Ur detta perspektiv deltog Trioplast Wittenheim enligt vad som framgår av skälen 173, 179, 185 och 205 i det angripna beslutet inte bara i Valveplasts verksamhet utan också i undergrupperna blocksäckar, Frankrike och Benelux. Påståendet att Trioplast Wittenheim inte varit drivande i någon av de frågor som diskuterades inom ramen för de konkurrensbegränsande förfarandena är ogrundat. Som framgår av det angripna beslutet, inte minst skäl 802 däri, deltog Trioplast Wittenheim – som tillhörde kartellens grundare – vid upprepade tillfällen i flera konkurrensbegränsande förfaranden, vilka bland annat avsåg systemet med informationsutbyte beträffande försäljningsvolymerna och marknadsandelarna samt kundfördelningen. Vad för det andra gäller den omständigheten att Trioplast Wittenheim endast ska ha deltagit i tre av de sex undergrupperna och att det ska ha lämnat dessa undergrupper senast år 1997, konstaterar tribunalen att deltagandet i tre undergrupper inte var särskilt ovanligt i förhållande till övriga kartellmedlemmars deltagande, vilket vittnar om en jämförbar engagemangsgrad i undergrupperna. Det framgår nämligen av skälen 173–185 i det angripna beslutet att endast Wavin och Fardem Packaging medverkade vid möten i fler än tre undergrupper. Med hänsyn till att Trioplast Wittenheim faktiskt deltog i de tre nämnda undergrupperna under ungefär tre fjärdedelar av den tid då överträdelsen pågick, kan det inte fastställas att Trioplast Wittenheims utträde ur undergrupperna innebär att det spelade en passiv roll. Vad gäller sökandens argument att Trioplast Wittenheims överträdelse har preskriberats när det gäller deltagandet i undergrupperna, påpekar tribunalen endast att sökanden inte har bestritt kvalificeringen av överträdelsen som en enda och fortlöpande överträdelse. Eftersom den enda och fortlöpande överträdelsen upphörde den 26 juni 2002, och alltså inte kan anses som preskriberad, är slutet på Trioplast Wittenheims deltagande i undergrupperna irrelevant. För det tredje påpekar tribunalen att även om det antas att sökanden inte på något sätt var medveten om de konkurrensbegränsande förfarandena inom Valveplast vid förvärvet av Trioplast Wittenheim år 1999, har sökanden inte visat att Trioplast Wittenheim förhöll sig fullständigt passivt, i den mening som avses i den rättspraxis som anges i punkt 108 ovan, när det gäller deltagandet i kartellen mellan januari månad år 1999 och juni månad år 2002. Som framgår av bedömningen av den första grundens tredje del, särskilt punkterna 44 och 45 ovan, deltog Trioplast Wittenheim i tre möten under år 2001, under vilka kartellens två huvudsakliga beståndsdelar utarbetades, det vill säga modellen för prisberäkningen och samordningen av Internetauktioner. Sökanden har inte visat att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den inte på grund av förmildrande omständigheter medgav någon nedsättning av det belopp för vilket sökanden svarar solidariskt. Talan ska därför inte bifallas på den andra grunden. Den fjärde grunden: Ansökan om förmånlig behandling Parternas argument Sökanden anser att den 30-procentiga nedsättning av de ursprungliga böterna som kommissionen medgav med tillämpning av punkt D i meddelandet om samarbete borde ha varit större. Sökanden har för det första hävdat att Trioplast Wittenheim och sökanden efter ansökan om nedsättning av böterna samarbetade effektivt med kommissionen. Sökanden har uppgett att den försåg kommissionen med förklaringar och dokument som var till hjälp för kommissionen vid dess arbete med att identifiera överträdelsen. Sökanden har vidare uppgett att den omständigheten att sökanden under det administrativa förfarandet motsatte sig vissa fakta i meddelandet om invändningar inte borde ha lett till en begränsning av nedsättningen av bötesbeloppet. Sökanden betonade nämligen endast vissa omständigheter som kommissionen hade missförstått utan att någonsin bestrida det konkurrensbegränsande förfarandets existens. Kommissionen ändrade därefter redogörelsen av omständigheterna i flera avseenden. Sökanden anser i det avseendet att den borde ha rätt att ha en inställning till fakta som skiljer sig marginellt från kommissionens utan att för den sakens skull straffas vad gäller den förmånliga behandlingen. Sökanden har därefter påpekat att kommissionen beviljade bolaget Bischof+Klein en nedsättning med 25 procent och att underlåtenheten att motsätta sig det materiella innehållet i de omständigheter som redovisats i meddelandet om invändningar enligt det angripna beslutet har bidragit till nedsättningen av bötesbeloppet för det företaget. Eftersom sökanden inte heller motsatte sig den materiella sanningen avseende det konkurrensbegränsande förfarandet och eftersom den tillhandahöll mer bevisning än Bischof+Klein, borde sökanden ha beviljats en större nedsättning. Kommissionen har yrkat att talan inte ska bifallas på denna grund. Tribunalens bedömning Tribunalen erinrar om att kommissionen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller hur den beräknar böterna och kan härvid beakta ett stort antal olika faktorer, däribland berörda företags samarbete under institutionens undersökning. Kommissionen måste härvid göra komplicerade bedömningar av de faktiska omständigheterna, exempelvis vad rör respektive företags samarbete (domstolens dom av den 10 maj 2007 i mål C‑328/05 P, SGL Carbon mot kommissionen, REG 2007, s. I‑3921, punkt 81). Kommissionen har i detta avseende ett stort utrymme för att skönsmässigt bedöma kvaliteten på och användbarheten av det samarbete som tillhandahålls av ett företag, bland annat i förhållande till andra företags samarbete (domen i det ovan i punkt 122 nämnda målet SGL Carbon mot kommissionen, punkt 88). Dock får kommissionen inom ramen för denna bedömning inte åsidosätta likabehandlingsprincipen (tribunalens dom av den 28 april 2010 i mål T‑452/05, BST mot kommissionen, REU 2010, s. II‑0000, punkt 142). I meddelandet om samarbete har kommissionen preciserat villkoren för att företag som samarbetar med kommissionen under utredningen av en kartell ska kunna undantas från böter eller erhålla en nedsättning av de böter som de annars skulle ha varit skyldiga att betala. I punkt D i meddelandet om samarbete föreskrivs följande: ”1. Om ett företag samarbetar utan att alla de villkor som anges i [punkterna] B eller C är uppfyllda kommer det att beviljas en nedsättning med 10–50 % av det bötesbelopp som det skulle ha ålagts om det inte hade samarbetat. 2. Detta kan ske i till exempel följande fall: – Ett företag förser kommissionen med upplysningar, dokument eller annat bevismaterial som bidrar till att fastställa att överträdelsen har begåtts, innan ett meddelande om [invändningar] sänds ut. – Ett företag informerar kommissionen om att det inte bestrider de faktiska omständigheter som kommissionen grundar sina anklagelser på, efter det att det har tagit emot ett meddelande om [invändningar].” I förevarande fall ska det för det första observeras att kommissionen i det angripna beslutet konstaterade att sökandens detaljerade förklaringar om hur kartellen fungerade inom Valveplast och i undergrupperna, bland annat i undergruppen Frankrike, samt angående kvoterna, mekanismerna för kundallokering och betydelsen av tabellerna över marknadsandelar, hade bidragit till fastställandet av att det skett en överträdelse. Kommissionen beaktade för det andra att sökanden bestred vissa omständigheter, vilka framgår av meddelandet om invändningar. Dessa överväganden ledde till att kommissionen satte ned böterna för sökanden med 30 procent. Vad först gäller kommissionens konstaterande att sökanden hade bestritt vissa omständigheter sådana de framgår av meddelandet om invändningar och det faktum att nedsättningen av det belopp för vilket sökanden svarar solidariskt blev mindre på grund härav, finner tribunalen att dessa inte kan anses utgöra en uppenbart oriktig bedömning. Av det angripna beslutet framgår nämligen att sökanden bestred vissa av omständigheterna i meddelandet om invändningar i större omfattning än bara angivelser av faktiska uppgifter som kommissionen skulle ha feltolkat. Enligt skälen 275 och 276 i det angripna beslutet uppgav sökanden att Trioplast Wittenheim inte var inblandat i införandet av systemet för samordning av Internetauktioner. Det är emellertid visat att Trioplast Wittenheim medverkade vid Valveplastmötet den 8 juni 2001 då denna fråga behandlades, och att Trioplast Wittenheim därvid inte öppet tog avstånd från det som avhandlades på mötet. Enligt skäl 301 i det angripna beslutet bestred sökanden all inblandning från Trioplast Wittenheims sida i utarbetandet av modellen för beräkning av priset på FFS-säckar, samtidigt som det är utrett att Trioplast Wittenheim deltog i Valveplastmötet den 15 september 2000, där det beslutades om bildande av den arbetsgrupp som skulle ägna sig åt detta. Trioplast Wittenheim tog inte heller avstånd från det som avhandlades på detta möte. Dessa bestridanden från sökandens sida under det administrativa förfarandet kan inte anses som bedömningar av omständigheterna som skiljer sig marginellt från kommissionens. De avser två huvudsakliga beståndsdelar i kartellen, nämligen samordningen av Internetauktioner och modellen för beräkningen av priset. Denna bedömning kan för övrigt inte påverkas av att det angripna beslutet till följd av sökandens svar i viss utsträckning skiljer sig från meddelandet om invändningar när det gäller de faktiska omständigheterna. Vad därefter beträffar jämförelsen mellan sökanden och Bischof+Klein, som för övrigt beviljades en nedsättning som var mindre än den på 30 procent som beviljades sökanden, framgår det av skäl 851 i det angripna beslutet att Bischof+Klein i sitt svar på meddelandet om invändningar uppgav att det inte bestred att omständigheterna, sådana de framgår av meddelandet om invändningar, var korrekta i materiellt hänseende. Bischof+Klein följde således punkt D.2 andra strecksatsen i meddelandet om samarbete till skillnad från sökanden som, i likhet med vad som framgår av handlingarna i målet, aldrig uttryckligen hänvisade till denna bestämmelse. Det är för övrigt utrett att sökanden bestred vissa av de faktiska omständigheterna under det administrativa förfarandet, utan att därvid förebringa några bevis för att Bischof+Klein trots förklaringen i svaret på meddelandet om invändningar bestred de faktiska omständigheterna i materiellt hänseende under det administrativa förfarandet. Även om det antas att kommissionen dels skulle ha beviljat en nedsättning av böterna för Bischof+Klein, eller en större nedsättning än den som annars skulle ha beviljats Bischof+Klein, på grund av att detta företag inte hade bestritt de faktiska omständigheterna i materiellt hänseende, dels skulle ha underlåtit att bevilja sökanden en sådan nedsättning, kan det inte anses att det därvid är fråga om en uppenbart oriktig bedömning. Det ska slutligen påpekas att sökanden varken har påstått eller a fortiori visat att den bevisning som den gett in till kommissionen skulle ha bidragit till konstaterandet av en överträdelse i större utsträckning än det som Bischof+Klein bidrog med. Inte heller i detta avseende kan det således fastställas att kommissionen begick något fel. Talan ska således inte bifallas på den fjärde grunden. Den femte grunden: Iakttagande av proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen Parternas argument Sökanden har hävdat att kommissionen har underlåtit att iaktta proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen. Sökanden anser för det första att det är oproportionerligt att de sammanlagda böterna för samtliga företag som varit delaktiga i överträdelsen, det vill säga 290,71 miljoner euro efter tillämpningen av taket på 10 procent av omsättningen och meddelandet om samarbete (och mer än 600 miljoner euro dessförinnan), överstiger årsomsättningen på hela den relevanta marknaden, det vill säga ungefär 250 miljoner euro. Sökanden har även anklagat kommissionen för att det bötesbelopp den påförde Trioplast Wittenheim, och de böter den påförde sökanden för dess solidariska ansvar, är för höga i förhållande till omsättningen på den relevanta marknaden. Sökanden har i detta hänseende bestritt att förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T‑224/00, Archer Daniels Midland och Archer Daniels Midland Ingredients mot kommissionen (REG 2003, s. II‑2597), skulle vara tillämplig i förevarande mål, eftersom Archer Daniels Midland till skillnad från sökanden hade en ledande roll i den ifrågavarande kartellen. Sökanden anser för det andra att kommissionen behandlat lika fall olika och att den inte följt sin egen bötespraxis. Sökanden har hänvisat till andra ärenden, exempelvis Metioninärendet (ärende C/37.519 – Metionin) (EUT L 255, 2003, s. 1), i vilka förhållandet mellan påförda böter och den omsättning som realiserats på de relevanta marknaderna var skäligare. Sökanden har vidare gjort gällande att de böter som påförts Trioplast Wittenheim är mera oproportionerliga i förhållande till dess omsättning än för andra företag som det angripna beslutet riktas till, såsom Bischof+Klein, Nordenia International och Cofira-Sac. Sökanden har tillagt att förhållandet mellan utgångsbeloppen för företagen i den första och den fjärde gruppen bestämdes till ungefär fyra till ett. Enligt sökanden borde även slutbeloppet avseende Trioplast Wittenheims böter ha justerats ned så att det motsvarade åtminstone ungefär en fjärdedel av Bischof+Kleins slutbelopp, vilket hänförts till den första gruppen. Sökanden har för det tredje uppgett att Trioplast Wittenheim var en liten spelare med obetydligt inflytande på marknaden och att det inte tjänat något på att delta i det konkurrensbegränsande förfarandet. Sökanden har i detta avseende hävdat att bötesbeloppet på 7,3 miljoner euro för vilket sökanden är solidariskt ansvarig är 21 gånger större än den sammanlagda förtjänsten från de berörda produkterna för Trioplastgruppen under åren 1999, 2000 och 2001. Kommissionen tog inte heller någon hänsyn till Trioplast Wittenheims faktiska betalningsförmåga när den bestämde bötesbeloppet. Enligt sökanden hade Trioplast Wittenheims konkurs kunnat undvikas om kommissionen hade beaktat dess trångmål och om den i det angripna beslutet hade gett den tidigare ägaren FLS Plast direkt ekonomiskt ansvar. Sökanden har för det fjärde hävdat att det bötesbelopp som påförts skulle ha blivit avsevärt lägre om de nya riktlinjerna för beräkning av böter hade tillämpats. Kommissionen har yrkat att talan inte ska bifallas på denna grund. Tribunalens bedömning I den del den femte grunden avser åsidosättande av proportionalitetsprincipen, framgår för det första av rättspraxis att kommissionen, vid fastställandet av varje bötesbelopp, har ett utrymme för skönsmässig bedömning, och den är därvid inte skyldig att tillämpa en precis matematisk formel (domstolens dom av den 16 november 2000 i mål C‑283/98 P, Mo och Domsjö mot kommissionen, REG 2000, s. I‑9855, punkt 47, och förstainstansrättens dom av den 5 december 2006 i mål T‑303/02, Westfalen Gassen Nederland mot kommissionen, REG 2006, s. II‑4567, punkt 151). Enligt artikel 23.3 i förordning nr 1/2003 ska för övrigt bötesbeloppet fastställas på grundval av hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Nämnda belopp är dessutom en följd av en serie beräkningar som kommissionen gjort i enlighet med riktlinjerna för beräkning av böter. Vid fastställandet av detta belopp beaktas bland annat olika omständigheter som avser det berörda företagets enskilda beteende, såsom förekomsten av försvårande eller förmildrande omständigheter (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 4 juli 2006 i mål T‑304/02, Hoek Loos mot kommissionen, REG 2006, s. II‑1887, punkterna 82 och 85). Det kan inte utifrån denna rättsliga ram härledas att kommissionen ska säkerställa att böterna till sitt totala belopp, som beräknats och påförts deltagarna i kartellen på detta sätt, står i proportion till marknadens volym för den berörda produkten under ett visst år av överträdelsen, då denna pågick i mer än 20 år och bötesbeloppen även beror av andra omständigheter som har samband med de berörda företagens enskilda beteende (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 18 juni 2008 i mål T‑410/03, Hoechst mot kommissionen, REG 2008, s. II‑881, punkt 342). Vad gäller förhållandet mellan sökandens årsomsättning och det bötesbelopp som sökanden påförts, påpekar tribunalen följande. Kommissionen grundade sig faktiskt på omsättningen år 1996 vid fastställandet av hur allvarlig sökandens överträdelse var. Vidare var det utgångsbelopp på 8,5 miljoner euro som därvid fastställdes lägre än det utgångsbelopp som kommissionen fick påföra med stöd av punkt A tredje strecksatsen i riktlinjerna för beräkning av böter, det vill säga 20 miljoner euro (se, för ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 28 april 2010 i mål T‑446/05, Amann & Söne och Cousin Filterie mot kommissionen, REU 2010, s. II‑0000, punkt 180). Den omständigheten att kommissionen borde ha beaktat omsättningen från ett år då sökanden var närvarande på den relevanta marknaden saknar i sig betydelse för denna bedömning. Syftet med artikel 23.2 i förordning nr 1/2003 är i vilket fall som helst att förhindra att böterna blir oproportionerliga. Eftersom det slutliga bötesbeloppet i förevarande fall inte överskrider taket på 10 procent av omsättningen, kan det inte anses oproportionerligt av det skälet att böternas totala belopp överstiger den samlade volymen på den relevanta marknaden, eller av det skälet att Trioplast Wittenheims och sökandens böter överskrider deras respektive årsomsättningar avseende den aktuella produkten (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 135 nämnda målet Archer Daniels Midland och Archer Daniels Midland Ingredients mot kommissionen, punkt 200). I motsats till vad sökanden har gjort gällande ska taket på 10 procent av omsättningen tillämpas utan att hänsyn behöver tas till vilken särskild roll som ett företag i kartellen spelat. Vad för det andra beträffar påståendet om ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen, konstaterar tribunalen följande. Angående sökandens jämförelser med andra beslut som kommissionen har antagit i fråga om böter, bland annat med hänsyn till proportionen mellan böternas totalbelopp och den relevanta marknadens volym, kan dessa beslut endast vara relevanta med avseende på iakttagandet av likabehandlingsprincipen, om det visas att de faktiska omständigheterna i de ärenden som dessa andra beslut gäller, såsom marknaderna, produkterna, länderna, företagen och de berörda tidsperioderna, är jämförbara med dem i förevarande mål (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 september 2006 i mål T‑59/02, Archer Daniels Midland mot kommissionen, REG 2006, s. II‑3627, punkt 316). Endast den omständigheten att sökanden nämnt samlade böter och omsättning som realiserats på de relevanta marknaderna i de aktuella besluten räcker inte för att det ska anses att dessa villkor var uppfyllda i det aktuella fallet. Sökanden har således inte visat att marknaderna, produkterna, länderna, företagen och de berörda tidsperioderna är jämförbara med dem som förekommer i förevarande mål. Vad gäller sökandens jämförelse med de andra företag som det angripna beslutet riktas till, finner tribunalen att taket på 10 procent av omsättningen tillämpades i det aktuella fallet på Bischof+Klein, Nordenia International och Cofira-Sac. Däremot föranledde inte denna regel någon nedsättning av det belopp för vilket sökanden är solidariskt betalningsansvarig, något som till stora delar förklarar det som enligt sökanden utgör en disproportion mellan de slutliga beloppen. Enligt fast rättspraxis kan emellertid inte denna omständighet anses utgöra en diskriminering. Skillnaden i behandling är nämligen en direkt konsekvens av den maximigräns för böter som föreskrivs i förordning nr 1/2003, vars lagenlighet inte har ifrågasatts och vilken uppenbarligen bara är tillämplig i det fallet där det avsedda bötesbeloppet har överskridit 10 procent av det berörda företagets omsättning (förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri mot kommissionen, REG 2002, s. II‑1881, punkt 185). Vad för det tredje avser den omständigheten att sökanden inte skulle ha tjänat något på kartellen, påpekar tribunalen att det faktum att ett företag inte gör någon vinst på grund av att en överträdelse skett inte kan hindra att överträdelsen föranleder påförande av böter, eftersom dessa annars skulle förlora sin avskräckande verkan. Härav följer att kommissionen inte är skyldig att, i syfte att fastställa böterna, bevisa att överträdelsen har lett till en otillåten fördel för de inblandade företagen och inte heller att i förekommande fall beakta att den aktuella överträdelsen inte lett till någon vinst (förstainstansrättens dom av den 15 mars 2000 i de förenade målen T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95–T‑32/95, T‑34/95–T‑39/95, T‑42/95– T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95–T‑65/95, T‑68/95–T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 och T‑104/95, Cimenteries CBR m.fl. mot kommissionen, REG 2000, s. II‑491, punkt 4881). Argumentet är därför verkningslöst. Beträffande invändningen att kommissionen underlät att beakta Trioplast Wittenheims ekonomiska trångmål vid tiden för det administrativa förfarandet, erinrar tribunalen om följande. Enligt rättspraxis är kommissionen inte skyldig att beakta det berörda företagets svaga finansiella ställning när den fastställer bötesbeloppet. En sådan skyldighet skulle nämligen medföra att de företag som var minst anpassade till marknadsvillkoren gavs en oberättigad konkurrensfördel (domstolens dom av den 8 november 1983 i de förenade målen 96/82–102/82, 104/82, 105/82, 108/82 och 110/82, IAZ International Belgium m.fl. mot kommissionen, REG 1983, s. 3369, punkterna 54 och 55). Utan att det för övrigt finns skäl att gå in på kommissionens hänvisning, vilken inte åberopats av sökanden, till punkt 5b i riktlinjerna för beräkning av böter, enligt vilken ett företags faktiska betalningsförmåga ska beaktas, påpekar tribunalen att nämnda rättspraxis på intet sätt har ifrågasatts genom riktlinjerna. Denna betalningsförmåga har nämligen betydelse endast ”i ett visst socialt sammanhang”, som utgörs av de följder som betalningen av böterna skulle kunna få, särskilt i form av en ökning av arbetslösheten eller en försämring i ekonomiska sektorer som befinner sig i föregående och efterföljande marknadsled i förhållande till det berörda företaget (domstolens dom av den 29 juni 2006 i mål C‑308/04 P, SGL Carbon mot kommissionen, REG 2006, s. I‑5977, punkterna 105 och 106). I förevarande fall har dock ingen omständighet till styrkande av att det skulle finnas ett sådant sammanhang förebringats under det administrativa förfarandet. I den del sökanden har hänvisat till FLS Plasts situation, konstaterar tribunalen följande. Trots att sökanden av tribunalen beretts tillfälle att precisera sin ståndpunkt under förhandlingen, har sökanden inte förebringat några omständigheter till styrkande av ett samband mellan Trioplast Wittenheims konkurs och det sätt varpå kommissionen behandlade FLS Plast. För det fjärde saknas skäl att, såsom sökanden förordat, jämföra de böter som ålagts i förevarande fall med de hypotetiska böter som skulle ha fastställts på grundval av de nya riktlinjerna för beräkning av böter. Riktlinjerna för beräkning av böter utgör nämligen den relevanta rättsliga ramen i förevarande fall, och den omständigheten att kommissionen senare har offentliggjort de nya riktlinjerna för beräkning av böter saknar betydelse för tillämpligheten i tiden av de tidigare riktlinjerna. Talan kan därför inte bifallas på den femte grunden. Den sjätte grunden: Iakttagande av principen om god förvaltningssed och rättssäkerhetsprincipen Parternas argument Sökanden har anklagat kommissionen för att ha åsidosatt dels bestämmelserna i förordning nr 1/2003 och principerna bakom artikel 23.1 i förordningen, dels principen om god förvaltningssed såsom den kommit till uttryck i rättspraxis och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, proklamerad i Nice den 7 december 2000 (EGT C 364, s. 1). Enligt sökanden följer det av dessa principer att varje rättsakt från institutionerna som har rättsverkningar måste vara klar och tydlig, och den som rättsakten riktar sig till måste få kännedom om den på ett sådant sätt att denne kan förvissa sig om dess effekter och följdverkningar. Sökanden har i detta avseende gjort gällande att det i det angripna beslutet inte har preciserats hur stort ansvar sökanden tillskrivits för Trioplast Wittenheims överträdelse eller den exakta storleken på de böter som sökanden slutligen ska ansvara för. Det anges nämligen inte hur betalningen av Trioplast Wittenheims böter på 17,85 miljoner euro ska fördelas mellan sökanden å ena sidan och FLS Plast och FLSmidth å andra sidan, med tanke på att summan av de belopp som dessa moderbolag är solidariskt ansvariga för överstiger det belopp som Trioplast Wittenheim ålagts att betala. Det angripna beslutet har således skapat en rättsosäkerhet som kan leda till tvist mellan de olika moderbolagen inför nationell domstol eller skiljenämnd, då det ankommer på dem att fastställa fördelningen av sina ömsesidiga skyldigheter. Sökanden anser att kommissionen, med hänsyn till att de belopp som de på varandra följande moderbolagen ålagts solidariskt betalningsansvar för sammanräknade överskrider de böter som Trioplast Wittenheim ålagts, inte kan göra gällande sitt utrymme för skönsmässig bedömning för att kräva betalning från det bolag som med störst sannolikhet kan betala. Sökanden har i detta sammanhang hävdat att respektive moderbolag är solidariskt ansvarigt med Trioplast Wittenheim endast för separata delar av överträdelsen. Enligt sökanden innebär det solidariska ansvaret endast ett utrymme för kommissionen att kräva en del av böterna, beroende på tidsperiod, från antingen FLS Plast och FLSmidth eller Trioplast Wittenheim, eller från sökanden eller Trioplast Wittenheim. Kommissionen har i förevarande fall skapat ett faktiskt solidariskt ansvar mellan FLS Plast och FLSmidth å ena sidan och sökanden å andra sidan som det inte finns någon rättslig grund för. Sökanden har vidare upprepat de argument som den framfört inom ramen för den första grundens första del, rörande det faktum att kommissionen inte beaktade att Trioplast Wittenheim tillhört Compagnie de Saint Gobian och att moderbolagens kumulerade ansvar överskrider de böter som Trioplast Wittenheim påförts. Sökanden har betonat att kommissionen borde ha använt en av de beräkningsmetoder som sökanden föreslog. Kommissionen anser för det första att det av det angripna beslutet framgår att Trioplast Wittenheim är skyldigt att betala 17,85 miljoner euro. Av detta belopp är FLS Plast och FLSmidth skyldiga att såsom solidariskt ansvariga betala upp till ett maximibelopp på 15,30 miljoner euro och sökanden upp till ett maximibelopp på 7,73 miljoner euro. Varje betalning från ett av de fyra bolagen ska enligt kommissionen subtraheras från det totala bötesbeloppet på 17,85 miljoner euro. Kommissionen anser sig ha ett skönsmässigt utrymme att kräva betalning från det företag som med störst sannolikhet kan betala. Efter det att ett eller flera av de solidariskt ansvariga företagen har betalat, är det upp till företagen att klara ut med varandra vilken del av betalningen varje adressat bör bära och vilka eventuella kompensationer som ska göras dem emellan. Kommissionen har preciserat att den inte påstått att det föreligger något solidariskt ansvar mellan FLS Plast och FLSmidth, å ena sidan, och sökanden, å andra sidan. Sökanden har solidariskt ansvar med Trioplast Wittenheim endast för sin del av den tid som överträdelsen pågick. Kommissionen anser dessutom att det inte fanns något behov för kommissionen att precisera hur betalningsansvaret slutligen ska fördelas mellan sökanden och Trioplast Wittenheim eller mellan FLS Plast och FLSmidth och Trioplast Wittenheim. Kommissionen har vidare, med hänvisning till vad den anfört inom ramen för den första grundens första del, avfärdat argumenten avseende ansvaret för den period då Trioplast Wittenheim tillhörde Compagnie de Saint Gobain och avseende överskridandet av det bötesbelopp som ålagts Trioplast Wittenheim. Tribunalens bedömning Rättssäkerhetsprincipen utgör en allmän princip i unionsrätten som bland annat kräver att alla rättsakter från Europeiska unionens institutioner, i synnerhet de som föreskriver eller gör det möjligt att föreskriva sanktioner, är tydliga och precisa, så att de som berörs utan tvetydigheter kan få kännedom om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av rättsakterna och så att dessa personer kan vidta åtgärder i enlighet med detta (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 maj 2008 i mål C‑266/06 P, Evonik Degussa mot kommissionen och rådet, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 43, och förstainstansrättens dom av den 5 april 2006 i mål T‑279/02, Degussa mot kommissionen, REG 2006, s. II‑897, punkt 66). Sökandens invändningar riktar sig väsentligen mot att det belopp som sökanden i slutändan ska erlägga inte har preciserats i det angripna beslutet – vilket beror på att de belopp som sökanden å ena sidan och FLS Plast och FLSmidth å andra sidan är solidariskt betalningsansvariga för sammantaget överstiger det bötesbelopp som ålagts Trioplast Wittenheim – och mot att kommissionen har skapat ett faktiskt solidariskt betalningsansvar mellan sökanden å ena sidan och FLS Plast och FLSmidth å andra sidan. Det ska i detta hänseende erinras om att när ett moderbolag och ett dotterbolag utgör eller har utgjort en ekonomisk enhet som deltagit i en kartell, kan kommissionen hålla dem solidariskt ansvariga för överträdelsen av konkurrensreglerna (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 10 september 2009 i mål C‑97/08 P, Akzo Nobel m.fl. mot kommissionen, REG 2009, s. I‑0000, punkterna 58 och 59). Tribunalen konstaterar att Trioplast Wittenheim utgjorde en ekonomisk enhet med i tur och ordning FLS Plast och FLSmidth under perioden mellan den 31 december 1990 och den 19 januari 1999, och sökanden från och med den 21 januari 1999 till och med den 26 juni 2002. Det finns alltså inget som hindrar att kommissionen håller såväl FLS Plast och FLSmidth som sökanden solidariskt betalningsansvariga för de böter som påförts deras dotterbolag, Trioplast Wittenheim. Kommissionen ålade således Trioplast Wittenheim böter på 17,85 miljoner euro och höll FLS Plast och FLSmidth å ena sidan och sökanden å andra sidan solidariskt betalningsansvariga för dessa böter, upp till beloppen 15,30 miljoner euro respektive 7,73 miljoner euro. Såsom kommissionen har gjort gällande, ges kommissionen i artikel 2 första stycket f i det angripna beslutet full frihet när det gäller uppbörden av böterna hos den ena eller den andra av de berörda rättssubjekten utifrån deras betalningsförmåga. Kommissionen kan alltså besluta att kräva in hela eller en del av bötesbeloppet från dotterbolaget eller från ett av eller samtliga de moderbolag som i tur och ordning kontrollerat dotterbolaget, tills hela beloppet är betalt. Om kommissionen väljer att kräva in hela bötesbeloppet från moderbolagen, kan den i förekommande fall ha anledning att från sökanden kräva in det högsta belopp som omfattas av dennes solidariska ansvar, det vill säga 7,73 miljoner euro, och återstoden från FLS Plast och FLSmidth. De sistnämnda får då ofrånkomligen betala ett lägre belopp än den övre gränsen för deras solidariska betalningsansvar, det vill säga 15,30 miljoner euro. Omvänt kan kommissionen föredra att kräva FLS Plast och FLSmidth på hela det maximibelopp som de är solidariskt betalningsansvariga för. I det fallet kan den bara kräva sökanden på ett lägre belopp än den övre gränsen för sökandens solidariska ansvar. Utan att några skäl som rör böternas avskräckande verkan kan anföras, kan det alltså konstateras att kommissionens valfrihet när den verkställer artikel 2 första stycket f i det angripna beslutet innebär att det belopp som faktiskt krävs in från sökanden beror på hur stort belopp som krävs in från FLS Plast och FLSmidth, och omvänt. Sökanden å ena sidan och FLS Plast och FLSmidth å andra sidan har emellertid aldrig tillsammans bildat någon gemensam ekonomisk enhet. Dessa moderbolag har tillsammans med Trioplast Wittenheim efter varandra bildat två från varandra skilda ekonomiska enheter, som var och en varit individuellt ansvarig för kartellen under olika perioder och förhållanden. Eftersom de på varandra följande moderbolagen av detta skäl inte kan hållas solidariskt ansvariga sinsemellan, får det angripna beslutet inte göra det möjligt för kommissionen att göra det belopp som faktiskt krävs in från sökanden beroende av det belopp som krävs in från de andra moderbolagen, och omvänt. Det är i detta avseende riktigt att kommissionen i det angripna beslutet håller vart och ett av moderbolagen individuellt ansvarigt för den aktuella överträdelsen, varvid hänsyn har tagits till hur länge de kontrollerat Trioplast Wittenheim, avsaknaden av försvårande eller förmildrande omständigheter i deras fall samt deras samarbete med kommissionen under undersökningen, såsom framgår av skälen 782, 783, 785–812, 836–841 och 862–865. De belopp som därmed fastställts är dock maximibelopp för det respektive solidariska betalningsansvar som kommissionen fastställt för de på varandra följande moderbolagen tillsammans med Trioplast Wittenheim. Då sökanden å ena sidan och FLS Plast och FLSmidth å andra sidan aldrig tillsammans utgjort en ekonomisk enhet, kräver dock principen om att straff och påföljder ska vara individuella att det belopp som sökanden faktiskt betalar inte överskrider kvotdelen av sökandens solidariska ansvar. Denna kvotdel motsvarar andelen av det belopp som tillskrivits sökanden i förhållande till summan av de belopp som de på varandra följande moderbolagen hålls solidariskt ansvariga för, vad gäller betalningen av de böter som ålagts Trioplast Wittenheim. Det ska därvid påpekas att principen om att straff och påföljder ska vara individuella, enligt vilken en ekonomisk enhet endast kan bli föremål för påföljder för omständigheter som är hänförliga till denna individuellt, gäller i varje förfarande som kan leda till sanktioner enligt konkurrensreglerna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 29 november 2005 i mål T‑62/02, Union Pigments mot kommissionen, REG 2005, s. II‑5057, punkt 119). Sökandens kvotdel har inte preciserats i artikel 2 första stycket f i det angripna beslutet, och kommissionen ges samtidigt full frihet vid verkställigheten av det respektive solidariska betalningsansvaret för de på varandra följande moderbolagen, vilka aldrig utgjort en ekonomisk enhet sinsemellan. Denna bestämmelse är därmed oförenlig med kommissionens skyldighet att i enlighet med rättssäkerhetsprincipen ge sökanden möjlighet att utan tvetydigheter få kännedom om det exakta bötesbelopp som sökanden ska betala för den period för vilken sökanden hålls solidariskt ansvarig för överträdelsen med Trioplast Wittenheim. Det angripna beslutet strider därför såväl mot rättssäkerhetsprincipen som mot principen om att straff och påföljder ska vara individuella. Av vad som anförts följer att sökanden ska vinna framgång med den sjätte grunden. Följaktligen ska artikel 2 första stycket f i det angripna beslutet ogiltigförklaras såvitt avser sökanden. Det finns därmed inte anledning att pröva förevarande grund utifrån principen om god förvaltningssed. 2. Andrahandsyrkandet om nedsättning av bötesbeloppet Såvitt sökanden har åberopat grunderna till stöd för yrkandet om nedsättning av bötesbeloppet, framgår det av punkterna 94–98 ovan att det angripna beslutet innehåller en uppenbart oriktig bedömning, genom att kommissionen använde år 1996 som referensår för sökandens del vid fastställandet av överträdelsens allvar. Tribunalen ska därför vid utövandet av sin obegränsade behörighet enligt artikel 31 i förordning nr 1/2003 fastställa ett nytt utgångsbelopp för beräkningen av det belopp för vilket sökanden hålls solidariskt ansvarig för betalningen av de böter som ålagts sökandens dotterbolag. Mot bakgrund av vad som anförts ovan finner tribunalen att sökandens utgångsbelopp, utifrån en skälig bedömning av omständigheterna såsom dessa framgår av handlingarna i målet, ska fastställas till 3 miljoner euro. Med hänsyn till dels ökningen på grund av varaktigheten av sökandens deltagande i kartellen, dels nedsättningen med stöd av meddelandet om samarbete, vilka ska göras, ska det belopp som tillskrivs sökanden fastställas till 2,73 miljoner euro. Det följer av slutsatsen i punkt 171 ovan – nämligen att sökanden ska vinna framgång med den sjätte grunden – att detta belopp utgör grunden för beräkningen av sökandens kvotdel i de på varandra följande moderbolagens solidariska betalningsansvar för Trioplast Wittenheims böter. Då de övriga uppgifter som fordras för att kunna beräkna sökandens kvotdel som nämns i punkt 169 ovan (bland annat det belopp som tillskrivs Trioplast Wittenheims övriga moderbolag) inte är slutligt fastställda och inte kan utredas inom ramen för detta förfarande, ankommer det på kommissionen, enligt dess skyldighet enligt artikel 266 FEUF att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa denna dom, att bestämma sökandens kvotdel utifrån de slutgiltiga uppgifter som fordras för detta. Rättegångskostnader Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan tribunalen besluta att kostnaderna ska delas om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter eller om särskilda omständigheter motiverar det. Då sökandens talan delvis bifallits, finner tribunalen att sökanden ska förpliktas att bära hälften av sina rättegångskostnader och ersätta hälften av kommissionens rättegångskostnader. Kommissionen ska bära hälften av sina rättgångskostnader och ersätta hälften av sökandens rättegångskostnader. Mot denna bakgrund beslutar TRIBUNALEN (sjätte avdelningen) följande: 1) Artikel 2 första stycket f i kommissionens beslut K(2005) 4634 slutlig av den 30 november 2005 om ett förfarande enligt artikel 81 EG (Ärende COMP/F/38.354 – Industrisäckar) ogiltigförklaras såvitt avser Trioplast Industrier AB. 2) Det belopp som tillskrivs Trioplast Industrier och som ska ligga till grund för att bestämma Trioplast Industriers kvotdel i de på varandra följande moderbolagens solidariska betalningsansvar för de böter som ålagts Trioplast Wittenheim SA fastställs till 2,73 miljoner euro. 3) Talan ogillas i övrigt. 4) Trioplast Industrier ska bära hälften av sina rättegångskostnader och ersätta hälften av kommissionens rättegångskostnader. 5) Kommissionen ska bära hälften av sina rättegångskostnader och ersätta hälften av Trioplast Industriers rättegångskostnader. Meij Vadapalas Truchot Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 september 2010. E.Coulon Justitiesekreterare Ordförande Innehållsförteckning Bakgrund till tvisten Det administrativa förfarandet Det angripna beslutet Förfarandet och parternas yrkanden Rättslig bedömning 1. Yrkandet om delvis ogiltigförklaring av det angripna beslutet Den första grunden: Fel inom ramen för fastställandet av hur länge överträdelsen pågått och av nivån på böterna Den första grundens tredje del: Lagenligheten av fastställandet av hur länge överträdelsen pågått – Parternas argument Tribunalens bedömning Den första grundens första del: Lagenligheten av metoden för att beräkna böterna – Parternas argument – Tribunalens bedömning Den första grundens andra del: Lagenligheten av fastställandet av överträdelsens allvar vid beräkningen av böterna – Parternas argument – Tribunalens bedömning Den andra grunden: Huruvida kommissionen gjorde rätt då den inte beaktade några förmildrande omständigheter Parternas argument Tribunalens bedömning Den fjärde grunden: Ansökan om förmånlig behandling Parternas argument Tribunalens bedömning Den femte grunden: Iakttagande av proportionalitetsprincipen och likabehandlingsprincipen Parternas argument Tribunalens bedömning Den sjätte grunden: Iakttagande av principen om god förvaltningssed och rättssäkerhetsprincipen Parternas argument Tribunalens bedömning 2. Andrahandsyrkandet om nedsättning av bötesbeloppet Rättegångskostnader * Rättegångsspråk: svenska.

62010TJ0041

mt

Rikors kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI, tal-11 ta’ Novembru 2009 (Każ R 235/2009‑1), dwar proċedimenti għal dikjarazzjoni ta’ invalidità bejn is-Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale) u s-Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF). Informazzjoni dwar il-kawża Trade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett ta’ applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ invalidità: Trade mark figurattiva esf école du ski français għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 25, 28 u 41 – trade mark Komunitarja Nru 4624987 Proprjetarju tat-trade mark Komunitarja: Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF) Parti li qed titlob id-dikjarazzjoni ta’ invalidità tat-trade mark Komunitarja: Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale) Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni: Talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità miċħuda Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: Appell tal-appellanti miċħud Dispożittiv 1) Ir-rikors huwa miċħud. 2) Is-Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale), huwa kkundannat għall-ispejjeż tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (trade marks u disinni) (UASI). 3) Is-Syndicat national des moniteurs du ski français għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.

61997TJ0171

nl

Overwegingen van het arrest Toepasselijke bepalingen 1 Op 22 december 1995 heeft de Raad verordening (EG) nr. 384/96 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (PB 1996, L 56, blz. 1; hierna: "basisverordening") vastgesteld, met name om de gemeenschapsregels aan te passen aan de overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel 1994 (PB L 336, blz. 103; hierna: "antidumpingcode 1994"). 2 Volgens artikel 1, leden 1 en 2, van de basisverordening kan een antidumpingrecht worden toegepast op ieder product ten aanzien waarvan dumping plaatsvindt, wanneer het in de Gemeenschap in het vrije verkeer brengen daarvan schade veroorzaakt, met dien verstande dat ten aanzien van een product wordt geacht dumping plaats te vinden, indien de prijs van dit product bij uitvoer naar de Gemeenschap lager is dan de vergelijkbare prijs voor het soortgelijke product in het land van uitvoer. 3 Artikel 3 van de basisverordening, betreffende de vaststelling van schade, luidt: "1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder $schade', tenzij anders bepaald, verstaan aanmerkelijke schade voor een bedrijfstak van de Gemeenschap, dreiging van aanmerkelijke schade voor een bedrijfstak van de Gemeenschap (...) 2. De vaststelling van schade is gebaseerd op positief bewijsmateriaal en houdt een objectief onderzoek in van a) de omvang van de invoer met dumping en de gevolgen daarvan voor de prijzen van soortgelijke producten in de Gemeenschap en b) de gevolgen van deze invoer voor de bedrijfstak van de Gemeenschap. 3. Wat de omvang van de invoer met dumping betreft, wordt nagegaan of deze, in absolute cijfers dan wel in verhouding tot de productie of het verbruik in de Gemeenschap, aanzienlijk is toegenomen. Wat de gevolgen van de invoer met dumping op de prijzen betreft, wordt nagegaan of een aanzienlijke prijsonderbieding door het met dumping ingevoerde product ten opzichte van de prijzen van soortgelijke producten van de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft plaatsgevonden, dan wel of deze invoer de prijzen op enige andere wijze sterk drukt of een aanzienlijke belemmering vormt voor prijsverhogingen die zonder deze invoer hadden plaatsgevonden, met dien verstande dat geen van deze factoren op zich, noch verscheidene van deze factoren tezamen noodzakelijkerwijze doorslaggevend is of zijn. 4. Wanneer de invoer van een product uit meer dan één land terzelfder tijd aan een antidumpingonderzoek wordt onderworpen, worden de gevolgen van deze invoer uitsluitend cumulatief beoordeeld indien wordt vastgesteld, dat a) de dumpingmarge voor het uit elk land ingevoerde product meer dan minimaal is in de zin van artikel 9, lid 3 [= 2 %], van de uit elk land ingevoerde hoeveelheid niet te verwaarlozen is, en b) een cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer gezien de concurrentieverhoudingen tussen de ingevoerde producten onderling en tussen de ingevoerde producten en het soortgelijke product uit de Gemeenschap, opportuun is. 5. Het onderzoek naar de gevolgen van de invoer met dumping voor de betrokken bedrijfstak van de Gemeenschap omvat een beoordeling van alle relevante economische factoren en indicatoren die op de situatie van die bedrijfstak van invloed zijn (...) 6. Aan de hand van het overeenkomstig lid 2 voorgelegde relevante bewijsmateriaal moet worden aangetoond, dat de invoer met dumping schade in de zin van deze verordening veroorzaakt. Hierbij moet meer in het bijzonder worden aangetoond, dat de overeenkomstig lid 3 vastgestelde omvang en/of prijzen de in lid 5 omschreven gevolgen hebben voor de bedrijfstak van de Gemeenschap en dat deze gevolgen als aanmerkelijk kunnen worden aangemerkt. (...)" 4 Volgens artikel 20, leden 1 en 2, van de basisverordening kunnen de klagers, de importeurs en de exporteurs met name verzoeken om definitieve mededeling van de essentiële feiten en overwegingen op grond waarvan wordt overwogen de instelling van definitieve maatregelen aan te bevelen. Artikel 20, leden 4 en 5, luidt als volgt: "4. De definitieve mededeling wordt schriftelijk gedaan. Zij geschiedt, met inachtneming van de verplichting tot bescherming van vertrouwelijke gegevens, zo spoedig mogelijk en normaal uiterlijk één maand voordat de Commissie een definitief besluit neemt of voordat zij (...) een voorstel tot het nemen van definitieve maatregelen doet. (...) De mededeling doet geen afbreuk aan besluiten die de Commissie of de Raad daarna nemen, maar indien deze besluiten op andere feiten en overwegingen zijn gebaseerd, worden deze zo spoedig mogelijk medegedeeld. 5. Opmerkingen die na de definitieve mededeling zijn gemaakt, worden uitsluitend in aanmerking genomen indien zij zijn ontvangen binnen een door de Commissie in elk afzonderlijk geval vast te stellen termijn die ten minste tien dagen bedraagt, waarbij de spoedeisendheid van de kwestie in aanmerking wordt genomen." Feiten, antidumpingmaatregelen, procesverloop en conclusies van partijen Achtergrond van het geschil 5 Verzoekster behoort tot de Swedish Match Group, waarvan de moedermaatschappij Swedish Match SA, gevestigd te Nyons, in Zwitserland, is. Verzoekster is voor 99,99 % eigendom van Swedish Match International BV. Een andere dochtermaatschappij van de Swedish Match Group is Poppell BV in Nederland (hierna: "Poppell"). 6 In augustus 1994 dienden communautaire producenten, waaronder een vennootschap van de Swedish Match Group, bij de Commissie een klacht in tegen de invoer van bepaalde types aanstekers van oorsprong uit de Filipijnen. 7 Naar aanleiding van deze klachten kondigde de Commissie op 18 maart 1995 de inleiding van een antidumpingprocedure aan. Het onderzoek van de Commissie betrof het tijdvak van 1 april tot en met 31 december 1994. Vaststaat dat verzoekster in de loop van deze periode slechts één partij aanstekers naar de Gemeenschap uitvoerde, die was bestemd voor haar zusteronderneming Poppell, een gelieerde importeur. 8 In het kader van haar onderzoek zond de Commissie om te beginnen alle kennelijk belanghebbende partijen vragenlijsten toe. In haar antwoord op de haar toegezonden vragenlijst verstrekte verzoekster inlichtingen over haar rechtsvorm, productie en verkopen, en vermeldde zij onder het opschrift "bijzonderheden over de vennootschap" haar president en haar financieel controleur als "contactpersonen" (bijlage 4 bij het verzoekschrift). 9 Op 30 september 1996 zond de Commissie krachtens artikel 20, lid 4, van de basisverordening één brief, die gericht was tot - Swedish Match, Nyons (Zwitserland), ter attentie van de heer Picard, - de heer Picard, van de Swedish Match Lighter Division, Rillieux-la-Pape (Frankrijk), - verzoeksters financieel controleur, Manilla (Filipijnen), - Poppell in Nederland. Deze brief betrof de "antidumpingprocedure betreffende invoer van (...) aanstekers, van oorsprong (...) uit de Filipijnen - Definitieve mededeling aan de vennootschappen van uw groep (Swedish Match Philippines Inc., als exporteur, Poppell BV, als importeur en hoofdkantoor) van de voornaamste feiten en overwegingen die in de door de Commissie voorgenomen voorstellen in aanmerking zijn genomen". De geadresseerden werden uitgenodigd, hun eventuele opmerkingen over de bij deze brief gevoegde definitieve mededeling vóór 11 oktober 1996 kenbaar te maken. 10 In deze definitieve mededeling stelde de Commissie bij verzoekster onder meer een dumpingmarge van 36,7 % en een marge van onderbieding ("underselling margin") van 13 % vast. Over dit document maakte verzoekster geen opmerkingen kenbaar binnen de haar gegeven termijn, die verstreek op 11 oktober 1996. Antidumpingverordening (EG) nr. 423/97 11 Aan het einde van voormelde procedure stelde de Raad op 3 maart 1997 verordening (EG) nr. 423/97 vast houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 3433/91 wat de invoer uit Thailand betreft en tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje van oorsprong uit Thailand, de Filipijnen en Mexico (PB L 65, blz. 1; hierna: "verordening nr. 423/97" of "litigieuze verordening"). Artikel 2 van deze verordening stelde onder meer een definitief antidumpingrecht van 43 % vast voor aanstekers van oorsprong uit de Filipijnen, met uitzondering van die welke door verzoekster werden vervaardigd en verkocht, waarvoor een recht van 17 % werd vastgesteld. 12 In de punten 33 en 34 van de considerans van verordening nr. 423/97 stelde de Raad een gewogen gemiddelde dumpingmarge van 52,6 % voor alle medewerkende Filipijnse producenten en exporteurs vast, met uitzondering van verzoekster, wier marge 36,7 % bedroeg. 13 Wat de vaststelling van schade betreft, ging de Raad over tot een cumulatieve beoordeling, in de zin van artikel 3, lid 4, van de basisverordening, van de soortelijke en gelijktijdige gevolgen van de invoer met dumping van oorsprong uit de drie betrokken landen, namelijk Thailand, de Filipijnen en Mexico (punten 40 tot en met 44 van de considerans). 14 Aangaande de prijzen van de invoer met dumping merkte de Raad op, dat "de gemiddelde prijsonderbieding, uitgedrukt als een percentage van de gemiddelde prijs van de bedrijfstak van de Gemeenschap, (...) in alle gevallen meer dan 30 % (bedroeg), behalve voor één onderneming, (namelijk de met de Swedish Match Group verbonden Filipijnse onderneming, waarvan de uiterst geringe uitvoer naar de Gemeenschap niet als representatief voor de Filipijnse uitvoer van niet-navulbare aanstekers met vuursteentje kan worden beschouwd). Dit betekent, dat de prijzen van de uit de betrokken landen ingevoerde niet-navulbare aanstekers met vuursteentje aanzienlijk lager waren dan de prijzen die gedurende het onderzoektijdvak door de communautaire producenten werden toegepast" (punt 50 van de considerans). 15 Wat de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap betreft, stelde de Raad vast, dat de prijzen tot 1992 gemiddeld een lichte verbetering te zien gaven en vervolgens terugliepen, waarbij hij opmerkte dat, in een poging zijn marktaandeel te handhaven, de bedrijfstak van de Gemeenschap in het onderzoektijdvak toenemende hoeveelheden van de betrokken producten in bijzondere uitvoeringen had verkocht (bijvoorbeeld aanstekers die normaliter tegen een hogere prijs hadden moeten worden verkocht). Het onderzoek toonde derhalve aan, dat deze hogere prijzen niet konden worden gehandhaafd, hetgeen negatieve gevolgen had voor de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap (punt 54 van de considerans). 16 In zijn conclusie over de schade merkte de Raad onder meer op, dat "de prijzen van de vorengenoemde producten (...) aanzienlijk de gemiddelde prijs van de bedrijfstak van de Gemeenschap (onderboden), namelijk met meer dan 30 % (met uitzondering van de met een communautaire producent verbonden Filipijnse onderneming, waarvan de uitvoer te gering was om als representatief voor de Filipijnse uitvoer te kunnen worden beschouwd)" (punt 57 van de considerans). 17 In zijn conclusie over het oorzakelijk verband was de Raad van mening, dat de invoer met dumping uit Thailand, de Filipijnen en Mexico op zich aanmerkelijke schade aan de bedrijfstak van de Gemeenschap had berokkend. Deze conclusie was meer bepaald gebaseerd op de prijsonderbieding en de betrokken hoeveelheden, die tot een aanzienlijke neerwaartse druk op de prijzen hadden geleid (punt 71 van de considerans). 18 Ten slotte was de Raad van mening, dat het ter opheffing van de schade geheven recht lager kon zijn dan de dumpingmarges. Daartoe vergeleek hij de verkoopprijzen van elke exporteur met de verkoopprijzen van de communautaire producenten die de productiekosten van deze producenten, vermeerderd met een redelijke winstmarge, weerspiegelden. Ter bepaling van het niveau waarop de schade wordt weggenomen, achtte hij het dienstig de winstmarge te beperken tot 10 % (punten 79 tot en met 82 van de considerans). Verordening (EG) nr. 1508/97 19 Bij verordening (EG) nr. 1508/97 van 28 juli 1997 houdende wijziging van verordening nr. 423/97 (PB L 204, blz. 7; hierna: "verordening nr. 1508/97") corrigeerde de Raad een fout in de berekening van het antidumpingrecht voor verzoeksters invoer en stelde hij dit recht vast op 13 %. Voor het Gerecht heeft de Raad verklaard, dat die wijziging terugwerkende kracht had en dat het teveel geïnde aan verzoekster zou worden terugbetaald. Procesverloop 20 Op 5 juni 1997 heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld, dat aanvankelijk alleen tegen verordening nr. 423/97 was gericht. In repliek heeft zij haar conclusies evenwel geherformuleerd, rekening houdend met de inwerkingtreding van verordening nr. 1508/97. 21 Bij beschikking van de president van de Tweede kamer (uitgebreid) van 12 december 1997 is de Commissie toegelaten tussen te komen ter ondersteuning van de conclusies van de Raad. De Commissie heeft evenwel geen memorie in interventie neergelegd. 22 Bij beschikking van het Gerecht van 21 september 1998 is de rechter-rapporteur aan de Eerste kamer (uitgebreid) toegevoegd, zodat de zaak aan die kamer is toegewezen. 23 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Eerste kamer - uitgebreid) besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan. Het heeft de Raad evenwel verzocht, schriftelijk een vraag betreffende de omvang van verzoeksters uitvoer te beantwoorden. 24 Partijen zijn ter terechtzitting van 4 mei 1999 in hun pleidooien en antwoorden op de mondelinge vragen van het Gerecht gehoord. 25 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage: - artikel 2, lid 2, sub b, van verordening nr. 423/97, zoals gewijzigd bij artikel 1 van verordening nr. 1508/97, nietig te verklaren voor zover het haar betreft, met dien verstande dat de woorden "voor zover het haar betreft" aldus moeten worden uitgelegd, dat de toepassing van het bij dit artikel bepaalde residuele recht voor verzoekster wordt geschorst; - verweerster in de kosten te verwijzen. 26 De Raad concludeert dat het het Gerecht behage: - het beroep te verwerpen; - verzoekster in de kosten te verwijzen. Ten gronde 27 Tot staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Met haar eerste middel, betreffende schending van artikel 20, lid 4, van de basisverordening, laakt verzoekster de wijze waarop haar van de definitieve mededeling kennis is gegeven, alsook de onnauwkeurigheid van deze laatste. De gebreken van de definitieve mededeling tasten tevens haar rechten van verweer aan. Met haar tweede middel, betreffende schending van de artikelen 1, lid 1, en 3, leden 2 en 6, van de basisverordening, stelt verzoekster in wezen, dat de aan de bedrijfstak van de Gemeenschap berokkende schade in geen geval te wijten is aan haar uitvoer. Met haar derde middel verwijt verzoekster de Raad, de litigieuze verordening ontoereikend te hebben gemotiveerd. Het eerste middel, betreffende schending van artikel 20, lid 4, van de basisverordening en van verzoeksters rechten van verweer Argumenten van partijen 28 In het kader van haar eerste middel voert verzoekster een tweevoudige schending van artikel 20, lid 4, van de basisverordening aan. In de eerste plaats is zij niet behoorlijk in kennis gesteld van de definitieve mededeling en in de tweede plaats gaf deze niet genoeg informatie over de wijze waarop de Commissie de schademarge heeft berekend. 29 In de eerste plaats, aldus verzoekster, had de haar toegezonden definitieve mededeling ook moeten worden meegedeeld aan haar wettelijk vertegenwoordiger te Brussel, het advocatenkantoor Eureka (hierna; "Eureka"). Zij stelt, dat zij voor de antidumpingprocedure domicilie had gekozen te Brussel, doch dat op dit domicilie geen kennis is gegeven van de definitieve mededeling. Doordat Eureka geen kennis is gegeven van de definitieve mededeling, heeft verzoekster zich niet doeltreffend en binnen de gestelde termijn kunnen verweren, daar zij er te goeder trouw van was uitgegaan, dat de mededeling ook was toegezonden aan Eureka en dat deze de procedure zou voeren. 30 Haars inziens kon zij er om gegronde redenen redelijkerwijs van uitgaan, dat de wettelijk vertegenwoordiger van Swedish Match Group zoals voorheen de procedure zou voeren. Een partij bij een antidumpingprocedure hoeft zich er niet van te vergewissen, of haar wettelijk vertegenwoordiger de kennisgevingen van de Commissie ontvangt en of haar belangen doeltreffend worden verdedigd. Daarentegen moet de Commissie, zelfs uit eigen beweging, de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn opdat de rechten van een belanghebbende partij in het kader van een antidumpingprocedure worden gevrijwaard. 31 In de loop van de administratieve procedure heeft zij geen direct contact gehad met de Commissie, behalve bij de verificatie door de Commissie ter plaatse op de Filipijnen. Swedish Match SA, vertegenwoordigd door Picard, heeft in haar betrekkingen met de Commissie als tussenpersoon gehandeld, aangezien zij in de antidumpingprocedure geen onafhankelijke positie had. Aangezien Eureka wettelijk vertegenwoordiger van de Swedish Match Group was, vertegenwoordigde het dus de twee ondernemingen. Bovendien heeft Eureka bij een aantal gelegenheden uitdrukkelijk en rechtstreeks verzoeksters belangen in de antidumpingprocedure vertegenwoordigd. Voorts heeft de Commissie in de onderhavige antidumpingprocedure steeds aanvaard, dat Swedish Match SA en Eureka namens verzoekster optraden. 32 In de tweede plaats, aldus verzoekster, blijkt nergens uit de definitieve mededeling, hoe de Commissie de schademarge heeft geraamd. Zij kon dus niet weten op basis van welke gegevens haar marge van onderbieding was berekend, zodat zij zich niet kon verdedigen op het punt, of de vastgestelde schade bestond. 33 Verzoekster geeft toe, dat de voor de berekening van de schademarge gebruikte methode in de definitieve mededeling uiteen is gezet. Volgens verzoekster bleek evenwel nergens uit de mededeling, hoe de Commissie de schademarge te haren aanzien heeft berekend. In dit verband verzoekt verzoekster de Commissie ook om mededeling van de niet vertrouwelijke informatie over de productiekosten van de bedrijfstak van de Gemeenschap. Doordat deze inlichtingen niet zijn verstrekt, kan zij niet weten hoe de Commissie tot de slotsom is gekomen, dat haar marge van onderbieding 13 % bedroeg. 34 De Raad stelt in de eerste plaats, dat de rechtstreekse toezending van de definitieve mededeling aan verzoekster op zich geen schending van artikel 20, lid 4, van de basisverordening vormt. Verzoekster moet aantonen, dat zij door deze toezending haar belangen niet doeltreffend heeft kunnen verdedigen. Door die toezending kan verzoekster enkel tijdverlies hebben geleden, doordat zij schikkingen heeft moeten treffen om het document aan haar raadsman door te zenden. In die omstandigheden had zij contact met de Commissie moeten opnemen met het verzoek om verlenging van de termijn die haar was gesteld voor het maken van opmerkingen over de definitieve mededeling, hetgeen zij niet heeft gedaan. Nadien heeft zij zich er zelfs nooit over beklaagd, dat de definitieve mededeling haar rechtstreeks is toegezonden. 35 In de tweede plaats stelt de Raad, dat de door de Commissie gevolgde methode voor de berekening van de schademarge is beschreven op bladzijde 21 van de definitieve mededeling. Zij heeft ook gedetailleerde cijfers verschaft over verzoeksters marge van onderbieding (13 %) alsook over de marge van onderbieding van de andere belanghebbende exporteurs. Bovendien is verzoekster informatie verstrekt over de uitvoerprijs en is haar, wat betreft de berekening van de prijs waarbij de schade wordt weggenomen ("niet schadelijke prijs"), meegedeeld, dat de instellingen een winstmarge van 10 % hadden meegerekend. Daarentegen zijn de berekeningen voor de vaststelling van de gemiddelde productiekosten van de bedrijfstak van de Gemeenschap verzoekster niet meegedeeld omdat zij zakengeheimen bevatten. 36 Aangaande verzoeksters verzoek om mededeling van de gegevens in een niet-vertrouwelijke vorm merkt de Raad ten slotte op, dat verzoekster zich nooit heeft beklaagd over ontoereikendheid van de definitieve mededeling. Evenmin heeft zij verzocht om nadere inlichtingen over de productiekosten van de communautaire producenten. Beoordeling door het Gerecht 37 In de eerste plaats zij eraan herinnerd, dat de Commissie krachtens artikel 20, leden 1 en 2, van de basisverordening gehouden is, onder meer de exporteur van het product waartegen een antidumpingonderzoek is ingesteld, definitief de essentiële feiten en overwegingen mee te delen op grond waarvan zij de Raad de instelling van definitieve maatregelen zal aanbevelen, met name met het oog op de eerbiediging van de rechten van de verdediging. Volgens de rechtspraak wordt het beginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging in acht genomen, wanneer de betrokken onderneming tijdens de antidumpingprocedure in staat is gesteld om zinvol haar standpunt kenbaar te maken omtrent het bestaan en de relevantie van de beweerde feiten en omstandigheden, alsmede, in voorkomend geval, omtrent de in aanmerking genomen stukken (zie bijvoorbeeld arrest Gerecht van 25 september 1997, Shanghai Bicycle/Raad, T-170/94, Jurispr. blz. II-1383, punt 120, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 38 Het Gerecht stelt evenwel vast, dat de Commissie bij brief van 30 september 1996 verzoekster op het adres van haar hoofdkantoor ter attentie van haar financieel controleur de definitieve mededeling in de zin van artikel 20 van de basisverordening daadwerkelijk heeft toegezonden. Blijkens de rechtspraak geldt de toezending van een handeling aan de zetel van de geadresseerde als geldige kennisgeving. In zijn arrest van 26 november 1985, Cockerill-Sambre/Commissie (42/85, Jurispr. blz. 3749, punten 10-12) betreffende de produktiequota van de EGKS-regeling, verklaarde het Hof, dat de kennisgeving van een beschikking, die de beroepstermijn doet ingaan, regelmatig is wanneer zij is gedaan aan de zetel van de betrokken onderneming, zelfs ingeval de onderneming de Commissie uitdrukkelijk had verzocht om kennisgeving op een ander adres. 39 Het Gerecht is van oordeel, dat deze rechtspraak hier te meer relevant is, daar verzoekster de Commissie niet tijdig in kennis heeft gesteld van een wijziging in de door haar in haar antwoord op de vragenlijst genoemde "contactpersonen" (zie punt 8 supra), met het uitdrukkelijke verzoek alle correspondentie voortaan aan Eureka te zenden. 40 Door de brief van 30 september 1996 aan verzoeksters zetel te zenden, heeft de Commissie zich bovendien gevoegd naar verzoeksters aanwijzingen in haar antwoord op de vragenlijst, dat haar president en haar financieel controleur haar "contactpersonen" waren. Verzoekster kon dus kennis nemen van de definitieve mededeling en opmerkingen maken ter verdediging van haar belangen hetzij uit eigen beweging, hetzij via haar raadsman, hetzij ten slotte via Swedish Match Group. 41 Aangaande verzoeksters betoog dat de definitieve mededeling aan haar wettelijk vertegenwoordiger te Brussel had moeten worden toegezonden, zij opgemerkt, dat artikel 20 van de basisverordening de Commissie geenszins verplicht, zich ervan te vergewissen dat de definitieve mededeling aan de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokken exporteur is toegezonden. 42 Aangezien op de Commissie generlei verplichting rust, de definitieve informatie aan de raadsman van betrokkene te zenden, is het irrelevant, dat de Commissie in de loop van de procedure inderdaad enkele contacten heeft gehad met Eureka, alsook met andere vennootschappen en personen van Swedish Match Group. 43 De grief betreffende onregelmatige kennisgeving moet dus worden verworpen. 44 In de tweede plaats zij vastgesteld, dat verzoekster in de loop van de administratieve procedure, met name na ontvangst van de definitieve mededeling, nooit om nadere informatie over de schademarge heeft verzocht. Aangezien de Commissie niet op de hoogte is gesteld van het gestelde gebrek aan informatie, kon zij in het stadium van de antidumpingprocedure dit eventuele gebrek niet verhelpen met het oog op de eerbiediging van verzoeksters rechten van de verdediging. 45 Bijgevolg moet ook deze tweede grief worden verworpen. 46 Aangezien verzoekster ten slotte niet heeft aangetoond, dat de administratieve procedure gebreken vertoont, en deze procedure is afgesloten, moet haar voor het eerst voor het Gerecht geformuleerde verzoek ter verkrijging van een niet-vertrouwelijke versie van de informatie over de productiekosten van de bedrijfstak van de Gemeenschap worden verworpen. 47 Mitsdien moet het eerste middel in zijn geheel worden verworpen. Het tweede middel, betreffende schending van de artikelen 1, lid 1, en 3, leden 2 en 6, van de basisverordening Argumenten van partijen 48 In haar verzoekschrift stelt verzoekster in wezen, dat de door de uitvoer van aanstekers van oorsprong uit de drie onderzochte landen aan de bedrijfstak van de Gemeenschap berokkende schade, waarvan zij de realiteit niet betwist, niet aan haar eigen uitvoer is te wijten, daar zij in zeer geringe hoeveelheden en bovendien tegen eenheidsprijs uitvoerde. 49 Zij merkt in de eerste plaats op, dat in de antidumpingprocedure is aangetoond, dat zij gedurende het onderzoektijdvak slechts 10 500 aanstekers naar de Gemeenschap had uitgevoerd, wat slechts 0,0369 % van alle aanstekers van oorsprong uit de Filipijnen en 0,0083 % van alle vanuit de drie onderzochte landen naar deze markt uitgevoerde aanstekers vertegenwoordigde. Van de uit de drie betrokken landen ingevoerde 126,5 miljoen aanstekers, kwamen er 28,4 miljoen uit de Filipijnen. De omvang van haar eigen uitvoer kon dus, aldus verzoekster, geen invloed hebben op de bedrijfstak van de Gemeenschap. 50 In de tweede plaats wijst zij er ook op, dat haar eigen uitvoer is gefactureerd tegen een eenheidsprijs (0,19 USD) die veel hoger ligt dan de prijzen van de andere Filipijnse (0,07 USD) en Mexicaanse (0,08 USD) exporteurs die aan het antidumpingonderzoek zijn onderworpen, zo niet hoger dan de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap voor het vergelijkbare product. Hoewel de Raad ter bepaling van de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade de omvang van de export uit de drie onderzochte landen cumulatief heeft beoordeeld, heeft hij evenwel niet de prijsonderbieding van verzoeksters uitvoer berekend, juist wegens het gering volume ervan. 51 Bij het onderzoek van deze feiten tegen de achtergrond van artikel 3, lid 2, van de basisverordening had de Raad dus tot de slotsom moeten komen, dat verzoeksters uitvoer geenszins ertoe dwong, schade vast te stellen. Hoe dan ook bestaat er, om dezelfde redenen, geen causaal verband tussen haar eigen uitvoer en de door de bedrijfstak van de Gemeenschap daadwerkelijk geleden schade. 52 In repliek stelt verzoekster bovendien, dat de Raad, door haar te betrekken in de cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de totale uitvoer uit de landen die aan het onderzoek betreffende de bedrijfstak van de Gemeenschap waren onderworpen, kennelijk een beoordelingsfout heeft begaan, waardoor het beginsel van gelijke behandeling en het evenredigheidsbeginsel zijn geschonden. 53 Anders dan de Raad stelt, zijn de gemeenschapsinstellingen reeds in het verleden bij de beoordeling van de gevolgen van de uitvoer van individuele producenten [verordening (EEG) nr. 1696/88 van de Commissie van 14 juni 1988 houdende instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van synthetische polyestervezels van oorsprong uit Joegoslavië, Mexico, Roemenië, Taiwan, Turkije en de Verenigde Staten (PB L 151, blz. 47)] uitgegaan van hun specifieke situatie. Zo werd in deze laatste verordening bijzondere aandacht besteed aan de gevolgen van de uitvoer door Amerikaanse producenten. 54 Dienaangaande beklemtoont zij, dat de gemeenschapsinstellingen rekening hadden moeten houden met haar bijzondere positie, die sterk verschilde van die van de andere producenten en exporteurs. Zij behoort weliswaar tot de Europese Swedish Match Group, maar haar exportactiviteiten zijn hoofdzakelijk gericht op Japan, de Verenigde Staten en de landen in Azië en het Stille-Oceaangebied, zodat zij niet kan worden beschouwd als exporteur in de zin waarin die term wordt gebruikt voor de andere bij het antidumpingonderzoek betrokken producenten. De enige keer dat zij, ten behoeve van kwaliteitstesten door Poppell, gedurende het onderzoek aanstekers heeft uitgevoerd, kan niet worden beschouwd als een regelmatige vaste handelsbetrekking tussen een exporteur en een importeur. De gemeenschapsinstellingen hebben derhalve het gelijkheidsbeginsel geschonden door volledig verschillende situaties gelijk te behandelen. 55 De gemeenschapsinstellingen hebben tevens het evenredigheidsbeginsel geschonden. Ter bereiking van het nagestreefde doel hoefde haar geen antidumpingrecht te worden opgelegd, zodat de door de basisverordening aan de gemeenschapsinstellingen verleende bevoegdheden onevenredig zijn gebruikt. Uitvoer naar de gemeenschapsmarkt is voor haar geen gebruikelijke activiteit, zodat het onwaarschijnlijk is dat zij in de toekomst nog tot uitvoer overgaat. 56 In het kader van het middel betreffende ontoereikende motivering verwijt verzoekster de gemeenschapsinstellingen voorts, voor de berekening van het antidumpingrecht ten onrechte streefprijzen te hebben gebruikt. Dienaangaande verwijst zij naar het arrest van het Hof van 5 oktober 1988, TEC e.a./Raad (260/85 en 106/86, Jurispr. blz. 5855, punten 48-50), volgens hetwelk streefprijzen worden gebruikt wanneer de werkelijke marktprijzen zijn verlaagd en derhalve niet meer voor vergelijking vatbaar zijn. Slechts in dat geval is het gebruik van een streefprijs toegestaan. Wanneer de prijzen niet zijn verlaagd, moeten de werkelijke prijzen van de communautaire producenten worden vergeleken. Indien de gemeenschapsinstellingen voor de vaststelling van het antidumpingpercentage de werkelijke prijzen hadden gebruikt, zou verzoekster geen antidumpingrecht zijn opgelegd. 57 De Raad betoogt in de eerste plaats, dat antidumpingonderzoeken steeds betrekking hebben op de uitvoer uit een land of groep van landen, doch niet op de uitvoer van een bepaalde producent. De gemeenschapsinstellingen gaan dus alleen na, of schade is berokkend door invoer met dumping uit het bij het onderzoek betrokken land. 58 Zijns inziens is het argument dat verzoekster afleidt uit voormelde verordening nr. 1698/88 van 14 juni 1988, reeds aangehaald, (zie punt 53 supra), in casu irrelevant, omdat de feiten niet dezelfde zijn. Meer bepaald is de uitvoer door alle Amerikaanse producenten van de cumulatieve beoordeling uitgesloten en niet de uitvoer door één Amerikaanse producent. 59 De Raad wijst erop, dat verzoekster in haar verzoekschrift geen schending van het beginsel van gelijke behandeling en van het evenredigheidsbeginsel heeft gesteld. Deze grieven zijn voor het eerst in repliek aangevoerd, zonder dat verzoekster uitlegt waarom zij ze niet in het verzoekschrift heeft kunnen voordragen. Deze stellingen zijn dus nieuwe middelen en moeten ingevolge artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht niet-ontvankelijk worden verklaard. 60 Subsidiair stelt de Raad, dat het argument betreffende schending van het beginsel van gelijke behandeling ongegrond is. In de eerste plaats is het van weinig belang, dat een exporteur naar een gelieerde gemeenschapsproducent uitvoert, aangezien die uitvoer ook schade kan berokkenen. In de tweede plaats vormt het feit dat de uitvoer zeer gering was, onvoldoende reden om het causaal verband afzonderlijk te beoordelen. Aangaande het evenredigheidsbeginsel voert verzoekster nagenoeg dezelfde argumenten aan als in het kader van de schending van het discriminatieverbod. Beoordeling door het Gerecht 61 Voor zover verzoekster in de eerste plaats stelt, dat zij niet als "exporteur" in de zin van de basisverordening kan worden aangemerkt, omdat zij tot de Swedish Match Group behoort en zij gedurende het onderzoektijdvak alleen naar haar zustervennootschap Poppell heeft uitgevoerd, zij opgemerkt dat de Raad in punt 38 van de considerans van de litigieuze verordening heeft vastgesteld, zonder dat verzoekster dit heeft weersproken, dat de tot de Swedish Match Group behorende ondernemingen slechts uiterst geringe hoeveelheden aanstekers van oorsprong uit de Filipijnen invoerden en dat hun activiteiten met betrekking tot dit product hoofdzakelijk in de Gemeenschap plaatsvonden. De Raad heeft derhalve terecht geoordeeld, dat deze ondernemingen moesten worden geacht tot "de bedrijfstak van de Gemeenschap" te behoren. 62 Bovendien vormt de enkele omstandigheid dat uitvoer binnen een groep ondernemingen plaatsvindt, geen reden om hem uit te sluiten van de werkingssfeer van artikel 3 van de basisverordening, dat ertoe strekt de bedrijfstak van de Gemeenschap te beschermen tegen "invoer met dumping". Krachtens artikel 2, lid 9, van de basisverordening wordt alleen voor de bepaling van de exportprijs rekening gehouden met het specifieke geval van een associatie tussen een extracommunautaire exporteur en een communautaire importeur. 63 Verzoeksters eerste grief moet dus worden verworpen. 64 In de tweede plaats verwijt verzoekster de gemeenschapsinstellingen, te hebben aangenomen, dat haar eenmalige uitvoer van aanstekers in de loop van het onderzoektijdvak, en dan nog in uiterst geringe omvang, de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke schade kon berokkenen. Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat geen bepaling van de basisverordening - noch overigens van de antidumpingcode 1994 - de gemeenschapsinstellingen verplicht, in antidumpingprocedures te onderzoeken, of en in hoeverre elke exporteur die dumping toepast, individueel bijdraagt tot de schade aan de bedrijfstak van de Gemeenschap. Bij lezing van artikel 3 van de basisverordening blijkt daarentegen, dat de gemeenschapswetgever de formule "dumped imports" (invoer met dumping) in het meervoud bezigt en preciseert, dat de omvang van de invoer met dumping en het effect daarvan op de prijzen van soortgelijke producten op de markt van de Gemeenschap alsook de gevolgen van deze invoer voor de bedrijfstak van de Gemeenschap, relevante elementen zijn voor de vaststelling van schade. Inzonderheid mogen ingevolge artikel 3, lid 4, de gevolgen van de invoer "uit meer dan een land" cumulatief worden beoordeeld, indien onder meer "de uit elk land ingevoerde hoeveelheid" niet te verwaarlozen is. 65 Voor de vaststelling of er schade is, heeft de gemeenschapswetgever dus het territoriale kader van een of meer landen gekozen, waarbij hij de volledige invoer met dumping uit dit (deze) land(en) in zijn geheel in aanmerking neemt. 66 Dienaangaande zij beklemtoond, dat het Hof in zijn arrest van 7 mei 1987, Nachi Fujikoshi/Raad (255/84, Jurispr. blz. 1861, punt 46), heeft geoordeeld, dat de schade die een gevestigde bedrijfstak van de Gemeenschap als gevolg van de invoer met dumping lijdt, in haar geheel moet worden beoordeeld, "zonder dat het individuele aandeel van elk van de betrokken ondernemingen in de schade zou moeten worden bepaald, wat trouwens niet mogelijk zou zijn". In zijn arrest van 5 oktober 1988, Technointorg/Commissie en Raad (294/86 en 77/87, Jurispr. blz. 6077, punten 40 en 41), heeft het Hof bovendien opgemerkt, dat de gevolgen van invoer uit verschillende derde landen in hun geheel moesten worden beoordeeld en dat er goede gronden waren om de gemeenschapsinstellingen de mogelijkheid te bieden de gevolgen van al die importen voor de bedrijfstak van de Gemeenschap te beoordelen en passende maatregelen te nemen ten aanzien van alle exporteurs, "zelfs indien de omvang van de uitvoer van elk van hen afzonderlijk betrekkelijk gering is". 67 Verzoeksters tweede grief moet dus ook worden verworpen. 68 In die omstandigheden kan een beroep op het discriminatieverbod verzoekster niet baten. Ofschoon ingevolge dit verbod ongelijke situaties weliswaar niet gelijk mogen worden behandeld, verzet de antidumpingregeling zoals hierboven geanalyseerd zich ertegen, dat een marktdeelnemer die een beperkte hoeveelheid heeft uitgevoerd, voor het vaststellen van de schade wordt geacht in een andere situatie te verkeren dan een marktdeelnemer die aanzienlijke hoeveelheden heeft uitgevoerd. Aangaande verzoeksters verdere betoog in dit verband, dat andere Filipijnse exporteurs geen antidumpingrecht is opgelegd omdat de Commissie hun aanbod van prijsverbintenissen aanvaardde, hoeft er slechts aan te worden herinnerd, dat verzoekster, zoals blijkt uit punt 89 van de considerans van de litigieuze verordening, geen soortgelijk aanbod heeft gedaan, zodat de gemeenschapsinstellingen haar niet op dezelfde wijze als de andere Filipijnse bedrijven konden behandelen. 69 Hetzelfde geldt voor het evenredigheidsbeginsel, volgens hetwelk een communautaire regeling slechts rechtmatig is wanneer de aangewende middelen geschikt zijn voor de verwezenlijking van de legitieme doelstelling die met de betrokken regeling wordt nagestreefd, en niet verder gaan dan ter bereiking daarvan noodzakelijk is, met dien verstande dat wanneer een keuze uit verschillende geschikte maatregelen mogelijk is, in beginsel de minst belastende moet worden gekozen (zie in die zin arrest Gerecht van 5 juni 1996, NMB France e.a./Commissie, T-162/94, Jurispr. blz. II-427, punt 69). 70 Ter bescherming van de bedrijfstak van de Gemeenschap kan het namelijk noodzakelijk zijn dat zelfs exporten van geringe omvang in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van schade. In verzoeksters geval is aan de geringe omvang van haar uitvoer tot dusver een even gering risico verbonden dat het antidumpingrecht haar wordt opgelegd. Dat risico zal slechts intreden voor zover verzoekster in de toekomst naar de Gemeenschap uitvoert. Verzoekster heeft uitdrukkelijk verklaard, dat die uitvoer niet behoort tot haar normale activiteit, die gericht is op Japan, de Verenigde Staten en de landen in Azië en het Stille-Oceaangebied, en dat het onwaarschijnlijk is dat zij in de toekomst tot deze uitvoer overgaat. 71 Verzoeksters argumenten betreffende schending van deze twee beginselen moeten dus worden verworpen. 72 Tevens tracht verzoekster in de eerste plaats aan te tonen, dat er geen schade is, omdat de voor haar uitgevoerde aanstekers gefactureerde prijs hoger was dan de gemeenschapsprijzen. In de tweede plaats stelt zij, dat de gemeenschapsinstellingen streefprijzen hebben gebruikt, hoewel in casu niet was voldaan aan de toepassingsvoorwaarden, namelijk een daling van de werkelijke marktprijzen. 73 Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat verzoekster en de communautaire importeur voor wie de litigieuze vracht bestemd was, tot dezelfde groep behoren. Krachtens artikel 2, lid 9, van de basisverordening zijn de gemeenschapsinstellingen in geval van een associatie tussen de exporteur en de importeur niet gehouden, de gefactureerde prijs als uitvoerprijs te erkennen, doch kunnen zij deze laatste samenstellen op basis van de prijs waartegen de ingevoerde producten voor het eerst aan een onafhankelijke afnemer worden doorverkocht. De Raad heeft verklaard, zonder op dit punt door verzoekster te worden weersproken, dat hij in casu een dergelijke samengestelde prijs heeft gebruikt. Verzoeksters verwijzing naar de werkelijk gefactureerde prijs is dus irrelevant. 74 Wat de kritiek op het systeem van de streefprijzen betreft, blijkt uit punt 54 van de considerans van de litigieuze verordening, dat de door de bedrijfstak van de Gemeenschap in het algemeen toegepaste prijzen, na een lichte verbetering, vanaf 1992 tot het onderzoektijdvak zijn teruggelopen. Wat inzonderheid meer geavanceerde aanstekers betreft, die normaal gesproken hogere prijsniveau's zou hebben gerechtvaardigd, is vastgesteld dat deze hogere prijzen gedurende het onderzoektijdvak niet konden worden gehandhaafd, hetgeen negatieve gevolgen heeft gehad voor de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap. Voorts liep volgens punt 53 van de considerans van deze verordening het marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap terug van 57,3 % in 1990 tot 48,6 % in het onderzoektijdvak. Ten slotte lagen volgens de vaststellingen in de punten 34 en 50 van de considerans van de litigieuze verordening de prijzen van de ingevoerde aanstekers aanzienlijk lager dan de prijzen die gedurende het onderzoektijdvak door de communautaire producenten werden toegepast, zelfs rekening houdend met dumpingmarges van 36,7 % voor verzoekster en 52,6 % voor de andere Filipijnse exporteurs. 75 Gelet op deze vaststellingen, die verzoekster niet heeft betwist, mocht de Raad ervan uitgaan, dat de werkelijk toegepaste communautaire prijzen niet meer bruikbaar waren voor de vaststelling van schade, doordat zij waren gedaald ten gevolge van de door de Filipijnse invoer uitgeoefende neerwaartse druk, zodat het bedrag van het antidumpingrecht dat nodig was om de schade weg te nemen in de zin van artikel 9, lid 4, van de basisverordening, moest worden berekend op basis van een samengestelde prijs. 76 Ten slotte blijkt uit de punten 57, 81 en 82 van de considerans van de litigieuze verordening alsook uit de bladzijden 14 en 21 van de definitieve mededeling, dat de prijzen van de andere Filipijnse exporteurs dan verzoekster meer dan 30 % lager waren dan de door de bedrijfstak van de Gemeenschap werkelijk toegepaste prijzen, en dat om de schade weg te nemen rekening moest worden gehouden met een winstmarge van de bedrijfstak van de Gemeenschap van 10 % alsook met haar productiekosten. Bijgevolg is de marge van onderbieding ("underselling margin") van deze Filipijnse exporteurs ten opzichte van de samengestelde gemeenschapsprijzen op 43 % geraamd, waarin dus 3 % voor de productiekosten is inbegrepen. Daar verzoeksters marge van onderbieding ("undercutting margin") op 0 % was gesteld, moest de berekening van de niet schadelijke prijs noodzakelijkerwijs leiden tot de vaststelling van een individuele marge van onderbieding ("underselling margin") van 13 %, namelijk 10 % voor de winstmarge van de bedrijfstak van de Gemeenschap en 3 % voor de productiekosten van deze laatste, zoals zij in de litigieuze verordening in aanmerking is genomen en tot uiting is gekomen in het antidumpingrecht. 77 Geen van verzoeksters argumenten kan dus worden aanvaard. 78 Het tweede middel moet dus in zijn geheel worden verworpen. Het derde middel, betreffende schending van de motiveringsplicht 79 Volgens verzoekster worden de feiten die de Raad ertoe hebben gebracht haar gemiddelde marge van onderbieding vast te stellen en het percentage van het op haar toegepaste antidumpingrecht te bepalen, in de considerans van de litigieuze verordening inconsistent en weinig duidelijk uiteengezet. Zij kritiseert met name punt 50 van de considerans van de litigieuze verordening. De gemeenschapsinstanties hebben haar individueel onderbiedingspercentage niet aangegeven of geraamd. Het niveau van de prijsonderbieding die de Raad in aanmerking heeft genomen om de schade aan de bedrijfstak van de Gemeenschap te ramen, is dus volledig onzeker. Deze onzekerheid wordt nog groter wanneer rekening wordt gehouden met de hoge prijs die verzoekster de importeur factureert en haar uiterst geringe invoer. 80 Verzoekster kritiseert ook punt 57 van de considerans van de litigieuze verordening. Uit de formulering van dit punt zou kunnen worden afgeleid, dat de Raad tot de slotsom was gekomen, dat zij de bedrijfstak van de Gemeenschap geen schade had berokkend en haar geen antidumpingrecht hoefde te worden opgelegd. Niettemin heeft de Raad haar invoer evenwel aan een individueel recht onderworpen. Zij begrijpt niet hoe de Raad tot een gemiddelde marge van onderbieding ("underselling margin") van 13 % is gekomen, nu hij zijn conclusie betreffende de schade onder meer heeft gebaseerd op een marge van onderbieding ("undercutting margin") van 0 %. 81 Ten slotte betoogt verzoekster, dat de overwegingen betreffende een stijging van de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap in tegenspraak zijn met de latere vaststellingen, dat een neerwaartse druk op de prijzen werd uitgeoefend. Zij kan zich dus niet verdedigen, aangezien zij niet kan weten op basis van welke feiten de Raad heeft besloten een antidumpingrecht op haar invoer in te stellen. 82 Dienaangaande herinnert het Gerecht eraan, dat volgens vaste rechtspraak de in artikel 190 EG-Verdrag (thans artikel 253 EG) voorgeschreven motivering moet beantwoorden aan de aard van de betrokken handeling. De redenering van de communautaire instantie die de handeling heeft vastgesteld, moet er duidelijk en ondubbelzinnig in tot uiting komen, zodat de belanghebbenden de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel kunnen kennen en de gemeenschapsrechter zijn toezicht kan uitoefenen. Uit deze rechtspraak blijkt bovendien, dat geen specifieke motivering kan worden verlangd van de verschillende feitelijke en juridische omstandigheden die aan een handeling ten grondslag liggen, zodra deze handeling valt binnen de systematiek van het geheel waarvan zij een onderdeel vormt, waarbij de aan de motivering te stellen eisen voor het overige moeten worden beoordeeld naar gelang van de omstandigheden van het geval (arrest Hof van 14 mei 1998, Windpark Groothusen/Commissie, C-48/96 P, Jurispr. blz. I-2873, punten 34 en 35). Inzonderheid kan bij verordeningen, handelingen die een algemene strekking hebben, geen specifieke motivering worden verlangd van de verschillende - soms zeer talrijke en ingewikkelde - onderdelen, feitelijk en rechtens, die daarin voorkomen. Indien de essentie van het door de instelling nagestreefde doel uit de betwiste handeling blijkt, zou het bijgevolg te ver gaan, voor elke technische keuze van deze instelling een specifieke motivering te verlangen (arrest Hof van 22 januari 1986, Eridania, 250/84, Jurispr. blz. 117, punt 38). 83 Het Gerecht is van oordeel, dat in casu is voldaan aan de in deze rechtspraak geformuleerde vereisten. Zoals het onderzoek van verzoeksters eerste en tweede middel ten gronde heeft aangetoond, is verzoekster door haar deelneming aan de antidumpingprocedure, door de definitieve mededeling en door de considerans van de litigieuze verordening afdoende voorgelicht, zodat zij haar belangen voor het Gerecht doeltreffend heeft kunnen verdedigen. Bovendien heeft het Gerecht zijn rechterlijke controle kunnen uitoefenen door uitspraak te doen op het onderhavige beroep. 84 Het derde middel moet derhalve eveneens worden verworpen. 85 Blijkens het voorgaande moet het beroep ongegrond worden verklaard. Beslissing inzake de kosten Kosten 86 Ingevolge artikel 87, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering moet verzoekster in de kosten worden verwezen, voor zover zij in het ongelijk is gesteld. Aangezien de Raad naar aanleiding van het instellen van het beroep een berekeningsfout heeft verbeterd en, door wijziging van de litigieuze verordening, de antidumpingrechten met vier punten heeft verminderd, acht het Gerecht het billijk, de Raad overeenkomstig artikel 87, lid 6, van het Reglement voor de procesvoering in een vijfde van zijn kosten te verwijzen. 87 Overeenkomstig artikel 87, lid 4, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering zal de Commissie, interveniënte, haar eigen kosten dragen. Dictum HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer - uitgebreid), rechtdoende: 1) Verwerpt het beroep. 2) Verwijst verzoekster in haar eigen kosten en in vier vijfde van de kosten van de Raad. 3) Verstaat dat de Raad een vijfde van zijn eigen kosten zal dragen. 4) Verstaat dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

62007TJ0184

it

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1471/2006‑2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo ANEW ALTERNATIVE come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: Avon Products, Inc. Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo ANEW ALTERNATIVE per prodotti della classe 3 – domanda n. 4357919 Decisione dell’esaminatore: Diniego di registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Avon Products, Inc. è condannata alle spese.

61999CJ0179

it

Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1999, l'associazione Eurofer ABSL ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-136/94, Eurofer/Commissione (Racc. pag. II-263; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il ricorso della detta associazione diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle [così, in luogo di: travi] (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la Commissione ha accertato che la ricorrente aveva violato l'art. 65, n. 1, del detto Trattato e le ha ingiunto l'immediata cessazione della violazione. Fatti di causa e decisione controversa 2 Risulta dalla sentenza impugnata che, a partire dal 1974, l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, ciò che ha originato problemi di eccedenza dell'offerta e di sovraccapacità, nonché un basso livello dei prezzi. 3 Dopo aver tentato di gestire la crisi mediante impegni volontari unilaterali delle imprese relativi ai volumi di acciaio proposti sul mercato e a taluni prezzi minimi («piano Simonet») ovvero mediante la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi minimi («piano Davignon», accordo «Eurofer I»), la Commissione, nel 1980, ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e ha imposto quote di produzione obbligatorie, in particolare per le putrelle. Il detto regime comunitario ha avuto termine il 30 giugno 1988. 4 Molto prima di questa data, la Commissione aveva annunciato l'abbandono del regime di quote in diverse comunicazioni e decisioni, ricordando che la fine di tale regime avrebbe significato il ritorno ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese. Tuttavia, il settore rimaneva caratterizzato da capacità produttive eccedentarie, che gli esperti ritenevano dovessero essere oggetto di una riduzione sufficiente e rapida al fine di consentire alle imprese di far fronte alla concorrenza mondiale. 5 A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un regime di sorveglianza, che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati, nonché la regolare consultazione delle imprese in merito alla situazione e alle tendenze del mercato. Le imprese del settore, alcune delle quali erano membri dell'associazione professionale Eurofer, odierna ricorrente, hanno così mantenuto regolari contatti con la DG III (direzione generale «Mercato interno e affari industriali») della Commissione nell'ambito di riunioni di consultazione. Il regime di sorveglianza ha avuto termine il 30 giugno 1990 ed è stato sostituito da un regime di informazione individuale e volontario. 6 All'inizio del 1991, la Commissione ha effettuato diverse verifiche presso un certo numero di imprese siderurgiche e di associazioni di imprese di tale settore. Una comunicazione degli addebiti è stata ad esse inviata in data 6 maggio 1992. All'inizio del 1993 hanno avuto luogo alcune audizioni. 7 Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato la partecipazione di diciassette imprese siderurgiche europee e della ricorrente ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle putrelle, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la detta decisione, la Commissione ha inflitto ammende a quattordici imprese per violazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990. 8 Quanto alla ricorrente, il punto 317 della motivazione della decisione controversa precisa quanto segue: «Contrariamente a quanto sostenuto da alcune parti coinvolte nel presente caso, le associazioni di imprese possono violare le regole della concorrenza contenute nel Trattato CECA (cfr. articolo 48, paragrafo 1). Il divieto sancito dall'articolo 65, paragrafo 1, si applica anche alle decisioni delle associazioni di imprese. Benché l'articolo 65, paragrafo 5, [preveda] esclusivamente l'imposizione di ammende alle imprese, un'infrazione commessa da un'associazione può esporre le imprese ad essa aderenti al rischio di un'ammenda. In assenza di circostanze speciali, le imprese devono assumersi la responsabilità delle azioni svolte da un'associazione [che esse controllano] in funzione dell'influenza [da esse] esercitata sull'associazione stessa. Nel presente caso Eurofer ha contribuito a porre in essere l[e] infrazion[i] commess[e] nei confronti dell'articolo 65 del Trattato CECA da parte dei suoi membri, organizzando lo scambio di alcune [delle informazioni riservate necessarie]. Tuttavia, poiché detti membri sono già [puniti con un']ammenda in relazione [a tali infrazioni,] che comprendono lo scambio di informazioni riservate in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, la Commissione non ritiene necessario imporre [loro] ammende aggiuntive per il comportamento della loro associazione». 9 Gli artt. 2 e 3 della decisione controversa sono così formulati: «Articolo 2 Eurofer ha violato l'articolo 65 del trattato CECA organizzando [uno] scambio di informazioni riservate tra i propri membri in relazione alle infrazioni commesse da questi ultimi ed elencate all'articolo 1. Articolo 3 Qualora non vi abbiano già provveduto, le imprese e le associazioni di imprese di cui agli articoli 1 e 2 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni descritte in dett[i] articol[i]. A tal fine esse si astengono dal ripetere o dal continuare qualsiasi atto o comportamento specificato all'articolo 1 o all'articolo 2 e dall'adottare misure aventi effetto equivalente». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 10 Il 1° aprile 1994 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto al parziale annullamento della decisione controversa. 11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente. Conclusioni delle parti 12 La ricorrente conclude che la Corte voglia: - annullare la sentenza impugnata; - con riferimento alle conclusioni formulate dalla ricorrente in primo grado, annullare l'art. 2 della decisione controversa, nonché l'art. 3 di quest'ultima nella parte relativa alla detta ricorrente; - condannare la Commissione alle spese. 13 La Commissione conclude che la Corte voglia: - respingere l'impugnazione; - condannare la ricorrente alle spese. Motivi di impugnazione 14 La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione: 1) violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, per errata interpretazione della nozione di «decisione d'associazioni d'imprese» contenuta in tale disposizione; 2) violazione dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, per motivazione errata, contraddittoria ed eccedente i limiti di competenza materiale del Tribunale, relativamente alla constatazione, contenuta nell'art. 2 della decisione controversa, secondo cui la ricorrente avrebbe organizzato uno scambio di informazioni riservate in connessione con le infrazioni commesse dai suoi membri; 3) violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e dei limiti di competenza materiale del Tribunale, per errata interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'espressione "tenda (...) a", di cui alla detta disposizione, nell'ambito dell'applicazione di tale elemento costitutivo a presunti effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente; 4) violazione degli artt. 15, primo comma, e 65, n. 1, del Trattato CECA, per errata interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'espressione "limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza", di cui alla seconda delle disposizioni sopra citate, e per contraddittorietà della motivazione, nell'ambito dell'applicazione del detto elemento costitutivo allo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente. 15 I punti della sentenza impugnata censurati nell'ambito di ciascun motivo verranno indicati in sede di esposizione del motivo medesimo. Sull'impugnazione 16 Occorre esaminare anzitutto il primo motivo, indi il secondo e il quarto motivo congiuntamente, e infine il terzo motivo. Quanto al primo motivo 17 Con il primo motivo viene dedotta la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, a motivo di un'errata interpretazione della nozione di «decisione d'associazioni d'imprese» contenuta in tale disposizione. 18 La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha concluso, ai punti 109-120 della sentenza impugnata, nel senso dell'esistenza di una decisione di un'associazione di imprese, quando invece nessuna decisione formale sarebbe stata adottata dagli organi della ricorrente. Così facendo, il detto giudice avrebbe travisato la nozione di «decisione d'associazioni d'imprese» di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, la quale contemplerebbe soltanto gli atti che abbiano efficacia vincolante anche nei confronti dei membri dell'associazione che hanno votato contro l'adozione degli atti stessi, che non hanno espresso alcuna posizione in merito o che non hanno partecipato alla detta adozione. La nozione di cui sopra sarebbe soltanto sussidiaria rispetto a quella di accordo tra imprese, nel senso che, quando esiste un tale accordo, non occorrerebbe esaminare se esista anche una decisione di un'associazione. 19 Inoltre, il Tribunale avrebbe errato anche nell'applicare, al punto 130 della sentenza impugnata, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA alle attività svolte nell'ambito di un'associazione di imprese, e nel confermare, ai punti 137-139 di tale sentenza, che la Commissione aveva il potere di adottare l'art. 2 della decisione controversa, quando invece un'associazione potrebbe violare il divieto di intese soltanto nel caso in cui si comportasse come un'impresa. 20 La Commissione ritiene che la prima censura sia priva di fondamento, in quanto sarebbe sulla base di una serie di indizi oggettivi, non contestati dalla ricorrente, che il Tribunale avrebbe concluso, ai punti 110-118 della sentenza impugnata, nel senso dell'esistenza di una decisione della ricorrente. Inoltre, ai punti 112 e 204 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe constatato l'esistenza di uno scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente, che veniva realizzato parallelamente allo scambio di informazioni attuato tra imprese nell'ambito della commissione denominata «commissione putrelle». Giustamente pertanto il Tribunale avrebbe concluso nel senso che esisteva sia una decisione di un'associazione sia un accordo tra imprese. Ad avviso della Commissione, l'art. 65 del Trattato CECA non può essere interpretato nel senso che vieti una decisione di un'associazione unicamente nel caso in cui non esista in materia alcun accordo tra imprese, laddove, in caso contrario, soltanto le decisioni che non fossero state adottate all'unanimità dalle imprese che compongono l'associazione potrebbero costituire decisioni di associazioni ai sensi della disposizione suddetta. 21 Allo stesso modo, così come il Tribunale avrebbe statuito al punto 131 della sentenza impugnata, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA si applicherebbe alle attività peculiari delle associazioni di imprese, e non soltanto alle attività di tali associazioni aventi carattere imprenditoriale, posto che, se così non fosse, risulterebbe superfluo il riferimento alle associazioni medesime contenuto nella detta disposizione. Giudizio della Corte 22 L'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta specificamente ogni decisione di associazioni di imprese che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza. 23 Pertanto, l'articolo suddetto si applica alle associazioni nella misura in cui l'attività loro propria ovvero quella delle imprese ad esse aderenti sia diretta a produrre gli effetti da esso contemplati (sentenza 19 marzo 1964, causa 67/63, Sorema/Alta Autorità, Racc. pagg. 293, 317). 24 La norma in questione non prevede assolutamente che il divieto da essa previsto nei confronti delle associazioni di imprese sia applicabile soltanto in via sussidiaria, vale a dire nel caso in cui non sia stato possibile individuare un accordo tra imprese. 25 Allo stesso modo, l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA non precisa che esso contempla l'attività di un'associazione di imprese soltanto nei limiti in cui quest'ultima si comporti come un'impresa. Ad ogni modo, un'associazione di imprese che si comportasse come un'impresa sarebbe considerata tale in sede di applicazione della norma suddetta, ciò che renderebbe inutile un divieto specificamente destinato alle dette associazioni. 26 Ne consegue che giustamente il Tribunale ha ritenuto, ai punti 130-133 della sentenza impugnata, che un'associazione di imprese potesse essere contemplata dal divieto enunciato all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e ha respinto, ai punti 137 e 139 della medesima sentenza, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe avuto il potere di adottare l'art. 2 della decisione controversa. 27 Quanto all'esistenza di una decisione di un'associazione di imprese imputabile alla ricorrente, occorre rilevare come il Tribunale sia giunto a tale conclusione dopo aver esaminato nella sentenza impugnata gli obiettivi statutari della ricorrente (punto 111) nonché la sua attività di raccolta, compilazione e diffusione dei dati di cui trattasi (punto 112), dopo aver dedotto dall'attività del personale l'autorizzazione degli organi competenti in materia o, quanto meno, l'accordo espresso o tacito dei suoi membri (punto 113), e dopo aver rilevato l'affiliazione alla ricorrente delle imprese che avevano partecipato allo scambio di informazioni controverso (punto 114). 28 Alla luce dell'insieme degli elementi accertati, risulta corretta la statuizione del Tribunale, contenuta al punto 115 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione era legittimata a concludere, nella decisione controversa, che lo scambio di informazioni in questione non poteva essere stato realizzato senza una «decisione» della ricorrente. 29 Ne consente che il primo motivo è infondato. Quanto al secondo e al quarto motivo 30 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, per motivazione errata, contraddittoria ed eccedente i limiti di competenza materiale del Tribunale, relativamente alla constatazione, contenuta nell'art. 2 della decisione controversa, secondo cui la ricorrente avrebbe organizzato uno scambio di informazioni riservate in connessione con le infrazioni commesse dai suoi membri. 31 Con il quarto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 15, primo comma, e 65, n. 1, del Trattato CECA, per errata interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'espressione «limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza», di cui alla seconda delle disposizioni sopra citate, e per contraddittorietà della motivazione, nell'ambito dell'applicazione del detto elemento costitutivo allo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente. 32 Occorre esaminare tali motivi congiuntamente. 33 Il secondo motivo ha ad oggetto i punti 169-208 della sentenza impugnata e, più in particolare, il punto 191, che è così formulato: «Infatti, la circostanza che il sistema in oggetto sia stato istituito, nell'ambito del sistema delle quote allora gestito dalla ricorrente, non più tardi del 1986 indica che inizialmente tale sistema aveva ad oggetto il controllo del rispetto delle quote assegnate a ciascuna delle imprese partecipanti, in un contesto in cui la Commissione perseguiva l'obiettivo della stabilità dei "flussi tradizionali" (...). Il fatto che lo scambio in oggetto sia proseguito dopo il 30 giugno 1988, data di cessazione del regime di quote (v. documenti nn. 3482 e 3483), consentiva alle imprese di controllare in quale misura ciascuna di esse continuava a rispettare i mercati tradizionali che sono stati alla base del sistema delle quote. Un siffatto scambio di informazioni tendeva, per sua stessa natura, a mantenere la compartimentazione dei mercati secondo i flussi tradizionali». 34 La ricorrente addebita al Tribunale di avere ecceduto, al detto punto 191 della sentenza impugnata, i limiti della propria competenza materiale, facendo riferimento a fatti nuovi e soprattutto constatando la prosecuzione del regime di quote, quando invece tale regime avrebbe avuto termine il 30 giugno 1998 e la detta constatazione non sarebbe suffragata dai fatti quali risultano dalla decisione controversa ovvero dalla stessa sentenza impugnata. 35 La ricorrente addebita altresì al Tribunale di essersi contraddetto constatando, ai punti 179 e 202 della sentenza impugnata, che lo scambio di informazioni organizzato da essa ricorrente costituiva una violazione autonoma e, al punto 191 della medesima sentenza, che tale scambio serviva a verificare il rispetto delle quote. 36 Con il quarto motivo, che ha ad oggetto i punti 185-196 della sentenza impugnata, la ricorrente si duole nuovamente che il Tribunale abbia qualificato, al punto 202 di tale sentenza, lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente come violazione autonoma, e tuttavia abbia fatto leva, al punto 191 della medesima sentenza, per motivare l'esistenza di una restrizione della concorrenza, sull'utilizzo di tale scambio di informazioni a scopi di vigilanza di un'intesa riguardante il rispetto dei mercati nazionali, riconoscendo così il carattere accessorio, non autonomo, dello scambio suddetto. 37 La ricorrente nega inoltre che lo scambio di informazioni abbia potuto, in quanto tale, restringere la concorrenza. Infatti, i dati scambiati non sarebbero stati né sufficientemente recenti né sufficientemente dettagliati, in particolare in relazione ai prodotti e agli acquirenti considerati, per poter restringere la libertà d'azione delle imprese interessate. 38 La Commissione sostiene, in via preliminare, che la ricorrente compie un'erronea lettura del punto 191 della sentenza impugnata, nel quale non si affermerebbe che le imprese hanno prolungato il regime di quote oltre il 30 giugno 1988. Al punto suddetto, si constaterebbe semplicemente che lo scambio di informazioni controverso consentiva alle imprese di verificare in quale misura ciascuna di esse continuasse a rispettare i mercati tradizionali che avevano servito quale base del detto regime. 39 Quanto agli argomenti della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore qualificando come violazione autonoma lo scambio di informazioni controverso, la Commissione asserisce che essi sono irricevibili, in quanto rimetterebbero in discussione la constatazione e la valutazione dei fatti, in particolare quanto all'omogeneità dei prodotti, fatti dai quali il Tribunale ha preso le mosse, ai punti 185-194 della sentenza impugnata, per affermare che le informazioni scambiate erano idonee a influenzare sensibilmente il comportamento dei partecipanti. 40 La Commissione fa valere altresì che la ricorrente rileva una contraddizione della motivazione soltanto in relazione al punto 191 della sentenza impugnata, del quale essa effettuerebbe un'erronea lettura. Indipendentemente dall'esistenza di un'intesa sui prezzi e sulla ripartizione dei mercati, lo scambio di informazioni controverso sarebbe stato di per sé idoneo a influenzare sensibilmente il comportamento delle imprese sul mercato. Giudizio della Corte 41 Secondo la giurisprudenza relativa al mercato dei trattori (sentenze del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, e causa T-35/92, Deere/Commissione, Racc. pag. II-957, nonché sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, e causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175), nella quale il Tribunale e la Corte hanno esaminato per la prima volta un accordo di scambio di informazioni nell'ambito del Trattato CE, e le cui considerazioni di ordine generale sono trasponibili al Trattato CECA, un accordo di questo tipo è contrario alle regole di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (v., in particolar modo, sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 90). 42 Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 86, e la giurisprudenza ivi citata). 43 La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 87, e la giurisprudenza ivi citata). 44 Al fine di verificare se il sistema di scambio di informazioni organizzato nella fattispecie dalla ricorrente avesse come effetto una restrizione della concorrenza, il Tribunale ha esaminato diversi elementi. Esso ha così constatato nella sentenza impugnata la natura riservata dei dati forniti (punto 186), il fatto che tali dati venivano comunicati soltanto a un certo numero di produttori (punto 187), il carattere omogeneo dei prodotti in questione (punto 188), la struttura oligopolistica del mercato (punto 189), il fatto che le informazioni controverse consentivano una conoscenza precisa delle quote di mercato di tutti i concorrenti (punto 190) e, dunque, permettevano una sorveglianza delle attività dei medesimi (punto 191), il fatto che tali dati davano luogo a discussioni e critiche (punto 192), nonché il carattere attuale dei dati (punto 194). 45 Da tali elementi il Tribunale ha dedotto, al punto 195 della sentenza impugnata, che le informazioni che le imprese ricevevano nell'ambito del sistema di scambio di informazioni controverso erano atte ad influenzare il loro comportamento in maniera rilevante. 46 Occorre rilevare come le valutazioni effettuate ai punti 186-195 della sentenza impugnata siano valutazioni di fatto, non soggette al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione. Infatti, è importante ricordare che, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69). 47 Alla luce di tali valutazioni di fatto, giustamente il Tribunale ha concluso, al punto 196 della sentenza impugnata, che il sistema di scambio di informazioni controverso tendeva a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, in quanto consentiva ai produttori partecipanti di sostituire una cooperazione pratica tra loro ai normali rischi della concorrenza. 48 Per quanto riguarda più in particolare il punto 191 della sentenza impugnata, da esso non si può dedurre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che il Tribunale abbia ivi constatato la prosecuzione del regime di quote oltre il 30 giugno 1988. In tale punto il Tribunale si limita infatti ad affermare che lo scambio di informazioni controverso consentiva alle imprese di sorvegliarsi l'una con l'altra e che tale scambio tendeva di per sé, per sua stessa natura, a mantenere la compartimentazione dei mercati secondo i flussi tradizionali. 49 Posto che il punto suddetto non fa assolutamente menzione di un accordo in materia di quote e tratta soltanto degli effetti dello scambio di informazioni in quanto tale, risulta immune da contraddizioni la conclusione, formulata dal Tribunale al punto 202 della sentenza impugnata, secondo cui lo scambio di informazioni controverso costituiva una violazione autonoma. 50 Risulta da tale considerazioni che il secondo e il quarto motivo sono in parte irricevibili e in parte infondati. Quanto al terzo motivo 51 Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA e dei limiti di competenza materiale del Tribunale, per errata interpretazione dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dall'espressione «tenda (...) a», di cui alla detta disposizione, nell'ambito dell'applicazione di tale elemento costitutivo a presunti effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente. 52 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto prendendo in considerazione gli effetti dello scambio di informazioni sulla concorrenza (punti 191, 195 e 196 della sentenza impugnata), malgrado che l'art. 65 del Trattato CECA contempli soltanto gli accordi che «tenda[no] (...) a» restringere il gioco della concorrenza, ciò che, sia nella versione tedesca di tale Trattato («abzielen») sia nella versione francese («tendraient»), presupporrebbe il perseguimento di un obiettivo. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato l'art. 65, n. 1, del detto Trattato. 53 La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha ecceduto i limiti della propria competenza materiale sostituendo il termine «effetti» dello scambio di informazioni, di cui al punto 283 della motivazione della decisione controversa, con una terminologia secondo la quale lo scambio di informazioni «tendeva a» incidere sul gioco normale della concorrenza e rettificando così una qualificazione giuridica. 54 La Commissione fa valere che i punti 191 e 196 della sentenza impugnata contengono una valutazione, da parte del Tribunale, di fatti precedentemente constatati. 55 La Commissione nega che il Tribunale abbia violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, nel quale l'espressione «tenda (...) a» corrisponderebbe ai termini «abbiano per oggetto o per effetto» di cui all'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE). Per di più, l'espressione «tendere a» significherebbe anche «inclinare a» ovvero «evolvere in modo da». Pertanto, secondo la detta istituzione, è sufficiente che un comportamento tenda oggettivamente a restringere la concorrenza perché la menzionata disposizione del Trattato CECA sia applicabile. 56 Secondo la Commissione, non si può addebitare al Tribunale di non essersi limitato a constatare che lo scambio di informazioni controverso era semplicemente idoneo ad influenzare sensibilmente il comportamento delle imprese, ma di essersi spinto più oltre nell'analisi e di aver inferito dalle circostanze accertate che il detto scambio tendeva specificamente a una compartimentazione dei mercati (punto 191 della sentenza impugnata) nonché, in generale, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza (punto 196 della detta sentenza). Giudizio della Corte 57 Come risulta dal punto 145 della sentenza impugnata, la ricorrente ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la contestata decisione di un'associazione di imprese aveva l'obiettivo di giungere, mediante uno scambio di informazioni, ad una maggiore trasparenza del mercato e che tale obiettivo non poteva essere qualificato come anticoncorrenziale. 58 Occorre tuttavia constatare che la definizione suggerita dalla ricorrente dell'espressione «tenda (...) a» di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA è troppo restrittiva. Difatti, sia l'espressione francese «tendraient» sia l'equivalente espressione utilizzata nella versione tedesca della detta disposizione possono essere impiegate per esprimere la ricerca di un determinato scopo, ma anche per descrivere la situazione oggettiva di un elemento che va in una certa direzione, ricercata o no. 59 Come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti 41 e 42 della presente sentenza, il preteso obiettivo di giungere ad una maggiore trasparenza del mercato non può non essere qualificato come obiettivo anticoncorrenziale nel caso in cui il comportamento incriminato riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi e crei condizioni nelle quali l'operatore economico non determina in maniera autonoma la politica che intende seguire su tale mercato. 60 Ne consegue che legittimamente e senza eccedere i propri poteri il Tribunale ha esaminato, ai punti 191 e 195 della sentenza impugnata, le conseguenze dello scambio di informazioni in questione sul comportamento degli operatori economici che vi avrebbero partecipato e ha concluso, al punto 196 della medesima sentenza, che il sistema di scambio di informazioni tendeva a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. 61 Di conseguenza, il terzo motivo è infondato. 62 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'impugnazione dev'essere respinta. Decisione relativa alle spese Sulle spese 63 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta interamente soccombente, dev'essere condannata alle spese. Dispositivo Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L'impugnazione è respinta. 2) La Eurofer ASBL è condannata alle spese.

61996CJ0261

da

Dommens præmisser 1 Ved kendelse af 9. maj 1996, indgaaet til Domstolen den 24. juli 1996, har Corte d'appello di Venezia i medfoer af EF-traktatens artikel 177 forelagt et praejudicielt spoergsmaal vedroerende fortolkningen af artikel 2 i Raadets forordning (EOEF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om opkraevning af import- eller eksportafgifter, der ikke er opkraevet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfoerer en forpligtelse til at betale saadanne afgifter (EFT L 197, s. 1). 2 Spoergsmaalet er blevet rejst under en sag, som selskabet Conserchimica Srl (herefter »Conserchimica«), der driver virksomhed i oliesektoren, har anlagt mod Amministrazione delle Finanze dello Stato, og som drejer sig om efteropkraevning af told ved indfoersel af olieprodukter. 3 I perioden maj 1978 - oktober 1980 koebte Conserchimica olieprodukter hos italienske importoerer uden at vaere i besiddelse af den skriftlige bevilling, der stilles krav om i artikel 3 og 7 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1535/77 af 4. juli 1977 om fastsaettelse af betingelserne for adgangen til toldlempelser ved indfoersel af varer, for hvilke der er foreskrevet et saerligt anvendelsesformaal (EFT L 171, s. 1), og i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1775/77 af 28. juli 1977 om fastsaettelse af betingelserne for adgangen til toldlempelser ved indfoersel af visse jordolieprodukter, for hvilke der er foreskrevet et saerligt anvendelsesformaal (EFT L 195, s. 5). 4 Den 28. april 1986 tilstillede Amministrazione delle Finanze dello Stato Conserchimica et afgiftspaalaeg for moms og told, der ikke var blevet betalt, efter flere gange i perioden februar 1981 - maj 1984 at have forkyndt flere opkraevninger for selskabet. 5 Conserchimica indbragte den 10. maj 1986 dette paalaeg for Tribunale di Venezia med paastand om annullation af paalaegget. 6 Under sagen forelagde Tribunale di Venezia i medfoer af EOEF-traktatens artikel 177 Domstolen et praejudicielt spoergsmaal vedroerende fortolkningen af artikel 3 og 7 i forordning nr. 1535/77. Domstolen tog stilling hertil i dom af 13. juli 1989, forenede sager 248/88, 254/88, 255/88, 256/88, 257/88, 258/88, 309/88 og 316/88, Chimica del Friuli m.fl., Sml. s. 2837, hvori det udtales, at artikel 7 i forordning nr. 1535/77 af 4. juli 1977 om fastsaettelse af betingelserne for adgangen til toldlempelser ved indfoersel af varer, for hvilke der er foreskrevet et saerligt anvendelsesformaal, skal fortolkes saaledes, at erhververen i tilfaelde, hvor varerne overdrages, skal vaere i besiddelse af en bevilling udstedt i overensstemmelse med artikel 3, uanset om overdragelsen finder sted fra én medlemsstat til en anden eller inden for samme medlemsstat. 7 Som foelge af denne dom fastslog Tribunale di Venezia ved dom af 30. april 1992, at Amministrazione delle Finanze retmaessigt kunne gennemfoere efteropkraevningen af samtlige de skyldige told- og momsbeloeb, og afsagde derfor frifindelsesdom. 8 Conserchimica har ved staevning forkyndt den 23. juni 1993 appelleret denne dom til Corte d'appello di Venezia og har herved bl.a. anfoert, at den italienske forvaltnings adgang til at efteropkraeve de ikke-opkraevede told- og afgiftsbeloeb var bortfaldet, idet den i artikel 2 i forordning nr. 1697/79 fastsatte frist paa tre aar var udloebet. 9 Forordning nr. 1697/79 har til formaal, jf. forordningens artikel 1, at fastsaette de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder kan efteropkraeve de import- eller eksportafgifter, der af en hvilken som helst grund ikke er opkraevet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfoerer en forpligtelse til at betale saadanne afgifter. 10 Artikel 2, stk. 1, i forordning nr. 1697/79 indeholder foelgende bestemmelser: »1. Saafremt de kompetente myndigheder konstaterer, at hele eller en del af den import- eller eksportafgift, der forskriftsmaessigt skulle have vaeret opkraevet for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfoerer en forpligtelse til at betale disse afgifter, ikke er opkraevet hos debitor, kan disse foretage en efteropkraevning af det manglende afgiftsbeloeb. En saadan efteropkraevning kan imidlertid ikke foretages efter et tidsrum af tre aar at regne fra bogfoeringstidspunktet for det beloeb, som oprindeligt blev opkraevet hos debitor, eller, hvis der ikke har fundet bogfoering sted, fra det tidspunkt hvor toldskylden for den paagaeldende vare er opstaaet.« 11 Endvidere er det i visse i forordningen fastlagte tilfaelde udelukket at foretage efteropkraevning (artikel 5, stk. 1) eller muligt at undlade efteropkraevning (artikel 5, stk. 2). Forordningen angiver desuden de tilfaelde, i hvilke der ikke opkraeves morarenter af de beloeb, der efterbetales (artikel 7). 12 Forordning nr. 1697/79 traadte i kraft den 1. juli 1980, jf. forordningens artikel 11. 13 Da Corte d'appello di Venezia havde fastslaaet, at nogle af de beloeb, som Conserchimica skyldte i told og moms, var opstaaet foer naevnte dato, var spoergsmaalet, om forordning nr. 1697/79 var anvendelig paa disse beloeb. Naevnte ret udsatte derfor sagen og anmodede Domstolen om en praejudiciel afgoerelse af foelgende spoergsmaal: »Finder artikel 2 i Raadets forordning (EOEF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979, hvori der er fastsat en frist paa tre aar for efteropkraevning af afgifter, der ikke er opkraevet, ogsaa anvendelse paa tilfaelde fra tiden foer den 1. juli 1980, paa hvilken dato naevnte forordning traadte i kraft, jf. forordningens artikel 11?« 14 Med dette spoergsmaal oensker den forelaeggende ret foerst og fremmest at faa oplyst, om artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 1697/79 finder anvendelse paa told og afgifter af varer, der er angivet til en toldprocedure, naar forpligtelsen til at betale told og afgifter er opstaaet foer den dato, hvor forordningen traadte i kraft. 15 Foerst bemaerkes, at treaarsfristen ifoelge artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 1697/79 begynder at loebe fra »bogfoeringstidspunktet for det beloeb, som oprindeligt blev opkraevet hos debitor«, dvs. paa datoen for udstedelsen af den forvaltningsakt, med hvilken told- eller afgiftsbeloebet fastlaegges, »eller, hvis der ikke har fundet bogfoering sted, fra det tidspunkt, hvor toldskylden for den paagaeldende vare er opstaaet«. 16 Det bemaerkes dernaest, at Domstolen i dom af 12. november 1981 (forenede sager 212/80-217/80, Salumi m.fl., Sml. s. 2735, praemis 8) har fastslaaet, at da forordning nr. 1697/79 ikke indeholder overgangsbestemmelser, maa dens tidsmaessige virkning fastlaegges efter almindeligt anerkendte fortolkningsprincipper, hvorved saavel bestemmelsernes ordlyd som deres formaal og opbygning bliver af betydning. 17 Selv om processuelle regler almindeligvis antages at finde anvendelse i samtlige tvister, der verserer paa ikrafttraedelsestidspunktet, har Domstolen bl.a. fastslaaet, at forordning nr. 1697/79 erstatter de nationale regler paa omraadet med faellesskabsregler og indeholder baade processuelle og materielretlige regler, der er uadskilleligt forbundne og ikke for saa vidt angaar de enkelte bestemmelsers virkning i tidsmaessig henseende kan vurderes hver for sig (jf. den naevnte Salumi m.fl.-dom, praemis 11). 18 Domstolen har saaledes fastslaaet, at forordning nr. 1697/79 ikke finder anvendelse paa import- eller eksportforretninger, for hvilke afgiftsfastsaettelsen er sket foer den 1. juli 1980. 19 Conserchimica har under hovedsagen gjort gaeldende, at treaarsfristen i henhold til artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 1697/79 i alle tilfaelde, hvor afgiften er opgjort efter naevnte dato, maa antages at vaere traadt i stedet for den frist, der tidligere var fastsat i national lov. 20 Det bemaerkes, at den omhandlede treaarsfrist inden for rammerne af den ved forordning nr. 1697/79 indfoerte ordning udgoer en foraeldelsesregel, og at fristen efter den udtrykkelige bestemmelse i artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 1697/79 begynder at loebe »fra bogfoeringstidspunktet for det beloeb, som oprindeligt blev opkraevet hos debitor, eller, hvis der ikke har fundet bogfoering sted, fra det tidspunkt, hvor toldskylden for den paagaeldende vare er opstaaet«. 21 Naar toldskylden, dvs. forpligtelsen til at betale import- eller eksportafgifter, er opstaaet paa en dato foer forordning nr. 1697/79's ikrafttraeden, kan det kun vaere de dagaeldende nationale bestemmelser, herunder de nationale foraeldelsesregler, der gaelder for denne skyld. 22 Den omstaendighed, at de skyldige afgiftsbeloeb, som det er tilfaeldet i hovedsagen, foerst er blevet opgjort efter forordning nr. 1697/79's ikrafttraeden, har ingen betydning for datoen for toldskyldens opstaaen og kan ikke foere til, at de tidligere gaeldende nationale regler ikke finder anvendelse. 23 Det fremgaar i oevrigt klart af dom af 1. april 1993 (forenede sager C-31/91 - C-44/91, Lageder m.fl., Sml. I, s. 1761, praemis 26), at forordning nr. 1697/79 ikke fandt anvendelse paa forhold fra tiden foer denne forordnings ikrafttraeden. 24 Det forelagte spoergsmaal skal derfor besvares med, at artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i forordning nr. 1697/79 ikke finder anvendelse paa afgifter, der ikke er opkraevet for varer, der er angivet til en toldprocedure, naar forpligtelsen til at betale disse afgifter er opstaaet paa en dato forud for denne forordnings ikrafttraeden. Afgørelse om sagsomkostninger Sagens omkostninger 25 De udgifter, der er afholdt af den italienske regering og af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber, som har afgivet indlaeg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger. Afgørelse Paa grundlag af disse praemisser kender DOMSTOLEN (Foerste Afdeling) vedroerende det spoergsmaal, der er forelagt af Corte d'appello di Venezia ved kendelse af 9. maj 1996, for ret: Artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i Raadets forordning (EOEF) nr. 1697/79 af 24. juli 1979 om opkraevning af import- eller eksportafgifter, der ikke er opkraevet hos debitor for varer, der er angivet til en toldprocedure, som medfoerer en forpligtelse til at betale saadanne afgifter, finder ikke anvendelse paa afgifter, der ikke er opkraevet for varer, der er angivet til en toldprocedure, naar forpligtelsen til at betale disse afgifter er opstaaet paa en dato forud for denne forordnings ikrafttraeden.

62021CJ0631

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 2, 19, 59 en 63 van richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG ( PB 2014, L 94, blz. 65 ), en van uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ( PB 2016, L 3, blz. 16 ). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Taxi Horn Tours BV en anderzijds de gemeente Weert en de gemeente Nederweert (Nederland) (hierna samen: „gemeenten”) en Touringcars VOF, over een door de gemeenten aan Touringcars VOF gegunde overheidsopdracht voor busvervoer. Toepasselijke bepalingen Unierecht Richtlijn 2014/24 De overwegingen 14, 15 en 21 van richtlijn 2014/24 luiden: „(14) Verduidelijkt dient te worden dat het begrip ‚ondernemers’ in ruime zin dient te worden opgevat, zodat daar [alle] personen en/of entiteiten onder vallen die de uitvoering van werken, de levering van producten of de verrichting van diensten op de markt aanbieden, ongeacht de rechtsvorm die zij voor hun activiteiten hebben gekozen. Aldus moeten bedrijven, bijkantoren, dochterondernemingen, partnerschappen, coöperatieve vennootschappen, besloten vennootschappen, openbare of particuliere universiteiten en andere entiteiten dan natuurlijke personen alle onder de noemer ‚ondernemer’ vallen, ongeacht of deze onder alle omstandigheden ‚rechtspersonen’ zijn. (15) Duidelijk moet worden dat combinaties van ondernemers, ook indien zij zich hebben verenigd in een tijdelijk samenwerkingsverband, aan aanbestedingsprocedures kunnen deelnemen zonder dat zij daartoe een specifieke rechtsvorm moeten aannemen. Voor zover nodig, bijvoorbeeld wanneer hoofdelijke aansprakelijkheid vereist is, kan een specifieke rechtsvorm vereist zijn indien aan zulke groepen de opdracht is gegund. [...] [...] (21) Op overheidscontracten die worden gegund door aanbestedende diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en die vallen binnen het toepassingsgebied van deze activiteiten, is richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad [van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van richtlijn 2004/17/EG ( PB 2014, L 94, blz. 243 )] van toepassing. Overheidsopdrachten die door aanbestedende diensten in het kader van de exploitatie van zee-, kust- of riviervervoerdiensten worden gegund, vallen echter buiten het toepassingsgebied van de onderhavige richtlijn.” Artikel 2 van deze richtlijn, met als opschrift „Definities”, bepaalt: „1.   Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities: [...] 10.   ‚ondernemer’: elke natuurlijke of rechtspersoon of openbaar lichaam, of een combinatie van deze personen en/of lichamen, met inbegrip van alle tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen, die de uitvoering van werken en/of een werk, de levering van producten en of het verlenen van diensten op de markt aanbiedt; [...]” Artikel 18 van deze richtlijn, met als opschrift „Aanbestedingsbeginselen”, bepaalt in lid 1, eerste alinea: „Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelen op een transparante en proportionele wijze.” Artikel 19 van deze richtlijn, met als opschrift „Ondernemers”, bepaalt in lid 2: „Combinaties van ondernemers, waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden, mogen deelnemen aan aanbestedingsprocedures. Een aanbestedende dienst kan niet eisen dat zij voor het indienen van een inschrijving of een verzoek tot deelname een bepaalde rechtsvorm aannemen. Indien nodig kunnen aanbestedende diensten in de aanbestedingsstukken verduidelijken op welke wijze combinaties van ondernemers aan de vereisten op het gebied van economische en financiële draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid als bedoeld in artikel 58 moeten voldoen, mits deze gerechtvaardigd zijn op basis van objectieve gronden en evenredig zijn. De lidstaten kunnen standaardvoorwaarden opstellen voor de wijze waarop combinaties van ondernemers aan deze eisen moeten voldoen. [...]” Artikel 59 van richtlijn 2014/24, met als opschrift „Uniform Europees Aanbestedingsdocument”, bepaalt in lid 1: „Op het ogenblik van de indiening van de verzoeken tot deelname of de inschrijvingen, aanvaarden de aanbestedende diensten – als voorlopig bewijs ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle volgende voorwaarden voldoet – het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), bestaande uit een bijgewerkte eigen verklaring: a) hij bevindt zich niet in een van de situaties als bedoeld in artikel 57, waardoor ondernemers kunnen of moeten worden uitgesloten; b) hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 58; c) hij voldoet, indien van toepassing, aan de objectieve regels en criteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 65. Indien de ondernemer overeenkomstig artikel 63 een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten bevat het UEA ook de in de eerste alinea van dit lid genoemde gegevens ten aanzien van die entiteiten. Het UEA bestaat uit een formele verklaring van de ondernemer dat de betrokken grond tot uitsluiting niet van toepassing is en/of dat aan het selectiecriterium is voldaan en bevat de relevante informatie die door de aanbestedende dienst wordt verlangd. Voorts vermeldt het UEA welke overheidsinstantie of derde verantwoordelijk is voor het vaststellen van de bewijsstukken en bevat [het] een formele verklaring dat de ondernemer in staat zal zijn om op verzoek en onverwijld die bewijsstukken te leveren. Indien de aanbestedende dienst het bewijsstuk rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging van een databank conform lid 5, bevat het UEA ook de daartoe vereiste informatie, zoals het internetadres van de databank, alle identificatiegegevens en, in voorkomend geval, de benodigde verklaring van instemming. Ondernemers kunnen het reeds in een vorige aanbestedingsprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.” Artikel 63 van deze richtlijn, met als opschrift „Beroep op de draagkracht van andere entiteiten”, bepaalt in lid 1: „Met betrekking tot de in artikel 58, lid 3, bedoelde criteria inzake economische en financiële draagkracht en de in artikel 58, lid 4, bedoelde criteria inzake technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid kan een ondernemer zich, in voorkomend geval en voor een bepaalde opdracht, beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. Wat betreft de criteria inzake de onderwijs- en beroepskwalificaties in bijlage XII, deel II, onder f), of inzake de relevante beroepservaring, mogen ondernemers zich evenwel slechts beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer [die entiteiten] de werken of diensten waarvoor die draagkracht vereist is, [zullen] verrichten. Wanneer een ondernemer zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, toont hij ten behoeve van de aanbestedende dienst aan dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, bijvoorbeeld door overlegging van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. De aanbestedende dienst gaat overeenkomstig de artikelen 59, 60 en 61 na of de entiteiten op wier draagkracht de ondernemer zich wil beroepen, aan de selectiecriteria voldoen of dat er redenen zijn voor uitsluiting volgens artikel 57. De aanbestedende dienst eist dat de ondernemer een entiteit die niet voldoet aan een betrokken selectiecriterium, of waartegen dwingende gronden tot uitsluiting bestaan, vervangt. De aanbestedende dienst kan eisen, of kan door de lidstaat worden opgelegd te eisen dat de ondernemer een entiteit waarbij er niet-verplichte uitsluitingsgronden aanwezig zijn, vervangt. Indien een ondernemer een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten voor het vervullen van de economische en financiële criteria, kan de aanbestedende dienst eisen dat de ondernemer en die entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers als bedoeld in artikel 19, lid 2, zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.” Richtlijn 2014/25 Artikel 11 van richtlijn 2014/25, met als opschrift „Vervoerdiensten”, bepaalt: „Deze richtlijn is van toepassing op activiteiten die het ter beschikking stellen of exploiteren van netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per trein, automatische systemen, tram, trolleybus, autobus of kabelbaan beogen. Ten aanzien van vervoerdiensten wordt een net geacht te bestaan wanneer de dienst wordt verleend onder door een bevoegde instantie van een lidstaat gestelde exploitatievoorwaarden, zoals de te volgen routes, de beschikbaar te stellen capaciteit of de frequentie van de dienst.” Uitvoeringsverordening 2016/7 Overweging 1 van uitvoeringsverordening 2016/7 luidt: „Een van de belangrijkste doelstellingen van de richtlijnen [2014/24] en [2014/25] is het verlichten van de administratieve lasten van aanbestedende diensten, aanbestedende entiteiten en ondernemers, waaronder niet in de laatste plaats de kleine en middelgrote ondernemingen. In dat kader is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) van groot belang. Het standaardformulier voor het UEA dient dan ook zodanig te worden opgesteld dat het niet meer nodig is om een groot aantal certificaten of andere documenten in verband met uitsluitings- en selectiecriteria over te leggen. Daartoe dient het standaardformulier ook de relevante informatie te bevatten over de entiteiten op de draagkracht waarvan de ondernemer een beroep doet, zodat die informatie samen met en onder dezelfde voorwaarden als de informatie betreffende de hoofdondernemer kan worden gecontroleerd.” Bijlage 1 bij deze verordening, met als opschrift „Gebruiksaanwijzing”, bepaalt: „Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring waarmee ondernemers voorlopig bewijs overleggen ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten. Zoals bepaald in artikel 59 van richtlijn [2014/24] is het een formele verklaring van de ondernemer dat hij zich niet bevindt in een van de situaties waardoor ondernemers kunnen of moeten worden uitgesloten en dat hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria en, indien van toepassing, aan de objectieve regels en criteria als vastgesteld met het oog op de beperking van het aantal in andere opzichten gekwalificeerde gegadigden dat wordt uitgenodigd tot deelneming. Het is de bedoeling dat het UEA de administratieve lasten zal beperken die voortvloeien uit het voorschrift om een aanzienlijk aantal certificaten of andere documenten die betrekking hebben op de uitsluitings- en selectiecriteria over te leggen. [...] Ondernemers kunnen van de aanbestedingsprocedure worden uitgesloten of volgens nationaal recht worden vervolgd, indien zij zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het invullen van het UEA of, in het algemeen, bij het verstrekken van de informatie die nodig is om te controleren of er geen gronden voor uitsluiting zijn dan wel of aan de selectiecriteria wordt voldaan, of indien zij die informatie hebben achtergehouden, of niet in staat zijn de ondersteunende documenten over te leggen. Ondernemers kunnen de informatie die is verstrekt in een reeds in een vorige aanbestedingsprocedure gebruikt UEA opnieuw gebruiken, mits de informatie nog steeds correct is en relevant blijft. De eenvoudigste manier om dat te doen is door de informatie in het nieuwe UEA op te nemen door middel van de passende functionaliteiten die de bovengenoemde elektronische UEA-dienst daartoe aanbiedt. Uiteraard is het ook mogelijk om informatie opnieuw te gebruiken door middel van andere vormen van copy-paste van informatie, bijvoorbeeld informatie die is opgeslagen op de IT-apparatuur van de ondernemer (pc, tablet, server...). [...] Zoals hiervoor opgemerkt, bestaat het UEA uit een formele verklaring van de ondernemer dat de betrokken gronden tot uitsluiting niet van toepassing zijn, dat aan de relevante selectiecriteria wordt voldaan en dat de ondernemer de relevante informatie zal verstrekken die door de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit wordt gevraagd. [...] Een ondernemer die zelfstandig deelneemt en zich niet beroept op de draagkracht van andere entiteiten om aan de selectiecriteria te voldoen, moet één UEA invullen. Een ondernemer die zelfstandig deelneemt, maar zich beroept op de draagkracht van een of meer andere entiteiten, moet ervoor zorgen dat de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit zijn eigen UEA samen met een afzonderlijk UEA met de relevante informatie [...] voor elk van de entiteiten waarop hij steunt, ontvangt. Ten slotte moet, als combinaties van ondernemers – waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden – samen deelnemen aan een aanbestedingsprocedure, voor elk van de deelnemende ondernemers een afzonderlijk UEA worden ingediend met daarin de in de delen II tot en met V gevraagde gegevens. In alle gevallen waarin meer dan één persoon lid is van het bestuurs- leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een ondernemer of daarin vertegenwoordigings- beslissings- of controlebevoegdheid heeft, moeten wellicht alle betrokkenen hetzelfde UEA ondertekenen, al naargelang de nationale regels, waaronder de regels inzake gegevensbescherming. [...]” Nederlands recht Aanbestedingswet Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten ( PB 2004, L 134, blz. 1 ) en richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten ( PB 2004, L 134, blz. 114 ), zijn in Nederlands recht omgezet bij de Aanbestedingswet van 1 november 2012 (Stb. 2012, 542), in de op het hoofdgeding toepasselijke versie. Bepaalde onderwerpen van deze Aanbestedingswet zijn geregeld bij het Besluit van 11 februari 2013, houdende regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit). Artikel 2 van laatstgenoemd besluit bepaalt: „1.   In de eigen verklaring, bedoeld in artikel 2.84 van de wet, worden ten minste de volgende gegevens opgenomen: a: gegevens over de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf en over de aanbestedingsprocedure; b: gegevens over de onderneming; c: een verklaring aangaande uitsluitingsgronden; d: een verklaring aangaande de gestelde geschiktheidseisen en een verklaring aangaande technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu betreffen; e: een verklaring aangaande de wijze waarop voldaan wordt aan de selectiecriteria; f: een verklaring aangaande de juistheid van de ingevulde eigen verklaring en de bevoegdheid van de ondertekenaar; g: de datum en de handtekening. [...] 3.   Het model of de modellen van de eigen verklaring worden vastgesteld bij ministeriële regeling.” Artikel 2.52 van de Aanbestedingswet bepaalt: „[...] 3.   Een samenwerkingsverband van ondernemers kan zich inschrijven of zich als gegadigde opgeven. 4.   Een aanbestedende dienst verlangt voor het indienen van een inschrijving of een verzoek tot deelneming van een samenwerkingsverband van ondernemers niet dat het samenwerkingsverband van ondernemers een bepaalde rechtsvorm heeft.” Artikel 2.84 van die wet bepaalt: „1.   Een eigen verklaring is een verklaring van een ondernemer waarin deze aangeeft: a. of uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn; b. of hij voldoet aan de in de aankondiging of in de aanbestedingsstukken gestelde geschiktheidseisen; c. of hij voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen; d. of en op welke wijze hij voldoet aan de selectiecriteria. 2.   De gegevens en inlichtingen die in een verklaring kunnen worden verlangd en het model of de modellen van die verklaring worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld.” Artikel 2.85 van diezelfde wet bepaalt: „1.   De aanbestedende dienst verlangt van een ondernemer dat hij bij zijn verzoek tot deelneming of zijn inschrijving met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde model een eigen verklaring indient en geeft daarbij aan welke gegevens en inlichtingen in de eigen verklaring moeten worden verstrekt. 2.   De aanbestedende dienst verlangt niet dat een ondernemer bij zijn verzoek tot deelneming of zijn inschrijving gegevens en inlichtingen op andere wijze verstrekt, indien deze gegevens en inlichtingen in de eigen verklaring gevraagd kunnen worden. 3.   De aanbestedende dienst kan een ondernemer uitsluitend verzoeken bewijsstukken bij de door hem ingediende eigen verklaring te voegen die geen betrekking hebben op gegevens en inlichtingen die in de eigen verklaring gevraagd kunnen worden, tenzij het bewijsstukken betreft die genoemd zijn in artikel 2.93, eerste lid, onderdeel a, voor zover het de in dat onderdeel genoemde lijst betreft, of onderdeel b. 4.   Een ondernemer als bedoeld in het eerste lid kan een eerder gebruikte eigen verklaring indienen, mits hij bevestigt dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.” Burgerlijk Wetboek Artikel 7A:1655 van het Burgerlijk Wetboek luidt: „Maatschap is een overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.” Wetboek van Koophandel Artikel 16 van het Wetboek van Koophandel bepaalt: „De vennootschap onder een firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam aangegaan.” In artikel 17, lid 1, van dit wetboek wordt bepaald: „Elk van de vennoten, die daarvan niet is uitgesloten, is bevoegd ten name van de vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen, en de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden.” Artikel 18 van dit wetboek bepaalt: „In vennootschappen onder een firma is elk der vennoten, wegens de verbintenissen van de vennootschap, hoofdelijk verbonden.” Hoofdgeding en prejudiciële vragen Taxi Horn Tours verzorgde tot 1 augustus 2019 het vervoer van basisschoolleerlingen in het kader van bewegingsonderwijs (hierna: „gymnastiekvervoer”) ter uitvoering van een door de gemeenten aan haar gegunde overheidsopdracht. Na te hebben besloten deze opdracht niet te verlengen, hebben de gemeenten een openbare Europese aanbesteding uitgeschreven voor het gymnastiekvervoer in de periode van 1 januari 2020 tot aan het einde van het schooljaar 2027‑2028. Het gunningscriterium was de economisch meest voordelige inschrijving. In de door de gemeenten opgestelde leidraad voor deze aanbesteding werd met name bepaald dat, teneinde de juistheid en de geldigheid van de inschrijving te garanderen, het UEA, de inschrijving en de bijlagen daarbij dienden te worden ondertekend door een functionaris die bevoegd was de onderneming te vertegenwoordigen en te binden. Bovendien moesten vervoersondernemingen die zich als combinatie wilden inschrijven, een penvoerder aanwijzen. Iedere combinant was hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uitvoering. Ten slotte preciseerde deze leidraad dat de inschrijving volledig moest zijn en met name een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend UEA moest bevatten. De gemeenten, die twee inschrijvingen hadden ontvangen, een van Touringcars en een van Taxi Horn Tours, hebben laatstgenoemde meegedeeld dat zij het voornemen hadden de opdracht aan Touringcars te gunnen. Daarop heeft Taxi Horn Tours de rechtbank Limburg (Nederland) verzocht om voorlopige maatregelen, ertoe strekkende, ten eerste, dat de inschrijving van Touringcars werd afgewezen en, ten tweede, dat de opdracht aan haar werd gegund. Nadat dat verzoek bij vonnis van 12 februari 2020 was afgewezen, hebben de gemeenten met Touringcars overeenkomsten gesloten voor het gymnastiekvervoer vanaf 1 maart 2020. Taxi Horn Tours heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nederland), de verwijzende rechter. Die rechter merkt op dat de inschrijving van Touringcars is ingediend door F, die namens deze vennootschap ook een UEA heeft ingediend. De vraag rijst dan ook of het volstond dat Touringcars één UEA voor deze vennootschap onder firma indiende, dan wel of elke vennoot zijn eigen UEA had moeten indienen. In dit verband voert Taxi Horn Tours aan dat Touringcars een permanent samenwerkingsverband tussen de ondernemingen van haar twee vennoten en dus een combinatie van ondernemingen is. De gedragingen en verklaringen van beide vennoten moeten dan ook door middel van een eigen UEA kunnen worden getoetst. Volgens de gemeenten dient daarentegen onderscheid te worden gemaakt tussen tijdelijke en permanente samenwerkingsverbanden. Het begrip „combinatie van ondernemers” in de Unierechtelijke aanbestedingsregels heeft betrekking op een tijdelijk samenwerkingsverband. Een vennootschap onder firma is een partnerschap zoals bedoeld in overweging 14 van richtlijn 2014/24 en dus in haar geheel één enkele ondernemer en geen combinatie van ondernemers. Bovendien kan volgens de gemeenten de toetsing van vennoten plaatsvinden via deel III, afdeling A, van het UEA, welk deel betrekking heeft op de uitsluitingsgronden en ondernemers verplicht informatie op te geven over strafrechtelijke veroordelingen. De verwijzende rechter wijst erop dat Touringcars een vennootschap onder firma is, die op 1 januari 2011 is opgericht voor onbepaalde duur en is ingeschreven in het handelsregister. Zij heeft 82 personen in dienst en heeft als activiteit „ongeregeld personenvervoer over de weg, vervoer per taxi en handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s”. De vennoten van Touringcars zijn K BV, die 39 werkzame personen heeft, en F Touringcars BV, die geen werkzame personen heeft. Directeur van Touringcars is F, die een algemene volmacht heeft. De beide vennoten exploiteren een eigen vervoersonderneming. K is bestuurder van K BV, terwijl F de gevolmachtigde van K BV is en de titel van commercieel directeur heeft. Ten slotte is de enige bestuurder en aandeelhouder van F Touringcars BV F Beheer BV, waarvan F de enige bestuurder en aandeelhouder is. Bij brief van 27 januari 2020 verklaarde K dat hij, als alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder, in januari 2011 aan F een algemene volmacht had gegeven om K BV te vertegenwoordigen. Sindsdien was de volledige bedrijfsvoering van die vennootschap aan F overgelaten. In dezelfde periode richtte K BV samen met F Touringcars BV een vennootschap onder firma op onder de naam „Touringcars VOF”. Binnen deze laatste vennootschap pleegde K regelmatig overleg met F, maar was F degene die de onderneming feitelijk dreef. De verwijzende rechter merkt op dat de vennootschap onder firma, gelet op artikel 16 van het Wetboek van Koophandel juncto artikel 7A:1655 van het Burgerlijk Wetboek, een overeenkomst is die is gericht op de samenwerking tussen twee of meerdere personen, die zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, welke samenwerking dient tot uitoefening van een bedrijf en is aangegaan onder een gemeenschappelijke naam, teneinde een gemeenschappelijk voordeel te behalen. De verwijzende rechter vermeldt voorts een arrest van 19 april 2019 waarin de Hoge Raad der Nederlanden heeft geoordeeld, ten eerste, dat een vennootschap onder firma een rechtsverhouding is die strekt tot uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam in een duurzaam samenwerkingsverband. Hoewel aan de vennootschap onder firma geen rechtspersoonlijkheid toekomt, kennen de Nederlandse wetgeving en rechtspraak aan deze vennootschap niettemin tot op zekere hoogte in het rechtsverkeer een zelfstandige positie toe ten opzichte van de afzonderlijke vennoten. Zo kan een vennootschap onder firma op eigen naam in rechte optreden en kan zij op eigen naam failliet verklaard worden. Ten tweede brengt het ontbreken van rechtspersoonlijkheid mee dat een vennootschap onder firma niet zelfstandig draagster is van subjectieve rechten en verplichtingen. Wanneer een vennoot handelt in naam van de vennootschap onder firma, handelt hij namens de gezamenlijke vennoten en bindt hij de gezamenlijke vennoten. Een overeenkomst met een vennootschap onder firma moet dan ook worden aangemerkt als een overeenkomst met de gezamenlijke vennoten in hun hoedanigheid van vennoten. Ten derde bepaalt artikel 18 van het Wetboek van Koophandel dat elk van de vennoten hoofdelijk verbonden is wegens de verbintenissen van de vennootschap, zodat iedere vennoot voor het geheel aansprakelijk is ter zake van de verbintenissen van de gezamenlijke vennoten. Ten vierde kan een schuldeiser van de gezamenlijke vennoten zijn vordering zowel geldend maken tegen de gezamenlijke vennoten als tegen iedere vennoot afzonderlijk. Een vennootschapscrediteur heeft aldus jegens iedere vennoot twee samenlopende vorderingsrechten: één jegens de gezamenlijke vennoten, dat verhaalbaar is op het afgescheiden vermogen van de vennootschap onder firma, en één jegens de vennoot persoonlijk, dat verhaalbaar is op het privévermogen van deze vennoot. Taxi Horn Tours betoogt dat Touringcars gebruikmaakt van middelen die haar vanuit de eigen ondernemingen van de gezamenlijke vennoten ter beschikking worden gesteld. De verwijzende rechter vraagt zich bijgevolg af of, in een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht, de toetsing van een inschrijving die is ingediend door entiteiten die duurzaam samenwerken in een afzonderlijke gezamenlijke onderneming, beperkt mag blijven tot alleen de gezamenlijke onderneming, dan wel of deze toetsing ook betrekking moet hebben op ieder van de samenwerkende personen. Bijgevolg moet worden bepaald of een onderneming, indien daarin natuurlijke en/of rechtspersonen samenwerken, mag volstaan met het indienen van één UEA. In deze context heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 2, 19, 59 en 63 van richtlijn 2014/24 en van uitvoeringsverordening 2016/7, waarbij het de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld: „1) Als samenwerkende personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen) een gezamenlijke onderneming hebben (in dit geval in de vorm van een vennootschap onder firma): – moet ieder van de samenwerkende personen dan afzonderlijk een Uniform Europees Aanbestedingsdocument indienen; of – moeten ieder van de samenwerkende personen én hun gezamenlijke onderneming dan afzonderlijk een Uniform Europees Aanbestedingsdocument indienen; of – behoeft alleen de gezamenlijke onderneming dan één Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te dienen? 2) Maakt het hierbij verschil: – of de gezamenlijke onderneming tijdelijk of niet tijdelijk (duurzaam) is; – dat de samenwerkende personen zelf ondernemers zijn; – dat de samenwerkende personen een eigen onderneming exploiteren die soortgelijk is aan de gezamenlijke onderneming, althans op dezelfde markt actief is; – dat de gezamenlijke onderneming geen rechtspersoon is; – dat de gezamenlijke onderneming wel een (van het vermogen van de vennoten) afgescheiden (en voor verhaal vatbaar) vermogen kan hebben; – of de gezamenlijke onderneming naar nationaal recht bevoegd is om de samenwerkende personen te vertegenwoordigen bij het beantwoorden van de vragen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument; – dat naar nationaal recht bij een vennootschap onder firma het de vennoten zijn die de verplichtingen uit hoofde van de opdracht op zich nemen en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het nakomen daarvan (en dus niet de vennootschap onder firma zelf)? 3) Indien meerdere van de hiervoor onder 2 genoemde factoren van betekenis zijn, hoe verhouden deze factoren zich dan tot elkaar? Zijn bepaalde factoren van grotere betekenis dan andere factoren of zelfs van doorslaggevende betekenis? 4) Is het juist dat bij een gezamenlijke onderneming in elk geval een afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument is vereist van een samenwerkende persoon, indien voor het uitvoeren van de opdracht (ook) gebruik zal worden gemaakt van middelen die tot de eigen onderneming van deze persoon behoren (zoals personeel en bedrijfsmiddelen)? 5) Moet de gezamenlijke onderneming aan bepaalde eisen voldoen om als één ondernemer te kunnen worden beschouwd? Zo ja, welke eisen zijn dit?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Ontvankelijkheid Zoals blijkt uit overweging 21 van richtlijn 2014/24, vallen overheidscontracten die worden gegund door aanbestedende diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en die vallen binnen het toepassingsgebied van deze activiteiten, onder richtlijn 2014/25. Richtlijn 2014/25 is volgens artikel 11 ervan dan ook met name van toepassing op „activiteiten die het ter beschikking stellen of exploiteren van netten bestemd voor openbare dienstverlening op het gebied van vervoer per [...] autobus [...] beogen”. In dit verband moet worden opgemerkt dat noch uit de verwijzingsbeslissing, noch uit de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen kan worden opgemaakt of aan de aldus in die bepaling gestelde voorwaarden is voldaan, en dus of deze richtlijn van toepassing is op het hoofdgeding. Niettemin moet het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk worden verklaard, aangezien de gestelde vragen identiek kunnen worden beantwoord, ongeacht of het gaat om richtlijn 2014/24 of om richtlijn 2014/25 (zie in die zin arrest van 20 september 2018, Rudigier, C‑518/17 , EU:C:2018:757 , punt ). De overwegingen 17 en 18 en artikel 2, punt 6, artikel 37, lid 2, artikel 79 en artikel 80, lid 3, van richtlijn 2014/25 komen immers in wezen overeen met de overwegingen 14 en 15 en artikel 2, lid 1, punt 10, artikel 19, lid 2, artikel 56, lid 3, artikel 59, lid 1, en artikel 63 van richtlijn 2014/24. In die omstandigheden kan het feit dat de verwijzende rechter, alvorens het Hof om een prejudiciële beslissing te verzoeken, niet heeft bepaald welke van de richtlijnen 2014/24 en 2014/25 op het hoofdgeding van toepassing was, geen afbreuk doen aan het vermoeden van relevantie dat rust op de prejudiciële vragen van de nationale rechterlijke instanties, dat slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden weerlegd, met name wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van de in die vragen bedoelde bepalingen van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding (zie in die zin arresten van 15 december 1995, Bosman, C‑415/93 , EU:C:1995:463 , punt , en 28 november 2018, Amt Azienda Trasporti e Mobilità e.a., C‑328/17 , EU:C:2018:958 , punt ). Ten gronde Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 59, lid 1, van richtlijn 2014/24, gelezen in samenhang met artikel 2, lid 1, punt 10, en artikel 63 van deze richtlijn en met bijlage 1 bij uitvoeringsverordening 2016/7, in die zin moet worden uitgelegd dat een gemeenschappelijke onderneming die, zonder een rechtspersoon te zijn, de vorm heeft van een vennootschap die wordt beheerst door de nationale wetgeving van een lidstaat, die is ingeschreven in het handelsregister van die lidstaat, die tijdelijk of permanent kan zijn opgericht en waarvan de gezamenlijke vennoten op dezelfde markt actief zijn als zij en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de goede uitvoering van de door haar aangegane verbintenissen, bij de aanbestedende dienst haar eigen UEA moet indienen, dan wel in die zin dat zij tevens, of enkel, het UEA van elk van de gezamenlijke vennoten moet indienen. Meteen moet worden opgemerkt dat de zeventiende tot en met de negentiende alinea van bijlage 1 bij uitvoeringsverordening 2016/7 luiden als volgt: „Een ondernemer die zelfstandig deelneemt en zich niet beroept op de draagkracht van andere entiteiten om aan de selectiecriteria te voldoen, moet één UEA invullen. Een ondernemer die zelfstandig deelneemt, maar zich beroept op de draagkracht van een of meer andere entiteiten, moet ervoor zorgen dat de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit zijn eigen UEA samen met een afzonderlijk UEA met de relevante informatie voor elk van de entiteiten waarop hij steunt, ontvangt. Ten slotte moet, als combinaties van ondernemers – waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden – samen deelnemen aan een aanbestedingsprocedure, voor elk van de deelnemende ondernemers een afzonderlijk UEA worden ingediend met daarin de in de delen II tot en met V gevraagde gegevens.” In dit verband volgt uit artikel 2, lid 1, punt 10, van richtlijn 2014/24, gelezen in samenhang met overweging 14 ervan, dat het begrip „ondernemer” in ruime zin dient te worden opgevat, zodat daar alle personen en/of entiteiten onder vallen die het verlenen van diensten op de markt aanbieden, ongeacht de rechtsvorm die zij voor hun activiteiten hebben gekozen en ongeacht of zij rechtspersonen zijn of niet. Hieruit volgt dat een vennootschap onder firma in de zin van het Nederlandse recht kan worden beschouwd als een „ondernemer” in de zin van artikel 2, lid 1, punt 10, van deze richtlijn. Deze richtlijn hanteert echter ook een ruime opvatting van het begrip „combinatie van ondernemers”. Volgens artikel 19, lid 2, eerste alinea, van deze richtlijn mogen combinaties van ondernemers, waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden, immers deelnemen aan procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten en kan een aanbestedende dienst niet eisen dat zij voor het indienen van een inschrijving of een verzoek tot deelname een bepaalde rechtsvorm aannemen. Derhalve moet worden vastgesteld of een vennootschap onder firma in de zin van het Nederlandse recht moet worden beschouwd als een ondernemer of een combinatie van ondernemers in de zin van respectievelijk artikel 2, lid 1, punt 10, en artikel 19, lid 2, van richtlijn 2014/24. Anders dan de gemeenten, de Nederlandse regering en de Europese Commissie in hun schriftelijke opmerkingen hebben aangevoerd, kan het begrip „combinatie van ondernemers” in de zin van artikel 19, lid 2, van deze richtlijn niet worden beperkt tot tijdelijke samenwerkingsverbanden, met uitsluiting van groeperingen of ondernemersverenigingen met een permanent karakter. Deze bepaling heeft immers betrekking op „combinaties van ondernemers, waaronder tijdelijke samenwerkingsverbanden”. Uit deze bewoordingen blijkt duidelijk dat tijdelijke samenwerkingsverbanden slechts als voorbeeld worden genoemd. Derhalve kan het begrip „combinatie van ondernemers” niet aldus worden uitgelegd dat het enkel van toepassing is op tijdelijke samenwerkingsverbanden. Er dient dus geen onderscheid te worden gemaakt tussen combinaties van ondernemers naargelang zij tijdelijk dan wel permanent zijn. Bovendien volgt uit artikel 59, lid 1, van richtlijn 2014/24 dat het UEA drie doelstellingen nastreeft. Dit document is namelijk een bijgewerkte eigen verklaring, als voorlopig bewijs ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven certificaten die bevestigen, ten eerste, dat de betrokken ondernemer zich niet bevindt in een van de in artikel 57 van deze richtlijn bedoelde situaties die tot uitsluiting van een ondernemer moet of kan leiden, ten tweede, dat hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria die overeenkomstig artikel 58 van die richtlijn zijn vastgesteld, en, ten derde, dat hij in voorkomend geval voldoet aan de objectieve regels en criteria die in overeenstemming met artikel 65 zijn vastgesteld. Een UEA is dus bedoeld om de aanbestedende dienst een nauwkeurig en getrouw beeld te geven van de situatie van elke ondernemer die verzoekt om deel te nemen aan een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht of die een inschrijving wenst in te dienen. Daarmee concretiseert het UEA het doel van de artikelen 57 en 63 van richtlijn 2014/24, namelijk de aanbestedende dienst in staat stellen zich ervan te vergewissen dat elk van de inschrijvers integer en betrouwbaar is, en dat er dus geen vertrouwensbreuk is met de betrokken ondernemer (zie in die zin arresten van 19 juni 2019, Meca, C‑41/18 , EU:C:2019:507 , punt , en 3 juni 2021, Rad Service e.a., C‑210/20 , EU:C:2021:445 , punt ). In dit verband moet worden opgemerkt dat tot de inlichtingen die een ondernemer in het UEA moet aangeven, niet de middelen van de gezamenlijke vennoten van een gemeenschappelijke onderneming behoren. Het maakt dan ook geen verschil of de gezamenlijke vennoten van een vennootschap onder firma in de zin van het Nederlandse recht actief zijn op hetzelfde gebied of op dezelfde markt als deze vennootschap, aangezien deze inlichting niet via het UEA van de gemeenschappelijke onderneming ter kennis van de aanbestedende dienst kan worden gebracht. Bovendien volstaat het bestaan van hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de vennootschap onder firma en de vennoten niet om de aanbestedende dienst in staat te stellen zich ervan te vergewissen dat aan de kwalitatieve selectiecriteria is voldaan. In het stadium van het onderzoek van de ontvankelijkheid van de inschrijvingen verricht de aanbestedende dienst immers een retrospectieve beoordeling, die bedoeld is om na te gaan of een inschrijver over kwaliteiten beschikt die een aanwijzing vormen dat de betrokken opdracht daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. In die omstandigheden kan het ontbreken van deze kwaliteiten niet worden gecompenseerd door de toekomstige rechtsbetrekking op grond waarvan de leden van een vennootschap onder firma hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van een dergelijke maatschap (beschikking van 30 september 2022, ĒDIENS & KM.LV, C‑592/21 , niet gepubliceerd, EU:C:2022:746 , punt ). Om de aanbestedende dienst in staat te stellen zich van haar integriteit te vergewissen, dient een gemeenschappelijke onderneming zoals een vennootschap onder firma in de zin van het Nederlandse recht, derhalve elke uitsluitingsgrond te vermelden die van toepassing is op elke gezamenlijke vennoot of elke persoon in dienst van een van haar gezamenlijke vennoten die lid is van het bestuurs-, beheers- of toezichthoudend orgaan van de gemeenschappelijke onderneming of die een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid binnen die onderneming heeft. Bovendien moet een gemeenschappelijke onderneming, zoals een vennootschap onder firma in de zin van het Nederlandse recht, om haar betrouwbaarheid aan te tonen, enkel worden geacht individueel aan een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht te willen deelnemen of een inschrijving te willen indienen, indien zij aantoont dat zij de betrokken opdracht met uitsluitend eigen personeel en materieel kan uitvoeren, dat wil zeggen met de middelen die haar gezamenlijke vennoten overeenkomstig de vennootschapsovereenkomst aan haar hebben overgedragen en waarover zij vrijelijk kan beschikken. In een dergelijk geval kan deze vennootschap ermee volstaan alleen haar eigen UEA bij de aanbestedende dienst in te dienen. In dit verband staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan in hoeverre in geval van een dergelijke vennootschap, gelet op de bijzondere kenmerken van haar rechtsvorm als maatschap en de banden tussen haar en haar gezamenlijke vennoten, van bovengenoemde situatie sprake is. Indien een dergelijke vennootschap daarentegen voor de uitvoering van een overheidsopdracht meent een beroep te moeten doen op de middelen van de gezamenlijke vennoten, dan moet zij worden geacht een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten in de zin van artikel 63 van richtlijn 2014/24. In dat geval moet die vennootschap niet alleen haar eigen UEA indienen, maar ook dat van elk van de gezamenlijke vennoten op wier draagkracht zij een beroep wil doen. Zoals de gemeenten, de Nederlandse regering en de Commissie hebben aangevoerd, staat in overweging 1 van uitvoeringsverordening 2016/7 inderdaad te lezen dat „[e]en van de belangrijkste doelstellingen van de richtlijnen [2014/24] en [2014/25] het verlichten [is] van de administratieve lasten van aanbestedende diensten, aanbestedende entiteiten en ondernemers, waaronder niet in de laatste plaats de kleine en middelgrote ondernemingen. In dat kader is het [UEA] van groot belang [...]”. Deze doelstelling van vermindering van de administratieve lasten is echter slechts één van de doelstellingen van deze richtlijnen. Derhalve moet zij worden verzoend met de doelstelling van bevordering van de ontwikkeling van een gezonde en daadwerkelijke mededinging tussen de aan een overheidsopdracht deelnemende ondernemers, hetgeen de essentie zelf vormt van de Uniebepalingen betreffende procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten en met name wordt beschermd door het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers (zie in die zin arresten van 11 mei 2017, Archus en Gama, C‑131/16 , EU:C:2017:358 , punt , en 3 juni 2021, Rad Service e.a., C‑210/20 , EU:C:2021:445 , punt ). De verplichting voor een gemeenschappelijke onderneming zoals een vennootschap onder firma in de zin van het Nederlandse recht om bij de aanbestedende dienst niet alleen voor zichzelf maar ook voor elk van haar gezamenlijke vennoten een UEA in te dienen, indien zij meent voor de uitvoering van een overheidsopdracht een beroep te moeten doen op de middelen van die gezamenlijke vennoten, kan evenmin in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel, dat door artikel 18, lid 1, van richtlijn 2014/24 wordt gewaarborgd, temeer daar, zoals zowel uit artikel 59, lid 1, laatste alinea, van richtlijn 2014/24, als uit bijlage 1 bij uitvoeringsverordening 2016/7 blijkt, de ondernemers een UEA kunnen indienen dat reeds in een eerdere procedure is gebruikt, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen informatie nog steeds correct en relevant is. Ten slotte vormt de verplichting voor een gemeenschappelijke onderneming zoals een vennootschap onder firma in de zin van het Nederlandse recht, om niet alleen haar eigen UEA maar ook een UEA voor elk van de vennoten op wier draagkracht zij zich wil beroepen, in te dienen, weliswaar een administratieve last, maar kan zij in geen geval worden gelijkgesteld met een verplichting om haar rechtsvorm te wijzigen. Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 59, lid 1, van richtlijn 2014/24, gelezen in samenhang met artikel 2, lid 1, punt 10, en artikel 63 van deze richtlijn en bijlage 1 bij uitvoeringsverordening 2016/7, in die zin moet worden uitgelegd dat een gemeenschappelijke onderneming die, zonder een rechtspersoon te zijn, de vorm heeft van een vennootschap die wordt beheerst door de nationale wetgeving van een lidstaat, die is ingeschreven in het handelsregister van die lidstaat, die tijdelijk of permanent kan zijn opgericht en waarvan de gezamenlijke vennoten op dezelfde markt actief zijn als zij en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de goede uitvoering van de door haar aangegane verbintenissen, bij de aanbestedende dienst alleen haar eigen UEA hoeft in te dienen wanneer zij voornemens is individueel aan een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht deel te nemen of een inschrijving in te dienen en aantoont dat zij de betrokken opdracht met uitsluitend eigen personeel en materieel kan uitvoeren. Indien deze gemeenschappelijke onderneming daarentegen meent voor de uitvoering van een overheidsopdracht een beroep te moeten doen op de eigen middelen van bepaalde vennoten, dan moet zij worden geacht een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten in de zin van artikel 63 van richtlijn 2014/24 en dient zij niet alleen haar eigen UEA in te dienen, maar ook het UEA van elk van de vennoten op wier draagkracht zij een beroep wil doen. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Achtste kamer) verklaart voor recht: Artikel 59, lid 1, van richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG, gelezen in samenhang met artikel 2, lid 1, punt 10, en artikel 63 van deze richtlijn en bijlage 1 bij uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, moet in die zin worden uitgelegd dat: een gemeenschappelijke onderneming die, zonder een rechtspersoon te zijn, de vorm heeft van een vennootschap die wordt beheerst door de nationale wetgeving van een lidstaat, die is ingeschreven in het handelsregister van die lidstaat, die tijdelijk of permanent kan zijn opgericht en waarvan de gezamenlijke vennoten op dezelfde markt actief zijn als zij en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de goede uitvoering van de door haar aangegane verbintenissen, bij de aanbestedende dienst alleen haar eigen Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) hoeft in te dienen, wanneer zij voornemens is individueel aan een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht deel te nemen of een inschrijving in te dienen en aantoont dat zij de betrokken opdracht met uitsluitend eigen personeel en materieel kan uitvoeren. Indien deze gemeenschappelijke onderneming daarentegen meent voor de uitvoering van een overheidsopdracht een beroep te moeten doen op de eigen middelen van bepaalde vennoten, dan moet zij worden geacht een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten in de zin van artikel 63 van richtlijn 2014/24 en dient zij niet alleen haar eigen UEA in te dienen, maar ook het UEA van elk van de vennoten op wier draagkracht zij een beroep wil doen. Safjan Jääskinen Gavalec Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 november 2022. De griffier A. Calot Escobar De kamerpresident M. Safjan ( *1 ) Procestaal: Nederlands.

61990CJ0005

fr

Motifs de l'arrêt 1 Par ordonnance du 21 novembre 1989, parvenue à la Cour le 8 janvier 1990, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives, d' une part, à l' interprétation des dispositions de l' article 10, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles ( JO L 87, p . 42 ), dans leur rédaction résultant du règlement ( CEE ) n 3445/85 de la Commission, du 6 décembre 1985 ( JO L 328, p . 13 ), et, d' autre part, à la validité des dispositions du règlement ( CEE ) n 1633/80 de la Commission, du 26 juin 1980, fixant les restitutions applicables à l' exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle ( JO L 162, p . 45 ). 2 Par ordonnance du 8 mai 1990, parvenue à la Cour le 6 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle identique à la première question posée par l' ordonnance susmentionnée du 21 novembre 1989 . 3 Les questions posées par l' ordonnance du 21 novembre 1989, dans l' affaire C-5/90, ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant deux entreprises, Bremer Rolandmuehle Erling & Co . ( ci-après "Bremer Rolandmuehle ") et Kurt A . Becher GmbH & Co . KG ( ci-après "Becher "), réunies en un groupement commun, au Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( ci-après "Hauptzollamt "), qui leur réclame le remboursement des restitutions à l' exportation qu' elles avaient obtenues sous forme d' un préfinancement dans les conditions prévues par le règlement ( CEE ) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 62, p . 5 ). 4 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, le 27 novembre 1980, Bremer Rolandmuehle et Becher ont placé 10 533 837 kg de froment sous contrôle douanier dans les conditions prévues par le règlement n 565/80 . 5 La déclaration de paiement mentionnait que les quantités de froment placées sous contrôle douanier seraient utilisées pour la fabrication et l' exportation d' une farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g . 6 Ces deux entreprises ont obtenu le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation . 7 Des vérifications ultérieures auraient établi que la farine effectivement exportée en Pologne, au Yémen du Nord, au Yémen du Sud et en Union soviétique avait, en fait, une teneur en cendres sensiblement supérieure à 520 mg/100 g . 8 Le Hauptzollamt a demandé aux entreprises le remboursement des restitutions préfinancées . Il a, en revanche, renoncé à demander le versement de la majoration prévue à l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 798/80 . Il a admis que les sommes à reverser par les entreprises puissent faire l' objet d' une compensation avec les restitutions dues à ces mêmes entreprises calculées, selon les conditions du droit commun définies par le règlement ( CEE ) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 317, p . 1 ). Pour le calcul de ces restitutions, il convenait, selon le Hauptzollamt, d' appliquer aux exportations faites postérieurement à l' expiration, le 30 novembre 1980, de la durée de validité du certificat de préfixation le taux de restitution applicable au jour de l' exportation . Ce taux était de 0 écu pour les exportations à destination de l' Union soviétique . 9 Saisi par les entreprises d' un recours contre les décisions du Hauptzollamt ordonnant le remboursement des restitutions, le Finanzgericht Hamburg a estimé que les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous c ), du règlement n 798/80 étaient applicables dans le cas de l' espèce . Il en a déduit que, pour calculer le montant des restitutions dues aux entreprises en raison des produits effectivement exportés, il y avait lieu de faire application des taux de restitution préfixés dans les conditions prévues par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n 565/80 et que ces restitutions pouvaient faire l' objet d' une compensation avec les sommes que devaient rembourser les exportateurs . 10 Un recours en Revision contre le jugement du Finanzgericht a été formé par les parties au litige devant le Bundesfinanzhof . Celui-ci a considéré qu' un précédent arrêt de la Cour, en date du 5 février 1987, Plange Kraftfutterwerke ( 288/85, Rec . p . 611 ), rendu dans une affaire comparable, n' avait pas tranché le point de savoir quelles étaient les règles communautaires applicables pour le calcul des restitutions lorsque l' opérateur, après avoir bénéficié du préfinancement des restitutions, exportait un produit dont les caractéristiques étaient différentes de celles mentionnées dans la déclaration de paiement . 11 Selon le Bundesfinanzhof, cette question était importante dans le cas de l' espèce, car, de la réponse qui lui serait apportée, dépendrait l' application, pour le calcul de la restitution due, en réalité, à l' opérateur, des dispositions du règlement n 1633/80, fixant à 0 écu le taux de restitution pour les exportations à destination de l' Union soviétique . 12 C' est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et a posé à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes : "1 ) Les dispositions du droit communautaire, notamment celles de l' article 10, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 798/80, dans la version résultant du règlement ( CEE ) n 3445/85, doivent-elles être interprétées en ce sens qu' un bénéficiaire du paiement à l' avance des restitutions à l' exportation au titre de l' article 4 du règlement ( CEE ) n 565/80 qui, au moment de sa demande de paiement, s' était engagé, en application de l' article 2 du règlement ( CEE ) n 798/80, à exporter une farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g mais a exporté, en réalité, une farine d' une teneur en cendres supérieure à 520 mg/100 g, est tenu de rembourser le montant total payé à l' avance et peut seulement demander, au lieu de celui-ci, une restitution à l' exportation pour les marchandises réellement exportées, selon le régime du règlement ( CEE ) n 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979? 2 ) S' il est répondu par l' affirmative à la question 1 : le règlement ( CEE ) n 1633/80 est-il valide dans la mesure où le taux de restitution applicable aux exportations vers l' URSS y a été fixé à 0 écu? Si la réponse à cette question est négative : un exportateur doit-il alors, sous certaines conditions, être traité comme si la restitution applicable aux exportations vers l' Union soviétique n' avait pas été suspendue?" 13 La question préjudicielle, posée par l' ordonnance du 8 mai 1990, dans l' affaire C-206/90, a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant les entreprises Bremer Rolandmuehle et Getreide-Import GmbH ( ci-après "Getreide-Import "), réunies en un groupement commun, au Hauptzollamt . 14 Ces deux entreprises ont placé, le 28 novembre 1980, 7 682 779 kg de froment sous contrôle douanier en vue de leur exportation, sous forme de farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g, à destination du Yémen du Nord . Elles ont bénéficié des dispositions susmentionnées relatives au paiement par avance des restitutions . 15 Comme dans l' affaire précédente, le Hauptzollamt, après avoir constaté que la farine effectivement exportée avait une teneur en cendres sensiblement supérieure à celle indiquée, a demandé le remboursement des restitutions . 16 C' est dans ces conditions que le Bundesfinanzhof, saisi d' un recours en Revision contre un jugement du Finanzgericht Hamburg statuant sur un recours des deux entreprises, a sursis à statuer et a posé à la Cour une question préjudicielle identique à la première question posée dans l' affaire C-5/90 . 17 Pour un plus ample exposé des faits des deux litiges au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour . Sur la première question posée dans l' affaire C-5/90 et sur la question unique posée dans l' affaire C-206/90 18 Dans ces questions, le juge national vise exclusivement le cas dans lequel la teneur en cendres de la farine effectivement exportée est sensiblement supérieure à celle mentionnée dans la déclaration de paiement . Il se réfère implicitement à la nomenclature utilisée, à la date des faits litigieux, par les règlements relatifs aux restitutions à l' exportation, qui, pour les farines de froment tendre, déterminent le taux de restitution applicable en fonction de six teneurs en cendres ( 0 à 520 mg/100 g, 521 à 600 mg/100 g; 601 à 900 mg/100 g, 901 à 1 100 mg/100 g, 1 101 à 1 650 mg/100 g, 1 651 à 1 900 mg/100 g ), le taux de restitution allant décroissant, à l' exception des cas où il est nul, en fonction de l' élévation de cette teneur . 19 Pour répondre à la question posée, il est nécessaire de déterminer successivement les dispositions communautaires applicables dans le cas visé par le juge national et le taux de restitution qui doit être retenu, sur le fondement de ces dispositions, pour calculer la restitution due, en réalité, à cet opérateur . 20 Il convient, à titre liminaire, d' indiquer le cadre réglementaire du régime du préfinancement des restitutions à l' exportation . 21 Le règlement n 565/80 institue pour certains produits agricoles, dont ceux relevant du règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, modifié, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 1 ), un régime de préfinancement des restitutions pour les exportations à destination des pays tiers . Comme il ressort du troisième considérant du règlement n 565/80, l' objet de ce préfinancement, qui s' applique aux exportations de produits agricoles transformés à partir de produits de base communautaires, est d' assurer un équilibre entre ces opérations et l' utilisation des produits de base des pays tiers admis au régime du perfectionnement actif . 22 Les modalités d' application de ce règlement ont été précisées par le règlement n 798/80, du 31 mars 1980 . 23 L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 565/80 prévoit qu' un montant égal à la restitution est payé à l' exportateur dès que les produits de base sont placés sous contrôle douanier . Conformément au paragraphe 5 de cette même disposition, le taux de restitution est, s' il n' est pas fixé à l' avance, celui applicable le jour où les produits de base sont mis sous contrôle douanier . Si la restitution est fixée à l' avance, le jour où les produits de base ont été mis sous contrôle douanier est, selon le paragraphe 6, à prendre en considération pour le calcul des ajustements à opérer au taux de restitution applicable . 24 Le bénéfice du régime de préfinancement des restitutions est subordonné au dépôt, auprès des autorités douanières, et à l' acceptation par celles-ci d' une "déclaration de paiement", dont le contenu est défini par l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 798/80 . Cette déclaration doit, notamment, comporter la désignation des produits exportés selon les nomenclatures utilisées pour les restitutions ainsi que, si cela est nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés . 25 L' exportateur doit, dans les conditions prévues par l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 798/80, constituer une caution égale au montant de la restitution, auquel sont ajoutés le montant compensatoire monétaire positif, s' il en existe un, et une majoration de 20 % de la somme ainsi obtenue . Selon la deuxième phrase de cette même disposition, cette majoration ne peut être inférieure à 3 écus/100 kg de poids net du produit exporté . 26 L' exportateur doit respecter les dispositions de l' article 11 du règlement n 798/80, fixant les délais pendant lesquels les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation et les délais dans lesquels les produits transformés doivent être exportés après la fin du contrôle douanier . Comme l' a souligné l' avocat général dans ses conclusions ( point 21 ), l' application de ces délais peut, en fait, conduire à une prolongation de la durée de validité du certificat de préfixation . 27 L' article 10, paragraphe 4, du règlement précise les cas dans lesquels l' exportateur, ayant bénéficié du régime du préfinancement des restitutions, est tenu de rembourser ou de verser certaines sommes . Ces dispositions ont été modifiées par le règlement n 3445/85, du 6 décembre 1985, applicable, à la demande des intéressés, aux espèces en instance . 28 Dans sa rédaction résultant de ce dernier règlement, ce paragraphe, sur lequel porte la question préjudicielle, dispose : "Sans préjudice des cas de force majeure, le remboursement des montants suivants est exigé : a ) lorsque les délais fixés à l' article 11 n' ont pas été respectés : - un montant égal à la caution; b ) lorsque les délais fixés à l' article 11 ont été respectés, mais que le montant de la restitution est inférieur à celui visé au paragraphe 1, sous b ), et lorsque la majoration minimale prévue à l' article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, n' a pas été appliquée : - en cas d' application de l' article 7, paragraphe 3, un montant égal à la caution, diminué du montant de la restitution réelle elle-même diminuée du montant compensatoire négatif, ces deux derniers montants majorés de 20 %; - dans les autres cas, un montant égal à la caution, diminué du montant de la restitution réelle et du montant compensatoire monétaire positif dû, majoré de 20 %; c ) lorsque les délais fixés à l' article 11 ont été respectés, mais que le montant de la restitution est inférieur à celui visé au paragraphe 1, sous b ), et lorsque la majoration minimale prévue à l' article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, a été appliquée : - un montant égal à la différence entre le montant payé à l' avance et le montant dû, cette différence étant augmentée du pourcentage calculé en comparant le montant de la majoration minimale au montant payé à l' avance ." En ce qui concerne les dispositions communautaires applicables dans le cas visé par le juge national 29 Les dispositions de l' article 10, paragraphes 4 et 5, du règlement n 798/80 régissent, conformément aux dispositions de l' article 6, deuxième alinéa, du règlement n 565/80, en application desquelles elles ont été prises, l' ensemble des cas dans lesquels le bénéficiaire du préfinancement des restitutions n' a pas droit à ces restitutions ou a seulement droit à des restitutions d' un montant inférieur . Le paragraphe 5 contient des dispositions spécifiques applicables dans le seul cas de force majeure . Les dispositions du paragraphe 4 doivent, en conséquence, être regardées comme s' appliquant à l' ensemble des autres cas, dont celui visé par le juge national, dans lequel il n' est pas fait état d' une situation de force majeure . 30 Ces dispositions distinguent, d' une part, le cas, mentionné sous a ), dans lequel l' opérateur n' a pas respecté les délais fixés par l' article 11 du règlement n 798/80, de ceux, mentionnés sous b ) et c ), où le montant de la "restitution réelle", c' est-à-dire de la restitution due, se révèle inférieur au montant de la restitution préfinancée . Dans le premier cas, l' opérateur est tenu de verser un montant égal à celui de la caution . Dans le second cas, l' opérateur doit, selon diverses modalités, rembourser la différence entre la restitution préfinancée et la restitution due et verser soit une majoration égale à 20 % du montant de cette différence, soit une majoration minimale . 31 La Commission soutient que le cas visé par le juge national relève des dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement n 798/80, cela au motif que les délais fixés à l' article 11 doivent être regardés comme nécessairement dépassés lorsque les caractéristiques du produit exporté diffèrent de celles mentionnées dans la déclaration de paiement . Les dispositions du paragraphe 4, sous b ) et c ), seraient, selon la Commission et le Hauptzollamt, inapplicables et concerneraient les cas où le montant inférieur de la restitution due résulte d' une modification, par rapport aux indications contenues dans la déclaration de paiement, des quantités de produits exportés ou de la destination de ces produits . 32 Cette interprétation ne saurait être retenue . 33 En premier lieu, les dispositions de l' article 11 du règlement n 798/80 ne concernent que les délais pendant lesquels le produit de base peut rester sous contrôle douanier et les délais dans lesquels le produit transformé doit être exporté à la fin du contrôle douanier . Ces dispositions ne contiennent aucune indication quant aux caractéristiques du produit effectivement exporté par rapport à celles mentionnées dans la déclaration de paiement . 34 En second lieu, ni la lettre ni l' objet des dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) et c ), ne permettent d' exclure le cas visé par le juge national de leur champ d' application . Ces dispositions, qui ont pour objet de définir les droits et les obligations de l' exportateur lorsque le montant de la restitution préfinancée dépasse celui de la restitution due, doivent, notamment, trouver application, en l' absence de prescriptions expresses contraires, dans les cas où le produit effectivement exporté est le produit mentionné dans la déclaration de paiement et où seules diffèrent, dans des conditions justifiant l' application d' un taux de restitution inférieur, les caractéristiques de ce produit . 35 Tel est précisément le cas visé par le juge national . Les farines mentionnées dans les déclarations de paiement et les farines effectivement exportées ne peuvent pas, en effet, être regardées comme des produits différents . Ces farines sont placées sous la même position du tarif douanier et, comme il a été indiqué précédemment, elles relèvent de la même réglementation communautaire, qui, pour déterminer le taux de restitution applicable à la marchandise "farines de froment ( blé ) tendre" distingue 6 catégories de teneur en cendres . En l' espèce, l' application d' un taux de restitution inférieur, justifiée par le rattachement de la farine exportée à une catégorie différente de celle mentionnée dans la déclaration de paiement, est seule en litige . 36 Il faut, enfin, se référer aux finalités poursuivies par la réglementation communautaire en cause . Dans l' arrêt susmentionné du 5 février 1987, la Cour a considéré que les dispositions alors en vigueur, antérieures à celles du règlement n 798/80, avaient pour objectif d' éviter l' enrichissement injustifié d' un opérateur économique qui aurait bénéficié d' un crédit à titre gratuit, lorsqu' il devait apparaître que la restitution payée avant le moment même de la transformation des produits exportés ne lui était pas due . Or, selon la Cour, le crédit à titre gratuit dont avait bénéficié un opérateur, dans un cas analogue à celui visé par le présent renvoi préjudiciel, n' englobait pas la totalité de la restitution effectivement payée à l' avance, mais se rapportait à cette restitution diminuée du montant de la restitution auquel cet opérateur avait droit . C' était, en conséquence, sur la base de cette différence entre les deux restitutions que devait être calculée la majoration due par l' opérateur . Les principes posés par cette jurisprudence sont transposables dans le cadre de l' application du règlement n 798/80, dont l' objectif est identique à celui de la réglementation antérieure . L' application, proposée par la Commission, des dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous a ), du règlement au cas visé par le juge national, contraindrait l' opérateur à reverser, en méconnaissance de ces principes, le montant de la caution, c' est-à-dire une somme supérieure même à celle correspondant à la totalité de la restitution préfinancée . Il est, au contraire, conforme à la finalité de la réglementation en cause d' appliquer les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) ou sous c ), du règlement n 798/80 qui limitent, dans un tel cas, le montant des sommes à rembourser au crédit injustifié dont a bénéficié l' opérateur, augmenté d' une majoration qui remplit la fonction d' une pénalité . 37 Le cas visé par le juge national relève, dès lors, de ces dernières dispositions de l' article 10, paragraphe 4, soit sous c ), lorsque la majoration minimale prévue à l' article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n 798/80 a été appliquée, soit sous b ), dans le cas contraire . En ce qui concerne le taux de restitution 38 La question posée par le juge national porte également sur le point de savoir s' il y a lieu, pour calculer la restitution à laquelle peut prétendre, en réalité, l' opérateur, d' appliquer le taux de restitution prévu par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n 565/80 ou s' il y a lieu d' appliquer, après l' expiration de la durée de validité du certificat de préfixation, le taux de restitution applicable au jour de l' exportation prévu par les dispositions de droit commun de l' article 3 du règlement n 2730/79 . 39 Lorsque, comme dans le cas visé par le juge national, les caractéristiques du produit effectivement exporté diffèrent de celles mentionnées dans la déclaration de paiement, l' enrichissement injustifié de l' opérateur correspond à la différence, calculée sur la base du taux de restitution prévu par l' article 4 du règlement n 565/80, entre le montant de la restitution payée à l' avance et celui de la restitution qu' il aurait dû obtenir pour le produit effectivement exporté s' il avait été exactement indiqué dans la déclaration de paiement . Il y a donc lieu de prendre en compte, pour calculer le montant de la restitution réelle, le taux de restitution applicable dans le cadre des dispositions du règlement n 565/80 relatives au préfinancement des restitutions . 40 Il doit être souligné que cette interprétation est seule de nature à garantir l' existence d' une sanction effective . L' application du taux de restitution défini par l' article 3 du règlement n 2730/79 pourrait, en effet, constituer non pas une sanction mais un avantage pour l' opérateur, dans l' éventualité où le taux de restitution aurait augmenté entre la date de la préfixation ou de la mise sous contrôle douanier du produit de base et la date de l' exportation du produit transformé . 41 Il convient, en conséquence, de répondre à la question posée que, lorsqu' un opérateur économique s' est engagé, conformément à l' article 2 du règlement n 798/80, à exporter de la farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g et qu' il lui est reproché d' avoir, pour des raisons ne relevant pas d' un cas de force majeure, exporté en réalité une farine d' une teneur en cendres sensiblement supérieure, le montant des sommes que doit verser cet opérateur est fixé par les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) ou c ), du règlement n 798/80 . Pour calculer la restitution réelle à laquelle peut prétendre cet opérateur, dans le cadre de ces dispositions, il y a lieu d' appliquer le taux de restitution prévu par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n 565/80 . Sur la seconde question posée dans l' affaire C-5/90 42 Cette question, sur la validité des dispositions du règlement n 1633/80 fixant à 0 écu le taux de restitution pour les exportations à destination de l' Union soviétique, a été posée par le juge national, dans l' hypothèse où la Cour répondrait à la première question que le taux de restitution applicable pour calculer la restitution à laquelle peut prétendre l' opérateur économique, dans le cas visé par le juge national, est celui prévu par le règlement n 2730/79 . 43 La Cour n' a pas répondu en ce sens . Il n' y a donc pas lieu de répondre à cette seconde question préjudicielle . Décisions sur les dépenses Sur les dépens 44 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens . Dispositif Par ces motifs, LA COUR ( cinquième chambre ), statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnances du 21 novembre 1989 et du 8 mai 1990, dit pour droit : Lorsqu' un opérateur économique s' est engagé, conformément à l' article 2 du règlement ( CEE ) n 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles, à exporter de la farine d' une teneur en cendres de 0 à 520 mg/100 g et qu' il lui est reproché d' avoir, pour des raisons ne relevant pas d' un cas de force majeure, exporté en réalité une farine d' une teneur en cendres sensiblement supérieure, le montant des sommes que doit verser cet opérateur est fixé par les dispositions de l' article 10, paragraphe 4, sous b ) ou c ), du règlement ( CEE ) n 798/80 . Pour calculer la restitution réelle à laquelle peut prétendre cet opérateur, dans le cadre de ces dispositions, il y a lieu d' appliquer le taux de restitution prévu par l' article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement ( CEE ) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l' avance des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles .

62007TJ0051

cs

Žalobkyně napadá rozhodnutí Komise K(2006) 5789 v konečném znění ze dne 4. prosince 2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“) určené Rakouské republice, v rozsahu, v němž jím Komise určuje, že ohledně částky 110937,60 eur je třeba provést dodatečné zaúčtování dovozního cla dlužného žalobkyní, společností Agrar-Invest-Tatschl GmbH, z dovozu cukru pocházejícího z Chorvatska a že prominutí tohoto cla není důvodné. Právní rámec Článek 220 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( Úř. věst. L 302, s. 1 ; Zvl. vyd. 02/04, s. 307, dále jen „CKS“), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 ze dne ( Úř. věst. L 311, s. 17 ; Zvl. vyd. 02/10), stanoví: „S výjimkou případů uvedených v čl. 217 odst. 1 druhém a třetím pododstavci se dodatečné zaúčtování neprovede, pokud: a) […] b) částka cla dlužného ze zákona nebyla zaúčtována následkem chyby ze strany celních orgánů, kterou nemohla osoba povinná zaplatit clo přiměřeným způsobem zjistit, a pokud tato osoba jednala v dobré víře a dodržela všechna ustanovení platných předpisů týkající se celního prohlášení. Pokud byl preferenční status zboží zjištěn na základě systému správní spolupráce s orgány třetí země, považuje se vydání potvrzení těmito orgány v případě, že se ukáže jako nesprávné, za chybu, kterou nebylo možné rozumným způsobem zjistit ve smyslu prvního pododstavce. Vydání nesprávného potvrzení však není chybou, je-li potvrzení založeno na nesprávném popisu skutečností podaném vývozcem, není-li zřejmé, že orgány vydávající potvrzení si byly vědomy nebo si měly být vědomy toho, že zboží nesplňuje podmínky pro preferenční zacházení. Osoba povinná zaplatit clo se může odvolat na dobrou víru, pokud je schopna prokázat, že v období dotyčných obchodních operací jednala s náležitou péči, aby zajistila splnění všech podmínek pro preferenční zacházení. Osoba povinná zaplatit clo se však nemůže odvolat na dobrou víru, pokud Evropská komise zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství oznámení o tom, že existují odůvodněné pochybnosti, zda daná země správně uplatňuje preferenční režim.“ Článek 239 CKS zní takto: „1.   Dovozní clo nebo vývozní clo lze vrátit nebo prominout i v jiných případech než podle článků 236, 237 a 238: — které budou vymezeny postupem projednávání ve výboru, — které vyplývají z okolností, jež nelze přičítat podvodnému jednání nebo hrubé nedbalosti zúčastněné osoby. Případy, kdy lze toto ustanovení použít, a příslušná procesní pravidla se vymezí postupem projednávání ve výboru. Vrácení či prominutí může podléhat zvláštním podmínkám. 2.   Vrácení nebo prominutí cla z důvodů uvedených v odstavci 1 se povolí na základě žádosti, jež byla podána příslušnému celnímu úřadu do 12 měsíců ode dne, kdy byla dlužníkovi sdělena částka cla.“ Skutkový stav Žalobkyně je rakouská společnost, jež se zaměřuje na obchod se zemědělskými produkty. V období od 20. září 2001 do provedla 76 operací dovozu cukru pocházejícího z Chorvatska. Operací 1 až 67 se tato žaloba netýká. Sporné je pouze dodatečného zaúčtování dovozního cla u dovozních operací 68 až 76 (dále jen „sporné dovozy“), jakož i prominutí cla, jež by se jich mohlo týkat. Tyto dovozní operace byly provedeny v době od do . Sporné dovozy byly uskutečněny na základě „Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé“ ( Úř. věst. 2001, L 330, s. 3 ; Zvl. vyd. 11/39, s. 129, dále jen „prozatímní dohoda“). Tato dohoda stanoví zejména preferenční zacházení ohledně cukru pocházejícího z Chorvatska, pokud chorvatské orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 (dále jen „osvědčení EUR.1“), jež musí být předkládáno celním orgánům státu dovozu. Dne 2. dubna 2002 informoval Evropský úřad pro boj proti podvodům Komisi o podezření, že při preferenčních dovozech cukru pocházejícího z určitých zemí západního Balkánu jsou používána padělaná dovozní osvědčení. Prostřednictvím „oznámení dovozcům“ ( Úř. věst. 2002, C 152, s. 14 ) sdělila Komise dne 26. června 2002, že existuje důvodná pochybnost o správném uplatňování preferenčního režimu uděleného ohledně cukru pocházejícího především z Chorvatska. Komise rovněž uvedla, že se preferenční dovozy cukru pocházejícího z Chorvatska a zemí Balkánu značně zvýšily, přestože tyto země ještě před nedávnem vykazovaly schodek jeho produkce. Komise tedy vyzvala hospodářské subjekty Společenství, aby vzhledem k možnosti, že by uvedení daného zboží do volného oběhu vedlo ke vzniku celného dluhu a představovalo zdroj podvodu poškozujícího finanční zájmy Společenství, přijaly veškerá potřebná opatření. Ke všem sporným dovozům došlo po zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku. Na žádost rakouské celní správy chorvatské celní orgány provedly v době od 23. července 2002 do následnou kontrolu osvědčení EUR.1 předložených při sporných dovozech žalobkyní dle požadavku ustanovení čl. 32 protokolu č. 4 prozatímní dohody. Na základě výsledku těchto kontrol chorvatská celní správa dne 18. února 2003 potvrdila pravost a správnost osvědčení EUR.1 vydaných pro sporné dovozy č. 68 až 72 a dne potvrdila totéž pro sporné dovozy č. 73 až 76. Po zveřejnění oznámení dovozcům provedl OLAF v Řecku rozbor cukru údajně pocházejícího z Chorvatska a zjistil, že tento produkt představoval směs cukru řepného a třtinového, což zcela vylučovalo jeho chorvatský původ. Dne 28. října 2002 o tom OLAF informoval členské státy. V červnu 2003 provedl OLAF šetření u chorvatského výrobce IPK Tvornica Šećera Osijek d.o.o. a konstatoval, že tento podnik, od nějž žalobkyně zakoupila předmětný cukr, používal též třtinový cukr dovážený pro potřeby své výroby, přičemž jednotlivé šarže cukru nebylo možno vzájemně rozlišit. Chorvatské orgány poté zrušily platnost všech osvědčení EUR.1 vydaných v době od 14. září 2001 do . Dne informovaly rakouské orgány dotčené dovozce o zrušení platnosti těchto osvědčení. Po tomto zrušení platnosti osvědčení zaslal příslušný rakouský celní orgán dne 9. srpna 2004 žalobkyni dodatečný celní výměr znějící na částku 916807,21 eur. Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí podala žalobu k příslušnému rakouskému soudu a v souladu s čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS požadovala, aby nebyla zaúčtována částka cla podle dodatečného výměru, a podpůrně, aby bylo toto clo na základě článku 239 CKS prominuto. Dopisem ze dne 1. června 2005 požádala Rakouská republika Komisi, aby na základě výše zmiňovaných článků rozhodla, zda je v případě žalobkyně důvodné upustit od dodatečného zaúčtování dovozního cla, a podpůrně, zda je důvodné prominutí cla. V napadeném rozhodnutí Komise uvedla, že je třeba upustit od dodatečného zaúčtování cla z dovozů č. 1 až 67, ale takovéto upuštění od dodatečného zaúčtování, jakož i prominutí cla odmítla u sporných dovozů, tj. ohledně celkové částky cla ve výši 110937,60 eur. Komise toto v zásadě odůvodnila tvrzením, že příslušné chorvatské orgány věděly, anebo přinejmenším vědět měly, že dané zboží nesplňovalo podmínky pro preferenční zacházení stanovené prozatímní dohodou, a tudíž pochybily ve smyslu čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS. Avšak vzhledem k tomu, že dne 26. června 2002 bylo zveřejněno oznámení dovozcům, se žalobkyně podle názoru Komise nemohla dovolávat své dobré víry ohledně dovozů uskutečněných po tomto datu. Skutečnost, že chorvatské orgány potvrdily platnost určitých osvědčení EUR.1 po zveřejnění tohoto oznámení, není v tomto ohledu relevantní. Žalobkyně si totiž v okamžiku, kdy uskutečnila sporné dovozy, byla podle názoru Komise vědoma rizik, jimž se vystavuje, a potvrzení platnosti dotčených osvědčení u ní následně nemohlo vyvolat legitimní očekávání, aniž by byl čl. 220 odst. 2 písm. b) zároveň zbaven veškerého smyslu. Řízení a návrhová žádání účastníků řízení Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 22. února 2007 podala žalobkyně tuto žalobu. Na základě zprávy soudce zpravodaje rozhodl Soud (třetí senát) o zahájení ústní části řízení. Přednesy účastníků řízení a odpovědi na otázky Soudu byly vyslechnuty na jednání konaném dne 2. dubna 2008. Žalobkyně navrhuje, aby Soud: — zrušil čl. 1 odst. 2 a čl. 1 odst. 3 napadeného rozhodnutí; — uložil Komisi, aby rozhodla, že není namístě provést dodatečné zaúčtování dovozního cla ve výši 110937,60 eur ze sporných dovozů; — podpůrně ke druhému návrhovému žádání uložil Komisi, aby rozhodla, že dovozní clo ve výši 110937,60 eur ze sporných dovozů je třeba prominout. Komise navrhuje, aby Soud: — zamítl žalobu; — uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení. Právní otázky Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává v zásadě toho, že napadeným rozhodnutím byl porušen čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS a článek 239 CKS, jelikož Komise odmítla upustit od dodatečného zaúčtování dovozního cla ohledně sporných dovozů, popřípadě toto clo prominout. K přípustnosti druhého a třetího návrhového žádání Argumenty účastníků řízení Komise uvádí, aniž by formálně vznesla námitku nepřípustnosti, že soudům Společenství v rámci jejich přezkumu legality nepřísluší, aby vydávaly soudní příkazy institucím či orgánům anebo aby instituce či orgány nahrazovaly. Druhé a třetí návrhové žádání, jež mají za cíl přinutit Komisi, aby určitým způsobem konala, jsou tudíž nepřípustná. Žalobkyně nicméně na jednání zopakovala svá návrhová žádání a tvrdila, že Komise nemá v projednávané věci diskreční pravomoc, a že tudíž neexistuje důvod, proč by Soud nemohl v případě zjištění protiprávnosti napadeného rozhodnutí Komisi uložit, aby přijala rozhodnutí, jímž bude vyhověno návrhovým žádáním žalobkyně. Závěry Soudu Podle ustálené judikatury nemá Soud pravomoc vydávat soudní příkazy orgánům Společenství (v tomto smyslu viz rozsudek Soudu ze dne 9. června 1983, Verzyck v. Komise, 225/82, Recueil, s. 1991 , bod 19; usnesení Soudu ze dne , SDDDA v. Komise, T-47/96, Recueil, s. II-1559 , bod 45). V souladu článkem 231 ES má totiž Soud toliko možnost zrušit napadený akt. Poté je dotčený orgán na základě článku 233 ES povinen přijmout opatření, která vyplývají z rozsudku Soudu (v tomto smyslu viz rozsudky Soudu ze dne , Ladbroke v. Komise, T-74/92, Recueil, s. II-115 , bod 75, a ze dne , UPS Europe v. Komise, T-127/98, Recueil, s. II-2633 , bod 50). Co se týče argumentu vycházejícího z nedostatku diskreční pravomoci Komise, je třeba dodat, že toto omezení přezkumu legality platí pro všechny druhy právních sporů, k jejichž rozhodování je Soud příslušný (rozsudek Soudu ze dne 12. července 2001, Mattila v. Rada a Komise, T-204/99, Recueil, s. II-2265 , bod 26, potvrzený rozsudkem Soudního dvora ze dne , Mattila v. Rada a Komise, C-353/01 P, Recueil, s. I-1073 , bod 15). Druhé a třetí návrhové žádání je tudíž nepřípustné. K následnému zaúčtování dovozního cla Argumenty účastníků řízení Žalobkyně uvádí, že podle čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS se následné zaúčtování dovozního cla neprovede, jestliže zaprvé částka cla dlužného ze zákona nebyla zaúčtována následkem chyby ze strany celních orgánů, zadruhé tuto chybu nemohla osoba povinná zaplatit clo přiměřeným způsobem zjistit a zatřetí tato osoba jednala v dobré víře a dodržela všechna ustanovení platných předpisů týkající se celního prohlášení. V projednávané věci je podle ní rozhodující otázkou, zda zveřejnění oznámení dovozcům, k němuž došlo dne 26. června 2002, vylučuje dobrou víru na straně žalobkyně ohledně pravosti a správnosti osvědčení EUR.1 předložených při sporných dovozech. Podle žalobkyně Komise nebere na zřetel skutečnost, že rakouské celní orgány předložily svým chorvatským protějškům žádost o kontrolu všech osvědčení EUR.1 předložených při sporných dovozech teprve po zveřejnění oznámení dovozcům a na základě tohoto zveřejnění. Dobrá víra žalobkyně se tudíž netýká pravosti a správnosti osvědčení EUR.1 předložených při sporných dovozech. Dobrá víra ohledně těchto vlastností byla vyloučena okamžikem oznámení dovozcům. Oproti tomu nebyla vyloučena ohledně následného potvrzení osvědčení EUR.1 chorvatskou celní správou po provedení přezkumného řízení, které bylo zahájeno právě z důvodu tohoto oznámení dovozcům. Článek 220 odst. 2 písm. b), druhý pododstavec CKS nevylučuje obecně dobrou víru osoby povinné zaplatit clo jako takovou, nýbrž pouze ohledně pravosti a správnosti osvědčení původu předloženého při dovozu zboží s preferenčním režimem. Podle žalobkyně však v případě, kdy hospodářský subjekt podnikne další opatření k ověření pravosti a správnosti osvědčení pro účely preferenčního zacházení a z těchto opatření vyplyne, že osvědčení je pravé a správné, dojde k obnovení dobré víry subjektu. Tato dobrá víra se nevztahuje pouze na osvědčení pro účely preferenčního zacházení, které původně předložil, ale na toto osvědčení ve spojení s následným potvrzením jeho pravosti a správnosti, jež bylo výsledkem kontroly, která zjistila, že podmínky pro vydání původního osvědčení byly splněny. Žalobkyně se v tomto ohledu dovolává rovněž znění oznámení dovozcům, jež vyzývá hospodářské subjekty ve Společenství, „aby přijaly všechna nezbytná bezpečnostní opatření“. Komise tím poukázala na skutečnost, že původní osvědčení pro účely preferenčního zacházení již nejsou platná a že od ekonomických subjektů očekává přijetí dalších opatření k zaručení platnosti a správnosti těchto osvědčení. Po pozitivním ověření pravosti a správnosti osvědčení pro účely preferenčního zacházení chorvatskou celní správou byla tudíž obnovena dobrá víra hospodářských subjektů v pravost a správnost zmiňovaných osvědčení. Ve své replice žalobkyně upřesňuje, že sice v okamžiku sporných dovozů skutečně z důvodu zveřejnění oznámení dovozcům neměla dobrou víru, avšak že v dané věci záleží na následné kontrole, jejíž pozitivní výsledek umožnil obnovení její dobré víry. Komise tyto argumenty žalobkyně odmítá. Závěry Soudu Podle čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS není namístě následně zaúčtovat clo odpovídající celnímu dluhu, jsou-li kumulativně splněny následující podmínky (v tomto smyslu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 2006, Conseil général de la Vienne, C-419/04, Sb. rozh. s. I-5645 , bod 38 a citovaná judikatura): — částka cla dlužného ze zákona nebyla zaúčtována následkem chyby ze strany celních orgánů; — tuto chybu nemohla osoba povinná zaplatit clo přiměřeným způsobem zjistit; — tato osoba jednala v dobré víře a — dodržela všechna ustanovení platných předpisů týkající se celního prohlášení. V projednávané věci je mezi účastníky řízení sporná podmínka dobré víry žalobkyně. Splnění této podmínky by totiž mohlo být vyloučeno z důvodu právního účinku oznámení dovozcům. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že znění čl. 220 odst. 2 písm. b) pátého pododstavce CKS je jasné a jednoznačné. Stanoví, že se osoba povinná zaplatit clo nemůže odvolávat na dobrou víru, pokud Komise zveřejnila v Úředním věstníku oznámení dovozcům o existenci odůvodněných pochybností a nepočítá s možností, že by osoba povinná zaplatit clo mohla svou dobrou víru prokázat přijetím dalších opatření k zajištění pravosti a správnosti osvědčení pro účely preferenčního zacházení. Toto znění bylo do CKS vloženo nařízením č. 2700/2000, jehož bod 11 odůvodnění zní: „Osoba povinná zaplatit clo se může odvolávat na dobrou víru, pokud může prokázat, že jednala s náležitou péči, kromě případů, kdy bylo v Úředním věstníku Evropských společenství zveřejněno oznámení, že existují odůvodněné pochybnosti.“ Navíc, jak uvádí Komise, absolutní vyloučení dobré víry v případě zveřejnění oznámení dovozcům zaručuje velmi vysokou úroveň právní jistoty. Je nutno konstatovat, že oznámení dovozcům v dané věci neobsahuje žádný odkaz na čl. 220 odst. 2 písm. b) pátý pododstavec CKS a že se příliš zřetelně nevyjadřuje o svých právních důsledcích. Zejména neupřesňuje, že v důsledku jeho zveřejnění se dovozci nemohou odvolávat na svou dobrou víru. Po sdělení, že existují odůvodněné pochybnosti o správném uplatňování preferenčního režimu u cukru pocházejícího zejména z Chorvatska, Komise pouze uvádí, že „hospodářské subjekty […] se tímto vyzývají, aby přijaly veškerá potřebná opatření“. Na jednání Komise připustila, že nevylučuje, že by se pod vlivem mimořádných okolností mohla rozhodnout k relativizaci své pozice ohledně absolutního účinku oznámení dovozcům v případě, že by hospodářský subjekt uvedl, že na základě zveřejnění takového oznámení, avšak ještě před uskutečněním dovozu, provedl další ověřovací opatření, jež potvrdila původ daného zboží. Není však zapotřebí zkoumat, zda a za jakých podmínek by byla takováto výjimka možná, neboť žalobkyně v dané věci v každém případě nejednala v dobré víře. Ve své replice tak žalobkyně výslovně uznává, že v okamžiku sporných dovozů nebyla v důsledku oznámení dovozcům v dobré víře. Tvrdí sice, že její dobrá víra byla „obnovena“ následným potvrzením pravosti a správnosti osvědčení EUR.1 po provedení kontrolního postupu chorvatskou celní správou. Článek 220 odst. 2 písm. b) čtvrtý pododstavec CKS však stanoví, že osoba povinná zaplatit clo se může odvolat na dobrou víru jen tehdy, „pokud je schopna prokázat, že v období dotyčných obchodních operací jednala s náležitou péči, aby zajistila splnění všech podmínek pro preferenční zacházení“. Z tohoto ustanovení vyplývá, že osoba povinná zaplatit clo musí být v době dotčených obchodních operací bezpodmínečně v dobré víře. Okamžikem rozhodným pro zohlednění dobré víry osoby povinné zaplatit clo je tedy okamžik dovozu. Ve svých písemnostech však žalobkyně nepodala žádné vysvětlení ohledně opatření, která by snad provedla před okamžikem každého ze sporných dovozů, nebo nejpozději v jejich okamžiku, aby se ve smyslu čl. 220 odst. 2 písm. b) čtvrtého pododstavce ujistila, že byly – navzdory zveřejnění oznámení dovozcům – splněny všechny podmínky pro preferenční zacházení s daným zbožím. Naopak tvrzením, že její dobrá víra byla „obnovena“ následnými kontrolami žalobkyně implicitně potvrzuje, že v dobré víře nebyla až do okamžiku, kdy tyto následné kontroly potvrdily pravost a správnost osvědčení EUR.1 vydaných pro sporné dovozy, tedy až několik měsíců poté, co k daným dovozům došlo. K tvrzení žalobkyně, že pro její dobrou víru v pravost a správnost osvědčení EUR.1 týkajících se sporných dovozů není rozhodující původní dovozní postup, ale postup následné kontroly, jelikož kladný výsledek tohoto postupu umožňuje „obnovení“ této dobré víry, postačí uvést, že podobné tvrzení nenachází oporu v čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS. I za předpokladu, že se žalobkyně nacházela v dobré víře ohledně výsledků následných kontrol, zůstává nicméně skutečností, že „v době dotčených obchodních operací“ v dobré víře nebyla. Žalobkyně přitom nemůže tvrdit, že její dobrá víra byla jaksi zpětně obnovena v důsledku událostí, jež nastaly po provedení uvedených dovozů. Ve skutečnosti „ohledně pravosti a správnosti následně zkontrolovaných osvědčení pro účely preferenčního zacházení“ postrádá pojem „dobrá víra“ smyslu. Návrh na zrušení čl. 1 odst. 2 napadeného rozhodnutí je proto nutno zamítnout. K odmítnutí žádosti o prominutí dovozního cla Argumenty účastníků řízení Co se týče odmítnutí žádosti o následné prominutí dovozního cla podle článku 239 CKS, žalobkyně ve svém žalobním návrhu, a to pouze v rámci svého třetího návrhového žádání, odkazuje na své „předchozí vysvětlení“, aniž by uvedla další podrobnosti Komise poznamenává, že podmínky pro udělení prominutí dovozního cla stanovené článkem 239 CKS se liší od podmínek uvedených v čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS. Místo podání důkazu, že byly v projednávané věci splněny podmínky článku 239 CKS, však žalobkyně paušálně a bez bližšího vysvětlení odkazuje na svou argumentaci týkající se čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS. Je proto pochybné, zda její žalobní návrh v tomto bodě odpovídá požadavkům čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu. V každém případě není teze žalobkyně přesvědčivá, a již z tohoto důvodu ji není třeba brát na zřetel, vzhledem k tomu, že se v případě čl. 220 odst. 2 a článku 239 CKS jedná o různá ustanovení a i podmínky uplatnění těchto ustanovení jsou různé. Závěry Soudu Především je třeba uvést, že argumenty, kterých se lze dovolávat na podporu třetího návrhového žádání, jehož nepřípustnost byla konstatována, by byly relevantní i v rámci prvního návrhového žádání, jež má za cíl zrušení čl. 1 odst. 3 napadeného rozhodnutí, podle nějž prominutí dovozního cla dle článku 239 CKS není v projednávané věci důvodné. Je však nutno konstatovat, že žalobkyně svůj návrh blíže neodůvodňuje. Ve svém žalobním návrhu se omezuje na odkaz na vysvětlení k čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS. Ani ve své replice žalobkyně neprohloubila své stanovisko k tomuto bodu. Na jednání uvedla, že při všech dovozech byly provedeny celní inspekce. Tvrdila, že při nich byly odebrány vzorky a zaslány rakouské technické zkušebně. Podle žalobkyně tato zkušebna zjistila, že se jednalo o stoprocentní řepný cukr, čímž byl potvrzen jeho původ z Chorvatska. Podle ustanovení čl. 48 odst. 1 jednacího řádu Soudu však tyto navrhované důkazy nemohou být vzaty na zřetel. Jestliže totiž účastníci řízení mohou podle tohoto ustanovení navrhovat důkazy na podporu své argumentace v replice a duplice, po duplice Soud přijme návrhy důkazů pouze za mimořádných okolností, a to pouze tehdy, pokud navrhovatel důkazu neměl před ukončením písemné části řízení předmětné důkazy k dispozici nebo pokud jejich pozdní předložení protistranou odůvodňuje, aby byl spis doplněn tak, že bude zajištěno dodržení zásady kontradiktornosti (rozsudek Soudu ze dne 21. srpna 2004, M v. Soudní dvůr, T-172/01, Sb. rozh. s. II-1075 , bod 44). V každém případě čl. 48 odst. 1 jednacího řádu stanoví, že strany musí toto prodlení při předkládání svých návrhů důkazů odůvodnit. Jakkoli však žalobkyně při ústním jednání připustila, že tyto okolnosti v písemné části řízení neuvedla, nepodala žádné odůvodnění tohoto prodlení. Zmiňované návrhy důkazů tudíž nemohou být vzaty v úvahu. Co se týče odkazu v žalobě na vysvětlení k čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS je třeba uvést, že toto ustanovení sice sleduje stejný cíl jako článek 239 CKS, ale není s ním shodné. Článek 220 odst. 2 písm. b) CKS má totiž úžeji vymezený cíl než článek 239 CKS, neboť má pouze chránit legitimní očekávání osoby povinné zaplatit clo, pokud jde o opodstatněnost všech skutečností vstupujících do rozhodování o dodatečném zaúčtování či nezaúčtování cla. Článek 239 CKS oproti tomu představuje generální klauzuli vycházející z úvah o spravedlivosti a přiměřenosti (v tomto smyslu viz ohledně tehdy platných odpovídajících ustanovení rozsudek Soudního dvora ze dne 14. května 1996, Faroe Seafood a další, C-153/94 a C-204/94, Recueil, s. I-2465 , bod 87; rozsudek Soudu ze dne , Eyckeler & Malt v. Komise, T-42/96, Recueil, s. II-401 , body 136 až 139). V případě čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS a článku 239 CKS se tudíž jedná o dvě rozličná ustanovení, jejichž kritéria uplatnění se navzájem liší. Za těchto okolností se podle čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu nemůže žalobkyně omezit na odkaz na vysvětlení ohledně čl. 220 odst. 2 písm. b) CKS, jestliže si přeje odůvodnit svá návrhová žádání ohledně článku 239 CKS. Z toho plyne, že návrh na zrušení čl. 1 odst. 3 napadeného rozhodnutí musí být odmítnut jako nepřípustný. Jelikož nebylo vyhověno žádnému z žalobních důvodů, je nutno žalobu zamítnout v plném rozsahu. K nákladům řízení Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Komise požadovala náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je třeba posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení. Z těchto důvodů SOUD (osmý senát) rozhodl takto: 1) Žaloba se zamítá. 2) Agrar-Invest-Tatschl GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení. Martins Ribeiro Wahl Dittrich Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 8. října 2008. Vedoucí soudní kanceláře E. Coulon Předseda M. E. Martins Ribeiro ( *1 ) – Jednací jazyk: němčina.

62021CJ0319

sk

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 113 a 113a nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) ( Ú. v. EÚ L 299, 2007, s. 1 ), zmeneného nariadením Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 ( Ú. v. EÚ L 121, 2008, s. 1 ) (ďalej len „nariadenie č. 1234/2007“), ako aj článkov 5 a 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny ( Ú. v. EÚ L 157, 2011, s. 1 ). Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi na jednej strane agentúrou Agecontrol SpA a na druhej strane ZR a spoločnosťou Lidl Italia Srl, ktorého predmetom je správna peňažná sankcia, ktorú Agecontrol uložila z dôvodu nesprávneho označenia krajiny pôvodu ovocia a zeleniny, ktoré na trh uvádza ZR a Lidl Italia, uvedeného na dvoch sprievodných dokladoch k týmto výrobkom. Právny rámec Právo Únie Nariadenie č. 1234/2007 Článok 113 nariadenia č. 1234/2007, nazvaný „Obchodné normy“, stanovoval: „1.   [Európska komisia] môže ustanoviť obchodné normy pre jeden alebo viaceré výrobky z týchto sektorov: … b) ovocie a zelenina; … 2.   Normy uvedené v odseku 1: a) sa ustanovia tak, aby zohľadňovali najmä: i) špecifiká dotknutých výrobkov; … b) sa môžu vzťahovať najmä na kvalitu, zaraďovanie do tried kvality, hmotnosť, veľkosť, balenie, obaly, skladovanie, prepravu, obchodnú úpravu, uvádzanie na trh, pôvod a označenie. 3.   Pokiaľ Komisia neustanovila inak v súlade s kritériami uvedenými v odseku 2 písm. a), výrobky, pre ktoré sa stanovili obchodné normy, sa v [Európskej únii] môžu uvádzať na trh iba v súlade s týmito normami. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, ktoré môže prijať Komisia v súlade s článkom 194, členské štáty kontrolujú, či dané výrobky spĺňajú uvedené normy a v prípade potreby uplatnia sankcie.“ Článok 113a tohto nariadenia, nazvaný „Dodatočné požiadavky na uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh“, stanovoval: „1.   Výrobky sektora ovocia a zeleniny, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľom v čerstvom stave, sa môžu uvádzať na trh iba vtedy, ak majú primeranú a vyhovujúcu obchodnú kvalitu a ak je uvedená krajina pôvodu. 2.   Ak Komisia neustanoví inak, obchodné normy uvedené v odseku 1 tohto článku a v článku 113 ods. 1 písm. b) a c) sa uplatňujú vo všetkých štádiách uvádzania na trh vrátane dovozu a vývozu. 3.   Držiteľ výrobkov sektora ovocia a zeleniny a sektora spracovaného ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy, nesmie takéto výrobky vystavovať, ponúkať na predaj, dodávať ani uvádzať na trh v rámci [Únie] spôsobom, ktorý nie je v zhode s uvedenými normami, a je zodpovedný za zabezpečenie takejto zhody. 4.   Ako doplnok k článku 113 ods. 3 druhému pododseku a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia, ktoré môže Komisia prijať v súlade s článkom 194, najmä o dôslednom uplatňovaní kontrol zhody v členských štátoch, členské štáty v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny a sektorom spracovaného ovocia a zeleniny selektívne kontrolujú na základe analýzy rizika, či dotknuté výrobky vyhovujú príslušným obchodným normám. Takéto kontroly sa zameriavajú na štádium pred odoslaním z výrobných oblastí, keď sa výrobky balia alebo nakladajú. V prípade výrobkov z tretích krajín sa kontroly vykonávajú pred uvoľnením do voľného obehu.“ Vykonávacie nariadenie č. 543/2011 V odôvodnení 10 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 sa uvádza: „S cieľom zaistiť riadne a efektívne vykonávanie kontrol by faktúry a sprievodné dokumenty iné ako pre spotrebiteľov mali obsahovať určité základné informácie zahrnuté v obchodných normách.“ Článok 4 tohto vykonávacieho nariadenia, nazvaný „Výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem“, v odseku 2 stanovuje: „Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia [č. 1234/2007] sa dodržiavanie obchodných noriem v danej výrobnej oblasti nevyžaduje pri týchto výrobkoch: a) výrobky, ktoré pestovateľ predáva alebo dodáva do miest úpravy a balenia alebo do skladovacích zariadení, alebo ktoré sa z jeho podniku prepravujú do takýchto miest, a b) výrobky prepravované zo skladovacích zariadení do miest úpravy a balenia.“ Podľa článku 5 uvedeného vykonávacieho nariadenia s názvom „Informačné náležitosti“: „1.   Informačné náležitosti požadované podľa tejto kapitoly sú čitateľne a zreteľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane obalu, buď nezmazateľne vytlačené na priamo na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnená. 2.   V prípade voľne loženého tovaru a tovaru priamo nakladaného do dopravného prostriedku [V prípade odosielaného voľne loženého tovaru priamo nakladaného do dopravného prostriedku – neoficiálny preklad ] sa informačné náležitosti uvedené v odseku 1 zapíšu do sprievodného dokladu alebo sa označia na lístku, ktorý sa umiestni na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku. … 4.   Na faktúrach a sprievodných dokladoch s výnimkou potvrdenky pre spotrebiteľa sa uvádza názov a krajina pôvodu výrobkov a prípadne trieda, odroda alebo obchodný druh, ak sa to požaduje v osobitnej obchodnej norme, alebo skutočnosť, že sú určené na spracovanie.“ Článok 8 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011, nazvaný „Rozsah pôsobnosti“, stanovuje: „V tejto kapitole sa ustanovujú pravidlá kontroly zhody, čo znamená kontroly vykonávané na ovocí a zelenine vo všetkých fázach predaja s cieľom overiť, či spĺňajú obchodné normy a iné ustanovenia tejto hlavy a článkov 113 a 113a nariadenia [č. 1234/2007].“ Článok 11 tohto vykonávacieho nariadenia, nazvaný „Kontroly zhody“, v odsekoch 1 a 4 stanovuje: „1.   Členské štáty zabezpečia selektívne a primerane časté vykonávanie kontrol zhody na základe analýzy rizík, aby sa zaistilo dodržiavanie obchodných noriem a iných ustanovení tejto hlavy a článkov 113 a 113a nariadenia [č. 1234/2007]. … 4.   Obchodníci poskytnú kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za potrebné z hľadiska organizácie a vykonávania kontrol zhody.“ Článok 17 uvedeného vykonávacieho nariadenia, nazvaný „Kontrolné metódy“, obsahuje odsek 1, ktorý uvádza: „Kontroly zhody ustanovené v tejto kapitole, s výnimkou kontrol v mieste maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi, sa vykonávajú, ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, v súlade s kontrolnými metódami ustanovenými v prílohe V. …“ Príloha V vykonávacieho nariadenia č. 543/2011, nazvaná „Kontrolné metódy uvedené v článku 17 ods. 1“, v bode 1.4 definuje pojem „zásielka“ takto: „Množstvo produktov, ktoré má daný obchodník predať, zistené v čase kontroly a vymedzené v doklade. Zásielka môže pozostávať z jedného alebo viacerých druhov produktov, môže obsahovať jednu alebo viaceré dávky čerstvého, suchého alebo sušeného ovocia a zeleniny.“ Táto príloha obsahuje aj časť venovanú „Vykonávani[u] kontroly zhody“, ktorá stanovuje: „2.1. Všeobecná poznámka Kontrola zhody sa vykoná tak, že sa posúdia vzorky odobraté náhodne z rôznych miest v dávke, ktorá sa má skontrolovať. Kontrola je založená na predpoklade, že kvalita vzorky je reprezentatívna pre kvalitu dávky. 2.2. Miesto kontroly Kontrolu zhody možno vykonať počas balenia, na mieste odoslania, počas prepravy, na mieste prijatia, na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni. … 2.3. Identifikácia dávok a/alebo nadobudnutie všeobecného dojmu o zásielke Identifikácia dávok sa vykoná na základe ich označenia alebo iných kritérií, napríklad údajov ustanovených v smernici Rady 89/396/EHS [zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria ( Ú. v. ES L 186, 1989, s. 21 ; Mim. vyd. 13/010, s. 3)]. V prípade zásielok, ktoré pozostávajú z viacerých dávok, je nutné, aby inšpektor nadobudol všeobecný dojem o zásielke na základe sprievodných dokladov alebo vyhlásení týkajúcich sa zásielok. Inšpektor potom určí, do akej miery sú prezentované dávky v súlade s informáciami uvedenými v dokladoch. Ak má byť produkt naložený alebo bol naložený na dopravný prostriedok, na identifikáciu zásielky sa použije poznávacia značka tohto dopravného prostriedku.“ Talianske právo Článok 4 decreto legislativo n. 306 – Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell’articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39. [legislatívny dekrét č. 306 upravujúci sankcie podľa nariadenia (ES) č. 1148/2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny v súlade s článkom 3 zákona z 1. marca 2002, č. 39], z 10. decembra 2002 (GURI č. 25 z 31. januára 2003) v odseku 1 stanovuje: „S výnimkou prípadu, keď je skutok trestným činom, sa každému, kto poruší normy týkajúce sa čerstvého ovocia a zeleniny prijaté Komisiou… podľa článkov 113 a 113a nariadenia [č. 1234/2007] v znení zmien, uloží správna pokuta od 550 do 15500 eur.“ Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka Agecontrol je národná agentúra, ktorá je v Taliansku poverená kontrolou zhody ovocia a zeleniny s obchodnými normami. Počas kontroly vykonanej 25. septembra 2013 inšpektori tejto agentúry zistili, že dva doklady z 3. júna a 29. júla 2013, sprevádzajúce dve zásielky ovocia a zeleniny z distribučného centra spoločnosti Lidl Italia do jej predajného miesta, obsahovali nesprávne označenie krajiny pôvodu jednej dávky jahôd a jednej dávky strapcových rajčín. Hoci na obaloch týchto výrobkov boli uvedené krajiny ich pôvodu, teda Španielsko v prvom a Taliansko v druhom prípade, na sprievodných dokladoch uvedených výrobkov boli uvedené iné krajiny pôvodu, a to Holandsko v prvom a Belgicko v druhom prípade. Keďže Agecontrol sa domnievala, že nesprávne označenie krajiny pôvodu týchto výrobkov v týchto sprievodných dokladoch bolo v rozpore s požiadavkami podľa článkov 5 a 8 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011, uložila platobným rozkazom z 30. apríla 2018 správnu pokutu podľa článku 4 ods. 1 legislatívneho dekrétu č. 306 z 10. decembra 2002, uvedeného v bode 13 tohto rozsudku. Lidl Italia a ZR, ktorý je jej právnym zástupcom, podali odpor proti tomuto platobnému rozkazu na Tribunale di Treviso (súd v Trevise, Taliansko), ktorý tomuto odporu vyhovel a zrušil uvedený rozkaz. Agecontrol podala odvolanie proti rozsudku tohto súdu na vnútroštátny súd, Corte d’appello di Venezia (Odvolací súd Benátky, Taliansko), pričom tvrdila, že sprievodné doklady týkajúce sa prepravy výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny z distribučného centra do predajného miesta patriaceho tomu istému podniku musia uvádzať krajinu pôvodu prepravovaných výrobkov. Z článkov 5 a 8 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 totiž podľa nej vyplýva, že sprievodné doklady týchto výrobkov musia obsahovať takéto označenie vo všetkých štádiách uvádzania uvedených výrobkov na trh, vrátane štádia internej prepravy medzi distribučným centrom a supermarketom patriacim tomu istému hospodárskemu subjektu, v ktorom sú tieto výrobky predávané spotrebiteľovi. ZR a Lidl Italia tvrdia, že v osobitnom prípade predbaleného tovaru alebo tovaru v obale právo Únie nevyžaduje, aby sprievodné doklady obsahovali údaj o krajine pôvodu tohto tovaru, keďže táto informácia sa už nachádza na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnená. Platí to tým skôr pre výrobky prepravované z distribučného centra do predajného miesta patriaceho tomu istému hospodárskemu subjektu. Vnútroštátny súd má pochybnosti o tom, či právo Únie vyžaduje od držiteľa čerstvých výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny, aby mal sprievodný doklad k týmto výrobkom uvádzajúci krajinu ich pôvodu, keď po prvé uvedené výrobky sú odosielané v pôvodných obaloch obsahujúcich na vonkajšej strane informáciu o krajine pôvodu (buď nezmazateľne vytlačenú alebo na nálepke), po druhé, keď sa preprava týchto výrobkov vykonáva medzi miestom odoslania a miestom určenia, ktoré patria tomu istému hospodárskemu subjektu, a po tretie, keď je údaj o krajine pôvodu uvedený na etikete umiestnenej na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku, ako aj na faktúrach vystavených tretími dodávateľmi. Podľa vnútroštátneho súdu článok 5 ods. 4 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 neupravuje prípady, v ktorých musí byť vyhotovený sprievodný doklad uvádzajúci krajinu pôvodu dotknutých výrobkov. V dôsledku toho sa domnieva, že toto ustanovenie možno vykladať rôzne. Podľa prvého výkladu existuje povinnosť vyhotoviť takýto doklad iba v prípade, ak sa obchoduje s tovarom s tretími dodávateľmi, ako to uznala judikatúra Corte suprema di cassazione (Kasačný súd, Taliansko), alebo v prípade odosielaného voľne loženého tovaru, ako to tvrdia ZR a Lidl Italia. Podľa druhého výkladu, ktorý podporuje Agecontrol, z tohto ustanovenia vyplýva všeobecná povinnosť vyhotoviť sprievodný doklad obsahujúci údaj o krajine pôvodu dotknutých výrobkov vo všetkých štádiách prepravy vykonávanej s cieľom uvedenia týchto výrobkov na trh, vrátane prípadu, keď sú uvedené výrobky prepravované medzi prevádzkami patriacimi tomu istému hospodárskemu subjektu. Za týchto okolností Corte d’appello di Venezia (Odvolací súd Benátky) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku: „Má sa článok 5 ods. 4 [vykonávacieho nariadenia č. 543/2011] v spojení s článkom 5 ods. 1 a článkom 8 toho istého nariadenia, ako aj s článkami 113 a 113a nariadenia [č. 1234/2007] vykladať v tom zmysle, že vyžaduje vyhotovenie sprievodného dokladu, ktorý obsahuje názov a krajinu pôvodu výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny v čerstvom stave odoslaných ako predbalené alebo v pôvodných baleniach pripravených výrobcom pri ich preprave z distribučného centra obchodnej spoločnosti do predajného miesta tej istej spoločnosti, nezávisle od toho, že na jednej strane obalu sú viditeľne a nezmazateľne vytlačené priamo na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnená, informačné náležitosti vyžadované na vonkajšej strane podľa kapitoly I [vykonávacieho nariadenia č. 543/2011] (vrátane tých, ktoré sa týkajú názvu a krajiny pôvodu výrobkov), a že tieto informácie sú uvedené aj vo faktúrach, ktoré vystavil dodávateľ, od ktorého spoločnosť uvádzajúca výrobok na trh tento výrobok nadobudla a ktorej účtovné oddelenie uchováva tieto faktúry, ako aj na lístku umiestnenom na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku, ktorým sa výrobok prepravuje?“ O prejudiciálnej otázke Vnútroštátny súd sa svojou otázkou v podstate pýta, či sa článok 5 ods. 4 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 v spojení s článkom 8 tohto nariadenia a článkami 113 a 113a nariadenia č. 1234/2007 má vykladať v tom zmysle, že kontrola zhody výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny s obchodnými normami vyžaduje, aby držiteľ týchto výrobkov vo všetkých štádiách ich uvádzania na trh vyhotovil sprievodný doklad uvádzajúci názov a krajinu pôvodu uvedených výrobkov, a to aj v prípade, keď sú tieto výrobky zabalené a keď sú informačné náležitosti, ktoré sú vyžadované na vonkajšej strane vykonávacím nariadením č. 543/2011, a to názov a krajina pôvodu dotknutých výrobkov, uvedené viditeľne a nezmazateľne na jednej strane ich obalu, na etikete umiestnenej na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku, ktorým sa výrobky prepravujú, ako aj na faktúrach vystavených dodávateľom týchto výrobkov. Najprv treba pripomenúť, že článok 5 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011, nazvaný „Informačné náležitosti“, v odseku 1 stanovuje, že podľa obchodných noriem sa požadované informačné náležitosti, medzi ktorými sa v súlade s prílohou I časťou B tohto nariadenia nachádza údaj o krajine pôvodu dotknutých výrobkov, musia uviesť čitateľne a zreteľne na viditeľnom mieste na obale, buď nezmazateľne vytlačené priamo na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnená. Odsek 2 tohto článku stanovuje, že v osobitnom prípade odosielaného voľne loženého tovaru, ktorý je priamo nakladaný do dopravného prostriedku, sa tieto informačné náležitosti zapíšu do dokladu alebo sa označia na lístku, ktorý sa umiestni na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku. Odsek 4 uvedeného článku vyžaduje iba to, aby boli názov a krajina pôvodu výrobkov uvedené na faktúrach a sprievodných dokladoch. Zo znenia článku 5 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 ako celku tak vyplýva, že účelom tohto článku nie je vyžadovať vyhotovenie sprievodného dokladu, na ktorom musí byť uvedený údaj o krajine pôvodu výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny, ale iba vyžadovať, aby bol tento údaj uvedený na niektorých nosičoch, ktoré sprevádzajú tieto výrobky, pokiaľ sú vyhotovené. Ďalej treba zdôrazniť, že článok 8 uvedeného vykonávacieho nariadenia iba pripomína, že kontroly zhody ovocia a zeleniny sú vykonávané vo všetkých štádiách ich uvádzania na trh, a odkazuje na články 113 a 113a nariadenia č. 1234/2007, pričom neodkazuje na žiadny sprievodný doklad ani na žiadnu povinnosť vyhotoviť takýto doklad. Navyše článok 113a nariadenia č. 1234/2007 v spojení s článkom 3 ods. 1 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 stanovuje iba všeobecné pravidlá týkajúce sa obchodných noriem, ako aj kontroly zhody s nimi, a to bez toho, aby vyžadoval vyhotovenie sprievodného dokladu. Napokon článok 113 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1234/2007 v spojení s článkom 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 v podstate stanovuje, že Komisia môže prijať osobitné obchodné normy pre výrobky zo sektora ovocia a zeleniny, ako sú jahody a rajčiny. Tieto normy sa môžu týkať určitých charakteristík týchto výrobkov, ako je ich obal, preprava, obchodná úprava, uvádzanie na trh, pôvod a označenie, pričom v prípade jahôd a rajčín sú upravené v častiach 7 a 10 časti B prílohy I vykonávacieho nariadenia č. 543/2011. V súlade s článkom 113 ods. 3 nariadenia č. 1234/2007 je povinnosťou členských štátov kontrolovať zhodu týchto výrobkov s uvedenými normami. Žiadne z týchto ustanovení však neukladá dotknutému hospodárskemu subjektu povinnosť vyhotoviť sprievodný doklad. Ani články 5 a 8 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 ani články 113 a 113a nariadenia č. 1234/2007 teda nemožno vykladať v tom zmysle, že ukladajú hospodárskemu subjektu povinnosť vyhotoviť sprievodný doklad, na ktorom musí byť uvedený údaj o krajine pôvodu výrobkov, ktoré uvádza na trh. Napriek tomu, ako to Komisia zdôrazňuje vo svojich písomných pripomienkach, ak je sprievodný doklad vyhotovený, musí uvádzať krajinu pôvodu, pričom táto povinnosť platí nezávisle od toho, že údaj o krajine pôvodu je už uvedený na obaloch, faktúrach alebo lístku umiestnenom v dopravnom prostriedku. V tejto súvislosti treba spresniť, že požiadavku týkajúcu sa údaja o krajine pôvodu výrobku na faktúrach a sprievodných dokladoch, uvedenú v článku 5 ods. 4 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011, treba vykladať s prihliadnutím na odôvodnenie 10 tohto nariadenia, keďže jej cieľom je uľahčiť vykonávanie kontrol zhody tým, že sa inšpektorovi poskytnú určité základné informácie na dokumentoch, ktoré nie sú určené pre spotrebiteľa. Podľa článku 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 sú kontroly zhody vykonávané v súlade s metódami uvedenými v bode 2 prílohy V tohto nariadenia tak, že sa posúdia vzorky odobraté náhodne z rôznych miest dávky, ktorá sa má skontrolovať. V tejto súvislosti z tohto bodu prílohy V vyplýva, že táto kontrola sa vykonáva vo viacerých po sebe nasledujúcich etapách, z ktorých prvá spočíva v podstate v identifikácii dávok, ktoré sa majú skontrolovať, alebo v prípade zásielky, ktorá pozostáva z viacerých dávok, vo vytvorení všeobecnému dojmu o zásielke, druhá v prezentácii výrobkov, ktoré sa majú skontrolovať, a tretia a posledná etapa vo fyzickej kontrole týchto výrobkov. V prípade zásielky, ktorá pozostáva z viacerých dávok, bod 2.3 prílohy V uvedeného nariadenia po prvé spresňuje, že je nutné, aby inšpektor nadobudol všeobecný dojem o zásielke na základe sprievodných dokladov alebo vyhlásení týkajúcich sa zásielok, a po druhé, že tento inšpektor potom určí, do akej miery sú prezentované dávky v súlade s informáciami uvedenými v týchto dokladoch. Keďže sprievodný doklad tak predstavuje jeden z dvoch referenčných dokumentov, na základe ktorého si inšpektor vytvára všeobecný dojem o dávkach, ktoré sa majú skontrolovať, každé označenie krajiny pôvodu uvedené v týchto dokladoch, ktoré sa líši od označenia uvedeného na obaloch výrobkov, z ktorých sa skladajú kontrolované dávky, môže narušiť tento všeobecný dojem, a teda poškodiť efektívnosť kontroly zhody. Navyše treba zdôrazniť, že v súlade s článkom 11 ods. 4 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 sú hospodárske subjekty povinné poskytnúť kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za potrebné z hľadiska organizácie a vykonávania kontrol zhody. Aj keď v tejto súvislosti sprievodný doklad alebo vyhlásenia týkajúce sa zásielok predstavujú referenčné dokumenty, ktoré musia verne odrážať údaje uvedené na obaloch dávok, ktoré sa majú skontrolovať, zároveň platí, že ani článok 17 ods. 1 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011, ani článok 11 ods. 4 tohto nariadenia, ani bod 2.3 jeho prílohy V neobmedzujú spôsoby dokazovania, ktoré môže hospodársky subjekt využiť na to, aby umožnil inšpektorovi vytvoriť si všeobecný dojem o danej zásielke. Hoci je teda podstatné, aby sprievodný doklad neobsahoval chyby a aby hospodársky subjekt poskytol inšpektorovi správne informácie, aby tento inšpektor správne identifikoval dávky, ktoré sa majú skontrolovať, môže si tento subjekt v zásade slobodne vybrať dôkazné prostriedky, ktoré treba predložiť tomuto inšpektorovi s cieľom umožniť mu vytvoriť si verný všeobecný dojem o zásielke a dávkach, z ktorých pozostáva. Z toho vyplýva, že ak sprievodný doklad obsahuje nesprávne označenie krajiny pôvodu výrobku, prináleží hospodárskemu subjektu, ktorý je držiteľom tohto výrobku, aby akýmkoľvek spôsobom čo najskôr rozptýlil pochybnosti, ktoré môže mať inšpektor o presnom pôvode tohto výrobku. V tejto súvislosti prináleží vnútroštátnemu súdu, aby v tomto prípade určil, či také okolnosti, ako je uvedenie krajiny pôvodu na obaloch výrobkov, na faktúrach, ako aj na etikete umiestnenej na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku, môžu rozptýliť pochybnosti, ktoré inšpektor mohol mať počas kontroly, a teda či môžu zmierniť prípadné skreslenie všeobecného dojmu o zásielke, ktorý si inšpektor vytvoril. Pokiaľ ide o otázku, či sprievodný doklad musí obsahovať údaj o krajine pôvodu výrobku aj vtedy, keď je tento výrobok prepravovaný medzi prevádzkami patriacimi tomu istému hospodárskemu subjektu, najmä medzi distribučným centrom a predajným miestom, zo znenia článku 8 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011, ako aj článku 113a ods. 2 nariadenia č. 1234/2007 jasne vyplýva, že obchodné normy sa uplatňujú „vo všetkých štádiách uvádzania na trh“. Odsek 3 článku 113a tohto posledného uvedeného nariadenia ďalej na jednej strane spresňuje, že držiteľ výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy, nesmie takéto výrobky vystavovať, ponúkať na predaj, dodávať ani uvádzať na trh v rámci Únie spôsobom, ktorý nie je v zhode s uvedenými normami, a na druhej strane, že je zodpovedný za zabezpečenie takejto zhody. V tejto súvislosti stačí uviesť, že výraz „vo všetkých štádiách uvádzania na trh“, ktorý nie je sprevádzaný žiadnym obmedzením, sa má chápať extenzívne. Keďže účelom kontrol zhody je overiť, že výrobky uvádzané na trh sú v súlade so stanovenými obchodnými normami, majú sa tieto kontroly v zásade vykonávať vo všetkých štádiách uvádzania týchto výrobkov na trh, teda kedykoľvek počas obdobia od ich výroby až po ich maloobchodný predaj, čo zahŕňa prepravu týchto výrobkov medzi distribučným centrom a miestom maloobchodného predaja. Tento výklad je navyše potvrdený logikou systému zavedeného vykonávacím nariadením č. 543/2011. Článok 4, nazvaný „Výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem“, taxatívne vymenúva prípady, v ktorých sa na výrobky nevzťahuje povinnosť zhody s obchodnými normami. Stačí teda uviesť, že preprava výrobkov medzi distribučným centrom a miestom maloobchodného predaja nie je uvedená medzi prípadmi vymenovanými v tomto ustanovení. Rovnako je irelevantná okolnosť, či distribučné centrum a miesto maloobchodného predaja patria tomu istému podniku alebo dvom rôznym hospodárskym subjektom. Okrem toho treba zdôrazniť, že bod 2.2 prílohy V vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 spresňuje, že kontroly zhody možno vykonať počas balenia, na mieste odoslania, počas prepravy, na mieste prijatia, na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni. Treba preto uviesť, že vykonávanie týchto kontrol sa neobmedzuje na prípad premiestňovania výrobkov medzi odlišnými právnickými osobami, ani sa neviaže na prípady prevodu vlastníckeho práva k týmto výrobkom. Dôležité je, ako to stanovuje článok 113a ods. 3 nariadenia č. 1234/2007, že za zabezpečenie zhody týchto výrobkov s normami zodpovedá ich držiteľ, ktorý je v článku 3 ods. 3 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 definovaný ako osoba, ktorá má vo fyzickej držbe výrobky. Okolnosť, že výrobok je kontrolovaný počas internej prepravy medzi dvomi prevádzkami patriacimi tomu istému hospodárskemu subjektu, je teda irelevantná. Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 5 ods. 4 vykonávacieho nariadenia č. 543/2011 v spojení s článkom 8 tohto nariadenia a článkami 113 a 113a nariadenia č. 1234/2007 sa má vykladať v tom zmysle, že kontrola zhody výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny s obchodnými normami nevyžaduje, aby držiteľ týchto výrobkov vyhotovil sprievodný doklad. Keď však tento držiteľ takýto doklad vyhotoví, musí vo všetkých štádiách uvádzania uvedených výrobkov na trh uviesť názov a krajinu pôvodu týchto výrobkov nezávisle od toho, že informačné náležitosti, ktoré sú vyžadované na vonkajšej strane vykonávacím nariadením č. 543/2011, sú už zreteľne a nezmazateľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane ich obalu, na etikete umiestnenej na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku, ktorým sú prepravované, ako aj na faktúrach vystavených dodávateľom týchto výrobkov. O trovách Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené. Z týchto dôvodov Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol takto: Článok 5 ods. 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, v spojení s článkom 8 tohto nariadenia a článkami 113 a 113a nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), zmeneného nariadením Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že kontrola zhody výrobkov zo sektora ovocia a zeleniny s obchodnými normami nevyžaduje, aby držiteľ týchto výrobkov vyhotovil sprievodný doklad. Keď však tento držiteľ takýto doklad vyhotoví, musí vo všetkých štádiách uvádzania uvedených výrobkov na trh uviesť názov a krajinu pôvodu týchto výrobkov nezávisle od toho, že informačné náležitosti, ktoré sú vyžadované na vonkajšej strane vykonávacím nariadením č. 543/2011, sú už zreteľne a nezmazateľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane ich obalu, na etikete umiestnenej na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku, ktorým sú prepravované, ako aj na faktúrach vystavených dodávateľom týchto výrobkov. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: taliančina.

62019TJ0744

cs

Žalobou založenou na článku 263 SFEU se žalobkyně, společnost Methanol Holdings (Trinidad) Ltd, domáhá zrušení prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1688 ze dne 8. října 2019, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických ( Úř. věst. 2019, L 258, s. 21 , dále jen „napadené prováděcí nařízení“). Skutečnosti předcházející sporu Správní řízení Dne 13. srpna 2018 zveřejnila Evropská komise v návaznosti na stížnost oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného (dále jen „UAN“) pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických ( Úř. věst. 2018, C 284, s. 9 ). Šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. července 2017 do 30. června 2018 (dále jen „období šetření“). Zkoumání trendů významných pro posouzení újmy se týkalo období od 1. ledna 2015 do 30. června 2018 (dále jen „posuzované období“). Výrobek, který je předmětem šetření, odpovídal směsím UAN ve vodném nebo amoniakálním roztoku, které mohou obsahovat přísady, v současnosti s kódem KN 31028000 (dále jen „dotčený výrobek“). Žalobkyně, společnost, která se řídí právem Trinidadu a Tobaga, je činná v oblasti výroby a prodeje směsí UAN. Během období šetření žalobkyně prodala UAN kupujícímu ve spojení v Evropské unii, a sice společnosti Helm AG (dále jen „HAG“). Tato posledně uvedená společnost následně dále prodala UAN nezávislým kupujícím v Unii a dvěma kupujícím ve spojení usazeným v Unii, a sice společnostem Helm Engrais France (dále jen „HEF“) a Helm Iberica (dále jen „HIB“). Žalobkyně je jediným spolupracujícím vyvážejícím výrobcem v Trinidadu a Tobagu a její vývoz představoval 100 % vývozu z této země v průběhu období šetření. Dne 10. dubna 2019 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2019/576, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických ( Úř. věst. 2019, L 100, s. 7 , dále jen „prozatímní prováděcí nařízení“). Dne 11. dubna 2019 byl žalobkyni zaslán informační dokument přebírající prozatímní závěry Komise, přičemž žalobkyně předložila vyjádření v odpovědi ze dne 26. dubna 2019. Dopisem ze dne 12. července 2019 informovala Komise žalobkyni o hlavních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě hodlala uložit konečné antidumpingové clo z dovozu dotčeného výrobku pocházejícího zejména z Trinidadu a Tobaga. V bodě 88 odůvodnění dokumentu připojeného k uvedenému dopisu Komise zejména vysvětlila, že se rozhodla doplnit výpočty týkající se cenového podbízení provedené v prozatímní fázi s ohledem na rozsudek ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 ). Žalobkyně odpověděla na tento dopis dne 22. července 2019. Dne 8. října 2019 přijala Komise napadené prováděcí nařízení. Článek 1 odst. 2 napadeného prováděcího nařízení stanoví uložení konečného antidumpingového cla ve formě pevné částky ve výši 22,24 eur za tunu z dovozu dotčeného výrobku vyráběného žalobkyní do Unie. Žalobkyně předložila v průběhu správního řízení písemná vyjádření. Shrnutí důvodů, na nichž je založeno napadené prováděcí nařízení Výběr vzorku Pokud jde o výběr vzorku výrobců v Unii, Komise vybrala do vzorku tři výrobce v Unii, kteří dohromady představují více než 50 % objemu celkové výroby v Unii a jejích prodejů. Pokud jde o výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, Komise rozhodla, že takový výběr vzorku není vhodný, a předala dotazníky třem dovozcům, kteří souhlasili se spoluprací. Pokud jde o výběr vzorku vyvážejících výrobců v Rusku, v Trinidadu a Tobagu a ve Spojených státech (dále jen „dotčené země“), pouze dva vyvážející výrobci v Rusku (a sice společnosti Acron Group a EuroChem Group), jeden v Trinidadu a Tobagu (a sice žalobkyně) a jeden ve Spojených státech (a sice společnost CF Industries Holding, Inc.) souhlasili se spoluprací a zařazením do vzorku. S ohledem na malý počet odpovědí od vyvážejících výrobců Komise rozhodla, že výběr vzorku není nutný. Dotčený výrobek a obdobný výrobek Šetřeným výrobkem byly směsi UAN ve vodném nebo amoniakálním roztoku, které mohly zahrnovat přísady, spadající pod kód KN 31028000, pocházející z Ruska, Trinidadu a Tobaga a Spojených států. Komise měla za to, že dotčený výrobek, výrobek vyráběný a prodávaný na vnitrostátním trhu dotčených zemí, jakož i výrobek vyráběný a prodávaný v Unii výrobním odvětvím Unie představují obdobné výrobky. Dumping Pokud jde o běžnou hodnotu dotčených výrobků vyvážejících výrobců z Trinidadu a Tobaga, Komise konstatovala, že žalobkyně byla v průběhu období šetření zjevně jediným výrobcem dotčeného výrobku v této zemi. V případě žalobkyně byla běžná hodnota vzhledem k neexistenci prodeje obdobného výrobku na vnitrostátním trhu určena Komisí v souladu s čl. 2 odst. 3 a 6 písm. b) nařízení (EU) 2016/1036 Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ( Úř. věst. 2016, L 176, s. 21 , dále jen „základní nařízení“). Běžná hodnota byla početně zjištěna tak, že k průměrným výrobním nákladům obdobného výrobku vyvážejícího výrobce, který spolupracoval v průběhu období šetření, byla připočtena zaprvé skutečná částka prodejních, správních a režijních nákladů (dále jen „náklady PSR“) vynakládaných v rámci běžné obchodní činnosti v souvislosti s výrobou a prodejem téže obecné kategorie výrobků žalobkyní na vnitrostátním trhu Trinidadu a Tobaga, a zadruhé skutečná částka zisků dosahovaných v rámci běžné obchodní činnosti v souvislosti s výrobou a prodejem téže obecné kategorie výrobků žalobkyní na uvedeném vnitrostátním trhu. Za účelem určení vývozní ceny Komise konstatovala, že žalobkyně vyvážela do Unie pouze prostřednictvím společností ve spojení, které během období šetření jednaly v postavení dovozců. Veškerý prodej do Unie byl uskutečněn prostřednictvím dovozce ve spojení v Německu. Tento dovozce ve spojení prodával dotčený výrobek nezávislým kupujícím v Německu nebo společnostem ve spojení ve Francii a Španělsku, které dotčený výrobek dále prodávaly nezávislým kupujícím na svých vnitrostátních trzích. Vývozní cena tudíž byla v souladu s čl. 2 odst. 9 základního nařízení stanovena na základě ceny, za niž byl dovezený výrobek poprvé znovu prodán nezávislým kupujícím v Unii. V tomto případě byly provedeny úpravy ceny o všechny náklady vzniklé mezi dovozem a dalším prodejem, včetně nákladů PSR a nákladů na ředění a míchání, a o přiměřený zisk. Komise srovnala běžnou hodnotu a vývozní cenu žalobkyně na základě ceny ze závodu. S cílem zajistit spravedlivé srovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou provedla úpravy podle čl. 2 odst. 10 základního nařízení, aby zohlednila rabaty, slevy z cen a množstevní rabaty, jakož i náklady na dopravu, pojištění, manipulaci a nakládku a vedlejší náklady, jakož i náklady na poskytnutí úvěru. Na základě tohoto srovnání Komise vypočítala dumpingové rozpětí pro žalobkyni, jakož i pro ostatní potenciální vyvážející výrobce. Toto dumpingové rozpětí bylo v napadeném prováděcím nařízení stanoveno pro žalobkyni na 55,8 %. Vymezení výrobního odvětví Unie Komise konstatovala, že obdobný výrobek byl v průběhu období šetření vyráběn 20 výrobci známými v Unii. Tyto subjekty společně tvořily „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení. Komise rovněž připomněla, že tři z těchto výrobců, kteří představují více než 50 % celkové výroby obdobného výrobku v Unii, byli vybráni pro výběr vzorku výrobců v Unii. Újma Komise měla za to, že je možné souhrnné posouzení účinků dovozu z dotčených zemí, jelikož podmínky takového posouzení stanovené v čl. 3 odst. 4 základního nařízení byly splněny. V rámci analýzy objemu dovozů Komise konstatovala zvýšení objemu dovozů z dotčených zemí o 64 % během posuzovaného období, jakož i zvýšení podílu na trhu uvedených dovozů o 72 %, přičemž tyto se v průběhu období šetření zvýšily z 21,9 na 37,7 %. V průběhu uvedeného období se konkrétně objem dovozů z Trinidadu a Tobaga snížil a jeho podíl na trhu klesl z 10,2 na 8,1 %. V rámci analýzy účinků na ceny Komise v prozatímním prováděcím nařízení porovnala ceny výrobců zařazených do vzorku výrobců v Unii s cenami vyvážejících výrobců, kteří spolupracovali v dotčených zemích. Konkrétně pro účely určení cenového podbízení v průběhu období šetření bylo provedeno srovnání mezi zaprvé váženými průměrnými cenami, které vyvážející výrobci, kteří spolupracovali v dotčených zemích, fakturovali prvnímu nezávislému kupujícímu na unijním trhu za každý dovážený typ výrobku, stanovenými na základě nákladů, pojištění a přepravného (CIF), a řádně upravenými o cla a náklady po dovozu, a zadruhé odpovídajícími váženými průměrnými prodejními cenami fakturovanými výrobci v Unii zařazenými do vzorku nezávislým kupcům na trhu Unie za každý typ výrobku. Komise tak srovnala cenu CIF s dodáním na hranice Unie vyvážejících výrobců s cenou ze závodu výrobců v Unii, která představovala 60 % prodejů posledně uvedených. Nicméně u prodejů výrobního odvětví Unie, které zahrnovaly náklady na námořní přepravu dotyčných výrobků do přístavů jako Rouen (Francie) a Gent (Belgie), představující 40 % prodeje výrobců v Unii, bylo shledáno jako vhodné místo výpočtu ceny ze závodu použít ceny za dodání do těchto přístavů. Komise tak konstatovala, že dovozy z dotčených zemí podhodnotily ceny výrobního odvětví Unie průměrně o 6,8 %. Konkrétně měla za to, že vážené průměrné rozpětí cenového podbízení činilo 6,2 % pro dovozy z Trinidadu a Tobaga. Komise dále posoudila dopad dovozů na výrobní odvětví Unie s ohledem na různé makroekonomické a mikroekonomické ukazatele. Na základě analýzy ukazatelů újmy dospěla Komise k závěru, že výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení. V rámci napadeného prováděcího nařízení se Komise rozhodla doplnit své výpočty cenového podbízení s ohledem na rozsudek ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 ) dvěma dodatečnými výpočty cenového podbízení, které podle ní umožnily jasněji prokázat, že dumpingové dovozy byly uskutečňovány za ceny nižší, než jsou ceny výrobního odvětví Unie, bez ohledu na použitou metodu. Komise v napadeném prováděcím nařízení rovněž uvedla, že kromě prokázání existence cenového podbízení, šetření rovněž ukázalo, že účinek dumpingového dovozu v každém případě způsobil významné stlačení cen na unijním trhu během období šetření ve smyslu čl. 3 odst. 3 základního nařízení. Dospěla k závěru, že cenové podbízení bylo pouze jedním z činitelů v mnohem širší analýze účinků na ceny, ve které jsou pokles a stlačení cen klíčovými argumenty příčinné souvislosti. Komise tedy trvala na svém závěru, že výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení. Příčinná souvislost Během posuzovaného období a s ohledem na klesající spotřebu v Unii Komise v napadeném prozatímním nařízení konstatovala, že se objem dovozu z dotčených zemí a jejich podíl na trhu značně zvýšily, zatímco ceny z dotčených zemí klesly v průměru o 33 %. Uvedla, že nárůst podílu dovozu na trhu se časově shodoval s podobným poklesem podílu výrobního odvětví Unie na trhu. S ohledem na to, že UAN je cenově citlivou komoditou, že podíl dovozu z dotčených zemí na trhu činil v období šetření 37,7 % a že tento dovoz byl uskutečňován za ceny, které se podbízely cenám výrobního odvětví Unie, dospěla Komise k závěru, že tento dovoz měl značné škodlivé účinky. V napadeném prováděcím nařízení Komise potvrdila, že dovozy z dotčených zemí se podbízely prodejním cenám výrobců v Unii. Uvedla, že analýza příčinné souvislosti v každém případě zohlednila vedle závěru ohledně cenového podbízení v rámci účinků dumpingových dovozů řadu dalších činitelů. Pokles cen, jakož i stlačení cen v průběhu období šetření způsobené dotčenými dovozy tak byly zásadními argumenty příčinné souvislosti. Po přezkoumání jiných činitelů, a to zejména světové ceny močoviny a zvýšení nákladů výrobců v Unii, dospěla Komise k závěru, že žádný z těchto činitelů nepřerušil příčinnou souvislost mezi dumpingovými dovozy z dotčených zemí a podstatnou újmou způsobenou výrobnímu odvětví Unie. Úroveň opatření a zájem Unie Pro určení úrovně opatření Komise zkoumala, zda by clo nižší než dumpingové rozpětí bylo dostatečné k odstranění újmy způsobené dumpingovým dovozem výrobnímu odvětví Unie. V případě Trinidadu a Tobaga Komise dospěla k závěru, že je třeba uložit prozatímní antidumpingová opatření v souladu s pravidlem nižšího cla uvedeným v čl. 7 odst. 2 základního nařízení. Srovnala rozpětí újmy a dumpingová rozpětí a částka cla byla stanovena na nejnižší úrovni obou rozpětí. Po zavedení prozatímních opatření Komise mírně upravila svůj výpočet budoucích nákladů na dodržování předpisů v souladu s čl. 9 odst. 4 druhým pododstavcem uvedeného nařízení ve spojení s čl. 7 odst. 2d tohoto nařízení. Aktualizovala očekávané náklady na povolenky Unie a rozhodla, že průměrná cena za povolenky na emise oxidu uhličitého (CO ) Unie je s konečnou platností stanovena na 25,81 eura za tunu vyrobeného CO , oproti 24,14 eura za tunu CO vyrobeného v prozatímní fázi. Další prvky výpočtu byly rovněž mírně přehodnoceny. Byly tak stanoveny dodatečné náklady ve výši 3,8 % (namísto 3,7 % v prozatímní fázi) a tyto náklady byly přičteny k ceně nepůsobící újmu. Antidumpingová opatření Pokud jde o formu antidumpingových opatření, Komise se rozhodla stanovit zvláštní pevně stanovené clo. Konečné antidumpingové clo tak bylo nakonec stanoveno v částce, která se v závislosti na jednotlivých společnostech pohybuje mezi 22,24 eury a 42,47 eury za tunu dotčeného výrobku. Podle žalobkyně toto clo činilo 22,24 euro za tunu dotčeného výrobku. Návrhová žádání účastníků řízení Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál: – zrušil napadené prováděcí nařízení v rozsahu, v němž se jí týká; – uložil Komisi náhradu nákladů řízení. Komise, podporovaná vedlejšími účastnicemi, společnostmi Achema AB, Grupa Azoty S.A a Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S. A., navrhuje, aby Tribunál: – žalobu zamítl; – uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení. Právní otázky Žalobkyně se na podporu žaloby formálně dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z toho, že metoda použitá Komisí, pokud jde o určení rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou, porušuje čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 až 3 a odst. 5 až 8 základního nařízení, judikaturu Tribunálu a Světové obchodní organizace (WTO), jakož i zásadu spravedlivého srovnání. Podle žalobkyně se Komise opřela o cenu UAN prodávaných společnostmi HAG, HEF a HIB nezávislým kupujícím v Unii, a poté odečetla náklady PSR společností HAG, HEF a HIB, jakož i ziskové rozpětí ve výši 4 % získané od nezávislých spolupracujících dovozců. Tvrdí, že Komise následně přidala jedno euro za tunu k pokrytí nákladů po dovozu. Jak je uvedeno v bodě 128 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení, Komise v podstatě pro výpočet rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou použila obdobně čl. 2 odst. 9 základního nařízení, který se týká početního zjištění vývozní ceny za účelem výpočtu dumpingového rozpětí. Úvodem je třeba zaprvé konstatovat, že jediný žalobní důvod formálně vznesený žalobkyní se v podstatě dělí na tři části. První část vychází ze skutečnosti, že metoda použitá Komisí pro výpočet rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou porušuje čl. 3 odst. 1 základního nařízení, druhá část vychází ze skutečnosti, že tatáž metoda porušuje čl. 3 odst. 2, 3 a 5 až 8 uvedeného nařízení, jelikož Komise nevzala v úvahu ceny sjednané s nezávislými kupujícími a neporovnala ceny na stejné obchodní úrovni a třetí část vychází ze skutečnosti, že konečné antidumpingové clo překračuje úroveň přiměřenou k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie, což je v rozporu s čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení. Zadruhé je třeba připomenout, že účinky dumpingových dovozů na ceny v rámci Unie lze zkoumat z různých úhlů pohledu. Článek 3 odst. 3 základního nařízení totiž stanoví, že Komise přezkoumá tři aspekty, a sice cenové podbízení, snížení cen a jejich stlačení. V projednávané věci Komise vycházela ze stejné vývozní ceny početně zjištěné při výpočtu cenového podbízení (ve srovnání s prodejní cenou výrobců v Unii) a prodeje pod cenou (ve srovnání s cílovou cenou). Pokud jde o cenové podbízení, Komise v podstatě provedla výběr vzorku výrobního odvětví Unie, když vybrala výrobce představující 50 % celkového objemu výroby v Unii a jejích prodejů. Vývozní ceny žalobkyně rovněž stanovila na základě cen účtovaných dovozci ve spojení s žalobkyní nezávislým kupujícím, přičemž odečetla náklady PSR, jakož i ziskové rozpětí ve výši 4 % (a přidala jedno euro za tunu k pokrytí nákladů po dovozu). Následně srovnala tyto početně zjištěné vývozní ceny s cenami výrobního odvětví Unie ze závodu (u 60 % prodejů) a CIF přístavů v Rouenu a Gentu (v případě 40 % prodejů). Výsledek tohoto srovnání vykázal cenové podbízení. Konečně, v napadeném prováděcím nařízení a s ohledem na rozsudek ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 ), Komise tento výpočet provedený ve fázi prozatímního prováděcího nařízení doplnila prvním dodatečným výpočtem uvedeným v bodě 114 odůvodnění uvedeného prováděcího nařízení a druhým podpůrným výpočtem uvedeným v bodě 115 odůvodnění tohoto prováděcího nařízení, přičemž oba potvrzují existenci cenového podbízení. K první části, vycházející ze skutečnosti, že metoda použitá Komisí pro výpočet rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou porušuje čl. 3 odst. 1 základního nařízení Žalobkyně nejprve tvrdí, že obdobné použití čl. 2 odst. 9 základního nařízení, na který Komise odkazuje v bodě 128 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení, porušuje čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení. Zaprvé se žalobkyně dovolává znění čl. 3 odst. 1 základního nařízení, ze kterého vyplývá, že pojem „ ‚újma‘ […] se vykládá v souladu s tímto článkem“. Uvedené ustanovení tak nijak neodkazuje na čl. 2 odst. 9 tohoto nařízení. Zadruhé se toto posledně uvedené ustanovení týká početního zjištění vývozní ceny pro účely výpočtu dumpingového rozpětí, a nikoli rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou. Zatřetí žádné ustanovení tohoto nařízení nestanoví, že by čl. 2 odst. 9 téhož nařízení mohl být použit „obdobně“ pro účely výpočtu rozpětí újmy. Žalobkyně dále tvrdí, že logika spočívající v početním zjištění vývozní ceny podle čl. 2 odst. 9 základního nařízení, pokud jde o prodeje uskutečněné v Unii prostřednictvím společností ve spojení, spočívá na skutečnosti, že tato cena není spolehlivá z důvodu vztahů mezi stranami. Podle ní se tato logika nepoužije na určení její ceny, která má být použita pro výpočet rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou, jelikož skutečná cena, jež společnosti HAG, HEF a HIB fakturovaly svým nezávislým kupujícím v Unii, je z definice spolehlivá, neboť je fakturována mezi stranami, které mezi sebou nemají žádné spojení. Žalobkyně upřesňuje, že pochybení zjištěná v metodě použité Komisí se dotýkají rovněž platnosti výpočtu rozpětí cenového podbízení ruských vyvážejících výrobců, jelikož rovněž prodávají své výrobky prostřednictvím obchodníků ve spojení. Komise, podporovaná vedlejšími účastnicemi, argumenty žalobkyně zpochybňuje. Úvodem je třeba připomenout, že bod 128 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení stanoví, že: „[C]o se týče prvků, které mají být při výpočtu cenového podbízení zohledněny (zejména vývozní ceny), musí Komise určit první bod, v němž dochází (nebo může docházet) mezi výrobci v Unii na trhu Unie k hospodářské soutěži. Tímto bodem je v podstatě nákupní cena prvního dovozce, který není ve spojení, jelikož tato společnost má v zásadě možnost najít si dodavatele ve výrobním odvětví Unie, nebo mezi zahraničními dodavateli. Toto posouzení by mělo vycházet z vývozní ceny s dodáním na hranice Unie, což je úroveň, která je považována za srovnatelnou s cenou ze závodu výrobního odvětví Unie. V případě prodeje na vývoz prostřednictvím dovozců ve spojení by bodem pro srovnání mělo být místo bezprostředně poté, co zboží překročí hraníce Unie, a nikoli v pozdější fázi v distribučním řetězci, například při prodeji konečnému uživateli zboží. Analogicky s přístupem, který se používá při výpočtech dumpingového rozpětí, se proto vývozní cena zjišťuje výpočtem na základě ceny dalšího prodeje prvnímu nezávislému odběrateli, jež je řádně upravena podle čl. 2 odst. 9 základního nařízení. Jelikož zmíněný článek je jediným ustanovením v základním nařízení, které poskytuje vodítko k početnímu zjištění vývozní ceny, je jeho analogické použití odůvodněné. Pokud jde o výpočty prodeje pod cenou, Komise uvedla, že použití čl. 2 odst. 9 základního nařízení nevede k asymetrickému srovnání (na rozdíl od věci Jindal Saw), protože pro srovnání prodeje pod cenou byla vypočtena cílová cena výrobního odvětví Unie včetně výrobních, prodejních, správních a režijních nákladů a cílového zisku pouze výrobního subjektu, a proto je srovnatelná s vypočtenou vývozní cenou. Jinými slovy, při srovnání cílové ceny výrobního odvětví Unie s vypočtenou vývozní cenou nebyly vzaty v úvahu náklady vzniklé prodejcům, kteří jsou ve spojení, výrobců v Unii.“ Článek 3 odst. 1 základního nařízení definuje pojem „újma“ tak, že se jí rozumí, „není-li stanoveno jinak, podstatná újma výrobnímu odvětví Unie, její hrozba nebo závažné zpoždění při zavádění takového výrobního odvětví“. Podle čl. 3 odst. 2 základního nařízení musí být zjištění újmy založeno na skutečných důkazech a zahrnovat objektivní posouzení zaprvé objemu dumpingového dovozu a jeho účinku na ceny obdobných výrobků na unijním trhu a zadruhé následného vlivu tohoto dovozu na výrobní odvětví Unie. Pokud jde konkrétně o účinek dumpingového dovozu na ceny, čl. 3 odst. 3 základního nařízení stanoví zejména povinnost posoudit, zda ve srovnání s cenou obdobného výrobku výrobního odvětví Unie existuje značné cenové podbízení ze strany dumpingového dovozu nebo zda tento dovoz jinak významnou měrou způsobil pokles cen nebo zabránil významnou měrou jejich růstu, ke kterému by jinak došlo. Z ustanovení základního nařízení připomenutých v bodech 54 až 56 výše tak vyplývá, že nestanoví žádnou zvláštní metodu, pokud jde o určení účinku dumpingových dovozů na ceny obdobných výrobků výrobního odvětví Unie (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise, T‑301/16 , EU:T:2019:234 , bod ). Je tedy třeba odmítnout argumentaci žalobkyně, podle které čl. 3 odst. 1 základního nařízení pro účely zjištění újmy výrobnímu odvětví Unie vylučuje použití početně zjištěné vývozní ceny v souladu s čl. 2 odst. 9 uvedeného nařízení. Jak však bylo připomenuto v bodě 55 výše, zjištění existence takové újmy v každém případě předpokládá objektivní a spravedlivé posouzení účinku dumpingových dovozů na ceny (viz rozsudek ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise, T‑301/16 , EU:T:2019:234 , bod a citovaná judikatura), což je třeba přezkoumat v rámci druhé části jediného žalobního důvodu ve spojení s tvrzením žalobkyně vycházejícím z porušení zásady rovného zacházení. Kromě toho, pokud žalobkyně v podstatě tvrdí, že cena fakturovaná jejími dovozci ve spojení jejich nezávislým kupujícím v Unii je spolehlivá a že početní zjištění vývozní ceny není nezbytné, je třeba uvést, že čl. 2 odst. 8 základního nařízení v zásadě stanoví, že „vývozní cenou je cena, která byla nebo má být skutečně zaplacena za výrobek prodaný za účelem vývozu ze země vývozu do Unie“. Pouze „[n]existuje-li vývozní cena nebo ukáže-li se, že vývozní cena z důvodu obchodního spojení nebo dohody o vyrovnání mezi vývozcem a dovozcem nebo třetí stranou není spolehlivá“, povoluje čl. 2 odst. 9 první pododstavec uvedeného nařízení početní zjištění vývozní ceny na základě ceny, za niž byl dovezený výrobek poprvé znovu prodán nezávislému kupujícímu. Z článku 2 odst. 9 základního nařízení tak vyplývá, že orgány mohou mít za to, že vývozní cena není spolehlivá, ve dvou případech, a sice existuje-li obchodní spojení mezi vývozcem a dovozcem nebo třetí stranou nebo z důvodu dohody o vyrovnání mezi vývozcem a dovozcem nebo třetí stranou. Nenastal-li žádný z těchto případů, jsou orgány v případě existence vývozní ceny povinny vycházet z této vývozní ceny při určování, zda došlo k dumpingu (rozsudky ze dne 21. listopadu 2002, Kundan a Tata v. Rada, T‑88/98 , EU:T:2002:280 , bod , a ze dne 25. října 2011, CHEMK a KF v. Rada, T‑190/08 , EU:T:2011:618 , bod ). Není zpochybňováno, že během období šetření žalobkyně vyvážela do Unie pouze prostřednictvím svého dovozce ve spojení, a sice společnosti HAG, která rovněž vlastní žalobkyni. Žalobkyně tedy nemůže Komisi vytýkat, že zohlednila tento vztah s cílem početně zjistit vývozní cenu. Jak správně uvedla Komise, aniž by jí žalobkyně v tomto bodě odporovala, vývozní cena uvedená žalobkyní v celním prohlášení není spolehlivá právě z důvodu existence vztahu v rámci skupiny. Z toho vyplývá, že tato část žalobního důvodu musí být zamítnuta. K druhé části, vycházející ze skutečnosti, že metoda použitá Komisí pro výpočet rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou porušuje čl. 3 odst. 2, 3 a 5 až 8 základního nařízení, jelikož Komise nezohlednila ceny dohodnuté s nezávislými kupujícími a neporovnala ceny na stejné obchodní úrovni Zaprvé žalobkyně vytýká Komisi, že ponechala bez povšimnutí judikaturu Tribunálu, podle které musí být cena vyvážejících výrobců použitá pro výpočet rozpětí cenového podbízení, která se rovněž používá pro výpočet prodeje pod cenou, a v důsledku toho pro určení rozpětí újmy, stanovena na základě cen skutečně účtovaných vyvážejícím výrobcem na unijním trhu v hospodářské soutěži s cenami unijních výrobců. V tomto ohledu žalobkyně odkazuje na rozsudky ze dne 30. listopadu 2011, Transnational CompanyKazchrome a ENRC Marketing v. Rada a Komise ( T‑107/08 , EU:T:2011:704 , body a ), a ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 , bod ). Vývozní cena početně zjištěná v projednávaném případě představuje pouze zlomek ceny skutečně účtované společnostmi HAG, HEF a HIB nezávislým kupujícím. Podle žalobkyně měla Komise za účelem dosažení souladu s judikaturou Tribunálu srovnat skutečné ceny UAN prodávaných společnostmi HAG, HEF a HIB nezávislým kupujícím v Unii s prodejní cenou a cílovou cenou uplatňovanými výrobci Unie vůči jejich nezávislým kupujícím v Unii. Jedná se o ceny, které nezávislí kupující v Unii zohledňují při rozhodování, zda nakoupí UAN od společností HAG, HEF a HIB nebo od unijních výrobců a jejich obchodníků ve spojení. Až v tomto stadiu probíhá hospodářská soutěž mezi UAN vyráběnými žalobkyní a UAN vyráběnými unijními výrobci, protože první nezávislý kupující neví o vnitřní organizační struktuře skupiny prodávajícího a nemůže odhadnout cenu v dřívější fázi. Kromě toho žalobkyně upřesňuje, že „bodem hospodářské soutěže“ relevantním pro výpočet rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou by měla být cena účtovaná nezávislým zákazníkům v přístavech Gent a Rouen. Zadruhé žalobkyně tvrdí, že metoda použitá Komisí pro výpočet rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou porušuje čl. 3 odst. 2, 3 a 5 až 8 základního nařízení. Podle ní Komise tím, že porovnávala uměle vytvořenou cenu mezi ní a společností HAG s cenami uplatňovanými výrobci Unie vůči jejich prvním nezávislým kupujícím, neporovnala ceny na stejné obchodní úrovni. Komise měla spíše srovnat ceny dotčeného výrobku účtované společnostmi HAG, HEF a HIB nezávislým kupujícím v Unii s cenami dotčeného výrobku účtovanými výrobci Unie a jejich podniky ve spojení jejich nezávislým kupujícím v Unii. Zatřetí žalobkyně tvrdí, že metoda použitá Komisí porušuje zásadu rovného zacházení při výpočtu rozpětí cenového podbízení a prodeje pod cenou, neboť zachází stejným způsobem se situací, ve které vyvážející výrobci založili v Unii prodejní subjekty ve spojení, a situací, ve které přímo prodávají své zboží nezávislým kupujícím v Unii. Kromě toho chyba, ke které došlo při výpočtu ceny vyvážejícího výrobce použité pro stanovení rozpětí cenového podbízení, podle žalobkyně rovněž nutně způsobila pochybení při určování rozpětí prodeje pod cenou, neboť v obou výpočtech byla použita stejná cena vyvážejícího výrobce. Stejně tak ve fázi repliky žalobkyně tvrdí, že chyba v určení cenového podbízení rovněž zneplatňuje závěry Komise ohledně poklesu a stlačení cen, přičemž tato pochybení dále zpochybňují všechny závěry Komise ohledně újmy a příčinné souvislosti. Komise, podporovaná vedlejšími účastnicemi, argumenty žalobkyně zpochybňuje. V tomto ohledu je třeba zaprvé posoudit společně výtky vycházející z porušení judikatury, jakož i čl. 3 odst. 2, 3 a 5 až 8 základního nařízení a zadruhé výtku vycházející z porušení zásady rovného zacházení. Úvodem je třeba uvést, že v bodě 176 rozsudku ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 ), Tribunál rozhodl, že: „Výpočet cenového podbízení ze strany předmětného dovozu se v souladu s čl. 3 odst. 2 a 3 základního nařízení provádí pro účely zjištění, zda výrobnímu odvětví Unie vznikla v důsledku tohoto dovozu újma, a v širším smyslu se používá k posouzení této újmy a určení rozpětí újmy, a sice úrovně pro odstranění uvedené újmy. Povinnost provést objektivní posouzení vlivu dumpingového dovozu, jež je stanovena v uvedeném čl. 3 odst. 2, ukládá povinnost provést spravedlivé srovnání mezi cenou dotčeného výrobku a cenou obdobného výrobku uvedeného výrobního odvětví při prodeji na území Unie. Aby bylo zaručeno, že toto srovnání bude spravedlivé, musejí být ceny srovnávány na stejné obchodní úrovni. Srovnání cen na různých obchodních úrovních, tedy bez zahrnutí veškerých nákladů souvisejících s obchodní úrovní, která má být zohledněna, by nutně vedlo k umělým výsledkům, jež by neumožňovaly správné posouzení újmy výrobnímu odvětví Unie. Takovéto spravedlivé srovnání je podmínkou pro legalitu výpočtu újmy tomuto výrobnímu odvětví.“ V bodech 188 a 189 rozsudku ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 ), Tribunál dodal, že: „188 Vzhledem k tomu, že Komise vzala v úvahu prodejní ceny uplatňované prodejními entitami v obchodním spojení s hlavním výrobcem v Unii při určování ceny obdobného výrobku výrobního odvětví Unie, a přitom nevzala v úvahu prodejní ceny prodejních entit společnosti Jindal Saw při určování ceny dotčeného výrobku vyráběného posledně uvedenou společností, nelze mít za to, že byl výpočet cenového podbízení proveden porovnáním cen na stejné obchodní úrovni. 189 Přitom […] srovnání cen na stejné obchodní úrovni je podmínkou legality výpočtu cenového podbízení dotčeného výrobku. Na výpočet cenového podbízení, jak jej uskutečnila Komise v rámci napadeného nařízení, je proto třeba nahlížet tak, že je v rozporu s čl. 3 odst. 2 základního nařízení.“ V projednávané věci z bodu 112 odůvodnění ve spojení s bodem 114 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení vyplývá, že v rámci výpočtu cenového podbízení provedeného v předběžné fázi a převzatého hlavně pro účely konečného výpočtu snížila Komise ve vztahu k vyvážejícím výrobcům ceny jejich prodejů v Unii o částky nákladů PRS a zisk jejich prodejních společností, které jsou ve spojení, usazených v Unii, ale neprovedla žádný odpočet této povahy pro prodeje výrobního odvětví Unie prostřednictvím obchodníků ve spojení, který představoval 40 % prodeje vzorku výrobního odvětví Unie použitého pro srovnání. Jak vyplývá z bodu 176 rozsudku ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 ), srovnání cen dotčeného výrobku a obdobného výrobku výrobního odvětví Unie na stejné obchodní úrovni představuje podmínku přípustnosti výpočtu cenového podbízení dotčeného výrobku. Je tedy třeba mít za to, že výpočet cenového podbízení provedený Komisí je v rozporu s čl. 3 odst. 2 základního nařízení. Z toho vyplývá, že metoda výpočtu cenového podbízení, kterou použila Komise v prozatímním stadiu a jež byla primárně převzata pro účely konečného výpočtu, je nesprávná. Pokud jde o žalobkyni, tyto výpočty ukázaly cenové podbízení ve výši 5 %. Zdá se, že to potvrzuje bod 113 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení, který zní následovně: „Ve věci [rozsudek ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 )], Tribunál nalezl chybu v tom, že Komise odečetla prodejní náklady dovozců ve spojení společnosti Jindal v Unii od prodejů prvnímu nezávislému kupujícímu, zatímco prodejní náklady prodejců, kteří jsou ve spojení, ve výrobním odvětví Unie nebyly od prodejních cen ve výrobním odvětví Unie prvnímu nezávislému odběrateli odečteny. Tribunál proto dospěl k závěru, že tyto dvě ceny nejsou symetricky srovnatelné na stejné obchodní úrovni.“ Komise však poté, co v bodech 112 a 113 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení uvedla, že některé strany zpochybnily metodu použitou s ohledem na rozsudek ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise ( T‑301/16 , EU:T:2019:234 ), v bodě 114 odůvodnění tohoto nařízení dodala, že zamýšlela zohlednit tento rozsudek tím, že doplní své výpočty týkající se cenového podbízení dvěma výpočty, přičemž první z nich je uveden v poslední větě tohoto posledně uvedeného bodu odůvodnění a druhý, který byl proveden podpůrně, je uveden v bodě 115 odůvodnění uvedeného prováděcího nařízení. Z toho vyplývá, že je třeba přezkoumat, zda metoda použitá Komisí v bodech 112 až 115 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení k posouzení újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie a její uplatnění nejsou stiženy žádnou vadou. Zaprvé, pokud jde o první výpočet dodatečného cenového podbízení, jak vyplývá z bodu 114 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení, měla Komise za to, že s ohledem na menšinový charakter prodejů výrobního odvětví Unie prostřednictvím stran ve spojení, jakož i nízkou částku nákladů PSR a zisku těchto stran ve spojení, nemůže být cenové podbízení u kumulovaných dovozů zpochybněno, i kdyby výpočty měly být upraveny s ohledem na tyto položky. Dále měla za to, že i kdyby se náklady PSR a zisk prodejních subjektů ve spojení s výrobci Unie odečetly, cenové podbízení by přetrvávalo pro všechny vyvážející výrobce (s jednou výjimkou) a v každém případě pro každou z dotčených zemí. Pokud jde o žalobkyni, z konečných zjištění, která jí Komise sdělila v průběhu správního řízení, vyplývá, že tento první dodatečný výpočet odhalil cenové podbízení ve výši 2,6 %. Z toho vyplývá, že Komise tímto výpočtem konstatovala a odůvodnila cenové podbízení vypočtené při dodržení požadavku objektivního a spravedlivého srovnání, jelikož tím, že odečetla náklady PSR a zisk z prodejních cen uplatňovaných subjekty ve spojení s výrobci Unie, dostala ceny stanovené pro unijní výrobce na stejnou obchodní úroveň jako ceny vyvážejících výrobců, čímž vyloučila jakékoli porušení zásady rovného zacházení. Dotčený výpočet byl přitom žalobkyní zpochybněn až ve fázi repliky. Navíc se spokojila s tvrzením, že prodejní cena výrobního odvětví Unie byla srovnána s uměle konstruovanou a teoretickou cenou mezi ní a HAG, protože tato posledně uvedená cena nezahrnuje tytéž složky. V tomto ohledu uvádí, že „v rámci prodeje stejným zákazníkům, jako jsou zákazníci výrobního odvětví Unie, společnosti HAG, HEF a HIB vykazují náklady PSR a zisky“ a že „[j]sou to totiž tyto subjekty, a nikoli [žalobkyně], kdo prodával UAN týmž zákazníkům, jako jsou zákazníci z výrobního odvětví Unie“. Taková kritika, i kdyby byla přípustná vzhledem k jejímu nepředložení v žalobě a navzdory její nejasnosti, nemůže zpochybnit konstatování Komise uvedené v bodě 114 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení. Za předpokladu, že tato kritika směřuje ke zpochybnění obchodní úrovně, na níž Komise provedla srovnání cen výrobního odvětví Unie a žalobkyně pro účely určení existence cenového podbízení, je totiž třeba uvést, že požadavek objektivního a spravedlivého srovnání nepředjímá obchodní úroveň, na niž musí Komise provést srovnání cen, ale pouze ukládá, aby toto srovnání bylo provedeno na stejné obchodní úrovni, pokud jde jak o ceny výrobců v Unii, tak o ceny vyvážejících výrobců. Kromě toho je třeba připomenout, že pokud jde nikoli o objektivitu a spravedlnost metody použité Komisí, ale o její uplatnění, tato metoda zahrnuje posouzení složitých hospodářských situací, což odůvodňuje, aby byl soudní přezkum posouzení tohoto orgánu omezen na ověření dodržení procesních pravidel, věcné správnosti skutkových zjištění použitých k provedení zpochybňované volby, neexistence zjevně nesprávných posouzení skutkového stavu nebo neexistence zneužití pravomoci (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 7. dubna 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a další v. Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P a C‑193/14 P , EU:C:2016:209 , bod a citovaná judikatura). Dále v rozsahu, v němž žalobkyně tvrdí, že tento výpočet je v rozporu s body 62 a 63 rozsudku ze dne 30. listopadu 2011, Transnational CompanyKazchrome a ENRC Marketing v. Rada a Komise ( T‑107/08 , EU:T:2011:704 ), je třeba konstatovat, že v bodě 63 tohoto rozsudku Tribunál upřesnil, že zákazníci dobře znají náklady na dopravu z přístavu celního odbavení do svých továren, a mohou si tedy snadno spočítat konečnou cenu z cen CIF v přístavu celního odbavení, které si mezi sebou dohodli. V projednávané věci naproti tomu žalobkyně neprokázala, že zákazníci kupující od subjektů ve spojení věděli o vztahu mezi vyvážejícími výrobci a jejich subjekty ve spojení. Kromě toho je třeba konstatovat, že rozsudek ze dne 30. listopadu 2011, Transnational CompanyKazchrome a ENRC Marketing v. Rada a Komise ( T‑107/08 , EU:T:2011:704 ) se netýkal takové situace, jako je situace v projednávané věci, ve které Komise odečetla náklady PSR a zisky z prodejních cen vyvážejících výrobců dosažené prostřednictvím subjektů ve spojení. Konečně, ze stejného hlediska jako je uvedené v projednávané věci v bodě 85 výše, z rozsudku ze dne 30. listopadu 2011, Transnational CompanyKazchrome a ENRC Marketing v. Rada a Komise ( T‑107/08 , EU:T:2011:704 ) nevyplývá, že Tribunál obecně vyloučil možnost zohlednit pro účely výpočtu cenového podbízení ceny CIF franko v přístavech celního odbavení vyvážejících výrobců. Zadruhé, pokud jde o druhý výpočet dodatečného cenového podbízení, který Komise podpůrně zkoumala, z bodu 115 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení vyplývá, že Komise z tohoto výpočtu vyloučila prodeje výrobního odvětví Unie uskutečněné prostřednictvím stran ve spojení. Tento výpočet se tudíž vztahuje k přibližně 60 % prodejů stran zařazených do vzorku Unie. Pokud jde o žalobkyni, tento výpočet odhalil cenové podbízení ve výši 6,3 %. Vzhledem k tomu, že Komise právně dostačujícím způsobem prokázala v rámci prvního výpočtu dodatečného cenového podbízení existenci cenového podbízení a jelikož druhý výpočet dodatečného cenového podbízení provedený podpůrně nemůže zpochybnit existenci cenového podbízení, z níž vycházela Komise při prvním výpočtu dodatečného cenového podbízení, nelze ani druhým výpočtem dodatečného cenového podbízení platně argumentovat ke zpochybnění legality napadeného prováděcího nařízení. V každém případě žalobkyně nemůže platně tvrdit, že srovnání cen unijních výrobců a cen vyvážejících výrobců nebylo uskutečněno na stejné obchodní úrovni. Jak totiž vyplývá z bodu 115 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení, Komise nijak nesrovnávala prodeje výrobního odvětví Unie nezávislým zákazníkům s prodeji žalobkyně stranám ve spojení, jelikož zohlednila prodeje vyvážejících výrobců nezávislým zákazníkům, řádně upravenými na úrovni CIF, což žalobkyně ostatně nezpochybňuje. Konečně, žalobkyně neprokázala, že upravená cena vyvážejících výrobců nezahrnuje stejné cenové složky jako ceny výrobců v Unii. Jak totiž připomněla Komise, náklady PSR a zisky prodejních subjektů ve spojení nebyly zohledněny na žádné straně srovnání. Z toho vyplývá, že zjištění Komise týkající se existence cenového podbízení, založená na dvou dodatečných výpočtech cenového podbízení, nejsou stižena žádným nesprávným právním posouzením ani zjevně nesprávným posouzením. Kromě toho je třeba konstatovat, že kromě prokázání existence cenového podbízení šetření Komise rovněž odhalilo, že účinek dumpingových dovozů byl každopádně příčinou stlačení cen na unijním trhu během období šetření (body 117, 125 a 131 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení) a poklesu cen (body 136, 161 a 181 odůvodnění uvedeného prováděcího nařízení). Tyto ukazatele, i když jsou podpůrné v analýze újmy, a tedy příčinné souvislosti, provedené Komisí, doplňují její zkoumání účinků na ceny a podporují její závěr, že výrobní odvětví Unie utrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení. V projednávaném případě přitom žalobkyně v žalobě neuvedla důvody, proč by konstatování související s poklesem cen nebo jejich stlačením mělo obsahovat zjevně nesprávné posouzení nebo že pochybení, ke kterému údajně došlo, pokud jde o rozpětí cenového podbízení, mělo dopad na oba tyto aspekty. Pojmy „pokles“ nebo „stlačení“ ostatně nejsou v žalobě vůbec zmíněny. Teprve ve fázi repliky žalobkyně uvedla výtku týkající se závěrů Komise ohledně poklesu a stlačování cen (viz bod 69 výše). Je přitom třeba konstatovat, že tato nová výtka se nezakládá na žádné skutkové nebo právní okolnosti, která by vyšla najevo v průběhu řízení před Tribunálem, neboť tyto skutečnosti jasně vyplývají z napadeného prováděcího nařízení, takže tato výtka mohla a měla být uvedena ve fázi žaloby. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury nelze v souladu s čl. 84 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu předkládat nové důvody v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení. Nicméně žalobní důvod, jenž je rozšířením důvodu dříve přímo nebo implicitně uvedeného v žalobě a který je s ním úzce spjat, musí být prohlášen za přípustný. Aby mohl být nový argument považován za rozšíření dříve uvedeného žalobního důvodu nebo výtky, musí k nim mít dostatečně těsný vztah, aby bylo možné ho považovat za součást běžného pokračování diskuse v rámci sporného soudního řízení (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. listopadu 2011, Groupe Gascogne v. Komise, T‑72/06 , nezveřejněný, EU:T:2011:671 , body a ; ze dne 22. dubna 2016, Itálie a Eurallumina v. Komise, T‑60/06 RENV II a T‑62/06 RENV II , EU:T:2016:233 , body a , a ze dne 20. listopadu 2017, Petrov a další v. Parlament, T‑452/15 , EU:T:2017:822 , bod ). Z toho vyplývá, že tato nová výtka musí být prohlášena za nepřípustnou. V každém případě i za předpokladu, že by cílem argumentů žalobkyně bylo zpochybnit posouzení Komise týkající se poklesu a stlačení cen, musí být zamítnuty jako neopodstatněné, jelikož tyto argumenty úzce souvisejí se zjištěním pochybení při určování cenového podbízení. Vzhledem k tomu, že Tribunál měl za to, že určení cenového podbízení nebylo nesprávné, je třeba argumenty žalobkyně v tomto bodě odmítnout. Proto i za předpokladu, že by se Komise dopustila pochybení při předběžném výpočtu rozpětí cenového podbízení, je třeba konstatovat, že dodatečné skutečnosti zohledněné Komisí v jejím přezkumu účinků na ceny vedly k neutralizaci uvedeného pochybení. Pokud jde o výpočet rozpětí prodeje pod cenou, z bodu 189 odůvodnění napadeného prováděcího nařízení vyplývá, že toto rozpětí bylo stanoveno na základě výrobních nákladů výrobců v Unii. K výrobním nákladům nebyly připočteny žádné další náklady k pokrytí nákladů případně propojených prodejních společností výrobního odvětví Unie. Pochybení konstatované v bodech 74 až 76 výše tedy v tomto případě nenastalo a tvrzení žalobkyně, jehož cílem je zpochybnit tento výpočet, musí být zamítnuto. Konečně, pokud jde o porušení zásady rovného zacházení uplatněné žalobkyní, je třeba připomenout, že v projednávané věci Komise za účelem výpočtu vývozní ceny vyvážejících výrobců v rámci výpočtu cenového podbízení odečetla náklady PSR a zisk z prodejních cen uplatňovaných subjekty ve spojení, aby zajistila objektivní a spravedlivé srovnání cen výrobců v Unii s cenami vyvážejících výrobců tím, že je v rámci prvního dodatečného výpočtu cenového podbízení dostala na stejnou obchodní úroveň (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. dubna 2019, Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise, T‑301/16 , EU:T:2019:234 , bod ). Proto s ohledem na to, že Komise dodržela požadavek objektivního a spravedlivého srovnání na stejné obchodní úrovni, nelze konstatovat žádné porušení zásady rovného zacházení. Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že tato část žalobního důvodu musí být zamítnuta. Ke třetí části, vycházející ze skutečnosti, že antidumpingové clo překračuje přiměřenou úroveň pro odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie v rozporu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení Žalobkyně tvrdí, že s ohledem na protiprávnost výpočtu rozpětí cenového podbízení byla částka antidumpingového cla, která vychází z přiměřeného rozpětí pro odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie, stanovena na úrovni vyšší, než je úroveň nezbytná k odstranění uvedené újmy, a to v rozporu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení. Komise, podporovaná vedlejšími účastnicemi, argumenty žalobkyně zpochybňuje. V tomto ohledu stačí uvést, že vzhledem k tomu, že první dvě části jediného žalobního důvodu byly zamítnuty jako neopodstatněné, je třeba v důsledku toho zamítnout rovněž třetí část uvedeného žalobního důvodu v rozsahu, v němž je založena na nesprávném předpokladu. S ohledem na vše výše uvedené je třeba jediný žalobní důvod, jakož i žalobu v plném rozsahu zamítnout, aniž je nezbytné rozhodnout o přípustnosti doplňujícího spisu, který byl řádně zohledněn. K nákladům řízení Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, jenž měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Komise a vedlejší účastnice řízení požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení. Z těchto důvodů TRIBUNÁL (osmý rozšířený senát) rozhodl takto: 1) Žaloba se zamítá. 2) Společnost Methanol Holdings (Trinidad) Ltd ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí, společností Achema AB, jakož i společnostmi Grupa Azoty S. A. a Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S. A. van der Woude Svenningsen Barents Pynnä Laitenberger Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 14. září 2022. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: angličtina.

62015CJ0270

sk

Svojím odvolaním sa Belgické kráľovstvo domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 25. marca 2015, Belgicko/Komisia ( T‑538/11 , EU:T:2015:188 , ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým tento súd zamietol jeho žalobu o čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2011/678/EÚ z 27. júla 2011 týkajúce sa štátnej pomoci, ktorú poskytlo Belgicko na financovanie skríningu prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) hovädzieho dobytka [štátna pomoc C 44/08 (ex NN 45/04)] ( Ú. v. EÚ L 274, 2011, s. 36 , ďalej len „sporné rozhodnutie“). Právny rámec Nariadenie (ES) č. 999/2001 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( Ú. v. ES L 147, 2001, s. 1 ; Mim. vyd. 03/032, s. 289), bolo prijaté na základe článku 152 ods. 4 písm. b) ES. Podľa odôvodnenia 2 tohto nariadenia, jeho cieľom je prijať zvláštne pravidlá na prevenciu, kontrolu a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE), medzi nimi spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka (BSE), a to so zreteľom na rozsah rizika, ktoré tieto choroby predstavujú pre ľudské zdravie a zdravie zvierat. Článok 6 nariadenia č. 999/2001 s názvom „Systém monitoringu“ vo svojom odseku 1 prvom pododseku stanovuje: „Každý členský štát vykonáva výročný program monitoringu BSE a scrapie v súlade s prílohou III kap. A. Tento program zahŕňa screening použitím rýchlych testov.“ Príloha III kapitola A časť I nariadenia č. 999/2001 stanovuje minimálne požiadavky na program sledovania BSE hovädzieho dobytka. Zakotvuje najmä výber určitých subpopulácií hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje porážka za normálnych podmienok na ľudskú výživu, na účely tohto programu. Okrem toho príloha III kapitola A časť IV nariadenia č. 999/2001 uvádza: „Členské štáty zaistia, aby žiadne časti tiel zvierat vyšetrovaných podľa tejto prílohy neboli použité v potravinách, krmivách a hnojivách, pokiaľ sa neuskutočnilo laboratórne vyšetrenie s negatívnym výsledkom.“ Nariadenie Komisie (ES) č. 1248/2001 z 22. júna 2001, ktoré mení a dopĺňa prílohy III, X a XI nariadenia č. 999/2001 ( Ú. v. ES L 173, 2001, s. 12 ; Mim. vyd. 03/032, s. 450), rozšírilo od 1. júla 2001 povinnosť skríningu BSE rýchlymi testami na každý núdzovo porazený hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov. Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2002 z 21. augusta 2002, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III, VII a XI nariadenia č. 999/2001 ( Ú. v. ES L 225, 2002, s. 3 ; Mim. vyd. 03/036, s. 550), rozšírilo túto povinnosť na hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov, ktorý bol uhynutý alebo porazený najmä na účely odlišné ako ľudská konzumácia. Usmernenia TSE V roku 2002 Komisia Európskych spoločenstiev prijala usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v súvislosti s testami TSE, uhynutým dobytkom a odpadom z bitúnkov ( Ú. v. ES C 324, 2002, s. 2 , ďalej len „usmernenia TSE“). Bod 12 usmernení TSE spresňuje, že tieto usmernenia „sa týkajú štátnej pomoci v súvislosti s testami [na skríning] TSE, uhynutým dobytkom a odpadom z bitúnkov poskytovanej hospodárskym subjektom pôsobiacim v oblasti výroby, spracovania a uvádzania na trh zvierat a výrobkov z nich patriacich do pôsobnosti prílohy I Zmluvy“. Presnejšie, pokiaľ ide o testy na skríning TSE, body 23 až 25 usmernení TSE stanovujú toto: „23. S cieľom podporiť prijatie opatrení na ochranu zdravia zvierat a ľudského zdravia Komisia rozhodla, že bude naďalej povoľovať štátnu pomoc pokrývajúcu až 100 % nákladov na [skríningové] testovanie TSE v súlade so zásadami uvedenými v bode 11.4 poľnohospodárskych usmernení. 24. Pokiaľ však ide o povinné testovanie BSE u hovädzieho dobytka porážaného na ľudskú spotrebu, celková priama a nepriama verejná podpora vrátane platieb Spoločenstva nesmie od 1. januára 2003 prekročiť 40 eur na jeden test. Testovacia povinnosť môže byť založená na právnych predpisoch Spoločenstva alebo na vnútroštátnych právnych predpisoch. Táto čiastka zodpovedá celkovým nákladom testovania, ktoré zahŕňajú: testovaciu súpravu, odobratie, prepravu, testovanie, uskladnenie a zničenie vzorky. Túto sumu možno v budúcnosti znížiť, ak sa znížia náklady na testy. 25. Štátna pomoc, ktorej cieľom je pokryť náklady spojené s testami [na skríning] TSE sa má vyplatiť prevádzkovateľovi, u ktorého sa majú odobrať vzorky na testy. Avšak s cieľom zjednodušiť správu takej štátnej pomoci, je možné pomoc vyplatiť laboratóriám za predpokladu, že možno preukázať, že plná suma štátnej pomoci sa postúpi prevádzkovateľovi. V každom prípade sa štátna pomoc, ktorú prevádzkovateľ, u ktorého sa majú odobrať vzorky na testy, obdrží priamo alebo sprostredkovane, musí primerane premietnuť do nižších cien, ktoré účtuje tento prevádzkovateľ.“ Pokiaľ ide o štátnu pomoc určenú na pokrytie nákladov vzniknutých v súvislosti s testami na skríning TSE a BSE, ktorá bola neoprávnene poskytnutá pred 1. januárom 2003, bod 45 usmernení TSE stanovuje, že Komisia posúdi ich zlučiteľnosť v súlade s bodom 11.4 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva ( Ú. v. ES C 28 , 2000, s. 2) a s jej praxou od roku 2001 uznať takúto pomoc až do výšky 100 %. Okolnosti predchádzajúce sporu: Okolnosti predchádzajúce sporu sú opísané v bodoch 11 až 39 napadnutého rozsudku. Na účely odvolania ich možno zhrnúť takto. V spornom rozhodnutí sa Komisia domnievala, že belgický systém financovania povinných testov na skríning BSE zo štátnych zdrojov v období od roku 2001 do roku 2005 spĺňa štyri kumulatívne podmienky potrebné na existenciu štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Dospela k záveru, že táto pomoc bola v období od 1. januára 2001 do 30. júna 2004 protiprávna, keďže bola poskytnutá v rozpore s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ. Okrem toho sa Komisia domnievala, že v období od 1. januára 2003 do 30. júna 2004 boli sumy presahujúce hranicu 40 eur na test, ktorá bola stanovená v bode 24 usmernení, nezlučiteľné s vnútorným trhom a mali byť vrátené. Zastávala názor, že v zvyšnej časti dotknutého obdobia, teda od 1. januára 2001 do 31. decembra 2002 a od 1. júla 2004 do 31. decembra 2005 financovanie testov zo štátnych zdrojov predstavuje pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom. Napokon, ostatné opatrenia financovania, ku ktorým došlo v dotknutom období, neboli považované za štátnu pomoc. Výrok sporného rozhodnutia je formulovaný takto: „Článok 1 1.   Opatrenia financované z poplatkov nepredstavujú pomoc. 2.   Financovanie testov [na skríning] BSE zo štátnych zdrojov predstavuje pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom v prospech poľnohospodárov, bitúnkov a ostatných subjektov, ktoré spracúvajú, predávajú alebo uvádzajú na trh výrobky alebo manipulujú s výrobkami pochádzajúcimi z hovädzieho dobytka a ktoré podliehajú povinnému testovaniu na BSE v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2002 a od 1. júla 2004 do 31. decembra 2005. 3.   Financovanie testov [na skríning] BSE zo štátnych zdrojov v období od 1. januára 2003 do 30. júna 2004 predstavuje štátnu pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom v prospech poľnohospodárov, bitúnkov a ostatných subjektov, ktoré spracúvajú, predávajú, uvádzajú na trh výrobky alebo manipulujú s výrobkami pochádzajúcimi z hovädzieho dobytka a ktoré podliehajú povinnému testovaniu na BSE, pre sumy do 40 [eur] na test. Sumy prevyšujúce 40 [eur] na test nie sú zlučiteľné s vnútorným trhom a musia byť vrátené s výnimkou pomoci poskytnutej na špecifické projekty, ktoré v čase poskytnutia danej pomoci spĺňali všetky podmienky stanovené v nariadení uplatniteľnom de minimis . 4.   Belgicko poskytovalo v období od 1. januára 2001 do 30. júna 2004 pomoc na financovanie testov [na skríning] BSE protiprávne v rozpore s článkom 108 ods. 3 ZFEÚ. Článok 2 1.   Belgicko prijme potrebné opatrenia, aby od [príjemcov] vymohlo vrátenie protiprávnej a nezlučiteľnej pomoci podľa článku 1 ods. 3 a 4. …“ Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok Žalobou podanou do kancelárie Všeobecného súdu 10. októbra 2011 Belgické kráľovstvo žiadalo zrušenie sporného rozhodnutia s výnimkou článku 1 ods. 1 jeho výroku. Na podporu svojej žaloby Belgické kráľovstvo uviedlo jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ v rozsahu, v akom sa Komisia dopustila nesprávneho právneho posúdenia pri posúdení financovania povinných testov na skríning BSE ako štátnej pomoci. Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd žalobu zamietol. Návrhy účastníkov konania Belgické kráľovstvo navrhuje, aby Súdny dvor: — zrušil napadnutý rozsudok, ako aj sporné rozhodnutie a — zaviazal Komisiu na náhradu trov konania. Komisia navrhuje, aby Súdny dvor: — zamietol odvolanie a — zaviazal Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania. O odvolaní Belgické kráľovstvo na podporu svojho odvolania uvádza dva odvolacie dôvody. O prvom odvolacom dôvode Argumentácia účastníkov konania Svojím prvým odvolacím dôvodom Belgické kráľovstvo tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a porušil svoju povinnosť odôvodnenia, pokiaľ ide o existenciu selektívnej výhody v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Pokiaľ ide o to, či financovanie testov tým, že oslobodilo podniky od záťaže, ktorá by inak zaťažovala ich rozpočet, predstavuje výhodu, Belgické kráľovstvo tvrdí, že Všeobecný súd v bode 76 napadnutého rozsudku nesprávne uviedol, že toto zaťaženie zahŕňa dodatočné náklady, ktoré musia podniky znášať z dôvodu povinností, ktoré sú zákonného, regulačného alebo zmluvného pôvodu, ktoré sa uplatňujú na hospodársku činnosť. Nemožno totiž vyžadovať, aby finančné dôsledky tohto zaťaženia boli vždy znášané podnikmi. Okrem toho, keďže v prejednávanej veci neexistujú harmonizačné pravidlá v oblasti financovania testov na BSE, členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť, že budú samy znášať náklady na súvisiace kontroly. Belgické kráľovstvo Všeobecnému súdu tiež vytýka, že sa v bode 81 napadnutého rozsudku domnieval, že cieľ ochrany verejného zdravia sledovaný povinnými testami, ktoré sú predmetom dotknutého financovania, nestačí na to, aby neboli považované za štátnu pomoc. Tento cieľ bol totiž uvedený len na podporu tvrdenia, že povaha tohto financovania nie je hospodárska, čo je rozhodujúcim faktorom na odôvodnenie, že náklady na testy by nemali automaticky zaťažovať rozpočet podnikov. Takisto tvrdí, že Všeobecný súd v bode 89 napadnutého rozsudku nepovažoval na účely uplatnenia článku 107 ods. 1 ZFEÚ za relevantnú judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa financovania určitých sanitárnych kontrol vzhľadom na predpisy týkajúce sa voľného pohybu tovaru, hoci tieto kontroly členských štátov majú rovnako ako kontroly v oblasti štátnej pomoci vplyv na vnútorný trh. Podľa tohto členského štátu sa Všeobecný súd na účely odmietnutia jeho tvrdenia, podľa ktorého povinné skríningové testy na BSE, pokiaľ sa nespájajú s výkonom právomoci verejnej moci a nemajú hospodársku povahu, mohli byť hradené štátom, nemôže obmedziť na tvrdenie, že samotné dotknuté subjekty nekonajú v rámci výkonu verejnej moci. Ďalej sa uvádza, že Všeobecný súd nemohol bez toho, aby sa v bode 67 svojho rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, zamietnuť ako neúčinné tvrdenie, podľa ktorého normotvorca Únie neharmonizoval podmienky financovania skríningových testov na BSE, pričom tak urobil, pokiaľ ide o kontroly v iných oblastiach týkajúcich sa bezpečnosti potravín, hoci tento prvok je rozhodujúci na účely posúdenia, či podniky za normálnych podmienok znášajú takéto zaťaženie alebo nie. Napokon Belgické kráľovstvo, ktoré v konaní na prvom stupni uviedlo, že financovanie skríningových testov na BSE verejnými orgánmi bolo vždy nižšie ako skutočné náklady na tieto testy a že táto neexistencia „nadmernej kompenzácie“ preto bránila uznaniu existencie ekonomickej výhody, tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne považoval toto tvrdenie za odlišné od dôvodu týkajúceho sa danej výhody a na účely jeho zamietnutia ako neprípustného v bode 133 napadnutého rozsudku uviedol, že nebolo formulované dostatočne jasne. Komisia navrhuje zamietnuť všetky tieto tvrdenia. Posúdenie Súdnym dvorom Na účely rozhodnutia o predmetnom odvolaní je potrebné pripomenúť, že aby mohlo byť vnútroštátne opatrenie označené za štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 TFEÚ, musí ísť o štátne opatrenie alebo o opatrenie financované zo štátnych prostriedkov, toto opatrenie musí byť spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, jeho príjemca z neho musí mať selektívnu výhodu a toto opatrenie musí narušovať hospodársku súťaž alebo hroziť jej narušením (pozri rozsudok z 2. septembra 2010, Komisia/Deutsche Post, C‑399/08 P , EU:C:2010:481 , bod a citovanú judikatúru). V tejto veci sa spochybňuje len výklad a uplatnenie tretej podmienky, podľa ktorej musí predmetné opatrenie poskytovať svojmu príjemcovi selektívnu výhodu. Svojím prvým odvolacím dôvodom totiž Belgické kráľovstvo tvrdí, že v napadnutom rozsudku Všeobecný súd na základe nesprávnych a nedostatočne odôvodnených právnych dôvodov zamietol jeho tvrdenia, podľa ktorých financovanie skríningových testov na BSE nepredstavuje výhodu v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. V tomto ohľade treba pripomenúť, ako Všeobecný súd uviedol v bode 72 napadnutého rozsudku, že zásahy, ktoré sú bez ohľadu na formu spôsobilé priamo alebo nepriamo zvýhodniť podniky alebo ktoré treba považovať za ekonomickú výhodu, ktorú by podnik príjemca za normálnych trhových podmienok nedosiahol, sa považujú za štátnu pomoc (pozri najmä rozsudok zo 16. apríla 2015, Trapeza Eurobank Ergasias, C‑690/13 , EU:C:2015:235 , bod a citovanú judikatúru). Všeobecný súd v bode 76 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že dodatočné náklady, ktoré podniky musia znášať z dôvodu povinností, ktoré sú zákonného, regulačného alebo zmluvného pôvodu a uplatňujú sa na hospodársku činnosť, patria medzi náklady obvykle zaťažujúce rozpočet podniku. Toto odôvodnenie, ktoré je dostatočne odôvodnené a jednoznačné, neobsahuje žiadne právne pochybenie. Takéto dodatočné náklady, ktoré majú tak ako v prejednávanom prípade zákonný alebo regulačný pôvod súvisiaci s výkonom regulovanej hospodárskej činnosti, svojou povahou predstavujú náklady, ktoré podniky obvykle znášajú. Okolnosť, že tieto povinnosti sú uložené verejnými orgánmi, teda sama osebe nemôže mať vplyv na posúdenie povahy ostatných zásahov týchto orgánov na účely stanovenia, či z nich pre podniky vyplýva úžitok, ktorý prekračuje normálne trhové podmienky. Belgické kráľovstvo teda na základe nesprávneho výkladu napadnutého rozsudku tvrdí, že Všeobecný súd v bode 76 napadnutého rozsudku potvrdil, že v každom prípade, keď verejný orgán uloží povinnosť, náklady z nej vyplývajúce musia automaticky znášať dotknuté podniky. Preto tvrdenia, ktoré uvádza Belgické kráľovstvo na podporu tohto tzv. potvrdenia, sú neúčinné. Konkrétne okolnosť, že tieto náklady vyplývajú zo zásahu verejných orgánov pri výkone ich verejnej moci, ani skutočnosť, že členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú samy znášať tieto náklady, keďže v oblasti financovania skríningových testov na BSE neexistuje harmonizácia, nemajú vplyv na kvalifikáciu nákladov, ktoré musia podniky obvykle znášať. Okrem toho okolnosť, že pokiaľ ide o financovanie opatrení, ktoré sa stali povinnými v boji proti BSE, nedošlo k žiadnej harmonizácii, nemá v žiadnom prípade vplyv na kvalifikáciu tohto financovania ako ekonomickej výhody, ktorú môže predstavovať. Treba totiž pripomenúť, ako to urobil Všeobecný súd v bode 65 napadnutého rozsudku, že aj v oblastiach, kde majú právomoc členské štáty, musia tieto štáty rešpektovať právo Únie a najmä požiadavky, ktoré vyplývajú z článkov 107 a 108 ZFEÚ (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. marca 2012, 3M Italia, C‑417/10 , EU:C:2012:184 , bod a nasl.). Belgické kráľovstvo takisto nemôže účinne tvrdiť, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia aj tým, že v bode 81 napadnutého rozsudku konštatoval, že cieľ ochrany verejného zdravia sledovaný povinnosťou vykonať skríningové testy na BSE nestačí na to, aby financovanie týchto testov štátom nebolo považované za štátnu pomoc. Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že článok 107 ods. 1 ZFEÚ nerozlišuje uvedené zásahy podľa príčin alebo cieľov, ale definuje ich na základe ich účinkov (pozri najmä rozsudok z 15. novembra 2011, Komisia a Španielsko/Government of Gibraltar a Spojené kráľovstvo, C‑106/09 P a C‑107/09 P , EU:C:2011:732 , bod ). Napokon tvrdenie týkajúce sa „nadmernej kompenzácie“ je neúčinné, keďže v každom prípade by mohlo byť účinne namietané len v rámci článku 106 ods. 2 ZFEÚ. Preto toto tvrdenie, ktoré Belgické kráľovstvo uviedlo pred Všeobecným súdom, bol tento súd oprávnený zamietnuť, pričom mu nemožno vytýkať, že ho zamietol z dôvodu neprípustnosti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti treba prvý odvolací dôvod zamietnuť. O druhom odvolacom dôvode Argumentácia účastníkov konania Svojím druhým odvolacím dôvodom Belgické kráľovstvo tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a nesplnil si svoju povinnosť odôvodnenia, pokiaľ ide o podmienku selektivity pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Belgické kráľovstvo v tejto súvislosti tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že sa v bodoch 109 a 110 svojho rozsudku domnieval, že prevádzkovatelia v odvetví hovädzieho dobytka, ktorým bola uložená povinnosť vykonať skríningové testy na BSE, sa vzhľadom na kvalifikáciu štátnej pomoci nachádzali v porovnateľnej skutkovej a právnej situácii ako je tá, v ktorej sa nachádzajú všetky ostatné hospodárske subjekty, ktoré majú regulačnú povinnosť vykonať kontroly pred tým, ako môžu uviesť na trh svoje výrobky. Všeobecný súd nespresňuje, o ktoré podniky z iných odvetví ide. Okrem toho existujú podstatné rozdiely medzi dočasnými testami uskutočňovanými s cieľom eradikácie ochorenia zvierat, akým je BSE, a povinnými kontrolami kvality, ktorým podliehajú výrobcovia výťahov alebo nákladných vozidiel. Aj v prípade, že sú referenčným rámcom povinné testy pre poľnohospodárske výrobky, všetky tieto testy nie sú nevyhnutne porovnateľné s testami, ktorých cieľom je eradikácia BSE, ako to vyplýva z právnej úpravy Únie, ktorá pre určité testy stanovuje osobitný systém financovania, zatiaľ čo pre iné je definícia tohto systému ponechaná v právomoci členských štátov. Vzhľadom na to, že rovnaká schéma sa uplatňuje na všetky podniky, ktoré podliehajú povinným skríningovým testom na BSE, to znamená na všetky podniky, ktoré sa nachádzajú v rovnakej skutkovej a právnej situácii, podmienka týkajúca sa selektivity uvedená v článku 107 ods. 1 ZFEÚ v prejednávanej veci nie je splnená. Komisia navrhuje, aby sa tieto argumenty odmietli. Posúdenie Súdnym dvorom Požiadavku selektivity vyplývajúcu z článku 107 ods. 1 ZFEÚ treba jasne odlíšiť od súčasného zistenia ekonomickej výhody tým, že keď Komisia zistila existenciu ekonomickej výhody v širokom zmysle, ktorá priamo alebo nepriamo vyplýva z daného opatrenia, okrem iného musí preukázať, že táto výhoda sa špecificky týka jedného alebo viacerých podnikov. Komisia musí najmä preukázať, že dotknuté opatrenie zavádza rozdiely medzi podnikmi, ktoré sa vzhľadom na sledovaný cieľ nachádzajú v porovnateľnej situácii. Je teda potrebné, aby bola výhoda poskytnutá selektívne a aby mohla viesť k tomu, že určité podniky sa budú nachádzať vo výhodnejšej situácii ako iné podniky (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 4. júna 2015, Komisia/MOL, C‑15/14 P , EU:C:2015:362 , bod ). Túto výhodu však treba rozlíšiť podľa toho, či je predmetné opatrenie koncipované ako všeobecná schéma pomoci alebo ako individuálna pomoc. V tomto poslednom prípade určenie ekonomickej výhody v zásade umožňuje predpokladať jeho selektivitu. Naopak pri skúmaní schémy všeobecnej pomoci je potrebné určiť, či predmetné opatrenie napriek zisteniu, že poskytuje výhodu so všeobecnou pôsobnosťou, neposkytuje túto výhodu výlučne v prospech určitých podnikov alebo určitých odvetví činností (pozri rozsudok zo 4. júna 2015, Komisia/MOL, C‑15/14 P , EU:C:2015:362 , bod ). V prejednávanej veci je nesporné, že financovanie skríningových testov na BSE Belgickým kráľovstvom musí, pokiaľ poskytuje výhodu všetkým prevádzkovateľom v sektore hovädzieho dobytka, ktoré znášajú náklady na tieto testy, byť považované za všeobecnú schému a je teda úlohou Komisie zistiť, či toto opatrenie napriek konštatovaniu, že poskytuje všeobecnú výhodu, poskytlo túto výhodu výlučne v prospech určitých podnikov alebo určitých odvetví činností. Ako vyplýva z bodov 108 a 110 napadnutého rozsudku, Všeobecný súd konštatoval, že tak to bolo v prípade financovania dotknutých testov, pričom sa domnieval, že Komisia správne konštatovala, „že prevádzkovatelia v odvetví hovädzieho dobytka boli zvýhodnení oproti podnikom v iných sektoroch, pretože títo prevádzkovatelia boli príjemcami bezplatných kontrol, ktoré sa museli povinne vykonať pred uvedením na trh ich výrobkov alebo obchodovaním s nimi, pričom podniky v iných sektoroch nemali túto možnosť, čo Belgické kráľovstvo nenamietalo“. Pokiaľ ide o to, že Belgické kráľovstvo vytýka Všeobecnému súdu, že nespresnil, na aké „iné sektory“ odkazuje, treba uviesť, že Všeobecný súd v bode 110 napadnutého rozsudku len prevzal konštatovanie, ktoré v tomto ohľade uskutočnila Komisia. Belgické kráľovstvo však netvrdí, že Všeobecný súd v tejto súvislosti neodpovedal na tvrdenie založené na tom, že samotná Komisia nespresnila, na ktoré iné sektory odkazuje. V každom prípade z konštatovania pripomenutého v bode 110 napadnutého rozsudku jasne vyplýva, že situácia prevádzkovateľov v odvetví hovädzieho dobytka bola nepriamo, ale nevyhnutne porovnaná so situáciou všetkých podnikov, ktoré rovnako ako daní prevádzkovatelia podliehajú kontrolám, ktoré sú povinné uskutočniť pred uvedením ich výrobkov na trh alebo obchodovaním s nimi. Pokiaľ Belgické kráľovstvo tvrdí, že tieto rôzne sektory sa nenachádzajú v porovnateľnej situácii, keďže testy zamerané na kontrolu kvality výrobkov, aj keď ide o potraviny, sú v jednotlivých odvetviach odlišné so zreteľom na ich povahu, cieľ, náklady a ich periodicitu, toto tvrdenie je neúčinné, pokiaľ ide o kvalifikáciu štátnej pomoci, ktorá sa netýka samotných testov, ale ich financovania zo štátnych prostriedkov, ktorého cieľom je zmiernenie nákladov, ktoré zaťažujú príjemcov tohto opatrenia. Je však nesporné, ako uviedol Všeobecný súd v bode 110 napadnutého rozsudku, že Belgické kráľovstvo pred ním nespochybnilo, že prevádzkovateľom v odvetví hovädzieho dobytka bola prostredníctvom financovania skríningových testov priznaná výhoda, ktorá nebola dostupná pre podniky z iných odvetví. Za týchto podmienok Všeobecný súd rozhodol bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, že predmetné opatrenie bolo selektívne v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Druhý odvolací dôvod musí byť preto zamietnutý. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je potrebné odvolanie zamietnuť. O trovách Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne aj o trovách konania. Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe jeho článku 184 ods. 1 účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Komisia navrhla zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania a Belgické kráľovstvo nemalo úspech vo všetkých svojich dôvodoch, je opodstatnené rozhodnúť, že znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť trovy konania, ktoré Komisia vynaložila v tomto konaní. Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol a vyhlásil: 1. Odvolanie sa zamieta. 2. Belgické kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: holandčina.

62005TJ0364

pt

Antecedente do litígio Em 27 de Setembro de 2000, a recorrente, Saint‑Gobain Pam SA, apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado. A marca cujo registo foi pedido (a seguir «marca pedida») é o sinal nominativo PAM PLUVIAL. Na sequência de duas limitações da lista de produtos inicialmente cobertos pelo pedido de marca, feitas pela recorrente em 9 de Outubro de 2000 e em 29 de Maio de 2002 e aceites pelo IHMI, respectivamente, em 11 de Outubro de 2000 e em 4 de Julho de 2002, os produtos para os quais o registo da marca foi pedido incluem‑se nas classes 6 e 17 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, e correspondem às seguintes descrições: –        «Mangueiras e tubos metálicos ou à base de metal, mangueiras e tubos em ferro fundido, uniões metálicas para os produtos atrás referidos» (classe 6); –        «Uniões não metálicas para as mangueiras e tubos rígidos não metálicos» (classe 17). Em 16 de Julho de 2001, o pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.° 61/2001. Em 20 de Setembro de 2001, a Propamsa, SA deduziu oposição ao registo da marca pedida, nos termos do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94. A oposição baseava‑se nos seguintes direitos anteriores: –        a marca figurativa, registada em Espanha, em 26 de Julho de 1976, sob o n.° 737992, relativa a «materiais de construção» (classe 19) e a seguir reproduzida (a seguir «marca anterior»): –        a marca figurativa, registada em Espanha em 26 de Julho de 1976, sob o n.° 120075, relativa a «cimentos» (classe 19), a seguir reproduzida: –        a designação francesa da marca figurativa internacional, a seguir reproduzida, registada em 2 de Setembro de 1981, sob o n.° 463089, com efeitos na Áustria, nos países do Benelux, na Alemanha, em França e na Itália, relativa às «substâncias adesivas destinadas à indústria» (classe 1) e aos «materiais de construção (não metálicos), em bruto ou trabalhados» (classe 19): A oposição foi dirigida contra todos os produtos visados pelo pedido de marca comunitária. O fundamento invocado para a oposição foi o risco de confusão entre, por um lado, a marca pedida e, por outro, as três marcas acima referidas no n.° 6, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. Por decisão de 29 de Março de 2004, a Divisão de Oposição do IHMI julgou procedente a oposição e indeferiu o pedido de marca comunitária da recorrente. A Divisão de Oposição esclareceu, antes de mais, que a comparação entre os produtos visados pelas marcas em conflito devia ser feita tomando em consideração, por um lado, todos os produtos visados pela marca pedida, independentemente da sua utilização actual ou pretendida pela recorrente e, por outro, todos os produtos para os quais as marcas invocadas na oposição foram registadas, não tendo a recorrente apresentado prova de utilização séria das marcas anteriores, na acepção do artigo 43.°, n. os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94. Em seguida, a Divisão de Oposição considerou que as mangueiras e tubos metálicos ou não metálicos e os materiais de construção designados pelas marcas anteriores eram semelhantes. Estes últimos produtos abrangiam pelo menos as mangueiras e os tubos não metálicos que tinham as mesmas natureza e função, que se destinavam aos mesmos utilizadores e que podiam ser utilizados em conjunto ou concorrer com as mangueiras e tubos metálicos. A Divisão de Oposição considerou ainda que as uniões para as mangueiras e tubos, metálicos ou não metálicos, visadas pela marca pedida, e os materiais de construção, na medida em que são necessários para a montagem ou para a reparação das mangueiras e dos tubos metálicos e não metálicos, eram semelhantes. Finalmente, no que respeita à comparação das marcas em conflito, a Divisão de Oposição considerou que o seu elemento dominante era a expressão «pam» e que, por conseguinte, estas marcas eram muito semelhantes, bastando a identidade visual e auditiva do elemento dominante dos sinais para equilibrar as diferenças visuais e auditivas existentes entre a sua parte não dominante. Com base nestas considerações, a Divisão de Oposição concluiu pela existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito em Espanha e em França, para o conjunto dos produtos em causa. Em 26 de Maio de 2004, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição, nos termos dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94. Por decisão de 15 de Abril de 2005 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 19 de Julho de 2005, a Quarta Câmara de Recurso negou provimento ao recurso da recorrente e confirmou a decisão da Divisão de Oposição. A Câmara de Recurso começou por rejeitar como extemporâneo o requerimento de prova de utilização séria das marcas nas quais se fundamenta a oposição, apresentado pela recorrente nas suas alegações que expunham os fundamentos do seu recurso. A este respeito, a Câmara de Recurso considerou que este requerimento poderia ter sido apresentado em qualquer momento no decurso do processo de oposição, ou seja, até ao momento em que o IHMI informasse as partes do encerramento daquele processo e não podia ser apresentado, pela primeira vez, na fase de recurso perante a Câmara de Recurso. Em seguida, a Câmara de Recurso, depois de ter procedido a uma comparação da marca pedida com a marca anterior, concluiu que as referidas marcas eram globalmente semelhantes, tendo em consideração a identidade fonética e visual do seu elemento nominativo dominante «pam» que se sobrepunha às diferenças visuais e fonéticas decorrentes do elemento subsidiário «pluvial», que faz parte da marca pedida. A Câmara de Recurso também considerou que os produtos visados pelas duas marcas em questão eram semelhantes e complementares, em virtude de serem distribuídos pelas mesmas cadeias comerciais, vendidos nos mesmos locais de venda e destinados aos mesmos utilizadores finais. Tendo estes elementos em consideração, a Câmara de Recurso considerou que havia risco de confusão entre as marcas em causa no espírito do público pertinente em Espanha e que, por conseguinte, não era necessário analisar a existência de um tal risco entre a marca pedida e as outras marcas invocadas na oposição pela Propamsa. Pedidos das partes A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne: –        anular a decisão impugnada; –        condenar o IHMI nas despesas. O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne: –        negar provimento ao recurso; –        condenar a recorrente nas despesas. Questão de direito Para fundamentar o seu recurso, a recorrente invoca dois fundamentos relativos, respectivamente, à violação do artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94 e à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento. Quanto aos anexos 9 a 15, 17, 18, 22 e 23 da petição de recurso Argumentos das partes O IHMI refere que os anexos 9 a 15, 17, 18, 22 e 23 do recurso, relativos à reputação do grupo Saint‑Gobain e às condições de utilização das marcas em conflito, foram invocados pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância, visto que não foram apresentados à Divisão de Oposição nem à Câmara de Recurso. Em consequência, é jurisprudência assente que estes documentos não devem ser tidos em conta e devem ser postos de parte pelo Tribunal de Primeira Instância, não sendo necessário examinar a respectiva força probatória [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Colect., p. II‑719, n.° 52; de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T‑399/02, Colect., p. II‑1391, n.° 52; e de 21 de Abril de 2005, Ampafrance/IHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Colect., p. II‑1401]. Em qualquer caso, aqueles documentos não eram de natureza a pôr em causa a decisão impugnada. Apreciação do Tribunal É jurisprudência assente que o recurso perante o Tribunal de Primeira Instância das decisões da Câmaras de Recurso do IHMI visa a fiscalização da sua legalidade, na acepção do artigo 63.° do Regulamento n.° 40/94, de forma que a função do Tribunal não é reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos nele apresentados pela primeira vez [acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 16 de Março de 2006, Telefon & Buch/IHMI – Herold Business Data (Weisse Seiten), T‑322/03, Colect., p. II‑835, n.° 65; v. também, neste sentido, acórdão CONFORFLEX, já referido no n.° 17 supra , n.° 52). No caso em apreço, há que reconhecer que os anexos 9 a 15, 17, 18, 22 e 23 do recurso foram efectivamente invocados pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância. Em consequência, estes documentos não podem ser tidos em consideração e devem ser postos de parte, sem que seja necessário examinar a sua força probatória (v., neste sentido, o acórdão Weisse Seiten, já referido no n.° 18 supra , n.° 65 e a jurisprudência aí indicada). Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94 Argumentos das partes A recorrente, invocando o princípio da continuidade funcional entre as instâncias do IHMI, alega que foi erradamente que a Câmara de Recurso rejeitou como extemporâneo o requerimento de prova de utilização das marcas anteriores invocadas na oposição, apresentado pela primeira vez nas alegações que expunham os fundamentos do seu recurso. Segundo a recorrente, nos termos do princípio acima referido, uma parte pode perfeitamente invocar perante a Câmara de Recurso elementos de facto e de direito que não invocou perante a Divisão de Oposição. Impõe‑se esta conclusão, tanto mais que, no caso vertente, a recorrente adquiriu a convicção, com base num inquérito que mandou realizar, que a Propamsa apenas utilizava as marcas invocadas na oposição para o cimento e não para outros produtos para os quais aquelas foram registadas. Foi, pois, legitimamente que a recorrente pediu, nas suas alegações apresentadas em 26 de Maio de 2004, perante a Câmara de Recurso, que a Propamsa oferecesse as provas da utilização séria das referidas marcas, nos cinco anos que precederam a publicação do pedido de marca comunitária. Segundo a recorrente, decidir de outra forma colocaria directamente em causa o «princípio fundamental» resultante tanto do oitavo considerando da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), como do nono considerando do Regulamento n.° 40/94, nos termos do qual apenas se justifica a protecção das marcas nacionais e comunitárias e das marcas registadas anteriores na medida em que as mesmas sejam efectivamente utilizadas. A recorrente acrescenta que o artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94, invocado na decisão impugnada, apenas prevê um único prazo processual, no seu primeiro parágrafo, o prazo, fixado pelo IHMI, para as partes apresentarem observações sobre as comunicações das outras partes ou do IHMI, no decurso do exame da oposição. Ora, segundo a recorrente, se o oponente apenas puder oferecer as provas da utilização séria no prazo fixado pelo IHMI, nenhum texto prevê um prazo específico para a apresentação de um requerimento de prova de utilização séria pela outra parte no processo de oposição. Por conseguinte, o direito do requerente de uma marca comunitária, decorrente do «princípio fundamental» invocado no número anterior, de solicitar ao oponente o oferecimento de provas da utilização da sua marca, não pode ser condicionado pelo cumprimento de um prazo que não resulta de nenhum texto específico. Com efeito, é certo que o Regulamento (CE) n.° 1041/2005 da Comissão, de 29 de Junho de 2005, que altera o Regulamento (CE) n.° 2868/95 do Conselho relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 (JO L 172, p. 4), instituiu um prazo para a apresentação de um pedido de prova de utilização. Contudo, este regulamento não é aplicável ao caso em apreço, uma vez que só entrou em vigor em 25 de Julho de 2005, ou seja, posteriormente à data de adopção da decisão impugnada. O IHMI salienta, antes de mais, que, embora estando plenamente ciente da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância relativa ao princípio da continuidade funcional, continua a não subscrever a opinião do Tribunal de Primeira Instância sobre este princípio, como demonstra o recurso que intentou perante o Tribunal de Justiça (processo C‑29/05 P) do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Novembro de 2004, Kaul/IHMI – Bayer (ARCOL) (T‑164/02, Colect., p. II‑3807). Em seguida, o IHMI recorda a sua prática quanto ao requerimento de prova de utilização séria, na acepção do artigo 43.°, n. os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, reflectida nas orientações relativas aos processos perante o IHMI, adoptadas pela decisão EX‑04‑2 do presidente do IHMI, de 10 de Maio de 2004, após consulta ao conselho de administração e aos meios interessados, nomeadamente, às principais associações de representantes perante o IHMI. Nos termos do número 1.1 daquelas directivas, na versão em vigor na data em que a decisão impugnada foi proferida, um requerimento relativo à prova de utilização só pode ser apresentado até ao momento em que o IHMI informa as partes por escrito que nenhuma outra observação pode ser apresentada, por outras palavras, que está em condições de decidir sobre a oposição. Esta directiva reflecte a prática decisória assente, tanto das Divisões de Oposição, como das Câmaras de Recurso. Deste modo, a decisão impugnada confirma, no ponto 1.1, esta prática que até ao presente não foi posta em causa. A este respeito, o IHMI salienta que uma decisão em sentido contrário teria por efeito, designadamente, prolongar a duração dos procedimentos, favorecer as manobras dilatórias e, assim, pôr em causa a finalidade do procedimento de oposição, que consiste na resolução, de uma forma simples e rápida, e com toda a segurança jurídica, dos conflitos de marcas a montante do registo e dos processos jurisdicionais. No presente caso, a recorrente, que, como ela própria alegou, faz parte de um dos líderes mundiais da indústria e está habituada aos procedimentos perante o IHMI, em virtude da sua carteira de marcas considerável, não fez, no decurso do processo perante a Divisão de Oposição, uso da sua faculdade de requerer à Propamsa a prova de utilização séria das marcas invocadas na oposição. A recorrente limitou‑se a afirmações vagas sobre os produtos fabricados pela Propamsa e sobre a sua utilização no domínio geral da construção, em associação com outros produtos. Em consequência, a Divisão de Oposição recusou, correctamente, tomar essas alegações em consideração. Além disso, o IHMI explica que a recorrente apresentou um requerimento de prova de utilização séria na acepção do artigo 43.°, n. os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, pela primeira vez, nas suas alegações em que expõe os fundamentos do seu recurso, em 20 de Julho de 2004, e não em 26 de Maio de 2004, data da apresentação do presente recurso, conforme refere erradamente a recorrente no n.° 43 do seu requerimento. O seu argumento perante o Tribunal de Primeira Instância, baseado no facto de o seu pedido de prova de utilização das marcas anteriores ser motivado pela convicção que teria adquirido, na sequência do relatório do inquérito junto no anexo 23 do requerimento, de que a Propamsa apenas utilizava as suas marcas para o cimento, não pode proceder e é, no mínimo, duvidoso. Por um lado, aquele documento não podia ser tomado em consideração, uma vez que não foi apresentado nem mesmo invocado perante a Câmara de Recurso. Por outro, e sobretudo se, excepcionalmente, o Tribunal decidisse tomar em consideração esse documento, verificaria que o mesmo não está datado e que apenas o seu anexo 6 contém a data de 13 de Agosto de 2004. Este documento não poderia fundamentar a convicção que a recorrente alega ter adquirido em 26 de Maio de 2004, ou em 20 de Julho de 2004. Do mesmo modo, o IHMI chama a atenção do Tribunal de Primeira Instância para as novas disposições do Regulamento n.° 1041/2005 (v. n.° 24 supra ), as quais, ainda que não se apliquem ao presente caso, precisam, contudo, a vontade do legislador. A nova regra 22 do Regulamento n.° 2868/95, na nova redacção, é inclusivamente menos liberal do que a prática decisória anterior do IHMI, uma vez que a mesma prevê que um requerimento de prova de utilização séria da marca em que se baseia a oposição só é admissível se for apresentado durante o prazo previsto para a apresentação das observações do requerente da marca relativamente à oposição. Por último, o IHMI considera que a invocada ilegalidade da decisão impugnada, supondo‑a admissível, não podia, em caso algum, conduzir à sua anulação. Com efeito, ainda que a marca anterior apenas fosse utilizada para os cimentos e que a comparação se limitasse a esses produtos, haveria, por razões idênticas às que constam da decisão impugnada, um risco de confusão para os consumidores espanhóis, susceptível de induzir o público em erro quanto à origem dos produtos em causa. Apreciação do Tribunal Nos termos do artigo 43.°, n. os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, para efeitos do exame da oposição deduzida por força do artigo 42.° deste regulamento, presume‑se que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria, enquanto não for apresentado um pedido do requerente no sentido de ser provada tal utilização [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 e T‑184/02, Colect., p. II‑965, n.° 38]. No caso em apreço, está assente que a recorrente só apresentou tal requerimento pela primeira vez em fase de recurso perante a Câmara de Recurso. Contudo, a recorrente considera que esse requerimento é admissível. A este respeito, alega, por um lado, que o Regulamento n.° 40/94 não prevê nenhum prazo para a apresentação de tal requerimento e que, de resto, a fixação de um prazo para esse efeito violaria o princípio que decorre do nono considerando deste regulamento, referido no n.° 22 supra . A recorrente considera, por outro lado, que o seu requerimento podia ser deduzido pela primeira vez perante a Câmara de Recurso, em aplicação do princípio da continuidade funcional entre as instâncias inferiores do IHMI e as Câmaras de Recurso. Deve recordar‑se que, segundo a jurisprudência, o requerimento de prova de utilização séria da marca anterior deve ser formulado expressa e atempadamente no IHMI [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, MUNDICOR, já referido no n.° 32 supra , n.° 38; de 16 de Março de 2005, L’Oréal/IHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Colect., p. II‑949, n.° 24; e de 7 de Junho de 2005, Lidl Stiftung/IHMI – REWE‑Zentral (Salvita), T‑303/03, Colect., p. II‑1917, n.° 77]. Neste contexto, foi declarado que, em princípio, e sem que o nono considerando do Regulamento n.° 40/94 a tal se oponha, o requerimento de prova de utilização séria da marca anterior deve ser apresentado no prazo concedido ao requerente da marca comunitária pela Divisão de Oposição, para a apresentação das suas observações em resposta ao acto de oposição (acórdão FLEXI AIR, já referido, n. os 25 a 28). Todavia, saber se o requerente da marca deve apresentar um requerimento de prova de utilização séria da marca anterior no prazo que lhe foi concedido pela Divisão de Oposição para apresentar as suas observações em resposta ao acto de oposição ou se um tal requerimento deve ser apresentado num prazo específico eventualmente fixado ao requerente da marca pela Divisão de Oposição, após o decurso do qual estaria no direito de não ter em conta esse requerimento, não é pertinente no caso vertente. Com efeito, a recorrente não formulou um requerimento de prova de utilização séria da marca anterior no prazo que lhe foi concedido, nos termos do artigo 43.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, para apresentar as suas observações sobre a oposição da Propamsa. Além disso, o IHMI afirma que a Divisão de Oposição não fixou nenhum prazo específico à recorrente para o efeito. Todavia, o IHMI alega que, nos termos do n.° 1.1 das orientações do presidente do IHMI, acima referidas (ver n.° 26 supra ) que reflectem uma prática decisória assente nesta matéria, a recorrente deveria ter apresentado o seu requerimento de prova de utilização séria da marca anterior em qualquer momento no decurso do processo de oposição, até que a Divisão de Oposição informasse as partes que estava em condições de decidir sobre a oposição. Assim, não está em causa no caso vertente o cumprimento de qualquer prazo fixado para a apresentação desse requerimento, mas antes saber perante que instância do IHMI deve esse requerimento ser apresentado e, mais especificamente, se esse requerimento deve obrigatoriamente ser apresentado perante a Divisão de Oposição ou se ainda pode ser apresentado pela primeira vez em fase de recurso perante a Câmara de Recurso. A este respeito, deve salientar‑se que o requerimento de prova de utilização séria da marca anterior tem por efeito fazer recair sobre o opositor o ónus da prova da utilização séria da sua marca – ou a existência de motivos justificados para o seu não uso – sob pena de rejeição da sua oposição (acórdãos MUNDICOR, já referido no n.° 32 supra , n.° 38; FLEXI AIR, já referido no n.° 34 supra , n.° 24; e Salvita, já referido no n.° 34 supra , n.° 77). O uso sério da marca anterior constitui, uma questão que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve ser resolvida antes de ser tomada uma decisão sobre a oposição propriamente dita (acórdão FLEXI AIR, já referido no n.° 34 supra , n.° 26). Em consequência, o requerimento de prova do uso sério da marca anterior acrescenta uma questão específica e prévia ao processo de oposição e, nesse sentido, altera o seu conteúdo. Além disso, deve recordar‑se que, nos termos do artigo 127.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, a Divisão de Oposição é competente para decidir sobre a oposição a pedidos de registo de marcas comunitárias, ao passo que, por força do artigo 130.°, n.° 1, do mesmo regulamento, as Câmaras de Recurso são competentes para deliberar sobre os recursos apresentados, designadamente, contra decisões das Divisões de Oposição. Resulta das disposições e considerações precedentes, que compete à Divisão de Oposição decidir, em primeira instância, sobre a oposição, conforme definida pelos diferentes actos e pedidos processuais das partes, incluindo, se for caso disso, o pedido de prova de utilização séria da marca anterior. É por esta razão que esse pedido não pode ser formulado pela primeira vez perante a Câmara de Recurso. Admitir o contrário implicaria o exame, pela Câmara de Recurso, de um pedido específico, ligado a considerações jurídicas e factuais novas e que sai do âmbito do processo de oposição, tal como submetido e tratado pela Divisão de Oposição. Ora, a Câmara de Recurso apenas é competente para decidir sobre os recursos intentados contra decisões das Divisões de Oposição e não para decidir ela própria, em primeira instância, sobre uma nova oposição. A continuidade funcional invocada pela jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Colect., p. II‑3253, n. os 25 e 26; de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Colect., p. II‑287, n.° 18; e de 10 de Julho de 2006, La Baronia de Turis/IHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Colect., p. II‑2085, n. os 57 e 58] não pode, em caso algum, justificar a apresentação de tal requerimento pela primeira vez perante a Câmara de Recurso, dado que o mesmo não implica de modo algum um exame, pela Câmara de Recurso, de um caso diferente do que foi submetido à Divisão de Oposição, a saber, um caso cujo âmbito tenha sido alargado pelo aditamento da questão prévia da utilização séria da marca anterior. Resulta do exposto que a decisão impugnada concluiu, correctamente, no caso vertente, que a recorrente não podia pedir, pela primeira vez, em sede de recurso perante a Câmara de Recurso, que a oponente apresentasse a prova da utilização séria das marcas anteriores invocadas na oposição. Em consequência, o primeiro fundamento improcede. Quanto ao segundo fundamento relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 Argumentos das partes Em primeiro lugar, a recorrente contesta a conclusão da decisão impugnada, segundo a qual os produtos visados pela marca pedida, uma vez que podem ser utilizados na construção de edifícios, são equivalentes aos materiais de construção visados pela marca anterior, ou complementares. A recorrente sustenta que as noções de «materiais de construção» e de «materiais de construção não metálicos», visados, respectivamente, pelas marcas da Propamsa registadas sob os n. os 737992 e 463089, são de tal forma vagas e amplas que é possível incluir nelas uma infinidade de produtos sem relação uns com os outros, conferindo deste modo ao titular das marcas em questão um monopólio injustificável e contestável. A recorrente salienta, a este respeito, que os órgãos jurisdicionais franceses já foram levados a declarar a nulidade de marcas em casos de descrição imprecisa dos produtos ou serviços visados pelas mesmas, por exemplo, no caso de marcas que visam os «serviços comerciais». A recorrente salienta que qualquer actividade humana, independentemente da sua natureza ou do seu objectivo, pressupõe uma operação de construção, mais ou menos complexa, que necessita da utilização de um grande número de produtos, dos mais comuns aos mais sofisticados. Ora, tal não significa de modo algum que todos esses produtos ou serviços devam ser considerados equivalentes ou complementares aos materiais de construção. A recorrente admite que, no quadro de uma comparação dos produtos e serviços em causa, deve ser feita referência às suas características gerais, porém, sublinha que uma semelhança ou uma complementaridade entre esses mesmos produtos ou serviços não pode ser deduzida apenas do facto de poderem ser utilizados numa operação de construção, sob pena de considerar semelhantes produtos e serviços com características muito diferentes. Desta forma, por exemplo, não se pode considerar que o betão e os fios eléctricos são semelhantes ou complementares unicamente porque são utilizados numa construção. Com efeito, estes produtos têm natureza diferente, obedecem a funções diferentes e são, na maior parte das vezes, fabricados por entidades diferentes. Do mesmo modo, os serviços de arquitectura da classe 42 e as mangueiras não metálicas da classe 19 não podem ser considerados semelhantes, pela única razão de serem utilizados numa construção. No mesmo contexto, a recorrente sustenta que a decisão impugnada, ao considerar, no n.° 20, que a construção de edifícios e de infra‑estruturas inclui necessariamente diferentes sistemas, tais como a canalização, o tratamento de águas residuais, a protecção contra incêndios, as condutas de água potável ou a irrigação, que utilizam os produtos controvertidos, considerou, erradamente, que esses dois tipos de produtos eram semelhantes. Em consequência, a recorrente entende que, no caso vertente, não se podem considerar os produtos visados pela marca pedida, nomeadamente, as mangueiras metálicas e as suas uniões, e os materiais de construção, semelhantes, pelo simples facto de esses produtos serem, tal como vários produtos muito diferentes, utilizados na construção de edifícios. Com efeito, os produtos visados pela marca pedida têm funções muito diferentes das dos materiais de construção e de modo algum substituem estes últimos. A recorrente realça, a este respeito, que os sistemas que comercializa não são utilizados na construção de edifícios, mas no quadro da realização de infra‑estruturas de escoamento e de adução das águas. Por conseguinte, os seus clientes são essencialmente colectividades territoriais e não empresas de construção de edifícios. Em segundo lugar, a recorrente contesta a afirmação da decisão impugnada (n.° 13), segundo a qual o público pertinente é composto, simultaneamente, por um público especializado e pelo grande público. Segundo a recorrente, o mercado das mangueiras metálicas com fusão maleável destinadas, em particular, ao tratamento das águas da chuva, é composto por um reduzido número de intervenientes e dirige‑se apenas a um público extremamente especializado que participa na realização de redes de esgoto das águas da chuva e das águas residuais. Este público é essencialmente composto pelas colectividades territoriais francesas e estrangeiras que têm perfeito conhecimento dos produtos da recorrente. Por conseguinte, o público pertinente no caso vertente é composto por pessoas particularmente especializadas e qualificadas. Para sustentar esta argumentação, a recorrente invoca a decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 10 de Fevereiro de 2005, no processo R 411/2004‑1, cujas conclusões relativamente ao público pertinente se podem transpor directamente para o presente caso. A recorrente ocupa a primeira posição no mercado das canalizações destinadas às águas da chuva, como é demonstrado pela brochura de apresentação da gama PAM PLUVIAL e por um extracto do sítio da recorrente na Internet, juntos ao requerimento. Ao invés, a Propamsa não intervém de modo algum neste sector e apenas utiliza a sua marca anterior PAM para o cimento, como foi apurado pelo inquérito realizado a pedido da recorrente. Este produto é comercializado pela Propamsa junto de uma clientela de proximidade composta por particulares e pequenas empresas de edifícios, que não conhecem a recorrente nem os seus produtos. Em terceiro e último lugar, a recorrente contesta a rejeição, por parte da decisão impugnada (n.° 15), do seu argumento segundo o qual o sinal PAM é inevitavelmente apreendido pelo público pertinente especializado como referindo‑se à sua denominação social («Saint‑Gobain Pam»). As pesquisas efectuadas pela recorrente na Internet sobre as palavras‑chave «Pam» e «mangueiras» nas línguas francesa, espanhola e inglesa apenas levaram a resultados que se referem à recorrente e nenhum que se refira à Propamsa. A recorrente junta em anexo ao seu requerimento o resultado das suas pesquisas. Este elemento demonstra a notoriedade mundial de que goza a recorrente no domínio das canalizações, domínio este do qual a Propamsa está totalmente ausente. Assim, o público pertinente não poderia, em caso algum, considerar que os produtos visados pela marca pedida podiam ser provenientes da Propamsa ou de uma empresa economicamente ligada àquela. Esta consideração seria reforçada pelo facto de todos os produtos da recorrente terem sistematicamente a marca PAM ou marcas derivadas da mesma, tais como PAM PLUVIAL, PAM NATURAL ou PAM GLOBAL. Além disso, os circuitos de distribuição dos produtos visados pelas marcas em litígio no presente caso são totalmente diferentes, dado que a recorrente apenas comercializa os seus produtos directamente ou por intermédio das suas filiais fora de França. Por conseguinte, a conclusão da decisão impugnada sobre a existência de um risco de confusão é errada, dado que um tal risco está totalmente excluído no presente caso. Em primeiro lugar, o IHMI salienta que a decisão impugnada aplicou correctamente a jurisprudência [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Abril de 2005, Gillette/IHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, não publicado na Colectânea, n.° 33] segundo a qual, no quadro do processo de oposição, a comparação dos produtos deve ser realizada tendo em consideração o teor do pedido de marca, como depositado ou limitado, sendo irrelevantes as condições de utilização ou a intenção de utilização da marca pedida. Isto é tanto mais certo quanto no caso vertente a recorrente, com excepção da modificação da lista de produtos aceite pelo IHMI em 4 de Julho de 2002, não procedeu a nenhuma outra limitação do teor desse pedido, apesar de o poder fazer a qualquer momento, nos termos do artigo 44.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 e da regra 13 do Regulamento n.° 2868/95. Em segundo lugar, no que respeita ao público relativamente ao qual o risco de confusão entre as marcas controvertidas deve ser apreciado, no caso em apreço, o IHMI sustenta que os produtos visados por essas marcas, em virtude das suas características gerais, são susceptíveis de interessar tanto o grande público e, nomeadamente, os «familiarizados com a bricolage», como um público mais especializado e, necessariamente, mais atento e avisado, constituído por profissionais, designadamente, da construção. Em consequência, ao contrário do que a recorrente afirma, a decisão impugnada identificou correctamente o público pertinente no caso vertente. Em qualquer caso, o IHMI considera que não é necessário que o Tribunal de Primeira Instância resolva esta questão, na medida em que é suficiente o exame do risco de confusão no espírito do consumidor médio. Com efeito, segundo a jurisprudência, se o risco de confusão estiver excluído no espírito do consumidor médio, esta circunstância basta para negar provimento ao recurso, uma vez que esta apreciação vale a fortiori para a fracção profissional do público relevante, cujo grau de atenção é, por definição, mais elevado do que o do consumidor médio [acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 12 de Janeiro de 2006, Devinlec/IHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Colect., p. II‑11, n.° 62]. Além disso, o IHMI observa que, encontrando‑se a marca anterior registada e protegida em Espanha, o público pertinente no caso vertente é constituído pelo consumidor médio desse Estado‑Membro. Em terceiro lugar, o IHMI considera que a decisão impugnada concluiu correctamente que os produtos visados pelas duas marcas controvertidas eram semelhantes, tendo em consideração os seus destino e utilização idênticos. Contrariamente ao que a recorrente alega, os «materiais de construção» visados pela marca anterior, constituem uma categoria perfeitamente determinada. Resulta da definição dessa categoria no dicionário electrónico Le Robert que o público pertinente, no caso vertente, não tem nenhuma dificuldade em imaginar os tipos de produtos que estão incluídos nesta categoria. Trata‑se de produtos de construção, em bruto e semitrabalhados, e de produtos relativamente simples fabricados a partir destes. Em consequência, a decisão impugnada conferiu correctamente à expressão «materiais de construção» todo os direitos referentes a uma entrada que constitui uma categoria com conteúdo semântico identificado. A recorrente também não pode, no presente caso, invocar utilmente o argumento de que uma obra de construção necessita de um grande número de produtos. De facto, não é exigível, para os efeitos do presente caso, comparar todos os produtos e serviços necessários para uma obra de construção, como os fios eléctricos ou os serviços de arquitectura, com os produtos visados pela marca pedida. Conforme reconheceu a Câmara de Recurso na decisão impugnada, a comparação deve ser feita atendendo às características gerais dos produtos visados pelas marcas controvertidas. Ora, segundo o IHMI, é indiscutível que esses produtos têm todos o mesmo destino e utilização na construção de edifícios ou de infra‑estruturas. A consideração precedente é confirmada pela própria recorrente que reconheceu perante a Divisão de Oposição que os seus produtos se destinavam a serem utilizados num amplo leque de domínios, quando, perante o Tribunal de Primeira Instância, afirmou que os mesmos podem ser utilizados não só em obras de construção, mas também na realização de infra‑estruturas de esgoto e de adução de águas. Em consequência, está completamente assente que todos os produtos em causa têm destino e utilização idênticos. O IHMI também sustenta que foi correctamente que a decisão impugnada considerou, seguidamente, que os produtos visados pelas marcas controvertidas eram complementares. De facto, a construção de edifícios e de infra‑estruturas inclui inevitavelmente a construção de vários sistemas, tais como canalizações, sistemas de tratamento de águas residuais, sistemas de protecção contra incêndios e redes de água potável ou de irrigação, que necessitam dos produtos visados pela marca pedida. Em consequência, não se pode conceber que os tubos e mangueiras e as suas peças e partes constitutivas possam ser utilizados para a realização de edifícios e de infra‑estruturas, sem o emprego de materiais de construção, entre os quais, os cimentos. O IHMI salienta, além disso, que, conforme constatou a decisão impugnada no n.° 22, os produtos visados pelas marcas controvertidas utilizam normalmente os mesmos circuitos de distribuição, são vendidos nos mesmos pontos de venda e destinam‑se aos mesmos utilizadores finais, designadamente, por um lado, os particulares e, nomeadamente, os «familiarizados com a bricolage» e, por outro lado, os profissionais da construção, tais como, designadamente, os construtores, os canalizadores e os especialistas em aquecimento central. Por conseguinte, o público pertinente tem naturalmente a impressão de que todos os produtos visados pelas marcas controvertidas podem ter a mesma origem comercial. Segundo o IHMI, a argumentação avançada pela recorrente para contestar este aspecto da decisão impugnada assenta exclusivamente na utilização, que ela tem a intenção de fazer, da marca pedida, a qual, no entanto, é irrelevante. Em quarto lugar, o IHMI alega que a decisão impugnada concluiu correctamente que as marcas controvertidas eram semelhantes, tendo em conta as suas semelhanças visuais e fonéticas dominantes. Além disso, a recorrente não apresentou qualquer argumento no seu requerimento, susceptível de infirmar esta conclusão. O IHMI sublinha que a expressão «pam» não tem sentido na língua espanhola. Em contrapartida, a expressão «pluvial», da marca pedida, significa, na língua espanhola, «relativo à chuva». Em consequência, a decisão impugnada observou acertadamente que o público em causa compreendia esta última expressão como referência a determinadas qualidades ou funções dos produtos visados pela marca pedida, nomeadamente, que esses produtos se destinavam a ser utilizados com tempo de chuva ou que eram particularmente adaptados a esse tempo. Com base nas considerações precedentes e tendo em conta a jurisprudência [acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 25; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Colect., p. II‑4335, n. os 33 e 35], o IHMI alega que a expressão «pam», que constitui, simultaneamente, o único elemento verbal da marca anterior e um dos dois elementos verbais da marca pedida, assume um carácter dominante na impressão de conjunto produzida por esta última marca, o que a recorrente não contesta. Nos planos visual e fonético, o IHMI recorda que a expressão «pam» não é apenas a única expressão da marca anterior, mas também está colocada em primeiro lugar na marca pedida. Esta posição confere uma importância particular a esta expressão, uma vez que o público tem mais tendência para começar por dirigir a sua atenção para o início de uma marca, do que para o seu fim, sendo esta tendência mais natural se o início da marca em questão, tal como no caso vertente, consistir num elemento intrinsecamente distintivo e surpreendente, tanto pela leitura como pela audição. Em consequência, a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela existência de uma semelhança visual e fonética entre as marcas controvertidas. No plano conceptual, a expressão «pam» é destituída de sentido na língua espanhola, enquanto a expressão «pluvial» possui um significado (relativo à chuva), que o torna subsidiário. A afirmação da recorrente perante o Tribunal de Primeira Instância, segundo a qual o público em causa compreende a expressão «pam» como relacionada com a sua denominação social actual, bem como a apresentada perante a Câmara de Recurso, segundo a qual essa expressão seria apreendida como uma abreviatura da sua denominação social precedente (Pont‑à‑Mousson), não são, de modo algum, nem evidentes nem fundamentadas. Em consequência, como a Câmara de Recurso (n.° 15, segunda frase, da decisão impugnada), o Tribunal de Primeira Instância deve rejeitar essas afirmações da recorrente, como não fundadas. Em quinto e último lugar, o IHMI sublinha que os diversos factores que, segundo a jurisprudência, devem ser tidos em conta na apreciação global do risco de confusão, confirmam, no presente caso, a existência desse risco. Com efeito, ficou estabelecida a semelhança das marcas controvertidas e dos produtos visados pelas mesmas. Por outro lado, está assente que a marca anterior goza de um carácter distintivo intrínseco, pelo menos, médio, para todos os produtos que designa. Em consequência, a decisão impugnada considerou correctamente que o público pertinente, que memorizou a expressão «pam» da marca anterior, tem tendência, quando confrontado com os produtos visados pela marca pedida, a atribuir‑lhe a mesma origem comercial dos produtos designados pela marca anterior e, isto, tanto mais que os produtos em questão podem ser oferecidos em conjunto e através dos mesmos circuitos de distribuição. Foi também correctamente que a decisão impugnada afirmou, no n.° 27, que o consumidor médio pode razoavelmente pressupor que a marca anterior é derivada de uma marca principal «pam» e designa uma linha de produtos oferecidos dentro da mesma família de marcas. Por outras palavras, existe o risco de que o público de referência considere as marcas controvertidas como marcas que, embora visem duas gamas diferentes de produtos, são provenientes, contudo, da mesma empresa ou de empresas economicamente conexas. Apreciação do Tribunal Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado «[q]uando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior». Por outro lado, por força do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, são consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado‑Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária. Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa são provenientes da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, atentos todos os factores relevantes do caso, nomeadamente, a interdependência entre a semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect., p. II‑2821, n. os 31 a 33 e a jurisprudência aí indicada]. No caso vertente, deve, em primeiro lugar, recordar‑se que a decisão impugnada concluiu que havia risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior. Em consequência, a decisão impugnada não procedeu a uma comparação da marca pedida com as outras marcas invocadas pela Propamsa, em apoio da sua oposição (decisão impugnada, n. os 14 e 29). A este respeito, importa recordar que o recurso perante o Tribunal de Primeira Instância tem por finalidade a fiscalização da legalidade da decisão da Câmara de Recurso. Esta fiscalização deve, pois, efectuar‑se à luz das questões de direito que foram submetidas a esta última [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Setembro de 2006, Meric/IHMI – Arbora & Ausonia (PAM‑PIM’S BABY‑PROP), T‑133/05, Colect., p. II‑0000, n.° 22]. Por conseguinte, importa examinar se a Câmara de Recurso concluiu correctamente que existia risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior, sem que seja necessário ter em conta as outras marcas invocadas pela Propamsa em apoio da sua oposição. Tendo em consideração a argumentação da recorrente relativa aos produtos visados pela marca pedida e o público a que esses produtos se destinam, deve examinar‑se, em segundo lugar, se a Câmara de Recurso definiu correctamente, para efeitos da análise da existência de risco de confusão entre as marcas controvertidas, por um lado, os produtos visados pelas referidas marcas e, por outro, o público pertinente. –       Quanto aos produtos que devem ser tidos em conta para a apreciação do risco de confusão Importa recordar, a este respeito, que a comparação dos produtos exigida pelo artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, deve incidir sobre a redacção dos produtos designados pela marca anterior invocada na oposição e não sobre os produtos para os quais esta marca é efectivamente utilizada, a não ser que, na sequência de um pedido de prova de utilização séria da marca anterior, na acepção do artigo 43.°, n. os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, esta prova seja produzida apenas em relação a uma parte dos produtos ou dos serviços para os quais a marca anterior foi registada (acórdão PAM‑PIM´S BABY‑PROP, já referido no n.° 83 supra , n.° 30). No caso vertente, conforme foi observado no âmbito do exame do primeiro fundamento, o requerimento de prova de utilização séria da marca anterior foi apresentado, pela recorrente, pela primeira vez perante a Câmara de Recurso e foi correctamente julgado improcedente por esta última como extemporâneo. Por conseguinte, foi de forma juridicamente acertada que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso tomou em consideração, para efeitos da comparação com os produtos visados pela marca pedida, todos os produtos para os quais a marca anterior tinha sido registada, designadamente, os «materiais de construção». Contrariamente ao que alega a recorrente (n.° 43 supra ), esta categoria de produtos é suficientemente determinada e, tendo em conta o significado das expressões utilizadas, deve ser entendida como incluindo todas as matérias, brutas e semitrabalhadas, necessárias ou úteis para a construção, bem como os produtos relativamente simples fabricados a partir dessas matérias. Seja como for, deve recordar‑se que a marca anterior é uma marca nacional espanhola, sendo certo que a validade do seu registo não pode ser impugnada no quadro de um processo de registo de uma marca comunitária, mas apenas no quadro de um pedido de anulação formulado no Estado‑Membro em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, MATRATZEN, já referido no n.° 74 supra , n.° 55, e de 21 de Abril de 2005, PepsiCo/IHMI – Intersnack Knabber‑Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, Colect., p. II‑1341, n.° 25]. Desde logo, no caso vertente, as instâncias do IHMI podem apenas ter em conta a lista dos produtos visados pela marca anterior, estabelecida aquando do registo dessa marca como marca nacional. Por outro lado, no que respeita aos produtos visados pela marca pedida, deve recordar‑se que o IHMI, no quadro do processo de oposição, apenas pode ter em conta a lista de produtos, como consta do pedido de marca em causa, sob reserva de eventuais modificações desta (acórdão RIGHT GUARD XTREME sport, já referido no n.° 61 supra , n.° 33). Por conseguinte, são irrelevantes, neste caso, as afirmações da recorrente quanto aos produtos específicos para os quais pretende utilizar a marca pedida, uma vez que a recorrente não alterou, em conformidade com as intenções por si alegadas, a lista de produtos visados pelo seu pedido de marca comunitária. Foi, pois, acertadamente que a decisão impugnada tomou em consideração, para apreciar o risco de confusão no caso em apreço, todos os produtos descritos no pedido de marca comunitária, alterado (ver n.° 3 supra ), apresentado pela recorrente. –       Quanto ao público pertinente No que toca ao público relativamente ao qual deve ser apreciado no presente caso, o risco de confusão entre as marcas controvertidas, improcedem as afirmações da recorrente segundo as quais o público visado pela marca pedida é exclusivamente um público extremamente especializado, composto, essencialmente, por colectividades territoriais (ver n. os 49 e 51 supra ). As afirmações baseiam‑se nas intenções da recorrente relativamente à utilização da marca pedida que, conforme já foi referido, são irrelevantes. É assim que acertadamente, a decisão impugnada afirmou no n.° 13, que, no que respeita à natureza e ao destino dos produtos visados pelas marcas controvertidas, deve considerar‑se que o público pertinente é composto, simultaneamente, por um público especializado, a saber, por profissionais do sector da construção e da reparação, e pelo grande público, que inclui o consumidor médio que, como observa o IHMI, pode ser levado a procurar os produtos em questão para fazer bricolage. –       Quanto à comparação dos produtos Segundo a jurisprudência, para apreciar a semelhança entre os produtos visados pelas marcas controvertidas, importa ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos em questão, factores que incluem, em especial, a sua natureza, destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Colect., p. II‑4835, n.° 32, e de 24 de Novembro de 2005, Sadas/IHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Colect., p. II‑4891, n.° 33]. No presente caso, resulta da decisão impugnada (n. os 20 e 22) que a Câmara de Recurso teve em conta, no quadro da comparação dos produtos em causa, a circunstância de tanto os produtos visados pela marca anterior como os visados pela marca pedida serem produtos que podem ser utilizados na construção de edifícios e de infra‑estruturas, o que inclui a construção de diversos sistemas que utilizam todos aqueles produtos, tais como a canalização, o tratamento de águas residuais, a protecção contra incêndios e as condutas de água potável ou de irrigação. Em consequência, uma vez que estes produtos têm um destino e uma utilização idênticos na construção dos edifícios e das infra‑estruturas foi com razão que a decisão impugnada concluiu que eram semelhantes. A conclusão da decisão impugnada, segundo a qual os produtos visados pelas marcas controvertidas em conflito são complementares, também está correcta. A este respeito, deve recordar‑se que os produtos complementares são aqueles entre os quais existe uma relação estreita, no sentido de que um é indispensável ou importante para a utilização do outro, de modo que os consumidores podem pensar que a responsabilidade pelo fabrico dos dois produtos incumbe à mesma empresa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Março de 2005, Sergio Rossi/IHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Colect., p. II‑685, n.° 60, confirmado, em sede de recurso, pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Julho de 2006, Rossi/IHMI, C‑214/05 P, Colect., p. I‑7057]. No caso em apreço, conforme é salientado correctamente pelo IHMI, não é possível utilizar, na construção dos sistemas referidos no número anterior, as mangueiras e as uniões para mangueiras visadas pela marca pedida, sem o emprego dos materiais de construção visados pela marca anterior. Por último, é também correctamente que na decisão impugnada foi tomada em consideração, no quadro da comparação dos produtos visados pelas marcas controvertidas, a circunstância de que estes produtos são comercializados, regra geral, nos mesmos pontos de venda e através das mesmas filiais comerciais dos materiais de construção. A este respeito, deve sublinhar‑se que, segundo a jurisprudência, se os produtos visados pelas marcas controvertidas apresentam alguns pontos comuns, designadamente, na medida em que são por vezes comercializados nos mesmos pontos de venda, as eventuais diferenças entre eles não excluem, por si só, a possibilidade de risco de confusão (v., neste sentido, o acórdão SISSI ROSSI, já referido no n.° 94 supra , n.° 68). Nestas condições, deve ser aceite a conclusão da decisão impugnada, segundo a qual os produtos visados pelas marcas controvertidas são semelhantes e complementares. A argumentação contrária da recorrente, na medida em que se refere a outros produtos para além dos visados para as referidas marcas, não é pertinente e deve ser rejeitada. –       Quanto à comparação dos sinais Deve recordar‑se que, segundo a jurisprudência, podem ser consideradas semelhantes, uma marca complexa e uma outra marca, que é idêntica ou apresenta uma semelhança com um dos componentes da marca complexa, se esse componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto suscitada pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público relevante retém na memória, de tal forma que todos os outros componentes são negligenciáveis na impressão geral por ela suscitada [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, MATRATZEN, já referido no n.° 74 supra , n.° 33, e de 13 de Junho de 2006, Inex/IHMI – Wiseman (Representação de uma pele de vaca), T‑153/03, Colect., p. II‑1677, n.° 27]. Quanto à apreciação do carácter dominante de um ou de vários componentes determinados de uma marca complexa, há que ter em conta, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada componente e compará‑las com as dos outros componentes. Além disso, e a título acessório, pode ser tida em conta a posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca complexa (acórdão MATRATZEN, já referido no n.° 74 supra , n.° 35). No caso vertente, a decisão impugnada considerou acertadamente, no n.° 14, que a expressão «pam», único elemento verbal da marca anterior, escrita simultaneamente da esquerda para a direita e de cima para baixo, constitui o elemento central e dominante da marca anterior. Com efeito, este elemento ocupa uma posição central na marca anterior e chama a atenção do consumidor que encara esta marca, com exclusão dos outros elementos da mesma marca, designadamente, o tipo de letra colorido e o quadro oval, que têm uma importância indiscutivelmente secundária e acessória. Uma vez que o elemento dominante «pam» da marca anterior é idêntico à primeira parte da marca pedida PAM PLUVIAL, a decisão impugnada considerou que as marcas controvertidas apresentavam uma semelhança visual e fonética. É certo que elas diferem em razão da presença, na marca pedida, da expressão «pluvial». Contudo, esta expressão constitui um elemento secundário e auxiliar desta última marca, em virtude do seu significado em espanhol, que é o mesmo que em francês. Este significado induz o público a considerar aquela expressão como uma indicação relativa aos produtos visados pela marca anterior, de que os mesmos são destinados à utilização para as águas pluviais ou em tempo de chuva. É por essas razões que a decisão impugnada concluiu, no n.° 17, que a identidade visual e fonética dos elementos verbais dominantes das marcas controvertidas se sobrepõe às suas diferenças visuais e fonéticas, que se devem à presença, na marca pedida, do elemento subsidiário «pluvial». Esta conclusão também deve ser acolhida. Com efeito, o elemento verbal «pam» também constitui o elemento dominante da marca pedida, em virtude da sua forma curta e fácil de memorizar, da sua ausência de significado particular em espanhol, verificada pela decisão impugnada e não contestada pela recorrente, e da sua presença no início da marca pedida, ou seja, numa posição à qual o consumidor médio presta geralmente maior atenção (acórdão PAM‑PIM’S BABY‑PROP, já referido no n.° 83 supra , n.° 51). Tendo em consideração a ausência de significado, na língua espanhola, do termo «pam», é também acertadamente que a decisão impugnada concluiu, no n.° 15 que, no caso vertente, não era possível realizar uma comparação conceptual das marcas controvertidas. Como a decisão impugnada constatou, a circunstância de o termo «pluvial» ter um significado em espanhol não é suficiente para relacionar a marca impugnada com um conceito particular, em virtude do carácter secundário e acessório dessa parte da marca pedida. Esta última consideração não é posta em causa pela afirmação da recorrente segundo a qual o elemento verbal «pam» é entendido como sendo uma referência à sua denominação social (v. o n.° 56 supra ). Conforme foi salientado, acertadamente, na decisão impugnada, a ligação invocada entre as denominações, antiga e actual, da recorrente e o elemento verbal «pam» não é evidente e não foi de modo algum provada pela recorrente. Em todo o caso, ainda que se admitisse que o elemento verbal «pam» pudesse ser compreendido como uma referência à recorrente, não podia ser estabelecida nenhuma diferença conceptual entre aquelas duas marcas, nesta base, uma vez que este elemento verbal também está presente na marca anterior. Resulta do conjunto das considerações precedentes que a Câmara de Recurso concluiu, correctamente, no n.° 18 da decisão impugnada, que as marcas controvertidas eram globalmente semelhantes. –       Quanto à apreciação global do risco de confusão Tendo em consideração a semelhança das marcas em conflito e os produtos visados pelas mesmas, devendo ainda a interdependência entre os factores ser tomada em consideração para a apreciação do risco de confusão, há que concluir, tal como a Câmara de Recurso na decisão impugnada (n.° 28) que, no caso em apreço, existe um risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94. A presença do termo «pluvial» na marca pedida não exclui esse risco, uma vez que, conforme foi observado correctamente no n.° 27 da decisão impugnada, este elemento pode levar o consumidor médio a pressupor que a marca pedida é uma marca derivada de uma marca principal «pam» e designa uma gama específica que pertence à «família das marcas PAM». Com efeito, a afirmação da recorrente segundo a qual utiliza, sistematicamente, para os seus diversos produtos, marcas derivadas da raiz comum «pam» (ver n.° 58 supra ) corrobora esta conclusão. Por último, o argumento nos termos do qual o público pertinente associa o elemento verbal «pam» à recorrente, em virtude da sua alegada notoriedade, não pode, em caso algum, obter provimento. Com efeito, para além do facto de os anexos 13 a 15 do requerimento, invocados pela recorrente para demonstrar esta pretendida associação, terem sido afastados da discussão pelos motivos expostos nos n. os 18 e 19 supra , tal associação, a provar‑se, não pode de modo algum excluir a existência de um risco de confusão no caso em apreço, uma vez que o público pertinente pode ser levado a crer que os produtos designados pela marca anterior provêm da recorrente. Resulta das considerações anteriores que o segundo fundamento invocado pela recorrente improcede, tal como o recurso na sua totalidade. Quanto às despesas Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, uma vez que tal foi pedido pelo IHMI. Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção) decide: 1) É negado provimento ao recurso. 2) A recorrente, Saint‑Gobain Pam SA, é condenada nas despesas. Vilaras Dehousse Šváby Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 22 de Março de 2007. O secretário O presidente E. Coulon M. Vilaras * Língua do processo: francês.

62009TJ0046

et

Kohtuotsuse põhistus Õiguslik raamistik 1. Ühise põllumajanduspoliitika rahastamist käsitlevad üldised eeskirjad 1. Nõukogu 21. aprilli 1970. aasta määruses (EMÜ) nr 729/70 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (EÜT L 94, lk 13) kehtestati ühise põllumajanduspoliitika rahastamist käsitlevad üldised eeskirjad. See määrus tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 17. mai 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1258/1999 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (EÜT L 160, lk 103; ELT eriväljaanne 03/25, lk 414), mis reguleerib 1. jaanuarist 2000 kuni 16. oktoobrini 2006 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise raames tehtud kulutusi. 2. Määruse nr 1258/1999 artikli 7 lõige 2 näeb ette, et Euroopa Ühenduste Komisjon teeb igakuiste ettemaksete kohta otsuse akrediteeritud makseasutuste tehtud kulutuste põhjal ja määruse artikli 7 lõige 3 käsitleb makseasutuste otsuseid raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta. 3. Määruse nr 1258/1999 artikli 7 lõige 4 sätestab: „Komisjon otsustab kulutused artiklites 2 ja 3 osutatud ühenduse rahastamisest välja jätta, kui ta avastab, et kulutused ei ole tehtud kooskõlas ühenduse eeskirjadega. Enne kui otsustatakse rahastamisest keelduda, teavitatakse kirjalikult komisjoni poolsete kontrollimiste tulemustest ja asjaomase liikmesriigi vastustest ning seejärel püüavad pooled jõuda kokkuleppele võetavate meetmete suhtes. Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik enne rahastamisest keeldumise otsust asjakohaste seisukohtade kaalumise eesmärgil taotleda nelja kuu jooksul menetluse algatamist, mille tulemused esitatakse aruandes, mis saadetakse komisjonile kontrollimiseks. Komisjon hindab väljajäetavaid summasid, arvestades eelkõige avastatud mittevastavuse astet. Komisjon võtab arvesse rikkumise olemust ja raskust ning ühenduse rahalist kahju. Rahastamisest keeldumine ei või hõlmata: a) artiklis 2 osutatud kulutusi, mis on tehtud varem kui 24 kuud enne komisjoni kirjalikku teadet asjaomases liikmesriigis tehtud kontrollimiste tulemuste kohta; […]”. 4. Määruse nr 1258/1999 artikli 8 lõige 1 sätestab: „Kooskõlas siseriiklike õigus- ja haldusnormidega võtavad liikmesriigid meetmed, mis on vajalikud, et: a) tagada fondist rahastatavate tehingute tegelik toimumine ja nõuetekohane teostamine; b) tõkestada ja käsitleda eeskirjade eiramist; c) hüvitada eeskirjade eiramise või hooletuse tagajärjel kaotatud summasid. […]”. 5. Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, lk 1) tunnistati määrus nr 1258/1999 kehtetuks ja seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007 (määruse nr 1290/2005 artikkel 49). Siiski nähakse määruses ette, et 16. oktoobrist 2006 tehtud kulude osas kohaldatakse vastavuse kontrolli käsitlevat artiklit 31 alates 16. oktoobrist 2006. 6. Määruse nr 1290/2005 artikkel 31 sisaldab sisuliselt samu sätteid kui määruse nr 1258/1999 artikli 7 lõige 4. 7. Komisjoni 7. juuli 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1663/95, millega nähakse ette nõukogu määruse (EMÜ) nr 729/70 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega (EÜT L 158, lk 6; ELT eriväljaanne 03/18, lk 31), muudetud komisjoni 22. oktoobri 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 2245/1999 (EÜT L 273, lk 5; ELT eriväljaanne 03/26, lk 335), artiklis 8 on sätestatud: „1. Kui komisjon on uurimise põhjal leidnud, et tehtud kulutused ei ole ühenduse eeskirjadega kooskõlas, teatab ta oma kontrollimise tulemustest asjaomasele liikmesriigile ning lisab parandusmeetmed, mis on vajalikud edaspidi eeskirjadele vastavuse tagamiseks. Komisjoni teates viidatakse käesolevale määrusele. Liikmesriik vastab kahe kuu jooksul ning komisjon võib vastavalt sellele oma seisukohti muuta. Põhjendatud juhul võib komisjon vastamistähtaega pikendada. Pärast vastamistähtaja möödumist kutsub komisjon liikmesriigi kahepoolsetele läbirääkimistele, mille käigus pooled püüavad kokku leppida vajalikes meetmetes ning eeskirjade rikkumise raskuse ja ühendusele tekitatud rahalise kahju hindamises. Pärast neid läbirääkimisi ning tähtaja möödumist, mille komisjon on määranud pärast liikmesriikidega konsulteerimist lisateabe esitamiseks läbirääkimiste järel, või juhul kui liikmesriik ei võta läbirääkimiskutset vastu komisjoni määratud tähtaja jooksul, teeb komisjon liikmesriigile ametlikult teatavaks oma seisukoha, viidates komisjoni otsusele 94/442/EÜ. Teade sisaldab hinnangut nende kulutuste kohta, mis komisjon kavatseb määruse […] nr 729/70 artikli 5 lõike 2 punkti c alusel ühenduse rahastamisest välja arvata, ilma et see piiraks käesoleva lõike neljanda lõigu kohaldamist. Liikmesriik teatab komisjonile võimalikult kiiresti ühenduse eeskirjade järgimise tagamiseks võetavatest parandusmeetmetest ja nende jõustumise kuupäeva. Komisjon võtab vajaduse korral määruse nr 729/70 artikli 5 lõike 2 punkti c alusel vastu otsuse või mitu otsust ühenduse eeskirjade rikkumisega seotud kulutuste ühenduse rahastamisest väljajätmise kohta kuni parandusmeetmete jõustumiseni. 2. Määruse […] nr 729/70 artikli 5 lõike 2 punktis c nimetatud otsused tehakse pärast lepitusorgani poolt vastavalt otsuse 94/442/EÜ sätetele koostatud aruannete läbivaatamist.” 8. Komisjoni 21. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 885/2006, millega nähakse ette […] määruse […] nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGF‑i ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega (ELT L 171, lk 90), kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2006 ja selle artikli 11 lõiked 1–3 näevad sisuliselt ette sama menetluse kui määruse nr 1663/95 artiklis 8. 2. Komisjoni juhised 9. Finantskorrektsioonide kohaldamise juhised on määratud kindlaks komisjoni 23. detsembri 1997. aasta dokumendis nr VI/5330/97 „Juhised EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse raames finantskorrektsioonide tegemiseks” (edaspidi „dokument nr VI/5330/97”). 10. Dokumendi nr VI/5330/97 lisast 2 „Finantstagajärjed, mis kaasnevad EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise üle liikmesriikide poolt teostatud kontrolli puudustega” tuleneb, et finantskorrektsioone tehakse, arvestades eelkõige avastatud mittevastavuse astet ning et komisjon võtab selles osas arvesse rikkumise olemust ja raskust ning ühenduse rahalist kahju (dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 teine lõik). 11. Dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 näeb esiteks ette finantskorrektsiooni hindamist „konkreetsetes toimikutes esinevate vigade põhjal”. Selle hindamisviisiga tuvastatakse eeskirjade eiramise üksikjuhtumeid – mida on vajaduse korral ekstrapoleeritud – ja toob kaasa üksikute korrektsioonide tegemise. Seesama lisa näeb teiseks ette finantskorrektsiooni hindamise viisi selle põhjal, kui suur on rahalise kahju tekkimise oht. Nimetatud hindamisviisi põhjal tuvastatakse süstemaatilisi eiramisi ja see toob kaasa kindlasummalise korrektsiooni kohaldamise (dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 kaheksas kuni kahekümne viies lõige). 12. Viimati nimetatud hindamisviisi puhul, mis on asjakohane süsteemide auditeerimise kontekstis, kohaldab komisjon kindlasummalisi korrektsioone väärtuses 2%, 5%, 10% või 25% deklareeritud kulutustest, vastavalt kontrollisüsteemide puudustest ühendusele tekkiva rahalise kahju ohu ulatusele (dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 kaheksas lõige). 13. Komisjon eristab kaht liikmesriikide läbiviidatavat kontrolliliiki (dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 neljateistkümnes lõige). 14. Ühelt poolt on „võtmekontrollid” füüsilised ja halduskontrollid, mida tehakse, et kontrollida substantiivseid elemente, eelkõige taotluse objekti olemasolu, kvantiteeti ning kvalitatiivseid tingimusi, sh tähtaegade järgimist, viljakoristuse nõuete järgimist, andmete säilitamistähtaegade järgimist jne. Nimetatud kontrollid tehakse paikvaatluse vormis ning andmeid võrreldakse sõltumatute andmetega nagu nt maaregistrid. 15. Teiselt poolt nimetatakse „täiendavateks kontrollideks” haldustoiminguid, mis tuleb läbi viia taotluste korrektseks töötlemiseks, nt kontrollitakse nende esitamistähtaegade järgimist, tuvastatakse ühe objekti kohta kahekordselt esitatud taotlused, tehakse riskianalüüs, rakendatakse sanktsioone ning tehakse piisavat järelevalvet menetluste üle. 16. Abikõlbmatute kulude arvutamiseks näeb dokument nr VI/5330/97 ette neli kindlasummalise korrektsiooni liiki: – 25% suurust korrektsiooni kohaldatakse juhul, kui kontrollisüsteem on täielikult rakendamata või see on oluliste puudustega ja eksisteerivad märgid sagedaste eeskirjade rikkumiste ja hooletuse kohta võitluses eeskirjade eiramise ja pettuse vastu, kuivõrd on EAGGF‑le äärmiselt suurte kahjude tekkimise risk; – 10% suurust korrektsiooni kohaldatakse juhul, kui üks või mitu võtmekontrolli on jäänud teostamata või on nii halvasti või harva läbi viidud, et need ei ole tõhusad tuvastamaks taotluse kõlblikkust või ennetamaks eeskirjade eiramisi, ning seega on mõistlikult võimalik arvestada, et EAGGF jaoks on suur risk saada suurt kahju; – 5% suurust korrektsiooni kohaldatakse juhul, kui kõik võtmekontrollid on läbi viidud, aga ei ole järgitud õigusnormidega soovitatud kontrollimiste arvu, sagedust või täpsust, ning on mõistlik järeldada, et sellised kontrollid ei taga oodatud tasemel taotluste vastavust nõuetele ja EAGGF jaoks on kahju risk märkimisväärne; – 2% suurust korrektsiooni kohaldatakse juhul, kui liikmesriik on kõik võtmekontrollid nõuetekohaselt läbi viinud, kuid on jätnud täielikult korraldamata ühe või mitu täiendavat kontrolli, mistõttu EAGGF‑le kaasneb väike risk ja rikkumise raskus on vähene. 17. Dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 näeb lõpuks ette, et „liikmesriigi kohustuste rikkumine osutub raskemaks, kui liikmesriik ei paranda oma kontrolle, olgugi et komisjon on talle juba teatanud, et parandamine on vajalik” (lisa 2 kuueteistkümnenda lõike lõpp). 18. Dokument AGRI/61495/2002 puudutab seda, kuidas komisjon käsitleb EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames kontrollisüsteemide puudulikkuse kordumise juhtumeid ning sellega täpsustatakse dokumendis nr VI/5330/97 ette nähtud kordumise põhimõtet. See on sõnastatud järgmiselt: „Kui – kontrollisüsteem on täielikult rakendamata või see või selle teatav element on oluliste puudustega ning selle kohta on EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames tehtud üks või mitu finantskorrektsiooni otsust, ja – juba korrigeeritud ajavahemikust hilisema perioodi kohta on tuvastatud samade puuduste jätkuv esinemine, peab komisjon, välja arvatud juhul, kui uuritakse võimalikke liikmesriigi võetud korrektsiooni- või kompensatsioonimeetmeid, õigeks kohaldada selle kindlasummalise korrektsiooni suurendamist, mida kohaldati eelmise korrektsiooni käigus, tulenevalt EAGGF‑le kaasneva rahalise kahju riski suurenemisest. […] tagamaks seda, et 8. detsembri 1997. aasta dokumendis C 3909 (VI/5330/97) ette nähtud korrektsioonid on kindlasummalised, kui mittenõuetekohaste kulutuste tegelikku määra ja seega ühenduse kantava rahalise kahju summat ei saa kindlaks teha, kasutatakse orientatsioonina järgmisi protsente: [...] – eelneva 5% korrektsiooni korral 10% korrektsiooni hilisema asjaomase ajavahemiku kohta; – eelneva 10% korrektsiooni korral vähemalt 15% korrektsiooni vastavalt riski suurusele ja selle tõusule hilisema asjaomase ajavahemiku kohta; […]”. Vaidluse taust 19. Komisjoni 8. detsembri 2008. aasta otsusega 2008/960/EÜ, mille kohaselt ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastu ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames (ELT L 340, lk 99, edaspidi „vaidlustatud otsus”), jäeti Kreeka Vabariigi osas puu- ja juurviljade, puuvilla, veiseliha, oliiviõli ja finantskontrolli sektorites majandusaastate 2002 kuni 2006 kohta ühenduse rahastamisest välja kogusumma 179 140 594,66 eurot. 20. Komisjoni finantskorrektsioonide põhjused võeti kokku 11. septembri 2008. aasta koondaruandes AGRI-63130-00-2008, mis käsitleb komisjoni poolt määruse nr 1258/1999 artikli 7 lõike 4 ja määruse nr 1290/2005 artikli 31 alusel läbi viidud vastavuse kontrolle (edaspidi „koondaruanne”). 21. Vaidlustatud otsuses kohaldas komisjon järgmisi korrektsioone: – sektoris „puu- ja juurviljad – tsitrusviljade töötlemine”: määrati kaks 10% kindlasummalist korrektsiooni tšekiga maksete ning puudulike haldus- ja raamatupidamiskontrollide tõttu summas 2 289 213 eurot majandusaasta 2005 kohta ja 385 748 eurot majandusaasta 2006 kohta; – puuvilla sektoris: peale kahe ühekordse korrektsiooni abikõlbliku toodangu ületamise eest summas 4 870 264,97 eurot majandusaasta 2003 kohta ja summas 2 143 945,63 eurot majandusaasta 2004 kohta, mida ei ole vaidlustatud, määras komisjon kaks 5% suurust kindlasummalist korrektsiooni, ühe summas 27 731 557,37 eurot majandusaasta 2002 kohta ja teise summas 32 655 464,17 eurot majandusaasta 2003 kohta; – veiselihatootmise toetuse sektoris kohaldas komisjon kindlasummalist korrektsiooni puudulike identifitseerimise ja registreerimise andmebaasi kontrollide ning kohapealsete kontrollide eest suuruses 10% majandusaasta 2003 kohta, 5% ja 10% ulatuses majandusaasta 2004 kohta, 5% ja 10% ulatuses majandusaasta 2005 kohta ning suuruses 5% ja 10% majandusaasta 2006 kohta, mis kokkuvõttes tähendab 14 341 429,92 euro suurust korrektsiooni; – oliiviõli tootmistoetuse sektoris kohaldas komisjon kindlasummalist korrektsiooni suuruses 10% ja 15% majandusaastate 2003–2006 kohta korduvate puuduste eest oliivisalude, pressimisettevõtete ja saakide kontrollimisel, mis kokkuvõttes tähendab 83 641 370,78 euro suurust summat, ja – finantskontrolli sektoris määras komisjon majandusaasta 2005 kohta ühekordse korrektsiooni summas 4 521 536,62 eurot maksetähtaegade eiramise eest; ta määras ühekordse korrektsiooni ka rahaliste ülemmäärade ületamise eest summas 6 326 450,77 eurot majandusaasta 2004 kohta ja summas 233 613,43 eurot majandusaasta 2005 kohta. Menetlus ja poolte nõuded 22. Kreeka Vabariik esitas hagiavalduse, mis saabus Esimese Astme Kohtu kantseleisse 6. veebruaril 2009. 23. Kuna Üldkohtu kodade koosseisu muudeti, määrati 30. septembril 2010 käesolev kohtuasi lahendamiseks viiendale kojale. Kuivõrd 15. veebruaril 2011 määrati uus ettekandja-kohtunik ning viimane nimetati teise kotta, määrati käesolev kohtuasi lahendamiseks sellele kojale. 24. Ettekandja-kohtuniku ettekande alusel otsustas Üldkohus (teine koda) alustada suulist menetlust ning esitas menetlust korraldavate meetmete raames vastavalt Üldkohtu kodukorra artiklile 64 pooltele kirjalikke küsimusi. Viimased vastasid nendele küsimustele ettenähtud tähtaja jooksul. Poolte kohtukõned ja vastused Üldkohtu esitatud küsimustele kuulati ära 5. juuni 2012. aasta kohtuistungil. 25. Kreeka Vabariik palub Üldkohtul: – tühistada või muuta vaidlustatud otsus vastavalt tema menetlusdokumentides märgitule; – mõista kohtukulud välja komisjonilt. 26. Komisjon palub Üldkohtul: – jätta hagi rahuldamata; – mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt. Õiguslik käsitlus 1. Hagi ulatus 27. Kreeka Vabariik esitas hagiavalduses vaidlustatud otsuse tühistamise toetuseks kaksteist väidet. Kaks esimest väidet puudutavad tsitrusviljade töötlemise sektorit. Kolmas väide käsitleb puuvillasektorit. Neljas, viies ja kuues väide puudutavad veiselihasektorit. Seitsmes, kaheksas ja üheksas väide käsitlevad oliiviõlisektorit ning kümnes, üheteistkümnes ja kaheteistkümnes väide finantskontrolli sektorit. 28. Kohtuistungil teatas Kreeka Vabariik, et loobub neljandast ja seitsmendast väitest, mis käsitlevad komisjoni ajalise pädevuse puudumist ning menetluse liiga pikast kestusest tulenevat õiguskindluse põhimõtte rikkumist seoses vastavalt veiseliha ja oliiviõli sektoritega. 29. Ta loobus ka viiendast ja kaheksandast väitest, mis käsitlevad määruse nr 1258/1999 artikli 7 lõikes 4 ette nähtud 24-kuulise tähtaja ületamist seoses vastavalt veiseliha ja oliiviõli sektoritega. 30. Finantskontrolli sektori osas loobus Kreeka Vabariik kaheteistkümnendast väitest, mis käsitleb viidet FA/2006/137/GR kandvat uurimist ja milles ta heitis ette põhjendamiskohustuse rikkumist. Peale selle märkis ta seoses kümnenda väitega, mis käsitleb viidet FA/2005/70/GR kandvat uurimist korrektsioonide kohta, mis puudutavad vastavalt esiteks ebasoodsaid piirkondi, teiseks viinamarjaistanduste ümberkujundamist ja muutmist ning kolmandaks veiseliha sektoris makstud täiendavaid toetusi, et ta jääb asjaomase väite juurde üksnes osas, mis puudutab ebasoodsaid piirkondi. 31. Lõpuks väitis ta, et loobub vaidlustatud otsuse muutmise nõudest. 32. See kanti kohtuistungi protokolli. 2. Esimene ja teine väide, mis käsitlevad sektoris „puu- ja juurviljad – tsitrusviljade töötlemine” kohaldatud korrektsioone Ühenduse õigusnormid 33. Nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2202/96, millega kehtestatakse teatavate tsitrusviljade tootjatele ühenduse toetuskava (EÜT L 297, lk 49; ELT eriväljaanne 03/20, lk 103), rakendati tootjatele makstava rahalise toetuse süsteemi, mis põhineb lepingutel, mis on sõlmitud ühelt poolt nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 297, lk 1; ELT eriväljaanne 03/20, lk 55) alusel tunnustatud või esialgse tunnustuse saanud tootjaorganisatsioonide ja teiselt poolt töötlejate või nende seaduslikult asutatud ühistute või liitude vahel. 34. Komisjoni 1. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2111/2003, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 2202/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 317, lk 5; ELT eriväljaanne 03/41, lk 232), artikli 7 lõike 1 punkt f näeb ette, et lepingutes määratakse kindlaks eelkõige tootjaorganisatsioonile tooraine eest makstav hind, mis võib erineda sõltuvalt sordist ja/või kvaliteedist ja/või tarneperiooditi ning makstakse üksnes panga- või postiülekandekorraldusega. 35. Määruse nr 2111/2003 artikli 24 lõike 1 punkt d näeb ette, et liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kontrollida artiklites 25 ja 26 nimetatud tootjaorganisatsioonide ja töötlejate dokumentatsiooni selleks, et tagada selle vastavus siseriiklike õigusaktide alusel tootjaorganisatsioonidelt ja töötlejatelt nõutavale raamatupidamisele. 36. Määruse nr 2111/2003 artikkel 27, mis käsitleb kontrolle, näeb ette: „1. Iga magusaid apelsine, mandariine, klementiine, satsumasid, sidruneid, greipfruute ja pomelosid töötlemiseks tarniva tootjaorganisatsiooni suhtes viiakse iga toote ja turustusaasta kohta läbi järgmised kontrollid: […] b) haldus- ja raamatupidamiskontrollid vähemalt: i) 5%-le lepingutega hõlmatud tootjatest selleks, et kontrollida eelkõige, kas pindalad, kogusaak, tootjaorganisatsioonile tarnitud kogus ja töötlemiseks tarnitud kogus vastavad iga tootja osas artiklis 23 sätestatud toetuse maksetele ja saadud tasudele; […] c) haldus- ja raamatupidamiskontrollid selle tagamiseks, et artikli 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud töötlejate poolt tootjaorganisatsioonidele tarnitud toodete üldkogused, töötlemiseks tarnitud üldkogused, kõik artikli 17 lõikes 2 sätestatud tarnesertifikaadid ja toetustaotlustes märgitud üldkogused vastavad artikli 23 alusel makstud toetustele ja töötlejalt saadud tasudele; 2. Magusate apelsinide, mandariinide, klementiinide, satsumade, sidrunite, greipfruutide ja pomelote töötlejate suhtes viiakse iga tootmisettevõtte, toote ja turustusaasta kohta läbi järgmised kontrollid: a) haldus- ja raamatupidamiskontrollid vähemalt: i) 5%-le iga lepinguliigi (lühiajaline või mitmeaastane) alusel saadud partiidest selle tagamiseks, et asjaomased kogused on lepinguga ja artikli 17 lõikes 2 nimetatud tarnesertifikaatidega hõlmatud; samuti kasutatud veovahendi täpsete tunnusandmete ja I lisas sätestatud miinimumnõuetele vastavuse kontrollimiseks; […] c) haldus- ja raamatupidamiskontrollid väljastatud ja saadud arvete ning raamatupidamisandmete alusel selle tagamiseks, et vastuvõetud toorainetest saadud valmistoodete kogus ja ostetud valmistoodete kogused vastavad müüdud valmistoodete kogustele; […]”. 37. Komisjoni dokumendi nr 17933/2000 lisa 16 määratleb tsitrusviljade sektori võtmekontrollid ja täiendavad kontrollid. Kõnealune lisa määratleb nimelt kuus võtmekontrolli, mille sekka kuuluvad muu seas nõuetekohase registripidamise kontroll ja selle vastavus siseriiklike õigusaktide alusel tootjaorganisatsioonidelt ja töötlejatelt nõutavale raamatupidamisele. Koondaruanne 38. Komisjoni talitused viisid viidet FV/2006/315/GR kandva uurimise raames 3.–7. aprillini 2006 Kreekas läbi kontrolle. Pärast kirjavahetust leidis 27. veebruaril 2007 komisjoni ja Kreeka ametiasutuste vahel aset kahepoolne kohtumine. Komisjon tegi 10. jaanuari 2008. aasta kirjas Kreeka ametiasutustele teatavaks oma seisukoha. Lepitusorgani 19. juuni 2008. aasta arvamuse järel tegi komisjon 21. augusti 2008. aasta kirjas teatavaks oma lõpliku seisukoha. 39. Koondaruandes toodi välja teatavad puudused haldus- ja raamatupidamiskontrollides, mis on ette nähtud määruse nr 2111/2003 artikli 27 lõike 1 punkti b alapunktis i ja lõike 1 punktis c, ning määruse nr 2111/2003 artikli 27 lõike 2 punkti a alapunktis i ja lõike 2 punktis c. Lisaks ilmneb koondaruandest, et sama määruse artikli 24 lõike 1 punktis d ette nähtud kontrollid ei ole teostatud kooskõlas ühenduse õigusnormidega vähemalt ühel juhul. Peale selle tuvastati, et tõendid, mis pidid olema nendele kontrollidele lisatud, tihti puudusid. Need puudused tulenesid peamiselt asjaomastel raamatupidamisinspektoritel puudunud selgetest juhistest ja nende vähestest raamatupidamise alastest teadmistest. Komisjoni talitused leidsid, et puudused olid seotud kontrollisüsteemi sisuliste aspektidega ning et kontrollide teostamata jätmine või nende puudulik läbiviimine kujutavad endast EAGGF‑le suurte kahjude tekkimise riski. Komisjon nentis, et sarnased puudused tuvastati muu hulgas tsitrusviljade töötlemise osas aastal 2003 läbi viidud uurimise käigus. 40. Peale selle tuleneb komisjoni talituste tuvastustest, et üks töötleja väljamakse tootjaorganisatsioonile tehti tšekiga, samas kui see makse tuleb teostada panga- või postiülekandekorraldusega ning selle kohta on komisjon minevikus oma märkused juba esitanud. Koondaruandest tuleneb ka, et asjaomaseid kontrolle teostanud inspektorid ei olnud ühenduse ja siseriiklikest vastava valdkonna nõuetest teadlikud. 41. Komisjon leidis, et võtmekontrolle ei ole viidud läbi vastavalt dokumendis nr VI/5330/97 esitatud juhistele, arvestades kohaldatavates õigusnormides ette nähtud arvu ja täpsust, ning pealegi on see puudus korduv. Ta nentis, et eelmine korrektsioon oli 5%, ning kohaldas käesoleval juhul kindlasummalise korrektsiooni määra 10% majandusaastate 2005 ja 2006 kohta, kusjuures asjaomane ajavahemik algas 30. augustil 2004 ning lõppes turustusaastaga 2004/2005 k.a. Üldkohtu hinnang 42. Kreeka Vabariik esitab esimese väite dokumentides nr VI/5330/97 ja nr 17933/2000 komisjoni esitatud juhiste väära tõlgendamise ja kohaldamise kohta, ning teise väite korrektsioonides esitatud faktiliste asjaolude põhjal antud väära hinnangu ja korrektsioonide ebaproportsionaalsuse kohta. Esimene väide dokumentides nr VI/5330/97 ja nr 17933/2000 esitatud väära tõlgendamise ja kohaldamise kohta 43. Esiteks väidab Kreeka Vabariik, et võtmekontrollid on läbi viidud. Tema sõnul on avastatud puudustest üksnes nõuetekohase registripidamise kontroll ja registripidamise raamatupidamisele vastavuse kontroll võtmekontrollid. Seega ei oleks tohtinud korrektsioon ületada 2%. 44. Üldkohus nendib, et käesoleval juhul on komisjon asjaomaseid finantskorrektsioone kohaldanud eelkõige määruse nr 2111/2003 artiklites 24 ja 27 sätestatud haldus- ja raamatupidamiskontrollides esinevate puuduste tõttu. 45. Esiteks tuleneb koondaruandest, et need puudused on tuvastatud eelkõige seoses määruse nr 2111/2003 artikli 24 lõike 1 punktis d ette nähtud kontrollidega, mis käsitlevad tootja- ja töötlejaorganisatsioonide registripidamise ja selle vastavuse kontrolli siseriiklike õigusaktide alusel nõutavale raamatupidamisele. Tuleb märkida, et seda kontrolliliiki määratletakse dokumendi nr 17933/2000 lisas 16 võtmekontrollina, mida Kreeka Vabariik ei ole ka vaidlustanud. 46. Teiseks on kindlasummalisi korrektsioone määratud ka määruse nr 2111/2003 artiklis 27 ette nähtud haldus- ja raamatupidamiskontrollides esinevate puuduste tõttu. Ka need kontrollid on võtmekontrollid. Nende käigus kontrollitakse töötlemiseks tarnitud koguse ja toetuse maksete vastavust ning väljastatud ja saadud arvete ning raamatupidamisandmete alusel saadud või ostetud valmistoodete koguse vastavust müüdud valmistoodete kogustele. Seega on tegemist nõutavate sisulise vastavuse elementide kontrollimisega. 47. Seetõttu leidis komisjon dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 ja dokumendi nr 17933/2000 lisa 16 arvestades õigesti, et käesoleval juhul on tuvastatud puudused seotud võtmekontrollidega. 48. Kohaldatud korrektsioonimäära osas leidis komisjon, et võtmekontrollide käigus tuvastatud puudused olid eelmisel korral andnud alust kohaldada korrektsiooni 5%, ning kuna puudused olid korduvad, siis tõstis ta kindlasummaliste korrektsioonide määra 10%‑le. 49. Selles osas tuleb dokumendis nr VI/5330/97 esitatud juhiseid arvestades meenutada, et kui ühendusele põhjustatud kahju ei ole võimalik täpselt hinnata, võib komisjon näha ette kindlasummalise korrektsiooni (Euroopa Kohtu 24. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C‑418/06 P: Belgia vs. komisjon, EKL 2008, lk I‑3047, punkt 136). 50. Abikõlbmatute kulutuste arvutamiseks näeb dokument nr VI/5330/97 ette kulude kindlasummalise 5% määra, kui kõik võtmekontrollid on läbi viidud, aga ei ole järgitud õigusnormidega soovitatud kontrollimiste arvu, sagedust või täpsust, ning on mõistlik järeldada, et sellised kontrollid ei taga oodatud tasemel taotluste vastavust nõuetele ja EAGGF jaoks on kahju risk märkimisväärne (vt eespool punktid 14 ja 16). 51. Käesoleval juhul on tõesti tegu sellise olukorraga, kuna tegemist on võtmekontrollides tuvastatud puudustega, kuivõrd nendes kontrollides ei ole järgitud õigusnormidega soovitatud täpsust ning tegu ei ole üksnes täiendavate kontrollide korraldamata jätmisega. 52. Seetõttu on väär Kreeka Vabariigi väi de, mille kohaselt käesoleval juhul oleks tulnud kohaldada 2% määra. Seetõttu ei saa etteheitega komisjoni dokumentides nr VI/5330/97 ja nr 17933/2000 esitatud juhiste väära tõlgendamise ja kohaldamise kohta selles osas nõustuda. 53. Kreeka Vabariik väidab teiseks, et korrektsioonimäära kahekordistamisel ei ole õiguslikku alust ning vaidlustab tuvastatud puuduste kordumise asjaolu. 54. Esiteks väidab Kreeka Vabariik, et ükski õigusnorm ei määratle mõistet „korduvus”, mida kasutati esimest korda majandusaasta 2005/2006 suhtes mittekohaldatavas dokumendis AGRI/60637/2006. 55. Selle argumendiga ei saa nõustuda. 56. Tuleb meenutada, et määruse nr 1258/1999 artikli 7 lõike 4 neljas lõik ja määruse nr 1290/2005 artikli 31 lõige 2 (vt eespool punktid 3 ja 6) näevad ette, et komisjon peab mittevastavuste tuvastamise korral võtma väljajäetavate summade hindamisel arvesse rikkumise raskust. 57. Sellega seoses võib kõnealuste mittevastavuste kordumist käsitada kui raskendavat asjaolu, mis võib õigustada määratud finantskorrektsiooni tõstmist. Kõnealust määra suurendamist võib selles osas käsitada kui toimingut, mis on Kreeka Vabariigi suhtes kohaldatava korrektsiooni kogumäära kindlaks määramise osa (vt selle kohta Euroopa Kohtu 21. jaanuari 1999. aasta otsus kohtuasjas C‑54/95: Saksamaa vs . komisjon, EKL 1999, lk I‑35, punkt 13). 58. Seetõttu tuleb lükata tagasi etteheide, mille kohaselt tuvastatud puuduste kordumise arvestamisel ei ole kohaldatavates õigusnormides nõuetekohast õiguslikku alust. 59. Peale selle on nendes juhistes, st dokumentides nr VI/5330/97, AGRI/61495/2002 ja AGRI/60637/2006 komisjoni kindlaks määratud eeskirjad sellised, mis kätkevad mittevastavuste kordumise tuvastamisega kaasnevaid tagajärgi. 60. Kreeka Vabariigi väide, mille kohaselt „korduvus” kui raskendav asjaolu määrati esimest korda kindlaks dokumendis AGRI/60637/2006, on väär. Esiteks näeb dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 ette, et „kohustuste rikkumine osutub raskemaks, kui liikmesriik ei paranda oma kontrolle, olgugi et komisjon on vajalikest parandustest talle juba teatanud”. Teiseks puudutab dokument AGRI/61495/2002, millele Kreeka Vabariik oma hagiavalduses osutab, komisjoni poolt EAGGF tagatisrahastu raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise raames käsitletud kontrollisüsteemi mittevastavuste kordumise juhtumeid ja sellega soovitakse täpsustada dokumendis nr VI/5330/97 ette nähtud kordumise põhimõtet. See näeb sisuliselt ette, et kui samad puudused taasesinevad, võib kohaldada eelmise korrektsiooni käigus kohaldatud kindlasummalise korrektsiooni suurendamist ning et eelmise 5% suuruse korrektsiooni korral võib asjaomasel ajavahemikul kohaldada määra 10% (vt eespool punkt 18). 61. Seetõttu tuleb väide, mille kohaselt ei ole tuvastatud mittevastavuste kordumise korral korrektsiooni suurendamisel õiguslikku alust, tagasi lükata. 62. Teiseks väidab Kreeka Vabariik, et korduva puuduse tuvastamiseks peab tegema kindlaks, et tegemist on täpselt samade puudustega kui varem. Tema arvates ei ole see käesoleval juhul nii, kuna süsteem tervikuna on paranenud ning korrektsiooni suurendamist ei saa kohaldada, kui teatavaid selle korrektsiooni põhjuseid enam ei esine. 63. Selles osas tuleb märkida, et tuvastatud puuduste kordumise avastamisel viitas komisjon eelkõige uurimisele FV/302/2003, mis käsitles tsitrusviljade töötlemise korda (hagiavalduse lisa 4), mille kohta Üldkohus tegi 11. juunil 2009 otsuse kohtuasjas T‑33/07: Kreeka vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 56–58). Uurimise FV/302/2003 käigus tuvastati puudusi eelkõige haldus- ja raamatupidamiskontrollides, eelkõige mis puudutab tootja- ja töötlejaorganisatsioonide registripidamise vastavuse kontrolli siseriiklike õigusaktide alusel nõutavale raamatupidamisele, eelkõige Opekepe (Kreeka ametiasutus, kes tegeleb ühenduse arendus- ja tagatisabi maksmise ja kontrollimisega) poolsete juhiste puudumise tõttu prefektuuridele (nomos) ja kontrolli läbiviimise eest vastutavate töötajate kogemuse puudumise tõttu (vt komisjoni 4. märtsi 2003. aasta dokument uurimise FV/302/2003 tulemuste kohta, eelkõige selle punkt 8, ning eespool viidatud kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 58). 64. Need uurimise FV/302/2003 raames tuvastatud puudused ja käesoleval juhul avastatud puudused on aga sarnased, nagu tuleneb koondaruandest (vt eespool punkt 39) ja nagu tuvastas lepitusorgan. 65. Peale selle, nagu komisjoni talitused on tuvastanud, puudutavad haldus- ja raamatupidamiskontrollide käigus avastatud puudused kontrollisüsteemi sisulisi aspekte ning nende kontrollide teostamata jätmine või puudulik teostamine toovad EAGGF jaoks kaasa märkimisväärse kahju riski (vt eespool punkt 39). Need puudused olid suurema korrektsioonimäära kohaldamise osas määravad (vt selle kohta Üldkohtu 28. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas T‑352/05: Kreeka vs . komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 327). 66. Sellest tuleneb, et puudused on sarnased, seotud sama sektoriga (tsitrusviljad), omistatavad samale liikmesriigile ja neid on käsitatud suurema korrektsioonimäära kohaldamisel määravatena. Seega tuvastas komisjon puuduste kordumise õigesti. 67. Niivõrd, kuivõrd Kreeka Vabariik tugineb kordumise vaidlustamisel uurimise FV/2004/312 tulemustele, mis käsitleb tomatite töötlemise toetuskava, siis tuleb märkida, et nagu komisjon rõhutab ning nagu asjaomane koondaruanne komisjoni seisukoha enne lepitusmenetlust kokku võtab, ei põhine kõnealune kordumine selle uurimise tulemustel, vaid uurimise FV/302/2003 tulemustel, mis käsitles tsitrusviljade töötlemist. 68. Seetõttu tuleb Kreeka Vabariigi argument, mille kohaselt korduvaid puudusi ei esine, tagasi lükata. 69. Peale selle tuleb tagasi lükata argument, mille kohaselt süsteemis tehtud parandused takistavad kordumist tuvastamast. Kreeka Vabariik väidab üldsõnaliselt, et süsteem on paranenud, tõendamata, et parendused puudutavad just käesolevas asjas määravaid puudusi. Peale selle tsiteerib ta komisjoni talituste järeldusi tomatite töötlemise osas läbiviidud uurimise FV/2004/312 kohta, mis ei ole käesolevas asjas asjakohased (vt eespool punkt 67). 70. Seetõttu tuleb tagasi lükata argumendid, mille kohaselt ei saa käesolevas asjas finantskorrektsioonide suurendamist kohaldada. 71. Kolmandaks väidab Kreeka Vabariik, et korrektsiooni suurendamine ei saa olla automaatne ja peab olema põhjendatud, mis ei ole käesoleval juhul aga nii. 72. Selle argumendi vastuvõetavuse osas märgib Üldkohus, et see esitati hagiavalduse punktis 18 ja on erinevalt komisjoni vasturepliigis esitatud väidetest seega vastuvõetav. 73. Mis puutub selle põhjendatusse, siis tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega seonduvate otsuste väljatöötamise eritingimusi arvestades lugeda otsuse põhjendused piisavaks, kui riik, kellele otsus on suunatud, oli selle otsuse väljatöötamise menetlusega tihedalt seotud ja kui talle olid teada põhjused, mille tõttu komisjon keeldus vaidlusalust summat EAGGF kuludesse kandmast (vt eelkõige Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C‑263/98: Belgia vs. komisjon, EKL 2001, lk I‑6063, punkt 98; 9. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑332/01: Kreeka vs. komisjon, EKL 2004, lk I‑7699, punkt 67; Esimese Astme Kohtu 30. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas T‑55/07: Madalmaad vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 125). 74. Käesoleval juhul nähtub toimiku materjalidest, et Kreeka Vabariik oli vaidlustatud otsuse väljatöötamise menetlusega seotud ja asjaomaste puuduste kordumise küsimust tõstatati lepitusmenetluses, eelkõige komisjoni 10. jaanuari 2008. aasta kirjas, 4. aprilli 2007. aasta kohtumise protokollis, lepitusorgani arvamuses ja koondaruandes. Seega nähtub toimiku materjalidest, et Kreeka Vabariigile olid teada põhjused, mille tõttu korrektsiooni suurendati ning eelkõige mittevastavused, mille tõttu korrektsiooni kohaldati, eelmise finantskorrektsiooni otsus, eelmise korrektsiooni määr ja selle suurendamine ning EAGGF‑le tekkiva rahalise kahju suurenenud oht. 75. Seetõttu tuleb korrektsioonide suurendamise põhjendamise kohustuse rikkumise argument ning esimene väide tervikuna tagasi lükata. Teine väide asjaolude väära hindamise ja määratud korrektsioonide ebaproportsionaalsuse kohta 76. Esiteks väidab Kreeka Vabariik, et määruse nr 2111/2003 artiklites 24 ja 27 ette nähtud haldus- ja raamatupidamiskontrollid viidi läbi sagedamini, kui õigusnormides ette nähtud, olgugi et see ei ole jälgitav. 77. Üldkohus tuletab meelde, et EAGGF rahastab üksnes ühenduse õigusnormidele vastavaid sekkumisi põllumajandusturgude ühise korralduse raames (Euroopa Kohtu 6. märtsi 2001. aasta otsus kohtuasjas C‑278/98: Madalmaad vs. komisjon, EKL 2001, lk I‑1501, punkt 38, ja 24. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑300/02: Kreeka vs. komisjon, EKL 2005, lk I‑1341, punkt 32; Esimese Astme Kohtu 14. veebruari 2008. aasta otsus kohtuasjas T‑266/04: Hispaania vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 97). 78. Peale selle, mis puutub raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise valdkonnaga seonduvatesse tõendamiskoormise jaotumise eeskirjadesse, siis tuleb meenutada, et komisjon peab tõendama põllumajandusturgude ühise korralduse eeskirjade rikkumise olemasolu, kuid ta ei pea ammendavalt tõendama siseriiklike ametiasutuste läbiviidud kontrollide puudulikkust või nende poolt esitatud arvandmete ebaõigsust, vaid esitama tõendeid oma tõsise ja põhjendatud kahtluse kohta nende kontrollide või arvandmete suhtes. Komisjoni tõendamiskoormise selline leevendamine on põhjendatud asjaoluga, et liikmesriigil on EAGGF raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks ja heakskiitmiseks vajalike andmete kogumise ja kontrollimise jaoks kõige parem võimalus ning järelikult peab just liikmesriik esitama kõige üksikasjalikumad ja täielikumad tõendid nende kontrollide või arvandmete tõepärasuse ning vajaduse korral komisjoni kinnituste ebatäpsuse kohta (Euroopa Kohtu 11. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas C‑247/98: Kreeka vs . komisjon, EKL 2001, lk I‑1, punktid 7–9, ja 19. juuni 2003. aasta otsus kohtuasjas C‑329/00: Hispaania vs. komisjon, EKL 2003, lk I‑6103, punkt 68). 79. Käesoleval juhul tuleneb toimiku materjalidest ja eelkõige kahepoolse kohtumise protokollist, et käsitletavas asjas ei ole haldus- ja raamatupidamiskontrollides avastatud puudusi Kreeka Vabariigi argumente toetavate dokumentaalsete tõenditega ümber lükatud. 80. Lepitusorgani arvamusest nähtub ka, et Kreeka Vabariigi esitatud selgitused, mille kohaselt asjaomased kontrollid teostati, kuid neid ei ole piisavalt dokumenteeritud, ei ole asitõenditega tõendatud. Kreeka Vabariik tunnistab ise, et kontrollide läbiviimise jälgitavus ei ole vahetult nähtav. Ta tunnistab ka raamatupidamiskontrollide uurimise kohustuses ette tulnud puudusi. 81. Peale selle rõhutab Kreeka Vabariik, et võttis 2006. aastal vastu uued tuvastatud puuduste parandamise juhised. 82. Siiski piisab nentimast, et see argument ei muuda olematuks varasemate käesoleva asja esemeks olevate turustusaastate kontrollides tuvastatud mittevastavusi. 83. Seetõttu ei ole tõendatud, et komisjoni järeldused haldus- ja raamatupidamiskontrollide valdkonnas tuvastatud puuduste kohta on väärad ning et korrektsioonid ei ole selles osas õigustatud. 84. Teiseks väidab Kreeka Vabariik, et tšekiga maksmine oli üksikjuhtum ning kindlasummaline korrektsioon 10% on ebaproportsionaalne. 85. Varem uuritud haldus- ja raamatupidamiskontrollide valdkonnas tehtud järeldusi arvestades piisab, kui käesoleval juhul märkida, et tšekiga maksmine ei olnud ainus korrektsioonide kohaldamise alus antud juhul. 86. Seetõttu tuleb Kreeka Vabariigi argumendid tšekiga maksmise tõttu määratud korrektsiooni ebaproportsionaalsuse kohta tagasi lükata. 87. Teine väide tuleb seega tervikuna tagasi lükata. 88. Kõigest eelnevast tuleneb, et Kreeka Vabariik ei ole esitanud argumenti, mis seaks kahtluse alla vaidlustatud otsuse õiguspärasuse niivõrd, kuivõrd selle otsusega määratakse tsitrusviljade töötlemise sektoriga seoses kindlasummaline korrektsioon 10%. 3. Kolmas väide, mis käsitleb puuvillasektoris kohaldatud korrektsioone Ühenduse õigusnormid 89. Puuvilla tootmistoetusi reguleerib nõukogu 22. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1051/2001 puuvilla tootmistoetuste kohta (EÜT L 148, lk 3; ELT eriväljaanne 03/32, lk 332), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 29. juuni 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1554/95, milles sätestatakse puuvilla abisüsteemi üldeeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2169/81 (EÜT L 148, lk 48). Vastavalt määruse nr 1051/2001 artiklile 23 jõustub määrus Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval ehk 1. juunil 2001, ning seda kohaldatakse alates 1. septembrist 2001. 90. Määruse nr 1051/2001 artikli 1 lõike 3 kohaselt kestab turustusaasta 1. septembrist 31. augustini. 91. Määruse nr 1051/2001 artikli 11 punkt d ja artikli 12 lõike 1 punkt d näevad ette, et toetuse saamiseks peavad toorpuuvillatehased, mis eraldavad puuvillakiu seemnetest, tõendama, et puuvilla kohta on koostatud artikli 16 lõikes 2 osutatud külvipinna teatis. 92. Määruse nr 1051/2001 artikli 16 lõige 2 näeb ette, et tootjaliikmesriigid kehtestavad külvipinna teatiste süsteemi, et tagada eelkõige toetusetaotlustega hõlmatud puuvilla märgitud päritolu õigsus. 93. Keskkonnaalaste eesmärkide arvessevõtmiseks määravad liikmesriigid kindlaks ning võtavad vastu keskkonnakaitsemeetmed, mida nad peavad asjakohaseks põllumajandusmaa puuvilla tootmiseks kasutamise reguleerimisel (määruse nr 1051/2001 põhjendus 13). Määruse nr 1051/2001 artikkel 17 näeb ette: „1. Liikmesriigid määravad puuvillasektoris kindlaks: – meetmed keskkonna parandamiseks, eelkõige viljelustehnikad keskkonnale negatiivse mõju vähendamiseks, – uurimisprogrammid keskkonnasõbralikumate kasvatusmeetodite arendamiseks, – vahendid tootjate teavitamiseks kõnealuste uurimiste tulemustest ja asjaomaste tehnikate kasutamise eelistest. 2. Liikmesriigid võtavad keskkonnakaitsemeetmed, mida nad peavad asjakohaseks, pidades silmas puuvilla tootmiseks kasutatavate põllumajandusalade konkreetset olukorda. Lisaks võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tuletamaks tootjatele meelde, et tuleb järgida keskkonnakaitsealaseid õigusakte. 3. Liikmesriigid piiravad vajaduse korral toorpuuvilla tootmistoetuse saamise tingimustele vastavaid alasid objektiivsete kriteeriumite alusel, mis on seotud: – nende piirkondade põllumajandusega, kus puuvill on peamine põllukultuur, – asjaomaste piirkondade mullastiku ja kliimaga, – niisutusvee majandamisega, – külvikorrasüsteemide ja viljelustehnikatega, mis tõenäoliselt parandavad keskkonda. 4. Enne 31. detsembrit 2004 saadavad Kreeka Vabariik ja Hispaania Kuningriik komisjonile aruande keskkonnaseisundi kohta puuvillasektoris ning vastavalt lõigetele 1, 2 ja 3 vastu võetud siseriiklike meetmete mõju kohta.” 94. Komisjoni 2. augusti 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1591/2001, millega sätestatakse puuvilla toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 210, lk 10; ELT eriväljaanne 03/33, lk 237), tunnistati kehtetuks komisjoni 3. mai 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 1201/89, milles sätestatakse puuvilla toetuste süsteemi rakenduseeskirjad (EÜT L 123, lk 23), ning vastavalt määruse artiklile 19 kohaldatakse seda alates 1. septembrist 2001. 95. Määruse nr 1591/2001 artikli 9 lõige 1, mis käsitleb külvipinnadeklaratsiooni, näeb ette: „Enne liikmesriigi määratud lõppkuupäeva esitavad kõik ühenduse puuvillakasvatajad järgmise turustusaasta külvipinnadeklaratsiooni vormis ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi raames sätestatud pindalatoetuse taotluse. Asjaomased põllumajanduslikud maatükid identifitseeritakse vastavalt ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi raames ettenähtud põllumajanduslike maatükkide identifitseerimissüsteemile. Vajaduse korral ning hiljemalt asjaomasele turustusaastale eelneval 31. mail esitavad puuvillakasvatajad parandatud deklaratsiooni, et võtta arvesse alasid, kuhu on liikmesriigi poolt määratud kuupäevaks tegelikult puuvilla külvatud.” 96. Määruse nr 1591/2001 artikkel 17 näeb ette, et määruse nr 1201/89 artiklis 8 osutatud ja enne 1. septembrit 2001 esitatud külvipinnadeklaratsioone käsitatakse turustusaastal 2001/2002 samaväärsetena vastavalt määruse nr 1591/2001 artiklis 9 osutatud külvipinnadeklaratsioonidega. 97. Määruse nr 1591/2001 artikkel 13, mis käsitleb kontrolle, sätestas 1. septembrist 2001 kuni 23. augustini 2002 kehtinud redaktsioonis: „1. Tootjaliikmesriigi poolt määratud järelevalveasutus kontrollib: a) puuvilla külvipindade deklaratsioonide õigsust kohapealse kontrolliga, mis hõlmab vähemalt 5% deklaratsioonidest; […] f) ristkontrolli abil lepingutes nimetatud põllumajanduslike maatükkide vastavust puuvillakasvatajate poolt puuvilla külvipinnadeklaratsioonis deklareeritud põllumajanduslikele maatükkidele. 2. Kui seoses artiklis 9 osutatud külvipinnadeklaratsiooniga ilmneb eeskirjade eiramisi, mille puhul kohaldatakse artikli 14 lõikes 1 osutatud sanktsioone, antakse toetust ainult selliste puuvillakoguste eest, mille puhul on kõik muud nõuded täidetud. 3. Juhul kui kontrollimeetmete eest vastutavad mitmed asutused, loob liikmesriik kooskõlastussüsteemi.” 98. Komisjoni 19. augusti 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1486/2002, millega muudetakse määrust nr 1591/2001 (EÜT L 223, lk 3), mida kohaldatakse alates 23. augustist 2002, asendab määruse nr 1591/2001 artikli 13 lõike 1 punktis a sätestatu järgmise sõnastusega: „puuvilla külvipindade deklaratsioonide õigsust kohapealse kontrolliga, mis hõlmab vähemalt 5% deklaratsioonidest; läbi viia hiljemalt asjaomase turustusaasta 15. novembriks”. Koondaruanne 99. Komisjon viis vastavalt 31. märtsist kuni 4. aprillini 2003 ja 20. oktoobrist kuni 24. oktoobrini 2003 viidete OT/2003/01/GR ja OT/2003/03/GR all Kreekas läbi uurimisi turustusaastate 2001/2002 ja 2002/2003 puuvilla tootmistoetuste kohta. Pärast kirjavahetust leidis 8. detsembril 2005 komisjoni ja Kreeka ametiasutuste vahel aset kahepoolne kohtumine. Komisjon tegi 3. juuli 2007. aasta kirjas Kreeka ametiasutustele teatavaks oma seisukoha. Lepitusorgani 21. jaanuari 2008. aasta arvamuse järel tegi komisjon 6. augusti 2008. aasta kirjas teatavaks oma lõpliku seisukoha. 100. Peale abikõlbliku toodangu ületamise nentimise tegid komisjoni talitused kindlaks kontrollides esinenud puudusi, mis on kokku võetud koondaruandes. 101. Esiteks tegid komisjoni talitused ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga seoses kindlaks, et kuigi puuvilla külvipinnadeklaratsioonid olid ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi külvipinnadeklaratsiooni kantud, ei ole kahe süsteemi vastavus piisavalt tagatud, nagu seda tuvastati juba turustusaastate 1997/98–2000/2001 kohta. Eelkõige märgiti järgmist: – erinevate dokumentide vahel on ilmnenud vastuolud (põllupidajate-külvajate lepingud, ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi puuvilla külvipinnadeklaratsioonid), mida Kreeka ametiasutused ei ole ilmselgelt avastanud ning mis seavad kahtluse alla ristkontrollide tõhususe ning seetõttu külvajate poolt selle kontrollimiseks kasutatud teabe usaldusväärsuse, kas tarnitud puuvill oli puuvilla külvipinnadeklaratsioonidega hõlmatud; – ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi andmebaasi eest vastutavate talituste ja puuvilla tootmistoetuse eest vastutavate isikute vahelist teabevahetust tuleb pidada vägagi ebapiisavaks; Opekepe talituste käsutuses oli üksnes teave puuvilla külvipinnadeklaratsioonidega hõlmatud puuvilla kohta, mis ei võimalda katta puuvilla külvipinnadeklaratsioonide aladeklareerimise ohtu; samuti ei ole ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi vastutavad talitused teavitanud puuvilla eest vastutavaid talitusi ühestki aastatel 2001/2002 ja 2002/2003 esinenud anomaaliast, olgugi et kaugseirel ilmneb deklareerimata või puudulikult deklareeritud pindalade olemasolu. 102. Teiseks rõhutab koondaruanne keskkonnameetmete kontrolli osas, et puuvilla tootmistoetuste 2001. aasta reformiga kehtestati keskkonnameetmed, mille olemuse, kontrollide korra ja sanktsioonid pidid kindlaks määrama liikmesriigid. Tuvastati, et Kreeka Vabariik oli võtnud nende meetmetena kasutusele tootmispinna piirangu, maksimaalse toodangu määra kindlaksmääramise ja kohustuse järgida head tava, mille hulka kuulub eri kultuuride kohustuslik rotatsioon. 103. Komisjoni talitused väitsid, et nende keskkonnameetmete kontrollide kord puudub ja sanktsioonimeetmeid ei kohaldata. Eelkõige käsitati ebapiisavana halduskontrolli selle üle, et iga tootja suhtes kindlaks määratud maksimaalse toodangu määra ei ole ületatud. Samuti oleks pidanud pindalade kohapealsed kontrollid, mis viidi läbi pärast viimast viljakoristust ning seega liiga hilja, et kontrollida deklareeritud toodangu õigsust, olema suunatud deklareerimata puuvilla külvipindalade avastamisele ja hea tava järgimise kontrollile. Näiteks kontrolliti üksnes puuvilla külvipinnadeklaratsioonidega hõlmatud pindalasid, mis ei võimalda avastada puuvillakasvatuseks kasutatud maatükke, mida deklareeritakse nisu või muu kultuuri külvipinnadeklaratsioonidega hõlmatud pindalana. Lõpuks on märgitud, et ühtki heade tavade järgimise kontrolli ei ole läbi viidud. 104. Lepitusorgan palus 21. jaanuari 2008. aasta arvamuses komisjonil teha kindlaks, et arvestades toetuskavas sisalduvate keskkonnatingimuste jõustumise kuupäeva, saab turustusaastal 2001/2002 kasvatatud puuvilla suhtes ühenduse abi andmisel nendele sätetele vastavusele kui õiguslikult siduvale kriteeriumile tugineda. 105. Komisjoni talitused andisid 6. augusti 2008. aasta kirjas teada oma lõpliku seisukoha, milles nad jäid ettepandud korrektsiooni juurde. Nad rõhutasid, et 1. september oli turustusaasta alguskuupäev, mis ei tähenda, et pindalakontrollimeetmed (ja eelkõige keskkonnapiirangud) oleksid olnud vabatahtlikud esimesel aastal, kuna kõiki turustamiseelsete toimingutega otseselt seotud abikõlblikkuse kriteeriume tuleb kontrollida enne turustamise algust. Nad rõhutasid ka seda, et puuvillareformi arutelude sisu oli teada enne 1. juunit 2001 ning Kreeka ametiasutused olid teinud teadliku valiku kohaldada määruse nr 1051/2001 artikli 17 lõiget 3 alates esimesest turustusaastast, kuivõrd Kreeka võttis 2001. aasta veebruaris vastu ministri otsuse, mis näeb muu seas ette kohustusliku rotatsiooni ja puuvilla külvipindala vähendamise, mida põllumajandustootjate tasemel ei kontrollitud. 106. Kolmandaks leidsid komisjoni talitused kohapealsete pindala kontrollidega seoses esiteks, et turustusaasta 2001/2002 kohta ei põhinenud puuvillatootmise abi osas kontrollitavate põllumajandusüksuste valik ühelgi riskianalüüsil ning juhusliku valimi meetod ei olnud kohandatud selle turustusaastaga seotud riskidele (deklareerimata puuvilla külvipindala avastamine, hea põllumajandustava rikkumiste avastamine). Kuigi valimi moodustamise menetlust näib olevat turustusaasta 2002/2003 jaoks muudetud, peeti seda menetlust mitterahuldavaks, kuna selles võeti arvesse riskifaktoreid, mis ei ole puuvillaga seotud (ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi valim) ega võimaldanud võtta piisavalt arvesse sellel turustusaastal avastatud ebatüüpilist toodangut. Seetõttu leiti, et valimisse tehtud muudatused ei ole piisavalt võimaldanud parandada süsteemi, et see hõlmaks pindalade aladeklareerimise ohtu. 107. Teiseks peeti kohapealsete kontrollide läbiviimist hiliseks ning leiti, et sellega ei ole võimalik teha kindlaks paljude väikeste puuvillapõllu maatükkide piire, mille kohta annab tihti tunnistust üksnes puuvillasortide vahetumine, kusjuures nende sortide vahelised erinevused on nähtavad lehtedelt ja viljadelt, mistõttu haritava pindala suurust saab ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi raames kindlaks määratud normidele vastavalt mõõta piisavalt kvaliteetselt üksnes siis, kui kultuur kasvab veel põllul. Peale selle esitasid Kreeka ametiasutused alles 22. jaanuaril 2008 pärast lepitusorgani poolset pöördumist andmed kohapealsete kontrollide läbiviimise kuupäevade kohta, millest komisjoni talituste sõnul ei ilmne usaldusväärset teavet hilinenud kontrollide osatähtsuse kohta, kuivõrd kuupäevade arvu suurus (vähemalt 16 juhtumit) muudab andmete õigsuse ebatõenäoliseks. Ka peale neid vastuolusid näib kinnitust leidnud asjaolu, et liiga hiliseid kontrolle (pärast jaanuarikuud) viidi turustusaasta 2001/2002 kohta läbi viies nomoses ja aasta 2002 kohta läbi seitsmes nomoses. 108. Kolmandaks on tuvastatud ka tõsiasi, et turustusaastal 2001/2002 ei näinud kontrollijatele antud juhised ette mõõtmiste formaliseerimist ja lubatud tehniliste tolerantside jälgitavust, ning turustusaasta 2002/2003 kohta saab märkida vaid vähest paranemist, mis tuleneb sellest, et Opekepe hakkas läbi viima kohapealseid kontrolle. Üldkohtu hinnang 109. Mis puutub puuvillasektorisse, siis väidab Kreeka Vabariik, et majandusaastate 2002 ja 2003 kohta kohaldatud kindlasummaline korrektsioon 5% ei ole õigustatud ja on ebaproportsionaalne ning asjaolude hindamisel on eksitud. 110. See väide jaguneb viieks osaks. Esimeses ja teises osas väidetakse, et finantskorrektsioon on ebaproportsionaalne, kolmas, neljas ja viies osa puudutavad seda, et komisjon on oma järeldustes vastavalt ühtses haldus- ja kontrollisüsteemis esinevate puuduste, keskkonnameetmete ja kohapealse pindalakontrolli kohta väidetavalt eksinud. 111. Üldkohus asub uurima kolmandat, neljandat ja viiendat väiteosa ning seejärel uurib käesoleva väite kaht esimest osa. Kolmas väiteosa, et komisjon on oma järeldustes ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi puuduste kohta väidetavalt eksinud 112. Kreeka Vabariik vaidlustab komisjoni sedastused ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi puuduste kohta ja väidab, et ristkontrollid on olnud tõhusad. Ta kirjeldab menetlust, kuidas tootjad deklareerivad ühtsesse haldus- ja kontrollisüsteemi külvipindu, ja rõhutab, et puuvillatoetus ei ole seotud mitte pindalaga, vaid seda makstakse vastavalt puuvillakogusele, mille tootjad toorpuuvillatehastele tarnivad ja mida kontrollitakse. Tema sõnul ei mõjutanud asjaolu, et ühtne haldus- ja kontrollisüsteem sisaldas teatavaid puudusi, mida on selgitatud tema 26. novembril 2004 komisjonile saadetud kirjas, toetusesaajatele tehtud väljamaksete nõuetekohasust. 113. Üldkohus tuletab meelde, et puuvillatootmise toetuskava ühtlustamine ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga nähti ette määrusega nr 1201/89, mida on muudetud komisjoni 5. septembri 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 1740/97 (EÜT L 244, lk 1), et tugevdada puuvilla toetuskava juhtimist ja kontrolli ning vältida samade pindalade eest kahekordse tasumise ohtu. Määruse nr 1201/89 kehtetuks tunnistanud määruse nr 1591/2001 põhjendus 9 näeb samuti ette, et toetuse taotlusega hõlmatud puuvilla päritolu õigsuse tagamiseks peab olema võimalik identifitseerida puuvilla kasvatusalasid, kasutades põllumajanduslike maatükkide identifitseerimissüsteemi, mis on ette nähtud nõukogu 27. novembri 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 3508/92, millega luuakse ühenduse teatavate toetuskavade ühendatud haldus- ja kontrollisüsteem (EÜT L 355, lk 1; ELT eriväljaanne 03/13, lk 223). See tähendab, et kaks asjaomast süsteemi on omavahel seotud ja võimaldavad andmevahetust, eelkõige määruse nr 1591/2001 artikli 13 lõike 1 punktis f ette nähtud ristkontrollide kaudu (vt eespool punkt 97). 114. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei saa liikmesriik, kelle suhtes komisjon on põhjendanud otsust, millega ta on tuvastanud, et asjaomane liikmesriik ei ole EAGGF tagatisrahastu toimimise eeskirjade kohaldamise raames kontrolli läbi viinud või on teinud seda puudulikult, komisjoni järeldusi ümber lükata, esitamata oma väidete kinnituseks tõendeid usaldusväärse ja toimiva kontrollisüsteemi olemasolu kohta. Kui liikmesriik ei suuda tõendada, et komisjoni järeldused on ebatäpsed, võivad need järeldused anda alust tõsisteks kahtlusteks asjakohaste ja tõhusate järelevalve‑ ja kontrollimeetmete olemasolu osas (Euroopa Kohtu 13. juuli 2000. aasta otsus kohtuasjas C‑46/97: Kreeka vs . komisjon, EKL 2000, lk I‑5719, punkt 58). 115. Käesoleval juhul ei vaidlusta Kreeka Vabariik asjaomases kontrollisüsteemis tuvastatud puudusi üksikasjalikul viisil. Ta piirdub vaid väitega, et ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi mittevastavused ei ole mõjutanud toetusesaajatele tehtud väljamaksete nõuetekohasust ning tema teostatud kontrollid olid piisavad, kuna puudutasid tootjate poolt toorpuuvillatehastele tarnitud puuvillakoguseid ning toodangut. 116. Siiski ei piisa selliste kontrollide olemasolust selleks, et koondaruandes tuvastatud mittevastavused olematuks muuta (vt eespool punkt 101). Selles osas tuleb meenutada, et kui määrus kehtestab konkreetsed kontrollimeetmed, on liikmesriigid kohustatud neid kohaldama, ilma et oleks vaja hinnata nende väidete põhjendatust, mille kohaselt erinev kontrollisüsteem oleks tõhusam (Euroopa Kohtu 21. märtsi 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑130/99: Hispaania vs. komisjon, EKL 2002, lk I‑3005, punkt 87). 117. Peale selle viitab Kreeka Vabariik pindalakontrollides tuvastatud puuduste osas 26. novembril 2004 komisjonile saadetud kirjale. Selles kirjas märgib ta muu seas, et neid puudusi on võimalik selgitada kohapealsete pindalakontrollide tulemuste sellisesse ülevaatefaili sissekandmisel tehtud retranskriptsiooni vigadega, mida seejärel kasutati kohapealsete kontrollide digitaalsete andmebaaside ajakohastamiseks (26. novembri 2004. aasta kirja punkt 27). 118. Seetõttu tuleb nentida, et Kreeka Vabariik on seega selgitanud tuvastatud vigade põhjusi, tõendamata samas, et komisjoni sedastused on väärad ning suutmata hajutada kahtlusi kontrollisüsteemi tõhususe osas. 119. Lõpuks väidab Kreeka Vabariik, et „pindaladeklaratsiooni täpsus” muutus toetuskõlblikkuse kriteeriumiks alates määruse nr 1486/2002 jõustumisest, mida kohaldatakse alates turustusperioodist 2002/2003, ning seda ei ole seega võimalik käesoleval juhul kohaldata. 120. Üldkohus märgib selles osas, et puuvilla külvipinnadeklaratsioon on ette nähtud määruse nr 1591/2001 artiklis 9 (vt eespool punkt 95) enne selle määruse muutmist määrusega nr 1486/2002 ning et see oli pealegi ette nähtud juba määruse nr 1201/89 artiklis 8, muudetud määrusega nr 1740/97 (vt eespool punkt 96). Samuti oli puuvilla külvipinnadeklaratsioonide vastavuse kohapealne kontroll, mis puudutab vähemalt 5% deklaratsioonidest, ette nähtud ka määruse nr 1591/2001 artikliga 13 (vt eespool punkt 97) enne selle määruse muutmist määrusega nr 1486/2002 ning enne seda määruse nr 1201/89 artikliga 12. Määrusega nr 1486/2002 selles osas tehtud muudatus seisneb üksnes selle täpsustamises, et kohapealne kontroll tuleb läbi viia hiljemalt asjaomase turustusaasta 15. novembriks (vt eespool punkt 98). 121. Järelikult on see argument põhjendamatu. 122. Käesoleva väite kolmas osa tuleb seega tagasi lükata. Neljas väiteosa, et komisjon on oma järeldustes keskkonnameetmete kohta väidetavalt eksinud 123. Tuleb meenutada, et puuvillatootmise toetuskava 2001. aasta reformiga nähti määruse nr 1051/2001 artiklis 17 liikmesriikide suhtes ette kohustus võtta keskkonnameetmed, mida nad peavad asjakohaseks (vt eespool punkt 93). Kreeka Vabariik kehtestas nende meetmetena tootmispinna piirangu, maksimaalse toodangu määra kindlaksmääramise ja kohustuse järgida head tava, mille hulka kuulub eri kultuuride kohustuslik rotatsioon. Need meetmed tulenevad 28. veebruari 2001. aasta ning 4. ja 10. mai 2001. aasta dokumentidest ypourgikes apofaseis (ministri otsused), mis võeti vastu pärast tootjatega peetud ulatuslikku dialoogi, nagu rõhutab Kreeka Vabariik. 124. Kõigepealt väidab Kreeka Vabariik, et kontrollitulemusi ei saanud kohe avastada, kuna keskkonnameetmed võeti vastu 2001. aastal. 125. Käesoleval juhul märgib Üldkohus, et kindlasummalise korrektsiooni 5% määramisega keskkonnatingimuste kontrollide mittevastavuse eest ei seadnud komisjon kahtluse alla kehtestatud keskkonnameetmete tõhusust või põhjendatust, vaid nende vastuvõtmise järel nende järgimise kontrolli puudumist. Seetõttu ei ole Kreeka Vabariigi argumendid, et võetud meetmete tõhususe saavutamine nõuab aega, käesoleval juhul asjakohased. 126. Seejärel väidab Kreeka Vabariik, et keskkonnameetmete järgimise kontroll toimus nõuetekohaselt. 127. Siiski väidab Üldkohus, et toimikus olevad tõendid seda väidet ei kinnita. 128. Esiteks, mis puutub too dangu kontrolli, siis on Kreeka Vabariik väitnud, et teostas aladel, kus täheldati toodangu ületamist, kontrolle kaugseirel. Siiski nähtub koondaruandest, et turustusaasta 2001/2002 kohta ei ole mingeid andmeid esitatud ning turustusaasta 2002/2003 kohta esitatud andmed näitavad, et üksnes 7,5% ebatüüpilisi juhtumeid on kontrollitud. Peale selle viitas Kreeka Vabariik keskmise toodangu arvutamise meetodile eelmisel kolmel aastal ja arpaani kohta saadud toodangu kontrollile. Samas ei tõenda need argumendid selliste kontrollide olemasolu, mis võimaldaks kontrollida üksikjuhtumite kaupa, kas toetusesaajad täitsid nimetatud meetmetes pandud kohustusi. Nagu rõhutas komisjon, võidi toetust anda tootjatele, kes keskkonnameetmeid tingimata ei järginud. 129. Ka teisena esitatud väitega seoses, et puuvilla kasvatusala on vähendatud, ei tõenda Kreeka Vabariik, et seda asjaolu on võimalik üksikjuhtumi põhiselt kontrollida. 130. Kolmandaks, mis puutub hea tava järgimise kontrolli, siis märkis Kreeka Vabariik lepitusmenetluse käigus ise, et selle otsest kontrolli on keeruline, kui mitte võimatu läbi viia. Ta väidab, et on võtnud kasutusele näitajad, nagu soovitusliku toodangu (ligikaudne lubatav toodang) mõõdik, mille eesmärk on teostada täielikku kontrolli pestitsiidide ja väetiste kasutamise piiramiseks. Siiski on tegemist keskkonnanäitajate parandamise selliste üldmeetmete kehtestamisega, millega ei ole võimalik tõendada kehtestatud meetmete tootjapõhise järgimise üksikjuhtumi kontrolli olemasolu. 131. Kreeka Vabariigi argument, mille kohaselt keskkonnameetmete järgimise kontroll on toimunud nõuetekohaselt, tuleb seega tagasi lükata. 132. Peale selle rõhutab Kreeka Vabariik repliigis, et lepitusorgan on väljendanud kahtlust, kas määruse nr 1051/2001 artiklis 17 kehtestatud ja 1. septembrist 2001 kohaldatavaid keskkonnameetmeid on võimalik kohaldada juba külvatud puuvillale. 133. Üldkohus tuletab meelde, et lepitusorgan palus 21. jaanuari 2008. aasta arvamuses komisjonil teha kindlaks, et arvestades toetuskavas sisalduvate keskkonnatingimuste jõustumise kuupäeva, saab turustusaastal 2001/2002 kasvatatud puuvilla suhtes ühenduse abi andmisel nendele sätetele vastavusele kui õiguslikult siduvale kriteeriumile tugineda. 134. Komisjon väitis lõplikus seisukohas, et määruse nr 1051/2001 artikkel 17 on turustusaasta 2001/2002 suhtes Kreeka Vabariigi poolt võetud keskkonnameetmetele kohaldatav. Sisuliselt tähistab 1. september 2001 tema sõnul aastal 2001 külvatud ja 2001. aasta sügisel turustatud puuvilla turustamisaasta algust, kuid siiski tuleb kõiki turustamiseelsete toimingutega (sh külv) otseselt seotud abikõlblikkuse kriteeriume varem kontrollida. 135. Üldkohus nendib, et Kreeka Vabariik ei ole seda põhjendust vaidlustanud. Viimane viitab repliigis üksnes lepitusorgani kahtlusele, esitamata komisjoni argumentatsioonile vastamiseks põhjendatud argumente. 136. Niivõrd kuivõrd tema argumenti, mis ei nähtu hagiavaldusest, võib käsitada keskkonnameetmete väitega seoses oleva etteheitena ning seetõttu kodukorra artikli 48 lõike 2 tähenduses vastuvõetavana, tuleb märkida, et see ei ole põhjendatud. 137. Peale selle tuleb tagasi lükata argument, mille kohaselt määruses nr 1051/2001 täpsustatud meetmed ei olnud veel teada. Kreeka Vabariik võttis keskkonnameetmed ise vastu ning ei vaidlusta asjaolu, et need keskkonnameetmed olid kohe kohaldatavad. Vastupidi, ta väidab, et asjaomaseid meetmeid oli juba piisavalt kontrollitud, mis tähendab, et need olid kohaldatavad. Kuna ta oli otsustanud võtta need meetmed määruse nr 1051/2001 rakendamiseks alates turustusaastast 2001/2002 kasutusele, siis pidi ta nende järgimist puuvillatootjate poolt kontrollima. Nagu komisjon Üldkohtu kirjalikule küsimusele vastas, tuleneb komisjoni 31. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1398/2002, millega määratakse kindlaks Kreeka toorpuuvilla tegelik toodang ja sellest tulenev soovitushinna vähendamise määr 2001./2002. turustusaastal ning tehakse turustusaasta 2001/2002 suhtes erand teatavatest juhtimiseeskirjadest ja Kreekale antava abi üksikasjalikest eeskirjadest (EÜT L 203, lk 24), põhjendustest lisaks, et Kreeka ametivõimud on ise käsitanud määruse nr 1051/2001 artikli 17 lõikes 3 ette nähtud keskkonnameetmeid kui turustusaasta 2001/2002 kohta toetuse saamise kriteeriumi. 138. Peale selle puudutab 1. septembrile 2001 eelneva ajavahemiku keskkonnameetmete kontrolli küsimus üksnes turustusaastat 2001/2002, ning seega on vaid osaliselt tegemist kindlasummalise korrektsiooni objektiks olevate keskkonnameetmetega seotud etteheitega, mis puudutab ka turustusaastat 2002/2003. 139. Vastupidi Kreeka Vabariigi väidetele, millele lisaks ei ole viimane oma argumendi põhjendamiseks muud teavet esitanud, leidis komisjon õigesti, et keskkonnameetmeid puudutavad kontrollid on võtmekontrollid dokumendi nr VI/5330/97 lisa 2 tähenduses. Nende kontrollidega on seotud sisuliste küsimuste kontrollimiseks nõutavad füüsilised ja halduskontrollid, mis puudutavad käesoleval juhul tootmispindala, maksimaalse toodangu kindlaksmääramist ja kohustust järgida head tava, mille on Kreeka Vabariik kehtestanud vastavalt määruse nr 1051/2001 artiklile 17. 140. Seega tuleb käesoleva väite neljas osa tagasi lükata. Viies väiteosa, et komisjon on oma järeldustes kohapealse pindalakontrolli kohta väidetavalt eksinud 141. Esiteks vaidlustab Kreeka Vabariik kohapealsete kontrollide hilinemise. Ta väidab, et määrus nr 1051/2001 ja määrus nr 1591/2001 ei näe 5% kohapealse pindalakontrolli läbiviimise suhtes ette tähtaega, kuivõrd 15. november määrati määrusega nr 1486/2002 tähtajana kindlaks alles 2003. aastast. Tema sõnul võib siis, kui kontroll peab olema läbi viidud teatavaks kuupäevaks, st ajaks, mis tagab, et kontrollitavale pindalale on külvatud puuvill, seda läbi viia nii kaua, kuni puuvillavarred on veel põllul, st augustis, oktoobris või isegi jaanuaris või kuni järgmise aasta kevadise külvini. Ta lisab, et kohapealsete kontrollide andmebaas ei näita kuupäeva, kuna määrustes ei olnud seda nõutud. Ta rõhutab esiteks, et protokollides on näidatud kuupäev, mil asjaomased kontrollid läbi viidi, teiseks, et nendest nähtuvalt viidi kontrollid põhiosas läbi augustist kuni novembrini, ning kolmandaks, et vaid vähesed kontrollid leidsid aset pärast seda. 142. Selles osas tuleb meenutada, et vastavalt määruse nr 1591/2001 artikli 13 lõike 1 punktile a tuleb puuvilla külvipindade deklaratsioonide õigsust kontrollida kohapealse kontrolliga. 143. Nagu Kreeka Vabariik rõhutab, ei näinud enne 23. augustit 2002, mil jõustus määrus nr 1486/2002, mis näeb ette, et kohapealsed kontrollid tuleb läbi viia hiljemalt asjaomase turustusaasta 15. novembriks, määrus nr 1591/2001 ette nende kontrollide läbiviimise tähtaega. Teisisõnu on asjaomane 15. novembri tähtpäev kohaldatav alates turustusaastast 2002/2003. 144. Turustusaasta 2001/2002 osas pidid need kontrollid aga olema läbi viidud sobivaks tähtpäevaks, nagu Kreeka Vabariik tunnistab (vt selle kohta eespool punktis 63 viidatud 11. juuni 2009. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 196), st teatavaks ajaks, mille saab täpselt kindlaks määrata ning mis tagab, et enne viljakoristust on kontrollitud külvipinnale tõesti olnud külvatud puuvill. 145. Käesoleval juhul on Kreeka ametiasutused lepitusorgani palvel esitanud 22. jaanuaril 2008 andmed kohapealsete kontrollide läbiviimise kuupäevade kohta. Nagu komisjon nentis, ei võimalda need andmed siiski teada saada, millal kohapealsed kontrollid toimusid ega sisalda usaldusväärseid andmeid hilinenud kontrollide osakaalu kohta. Lisaks olid teatavad märgitud kuupäevad vastuolulised ja teatavad eriti hilised kontrollid (pärast jaanuarikuud) viidi turustusaasta 2001/2002 kohta läbi viies nomoses ja aasta 2002 kohta läbi seitsmes nomoses. 146. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt (eespool punktis 73 viidatud 9. septembri 2004. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 51), lasub asjaomasel liikmesriigil kohustus esitada üksikasjalik ja terviklik tõendusmaterjal kontrollide toimumise ja vajaduse korral komisjoni kinnituste ebatäpsuse kohta. 147. Kreeka Vabariik on aga pärast selle kinnitamist, et kohapealsete kontrollide andmebaasis ei ole kuupäeva kohta märget, esitanud andmed kontrollide kuupäevade kohta, millest nähtub esiteks, et esineb teatavaid vastuolusid (teatavates kuupäevades on aastaks märgitud 1901 või 1902) ning teiseks, et kontrollikuupäevad on asjaomase turustusaasta jaanuarikuust mõni kord hilisemad. 148. Isegi kui puuvillavarred võivad tõendada, et puuvilla kasvamise kriteerium on täidetud, nagu Kreeka Vabariik väidab, nentis komisjon õigesti, et ei maatükkide täpseid piire ega nende toodangut ei saa puuvillavarte põhjal kindlusega kindlaks teha. Määrusega nr 1486/2002 määrati pealegi kindlaks, et kohapealsed kontrollid tuleb läbi viia hiljemalt asjaomase turustusaasta 15. novembriks. 149. Peale selle lisas Kreeka Vabariik repliigi lisas 2 andmed selle kohta, et enamik kontrolle viidi mõlema turustusaasta kohta läbi kuni novembrikuuni. Komisjon väidab samas, et neid andmeid ei ole talle vaidlustatud otsuse tegemisega lõppenud haldusmenetluse jooksul edastatud, mida Kreeka Vabariik on vastuses teatavale menetlust korraldavatele meetmele ja kohtuistungil esitatud Üldkohtu küsimustele kinnitanud. Komisjoni otsuse õiguspärasust tuleb hinnata vastavalt teabele, mida komisjon võis omada ajal, mil ta selle otsuse tegi (vt selle kohta Üldkohtu 15. detsembri 2011. aasta otsus kohtuasjas T‑232/08: Luksemburg vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 54 ja 55, ning 14. veebruari 2012. aasta otsus kohtuasjas T‑267/06: Itaalia vs . komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 46–48; vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 22. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C‑333/07: Regie Networks, EKL 2008, lk I‑10807, punkt 81). Seetõttu ei saa neid Kreeka Vabariigi esitatud andmeid vaidlustatud otsuse õiguspärasuse hindamisel arvesse võtta. 150. Sellest tuleneb, et Kreeka Vabariik ei ole suutnud tõendada, et komisjoni sellekohased järeldused on väärad. Lisaks, ning igal juhul, nagu rõhutab komisjon, kujutab hilinenud kontrollide küsimus endast vaid üht etteheidet kindlasummaliste korrektsioonide aluseks olnud võtmekontrollide kohta (vt eespool punktid 101–108). 151. Teiseks väidab Kreeka Vabariik, et riskianalüüs on läbi viidud ning et see lõppes teadmata päritoluga puuvillakoguste välistamisega. Elektroonilise süsteemi parandamine ja toorpuuvillatehastesse tarnitava puuvillakoguse kontroll reaalajas on aidanud kaasa parandada valimi koostamise menetlust ja seega riskianalüüsi. 152. See argument ei lükka aga ümber komisjoni tõdemusi, mille kohaselt põhineb turustusaasta 2001/2002 kohta tehtud riskianalüüs kihiti arvesse võetud rahvastiku juhuslikul valimil, mis ei olnud asjaomase turustusaasta ohtudele kohandatud. Samuti ei ole Kreeka Vabariik turustusaasta 2002/2003 kohta tõendanud, et komisjoni eespool punktides 106 ja 108 kokku võetud järeldused on väärad. 153. Seega tuleb käesoleva väite viies osa samuti tagasi lükata. 154. Sellest tuleneb, et vaidlustatud 5% suurust finantskorrektsiooni ei saa neil tingimustel käsitada asjaolude vääral hinnangul põhinevana. Esimene ja teine väiteosa, mille kohaselt finantskorrektsioon on ebaproportsionaalne 155. Käesoleva väite esimeses osas väidab Kreeka Vabariik, et kindlasummaline korrektsioon 5%, mis on varasema korrektsiooniga 2% võrreldes enam kui kahekordistunud, on ebaproportsionaalne, kuna selles ei ole võetud arvesse hilist määrusega nr 1051/2001 puuvilla toetusekavasse 2001. aastal tehtud muudatust, mis avaldati juunis, st keset kasvatusperioodi. Ta rõhutab, et ükski üleminekusäte ei ole uue vastavuse arvutamise meetodiga kaasnenud kulusid vähendanud ning väidab, et võetud meetmetega kaasnenud kulud on olnud suured. 156. Üldkohus meenutab, et komisjon võib keelduda kõigi tehtud kulutuste kandmisest, kui ta tuvastab, et puuduvad piisavad kontrollimehhanismid (vt eelkõige Euroopa Kohtu 18. mai 2000. aasta otsus kohtuasjas C‑242/97: Belgia vs. komisjon, EKL 2000, lk I‑3421, punkt 122). 157. Käesoleval juhul näib, et komisjoni talituste tuvastatud puudused on seotud kontrollisüsteemi oluliste osadega ning kontrollide läbiviimisega, mis omavad kulude nõuetekohasuse kindlakstegemisel olulist rolli ning seetõttu võib põhjendatult järeldada, et EAGGF jaoks on kahju risk märkimisväärne. 158. Sellest tuleneb, et komisjon ei rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet, kui määras käesoleval juhul kindlasummalise korrektsiooni suuruses 5% asjaomastest kulutustest, kuna Kreeka ametiasutuste läbiviidud kontrollides eirati ühenduse õigusnormide nõudeid (vt selle kohta Üldkohtu 24. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas T‑184/09: Kreeka vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 72 ja seal viidatud kohtupraktika). 159. Määruse nr 1051/2001 muutmisest tulenev argument ei lükka seda sedastust ümber. Tuleb märkida, et ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi ning külvipinna kohapealseid kontrolle puudutavad kohustused olid esitatud varasemates õigusaktides (vt eespool punkt 113). Määrus nr 1051/2001 ei muutnud seega õigusnormides kirjeldatud asjaolusid, millele vastamise tõttu on puudused käesoleval juhul tuvastatud. Nagu varem märgitud (vt eespool punkt 137), pidi Kreeka Vabariik, kuna oli otsustanud võtta keskkonnameetmed määruse nr 1051/2001 rakendamiseks alates turustusaastast 2001/2002, kontrollima nende järgimist puuvillatootjate poolt. 160. Seetõttu tuleb Kreeka Vabariigi argument asjaomase korra muutmise kohta tagasi lükata. 161. Lõpuks ei ole selle uue määruse tõttu võetud meetmete hind olemuselt selline, mis õigustaks tuvastatud puudusi ning seega ei saa seda võtta asjaomase finantskorrektsiooni proportsionaalsuse või ebaproportsionaalsuse hindamisel arvesse. 162. Seega ei tõenda selle esimese väiteosa toetuseks esitatud argumendid asjaomase korrektsiooni ebaproportsionaalsust. 163. Käesoleva väite teise osa raames väidab Kreeka Vabariik, et komisjon on ise perioodi 2002–2003 puudutavas osas tuvastanud edasiminekuid ning et selle perioodi kohta määratud korrektsioon oleks seega pidanud olema väiksem kui perioodi 2001–2002 kohta määratud korrektsioon. 164. Tuleb aga märkida, et kuigi komisjon tuvastas turustusaastaga 2002/2003 seoses 17. juuli 2004. aasta kirjas edasiminekuid, nentisid komisjoni talitused samas kirjas seoses külvipinna kohapealsete kontrollidega ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemiga ka puudusi, mis annavad tunnistust olulistest põhimõttelistest puudustest. Need puudused nähtuvad ka koondaruandest. 165. Seetõttu ei võimalda ainuüksi tõsiasi, et on tuvastatud edasiminekuid, Kreeka Vabariigil väita, et korrektsioonimäära 5% tuleb alandada. 166. Seetõttu ei ole Kreeka Vabariik näidanud, et asjaomaste kulude kindlasummaline korrektsioon 5% on ebaproportsionaalne. 167. Kõigest eelnevast tuleneb, et kolmas väide puuvillasektoris kohaldatud kindlasummalise korrektsiooni kohta tuleb tervikuna tagasi lükata. 4. Kuues väide veiseliha lisatasude ja ekstensiivistamistoetuse sektoris kohaldatud korrektsioonide kohta Ühenduse õigusnormid 168. Nõukogu 17. mai 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 160, lk 21; ELT eriväljaanne 03/25, lk 339) reguleerib toetuste andmist selles sektoris. Kontrollid 169. Määrus nr 3508/92 näeb ette, et iga liikmesriik kehtestab ühenduse teatavate toetuskavade ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi. Vastavalt põhjendusele 6 on kogutud andmete haldamiseks ja nende kasutamiseks abitaotluste kontrollimise eesmärgil vaja luua suure võimsusega elektroonilised andmebaasid, mis võimaldaksid eelkõige teha ristkontrolli. 170. Selle määruse artikli 1 lõike 1 punkt b näeb muu seas ette, et iga liikmesriik peab looma ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, mida tuleb kohaldada veiselihatootjatele kehtestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise korra suhtes. 171. Vastavalt määruse nr 3508/92 artiklile 2 koosneb ühtne süsteem mitmest elemendist, nimelt elektroonilisest andmebaasist, loomade identifitseerimise ja registreerimise tärktunnussüsteemist, abitaotlustest ja ühtsest kontrollisüsteemist. Määruse nr 3508/92 artikkel 3 näeb ette, et elektroonilises andmebaasis registreeritakse iga põllumajandusettevõtte kohta abitaotluses esitatud andmed. 172. Määruse artikli 8 lõigete 1 ja 2 alusel teostavad liikmesriigid abitaotluste halduskontrolli ning halduskontrolle täiendatakse kohapealse kontrolliga, mis hõlmab põllum ajanduslike maatükkide valimit. 173. Nende kontrollide osas näeb komisjoni 11. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2419/2001, millega sätestatakse nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3508/92 kehtestatud teatavate ühenduse toetuskavade ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 327, lk 11; ELT eriväljaanne 03/34, lk 308), artikkel 15 ette: „Haldus- ja kohapealne kontroll korraldatakse nii, et tagada toetuste andmise tingimuste täitmise tõhus kontrollimine.” 174. Määruse nr 2419/2001 artikkel 16 sätestab: „Määruse […] nr 3508/92 artikli 8 lõikes 1 osutatud halduskontrollid hõlmavad eelkõige: a) deklareeritud põllumajanduslike maatükkide ja loomade ristkontrolle, et vältida sama toetuse põhjendamatult mitmekordset andmist samal kalendri- või turustusaastal ning alade deklaratsioone hõlmavate ühenduse toetuskavade alusel antava toetuse põhjendamatut kuhjumist; b) ristkontrolle infotehnoloogilise andmebaasi abil toetuse saamise tingimustele vastamise kontrollimiseks.” 175. Määruse nr 2419/2001 artikkel 25 näeb ette: „1. Kohapealsete kontrollidega hõlmatakse kogu kari, kelle kohta on esitatud toetusetaotlus kontrollitavate toetuskavade alusel, ning veiste eest makstava toetuse kavade puhul ka toetusetaotlusega hõlmamata veised. 2. Kohapealsed kontrollid hõlmavad eelkõige: a) kontrolli, kas põllumajandusettevõttes peetavate toetusetaotlusega hõlmatud loomade arv ja toetusetaotlusega hõlmamata veiste arv vastab registrisse kantud loomade arvule ja veiste puhul infotehnoloogilisse andmebaasi sisestatud loomade arvule; b) veiste eest makstava toetuse puhul järgmisi kontrolle: – registri kannete ja infotehnoloogilisse andmebaasi sisestatud andmete õigsuse kohta selliste täiendavate dokumentide valimi põhjal nagu ostu ja müügi kaubaarved, tapatõendid, veterinaarsertifikaadid ning vajaduse korral loomapassid loomade puhul, kelle kohta on toetusetaotlused esitatud 12 kuud enne kohapealset kontrolli, – infotehnoloogilises andmebaasis sisalduva teabe registris esitatud teabele vastavuse kohta loomade valimi põhjal, kelle kohta on toetusetaotlused esitatud 12 kuud enne kohapealset kontrolli, – kõikide loomapidamiskohustuse alusel veel põllumajandusettevõttes peetavate loomade vastavuse kohta taotletud toetuse tingimustele, – põllumajandusettevõttes peetavate loomade kõrvamärkide abil identifitseerimise, loomapassi olemasolu, loomade registrisse kandmise ja nõuetekohase infotehnoloogilisse andmebaasi sisestamise kohta [; s]elliseid kontrolle tehakse eraldi iga üksiku isasveise puhul, keda peetakse loomapidamiskohustuse alusel ja kelle kohta on esitatud taotlus veiseliha erilisatasu saamiseks, välja arvatud määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 4 lõike 6 kohaselt esitatud taotlused [; k]õikidel muudel juhtudel võib nõuetekohaseid sissekandeid loomapassides, registrit ja andmebaasi andmeid kontrollida valimi põhjal; […]”. Lisatasu loomade tapmise eest 176. Määruse nr 1254/1999 artikli 11 lõige 1 näeb ette: „Tootjal, kes peab oma talumajapidamises veiseid, on taotluse korral õigus saada lisatasu loomade tapmise eest. See määratakse abikõlblike loomade tapmisel või kolmandasse riiki eksportimisel ja kindlaks määratava siseriikliku ülemmäära piires. Loomade tapmise eest makstakse lisatasu: a) vähemalt kaheksakuuste pullide, härgade, lehmade ja mullikate eest; b) vähemalt ühe kuu, kuid mitte üle seitsme kuu vanuste vasikate eest, kelle tapakaal on alla 160 kilogrammi, tingimusel et tootja on neid pidanud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.” 177. Määruse nr 2419/2001 artikkel 26 näeb ette: „1. Määruse […] nr 1254/1999 artikli 4 lõikega 6 ettenähtud veiseliha erilisatasu ja kõnealuse määruse artikliga 11 ettenähtud loomade tapmise eest makstava lisatasu puhul viiakse kohapealsed kontrollid läbi tapamajades. Sel juhul kontrollib liikmesriik kohapeal: a) vähemalt 30% kõikidest tapamajadest, mis on välja valitud riskianalüüsi põhjal, sel juhul hõlmavad kontrollid valimit, mis koosneb 5% kohapealsele kontrollile eelneva 12 kuu jooksul asjaomases tapamajas tapetud veiste üldarvust; või; b) vähemalt 20% nendest tapamajadest, mis on liikmesriikide poolt kindlaksmääratavate teatavate usaldusväärsuse kriteeriumide alusel eelnevalt heaks kiidetud ning riskianalüüsi põhjal välja valitud; sellisel juhul hõlmavad kontrollid valimit, mis koosneb 2% kohapealsele kontrollile eelneva 12 kuu jooksul asjaomases tapamajas tapetud veiste üldarvust. Kõnealused kohapealsed kontrollid hõlmavad dokumentide järelkontrolli, võrdlust infotehnoloogilise andmebaasi kannetega ning määruse (EÜ) nr 2342/1999 artikli 35 lõike 3 kohaselt teistesse liikmesriikidesse saadetud tapatõendite (või samaväärse teabe) kokkuvõtete kontrolli. 2. Tapamajade kohapealsed kontrollid hõlmavad kohapealse kontrolli päeval tehtavate tapatoimingute füüsilist kontrolli valimi põhjal. Vajaduse korral kontrollitakse kaalumiseks esitatud rümpade vastavust toetuse saamise tingimustele.” 178. Komisjoni 28. oktoobri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 2342/1999, millega kehtestatakse veise- ja vasikalihaturu ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad lisatasukavade kohta, näeb artiklis 37 (komisjoni 18. mai 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 1042/2000 (EÜT L 118, lk 4; ELT eriväljaanne 03/29, lk 99) muudetud redaktsioonis) ette, et loomade tapmise lisatasu makstakse tootjatele, kes on loomi hoidnud vähemalt kahekuise ooteaja vältel, mis lõpeb vähem kui kuu aega enne loomade tapmist või vähem kui kaks kuud enne eksportimist ning alla kolme kuu vanuselt tapetavate vasikate ooteaeg on üks kuu. Ekstensiivistamistoetus 179. Määruse nr 1254/1999 artikli 13 lõige 1 sätestab: „Tootjatel, kellele makstakse erilisatasu ja/või lisatasu ammlehmade eest, on õigus saada ekstensiivistamistoetust.” 180. Määruse artikli 13 lõige 2 näeb ette, et ekstensiivistamistoetuse 100 eurot suhtes, mis on määratud erilisatasu ja ammlehmade eest makstava lisatasu kohta, on ette nähtud tingimus, et talumajapidamise loomkoormus asjassepuutuval kalendriaastal on kuni 1,4 lü hektari kohta (välja arvatud kui liikmesriigid on otsustanud määrata madalamad ekstensiivistamistoetused vastavalt selle määruse artikli 13 lõike 2 teisele lõigule). 181. Vastavalt määruse nr 1254/1999 artikli 12 lõikele 1 väljendatakse loomkoormust loomühikutes talumajapidamises loomade pidamiseks kasutatava söödamaa ühiku kohta. 182. Vastavalt määruse nr 1254/1999 artikli 12 lõikele 2 võetakse talumajapidamise loomkoormuse määramisel arvesse: „[…] a) isasveiseid, ammlehmi ja mullikaid ning lambaid ja/või kitsi, kelle kohta on esitatud lisatasutaotlus, ning lüpsilehmi, keda on vaja tootjale kehtestatud üldpiimakvoodi tootmiseks. Loomade arv arvestatakse loomühikuteks ümber III lisas esitatud ümberarvestustabeli alusel; b) söödamaad, milleks on talumajapidamises kogu kalendriaasta jooksul veise- ning lamba- ja/või kitsekasvatuseks kasutatav ala. Söödamaa ei hõlma: – hooneid, metsa, tiike ja teid, – alasid, mida kasutatakse teiste ühenduse abiks kõlblike kultuuride või pikaajaliste kultuuride või aiasaaduste kasvatamiseks, välja arvatud pikaajalised kultuurkarjamaad, mille eest määratakse pindalatoetusi vastavalt käesoleva määruse artiklile 17 ja määruse […] nr 1255/1999 artiklile 19, – alasid, mis on hõlmatud teatavate põllukultuuride tootjatele kehtestatud toetussüsteemiga, mida kasutatakse vastavalt kuivsööda toetuskavale või vastavalt siseriiklikule või ühenduse maa tootmisest kõrvaldamise kavale. Söödamaa hõlmab segakasutus- ja segakultuurialasid.” 183. Määruse 1254/1999 artikli 13 lõike 3 punkt a näeb ette: „[E]randina artikli 12 lõike 2 punktist a võetakse talumajapidamise loomkoormuse määramisel arvesse seal asjaomasel kalendriaastal peetavate isasveiste, lehmade ja mullikate arvu ning lammaste ja/või kitsede arvu, kelle kohta on samal kalendriaastal esitatud lisatasutaotlus. Loomade arv arvestatakse loomühikuteks ümber III lisas esitatud ümberarvestustabeli alusel”. 184. Määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõige 3 näeb ette, et kontrollimaks, kas määruse nr 1254/1999 sätete kohaselt arvutatud loomade koguarv vastab kõnesoleva määruse sätetes ette nähtud loomkoormusnõudele, peavad liikmesriigid määrama loomade loendamiseks igal aastal vähemalt viis kuupäeva ning teatama need komisjonile. 185. Nendel kuupäevadel loetakse loomi ühel kahest määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõikes 3 ette nähtud meetodist, mille valib liikmesriik. Esimese meetodi kohaselt palub liikmesriik igal tootjal oma talumajapidamise registri alusel enne liikmesriigi poolt kindlaksmääratavat kuupäeva deklareerida loomühikute või loomade arvu mõlemas määruse nr 1254/1999 III lisas osutatud isasloomade kategoorias (st esiteks isasveised ja üle 24‑kuused mullikad, ammlehmad ja lüpsilehmad ning teiseks isasveised ja 6–24 kuu vanused mullikad). Teist meetodit saab kohaldada liikmesriik, kellel on nõukogu 21. aprilli 1997. aasta määruse (EÜ) nr 820/97 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise ning veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise kohta (EÜT L 117, lk 1) nõuetele vastav elektrooniline andmebaas ning kes kasutab seda loomühikute arvu kindlaksmääramiseks, kui liikmesriigil on piisav tagatis, et andmebaas sisaldab täpseid andmed ekstensiivistamistoetuse kava kohaldamiseks. 186. Määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõike 3 neljas lõik sätestab, et kui liikmesriik otsustab, et loomade loendus võib toimuda mis tahes päeval aastas, võib ta ette näha, et loomkoormust arvutatakse pro rata temporis põhimõttel selle ajavahemiku kohta, mil looma peetakse talumajapidamises. 187. Määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõige 4 näeb ette: „Erandina lõikest 3 võivad liikmesriigid lubada tootjatel valida lihtsustatud kava. Sel juhul peab tootja pindalatoetuse taotlusele märkima, et: a) ta kinnitab, et on kuni pindalatoetuse taotluse esitamiseni iga päev järginud määruse […] nr 1254/1999 artiklis 13 sätestatud maksimaalse loomkoormuse nõuet, ja b) ta kohustub kõnesolevat loomkoormust järgima iga päev alates pindalatoetuse taotluse esitamisest kuni 31. detsembrini. […] Käesolevas lõigus osutatud kinnituse ja kohustuse suhtes kohaldatakse ühtse süsteemiga ettenähtud sätteid kontrollide ja sanktsioonide kohta. […]”. Koondaruanne 188. Komisjon viis vastavalt mais 2003, septembris 2003, märtsis 2004 ja aprillis 2005 viiteid ΑΡ/2003/09a, ΑΡ/2003/11, ΑΡ/2004/04 ja ΑΡ/2005/05 kandvate uurimiste raames Kreekas läbi kontrolle. Määruse nr 1663/95 artiklis 8 sätestatud tähelepanekutest teatati vastavalt 19. septembri 2003. aasta, 22. jaanuari 2004. aasta, 5. augusti 2004. aasta ja 29. juuli 2005. aasta kirjades. Kahe esimese uurimise kohta toimus kahepoolne kohtumine 1. oktoobril 2004, kolmanda uurimise kohta 11. märtsil 2005 ja neljanda uurimise kohta 7. juunil 2006. Komisjon edastas Kreeka ametiasutustele nende kohtumiste protokollid vastavalt 30. novembril 2004, 22. juunil 2005 ja 22. septembril 2006. Kreeka ametiasutused vastasid neile vastavalt 28. detsembril 2004, 21. juulil 2005 ja 20. oktoobril 2006. Komisjon tegi Kreeka ametiasutustele ametlikult teatavaks oma seisukohad nende nelja uurimise kohta 3. mail 2007. 189. Pärast lepitusorgani 8. jaanuari 2008. aasta arvamust ja Kreeka ametiasutuste esitatud teavet tegi komisjon 16. juunil 2008 teatavaks oma lõpliku seisukoha, mida korratakse koondaruandes. 190. Esiteks nähtub koondaruandest, et veiseliha lisatasude osas on komisjoni talitused tuvastanud mittevastavusi seoses ristkontrollide ja kohapealsete kontrollidega. 191. Esiteks, mis puutub ristkontrollidesse (vt eespool punktid 169 ja 174), siis nähtub koondaruandest, et turustusaastal 2002 kasutati Kreekas halduskontrollidena esimest korda elektroonilisi ristkontrolle identifitseerimise ja registreerimise andmebaasi ja veiseliha lisatasude andmebaasi vahel. Kuigi seda käsitati edasiminekuna, peeti selle rakendamist mitterahuldavaks. Eelkõige nenditi, et vastavuse põhikriteeriume ei ole 2002. aastal ristkontrollitud. Esines risk, et abikõlbmatuid loomi käsitleti toetuse saamise kriteeriumile vastavate loomadena. Peale selle on komisjoni talitused tuvastanud, et esineb anomaaliaid (identifitseerimise ja registreerimise andmebaasi registreeringu puudumine või mittenõuetekohane registreering), nagu suure arvu loomade suhtes on esitatud toetusetaotlus, ning leidnud, et kuivõrd identifitseerimise ja registreerimise andmebaasi on tehtud palju muudatusi ilma tõendusmaterjalita, siis mõjutab see kõigi nende loomade abikõlblikkust, kelle kohta on esitatud toetusetaotlus. Ta märkis ka, et Kreeka ametiasutused ei olnud suutnud anda teada nende loomade numbrit, kelle kohta anomaaliaid oli tuvastatud, koos dokumentaalsete tõenditega nende staatuse muutmise põhjendatuse kohta. Seega esineb risk, et süsteemi on tehtud põhjendamatuid muudatusi, mis tõi kaasa ülemääraste väljamaksete tegemise. 192. Teiseks, mis puutub kohapealsetesse kontrollidesse, siis peeti nende kvaliteeti mitterahuldavaks. Eelkõige nähtub koondaruandest, et nende kontrollide läbiviimine on toonud ilmsiks palju puudujääke ning et kontrollid ei olnud määruse nr 2419/2001 artikliga 25 kooskõlas (vt eespool punkt 175). Nii on komisjoni talitused osutanud nende loomade (arvu) kontrolli puudumisele, kelle suhtes ei ole toetusetaotlust esitatud, tõendavate dokumentide ja sellise teabe kontrolli puudumisele, mis puudutab kontrollile eelnenud 12 kuu jooksul esitatud toetusetaotluste esemeks olevaid loomi, hoiukohtade kontrolli puudumisele, kontrollidokumentide ja kontrollitud loomade staatuse kontrolli puudulikkusele ning raskustele eelmiste kontrollide tulemustega võrdlemisel. 193. Peale selle on komisjoni talitused toonud välja loomade tapmise eest makstava lisatasu taotluste esemeks olnud loomade kohapealsete kontrollide puudumise. Selles osas pakkus lepitusorgan välja kavandatud korrektsiooni uuesti läbivaatamist, rõhutades kohapealsete kontrollide väheolulisust, kui tegemist on loomade tapmise eest makstava lisatasuga, kuna tapetud veiste osas on kõige olulisemad tapamajades läbiviidavad kontrollid ja põllumajandusettevõtte registrite ex post kontrollid. 194. Komisjon jäi aga oma seisukoha juurde, kuna mitme puuduse koosesinemine on toonud kaasa tagasilöögid kõigi veiseliha lisatasude, sh loomade tapmise eest makstava lisatasu osas läbi viidud võtmekontrollide suhtes. Tema sõnul kujutab loomade tapmise eest makstava lisatasu põllumajandusettevõttes kohapeal läbiviidavate kontrollide puudumine selle toetusega seoses endast EAGGF suhtes lisariski, mida täielikult ei kompenseeri kontrollide läbiviimine tapamajas ja halduskontrollid (mida tuleb igal juhul läbi viia mis tahes loomade tapmise eest makstava lisatasu kontrolli süsteemi raames), seda enam, et uurimise AP/2003/09 raames tapamajades läbiviidud kontrollid on toonud ilmsiks suured puudused. Komisjon tunnistas, et põllumajandusettevõtetes kohapeal läbiviidavad kontrollid on vähem olulised kui muude toetuskavade puhul ning piirduvad tavaliselt dokumentide kontrolliga, mille tõttu loomade tapmise eest makstava lisatasu korrektsioonimäär ei ole suurem muude veiseliha lisatasude suhtes kohaldatavast määrast. 195. Komisjoni talitused on tuvastanud loomade staatuse ning ammlehmade eest makstava lisatasuga seoses lehmade/mullikate suhtarvu kontrolli puudumise. 196. Teiseks peetakse seoses ekstensiivistamistoetusega loomade pidamiseks kasutatava abikõlbliku söödamaa ja talumajapidamise loomühikute nõuetekohast kindlakstegemist võtmekontrolliks. Komisjoni talitused on nentinud, et Kreeka loomühikute kontrolli süsteem ei olnud 2002. ja 2003. aastal ikka veel kooskõlas asjaomaste normidega (milleks on pro rata temporis arvutusmeetod, mis põhineb identifitseerimise ja registreerimise andmebaasil, või viiest loenduspäevast koosnev lihtsustatud süsteem), ega hõlmanud 100% taotlejaid viis korda aastas, nagu Kreeka Vabariik on ette näinud, olgugi et teatav edasiminek 2003. aastal on identifitseerimise ja registreerimise andmebaasi kasutamise tõttu märgatav. Leiti, et olukord on 2003. aastal veidi paranenud, kuid ühtki konkreetset edasiminekut ei suudetud loomade pidamiseks kasutatava abikõlbliku söödamaa mõõtmise osas ajavahemikuga 2002/2003 seoses välja tuua. Loomühikute kindlakstegemise osas rõhutasid komisjoni talitused, et Kreeka jätkas kontrolli alternatiivsüsteemi rakendamist (mida ilmselt mõjutasid Kreekas kohapeal läbiviidud kontrollide käigus tuvastatud puudujäägid). 197. Seega kohaldas komisjon kindlasummalist korrektsiooni 10% turustusaasta 2002 kohta veiseliha lisatasude võtmekontrollides tuvastatud peamiste puudujääkide tõttu ning korrektsiooni 5% turustusaasta 2003 kohta ebapiisava arvu kontrollide tõttu loomade üle, kelle kohta ei ole toetusetaotlust esitatud, ning kogu Kreekas kohapealsetes kontrollides esinevate puuduste tõttu, kuivõrd puudusi tuli ilmsiks paljudes piirkondades. Ekstensiivistamistoetuse maksmises tuvastatud puudustega seoses kohaldati kindlasummalist korrektsiooni 10% turustusaastate 2002 ja 2003 osas. Korrektsioone aga täpsustati, et võtta arvesse samade eelarveridade suhtes hilise maksmise tõttu juba kohaldatud korrektsioone. Üldkohtu hinnang 198. Kreeka Vabariik esitab kuuenda väite seoses veiselihasektoriga selle kohta, et veiseliha lisatasude ja ekstensiivistamistoetuste suhtes määratud korrektsioonid on väidetavalt väärad ning et rikutud on põhjendamiskohustust. 199. Kõigepealt tuleb niivõrd, kuivõrd Kreeka Vabariik esitab põhjendamiskohustuse rikkumise väite, märkida, et seda väidet ei ole üldse põhjendatud ning et igal juhul tuleb eespool osundatud kohtupraktika kohaselt (vt eespool punkt 73) pidada vaidlustatud otsuses esitatud põhjendusi veiselihasektoris kohaldatud korrektsioonide kohta käesoleval juhul piisavaks, kuna Kreeka Vabariik oli selle otsuse väljatöötamise menetlusega tihedalt seotud ja talle olid teada põhjused, mille tõttu komisjon keeldus vaidlusalust summat EAGGF kuludesse kandmast. Seega tuleb nimetatud etteheide tagasi lükata. 200. Seejärel vaidlustab Kreeka Vabariik veiselihasektoris määratud korrektsioonid, väites, et määrust nr 1258/1999 ja dokumenti nr VI/5330/97 on tõlgendatud ja kohaldatud vääralt ning asjaolusid on vääralt hinnatud. Sisuliselt vaidlustab ta komisjoni järeldused kontrollide kohta, mis puudutasid esiteks veiseliha lisatasusid ja teiseks ekstensiivistamistoetusi. 201. Seetõttu tuleb käesoleval juhul uurida, kas Kreeka Vabariik on eespool osutatud kohtupraktikaga (vt eespool punkt 78) kooskõlas komisjoni hinnangute ebaõigsust tõendanud. Veiseliha lisatasude kontrollid – Ristkontrollid 202. Kreeka Vabariik tunnistab, et ristkontrollide läbiviimisel tuli ette teatavaid tehnilisi probleeme, mis tõid esile vastuolud ühelt poolt identifitseerimise ja registreerimise andmebaasi ja teiselt poolt veiseliha toetusetaotluste andmebaasi vahel 2002. aastal rakendama hakatatud süsteemi keerukuse tõttu. Ta väitis samas, et aastal 2003 viidi veterinaarandmebaasi sisse parandusi ning lisati täiendavaid ristkontrolle. 203. Siiski piisab selles osas märkimast, et 2003. aastal tehtud parandustest ei piisa käesoleval juhul koondaruandes kokku võetud komisjoni talituste tehtud järelduste (vt eespool punkt 191) ebatäpsuse tõendamiseks. 204. Lisaks väidab Kreeka Vabariik, et 2002. aasta kontrollidele 2003. aastal lisandunud täiendavate kontrollide põhjal tagasi lükatud taotluste esemeks olnud loomade protsent oli vaid 8,04%, mis tõendab, et enamik tagasi lükatud loomi lükati tagasi juba 2002. aastal läbi viidud kontrollide tulemusel. 205. Siiski ei tõenda see argument, mis näib kinnitavat varasemates kontrollides esinenud puuduste olemasolu, et komisjoni tõdemused on väärad. 206. Seetõttu leidis komisjon õigesti, et teatavate võtmekontrollide puudumine on toonud kaasa riski, et toetusi maksti abikõlbmatute loomade eest. 207. Kreeka Vabariik väidab ka, et EAGGF suhtes ei ole riske tekkinud. Tema sõnul viidi aastate 2004 ja 2005 suhtes ristkontrollid läbi nii, et elektrooniline kontroll hõlmas ka aastat 2002 ning abikõlbmatud summad tasaarvutati 2004. ja 2005. finantsaasta eest väljamakstavate toetustega. 208. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on aga juhul, kui komisjon on kohustatud ühenduse õigusnormide rikkumist tõendama, olukorras, kus see rikkumine on tõendatud, liikmesriigi kohustus vajaduse korral tõendada, et komisjon on rikkumise finantstagajärgede määratlemisel eksinud. Teisisõnu ei ole komisjon kohustatud tõendama reaalset kahju, vaid võib piirduda sellele viitavate kaalukate asjaolude esitamisega (vt selle kohta Euroopa Kohtu 7. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑5/03: Kreeka vs. komisjon, EKL 2005, lk I‑5925, punktid 38 ja 39 ning seal viidatud kohtupraktika). 209. Käesoleval juhul ei nähtu aga toimiku materjalidest, et Kreeka Vabariik on abikõlbmatute summade tasaarvutamist 2004. ja 2005. finantsaasta eest väljamakstavate toetustega tõendanud. 210. Vastuseks menetlust korraldavale meetmele märkis Kreeka Vabariik, et kindlasummaliste korrektsioonide määramise alus oli Opekepe deklareeritud kulud summas 182 380 702,09 eurot aasta 2002/2003 kohta ja 10,8 miljonit eurot ei olnud sellest maha arvutatud. 211. Siiski tuleb nentida, et Kreeka Vabariik esitab üksnes vastava väite ega tõenda osutatud 10,8 miljoni euro suurust summat. Ta viitab seejuures lepitusorgani arvamusele. Lepitusorgan märkis aga oma 8. jaanuari 2008. aasta arvamuses, et Kreeka ametiasutuste sõnul on nad nõudnud aasta 2002/2003 kohta abikõlbmatu abi summas 10,8 miljonit eurot tagasi ning et kui see teave leiab kontrolli käigus tõendust ning neid andmeid ei ole veel arvesse võetud, siis õigustab see korrektsioonisumma vastavat kohandamist. See arvamus ei näita seega sugugi, et asjaomane summa on 2004. ja 2005. finantsaasta eest väljamakstavate toetustega tõesti tasaarvutatud. 212. Lisaks rõhutas komisjon oma lõplikus seisukohas, et ta on Kreeka ametiasutuste poolt EAGGF tagatisrahastusse tagasi nõutud deklareeritud summadega finantskorrektsiooni arvutamisel arvestanud. Ta lisas, et teatavaid aspekte tuleb veel selgitada, nagu viis, kuidas nõuti abikõlbmatuid summasid tagasi põllumajandusettevõtjatelt, kes ei olnud pärast 2002. aastat toetust taotlenud. Toimikust aga ei nähtu, et Kreeka ametiasutused oleks esitanud selle kohta konkreetsemaid tõendeid. 213. Sellest tuleneb, et Kreeka Vabariik ei ole esitanud asjakohaseid tõendeid selle kohta, et abikõlbmatud summad on 2004. ja 2005. finantsaasta eest väljamakstavate toetustega tasaarvutatud. Seega ei ole tema argumendi aluseks oleva väite, et EAGGF suhtes ei ole riske tekkinud, põhjendatus tõendatud. 214. Seetõttu tuleb ristkontrollide kohta esitatud argumendid, mida ei ole muul viisil tõendatud, tagasi lükata. – Kohapealsed kontrollid 215. Kreeka Vabariik vaidlustab komisjoni järeldused kohapealsete kontrollide kohta. 216. Esiteks tuleneb toimiku materjalidest, et kohapealseid kontrolle peeti määruse nr 2419/2001 artikli 25 sätteid arvestades mitmel põhjusel mitterahuldavaks (vt eespool punkt 192). 217. Nii ei ole kontrollitud loomi, kelle kohta ei ole toetusetaotlust esitatud. Selline kontroll on määruse nr 2419/2001 artikli 25 lõikes 1 aga sõnaselgelt ette nähtud. Kreeka Vabariik väidab, et sellekohased juhised on kontrollijatele alates 2002. aastast antud ning et olukord on 2003. ja 2004. aastal paranenud. Sellekohased argumendid ei tõenda aga, et komisjoni vastavad järeldused on väärad. 218. Samuti on komisjoni talitused tuvastanud tõendavate dokumentide kontrolli puudumise. Kreeka Vabariik väidab selles osas, et puudused on olnud vaid ühekordsed, mida ei saa üldistada kogu riigi kohta, ning väidab, et teise taseme kontrollid võimaldavad teha kindlaks, et tootjad täidavad oma kohustusi. Tuleb aga nentida, et sellisest argumentatsioonist ei piisa asjaomaste kontrollide kvaliteedi osas esinevate komisjoni kahtluste kummutamiseks. 219. Pealegi on komisjoni talitused tuvastanud selle teabe kontrolli puudumise, mis käsitleb loomi, kelle kohta on kontrollile eelneva 12 kuu jooksul esitatud toetusetaotlus. Kreeka Vabariik viitab siinkohal veiseliha lisatasude korda käsitlevatele 2002. aasta ja 2003. aasta ringkirjadele, mis saadeti kontrolli teostamise eest vastutavatele ametkondadele ning mis tema rõhuasetuse kohaselt täpsustavad määruse nr 2419/2001 artikli 25 sätteid. Selle määruse artikli 25 lõike 2 punkti b kolmandas taandes ette nähtud loomade hoiukohtade kohapealsete kontrollide osas väidab Kreeka Vabariik samuti, et asjaomane ringkiri näeb ette, et tootjad märgivad üles neile kuuluva lauda täpse asukoha, ning loomade paiknemise kontroll on tagatud. 220. Seeläbi Kreeka Vabariik siiski üksnes kordab võistlevas menetluses esitatud argumente, tuginemata täpsetele ja konkreetsetele tõenditele nimetatud kontrollide läbiviimise kohta ega suuda seetõttu komisjoni vastavaid kahtlusi kummutada. 221. Lisaks vaidlustab Kreeka Vabariik väite, nagu oleks tulemusi eelnevate kontrollide tulemustega raske võrrelda, kuna alguses avastatud erinevusi on tegelikult vähe. Selline argumentatsioon ei tõenda aga komisjoni väidete ekslikkust. 222. Eelnevat arvestades ei tõenda Kreeka Vabariik asjaolu, et komisjoni järeldused kohapealsete kontrollide puudulikkuse kohta on määruse nr 2419/2001 artikli 25 sätteid arvestades väärad. 223. Teiseks, mis puutub konkreetsemalt lisatasu loomade tapmise eest, siis vaidlustab Kreeka Vabariik komisjoni järeldused ja väidab, et alates 2002. aastast on tapamajades läbiviidavad kohapealsed kontrollid kooskõlas määruse nr 2419/2001 artikliga 26 ning need on mahukamad, kui vastavates õigusnormides nõutakse. 224. Üldkohus nendib selles osas, et käesoleval juhul on kindlasummalisi korrektsioone kohaldatud mittevastavuste tõttu identifitseerimise ja registreerimise andmebaasis ja kohapealsetes kontrollides. Nagu komisjon rõhutab, puudutavad varem seoses identifitseerimise ja registreerimise andmebaasi ja ristkontrollide (vt eespool punktid 202–214) ning kohapealsete kontrollidega (vt eespool punktid 215–222) tuvastatud mittevastavused samuti nende loomade osas läbi viidud kontrolle, kelle kohta on esitatud loomade tapmise lisatasu taotlus. 225. Selles osas peeti kohapealsete kontrollide puudumist eriti murettekitavaks seoses põllumajandustootjatega, kes taotlesid üksnes loomade tapmise lisatasu, kuivõrd ainus nende suhtes teostatud kontroll oli ristkontroll, mida aga omakorda ei olnud võimalik täies mahus läbi viia, seda vähemalt turustusaasta 2002 osas. 226. Seetõttu on eelnevalt veiselihatoetuste kontrolli puuduliku kvaliteedi kohta esitatud järeldused kohaldatavad ka loomade tapmise lisatasule. Tõsiasi, et määruse nr 2419/2001 artikkel 26 näeb ette kontrollimeetmeid just tapamajas teostatavate kohapealsete kontrollide kohta, ei tähenda veel, et sama määruse artiklis 25 ette nähtud veiselihatoetuse kava puudutavad kontrollid ei kuulu kohaldamisele. 227. Sellega seoses tuleb märkida, et isegi kui loomade tapmise eest makstava lisatasu dokumentaalseid kontrolle võib pidada määravaks, nagu lepitusorgan rõhutas ning nagu komisjoni tunnistab, ei muuda see olematuks käesoleval juhul tuvastatud mittevastavusi. 228. Peale selle hõlmavad asjaomaste tapamajade kohapealsed kontrollid ka füüsilisi kontrolle, mida viiakse läbi valimi alusel ja mis käsitlevad määruse nr 2419/2001 artikli 26 lõike 2 kohaselt kohapealse kontrolli päeval teostatud tapaprotseduure. 229. Kreeka Vabariigi argumendid ei lükka seda järeldust ümber. Ta väidab, et kontrollija võrdleb tapataotlust, milles on märgitud, milliste loomade suhtes lisatasu taotletakse, ning nende kõrvamärgiste numbreid põllumajandusettevõtte registriga, et kontrollida hoiuperioodi nõude järgimist. Ta täpsustab, et alates 2003. aasta ringkirjast on põllumajandusettevõtete registri kontrollimine loomade tapmise eest makstava lisatasu maksmiseks selgesti ette nähtud. 230. Siiski ei kummuta need argumendid komisjoni väljendatud kahtlusi. Ka toimiku materjalidest nähtub, et komisjoni talituste poolt uurimise AP/2003/09a käigus teatavas tegutsevas tapamajas läbiviidud kontrollid tõid ilmsiks märkimisväärsed puudused, mida käesoleval juhul ei ole vaidlustatud. 231. Samuti ei muuda asjaolu, et tapamajades viidi kontrolle väidetavalt läbi mahukamalt, kui õigusnormides ette nähtud, midagi nende kvalitatiivses mittevastavuses. 232. Seega leidis komisjon õigesti, et põllumajandusettevõtetes läbiviidavate loomade tapmise eest makstava lisatasu kohapealsete kontrollide puudumine kujutab endast EAGGF suhtes täiendavat riski, mida ei saa täielikult kompenseerida tapamaja kontrollidega ja halduskontrollidega. 233. Kõike eelnevat arvestades ei tõenda Kreeka Vabariigi argumendid, millega ta soovib vaidlustada veiseliha lisatasude, sh loomade tapmise eest makstava lisatasu valdkonnas tehtud komisjoni järeldused, et käesoleval juhul kohaldatud korrektsioonid on väärad. Korrektsioonid seoses ekstensiivistamistoetustega 234. Määruse nr 1254/1999 artiklite 12 ja 13 kohaselt on tootjatel õigus ekstensiivistamistoetusele üksnes siis, kui talumajapidamise loomkoormus, mida väljendatakse loomühikutes talumajapidamises loomade pidamiseks kasutatava söödamaa ühiku kohta, ei ületa teatavat määra. Sellest tuleneb, et ekstensiivistamistoetuste eraldamine eeldab, et määrataks korrektselt kindlaks esiteks söödamaa ja teiseks talumajapidamises peetavate loomade arv ja liik. 235. Esiteks, mis puutub söödamaa kindlakstegemist, siis väidab Kreeka Vabariik, et alates 2002. aastast on olemas kartograafiline infrastruktuur ning ta on andnud söödamaa abikõlblikkuse kohta ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi programmi raames kontrollitud juhtnööre alates 2000. aastast. Lisaks teostatakse ka kohapealseid kontrolle. 236. Siiski märgib Üldkohus, et toimiku materjalide põhjal peeti kasutatavate söödamaade kontrolle mittevastavaks nii aasta 2002 kui 2003 osas. Nii tuvastati, et mägiseid piirkondi on ekslikult deklareeritud abikõlblike söödamaadena ning Kreeka ametiasutused ei ole sellekohaste kontrollide paranemist tõendanud. Kreeka Vabariigi argumendid ning eelkõige kohapealsete kontrollide läbiviimise selgete juhiste olemasolu ei tõenda kuidagi asjaolu, et asjaomaste aastate suhtes tehtud järeldused on ekslikud. 237. Teiseks tuleb seoses talumajapidamises peetavate loomade arvu (ja liigi) kontrolliga meenutada, et liikmesriik võib valida määruse nr 1254/1999 artikli 13 lõikes 2 määratletud loomkoormusnõude täitmise kontrollimiseks kahe meetodi vahel. Esimene on ette nähtud määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõikes 3 (vt eespool punktid 185 ja 186). Teine meetod, milles nähakse esimesest meetodist ette erand, on nähtud ette määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõikes 4 (vt eespool punkt 187). Tegemist on lihtsustatud korraga, mis seisneb tootja kinnituses ja kohustuses järgida maksimaalset loomkoormust. Sel juhul on kohaldatavad ühtsed süsteemis ette nähtud kontrolli- ja sanktsioonisätted (määrus nr 3508/92 ja määrus nr 2419/2001). 238. Käesoleval juhul väidab Kreeka Vabariik, et ta kohaldas määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõikes 4 ette nähtud lihtsustatud korda ning kõik tootjad on esitanud toetusetaotlused selle korra kohaselt. Ta lisab, et määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõikes 3 ette nähtud kord nõuab ühtses süsteemis ette nähtud kohapealsel kontrollimisel üksnes loomade loendamise kontrolli ning et neid kontrolle viidi läbi viiel korral ühe nädala pikkuse aja jooksul, kuna oli võimatu viia kõik loendamised läbi ühel ja samal kuupäeval. Aasta 2003 osas viidi loendamine läbi identifitseerimise ja registreerimise andmebaasi abil ning see hõlmas 100% taotlusi. Kreeka Vabariigi sõnul ei esine riski, et loomi on loendatud kaks korda ning kontroll on usaldusväärne. 239. Selles osas piisab niivõrd, kuivõrd Kreeka Vabariik tugineb määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõikes 4 ette nähtud lihtsustatud korra kohaldamisele, nentimast, et talumajapidamises peetavate loomade arvu kontrollid põhinevad ühtses süsteemis ette nähtud kohapealsetel kontrollidel ning ühtsesse haldus- ja kontrollisüsteemi kuuluval identifitseerimise ja registreerimise andmebaasil. Eelnevalt kohapealsete kontrollide kohta nimetatud puudused (vt eespool punktid 216–222) ning koondaruandes seoses identifitseerimise ja registreerimise andmebaasiga märgitud puu dused võisid talumajapidamises peetavate loomade arvu kontrolle seega mõjutada. 240. Lisaks tuleb Kreeka Vabariigi argumendid, mis puudutavad määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõikes 3 osutatud korda, tagasi lükata. Ta väidab, et on praktilistel kaalutlustel, mis seonduvad laiaulatusliku loomakasvatusega Kreekas, määranud kindlaks viis ühe nädala pikkust perioodi. See süsteem ei ole aga kooskõlas määruse nr 2342/1999 artikli 32 lõikes 3 ette nähtud „tavapärase” korraga, kuna see ei põhine aasta viiel kuupäeval või loomade loenduspäevadel, vaid viiel kohapealse loenduse perioodil, millest iga periood kestab ühe nädala (vt selle kohta Üldkohtu 9. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas T‑344/05: Kreeka vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 94). 241. Peale selle tuleb lükata tagasi Kreeka Vabariigi argumentatsioon, millega ta soovib väita ja näidata, et ühenduse õigusnormides ette nähtud loomkoormuse kontrolli süsteemi kohaldamine tekitab Kreekas praktilisi raskusi. Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et liikmesriik ei saa ühenduse õigusnormidega ette nähtud sobivate kontrollide rakendamata jätmise õigustamiseks praktilistele raskustele tugineda (vt Euroopa Kohtu 21. veebruari 1991. aasta otsus kohtuasjas C‑28/89: Saksamaa vs. komisjon, EKL 1991, lk I‑581, punkt 18, ja eespool punktis 240 viidatud 9. septembri 2011. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 101 ja seal viidatud kohtupraktika). 242. Seetõttu oli komisjonil õigus järeldada, et ekstensiivistamistoetuse valdkonna kontrollide usaldusväärsus ei ole piisavalt tagatud. Seda, et 2003. aastal olukord identifitseerimise ja registreerimise andmete automatiseeritud ristkontrollide suurenenud kasutamise tõttu komisjoni sõnul paranes, peeti 2002. aasta ja 2003. aasta näitude eristamise õigustamiseks ebapiisavaks ning Kreeka Vabariigi argumendid, mis esitati juba võistlevas menetluses, ei lükka seda järeldust ümber. 243. Sellest tuleneb, et komisjon tõendas õigesti mõistliku ja tõsiseltvõetava kahtluse olemasolu seoses sellega, kas Kreeka Vabariik on täitnud oma kohustusi 2002. ja 2003. aasta kohta esitatud ekstensiivistamistoetuste taotluste kontrolli osas. 244. Sellest tulenevalt ei ole Kreeka Vabariik tõendanud, et komisjon tugines kohaldatavate sätete väärale tõlgendusele või kohaldamisele või asjaolude väärale hindamisele. Kuues väide, mis käsitleb veiseliha lisatasusid ja ekstensiivistamistoetusi, tuleb seega tagasi lükata. 5. Üheksas väide oliiviõli sektoris kohaldatud korrektsioonide kohta Ühenduse õigusnormid 245. Õli- ja rasvaturu ühine korraldus kehtestati nõukogu 22. septembri 1966. aasta määrusega nr 136/66/EMÜ õli- ja rasvaturu ühise korralduse kehtestamise kohta (EÜT 172, lk 3025; ELT eriväljaanne 03/01, lk 77). 246. Määruse nr 136/66 artikkel 5 nõukogu 20. juuli 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 1638/98 (EÜT L 210, lk 32; ELT eriväljaanne 03/23, lk 308) muudetud redaktsioonis kehtestab oliiviõli suhtes tootmistoetuse andmise, mille eesmärk on aidata kaasa tootjatele rahuldava sissetuleku tagamisele. Toetust antakse oliivikasvatajatele nende poolt tegelikult toodetud oliiviõli koguse põhjal. 247. Muudetud redaktsioonis näeb määruse artikkel 11a muu hulgas ette, et liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et sanktsioneerida artikliga 5 ette nähtud toetuskava rikkumisi. Kui kontrolliasutused teatavad rikkumistest, otsustavad liikmesriigid võetavate meetmete üle asjaomasele teatamisele järgneva 12 kuu jooksul ja teavitavad nendest komisjoni. Elektroonilised failid 248. Nõukogu 17. juuli 1984. aasta määruse (EMÜ) nr 2261/84, millega sätestatakse oliiviõli tootmistoetuse ja oliiviõli tootjate organisatsioonidele makstava toetuse andmise üldeeskirjad (EÜT L 208, lk 3; ELT eriväljaanne 03/06, lk 94), artikli 16 lõige 1 kohustab iga tootjaliikmesriiki koostama ja uuendama elektroonilisi püsifaile, mis sisaldavad andmeid oliivide ja oliiviõli tootmise kohta. 249. Määruse nr 2261/84 artikli 16 lõige 2 näeb ette: „Need failid peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet: a) iga oliivikasvataja ning iga turustusaasta kohta, mil ta on esitanud abitaotluse: – artiklis 3 sätestatud põllukultuurideklaratsioonis sisalduv teave, – toodetud õlikogused, mille kohta on esitatud tootmistoetuse taotlus, ning kogused, mille kohta on toetust makstud, – teave, mis on saadud oliivitootja kontrollimisest kohapeal; b) tootjaorganisatsioonide ja nende ühenduste kohta kogu teave, mis on vajalik nende tegevuse kontrollimiseks seoses käesoleva toetuste süsteemiga, ning liikmesriikide poolt läbi viidud kontrollide tulemused; c) õlipressimisettevõtete kohta igal turustusaastal laoarvestuses sisalduvad andmed, teave tehnilise varustuse ja pressimisvõimsuse kohta, samuti käesoleva määruse kohaselt läbi viidud kontrollide tulemused; d) iga tervikliku tootmispiirkonna soovituslik aastatoodang.” 250. Komisjoni 30. oktoobri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2366/98, millega kehtestatakse oliiviõli tootmistoetuste kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad 1998/99.–2004/2005. turustusaastaks (EÜT, L 293, lk 50; ELT eriväljaanne 03/24, lk 113), muudetud redaktsiooni artikkel 27 sätestab: „1. Määruse […] nr 2261/84 artiklis 16 ettenähtud oliivide ja oliiviõli tootmist käsitlevate andmete elektroonilised püsikataloogid peavad hõlmama: a) artiklites 23 ja 24 sätestatud oliivikasvatuse geograafilise informatsiooni süsteemi tähtnumbrilist ja graafilist võrdlusandmebaasi ning artiklis 25 sätestatud kontrollide tulemusi; b) uusistutust käsitlevaid katalooge, mis sisaldavad artiklis 5 osutatud teavet ja artiklis 29 sätestatud kontrollide tulemusi; c) tootjate organisatsioonide ja nende ühenduste katalooge, mis sisaldavad määruse […] nr 2261/84 artikli 16 lõike 2 punktis b osutatud teavet; d) pressimisettevõtete katalooge, mis sisaldavad teavet artiklis 7 osutatud heakskiidu saamise tingimuste, artiklis 8 sätestatud laoarvestuste ja artiklis 30 sätestatud kontrollide tulemuste kohta; e) ühtlaste tootmispiirkondade katalooge, mis sisaldavad artiklis 6 osutatud teavet. 2. Lõikes 1 osutatud kataloogides, välja arvatud graafilises võrdlusandmebaasis, peavad jooksva ja vähemalt nelja eelmise turustusaasta andmed olema otseselt ja vahetult kättesaadavad […] Liikmesriigid võivad luua detsentraliseeritud kataloogid, tingimusel et need on ühtse kujundusega, sobivad üksteisega kokku ning neid on võimalik kasutada tsentraliseeritult makse- ja kontrolliasutuse tasandil. Oliivikasvatuse geograafilise informatsiooni süsteemi andmebaasid peavad sobima kokku integreeritud süsteemi andmebaasidega. Oliivikasvatajate, tootjate organisatsioonide ja nende ühenduste, pressimisettevõtete ja ühtlaste tootmispiirkondade identifitseerimiskoodid määratakse asjaomastele üksikisikutele või asutustele üks kord ja lõplikult või on need automaatselt vahetatavad, et võimaldada vahetult teha kokkuvõtteid ja otsinguid esimeses lõigus osutatud viie turustusaasta jooksul. Ilma et see piiraks kontrollide, eelkõige erinevate kataloogide ristkontrollide läbiviimist ja tulemustest teavitamist, sisaldavad kataloogid esimeses lõigus osutatud turustusaastatele eelnevate turustusaastate varasemaid andmeid ja seda teavet peab hiljemalt alates 31. oktoobrist 2001 olema võimalik: – automaatselt piirkonna ja liikmesriigi tasandil kokku koondada, – automaatselt erinevate kataloogidega võrrelda.” Oliiviregister 251. Nõukogu 21. jaanuari 1975. aasta määruse (EMÜ) nr 154/75, mis käsitleb oliiviregistri sisseseadmist oliiviõli tootvates liikmesriikides (EÜT L 19, lk 1; ELT eriväljaanne 03/02, lk 64), artikli 1 lõige 1 kohustab oliiviõli tootvaid liikmesriike seadma sisse oliiviregistri, mis hõlmab kõiki nende territooriumil asuvaid oliivikasvatusmajandeid. 252. Nõukogu 23. juuli 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 1513/2001 (EÜT L 201, lk 4; ELT eriväljaanne 03/33, lk 197) muudetud määruse nr 1638/98 artikli 2 lõiked 1–3 sätestavad: „1. Olenemata määrusest […] nr 154/75, keskendub oliiviregistriga seotud töö majandusaastatel 1998/99–2002/03 geograafilise informatsiooni süsteemi (GIS) loomisele, ajakohastamisele ja rakendamisele. GIS‑i loomisel kasutatakse oliiviregistri andmeid. Lisaandmed saadakse toetusetaotlustele lisatud põllukultuurideklaratsioonidest. GIS‑i teabe asukoht määratakse geograafiliselt, kasutades elektroonilisi aerofotosid. 2. Liikmesriigid teevad kindlaks, et põllukultuurideklaratsioonide teave vastab GIS‑is sisalduvale teabele. Kui kõnealune teave ei ole vastavuses, teeb liikmesriik selle kindlaks ja kontrollib seda kohapeal. […] 3. Kui lõikes 2 nimetatud kindlakstegemise ja kontrollimise ajal leitakse, et põllukultuurideklaratsioonis sisalduv teave on ebatäpne eriti oliivipuude arvu puhul, kohaldab liikmesriik ühe või mitme majandusaasta puhul ja olenevalt avastatud erinevuste suurusest vastavalt komisjoni poolt sätestatud eeskirjadele ja kriteeriumitele: – toetuse saamise tingimustele vastava oliiviõli koguse vähendamist või – asjaomaste oliivipuude puhul toetuse saamise õiguse äravõtmist, vastavalt komisjoni kindlaks määratavatele üksikasjalikele eeskirjadele ja kriteeriumidele.” 253. Määruse nr 2366/98 artikli 28 lõige 2 näeb sisuliselt ette, et piirkondades, kus oliivikasvatuse geograafilise informatsiooni süsteem ei ole veel lõpetatud, viiakse kohapealseid kontrolle läbi turustusaastate 2000/2001–2002/2003 puhul 10% ulatuses kõikidest põllukultuurideklaratsioonidest. Põllukultuurideklaratsioonid ja kontrollid 254. Määruse nr 2366/98 artikkel 1 näeb ette, et oliivikasvatajad peavad oliiviõli tootmistoetuse saamiseks esitama enne iga turustusaasta 1. detsembrit põllukultuurideklaratsiooni, mis hõlmab tootmises olevaid õlipuid, ning vastava turustusaasta 1. novembri seisuga nende hallata olevate oliivisalude üksikasjad. 255. Määruse nr 2366/98 artiklis 2 on sätestatud: „[…] sisaldavad põllukultuurideklaratsioonid vähemalt järgmist: a) oliivikasvataja perekonnanimi, eesnimed ja aadress; b) põllumajandusettevõtte asukoht või asukohad; c) tootmises olevate õlipuude üldarv, sealhulgas hajutatud õlipuud; d) põllumajandusettevõtte oliivikasvatuseks kasutatavate maatükkide katastritunnused või juhul, kui kinnistusraamatut ei peeta, põllumajandusettevõtte ja oliivikasvatuseks kasutavate maatükkide täielik kirjeldus; e) iga oliivikasvatuseks kasutatava maatüki kohta: tootmises olevate õlipuude arv, peamine sort, niisutamise üksikasjad või esindatud segukultuurid.” 256. Määruse nr 2366/98 artikli 4 lõige 1 näeb ette: „Alates 1. novembrist 2001 kehtiva õli- ja rasvaturu ühise korralduse alusel oliivikasvatajatele toetuse maksmise aluse määratlemiseks tuleb pärast 1. maid 1998 istutatud täiendavad õlipuud geograafiliselt identifitseerida ja hõlmata riikliku või piirkondliku kavaga, mis on komisjoni poolt heaks kiidetud määruse [nr 136/66] artiklis 38 sätestatud korras. Õlipuud loetakse geograafiliselt identifitseerituks, kui need on esitatud artiklis 24 sätestatud graafilises võrdlusandmebaasis või kui liikmesriigi pädeval asutusel on puude asukoha kindlakstegemiseks olemas kaardid.” 257. Määruse nr 2366/98 artikli 28 lõige 3 näeb ette: „Kohapealsete kontrollide käigus kontrollitakse kõiki põllukultuurideklaratsioonides ja toetustaotlustes sisalduvaid andmeid ja eelkõige: – iga maatüki asukohta ja sellel asuvate õlipuude arvu, – artikli 10 lõikes 1 osutatud juhtudel õli sihtkohta, – ettevõtte õlipuude ja toetustaotlustega hõlmatud õlikoguse vastavust. Toetustaotlused, milles määratletud õlikogus ei vasta õlipuude arvule, lükatakse tagasi.” Õlipressimisettevõtted 258. Määruse nr 2366/98 artikli 8 punkti b esimese taande alusel sätestavad liikmesriigid, et alates turustusaastast 1998/1999 tuleb pidada rahaliste vahendite kontodega seotud laoarvestust. Selle määruse artikli 8 punkt d näeb ette täiendavate kontrollide süsteemi, mis hõlmab pressitud oliivide koguseid, saadud õlikoguseid ja oliiviõli pressimisjääkide koguseid, olemasoleva õli varusid ning tarbitud elektrikoguseid. 259. Määruse nr 2366/98 artikli 30 lõike 1 kohaselt näevad liikmesriigid alates turustusaastast 1998/1999 ette teabe ja andmete järjepidevuse põhjaliku kontrolli. Selle normi lõige 2 näeb ette, mida põhjalikud kontrollid hõlmavad. 260. Määruse nr 2366/98 artikkel 9a näeb ette sanktsioonid (tunnustuse tagasivõtmine, rahalised või muud sanktsioonid), mida rakendatakse pressimisettevõtete suhtes, kes ei täida selle määruse artikli 13 lõikes 1 osutatud tingimusi, nagu on täpsustatud sama määruse artiklites 7, 8 ja 9. Koondaruanne 261. Komisjon viis vastavalt viiteid OT/2004/02/GR ja OT/2004/05/GR kandvate uurimiste raames 16. ja 20. veebruaril 2004 nomostes Lakonia (Kreeka) ja Messinia (Kreeka) ning 29. novembrist kuni 3. detsembrini 2004 nomostes Iraklion (Kreeka) ja Réthymno (Kreeka) läbi kontrolle oliiviõli tootmistoetuse kohta. Määruse nr 1663/95 artiklis 8 sätestatud komisjoni tähelepanekud esitati vastavalt 17. novembri 2004. aasta ja 7. s eptembri 2005. aasta kahes kirjas. Kreeka Vabariik esitas oma märkused 9. märtsil ja 21. novembril 2005. Kahepoolne kohtumine Kreeka Vabariigi ja komisjoni vahel leidis seoses esimese uurimisega aset 15. novembril 2005 ja seoses teise uurimisega 22. juunil 2006. Komisjon edastas nende kahe koosoleku protokollid vastavalt 17. veebruaril ja 13. septembril 2006. Kreeka ametiasutused saatsid vastuse vastavalt 20. märtsil ja 26. oktoobril 2006. Komisjon edastas 10. augustil 2007 ametlikult oma järeldused kahe uurimise kohta Kreeka ametiasutustele. Kreeka ametiasutused esitasid 11. oktoobril 2007 lepitusmenetluse taotluse ning edastasid komisjonile andmed 2006. aastal deklareeritud kulutuste jaotumise kohta turustusaastate lõikes, mida komisjon võttis arvesse oma lõplikus seisukohas, mille ta edastas asjaomastele ametiasutustele 6. augustil 2008 pärast lepitusorgani 12. veebruari 2008. aasta arvamust. 262. Komisjoni talitused märkisid koondaruandes, et elektroonilised andmebaasid ei olnud kasutatavad, oliiviregister puudus, põllukultuurideklaratsioonid ei olnud usaldusväärsed, esinesid puudused põllukultuurideklaratsioonide kohapealsetes kontrollides ning pressimisettevõtete kontrollides ning oliiviõlitoetuste kontrolli ameti (edaspidi „AYMEEE”) soovitatud sanktsioone ei olnud rahuldavalt järgitud. Neid puudusi võtmekontrollide teostamisel ning täiendavates kontrollides esinevaid puudusi (liiga pikk pressimisettevõtteid puudutavate sanktsioonide üle otsustamise tähtaeg, täiendavate oliivipuude kontrolli puudumine, kindlasummalise vähendamise kohaldamata jätmine, järelevalve puudumine makseasutuse poolt) peeti määratud kindlasummalisi korrektsioone õigustavaks. 263. Esiteks märkisid komisjoni talitused elektrooniliste andmebaaside mittekasutatavuse kohta, et elektroonilised andmebaasid olid olemas mitmes ametiasutuses, kuid need ei vastanud määruse nr 2366/98 artikli 27 lõikes 2 ette nähtud õiguslikele nõuetele, kuna nendes ei ole jooksva ja vähemalt nelja eelmise turustusaasta, käesoleval juhul turustusaastate 1998/1999–2002/2003 andmed otseselt ja vahetult kättesaadavad. Nad meenutasid, et andmebaasid võivad olla detsentraliseeritud juhul, kui need sobivad üksteisega kokku ning neid on võimalik kasutada tsentraliseeritult makse- ja kontrolliasutuse tasandil (määruse nr 2366/98 artikli 27 lõige 2). Ei ole aga tõendatud, et need olid Opekepele tsentraalselt kättesaadavad. Peale selle on andmed tootjaorganisatsioonide tasemel detsentraliseeritud, ilma et erinevate süsteemide kokkusobivus oleks tagatud. 264. Lisaks on komisjoni talitused märkinud, et asjaomased andmebaasid ei sisaldanud määruse nr 2261/84 artikli 16 lõike 2 punktides a ja c nõutavaid andmeid (puudusid elektroonilised andmebaasid iga maatüki asukoha ja sellel kasvavate oliivipuude arvu kohta) ning neis esines vastuolusid. Samuti peeti mitterahuldavaks andmeid pressimisettevõtete kohta (laoarvestus puudutab üksnes kontrollitud pressimisettevõtteid) ja leiti, et need ei võimalda läbi viia näiteks õli/oliivide toodangu tsentraliseeritud analüüsi. 265. Ristkontrollide osas esitasid Kreeka ametiasutused pärast 15. novembri 2005. aasta kahepoolset kohtumist 20. märtsi 2006. aasta kirjas elektrooniliste andmebaaside vahel läbi viidud ristkontrollide tulemused. Neid andmeid peeti aga mitterahuldavaks. Komisjoni talitused märkisid nimelt, et kuna põllumajanduslike maatükkide keskandmebaas kuni kaasa arvatud turustusaastani 2001/2002 puudus, siis kasutati turustusaasta 2002/2003 kohta toetuse väljamaksmiseks põllukultuurideklaratsioonidena eelmiste turustusaastate deklaratsioone ning seega sisaldasid need liiga ebatäpset teavet asjaomaste maatükkide kohta. Ristkontrolle ei saanud seega läbi viia ei oliivikasvatusdeklaratsioonide vahel ega võrdluses muude toetuskavade raames esitatud pindaladeklaratsioonidega. Peale selle viisid Kreeka ametiasutused ristkontrollid 2002/2003. aasta põllukultuurideklaratsioonide ja 2003. aastal esitatud oliivikasvatuse geograafilise informatsiooni süsteemi loomiseks esitatud põllukultuurideklaratsioonide vahel läbi hilinenult aastal 2004/2005 ning aasta 2002/2003 osas hõlmasid need vaid tootjate üht osa. Lisaks ei ole oliivipuude üledeklareerimise tuvastamine, mis viis 773 tootja ühenduse abi saamisest välistamiseni, mitte ristkontrollide läbiviimise tulemus, vaid vastab määruse nr 2366/98 artikli 15 lõikes 2 selles osas ette nähtud sanktsioonide kohaldamisele. Lõpuks ei ole esitatud teatavate 2002/2003. aasta osas tuvastatud puuduste kontrollide tulemusi. 266. Kreeka ametiasutused on lepitusorganile märkinud, et Opekepele oli toetusemaksete ja ristkontrollide tulemuste elektroonilised andmebaasid tsentraliseeritud viisil kättesaadavad ning AYMEEE säilitas andmeid kõigi pressimisettevõtete kohta. Siiski leidis komisjon, et sellest ei piisa Kreeka süsteemi vastavuse tagamiseks määruse nr 2261/84 artikli 16 ja määruse nr 2366/98 artikli 27 lõike 2 kohaste elektrooniliste andmebaaside mõistega, mis nõuab kõigi pressimisettevõtete, ja mitte üksnes kontrollitud pressimisettevõtete sisulist kooskõla, ning iga oliivikasvataja kohta põllukultuurideklaratsioonide andmete ning toodetud ja makstud oliiviõli koguse ning kohapealsete kontrollide tulemuste esitamist. 267. Teiseks on heidetud Kreeka Vabariigile ette seda, et viimane ei ole täitnud kasutatava oliiviregistri loomise kohustust ning alustas oliivikasvatuse geograafilise informatsiooni süsteemi loomisega hilinenult (täielik kasutamine oli võimalik alates turustusaastast 2003/2004). 268. Kolmandaks peeti põllukultuurideklaratsioone mitteusaldusväärseks. Koondaruandes nenditakse maatükkide ja katastri identifitseerimata jätmist (maatükkidevahelised piirid tihti puuduvad, mitme tootja poolt haritavad maatükid, maatükid, mis teatavatel juhtudel koosnevad eri asukohtades asuvast maast, suure maatüki nimi, mida võib kasutada mitme põllupidaja haritava mitme maatükina), mis muudab põllukultuurideklaratsioonis sisalduva maatükkide asukoha või identifitseerimise teabe ebatäpseks. Põllukultuurideklaratsioonides on tuvastatud ka muid mittevastavusi (oliivipuude istutamise kuupäeva kohta märke puudumine, kastmist puudutava teabe vastuolu maa olemusega ning selle teabe kasutamata jätmine toodangu koguse kontrollimisel, tootmises olevate õlipuude arv on alati võrdväärne kõigi deklareeritud puude arvuga, mis on vägagi ebatõenäoline). Aastatel 2002 ja 2003 ei olnud oliivikasvatuse maatükid identifitseeritud sellise formaadi alusel, mis on kooskõlas loomisel oleva põllumajanduskasutuse maatükkide identifitseerimise süsteemiga. 269. Neljandaks peeti põllukultuurideklaratsioonide kohapealset kontrolli puudulikuks. Koondaruandes märgitakse, et kasutamiskorras ühtse oliiviõli haldussüsteemi puudumisel 2002. ja 2003. aastal tuli määruse nr 2366/98 artikli 28 lõigete 2 ja 3 alusel kohaldada alternatiivseid kontrolle. Nenditi, et minimaalse kontrolli määra ei ole siseriiklikul tasandil järgitud ning kohapealsed kontrollid ei olnud aasta 2002/2003 osas kooskõlas asjaomase valdkonna nõuetega (juhised, mis näevad ette üksnes oliivipuude asukoha ja arvu kontrollimise iga maatüki kohta, liiga vähe toodangu kohta esitatud andmete õigsuse kontrolle, kontrollide jälgitavuse puudumine, kontrollijate erinev suhtumine nendesse oliivipuudesse, mis ei kanna vilja). On täpsustatud, et Kreeka ametiasutused on lisanud need elemendid kontrollijatele suunatud juhistesse alates aastast 2003/2004. 270. Viiendaks on peetud mitterahuldavaks ka pressimisettevõtete kontrolle. Komisjoni talitused on märkinud, et laoarvestuse ja finantsarvestuse vahel puudub seos. Nad rõhutasid ka seda, et toodetud koguste fiktiivse ülehindamise puudumise tagamiseks on usaldusväärsete kooskõla kontrollide läbiviimine keeruline, kuna personal on perekondlikult seotud, varud puuduvad, pressimisteenuse eest tasutakse sageli õliga ning elektriarvestid puuduvad. Maksudeklaratsioonis märgitud käibe ja varu kontrolli, mis võiks kinnitada kõnealuste kontrollide tulemusi, ei ole tehtud. 271. Kuuendaks, seoses AYMEEE ettepandud sanktsioonide järgimise osaga märgitakse koondaruandes, et tunnustuse tagasivõtmist õigustavad järeldused ei ole toonud kaasa tulemusi, ning see muudab pressimisettevõtete kontrollid kasutuks. Kreeka ametiasutused on pärast nende ärakuulamist lepitusorgani poolt esitanud koondandmed pressimisettevõtete 2002/2003 aasta kontrollide tulemuste kohta. Siiski ei vasta komisjoni sõnul need andmed AYMEEE poolt 2006. aastal edastatud üksikasjalikust loetelust nähtuvatele andmetele. Kontrollitud pressimisettevõtete koguarv ning nende pressimisettevõtete arv, millele kohaldati sanktsiooni, mis said hoiatuse või millele on määratud trahv, ei olnud vastavuses. Kuna andmed on liiga ülevaatlikud, ei ole võimalik teada saada, kust tuleneb erinevus. Lisaks näitavad need andmed, et pressimisettevõtteid on sanktsioneeritud, tuginemata AYMEEE esialgsetele ettepanekutele ja asjaomasele sanktsioonide kohaldamise kuupäevale. Komisjoni etteheited käsitlevad aga peamiselt sanktsioonide kohaldamise tähtaega ja sanktsioonide raskusastme vähendamist võrreldes esialgsete ettepanekutega. 272. Kuna nendest 2002/2003. aasta võtmekontrollide valdkonnas tuvastatud puudustest teavitati juba eelmiste uurimiste käigus ning neile on kindlasummalist korrektsiooni 10% juba turustusaastatel 1999/2000–2001/2002 kohaldatud, siis tõsteti kordumise põhimõtte alusel korrektsiooni määra turustusaasta 2002/2003 kohta 15%-le. Üldkohtu hinnang 273. Oliiviõlisektori osas esitab Kreeka Vabariik üheksanda väite, mille kohaselt määratud korrektsioonid on väidetavalt väärad, vaidlustatud otsuse põhjendus puudulik ja rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet. Määratud korrektsioonide väidetav ekslikkus 274. Kreeka Vabariik vaidlustab põhjused, miks korrektsioonid määrati, nimelt selle, et elektroonilised andmebaasid ei olnud kasutatavad, oliiviregister puudus, põllukultuurideklaratsioonid ei olnud usaldusväärsed, esinesid puudused põllukultuurideklaratsioonide kohapealsetes kontrollides ning pressimisettevõtete kontrollides ning AYMEEE ettepandud sanktsioone ei olnud kohaldatud rahuldavalt. 275. Käesoleval juhul tuleb uurida, kas Kreeka Vabariik on eelnevalt meenutatud kohtupraktikale vastavalt (vt eespool punkt 78) näidanud, et komisjoni hinnangud on väärad. – Väide, et elektroonilised andmebaasid ei ole kasutatavad 276. Kreeka Vabariik tugineb andmebaasidele, mis on igas riigiametis kasutusel vastavalt oma pädevusvaldkonnale. Ta väidab, et on tõendanud, et andmebaasid sisaldavad kogu kohaldatavates normides nõutavat teavet, ning väidab, et määruse nr 2261/84 artikkel 16 ei nõua, et kõik andmebaasid oleksid tsentraliseeritud. Ta lisab, et alates turustusperioodist 2002/2003 on elektroonilised andmebaasid Opekepele tsentraliseeritud viisil kättesaadavad. 277. Tuleb meenutada, et elektroonilised andmebaasid peavad sisaldama teatavat teavet. Lisaks peavad määruse nr 2366/98 artikli 27 lõike 2 teise lõigu kohaselt kataloogid, juhul kui need on detsentraliseeritud, olema ühtse kujundusega, sobima üksteisega kokku ning neid peab olema võimalik kasutada tsentraliseeritult makse- ja kontrolliasutuse tasandil. Peale selle peavad eelnimetatud sätte esimese lõigu kohaselt kataloogid võimaldama jooksva ja vähemalt nelja eelmise turustusaasta andmete otsest ja vahetut kättesaadavust (vt eespool punkt 250). 278. Käesoleval juhul tuleb nentida, et Kreeka Vabariik tugines erinevates ametiasutustes kasutusel olevatele erinevatele Kreeka andmebaasidele. Seda tehes ei tõendanud ta aga, et komisjoni tõdemused eelkõige andmebaaside üksteisega kokku sobivuse osas on väärad. Selles osas tuleb märkida, et komisjon ei ole heitnud Kreeka Vabariigile ette andmebaaside pidamist detsentraliseeritud viisil, vaid vaidlustab erinevate süsteemide kokkusobivuse, tõendamata käesoleval juhul siiski selle väite ekslikkust. Toimiku materjalidest ei nähtu, et elektrooniliste andmebaaside tsentraliseeritud kättesaadavus Opekepele oleks aasta 2002/2003 osas tõendatud. 279. Lisaks tuvastas komisjon ka asjaolu, et elektroonilised andmebaasid ei ole täielikud ning need ei võimalda vastupidi määruse nr 2366/98 artikli 27 lõike 2 sätetele jooksva ja nelja eelmise, käesoleval juhul vastavalt turustusaastate 1998/1999–2002/2003 (vt eespool punkt 263) andmete otsest ja vahetut kättesaadavust. 280. Nagu komisjon rõhutab, nõuab määruse nr 2261/84 artikkel 16 (vt eespool punkt 249) laoarvestust iga õlipressimisettevõtte, mitte üksnes kontrollitud pressimisettevõtte kohta, ning iga oliivikasvataja kohta põllukultuurideklaratsioonis sisalduvat teavet, toodetud õlikoguste ning koguste kohta, mille kohta on toetust makstud, ning teavet, mis on saadud oliivitootja kontrollimisest kohapeal, mis tähendab maatükkide piisavalt täielikke elektroonilisi andmebaase ning kõigi õlipressimisettevõtete laoarvestust, mis käesoleval juhul puudus. 281. Kreeka Vabariik väidab ka seda, et ristkontrollid on leidnud aset. Tuleb märkida, et Kreeka Vabariigi 20. märtsi 2006. aasta kirjas esitatud teabe ja Kreeka ametiasutuste poolt 22. juuni 2006. aasta kahepoolsel kohtumisel antud selgituste põhjal nentis komisjon, et ristkontrollid on leidnud aset. Siiski nähtub koondaruandest, et need kontrollid olid valdkonna nõudeid arvestades ebapiisavad. Seega ei kummuta Kreeka Vabariigi üldsõnalised väited komisjoni nenditud tõsiasju (vt eespool punkt 265). 282. Lõpuks ei kinnita seda järeldust Kreeka Vabariigi argument, mille kohaselt komisjon tunnistas ise edasiminekuid. 283. Seetõttu ei ole Kreeka Vabariik tõendanud, et komisjoni hinnangud elektrooniliste andmebaaside kasutatavuse puudumise kohta on väärad, ning seega tuleb see väide tagasi lükata. – Oliiviregistri puudumine 284. Kreeka Vabariik meenutab oliiviregistri ja oliivikasvatuse geograafilise informatsiooni süsteemi õiguslikku konteksti. Ta väidab, et vastavalt määruse nr 1638/98 artikli 2 lõikele 1 keskendub oliiviregistriga seotud töö geograafilise informatsiooni süsteemi loomisele. Ta väidab, et kohapealsete kontrollide (halduskontrollid, kohapealsed kontrollid, kontrollid õlipressimisettevõtetes jne) läbiviimine 10% ulatuses tootjatest vastavalt määruse nr 2366/98 artikli 28 lõigetele 2 ja 3 on kompenseerinud asjaolu, et oliiviregister ei ole veel lõpetatud. 285. Kõigepealt väidab Üldkohus, et Kreeka Vabariik ei vaidlusta oliiviregistri puudumist aastate 2002/2003 osas. 286. Kohustus keskendada oliiviregistriga seotud töö geograafilise informatsiooni süsteemi loomisele, ajakohastamisele ja rakendamisele, mis tuleneb eelkõige määrusest nr 1638/98 (vt eespool punkt 252), üksnes täiendab kohustust luua selline register, mis lasub määruse nr 154/75 kohaselt tootjatel. Määruse nr 1638/98 artikli 2 lõike 1 teisest lõigust tuleneb, et geograafilise informatsiooni süsteemi loomisel kasutatakse oliiviregistri andmeid (Euroopa Kohtu 27. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑387/03: Kreeka vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 63, ja eespool punktis 63 viidatud 11. juuni 2009. aasta kohtuotsus Kreeka vs . komisjon, punkt 94). 287. Oliiviõli geograafilise informatsiooni süsteemi osas tuleneb koondaruandest, et Kreeka ametiasutused on ise leidnud, et nende oliiviõli geograafilise informatsiooni süsteem lõpetati alles aastal 2003/2004, mis tähendab, et asjaomasel aastal 2002/2003 see veel puudus. 288. Kreeka Vabariik väidab, et oliiviõli geograafilise informatsiooni süsteemi puudumise kompenseerimiseks on vastavalt määruse nr 2366/98 artikli 28 lõikele 2 läbi viidud kontrolle (halduskontrollid, kohapealsed kontrollid, kontrollid õlipressimisettevõtetes). 289. Siiski tuleb meenutada, et määruse nr 2366/98 artikli 28 lõikes 2 ette nähtud kontrollide arvu suurendamisega piirkondades, kus oliivikasvatuse geograafilise informatsiooni süsteem ei ole veel lõpetatud, soovitakse kompenseerida nende andmete puudumist, mida see süsteem peaks pakkuma, nagu aerofotod, kuid see ei asenda andmeid, mis oleksid juba pidanud olema kättesaadavad (eespool punktis 286 viidatud 27. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 65, ja eespool punktis 63 viidatud 11. juuni 2009. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 95). 290. Kreeka Vabariik ei tõenda seega oliiviregistri puudumise kohta tehtud komisjoni järelduste ekslikkust ning see väide tuleb seetõttu tagasi lükata. – Põllukultuurideklaratsioonide usaldusväärsuse puudumine 291. Kreeka Vabariik vaidlustab komisjoni sedastused maatükkide identifitseerimise kohta põllukultuurideklaratsioonide raames. Ta väidab, et iga maatükk on identifitseeritud numbriga ning et kohapealsete kontrollide hõlbustamiseks piiravad tootjad maatükke ning markeerivad puud, millega need piirnevad. Samuti on viis kuni kuus aastat hiljem võimalik kontrollida kuupäeva, mil pärast 1. maid 1998 istutatud oliivipuud on istutatud. 292. Üldkohus meenutab, et toetusetaotluse esitamiseks vajalikud põllukultuurideklaratsioonid peavad määruse nr 2366/1998 artikli 2 kohaselt muu seas sisaldama põllumajandusettevõtte oliivikasvatuseks kasutatavate maatükkide katastritunnuseid või juhul, kui kinnistusraamatut ei peeta, põllumajandusettevõtte ja oliivikasvatuseks kasutavate maatükkide täielikku kirjeldust ning iga oliivikasvatuseks kasutatava maatüki kohta tootmises olevate õlipuude arvu, peamist sorti ning andmeid niisutamise üksikasjade või esindatud segukultuuride kohta. Samuti näeb asjaomase määruse artikkel 4 ette, et toetuse maksmise aluse määratlemiseks tuleb pärast 1. maid 1998 istutatud täiendavad õlipuud geograafiliselt identifitseerida. 293. Käesoleval juhul tuleneb komisjoni sedastustest, et põllukultuurideklaratsioonidel on asjaomase aasta osas mitu koondaruandes kirjeldatud puudust (vt eespool punkt 268). Kreeka Vabariigi väited ei tõenda aga, et need sedastused on väärad. Eelkõige ei lükka Kreeka Vabariigi argumendid ümber põllukultuurideklaratsioonides kas maatükkide asukoha või nende identifitseerimise kohta märgitud teabe ebatäpsust. Sama kehtib muude põllukultuurideklaratsioonides ilmnevate eelkõige oliivipuudega seotud puuduste kohta. Lõpuks, nagu rõhutab komisjon, ei olnud oliivikasvatuseks kasutatavad maatükid 2002. ja 2003. aastal identifitseeritud formaadis, mis on kooskõlas loomisel olnud põllumajanduskasutuse maatükkide identifitseerimise süsteemiga, ning seda asjaolu kui sellist ei ole vaidlustatud. 294. Seega tuleb nentida, et Kreeka Vabariigi poolt Üldkohtule esitatud väidetest ei piisa, et tõendada esitatud järelduste ekslikkust. 295. Seega tuleb see argument tagasi lükata. – Puudused kohapealsetes kontrollides 296. Esiteks väidab Kreeka Vabariik, et kohapealsed kontrollid viidi läbi enam kui 10% põllukultuurideklaratsioonide osas ning igal juhul kujutab komisjoni arvutus, mis andis tulemuse veidi alla selle (9,91%), väheolulist erinevust, mis ei avalda toetuse väljamaksmisele mõju. 297. Üldkohus meenutab, et määruse nr 2366/98 artikli 28 lõike 2 kohaselt (vt eespool punkt 253) viiakse piirkondades, kus oliivikasvatuse geograafilise informatsiooni süsteem ei ole veel lõpetatud, kohapealseid kontrolle läbi turustusaasta 2002/2003 puhul 10% ulatuses kõikidest põllukultuurideklaratsioonidest. 298. Kreeka Vabariigi väited ei tõenda, et komisjoni arvutused, mille kohaselt seda minimaalset 10% ei ole käesoleval juhul järgitud, on väärad. 299. Teiseks väidab Kreeka Vabariik, et kontrollid on toimunud rahuldavalt. Tema sõnul on oliivikasvatajad kohustatud andma teavet oliiviõli toodangu ja turustamise ning varude olukorra kohta. See kombineeritud teave võimaldab kõrvutada põllukultuurideklaratsioone toetusetaotlustega ning lükata viimased vastuolude korral tagasi. 300. Seda tehes ei vasta Kreeka Vabariik aga komisjoni väljendatud ja koondaruandes kokkuvõtvalt esitatud (vt eespool punkt 269) kriitikale, millest tuleneb, et teatavaid kontrolle, nagu määruse nr 2366/98 artikli 28 lõikes 3 ette nähtud õlitoodangu vastavust puudutavaid kontrolle (vt eespool punkt 257) on väga vähe läbi viidud. Samuti heidab komisjon ette kontrollide jälgitavuse puudumist, eelkõige kaartide ja visandite puudumist, kontrollide puudulikkust ja nende kontrollide jälgitavuse puudumist õlipuude arvu kokkulugemise osas maatüki kohta. Komisjon heidab ette ka kontrollijate erinevat suhtumist tootmises mitteolevatesse õlipuudesse aastal 2002/2003. Kreeka Vabariigi väited ei lükka neid sedastusi ümber. 301. Seetõttu ei ole Kreeka Vabariik kohapealsetes kontrollides tuvastatud puuduste ekslikkust tõendanud. Tema repliigis esitatud argument selle kohta, et läbiviidud kontrollide määra ebapiisavus ei avalda väljamaksetele mõju, tuleb tagasi lükata, kuna määratud korrektsioon ei tulene igal juhul üksnes sellest ebapiisavusest (vt eelkõige eespool punktid 283, 290 ja 294). 302. Seega tuleb nimetatud etteheide tagasi lükata. – Puudused pressimisettevõtete kontrollides 303. Kreeka Vabariik väidab, et pressimisettevõtete kontrollides võtavad kontrollijad arvesse erinevaid elemente nagu laoarvestust, kontrollivad raamatu- ning registripidamist ning kõrvutavad andmeid tootmise, elektritarbimise, laoarvestuse ja varude kohta. Asjaomaste kontrollide käigus võetakse arvesse ka põllumajandusettevõtjate perekondlikke suhteid. 304. Siiski tuleb nentida, et need argumendid ei lükka sugugi ümber komisjoni asjaomaseid tõdemusi. 305. Käesoleval juhul tuleneb koondaruandest, et komisjon heidab Kreeka Vabariigile ette määruse nr 2366/98 artikli 8 punkti b esimeses taandes ette nähtud laoarvestuse ja finantsarvestuse vahelise seose puudumist, ning usaldusväärsete andmete õigsuse kontrollide läbiviimine fiktiivse ülehindamise puudumise tagamiseks on keeruline (vt eespool punkt 270). 306. Kreeka Vabariik ei ole oma väidetes esitanud ühtegi asjaolu, mis näitaks, et komisjoni tõdemused on väärad. Eelkõige ei vasta kontrollitalituste koostatud korrelatsioonid komisjoni kriitikale finantsarvestusega seotud laoarvestuse puudumise kohta. Ka ei ole Kreeka Vabariik osutanud ühelegi asjaolule, mis võiks tõendada pressimisettevõtete kontrollides ette tulnud keerukuste kohta esitatud komisjoni väidete ekslikkust. 307. Seega tuleb see väide tagasi lükata. – AYMEEE ettepandud sanktsioonide puudulik kohaldamine 308. Mis puudutab AYMEEE poolt pressimisettevõtete suhtes ettepandud sanktsioonide kohaldamata jätmist, siis väidab Kreeka Vabariik, et ta on järginud õigusnormides ette nähtud protseduuri, mis lubab kohaldamise peatamist kuni lõpliku otsuse tegemiseni. 309. Piisab nentimisest, et seda tehes ei vaidlusta Kreeka Vabariik käesoleval juhul ette heidetud sanktsioonide (vt eespool punkt 271) kohaldamisega hilinemist, mis rikub määruse nr 136/66 artiklit 11a (vt eespool punkt 247), ning sanktsioonide raskusastme vähendamist võrreldes esialgsete ettepanekutega. 310. Seetõttu tuleb nimetatud etteheide samuti tagasi lükata. 311. Sellest tuleneb, et Kreeka Vabariik ei ole määratud korrektsioonide ekslikkust tõendanud. Kohaldatud korrektsiooni määr, proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine ja ebapiisav põhjendus 312. Esiteks vaidlustab Kreeka Vabariik korrektsiooni automaatse suurendamise 10%‑lt 15%‑le, milles ei võeta arvesse kontrollide kvaliteedi märkimisväärset paranemist. Tema väitel on rikutud dokumente nr VI/5330/97 ja AGRI/61495/2002. 313. Kõigepealt märgib Üldkohus, et kõige eelneva põhjal ei ole Kreeka Vabariik suutnud näidata, et komisjoni sedastused on väärad (vt eespool punktid 274–310). 314. Seejärel tuleb märkida, et Kreeka Vabariik ei vaidlusta asjaolu, et tuvastatud puudustest on varasemate uurimiste käigus juba teavitatud ning nende alusel on aastate 1999/2000–2001/2002 suhtes kindlasummalist 10% korrektsiooni juba kohaldatud. 315. Tuleb meenutada, et määruse nr 1258/1999 artikli 7 lõike 4 neljas lõik näeb ette, et komisjon peab rikkumise tuvastamise järel võtma ühenduse rahastamisest väljajätmise otsustamisel arvesse toimepandud rikkumise raskust. 316. Nagu varem märgitud (vt eespool punkt 57), võib kõnealuste puudumiste kordumist pidada raskendavaks asjaoluks, mis võib määratud finantskorrektsiooni suurendamist õigustada. 317. Sellega seoses võib sisseviidud parandusi arvesse võtta. Dokument nr VI/5330/97 näeb ette, et liikmesriigi kohustuste rikkumine on tõsisem, kui riik ei paranda oma kontrolle ning dokumendis AGRI/61495/2002 on nii märgitud, et komisjon võtab arvesse võimalikke liikmesriigi võetud korrektsiooni- või kompensatsioonimeetmeid (vt eespool punktid 17 ja 18). 318. Nagu Kreeka Vabariik rõhutab, on käesoleval juhul komisjon ise osutanud varasemate aastatega võrreldes tehtud parandustele, nagu tuleneb uurimise OTS/2004/05/GR kohta 13. septembri 2006. aastal peetud kohtumise protokollist. 319. Siiski leidis komisjon selle protokolli kohaselt, et nimetatud parandused ei võimalda ilmnenud puudusi kompenseerida. Eelkõige leiti, et ristkontrollide ja tsentraliseeritud andmebaaside olemasolu on jäänud üldiselt samale tasemele ning see ei võimalda süstemaatilisi ja ristkontrolle asjaomastel maatükkidel, samuti peeti nende sisu õigusnormidele mittevastavaks. Peale selle ei ole parandatud teatavaid tuvastatud puudusi, nagu puudused pressimisettevõtete kontrollides ja AYMEEE ettepanekute järgimine. 320. Nii on osutatud parandustest hoolimata teatavad puudused säilinud ning need puudutavad võtmekontrolle. Selles osas tuleb meenutada, et juhul kui üht või mitut võtmekontrolli ei ole läbi viidud või on viidud läbi nii halvasti või nii harva, et need on taotluse abikõlblikkuse üle otsustamisel või puuduste tuvastamisel kasutud, siis on komisjonil õigus leida, et EAGGF jaoks on suur risk saada suurt kahju (vt selle kohta eespool punktis 286 viidatud 27. oktoobri 2005. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 105). 321. Seetõttu ei võimalda ainuüksi asjaolu, et on tuvastatud olukorra paranemist, Kreeka Vabariigil väita, et varem kohaldatud korrektsiooni määra 10% ei saa käesoleval juhul tõsta, eriti kui arvestada tuvastatud puuduste olemust, nende mõju kulutuste nõuetekohasuse kindlaks tegemisele ning nende korduvat laadi. 322. Eelnevast tuleneb, et käesolevatel asjaoludel ei ole olukorra teatav tuvastatud paranemine vastuolus korrektsioonimäära suurendamisega, et võtta arvesse tuvastatud puuduste kordumist ning EAGGF jaoks suurenenud riski saada rahalist kahju. 323. Sellest tuleneb, et dokumentidest nr VI/5330/97 ja AGRI/61495/2002 tulenev komisjoni suuniste rikkumisega seotud etteheide tuleb tagasi lükata. 324. Kreeka Vabariik väidab, et komisjon on teist uurimist puudutanud 13. septembri 2006. aasta protokolli lõpus olukorra tuvastatud paranemise tõttu välistanud võimaluse kohaldada perioodi 2002/2003 kontrollisüsteemidele puuduste kordumist käsitlevaid sätteid. 325. Tuleb märkida, et teist uurimist puudutanud 22. juuni 2006. aasta kahepoolse kohtumise põhjal 13. septembril 2006 koostatud protokollis märgitakse, et komisjon „ei näe selles menetlusstaadiumis põhjust vähendada varasematel aastatel kohaldatud kindlasummalise korrektsiooni määra, olgugi et ta välistab toodangu kontrollides ja ristkontrollides tuvastatud olukorra paranemise tõttu võimaluse kohaldada sätteid, mis on ette nähtud perioodi 2002/2003 kontrollisüsteemide puuduste kordumise juhuks (dokument AGRI 60637/2006)”. 326. Siiski mainitakse vastupidi sellele protokollile viidet OTS/2004/02 kandvat esimest uurimist käsitleva 17. veebruari 2006. aasta protokollis sõnaselgelt asjaolu, et komisjon ei välista selles staadiumis võimalust kohaldada kordumise korral ette nähtud sätteid. 327. Lisaks tuleb meenutada, et määruse nr 1258/1999 artikli 7 lõige 4 näeb ette, et väljajäetavate summade hindamisel tuleb pärast üksikasjaliku võistleva menetluse läbimist arvestada eelkõige avastatud mittevastavuse astet. Kui selle menetluse lõpus erineb hinnang sellest hinnangust, mis anti eelneva menetluse lõpus, siis on komisjonil õigus määrata väljajäetav summa kindlaks oma kõige hilisema hinnangu põhjal. Vastasel korral ei saa komisjon olla kindel, et EAGGF rahastab üksnes ühenduse õigusnormidele vastavaid sekkumisi põllumajandusturgude ühise korralduse raames (eespool punktis 63 viidatud 11. juuni 2009. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 175). 328. Käesoleval juhul rõhutatakse 10. augusti 2007. aasta kirjas, mis on koostatud pärast 13. septembri 2006. aasta protokolli ning käsitleb mõlemat uurimist, kordumise sätete kohaldamist ja tuuakse välja selle põhjused. Samuti kinnitatakse 6. augusti 2008. aasta lõplikus seisukohas, et kohaldada tuleb kordumist käsitlevaid sätteid. Lepitusorgan ise on tunnistanud, et käesoleval juhul ei ole korrektsioonimäära suurendamise eesmärgil puuduste kordumisele osutamise otsus dokumendi AGRI/61495/2002/GR range tõlgendusega vastuolus. 329. Seetõttu ei lükka 13. septembri 2006. aasta protokollis esitatud komisjoni väitel põhinev argument käesoleval juhul ümber järeldust, mille kohaselt olukorra tuvastatud paranemine ei takista asjaomasel juhul korrektsioonimäära 15% kohaldamist. 330. Niivõrd, kuivõrd Kreeka Vabariik vaidlustab üksnes seda, et EAGGF jaoks on suurenenud risk saada rahalist kahju, tuleb meenutada, et mis puutub korrektsiooni määra, siis tuleb liikmesriigil tõendada, et komisjon on hinnanud tuvastatud puuduste finantstagajärgi ekslikult (Euroopa Kohtu 18. märtsi 1999. aasta otsus kohtuasjas C‑59/97: Itaalia vs. komisjon, EKL 1999, lk I‑1683, punkt 55, ja eespool punktis 73 viidatud 20. septembri 2001. aasta kohtuotsus Belgia vs . komisjon, punkt 37; eespool punktis 63 viidatud 11. juuni 2009. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 168). Käesoleval juhul tuleb märkida, et Kreeka Vabariik ei ole oma väiteid tõenditega toetanud. 331. Teiseks väidab Kreeka Vabariik, et käesoleval juhul kohaldatud korrektsiooni suurendamine oli automaatne ja konkreetsete põhjendusteta. 332. Selles osas tuleb meenutada, et korrektsiooni määra ei tohi tõsta 15%‑le automaatselt, vaid üksnes pärast liikmesriigi võetud võimalike korrektiiv- või kompenseerimismeetmete uurimist ning tehtud parandusi arvesse võttes (vt selle kohta Üldkohtu 31. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas T‑214/07: Kreeka vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 90). Lisaks sellele tuleb otsuse põhjendust pidada piisavaks, kui riik, kellele otsus on suunatud, oli selle otsuse väljatöötamise menetlusega tihedalt seotud ja kui talle olid teada põhjused, mille tõttu komisjon keeldus vaidlusalust summat EAGGF kuludesse kandmast (vt eespool punktis 73 viidatud kohtupraktika). 333. Käesoleval juhul piisab märkimisest, et tuvastatud puuduste korduvat laadi on rõhutatud võistleva menetluse käigus, millest Kreeka Vabariik võttis osa (vt eespool punktid 326–328). 334. Peale selle on nimetatud menetluse käigus märgitud (vt eespool punkt 319), et ristkontrollide ja tsentraalsete andmebaaside valdkonnas sisse viidud parandused on ebapiisavad. 335. Sellest tuleneb, et vastupidi Kreeka Vabariigi väidetele on eespool punktis 73 viidatud kohtupraktika põhjal vaidlustatud otsuse põhjendus piisav. 336. Kolmandaks väidab Kreeka Vabariik, et kohaldatud korrektsioon on ebaproportsionaalne. 337. Selles osas võib komisjon väljakujunenud kohtupraktika põhjal keelduda kõigi tehtud kulutuste EAGGF kuludesse kandmisest, kui ta tuvastab, et kontrollimehhanismid on ebapiisavad (vt selle kohta Euroopa Kohtu 24. veebruari 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑318/02: Madalmaad vs. komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 45). 338. Käesoleval juhul näib, et komisjoni talituste tuvastatud puudused on seotud kontrollisüsteemi oluliste osadega ning selliste kontrollide läbiviimisega, mis on kulude nõuetekohasuse kindlakstegemisel oluline, mistõttu võib mõistlikult järeldada, et EAGGF jaoks on kahju risk märkimisväärne. 339. Sellest tulenevalt ei saa korrektsiooni määra 15% asjaomastest kulutustest pidada käesoleval juhul ülemäära suureks või ebaproportsionaalseks. 340. Kõigest eeltoodust tuleneb, et Kreeka Vabariigi esitatud argumendid ei näita, et komisjon kohaldas korrektsiooni määra 15% ekslikult või rikkus selles osas oma põhjendamiskohustust. 341. Seega tuleb käesolev väide tervikuna tagasi lükata. 342. Sellest tuleneb, et kõik oliiviõlisektoris kohaldatud finantskorrektsioonide vastu esitatud väited tuleb tagasi lükata. 6. Kümnes ja üheteistkümnes väide, mis käsitlevad finantskontrolli sektoris tehtud kulutustele kohaldatud korrektsioone Ühenduse õigusnormid Väljamaksete tegemise tähtajad 343. Komisjoni 16. veebruari 1996. aasta määrus (EÜ) nr 296/96 liikmesriikide edastatavate andmete ja Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust rahastatavate kulude igakuise kirjendamise ning määruse (EMÜ) nr 2776/88 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 39, lk 5; ELT eriväljaanne 03/18, lk 453) näeb põhjenduses 4 ette: „ühiste põllumajanduseeskirjadega kehtestatakse liikmesriikide abisaajatele toetuse väljamaksmise tähtajad; kõiki pärast nende tähtaegade möödumist sooritatud makseid, millega viivitamine ei ole põhjendatud, loetakse mittenõuetekohaseks ning seepärast ei saa nende kulude kirjendamise alusel põhimõtteliselt avanssi maksta; rahalise mõju vastavusse viimiseks väljamakse hilinemisega tuleks avanssi vähendada järk-järgult, olenevalt registreeritud viivituse kestusest”. 344. Määruse (EÜ) nr 296/96 artikli 4 muudetud redaktsioon sätestab: „1. Vastavalt artiklile 3 saadetud andmete põhjal võtab komisjon vastu otsused ja maksab kirjendatud kulude alusel igakuist avanssi, ilma et see piiraks määruse nr 2040/2000 artikli 14 sätete kohaldamist. 2. Pärast ettenähtud tähtaja möödumist tehtud kulude puhul vähendatakse avansi maksmist kirjendatud kulude alusel järgmiselt: a) kui pärast tähtaja möödumist tehtud kulutused on kuni 4% enne tähtaega tehtud kulutustest, summat hilinetud kuude arvust olenemata ei vähendata; b) 4% künnise ületamisel vähendatakse summat vastavalt tähtaja ületamise pikkusele: – ühe kuu puhul 10%, – kahe kuu puhul 25%, – kolme kuu puhul 45%, – nelja kuu puhul 70%, – viie või enama kuu puhul 100%. Kui mõningate meetmete puhul on tegemist ebatavaliste haldustingimustega või kui liikmesriigid on esitanud arvestatavad põhjendused, kohaldab komisjon siiski teistsugust ajagraafikut ja/või ettenähtud vähendamismääradest väiksemaid määrasid või jätab ettemaksed vähendamata. Käesolevas artiklis toodud vähendamismäärasid kohaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2040/2000 artiklis 14 sätestatud tingimustele.” Väljamaksete tegemise tähtajad ebasoodsamate piirkondade puhul 345. Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 817/2004, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks) (mis hõlmab muu seas ebasoodsamate piirkondade arendamist) kohaldamiseks (ELT L 153, lk 30, parandus ELT 2004, L 231, lk 24; ELT eriväljaanne 03/46, lk 87), artikkel 51 näeb ette: „1. Maaelu arengu programmdokumentidesse ning EAGGF tagatisrahastust rahastatavaid maaelu arengumeetmeid käsitlevatesse eesmärgi 2 ühtsetesse programmdokumentidesse tehtavaid muudatusi tuleb nõuetekohaselt põhjendada eelkõige järgmiste andmete alusel: a) põhjused ja võimalikud rakendamisraskused, mis õigustavad programmdokumendi muutmist; b) muudatuse loodetavad tulemused; c) võetud kohustuste rahastamise ja kontrollimise tulemused. 2. Komisjon kiidab […] sätestatud korras heaks vastavalt maaelu arengu programmdokumentidesse, artikli 48 lõikes 1 viidatud otsusele lisatud finantstabelisse ning EAGGF tagatisrahastust rahastatavaid maaelu arengumeetmeid käsitlevatesse eesmärgi 2 ühtsetesse programmdokumentidesse tehtavad muudatused, mis: a) mõjutavad prioriteete; b) muudavad II lisas kirjeldatud toetusmeetmete põhijooni; c) ühenduse kogutoetuse ülemmäär […]; d) muudavad programmdokumendis sisalduvatele meetmetele eraldatud summade jaotust, kui need ületavad: – 15% asjaomase programmi abikõlblikest kogukuludest, mis on ettenähtud kogu programmitöö perioodiks, kui ühenduse toetus põhineb abikõlblikel kogukuludel, – 20% asjaomase programmi abikõlblikest riiklikest kogukuludest, mis on ettenähtud kogu programmitöö perioodiks, kui ühenduse toetus põhineb abikõlblikel riiklikel kogukuludel, mis on arvutatud komisjoni otsuse, millega kinnitatakse programmdokument […] vastavalt viimastele muudatustele, juurde lisatud finantstabeli viimase veeru (kokku) alusel. 3. Lõikes 2 nimetatud muudatused esitatakse komisjonile ühtse ettepanekuna iga programmi kohta mitte sagedamini kui kord kalendriaasta jooksul. Esimest lõiku ei kohaldata: a) kui muudatusi on vaja loodusõnnetuse või muu liikmesriikide programmitööle suurt mõju avaldava erakorralise sündmuse tagajärjel; b) kui artikli 48 lõikes 1 viidatud otsusele lisatud finantstabeli muutmist on vaja piirkondliku maaelu arenduse programmdokumendi muutmise tulemusena. 4. Lõike 2 punktiga d hõlmamata finantsilise iseloomuga muudatused ja II lisa punkti 9 lõike 2 punkti B esimeses taandes nimetatud ühenduse osalusmäära muudatused edastatakse komisjonile koos II lisa punkti 8 kohaselt muudetud rahastamistabeliga. Need jõustuvad kuupäeval, mil komisjon nad kätte saab. Esimeses lõigus osutatud finantsilise iseloomuga muudatustega hõlmatav kogusumma ei tohi kalendriaastas ületada lõike 2 punktis d sätestatud ülemmäära. 5. Lõigetega 2 ja 4 hõlmamata muudatustest teatatakse komisjonile vähemalt kolm kuud enne nende jõustumist. Sellised muudatused võivad jõustuda varem, kui komisjon kinnitab liikmesriigile enne kolmekuulise perioodi lõppu, et teavitatud muudatused on vastavuses ühenduse õigusaktidega. Kui teavitatud muudatus ei vasta ühenduse seadusandlusele, teavitab komisjon sellest liikmesriiki ja esimeses punktis ette nähtud kolmekuuline periood peatatakse, kuni komisjon saab vastavuses oleva muudatuse.” Koondaruanne 346. Koondaruandes on välja toodud kolm uurimist, mille viited on FA/2005/70/GR, FA/2006/108/GR ja FA/2006/137/GR ning mille tulemustest komisjon teavitas vastavalt jaanuaris, aprillis ja augustis 2006. Pärast komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel seoses iga menetlusega aset leidnud kirjavahetust, 15. jaanuari 2007. aasta ühist kutset kahepoolsele kohtumisele ning selle kohtumise pidamist, saatis komisjon 28. juuni 2007. aasta kirjas iga menetluse kohta asjaomase kohtumise protokolli. Kolme 24. jaanuari 2008. aasta kirjaga tegi komisjon Kreeka Vabariigile ametlikult teatavaks oma seisukohad. Pärast kolme menetluse suhtes 10. juulil 2008 ühisena koostatud lepitusorgani arvamust 08/GR/360 tegi komisjon vastavalt 8. oktoobri, 6. oktoobri ja 19. septembri 2008. aasta kirjades Kreeka Vabariigile teatavaks oma lõpliku seisukoha. 347. Esiteks, mis puutub viidet FA/2005/70/GR kandvasse uurimisse, siis märkis ta muu seas, et ebasoodsamate piirkondade osas oli määratud kulutuste ülemmääraks summa 115 770 000 eurot, samas kui kulutuste summa oli 121 992 923,70 eurot, mis tähendab kulude ületamist 6 222 923,70 euro võrra. Vastavalt määruse nr 817/2004 artikli 51 lõikele 4 peab finantsilise iseloomuga muudatused, mis ei kuulu selle määruse artikli 51 lõike 2 alla, aga edastama komisjonile ja need jõustuvad kuupäeval, mil komisjon nad kätte saab. Käesoleval juhul teavitas Kreeka Vabariik komisjoni sellest muudatusest alles 29. septembril 2004. Seega ei ole 6 222 923,70 euro suurune summa abikõlblik, kuna kulutused tehti enne muudatuste taotluse esitamist komisjonile. Argumendiga, mille kohaselt 2004. aasta kohta makstud kogusumma (nimelt 125,6 miljonit eurot) on 2004. aasta rahastamistabeliga (nimelt 145 miljonit eurot) võrreldes väiksem, ei saa nõustuda, kuna 145 miljoni euro suurune summa vastab programmi jaoks ette nähtud kogusummale ning sellega ei saa konkreetse meetmega seoses niisiis arvestada. 348. Teiseks on viidet FA/2006/108/GR kandvas uuringus tuvastatud 2005. aasta väljamaksete tegemisega seoses hilinemisi, mis puudutavad põllukultuure ning veise- ja vasikaliha sektoris tehtud täiendavaid väljamakseid. Selleks et vältida sama aasta ja sama eelarverea kohta kahekordse kindlasummalise korrektsiooni määramist, vähendati korrektsiooni. Lõplik summa on 4 521 536,62 eurot ja selles on võetud arvesse juba kohaldatud kindlasummalist korrektsiooni, et vältida kahekordset korrektsiooni. Üldkohtu hinnang 349. Kreeka Vabariik esitab kümnenda väite, mis käsitleb viidet FA/2005/70/GR kandvat uurimist, ja üheteistkümnenda väite, mis käsitleb viidet FA/2006/108/GR kandvat uurimist. Kümnes väide, mis käsitleb viidet FA/2005/70/GR kandvat uurimist ning milles osutatakse raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse normide, määruse nr 817/2004, põhjendamiskohustuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumist 350. Kreeka Vabariik vaidlustab ebasoodsamate piirkondade osas rahaliste ülemmäärade ületamise eest määratud korrektsiooni. Ta väidab, et komisjoni on asjaomasest muudatusest teavitatud ning et ülemäärane summa on samuti abikõlblik kulutus, kuna finantsaastal eraldatud kogusummat ei ole ületatud. 351. Üldkohus märgib, et Kreeka Vabariik ei vaidlusta tõsiasja, et algselt ebasoodsamate piirkondade jaoks ette nähtud kulutuste ülemmäära on 6 222 923,70 euro suuruse summa võrra ületatud (vt eespool punkt 347). 352. Lisaks ilmneb koondaruandest, mida selles osas ei ole vaidlustatud, et seda muudatust reguleerib määruse nr 817/2004 artikli 51 lõige 4, mis näeb ette, et finantsilise iseloomuga muudatused tuleb edastada komisjonile ja need jõustuvad kuupäeval, mil komisjon nad kätte saab. 353. Toimiku materjalidest, eelkõige koondaruandest nähtub aga, et see ületamine tuleneb muudatusest, millest komisjoni teavitati 29. septembril 2004 ning et asjaomased kulutused tehti enne, kui komisjoni neist teavitati, nagu on kinnitatud kohtuistungil ja kohtuistungi protokollis. 354. Seetõttu ei saa asjaomase meetme raames algsest toetussummast suuremaid enne 29. septembrit 2004 tehtud kulutusi ühenduse õigusnormide kohaselt tehtud kuludeks pidada. 355. Käesoleval juhul kohaldamisele kuuluva määruse nr 817/2004 artikli 51 lõige 4 ei näe tõesti ette, et komisjon peab asjaomase muudatuse selle jõustumiseks heaks kiitma, nagu Kreeka Vabariik rõhutab. 356. Siiski ei ole ka siis, kui asjaomane säte näeb ette, et finantsilise iseloomuga muudatused tuleb komisjonile edastada üksnes komisjoni teavitamise otstarbel, asjaomaseid teavitamise tingimusi käesoleval juhul järgitud. 357. Kreeka Vabariigi argument, mille kohaselt määrus nr 817/2004 võimaldab liikmesriikidel muuta programmi dokumente ja finantstabeleid, ei lükka seda järeldust ümber. Nimetatud määruse sätted näevad muudatuste raamid ette just nii sisu kui järgitava menetluse osas ning Kreeka Vabariik ei ole näidanud, et komisjoni järeldus, mille kohaselt määruse nr 817/2004 artikli 51 lõiget 4 ei ole järgitud, on väär. 358. Lisaks tuleb tagasi lükata Kreeka Vabariigi etteheide, mille kohaselt lõplik seisukoht ei sisaldanud mingit põhjendust ebasoodsamate piirkondade kohta ning vaidlustatud otsus on ebapiisavalt põhjendatud. 359. Kreeka Vabariik oli selle otsuse väljatöötamise menetlusega tihedalt seotud ning erinevate komisjoniga toimunud arvamusvahetuse käigus on käsitletud nii summasid kui asjaomase korrektsiooni õiguslikku alust (määruse nr 817/2004 artikli 51 lõiked 2 ja 4). Seetõttu teadis ta vaidlustatud otsuse põhjuseid, ning asjaomast otsust tuleb seega pidada eespool viidatud ja käesolevas asjas aluseks võetavat kohtupraktikat (vt eespool punkt 73) arvestades piisavalt põhjendatuks. 360. Lõpuks väidab Kreeka Vabariik, et on rikutud proportsionaalsuse põhimõtet. Ta väidab, et ülemmäära on ebasoodsamate piirkondade osas ületatud, kuid 2004. aasta maaelu arendamise programmi kui terviku jaoks kindlaks määratud ülemmäära ei ole ületatud, ning tugineb EAGGF‑le põhjustatud kahju puudumisele. 361. Üldkohus meenutab, et määruse nr 1258/1999 artikli 3 lõige 1 näeb ette, et väljaspool eesmärgi 1 programmi vastavalt ühenduse eeskirjadele võetud maaelu arendamise meetmeid rahastatakse artikli 1 lõike 2 punkti c kohaselt. 362. Lisaks rahastab EAGGF väljakujunenud kohtupraktika kohaselt üksnes ühenduse õigusnormidele vastavaid sekkumisi põllumajandusturgude ühise korralduse raames. Järelikult peab liikmesriik kandma kõik ülejäänud kulud, mis kaasnevad makstud summadega, eelkõige nendega, mille suhtes siseriiklikud ametiasutused leidsid ebaõigesti, et nad on volitatud neid ühise korralduse raames välja maksma (vt selle kohta ja analoogia alusel Euroopa Kohtu 18. aprilli 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑332/00: Belgia vs. komisjon, EKL 2002, lk I‑3609, punktid 44 ja 45; vt selle kohta ja analoogia alusel ka Euroopa Kohtu 24. märtsi 1988. aasta otsus kohtuasjas 347/85: Ühendkuningriik vs. komisjon, EKL 1988, lk 1749, punktid 52 ja 53). 363. Nagu eespool punktides 354 ja 356 aga nenditud, ületati ebasoodsamate piirkondade jaoks määratud kulutuste ülemmäära ning komisjoni ei ole sellest määruse nr 817/2004 artikli 51 lõikes 4 ette nähtud menetluse kohaselt teavitatud. 364. Tuvastanud selle nõuete rikkumise, võis komisjon õigusega võtta vastu vaidlustatud otsuse ning seda hoolimata Kreeka Vabariigi argumendist, mille kohaselt 2004. aasta maaelu arendamise programmi jaoks kindlaks määratud ülemmäära ei ole ületatud. Tuleb meenutada, et maaelu arendamise toetamise korra tõhususe ja selle eesmärkide täitmise tagamiseks on oluline, et seda toetavad abikõlblikud meetmed oleksid kooskõlas ühenduse õigusnormidega ning et liikmesriigid teeksid selle nimel koostööd, järgides maaelu arendamise toetamise eeskirju kindlaks määravates õigusnormides ette nähtud õiguslikke raame, kuivõrd seda tulemust ei ole võimalik saavutada, kui liikmesriigid saavad kohaldamisele kuuluvaid sätteid rikkudes rahalisi vahendeid ümber jagada (vt selle kohta eespool punktis 73 viidatud 30. septembri 2009. aasta kohtuotsus Madalmaad vs . komisjon, punkt 118). 365. Seetõttu tuleb järeldada, et komisjon ei ole proportsionaalsuse põhimõtet rikkunud. 366. Seetõttu tuleb kümnes väide tagasi lükata. Üheteistkümnes väide, mis käsitleb viidet FA/2006/108/GR kandvat uurimist ning milles osutatakse raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse normide ja määruse nr 296/96 väärale kohaldamisele, faktiliste asjaolude väärale hindamisele ning põhjendamiskohustuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumisele 367. Kreeka Vabariik märgib, et väljamaksete tegemisega hilineti esiteks põllukultuuride osas seoses rahuldamisele kuulunud nõuete läbivaatamisega, ja teiseks veiseliha osas seoses hilisemate väljamaksetega kompenseerimisega. 368. Tuleb meenutada, et EAGGF kantavaid finantseerimiskulutusi tuleb arvutada lähtuvalt eeldusest, et kohaldatavates põllumajanduseeskirjades ette nähtud tähtaegadest peetakse kinni. Seetõttu jätavad siseriiklikud ametiasutused, kui nad maksvad toetusi pärast tähtaja möödumist, mittenõuetekohased ja seega abikõlbmatud kulud EAGGF kanda, nagu määruse nr 296/96 põhjenduses 4 märgitud (vt selle kohta Euroopa Kohtu 28. oktoobri 1999. aasta otsus kohtuasjas C‑253/97: Itaalia vs . komisjon, EKL 1999, lk I‑7529, punkt 126, ja Esimese Astme Kohtu 12. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T‑243/05: Kreeka vs. komisjon, EKL 2007, lk II‑3475, punkt 116). 369. Peale selle vähendatakse määruse nr 296/96 artikli 4 kohaselt (vt eespool punkt 344) pärast ettenähtud tähtaja möödumist tehtud kulutuste puhul avansi maksmist selles artiklis kirjeldatud viisil. Summat hilinetud kuude arvust olenemata ei vähendata üksnes juhul, kui pärast tähtaja möödumist tehtud kulutused on kuni 4% enne tähtaega tehtud kulutustest. 370. Käesoleval juhul tuleb tähelepanu juhtida sellele, et Kreeka Vabariik ei vaidlusta hilinenud väljamaksete olemasolu. Ta ei vaidlusta ka seda, et hilinemisega kinnimakstud kulutused ületavad seda 4% määra. 371. Seetõttu ei tõenda ta, et käesolevas asjas on faktilisi asjaolusid ekslikult hinnatud ja et komisjon on määrust nr 296/96 või raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse norme rikkunud. 372. Kreeka Vabariik väidab, et asjaomast korrektsiooni oleks pidanud konkreetselt põhjendama. 373. Siiski ilmneb toimikust, et hilinenud väljamaksete õigustamiseks Esimese Astme Kohtus esitatud põhjendustest anti komisjonile teada 3. juuli 2006. aasta kirjas ja viimane lükkas need tagasi põhjusel, et osutatud põhjendused ei õigusta väljamaksetega hilinemist. Peale selle on kahepoolse kohtumise protokollist näha, et korrektsiooni määramine jäeti jõusse, kuna hagisid puudutavas osas on 4% määr piisav. Lisaks, mis puutub veiselihasektoris määratud korrektsioonidesse, siis nähtub haldusmenetlusest, et komisjon vähendas väljamaksete ületamise tõttu määratud korrektsioonisummat põhjusel, et vältida kahekordset korrektsiooni ning et see avaldas hilinenud väljamaksete suhtes mõju. Koondaruandes on esitatud üksikasjalik tabel hilinenud väljamaksete suhtes juba tehtud vähendamiste rahalisest mõjust. 374. Seetõttu olid Kreeka Vabariigile, kes oli vaidlustatud otsuse väljatöötamise menetlusega tihedalt seotud, teada põhjused, mille tõttu komisjon pidas asjaomast korrektsiooni põhjendatuks. Ta ei ole esitanud ka ühtegi põhjust või õiguslikku alust, mis nõuaks varem osutatud (vt eespool punkt 73) väljakujunenud kohtupraktika kohaselt nõutavast põhjendusest konkreetsemat põhjendust. Sellest tuleneb, et põhjendamata jätmise etteheide tuleb tagasi lükata. 375. Kreeka Vabariik väidab ka seda, et rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet, kuna komisjon kohaldas määruses nr 296/96 ette nähtud korrektsiooniskaalat ilma oma kaalutlusõigust kasutamata. 376. Nagu komisjon aga rõhutab, ei anna määruse nr 296/96 artikli 4 lõike 2 esimene lõik komisjonile kaalutlusõigust. 377. Määruse nr 296/96 artikli 4 lõike 2 teine lõik võimaldab komisjonil tõesti kohaldada teistsugust ajagraafikut, kui on tegemist erandlike haldustingimustega või kui liikmesriik on esitanud arvestatavad põhjendused. 378. Siiski on tegemist erandit ette nägeva sättega ning seetõttu tuleb seda tõlgendada kitsalt (eespool punktis 368 viidatud 12. septembri 2007. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 115). 379. Lisaks peab Kreeka Vabariik tõendama, et määruse nr 296/96 artikli 4 lõike 2 teise lõigu tingimused on täidetud, ehk tõendama, et teatavate meetmete puhul on tegemist erandlike haldustingimustega, või esitama arvestatavad põhjendused. Kreeka Vabariik peab eelkõige tõendama, et väljamaksete hilinenult tegemine ei väljunud mõistlikest piiridest (vt selle kohta Euroopa Kohtu 18. septembri 2003. aasta otsus kohtuasjas C‑331/00: Kreeka vs . komisjon, EKL 2003, lk I‑9085, punkt 117, ja eespool punktis 63 viidatud 11. juuni 2009. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 372). 380. Käesoleval juhul peaks ta seega tõendama põllukultuuride varasemate toetusnõuete olemasolu, mille läbivaatamine õigustab väljamaksete hilinenud tegemist (vt selle kohta eespool punktis 63 viidatud 11. juuni 2009. aasta kohtuotsus Kreeka vs. komisjon, punkt 375). Käesoleval juhul ta seda ei teinud. Kreeka Vabariik ei ole õigustanud ka veiselihasektori kompensatsioonide hilinenud väljamakseid. 381. Seega tuleb proportsionaalsuse põhimõtte rikkumist puudutav etteheide tagasi lükata. 382. Lõpuks osutab Kreeka Vabariik EAGGF‑le tekkivate kahjude puudumisele, kuna avansi maksmise staadiumis kohaldati määruse nr 296/96 alusel 4 678 975,85 euro suurust vähendamist, mis on lõplikust korrektsioonist suurem summa. 383. Selle argumendiga ei saa siiski nõustuda. Nagu varem märgitud, (vt eespool punkt 368), tuleb EAGGF kantavaid finantseerimiskulutusi arvutada lähtuvalt eeldusest, et ette nähtud tähtaegadest peetakse kinni. Seetõttu jätavad Kreeka ametiasutused, kui nad maksvad toetusi pärast tähtaja möödumist, EAGGF kanda abikõlbmatuid kulusid (vt selle kohta eespool punktis 368 viidatud 28. oktoobri 1999. aasta kohtuotsus Itaalia vs . komisjon, punkt 126, ja Esimese Astme Kohtu 20. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas T‑251/04: Kreeka vs . komisjon, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 78). Argument, et lõplikult määratud korrektsioon (nimelt 4 521 536,62 eurot) on väiksem kui algselt kohaldatud vähendamine (nimelt 4 678 975,85 eurot), ei oma selles osas tähtsust. 384. Kõigest eeltoodust tuleneb, et üheteistkümnes väide tuleb tagasi lükata. 385. Seetõttu tuleb hagi tervikuna jätta rahuldamata. Kohtukulud 386. Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud Kreeka Vabariigi kahjuks, tuleb kohtukulud vastavalt komisjoni nõudele välja mõista Kreeka Vabariigilt. Resolutiivosa Esitatud põhjendustest lähtudes ÜLDKOHUS (teine koda) otsustab: 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

62018CJ0773

mt

It-talbiet għal deċiżjoni preliminari jirrigwardaw l-interpretazzjoni tal-Artikoli 2, 6, 9 u17 tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas‑27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 4, p. 79), kif ukoll tal-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Karta”). Dawn it-talbiet tressqu fil-kuntest ta’ tliet tilwimiet bejn TK (C‑773/18), UL (C‑774/18) u VM (C‑775/18) minn naħa, u l-Land Sachsen-Anhalt (il-Land ta’ Sachsen-Anhalt, il-Ġermanja) min-naħa l-oħra, li jirrigwardaw talbiet għal ħlas ta’ kumpens minħabba diskriminazzjoni skont l-età allegatament imġarrba waqt il-klassifikazzjoni tagħhom fi skala fl-okkażjoni tar-reklutaġġ tagħhom bħala mħallef jew uffiċjal tal-Land imsemmija. Il-kuntest ġuridiku Id-dritt tal-Unjoni Skont l-Artikolu 1 tagħha, l-għan tad-Direttiva 2000/78 “huwa li tniżżel parametru ġenerali biex tikkumbatti diskriminazzjoni fuq bażi ta’ reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-impjieg u x-xogħol, bi skop li timplimenta fl-Istati Membri il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament”. L-Artikolu 2 ta’ din id-direttiva jipprevedi: “1.   Għall-iskop ta’ din id-Direttiva, ‘il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament’ għandu jfisser li m’għandux ikun hemm diskriminazzjoni diretta jew indiretta għall-ebda raġuni msemmija fl-Artikolu 1. 2.   Għall-iskopijiet tal-paragrafu 1: a) għandu jitqies li jkun hemm diskriminazzjoni diretta meta persuna tiġi trattata b’mod inqas favorevoli milli kienet tiġi trattata oħra f’sitwazzjoni simili, għar-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 1; b) għandu jitqies li jkun hemm diskriminazzjoni indiretta meta fejn dispożizzjoni, kriterju jew prattika apparentement newtrali tkun tqiegħed persuni li għandhom reliġjon jew twemmin partikolari, diżabilità partikolari, età partikolari, jew orjentazzjoni sesswali partikolari, partikolari fi żvantaġġ partikolari a paragun ma’ persuni oħra ħlief: i) meta dik id-dispożizzjoni, jew dak il-kriterju jew prattika jkunu oġġettivament iġġustifikati minn skop leġittimu u l-mezzi li tintlaħaq ikun approprjati u neċessarji, […] […]” L-Artikolu 6 tal-imsemmija direttiva jipprovdi: “1.   Minkejja l-Artikolu 2(2), l-Istati Membri jistgħu jipprovdu li trattament differenti fuq bażi ta’ età m’għandux jikkostitwixxi diskriminazzjoni, jekk, fil-kuntest tal-liġi nazzjonali, hu objettivament u raġonevolment iġġustifikat b’għan leġittimu, inkluża politika leġittima ta’ l-impjieg, tas-suq tax-xogħol u ta’ objettivi ta’ taħriġ professjonali, u jekk il-mezzi biex jintlaħqu dawk l-għanjiet ikunu approprjati u neċessarji. Dan it-trattament differenti jista’ b’mod partikolari jinkludi: a) l-istabbiliment ta’ kondizzjonijiet speċjali għall-aċċess għall-impjieg u t-taħriġ professjonali, l-impjieg u x-xogħol, inkluzi l-kundizzjonijiet ta’ sensji u pagi, għaż-żgħażagħ, ħaddiema ta’ età, u persuni li jkollhom responsabbilitajiet li jieħdu ħsieb persuni oħra sabiex jippromwovu l-integrazzjoni professjonali tagħhom jew jiżguraw il-protezzjoni tagħhom; b) l-iffissar ta’ kondizzjonijiet minimi ta’ età, esperjenza professjonali jew anzjanità f’servizz għall-aċċess ta’ mpjieg jew għal ċerti vantaġġi marbuta ma’ l-impjieg; c) l-iffissar ta’ età massima għal reklutaġġ li tkun ibbażata fuq ħtiġiet ta’ formazzjoni tal-post inkwistjoni jew fuq il-ħtieġa ta’ perijodu raġjonevoli ta’ mpjieg qabel l-irtirar. 2.   Minkejja l-Artikolu 2(2) l-Istati Membri jistgħu jipprovdu illi l-iffissar fir-rigward ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali professjonali, ta’ età għall-parteċipazzjoni jew intitolament għall-benefiċċji ta’ l-irtirar jew ta’ l-invalidità, inkluża wkoll l-iffissar għal dawn l-iskemi ta’ etajiet differenti għal ħaddiema jew għal gruppi jew kategoriji differenti ta’ ħaddiema jew ta’ kriterji ta’ età fil-kalkoli ta’ l-attwarji fil-qafas ta’ dawn l-iskemi ma jikkostitwix diskriminazzjoni minħabba l-età, sakemm dan ma jirriżultax f’diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ sess.” L-Artikolu 9 tal-istess direttiva huwa redatt kif ġej: “1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri ġudizzjarji u/jew amministrattivi, inklużi meta jitqies approprjat proċeduri ta’ konċiljazzjoni, għall-eżekuzzjoni ta’ obbligi taħt din id-Direttiva, ikunu disponibbli għal-persuni kollha li jikkunsidraw ruħhom trattati ħażin minħabba nuqqas ta’ applikazzjoni tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza fit-trattament, anke wara li r-relazzjoni li fiha jkun allegat li saret id-diskriminazzjoni tkun spiċċat. […] 3.   Il-Paragrafi 1 u 2 huma mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali dwar limiti taż-żmien biex iġibu azzjonijiet għar-rigward tal-prinċipju ta’ l-ugwaljanza fit-trattament.” L-Artikolu 17 tad-Direttiva 2000/78 jiddikjara: “L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar sanzjonijiet applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jiżguraw li jiġu applikati. Is-sanzjonijiet, li jistgħu jinvolvu l-pagament ta’ kumpens lill-vittma, għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kumissjoni dwar dawk id-dispożizzjonijet sa mhux aktar tard mit-2 ta’ Diċembru 2003 u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull emenda sussegwenti li taffettwahom.” Id-dritt Ġermaniż Konformement mal-Artikolu 1 tagħha, l-Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (il-Liġi Ġenerali dwar l-Ugwaljanza fit-Trattament), tal‑14 ta’ Awwissu 2006 (BGBl. I, p. 1897, iktar ’il quddiem l-“AGG”) għandha bħala għan li tipprekludi jew li telimina kull żvantaġġ fuq il-bażi tar-razza jew l-oriġini etnika, tas-sess, tar-reliġjon jew it-twemmin, ta’ diżabbiltà, tal-età jew tal-identità sesswali. L-Artikolu 7(1) tal-AGG jiddikjara: “Il-ħaddiema ma għandhom iġarrbu ebda diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 1 […]” L-Artikolu 15 tal-AGG, intitolat “Kumpens u danni”, jipprovdi: “(1)   Fil-każ ta’ ksur tal-projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni, il-persuna li timpjega għandha tagħmel tajjeb għad-danni li jirriżultaw. Din ir-regola ma tapplikax fil-każ li l-persuna li timpjega ma tkunx responsabbli għall-ksur ta’ tali obbligu. (2)   Għal dannu li ma jkunx ta’ natura patrimonjali, il-ħaddiem jista’ jitlob kumpens pekunjarju xieraq. […] […] (4)   Id-drittijiet ibbażati fuq il-paragrafi 1 jew 2 għandhom jiġu invokati bil-miktub fi żmien xahrejn sakemm il-partijiet ma jkunux ftiehmu mod ieħor fil-ftehimiet kollettivi. Fil-każ ta’ applikazzjoni għal impjieg jew ta’ promozzjoni professjonali, it-terminu jibda jiddekorri minn meta jkun ġie rċevut l-avviż ta’ rifjut u, fil-każijiet l-oħra kollha ta’ danni, minn meta l-impjegat isir jaf bid-diskriminazzjoni. […]” Skont l-Artikolu 24 tagħha, id-dispożizzjonijiet tal-AGG japplikaw mutatis mutandis , b’mod partikolari, għall-uffiċjali u għall-imħallfin. Il-kawżi prinċipali u d-domandi preliminari Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali fil-Kawża C‑773/18 teżerċita, sa mill‑1 ta’ Jannar 2010, il-funzjoni ta’ mħallef fi ħdan qorti tal-Land ta’ Sachsen-Anhalt. Ir-rikorrenti fil-kawżi prinċipali fil-kawżi C‑774/18 u C‑775/18 huma uffiċjali ta’ dan il-Land sa mill‑1 ta’ Awwissu 2006 u l‑1 ta’ Jannar 2009 rispettivament. Sal‑31 ta’ Marzu 2011 inkluż, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali rċevew remunerazzjoni konformement mal-Bundesbesoldungsgesetz (il-Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali) tas‑6 ta’ Awwissu 2002 (BGBl. I, p. 3020), kif emendata bil-Liġi tat‑12 ta’ Lulju 2006 (BGBl. I, p. 1466) (iktar ’il quddiem l-“ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali”). Konformement ma’ din il-liġi, l-iskala ta’ remunerazzjoni bażika ta’ uffiċjal jew ta’ mħallef fi ħdan kull grad ta’ funzjoni kienet iddeterminata, mar-reklutaġġ, skont l-età tal-persuna rreklutata. Fis-sentenza tagħha tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni minħabba l-età stabbilit fl-Artikolu 21 tal-Karta u kkonkretizzat permezz tad-Direttiva 2000/78, b’mod iktar partikolari permezz tal-Artikolu 2 u l-Artikolu 6(1) tagħha, tipprekludi li, f’kull grad, l-iskala ta’ remunerazzjoni bażika ta’ membru tal-persunal bil-kuntratt tas-settur pubbliku tiġi ddeterminata, mar-reklutaġġ ta’ dan il-membru tal-persunal, skont l-età tiegħu. Skont l-indikazzjonijiet tal-qorti tar-rinviju, u wara l-għoti ta’ din is-sentenza, il-Land ta’ Sachsen Anhalt żammet l-istess approċċ tal-Bundesministerium des Innern (il-Ministeru Federali għall-Affarijiet Interni, il-Ġermanja), li ta struzzjoni lill-amministrazzjonijiet federali, permezz ta’ żewġ ċirkolarijiet tas‑27 ta’ Jannar 2012 u tat‑23 ta’ Marzu 2012, li jiċħdu kull ilment imressaq minn uffiċjali jew imħallfin kontra d-determinazzjoni tar-remunerazzjoni tagħhom bis-saħħa tal-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali, minħabba li l-imsemmija sentenza kienet tirrigwarda l-membri tal-persunal bil-kuntratt u ma setgħetx tiġi trasposta għas-sitwazzjoni tal-uffiċjali u tal-imħallfin. Mill-indikazzjonijiet mogħtija mill-qorti tar-rinviju jirriżulta wkoll li l-qrati amministrattivi Ġermaniżi ma qablux fuq il-kwistjoni dwar jekk il-prinċipji li jirriżultaw mis-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), setgħux jiġu trasposti għall-kundizzjonijiet ta’ remunerazzjoni tal-uffiċjali u tal-imħallfin. Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ressqu, rispettivament, fis‑16 ta’ Diċembru 2013 (C‑773/18), is‑17 ta’ Frar 2012 (C‑774/18) u l‑21 ta’ Diċembru 2012 (C‑775/18), ilmenti quddiem il-Land ta’ Sachsen Anhalt kontra d-determinazzjoni tar-remunerazzjoni tagħhom sal‑31 ta’ Marzu 2011, billi invokaw diskriminazzjoni bbażata fuq l-età. Huma kienu talbu, b’mod partikolari, il-ħlas tal-kumpens previst fl-Artikolu 15(2) tal-AGG. Permezz ta’ sentenzi tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 ), kif ukoll tad‑9 ta’ Settembru 2015, Unland ( C‑20/13 , EU:C:2015:561 ), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 2 u l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2000/78 jipprekludu miżura nazzjonali li bis-saħħa tagħha, fi ħdan kull grad ta’ funzjoni, l-iskala ta’ remunerazzjoni bażika ta’ uffiċjal jew ta’ mħallef tiġi ddeterminata, mar-reklutaġġ, skont l-età tiegħu. Permezz ta’ żewġ liġijiet adottati, rispettivament, fit‑18 ta’ Diċembru 2015 u t‑8 ta’ Diċembru 2016, il-Land ta’ Sachsen Anhalt ipproċeda għall-ħlas ta’ arretrati fuq ir-remunerazzjoni li kienu japplikaw, mis-sena 2008, għall-uffiċjali u l-imħallfin kollha impjegati fis-servizz tiegħu. Għall-perijodu sal‑31 ta’ Marzu 2011 inkluż, l-imsemmija arretrati kienu jammontaw għal perċentwali tar-remunerazzjoni bażika li l-uffiċjali u l-imħallfin kienu effettivament irċevew, matul kull sena meħuda inkunsiderazzjoni, bis-saħħa tal-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali. Il-qorti tar-rinviju tippreċiża li dawn l-arretrati fuq ir-remunerazzjoni kienu intiżi sabiex jimplimentaw żewġ sentenzi tal-Bundesverfassungsgericht (il-Qorti Kostituzzjonali Federali, il-Ġermanja) li permezz tagħhom din kienet iddeċidiet li r-remunerazzjoni tal-imħallfin u tal-uffiċjali tal-Land ta’ Sachsen Anhalt kienet inferjuri għall-minimu legali impost mill-Grundgesetz (il-Liġi Fundamentali) u kienet ordnatlu jżid, mis-sena 2008, ir-remunerazzjoni tal-uffiċjali u tal-imħallfin fis-servizz tagħha. Fl‑24 ta’ Marzu 2016 (C‑773/18), is‑27 ta’ Ġunju 2016 (C‑774/18) u l‑24 ta’ Frar 2016 (C‑775/18), l-ilmenti tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali ġew miċħuda minħabba li dawn kienu tressqu wara l-iskadenza tat-terminu għat-tressiq tagħhom. F’dan ir-rigward, il-Land ta’ Sachsen Anhalt ikkunsidrat b’mod partikolari li dawn kien misshom talbu l-ħlas tal-kumpens previst fl-Artikolu 15(2) tal-AGG fit-terminu ta’ xahrejn imsemmi fl-Artikolu 15(4) tal-AGG, li beda jiddekorri fit‑8 ta’ Settembru 2011, jum l-għoti tas-sentenza Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ). Fit‑18 ta’ April 2016 (C‑773/18), it‑22 ta’ Lulju 2016 (C‑774/18) u t‑23 ta’ Marzu 2016 (C‑775/18), kull wieħed mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali adixxa l-qorti tar-rinviju b’rikors intiż b’mod partikolari għall-kundanna tal-Land ta’ Sachsen Anhalt sabiex tħallashom il-kumpens imsemmi fl-Artikolu 15(2) tal-AGG. Din il-qorti tistaqsi, minn naħa, jekk iż-żieda retroattiva tar-remunerazzjonijiet tal-imħallfin u tal-uffiċjali għall-perijodu mill‑1 ta’ Jannar 2008 sal‑31 ta’ Marzu 2011 ma tinkludix diskriminazzjoni ġdida bbażata fuq l-età, ġaladarba din iż-żieda tammonta għal perċentwali ta’ remunerazzjoni bażika rċevuta bis-saħħa ta’ klassifikazzjoni diskriminatorja fl-iskala mwettqa skont l-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali. Min-naħa l-oħra, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk l-għoti tas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), setgħetx tat lok għad-dekorrenza, għar-rikorrenti fil-kawża prinċipali, tat-terminu ta’ xahrejn previst fl-Artikolu 15(4) tal-AGG sabiex jinvokaw id-drittijiet tagħhom, f’dan il-każ permezz tat-tressiq ta’ lmenti. Fid-dawl tal-fatt li iktar minn 60 % ta’ tali lmenti mressqa fil-Land ta’ Sachsen Anhalt ġew miċħuda minħabba nuqqas ta’ osservanza ta’ dan it-terminu, din il-qorti għandha dubji dwar kemm l-uffiċjali u l-imħallfin hekk kif instabu f’sitwazzjoni bħal dik tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali setgħu jieħdu konjizzjoni, mal-għoti tal-imsemmija sentenza, tan-natura diskriminatorja tal-kalkolu tar-remunerazzjoni rispettiva tagħhom. Huwa f’dawn iċ-ċirkustanzi li l-Verwaltungsgericht Halle (il-Qorti Amministrattiva ta’ Halle, il-Ġermanja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel id-domandi preliminari li ġejjin lill-Qorti tal-Ġustizzja: “1) Iż-żieda a posteriori fil-perċentwali, fil-kuntest ta’ sistema ta’ remunerazzjoni diskriminatorja skont l-età, tikkostitwixxi forma ġdida ta’ diskriminazzjoni meta l-perċentwali ta’ żieda tkun l-istess għal kull skala fi grad, b’tali mod li d-differenza bejn il-persuna diskriminata u l-persuna li ma hijiex ma tvarjax f’termini relattivi iżda tvarja f’termini assoluti? 2) Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, din iż-żieda perċentwali hija ġġustifikata għall-etajiet kollha jekk iż-żieda tkun dovuta għall-fatt li r-remunerazzjoni inizjali tkun inqas mill-minimu meħtieġ mill-kostituzzjoni tal-Istat Membru? 3) Id-dritt tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Artikolu 9 tad-Direttiva [2000/78] jipprekludi leġiżlazzjoni li tipprevedi l-preskrizzjoni, wara termimu ta’ xahrejn, ta’ dritt għal kumpens għal remunerazzjoni diskriminatorja skont l-età, meta – dan it-terminu jibda jiddekorri mill-għoti tas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), minkejja li l-persuna kkonċernata ma taqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Bundesangestelltentarifvertrag (il-ftehim kollettiv tal-membri tal-persunal bil-kuntratt tas-settur pubbliku federali), iżda s-sitwazzjoni personali tagħha tikkorrispondi għal dik imsemmija [fil-kawża li tat lok għas-sentenza tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 ), jew f’dik li tat lok għas-sentenza tad‑9 ta’ Settembru 2015Unland ( C‑20/13 , EU:C:2015:561 )]; – l-uffiċjali u l-imħallfin kkonċernati (ħaddiema) setgħu biss isiru jafu dwar is-sentenza [tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 )] minn sorsi pubbliċi ġenerali; – wara l-adozzjoni tas-sentenza ċċitata iktar ’il fuq, il-persuni li jimpjegaw indikaw li din ma kinitx applikabbli għall-uffiċjali [jew għall-imħallfin] u, b’dan il-mod, huma ċaħdu l-eżistenza ta’ diskriminazzjoni skont l-età, u din il-pożizzjoni legali ġiet ikkomunikata esternament, għall-inqas parzjalment; – il-ġurisprudenza tal-qrati amministrattivi tal-ewwel istanza ċaħdet fil-parti l-kbira l-eżistenza ta’ diskriminazzjoni skont l-età f’dan it-terminu kif ukoll wara, sal-għoti tas-sentenza tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 ); – il-ġurisprudenza tal-qrati superjuri [nazzjonali] ma kinitx teżisti f’dan it-terminu, u l-ewwel deċiżjoni ta’ qorti suprema ngħatat biss wara s-sentenza [tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 )]; – fil-kuntest tar-relazzjoni ta’ xogħol applikabbli għall-uffiċjali jew għall-imħallfin, it-termini ta’ dekadenza japplikaw biss għar-rimbors ta’ ċerti spejjeż u dawn it-termini ma humiex iqsar minn sitt xhur; – id-drittijiet nazzjonali għal salarju (remunerazzjoni) huma suġġetti għal terminu ta’ preskrizzjoni ta’ tliet snin, li jibda jiddekorri mill-aħħar tas-sena li fiha dan id-dritt sar dovut u li matulha l-persuna kkonċernata saret taf jew kellha tkun taf b’dan id-dritt, inkella t-terminu ta’ preskrizzjoni huwa ta’ għaxar snin; – id-drittijiet nazzjonali għal salarju (remunerazzjoni), li ma humiex previsti mil-liġi, għandhom jiġu invokati f’perijodu ta’ żmien relattivament qasir, jiġifieri fis-sena finanzjarja li għaliha qed jintalbu? 4) Il-fatt li s-sitwazzjoni legali ma hijiex ċara jew hija konfuża huwa rilevanti għar-risposta għat-tielet domanda? 5) Sabiex terminu ta’ dekadenza jibda jiddekorri, huwa biżżejjed li l-grupp ta’ persuni żvantaġġati kienu jafu bid-differenza fit-trattament, jew ir-raġuni għal din id-differenza fit-trattament, jiġifieri l-kriterju ta’ differenzazzjoni, għandha wkoll tkun magħrufa?” Fuq id-domandi preliminari Fuq l-ewwel u t-tieni domandi Fuq l-ammissibbiltà Il-Land ta’ Sachsen Anhalt jikkontesta l-ammissibbiltà tal-ewwel u tat-tieni domandi preliminari billi jsostni li dawn ma humiex rilevanti għas-soluzzjoni tat-tilwima fil-kawża prinċipali. Fil-fatt, peress li l-kawżi prinċipali jirrigwardaw il-ħlas ta’ kumpens taħt l-Artikolu 15(2) tal-AGG, ma jkunx meħtieġ li jsir magħruf jekk ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali għandhomx dritt għal arretrati fuq ir-remunerazzjoni minħabba diskriminazzjoni ulterjuri allegatament imġarrba. F’dan ir-rigward għandu jitfakkar li skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, fil-kuntest tal-kooperazzjoni bejn din tal-aħħar u l-qrati nazzjonali stabbilita fl-Artikolu 267 TFUE, hija biss il-qorti nazzjonali li quddiemha qiegħda tinstema’ l-kawża u li għandha tassumi r-responsabbiltà tad-deċiżjoni ġudizzjarja, li għandha tevalwa, fid-dawl taċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-kawża, kemm il-ħtieġa ta’ deċiżjoni preliminari sabiex tkun f’pożizzjoni li tagħti d-deċiżjoni tagħha kif ukoll ir-rilevanza tad-domandi li hija tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja. Konsegwentement, meta d-domandi magħmula jkunu jirrigwardaw l-interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja hija, bħala prinċipju, marbuta li tagħti deċiżjoni (sentenza tas‑27 ta’ Ġunju 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Minn dan isegwi li d-domandi dwar id-dritt tal-Unjoni jgawdu minn preżunzjoni ta’ rilevanza. Ir-rifjut tal-Qorti tal-Ġustizzja li tagħti deċiżjoni dwar domanda preliminari magħmula minn qorti nazzjonali huwa possibbli biss meta jkun jidher b’mod manifest li l-interpretazzjoni mitluba tad-dritt tal-Unjoni ma jkollha ebda rabta mar-realtà jew mas-suġġett tal-kawża prinċipali, meta l-problema tkun ta’ natura ipotetika jew ulterjorment meta l-Qorti tal-Ġustizzja ma jkollhiex għad-dispożizzjoni tagħha l-punti ta’ fatt u ta’ liġi meħtieġa sabiex tirrispondi b’mod utli għad-domandi li jkunu sarulha (sentenza tas‑27 ta’ Ġunju 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dan il-każ, mill-proċess għad-dispożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali jsostnu quddiem il-qorti tar-rinviju li ż-żieda retroattiva tar-remunerazzjoni tal-imħallfin u tal-uffiċjali għall-perijodu mill‑1 ta’ Jannar 2008 sal‑31 ta’ Marzu 2011 tat lok għad-dekorrenza ta’ terminu ġdid taħt l-Artikolu 15(4) tal-AGG, peress li din tinkludi diskriminazzjoni ġdida bbażata fuq l-età. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti tal-Ġustizzja ma tistax tqis li l-interpretazzjoni mitluba tad-dritt tal-Unjoni ma għandha ebda rabta mar-realtà jew mas-suġġett tal-kawżi prinċipali jew li l-ewwel u t-tieni domandi huma ta’ natura ipotetika. Minn dan isegwi li d-domandi preliminari huma ammissibbli. Fuq il-mertu Permezz tal-ewwel u t-tieni domandi tagħha, li jeħtieġ li jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikoli 2 u 6 tad-Direttiva 2000/78 għandhomx jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu miżura li tagħti lil uffiċjali u lil imħallfin, sabiex jiġi żgurat li jirċievu remunerazzjoni xierqa, arretrati fuq ir-remunerazzjoni li jammontaw għal perċentwali tar-remunerazzjoni bażika li rċevew preċedentement bis-saħħa, b’mod partikolari, ta’ skala ta’ remunerazzjoni bażika li kienet ġiet iddeterminata, għal kull grad, meta ġew irreklutati, skont l-età tagħhom. Kif jirriżulta mill-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/78 il-prinċipju ta’ trattament ugwali għandu jinftiehem fis-sens ta’ din id-direttiva, bħala l-assenza ta’ kull diskriminazzjoni, diretta jew indiretta, ibbażata fuq wieħed mir-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 1 tal-imsemmija direttiva. L-Artikolu 2(2)(a) tagħha jippreċiża li jkun hemm diskriminazzjoni diretta meta persuna tiġi ttrattata b’mod inqas favorevoli minn persuna oħra f’sitwazzjoni paragunabbli, fuq il-bażi ta’ waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-Artikolu 1 tal-istess direttiva. Għalhekk jeħtieġ li jiġi evalwat, inizjalment, jekk arretrati fuq ir-remunerazzjoni bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali jikkomportawx differenza fit-trattament fis-sens tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/78. F’dan ir-rigward, huwa paċifiku li l-arretrati fuq ir-remunerazzjoni previsti mil-Liġijiet tat‑18 ta’ Diċembru 2015 u tat‑8 ta’ Diċembru 2016 tal-Land ta’ Sachsen Anhalt ingħataw lill-imħallfin u lill-uffiċjali kkonċernati sabiex ikunu jistgħu jirċievu remunerazzjoni adegwata mal-importanza tal-funzjonijiet tagħhom, hekk kif inhu impost mil-Liġi Fundamentali, għall-perijodu mill‑1 ta’ Jannar 2008 sal‑31 ta’ Diċembru 2011 li tammonta għal perċentwali tar-remunerazzjoni bażika rċevuta preċedentement, fejn l-iskala ta’ remunerazzjoni bażika nnifisha ġiet iddeterminata, għal kull grad, waqt ir-reklutaġġ ta’ dawn l-imħallfin u ta’ dawn l-uffiċjali, skont l-età ta’ dawn tal-aħħar, konformement mal-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali. Issa, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 2 u l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2000/78 jipprekludu miżura nazzjonali li bis-saħħa tagħha, fi ħdan kull grad ta’ funzjoni, l-iskala ta’ remunerazzjoni bażika ta’ uffiċjal hija ddeterminata, meta jiġi rreklutat, skont l-età tiegħu (sentenza tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et, C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 , punt ). Il-qorti tar-rinviju tistaqsi, għalhekk, dwar il-punt jekk il-fatt li l-uffiċjali u l-imħallfin li jġarrbu żvantaġġ minħabba l-età tagħhom dovut għall-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali jirċievu, minħabba r-remunerazzjoni bażika tagħhom inferjuri għal dik tal-uffiċjali u tal-imħallfin b’esperjenza ekwivalenti iżda rreklutati f’età iktar avvanzata minn tagħhom, remunerazzjoni supplimentari inferjuri, f’ammonti assoluti, meta mqabbla ma’ dawk tal-aħħar għall-perijodu mill‑1 ta’ Jannar 2008 sal‑31 ta’ Marzu 2011, jinkludix differenza ġdida fit-trattament ibbażata fuq l-età. F’dan ir-rigward, huwa minnu li arretrati fuq ir-remunerazzjoni ffissati għal perċentwali uniformi tar-remunerazzjoni bażika ta’ uffiċjal jew ta’ mħallef ma għandhomx, bħala tali, rabta intrinsika mal-età u ma jagħtux lok għal distinzjoni fost il-persuni kkonċernati minbarra dawk li jirriżultaw mis-sistema ta’ riferiment li tiddetermina l-imsemmija remunerazzjoni bażika. Madankollu, kif tosserva l-qorti tar-rinviju, peress li s-sistema ta’ riferiment hija, f’dan il-każ, l-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali, li kienet tiddetermina l-iskala ta’ remunerazzjoni bażika, għal kull grad, mar-reklutaġġ ta’ dawn l-imħallfin u ta’ dawn l-uffiċjali, skont l-età ta’ dawn tal-aħħar, jidher li din ir-rabta għandha bħala konsegwenza li l-arretrati fuq ir-remunerazzjoni nnifishom inkwistjoni fil-kawża prinċipali, previsti mil-liġijiet tat‑18 ta’ Diċembru 2015 u tat‑8 ta’ Diċembru 2016 tal-Land ta’ Sachsen Anhalt, iwettqu mill-ġdid differenza fit-trattament skont l-età ta’ dawn l-imħallfin u ta’ dawn l-uffiċjali. F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkonstatat li l-arretrati fuq ir-remunerazzjoni inkwistjoni fil-kawża prinċipali jinkludu differenza ġdida fit-trattament, fis-sens tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2000/78. Sussegwentement, jeħtieġ li jiġi eżaminat jekk din id-differenza fit-trattament tistax tiġi ġġustifikata fid-dawl tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2000/78. L-ewwel subparagrafu ta’ din id-dispożizzjoni jispeċifika li l-Istati Membri jistgħu jipprevedu li differenza fit-trattament ibbażata fuq l-età ma tikkostitwixxix diskriminazzjoni meta tkun oġġettivament u raġonevolament iġġustifikata, fil-kuntest tad-dritt nazzjonali, minn għan leġittimu, b’mod partikolari minn għanijiet leġittimi ta’ politika tal-impiegi, tas-suq tax-xogħol u ta’ taħriġ professjonali, u meta l-mezzi sabiex dan l-għan jintlaħaq ikunu xierqa u neċessarji. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet diversi drabi li l-Istati Membri jistgħu jipprevedu miżuri li jinkludu differenzi fit-trattament ibbażati fuq l-età konformement mal-ewwel sentenza tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2000/78. Huma għandhom marġni ta’ diskrezzjoni wiesgħa mhux biss fl-għażla tal-għan li għandu jintlaħaq iddeterminat minn fost oħrajn fil-qasam tal-politika soċjali u tal-impjiegi, iżda wkoll fid-definizzjoni tal-miżuri li jistgħu jilħqu dan l-għan (sentenza tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et, C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 , punt ). Skont il-qorti tar-rinviju, id-differenza fit-trattament ikkonstatata fil-punt 39 ta’ din is-sentenza tirriżulta mit-tiftix ta’ għan, li jirriżulta mil-Liġi Fundamentali, li jikkonsisti f’li tiġi żgurata remunerazzjoni adegwata għall-uffiċjali u għall-imħallfin tal-Land ta’ Sachsen Anhalt. F’dan ir-rigward, l-għan intiż sabiex jiġi żgurat li l-uffiċjali u l-imħallfin ta’ dan il-Land jirċievu livell ta’ remunerazzjoni li tkun adegwata mal-importanza tal-funzjonijiet li jeżerċitaw għandu jiġi kkunsidrat bħala għan leġittimu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas‑7 ta’ Frar 2019, Escribano Vindel, C‑49/18 , EU:C:2019:106 , punt ). Jeħtieġ li jiġi vverifikat ulterjorment, skont it-termini stess tal-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2000/78, jekk, fil-kuntest ta’ marġni ta’ diskrezzjoni wiesa’ rrikonoxxuta lill-Istati Membri u mfakkra fil-punt 42 ta’ din is-sentenza, il-mezzi implimentati sabiex dan l-għan jintlaħaq humiex xierqa u neċessarji. F’dan ir-rigward, ir-rikors għal arretrati fuq ir-remunerazzjoni ffissati skont perċentwali uniformi tar-remunerazzjoni bażika jidher, bħala regola ġenerali, li huwa xieraq sabiex jintlaħaq l-għan li jiġi żgurat li b’dan il-mod l-uffiċjali u l-imħallfin jiksbu livell ta’ remunerazzjoni li jkun adegwat mal-importanza tal-funzjonijiet li jeżerċitaw. Fir-rigward tal-punt dwar jekk din il-miżura tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħaq l-għan leġittimu msemmi, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk l-arretrati fuq ir-remunerazzjoni misshomx ġew iffissati skont modalitajiet oħra, b’mod partikolari b’riferiment għall-iskala ogħla tal-grad ikkonċernat. F’dan ir-rigward, jeħtieġ li jitfakkar li, fil-punti 63, 72 u 86 tas-sentenza tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 ), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet essenzjalment li l-Artikoli 2 u 6 tad-Direttiva 2000/78 ma jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali intiża li telimina diskriminazzjoni bbażata fuq l-età li jkollha bħala riferiment, għal perijodu tranżitorju, is-sistema ta’ remunerazzjonijiet preċedenti li kienet tistrieħ fuq differenza fit-trattament ibbażata fuq l-età, sa fejn dan ir-riferiment ikun neċessarju sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet miksuba u sa fejn maż-żmien l-effetti tagħha jkunu tali li jonqsu u jisparixxu. F’dan il-kuntest, il-Qorti tal-Ġustizzja osservat, fil-punt 81 ta’ din is-sentenza, li d-dannu li tali sistema tranżitorja tista’ tikkawża lill-uffiċjali kkonċernati huwa partikolarment kumpless biex jiġi ddeterminat, b’mod partikolari fid-dawl tan-numru ta’ uffiċjali kkonċernati u fl-assenza ta’ sistema ta’ riferiment valida li tippermetti l-paragun bejn l-uffiċjali vvantaġġati u l-uffiċjali żvantaġġati. Mill-perijodu li jippreċedi d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali l-ġdida, il-Kummissjoni siltet, fil-punt 96 tas-sentenza msemmija, li arretrati fuq ir-remunerazzjoni kkalkolati b’riferiment għall-ogħla skala tal-grad ikkonċernat għandhom japplikaw biss fir-rigward ta’ sistema ta’ riferiment valida u fejn tali sistema ta’ riferiment ma kinitx teżisti fil-kuntest tal-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali, ġaladarba l-aspetti diskriminatorji tagħha kienu potenzjalment jaffettwaw l-uffiċjali kollha kkonċernati. Issa, fir-rigward ta’ dawn l-elementi ta’ ġurisprudenza, jeħtieġ li jiġi kkunsidrat li, sa fejn miżura bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet miksuba f’kuntest iddefinit, b’mod partikolari, kemm minn numru għoli ta’ uffiċjali u ta’ mħallfin ikkonċernati kif ukoll mill-assenza ta’ sistema valida ta’ riferiment u sa fejn din ma twassalx sabiex maż-żmien titwettaq differenza fit-trattament ibbażata fuq l-età, l-Artikoli 2 u 6 tad-Direttiva 2000/78 ma jipprekludux li tali sistema preċedenti ta’ remunerazzjoni tkun akkumpanjata b’arretrati fuq ir-remunerazzjoni intiżi li jiġi żgurat li l-uffiċjali u l-imħallfin jirċievu, għal perijodu qasir li jippreċedi d-dħul fis-seħħ ta’ leġiżlazzjoni ġdida intiża sabiex tiġi eliminata kull diskriminazzjoni bbażata fuq l-età, livell ta’ remunerazzjoni li jkun adegwat mal-importanza tal-funzjonijiet li jeżerċitaw. F’dawn iċ-ċirkustanzi u suġġett għal verifiki li, għaldaqstant, għandhom isiru mill-qorti tar-rinviju, ma jidhirx li l-miżura inkwistjoni fil-kawża prinċipali tmur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħaq l-għan leġittimu li jikkonsisti f’li tiġi żgurata remunerazzjoni adegwata lill-uffiċjali u lill-imħallfin tal-Land ta’ Sachsen Anhalt, hekk kif impost mil-Liġi Fundamentali. Għalhekk, jeħtieġ li r-risposta għall-ewwel u għat-tieni domandi tkun li l-Artikoli 2 u 6 tad-Direttiva 2000/78 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, sa fejn tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet miksuba f’kuntest iddefinit b’mod partikolari kemm min-numru għoli ta’ uffiċjali u ta’ mħallfin ikkonċernati kif ukoll mill-assenza ta’ sistema valida ta’ riferiment u sa fejn ma twassalx sabiex maż-żmien titwettaq differenza fit-trattament ibbażata fuq l-età, dawn ma jipprekludux miżura li tagħti lil uffiċjali u lil imħallfin, sabiex tiġi żgurata lilhom remunerazzjoni adegwata, arretrati fuq ir-remunerazzjoni li jammontaw għal perċentwali mir-remunerazzjoni bażika li preċedentement irċevew bis-saħħa, b’mod partikolari, ta’ skala ta’ remunerazzjoni bażika li kienet ġiet iddeterminata, għal kull grad, mar-reklutaġġ tagħhom, skont l-età tagħhom. Fuq it-tielet sal‑ħames domandi Permezz tat-tielet sal-ħames domandi, li wkoll jeħtieġ li jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/78 kif ukoll il-prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività għandhomx jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu li Stat Membru jiffissa l-bidu tad-dekorrenza ta’ terminu ta’ dekadenza ta’ xahrejn għat-tressiq ta’ talba għal kumpens għad-danni li jirriżultaw minn miżura li tikkostitwixxi diskriminazzjoni bbażata fuq l-età għall-jum tal-għoti ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li kkonstatat in-natura diskriminatorja ta’ miżura simili, b’mod partikolari meta, fl-imsemmi Stat Membru teżisti kontroversja dwar il-possibbiltà li mal-miżura kkonċernata jiġu trasposti l-prinċipji li jirriżultaw minn din is-sentenza. Preliminarjament, jeħtieġ li jiġi osservat li huwa paċifiku li l-AGG tittrasponi d-Direttiva 2000/78 fid-dritt Ġermaniż, li l-Artikolu 15(2) tal-AGG huwa intiż sabiex jikkontribwixxi sabiex jiġu ssodisfatti l-obbligi imposti fuq ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja bis-saħħa tal-Artikolu 17 ta’ din id-direttiva u li din id-dispożizzjoni tal-AGG tipprevedi, f’dan ir-rigwarda, il-kumpens għad-danni mhux ta’ natura patrimonjali kkawżati minn diskriminazzjoni bbażata fuq l-età. Mill-proċess għad-dispożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li l-kisba ta’ tali kumpens tiddependi mis-sempliċi turija tal-eżistenza ta’ diskriminazzjoni, li d-danni jiġu evalwati, konformement ma’ ġurisprudenza nazzjonali stabbilita, b’mod fiss għal EUR 100 fix-xahar għall-perijodu li matulu seħħet id-diskriminazzjoni u li d-drittijiet ibbażati fuq l-Artikolu 15(2) tal-AGG għandhom jiġu invokati, skont l-Artikolu 15(4) tal-AGG, bil-miktub indirizzati lill-persuna li timpjega f’terminu ta’ xahrejn mill-mument fejn l-impjegat kellu għarfien tad-diskriminazzjoni. Il-bidu tad-dekorrenza ta’ dan it-terminu ġie ffissat, għal sitwazzjonijiet bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, konformement mal-ġurisprudenza tal-Bundesverwaltungsgericht (il-Qorti Amministrattiva Federali, il-Ġermanja), fil-jum tal-għoti tas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ). F’dawn iċ-ċirkustanzi, jeħtieġ li jiġi vverifikat jekk it-tul ta’ dan it-terminu u l-iffissar, fit‑8 ta’ Settembru 2011, tal-bidu tad-dekorrenza tiegħu jissodisfawx ir-rekwiżiti li jirriżultaw mill-Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/78 kif ukoll il-prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività. Konformement ma’ din id-dispożizzjoni, huma l-Istati Membri li għandhom iħarsu b’mod partikolari sabiex proċeduri amministrattivi intiżi sabiex jiġu osservati l-obbligi li jirriżultaw mid-Direttiva 2000/78 ikunu aċċessibbli għall-persuni kollha li jqisu li ġew leżi bin-nuqqas ta’ osservanza tal-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament fil-konfront tagħhom. B’hekk mill-imsemmija dispożizzjoni jirriżulta li l-kwistjoni tat-termini biex jitressqu proċeduri intiżi sabiex jiġu osservati l-obbligi li jirriżultaw minn din id-direttiva ma hijiex irregolata mid-dritt tal-Unjoni (sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punt ). Għalhekk, skont ġurisprudenza stabbilita, huwa l-kompitu tal-ordinament ġuridiku intern ta’ kull Stat Membru li jirregola tali modalitajiet proċedurali, sa fejn dawn il-modalitajiet ma jkunux inqas favorevoli minn dawk li jirrigwardaw rikorsi simili ta’ natura interna (prinċipju ta’ ekwivalenza) u li dawn ma jagħmlux prattikament impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw mill-ordinament ġuridiku tal-Unjoni (prinċipju ta’ effettività) (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punt ). Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha l-opportunità li tiddeċiedi li l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/78 ma jipprekludix terminu bħal dak previst fl-Artikolu 15(4) tal-AGG, bil-kundizzjoni li, minn naħa, dan it-terminu ma jkunx inqas favorevoli minn dak li jirrigwarda rikorsi simili ta’ natura interna, u, min-naħa l-oħra, l-iffissar tal-bidu tad-dekorrenza tal-imsemmi terminu ma jagħmilx impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-drittijiet li jirriżultaw minn din id-direttiva (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punt ). Fir-rigward tal-kompatibbiltà tal-Artikolu 15(4) tal-AGG mal-prinċipju ta’ ekwivalenza, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat ukoll li l-possibbiltà li jinkiseb kumpens għad-danni patrimonjali u mhux patrimonjali li jirriżultaw mill-ksur tal-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, diżabbiltà, l-età jew l-identità sesswali ġiet introdotta mill-AGG, u li għaldaqstant ma kinux jeżistu, effettivament, proċeduri ekwivalenti qabel l-adozzjoni ta’ din il-liġi (sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punt ). Issa, tali konstatazzjoni tidher li hija kkonfermata mill-elementi tal-proċess għad-dispożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Barra minn hekk minn dan l-istess proċess jirriżulta li d-drittijiet ikkonferiti mill-Artikolu 15(2) tal-AGG jistgħu jiġu invokati indipendentement min-natura pubblika jew privata tar-relazzjoni tax-xogħol u mill-punt dwar jekk dawn ir-relazzjonijiet himiex koperti minn ftehim kollettiv jew le. F’dawn iċ-ċirkustanzi, hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika jekk l-azzjonijiet imsemmija fit-tielet domanda preliminari, li jidhru kollha kemm huma li huma relatati ma’ pretensjonijiet pekunjarji speċifiċi għar-relazzjonijiet tax-xogħol fis-servizz pubbliku, humiex simili għall-azzjoni għal kumpens ippreżentata taħt l-Artikolu 15 tal-AGG u jekk jinkludux modalitajiet proċedurali iktar favorevoli, fid-dawl tal-karatteristiċi tal-proċeduri inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punt ). Fil-fatt, il-qorti tar-rinviju hija l-unika waħda li għandha għarfien dirett tal-modalitajiet proċedurali ta’ tali azzjonijiet fil-qasam tad-dritt tas-servizz pubbliku u hija, għalhekk, l-iktar waħda li aħjar tista’ teżamina kemm is-suġġett kif ukoll l-elementi essenzjali tal-proċeduri allegatament simili ta’ natura interna (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punt ). Għall-finijiet ta’ dan l-eżami, jeħtieġ li jitfakkar li l-osservanza tal-prinċipju ta’ ekwivalenza titlob li r-regola nazzjonali kkonċernata tapplika mingħajr distinzjoni għall-proċeduri bbażati fuq il-ksur tad-dritt tal-Unjoni u għal dawk ibbażati fuq ksur tad-dritt intern li jkollhom għan u kawżalità simili (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal‑20 ta’ Settembru 2018, Rudigier, C‑518/17 , EU:C:2018:757 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dak li jirrigwarda l-prinċipju ta’ effettività, jeħtieġ li jiġi osservat li kull każ fejn tqum il-kwistjoni dwar jekk dispożizzjoni proċedurali nazzjonali tirrendix impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni għandu jiġi analizzat billi jittieħdu inkunsiderazzjoni r-rwol ta’ din id-dispożizzjoni fil-proċedura kollha, tal-iżvolġiment tagħha u l-karatteristiċi partikolari tagħha, quddiem il-varji istanzi nazzjonali. F’din il-perspettiva, għandhom b’mod partikolari jittieħdu inkunsiderazzjoni, jekk ikun il-każ, il-protezzjoni tad-drittijiet tad-difiża, il-prinċipju ta’ ċertezza legali u l-iżvolġiment tajjeb tal-proċedura (sentenza tal‑21 ta’ Diċembru 2016, TDC, C‑327/15 , EU:C:2016:974 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Hija ġurisprudenza stabbilita li l-iffissar ta’ termini ta’ dekadenza jissodisfa, bħala prinċipju, ir-rekwiżit ta’ effettività sa fejn dan jikkostitwixxi applikazzjoni tal-prinċipju fundamentali ta’ ċertezza legali li jipproteġi kemm lill-persuna kkonċernata kif ukoll lill-amministrazzjoni kkonċernata. Fil-fatt, bħala prinċipju, tali termini ma humiex ta’ natura li jagħmlu prattikament impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija mill-ordinament ġuridiku tal-Unjoni. Madankollu, fir-rigward tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni, huma l-Istati Membri li għandhom jiddeterminaw it-termini filwaqt li jqisu, b’mod partikolari, l-importanza għall-persuni kkonċernati tad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu, il-kumplessità tal-proċeduri u tal-leġiżlazzjoni li għandha tiġi applikata, in-numru ta’ persuni li jistgħu jkunu kkonċernati u l-interessi pubbliċi jew privati l-oħra li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni. Suġġett għal din il-limitazzjoni, l-Istati Membri huma fil-libertà li jistabbilixxu termini itwal jew iqsar (sentenza tal‑21 ta’ Diċembru 2016, TDC, C‑327/15 , EU:C:2016:974 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). B’mod partikolari, fir-rigward tal-Artikolu 15(4) tal-AGG, li jipprevedi terminu ta’ xahrejn għat-tressiq ta’ lment quddiem il-persuna li timpjega, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li ma jidhirx li t-tul ta’ dan it-terminu ta’ dekadenza jista’ jagħmel prattikament impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-drittijiet ikkonferiti mid-dritt tal-Unjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punts 38 u 39). Fir-rigward tal-bidu tad-dekorrenza tat-terminu ta’ dekadenza, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha l-opportunità tenfasizza li dan ma jistax jiġi ffissat b’tali mod li l-ħaddiem jgħaddi mir-riskju li ma jkunx f’pożizzjoni li jsir jaf, f’dan it-terminu, dwar l-eżistenza jew l-importanza tad-diskriminazzjoni li tagħha kien vittma, liema fatt ikun iqiegħdu f’sitwazzjoni ta’ impossibbiltà li jinvoka d-drittijiet tiegħu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punt ). F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li, sa fejn il-bidu tad-dekorrenza previst fl-Artikolu 15(4) tal-AGG huwa l-mument meta l-ħaddiem ikun sar jaf bid-diskriminazzjoni allegata, din id-dispożizzjoni ma kinitx tali li tagħmel prattikament impossibbli jew eċċessivament diffiċli l-eżerċizzju tad-drittijiet ikkonferiti mid-dritt tal-Unjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑8 ta’ Lulju 2010, Bulicke, C‑246/09 , EU:C:2010:418 , punt ). Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja ma tqisx bħala diffikultà eċċessiva l-fatt li jiġu imposti termini ta’ dekadenza li jibdew jiddekorru biss mid-data li fiha l-persuna kkonċernata tkun saret taf bid-diskriminazzjoni allegata jew, minn tal-inqas, imissha saret taf biha (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas‑7 ta’ Novembru 2019, Flausch et, C‑280/18 , EU:C:2019:928 , punt ). Issa, mill-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 71 sa 73 ta’ din is-sentenza jirriżulta li, sabiex persuna tkun f’pożizzjoni li ssir taf bl-eżistenza jew bl-importanza tad-diskriminazzjoni li tagħha hija vittma, hija għandha tkun tista’ ssir taf kemm bid-differenza fit-trattament li għaliha kienet suġġetta, bir-raġuni għal din id-differenza fit-trattament u bin-natura diskriminatorja tad-differenza fit-trattament dovuta għal din ir-raġuni. F’dan il-każ, sa fejn hija l-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali li kienet tipprevedi li l-iskala ta’ remunerazzjoni bażika ta’ uffiċjal jew ta’ mħallef fi ħdan kull grad ta’ funzjoni, mar-reklutaġġ tiegħu, kienet tiġi ddeterminata skont l-età ta’ din il-persuna, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali kienu f’pożizzjoni li jkollhom għarfien, sa mir-reklutaġġ tagħhom, kemm bid-differenza fit-trattament li għaliha kienu suġġetti kif ukoll ir-raġuni għaliha. Min-naħa l-oħra, fil-kawżi prinċipali ma jidhirx li ġie kkontestat l-argument li r-rikorrenti ma kellhomx għarfien u ma kinux f’pożizzjoni li jkollhom għarfien, meta ġew irreklutati, dwar in-natura diskriminatorja tad-differenza fit-trattament li għaliha kienu ġew esposti minħabba l-imsemmija raġuni. Fil-fatt mid-deċiżjonijiet tar-rinviju jirriżulta li huma kellhom għarfien dwar dan biss ftit qabel ma ressqu l-ilmenti tagħhom. Għalhekk tqum il-kwistjoni dwar jekk ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali kinux f’pożizzjoni li jkollhom għarfien dwar l-imsemmija natura diskriminatorja mill-jum tal-għoti tas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), hekk kif iddeċidietha l-Bundesverwaltungsgericht (il-Qorti Amministrattiva Federali), minħabba li l-punti ta’ liġi rilevanti kienu ġew stabbiliti b’mod suffiċjentement ċar permezz ta’ din is-sentenza. F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li n-natura u l-portata tal-obbligu li jaqa’ fuq l-Istati Membri bis-saħħa tal-Artikoli 2(2) u 6(1) tad-Direttiva 2000/78, fid-dawl ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali bħall-ex Liġi Federali dwar ir-Remunerazzjoni tal-Uffiċjali, ġew ikkjarifikati u spjegati sa mill-għoti tas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ) (sentenza tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et, C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 , punt ). Huwa paċifiku li f’dak iż-żmien il-Land ta’ Sachsen Anhalt ma informax lill-impjegati tiegħu dwar l-għoti ta’ din is-sentenza, iżda li din kienet disponibbli fil-jum innifsu tal-għoti tiegħu fis-sit internet tal-Qorti tal-Ġustizzja. Barra minn hekk mid-deċiżjonijiet tar-rinviju jirriżulta li l-imsemmija sentenza kienet suġġetta għal xandira kemm lill-pubbliku b’mod ġenerali, permezz tal-mezzi tax-xandir Ġermaniżi, kif ukoll fost il-membri ta’ sindakat li jirrappreżenta l-uffiċjali ta’ dan il-Land. Il-qorti tar-rinviju tippreċiża li, minn 10667 talba għall-ħlas ta’ kumpens taħt l-Artikolu 15(2) tal-AGG imressqa quddiem l-awtoritajiet tal-imsemmi Land, 7071 ġew miċħuda, fosthom 6516 minħabba li t-tressiq tardiv tagħhom fid-dawl tat-terminu previst fl-Artikolu 15(4) tal-AGG. Għalhekk, 4151 minn dawn it-talbiet tressqu f’dan it-terminu, li minnhom iktar minn 700 minn sindakat li jkun qed jaġixxi f’isem il-membri tiegħu. Il-qorti tar-rinviju tfakkar li l-uffiċjali u l-imħallfin tal-Land ta’ Sachsen Anhalt kienu kkonċernati, matul il-perijodu rilevanti għall-kawża prinċipali, mhux mil-leġiżlazzjoni inkwistjoni fil-kawża li tat lok għas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), iżda minn dik inkwistjoni fil-kawżi li taw lok għas-sentenzi tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 ), kif ukoll tad‑9 ta’ Settembru 2015, Unland ( C‑20/13 , EU:C:2015:561 ). Hija tenfasizza li, wara l-għoti tas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), il-Land ta’ Sachsen Anhalt qies, bħall-Ministru Federali għall-Intern fiċ-ċirkolari tiegħu tas‑27 ta’ Jannar 2012 u t‑23 ta’ Marzu 2012, li l-prinċipji li jirriżultaw minn din is-sentenza ma setgħux jiġu trasposti għas-sitwazzjoni tal-uffiċjali jew tal-imħallfin fis-servizz tiegħu, peress li dawn kienu jirrigwardaw biss lill-membri tal-persunal bil-kuntratt. Il-qorti tar-rinviju tispjega li din il-fehma kienet kondiviża, sal-għoti tas-sentenzi tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 ), kif ukoll tad‑9 ta’ Settembru 2015, Unland ( C‑20/13 , EU:C:2015:561 ), mill-maġġoranza tal-qrati amministrattivi Ġermaniżi, fejn il-kjarifika mill-Bundesverwaltungsgericht (il-Qorti Amministrattiva Federali) kienet ingħatat biss wara l-għoti tas-sentenza tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 ). B’hekk, skont il-qorti tar-rinviju, il-punti ta’ liġi rilevanti għall-kawża prinċipali ġew ikkjarifikati biss progressivament mas-sentenzi suċċessivi tal-Qorti tal-Ġustizzja u, sal-għoti tas-sentenzi tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 , punt ), kif ukoll tad‑9 ta’ Settembru 2015, Unland ( C‑20/13 , EU:C:2015:561 , punti u ), dawn il-punti ma kinux ġew stabbiliti b’mod ċar biżżejjed. Fl-aħħar nett, mid-deċiżjonijiet tar-rinviju jirriżulta li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali ma kellhomx għarfien mill-ewwel dwar is-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), u lanqas ma qiesu l-importanza tagħha fir-rigward tar-remunerazzjoni rispettiva tagħhom. Minn dawn l-elementi, b’mod partikolari miċ-ċirkustanza li eluf ta’ uffiċjali u ta’ imħallfin tal-Land ta’ Sachsen Anhalt ressqu t-talbiet tagħhom fit-terminu previst fl-Artikolu 15(4) tal-AGG, jidher b’mod ċar li l-bidu tad-dekorrenza ta’ dan it-terminu, hekk kif ġie ffissat f’dan il-każ, ma kienx jagħmel prattikament impossibbli l-eżerċizzjoni tad-drittijiet ikkonferiti mill-Artikolu 15(2) tal-AGG. Min-naħa l-oħra, hekk kif jidher li tqis il-qorti tar-rinviju, elementi oħra intiżi li juru li, fiċ-ċirkustanzi partikolari deskritti minnha, l-eżerċizzju mill-uffiċjali u l-imħallfin tal-Land ta’ Sachsen Anhalt ta’ dawn id-drittijiet ġie magħmul eċċessivament diffiċli, fejn il-bidu tad-dekorrenza ġie ffissat b’mod li kienu jgħaddu mir-riskju li ma jkunux f’pożizzjoni li jkollhom għarfien, fit-terminu ta’ xahrejn, dwar l-eżistenza jew l-importanza tad-diskriminazzjoni li tagħha kienu vittmi. Fil-fatt, fil-punti 81 sa 84 ta’ din is-sentenza tfakkar li s-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), ma kinitx tirrigwarda l-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli għar-rikorrenti fil-kawża prinċipali, li l-Land ta’ Sachsen Anhalt u l-awtoritajiet federali kompetenti kienu qiesu, wara l-għoti ta’ din is-sentenza, li l-prinċipji li jirriżultaw minnha ma kinux transponibbli għas-sitwazzjoni tal-uffiċjali u tal-imħallfin, u li, sal-għoti tas-sentenzi tad‑19 ta’ Ġunju 2014, Specht et ( C‑501/12 sa C‑506/12, C‑540/12 u C‑541/12 , EU:C:2014:2005 , point 51), kif ukoll tad‑9 ta’ Settembru 2015, Unland ( C‑20/13 , EU:C:2015:561 , punti u ), il-maġġoranza tal-qrati amministrattivi Ġermaniżi kienu tal-istess fehma. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-qorti tar-rinviju tidher li qed tqis ġustament, minkejja l-kjarifiki u l-ispjegazzjonijiet ipprovduti mis-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), fir-rigward tan-natura u tal-portata tal-obbligu li jaqa’ fuq l-Istati Membri bis-saħħa tal-Artikoli 2(2) u 6(1) tad-Direttiva 2000/78, il-punti ta’ liġi rilevanti għall-evalwazzjoni tal-kompatibbiltà tar-regoli relatati mar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u tal-imħallfin tal-Land ta’ Sachsen Anhalt ma’ dawn id-dispożizzjonijiet ma ġewx ikkjarifikati suffiċjentement, mill-għoti ta’ din is-sentenza, la mill-awtoritajiet kompetenti tal-Land ta’ Sachsen Anhalt, la mill-awtoritajiet federali kompetenti, u lanqas mill-maġġoranza tal-qrati amministrattivi Ġermaniżi. Hawnhekk, jidher li kien jeżisti riskju li l-uffiċjali, u saħansitra l-imħallfin, tal-Land ta’ Sachsen Anhalt ma jkunux f’pożizzjoni li jkollhom għarfien, fix-xahrejn mill-għoti tas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), dwar l-eżistenza jew l-importanza tad-diskriminazzjoni li tagħha kienu vittmi. L-eżistenza ta’ tali riskju tidher li hija kkorroborata kemm bil-fatt li, skont il-konstatazzjonijiet tal-qorti tar-rinviju, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ma qisux immedjatament l-importanza ta’ din is-sentenza fir-rigward tar-remunerazzjoni tagħhom stess kif ukoll bil-fatt li iktar minn 60 % tal-ilmenti tagħhom imressqa mill-uffiċjali u l-imħallfin tal-Land ta’ Sachsen Anhalt ġew miċħuda minħabba n-natura tardiva tagħhom. Għalhekk dawn l-elementi jippermettu li wieħed jiddubita li l-iffissar tal-bidu tad-dekorrenza tat-terminu previst fl-Artikolu 15(4) tal-AGG għall-jum tal-għoti tas-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai ( C‑297/10 u C‑298/10 , EU:C:2011:560 ), ħa suffiċjentement inkunsiderazzjoni l-kriterji msemmija fil-punt 69 ta’ din is-sentenza, b’mod partikolari dawk dwar il-kumplessità tal-leġiżlazzjoni li għandha tiġi applikata u n-numru ta’ persuni li jistgħu jkunu kkonċernati. Madankollu hija l-qorti tar-rinviju, li hija l-unika li għandha għarfien dirett tal-kawżi prinċipali, li għandha tipproċedi, fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha fattwali u ġuridiċi rilevanti, għall-verifiki neċessarji sabiex jiġi ddeterminat jekk il-bidu tad-dekorrenza tat-terminu previst fl-Artikolu 15(4) tal-AGG ġie ffissat b’tali mod li l-eżerċizzju mill-uffiċjali u l-imħallfin tal-Land ta’ Sachsen Anhalt tad-drittijiet ikkonferiti lilhom mill-Artikolu 15(2) tal-AGG ġie magħmul eċċessivament diffiċli. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, jeħtieġ li r-risposta għat-tielet u għall-ħames domandi preliminari tkun li l-prinċipju ta’ effettività għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi li Stat Membru jiffissa l-bidu tad-dekorrenza ta’ terminu ta’ dekadenza ta’ xahrejn għat-tressiq ta’ talba għal kumpens għad-danni li jirriżultaw minn miżura li tikkostitwixxi diskriminazzjoni bbażata fuq l-età fil-jum tal-għoti ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li kkonstatat in-natura diskriminatorja ta’ miżura simili, meta l-persuni kkonċernati jgħaddu mir-riskju li ma jkunux f’pożizzjoni li jkollhom għarfien, fl-imsemmi terminu, dwar l-eżistenza jew l-importanza tad-diskriminazzjoni li tagħha kienu vittmi. B’mod partikolari dan jista’ jkun il-każ meta, fl-imsemmi Stati Membru, tkun teżisti kontroversja dwar il-possibbiltà li mal-miżura kkonċernata jiġu transposti l-prinċipji li jirriżultaw minn din is-sentenza. Fuq l-ispejjeż Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura. Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi: 1) L-Artikoli 2 u 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas‑27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, għandhom jiġu interpretati fis-sens li, sa fejn tissodisfa l-ħtieġa li tiġi żgurata l-protezzjoni tad-drittijiet miksuba f’kuntest iddefinit b’mod partikolari kemm min-numru għoli ta’ uffiċjali u ta’ mħallfin ikkonċernati kif ukoll mill-assenza ta’ sistema valida ta’ riferiment u sa fejn ma twassalx sabiex maż-żmien titwettaq differenza fit-trattament ibbażata fuq l-età, dawn ma jipprekludux miżura li tagħti lil uffiċjali u lil imħallfin, sabiex tiġi żgurata lilhom remunerazzjoni adegwata, arretrati fuq ir-remunerazzjoni li jammontaw għal perċentwali mir-remunerazzjoni bażika li preċedentement irċevew bis-saħħa, b’mod partikolari, ta’ skala ta’ remunerazzjoni bażika li kienet ġiet iddeterminata, għal kull grad, mar-reklutaġġ tagħhom, skont l-età tagħhom. 2) Il-prinċipju ta’ effettività għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi li Stat Membru jiffissa l-bidu tad-dekorrenza ta’ terminu ta’ dekadenza ta’ xahrejn għat-tressiq ta’ talba għal kumpens għad-danni li jirriżultaw minn miżura li tikkostitwixxi diskriminazzjoni bbażata fuq l-età fil-jum tal-għoti ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li kkonstatat in-natura diskriminatorja ta’ miżura simili, meta l-persuni kkonċernati jgħaddu mir-riskju li ma jkunux f’pożizzjoni li jkollhom għarfien, fl-imsemmi terminu, dwar l-eżistenza jew l-importanza tad-diskriminazzjoni li tagħha kienu vittmi. B’mod partikolari dan jista’ jkun il-każ meta, fl-imsemmi Stati Membru, tkun teżisti kontroversja dwar il-possibbiltà li mal-miżura kkonċernata jiġu transposti l-prinċipji li jirriżultaw minn din is-sentenza. Firem ( *1 ) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

62012CJ0187

sk

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu a platnosti článkov 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky ( Ú. v. EÚ L 58, s. 42 , ďalej len „základné nariadenie“), a článku 4 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia č. 320/2006 ( Ú. v. EÚ L 176, s. 32 , ďalej len „vykonávacie nariadenie“). Tieto návrhy boli predložené v rámci sporov medzi SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola (ďalej len „SFIR“), Italia Zuccheri SpA a Co.Pro.B. – Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola (ďalej len „Italia Zuccheri/Co.Pro.B.“) a Eridania Sadam SpA (ďalej len „Eridania Sadam“) proti Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (ďalej len „AGEA“), ako aj Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (ministerstvo poľnohospodárstva, výživy a lesného hospodárstva, ďalej len „Ministero“) vo veci priznania pomoci na reštrukturalizáciu na základe článku 3 základného nariadenia. Právny rámec Základné nariadenie Odôvodnenie č. 5 základného nariadenia znie: „Cukrovarníckym podnikom s najnižšou produktivitou je potrebné dať vo forme primeranej pomoci na reštrukturalizáciu dôležitý hospodársky podnet k tomu, aby sa vzdali svojej výrobnej kvóty. Na tento účel by sa mala vytvoriť pomoc na reštrukturalizáciu, ktorá by viedla k zastaveniu výroby cukru v rámci kvóty a k vzdaniu sa príslušnej kvóty a súčasne by náležite zohľadňovala dodržiavanie sociálnych a environmentálnych záväzkov spojených so zastavením tejto výroby. Pomoc by mala byť dostupná počas štyroch hospodárskych rokov s cieľom znížiť výrobu do tej miery, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie vyváženej trhovej situácie v Spoločenstve.“ Článok 3 tohto nariadenia, nazvaný „Reštrukturalizačná pomoc“, stanovuje: „1.   Každý podnik vyrábajúci cukor, izoglukózu či inulínový sirup, ktorému bola pridelená kvóta pred 1. júlom 2006, má nárok na reštrukturalizačnú pomoc na tonu kvóty, ktorej sa vzdal, za predpokladu, že sa v jednom z hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010: a) vzdá kvóty, ktorú pridelil jednému alebo viacerým svojim závodom a úplne demontuje výrobné zariadenia príslušných závodov, [alebo] b) vzdá kvóty, ktorú pridelil jednému alebo viacerým svojim závodom, čiastočne demontuje výrobné zariadenia príslušných závodov a nepoužíva zostávajúce výrobné zariadenia príslušných závodov, na výrobu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje organizácia spoločného trhu pre cukor, … 3.   Úplná demontáž výrobných zariadení vyžaduje: a) konečné a úplné zastavenie výroby cukru, izoglukózy a inulínového sirupu príslušnými výrobnými zariadeniami, b) uzatvorenie príslušného závodu alebo závodov a demontáž ich výrobných zariadení… … 4.   Čiastočná demontáž výrobných zariadení vyžaduje: a) konečné a úplné zastavenie výroby cukru, izoglukózy a inulínového sirupu príslušnými výrobnými zariadeniami, b) demontáž výrobných zariadení, ktoré sa nepoužijú na novú výrobu a ktoré boli určené a používané na výrobu výrobkov uvedených podľa písmena a)… … 5.   Suma reštrukturalizačnej pomoci na tonu kvóty, ktorej sa podnik vzdal, je: a) v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a): — 730,00 EUR na hospodársky rok 2006/2007, … b) v prípade uvedenom v odseku 1 písm. b): — 547,50 EUR na hospodársky rok 2006/2007, …“ Článok 4 uvedeného nariadenia s názvom „Žiadosť o reštrukturalizačnú pomoc“ stanovuje v odseku 2: „Žiadosti o reštrukturalizačnú pomoc zahŕňajú: a) reštrukturalizačný plán; … c) záväzok vzdať sa príslušnej kvóty v príslušnom hospodárskom roku; d) v prípade uvedenom v článku 3 ods. 1 písm. a) záväzok úplne demontovať výrobné zariadenia v rámci obdobia určeného príslušným členským štátom; e) v prípade uvedenom v článku 3 ods. 1 písm. b) záväzok čiastočne demontovať výrobné zariadenia v rámci obdobia, ktoré určí dotknutý členský štát, a nevyužívať výrobné miesta a zostávajúce výrobné zariadenia na výrobu výrobkov zahrnutých do organizácie spoločného trhu s cukrom; …“ Vykonávacie nariadenie Odôvodnenie 4 vykonávacieho nariadenia znie: „Pokiaľ ide o vzdanie sa kvót, článok 3 [základného nariadenia] poskytuje možnosti úplnej alebo čiastočnej demontáže výrobných zariadení, z čoho vyplývajú rozdielne sumy podpory na reštrukturalizáciu. Zatiaľ čo podmienky uplatniteľné na takéto dve alternatívy musia brať do úvahy skutočnosť, že vyššia suma podpory na reštrukturalizáciu sa poskytuje na úplnú demontáž, pre vyššie vynaložené náklady je vhodné poskytnúť možnosť zachovať tie časti závodu, ktoré nie sú súčasťou výrobnej linky, ak sa dajú použiť na iné účely, ak sa s nimi počíta v pláne reštrukturalizácie, najmä ak takéto použitie vytvára pracovné miesta. Na druhej strane zariadenia, ktoré nie sú priamo spojené s výrobou cukru, by sa mali rozobrať, ak už neexistuje žiadna iná alternatíva použitia v reálnom časovom horizonte a ich zachovanie by bolo škodlivé pre životné prostredie.“ Článok 4 tohto nariadenia s názvom „Demontáž výrobných zariadení“ stanovuje: „1.   V prípade úplnej demontáže uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. a) [základného nariadenia] sa požiadavky na demontáž výrobných zariadení týkajú: a) všetkých zariadení, ktoré sú potrebné na výrobu cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ako napríklad zariadenia na uskladňovanie, analyzovanie, premývanie a rezanie cukrovej repy, cukrovej trstiny, obilnín alebo čakanky; všetky zariadenia, ktoré sú potrebné na extrakciu a spracovanie alebo koncentrovanie cukru z cukrovej repy alebo cukrovej trstiny, škrobu z obilnín, glukózy zo škrobu alebo inulínu z čakanky; b) časti iných zariadení, ako sú zariadenia uvedené v písmene a), ktoré priamo súvisia s výrobou cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu a sú potrebné na výrobu na základe zrieknutej kvóty, dokonca aj vtedy, ak by sa dali použiť na výrobu iných výrobkov, ako sú zariadenia na ohrev alebo úpravu vody, alebo na výrobu energií; zariadenia na spracovanie vylúhovaných rezkov alebo melasy; zariadenia pre vnútropodnikovú dopravu; c) všetkých ostatných zariadení, ako sú baliace zariadenia, ktoré sú nevyužité a ktoré sa majú demontovať a odstrániť z ekologických dôvodov. 2.   V prípade čiastočnej demontáže podľa článku 3 ods. 1 písm. b) [základného nariadenia] sa požiadavka na demontáž výrobných zariadení týka zariadení, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku a ktoré nie sú určené na použitie v inej výrobe ani na iné využitie v areáli závodu v súlade s plánom reštrukturalizácie.“ Spory vo veciach samých a prejudiciálne otázky Vec C‑187/12 SFIR je výrobcom cukru. V roku 2006 sa zapojila do dočasného režimu na reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu zavedeného základným nariadením (ďalej len „režim reštrukturalizácie“) podaním žiadosti o poskytnutie pomoci v plnej výške na Ministero, ku ktorej priložila reštrukturalizačný plán, ako je uvedený v článku 4 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia (ďalej len „reštrukturalizačný plán“). Ten uvádzal demontáž výrobných zariadení a zachovanie najmä niektorých síl. Ministero najskôr vyhlásilo žiadosť o pomoc za prípustnú a nevyjadrilo pripomienky k reštrukturalizačnému plánu, ktorého kópiu zaslalo Európskej komisii. Oznámením č. 2095 z 15. marca 2011 (ďalej len „oznámenie z roku 2011“) však Ministero informovalo SFIR, že vzhľadom na to, že po inšpekciách vykonaných v roku 2010 Komisia konštatovala existenciu síl v blízkosti niektorých závodov s ukončenou výrobou, vyjadruje pripomienky, že zachovanie týchto síl nezodpovedá podmienkam stanoveným v základnom nariadení a vo vykonávacom nariadení na priznanie pomoci na reštrukturalizáciu v plnej výške. Podľa Komisie sa totiž predmetné silá mali považovať za „priamo súvisiace s výrobou cukru“ v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia. AGEA preto následne vyzvala SFIR, aby do 31. marca 2012 úplne demontovala zariadenia zbúraním síl. AGEA tiež informovala SFIR o tom, že zábezpeku zloženú touto spoločnosťou na záväzky prijaté v rámci režimu reštrukturalizácie nemožno uvoľniť. SFIR napadla toto rozhodnutie a viaceré s ním súvisiace akty na Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Správny súd pre región Lazio). Rozsudkom č. 9481 z 1. decembra 2011 sa žalobe SFIR vyhovelo len v rozsahu, v akom sa domáhala uvoľnenia zábezpeky na časť zodpovedajúcu pomoci na reštrukturalizáciu priznanej na čiastočnú demontáž. Vo zvyšnej časti bola žaloba zamietnutá. Žalobné dôvody uvádzajúce, že „úplná demontáž“ výrobných zariadení vedúca k vzniku nároku na ďalšiu pomoc, ktorá je o 25 % vyššia ako pomoc na „čiastočnú demontáž“, nezahŕňa zbúranie predmetných síl, boli zamietnuté. Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sa domnieval, že súčasťou výrobných zariadení sú aj zariadenia využívané vo fázach skladovania a balenia bezprostredne nasledujúcich po výrobe, keďže zachovanie týchto zariadení je povolené len v prípade, ak sú určené na použitie na výrobu iných výrobkov alebo na iné použitie v priemyselnom areáli. SFIR podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Consiglio di Stato (Štátna rada), ktorá rozhodla prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku: „Má sa úplná demontáž zariadení na výrobu cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu podľa článku 3 [základného nariadenia], ktoré sa vykonáva [vykonávacím nariadením], vykladať v tom zmysle, že demontovať sa musia len tie zariadenia, ktoré sú potrebné na výrobu, ako výslovne stanovuje článok 3 [základného nariadenia], v súlade s ktorým sa musí vykladať [vykonávacie nariadenie], ktoré je v opačnom prípade neplatné? Majú sa teda podľa článku 3 [základného nariadenia] a článku 4 [vykonávacieho nariadenia] považovať za zariadenia, ktoré majú byť demontované, iba tie zariadenia, ktoré sú určené na výrobu cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ako aj ostatné zariadenia podľa článku 4 písm. c) [vykonávacieho nariadenia], ako sú baliace zariadenia, ktoré sú nevyužité alebo sa majú demontovať alebo odstrániť z ekologických dôvodov, takže by zariadenia, ktoré nesúvisia s výrobou cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu a nie sú nevyužité, ale používajú sa na inú činnosť, ako napr. v prejednávanej veci na balenie, a ktoré nepodliehajú ani povinnosti ich odstránenia z ekologických dôvodov, mohli byť zachované, pretože nepodliehajú povinnosti demontáže podľa citovaných nariadení?“ Vec C‑188/12 Italia Zuccheri/Co.Pro.B. je takisto výrobcom cukru, ktorý sa v roku 2006 zapojil do režimu reštrukturalizácie podaním žiadosti o poskytnutie pomoci v plnej výške na Ministero. Reštrukturalizačný plán, ktorý Ministero vyhlásilo za prípustný, uvádzal najmä zachovanie niektorých síl určených na dlhodobé skladovanie, ako aj baliacich zariadení a zariadení na uvádzanie výrobkov na trh. Oznámením z roku 2011 bola Italia Zuccheri/Co.Pro.B. rovnako ako SFIR informovaná o pripomienkach Komisie týkajúcich sa zachovania síl určených na skladovanie. AGEA následne vyzvala Italia Zuccheri/Co.Pro.B. na ich zbúranie do 31. marca 2012 a informovala ju, že zábezpeky, ktoré táto spoločnosť zložila, nemožno uvoľniť. Italia Zuccheri/Co.Pro.B. podala proti tomuto rozhodnutiu a viacerým iným s ním súvisiacim aktom žalobu na Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ktorý rozsudkom z 1. decembra 2011 vyhovel tejto žalobe len v rozsahu, v akom sa domáhala uvoľnenia zábezpeky na časť zodpovedajúcu pomoci na reštrukturalizáciu priznanej na čiastočnú demontáž. Vo zvyšnej časti bola žaloba zamietnutá. Italia Zuccheri/Co.Pro.B. podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Consiglio di Stato, ktorá rozhodla prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky: „1. Majú sa články 3 a 4 [základného nariadenia] a článok 4 [vykonávacieho nariadenia] vykladať tak, že výraz ‚výrobné zariadenia‘ nezahŕňa zariadenia používané cukrovarníckymi podnikmi na skladovanie cukru, na jeho balenie do priameho obalu alebo do vonkajšieho obalu na účely jeho uvádzania na trh, a preto v prípade zariadení, akými sú silá, je potrebné v každom konkrétnom prípade preskúmať, či sú tieto zariadenia súčasťou ‚výrobnej linky‘ alebo či súvisia s inými činnosťami odlišnými od výroby? 2. Má sa najmä článok 4 [vykonávacieho nariadenia] vykladať v tom zmysle, že v súlade so znením a s cieľmi [základného nariadenia] a [vykonávacieho nariadenia] a najmä jeho odôvodnenia 4 zariadenia ako silá, ktoré cukrovarnícke podniky používajú na skladovanie cukru, na jeho balenie do priameho obalu alebo do vonkajšieho obalu výlučne na účely jeho uvádzania na trh, ktoré nesúvisí s výrobným procesom, patria k zariadeniam, ktoré sú uvedené v písmene c) tohto článku, a nie k zariadeniam uvedeným v písmenách a) a b) tohto článku? 3. Subsidiárne, je článok 4 [vykonávacieho nariadenia] s ohľadom na články 3 a 4 [základného nariadenia] a na normy vyššej právnej sily a zásady primárneho práva Európskej únie neplatný, ak sa vykladá v tom zmysle, že medzi zariadenia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sú zahrnuté aj zariadenia, ktoré používajú cukrovarnícke podniky na skladovanie cukru, na jeho balenie do priameho obalu alebo do vonkajšieho obalu na účely jeho uvádzania na trh, keďže je zrejmé, že cieľom sledovaným [základným nariadením] je zrušiť výrobu cukrovarníckeho podniku, a nie ohroziť jeho možnosť podnikať výlučne v oblasti uvádzania cukru, ktorý bol vyrobený v rámci príslušných výrobných kvót v iných zariadeniach alebo podnikoch, na trh? 4. Ďalej subsidiárne, sú články 3 a 4 [základného nariadenia] a článok 4 [vykonávacieho nariadenia] vzhľadom na normy vyššej právnej sily a na zásady primárneho práva Európskej únie v každom prípade platné, keď sa vykladajú tak, že pojem ‚výrobné zariadenia‘ alebo zariadenia, ktoré ‚priamo súvisia s výrobou‘, zahŕňa zariadenia používané cukrovarníckymi podnikmi na skladovanie cukru, jeho balenie do priameho obalu alebo do vonkajšieho obalu na účely jeho uvádzania na trh?“ Vec C‑189/12 Eridania Sadam je takisto výrobcom cukru, ktorý sa v roku 2006 zapojil do režimu reštrukturalizácie podaním žiadosti o poskytnutie pomoci v plnej výške na Ministero. Reštrukturalizačný plán, ktorý Ministero vyhlásilo za prípustný, uvádzal najmä zachovanie niektorých síl určených na dlhodobé skladovanie, ako aj baliacich zariadení. Oznámením z roku 2011 bola Eridania Sadam, rovnako ako SFIR a Italia Zuccheri/Co.Pro.B., informovaná o pripomienkach Komisie týkajúcich sa zachovania síl určených na skladovanie. AGEA následne vyzvala Eridania Sadam na ich zbúranie do 31. marca 2012 a informovala ju, že zábezpeky, ktoré táto spoločnosť zložila, nemožno uvoľniť. Eridania Sadam podala proti tomuto rozhodnutiu a viacerým iným s ním súvisiacim aktom žalobu na Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ktorý rozsudkom z 1. decembra 2011 vyhovel tejto žalobe len v rozsahu, v akom sa domáhala uvoľnenia zábezpeky na časť zodpovedajúcu pomoci na reštrukturalizáciu priznanej na čiastočnú demontáž. Vo zvyšnej časti bola žaloba zamietnutá. Eridania Sadam podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Consiglio di Stato, ktorá rozhodla prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky: „1. Majú sa články 3 a 4 [základného nariadenia] a článok 4 [vykonávacieho nariadenia] vykladať tak, že výraz ‚výrobné zariadenia‘ nezahŕňa zariadenia používané cukrovarníckymi podnikmi na balenie cukru na účely jeho uvádzania na trh, a preto v prípade zariadení, akými sú silá, je potrebné v každom konkrétnom prípade preskúmať, či sú tieto zariadenia súčasťou ‚výrobnej linky‘ alebo či súvisia s inými činnosťami odlišnými od výroby, akou je balenie? 2. Subsidiárne, je článok 4 [základného nariadenia] s ohľadom na články 3 a 4 [vykonávacieho nariadenia] a na normy vyššej právnej sily a zásady primárneho práva Európskej únie neplatný, ak sa vykladá v tom zmysle, že medzi zariadenia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sú zahrnuté aj zariadenia, ktoré používajú cukrovarnícke podniky na balenie cukru na účely jeho uvádzania na trh, keďže je zrejmé, že cieľom sledovaným [základným nariadením] je zrušiť výrobu cukrovarníckeho podniku, a nie ohroziť jeho možnosť podnikať výlučne v oblasti uvádzania cukru, ktorý bol vyrobený v rámci príslušných výrobných kvót v iných zariadeniach alebo podnikoch, na trh? 3. Ďalej subsidiárne, sú články 3 a 4 [základného nariadenia] a článok 4 [vykonávacieho nariadenia] vzhľadom na normy vyššej právnej sily a na zásady primárneho práva Európskej únie v každom prípade platné, keď sa vykladajú tak, že pojem ‚výrobné zariadenia‘ alebo zariadenia, ktoré ‚priamo súvisia s výrobou‘, zahŕňa zariadenia používané cukrovarníckymi podnikmi na balenie cukru na účely jeho uvádzania na trh?“ Uznesením predsedu Súdneho dvora z 11. mája 2012 boli veci C‑187/12 až C‑189/12 spojené na účely písomnej a ústnej časti konania, ako aj na účely vyhlásenia rozsudku. O prejudiciálnych otázkach O jedinej otázke vo veci C‑187/12, prvej a druhej otázke vo veci C‑188/12 a prvej otázke vo veci C‑189/12 Týmito otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa majú články 3 a 4 základného nariadenia a článok 4 vykonávacieho nariadenia vykladať v tom zmysle, že pojem „výrobné zariadenia“ zahŕňa zariadenia, ako sú silá, ktoré sú používané na skladovanie cukru a jeho balenie do priameho obalu alebo do vonkajšieho obalu na účely jeho uvádzania na trh, a či treba analyzovať prípady jednotlivo, aby sa preverilo, či dotknuté zariadenia skutočne súvisia s výrobnou linkou, alebo súvisia s inými činnosťami než s výrobou. V tejto súvislosti treba najskôr konštatovať, že ani základné nariadenie, ani vykonávacie nariadenie neobsahujú definíciu tohto pojmu. Následne treba pripomenúť, že v prípade, ak takáto definícia neexistuje, rozsah pojmov uvedených v článku 3 základného nariadenia, ktoré v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia zahŕňajú tak „zariadenia, ktoré sú potrebné na výrobu cukru“, ako aj „zariadenia…, ktoré priamo súvisia s výrobou cukru“, sa podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora musí určiť vzhľadom na všeobecné súvislosti, v ktorých sa používa, a v súlade s jeho obvyklým významom v bežnom jazyku (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 4. mája 2006, Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, Zb. s. I-4089 , bod 17 a citovanú judikatúru, ako aj z 13. decembra 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, bod 25). Napokon pri výklade ustanovenia práva Únie treba zohľadniť ciele sledované predmetnou právnou úpravou, ktorej je súčasťou (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. januára 2009, Petrosian, C-19/08, Zb. s. I-495 , bod 34 a citovanú judikatúru). Vo veciach samých treba po prvé uviesť, že viaceré dotknuté osoby predložili pripomienky, v ktorých sa prikláňajú k výkladu, že silá vo všeobecnosti nepatria medzi výrobné zariadenia, keďže sú podľa nich určené na skladovanie hotového výrobku, nie na výrobu v prísnom zmysle slova, čím presadzujú veľmi úzku definíciu pojmu „výroba“ ako označujúceho chemický alebo fyzický proces zodpovedajúci vo veciach samých extrakcii cukru z prvotnej suroviny. Pojem „výroba“ však môže zahŕňať aj iné etapy vyrábania výrobku na vstupe alebo výstupe chemického alebo fyzického procesu transformácie. Skladovanie cukru, ktorý nie je zabalený ihneď po extrakcii z prvotnej suroviny, sa môže považovať za podieľajúce sa na výrobnom procese, rovnako ako napríklad skladovanie cukrovej repy pred jej spracovaním na extrakciu obsahu cukru, ktoré sa v článku 4 ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia výslovne považuje za nevyhnutné na výrobu. Z tohto pohľadu sa skladovanie môže považovať za „priamo súvisiace s výrobou cukru“ v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia. Po druhé, pokiaľ ide o všeobecné súvislosti a ciele právnej úpravy, o ktorú ide vo veciach samých, treba pripomenúť, že podľa odôvodnenia 5 základného nariadenia je cieľom režimu reštrukturalizácie „znížiť výrobu do tej miery, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie vyváženej trhovej situácie v Spoločenstve“. Z tohto pohľadu by sa každé zariadenie, ktorého využitie môže mať vplyv na množstvo cukru, ktoré môže byť vyrobené, malo vo všeobecnosti považovať za výrobné zariadenie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť demontáže. V tejto súvislosti treba na jednej strane konštatovať, že zriadenie sila na pozemku cukrovaru determinuje výrobný proces, keďže cukrovar sa buduje v závislosti od dostupnosti a blízkosti skladovacích kapacít. Na druhej strane silo, prinajmenšom ak má samo osebe alebo spoločne s inými silami výrobcu nadbytočnú skladovaciu kapacitu vzhľadom na množstvo cukru vyrobeného týmto výrobcom počas priemernej cukrovarníckej sezóny, umožňuje tomuto výrobcovi spracovať celú úrodu aj v prípade, ak výťažok tejto úrody prekračuje predpokladaný predaj daného hospodárskeho roka. Navyše vďaka takto získaným zásobám tento výrobca môže uviesť na vnútorný trh počas budúcich hospodárskych rokov dodatočné množstvo cukru pochádzajúceho z vlastnej výroby. Takéto silá preto môžu mať priamy vplyv na množstvo cukru, ktoré môže byť vyrobené, a na výrobné procesy, ktoré závisia od blízkosti skladovacieho zariadenia. Umožňujú najmä úplne alebo čiastočne oddialiť predaj výťažku danej cukrovarníckej sezóny a tým ovplyvniť „trhovú situáciu v Spoločenstve“ v zmysle odôvodnenia 5 základného nariadenia. Po tretie podľa článku 3 ods. 3 písm. a) a b) základného nariadenia predpokladom na priznanie pomoci v plnej výške je okrem konečného a úplného zastavenia výroby cukru príslušnými výrobnými zariadeniami a ich úplnej demontáže aj „uzatvorenie závodu“. Právna úprava, o ktorú ide vo veciach samých, teda zjavne vychádza z predpokladu, že na účely priznania pomoci na reštrukturalizáciu v plnej výške sa spravidla musí uzavrieť dotknutý priemyselný komplex ako celok. Možnosť nedemontovať iné než výrobné zariadenia či dokonca pokračovať v ich budúcom používaní a pritom si zachovať nárok na pomoc v plnej výške teda predstavuje výnimku z tohto pravidla a musí sa vykladať reštriktívne. Vzhľadom na tieto okolnosti je zrejmé, že silo určené na skladovanie cukru príjemcu pomoci sa musí vymedziť ako výrobné zariadenie, a to bez ohľadu na skutočnosť, že sa využíva aj iným spôsobom, ako to zrejme čiastočne je v sporoch vo veciach samých. Naproti tomu na silo, pri ktorom sa preukázalo, že najmä technické alebo obchodné dôvody bránia jeho určeniu na skladovanie výroby cukru príjemcu pomoci, a ktoré sa využíva výlučne na skladovanie cukru vyrobeného v rámci kvóty a uloženého inými výrobcami alebo kúpeného od nich, sa nemusí vzťahovať povinnosť demontáže. Keďže činnosť balenia, vrátane balenia do vonkajšieho obalu, v zmysle článku 4 ods. 1 písm. c) vykonávacieho nariadenia nesúvisí s výrobou cukru v prísnom zmysle slova, to isté môže platiť v prípade, ak výrobca preukáže, že jeho silo slúži výlučne na balenie cukru vyrobeného inde v rámci kvóty do priameho alebo vonkajšieho obalu. Vnútroštátnemu súdu teda prislúcha posúdiť podľa okolností konkrétneho prípadu, či silo predstavuje výrobné zariadenie vzhľadom na svoje technické vlastnosti alebo skutočné využitie. Vzhľadom na všetko, čo bolo uvedené, treba na jedinú otázku vo veci C‑187/12, prvú a druhú otázku vo veci C‑188/12 a prvú otázku vo veci C‑189/12 odpovedať tak, že články 3 a 4 základného nariadenia a článok 4 vykonávacieho nariadenia sa majú vykladať v tom zmysle, že na účely týchto článkov pojem „výrobné zariadenia“ zahŕňa silá určené na skladovanie cukru príjemcu pomoci, a to bez ohľadu na skutočnosť, že sú využívané aj iným spôsobom. Takýto pojem nezahŕňa silá využívané výlučne na skladovanie cukru vyrobeného v rámci kvóty, ktorý v nich uložili iní výrobcovia alebo ktorý bol od nich kúpený, ani silá využívané iba na balenie cukru do priameho alebo vonkajšieho obalu na účely jeho uvádzania na trh. Vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby to posúdil podľa okolností konkrétneho prípadu vzhľadom na technické vlastnosti dotknutých síl alebo ich skutočné využitie. O tretej a štvrtej otázke vo veci C‑188/12, ako aj o druhej a tretej otázke vo veci C‑189/12 Týmito otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sú články 3 a 4 základného nariadenia a článok 4 vykonávacieho nariadenia, vykladané v tom zmysle, že pojem „výrobné zariadenia“ zahŕňa zariadenia využívané cukrovarníckymi podnikmi na skladovanie cukru, jeho balenie do priameho obalu alebo do vonkajšieho obalu na účely jeho uvádzania na trh, platné vzhľadom na normy vyššej právnej sily a zásady primárneho práva Únie. V tejto súvislosti treba najskôr pripomenúť, že baliace zariadenia samy osebe nepredstavujú výrobné zariadenia v zmysle právnej úpravy, o ktorú ide vo veciach samých, ako jasne vyplýva z článku 4 ods. 1 písm. c) vykonávacieho nariadenia. V dôsledku toho, pokiaľ ide o tieto zariadenia – ktoré zahŕňajú najmä zariadenia na „balenie“ uvedené vnútroštátnym súdom –, otázka platnosti článkov 3 a 4 základného nariadenia a článku 4 vykonávacieho nariadenia nie je nastolená. Pokiaľ ide následne o zariadenia na skladovanie, ktoré môžu zahŕňať zariadenia využívané aj na činnosti balenia, z odpovede poskytnutej na jedinú otázku vo veci C‑187/12 v bode 35 tohto rozsudku vyplýva, že tieto zariadenia patria medzi výrobné zariadenia v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) základného nariadenia v rozsahu, v akom sú určené najmä na skladovanie cukru príjemcu pomoci. Pokiaľ ide o tieto posledné zariadenia, treba konštatovať, že vnútroštátny súd nespresňuje normy vyššej právnej sily a zásady primárneho práva Únie, ktoré by mohli brániť povinnosti ich demontáže stanovenej v článkoch 3 a 4 základného nariadenia a článku 4 vykonávacieho nariadenia. Ako však vyplýva najmä z písomných a ústnych pripomienok dotknutých osôb, platnosť týchto ustanovení treba posúdiť s ohľadom na zásady proporcionality a rovnosti zaobchádzania. Pokiaľ ide po prvé o zásadu proporcionality, treba na jednej strane konštatovať, že výrobca, ktorý sa vzdá výrobnej kvóty pridelenej jednému zo svojich závodov, demontuje väčšinu výrobných zariadení s výnimkou sila, ktoré treba považovať za výrobné zariadenie, a naďalej používa toto silo na skladovanie cukru vyrobeného vo svojich ostatných výrobných závodoch, zvyčajne nemá nárok na pomoc na reštrukturalizáciu z dôvodu zákazu stanoveného v článku 3 ods. 1 písm. b) základného nariadenia využívať výrobné zariadenia, ktoré neboli demontované, na výrobu výrobkov zahrnutých do organizácie spoločného trhu s cukrom. Na druhej strane v prípade úplnej demontáže by mal ten istý výrobca nárok na pomoc na reštrukturalizáciu v plnej výške, hoci dodatočná finančná záťaž spojená s demontážou sila by predstavovala, ako vyplýva z odpovedí na otázky položené Súdnym dvorom poskytnutých dotknutými osobami, iba malú časť celkových nákladov na demontáž. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že zásada proporcionality, ktorá je súčasťou všeobecných zásad práva Únie, vyžaduje, aby akty inštitúcií Únie neprekračovali hranice toho, čo je primerané a potrebné na uskutočnenie legitímnych cieľov sledovaných predmetnou právnou úpravou, pričom v situácii, keď existuje výber medzi viacerými primeranými opatreniami, treba zvoliť také opatrenie, ktoré je najmenej obmedzujúce, a spôsobené nevýhody nesmú byť neprimerané vo vzťahu k sledovaným cieľom (pozri najmä rozsudok z 21. júla 2011, Beneo‑Orafti, C-150/10, Zb. s. I-6843 , bod 75 a citovanú judikatúru). Okrem toho z ustálenej judikatúry vyplýva, že pokiaľ ide o súdne preskúmanie podmienok uplatňovania tejto zásady, vzhľadom na širokú mieru voľnej úvahy, ktorú má normotvorca Európskej únie v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, zákonnosť takéhoto opatrenia môže ovplyvniť len zjavná neprimeranosť opatrenia prijatého v tejto oblasti vo vzťahu k cieľu, ktorý príslušná inštitúcia sleduje. Preto nie je podstatné, či opatrenie prijaté normotvorcom bolo jediné alebo najlepšie možné, ale či bolo zjavne neprimerané (rozsudok Beneo‑Orafti, už citovaný, body 76 a 77 a citovaná judikatúra). Čo sa týka za týchto okolností proporcionality právnej úpravy, o ktorú ide v konaniach vo veciach samých, treba konštatovať, že režim reštrukturalizácie vychádza z dobrovoľnej účasti výrobcov, pričom podľa odôvodnenia 5 základného nariadenia je jeho cieľom „cukrovarníckym podnikom s najnižšou produktivitou… dať vo forme primeranej pomoci na reštrukturalizáciu dôležitý hospodársky podnet k tomu, aby sa vzdali svojej výrobnej kvóty“. Uvedená právna úprava umožňuje výrobcovi slobodne sa rozhodnúť, či chce získať pomoc, zvoliť si závod, pri ktorom sa vzdá príslušnej kvóty, a prípadne si zvoliť úplnú alebo iba čiastočnú demontáž výrobných zariadení. Výhoda, ktorú môže výrobca získať z pomoci na reštrukturalizáciu, tak vo veľkej miere závisí od rozhodnutí, ktoré urobí on sám. Z tohto pohľadu právna úprava, o ktorú ide v konaniach vo veciach samých, nie je neproporcionálna. Pokiaľ ide po druhé o dodržanie zásady rovnosti zaobchádzania, prípadné pochybnosti by mohli vzniknúť v súvislosti s priznaním rovnakej sumy pomoci na reštrukturalizáciu na tonu uvoľnenej kvóty bez rozdielu tak v prípade, keď má dotknutý výrobca silo, ktoré musí demontovať, ako aj v prípade, keď takéto silo nemá a nemusí znášať náklady spojené s jeho demontážou. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry článok 40 ods. 2 druhý pododsek ZFEÚ, ktorý stanovuje zákaz akejkoľvek diskriminácie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, je len osobitným výrazom všeobecnej zásady rovnosti, ktorá vyžaduje, aby sa s porovnateľnými situáciami nezaobchádzalo rozdielne a s rozdielnymi situáciami rovnako, okrem prípadu, ak je rozlišovanie objektívne odôvodnené (rozsudok z 11. júna 2009, Agrana Zucker, C-33/08, Zb. s. I-5035 , bod 46 a citovaná judikatúra). Úvahy uvedené v bodoch 40 až 46 tohto rozsudku, ktoré viedli k záveru, že právna úprava, o ktorú ide v konaniach vo veciach samých, nie je neproporcionálna, pritom možno preniesť aj na preskúmanie dodržania zásady rovnosti zaobchádzania. Na jednej strane totiž treba pripomenúť, že cieľom dotknutej pomoci je podnietiť výrobcu, aby sa dobrovoľne vzdal výrobnej kvóty pridelenej cukrovaru. Vzhľadom na tento cieľ sú situácia výrobcu cukru, ktorý sa rozhodol vzdať sa kvóty pridelenej závodu vybaveného silom, a situácia výrobcu, ktorý musí demontovať závod, ktorý ním nie je vybavený, úplne porovnateľné, pokiaľ sa títo výrobcovia vzdávajú rovnakého množstva ton z kvóty. Na druhej strane, ako je uvedené v bode 41 tohto rozsudku, priame náklady spojené so zbúraním sila predstavujú len veľmi malú časť celkových nákladov na demontáž výrobných zariadení. Za týchto okolností sa nezdá, že by normotvorca Únie, ktorý má, ako vyplýva z judikatúry uvedenej v bode 43 tohto rozsudku, širokú mieru voľnej úvahy v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, nestanovením, že paušálna suma pomoci za uvoľnenú tonu z kvóty sa mení v závislosti od skutočnosti, či závod určený výrobcom na demontáž má alebo nemá silo, prijal zjavne neproporcionálne opatrenie vo vzťahu k sledovanému cieľu, t. j. zníženiu výroby cukru, aby sa obnovila rovnováha na vnútornom trhu. Tento záver nie je spochybnený skutočnosťou, ako to viaceré dotknuté osoby poznamenali na pojednávaní, že skutočné náklady demontáže môžu byť v súvislosti so silami, o ktoré ide v konaniach vo veciach samých, v skutočnosti veľmi vysoké, pretože v prípade, ak by sa tieto silá museli demontovať, náklady na ich opätovné postavenie by boli pre výrobcov jednoznačne vyššie ako náklady spojené s ich demontážou. Takéto opätovné postavenie a využívanie síl na výrobu cukru by totiž nebolo zlučiteľné s povinnosťou konečného a úplného zastavenia výroby cukru príslušnými výrobnými zariadeniami v zmysle článku 3 ods. 3 písm. a) a článku 3 ods. 4 písm. a) základného nariadenia. Vzhľadom na všetko, čo bolo uvedené, treba na tretiu a štvrtú otázku vo veci C‑188/12, ako aj na druhú a tretiu otázku vo veci C‑189/12 odpovedať tak, že preskúmanie týchto otázok neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť článkov 3 a 4 základného nariadenia a článku 4 vykonávacieho nariadenia. O trovách Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené. Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto: 1. Články 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, a článok 4 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia č. 320/2006, sa majú vykladať v tom zmysle, že na účely týchto článkov pojem „výrobné zariadenia“ zahŕňa silá určené na skladovanie cukru príjemcu pomoci, a to bez ohľadu na skutočnosť, že sú využívané aj iným spôsobom. Takýto pojem nezahŕňa silá využívané výlučne na skladovanie cukru vyrobeného v rámci kvóty, ktorý v nich uložili iní výrobcovia alebo ktorý bol od nich kúpený, ani silá využívané iba na balenie cukru do priameho alebo vonkajšieho obalu na účely jeho uvádzania na trh. Vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby to posúdil podľa okolností konkrétneho prípadu vzhľadom na technické vlastnosti dotknutých síl alebo ich skutočné využitie. 2. Preskúmanie tretej a štvrtej otázky vo veci C‑188/12, ako aj druhej a tretej otázky vo veci C‑189/12 neodhalilo nič, čo by mohlo ovplyvniť platnosť článkov 3 a 4 nariadenia č. 320/2006 a článku 4 nariadenia č. 968/2006. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: taliančina.

62016TJ0568

it

Contesto normativo L’articolo 79, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone quanto segue: «Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell’allegato VIII, il coniuge superstite di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o dell’indennità di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall’età, al momento del suo decesso». L’articolo 79, secondo comma, dello Statuto così prevede: «L’ammontare della pensione di riversibilità di cui beneficia il coniuge superstite di un funzionario deceduto mentre si trovava in una delle posizioni di cui all’articolo 35, non può essere inferiore al minimo vitale né al 35% dell’ultimo stipendio base del funzionario». L’articolo 80, primo comma, dello Statuto è così formulato: «Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall’articolo 21 dell’allegato VIII». A termini dell’articolo 80, terzo comma, dello Statuto: «Nel caso di decesso del funzionario o del titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all’articolo 21 dell’allegato VIII, ad una pensione d’orfano; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell’importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21 dell’allegato VIII». L’articolo 81, primo comma, dello Statuto prevede quanto segue: «Il titolare di una pensione di anzianità, di un’indennità di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all’allegato VII, agli assegni familiari previsti all’articolo 67; l’assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione o all’indennità del beneficiario. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico del funzionario o dell’ex funzionario al momento del suo decesso». L’articolo 81, secondo comma, dello Statuto è così redatto: «Tuttavia, l’importo dell’assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell’assegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b)». L’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto dispone quanto segue: «1.   Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell’imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare: a) in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all’articolo 35, l’importo della retribuzione base cui l’interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell’imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all’interessato (...)». L’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto è così formulato: «1.   Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 372,61 EUR al mese per ogni figlio a carico». L’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato VII dello Statuto dispone quanto segue: «2.   È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario». A termini dell’articolo 21 dell’allegato VIII dello Statuto: «1.   La pensione per gli orfani, prevista all’articolo 80 primo, secondo e terzo comma dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di riversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo articolo 25 [dell’allegato VIII dello Statuto]». La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22 [di detto allegato dello Statuto]. 2.   La pensione così stabilita, è aumentata per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell’assegno per figli a carico. (...) 3.   L’ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto». L’articolo 82, paragrafo 1, dello Statuto dispone quanto segue: «1.   Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione. Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore. Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all’articolo 45 dell’allegato VIII». Ai sensi dell’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto: «Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura. Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello statuto e del presente allegato». L’articolo 85, primo comma, dello Statuto ha il seguente tenore: «Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene». L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee ( GU 1968, L56, pag. 8 ), dispone quanto segue. «1.   L’imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all’imposta». Fatti Il sig. Francesco Spagnolli, le sig.re Maria Alice Spagnolli e Bianca Maria Elena Spagnolli, tre dei ricorrenti, nati rispettivamente il 10 maggio 1997, il 23 marzo 1999 e il 3 dicembre 2001, sono i figli del sig. Alberto Spagnolli, anch’egli ricorrente, e di sua moglie, la sig.ra Elisa Simonazzi. La sig.ra Simonazzi ha lavorato come funzionaria dell’Unione europea di grado AD 6, scatto 3, presso la Commissione europea dal 16 luglio 2005 al 22 aprile 2011, data in cui è deceduta, a Parma (Italia). Al momento del decesso della moglie, il sig. Alberto Spagnolli prestava servizio come funzionario di grado AD 12, scatto 1, presso la direzione generale (DG) «Affari marittimi e pesca» della Commissione. Il 29 luglio 2011, l’unità PMO.4 «Pensioni» (in prosieguo: l’«unità PMO.4») dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha comunicato al sig. Alberto Spagnolli la decisione, adottata segnatamente in applicazione degli articoli 79 e 80 dello Statuto, di concedergli il diritto alla pensione di reversibilità e di accordare ai suoi tre figli il diritto alla pensione di orfano con effetto dal 1 o agosto 2011. Nella stessa data, l’ammontare di tali pensioni è stato precisato con l’avviso di fissazione dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano PMO/04/MAG/2011/ARES, cui era allegato il dettaglio dei calcoli di dette pensioni (in prosieguo, congiuntamente: l’«avviso n. 1»). Il 10 ottobre 2011, il Direttore generale della DG «Affari marittimi e pesca» ha adottato una decisione con la quale, su domanda del sig. Alberto Spagnolli, ne autorizzava il distacco presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a Parma, con effetto dal 16 ottobre 2011 e per un periodo iniziale di cinque anni. Il contratto di agente temporaneo concluso dal sig. Alberto Spagnolli con l’EFSA prevedeva che questi fosse inquadrato nel grado AD 9, scatto 2. Il 17 aprile 2012 l’unità PMO.4 ha comunicato al sig. Alberto Spagnolli, con l’avviso di modifica n. 2 (PMO/04/MAG/2012/ARES) e il relativo allegato recante il dettaglio dei calcoli effettuati (in prosieguo, congiuntamente: l’«avviso n. 2»), un aggiornamento dell’ammontare delle pensioni di reversibilità e di orfano a decorrere dal 1 o novembre 2011. Tale aggiornamento si era reso necessario per il cambiamento di posto e di stipendio del sig. Alberto Spagnolli ed era destinato a rettificare un errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 1. Nella stessa data, l’unità PMO.4 ha inviato al sig. Alberto Spagnolli un documento che sostituiva i calcoli dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano contenuti nell’avviso n. 1 (in prosieguo: l’«avviso n. 1 bis»). Nell’ottobre 2013, il sig. Alberto Spagnolli, inquadrato nel grado AD 9, scatto 2, è passato allo scatto 3. Tale avanzamento di scatto ha determinato un aumento del suo trattamento mensile di base presso l’EFSA. Il 6 febbraio 2015, il sig. Alberto Spagnolli ha ricevuto una telefonata dall’unità PMO.4 che lo informava di una nuova revisione del calcolo degli importi complessivi della pensione di reversibilità e delle pensioni di orfano reso necessario dalla indicizzazione progressiva applicabile al suo nuovo trattamento retributivo e a seguito di un errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 2. Nella stessa data, il sig. Alberto Spagnolli ha ricevuto un’e-mail da parte della medesima unità in cui veniva spiegato che un nuovo calcolo dei suoi diritti a pensione aveva dovuto essere effettuato in conseguenza del suo nuovo inquadramento e di un errore contenuto nell’avviso n. 2. Con la stessa e-mail, l’unità PMO.4 informava altresì il sig. Alberto Spagnolli della necessità di recuperare una somma pari a circa EUR 40000 indebitamente versata a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano. A tale e-mail era allegato l’avviso di modifica n. 3 (PMO/04/LM/2015/ARES) e alcuni allegati (in prosieguo: l’«avviso n. 3»), che riportavano i nuovi calcoli dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano a partire dal 1 o luglio 2012 e dal 1 o ottobre 2013, a rettifica dell’errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 2 e a integrazione dell’indicizzazione progressiva applicabile. Il 5 maggio 2015, il sig. Alberto Spagnolli ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso l’avviso n. 3 e avverso la richiesta, contenuta nell’e-mail del 6 febbraio 2015, di rimborso di una somma pari a circa EUR 40000 che gli sarebbe stata indebitamente versata a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano tra il 2012 e il 2015. Con decisione HR.D.2/ON/ac/Ares(2015), del 3 agosto 2015 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015»), l’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha dichiarato il reclamo ricevibile, rigettandolo però nel merito, sia per quanto riguarda i nuovi calcoli degli importi dei diritti a pensione di reversibilità e di orfano che per quanto riguarda la richiesta di rimborso della somma pari a circa EUR 40000. Il 17 agosto 2015, il capo dell’unità PMO.4 ha adottato la decisione di trattenuta sulla pensione PMO/04/LM/ARES/2015/3406787 (in prosieguo: la «decisione di ripetizione dell’indebito»), in cui si comunicava al sig. Alberto Spagnolli che, a seguito dell’avviso n. 3, quest’ultimo era debitore nei confronti della Commissione di un importo pari a EUR 22368,19 e, per ognuno dei suoi figli, di un importo pari a EUR 5922,72. Con la citata decisione, l’unità PMO.4 ha inoltre informato il sig. Alberto Spagnolli del fatto che tali importi sarebbero stati recuperati mediante trattenute mensili sulle pensioni di reversibilità e di orfano. Il 16 novembre 2015, il sig. Alberto Spagnolli, per conto proprio e per conto delle due figlie minorenni, e il sig. Francesco Spagnolli, divenuto maggiorenne, hanno presentato ciascuno un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione di ripetizione dell’indebito. Il 4 marzo 2016, l’APN ha adottato la decisione HR.E.2/RO/ac/Ares(2016) di rigetto del reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016»). Procedimento Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 13 novembre 2015, il sig. Alberto Spagnolli, in nome e per conto proprio, nonché, in forza del suo potere legale di rappresentanza, in nome e per conto delle figlie minorenni Maria Alice Spagnolli e Bianca Maria Elena Spagnolli e, in forza di procura speciale, in nome e per conto del sig. Francesco Spagnolli, figlio maggiorenne convivente, ha proposto un ricorso diretto all’annullamento dell’avviso n. 3 ed iscritto al ruolo con il numero F‑140/15. Il 3 febbraio 2016, la Commissione ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica. Il 4 aprile 2016, i ricorrenti hanno risposto entro il termine impartito alle misure di organizzazione del procedimento adottate conformemente all’articolo 69 del suo regolamento di procedura dal Tribunale della funzione pubblica ed hanno presentato le loro osservazioni scritte relative alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 14 giugno 2016, i ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso iscritto al ruolo con il numero F‑29/16 e diretto, segnatamente, all’annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito. In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti ( GU 2016, L 200, pag. 137 ), le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑140/15 e F‑29/16 sono state trasferite al Tribunale nello stato in cui esse si trovavano alla data del 31 agosto 2016. Tali cause sono state iscritte al ruolo, rispettivamente, con il numero T‑568/16 e con il numero T‑599/16 ed assegnate alla Nona Sezione. Il 12 settembre 2016, la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il proprio controricorso nella causa T‑599/16. Il 9 dicembre 2016, i ricorrenti hanno chiesto lo svolgimento di un’udienza nella causa T‑568/16, in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale il 7 novembre 2016. Il 20 dicembre 2016, i ricorrenti hanno depositato una replica nella causa T‑599/16. Il 2 febbraio 2017, la Commissione ha depositato una controreplica nella causa T‑599/16. Il 2 ottobre 2017, il presidente della Nona Sezione ha disposto la riunione delle cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. Il 25 ottobre 2017, la Commissione ha risposto alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale il 3 ottobre 2017. Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 9 novembre 2017. Conclusioni delle parti Nella causa T‑568/16, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare l’avviso n. 3, come integrato dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015; – condannare la Commissione alle spese. Nella medesima causa, la Commissione chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato; – condannare il sig. Alberto Spagnolli alle spese. Nella causa T‑599/16, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione di ripetizione dell’indebito; – annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016; – annullare, per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto del reclamo proposto dal sig. Francesco Spagnolli; – condannare la Commissione alla riparazione del danno morale e materiale subito dai ricorrenti per la violazione del loro diritto ad una buona amministrazione e del dovere di sollecitudine dell’amministrazione, in misura pari a, rispettivamente: – la differenza tra la remunerazione percepita dal sig. Alberto Spagnolli in quanto agente temporaneo EFSA di grado AD 9 e la remunerazione che questi percepirebbe quale funzionario della Commissione di grado AD 12, per il periodo di un anno; – l’ammontare della ripetizione richiesta ai ricorrenti nella decisione di ripetizione dell’indebito, aumentato della differenza tra l’ammontare delle pensioni stabilite dall’avviso n. 2 e dall’avviso n 3, dal momento in cui quest’ultimo produce effetto e fino al momento in cui la famiglia fosse in grado di ristabilirsi nel precedente luogo di residenza abituale, da stabilirsi equitativamente in un anno dalla definizione del presente giudizio; – condannare la Commissione alle spese. Nella medesima causa, la Commissione chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso, per quanto attiene alle richieste di annullamento, come infondato; – respingere il ricorso, per quanto attiene alle richieste risarcitorie, come irricevibile, o, in via sussidiaria, come infondato; – condannare il sig. Alberto Spagnolli alle spese. In diritto Causa T‑568/16 Sulla ricevibilità All’udienza la Commissione ha dichiarato che rinunciava a sollevare la prima eccezione d’irricevibilità, vertente sul fatto che, in mancanza del previo reclamo obbligatorio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, proposto contro l’avviso n. 3 dal sig. Alberto Spagnolli in nome e per conto dei suoi figli minorenni, il ricorso era irricevibile relativamente a questi ultimi. Nel verbale di udienza si è preso atto di detta rinuncia. Nel caso di specie, quindi, per quanto riguarda i figli minorenni del sig. Alberto Spagnolli non è più oggetto di contestazione che i presupposti stabiliti dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto siano soddisfatti. Per contro, la Commissione mantiene la sua seconda eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso concerne un atto che non reca pregiudizio ai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, bensì riguarda un atto, l’avviso n. 3, meramente confermativo di un precedente atto, l’avviso n. 1, recante fissazione dei loro diritti a pensione. Al riguardo, la Commissione sostiene che i ricorrenti hanno identificato erroneamente l’avviso n. 3 come atto che reca loro pregiudizio, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, in quanto tale avviso sarebbe soltanto un atto meramente confermativo dell’avviso n. 1, e che si limita ad applicare il metodo di calcolo stabilito da quest’ultimo, consistente nell’includere la pensione di orfano nell’importo dei redditi assoggettati al limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. I ricorrenti contestano l’eccezione sollevata dalla Commissione e fanno valere che il ricorso diretto contro l’avviso n. 3 concerne un atto che, modificando i loro diritti a pensione, reca loro pregiudizio ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto e non è, quindi, un atto meramente confermativo. In via preliminare occorre ricordare che l’irricevibilità opposta ad un ricorso diretto contro una decisione puramente confermativa dipende dalla tardività del ricorso e non dalla natura dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P , EU:C:2007:812 , punto ) e, pertanto, la Commissione non può mettere in discussione il carattere pregiudizievole dell’avviso n. 3 con la sola motivazione che detto avviso sarebbe meramente confermativo dell’avviso n. 1. In ogni caso, secondo una giurisprudenza ben consolidata, un ricorso di annullamento presentato contro un atto meramente confermativo di una precedente decisione non impugnata entro i termini è irricevibile, fermo restando che tale qualifica presuppone che l’atto non contenga alcun elemento nuovo rispetto a detta decisione e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario di quest’ultima (v. sentenze del 29 settembre 1999, Neumann e Neumann-Schölles/Commissione, T‑68/97 , EU:T:1999:238 , punto e giurisprudenza ivi citata; del 28 giugno 2006, Grünheid/Commissione, F‑101/05 , EU:F:2006:58 , punto e giurisprudenza ivi citata, e del 14 settembre 2011, A/Commissione, F‑12/09 , EU:F:2011:136 , punto e giurisprudenza ivi citata). È stato inoltre statuito che un reclamo amministrativo e il successivo ricorso devono essere entrambi diretti contro un atto che reca pregiudizio al ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91 dello Statuto, e l’atto che reca pregiudizio è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v. sentenza del 28 giugno 2006, Grünheid/Commissione, F‑101/05 , EU:F:2006:58 , punto e giurisprudenza ivi citata). Per valutare se la Commissione abbia ragione di ritenere che l’avviso n. 3 configuri un atto meramente confermativo dell’avviso n. 1, si deve verificare se l’avviso n. 3 non sia stato adottato sulla base di elementi nuovi e non sia stato preceduto da un riesame della situazione dei ricorrenti. A tal fine, innanzitutto occorre osservare che la Commissione ha riesaminato l’avviso n. 1 in due occasioni. Un primo riesame è stato effettuato su sollecitazione da parte del sig. Alberto Spagnolli tra il novembre 2011 e il marzo 2012. Tale riesame ha condotto la Commissione a correggere l’avviso n. 1 adottando, il 17 aprile 2012, l’avviso n. 2, da un lato, nonché l’avviso n. 1 bis, dall’altro. Un secondo riesame della situazione dei ricorrenti ha avuto luogo, secondo quanto affermato dalla stessa Commissione, al momento dell’avanzamento di scatto del sig. Alberto Spagnolli, passato dal grado AD 9, scatto 2, al grado AD 9, scatto 3. In sede di detto riesame, la Commissione ha riscontrato la sussistenza di un presunto errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 2 e, quindi, di un conseguente versamento non dovuto. Per tale ragione, essa ha adottato l’avviso n. 3 recante i nuovi calcoli dei diritti a pensione di reversibilità e di orfano a decorrere dal 1 o luglio 2012 e dal 1 o ottobre 2013. Si deve poi constatare che tanto la rilevazione di un errore nell’avviso n. 2 quanto l’avanzamento di scatto del sig. Alberto Spagnolli configurano fatti nuovi, che sono all’origine dei nuovi calcoli dei diritti a pensione dei ricorrenti contenuti nell’avviso n. 3, vale a dire di una modifica della situazione giuridica di ricorrenti. Le considerazioni sopra esposte non sono rimesse in discussione per il solo fatto che gli avvisi nn. 1 e 3 applicano lo stesso metodo di calcolo dei diritti a pensione in relazione al computo delle pensioni di orfano nell’ammontare del reddito soggetto alla soglia massima di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. Ne consegue che, giacché l’avviso n. 3 è stato adottato a seguito di riesami della situazione giuridica dei ricorrenti e sulla base di fatti nuovi, esso non può essere considerato, come sostiene la Commissione, un atto meramente confermativo dell’avviso n. 1. L’avviso n. 3 configura al contrario un atto che, sostituendosi agli atti precedenti, modifica in misura rilevante la situazione giuridica dei ricorrenti, incide in modo diretto e immediato sui loro interessi e, quindi, reca loro pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91 dello Statuto. Pertanto, si deve respingere la seconda eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione e vertente sul carattere inoppugnabile dell’avviso n. 3 e valutare la fondatezza del ricorso. Nel merito Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto, qualora tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di sottoporre al giudizio del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87 , EU:C:1989:8 , punto , e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03 , EU:T:2006:110 , punto ). Atteso che nel caso di specie la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 è priva di contenuto autonomo, giacché essa si limita a confermare, in sostanza, l’atto impugnato, ossia l’avviso n. 3, il ricorso deve essere considerato come diretto contro quest’ultimo atto. Nell’atto introduttivo di ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi di illegittimità dell’avviso n. 3. Il primo motivo verte sull’erronea applicazione del limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano. Il secondo motivo verte sull’ingiustificata esclusione degli assegni familiari dal calcolo del limite previsto dall’articolo 81 bis dello Statuto. Il terzo motivo verte sul carattere insufficiente e contraddittorio della motivazione dell’avviso n. 3. In risposta ad un quesito posto dal Tribunale all’udienza, come attesta il processo verbale di quest’ultima, i ricorrenti confermano che, a seguito delle risposte fornite dalla Commissione, il 25 ottobre 2017, alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale il 3 ottobre 2017, essi rinunciano agli argomenti diretti a contestare il profilo materiale dei fatti, vale a dire le somme prese in considerazione e i calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi, segnatamente nell’avviso n. 2, senza tuttavia rinunciare a contestare la legittimità del metodo di calcolo dei diritti a pensione applicato dalla Commissione in tali avvisi. Pertanto, essi rinunciano al secondo motivo di ricorso nella presente causa. Occorre esaminare innanzitutto il terzo motivo. – Sul terzo motivo Con il terzo motivo, i ricorrenti fanno valere che l’avviso n. 3, come integrato dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, è viziato da un’insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Al riguardo essi affermano che né l’avviso n. 3 né la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 consentono di comprendere il percorso argomentativo e di calcolo concretamente seguito dalla Commissione. A parere dei ricorrenti, la motivazione dell’avviso n. 3 indica, in effetti, al pari delle decisioni che l’hanno preceduto, che, per stabilire il tetto fissato dall’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, occorrerebbe considerare un importo risultante dalla somma dello stipendio netto del defunto e di quello del coniuge superstite al momento del decesso, comprensivo degli assegni per i tre figli a carico ai quali ha diritto il coniuge superstite. Tuttavia, dal momento che dai calcoli dell’avviso n. 3 risulterebbe che la retribuzione netta del coniuge superstite non tiene conto dell’assegno di famiglia e degli assegni per i figli a carico, la motivazione contenuta nell’avviso 3 sarebbe in contraddizione con il dispositivo del medesimo avviso. I ricorrenti fanno inoltre valere che la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 non offre ulteriori chiarimenti alla motivazione dell’avviso n. 3. Infatti, l’APN farebbe riferimento al cumulo del reddito del funzionario deceduto, se fosse rimasto in vita, e del «reddito netto del vedovo», senza specificare espressamente se, in tal caso, si tratti del reddito netto attuale del vedovo, vale a dire lo stipendio realmente percepito a seguito del decesso della sig.ra Simonazzi, o di quello fittizio del vedovo, ossia lo stipendio del vedovo calcolato nell’ipotesi in cui il coniuge fosse rimasto in vita. A parere dei ricorrenti, «il reddito netto del vedovo», ai sensi della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, non può corrispondere né allo stipendio reale, il quale non viene considerato nella fissazione della soglia massima di cui all’articolo 81 bis dello Statuto, né allo stipendio fittizio del sig. Alberto Spagnolli, perché l’ammontare del «reddito netto del vedovo», indicato nell’avviso n. 3, non prende in considerazione gli assegni familiari ai quali quest’ultimo avrebbe avuto diritto se sua moglie fosse ancora in vita. Essi ne deducono dunque che la motivazione aggiunta dall’APN si rivela in ogni caso contraddittoria rispetto al contenuto dell’avviso n. 3. In via preliminare, va precisato che, nell’ambito della presente causa, il cumulo degli emolumenti al quale procede la Commissione per la fissazione della soglia massima di cui all’articolo 81 bis dello Statuto, in presenza di due coniugi entrambi funzionari dell’Unione, come risulta dai diversi avvisi di fissazione dei diritti a pensione, non è contestato dai ricorrenti. Tale cumulo degli emolumenti dei funzionari interessati è funzionale alla fissazione della soglia massima alla quale sono soggetti i redditi della famiglia del funzionario superstite, al fine di evitare l’arricchimento della medesima in conseguenza del decesso. La soglia massima prevista dall’articolo 81 bis dello Statuto viene pertanto calcolata dalla Commissione sommando lo stipendio del coniuge deceduto allo stipendio del coniuge superstite. Il metodo in parola non risulta esplicitamente dal dettato dell’articolo 81 bis dello Statuto, il quale, per la fissazione della soglia massima che non deve essere superata, considera unicamente il trattamento del coniuge deceduto. Tuttavia, come si evince dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 e come confermato dalla stessa Commissione all’udienza, detto metodo è stato prescelto dalla Commissione allo scopo di garantire maggiormente le entrate della famiglia in termini di imposizione fiscale. Nel caso di specie, per un verso, i ricorrenti contestano l’ammontare del reddito del sig. Alberto Spagnolli che, nei vari avvisi dei diritti a pensione, è stato sommato al salario del coniuge deceduto per la fissazione del limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. Più precisamente, essi ritengono che, in tale reddito, la Commissione computi un importo errato degli assegni per figli a carico. Per altro verso, i ricorrenti contestano il fatto che, nei calcoli dei diritti a pensione, la Commissione applichi l’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano e proceda quindi alla loro limitazione. Occorre dunque verificare, alla luce delle suesposte censure mosse dai ricorrenti, se l’obbligo di motivazione sia stato rispettato. In proposito, si deve innanzitutto ricordare che l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 296 TFUE, e contenuto parimenti nell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità delle decisioni recanti pregiudizio e di fornire agli interessati indicazioni sufficienti per stabilire se le decisioni siano fondate o se, invece, siano inficiate da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Ne discende che la motivazione, in via di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli reca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F‑41/06 , EU:F:2008:132 , punto e giurisprudenza ivi citata). È stato altresì statuito che è possibile rimediare a un’eventuale difetto di motivazione con una motivazione adeguata fornita nella fase della risposta al reclamo, motivazione, quest’ultima, che si presume coincidere con la motivazione della decisione contro cui il reclamo è stato diretto (v. sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F‑41/06 , EU:F:2008:132 , punto e giurisprudenza ivi citata). Da giurisprudenza costante risulta inoltre che è possibile, in primo luogo, ovviare all’insufficienza – ma non all’assenza totale – di motivazione anche in corso di giudizio se, precedentemente all’introduzione del ricorso, l’interessato disponeva già di elementi costitutivi di un principio di motivazione e, in secondo luogo, considerare una decisione sufficientemente motivata quando è intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato che gli consenta di comprenderne la portata (v. sentenza del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione, F‑81/09 , EU:F:2011:13 , punto e giurisprudenza ivi citata). In primo luogo, occorre rilevare che gli argomenti volti a far valere che la motivazione dell’avviso n. 3, come integrata dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, è insufficiente, per il motivo che tali due atti non consentirebbero di comprendere il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, riguardano la violazione delle forme sostanziali, la cui analisi è preliminare rispetto all’esame della fondatezza dei motivi di cui trattasi. A detto proposito, innanzitutto, dall’avviso n. 3, come integrato dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, risulta che esso contiene un nuovo calcolo dei diritti a pensione di reversibilità e di orfano dei ricorrenti in conseguenza, da un lato, della sussistenza di un errore di calcolo presente nel precedente avviso, vale a dire l’avviso n. 2, e, dall’altro, del cambiamento di scatto del sig. Alberto Spagnolli, passato dal grado AD 9, scatto 2, al grado AD 9, scatto 3, nell’ottobre 2013, anche per quanto riguarda l’indicizzazione applicabile al suo stipendio alle date del 1 o luglio 2012 e del 1 o ottobre 2013. Risulta poi dalla lettura di tutti gli avvisi, e segnatamente degli avvisi nn. 2 e 3 considerati unitamente alle spiegazioni fornite nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, che l’errore contenuto nell’avviso n. 2 dipende dal computo di sei assegni per figli a carico, anziché tre, nell’ammontare dello stipendio netto del sig. Alberto Spagnolli utilizzato per la determinazione del suo «reddito fittizio» (in prosieguo: l’«importo A»), ossia del reddito calcolato per l’ipotesi in cui sua moglie fosse rimasta in vita. Occorre osservare inoltre che gli stessi ricorrenti ricordano che il metodo di calcolo applicato dalla Commissione consiste nel prendere in considerazione, da una parte, un «importo A», corrispondente ai «redditi fittizi», costituito dalla somma della retribuzione netta del coniuge defunto se fosse rimasto in vita e della retribuzione netta del coniuge superstite al momento del decesso, compresi gli assegni per tre figli a carico, e, dall’altra, un importo corrispondente ai «redditi reali» che il coniuge percepirebbe se il limite di cui all’articolo 81 bis non fosse applicato e che è costituito dalla somma del reddito netto del coniuge superstite, della pensione di reversibilità e delle pensioni di orfano (in prosieguo: l’«importo B»). Inoltre, tanto i calcoli contenuti nell’avviso n. 3 quanto quelli contenuti nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 consentono di comprendere che la differenza tra l’importo A e l’importo B dà luogo all’importo che deve essere dedotto in misura proporzionale dalle pensioni di reversibilità e di orfano. Infine, la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 chiarisce del pari che il cumulo del salario netto del sig. Alberto Spagnolli e di quello della moglie deceduta è dovuto alla necessità di tener conto dell’applicazione dell’imposta dell’Unione sul reddito, conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 260/68, e che il metodo di calcolo prescelto dalla Commissione per il calcolo dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano è quello che garantisce maggiormente i redditi della famiglia in termini di assoggettamento all’imposta. Di conseguenza, i ricorrenti non possono affermare che la motivazione sia insufficiente sulla base del rilievo che la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, allorché essa fa riferimento al cumulo del «salario netto del vedovo» con quello della defunta, non consente loro di comprendere se si tratti del reddito reale, vale a dire dell’importo B, o del reddito fittizio del vedovo, vale a dire dell’importo A. Infatti, dalle spiegazioni fornite da detta decisione si evince chiaramente che si tratta del reddito fittizio, dal momento che in essa si fa riferimento al reddito che, cumulato al salario che la defunta avrebbe percepito, viene preso in considerazione per fissare la soglia massima che non deve essere superata ai sensi dell’articolo 81 bis dello Statuto, vale a dire l’importo A. Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la motivazione dell’avviso n. 3, come integrata dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, è sufficiente, in quanto consente ai ricorrenti di comprendere il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, l’obiettivo da questa perseguito e il risultato della valutazione dei loro diritti a pensione. Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti secondo cui la motivazione dell’avviso n. 3, come integrata dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, era insufficiente, sulla base del rilievo che non consentiva loro di comprendere il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, devono essere respinti. D’altra parte, si deve necessariamente constatare che la motivazione in discorso ha permesso ai ricorrenti di contestare la fondatezza di tale metodo dinanzi al Tribunale. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti diretto a far valere la sussistenza di una contraddizione tra la motivazione dell’avviso n. 3 e il dispositivo dello stesso, derivante dalla mancata corrispondenza tra i calcoli applicati nell’avviso n. 3 e il dispositivo del medesimo, come integrato dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, si deve ricordare che, come precisato al precedente punto 61, i ricorrenti hanno rinunciato a contestare il profilo materiale dei fatti, ossia il dettaglio dei calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi, tra cui l’avviso n. 3. Essi hanno specificato all’udienza che tale argomento, vertente sulla sussistenza di una contraddizione di motivi, doveva essere interpretato come volto a far valere l’esistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione riconducibile alla mancata comunicazione del dettaglio dei calcoli applicati nell’avviso n. 3, la quale avrebbe comportato l’impossibilità di comprendere l’errore commesso nel calcolo dei diritti a pensione. Occorre precisare a detto riguardo che la motivazione di una decisione non implica che tutti i dettagli del calcolo contenuto in tale decisione siano indicati esplicitamente. È sufficiente che gli interessati siano in grado di comprendere le ragioni alla base dell’adozione dell’atto che li riguarda, l’obiettivo dallo stesso perseguito e il metodo in esso applicato per determinare l’ammontare dei loro diritti. Infatti, l’indicazione della totalità dei calcoli degli importi contenuti nell’avviso n. 3, per quanto utile ed auspicabile, non è indispensabile ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare a procedere alla valutazione corretta dei diritti a pensione dei ricorrenti secondo le circostanza del caso specifico (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C‑182/99 P , EU:C:2003:526 , punto e giurisprudenza ivi citata). Del resto, la circostanza che soltanto la produzione di determinati dati numerici permetta di rilevare alcuni errori di calcolo non basta per far ritenere insufficiente la motivazione di una decisione controversa, posto che, in sede di controllo di una decisione di questo tipo da parte del giudice dell’Unione, quest’ultimo può chiedere che gli vengano forniti tutti gli elementi che gli sono necessari per consentirgli un controllo approfondito delle modalità di calcolo applicate (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P , EU:C:2003:531 , punto ). Orbene, poiché dall’analisi effettuata ai precedenti punti da 72 a 77 emerge che l’avviso n. 3, come integrato dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, ha consentito ai ricorrenti di comprendere i motivi alla base dell’adozione dell’atto che li riguarda, l’obiettivo dallo stesso perseguito e il metodo in esso applicato per determinare gli importi dei loro diritti, gli argomenti che i medesimi adducono per affermare la sussistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione conseguente alla mancata indicazione dei dettagli dei calcoli dei loro diritti a pensione devono essere rigettati. Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto. – Sul primo motivo Con il primo motivo, i ricorrenti asseriscono che l’avviso 3 è illegittimo e deve essere annullato in quanto, includendo le pensioni di orfano nell’ammontare del reddito sottoposto al limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto, esso ha determinato un’ingiustificata riduzione dell’ammontare delle pensioni di reversibilità e di orfano loro riconosciuto. In primo luogo, i ricorrenti sottolineano che le espressioni «pensioni di reversibilità», al plurale, e «alla vedova e ad altri aventi diritto», utilizzate dal legislatore nell’articolo 81 bis dello Statuto, non si riferiscono alle pensioni di orfano, ma al caso di coesistenza tra il coniuge superstite ed ex coniuge divorziato o tra il coniuge superstite e i figli nati da un precedente matrimonio, situazioni rispettivamente contemplate, da un lato, dagli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto e, dall’altro, dall’articolo 22, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto. In secondo luogo, i ricorrenti rilevano che, quando il legislatore fa riferimento all’uno o all’altro tipo di pensione, ciò risulta chiaramente dal testo delle disposizioni dello Statuto, come avviene segnatamente nel caso dell’articolo 80, paragrafi 3 e 4, dello Statuto, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 24 dell’allegato VIII dello Statuto. In terzo luogo, i ricorrenti mettono in evidenza il fatto che le pensioni di reversibilità e di orfano perseguono finalità diverse. La pensione di reversibilità sarebbe destinata a garantire al coniuge superstite un’integrazione del reddito familiare, per far fronte alla perdita delle entrate del coniuge deceduto, mentre la pensione di orfano costituirebbe un separato contributo all’autonomia degli orfani in un’ottica solidaristica. Siffatta differenza di finalità tra i due tipi di pensione sarebbe confermata dallo Statuto, il quale prevede, da un lato, che, una volta raggiunta la maggiore età, gli orfani possano chiedere l’attribuzione della loro pensione su un conto separato da quello del genitore avente diritto alla pensione di reversibilità e, dall’altro, che la perdita della pensione di reversibilità non comporterebbe la perdita della pensione di orfano, ma determinerebbe, al contrario, il raddoppio dell’importo di questa. Tale diversa finalità dei due tipi di pensione giustificherebbe un diverso trattamento dei redditi provenienti dalla pensione di reversibilità rispetto a quelli corrispondenti alla pensione di orfano e, di conseguenza, l’inapplicabilità a questi ultimi dell’articolo 81 bis dello Statuto. Ad avviso dei ricorrenti, l’illegittima inclusione della pensione di orfano nell’importo delle loro entrate sottoposto al limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto ha determinato una riduzione delle loro pensioni di reversibilità e di orfano tanto per il periodo dal 1 o luglio 2012 al 30 settembre 2013 quanto per il periodo successivo al 1 o ottobre 2013. Infatti, le riduzioni di tali importi sarebbero state imposte in conseguenza del superamento del tetto di cui all’articolo 81 bis dello Statuto in misura pari a un importo di EUR 1629,27 per il primo periodo e di EUR 1576,92 per il secondo periodo. Orbene, l’inserimento della pensione di orfano, pari a EUR 2088,90, nel calcolo delle entrate soggette a limitazione sarebbe stato decisivo per l’applicazione di riduzioni degli importi delle pensioni corrisposte ai ricorrenti. Da ultimo, essi affermano che, dato che gli avvisi che hanno preceduto l’avviso n. 3 sono affetti dallo stesso errore di quest’ultimo, cioè l’errata applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano, la Commissione dovrebbe trarre le conseguenze della sentenza di annullamento del Tribunale riguardo all’avviso n. 3 e procedere, dunque, a nuovi calcoli delle pensioni di reversibilità e di orfano a favore dei ricorrenti, con effetti retroattivi, in forza dell’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto. La Commissione respinge gli argomenti dei ricorrenti e fa valere che l’ambito di applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto si estende sia alla pensione di reversibilità che a quella di orfano. Occorre pertanto rispondere alla questione se l’articolo 81 bis dello Statuto vada interpretato nel senso che esso si estende anche alle pensioni di orfano. In via preliminare, anzitutto, si deve ricordare che, come osservato al precedente punto 7, l’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto è così formulato: «1.   Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell’imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare: a) in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all’articolo 35, l’importo della retribuzione base cui l’interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell’imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all’interessato (...)». Poi, quanto all’argomento della Commissione, ricordato all’udienza, secondo cui da una sentenza del Tribunale della funzione pubblica emerge che, in applicazione dell’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto, la pensione di orfano è stata inclusa nell’importo totale delle pensioni nette corrisposte agli aventi diritto del funzionario deceduto, vale a dire nell’importo assoggettabile alla limitazione contemplata da detto articolo (sentenza del 5 febbraio 2016, Bulté e Krempa/Commissione, F‑96/14 , EU:F:2016:10 , punto ), va osservato che, nella causa citata, le parti in causa non hanno contestato la questione della legittimità dell’applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano e, quindi, il suddetto Tribunale non ha potuto pronunciarsi in maniera definitiva in merito ad essa. In via principale, occorre osservare che le pensioni di orfano sono previste dall’articolo 80 dello Statuto, che trova collocazione nel titolo V, capo 3, dello Statuto, recante il titolo «Pensioni e indennità di invalidità». Dette pensioni sono, come affermato anche dalla giurisprudenza, pensioni a tutti gli effetti e in quanto tali sono sottoposte al regime pensionistico previsto dallo Statuto (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 23 marzo 1993, Huet/Corte dei Conti, T‑8/93 , EU:T:1994:35 , punto ). Si deve inoltre osservare che le modalità di calcolo delle pensioni di orfano vengono fissate al capo 4, articolo 21, dell’allegato VIII dello Statuto, in forza del rinvio di cui all’articolo 84 dello Statuto, e che tale capo reca il titolo «Pensione di reversibilità». Tale rilievo consente di constatare che l’espressione «pensione di reversibilità» viene impiegata dal legislatore per indicare non soltanto la pensione del coniuge superstite al funzionario deceduto, ossia la pensione di reversibilità stricto sensu, ma anche disposizioni relative alle pensioni di orfano. Pertanto, sebbene sia vero, come asseriscono i ricorrenti, che talune disposizioni fanno esplicitamente riferimento alle pensioni di orfano, ciò non esclude tuttavia che altre disposizioni, nelle quali dette pensioni non sono espressamente menzionate, siano applicabili alle stesse, atteso che esse sono pensioni a tutti gli effetti, soggette, per tale motivo, alle disposizioni dello Statuto applicabili in generale alle pensioni. Oltretutto, poiché l’articolo 81 bis dello Statuto costituisce una delle disposizioni finali del titolo V, capo 3, dello Statuto e si inserisce nel novero delle disposizioni applicabili alle pensioni, di cui fanno parte le pensioni previste dall’articolo 80, l’articolo 81 bis non può essere interpretato nel senso che escluderebbe le pensioni di orfano. Difatti, come giustamente sostenuto dalla Commissione, l’impiego in detta disposizione dell’espressione «pensioni di reversibilità» al plurale deve essere inteso nel senso che essa fa riferimento a qualunque tipo di «pensione» il cui presupposto fattuale sia il decesso di un funzionario, come avviene non soltanto nel caso della pensione di reversibilità, ma anche in quello della pensione di orfano. Del resto, come correttamente sottolineato dalla Commissione, in forza dell’articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello Statuto e dell’articolo 21 dell’allegato VIII dello Statuto, la pensione di reversibilità e quella di orfano sono connesse, poiché la seconda è condizionata nel suo ammontare dalla prima. L’applicabilità dell’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano non può essere messa in discussione dagli argomenti dei ricorrenti volti a far valere che le espressioni «pensioni di reversibilità» e «aventi diritto», utilizzate all’articolo 81 bis dello Statuto, riguardano le situazioni in cui coesistano, da un lato, il coniuge superstite e uno o più ex coniugi divorziati o più coniugi divorziati, situazioni disciplinate dagli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto, e, dall’altro, il coniuge superstite e orfani nati da un precedente matrimonio del funzionario deceduto, situazioni contemplate dall’articolo 22, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto. Infatti, da una parte, l’articolo 28 dell’allegato VIII dello Statuto, il quale è la disposizione rilevante nel caso di specie, prevede che, in caso di coesistenza tra il coniuge superstite ed uno o più ex coniugi divorziati o tra più ex coniugi divorziati, la stessa pensione di riversibilità sia ripartita proporzionalmente tra i diversi aventi diritto. Pertanto, trattandosi di un’unica pensione, le succitate situazioni non sono sussumibili nell’espressione «pensioni di riversibilità» in forma plurale contenuta nell’articolo 81 bis, paragrafo 1, dello Statuto. D’altra parte, se, mediante l’impiego delle espressioni «pensioni» e «aventi diritto», l’articolo 81 bis, paragrafo 1, dello Statuto si estendesse alle situazioni di coesistenza tra il coniuge superstite e gli orfani nati da un precedente matrimonio del funzionario deceduto, ad esclusione dei figli nati dall’unione del funzionario deceduto e del coniuge superstite, ciò finirebbe per determinare, come giustamente sottolinea la Commissione, una ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi figli del funzionario deceduto. Mentre i figli nati dall’unione del funzionario deceduto con il coniuge superstite non subirebbero una limitazione delle proprie pensioni di orfano, poiché l’articolo 81 bis, paragrafo 1, dello Statuto non sarebbe loro applicabile, le pensioni degli orfani nati da un precedente matrimonio potrebbero essere limitate in forza di quest’ultima disposizione. Una simile differenza di trattamento, priva di giustificazione e contraria al principio di parità di trattamento, non è ammissibile. Infine, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti volto a sottolineare che la pensione di reversibilità e la pensione di orfano perseguono finalità parzialmente distinte, occorre osservare che, quand’anche fosse così, ciò non potrebbe essere sufficiente, tenuto conto di quanto precede, a far ritenere che l’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto non sia applicabile alle pensioni di orfano. Allo stesso modo, gli argomenti dei ricorrenti vertenti sul punto che la finalità parzialmente diversa della pensione di reversibilità e di quella di orfano sarebbe confermata dal fatto che, per un verso, una volta raggiunta la maggiore età, gli orfani potrebbero chiedere l’attribuzione della loro pensione su un conto separato da quello del genitore avente diritto alla pensione di reversibilità e, per un altro, la perdita della pensione di reversibilità non determinerebbe la perdita della pensione di orfano e comporterebbe, al contrario, il raddoppio dell’ammontare di quest’ultima, non sono tali da rimettere in discussione l’applicabilità dell’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano. Infatti, i due tipi di pensione in parola fanno parte, congiuntamente, degli emolumenti percepiti dalla famiglia Spagnolli in conseguenza del decesso di uno dei coniugi e il cui ammontare totale, secondo il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, viene computato al fine di rispettare il principio inteso ad evitare l’arricchimento della famiglia a motivo del decesso. Per di più, occorre osservare che la giurisprudenza ha riconosciuto che la finalità perseguita dalla pensione di orfano, di cui all’articolo 80, quarto comma, dello Statuto, cioè quella corrisposta alle persone assimilate ai figli a carico, è di compensare i costi aggiuntivi, per il funzionario, relativamente al mantenimento del figlio (sentenza del 30 gennaio 2003, C/Commissione, T‑307/00 , EU:T:2003:21 , punto ), e si deve ritenere che lo stesso valga per quanto attiene alle pensioni di orfano previste segnatamente in forza dell’articolo 80, terzo comma, dello Statuto, in esame nel caso di specie, per la pensione da assegnare ai figli del sig. Alberto Spagnolli. Orbene, la finalità della pensione di orfano, che è quella di compensare i costi aggiuntivi, per il funzionario superstite, connessi al mantenimento dei figli a carico, contribuisce all’obiettivo di creare, come affermano i ricorrenti, un’autonomia economica di tali figli. Dato che la pensione di orfano consente di compensare i costi aggiuntivi connessi al mantenimento dei figli, essa fa parte dei redditi della famiglia e non si sottrae alla regola che vieta l’arricchimento in conseguenza del decesso di un genitore funzionario, regola il cui rispetto è garantito dall’applicazione della soglia massima di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. Alla luce di quanto precede, si deve affermare che l’ambito di applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto si estende sia alla pensione di reversibilità che a quella di orfano. Quindi, il metodo di calcolo dei diritti a pensione applicato dalla Commissione laddove essa include nel computo le pensioni di orfano nel reddito reale soggetto al tetto previsto dall’articolo 81 bis è conforme a detta disposizione. Il primo motivo deve pertanto essere respinto. Alla luce di quanto precede, il ricorso nella causa T‑568/16 deve essere respinto in toto. Causa T‑599/16 Nella causa T‑599/16 i ricorrenti contestano la decisione di ripetizione dell’indebito, adottata dalla Commissione per recuperare gli importi delle pensioni di reversibilità e di orfano irregolarmente corrisposti ai ricorrenti in conseguenza, a parere di quest’ultima, di un errore commesso nell’avviso n. 2, corretto dai nuovi calcoli dei loro diritti a pensione contenuti nell’avviso n. 3. Come nella causa T‑568/16 (v. precedente punto 61), e come attestato nel processo verbale dell’udienza, nella presente causa i ricorrenti hanno rinunciato, all’udienza, agli argomenti volti a contestare il profilo materiale dei fatti, ossia le somme e i calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi e, in particolare, nell’avviso n. 2, senza tuttavia rinunciare a contestare la legittimità del metodo di calcolo dei diritti a pensione applicato dalla Commissione in tale avviso. Inoltre, all’udienza i ricorrenti hanno rinunciato a contestare la possibilità, per la Commissione, di avvalersi di un documento allegato al controricorso e consistente nella cattura di schermata del risultato del calcolo dello stipendio netto di un funzionario di grado AD 9, scatto 2, per mezzo di uno strumento informatico denominato «calculette» (calcolatore). Nell’atto introduttivo di ricorso i ricorrenti deducono, in sostanza, tre motivi. Il primo e il secondo motivo vertono sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto. In tale ambito, i ricorrenti affermano che i presupposti stabiliti dall’articolo 85 dello Statuto, e cioè, da un lato, la sussistenza di una percezione indebita e, dall’altro, la conoscenza o l’evidenza del versamento irregolare, a seguito di un errore contenuto nell’avviso n. 2, difettano nel caso di specie. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. A detto proposito, i ricorrenti presentano parimenti una domanda di risarcimento dei danni morali e materiali che essi asseriscono aver subito a causa della violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. La Commissione solleva un’eccezione d’irricevibilità delle domande risarcitorie che essa considera, in ogni caso, prive di fondamento. Inoltre, essa si oppone agli altri motivi ed argomenti addotti dai ricorrenti a sostegno della domanda di annullamento e afferma che gli stessi devono essere respinti in quanto privi di fondamento. Sulla domanda di annullamento – Sul primo motivo In via preliminare occorre ricordare che, come nella causa T‑568/16 (v. precedente punto 59), nella presente causa la decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016 è priva di contenuto autonomo, dato che essa si limita a confermare, in sostanza, la decisione di ripetizione dell’indebito. Pertanto, il ricorso deve ritenersi diretto contro quest’ultima decisione (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87 , EU:C:1989:8 , punto , e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03 , EU:T:2006:110 , punto ). Con il loro primo motivo i ricorrenti deducono una violazione dell’articolo 85 dello Statuto, derivante dall’assenza, nel caso di specie, di una prestazione indebita. Detto motivo consta di tre parti. In primo luogo, essi sostengono che l’assenza di indebito risulta dall’inesistenza di un errore relativo all’importo degli assegni per figli a carico nell’avviso n. 2. In secondo luogo, essi deducono che l’assenza di prestazione indebita deriva dall’illegittimità dell’avviso n. 3 dovuta all’inserimento, in esso operato, delle pensioni di orfano nel calcolo dell’importo sottoposto al tetto massimo di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. In terzo luogo, essi sostengono che l’assenza di prestazione indebita discende dall’erronea esclusione, nel medesimo avviso, degli assegni familiari dal calcolo dell’ammontare delle entrate fittizie (importo A) del sig. Alberto Spagnolli. La Commissione controbatte che le tre parti del primo motivo sono infondate e vanno respinte. Essa aggiunge, nell’ambito della controreplica, che la seconda parte è irricevibile in quanto dedotta tardivamente. Dal momento che, con la prima parte del primo motivo, i ricorrenti riprendono gli argomenti illustrati nella causa T‑568/16 diretti a contestare il fatto che nell’ammontare del reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli venisse computato due volte l’importo degli assegni familiari e dato che, come ricordato al precedente punto 108, i ricorrenti hanno rinunciato, in udienza, a contestare il profilo materiale dei fatti, ossia i calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi, occorre ritenere che i ricorrenti abbiano parimenti rinunciato a tale parte del primo motivo. Si deve in ogni caso precisare che, grazie alle risposte fornite dalla Commissione alle misure di organizzazione del procedimento il 25 ottobre 2017, si è potuto accertare che nell’ammontare del reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli, ossia EUR 8937,32, riportato nell’avviso n. 2, venivano calcolati, come affermato dalla Commissione, sei assegni per figli a carico anziché tre. Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti diretti a far valere che l’importo di EUR 8937,37 computava assegni per figli a carico semplici erano, in ogni caso, infondati. Quanto alla seconda parte del primo motivo, si deve necessariamente rilevare che i ricorrenti ripetono gli argomenti, esposti nella causa T‑568/16, relativi all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 81 bis dello Statuto, argomenti che conducono ad affermare che il metodo di calcolo della Commissione, consistente nell’applicare tale disposizione alle pensioni di orfano nell’avviso n. 3, rende quest’ultimo illegittimo e, dunque, non idoneo a dimostrare la sussistenza di una prestazione indebita. Orbene, i suddetti argomenti sono già stati respinti in quanto infondati nell’ambito della causa T‑568/16 (v. precedenti punti da 92 a 104). Di conseguenza essi non possono essere accolti, in via incidentale, come richiesto dai ricorrenti, nell’ambito della presente causa. La seconda parte deve quindi essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario pronunciarsi sulla eccezione di irricevibilità sollevata, a detto riguardo, dalla Commissione (v. precedente punto 116). Con la terza parte del primo motivo i ricorrenti, richiamando gli argomenti già addotti a sostegno del loro secondo motivo nella causa T‑568/16, affermano che non sussiste alcun indebito in conseguenza degli errori di calcolo contenuti nell’avviso n. 3. Al riguardo si deve ricordare che, a seguito delle risposte fornite dalla Commissione alle misure di organizzazione del procedimento, il 25 ottobre 2017, i ricorrenti hanno rinunciato a contestare il profilo materiale dei fatti, vale a dire il dettaglio dei calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi. Essi, difatti, hanno segnatamente rinunciato al loro secondo motivo, dedotto nella causa T‑568/16, con cui adducevano gli stessi argomenti proposti nell’ambito della terza parte del primo motivo della presente causa, vale a dire argomenti volti a far valere che il calcolo dell’avviso n. 3 presentava errori relativi al computo degli assegni per figli a carico (v. precedente punto 115). Pertanto, occorre ritenere che i ricorrenti abbiano parimenti rinunciato agli argomenti ricordati ai precedenti punti 115 e 121. Ad ogni buon conto, occorre ricordare che l’avviso n. 3 non contiene né errori concernenti l’applicabilità dell’articolo 81 bis dello Statuto (v. precedente punto 104), né errori di calcolo per quanto riguarda il computo degli assegni per figli a carico. Infatti, l’articolo 81 bis dello Statuto deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile alle pensioni di orfano. Inoltre, i calcoli contenuti nell’avviso n. 3, laddove inseriscono nel computo dell’ammontare del reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli tre assegni per figli a carico, come emerge dalle risposte fornite dalla Commissione alle misure di organizzazione del procedimento il 25 ottobre 2017, non sono viziati dagli errori lamentati dai ricorrenti. Gli argomenti di questi ultimi, diretti ad affermare l’assenza di un indebito in conseguenza della presenza di errori di calcolo dell’avviso n. 3, risultano quindi, in ogni caso, infondati. Nella replica, in primo luogo, i ricorrenti aggiungono che, anche utilizzando il metodo della «calculette», menzionato al precedente punto 109, non sussiste alcun indebito. Al riguardo, essi affermano che il computo del reddito fittizio, vale a dire l’importo A, e del reddito reale, vale a dire l’importo B, del sig. Alberto Spagnolli non rispetta l’articolo 81 bis dello Statuto e che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, un simile computo non può rispondere alla necessità di un’imposizione cumulativa di tutte le entrate. Essi ritengono infatti che, se è vero che la Commissione poteva calcolare l’imposta dell’Unione cumulando il salario percepito dal sig. Alberto Spagnolli e l’ammontare della pensione di reversibilità, essa non doveva tener conto di tale cumulo ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto. Secondo i ricorrenti, il cumulo dei redditi dei due coniugi è decisivo, perché porta a considerare l’importo aumentato degli assegni per figli a carico percepiti dal sig. Alberto Spagnolli nel calcolo del reddito reale (importo B), sebbene quest’ultimo già li ricevesse prima del decesso di sua moglie, in forza dell’articolo 67 dello Statuto. I ricorrenti sostengono pertanto che operare tale cumulo è errato. In secondo luogo, i ricorrenti asseriscono che la soglia massima di cui all’articolo 81 bis deve intendersi come raffronto tra i contributi solidaristici menzionati in tale disposizione, attribuiti in forza del solo articolo suddetto, da una parte, e i redditi del funzionario deceduto fittiziamente determinati per il caso di sopravvivenza, dall’altra. Essi ritengono, pertanto, che il metodo da applicarsi dovrebbe essere diverso a seconda che il coniuge superstite sia o non sia egli stesso un funzionario che già riceveva l’assegno di famiglia e gli assegni per figli a carico semplici prima del decesso. A loro parere, nell’ipotesi in cui il coniuge superstite sia egli stesso un funzionario, le entrate che gli sono attribuite in conseguenza del decesso del coniuge funzionario sono composte dalla somma degli importi della pensione di reversibilità e degli assegni per figli a carico semplici, deducendone che, nella fattispecie, il reddito reale (importo B) deve comprendere soltanto questi due importi. Al riguardo, si deve rilevare che gli argomenti ricordati ai precedenti punti 124 e 125 sono diretti a far valere nuovi motivi d’illegittimità dell’avviso n. 3. Tali motivi d’illegittimità dell’avviso n. 3, come ricordato al precedente punto 124, sono dedotti per la prima volta nella replica presentata nella causa T‑599/16, la quale è diretta, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito. Essi non figurano, come illustrato al precedente punto 66, nel ricorso presentato nella causa T‑568/16, diretto all’annullamento dell’avviso n. 3, né nel ricorso presentato nella causa T‑599/16. Orbene, nella causa T‑599/16 i ricorrenti non possono validamente contestare, mediante l’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, quand’anche avessero inteso procedere in tal senso, la legittimità dell’avviso n. 3. Se ritenevano di avere fondate ragioni, essi avrebbero dovuto dedurre i nuovi motivi di cui trattasi nell’ambito della causa T‑568/16 relativa a detto avviso. D’altro canto, la questione della valutazione delle condizioni di ricevibilità dei suddetti motivi alla luce delle disposizioni dell’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale è rilevante soltanto in siffatto contesto. In ogni caso, dal momento che all’udienza i ricorrenti hanno affermato di non rinunciare agli argomenti in discorso ed hanno precisato che la loro tardività trovava giustificazione nel fatto di aver ricevuto tardivamente le informazioni relative ai calcoli applicati dalla Commissione per la determinazione dei loro diritti a pensione, e quindi di aver compreso tardivamente il metodo di calcolo applicato da quest’ultima, si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti all’udienza, nessun elemento nuovo di diritto e di fatto relativo all’avviso n. 3 giustifica la possibilità di riaprire i termini del ricorso di annullamento contro detto avviso. Anzitutto, dal ricorso presentato nella causa T‑568/16 risulta che i ricorrenti hanno compreso che la Commissione procedeva al cumulo degli emolumenti percepiti dal coniuge superstite e dal coniuge deceduto (v. precedente punto 74). Infatti, gli stessi ricorrenti spiegano, nell’ambito del ricorso nella causa T‑568/16, che la Commissione procedeva al computo, da un lato, del reddito fittizio (importo A), composto dalla somma della retribuzione netta del defunto qualora fosse ancora in vita e della retribuzione netta del coniuge superstite al momento del decesso, inclusi gli assegni per tre figli a carico, e, dall’altro, dell’importo corrispondente al reddito reale (importo B), che il coniuge percepirebbe qualora non fosse applicato il tetto di cui all’articolo 81 bis e che è costituito dalla somma del reddito netto del coniuge superstite, della pensione di reversibilità e delle pensioni di orfano. Inoltre, già nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 si affermava che, atteso che la ratio legis dell’articolo 81 bis dello Statuto è quella di evitare un arricchimento della famiglia in conseguenza del decesso di un funzionario, il metodo di calcolo applicato dalla Commissione comportava il calcolo della differenza tra il reddito reale (importo B) e il reddito fittizio (importo A), per dedurre in modo proporzionale tale differenza dalle pensioni di reversibilità e di orfano. Poi, è vero che la composizione dei due importi corrispondenti ai «salari netti» del sig. Alberto Spagnolli facenti parte dei redditi fittizi (importo A), riportati nell’avviso n. 3, ossia, da un lato, l’importo pari a EUR 7722,61 e, dall’altro, l’importo pari a EUR 8084,74, non appariva né nell’avviso n. 3, né nella decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016, né nel controricorso della Commissione. Tuttavia, una simile omissione, sia nell’avviso n. 3 che negli altri avvisi, non ha impedito ai ricorrenti di comprendere e quindi contestare, entro i termini, ossia nell’ambito del ricorso di annullamento dell’avviso n. 3 nella causa T‑568/16, il metodo di calcolo applicato dalla Commissione e consistente nel cumulare il salario del coniuge superstite e quello del coniuge deceduto. Né l’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito né la comunicazione del dettaglio dei calcoli di determinazione dei salari fittizi riportati nei diversi avvisi possono configurare fatti nuovi tali da consentire ai ricorrenti, che non si sono avvalsi in tempo utile delle possibilità di ricorso loro offerte contro un atto che reca loro pregiudizio, di presentare nuovi motivi di annullamento dell’avviso n. 3 e di eludere il termine di ricorso avverso lo stesso avviso. Ne consegue che gli argomenti ricordati ai precedenti punti 124 e 125, presentati per la prima volta nella replica nella causa T‑599/16, risultano in ogni caso tardivamente addotti, in violazione dell’articolo 84 del regolamento di procedura, e devono essere respinti in quanto irricevibili (v., per analogia, sentenze del 6 luglio 2000, AICS/Parlamento, T‑139/99 , EU:T:2000:182 , punti e e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 marzo 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/04 , EU:T:2007:81 , punto e giurisprudenza ivi citata). Dalle suesposte considerazioni discende che il primo motivo non può essere accolto. – Sul secondo motivo Con il loro secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il carattere evidente dell’irregolarità delle prestazioni percepite a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano, quale presupposto stabilito dall’articolo 85 dello Statuto per fondare una decisione di ripetizione dell’indebito, non ricorre nel caso di specie. Al riguardo, innanzitutto, i ricorrenti affermano che le sentenze menzionate nella decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016 non sono rilevanti nel caso di specie. Tali sentenze riguarderebbero infatti situazioni diverse da quella dei ricorrenti, e cioè quella del funzionario, destinatario di prestazioni indebite, che abbia reso dichiarazioni errate presso l’amministrazione interessata, o del funzionario che, stante l’accredito di un importo non dovuto, non segnali l’errore né sollevi dubbi circa la sussistenza dell’errore di cui trattasi presso l’amministrazione per consentire a quest’ultima di effettuare le verifiche necessarie. A differenza delle situazioni oggetto delle sentenze citate nella decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016, i ricorrenti, nel caso di specie, si sarebbero rivolti varie volte all’amministrazione nel rispetto del dovere di diligenza richiesto al funzionario. I ricorrenti si sarebbero attivati presso l’amministrazione, in particolare, allo scopo di segnalare che le pensioni di reversibilità e di orfano erano state sottostimate. Secondo i ricorrenti, è proprio in conseguenza di tali sollecitazioni che l’amministrazione ha adottato l’avviso n. 2 e previsto un rialzo dei diritti a pensione. Inoltre, per un verso, non sarebbe ragionevole da parte della Commissione pretendere che i ricorrenti, avendo ottenuto la modifica del limite dei diritti a pensione che essi ritenevano loro dovuta, continuassero ad attivarsi presso l’amministrazione perché questa verificasse se non avesse commesso errori nel calcolo dell’importo dei loro diritti a pensione. Per un altro, quand’anche l’avviso n. 2 avesse contenuto un errore a vantaggio dei ricorrenti, la Commissione non può affermare che il sig. Alberto Spagnolli non abbia assolto al suo dovere di diligenza di discutere con l’amministrazione delle somme percepite, né affermare che questi avrebbe dovuto, in qualche modo, riconoscere un errore a suo vantaggio nella loro determinazione. La situazione dei ricorrenti, poi, sarebbe connessa alla soluzione di questioni giuridiche complesse, come quella vertente sul punto se gli assegni per figli a carico vadano o meno computati nel calcolo del limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. Tale complessità non consentirebbe di qualificare l’eventuale errore dell’amministrazione come «così evidente che [l’interessato] non poteva non accorgersene». In aggiunta, l’amministrazione non può affermare che un dubbio circa la sussistenza di un errore all’origine di una percezione indebita avrebbe dovuto scaturire dalla lettura dell’avviso n. 2, in considerazione del fatto che, nella colonna di destra della parte centrale di tale allegato, intitolata «nouveau net de M.B. Spagnolli» [nuovo netto del sig. B. Spagnolli], erano conteggiati sei assegni per figli a carico. Infatti, la suddetta colonna si riferiva al calcolo del reddito reale (importo B), in cui sarebbe giustamente calcolato l’importo di sei assegni per figli a carico. In più, la mancata conoscenza dell’errore commesso nell’avviso n. 2 si evincerebbe chiaramente dal reclamo presentato contro l’avviso n. 3. Infatti, tale reclamo attesterebbe che l’aumento previsto nell’avviso n. 2 era stato compreso dai ricorrenti come legato alla riduzione del salario del sig. Alberto Spagnolli a seguito del suo distacco e della correzione di un precedente errore di calcolo a suo sfavore, contenuto nell’avviso n. 1. Detto aumento non sarebbe stato ricollegato dai ricorrenti ad un presunto errore da parte dell’amministrazione a favore del sig. Alberto Spagnolli nel calcolo degli assegni per figli a carico nel reddito fittizio (importo A) di quest’ultimo. Infine, giacché, al momento del decesso di sua moglie, il sig. Alberto Spagnolli era funzionario AD 12, mentre al momento dell’adozione dell’avviso n. 2 egli era funzionario AD 9, in ragione dei termini utilizzati dall’amministrazione sia nell’avviso n. 2 che nell’avviso n. 3, ossia «salaire net de M. Spagnolli au moment du décès [salario netto del sig. Spagnolli al momento del decesso]», non vi sarebbe alcuna ragione di trovare strano il fatto che il salario netto al momento del decesso fosse più elevato di quello attuale. In primo luogo, la Commissione sostiene che, dato che il sig. Alberto Spagnolli è stato associato alla definizione di un diverso calcolo della soglia massima delle pensioni di reversibilità e di orfano, che ha comportato la determinazione di un ammontare netto più elevato di tali pensioni nell’avviso n. 2, egli era a conoscenza del fatto che il diverso calcolo degli assegni per figli a carico nella definizione del reddito fittizio (importo A) era la causa della modifica dell’ammontare di suddette pensioni in detto avviso. In altri termini, dal momento che la differenza tra le somme di cui all’avviso n. 2, errate, e quelle di cui all’avviso n. 3, corrette, sarebbe stata dovuta esclusivamente all’inserimento di tali assegni per figli a carico nel calcolo del reddito fittizio – in cui menzionati assegni sono stati erroneamente calcolati due volte – e che il contributo del sig. Alberto Spagnolli alla correzione disposta dalla Commissione nell’avviso n. 2 sarebbe stato decisivo, nel caso di specie la condizione della conoscenza dell’irregolarità del versamento delle pensioni dei ricorrenti sarebbe soddisfatta. In secondo luogo, la Commissione fa valere che l’errore contenuto nell’avviso n. 2 era, in ogni caso, così evidente che il sig. Alberto Spagnolli non poteva non accorgersene. Infatti, la semplice lettura dell’ammontare del reddito fittizio e di quello del reddito reale metterebbe in luce che il secondo, pur computando assegni per figli a carico raddoppiati, era inferiore al primo. Ciò avrebbe dovuto allertare ogni funzionario diligente e indurlo a prendere contatto con l’amministrazione per segnalare l’errore. Inoltre, la sola lettura dell’articolo 66 dello Statuto avrebbe agevolmente evidenziato che lo stipendio base del coniuge superstite di grado AD 9 era poco compatibile con la somma indicata nell’avviso n. 2, come del resto confermerebbe anche la versione stampata del calcolo effettuato mediante la «calculette», menzionata al precedente punto 109, di cui è stata allegata una copia al controricorso. Oltretutto, secondo la Commissione, un dovere di vigilanza era perfettamente esigibile nei confronti del sig. Alberto Spagnolli, considerato il grado elevato che egli aveva raggiunto come funzionario prima di essere distaccato a Parma, cioè il grado di AD 12. Per di più, giacché si presume che ogni funzionario conosca le norme statutarie relative, nella specie, all’importo del salario di funzionario di grado AD 9 (articolo 66 dello Statuto) e a quello degli assegni per figli a carico (articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, articolo 67 e articolo 81, secondo comma, dello Statuto), il sig. Alberto Spagnolli non può validamente sostenere che l’errore di calcolo relativo alla fissazione del limite delle pensioni di reversibilità di cui era titolare con i propri figli non fosse evidente ai sensi dell’articolo 85, primo comma, dello Statuto. Ad avviso della Commissione, poiché tale condizione è rispettata, la decisione di ripetizione dell’indebito è stata adottata correttamente e il ricorso dovrebbe essere respinto come infondato. Nel caso di specie, si tratta di valutare se la Commissione possa legittimamente esigere la restituzione delle somme percepite indebitamente dai ricorrenti alla luce dell’articolo 85 dello Statuto. Tale articolo dispone che «[q]ualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene». Dal testo richiamato risulta che, affinché una somma versata senza giustificazione possa essere ripetuta, è necessario fornire la prova che il beneficiario avesse una conoscenza effettiva del carattere irregolare del pagamento o che l’irregolarità del versamento fosse così evidente che il beneficiario non poteva non accorgersene (sentenze dell’11 ottobre 1979, Berghmans/Commissione, 142/78 , EU:C:1979:233 , punto ; del 9 settembre 2008, Ritto/Commissione, F‑18/08 , EU:F:2008:110 , punto , e del 21 novembre 2013, Roulet/Commissione, F‑72/12 e F‑10/13 , EU:F:2013:184 , punto ). L’articolo 85 dello Statuto prevede quindi la possibilità per l’amministrazione di recuperare ogni somma percepita indebitamente in due ipotesi, vale a dire, da un lato, nel caso in cui il beneficiario fosse stato a conoscenza dell’irregolarità del versamento e, dall’altro, nel caso in cui detta irregolarità fosse così evidente che egli non potesse non accorgersene. Per quanto riguarda la prima delle suddette ipotesi, quand’anche la Commissione avesse inteso muoversi su tale terreno nella decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016, spetta all’amministrazione provare che il beneficiario avesse una conoscenza effettiva del carattere irregolare del pagamento (sentenza del 26 giugno 2013, Achab/CESE, F‑21/12 , EU:F:2013:95 , punto ). Per quanto riguarda la seconda ipotesi, occorre tener conto, in ciascuna specifica fattispecie, della capacità del funzionario interessato a procedere alle necessarie verifiche (v. sentenza del 26 giugno 2013, Achab/CESE, F‑21/12 , EU:F:2013:95 , punto e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie in esame, per quanto attiene alla prima ipotesi, per considerare soddisfatto il requisito relativo alla prova della conoscenza effettiva da parte del sig. Alberto Spagnolli dell’irregolarità del versamento, la Commissione deve dimostrare che questi sapeva, innanzitutto, che nel reddito fittizio (importo A) indicato nell’avviso n. 2 fosse conteggiato un importo doppio degli assegni per figli a carico, poi, che un tale computo fosse errato e, infine, che fosse il computo in parola ad aver causato l’irregolarità dei versamenti delle pensioni di reversibilità e di orfano effettuati sulla base dell’avviso n. 2. Orbene, le affermazioni della Commissione, secondo cui il sig. Alberto Spagnolli era al corrente dell’inserimento di un importo raddoppiato degli assegni per figli a carico nel calcolo del reddito fittizio riportato nell’avviso n. 2 stanti i contatti da questi avviati con l’amministrazione per ottenere la modifica dei calcoli dei suoi diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano contenuti nell’avviso 1, non possono dimostrare che la condizione vertente sulla conoscenza dell’irregolarità del versamento fosse soddisfatta nel caso di specie, ossia che le tre condizioni richiamate al precedente punto 149 fossero soddisfatte. Infatti, in primo luogo, tali affermazioni si fondano su una mera presunzione. In secondo luogo, gli scambi intercorsi tra i ricorrenti e l’amministrazione riguardavano gli errori di calcolo contenuti nell’avviso n. 1, e non già il metodo di calcolo applicato nell’avviso n. 2. In terzo luogo, a causa, da un lato, dell’ambiguità, riconosciuta dalla stessa APN nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, della dizione «salaire net de M. Spagnolli au moment du décès (salario netto del sig. Spagnolli al momento del decesso)» utilizzata nell’avviso n. 2 per indicare il reddito fittizio (importo A) e, dall’altro, dell’assenza dei dettagli degli importi conteggiati in tale reddito, la Commissione non può sostenere che il sig. Alberto Spagnolli fosse a conoscenza del fatto che in detto reddito fossero stati calcolati sei assegni per figli a carico, né, a fortiori, che egli sapesse che il computo in parola fosse erroneo e, inoltre, che sapesse che lo stesso aveva causato prestazioni non dovute. Pertanto, non avendo la Commissione dimostrato la conoscenza dell’errore ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto, si deve verificare se, nel caso di specie, la Commissione potesse giustamente ritenere che l’irregolarità del versamento fosse così evidente che il sig. Alberto Spagnolli non potesse non accorgersene, occorre cioè verificare se la situazione dei ricorrenti sia riconducibile alla seconda ipotesi menzionata al precedente punto 146. Al riguardo si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, l’interessato, lungi dall’essere dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, è al contrario tenuto alla restituzione ove si tratti di un errore che non sfugge ad un funzionario di normale diligenza, il quale si suppone conosca le norme applicabili alla propria retribuzione (sentenze dell’11 luglio 1979, Broe/Commissione, 252/78 , EU:C:1979:186 , punto , e del 17 gennaio 1989, Stempels/Commissione, 310/87 , EU:C:1989:9 , punto ). Dalla giurisprudenza risulta altresì che, tra gli elementi presi in considerazione dal giudice dell’Unione per valutare il carattere evidente dell’errore commesso dall’amministrazione, oltre al livello di responsabilità del funzionario legato al suo grado e alla sua anzianità di servizio, occorre prendere in considerazione il livello di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni di concessione degli emolumenti dovuti all’interessato nonché la rilevanza delle modifiche intervenute nella sua situazione personale o familiare, qualora il versamento della somma controversa sia legato alla valutazione da parte dell’amministrazione di tale situazione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P , EU:T:2015:122 , punto e giurisprudenza ivi citata, e del 27 gennaio 2016, DF/Commissione, T‑782/14 P , EU:T:2016:29 , punti e ). La disamina della citata giurisprudenza non consente di affermare che il criterio dell’anzianità di servizio prevalga sugli altri criteri. Al contrario, ne discende la necessità di considerare l’insieme degli elementi e delle circostanze di ciascuna fattispecie idonei a giustificare la maggiore rilevanza di taluni criteri rispetto ad altri (sentenza del 27 febbraio 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P , EU:T:2015:122 , punto ). Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, non è necessario che il funzionario interessato, nel rispetto del dovere di diligenza a lui incombente, possa determinare con precisione la portata dell’errore commesso dall’amministrazione. Basta, a detto riguardo, che egli nutra dubbi sulla fondatezza dei pagamenti di cui trattasi perché sia obbligato a rivolgersi all’amministrazione affinché quest’ultima conduca le necessarie verifiche (v. sentenza del 21 novembre 2013, Roulet/Commissione, F‑72/12 e F‑10/13 , EU:F:2013:184 , punto e giurisprudenza ivi citata). In via preliminare, innanzitutto, occorre osservare che la valutazione del carattere evidente di un’irregolarità commessa dall’amministrazione nella fissazione dei diritti a pensione, a differenza della valutazione del rispetto dell’obbligo di motivazione dell’avviso di modifica di detti diritti, deve essere effettuata in funzione degli elementi a disposizione dell’interessato al momento in cui tale irregolarità è stata commessa, ossia, nel caso di specie, al momento dell’adozione dell’avviso n. 2, in funzione delle sue capacità e delle sue competenze legate al suo grado, in funzione del dovere di diligenza di cui ci si può ragionevolmente attendere che questi dia prova nonché della chiarezza delle disposizioni disciplinanti i suoi diritti. Si deve poi osservare che, nel caso di specie, la valutazione di una «presunta conoscenza» dell’irregolarità dei versamenti percepiti dai ricorrenti, da un lato, è strettamente connessa alla comprensione dei calcoli dei diritti a pensione applicati dalla medesima amministrazione, che consenta di stabilire, in particolare, quale sia l’importo degli assegni per figli a carico che debba essere conteggiato nel reddito fittizio (importo A), e, dall’altro, presuppone l’accesso al dettaglio del calcolo sottostante alla fissazione del salario netto del sig. Alberto Spagnolli computato nel reddito fittizio (importo A). In primo luogo, occorre rilevare che il calcolo dei diritti a pensione applicato dalla Commissione non risulta chiaramente dal testo letterale delle disposizioni applicabili nel caso di specie. L’articolo 81 bis dello Statuto non prevede espressamente il cumulo degli emolumenti del coniuge superstite e del coniuge deceduto. Un simile cumulo, secondo le spiegazioni fornite nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, e confermate dalla Commissione all’udienza, viene effettuato nell’interesse dei ricorrenti (v. precedente punto 66). Dal momento che l’articolo citato non fa riferimento al reddito del sig. Alberto Spagnolli per il calcolo del limite massimo che non deve essere superato per evitare l’arricchimento della famiglia in conseguenza del decesso, detto articolo non contiene neppure alcuna indicazione per quanto attiene agli importi che devono essere ricompresi in tale reddito, segnatamente in relazione agli assegni per figli a carico. Anche l’articolo 81, secondo comma, dello Statuto, secondo il quale «l’importo dell’assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell’assegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b)», poteva indurre in errore i ricorrenti. Difatti, a seguito del decesso della moglie del sig. Alberto Spagnolli, questi potevano ritenere che, per preservare l’effetto utile di detta disposizione, la Commissione dovesse prendere in considerazione un importo doppio degli assegni per figli a carico non solo per la fissazione del reddito reale (importo B), ma anche per la fissazione del reddito fittizio (importo A) del coniuge superstite. Peraltro, la formulazione impiegata nei diversi avvisi per identificare quest’ultimo l’importo, ossia «salaire net de M. Spagnolli au moment du décès avec trois enfants à charge [salario netto del sig. Spagnolli al momento del decesso con tre figli a carico]», può rendere maggiormente problematica la comprensione della composizione del reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli. La suddetta formulazione, infatti, può essere intesa nel senso che il reddito fittizio (importo A) debba essere calcolato «al momento del decesso» e, quindi, tenendo conto del decesso – per cui occorrerebbe computare un importo doppio degli assegni per figli a carico, conformemente all’articolo 81, secondo comma, dello Statuto – anziché dell’assenza del medesimo, – che implicherebbe, viceversa, il computo di un importo semplice degli assegni per figli a carico. Inoltre, si deve sottolineare che, come confermato dalla Commissione all’udienza, non vi sono disposizioni generali di esecuzione o note di servizio che consentano di spiegare il metodo di applicazione pratico dell’articolo 81 bis dello Statuto nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, tanto il coniuge superstite quanto il coniuge deceduto siano funzionari dell’Unione. Le spiegazioni dei calcoli effettuati dalla Commissione nell’avviso n. 2 sono state fornite solo nella fase della decisione di rigetto del reclamo presentato contro l’avviso n. 3, ossia il 3 agosto 2015. È solo in questa fase che l’APN comunica che il computo dei redditi del sig. Alberto Spagnolli nel calcolo del limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto (importo A) prende in considerazione, per la fissazione di tale limite, il reddito del sig. Alberto Spagnolli calcolato in modo dinamico, ossia in funzione del grado di quest’ultimo al momento del calcolo, sulla base di una finzione, cioè considerando che il decesso di sua moglie non sia avvenuto e che, di conseguenza, in detto reddito viene conteggiato un importo semplice degli assegni per figli a carico. In secondo luogo, occorre ricordare che né l’avviso n. 1 né l’avviso n. 1 bis, né l’avviso n. 2 forniscono i dettagli della composizione degli importi dei redditi fittizi del sig. Alberto Spagnolli (importo A). Pertanto, non si può affermare che i ricorrenti disponessero di elementi sufficienti per comprendere, o almeno sospettare, anzitutto che, nell’avviso n. 2, la Commissione avesse computato un importo doppio degli assegni per figli a carico nel reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli, poi, che tale computo fosse errato e, infine, che detto computo fosse stato all’origine di un versamento non dovuto. Oltretutto, atteso che l’avviso n. 1 conteneva calcoli errati ed era stato rettificato per mezzo dell’avviso n. 1 bis, adottato lo stesso giorno dell’avviso n. 2, il sig. Alberto Spagnolli non poteva avvalersene come base per comprendere il dettaglio dei calcoli contenuti nell’avviso n. 2. Allo stesso modo, neanche l’avviso n. 1 bis, in cui viene preso in considerazione un salario diverso e che è stato adottato a seguito delle iniziative intraprese dal sig. Alberto Spagnolli a causa della sottostima dei suoi diritti a pensione, rappresenta un atto idoneo a far ritenere che quest’ultimo non potesse non rendersi conto di un errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 2 che aveva dato luogo ad una prestazione indebita oppure ritenere che avesse contribuito a che il citato errore di calcolo si producesse e, quindi, a che i ricorrenti percepissero una prestazione indebita. In aggiunta, la ricostruzione dei calcoli contenuti nell’avviso n. 2, resa possibile dai documenti prodotti dalla Commissione in risposta alle misure di organizzazione del procedimento il 25 ottobre 2017, evidenzia che l’inserimento degli assegni per figli a carico per un ammontare raddoppiato, ossia sei assegni per figli a carico anziché tre, nel calcolo del reddito fittizio (importo A) ha parimenti inciso sulla determinazione dell’imposta applicabile a tale reddito. Ne consegue che la differenza tra l’importo erroneamente percepito dai ricorrenti sulla base dell’avviso n. 2 e quello che essi avrebbero dovuto invece percepire non è il risultato della mera sottrazione di tre assegni per figli a carico. Pertanto, sebbene la Commissione tenti di semplificare l’errore contenuto nell’avviso n. 2 riducendolo al computo di sei assegni per figli a carico anziché tre, ciò non corrisponde a realtà e, soprattutto, in difetto dei dettagli del calcolo alla base del reddito fittizio (importo A), un simile errore era tutt’altro che evidente. Del resto, occorre sottolineare che, nell’ambito della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, la stessa APN afferma esplicitamente che l’esame in sequenza dei diversi avvisi di fissazione dei diritti a pensione porta ad ammettere che il metodo applicato dalla Commissione «non risulta[va] immediatamente comprensibile». Per di più, occorre osservare che i funzionari della Commissione, vale a dire i funzionari dell’unità PMO.4, che si presume conoscano e applichino, nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni, il metodo di calcolo dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano hanno, in più occasioni, commesso errori di calcolo dei diritti dei ricorrenti, come attestano i diversi avvisi che si sono succeduti. Infatti, l’avviso n. 1 del 29 luglio 2011 è stato rettificato dall’avviso n. 1 bis del 17 aprile 2012 e dall’avviso n. 2 del medesimo giorno. Tale avviso è stato, a sua volta, corretto e sostituito dall’avviso n. 3 del 6 febbraio 2015. Di conseguenza, anche volendo ammettere che il sig. Alberto Spagnolli potesse avvalersi della «calculette» citata al precedente punto 109, ciò non dimostra tuttavia che la presenza di un errore fosse così evidente che il sig. Alberto Spagnolli non potesse non rendersene conto. D’altro canto, la possibilità di utilizzare la «calculette» presuppone la conoscenza del dettaglio dei calcoli applicati dalla Commissione, in quanto si tratta di inserire manualmente i diversi importi presi in considerazione nel calcolo dei diritti a pensione. Da ultimo, per quanto riguarda la diligenza richiesta da parte di un funzionario di grado corrispondente a quello del sig. Alberto Spagnolli, essa non può implicare, in difetto di vari elementi rilevanti negli avvisi di fissazione dei diritti di cui trattasi nel caso di specie, in difetto di chiarezza delle disposizioni dello Statuto e in presenza di svariati errori commessi nel tempo dall’amministrazione stessa, che il funzionario interessato, il quale si è già più volte attivato, continui a rivolgersi all’amministrazione per ottenere una ulteriore verifica dei calcoli da essa applicati, allorché si considera soddisfatto del risultato ottenuto, in particolare a seguito delle azioni da lui stesso intraprese. In una situazione come quella del caso di specie, è ragionevole attendersi che, a seguito delle numerose sollecitazioni da parte del sig. Alberto Spagnolli presso la Commissione, quest’ultima abbia valutato correttamente la situazione e non abbia proceduto a versamenti irregolari. Richiedergli di persistere nel sollecitare l’amministrazione, anche allorquando possa ragionevolmente attendersi di aver ottenuto una valutazione corretta dei suoi diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano, dal momento che la Commissione ha corretto gli errori contenuti nel primo avviso di fissazione dei diritti a pensione, in particolare su segnalazione del medesimo, sarebbe contrario a quanto ci si può ragionevolmente attendere da parte sua in base al dovere di diligenza. Da quanto precede risulta che gli argomenti della Commissione diretti a far valere che la semplice lettura di un importo più elevato del reddito fittizio indicato nell’avviso n. 2 rispetto al reddito reale riportato nel medesimo poteva essere sufficiente a far sorgere dubbi circa la sussistenza di una irregolarità non possono essere accolti. Infatti, tenuto conto delle difficoltà di comprensione del metodo di calcolo applicato dalla Commissione, della mancanza di disposizioni generali di esecuzione o di note di servizio che avrebbero potuto precisare la portata e l’applicazione pratica dell’articolo 81 bis dello Statuto, delle difficoltà di interpretazione di tale disposizione (v. precedenti punti da 92 a 104), della mancanza di taluni dettagli relativi ai calcoli cui aveva proceduto la Commissione nei diversi avvisi, dell’impiego dell’espressione «salaire net de M. Spagnolli au moment du décès», riconosciuta come ambigua da parte dell’APN stessa nell’ambito della prima decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2013, e dei diversi errori commessi, la Commissione non può sostenere che l’irregolarità dei versamenti ricevuti dai ricorrenti sulla base dell’avviso n. 2 fosse così evidente che il funzionario interessato, considerato il suo grado, non potesse non accorgersene (v., a contrario, sentenza del 9 settembre 2008, Ritto/Commissione, F‑18/08 , EU:F:2008:110 , punto , nell’ambito della quale il ricorrente non poteva invocare un’ambiguità di qualche tipo del testo delle disposizioni pertinenti). In altri termini, non si può sostenere che le competenze e le conoscenze legate al grado del sig. Alberto Spagnolli potessero consentirgli, sulla base della sola lettura dell’avviso n. 2, di superare le difficoltà di interpretazione giuridica delle disposizioni dello Statuto in esame nel caso di specie, di identificare i calcoli applicati dalla Commissione e di comprendere che l’avviso n. 2 era affetto da un errore che aveva dato luogo ad un versamento irregolare. Dal momento che, nel caso di specie, la condizione dell’evidenza dell’irregolarità del versamento non è soddisfatta, la Commissione non poteva legittimamente chiedere ai ricorrenti la ripetizione dell’indebito. La decisione di ripetizione dell’indebito deve pertanto essere annullata, senza che sia necessario pronunciarsi sul terzo motivo di annullamento. Sulle conclusioni risarcitorie I ricorrenti adducono argomenti con cui fanno valere che è sorta una responsabilità dell’amministrazione e chiedono, quindi, di essere risarciti del danno morale e materiale da loro subito. In primo luogo, per quanto riguarda l’illiceità del comportamento della Commissione, i ricorrenti sostengono che essa sarebbe stata provata, da un lato, illustrando le ragioni per cui tanto l’avviso n. 3 quanto la decisione di ripetizione dell’indebito erano contrari al diritto, dall’altro, dimostrando, nell’ambito del terzo motivo, che un ritardo superiore a un anno per il riesame della decisione di determinazione dei diritti a pensione e per l’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito costituiva, nel caso di specie, un illecito particolarmente grave della Commissione e una violazione del dovere di sollecitudine. Per quanto riguarda, in particolare, la violazione del principio di buona amministrazione, i ricorrenti affermano che, siccome l’avviso n. 2 era stato adottato al termine di un procedimento formale su istanza individuale, il sig. Alberto Spagnolli poteva giustamente contare sulla stabilità di detto avviso per effettuare scelte di vita importanti, in particolare quella di mantenere il proprio distacco a Parma. Pertanto, la Commissione non potrebbe, senza violare il principio di buona amministrazione e il suo dovere di sollecitudine nei confronti del sig. Alberto Spagnolli, attendere tre anni prima di procedere alla verifica dei calcoli e tanto meno chiedere retroattivamente la restituzione di un presunto indebito. Per quanto concerne, in particolare, la violazione del dovere di sollecitudine, l’amministrazione avrebbe dovuto concludere ogni procedimento interno di verifica e adottare un eventuale provvedimento di correzione e di ripetizione di un eventuale indebito entro un termine non superiore ad un anno dall’adozione dell’avviso n. 2. Inoltre, in occasione dell’adozione di una decisione di modifica dei diritti a pensione dei ricorrenti, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione la specificità delle circostanze della fattispecie, tra cui la presenza di figli minori, il trasferimento della famiglia a Parma, le difficoltà di rivedere la scelta di mantenere il distacco presso l’EFSA trascorso un certo periodo di tempo. Da un lato, infatti, l’amministrazione non può pretendere di non essere a conoscenza di tali circostanze, tenuto conto dei numerosi contatti su iniziativa del sig. Alberto Spagnolli e attestati da uno scambio di e-mail, avvenuto tra il novembre 2011 e l’aprile 2012, prodotto dai ricorrenti, Dall’altro, l’amministrazione non può sostenere di non aver conosciuto le norme e i principi che, anche nel diritto dell’Unione, disciplinano la situazione dei minori che si trasferiscono da uno Stato membro a un altro. Tali norme e principi discenderebbero, in particolare, dall’articolo 12 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, stipulata a L’Aia il 25 ottobre 1980, e dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ), in forza dei quali, trascorso un anno dal trasferimento di un minore, questi potrebbe considerarsi in linea di principio integrato nell’ambiente sociale dello Stato in cui si trova, e che impongono che la sua situazione e i suoi diritti siano definiti rapidamente, entro un termine che di norma non superi l’anno. Infine, i ricorrenti aggiungono che la decurtazione del reddito fittizio (importo A) conseguente al computo dei redditi del sig. Alberto Spagnolli nel calcolo dei redditi fittizio e reale (importo A e B) costituisce una violazione del dovere di sollecitudine, in quanto dipendente da una scelta discrezionale dell’amministrazione, e non dall’esercizio di una competenza vincolata di questa, contrariamente a quanto sostiene la Commissione. In secondo luogo, quanto al danno morale e materiale, da un lato, i ricorrenti affermano che l’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito ha loro cagionato un danno morale derivante dalla fragilizzazione e destabilizzazione dei loro legami affettivi e sociali a causa del cambiamento del luogo di residenza già attuato o da attuare in futuro, nel caso in cui sig. Alberto Spagnolli si vedesse costretto, per le mutate condizioni economiche, a riassumere il posto di funzionario di grado di AD 12 presso la Commissione a Bruxelles (Belgio). Tale danno corrisponderebbe alla differenza tra la remunerazione percepita dal sig. Alberto Spagnolli in quanto funzionario di grado AD 9 e quella percepita se fosse rimasto funzionario di grado AD 12 per il periodo di un anno, sulla base del rilievo che un anno rappresenterebbe un lasso di tempo ragionevole per adottare e attuare la decisione di mutare luogo di lavoro e residenza. Dall’altro, i ricorrenti sostengono che il comportamento della Commissione ha cagionato loro un danno materiale, determinando, retroattivamente e con un irragionevole ritardo, un’importante modifica delle loro condizioni economiche. I ricorrenti ritengono che tale danno coinciderebbe, da una parte, con l’ammontare dell’indebito richiesto dalla Commissione e, dall’altra, con la differenza tra l’ammontare delle pensioni stabilito dall’avviso n. 2 e quello stabilito dall’avviso n. 3 dal momento in cui quest’ultimo ha prodotto effetto fino al momento in cui la famiglia fosse in grado di ristabilirsi nel luogo della sua precedente residenza. Detto periodo sarebbe quantificabile in un anno dalla definizione della presente causa. I ricorrenti aggiungono che la prima parte del danno materiale sarebbe evitata qualora la decisione di ripetizione dell’indebito fosse annullata. Al tempo stesso, la seconda parte del danno materiale verrebbe meno ove fosse accolta la domanda di annullamento dell’avviso n. 3 presentata nell’ambito del ricorso nella causa T‑568/16. In terzo luogo, i ricorrenti affermano che il nesso di causalità fra il comportamento illegittimo della Commissione e i danni di cui chiedono il risarcimento sarebbe chiaramente dimostrato, poiché, se è vero che la decisione di trasferirsi a Parma è del sig. Alberto Spagnolli e non può essere imputabile all’amministrazione, è il ritardo colpevole nell’adozione dell’avviso n. 3 e della decisione di ripetizione dell’indebito che avrebbe cagionato i danni summenzionati. La Commissione contesta tanto la ricevibilità quanto la fondatezza della domanda di risarcimento. – Sulla ricevibilità Da una parte, la Commissione ritiene che, a sostegno della loro domanda di risarcimento del danno morale, i ricorrenti non possano legittimamente avvalersi del carattere colpevole di un comportamento non decisionale dell’amministrazione, atteso che essi avrebbero omesso di introdurre, innanzitutto, una domanda risarcitoria ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, e poi un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro il rigetto esplicito o implicito di tale domanda. Infatti, secondo la Commissione è solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo che può essere presentato un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale (v. sentenza del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P , EU:T:2011:347 , punto e giurisprudenza ivi citata). Dall’altra, la Commissione afferma che i ricorrenti non possono legittimamente presentare una domanda di risarcimento del danno materiale avente ad oggetto l’importo che i ricorrenti devono restituire all’amministrazione in caso di rigetto delle conclusioni volte ad ottenere l’annullamento di una decisione di ripetizione dell’indebito (v. sentenza del 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, T‑27/90 , EU:T:1991:5 , punto e giurisprudenza ivi citata). Essa contesta quindi la ricevibilità della domanda diretta a ottenere il risarcimento della prima parte del danno materiale (v. precedenti punti 177 e 178). Per un verso, i ricorrenti ribattono che la domanda di risarcimento del danno morale è ricevibile in quanto fondata sulle dirette conseguenze degli atti di cui essi chiedono l’annullamento. Difatti, sarebbe segnatamente il ritardo dell’amministrazione nella definizione dei loro diritti e nell’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito che avrebbe causato il danno, conseguente alla precarizzazione della situazione familiare dei ricorrenti, di cui essi chiedono il risarcimento. Tale danno discenderebbe dalla precarizzazione e dalla destabilizzazione dei legami affettivi e sociali dei ricorrenti a causa del cambiamento del luogo di residenza già realizzato o da realizzare nel futuro nel caso in cui sig. Alberto Spagnolli si vedesse costretto, per le mutate condizioni economiche, a riassumere il posto di funzionario di grado AD 12 presso la Commissione a Bruxelles. Tale danno corrisponderebbe alla differenza tra la remunerazione percepita dal sig. Alberto Spagnolli in quanto funzionario di grado AD 9 e quella percepita se fosse rimasto funzionario di grado AD 12 durante un anno, sulla base del rilievo che un anno rappresenterebbe un periodo ragionevole per adottare e attuare la decisione di mutare luogo di lavoro e residenza. Per altro verso, per quanto riguarda la parte del danno materiale corrispondente all’importo della decisione di ripetizione dell’indebito, i ricorrenti fanno valere che, nella giurisprudenza citata dalla Commissione, il ricorrente omette di impugnare un atto che gli reca pregiudizio e presenta, successivamente, una domanda di risarcimento del danno causato da detto atto, il che non è quanto avviene nel caso di specie, giacché gli atti che recano pregiudizio ai ricorrenti, vale a dire l’avviso n. 3 e la decisione di ripetizione dell’indebito, hanno formato oggetto di ricorso di annullamento. In primo luogo, quanto all’eccezione di irricevibilità della domanda di risarcimento del danno morale, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante, nel sistema di tutela giurisdizionale creato dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento, che costituisce uno strumento di diritto autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto recante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso spetta all’interessato proporre, entro il termine prescritto, un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve avere inizio con la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo. È solo il rigetto, esplicito o implicito, di tale domanda che configura una decisione che reca un pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo ed è solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo che può essere proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos, T‑308/10 P , EU:T:2012:370 , punto ; v., altresì, sentenza dell’11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione, F‑30/08 , EU:F:2010:43 , punto e giurisprudenza ivi citata). Orbene, il danno morale di cui i ricorrenti chiedono il risarcimento sarebbe stato provocato dall’asserito ritardo della Commissione a pronunciarsi sui loro diritti e a notificare loro la decisione di ripetizione dell’indebito, cioè, come sottolinea giustamente la Commissione, un comportamento non decisionale dell’amministrazione che non ha alcun nesso diretto con il contenuto delle decisioni di cui i ricorrenti chiedono l’annullamento. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che un ritardo non costituisce, in linea di principio, un atto pregiudizievole (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione, F‑30/08 , EU:F:2010:43 , punto e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, spettava ai ricorrenti rispettare il procedimento contenzioso in due fasi, citato al precedente punto 185, consistente nell’introduzione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un risarcimento e, poi, nella presentazione di un reclamo contro l’eventuale decisione di rigetto della domanda di risarcimento. Nel caso di specie si deve rilevare che, come afferma correttamente la Commissione, il procedimento precontenzioso in due fasi di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, non è stato rispettato. Pertanto, la domanda di risarcimento di un danno morale formulata dai ricorrenti deve essere respinta in quanto irricevibile. In secondo luogo, quanto all’eccezione d’irricevibilità della domanda di risarcimento del danno morale avente ad oggetto l’importo che i ricorrenti devono restituire all’amministrazione in caso di rigetto delle conclusioni dirette a ottenere l’annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito, non è più necessario statuire sulla ricevibilità di detta domanda. Infatti, da un lato, nel caso di specie la decisione di ripetizione dell’indebito è stata annullata. Dall’altro, gli stessi ricorrenti affermano esplicitamente nel ricorso che «la prima parte del danno materiale» sarebbe evitata in caso di annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito (v. precedente punto 178). La domanda di risarcimento della prima parte del danno materiale deve quindi essere considerata subordinata rispetto alla domanda di annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito. – Nel merito Per gli stessi motivi descritti al precedente punto 190, non occorre neppure statuire sulla fondatezza della domanda dei ricorrenti di risarcimento della prima parte del danno materiale. Quanto alla domanda di risarcimento della seconda parte del danno materiale, i ricorrenti adducono argomenti con cui fanno valere che è sorta una responsabilità dell’amministrazione (v. precedenti punti da 172 a 179) e chiedono quindi di essere risarciti, in particolare, della seconda parte del danno materiale (v. precedente punto 177), corrispondente alla differenza tra l’importo delle pensioni stabilito nell’avviso n. 2 e quello stabilito nell’avviso n. 3 dal momento in cui quest’ultimo produce effetto, fino al momento in cui la famiglia fosse in grado di ristabilirsi nel precedente luogo di residenza, che essi ritengono corrispondente a un periodo di un anno dalla definizione della presente causa. La Commissione controbatte che i ricorrenti non hanno dimostrato che le condizioni per il sorgere di una responsabilità extracontrattuale della Commissione siano soddisfatte nel caso di specie. In primo luogo, quest’ultima fa valere, per quanto riguarda la condotta illecita risultante dalla violazione dei principi e degli obblighi invocati dai ricorrenti, di aver agito in una situazione di «competenza vincolata», la quale le imponeva di adottare una decisione di ripetizione dell’indebito una volta rispettato il termine di cinque anni, e che ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 85 dello Statuto. Circostanze individuali quali il comportamento diligente dell’interessato o gli effetti che le pensioni calcolate erroneamente possano avere indirettamente sulle scelte di vita del medesimo non possono ostacolare tale adozione. D’altro canto, la scelta di chiedere il distacco a Parma, con un inquadramento salariale ben inferiore a quello dell’assegnazione iniziale a Bruxelles, sarebbe dovuta esclusivamente a una decisione del sig. Alberto Spagnolli. Per di più, il sig. Alberto Spagnolli sarebbe stato sentito varie volte dall’amministrazione che, conformemente al principio di buona amministrazione, avrebbe sempre dato sollecito riscontro alle sue richieste, come emerge dalla corrispondenza tra gli stessi. Inoltre, la presunta violazione dell’obbligo di sollecitudine non sarebbe corroborata da elementi probatori e non può determinare l’illegittimità della decisione impugnata dal momento che, secondo la giurisprudenza, tale obbligo non potrebbe comunque derogare al principio di legalità (sentenza del 23 ottobre 2012, Eklund/Commissione, F‑57/11 , EU:F:2012:145 , punto ). In aggiunta, un presunto legittimo affidamento circa l’intangibilità dei calcoli dei diritti a pensione non sarebbe potuto sorgere in mancanza di precise assicurazioni da parte della Commissione e per il fatto che gli avvisi contenenti i calcoli dei diritti a pensione conterrebbero sempre la menzione secondo cui, conformemente all’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto, l’APN si riserva il diritto di procedere ad ogni controllo e di rivedere, eventualmente, la propria decisione sulla base degli elementi a propria disposizione, se del caso con effetto retroattivo. Infine, dato che le condizioni previste dall’articolo 85 dello Statuto per l’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito sono state rispettate, i ricorrenti non possono affermare che tale decisione sia illegittima. In secondo luogo, non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra, da un lato, la decisione di ripetizione dell’indebito e la sua esecuzione e, dall’altro, le scelte di vita dei ricorrenti tale da causare loro i danni da essi lamentati. Il sig. Alberto Spagnolli avrebbe infatti liberamente deciso di trasferirsi a Parma e, dal momento che il suo distacco era previsto per una durata limitata di cinque anni, il suo ritorno a Bruxelles e le relative presunte conseguenze dannose per i figli rispetto ai legami sociali e affettivi erano prevedibili. I danni lamentati non possono quindi essere connessi a un preteso comportamento illecito della Commissione. Inoltre, poiché la ripetizione dell’indebito sarebbe attuata secondo un piano di rateizzazione, i ricorrenti non possono sostenere che detta ripetizione sarebbe tanto grave da costringere il sig. Alberto Spagnolli a porre fine al suo distacco a Parma. Da una giurisprudenza consolidata risulta che la fondatezza di un ricorso per risarcimento proposto in forza dell’articolo 270 TFUE è subordinata al ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, l’effettività del danno asserito e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento contestato e il danno lamentato (sentenze del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P , EU:C:1994:211 , punto , e del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P , EU:C:2008:107 , punto ). Dette tre condizioni sono cumulative. L’assenza di una di esse è sufficiente a determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento. Inoltre, la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, quando viene fatta valere sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 270 TFUE, può sorgere in base alla sola illiceità di un atto che arreca pregiudizio o di un comportamento non decisionale, e ciò senza che occorra chiedersi se si tratti di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica avente ad oggetto il conferimento di diritti ai singoli (v. sentenze del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P , EU:T:2010:531 , punto e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione, F‑30/08 , EU:F:2010:43 , punto e giurisprudenza ivi citata). In aggiunta, secondo una costante giurisprudenza, il danno di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere reale e certo, circostanza che spetta alla parte ricorrente dimostrare (v. sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P , EU:C:2006:708 , punto e giurisprudenza ivi citata). Incombe a quest’ultima fornire prove concludenti in ordine tanto all’esistenza quanto alla portata del danno lamentato (v. sentenza del 16 settembre 1997, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, C‑362/95 P , EU:C:1997:401 , punto e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che sono il ritardo irragionevole e l’effetto retroattivo dell’avviso n. 3 e della decisione di ripetizione dell’indebito ad aver determinato un importante mutamento delle condizioni economiche in base alle quali la famiglia Spagnolli ha preso e mantenuto la decisione di risiedere a Parma. Orbene, dato che la decisione di ripetizione dell’indebito è stata annullata, l’avviso n. 3 non produrrà effetti retroattivi. Pertanto, i ricorrenti non possono affermare di aver subito un danno provocato dalla modifica delle loro condizioni economiche per il periodo compreso tra l’adozione dell’avviso n. 2 e l’adozione dell’avviso n. 3. Inoltre, quanto al periodo successivo all’adozione dell’avviso n. 3, la domanda di risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra l’importo delle pensioni stabilito nell’avviso n. 2 e quello stabilito nell’avviso n. 3 per un anno (v. precedente punto 192), ove accolta, avrebbe l’effetto di aggirare, in parte, il rigetto del ricorso di annullamento presentato contro quest’ultimo avviso. Infatti, detto rigetto comporta che i diritti a pensione dei ricorrenti saranno calcolati, a partire dalla data di adozione dell’avviso n. 3, sulla base di quest’ultimo. Di conseguenza, tale domanda di risarcimento è irricevibile. In ogni caso, come sarà dimostrato nel prosieguo, dal momento che il danno affermato dai ricorrenti dipende direttamente dalla loro scelta di vita e non dal comportamento colpevole dell’amministrazione, la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e detto danno non è sufficientemente diretto per ritenere sorta la responsabilità extracontrattuale della Commissione. Innanzitutto, come giustamente sottolineato dalla Commissione, il distacco a Parma del sig. Alberto Spagnolli è avvenuto su sua richiesta ed è stato previsto per una durata limitata di cinque anni. Inoltre, la decisione di distaccare il sig. Alberto Spagnolli è stata adottata il 10 ottobre 2011 (v. precedente punto 19), ossia dopo l’adozione dell’avviso n. 1, il 29 luglio 2011 (v. precedente punto 18), che aveva fissato i diritti a pensione dei ricorrenti in modo erroneo, come affermano gli stessi ricorrenti e come risulta dall’adozione, il 17 aprile 2012, tanto dell’avviso n. 1 bis quanto dell’avviso n. 2. Ne consegue che la scelta di trasferirsi a Parma, di esporre i figli ad un trasferimento temporaneo conformemente alle condizioni previste dal contratto di distacco e di accettare condizioni di vita e di salario diverse da quelle precedenti a detto distacco è stata indipendente da qualsiasi valutazione o revisione dei diritti a pensione dei ricorrenti. Del resto, la possibilità di rivedere in ogni momento i diritti dei ricorrenti in applicazione dell’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto era espressamente menzionata in tutti gli avvisi adottati dall’amministrazione, il che porta a respingere gli argomenti dei ricorrenti con cui questi fanno valere che potevano contare sulla stabilità delle loro condizioni economiche. Poi, la scelta di restare a Parma, che i ricorrenti affermano essersi rivelata dannosa per le loro condizioni economiche, è stata effettuata, a loro dire, sulla base dell’avviso n. 2 adottato il 17 aprile 2012 (v. precedente punto 20). Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il ritardo colpevole dell’amministrazione avrebbe avuto inizio un anno dopo l’adozione di detto avviso, come si evince dai loro argomenti, secondo cui un periodo ragionevole entro cui un procedimento interno di verifica dovrebbe concludersi con l’adozione di un atto di correzione e di un atto di ripetizione dell’indebito non può superare l’anno. Orbene, i ricorrenti non possono sostenere che il ritardo colpevole dell’amministrazione sia all’origine della loro scelta «pregiudizievole» di restare a Parma, che avrebbe causato un danno che essi stimano corrispondente alla differenza tra quanto gli stessi avrebbero percepito sulla base dell’avviso n. 2 e quanto dovrebbero percepire sulla base dell’avviso n. 3. Infatti, si deve necessariamente rilevare che, se i provvedimenti impugnati fossero stati adottati entro il presunto «periodo ragionevole» di un anno dall’adozione dell’avviso n. 2, ciò avrebbe comportato un’anticipazione del mutamento delle condizioni economiche sfavorevoli per i ricorrenti, che non avrebbero potuto percepire le prestazioni «indebite» conseguenti all’applicazione dell’avviso n. 2 per circa tre anni. Ne consegue che, anche volendo ammettere che l’avviso n. 3 e la decisione di ripetizione dell’indebito siano stati adottati tardivamente, tale ritardo non ha cagionato ai ricorrenti il danno che essi lamentano. In difetto di un nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione e il danno asserito, non può sorgere una responsabilità della Commissione e, pertanto, la domanda di risarcimento della seconda parte del danno materiale è respinta. Alla luce di quanto precede, occorre annullare, nella causa T‑599/16, la decisione di ripetizione dell’indebito e respingere il ricorso quanto al resto. Dato che la decisione di ripetizione dell’indebito è stata annullata, la Commissione deve trarre le conseguenze dalla sentenza di annullamento per quanto riguarda, in particolare, gli importi che sono già stati oggetto di prelievo sulla busta paga del sig. Alberto Spagnolli. Invece, dal momento che il ricorso diretto all’annullamento dell’avviso n. 3 è stato respinto, i diritti a pensione dei ricorrenti resteranno fissati per l’avvenire da tale avviso, a decorrere dalla data della sua adozione e fino a un’eventuale nuova decisione di revisione dei loro diritti adottata dalla Commissione conformemente all’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto. Sulle spese Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, l’articolo 134, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ogni parte sopporta le proprie spese. Nel caso di specie, considerata la stretta connessione esistente tra le cause che ne ha giustificata la riunione e il fatto che i ricorrenti sono risultati soccombenti nella causa T‑568/16, mentre, nella causa T‑599/16, la Commissione è la parte risultata soccombente nel merito relativamente alla domanda di annullamento, sarà operata un’equa valutazione delle circostanze di specie decidendo che ciascuna parte sopporti le proprie spese in ciascuna delle cause (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 23 novembre 2011, Jones e a./Commissione, T‑320/07 , non pubblicata, EU:T:2011:686 , punto ). Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) Nella causa T‑568/16, il ricorso è respinto. 2) Nella causa T‑599/16, la decisione PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 17 agosto 2015, di recupero delle somme indebitamente versate ai ricorrenti a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano, è annullata e il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute in ciascuna delle suddette cause. Gervasoni Madise Da Silva Passos Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 giugno 2018. Il cancelliere E. Coulon Il presidente A. Collins Indice Contesto normativo Fatti Procedimento Conclusioni delle parti In diritto Causa T‑568/16 Sulla ricevibilità Nel merito – Sul terzo motivo – Sul primo motivo Causa T‑599/16 Sulla domanda di annullamento – Sul primo motivo – Sul secondo motivo Sulle conclusioni risarcitorie – Sulla ricevibilità – Nel merito Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

62011CJ0329

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98) aiškinimu. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant ginčą tarp A. Achughbabian ir Marnos slėnio (Val-de-Marne) prefekto dėl neteisėto A. Achughbabian buvimo Prancūzijos teritorijoje. Teisinis pagrindas Direktyva 2008/115 Direktyvos 2008/115 4, 5 ir 17 konstatuojamosiose dalyse nustatyta: „(4)      Turi būti nustatytos aiškios, suprantamos ir teisingos taisyklės siekiant sukurti efektyvią grąžinimo politiką kaip privalomą gerai veikiančios migracijos politikos elementą. (5)      Šia direktyva turėtų būti nustatytos horizontalaus pobūdžio taisyklės, taikomos visiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie neatitinka ar nebeatitinka atvykimo į valstybę narę, buvimo arba gyvenimo joje sąlygų. <…> (17)      Nepažeidžiant teisėsaugos institucijų vykdomo pirminio sulaikymo, kuris reglamentuojamas nacionalinės teisės aktais, sulaikymas paprastai turėtų būti vykdomas specialiuose sulaikymo centruose.“ Direktyvos 2008/115 1 straipsnyje „Objektas“ nustatyta: „Šia direktyva nustatomi bendri standartai ir tvarka, taikomi valstybėse narėse, grąžinant neteisėtai esančius trečiųjų šalių piliečius, remiantis pagrindinėmis teisėmis kaip Bendrijos ir tarptautinės teisės bendraisiais principais, įskaitant pabėgėlių apsaugos ir žmogaus teisių reikalavimus.“ Direktyvos 2008/115 2 straipsnyje „Taikymo sritis“ nustatyta: „1.      Ši direktyva taikoma trečiųjų šalių piliečiams, neteisėtai esantiems valstybės narės teritorijoje. 2.      Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šios direktyvos trečiųjų šalių piliečiams: a)      kuriems atsisakyta leisti atvykti <...> arba kuriuos kompetentingos institucijos sulaikė ar suėmė dėl neteisėto valstybės narės išorės sienos kirtimo sausuma, jūra ar oru <...>; b)      kurie grąžinami pagal nacionalinę teisę vykdant baudžiamosios teisės sankciją arba tai yra baudžiamosios teisės sankcijos taikymo pasekmė, arba kuriems taikomos ekstradicijos procedūros. <…>“ Direktyvos 2008/115 3 straipsnyje „Sąvokų apibrėžtys“ nustatyta: „Šioje direktyvoje vartojamos šios sąvokų apibrėžtys: <…> 2)      „Neteisėtas buvimas“ – trečiosios šalies piliečio, kuris, neatitinka arba nebeatitinka <...> atvykimo sąlygų ar kitų atvykimo, buvimo ar gyvenimo toje valstybėje narėje sąlygų, buvimas valstybės narės teritorijoje; 3)      „Grąžinimas“ – trečiosios šalies piliečio grįžimo procesas – savanoriškai vykdant prievolę grįžti arba priverstinai – į –      asmens kilmės šalį, arba –      tranzito šalį pagal Bendrijos ar dvišalius readmisijos susitarimus ar kitas nuostatas, arba –      kitą trečiąją šalį, į kurią atitinkamas trečiosios šalies pilietis savanoriškai nusprendžia grįžti ir į kurią jis būtų priimtas; 4)      „Sprendimas grąžinti“ – administracinis ar teismo sprendimas ar aktas, kuriuo konstatuojama arba paskelbiama, kad trečiosios šalies piliečio buvimas yra neteisėtas, ir nustatoma ar nurodoma prievolė grįžti; 5)      „Išsiuntimas“ – priverstinis prievolės grįžti įvykdymas, tai yra fizinis išvežimas iš valstybės narės; <…>“ Direktyvos 2008/115 6–9 straipsniuose nustatyta: „6 straipsnis Sprendimas grąžinti 1.      Valstybės narės priima sprendimą grąžinti kiekvieno trečiosios šalies piliečio, neteisėtai esančio jų teritorijoje, atžvilgiu, nepažeisdamos 2–5 dalyse nurodytų išimčių. 2.      Reikalaujama, kad neteisėtai valstybės narės teritorijoje esantys trečiosios šalies piliečiai, kurie turi kitos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi ar kitą teisę joje būti suteikiantį leidimą, nedelsdami vyktų į tos kitos valstybės narės teritoriją. <...> 3.      Valstybės narės gali nepriimti sprendimo grąžinti jų teritorijoje neteisėtai esantį trečiosios šalies pilietį, jei atitinkamą trečiosios šalies pilietį priima atgal kita valstybė narė <...> 4.      Valstybės narės, atsižvelgdamos į asmenines, humanitares ar kitas priežastis, bet kuriuo metu gali suteikti atskirą leidimą gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti neteisėtai jų teritorijoje esančiam trečiosios šalies piliečiui. Tokiu atveju sprendimas grąžinti nepriimamas. <...> 5.      Jei yra pradėta procedūra valstybės narės teritorijoje neteisėtai esančiam trečiosios šalies piliečiui siekiant pratęsti leidimą gyventi ar kitokį leidimą, suteikiantį teisę pasilikti, ta valstybė narė <...> apsvarsto galimybę nepriimti sprendimo grąžinti, kol bus baigta pradėta procedūra. <…> 7 straipsnis Savanoriškas išvykimas 1.      Sprendime grąžinti numatomas atitinkamas laikotarpis savanoriškai išvykti, trunkantis nuo septynių iki trisdešimties dienų, nepažeidžiant 2 ir 4 dalyse nurodytų išimčių. <…> <…> 2.      Valstybės narės atitinkamam laikotarpiui prireikus pratęsia savanoriško išvykimo laikotarpį, kiekvienu atveju atsižvelgdamos į atskiro atvejo konkrečias aplinkybes, pavyzdžiui, buvimo trukmę, ar yra mokyklą lankančių vaikų ir ar esama kitų šeimos bei socialinių ryšių. 3.      Savanoriško išvykimo laikotarpiu, siekiant užkirsti kelią asmeniui pasislėpti, gali būti numatytos tam tikros prievolės, pavyzdžiui, prievolė reguliariai registruotis institucijose, atitinkamas piniginis užstatas, dokumentų paėmimas ar prievolė neišvykti iš tam tikros vietos. 4.      Jeigu esama pasislėpimo pavojaus, arba jei prašymas dėl teisėto buvimo buvo atmestas, kaip akivaizdžiai nepagrįstas ar melagingas, arba jei suinteresuotas asmuo kelia pavojų viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar nacionaliniam saugumui, valstybės narės gali nesuteikti laikotarpio savanoriškai išvykti arba gali suteikti trumpesnį nei septynių dienų laikotarpį. 8 straipsnis Išsiuntimas 1.      Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad įvykdytų sprendimą grąžinti, jei nebuvo suteiktas laikotarpis savanoriškai išvykti pagal 7 straipsnio 4 dalį arba jei nebuvo laikomasi įpareigojimo grįžti per savanoriško išvykimo laikotarpį, numatytą pagal 7 straipsnį. <…> 4.      Jei valstybės narės (kraštutiniu atveju) taiko priverstines priemones siekdamos išsiųsti trečiosios šalies pilietį, kuris priešinasi išsiuntimui, tokios priemonės turi būti proporcingos ir be nepagrįstos prievartos. Šios priemonės įgyvendinamos kaip numatyta nacionalinės teisės aktuose nepažeidžiant atitinkamo trečiosios šalies piliečio pagrindinių teisių, gerbiant jo orumą ir fizinį neliečiamumą. <…> 9 straipsnis Išsiuntimo atidėjimas 1.      Valstybės narės atideda išsiuntimą: a)      tuo atveju, jei jis pažeistų negrąžinimo principą, arba b)      tol, kol nesuteikiamas sustabdymas [kol sustabdytas jo vykdymas apskundus sprendimą grąžinti]. 2.      Valstybės narės atitinkamam laikotarpiui gali atidėti išsiuntimą, kiekvienu atveju atsižvelgdamos į atskiro atvejo konkrečias aplinkybes. Valstybės narės atsižvelgia visų pirma į: a)      trečiosios šalies piliečio fizinę ar psichinę būklę; b)      technines priežastis, pavyzdžiui, transporto pajėgumų trūkumą ar išsiuntimo neįvykdymą dėl kliūčių, susijusių su asmens tapatybės nustatymu. 3.      Atidėjus išsiuntimą, kaip numatyta 1 ir 2 dalyse, atitinkamam trečiosios šalies piliečiui gali būti nustatytos 7 straipsnio 3 dalyje numatytos prievolės.“ Direktyvos 2008/115 15 ir 16 straipsniai suformuluoti taip: „15 straipsnis Sulaikymas 1.      Valstybės narės gali sulaikyti trečiosios šalies pilietį, kuriam taikoma grąžinimo tvarka tik tam, kad parengtų grąžinimą ir (arba) įvykdytų išsiuntimo procesą (nebent konkrečiu atveju gali būti veiksmingai taikomos kitos pakankamos, tačiau švelnesnės priverstinės priemonės), visų pirma, kai: a)      esama pasislėpimo pavojaus, arba b)      atitinkamas trečiosios šalies pilietis vengia pasirengimo grąžinimui ar išsiuntimo proceso, arba jiems trukdo. Sulaikymas turi trukti kuo trumpiau ir būti taikomas tik tol, kol tinkamai vykdomas pasiruošimas išsiuntimui. <…> 4.      Paaiškėjus, kad dėl teisinių ar kitokių priežasčių nebėra pagrįstos tikimybės išsiųsti arba 1 dalyje nustatytų aplinkybių nebesama, sulaikymas tampa nebepateisinamas ir atitinkamas asmuo nedelsiant paleidžiamas. 5.      Sulaikymas trunka tol, kol tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą išsiuntimą. Kiekviena valstybė narė nustato sulaikymo laikotarpio ribą, kuri negali viršyti šešių mėnesių. 6.      Valstybės narės negali pratęsti 5 dalyje nurodyto laikotarpio, tačiau laikydamosi nacionalinės teisės gali pratęsti ribotam laikotarpiui, neviršijančiam dar dvylikos mėnesių, tais atvejais, kai tikėtina, jog nepaisant visų jų pagrįstų pastangų, išsiuntimo procedūra užtruks ilgiau dėl to, kad: a)      suinteresuotasis trečiosios šalies pilietis nepakankamai bendradarbiauja, arba b)      vėluojama gauti reikiamus dokumentus iš trečiųjų šalių. 16 straipsnis Sulaikymo sąlygos 1.      Sulaikymas paprastai vykdomas specialiuose sulaikymo centruose. Jeigu valstybė narė neturi galimybių apgyvendinti tokius asmenis specialiame sulaikymo centre ir turi naudotis įkalinimo įstaigų patalpomis, sulaikyti trečiosios šalies piliečiai atskiriami nuo kalinių. <…>“ Pagal Direktyvos 2008/115 20 straipsnį valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 24 dienos. Nacionalinės teisės aktai Prancūzijos užsieniečių atvykimo, apsigyvenimo ir prieglobsčio teisės kodeksas Pagal Prancūzijos užsieniečių atvykimo, apsigyvenimo ir prieglobsčio teisės kodekso (toliau – Ceseda ) L. 211-1 straipsnį „įvažiuodamas į Prancūziją kiekvienas užsienietis su savimi privalo turėti <…> dokumentus ir vizas, kurie privalomi pagal galiojančius tarptautinius susitarimus ir reglamentus <…>“. Pagal šio kodekso L. 311-1 straipsnį „<…> kiekvienas užsienis, vyresnis nei aštuoniolikos metų, norintis pasilikti Prancūzijoje, pasibaigus trijų mėnesių laikotarpiui nuo jo atvykimo į šalį turi turėti leidimą gyventi šalyje“. Ceseda redakcijos, galiojusios klostantis pagrindinės bylos aplinkybėms, L. 551-1 straipsnis buvo suformuluotas taip: „Užsienietį galima laikyti ne įkalinimo įstaigoms priklausančiose patalpose, jei jis: <…> 3)      nepaisant to, kad dėl jo mažiau nei prieš metus buvo priimtas įsakymas deportuoti <…> arba jis turi būti deportuojamas įgyvendinant <...> baudžiamajame kodekse nustatytą draudimą pasilikti Prancūzijos teritorijoje, negali nedelsdamas išvykti iš Prancūzijos teritorijos; arba <…> 6)      nepaisant jam mažiau nei prieš metus nustatytos pareigos išvykti iš Prancūzijos teritorijos, <…> dėl kurios vieno mėnesio terminas savanoriškai išvykti iš šalies pasibaigė, negali nedelsdamas išvykti iš šios šalies teritorijos.“ Ceseda redakcijos, galiojusios klostantis bylos faktinėms aplinkybėms, L. 552-1 straipsnio pirmame sakinyje buvo numatyta: „Praėjus 48 valandų terminui nuo sprendimo laikinai sulaikyti priėmimo, kreipiamasi į laisvių ir sulaikymo teisėją ( juge des libertés et de la détention ) dėl termino pratęsimo.“ Ceseda L. 621-1 straipsnyje nustatyta: „Užsienietis, kuris atvyko į Prancūziją arba joje gyveno nesilaikydamas L. 211-1 ir L. 311-1 straipsnių nuostatų ar kuris lieka Prancūzijoje ilgiau nei leidžiama jo vizoje, baudžiamas vienų metų laisvės atėmimo bausme ir 3 750 EUR bauda. Be to, nuteistam užsieniečiui teismas gali ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui uždrausti atvykti ar gyventi Prancūzijoje. Draudimas gyventi valstybės teritorijoje automatiškai apima nuteistojo deportavimą, tam tikrais atvejais atlikus laisvės atėmimo bausmę.“ Kai kurios iš šių Ceseda nuostatų buvo iš dalies pakeistos 2011 m. birželio 16 d. Įstatymu Nr. 2011-672 dėl imigracijos, integracijos ir pilietybės ( Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité , JORF, 2011 m. liepos 17 d., p. 10290), kuris įsigaliojo 2011 m. liepos 18 dieną. Ceseda L. 621-1 straipsnis nebuvo pakeistas. Baudžiamojo proceso kodeksas Baudžiamojo proceso kodekso redakcijos, galiojusios klostantis bylos faktinėms aplinkybėms, 62-2 straipsnyje nustatyta: „Laikinas sulaikymas yra kardomoji priemonė, kurią, prižiūrint teismui, savo sprendimu skiria kriminalinės policijos pareigūnas ir kuria užtikrinama, kad laikinai sulaikytas asmuo, dėl kurio yra vienas ar daugiau pagrindų įtarti, jog jis padarė ar bandė padaryti nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, už kurį baudžiama laisvės atėmimo bausme, laikomas tyrėjų žinioje.“ Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas 2011 m. birželio 24 d. Mezon Alforte (Prancūzija) policija viešosiose vietose tikrino asmenų tapatybę. Vienas tikrinant apklaustas asmuo teigė esąs Aleksandras Achughbabian, gimęs 1990 m. liepos 9 d. Armėnijoje. Pagal policijos surašytą protokolą A. Achughbabian taip pat teigė esąs Armėnijos pilietis. Tačiau jis neigia padaręs tokį pareiškimą. Įtartas padaręs baudžiamąjį nusižengimą, nustatytą Ceseda L 621-1 straipsnyje, ir jį tęsiantis, A. Achughbabian buvo laikinai sulaikytas. Išsamiau išnagrinėjus A. Achughbabian padėtį buvo nustatyta, kad suinteresuotasis asmuo į Prancūziją atvyko 2008 m. balandžio 9 dieną ir padavė prašymą išduoti leidimą gyventi šalyje. Tačiau 2008 m. lapkričio 28 d. jo prašymas buvo atmestas, o 2009 m. sausio 27 d. Uazos slėnio (Val-d’Oise) prefektas šį atmetimą patvirtino įsakymu per vieną mėnesį išvykti iš Prancūzijos teritorijos; apie šį įsakymą A. Achughbabian buvo pranešta 2009 m. vasario 14 dieną. 2011 m. birželio 25 d. Marnos slėnio (Val-de-Marne) prefektas patvirtino įsakymą deportuoti ir įsakymą skirti administracinį sulaikymą ir apie juos pranešė A. Achughbabian. 2011 m. birželio 27 d. Kretėjaus tribunal de grande instance laisvių ir sulaikymo teisėjas, į kurį buvo kreiptasi remiantis Ceseda L. 552-1 straipsniu, kad būtų pratęstas 48 valandų suėmimo terminas, priėmė nutartį pratęsti šį terminą ir atmetė A. Achughbabian prieštaravimus dėl jam taikyto laikino sulaikymo teisėtumo. Vienas iš minėtų prieštaravimų buvo pateiktas remiantis 2011 m. balandžio 28 d. Sprendimu El Dridi (C‑61/11 PPU, Rink. p. I‑0000), kuriame Teisingumo Teismas nusprendė, jog Direktyva 2008/115 draudžia tokį valstybės narės teisės aktą, kuriame numatyta skirti laisvės atėmimo bausmę neteisėtai esančiam trečiosios šalies piliečiui vien dėl tos priežasties, kad jis šios valstybės teritorijoje be pateisinamos priežasties gyvena pažeisdamas įpareigojimą per nustatytą terminą iš jos išvykti. A. Achughbabian manymu, iš šio sprendimo matyti, kad Ceseda L. 621-1 straipsnyje nustatyta laisvės atėmimo bausmė neatitinka Sąjungos teisės. Atsižvelgiant į šį neatitikimą ir taisyklę, pagal kurią laikino sulaikymo priemonę galima skirti tik esant įtarimui, jog buvo padarytas baudžiamasis nusižengimas, už kurį gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė, šioje byloje vykdoma procedūra yra neteisėta. 2011 m. birželio 28 d. A. Achughbabian dėl Kretėjaus Tribunal de grande instance laisvių ir sulaikymo teisėjo nutarties padavė apeliacinį skundą Paryžiaus apeliaciniam teismui ( Cour d’appel de Paris ). Šis teismas konstatavo, kad A. Achughbabian yra Armėnijos pilietis, kuris buvo laikinai sulaikytas, vėliau suimtas dėl neteisėto gyvenimo šalyje ir kuris teigia, kad Ceseda L. 621-1 straipsnis neatitinka Direktyvos 2008/115, kaip ji aiškinama minėtame Sprendime El Dridi . Tokiomis aplinkybėmis Cour d’appel de Paris nusprendė atidėti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą: „Ar, atsižvelgiant į direktyvos [2008/115/EB] taikymo sritį, ji draudžia tokią nacionalinės teisės nuostatą, kaip [ Ceseda ] L. 621‑1 straipsnis, kurioje numatyta laisvės atėmimo bausmė trečiosios šalies piliečiui vien todėl, kad jis į nacionalinę teritoriją atvyko neteisėtai ar neteisėtai joje gyvena?“ Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas panaikino A. Achughbabian suėmimą. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo prašymu paskirta kolegija išnagrinėjo klausimą dėl būtinybės šią bylą nagrinėti pagal Procedūros reglamento 104b straipsnyje numatytą pagreitintą procedūrą. Paskirta kolegija, susipažinusi su generalinio advokato nuomone, nusprendė šį prašymą atmesti. Dėl prejudicinio klausimo Visų pirma pažymėtina, kad Direktyva 2008/115 susijusi tik su trečiųjų šalių piliečių, neteisėtai esančių valstybės narės teritorijoje, grąžinimu ir ja nesiekiama suderinti visų nacionalinių norminių aktų, susijusių su užsieniečių buvimu. Taigi šia direktyva nedraudžiama pagal valstybės narės teisę neteisėtą buvimą kvalifikuoti kaip „baudžiamąjį nusižengimą“ ir numatyti baudžiamosios teisės sankcijas, siekiant atgrasinti nuo tokio nacionalinių norminių aktų, reglamentuojančių buvimą šalyje, pažeidimo ir už jį nubausti. Direktyva 2008/115 nustatyti bendri standartai ir tvarka yra susiję tik su sprendimų grąžinti priėmimu ir jų vykdymu, taip pat pažymėtina, jog ši direktyva nedraudžia sulaikyti trečiosios šalies piliečio siekiant išsiaiškinti, ar jis teisėtai yra valstybės teritorijoje. Šią išvadą patvirtina minėtos direktyvos 17 konstatuojamoji dalis, iš kurios matyti, kad trečiųjų šalių piliečių, kurie įtariami neteisėtai esantys valstybėje narėje, pirminio sulaikymo sąlygos reglamentuojamos nacionalinės teisės aktais. Be to, kaip pažymėjo Prancūzijos vyriausybė, jei valstybės narės negalėtų taikyti tokios laisvės atėmimo priemonės kaip laikinas sulaikymas, kad būtų neleista asmeniui, kuris įtariamas neteisėtai esantis šalyje, pasislėpti dar prieš išsiaiškinant jo padėtį, būtų pažeistas Direktyvos 2008/115 tikslas – veiksmingai grąžinti neteisėtai šalies teritorijoje esančius trečiųjų šalių piliečius. Šiuo klausimu pažymėtina, jog kompetentingos institucijos turi turėti tam tikrą, nors ir trumpą, bet protingą laikotarpį, kad galėtų identifikuoti tikrinamą asmenį ir ištirti duomenis, siekdamos nustatyti, ar šis asmuo yra trečiosios šalies pilietis, neteisėtai esantis valstybės teritorijoje. Jei atitinkamas asmuo nebendradarbiauja, gali būti sunku nustatyti jo vardą, pavardę ir pilietybę. Taip pat gali būti sudėtinga patikrinti ir paties neteisėto buvimo šalyje faktą, ypač kai tikrinamas asmuo remiasi prieglobsčio prašytojo ar pabėgėlio statusu. Šiuo atveju kompetentingos institucijos, siekdamos nepažeisti Direktyvos 2008/115 tikslo, kuris buvo nurodytas pirmesniame punkte, turi veikti apdairiai ir be atidėliojimų nuspręsti, ar tikrinamas asmuo valstybės teritorijoje yra teisėtai. Jeigu nustatoma, kad asmuo valstybės teritorijoje yra neteisėtai, šios institucijos, remdamosi minėtos direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi ir nepažeisdamos joje nustatytų išimčių, turi priimti sprendimą grąžinti. Nors iš to, kas išdėstyta pirma, matyti, kad Direktyva 2008/115 nedraudžia nei tokių nacionalinės teisės aktų, kaip Ceseda L. 621-1 straipsnis, pagal kurį neteisėtas trečiosios šalies piliečio buvimas šalyje kvalifikuojamas kaip baudžiamasis nusižengimas ir skiriamos baudžiamosios teisės bausmės, įskaitant laisvės atėmimo bausmę, siekiant jį užkardyti, nei trečiosios šalies piliečio sulaikymo, siekiant nustatyti, ar jis šalyje yra teisėtai, toliau reikia išnagrinėti, ar ši direktyva nedraudžia tokių teisės aktų, kaip Ceseda L. 621-1 straipsnis, pagal kurį įgyvendinant direktyvoje nustatytą grąžinimo procedūrą gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas jau buvo pažymėjęs, kad nors iš principo baudžiamosios teisės aktai ir baudžiamojo proceso nuostatos priklauso valstybių narių kompetencijai, šią teisės sritį gali paveikti Sąjungos teisė. Iš to matyti, kad, nepaisant aplinkybės, jog nei pagal EB 63 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b dalį – nuostatą, kuri perkelta į SESV 79 straipsnio 2 dalies c punktą, – nei pagal Direktyvą 2008/115, be kita ko, priimtą šios EB sutarties nuostatos pagrindu, nepašalinama valstybių narių kompetencija skirti baudžiamosios teisės sankcijas nelegalios imigracijos srityje, šioje srityje jos privalo priimti tokius teisės aktus, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės. Šios valstybės negali taikyti tokių teisės aktų, nors ir baudžiamosios teisės srityje, dėl kurių gali kilti pavojus, kad nebus įgyvendinti minėta direktyva siekiami tikslai ir ji neteks savo veiksmingumo (minėto Sprendimo El Dridi 53–55 punktai ir jame cituojama teismo praktika). Siekiant atsakyti į klausimą, ar Direktyva 2008/115 draudžia dėl tų pačių priežasčių, kurias Teisingumo Teismas išvardijo minėtame Sprendime El Dridi , tokią teisės nuostatą, kaip Ceseda L. 621-1 straipsnis, pirmiausia konstatuotina, kad ieškovo pagrindinėje byloje padėtis atitinka tą, apie kurią kalbama šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje. Iš bylos medžiagos ir iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo atsakymo į Teisingumo Teismo prašymą pateikti paaiškinimus matyti, kad apie įsakymą išvykti iš Prancūzijos teritorijos, kuriuo nustatomas vieno mėnesio terminas išvykti savanoriškai, A. Achughbabian buvo pranešta 2009 m. vasario 14 d. ir kad jis šio įsakymo neįvykdė. Kadangi šis sprendimas grąžinti 2011 m. birželio 24 d. – šią dieną A. Achughbabian buvo patikrintas ir laikinai sulaikytas – nebegaliojo, 2011 m. birželio 25 d. buvo priimtas naujas sprendimas grąžinti, tačiau šį kartą kaip įsakymas deportuoti nenustatant termino savanoriškai išvykti iš šalies. Darytina išvada, kad neatsižvelgiant į klausimą, ar ieškovo pagrindinėje byloje padėtis turi būti prilyginama asmens, kuris nesilaikė pareigos grįžti į savo šalį per nustatytą terminą savanoriškai išvykti, arba asmens, dėl kurio priimtas sprendimas grąžinti nenustačius termino savanoriškai išvykti, padėčiai, šiai padėčiai bet kuriuo atveju taikoma Direktyvos 2008/115 8 straipsnio 1 dalis, todėl kyla šiame straipsnyje nustatyta suinteresuotosios valstybės narės pareiga imtis visų būtinų priemonių, kad įvykdytų sprendimą grąžinti, tai yra fiziškai išvežti atitinkamą asmenį iš minėtos valstybės narės, kaip tai numatyta šios direktyvos 3 straipsnio 5 punkte. Toliau pažymėtina, kaip aiškiai matyti iš Direktyvos 2008/115 8 straipsnio 1 ir 4 dalių, kad jose vartojamos sąvokos „priemonės“ ir „priverstinės priemonės“ reiškia bet kokius veiksmus, kuriais atitinkamas asmuo veiksmingai ir laikantis proporcingumo grąžinamas. Minėtos direktyvos 15 straipsnyje nustatyta, kad atitinkamo asmens sulaikymas leidžiamas tik siekiant parengti ir įvykdyti išsiuntimą, o laisvės apribojimo terminas negali viršyti šešių mėnesių. Papildomas dvylikos mėnesių laikotarpis gali būti nustatytas tik tais atvejais, kai sprendimas grąžinti neįvykdomas per šešis mėnesius dėl to, kad suinteresuotasis asmuo nepakankamai bendradarbiauja arba vėluojama gauti reikiamus dokumentus iš trečiųjų šalių. Akivaizdu, kad laisvės atėmimo bausmės skyrimas ir vykdymas vykdant Direktyvoje 2008/115 nustatytą grąžinimo procedūrą nepadeda įgyvendinti išsiuntimo, kurio siekiama šia procedūra, būtent fiziškai išvežti atitinkamo asmens iš atitinkamos valstybės narės. Taigi tokia bausmė nėra „priemonė“ arba „priverstinė priemonė“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2008/115 8 straipsnį. Pagaliau neginčijama, kad pagal pagrindinėje byloje nagrinėjamą nacionalinės teisės aktą, kuriame numatyta laisvės atėmimo bausmė kiekvienam vyresniam kaip aštuoniolikos metų trečiosios šalies piliečiui, kuris praėjus trijų mėnesių laikotarpiui nuo jo atvykimo į Prancūzijos teritoriją neteisėtai yra Prancūzijoje, gali būti skirtas įkalinimas, nors pagal bendras Direktyvos 2008/115 6, 8, 15 ir 16 straipsniuose nustatytus standartus ir tvarką pirmenybė turi būti teikiama tokio trečiosios šalies piliečio grąžinimo procedūrai, o griežčiausia laisvės atėmimo priemonė, kuri gali būti jam taikoma, yra sulaikymas. Todėl tokie nacionalinės teisės aktai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, gali tapti kliūtimi taikyti Direktyvoje 2008/115 nustatytus bendrus standartus ir tvarką ir dėl jų grąžinimas gali užsitęsti, taigi jais, kaip ir byloje, kurioje buvo priimtas minėtas Sprendimas El Dridi, nagrinėtais teisės aktais, pažeidžiamas minėtos direktyvos veiksmingumas. Pirma padarytos išvados nepaneigia nei Prancūzijos vyriausybės nurodyta aplinkybė, kad pagal teisėsaugos institucijoms išsiųstus aplinkraščius nagrinėjamuose nacionalinės teisės aktuose nustatytos bausmės, išskyrus atvejus, kai asmuo be neteisėto buvimo šalyje padarė dar ir kitą baudžiamąjį nusižengimą, retai skiriamos, nei tai, kad, kaip taip pat nurodė ši vyriausybė, A. Achughbabian minėtos bausmės nebuvo skirtos. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad trečiųjų šalių piliečiams, kurie be neteisėto buvimo šalyje padarė vieną ar daugiau kitų baudžiamųjų nusižengimų, pagal Direktyvos 2008/115 2 straipsnio 2 dalies b punktą ši direktyva gali būti netaikoma. Tačiau joks Teisingumo Teismui pateiktas bylos dokumentas nesuteikia pagrindo manyti, kad A. Achughbabian be neteisėto buvimo Prancūzijos teritorijoje padarė dar ir kitą baudžiamąjį nusižengimą. Todėl ieškovo pagrindinėje byloje padėčiai negalima netaikyti Direktyvos 2008/115, nes akivaizdu, kad jos 2 straipsnio 2 dalies b punktas, nepanaikinant šios direktyvos tikslo ir privalomojo poveikio, negali būti aiškinamas taip, jog valstybės narės gali teisėtai netaikyti šioje direktyvoje nustatytų bendrų standartų ir tvarkos trečiųjų šalių piliečiams, kurių padarytas vienintelis pažeidimas yra neteisėtas buvimas šalyje. Kiek tai susiję su ta aplinkybe, kad A. Achughbabian iki šiol nebuvo baustas laisvės atėmimo bausme ir bauda pagal Ceseda L. 621-1 straipsnį, pažymėtina, kad įsakymas deportuoti buvo priimtas remiantis pagal minėtą straipsnį konstatuotu baudžiamuoju nusižengimu – neteisėtu buvimu šalyje – ir kad dėl šio pažeidimo, neatsižvelgiant į Prancūzijos vyriausybės minėtų aplinkraščių turinį, gali būti skirtos minėtos bausmės. Todėl Ceseda L. 621-1 straipsnis, taip pat klausimas dėl jo atitikties Sąjungos teisei yra svarbūs pagrindinėje byloje, nes prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas ir Prancūzijos vyriausybė neminėjo nei kad byla buvo nutraukta, nei, apskritai kalbant, kad priimtas sprendimas, kuriuo būtų galutinai užkirstas kelias tolesniam A. Achughbabian persekiojimui. Be to, panašiai, kaip buvo priminta šio sprendimo 33 punkte, reikia atkreipti dėmesį į valstybių narių pareigą, kuri išplaukia iš ESS 4 straipsnio 3 dalies ir apie kurią buvo priminta minėto Sprendimo El Dridi 56 punkte, imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas įsipareigojimų pagal Direktyvą 2008/115 vykdymas, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie trukdytų pasiekti minėtos direktyvos tikslus. Svarbu, kad taikytinos nacionalinės nuostatos nepažeistų tinkamo minėtoje direktyvoje nustatytų bendrų standartų ir tvarkos taikymo. Pagaliau negalima sutikti su Vokietijos ir Estijos vyriausybių argumentais, kad Direktyvos 2008/115 8, 15 ir 16 straipsniai iš tiesų draudžia taikyti laisvės atėmimo bausmę įgyvendinant šiuose straipsniuose numatytą išsiuntimo iš šalies procedūrą, bet nedraudžia, kad valstybė narė trečiosios šalies piliečiui, kuris šalyje yra neteisėtai, skirtų laisvės atėmimo bausmę prieš išsiųsdama jį iš šalies pagal šioje direktyvoje nustatytą tvarką. Šiuo klausimu pakanka konstatuoti, kad tiek iš valstybių narių lojalumo pareigos, tiek iš veiksmingumo reikalavimų, apie kuriuos priminta Direktyvos 2008/115 4 konstatuojamojoje dalyje, matyti, kad šios direktyvos 8 straipsnyje nustatyta valstybių narių pareiga, esant šio straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms, taikyti išsiuntimą iš šalies turi būti vykdoma kuo skubiau. Akivaizdu, kad taip nebūtų, jei konstatavusi, jog trečiosios šalies pilietis šalyje yra neteisėtai, suinteresuotoji valstybė narė, prieš įgyvendindama sprendimą grąžinti arba net prieš priimdama tokį sprendimą, vykdytų baudžiamąjį persekiojimą ir prireikus skirtų laisvės atėmimo bausmę. Dėl tokių veiksmų išsiuntimas būtų atidėtas (minėto Sprendimo El Dridi 59 punktas) ir, be to, tokie veiksmai nėra nurodyti tarp Direktyvos 2008/115 9 straipsnyje nurodytų išsiuntimo iš šalies atidėjimo pateisinimų. Nors iš pirma nurodytų svarstymų matyti, kad valstybės narės, kurioms taikoma Direktyva 2008/115, negali numatyti laisvės atėmimo bausmės trečiųjų šalių piliečiams, kurie neteisėtai yra jų teritorijoje, tais atvejais, kai jie, atsižvelgiant į šia direktyva nustatytus bendrus standartus ir tvarką, turi būti išsiųsti, ir, siekiant parengti ir įvykdyti jų išsiuntimą, daugių daugiausia gali būti sulaikyti, tai nepanaikina valstybių narių teisės priimti ar palikti galioti nuostatas, prireikus – baudžiamąsias, reglamentuojančias situaciją, kai priverstinėmis priemonėmis nepavyko išsiųsti trečiosios šalies piliečio, kuris neteisėtai yra jų teritorijoje, ir nepažeidžiančias direktyvoje įtvirtintų principų ir jos tikslo (minėto Sprendimo El Dridi , 52 ir 60 punktai). Atsižvelgiant į šią galimybę, reikia konstatuoti, kad į bylą įstojusių vyriausybių, pateikusių savo pastabas Teisingumo Teismui, nurodyta tezė, jog toks aiškinimas, kaip nurodytas pirma, panaikintų valstybių narių galimybę atgrasinti nuo neteisėto buvimo šalyje, nėra pagrįsta. Konkrečiai kalbant, Direktyva 2008/115 nedraudžia, laikantis nacionalinių baudžiamojo proceso taisyklių ir pagrindinių teisių, trečiųjų šalių piliečiams, kuriems buvo taikoma šioje direktyvoje nustatyta grąžinimo procedūra ir kurie be pateisinamos priežasties negrįžti neteisėtai gyvena šios valstybės narės teritorijoje, skirti laisvės atėmimo bausmę. Šiuo klausimu pažymėtina, kad taikant minėtas baudžiamojo proceso taisykles, skiriant ankstesniame punkte minėtas sankcijas, reikia laikytis pagrindinių teisių, o pirmiausia tų, kurios garantuojamos 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašyta Europos Tarybos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirma, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, jog Direktyva 2008/115 turi būti aiškinama taip, kad: –      ji draudžia valstybės narės teisės nuostatą, pagal kurią neteisėtas buvimas šalyje užkardomas baudžiamosios teisės sankcijomis ir pagal kurią leidžiama trečiosios šalies piliečiui skirti laisvės atėmimo bausmę, nors šiam piliečiui, kuris minėtos valstybės narės teritorijoje yra neteisėtai ir nesutinka savanoriškai išvykti iš šios šalies teritorijos, nebuvo taikytos nebuvo taikytos direktyvos 8 straipsnyje nustatytos priverstinės priemonės, ir jo, jei jis sulaikytas, kad būtų parengtas ir įvykdytas išsiuntimas, maksimalus sulaikymo terminas dar nėra pasibaigęs, ir –      nedraudžia, laikantis nacionalinių baudžiamojo proceso taisyklių ir pagrindinių teisių, trečiųjų šalių piliečiams, kuriems buvo taikoma šioje direktyvoje nustatyta grąžinimo procedūra ir kurie be pateisinamos priežasties negrįžti neteisėtai gyvena šios valstybės narės teritorijoje, skirti laisvės atėmimo bausmę. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendžia: 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse turi būti aiškinama taip, kad: – ji draudžia valstybės narės teisės nuostatą, pagal kurią neteisėtas buvimas šalyje užkardomas baudžiamosios teisės sankcijomis ir pagal kurią leidžiama trečiosios šalies piliečiui skirti laisvės atėmimo bausmę, nors šiam piliečiui, kuris minėtos valstybės narės teritorijoje yra neteisėtai ir nesutinka savanoriškai išvykti iš šios šalies teritorijos, nebuvo taikytos direktyvos 8 straipsnyje nustatytos priverstinės priemonės ir jo, jei jis yra sulaikytas, kad būtų parengtas ir įvykdytas išsiuntimas, maksimalus sulaikymo terminas dar nėra pasibaigęs, ir – ji nedraudžia valstybės narės teisės aktų, jei jais leidžiama trečiosios šalies piliečiui, kuriam taikyta šioje direktyvoje nustatyta grąžinimo procedūra ir kuris be pateisinamos priežasties negrįžti neteisėtai gyvena šios valstybės narės teritorijoje, skirti laisvės atėmimo bausmę. Parašai. * Proceso kalba: prancūzų.

62016TJ0053

da

) I. Tvistens baggrund A. De omhandlede foranstaltninger Sagsøgerne, dvs. Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd, og Airport Marketing Services Ltd (herefter »AMS«) er for den førstes vedkommende et luftfartsselskab med hjemsted i Irland, der udfører mere end 1800 daglige flyvninger, som forbinder 200 destinationer i 31 lande i Europa og Nordafrika, og for den andens vedkommende et datterselskab til Ryanair, der leverer løsninger inden for markedsføringsstrategi, idet hovedparten af dets virksomhed består i at sælge reklameplads på Ryanairs websted. Lufthavnen i Nîmes-Garons (herefter »Nîmes lufthavn«), som er ejet af Den Franske Republik, er beliggende i departementet Gard i Frankrig. Denne lufthavn blev indledningsvis drevet af handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigan. Siden den 1. februar 2006 har ansvaret for indretningen, vedligeholdelsen, driften og udviklingen af denne lufthavns civile zone været overdraget til den blandede ejergruppe til indretning og udvikling af lufthavnen i Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes (herefter »den blandede ejergruppe«), som udgør en offentlig virksomhed, hvis medlemmer er departementsrådet i Gard, sammenslutningen af byområdet Nîmes Métropole og sammenslutningen af byområdet Grand Alès en Cévennes. Mellem den 1. februar 2006 og den 31. december 2006 overdrog den blandede ejergruppe midlertidigt driften af lufthavnen til det ovennævnte handels- og industrikammer ved en uddelegering af en offentlig tjenesteydelse. Efter en udbudsprocedure valgte den blandede ejergruppe herefter inden for rammerne af en aftale om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse, som trådte i kraft den 1. januar 2007, at udlicitere driften af lufthavnen til Veolia Transport, der i henseende til aftalens gennemførelse er blevet afløst af sit helejede datterselskab Veolia Transport Aéroport Nîmes (herefter »VTAN«). Ryanairs aktivitet i Nîmes lufthavn begyndte i juni 2000. Den indledende drift af en enkelt luftrute mellem denne lufthavn og London Stansted lufthavn blev udvidet til fire flyforbindelser. Handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigan indgik i denne forbindelse den 11. april 2000 en kontrakt om lufthavnstjenester med Ryanair for en periode på ti år, hvorved dette luftfartsselskab forpligtede sig til at lancere daglige flyvninger mellem London Stansted lufthavn og Nîmes lufthavn (herefter »2000-kontrakten om lufthavnstjenester«). 2000-kontrakten om lufthavnstjenester blev ændret efter brevvekslinger i slutningen af 2001 og i marts 2004, hvorved der aftaltes en forhøjelse af handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigans betalinger til Ryanair med henblik på udvikling af flere ruter. Der blev den 10. oktober 2005 indgået en ny kontrakt om lufthavnstjenester mellem det nævnte handels- og industrikammer og Ryanair for en indledende periode på fem år, hvorved dette luftfartsselskab forpligtede sig til at drive visse flyforbindelser til betjening af Nîmes lufthavn. Den samme dag blev der indgået en kontrakt om markedsføringstjenester mellem dette handels- og industrikammer og AMS, som bestod i leveringer af reklametjenester på Ryanairs websted og pr. email til gengæld for årlige betalinger fra handels- og industrikammeret. Den 2. januar 2007 indgik VTAN en kontrakt om lufthavnstjenester med Ryanair, som gav dette luftfartsselskab et bidrag pr. passager i medfør af en incitamentsordning til udvikling af trafikken, og en kontrakt om markedsføringstjenester med AMS om køb af ydelser til et bestemt beløb. Disse kontrakter var gyldige fra den 1. januar 2007 til den 31. oktober 2007. Den 1. august 2007 undertegnede VTAN og AMS en tillægskontrakt til denne sidstnævnte kontrakt, hvorved der fastsattes et supplerende bidrag fra VTAN. Den 1. november 2007 blev der indgået to nye kontrakter mellem de samme parter med henblik på at fortsætte gennemførelsen af de ovennævnte kontrakter, som var udløbet. Betalingerne til Ryanair og AMS blev forhøjet. Den 27. august 2008 afløste to nye kontrakter indgået af de samme parter den hidtidige kontraktlige ramme med virkning fra den 1. november 2008 med en løbetid på et år med mulighed for forlængelse to gange. Den første af disse kontrakter indebar navnlig et tilsagn fra Ryanair om at drive visse flyforbindelser til betjening af Nîmes lufthavn og en bestemmelse om overskudsdeling i forhold til trafikudviklingen. To tillægskontrakter af 25. august 2009 forlængede gennemførelsen af de nævnte kontrakter indtil den 31. december 2011. Endelig undertegnede de samme parter den 18. august 2010 og den 30. november 2010 tillægskontrakter til den anden af de pågældende kontrakter, som fastsatte en forhøjelse af VTAN’s bidrag. [ udelades ] II. Retsforhandlinger og parternes påstande Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 5. februar 2016 har sagsøgerne anlagt nærværende søgsmål. Ved særskilt dokument indleveret til Rettens Justitskontor den 2. marts 2016 har sagsøgerne indgivet en anmodning om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse, hvormed de har anmodet Kommissionen om at fremlægge visse dokumenter. Kommissionen har fremsat sine bemærkninger inden for den fastsatte frist. Ved processkrift indleveret den 26. maj 2016 har Rådet for Den Europæiske Union fremsat begæring om at måtte intervenere i sagen til støtte for Kommissionens påstande. Ved afgørelse af 5. juli 2017 har formanden for Rettens Sjette Afdeling taget denne begæring til følge. Ved afgørelse af 21. juni 2017 har Retten besluttet at henvise sagen til Sjette Udvidede Afdeling. På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten besluttet at indlede den mundtlige forhandling, at anmode parterne om at fremsætte deres bemærkninger til en eventuel forening af sagen med sagerne T-111/15 og T-165/15 med henblik på den mundtlige forhandling, og at anmode parterne om at besvare visse spørgsmål som led i de foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse, der er omhandlet i artikel 89 i Rettens procesreglement. Ved afgørelse truffet af formanden for Rettens Sjette Udvidede Afdeling den 28. august 2017, efter høring af parterne, er sag T-111/15, T-165/15 og T-53/16 i henhold til procesreglementets artikel 68, stk. 1, blevet forenet med henblik på den mundtlige forhandling. Parterne har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 26. oktober 2017. Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande: – Den anfægtede afgørelses artikel 1, 4, 5 og 6 annulleres. – Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne. Kommissionen har nedlagt følgende påstande: – Frifindelse. – Sagsøgerne tilpligtes at betale sagsomkostningerne. III. Retlige bemærkninger [ udelades ] B. Det andet anbringende om, at de omhandlede kontrakter blev tilregnet Den Franske Republik [ udelades ] 1. Klagepunktet om, at handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigans afgørelser blev tilregnet Den Franske Republik [ udelades ] b) Den angiveligt selvmodsigende begrundelse [ udelades ] 110 Følgelig må det foreliggende klagepunkt forkastes. 2. Klagepunktet om, at den blandede ejergruppes afgørelser blev tilregnet Den Franske Republik Sagsøgerne har gjort gældende, at Kommissionen urigtigt tilregnede staten den blandede ejergruppes afgørelser. De har hertil anført, at den blandede ejergruppes medlemmer er offentlige enheder og leverer lufthavnstjenester i sin egenskab af medforvalter af lufthavnen. Eftersom den blandede ejergruppe var en offentlig virksomhed, var Kommissionen i medfør af dom af 16. maj 2002, Frankrig mod Kommissionen ( C-482/99 , EU:C:2002:294 ), forpligtet til at efterprøve, om de offentlige myndigheder var impliceret i vedtagelsen af de foranstaltninger, som den blandede ejergruppe traf til sagsøgernes fordel. I strid med den nævnte dom baserede Kommissionen imidlertid i 573. betragtning til den anfægtede afgørelse sin konklusion om tilregnelse til staten på et enkelt organisatorisk kriterium, der var støttet på ejendomsretten, dvs. sammensætningen af den blandede ejergruppes faglige udvalg. Endvidere undlod Kommissionen under tilsidesættelse af denne doms krav at foretage en undersøgelse baseret på flere kriterier af, hvorvidt offentlige myndigheder deltog i den blandede ejergruppes afgørelser. Sagsøgerne finder, at den fremgangsmåde, som Kommissionen valgte i den anfægtede afgørelse, har til følge, at kriterierne i dom af 16. maj 2002, Frankrig mod Kommissionen ( C-482/99 , EU:C:2002:294 ), ikke kan finde anvendelse på nogen virksomhed, der ejes af statslige enheder, uanset om de er centrale eller lokale. Imidlertid kan disse myndigheder stifte en virksomhed og være eneaktionær heri, uden at denne virksomhed af den grund bliver en offentlig myndighed. Denne fremgangsmåde er ensbetydende med systematisk at handle under afvigelse fra den juridiske persons selvstændige retsevne, som om der ikke eksisterede nogen offentlige selskaber. Det skal indledningsvis bemærkes, at Kommissionen i sin analyse af, hvorvidt de pågældende kontrakter kunne tilregnes staten hvad angik de med handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigan indgåede kontrakter, udelukkende støttede sig på dette kammers karakter af offentlig myndighed uden at tildele den blandede ejergruppe nogen rolle. Følgelig er sagsøgernes klagepunkt uvirksomt, for så vidt som det har til formål at kritisere analysen af, hvorvidt disse kontrakter kan tilregnes staten. Hvad derimod angik de med VTAN indgåede kontrakter skal det fremhæves, at Kommissionen i 277. betragtning til den anfægtede afgørelse fastslog, at VTAN’s forretningspolitik i forhold til sagsøgerne i vid udstrækning var blevet påvirket af en ramme fastsat af den blandede ejergruppe, hvilket havde fået VTAN til at fjerne sig fra den normale handlemåde hos en lufthavnsforvalter, som er fri i sin forretningspolitik og styres af udsigterne til rentabilitet. Efter sin analyse konkluderede Kommissionen i 299. betragtning til den anfægtede afgørelse, at de med VTAN indgåede kontrakter skulle anses for at kunne tilregnes den blandede ejergruppe og dermed Den Franske Republik i bred forstand. Derfor skal det foreliggende klagepunkt undersøges, for så vidt som sagsøgerne har anført, at Kommissionen fejlagtigt ikke dokumenterede, at de foranstaltninger, som den blandede ejergruppe traf til sagsøgernes fordel, kunne tilregnes Den Franske Republik i bred forstand, idet påvirkningen fra VTAN’s forretningspolitik var favorabel over for dem. Der skal i den forbindelse først henvises til den retspraksis, hvorefter foranstaltninger truffet af regionale forvaltningsmyndigheder eller andre indenstatslige enheder på samme måde som foranstaltninger truffet af centralmagten falder inden for anvendelsesområdet for artikel 107, stk. 1, TEUF, såfremt de i denne bestemmelse fastsatte betingelser er opfyldt (jf. den i præmis 85 ovenfor nævnte retspraksis). Det skal i den konkrete sag fastslås, at Kommissionen i 26. og 572. betragtning til den anfægtede afgørelse fremhævede, at den blandede ejergruppe var et offentligt foretagende, der omfattede tre regionale forvaltningsmyndigheder, nemlig departementsrådet i Gard, sammenslutningen af byområdet Nîmes Métropole og sammenslutningen af byområdet Grand Alès en Cévennes. I øvrigt angav Kommissionen i 572. og 573. betragtning til den anfægtede afgørelse, at beslutninger truffet af regionale forvaltningsmyndigheder skulle anses for at kunne tilregnes staten i bred forstand, og at denne konklusion i forlængelse heraf gjaldt for en gruppe af lokale og regionale forvaltningsmyndigheder som den blandede ejergruppe. Endvidere bemærkede Kommissionen i 573. betragtning til den anfægtede afgørelse, at den blandede ejergruppe blev administreret af et fagligt udvalg, der udelukkende bestod af delegerede repræsentanter for de lokale og regionale forvaltningsmyndigheder, som var medlemmer af ejergruppen. Kommissionen udledte heraf i 573. betragtning til den anfægtede afgørelse, at alle den blandede ejergruppes beslutninger kunne tilregnes staten. På baggrund af den i præmis 85 ovenfor omtalte retspraksis skal denne konklusion tiltrædes. Denne konklusion afsvækkes ikke af sagsøgernes argument om, at den blandede ejergruppe er en virksomhed, der leverer lufthavnstjenester, og at Kommissionen som følge heraf var forpligtet til at bedømme, hvorvidt den blandede ejergruppes beslutninger kunne tilregnes staten, på grundlag af de kriterier, der blev opstillet i dom af 16. maj 2002, Frankrig mod Kommissionen ( C-482/99 , EU:C:2002:294 ). Det skal således fremhæves, at Kommissionen i 277. betragtning til den anfægtede afgørelse fastslog, at VTAN’s handlemåde over for sagsøgerne ikke skulle betragtes uafhængigt af handlemåden hos den blandede ejergruppe – som var en sammenslutning af offentlige myndigheder, der handlede som overdragende myndighed i forbindelse med tildeling og iværksættelse af kontrakten om offentlig tjenesteydelser – og navnlig, at VTAN’s forretningspolitik over for sagsøgerne i vid udstrækning var blevet påvirket af en ramme fastsat af den blandede ejergruppe. Selv om den blandede ejergruppe ligesom andre statsorganer kan udøve virksomhedsaktiviteter, skal det fastslås, at den udgør en sammenslutning af regionale myndigheder, som i øvrigt i det konkrete tilfælde agerede som overdragende myndighed ved uddelegeringen af en offentlig tjenesteydelse, og at der derfor ikke var grund til at dokumentere, at de af denne ejergruppe trufne foranstaltninger kunne tilregnes staten på grundlag af den fremgangsmåde, der blev fastsat ved dom af 16. maj 2002, Frankrig mod Kommissionen ( C-482/99 , EU:C:2002:294 ). Følgelig må det foreliggende klagepunkt forkastes. 3. Klagepunktet om, at VTAN’s afgørelser blev tilregnet staten Sagsøgerne har anført, at afgørelser truffet af en privat virksomhed såsom VTAN ikke i almindelighed kan tilregnes staten, navnlig ikke hvor staten ikke har nogen ejendomsret over den pågældende virksomhed. Under alle omstændigheder påviste Kommissionen ikke, at de af VTAN trufne afgørelser kunne tilregnes staten. Den blandede ejergruppes blotte påvirkning af VTAN’s handlemåde gennem aftalen om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse er således ikke tilstrækkelig i denne henseende. I øvrigt undlod den blandede ejergruppe systematisk at udøve sin beføjelse til at påvirke VTAN i dette selskabs forhandlinger med Ryanair. VTAN kunne desuden ifølge sagsøgerne frit søge at udskifte Ryanair og havde en bred margen til at forhandle om kontrakterne med sagsøgerne. Kommissionen har bestridt sagsøgernes argumentation. Det skal hertil bemærkes, at der efter fast praksis ikke sondres mellem tilfælde, hvor støtten ydes direkte af staten, og tilfælde, hvor støtten ydes af offentlige eller private organer, som staten opretter eller udpeger med henblik på at administrere støtten. Det bør derfor ikke være muligt efter EU-retten at omgå statsstøttereglerne blot ved at oprette selvstændige institutioner, som foretager støttetildelingen (jf. dom af 16.5.2002, Frankrig mod Kommissionen, C-482/99 , EU:C:2002:294 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Den omstændighed, at staten udpeger en privat enhed til støttetildeling, kan heller ikke i sig selv medføre, at statsstøttereglerne ikke finder anvendelse på de foranstaltninger, som denne enhed vedtager. Hvad angår betingelsen om foranstaltningens tilregnelse skal der foretages en undersøgelse af, om de offentlige myndigheder må anses for at være impliceret i vedtagelsen af denne foranstaltning (jf. dom af 19.12.2013, Association Vent De Colère! m.fl., C-262/12 , EU:C:2013:851 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Følgelig skal det undersøges, om Kommissionen efter sin analyse af den statslige tilregnelse med rette kunne fastslå, at den blandede ejergruppe var impliceret i indgåelsen af de kontrakter, som VTAN indgik med sagsøgerne. Det må i denne forbindelse konstateres, at Kommissionen i 278.-299. betragtning til den anfægtede afgørelse identificerede en række indikatorer til støtte for, at den blandede ejergruppe var impliceret. For det første fastslog Kommissionen, at den aftale om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse, der var indgået mellem den blandede ejergruppe og Veolia Transport, og hvis gennemførelse blev overdraget til VTAN, ikke begrænsede sig til at tildele VTAN den kommercielle drift af Nîmes lufthavn, men ligeledes betroede dette selskab en opgave med udvikling af luftfarten. Ifølge Kommissionen forpligtede og påvirkede denne aftale om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse således VTAN’s forretningspolitik over for luftfartsselskaberne, og det især fordi udviklingen af luftfarten ikke i sig selv er endemålet for en privat lufthavnsforvalter, som står helt frit med hensyn til sin forretningspolitik. En sådan privat forvalters mål er at maksimere sin rentabilitet, som under alle omstændigheder ikke er forenelig med udvikling af luftfarten (278.-281. betragtning til den anfægtede afgørelse). Endvidere fastslog Kommissionen, at Veolia Transports svar på udbuddet var blevet påvirket af det trafikudviklingsmål, den blandede ejergruppe havde fastsat, og mere generelt af de mål for lokal økonomisk udvikling, som den blandede ejergruppe forfulgte (282.-285. betragtning til den anfægtede afgørelse). For det andet fastslog Kommissionen, at de forskellige udtalelser fra Veolia Transport under udbudsprocessen bekræftede, at dette selskab var bevidst om, at forretningsforholdet med Ryanair kunne skade rentabiliteten af driften af Nîmes lufthavn, og at selskabet kun var parat til at fortsætte denne relation på lignende betingelser som dem, som handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigan tidligere havde fastsat, på grund af den blandede ejergruppes mål for trafikudviklingen, tilsagnene afgivet over for den blandede ejergruppe for at få tildelt forvaltningen af denne lufthavn, og det faste bidrag, som den blandede ejergruppe tilbød, og som sikrede den finansielle balance i koncessionen (287. betragtning til den anfægtede afgørelse). Hvad for det tredje angik dette faste driftstilskud fastslog Kommissionen, at rentabiliteten af VTAN’s koncession byggede på dette bidrag, at bidragsbeløbet var blevet beregnet på grundlag af et foreløbigt budget, der omfattede udgifter og indtægter i forbindelse med de pågældende kontrakter, og at den blandede ejergruppe derfor havde ydet VTAN et bidrag, som gjorde det muligt at videreføre Ryanairs virksomhed på de samme vilkår som dem, hvorpå Ryanair tilbød sine tjenesteydelser fra Nîmes lufthavn, da handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigan drev lufthavnen. I øvrigt fremhævede Kommissionen, at gradueringen af det faste bidrag i forhold til Ryanairs aktivitet mindskede VTAN’s incitamenter til at træffe beslutninger, som kunne forårsage en nedgang i Ryanairs trafik (288., 289. og 291. betragtning til den anfægtede afgørelse). Det skal fastslås, at Kommissionen i retligt tilstrækkeligt omfang påviste, at de rammer, som den blandede ejergruppe havde fastsat gennem udbudsprocessen, målene i aftalen om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse og det faste bidrag – således som angivet af Kommissionen i 292. og 293. betragtning til den anfægtede afgørelse – havde haft en tilstrækkeligt afgørende indflydelse på VTAN’s handlemåde over for sagsøgerne til, at de pågældende kontrakter kunne tilregnes staten efter retspraksis. Følgelig skal den konklusion fra Kommissionen, der er anført i 299. betragtning til den anfægtede afgørelse, tiltrædes, hvorefter årsagssammenhængen mellem på den ene side vilkårene i aftalen om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse, udbudsprocessen og det faste bidrag, og på den anden side de kontrakter, som VTAN havde indgået med sagsøgerne, var tilstrækkeligt stærk til at påvise, at den blandede ejergruppe var klart involveret i de pågældende foranstaltninger, således at disse foranstaltninger skulle tilregnes denne ejergruppe. Ingen af sagsøgerens argumenter kan ændre ved denne konklusion. For det første har sagsøgerne således anført, at den blandede ejergruppes blotte påvirkning af VTAN’s handlemåde gennem den aftale om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse, der blev indgået mellem den blandede ejergruppe og Veolia Transport, ikke svarer til en statskontrol og ikke giver grundlag for en tilregnelse til staten. Imidlertid rummer dette udsagn en fejlagtig fortolkning af den anfægtede afgørelse, hvilken afgørelse bygger på en række indikatorer for at fastslå, at den blandede ejergruppe udøvede en afgørende indflydelse på VTAN’s afgørelser vedrørende sagsøgerne. Kommissionen begrænsede sig derfor ikke i den anfægtede afgørelse til at påvise, at der forelå en simpel statslig indflydelse på en virksomheds handlemåde, da den fastslog en tilregnelse til staten. For det andet har sagsøgerne gjort gældende, at den blandede ejergruppe systematisk undlod at udøve sin beføjelse til at påvirke VTAN’s adfærd i forhandlingerne med Ryanair. Dette argument er dog uvirksomt. Det fremgår således af 296. betragtning til den anfægtede afgørelse, at den blotte mulighed, som den blandede ejergruppe havde for at involvere sig i disse forhandlinger, gav denne en vis indflydelse, og at denne ejergruppe kunne have grebet ind, hvis VTAN havde forsøgt at pålægge Ryanair vilkår, som kunne have tilskyndet dette luftfartsselskab til at nedbringe sin trafik i Nîmes lufthavn. Som angivet af Kommissionen vidste VTAN, at den blandede ejergruppe kunne gribe ind, og VTAN havde al mulig grund til at tage hensyn til denne omstændighed ved sine egne beslutninger, hvilke beslutninger i øvrigt allerede indgik i den ramme, der var fastsat af den blandede ejergruppe. For det tredje har sagsøgerne anført, at VTAN havde en stor handlefrihed til at forhandle om kontrakter med dem. Det skal hertil fremhæves, at selv om Kommissionen i den anfægtede afgørelse angav, at den aftale om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse, der var indgået mellem den blandede ejergruppe og Veolia Transport, omtalte »en fuldstændig frihed« for VTAN til at forhandle om kontrakterne med lufthavnsbrugerne, forklarede Kommissionen derefter, at denne frihed kun kunne udøves inden for de generelle rammer, som var fastsat i den nævnte aftale om uddelegering og Veolia Transports forpligtelser som svar på udbuddet, idet disse kunne begrænse og i betydelig grad påvirke VTAN’s handlemåde. Det må i øvrigt konstateres, at uagtet at VTAN havde en vis forretningsmæssig handlefrihed til at forhandle om kontrakterne (292. og 299. betragtning til den anfægtede afgørelse), påviste Kommissionen i retligt tilstrækkeligt omfang – på grundlag af de overensstemmende indikatorer, der er opregnet i præmis 131 ovenfor – at disse generelle rammer havde ført til, at den blandede ejergruppe udøvede en tilstrækkeligt afgørende indflydelse på VTAN’s forretningsmæssige forbindelser til sagsøgerne til at fastslå en tilregnelse til staten. Sagsøgerne har ikke fremført nogen oplysning, der beviser, at den omstændighed, at VTAN havde en forretningsmæssig handlefrihed, rejste tvivl om Kommissionens tilregnelsesanalyse. For det fjerde finder sagsøgerne, at det fremgår af den anfægtede afgørelse, at de franske myndigheder har bekræftet VTAN’s aftalefrihed. I 92. betragtning til den anfægtede afgørelse, som sagsøgerne har støttet sig på, fremføres imidlertid, og som Kommissionen med rette har angivet, blot de af medlemsstaten forelagte oplysninger om den procedure, som blev fulgt inden for VTAN selv med henblik på vedtagelsen af dette selskabs beslutninger, og Kommissionen udtalte sig ikke i denne betragtning om den blandede ejergruppes indflydelse på indholdet af de kontrakter, som VTAN havde indgået. For det femte har sagsøgerne gjort gældende, at VTAN frit kunne søge at udskifte Ryanair, og at der ikke gjaldt nogen sanktion for denne type beslutning. Denne omstændighed kan imidlertid, og som Kommissionen med rette har angivet, ikke have en indvirkning på spørgsmålet om, hvorvidt de omhandlede kontrakter kan tilregnes staten. Den blandede ejergruppe kunne således lige så vel stille sig tilfreds med en anden transportør valgt af VTAN. Det forholder sig ikke desto mindre således, at den blandede ejergruppe udøvede en afgørende indflydelse på de vilkår, som VTAN tilbød luftfartsselskaberne, gennem de generelle rammer, som var fastsat ved hjælp af udbudsprocessen, de trafikudviklingsmål, der var fastsat i den aftale om uddelegering af en offentlig tjenesteydelse, der var indgået mellem den blandede ejergruppe og Veolia Transport, og det faste bidrag. I øvrigt – og som Kommissionen med rette har fremhævet – var den mulighed for erstatning af Ryanairs aktivitet, der er omtalt i 411. betragtning til den anfægtede afgørelse, alene planlagt på længere sigt og ikke i løbet af den periode, som den nævnte afgørelse vedrører. For det sjette har sagsøgerne anført, at der ikke var fastsat nogen sanktion for det tilfælde, at VTAN ikke opfyldte sine tilsagn over for den blandede ejergruppe, undtagen risikoen for at få skadet sit omdømme. Imidlertid hviler dette udsagn på en fejlagtig læsning af den anfægtede afgørelse. 286. betragtning til denne afgørelse henviser således på ingen måde til sanktioner, men fastslår, at VTAN’s handlemåde over for sagsøgerne grundlæggende blev påvirket af det trafikudviklingsmål, som den blandede ejergruppe havde fastsat. Kommissionen bemærkede i denne sammenhæng i den nævnte betragtning, at tilbuddet fra den tjenesteyder, der endte med at blive valgt, nødvendigvis bandt denne i hele koncessionens varighed – juridisk, men tillige i andre henseender – og udtalte, at en virksomhed, der formulerer mål og forpligtelser i et svar på et udbud afholdt af en lokal myndighed, og som siden handler i modstrid med disse mål og forpligtelser, vil løbe en risiko for at skade sit omdømme hos de lokale myndigheder. Kommissionen udledte heraf, at Veolia Transport, der i 2007 søgte at etablere sig på markedet for lufthavnsforvaltning, ikke ville have løbet en sådan risiko. Hvad for det syvende og endelig angår sagsøgernes argument om, at den blandede ejergruppe højst havde afgivet forsikringer over for VTAN for at dække visse tab i tilfælde af, at VTAN skulle beslutte at videreføre en »arvet situation« med sagsøgerne, skal det fremhæves, at Kommissionen i 278.-299. betragtning til den anfægtede afgørelse udledte, at de omhandlede kontrakter kunne tilregnes staten, ikke kun på grund af ydelsen af det faste bidrag til sikring af balancen i Nîmes lufthavn, men ligeledes på grund af en helhed af forhold, herunder navnlig tilsagnene om trafikudvikling, som kunne skade rentabiliteten af denne lufthavn, og som kun ville have været acceptable, såfremt der blev ydet en finansiel godtgørelse. På baggrund af det ovenstående må det nærværende klagepunkt og følgelig det andet anbringende forkastes. C. Det tredje anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, idet Kommissionen urigtigt fastslog, at VTAN’s midler var statsmidler Sagsøgerne har gjort gældende, at Kommissionen ikke godtgjorde, at betingelsen om anvendelse af statsmidler var opfyldt. Det faste bidrag fra den blandede ejergruppe til VTAN var således omfattet af VTAN’s kontrol, og dette selskab havde ret til frit at bestemme over bidragets anvendelse og til ikke at overføre det til sagsøgerne. VTAN’s midler forblev derfor ikke konstant under offentlig kontrol som omhandlet i retspraksis. Der skal i denne forbindelse indledningsvis erindres om, at betingelsen for at anse fordele for støtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF bl.a. er, at disse ydes direkte eller indirekte ved hjælp af statsmidler (jf. i denne retning dom af 16.5.2002, Frankrig mod Kommissionen, C-482/99 , EU:C:2002:294 , præmis , og af 19.12.2013, Association Vent De Colère! m.fl., C-262/12 , EU:C:2013:851 , præmis ). Begrebet støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler, omfatter ud over fordele ydet direkte af staten i denne forbindelse også fordele, der ydes af offentlige eller private organer, der er udpeget eller oprettet af staten med henblik på at forvalte støtten (jf. dom af 19.12.2013, Association Vent De Colère! m.fl., C-262/12 , EU:C:2013:851 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Domstolen har ligeledes fastslået, at artikel 107, stk. 1, TEUF omfatter alle økonomiske midler, som offentlige myndigheder faktisk kan anvende til at støtte virksomheder, uden at det har nogen betydning, om disse midler til stadighed udgør en del af statens formue. Det er ikke nødvendigt, at de beløb, som er anvendt til den pågældende foranstaltning, tilhører statskassen, men det er tilstrækkeligt til at anse dem for statsmidler, at de til stadighed er under de offentlige myndigheders kontrol og dermed står til rådighed for de kompetente nationale myndigheder (jf. dom af 19.12.2013, Association Vent De Colère! m.fl., C-262/12 , EU:C:2013:851 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Det forhold, at de omhandlede midler administreres af enheder, der ikke henhører under den offentlige myndighed, er i denne forbindelse uden betydning (jf. i denne retning dom af 2.7.1974, Italien mod Kommissionen, 173/73 , EU:C:1974:71 , præmis ). Det er i den foreliggende sag ubestridt, at der er blevet overført statsmidler i form af et fast bidrag fra den blandede ejergruppe til VTAN, der er en privat virksomhed, som forvalter lufthavnen. I øvrigt skal det fastslås, at Kommissionen i 300. betragtning til den anfægtede afgørelse under henvisning til 298. betragtning til denne afgørelse anførte, at den finansielle balance i driften af Nîmes lufthavn byggede på det faste bidrag fra den blandede ejergruppe, hvis størrelse bl.a. blev fastsat i forhold til parametrene for forretningsforholdet mellem handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigan og sagsøgerne i 2006 og dermed på en måde, som gjorde det muligt for Ryanair at videreføre sin aktivitet med flyafgange fra Nîmes lufthavn på de samme vilkår, som da dette handels- og industrikammer drev denne lufthavn. Kommissionen udledte heraf i den samme betragtning, at de fordele, som disse kontrakter gav sagsøgerne, derfor var blevet finansieret ved hjælp af dette faste bidrag og som følge heraf ved hjælp af statsmidler. Kommissionen fastslog bl.a. i 288. betragtning til den anfægtede afgørelse, at rentabiliteten i koncessionen for VTAN byggede på det faste tilskud fra den blandede ejergruppe, som dermed direkte deltog i finansieringen af driften af Nîmes lufthavn. Kommissionen forklarede, at dette tilskud fra den blandede ejergruppe viste ejergruppens indflydelse på VTAN’s forretningsforhold til sagsøgerne, eftersom det uden dette tilskud var sandsynligt, at ingen forvalter ville have accepteret at drive denne lufthavn inden for rammerne af en koncession, hvis økonomiske model byggede på et mål om trafikudvikling og relationer med et luftfartsselskab, som kunne give en negativ fortjeneste ved lufthavnsforvaltningen. Kommissionen fandt, at tildelingen af det pågældende tilskud således var en del af de elementer, der havde muliggjort indgåelsen af kontrakterne med sagsøgerne. Under disse vilkår er de kriterier, der er opstillet i den i præmis 145 ovenfor omtalte retspraksis, opfyldt. Det fremgår således af den anfægtede afgørelse, at den blandede ejergruppe ydede VTAN et bidrag, som gjorde det muligt at videreføre Ryanairs virksomhed på de samme vilkår som dem, der gjaldt, da handels- og industrikammeret i Nîmes-Uzès-Le Vigan drev Nîmes lufthavn (jf. ligeledes 289. betragtning til den anfægtede afgørelse), og at VTAN uden dette bidrag ville have betalt samtlige de fordele, der blev ydet sagsøgerne i henhold til de indgåede kontrakter. Den omstændighed, at VTAN havde en vis handlefrihed til at forhandle om sine kontrakter med sagsøgerne, og at der ikke eksisterede nogen mekanisk sammenhæng mellem det faste bidrags størrelse og parametrene for de forhandlede kontrakter, medfører ikke, at sammenhængen mellem dette bidrag og den fordel, som sagsøgerne nød godt af, fjernes. Det må således fastslås, at det faste bidrag til VTAN i økonomisk henseende muliggjorde indgåelsen af kontrakterne med sagsøgerne og gjorde det muligt for VTAN at undgå betaling af omkostningerne ved de fordele, som sagsøgerne opnåede i henhold til disse kontrakter. Disse fordele er således slutresultatet af udbetalingen af det faste bidrag til VTAN (jf. i denne retning dom af 19.9.2000, Tyskland mod Kommissionen, C-156/98 , EU:C:2000:467 , præmis og ). På grundlag af samtlige de anførte betragtninger må det tredje anbringende forkastes. D. Det fjerde anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF, idet Kommissionen ikke påviste, at der forelå en selektiv fordel [ udelades ] 2. Det andet led om urigtige vurderinger og begrundelsesmangler hvad angår beslutningen om at afvise den komparative analyse i den foreliggende sag [ udelades ] b) Klagepunkterne om begrundelsen i den anfægtede afgørelse for i den foreliggende sag at afvise den komparative analyse [ udelades ] 2) Klagepunktet om, at Kommissionen urigtigt fastslog, at den komparative analyse skulle baseres på en sammenligning af de pågældende kontrakter under ét med andre tilsvarende transaktioner 3) Klagepunktet om, at Kommissionen urigtigt fastslog, at de omhandlede kontrakter skabte meromkostninger, der oversteg merindtægterne 4) Klagepunktet om, at Kommissionen urigtigt fastslog, at de af Ryanair fremlagte beviser ikke dokumenterede, at de lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, var tilstrækkeligt sammenlignelige med Nîmes lufthavn, samt om en begrundelsesmangel i denne forbindelse Sagsøgerne har gjort gældende, at Kommissionen med urette anførte, at Ryanair ikke havde dokumenteret, at de fem lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, var tilstrækkeligt sammenlignelige med Nîmes lufthavn. For det første har sagsøgerne i denne forbindelse anført, at Kommissionen hverken tilbageviste den »specifikke udvælgelse« af referencelufthavnene eller de detaljerede argumenter i den nævnte undersøgelse, der blev suppleret af yderligere undersøgelser. Under disse omstændigheder udgjorde Kommissionens afvisning af de udvælgelseskriterier, der er anført i denne undersøgelse, en åbenbart urigtig vurdering og en begrundelsesmangel. Sagsøgerne har i replikken anført, at de argumenter, som Kommissionen har fremført for Retten for at rejse tvivl om det valg af referencelufthavne, der blev foretaget i undersøgelsen af 28. september 2012, ikke fremgår af den anfægtede afgørelse og ikke efterfølgende kan afhjælpe den begåede fejl eller begrundelsesmanglen. For det andet har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionen aldrig har rettet henvendelse til en privat lufthavn eller en lufthavn drevet af en privat aktør for at skaffe sig oplysninger om de anvendte priser og dermed ikke har bestræbt sig på at finde nogen referencelufthavn, til trods for at disse åbenlyst findes. Hvad angår argumentationen om, at Kommissionen urigtigt fastslog, at de af Ryanair fremlagte beviser ikke dokumenterede, at de lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, var tilstrækkeligt sammenlignelige med Nîmes lufthavn, skal det hertil bemærkes, at den manglende hensyntagen til kontrakterne om markedsføringstjenester, som angivet af Kommissionen, allerede var tilstrækkelig til at udelukke den metode, der blev anvendt i den nævnte undersøgelse (383. betragtning til den anfægtede afgørelse). Anvendelsen af kriteriet om den private investor på det konkrete tilfælde krævede således, at alle kombinationerne af en kontrakt om lufthavnstjenester og en tilsvarende kontrakt om markedsføringstjenester – hvilke kontrakter hver gang skulle anses for én enkelt transaktion – skulle analyseres samlet (jf. præmis 207-212 ovenfor). Følgelig skal denne argumentation forkastes som uvirksom. Den omstændighed, at den anfægtede afgørelse ikke for hver enkelt af de lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, præciserer grundene til, at de ikke kunne anvendes som sammenligningsgrundlag, giver i øvrigt ikke som sådan grundlag for at konkludere, at der foreligger en begrundelsesmangel som omhandlet i artikel 296 TEUF. Det skal hertil bemærkes, at det fremgår af fast retspraksis, at den begrundelse, som kræves i henhold til artikel 296 TEUF, skal tilpasses karakteren af den pågældende retsakt og klart og utvetydigt angive de betragtninger, som den institution, der har udstedt den anfægtede retsakt, har lagt til grund, således at de berørte parter kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, og således at den kompetente ret kan udøve sin prøvelsesret. Det nærmere indhold af begrundelseskravet skal fastlægges i lyset af den konkrete sags omstændigheder, navnlig indholdet af den pågældende retsakt, indholdet af de anførte grunde samt den interesse, som retsaktens adressater samt andre, der må anses for umiddelbart og individuelt berørt af retsakten, kan have i begrundelsen. Det kræves ikke, at begrundelsen angiver alle de forskellige relevante faktiske og retlige momenter, da spørgsmålet, om en beslutnings begrundelse opfylder kravene efter nævnte bestemmelse, ikke blot skal vurderes i forhold til ordlyden, men ligeledes til den sammenhæng, hvori den indgår, samt under hensyn til alle de retsregler, som gælder på det pågældende område (jf. dom af 2.4.1998, Kommissionen mod Sytraval og Brink’s France, C-367/95 P , EU:C:1998:154 , præmis og den deri nævnte retspraksis). I den konkrete sag påpegede Kommissionen i 378. betragtning til den anfægtede afgørelse sin tvivl således som udtrykt i 2014-retningslinjernes punkt 59 om, hvorvidt der på indeværende tidspunkt kunne defineres et passende sammenligningsgrundlag til fastsættelse af en korrekt markedspris for ydelser, der leveredes af lufthavnene. Ydermere fastslog Kommissionen i 384. betragtning til den anfægtede afgørelse – under henvisning til de parametre, der er opregnet i 2014-retningslinjernes punkt 60 – at Ryanair ikke havde påvist, i hvilket omfang de i undersøgelsen nævnte lufthavne var tilstrækkeligt sammenlignelige, idet Kommissionen tog hensyn til trafikkens omfang, trafiktypen, de ydede lufthavnstjenesters type og niveau, lufthavnens placering i forhold til en storby, antallet af indbyggere i lufthavnens opland, velstandsniveauet i det omkringliggende område og tilstedeværelsen af andre geografiske områder, som kunne tiltrække passagererne. Ganske vist præciserede Kommissionen ikke i den anfægtede afgørelse mere detaljeret grundene til, at den ikke anvendte den stikprøve af lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, som gyldigt sammenligningsgrundlag. Hvad angår fastlæggelsen af referencelufthavnene kan det imidlertid ikke bestrides, at denne beror på komplekse tekniske vurderinger. Da Kommissionens ræsonnement klart fremgik af den anfægtede afgørelse, således at det efterfølgende var muligt at bestride rigtigheden af afgørelsen for den kompetente domstol, vil det være uforholdsmæssigt at kræve en særlig begrundelse for de enkelte afgørelser af teknisk art eller de talmæssige oplysninger, der dannede grundlag for dette ræsonnement (jf. i denne retning dom af 1.7.2008, Chronopost og La Poste mod UFEX m.fl., C-341/06 P og C-342/06 P , EU:C:2008:375 , præmis , og af 27.4.2017, Germanwings mod Kommissionen, T-375/15 , ikke trykt i Sml., EU:T:2017:289 , præmis ; jf. ligeledes analogt dom af 12.7.2005, Alliance for Natural Health m.fl., C-154/04 og C-155/04 , EU:C:2005:449 , præmis ). For at sagsøgerne kunne forstå Kommissionens ræsonnement, forekom det således ikke nødvendigt at give en redegørelse i den anfægtede afgørelse i forhold til hver enkelt af de lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, for grundene til, at disse lufthavne ikke kunne anvendes. Sagsøgerne var således i stand til for Retten at anfægte Kommissionens afvisning af den stikprøve af lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012. Argumentationen om en begrundelsesmangel skal derfor forkastes. Endvidere har sagsøgerne ikke påvist, at Kommissionen foretog en åbenbart urigtig vurdering vedrørende metoden til udvælgelse af sammenligningslufthavnene. De har i denne henseende anført, at Kommissionen urigtigt fastslog, at Ryanair ikke havde foreslået en stikprøve af referencelufthavne, der inkluderede lufthavne, der var tilstrækkeligt sammenlignelige med Nîmes lufthavn. Sagsøgerne har anført, at den af Ryanair fremlagte undersøgelse af 28. september 2012 indeholdt en systematisk sammenligning mellem de vilkår, der blev fastsat i de kontrakter om lufthavnstjenester, der blev underskrevet med andre lufthavne, hvoraf flertallet var private, privat drevne eller opererede som markedsøkonomisk investorer, og havde flere fælles kendetegn med Nîmes lufthavn. Kommissionen har heroverfor anført, at dette udsagn afkræftes af en indgående undersøgelse af de lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012. Hvad på den ene side angår spørgsmålet om fastlæggelsen af pålidelige referencegrundlag har Kommissionen i denne forbindelse angivet, for det første, at Bournemouth lufthavn tilhørte en hovedsagelig statsejet enhed og havde en negativ rentabilitet i 2012, for det andet, at Prestwick lufthavn var tabsgivende, inden dens private ejer afhændede den til den skotske regering i november 2013, for det tredje, at Maastricht lufthavn havde modtaget væsentlige tilskud siden 2004 og ligeledes var overgået til offentligt ejerskab i 2013 efter tilsyneladende at have måttet reddes af den nederlandske stat, og for det fjerde, at Knock lufthavn skønt privat ejet havde modtaget betragtelige offentlige midler, nemlig kapitaltilskud i størrelsesorden 13 mio. EUR mellem 1997 og 2012. Hvad på den anden side angår kendetegnene som omhandlet i 2014-retningslinjernes punkt 60 ved de lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, har Kommissionen forklaret, at de under alle omstændigheder var vidt forskellige fra kendetegnene ved Nîmes lufthavn: – Det fremgår af undersøgelsen af 28. september 2012, at det samlede omfang af passagertrafikken i lufthavnen varierede betydeligt fra den ene lufthavn til den anden, og det på endnu mere iøjnefaldende vis hvad angik omfanget af passagerer, der rejste med Ryanair i disse lufthavne. – Aktiviteterne i Grenoble lufthavn var stærkt koncentreret på vintersæsonen. – Maastricht lufthavn havde omfattende fragtaktiviteter. – De byer, der var beliggende tættest på hver lufthavn, er af meget forskellige størrelse. Med hensyn til parametret om nærheden til en storby nævner undersøgelsen af 28. september 2012 således byen Nîmes og for Knock lufthavn byen Sligo (Irland), men afstandene varierer kraftigt. – Hvad angår parametret om antallet af indbyggere i lufthavnens opland henviser undersøgelsen af 28. september 2012 udelukkende til befolkningen i den største by i en radius på 150 kilometer og ikke til antallet af indbyggere i lufthavnens opland. – Hvad angår parametret om velstandsniveauet i det omkringliggende område afspejler referencegrundlagene i de regioner, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, ikke nøjagtigt de pågældende lufthavnes omkringliggende områder, og velstandsniveauet varierer væsentligt fra den ene region til den anden. – Parametret om lufthavnens bagland optræder ikke i undersøgelsen af 28. september 2012, hverken for de afrejsende passagerer eller for de ankommende passagerer. I betragtning af Middelhavskystens turistmæssige tiltrækningskraft er Nîmes lufthavn imidlertid primært orienteret mod de ankommende passagerer, hvorimod lufthavnene i Prestwick og Bournemouth tilbyder et potentielt marked for de afrejsende passagerer. Det følger heraf, at Kommissionen på grundlag af alle disse forhold uden at foretage en åbenbart urigtig vurdering kunne fastslå, at de lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, ikke var tilstrækkeligt sammenlignelige med Nîmes lufthavn. De af sagsøgerne fremførte argumenter kan ikke rejse tvivl om denne konklusion. Hvad for det første angår argumentet om, at Bournemouth lufthavn genererede overskud mellem 2001 og 2011 uden at modtage tilskud, skal det fremhæves, at selv om denne oplysning ganske vist er relevant i forhold til at anse denne lufthavns handlemåde for en markedsøkonomisk aktørs handlemåde, forholder det sig ikke desto mindre således, at denne lufthavn tilhører en offentlig enhed. Hvad for det andet angår sagsøgernes argument om, at Prestwick lufthavn ikke kun var i privat eje, men tillige var rentabel mellem 2000 og 2008, skal det fastslås, at selv om disse omstændigheder taler til fordel for en markedsøkonomisk aktørs handlemåde, rejser de ikke tvivl om den præcisering, Kommissionen har foretaget i sine processkrifter og i retsmødet, ifølge hvilken denne lufthavn var blevet tabsgivende og havde måttet afhændes til den skotske regering i november 2013 og følgelig ikke udgjorde et egnet sammenligningsgrundlag med henblik på fastlæggelsen af en korrekt markedspris for lufthavnstjenesterne (jf. 378. betragtning til den anfægtede afgørelse). Hvad for det tredje angår sagsøgernes argument om, at Ryanair på den ene side havde drevet adskillige sommerflyforbindelser til og fra Grenoble lufthavn mellem 2006 og 2009, og at denne lufthavn på den anden side blev drevet af en privat aktør, der pålagde de højeste lufthavnsafgifter blandt referencelufthavnene, må det konstateres, at selv om Ryanair drev flyforbindelser uden for vintersæsonen, forekom disse aktiviteter ikke at have ført til en opretholdelse af disse tjenester hele året rundt. I denne henseende modsiger sagsøgernes argument ikke Kommissionens konstatering af, at aktiviteterne i Grenoble lufthavn var stærkt koncentreret på vintersæsonen, hvilket adskilte denne lufthavn fra situationen i Nîmes lufthavn, hvor Ryanair i det mindste havde drevet et vist antal daglige forbindelser hele året rundt, som det fremgår af den anfægtede afgørelse. Hvad for det fjerde angår sagsøgernes argument om, at kapitalindskuddene til fordel for Knock lufthavn ifølge de af Kommissionen fremlagte oplysninger kun beløb sig til 6% af denne lufthavns aktiver for perioden mellem 2002 og 2012, skal det bemærkes, at Kommissionen uden at foretage en åbenbart urigtig vurdering kunne fastslå, at en tilførsel af offentlige midler af et sådant omfang udgjorde en relevant oplysning ved denne institutions vurdering af, hvorvidt denne lufthavn var egnet som referencegrundlag. Hvad for det femte angår sagsøgernes argument om, at der blandt sammenligningslufthavnene var fire, som svarede til Nîmes lufthavn med hensyn til parametret om den samlede trafik eller Ryanairs trafik, skal det som bemærket af Kommissionen fastslås, at de tal, der er nævnt i undersøgelsen af 28. september 2012, viser, at den samlede passagertrafik i lufthavnene og Ryanairs trafik i disse lufthavne varierede betydeligt fra den ene lufthavn til den anden og set i forhold til Nîmes lufthavn. Det fremgår således af den nævnte undersøgelse, at der navnlig er betydelige forskelle mellem trafikken i Nîmes lufthavn og trafikken i lufthavnene i Prestwick (for hele den omhandlede periode), i Bournemouth og i Knock (for den sidste del af den omhandlede periode). Hvad angår sagsøgernes argument om, at undersøgelsen af 28. september 2012 i henseende til parametret om velstandsniveauet i det omkringliggende område viste data for Knock lufthavn på regionalt plan af hensyn til sammenligningen med det årlige bruttonationalprodukt pr. indbygger – selv om vurderingen af den månedlige indtægt blev vist for hele Irland – skal det ligeledes fastslås, at dette argument ikke kan afsvække Kommissionens konstateringer med hensyn til visse andre parametre. Følgelig og til trods for konstateringerne i præmis 242 og 243 ovenfor skal det konkluderes, at Kommissionen, henset til alle de pålidelige referencegrundlag og de forskellige parametre, der er omtalt i 365. betragtning til den anfægtede afgørelse, ikke foretog en åbenbart urigtig vurdering ved at afvise den stikprøve af sammenligningslufthavne, der blev foreslået i undersøgelsen af 28. september 2012. Hvad angår sagsøgernes argument om Kommissionens manglende bestræbelser på at forhøre sig hos private eller privat drevne lufthavne for at finde sammenligningskriterier skal det bemærkes, at dette klagepunkt omhandler rækkevidden af de undersøgelsesforpligtelser, der påhvilede Kommissionen, da den skulle anvende kriteriet om den markedsøkonomiske aktør på de omhandlede kontrakter. I henhold til retspraksis er Kommissionen ved anvendelsen af kriteriet om den private investor forpligtet til ved vurderingen af en foranstaltning at gennemgå alle de relevante forhold og disses sammenhæng (jf. i denne retning dom af 17.12.2008, Ryanair mod Kommissionen, T-196/04 , EU:T:2008:585 , præmis ). I denne forbindelse skal enhver oplysning, der i ikke uvæsentlig grad kan påvirke beslutningsprocessen for en privat markedsøkonomisk aktør, der normalt anses for forsigtig og tilbageholdende, og som befinder sig i en situation, der ligger så tæt som muligt på den situation, som den pågældende medlemsstat befinder sig i, anses for relevant (jf. analogt dom af 20.9.2017, Kommissionen mod Frucona Košice, C-300/16 P , EU:C:2017:706 , præmis ). Det skal ligeledes bemærkes, at retmæssigheden af en beslutning om statsstøtte af Unionens retsinstanser skal vurderes i forhold til de oplysninger, som Kommissionen kunne råde over på det tidspunkt, da den vedtog den (dom af 20.9.2017, Kommissionen mod Frucona Košice, C-300/16 P , EU:C:2017:706 , præmis ). De oplysninger, som Kommissionen »kunne råde over«, omfatter de oplysninger, som syntes relevante for de vurderinger, som skulle foretages i henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 251 ovenfor, og som den efter anmodning herom kunne have fået fremlagt under den administrative procedure. (jf. i denne retning dom af 20.9.2017, Kommissionen mod Frucona Košice, C-300/16 P , EU:C:2017:706 , præmis ). For det første skal det i den konkrete sag bemærkes, at Kommissionen i 378. betragtning til den anfægtede afgørelse påpegede sin tvivl således som udtrykt i 2014-retningslinjerne om, hvorvidt der på indeværende tidspunkt kunne defineres et passende sammenligningsgrundlag til fastsættelse af en korrekt markedspris for ydelser, der leveredes af lufthavnene. Kommissionen har navnlig i 2014-retningslinjernes punkt 56-58 henvist til, at langt de fleste EU-lufthavne modtager offentlig finansiering, at de offentlige myndigheder traditionelt har anset de offentligt ejede lufthavne for infrastrukturer til fremme af den lokale udvikling og ikke betragtet dem som virksomheder, der opererer på markedsvilkår, at priserne i de offentlige lufthavne derfor generelt ikke er blevet fastsat ud fra markedshensyn, men på grundlag af samfundsmæssige eller regionale hensyn, og at selv de private lufthavnes priser kan være stærkt påvirkede af de priser, der kræves af hovedparten af de lufthavne, som modtager offentlig støtte. Selv om det som forklaret af Kommissionen i retsmødet ikke er udelukket, at der kan findes et tilstrækkeligt antal egnede sammenligningslufthavne, fastslog denne institution derfor, at den ydelsesspecifikke rentabilitetsanalyse i overensstemmelse med 2014-retningslinjernes punkt 61 udgjorde det mest relevante kriterium med henblik på vurderingen af de omhandlede kontrakter. For det andet skal det påpeges, at Kommissionen i den anfægtede afgørelse nævnte forskellen mellem lufthavnenes omkostnings- og indtægtsstrukturer og den lave sammenlignelighed i transaktionerne mellem lufthavnene som hensyn, der begrundede en afvisning af den komparative analyse (362. og 363. betragtning til den anfægtede afgørelse). For det tredje skal det bemærkes, at Kommissionen i beslutningen om at indlede proceduren anmodede de berørte parter om at fremsætte bemærkninger, samtidig med at den tidligere i denne beslutning angav, at de franske myndigheder ikke var fremkommet med nogen sammenligningsfaktor, der gjorde det muligt at bedømme, om den af Ryanair betalte pris svarede til den normale markedspris. Under den administrative procedure fremlagde Ryanair således undersøgelsen af 28. september 2012, der viste en stikprøve af sammenligningslufthavne. Som svar på et spørgsmål fra Retten under retsmødet har Kommissionen forklaret, at selv om 2014-retningslinjerne fastsatte en mulighed for at gennemføre en komparativ analyse, gav oplysningerne i sagsakterne ikke i det konkrete tilfælde grundlag for at foretage en sådan analyse på en hensigtsmæssig måde. For det fjerde skal der – som angivet af Kommissionen – ved vurderingen af afgifterne for lufthavnstjenesterne tages hensyn til ikke blot de offentliggjorte priser, men ligeledes den store forskellighed af skræddersyede rabatter, der er aftalt med hvert enkelt luftfartsselskab, såvel som enhver kontrakt om markedsføringstjenester. Generelt er disse sidstnævnte oplysninger fortrolige, og Kommissionen kan ikke få fri adgang hertil. Under disse omstændigheder kunne Kommissionen uden at begå nogen fejl i det konkrete tilfælde vælge at foretage en ydelsesspecifik rentabilitetsanalyse fremfor en komparativ analyse, uden at den under sin undersøgelse havde inddraget de private eller privat drevne lufthavne med det formål at identificere eventuelle lufthavne, der var tilstrækkeligt sammenlignelige med Nîmes lufthavn, og at finde en stikprøve af sammenlignelige transaktioner i disse samme lufthavne. Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal sagsøgernes klagepunkt om, at Kommissionen urigtigt fastslog, at de af Ryanair fremlagte beviser ikke dokumenterede, at de lufthavne, der var udvalgt i undersøgelsen af 28. september 2012, var tilstrækkeligt sammenlignelige med Nîmes lufthavn, samt om en begrundelsesmangel i denne forbindelse, derfor forkastes. 5) Klagepunktet om, at Kommissionen urigtigt undlod at gennemføre en »fælles« komparativ analyse Sagsøgerne har gjort gældende, at selv hvis det antages, at betalingerne til AMS for markedsføringstjenesterne burde være blevet fratrukket de af Ryanair betalte lufthavnsafgifter med henblik på den komparative analyse, foretog Kommissionen ikke desto mindre en åbenbart urigtig vurdering ved ikke at gennemføre en sådan »fælles« analyse. Sagsøgerne har fremlagt en undersøgelse af 2. februar 2016 udarbejdet af deres økonomikonsulent og indeholdende en lignende analyse, ifølge hvilken de nettoafgifter, som Ryanair betalte til Nîmes lufthavn, når der tages højde for de betalinger, som AMS modtog som led i kontrakterne om markedsføringstjenester, var højere end de gennemsnitlige nettoafgifter, der blev betalt i sammenligningslufthavnene, såvel pr. passager som i forhold til rotationerne. Det skal hertil bemærkes, at Kommissionen ifølge retspraksis ikke kan kritiseres for, at den ikke har taget eventuelle faktiske eller retlige forhold i betragtning, som kunne have været fremlagt for den under den administrative procedure, men som ikke er blevet det, da Kommissionen ikke er forpligtet til af egen drift at undersøge og forestille sig, hvilke forhold der kunne være blevet forelagt for den (dom af 2.4.1998, Kommissionen mod Sytraval og Brink’s France, C-367/95 P , EU:C:1998:154 , præmis , og af 14.1.2004, Fleuren Compost mod Kommissionen, T-109/01 , EU:T:2004:4 , præmis ). Endvidere følger det af retspraksis, at Unionens retsinstanser skal vurdere retmæssigheden af en beslutning om statsstøtte i forhold til de oplysninger, som Kommissionen kunne råde over på det tidspunkt, da den vedtog den (jf. præmis 252 ovenfor). Kommissionen er dog forpligtet til at gennemføre undersøgelsesproceduren vedrørende de anfægtede foranstaltninger upartisk og omhyggeligt, således at den ved vedtagelsen af den endelige beslutning i dette øjemed råder over så væsentlige og pålidelige elementer som muligt (dom af 2.9.2010, Kommissionen mod Scott, C-290/07 P , EU:C:2010:480 , præmis , og af 16.3.2016, Frucona Košice mod Kommissionen, T-103/14 , EU:T:2016:152 , præmis ). I den konkrete sag skal det bemærkes, at Kommissionen i beslutningen om at indlede proceduren angav, at den på dette trin vurderede, at der med henblik på anvendelsen af kriteriet om den private investor skulle foretages en samlet vurdering af kontrakterne om lufthavnstjenester og kontrakterne om markedsføringstjenester. Sagsøgerne har imidlertid henvist til en fælles komparativ analyse af lufthavnsafgifterne efter fradrag af markedsføringsbetalingerne, som deres økonomikonsulent har foretaget i undersøgelsen af 2. februar 2016, og som først for Retten er blevet fremlagt for første gang. Følgelig kan Kommissionen ikke kritiseres for ikke at have taget hensyn til denne analyse. Ydermere var Kommissionen af de grunde, der er gennemgået i præmis 254-260 ovenfor, ikke i den konkrete sag forpligtet til at iværksætte andre foranstaltninger for at skaffe sig data til at gennemføre en fælles komparativ analyse. Følgelig skal sagsøgernes klagepunkt om, at Kommissionen urigtigt undlod at gennemføre en »fælles« komparativ analyse, forkastes. [ udelades ] 3. Det tredje led om åbenbart urigtige vurderinger og en utilstrækkelig begrundelse hvad angår den ydelsesspecifikke rentabilitetsanalyse [ udelades ] b) Klagepunktet om de begrundelser, der lå til grund for Nîmes’ lufthavnsforvalteres beslutning om at indgå kontrakterne om markedsføringstjenester [ udelades ] c) Klagepunktet om afvisningen af at tage hensyn til muligheden for, at en del af markedsføringstjenesterne kunne være købt til formål af almen interesse [ udelades ] d) Klagepunktet om det fejlagtige udsagn, at den blandede ejergruppe og VTAN udgør én enkelt enhed Sagsøgerne har gjort gældende, at Kommissionen med urette fastslog, at VTAN og den blandede ejergruppe i henseende til anvendelsen af kriteriet om den markedsøkonomiske aktør udgjorde én enkelt enhed. Kommissionen anlagde en fejlfortolkning af retspraksis og foretog en åbenbart urigtig vurdering ved at fastslå, at ejerskabsforbindelsen ikke var en nødvendig betingelse, og at andre økonomiske forbindelser mellem disse to enheder var tilstrækkelige. Det skal hertil bemærkes, at det er blevet fastslået, at det er nødvendigt ved anvendelsen af kriteriet om den private investor at vurdere den pågældende kommercielle transaktion i sin helhed for at afgøre, om det statslige organ og det organ, som kontrolleres heraf, vurderet under ét, har handlet som rationelle erhvervsdrivende på markedsøkonomiske vilkår. Kommissionen er således forpligtet til ved vurderingen af de omtvistede foranstaltninger at gennemgå alle de relevante forhold og disses sammenhæng, herunder forholdene vedrørende den situation, som den eller de myndigheder, der bevilger de omtvistede foranstaltninger, befinder sig i (jf. dom af 17.12.2008, Ryanair mod Kommissionen, T-196/04 , EU:T:2008:585 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Selv om der i den konkrete sag ikke bestod nogen ejerskabsforbindelse mellem den blandede ejergruppe og VTAN, fastslog Kommissionen alligevel i 277.-299. betragtning til den anfægtede afgørelse, at den blandede ejergruppe havde udøvet en afgørende indflydelse på de beslutninger, VTAN havde truffet over for sagsøgerne. Det må under disse omstændigheder konstateres, at det var med rette, at Kommissionen fastslog, at der mellem den blandede ejergruppe og VTAN bestod tilstrækkeligt tætte økonomiske forbindelser til, at deres adfærd i deres forhold til sagsøgerne skulle vurderes samlet med henblik på anvendelsen af kriteriet om den markedsøkonomiske aktør (307.-309. betragtning til den anfægtede afgørelse). Følgelig skal sagsøgernes klagepunkt om det fejlagtige udsagn, at den blandede ejergruppe og VTAN udgør én enkelt enhed, forkastes. f) Klagepunktet om afvisningen af at tage hensyn til de større fordele, som fulgte af Nîmes lufthavns forbindelser til Ryanair [ udelades ] g) Klagepunktet om den manglende efterprøvelse af de af Nîmes lufthavn fremsendte data og den manglende sammenligning med en velforvaltet lufthavn Sagsøgerne har gjort gældende, at Kommissionen fejlagtigt ikke efterprøvede de af Nîmes lufthavn fremsendte omkostningsdata og ikke sammenlignede dem med de typiske data for en korrekt forvaltet lufthavn. De driftsmæssige meromkostninger, som Nîmes lufthavn – således som anført af Kommissionen i den anfægtede afgørelse – havde afholdt, var i det konkrete tilfælde betydeligt højere end dem, som Kommissionen havde påvist i andre sager, således at Nîmes lufthavn blev forvaltet meget ineffektivt. Følgelig svarede disse omkostninger ikke til de markedsomkostninger, som en effektivt forvaltet lufthavn afholdt, og de kunne derfor ikke tjene som reference ved vurderingen af, hvorvidt Ryanair havde opnået en fordel, som dette selskab ikke ville have opnået hos en markedsøkonomisk aktør. Det skal hertil bemærkes, at det ifølge retspraksis påhviler Kommissionen at vurdere, hvorvidt en rationel markedsøkonomisk aktør, som befinder sig i en situation, som ligger så tæt som muligt på den situation, som den berørte offentlige enhed befinder sig i, kunne være blevet foranlediget til at træffe den pågældende foranstaltning (jf. i denne retning dom af 5.6.2012, Kommissionen mod EDF, C-124/10 P , EU:C:2012:318 , præmis ). Der skal derfor tages hensyn til den reelle omkostnings- og indtægtsstruktur for den offentlige enhed, hvis handlemåde sammenlignes med handlemåden hos en markedsøkonomisk aktør. Det følger heraf, at det i den konkrete sag – i modsætning til det af sagsøgerne hævdede – ikke påhvilede Kommissionen ved anvendelsen af kriteriet om den markedsøkonomiske aktør at efterprøve, om Nîmes lufthavns driftsmæssige meromkostninger og ikke-luftfartsrelaterede indtægter svarede til dem, der kunne forventes af en gennemsnitlig lufthavn eller af en velforvaltet og effektiv lufthavn. Følgelig kunne Kommissionen uden at begå nogen fejl benytte Nîmes lufthavns reelle foreløbige omkostninger og indtægter til at vurdere, hvorvidt sagsøgerne havde opnået en økonomisk fordel. Af samme årsager var Kommissionen heller ikke forpligtet til at tage hensyn til de omkostninger, der var konstateret i andre lufthavne end Nîmes lufthavn. I øvrigt ville en gennemgang af baggrunden for en offentlig virksomheds reelle omkostnings- og indtægtstal være i strid med reglen i artikel 107, stk. 1, TEUF, som ikke sondrer mellem grundene til eller hensigten med en offentlig enheds statslige interventioner, men alene definerer disse interventioner efter deres virkninger (dom af 5.6.2012, Kommissionen mod EDF, C-124/10 P , EU:C:2012:318 , præmis ). Følgelig foretog Kommissionen ikke en åbenbart urigtig vurdering ved ikke at efterprøve, om de af Nîmes lufthavn oplyste omkostninger og indtægter svarede til dem, der generelt forbindes med en velforvaltet eller effektiv lufthavn. Det tredje ( )anbringende må derfor forkastes som ubegrundet. Følgelig skal Kommissionen frifindes i det hele, uden at det er fornødent at tage stilling til sagsøgernes anmodning om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse, for så vidt som den tager sigte på andre foranstaltninger end dem, der allerede er truffet. Sagsomkostninger Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgerne har tabt sagen, bør de i overensstemmelse med Kommissionens påstand pålægges at bære deres egne omkostninger og at betale Kommissionens omkostninger. Rådet bærer sine egne omkostninger i medfør af procesreglementets artikel 138, stk. 1. På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer RETTEN (Sjette Udvidede Afdeling): 1) Europa-Kommissionen frifindes. 2) Ryanair DAC og Airport Marketing Services Ltd bærer deres egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger. 3) Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger. Berardis Papasavvas Spielmann Csehi Spineanu-Matei Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 13. december 2018. Underskrifter [ udelades ] ( *1 ) – Processprog: engelsk. ( ) – Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre. ( ) – »fjerde«? (dette forslag til rettelse skal udskydes, til det eventuelt bekræftes i den fulde udgave).

62012CJ0473

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 13(1)(d) in (g) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) (poklicna zbornica nepremičninskih posrednikov) na eni strani in G. Englebertom, družbo Immo 9 SPRL in G. Francottejem na drugi strani zaradi domnevnih kršitev nacionalne zakonodaje o izvajanju poklica nepremičninskega posrednika. Pravni okvir Pravo Unije Direktiva 95/46 V uvodnih izjavah 3, 8, 10, 37 in 43 Direktive 95/46 je navedeno: „(3) ker ustanovitev in delovanje notranjega trga, na katerem je v skladu s členom 7a Pogodbe zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, zahteva ne le, da se osebni podatki lahko prosto prenašajo iz ene države članice v drugo, ampak tudi, da se zaščitijo temeljne pravice posameznikov; […] (8) ker mora biti zato, da bi odstranili ovire za prenos osebnih podatkov, raven varstva pravic in svoboščin posameznikov glede obdelave takih podatkov enakovredna v vseh državah članicah; […] […] (10) ker je namen nacionalne zakonodaje o obdelavi osebnih podatkov varovati temeljne pravice in svoboščine, predvsem pravico do zasebnosti, ki jo priznava člen 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pa tudi splošna načela zakonodaje Skupnosti; ker zato približevanje teh zakonodaj ne sme povzročiti zmanjšanja varstva, ki ga zagotavljajo, ampak mora imeti za cilj zagotovitev visoke ravni varstva v Skupnosti; […] (37) ker bi morala obdelava osebnih podatkov v novinarske namene ali zaradi literarnega ali umetniškega izražanja, predvsem na avdiovizualnem področju, predstavljati izjemo od zahtev nekaterih določb te direktive, kadar je to potrebno za uskladitev temeljnih pravic posameznikov s svobodo informiranja […] […] (43) ker države članice lahko prav tako naložijo omejitve pravic do dostopa in informacij ter nekaterih obveznosti upravljavca, če so potrebne na primer za zaščito državne varnosti, obrambe, javne varnosti ali pomembnih gospodarskih ali finančnih interesov države članice ali Unije, pa tudi za kazenske preiskave in pregone ter ukrepanje zaradi kršitev etike v zakonsko urejenih [reguliranih] poklicih; […]“. Člen 1(1) Direktive 95/46 določa: „V skladu s to direktivo države članice varujejo temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb in predvsem njihovo pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov.“ Člen 2(a) in (d) Direktive 95/46 določa: „V tej direktivi: (a) ‚osebni podatek‘ pomeni katero koli informacijo, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo (‚posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki‘) […] […] (d) ‚upravljavec‘ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov […]“. Člen 9 Direktive 95/46 določa: „Države članice določijo izjeme ali odstopanja od določb tega poglavja, poglavja IV in poglavja VI za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja zgolj v novinarske namene ali zaradi umetniškega ali literarnega izražanja samo, če so potrebna za uskladitev pravice do zasebnosti s predpisi, ki urejajo svobodo izražanja.“ Oddelek IV Direktive 95/46, naslovljen Informacije, posredovane posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, zajema člena 10 in 11, ki urejata primere, ko so bili podatki zbrani od tega posameznika, in primere, ko podatki niso bili zbrani od njega. Člen 10 Direktive 95/46 določa: „Države članice določijo, da morata upravljavec ali njegov predstavnik zagotoviti posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo in od katerega se podatki v zvezi z njim zbirajo, vsaj naslednje informacije, razen kadar jih že ima: (a) istovetnost upravljavca ali njegovega predstavnika, če obstaja; (b) namene obdelave podatkov; (c) vse nadaljnje informacije, npr. — prejemnike ali vrste prejemnikov podatkov — ali so odgovori na vprašanja obvezni ali prostovoljni, pa tudi možne posledice, če ne odgovori, — obstoj pravice do dostopa in pravice do popravka podatkov, ki se nanašajo nanj, kolikor so take nadaljnje informacije potrebne, ob upoštevanju posebnih okoliščin, v katerih se podatki zbirajo, za zagotovitev poštene obdelave glede na posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.“ Člen 11 te direktive določa, da kadar podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, države članice zagotovijo, da mora upravljavec ali njegov predstavnik med zbiranjem osebnih podatkov, ali če se predvideva posredovanje tretji stranki, najpozneje tedaj, ko se podatki prvič posredujejo, zagotoviti posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, vsaj informacije, naštete v tem členu, razen kadar jih že ima. Člen 13 Direktive 95/46, naslovljen Izjeme in omejitve, v odstavku 1 določa: „Države članice lahko sprejmejo predpise za omejitev obsega obveznosti in pravic, opredeljenih v členih 6(1), 10, 11(1), 12 in 21, kadar taka omejitev predstavlja potrebni ukrep za zaščito: (a) državne varnosti; (b) obrambe; (c) javne varnosti; (d) preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ali kršitve etike za zakonsko urejene [regulirane] poklice; (e) pomembnega gospodarskega ali finančnega interesa države članice ali Evropske unije, vključno z denarnimi, proračunskimi in davčnimi zadevami; (f) spremljanja, pregledovanja ali urejanja, povezanega, četudi občasno, z izvajanjem javne oblasti v primerih iz (c), (d) in (e); (g) posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pravic in svoboščin drugih.“ Direktiva 2002/58/ES Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 514) v členu 15(1) določa: „Države članice lahko sprejmejo zakonske ukrepe, s katerimi omejijo obseg pravic in obveznosti, določenih v členu 5, členu 6, členu 8(1), (2), (3) in (4) ter členu 9 te direktive, kadar takšna omejitev pomeni potreben, primeren in ustrezen ukrep znotraj demokratične družbe za zaščito državne varnosti (to je Državne varnosti), obrambe, javne varnosti in preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kriminalnih dejanj ali nedovoljene uporabe elektronskega komunikacijskega sistema iz člena 13(1) Direktive [95/46]. […]“ Belgijsko pravo Zakon z dne 8. decembra 1992 o varstvu zasebnosti pri obdelavi zasebnih podatkov ( Moniteur belge z dne 18. marca 1993, str. 5801) je bil spremenjen z zakonom z dne 11. decembra 1998 za prenos Direktive 95/46/ES ( Moniteur belge z dne 3. februarja 1999, str. 3049, v nadaljevanju: zakon iz leta 1992). Člen 9 zakona iz leta 1992, katerega odstavka 1 in 2 ustrezata členoma 10 in 11 te direktive, določa obveznost obveščanja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Člen 3, od (3) do (7), zakona iz leta 1992 določa izjeme in omejitve za to obveznost obveščanja, med drugim kadar se obdelava osebnih podatkov izvaja zgolj v novinarske namene ali zaradi umetniškega ali literarnega izražanja in kadar jo vodijo civilna obveščevalna služba, vojaška splošna obveščevalna in varnostna služba, javni organi zaradi opravljanja svojih nalog kriminalistične policije, službe policije zaradi opravljanja svojih nalog uniformirane policije ali evropski center za pogrešane in spolno zlorabljene otroke. Dejansko stanje v postopku v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje Naloga IPI, ki je bil ustanovljen s kraljevim odlokom z dne 17. februarja 1995, je med drugim nadzor spoštovanja pogojev za dostop do poklica nepremičninskega posrednika in ustreznega opravljanja tega poklica. V ta namen ima sposobnost biti stranka v sodnih postopkih, kadar pri pravosodnih organih naznani kakršno koli kršitev veljavnih predpisov. IPI lahko za opravljanje svoje naloge uporabi storitve zasebnih detektivov. V okviru svoje dejavnosti je IPI predlagal Tribunal de commerce de Charleroi, naj ugotovi, da so G. Englebert, družba Immo 9 SPRL in G. Francotte kršili to zakonodajo, in naj G. Englebertu in G. Francotteju naloži opustitev različnih nepremičninskih dejavnosti. IPI je tožbo utemeljil na dejstvih, ki so jih zbrali zasebni detektivi, ki jih je uporabil. Tribunal de commerce de Charleroi se je spraševalo o vrednosti, ki jo je treba pripisati dokazom, ki so jih zbrali zasebni detektivi, ob upoštevanju možnosti, da so bili zbrani brez upoštevanja zahtev na področju varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in zato v nasprotju z zakonom iz leta 1992. To sodišče je navedlo, da IPI trdi, da uporaba tega zakona, ki zahteva, da je treba zadevno osebo prej obvestiti o preiskavi, ki jo vodijo detektivi, ali, če se podatki zbirajo pri tretjih osebah, ko so zadevni podatki zbrani, onemogoča dejavnost zasebnega detektiva. Navedeno sodišče se sprašuje, ali člen 3, od (3) do (7), zakona iz leta 1992 s tem, da izjeme od obveznosti obveščanja, ki veljajo za druge poklicne skupine ali subjekte v javnem interesu, ne razširja na zasebne detektive, ne ustvarja neenakega obravnavanja, ki je v nasprotju z ustavo. Zato se je odločilo, da bo o tem vprašalo ustavno sodišče. Zadnjenavedeno sodišče meni, da je treba preveriti, ali je z zakonom iz leta 1992 s tem, da ne določa izjem za zasebne detektive, ki bi bile primerljive z izjemami iz člena 13(1)(d) in (g) Direktive 95/46, pravilno prenesena ta določba. Poudarja, da člen 3, od (3) do (7), zakona iz leta 1992 neenako obravnava osebe, ki opravljajo novinarsko, umetniško ali literarno dejavnost, pristojne službe na področju varnosti in policije ter evropski center za pogrešane in spolno zlorabljene otroke na eni strani ter osebe, ki opravljajo poklic zasebnega detektiva na drugi strani v smislu, da so samo prve oproščene obveznosti obveščanja iz člena 9 zakona iz leta 1992. Po mnenju predložitvenega sodišča je to oprostitev mogoče razložiti ob upoštevanju dejavnosti, ki jih navedene osebe opravljajo in so povezane z obveščanjem javnosti ali kulturnim življenjem, ohranjanjem varnosti in javnega reda ter varstvom temeljnih pravic najšibkejših. Zasebni detektivi naj bi bili v drugačnem položaju. Predložitveno sodišče opozarja, da tudi če je njihov poklic urejen z zakonom iz leta 1991, ki ga določa na splošno in pogojuje opravljanje poklica z licenco ministra za notranje zadeve, njihova dejavnost ni povezana z varstvom teh temeljnih pravic in splošnih interesov ter se na splošno nanaša na varstvo zasebnih interesov. Ustavno sodišče navaja, da čeprav se zdi, da člen 13(1) Direktive 95/46 državam članicam v neki meri prepušča odločitev glede določitve ali ne zadevnih izjem, pa kljub temu obstaja dvom ob upoštevanju načeloma popolne uskladitve, opravljene s to direktivo. V teh okoliščinah je Cour constitutionnelle prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja: „1. Ali je treba člen 13(1)(g), in fine , Direktive [95/46] razlagati tako, da državam članicam prepušča odločitev glede tega, ali bodo določile izjemo od obveznosti takojšnjega obveščanja iz člena 11(1) te direktive, če je ta nujna zaradi zaščite pravic in svoboščin drugih, ali pa za države članice glede tega veljajo omejitve? 2. Ali so poklicne dejavnosti zasebnih detektivov, ki so urejene v nacionalnem pravu in se opravljajo za organizacije, ki so pooblaščene za to, da pravosodnim organom naznanijo vsakršno kršitev določb, ki varujejo poklicni naziv in urejajo poklic, glede na okoliščine zajete z izjemo iz člena 13(1)(d) in (g), in fine , [Direktive 95/46]? 3. Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, ali je člen 13(1)(d) in (g), in fine , [Direktive 95/46] združljiv s členom 6(3) [PEU] oziroma, natančneje, z načelom enakosti in prepovedi diskriminacije?“ Vprašanja za predhodno odločanje Uvodna ugotovitev V okviru svojega prvega vprašanja se predložitveno sodišče sklicuje na obveznost takojšnjega obveščanja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ki naj bi bila določena v členu 11 Direktive 95/46. Vendar je treba poudariti, da ta določba, ki se nanaša na podatke, ki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne določa obveščanja tega posameznika ob zbiranju podatkov, ampak v poznejši fazi. Člen 10 Direktive 95/46, ki se nanaša na zbiranje podatkov od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, pa določa obveščanje tega posameznika ob zbiranju podatkov (glej v tem smislu sodbo z dne 7. maja 2009 v zadevi Rijkeboer, C-553/07, ZOdl., str. I-3889 , točka 68). Takojšnje obveščanje posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ne izhaja torej iz člena 11 Direktive 95/46, ki ga je navedlo predložitveno sodišče, ampak tega člena 10. V zvezi s preiskavami, ki jih vodi zasebni detektiv, je iz predložitvene odločbe razvidno, da lahko ta zbira podatke bodisi neposredno od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, bodisi posredno med drugim od tretjih oseb. Zato je treba ugotoviti, da sta lahko glede na okoliščine za take preiskave upoštevna tako člen 10 kot člen 11(1) Direktive 95/46. Prvi dve vprašanji S prvima dvema vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, na eni strani, ali je treba člen 13(1) Direktive 95/46 razlagati tako, da imajo države članice možnost ali prav obveznost v svoje nacionalno pravo prenesti izjeme, ki jih določa za obveznost obveščanja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, o obdelavi njegovih osebnih podatkov, in na drugi strani, ali spada dejavnost zasebnega detektiva, ki deluje za poklicno organizacijo zaradi preiskovanja kršitev etike reguliranega poklica, v obravnavanem primeru poklica nepremičninskega posrednika, pod navedeni člen 13(1)(d) ali (g). Najprej je treba ugotoviti, da se podatki, kakršne po navedbah predložitvenega sodišča zbirajo zasebni detektivi v zadevi iz postopka v glavni stvari, nanašajo na osebe, ki delujejo kot nepremičninski posredniki, in zadevajo določene ali določljive fizične osebe. Zato so osebni podatki v smislu člena 2(a) Direktive 95/46. Njihovo zbiranje, shranjevanje in posredovanje s strani regulirane organizacije, kot je IPI, ali zasebnih detektivov, ki delajo za njen račun, zato pomeni „obdelavo osebnih podatkov“ v smislu člena 2(b) direktive 95/46 (glej sodbo z dne 16. decembra 2008 v zadevi Huber, C-524/06, ZOdl., str. I-9705 , točka 43). Za odgovor na postavljeno vprašanje je treba najprej preučiti, ali imajo države članice na podlagi člena 13(1) Direktive 95/46 možnost ali obveznost, da določijo eno ali več izjem, ki so tam naštete, od obveznosti obveščanja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, o obdelavi njegovih osebnih podatkov. Iz uvodnih izjav 3, 8 in 10 Direktive 95/46 je razvidno, da je želel zakonodajalec Unije olajšati prost pretok osebnih podatkov s približevanjem zakonodaj držav članic, vendar ob varstvu temeljnih pravic oseb, zlasti pravice do zasebnosti, in z zagotavljanjem visoke ravni varstva v Uniji. Člen 1 te direktive tako določa, da države članice varujejo temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb in predvsem njihovo pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov (zgoraj navedena sodba Huber, točka 47, in sodba z dne 24. novembra 2011 v zadevi ASNEF in FECEMD, C-468/10 in C-469/10, ZOdl., str. I-12181 , točka 25). V ta namen vsebuje Direktiva 95/46 v členih 10 in 11 obveznosti obveščanja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, o obdelavi podatkov v zvezi z njim, v členu 13(1) pa vendarle določa, da lahko države članice sprejmejo predpise za omejitev obsega teh obveznosti, kadar je taka omejitev nujna za namene, naštete v tem členu 13(1), od (a) do (g). Predložitveno sodišče se v zvezi s tem sprašuje o polju proste presoje, ki ga imajo države članice glede na cilj uskladitve, ki mu je sledil zakonodajalec, kakor je izražen v uvodni izjavi 8 te direktive in ki je namenjen zagotovitvi enotne ravni varstva pravic in svoboščin posameznikov glede obdelave osebnih podatkov v vseh državah članicah. Spomniti je treba, da je Sodišče že presodilo, da Direktiva 95/46 vodi do uskladitve, ki je načeloma celovita (glej sodbo z dne 6. novembra 2003 v zadevi Lindqvist, C-101/01, Recueil, str. I-12971 , točki 95 in 96, ter zgoraj navedeno sodbo Huber, točki 50 in 51). Sodišče pa je tudi ugotovilo, da so določbe Direktive 95/46 nujno sorazmerno splošne, saj se mora ta nanašati na najrazličnejše položaje, in da direktiva vsebuje pravila, za katera je značilna neka prožnost, s čimer v številnih primerih državam članicam prepušča, da same uredijo podrobnosti ali izberejo med več možnostmi (zgoraj navedena sodba Lindqvist, točka 83). V zvezi s členom 13(1) Direktive 95/46 je treba navesti, da je iz njenega besedila, in zlasti uporabe izrazov „države članice lahko“ jasno razvidno, da ta določba ne zavezuje držav članic, da v svojem nacionalnem pravu določijo izjeme za namene, naštete v tem členu 13(1), od (a) do (g), ampak da jim je nasprotno zakonodajalec želel pustiti možnost, da se odločijo, ali, in če da, za katere namene, želijo sprejeti zakonodajne ukrepe za omejitev med drugim obsega obveznosti obveščanja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Poleg tega je iz besedila istega člena 13(1) razvidno, da lahko države članice take ukrepe določijo le, če so ti potrebni. Možnost, ki jo navedeni člen 13(1) daje državam članicam, je tako pogojena s „potrebnostjo“ ukrepov, ki nikakor ne pomeni, da države članice morajo sprejeti zadevne izjeme v vseh primerih, v katerih je ta pogoj izpolnjen. To razlago najprej potrjuje besedilo uvodne izjave 43 Direktive 95/46, v skladu s katerim „države članice lahko […] naložijo omejitve pravic do […] informacij […], če so potrebne na primer za zaščito“ navedenih namenov. Dalje je potrjena s primerjavo med besedilom člena 13(1) Direktive 95/46 na eni strani in členom 9 ter uvodno izjavo 37 te direktive na drugi strani, ki jasno določata obveznost za države članice, da za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v novinarske namene ali zaradi umetniškega ali literarnega izražanja, določijo izjeme in odstopanja, če so potrebna za uskladitev pravice do zasebnosti s predpisi, ki urejajo svobodo izražanja. To razlago prav tako potrjuje analiza, ki jo je naredilo Sodišče v sodbi z dne 29. januarja 2008 v zadevi Promusicae ( C-275/06, ZOdl., str. I-271 ) v zvezi s členom 15(1) Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah, katerega besedilo je podobno besedilu člena 13(1) Direktive 95/46 in ki se poleg tega na ta člen izrecno sklicuje. Sodišče je najprej ugotovilo, da imajo države članice na podlagi navedenega člena 15(1) možnost, da določijo izjeme od splošne obveznosti, da zagotovijo zaupnost osebnih podatkov (zgoraj navedena sodba Promusicae, točka 50). V zvezi z eno od teh izjem je Sodišče nato presodilo, da pa navedenega člena 15(1) ni mogoče razlagati, kot da v položajih, ki so v njem določeni, države članice zavezuje, da določijo obveznost razkritja osebnih podatkov (zgoraj navedena sodba Promusicae, točki 51 in 53). Zato je treba ugotoviti, da daje člen 13(1) Direktive 95/46 državam članicam možnost, da določijo eno ali več izjem, ki so v njem naštete, vendar da te države k temu nikakor niso zavezane. Nato je treba preučiti, ali dejavnost zasebnega detektiva, ki ravna za regulirano organizacijo, kot je IPI, spada pod izjeme iz člena 13(1)(d) in (g) Direktive 95/46. V skladu z ustaljeno sodno prakso varstvo temeljne pravice do zasebnosti zahteva, da se odstopanja od varstva osebnih podatkov in njegove omejitve določijo v mejah tega, kar je strogo nujno potrebno (sodbi z dne 16. decembra 2008 v zadevi Satakunnan Markkinapörssi in Satamedia, C-73/07, ZOdl., str. I-9831 , točka 56, in z dne 9. novembra 2010 v združenih zadevah Volker und Markus Schecke in Eifert, C-92/09 in C-93/09, ZOdl., str. I-11063 , točki 77 in 86). V zvezi z izjemama iz člena 13(1)(d) in (g) Direktive 95/46 je treba navesti, da se ti nanašata, zlasti prva, na konkretno opredeljen položaj, in sicer preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje in pregon kaznivih dejanj ali kršitev etike za regulirane poklice, ter, druga, na varstvo pravic in svoboščin drugih, ki pa niso natančneje določene. Najprej je treba preučiti izjemo iz člena 13(1)(d) navedene direktive in preveriti, ali velja za dejavnost zasebnega detektiva, ki ravna za račun organizacije, kot je IPI. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da je poklic nepremičninskega posrednika v Belgiji reguliran poklic in da je IPI poklicna organizacija, katere naloga je nadzorovati spoštovanje zadevnih predpisov ter preiskovati in naznanjati kršitve teh predpisov. Ugotoviti je treba, da dejavnost take organizacije, kot je IPI, ustreza položaju, na katerega se nanaša izjema iz člena 13(1)(d) Direktive 95/46, in da zato lahko spada pod to izjemo. Ker pa Direktiva 95/46 ne določa podrobneje načina preiskovanja in odkrivanja kršitev predpisov, ta direktiva ne preprečuje taki poklicni organizaciji, da za izpolnitev svoje naloge uporabi specializirane preiskovalce, kot so zasebni detektivi, odgovorni za to preiskovanje in odkrivanje. Iz navedenega je razvidno, da če se je država članica odločila prenesti izjemo iz navedenega člena 13(1)(d), se lahko zadevna poklicna organizacija in zasebni detektivi, ki zanjo delujejo, nanjo sklicujejo in zanje ne velja obveznost obveščanja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, iz členov 10 in 11 Direktive 95/46. Nasprotno, če pa država članica te izjeme ni določila, morajo biti posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, obveščeni o obdelavi njihovih osebnih podatkov v skladu s podrobnimi pravili iz navedenih členov 10 in 11, zlasti glede roka. IPI meni, da je uporaba izjeme od obveznosti obveščanja zanjo in za zasebne detektive, ki ravnajo za njen račun, za izpolnitev njene naloge nujna. Zasebnim detektivom bi bilo onemogočeno učinkovito opravljati dejavnost za IPI, če bi morali svojo identiteto in razloge za preiskavo razkriti še celo pred spraševanjem oseb, o katerih preiskujejo. Nizozemska vlada je prav tako trdila, da bi bile zadevne preiskave obsojene na neuspeh. Kot je razvidno iz točke 37 te sodbe, pa so države članice pristojne, da odločijo, ali ocenjujejo, da je v njihovi zakonodaji nujno določiti izjemo iz člena 13(1)(d) Direktive 95/46 v korist poklicnih organizacij, kot je IPI, ki delujejo neposredno ali s pomočjo zasebnih detektivov. Lahko presodijo, da imajo te poklicne organizacije in zasebni detektivi, ki ravnajo za njihov račun, kljub uporabi členov 10 in 11 te direktive dovolj sredstev za odkrivanje kršitev zadevne poklicne etike, tako da prenos te izjeme ni nujen, da bi lahko te organizacije izpolnile svojo nalogo, ki je nadzor spoštovanja predpisov. V zvezi z obsegom navedene izjeme je treba prav tako pojasniti pojem „kršitev [poklicne] etike“. V zvezi s tem se namreč pisna in ustna stališča, predstavljena Sodišču, razhajajo. Belgijska vlada v nasprotju s trditvami IPI meni, da se zadevne kršitve nanašajo zgolj na ravnanja nepremičninskih posrednikov z ustrezno licenco pri opravljanju njihovega poklica in ne zajemajo ravnanj oseb brez licence, ki se izdajajo za nepremičninske posrednike. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da so pravila o dostopu do reguliranega poklica del pravil poklicne etike. Tako spada preiskovanje ravnanj oseb, ki kršijo ta pravila s tem, da se izdajajo za nepremičninske posrednike, pod izjemo iz člena 13(1)(d) Direktive 95/46. Iz navedenega je razvidno, da lahko v skladu s to direktivo države članice določijo, da lahko regulirana poklicna organizacija, kot je IPI, sama ali s pomočjo zasebnih detektivov preiskuje morebitne kršitve pravil poklicne etike, vključno s kršitvami, ki izhajajo iz ravnanj oseb, ki niso spoštovale pravil o dostopu do poklica, in da pri tem spada pod navedeno izjemo. Glede na obseg te izjeme ni nujno preučiti, ali dejavnost zasebnega detektiva, ki deluje za poklicno organizacijo, kot je IPI, prav tako spada pod izjemo iz člena 13(1)(g) Direktive 95/46. Na prvo in drugo vprašanje je treba torej odgovoriti: — člen 13(1) Direktive 95/46 je treba razlagati tako, da države članice nimajo obveznosti, ampak možnost prenosa v svoje nacionalno pravo ene ali več izjem, ki jih določa, od obveznosti obveščanja posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, o obdelavi njihovih osebnih podatkov; — dejavnost zasebnega detektiva, ki deluje za poklicno organizacijo zaradi preiskovanja kršitev etike reguliranega poklica, v obravnavanem primeru poklica nepremičninskega posrednika, spada pod izjemo iz člena 13(1)(d) Direktive 95/46. Tretje vprašanje Ob upoštevanju odgovorov na prvi vprašanji na tretje ni treba odgovoriti. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo: Člen 13(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da države članice nimajo obveznosti, ampak možnost prenosa v svoje nacionalno pravo ene ali več izjem, ki jih določa, od obveznosti obveščanja posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Dejavnost zasebnega detektiva, ki deluje za račun poklicne organizacije zaradi preiskovanja kršitev etike reguliranega poklica, v obravnavanem primeru poklica nepremičninskega posrednika, spada pod izjemo iz člena 13(1)(d) Direktive 95/46. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: francoščina.

62020CJ0214

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2 van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd ( PB 2003, L 299, blz. 9 ). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen MG en de Dublin City Council (gemeenteraad van Dublin, Ierland) over de berekening van de voor de gemeenteraad van Dublin verrichte werkuren tijdens oproepdiensten met permanente bereikbaarheid. Toepasselijke bepalingen Unierecht Richtlijn 89/391 Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk ( PB 1989, L 183, blz. 1 ) luidt: „De werkgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met het werk verbonden aspecten.” Artikel 6, lid 1, van die richtlijn bepaalt: „In het kader van zijn verantwoordelijkheden treft de werkgever de nodige maatregelen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, met inbegrip van de maatregelen ter preventie van beroepsrisico’s, voor informatie en opleiding alsmede voor de organisatie en de benodigde middelen. [...]” Richtlijn 2003/88 Artikel 1 van richtlijn 2003/88, met als opschrift „Doel en toepassingsgebied”, bepaalt: „1.   Deze richtlijn bepaalt minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd. 2.   Deze richtlijn is van toepassing op: a) de minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden en de minimale jaarlijkse vakantie, alsmede op de pauzes en de maximale wekelijkse arbeidstijd, en b) bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid en van het werkrooster. [...]” In artikel 2 van deze richtlijn, met als opschrift „Definities”, staat te lezen: „Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder: 1. arbeidstijd: de tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken; 2. rusttijd: de tijd die geen arbeidstijd is; [...]” Artikel 3 van deze richtlijn, met als opschrift „Dagelijkse rusttijd”, luidt als volgt: „De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat alle werknemers in elk tijdvak van vierentwintig uur een rusttijd van ten minste elf aaneengesloten uren genieten.” Artikel 5 van dezelfde richtlijn, met als opschrift „Wekelijkse rusttijd”, bepaalt: „De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat alle werknemers voor elk tijdvak van zeven dagen een ononderbroken minimumrusttijd van vierentwintig uren genieten waaraan de in artikel 3 bedoelde elf uren dagelijkse rusttijd worden toegevoegd. [...]” Artikel 6 van richtlijn 2003/88, met als opschrift „Maximale wekelijkse arbeidstijd”, bepaalt: „De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat in verband met de noodzakelijke bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers: a) de wekelijkse arbeidstijd via wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of via collectieve overeenkomsten of bedrijfsakkoorden tussen de sociale partners wordt beperkt; b) de gemiddelde arbeidstijd in elk tijdvak van zeven dagen, inclusief overwerk, niet meer dan achtenveertig uren bedraagt.” Iers recht De Organisation of Working Time Act 1997 (wet inzake de organisatie van de arbeidstijd van 1997) heeft richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd ( PB 1993, L 307, blz. 18 ), die is ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2003/88, in Iers recht omgezet. Artikel 2, lid 1, van deze wet bepaalt: „[...] Onder „arbeidstijd” wordt de tijd verstaan waarin de werknemer: a) zich op zijn of haar werkplek bevindt of ter beschikking van zijn of haar werkgever staat, en b) de werkzaamheden of taken van zijn of haar werk verricht [...]” Hoofdgeding en prejudiciële vragen MG is een op oproepbasis werkzame brandweerman die deeltijds in dienst is van de gemeenteraad van Dublin. Hij staat krachtens een systeem van oproepbaarheid en permanente bereikbaarheid ter beschikking van het brandweerkorps van de kazerne die hem heeft opgeleid. MG is verplicht deel te nemen aan 75 % van de interventies van dit korps met de mogelijkheid om af te zien van de overige interventies. Hij is niet verplicht om zich tijdens zijn perioden van oproepdienst op een bepaalde plaats te bevinden, maar moet bij een noodoproep om uit te rukken voor een interventie trachten om binnen vijf minuten na de oproep en in elk geval binnen maximaal tien minuten op de kazerne te zijn. Deze periode van oproepdienst met permanente bereikbaarheid duurt in beginsel 24 uur per dag, zeven dagen per week, en wordt enkel onderbroken door vakantieperioden alsook door perioden waarvoor MG op voorhand heeft aangekondigd niet beschikbaar te zijn, voor zover de gemeenteraad van Dublin hiermee instemt. MG ontvangt maandelijks een basissalaris dat bedoeld is als vergoeding voor zijn oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar moet zijn, alsook een bijkomende vergoeding voor elke interventie. Hij mag als zelfstandige of voor een tweede werkgever een beroepsactiviteit uitoefenen, voor zover deze activiteit gemiddeld niet meer dan 48 uur per week bedraagt. Daarentegen is het MG verboden een dergelijke activiteit uit te oefenen tijdens zijn „actieve arbeidsuren” als oproepbare brandweerman. Deze uren bestaan niet enkel uit uren die worden besteed aan brandbestrijding, maar ook uit uren die worden besteed aan andere korpsactiviteiten, zoals opleidingen. MG moet op „redelijke afstand” van de kazerne van zijn korps wonen en werken teneinde op tijd op de kazerne te kunnen zijn. MG is van mening dat de uren waarin hij oproepbaar is voor de gemeenteraad van Dublin als „arbeidstijd” moeten worden aangemerkt in de zin van de wet inzake de organisatie van de arbeidstijd van 1997 en richtlijn 2003/88, en heeft daarom een klacht in die zin ingediend bij de Workplace Relations Commission (commissie voor arbeidsrelaties). Aangezien die klacht werd afgewezen, heeft hij beroep ingesteld bij de Labour Court (arbeidsrechter, Ierland), de verwijzende rechter. MG merkte voor deze rechter op dat hij altijd snel moet kunnen reageren op een noodoproep. Dit belet hem om naar eigen inzicht tijd te besteden aan zijn familiale en sociale activiteiten alsook om zich vrijelijk te wijden aan zijn beroepsactiviteit als taxichauffeur. Hij wijst erop dat het niet-naleven van zijn verplichtingen jegens de gemeenteraad van Dublin kan leiden tot tuchtmaatregelen, of zelfs ontslag. Door een oproepdienst op te leggen van 24 uur per dag, zeven dagen per week, en door te weigeren te erkennen dat die tijd arbeidstijd vormt, schendt de gemeenteraad van Dublin de regels inzake dagelijkse en wekelijkse rusttijd alsmede maximale wekelijkse arbeidstijd. De gemeenteraad van Dublin repliceert dat oproepbare brandweermannen niet verplicht zijn op een bepaalde plaats te blijven wanneer zij oproepdienst hebben. Indien een oproepbare brandweerman zich niet binnen de maximale tijd op de kazerne meldt, heeft dit bovendien simpelweg tot gevolg dat hij geen vergoeding ontvangt. Gelet op de flexibiliteit van het aan de orde zijnde regeling van permanente bereikbaarheid, is het niet gerechtvaardigd om de tijd van de oproepdienst als „arbeidstijd” aan te merken. De verwijzende rechter stelt vast dat de uitlegging van het begrip „arbeidstijd” beslissend is voor de beslechting van het hoofdgeding, aangezien de gemeenteraad van Dublin ervan overtuigd is dat hij de regels inzake dagelijkse en wekelijkse rusttijden alsmede maximale wekelijkse arbeidstijd in acht neemt, terwijl MG betoogt dat de gemeenteraad van Dublin deze regels schendt. Deze rechter herinnert eraan dat het Hof in het arrest van 21 februari 2018, Matzak ( C‑518/15 , EU:C:2018:82 ), heeft geoordeeld dat de oproepdienst die een brandweerman thuis moet doorbrengen met de verplichting om binnen acht minuten gehoor te geven aan oproepen van zijn werkgever, de mogelijkheden voor deze werknemer om andere activiteiten te verrichten aanzienlijk beperkt en dus moet worden aangemerkt als „arbeidstijd” in de zin van artikel 2 van richtlijn 2003/88. De situatie die tot dat arrest heeft geleid, moet echter worden onderscheiden van die welke in het hoofdgeding aan de orde is, aangezien de gemeenteraad van Dublin niet vereist dat MG zich op een bepaalde plaats bevindt wanneer hij oproepbaar is, en hem bovendien toestaat om zijn job als zelfstandig taxichauffeur uit te oefenen of voor een andere werkgever te werken. In deze omstandigheden heeft de Labour Court de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 2 van richtlijn [2003/88] aldus worden uitgelegd dat de periode van oproepdienst van een werknemer, wanneer hij op een of meer zelfgekozen locaties ‚oproepbaar’ is, zonder de werkgever tijdens deze oproepdienst op enig moment op de hoogte te hoeven stellen van zijn locatie, maar alleen op voorwaarde dat hij binnen een gewenste tijd van vijf en ten hoogste tien minuten na een oproep aanwezig kan zijn, als arbeidstijd wordt beschouwd? 2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, kan een werknemer die enkel binnen een gewenste tijd van vijf en ten hoogste tien minuten na een oproep aanwezig moet zijn en die tijdens de oproepdienst onbeperkt gelijktijdig in dienst kan zijn bij een andere werkgever of werkzaamheden als zelfstandige kan verrichten, dan worden geacht ‚arbeidstijd’ te verrichten voor de werkgever voor wie hij of zij oproepbaar is? 3) Indien het antwoord op de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord, betekent dit dan dat, indien de werknemer daadwerkelijk in dienst is bij een tweede werkgever terwijl hij of zij oproepbaar is, met als enige voorwaarde dat de tweede werkgever de werknemer moet laten gaan wanneer hij of zij door de eerste werkgever wordt opgeroepen, de tijd waarin de werknemer oproepbaar is en voor de tweede werkgever werkt, als arbeidstijd in de zin van zijn of haar betrekking met de eerste werkgever moet worden beschouwd? 4) Indien de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, bouwt een werknemer die tijdens een oproepdienst bij zijn eerste werkgever, voor een tweede werkgever werkt, dan bij zowel de eerste als de tweede werkgever gelijktijdig arbeidstijd op?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Ontvankelijkheid In herinnering dient te worden gebracht dat het in het kader van de in artikel 267 VWEU geregelde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing om, gelet op de bijzonderheden van de zaak, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof stelt, te beoordelen. Wanneer de gestelde vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof bijgevolg in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arrest van 15 juli 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20 , EU:C:2021:602 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Niettemin kan het Hof op een prejudiciële vraag van een nationale rechter geen uitspraak doen wanneer duidelijk blijkt dat de door deze rechter gevraagde uitlegging van een Unierechtelijke regel geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof niet beschikt over de feitelijke of juridische gegevens die het nodig heeft om een nuttig antwoord op de gestelde vragen te kunnen geven (arrest van 13 december 2018, Rittinger e.a., C‑492/17 , EU:C:2018:1019 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat aan het Unierecht een uitlegging moet worden gegeven die nuttig is voor de nationale rechter, zodat deze nauwgezet moet voldoen aan de voor de inhoud van een verzoek om een prejudiciële beslissing geldende vereisten, die uitdrukkelijk zijn vermeld in artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof. Zo is het onontbeerlijk dat – zoals is bepaald in artikel 94, onder a) en c), van dit Reglement – in de verwijzingsbeslissing zelf wordt uiteengezet op welke feitelijke gegevens de vragen berusten en waarom de verwijzende rechter zich vragen stelt over de uitlegging of de geldigheid van een aantal Unierechtelijke bepalingen (arrest van 13 december 2018, Rittinger e.a., C‑492/17 , EU:C:2018:1019 , punten en en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat MG een oproepbare brandweerman is en tijdens de op grond van deze betrekking vervulde oproepdienst als zelfstandig taxichauffeur werkzaam is. Aangezien dus vaststaat dat de beroepsactiviteit die MG tijdens zijn oproepdienst voor de gemeenteraad van Dublin uitoefent, een zelfstandige activiteit is, geeft de verwijzingsbeslissing geen blijk van enig verband tussen de derde en de vierde vraag en de realiteit of het voorwerp van het hoofdgeding. Met deze vragen wenst de verwijzende rechter immers in wezen te vernemen hoe het begrip „arbeidstijd” in de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 2003/88 moet worden uitgelegd wanneer een werknemer tijdens de periode van oproepdienst ten behoeve van een eerste werkgever een beroepsactiviteit uitoefent voor een tweede werkgever. Bij gebreke van een uiteenzetting van de feitelijke gegevens waaruit kan worden opgemaakt hoe een dergelijke situatie zich in het hoofdgeding zou voordoen, beschikt het Hof niet over de gegevens die noodzakelijk zijn om een nuttig antwoord op die vragen te geven. Derhalve zijn de derde en de vierde vraag niet-ontvankelijk. De eerste en de tweede vraag, die samen moeten worden onderzocht, zijn daarentegen ontvankelijk, voor zover zij betrekking hebben op het uitdrukkelijk in de tweede vraag bedoelde geval waarin een oproepbare brandweerman tijdens zijn oproepdienst waarin hij permanent bereikbaarheid moet zijn een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent. Ten gronde Met zijn eerste en zijn tweede vraag, waarvan de behandeling op de in punt 33 van het onderhavige arrest aangegeven wijze moet worden beperkt, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 2, punt 1, van richtlijn 2003/88 aldus moet worden uitgelegd dat een door een oproepbare brandweerman vervulde periode van oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar moet zijn en tijdens welke hij met toestemming van zijn werkgever een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, maar in geval van een noodoproep binnen ten hoogste tien minuten op zijn kazerne moet zijn, „arbeidstijd” vormt in de zin van deze bepaling. Artikel 2, punt 1, van richtlijn 2003/88 definieert het begrip „arbeidstijd” als „de tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, overeenkomstig de nationale wetten en/of gebruiken”. In artikel 2, punt 2, van deze richtlijn wordt het begrip „rusttijd” negatief omschreven als de tijd die geen arbeidstijd is. Aangezien deze twee begrippen elkaar uitsluiten, moet de periode van oproepdienst van een werknemer voor de toepassing van richtlijn 2003/88 ofwel als „arbeidstijd” ofwel als „rusttijd” worden aangemerkt, aangezien die richtlijn niet voorziet in een tussencategorie (zie in die zin arrest van 9 september 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19 , EU:C:2021:722 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Hoewel het uiteindelijk aan de verwijzende rechter staat om te onderzoeken of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde periode van oproepdienst met permanente bereikbaarheid voor de toepassing van richtlijn 2003/88 moet worden aangemerkt als „arbeidstijd” of „rusttijd”, is het de taak van het Hof om hem aanwijzingen te geven over de daarbij in aanmerking te nemen criteria [zie in die zin arrest van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main (Periode waarin een brandweerman permanent bereikbaar moet zijn), C‑580/19 , EU:C:2021:183 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat richtlijn 2003/88 ertoe strekt minimumvoorschriften vast te stellen om de levens- en arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren door de nationale regelingen inzake met name de duur van de arbeidstijd te harmoniseren. Deze voorschriften vormen bijzonder belangrijke regels van het sociaal recht van de Unie die voor alle werknemers gelden. In het bijzonder bevat richtlijn 2003/88 in haar bepalingen betreffende het recht van iedere werknemer op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden een nadere regeling van het fundamentele recht dat uitdrukkelijk is verankerd in artikel 31, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zodat deze richtlijn moet worden uitgelegd in het licht van deze laatste bepaling. De bepalingen van richtlijn 2003/88 mogen bijgevolg niet restrictief worden uitgelegd ten koste van de rechten die de werknemer aan deze richtlijn ontleent [arrest van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main (Periode waarin een brandweerman permanent bereikbaar moet zijn), C‑580/19 , EU:C:2021:183 , punten ‑ en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Wat de kwalificatie van de perioden van oproepdienst betreft, heeft het Hof geoordeeld dat het begrip „arbeidstijd” in de zin van richtlijn 2003/88 ook ziet op alle perioden van oproepdienst (inclusief die waarbij de werknemer permanent bereikbaar moet zijn) waarin de verplichtingen die de werknemer worden opgelegd van dien aard zijn dat zij een objectieve en aanzienlijke impact hebben op zijn mogelijkheden om tijdens die perioden de tijd waarin geen beroepswerkzaamheden van hem worden verlangd, vrij in te vullen en aan zijn eigen interessen te besteden [arrest van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main (Periode waarin een brandweerman permanent bereikbaar moet zijn), C‑580/19 , EU:C:2021:183 , punt ]. Wanneer, omgekeerd, de verplichtingen die de werknemer in een bepaalde periode van oproepdienst krijgt opgelegd minder intens zijn en hem de mogelijkheid laten om zonder al te veel problemen zijn tijd te beheren en zich met zijn eigen interessen bezig te houden, vormt enkel de tijd die verband houdt met de werkprestatie die tijdens een dergelijke dienst in voorkomend geval daadwerkelijk wordt verricht, „arbeidstijd” voor de toepassing van richtlijn 2003/88 [arrest van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main (Periode waarin een brandweerman permanent bereikbaar moet zijn), C‑580/19 , EU:C:2021:183 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Om te beoordelen of een oproepdienst met permanente bereikbaarheid objectief gezien leidt tot grote verplichtingen die een aanzienlijke impact hebben op het beheer door de betrokken werknemer van de tijd waarin geen beroepswerkzaamheden van hem worden verlangd, moet inzonderheid rekening worden gehouden met de tijd waarover de werknemer tijdens de oproepdienst beschikt om zijn beroepsactiviteiten te hervatten vanaf het moment dat de werkgever hierom verzoekt, in voorkomend geval in combinatie met het gemiddeld aantal interventies dat hij tijdens de oproepdienst daadwerkelijk moet uitvoeren [arrest van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main (Periode waarin een brandweerman permanent bereikbaar moet zijn), C‑580/19 , EU:C:2021:183 , punt ]. Dienaangaande heeft het Hof verduidelijkt dat wanneer deze tijd gedurende de periode van oproepdienst beperkt is tot enkele minuten, deze periode in beginsel integraal moet worden beschouwd als „arbeidstijd”. Zoals het Hof eveneens heeft verduidelijkt, is het niettemin noodzakelijk dat de impact van die reactietijd in concreto moet worden beoordeeld, in voorkomend geval rekening houdend met andere verplichtingen die de werknemer krijgt opgelegd of de faciliteiten die hem worden geboden in diezelfde periode [arrest van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main (Periode waarin een brandweerman permanent bereikbaar moet zijn), C‑580/19 , EU:C:2021:183 , punten en en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Het staat aan de verwijzende rechter om in het licht van alle omstandigheden van het geval en op basis van de in de punten 38 tot en met 41 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte indicaties te beoordelen of de verplichtingen die MG tijdens zijn perioden van oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar moet zijn worden opgelegd, zodanig zwaar zijn dat ze een objectieve en aanzienlijke impact hebben op zijn mogelijkheden om tijdens die perioden de tijd waarin van hem geen beroepswerkzaamheden als oproepbare brandweerman worden verlangd, vrij in te vullen. In dit verband vormt de aan MG geboden mogelijkheid om tijdens zijn perioden van oproepdienst een andere beroepsactiviteit uit te oefenen een belangrijke aanwijzing dat de concrete regels van het systeem van permanente bereikbaarheid voor deze werknemer geen grote verplichtingen meebrengen die aanzienlijke gevolgen hebben voor het beheer van zijn tijd, vooropgesteld dat blijkt dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit zijn arbeidsovereenkomst, de collectieve overeenkomsten en de wettelijke regeling van de betrokken lidstaat zodanig zijn geregeld dat hij tijdens een aanzienlijk deel van die perioden deze activiteit daadwerkelijk kan uitoefenen. Dat MG zich tijdens de perioden van oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar dient te zijn op geen enkel moment op een bepaalde plaats hoeft te bevinden, dat hij niet verplicht is om deel te nemen aan alle interventies die vanuit zijn kazerne worden uitgevoerd, dat een kwart van deze interventies zonder hem kan plaatsvinden en dat hij een andere beroepsactiviteit mag uitoefenen die gemiddeld niet meer dan 48 uur per week mag bedragen, kunnen objectieve elementen zijn op grond waarvan kan worden geoordeeld dat hij in staat is om tijdens die perioden deze andere beroepsactiviteit in overeenstemming met zijn eigen interessen te ontwikkelen en daaraan een aanzienlijk deel van de betrokken tijd te besteden. Dat is echter anders indien de gemiddelde frequentie van de noodoproepen en de gemiddelde duur van de interventies de daadwerkelijke uitoefening verhinderen van een beroepsactiviteit die kan worden gecombineerd met het beroep van oproepbare brandweerman, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat. Voorts moet nog worden verduidelijkt dat er geen rekening kan worden gehouden met organisatorische moeilijkheden die kunnen voortvloeien uit de door de betrokken werknemer gemaakte keuzen, zoals de keuze van woonplaats of de plaatsen voor de uitoefening van een andere beroepsactiviteit die meer of minder ver verwijderd zijn van de plaats die hij in het kader van zijn beroep als oproepbare brandweerman binnen de gestelde tijd moet kunnen bereiken [zie naar analogie arrest van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main (Periode waarin een brandweerman permanent bereikbaar moet zijn), C‑580/19 , EU:C:2021:183 , punten en en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Indien, gelet op alle in het hoofdgeding relevante omstandigheden, zou blijken dat die perioden van oproepdienst niet voldoen aan de voorwaarden om als „arbeidstijd” in de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 2003/88 te worden aangemerkt, betekent dit dat, zoals volgt uit punt 35 van het onderhavige arrest, deze perioden met uitzondering van de tijd die verband houdt met de daadwerkelijk verrichte arbeidsprestaties, moeten worden aangemerkt als „rusttijd” in de zin van artikel 2, punt 2, van deze richtlijn. Toch kan de kwalificatie van de periode van oproepdienst als „rusttijd” voor de toepassing van richtlijn 2003/88 niet afdoen aan de plicht van werkgevers om hun specifieke verplichtingen uit de artikelen 5 en 6 van richtlijn 89/391 na te leven ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Derhalve kunnen werkgevers geen zodanig lange of frequente perioden van oproepdienst invoeren dat deze een risico voor de veiligheid of gezondheid van de werknemer opleveren, ongeacht of deze perioden als „rusttijd” in de zin van artikel 2, punt 2, van richtlijn 2003/88 worden aangemerkt. Het staat aan de lidstaten om in hun nationale recht de nadere regels voor de toepassing van deze verplichting te bepalen [arrest van 9 maart 2021, Stadt Offenbach am Main (Periode waarin een brandweerman permanent bereikbaar moet zijn), C‑580/19 , EU:C:2021:183 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Gelet op het voorgaande dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 2, punt 1, van richtlijn 2003/88 aldus moet worden uitgelegd dat een door een oproepbare brandweerman vervulde periode van oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar moet zijn en tijdens welke hij met toestemming van zijn werkgever een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, maar in geval van een noodoproep binnen ten hoogste tien minuten op zijn kazerne moet zijn, geen „arbeidstijd” in de zin van deze bepaling vormt, indien uit een globale beoordeling van alle omstandigheden van het geval – met name de omvang en de wijze van uitoefening van deze mogelijkheid om een andere beroepsactiviteit uit te oefenen alsmede het ontbreken van een verplichting om deel te nemen aan alle interventies die vanuit deze kazerne worden uitgevoerd – blijkt dat de tijdens deze periode aan de werknemer opgelegde verplichtingen niet van dien aard zijn dat hij objectief gezien aanzienlijk wordt beperkt in zijn mogelijkheden om tijdens die periode de tijd waarin van hem geen beroepswerkzaamheden als oproepbare brandweerman worden verlangd, vrij in te vullen. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht: Artikel 2, punt 1, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd moet aldus worden uitgelegd dat een door een oproepbare brandweerman vervulde periode van oproepdienst waarin hij permanent bereikbaar moet zijn en tijdens welke hij met toestemming van zijn werkgever een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, maar in geval van een noodoproep binnen ten hoogste tien minuten op zijn kazerne moet zijn, geen „arbeidstijd” in de zin van deze bepaling vormt, indien uit een globale beoordeling van alle omstandigheden van het geval – met name de omvang en de wijze van uitoefening van deze mogelijkheid om een andere beroepsactiviteit uit te oefenen alsmede het ontbreken van een verplichting om deel te nemen aan alle interventies die vanuit deze kazerne worden uitgevoerd – blijkt dat de tijdens deze periode aan de werknemer opgelegde verplichtingen niet van dien aard zijn dat hij objectief gezien aanzienlijk wordt beperkt in zijn mogelijkheden om tijdens die periode de tijd waarin van hem geen beroepswerkzaamheden als oproepbare brandweerman worden verlangd, vrij in te vullen. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Engels.

62020CJ0079

cs

Svým kasačním opravným prostředkem se Yieh United Steel Corp. (dále jen „Yieh“) domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 3. prosince 2019, Yieh United Steel v. Komise ( T‑607/15 , dále jen napadený rozsudek, EU:T:2019:831 ), kterým Tribunál zamítl její žalobu znějící na zrušení prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1429 ze dne 26. srpna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu ( Úř. věst. 2015, L 224, s. 10 , dále jen „sporné nařízení“). Právní rámec Právo WTO Rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) ( Úř. věst. 1994, L 336, s. 1 ; Zvl. vyd. 19/04, s. 42.), schválila Rada Evropské unie Dohodu o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), jež byla podepsána v Marrákeši dne 15. dubna 1994, jakož i dohody uvedené v přílohách 1 až 3 této dohody, mezi nimiž se nachází i Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 ( Úř. věst. 1994, L 336, s. 103 ; Zvl. vyd. 19/04, s. 42.,dále jen „antidumpingová dohoda“). Článek 2 antidumpingové dohody, nadepsaný „Zjišťování újmy“, stanoví: „2.1   Pro účely této Dohody může být výrobek považován za dumpingový, tj. uvedený na trh jiné země za cenu nižší, než je běžná hodnota, jestliže vývozní cena výrobku, vyváženého z jedné země do druhé, je nižší, než je při běžném obchodu srovnatelná cena obdobného výrobku, určeného pro spotřebu ve vývozní zemi. 2.2   Jestliže nejsou žádné prodeje obdobného výrobku při běžném obchodu na domácím trhu vývozní země nebo když pro zvláštní situaci na trhu nebo nízký objem prodejů na domácím trhu vývozní země […] takové prodeje nedovolují řádné srovnání, dumpingové rozpětí bude určeno srovnáním se srovnatelnou cenou obdobného výrobku, vyváženého do některé třetí země za předpokladu, že tato cena je reprezentativní, nebo srovnáním s výrobními náklady v zemi původu, zvýšenými o rozumnou částku, představující administrativní, prodejní a všeobecné náklady a zisk.“ 2.2.1 Prodeje obdobného výrobku na domácím trhu vývozní země nebo prodeje do třetí země za cenu pod výrobními (pevnými a variabilními) náklady za jednotku, zvýšenou o administrativní, prodejní a všeobecné náklady, mohou být pokládány za takové, které nejsou běžným obchodem z důvodu jejich ceny a nemusí být brány na zřetel při zjišťování běžné hodnoty pouze, pokud úřady […] zjistí, že takové prodeje byly učiněny během delšího časového období […] v podstatném množství […] a za ceny, které nezajišťují pokrytí všech nákladů během přiměřeného časového období. Jestliže ceny, které jsou nižší než náklady za jednotku v době prodeje, jsou vyšší než vážený průměr nákladů za jednotku v období šetření, budou tyto ceny považovány za takové, které zabezpečují pokrytí nákladů během rozumného časového období. 2.2.1.1 Pro účely odstavce 2 budou náklady obvykle počítány na základě údajů, které vlastní dovozce nebo výrobce, účastnící se šetření s tím, že takové údaje jsou v souladu s všeobecně přijatými účetními zásadami vývozní země a přiměřeně odrážejí náklady, spojené s výrobou a prodejem výrobku, o který se jedná. […] […]“ Unijní právo Ke dni přijetí sporného nařízení se ustanovení upravující přijímání antidumpingových opatření Evropskou unií nacházela v nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství ( Úř. věst. 2009, L 343, s. 51 ; Zvl. vyd. 19/04, s. 42.)a oprava ( Úř. věst. 2010, L 7 ) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 765/2012 ze dne 13. června 2012 ( Úř. věst. 2012, L 237, s. 1 ), dále jen „základní nařízení“). Článek 1 základního nařízení, nadepsaný „Zásady“, v odstavcích 1 a 2 stanovil: „1.   Antidumpingové clo může být uloženo na každý dumpingový výrobek, jehož propuštění do volného oběhu v Unii působí újmu. 2.   Výrobek je považován za dumpingový, jestliže je vývozní cena výrobku vyváženého do Unie nižší, než je v běžném obchodním styku srovnatelná cena obdobného výrobku určeného pro spotřebu v zemi vývozu.“ Článek 2 uvedeného nařízení, nadepsaný „Zjištění dumpingu“, stanovil: „A. Běžná hodnota 1.   Běžná hodnota se obvykle zakládá na cenách, které jsou zaplaceny nebo mají být zaplaceny nezávislým odběratelem v zemi vývozu v běžném obchodním styku. […] 2.   K určení běžné hodnoty by měl být obvykle použit prodej obdobných výrobků ke spotřebě na domácím trhu, pokud jeho objem činí nejméně 5 % objemu prodeje daného výrobku ve Společenství. […] 3.   Pokud obdobné výrobky v běžném obchodním styku nejsou prodávány vůbec nebo jen v neuspokojivém množství nebo tento prodej neumožňuje z důvodu zvláštní situace na trhu přiměřené srovnání, určí se běžná hodnota obdobného výrobku na základě výrobních nákladů v zemi původu s připočtením přiměřené částky pro prodejní, správní a režijní náklady a pro zisk, nebo na základě cen platných při vývozu do vhodné třetí země v běžném obchodním styku, pokud jsou tyto ceny reprezentativní. Za zvláštní situaci na trhu daného výrobku ve smyslu prvního pododstavce lze mimo jiné považovat případy, kdy jsou ceny uměle nízké, kdy existuje významný směnný obchod nebo kdy existují netržní zpracovatelské dohody. 4.   Prodej obdobných výrobků na domácím trhu země vývozu nebo prodej na vývoz do třetí země za ceny, které se pohybují pod (pevnými a proměnnými) náklady na jednotku s připočtením prodejních, správních a režijních nákladů, může být z cenových důvodů považován za neuskutečněný v běžném obchodním styku a nezohledňován při určování běžné hodnoty, pouze pokud se zjistí, že se tento prodej uskutečňuje během delšího období ve významných objemech a za ceny, které neumožňují během přiměřené doby pokrýt veškeré náklady. […] 5.   Náklady se obvykle vypočtou na základě záznamů vedených stranou, která je předmětem šetření, pokud tyto záznamy odpovídají obecně uznávaným zásadám účetnictví dané země a pokud je prokázáno, že tyto záznamy přiměřeně odrážejí náklady spojené s výrobou a prodejem daného výrobku. Pokud náklady spojené s výrobou a prodejem šetřeného výrobku nejsou přiměřeně odráženy v záznamech dané strany, upraví se nebo se stanoví na základě nákladů jiných výrobců nebo vývozců v téže zemi, nebo pokud takové informace nejsou k dispozici nebo je nelze použít, na jakémkoli jiném přijatelném základě včetně informací z jiných reprezentativních trhů. Doklady předložené pro řádné rozdělení nákladů se zohlední, pokud se prokáže, že se toto rozdělení nákladů provádí tradičním způsobem. Při nedostatku vhodnější metody se upřednostní rozdělení nákladů na základě obratu. Jestliže se toto neuskutečnilo už při rozdělování nákladů podle tohoto pododstavce, provedou se přiměřené opravy pro neopakující se nákladové činitele, které se zanesou ve prospěch budoucí a/nebo současné výroby. […]“ Článek 6 základního nařízení, nadepsaný „Šetření“, v odstavci 8 stanovil: „S výjimkou okolností uvedených v článku 18 se co nejdůkladněji ověřuje správnost informací poskytnutých účastníky řízení, o něž se opírají závěry.“ Článek 10 tohoto nařízení, nadepsaný „Zpětná působnost“, v odstavci 4 stanovil: „Konečné antidumpingové clo může být uloženo na výrobky, které byly propuštěny do volného oběhu nejvýše 90 dnů přede dnem použitelnosti prozatímních opatření, avšak nikoli před zahájením šetření, pokud byl dovoz celně evidován podle čl. 14 odst. 5, [Evropská] komise poskytla dotčeným dovozcům příležitost vyjádřit své stanovisko a a) u daného výrobku již dříve po delší období existoval dumping nebo dovozce o dumpingu věděl nebo měl vědět, pokud jde o rozsah dumpingu a předpokládanou nebo skutečnou újmu; […] […]“ Skutečnosti předcházející sporu V bodech 1 až 11 napadeného rozsudku jsou skutečnosti předcházející sporu vylíčeny takto: „1 […] [Yieh] je společnost se sídlem na Tchaj-wanu, která se zabývá zejména výrobou a distribucí plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli (dále jen „dotyčný výrobek“). Za účelem výroby dotyčného výrobku používá [Yieh] jako surovinu za tepla válcovaných svitků, které jsou vyráběny buď přímo jí, nebo nakupovány od společnosti Lianzhong Stainless Steel Co. Ltd […], společnosti ve spojení, která vyrábí svitky válcované za tepla, sídlící v Číně. [Společnost] [Yieh] dotyčný výrobek prodává zákazníkům z […] Unie a zákazníkům na svém vnitřním trhu, mezi něž patří výrobci a nezávislí následní distributoři dotčeného výrobku a její následný výrobce ve spojení, společnost Yieh Mau. Na základě stížnosti podané dne […] ze strany Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (dále jen „Eurofer“), zveřejnila […] Komise dne 26. června 2014 oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu [dotyčného produktu] pocházející[ho] z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu […] v souladu se [základním] nařízením. […] Dne 24. března 2015 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2015/501 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. Věst. 2015, L 79, s. 23., dále jen „prozatímní nařízení“). Prozatímní nařízení uložilo prozatímní antidumpingové clo ve výši 10,9 % na dotyčný výrobek [vyráběný] [společností Yieh]. Dopisem ze dne 25. března 2015 zaslala Komise [společnosti Yieh] prozatímní zjištění uvádějící úvahy a podstatné skutečnosti, na jejichž základě bylo rozhodnuto o uložení prozatímního antidumpingového cla (dále jen „prozatímní zjištění“). V prozatímních zjištěních se Komise mimo jiné zabývala otázkou svého odmítnutí odpočítat hodnotu recyklovaného šrotu z výrobních nákladů dotyčného výrobku a otázkou svého odmítnutí zohlednit pro účely stanovení běžné hodnoty určitý prodej [společnosti Yieh] v zemi vývozu. Dne 20. dubna 2015 předložila [Yieh] stanovisko k prozatímním zjištěním. Dne 23. června 2015 zaslala Komise [společnosti Yieh] konečná zjištění. Dne 3. července 2015 předložila [Yieh] své připomínky k těmto zjištěním. Dne 26. srpna 2015 přijala Komise [sporné] nařízení, které změnilo prozatímní nařízení a uložilo antidumpingové clo ve výši 6,8 % na dovoz dotyčného výrobku vyráběného mimo jiné [společností Yieh] do Unie.“ Sporné nařízení již není v platnosti od 16. září 2021. Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 27. října 2015 podala Yieh žalobu znějící na zrušení sporného nařízení. Na podporu své žaloby se Yieh dovolávala dvou žalobních důvodů vycházejících z porušení čl. 2 odst. 3 a odst. 5 základního nařízení, jakož i ze zneužití pravomoci a z porušení čl. 2 odst. 1 a 2 tohoto nařízení. Svým prvním žalobním důvodem, vycházejícím z porušení čl. 2 odst. 3 a 5 základního nařízení a zneužití pravomoci, Yieh uplatnila, že se Komise tím, že zamítla její žádost o odpočet hodnoty recyklovaného šrotu z výrobních nákladů dotyčného výrobku, dopustila zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu. V rámci tohoto žalobního důvodu Yieh vytýkala Komisi, že porušila čl. 2 odst. 5 základního nařízení tím, že odmítla zohlednit její účetní záznamy a metodu rozdělení nákladů, kterou uplatnila na ztráty ze svitků válcovaných za tepla, které byly zjištěny během výroby dotyčného výrobku. Zadruhé v důsledku tohoto protiprávního jednání dospěla Komise podle názoru Yieh ke zjevně nesprávnému závěru, že Yieh plně nezačlenila výrobní ztrátu ze svitků válcovaných za tepla do výrobních nákladů dotyčného výrobku, takže je rovněž nesprávné, že Komise v důsledku toho odmítla odpočet hodnoty recyklovaného šrotu z výrobních nákladů dotyčného výrobku, což uměle navýšilo běžnou hodnotu v rozporu s čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Konečně toto odmítnutí Komise odečíst hodnotu recyklovaného šrotu představuje podle společnosti Yieh zneužití pravomoci. Svým druhým žalobním důvodem, vycházejícím z porušení čl. 2 odst. 1 a 2 základního nařízení, Yieh uplatnila, že Komise zaprvé porušila čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení tím, že bez náležitého odůvodnění odmítla zohlednit pro účely určení běžné hodnoty prodej dotyčného výrobku jejímu nezávislému zákazníkovi na Tchaj-wanu uskutečněný v běžném obchodním styku, a zadruhé porušila čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení tím, že odmítla dotčený prodej pouze z důvodu, že tento zákazník dotyčný výrobek po tomto prodeji vyvezl, ačkoli Komise neprokázala, že Yieh měla úmysl neurčit tento výrobek k domácí spotřebě. Usnesením ze dne 20. července 2016 předseda prvního senátu Tribunálu povolil vedlejší účastenství Eurofer na podporu návrhových žádání Komise. Napadeným rozsudkem Tribunál oba žalobní důvody uplatněné společností Yieh, a tudíž i žalobu v plném rozsahu zamítl. Návrhová žádání účastníků řízení před Soudním dvorem Navrhovatelka ve svém kasačním opravném prostředku navrhuje, aby Soudní dvůr: – napadený rozsudek zrušil; – vyhověl žalobě v prvním stupni a zrušil tak sporné nařízení v rozsahu, v němž se jí týká, a – uložil Komisi a vedlejšímu účastníku řízení náhradu nákladů řízení vynaložených v řízení v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku. Komise navrhuje, aby Soudní dvůr: – kasační opravný prostředek zamítl a – uložil společnosti Yieh náhradu nákladů řízení. Eurofer navrhuje, aby Soudní dvůr: – kasační opravný prostředek zamítl; – podpůrně, zamítl žalobu podanou v prvním stupni; – ještě podpůrněji, vrátil věci Tribunálu a – uložil společnosti Yieh náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených vedlejším účastníkem řízení, včetně nákladů řízení v prvním stupni. Ke kasačnímu opravnému prostředku Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje Yieh tři důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 2 odst. 3 základního nařízení v rozsahu, v němž Tribunál nesprávně vyloučil použití tohoto ustanovení, druhý z porušení čl. 2 odst. 5 tohoto nařízení tím, že Tribunál řádně neprovedl zvážení potřeb inspekce Komise v rámci jejího šetření a zájmů společnosti Yieh, a třetí důvod vycházející z porušení čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení, když Tribunál rozhodl, že Komise může z výpočtu běžné hodnoty vyloučit prodej uskutečněný na domácím trhu země vývozu (dále jen „domácí prodej“), aniž musí prokázat konkrétní záměr nebo vědomost prodávajícího, pokud jde o konečný vývoz dotyčného výrobku. K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 2 odst. 3 základního nařízení Argumentace účastníků řízení První důvod kasačního opravného prostředku, který se týká bodů 60 a 61 napadeného rozsudku, se dělí na dvě části. – K první části První částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku Yieh vytýká Tribunálu, že se dopustil zjevně nesprávného posouzení při interpretaci jejího argumentu založeného na čl. 2 odst. 3 základního nařízení, což jej vedlo k tomu, že nesprávně vyloučil použití tohoto ustanovení. Bod 60 napadeného rozsudku je tak stižen zjevně nesprávným posouzením, neboť Tribunál v něm vyžadoval, že před uplatněním porušení čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení musí být prokázáno porušení čl. 2 odst. 4 základního nařízení. Podle společnosti Yieh totiž čl. 2 odst. 4 základního nařízení není v projednávané věci relevantní. Tribunál měl kromě toho v témže bodě 60 napadeného rozsudku nesprávně za to, že nezisková povaha dotyčných prodejů byla jediným důvodem, který vedl Komisi ke stanovení běžné hodnoty. Zejména z bodu 74 odůvodnění prozatímního nařízení přitom vyplývá, že běžná hodnota byla vypočtena pro typy výrobků, u nichž nebyl zjištěn dostatečný nebo žádný prodej nebo či dokonce žádný prodej v běžném obchodním styku, a že Komise nepoužila zjištěnou běžnou hodnotu pro typy výrobků, u nichž byly zjištěny neziskové prodeje, ale spíše váženou průměrnou prodejní cenu. Společnost Yieh kromě toho zpochybňuje tvrzení uvedené v bodě 61 napadeného rozsudku, podle kterého „[Yieh] nezpochybňuje v rámci projednávané žaloby metodu použitou Komisí pro stanovení běžné hodnoty, jak je uvedena v čl. 2 odst. 3 základního nařízení“. Společnost Yieh totiž tvrdí, že v bodě 44 své žaloby před Tribunálem výslovně zpochybnila metodu výpočtu běžné hodnoty použitou Komisí v rozsahu, v němž Komise odmítla vyhovět její žádosti o odpočet hodnoty recyklovaného šrotu z výrobních nákladů dotyčného výrobku na základě čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Komise tvrdí, že vzhledem k neexistenci dostatečných důkazů neměla jinou možnost než odmítnout odpočet hodnoty recyklovaného šrotu z výrobních nákladů dotyčného výrobku, jelikož nemohla na základě ověření uložených čl. 6 odst. 8 základního nařízení spolehlivě prokázat, zda vykázaná ztráta zahrnovala uplatňované hmotné náklady, ani výši odpočtu hodnoty recyklovaného šrotu. Kromě toho Komise zpochybňuje výklad, který Yieh provedla v bodech 60 a 61 napadeného rozsudku. Eurofer namítá nepřípustnost první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku z důvodu, jak Tribunál správně konstatoval v bodě 61 napadeného rozsudku, že argument společnosti Yieh založený na nesprávném zjištění běžné hodnoty nebyl předložen v prvním stupni. Mimoto zdůrazňuje, že Yieh nepředložila argumenty, které by prokazovaly zjevně nesprávné posouzení Tribunálu při přezkumu podstaty tohoto argumentu. Připomíná tak, že odmítnutí Komise odečíst hodnotu recyklovaného šrotu od výrobních nákladů dotyčného výrobku pro účely výpočtu zjištěné běžné hodnoty je odůvodněno rizikem dvojího odpočtu a umělého snížení nákladů. – K druhé části V rámci druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku Yieh tvrdí, že Tribunál měl nesprávně za to, že čl. 2 odst. 3 základního nařízení nemá autonomní povahu. V bodě 60 napadeného rozsudku tak Tribunál podmínil konstatování porušení tohoto ustanovení předchozími zjištěními učiněnými na základě čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2 odst. 5 tohoto nařízení. Takové popření autonomní povahy čl. 2 odst. 3 základního nařízení by přitom bylo nejen v rozporu s rozhodovací praxí WTO týkající se příslušného ustanovení čl. 2 odst. 2 antidumpingové dohody, ale navíc by společnosti Yieh neumožnilo zpochybnit pouze metodu výpočtu, kterou Komise použila ke stanovení zjištěné běžné hodnoty. Kromě toho rozsah přezkumu provedeného Komisí, který se týkal otázky odpočtu hodnoty recyklovaného šrotu od výrobních nákladů dotyčného výrobku, by se podle Yieh měl lišit podle toho, zda se tento přezkum provádí v rámci čl. 2 odst. 3 základního nařízení, nebo v rámci čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení. Toto posledně uvedené ustanovení není v projednávaném případě relevantní z důvodu rentabilní povahy domácího prodeje. Úkol, který přísluší Komisi v rámci čl. 2 odst. 3 základního nařízení, tedy nemůže být totožný s úkolem, který se pojí k čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení a který proponuje Tribunál v bodech 78 až 80 napadeného rozsudku. Komise a Eurofer zpochybňují výklad bodu 60 napadeného rozsudku, který provedla Yieh. Tribunál nerozhodl, že čl. 2 odst. 3 základního nařízení není samostatným ustanovením, ale spíše že stanovení běžné hodnoty bylo důsledkem toho, že Komise použila čl. 2 odst. 4 základního nařízení. Závěry Soudního dvora Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku, který se týká bodů 60 a 61 napadeného rozsudku a který je rozdělen na dvě části, které se z velké části překrývají, a kterými je tedy možné se zabývat společně, Yieh vytýká Tribunálu, že porušil čl. 2 odst. 3 základního nařízení. V tomto ohledu je třeba konstatovat, jak rovněž tvrdí Komise, že jednotlivé výtky namířené společností Yieh v rámci jejího prvního důvodu kasačního opravného prostředku proti bodům 60 a 61 napadeného rozsudku jsou ve velké míře založeny na nesprávném výkladu těchto bodů. Vzhledem k tomu, že Tribunál v uvedených bodech v odpovědi na konkrétní argumentaci rozvinutou společností Yieh správně vyjádřil vzájemný vztah mezi ustanoveními čl. 2 odst. 3 a ustanoveními čl. 2 odst. 4 a 5 základního nařízení, je třeba mít za to, že uvedené body nejsou stiženy nesprávným právním posouzením. Na rozdíl od toho, co tvrdí Yieh v rámci první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku, nelze z bodů 60 a 61 napadeného rozsudku vyvodit, že Tribunál v nich „odmítl použití“ čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Kromě toho na rozdíl od toho, co tvrdí Yieh v rámci druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku, nelze z těchto bodů 60 a 61 vyvodit ani to, že Tribunál měl za to, že čl. 2 odst. 3 základního nařízení nemá „autonomní povahu“, když podmínil konstatování porušení tohoto ustanovení předchozím zjištěním učiněným na základě čl. 2 odst. 4 nebo čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení, které by umožnilo dospět k závěru, že došlo k porušení posledně uvedených ustanovení, což by podle společnosti Yieh neumožnilo zpochybnit samotnou metodu výpočtu, kterou Komise použila pro stanovení zjištěné běžné hodnoty, ačkoli takovou výtku vznesla před Tribunálem. V tomto ohledu je třeba, aby body 60 a 61 napadeného rozsudku byly zasazeny do kontextu, v němž Tribunál zkoumal první žalobní důvod, a to v podstatě, jak vyplývá z bodů 29, 48, 49 a 56 napadeného rozsudku, s ohledem na argumentaci společnosti Yieh, podle které odmítnutí Komise odečíst hodnotu recyklovaného šrotu od výrobních nákladů dotyčného výrobku v rozporu s čl. 2 odst. 5 uvedeného nařízení vedlo k „umělému navýšení“ běžné hodnoty v rozporu s čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, což vedlo ke zvýšení podílu typů výrobků, u nichž byla běžná hodnota vytvořena na základě prodeje, který se uskutečnil za ceny nižší, než jsou výrobní náklady. V bodech 52 až 55 napadeného rozsudku přitom Tribunál správně odkazuje na judikaturu vycházející z rozsudku ze dne 1. října 2014, Rada v. Alumina ( C‑393/13 P , EU:C:2014:2245 ), která se týká vzájemného vztahu mezi zejména ustanoveními čl. 2 odst. 3 základního nařízení a ustanoveními čl. 2 odst. 4 téhož nařízení. Pokud jde o takový případ, jako je projednávaný případ, tento vztah se projevuje následovně. Pokud Komise v průběhu svého šetření konstatuje, že některý domácí prodej není ziskový, jelikož byl uskutečněn za ceny nižší, než jsou „výrobní náklady“, tj. jednotkové výrobní náklady (fixní a variabilní), zvýšené o prodejní, správní a další režijní náklady po delší dobu, v podstatném množství a za ceny, které neumožňují pokrýt veškeré náklady v přiměřené lhůtě, přičemž tento prodej se považuje za uskutečněný v „běžném obchodním styku“, a musí být tedy vyloučen ze základu pro výpočet běžné hodnoty podle čl. 2 odst. 4 základního nařízení. V tomto případě se použil čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení, který stanovil, že pro dotčené typy výrobků se tzv. „zjištěná“ běžná hodnota vypočte na základě uvedených výrobních nákladů navýšených o přiměřený zisk. V této souvislosti Tribunál v bodě 60 napadeného rozsudku konstatuje, že použití Komisí vytvořené běžné hodnoty na určitý domácí prodej nepramení ze zjištění „zvláštní situace na trhu“ týkající se skutečnosti, že ceny jsou „uměle nízké“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Toto konstatování převážně skutkové povahy Yieh ve fázi kasačního opravného prostředku nezpochybňuje. Je třeba uvést, že v témže bodě 60, pokud jde konkrétně o vzájemný vztah připomenutý v bodě 47 tohoto rozsudku, Tribunál správně tvrdí, že použití početně zjištěné běžné hodnoty „je přímým důsledkem“ zjištění Komise, že některý domácí prodej byl uskutečněn za ceny nižší, než jsou výrobní náklady ve smyslu čl. 2 odst. 4 prvního pododstavce základního nařízení, „v návaznosti na to, že Komise zamítla žádost žalobkyně o odpočet šrotu“. Jak potvrzuje bod 56 napadeného rozsudku, Tribunál v bodě 60 tohoto rozsudku formuloval skutkové zjištění, a sice že v projednávaném případě použití zjištěné běžné hodnoty Komisí pro „menší část“ domácího prodeje v souladu s čl. 2 odst. 3 základního nařízení, vyplývá přímo ze skutečnosti, že poté, co Komise zamítla žádost o odpočet hodnoty recyklovaného šrotu z výrobních nákladů na dotyčný výrobek, který společnost Yieh podala, považoval se tento domácí prodej za uskutečněný za ceny nižší, než jsou výrobní náklady ve smyslu čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení, ačkoli by byl ziskový a nebyl by tak vyloučen podle posledně uvedeného ustanovení, pokud by Komise vyhověla žádosti o odpočet a snížila v důsledku toho uvedené výrobní náklady v projednávaném případě o požadované částky, a tedy o běžnou hodnotu. Toto skutkové zjištění nemůže být v rozsahu, v němž se týká pouze „určitých obchodních operací deklarovaných společností [Yieh]“, na rozdíl od toho, co tvrdí, vykládáno v tom smyslu, že běžná hodnota byla stanovena pouze v případě prodeje, který není ziskový. Mezi bodem 60 napadeného rozsudku a bodem 74 odůvodnění prozatímního nařízení, který uvádí, že zjištěná hodnota byla rovněž použita v případě nedostatečného domácího prodeje ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení, tedy neexistuje žádný rozpor. I když Yieh svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku zpochybňuje totéž skutkové zjištění, je třeba úvodem připomenout, že v souladu s čl. 256 odst. 1 SFEU a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora Evropské unie je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Jedině Tribunál je příslušný zaprvé zjistit skutkový stav, kromě případu, kdy věcná nesprávnost jeho zjištění vyplývá z písemností ve spise, které mu byly předloženy, a zadruhé tento skutkový stav a důkazy posoudit. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. září 2018, Philips a Philips France v. Komise, C‑98/17 P , nezveřejněný, EU:C:2018:774 , bod , jakož i ze dne 11. listopadu 2021, Autostrada Wielkopolska v. Komise a Polsko, C‑933/19 P , EU:C:2021:905 , body a , jakož i citovaná judikatura). Pokud navrhovatel tvrdí, že došlo zkreslení důkazů Tribunálem, musí podle článku 256 SFEU, čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie a čl. 168 odst. 1 písm. d) jednacího řádu Soudního dvora přesně uvést skutečnosti, které Tribunál zkreslil, a prokázat pochybení v analýze, která podle něj vedla Tribunál k tomuto zkreslení. Podle ustálené judikatury musí navíc zkreslení zjevně vyplývat z písemností ve spise, aniž je nutné znovu posuzovat skutkový stav a důkazy (rozsudek ze dne 11. listopadu 2021, Autostrada Wielkopolska v. Komise a Polsko, C‑933/19 P , EU:C:2021:905 , bod , jakož i citovaná judikatura). Soudní dvůr z toho vyvodil, že není příslušný ke zjišťování skutkového stavu ani v zásadě k přezkoumávání důkazů, které Tribunál přijal na podporu tohoto skutkového stavu. Pokud tyto důkazy byly získány řádně a byly dodrženy obecné právní zásady a procesní pravidla použitelná v oblasti důkazního břemene a provádění důkazů, přísluší pouze Tribunálu posoudit hodnotu, kterou je třeba přiznat jednotlivým důkazům, které mu byly předloženy. Takové posouzení tudíž nepředstavuje, s výhradou případu zkreslení těchto důkazů, právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora (rozsudek ze dne 2. června 2016, Photo USA Electronic Graphic v. Rada, C‑31/15 P , nezveřejněný, EU:C:2016:390 , bod a citovaná judikatura). Zadruhé je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury Soudního dvora v oblasti společné obchodní politiky a obzvláště v oblasti obchodních ochranných opatření mají unijní orgány z důvodu složitosti hospodářských a politických situací, které musí zkoumat, širokou posuzovací pravomoc (rozsudek ze dne 20. ledna 2022, Komise v. Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P , EU:C:2022:38 , bod a citovaná judikatura). Z ustálené judikatury rovněž vyplývá, že soudní přezkum této široké posuzovací pravomoci se musí omezit na ověření dodržení procesních pravidel, věcné správnosti skutkových zjištění, neexistence zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu nebo neexistence zneužití pravomoci (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. ledna 2022, Komise v. Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P , EU:C:2022:38 , bod a citovaná judikatura). Jak uvedl Tribunál v bodě 68 napadeného rozsudku, tento omezený soudní přezkum se vztahuje zejména na volbu mezi různými metodami výpočtu dumpingového rozpětí a na posouzení běžné hodnoty výrobku. Soudní dvůr rovněž opakovaně rozhodl, že hodnocení důkazů, na nichž unijní orgány zakládají svá zjištění, ze strany Tribunálu nepředstavuje nové posouzení skutkového stavu nahrazující posouzení těchto orgánů. Toto hodnocení nezasahuje do široké posuzovací pravomoci uvedených orgánů v oblasti obchodní politiky, ale omezuje se na určení toho, zda tyto důkazy mohou podepřít závěry vyvozené zmíněnými orgány. Tribunálu tedy přísluší nejen ověřit věcnou správnost předložených důkazů, jejich věrohodnost a soudržnost, ale rovněž přezkoumat, zda tyto důkazy představují veškeré relevantní údaje, jež musí být zohledněny při posuzování komplexní situace, a zda o ně lze opřít závěry, které jsou z nich vyvozovány (rozsudek ze dne 20. ledna 2022, Komise v. Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P , EU:C:2022:38 , bod a citovaná judikatura). S ohledem na tuto judikaturu by skutkové zjištění provedené Tribunálem v bodě 60 napadeného rozsudku mohlo být zpochybněno pouze tehdy, pokud by bylo prokázáno, že jeho věcná nesprávnost vyplývá z písemností ve spise, které byly Tribunálu předloženy. V projednávaném případě přitom Yieh neprokázala, že tomu tak je. Společnost Yieh mimoto netvrdí ani neprokazuje, že Tribunál zkreslil skutkový stav při jeho posouzení. Neprokazuje ani to, že by bylo možné Tribunálu vytýkat, že nekonstatoval, že se Komise na základě judikatury připomenuté v bodě 56 tohoto rozsudku dopustila zjevně nesprávného posouzení tohoto skutkového stavu. Kromě toho z bodu 74 odůvodnění prozatímního nařízení nevyplývá, jak tvrdí Yieh, že Komise nepoužila početně zjištěnou běžnou hodnotu pro typy výrobků, u nichž byl konstatován neziskový prodej, ale spíše váženou průměrnou prodejní cenu. Tento bod odůvodnění totiž pouze uvádí, že vypočítaná běžná hodnota byla rovněž použita s ohledem na to, že „v běžném obchodním styku nebyl zjištěn žádný prodej“. Konečně na rozdíl od toho, co tvrdí Yieh, Tribunál v bodě 61 napadeného rozsudku skutečně posoudil její argument vycházející z porušení čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Tribunál totiž v tomto bodě z vyloučení některých domácích prodejů z určení běžné hodnoty ve sporném nařízení z důvodu zjištění, že nejsou ziskové podle čl. 2 odst. 4 základního nařízení, vyvodil, že „porušení čl. 2 odst. 3 [tohoto nařízení] proto tím, že vyjmenovává různé situace určující povinnost pro orgán pověřený šetřením určit běžnou hodnotu dotyčného výrobku vyvážejícího výrobce, nemůže být v žádném případě prokázáno za účelem zrušení napadeného nařízení bez ohledu na zjištění porušení čl. 2 odst. 4 téhož nařízení.“ Dodal, že „[Yieh] v rámci [projednávané žaloby v prvním stupni] nezpochybňuje metodu Komise pro stanovení běžné hodnoty, která je uvedena v čl. 2 odst. 3 základního nařízení“. I když Tribunál v bodě 61 napadeného rozsudku neuvedl závěru, že je třeba zamítnout námitku vycházející z porušení čl. 2 odst. 3 základního nařízení, je toto zamítnutí jasně uvedeno v bodě 111 tohoto rozsudku poté, co Tribunál v bodech 62 až 110 téhož rozsudku provedl vyčerpávající přezkum a zamítl výtku vycházející z porušení čl. 2 odst. 5 tohoto nařízení. S ohledem na předcházející úvahy je třeba první důvod kasačního opravného prostředku zamítnout. K druhému důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 2 odst. 5 základního nařízení Argumentace účastníků řízení Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku Yieh tvrdí, že Tribunál náležitě nezvážil její zájmy a potřeby inspekce Komise v rámci jejího šetření, což představuje porušení čl. 2 odst. 5 základního nařízení. Tribunál však sám v souladu s přílohou II antidumpingové dohody a s ní související rozhodovací praxí uznal nezbytnost takové rovnováhy mezi potřebami inspekce Komise a právy společnosti Yieh vyplývajícími z čl. 2 odst. 5 základního nařízení. V projednávaném případě se podle společnosti Yieh Tribunál přiklonil k potřebám inspekce Komise, když dospěl k závěru, že z důvodu významu otázky ziskovosti domácího prodeje v rámci antidumpingového šetření byla Komise oprávněna získat velmi přesné informace o nákladech společnosti Yieh a že mohla právem vyloučit metodu účtování nákladů, kterou Yieh použila pro účely zaúčtování ztráty při výrobě šrotu. Kromě toho Tribunál tím, že v bodě 94 napadeného rozsudku odmítl argument, podle něhož shromažďování přesných údajů o objemech svitků válcovaných za tepla způsobilo nepřiměřenou pracovní zátěž pro společnost Yieh, neprovedl věcné posouzení této pracovní zátěže a neporovnal ji s potřebami šetření. Komise a Eurofer zpochybňují přípustnost některých argumentů, které předložila Yieh v rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku a tvrdí, že tento důvod kasačního opravného prostředku je v každém případě neopodstatněný. Závěry Soudního dvora Druhým důvodem kasačního opravného prostředku Yieh kritizuje přezkum, který Tribunál provedl v bodech 69 až 111 napadeného rozsudku, jejího žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 2 odst. 5 základního nařízení a směřujícího proti odmítnutí Komise vyhovět její žádosti odpočítat určitou hodnotu recyklovaného šrotu od výrobních nákladů dotyčného výrobku. Společnost Yieh v tomto ohledu Tribunálu vytýká, že náležitě nezvážil její zájmy a potřeby inspekce Komise v rámci jejího šetření, což představuje porušení uvedeného ustanovení. Společnost Yieh dále tvrdí, že když Tribunál v bodě 94 napadeného rozsudku odmítl její argument, podle něhož shromažďování údajů o přesném objemu svitků válcovaných za tepla koupených pro konkrétní výrobu dotyčného výrobku pro ni znamenalo nepřiměřenou pracovní zátěž, neprovedl věcné posouzení této pracovní zátěže a neporovnal ji s potřebami šetření. V tomto ohledu je třeba nejprve konstatovat, že tento druhý důvod kasačního opravného prostředku se s výjimkou bodu 94 napadeného rozsudku netýká žádného konkrétního bodu uvedeného rozsudku. Podle ustálené judikatury Soudního dvora z čl. 256 odst. 1 druhého pododstavce SFEU, čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie a čl. 168 odst. 1 písm. d) jednacího řádu Soudního dvora vyplývá, že kasační opravný prostředek musí přesným způsobem uvádět kritizované části rozsudku, jehož zrušení se navrhovatel domáhá, jakož i právní argumenty, kterými je tento návrh konkrétně podpořen. V tomto ohledu je v článku 169 odst. 2 tohoto jednacího řádu zejména požadováno, aby uplatňované právní důvody a argumenty přesně označovaly napadané body odůvodnění rozhodnutí Tribunálu (rozsudek ze dne 28. února 2018, mobile.de v. EUIPO, C‑418/16 P , EU:C:2018:128 , bod a citovaná judikatura) Dodržení posledně uvedeného požadavku je v projednávaném případě o to důležitější, že dotčený důvod se potenciálně týká široké škály posouzení především skutkové povahy, která byla provedena s ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 5 základního nařízení a uvedena v bodech 69 až 111 napadeného rozsudku v rámci podrobného odůvodnění. Z toho vyplývá, že druhý důvod kasačního opravného prostředku je nepřípustný v rozsahu, v němž se netýká žádného jiného bodu napadeného rozsudku než bodu 94. Dále, v rozsahu, v němž se týká tohoto bodu 94, ze samotného znění tohoto bodu vyplývá, že Tribunál v něm posoudil a poté odmítl argument předložený společností Yieh v odpovědi na písemnou otázku Tribunálu, jakož i na jednání, podle něhož zaprvé vyhledávání informací o přesném objemu svitků válcovaných za tepla nakoupených za účelem výroby konkrétně dotčeného výrobku znamenalo nepřiměřenou pracovní zátěž, a zadruhé, že pokud Komise na těchto informacích netrvala, mohla se oprávněně domnívat, že nejsou nutné. V tomto ohledu Tribunál v uvedeném bodě 94 konstatoval, že Komise v žádném okamžiku nevyjádřila jakýkoli úmysl upustit od získání uvedené informace a že navrhovatelka neprojevila náležitou pečlivost se uvedeného orgánu dotázat, zda došlo k předpokládanému upuštění od požadavku informací. V témže bodě 94 rovněž dodal, že Komise správně uvedla, že se k uvedené žádosti o informace nevrátila ve svém doplňkovém dotazníku vypracovaném po inspekci, jelikož se týkal pouze vývozních prodejů a neměl žádný vliv na dotčenou žádost. Bod 94 napadeného rozsudku musí být kromě toho chápán v kontextu podrobného odůvodnění uvedeného v bodech 69 až 111 tohoto rozsudku, v nichž Tribunál zdůraznil, že podle posouzení důkazů nelze Komisi kritizovat za to, že zamítla žádost o odpočet hodnoty recyklovaného šrotu od výrobních nákladů dotčeného výrobku, a to z důvodu, že jelikož neexistovaly úplné a spolehlivé informace o objemech svitků válcovaných za tepla nakoupených za účelem jeho výroby dotyčného výrobku, tj. informace, které požadovala, nemohla ověřit správnost tohoto odpočtu. V bodě 105 napadeného rozsudku Tribunál shrnul své posouzení jednotlivých argumentů společnosti Yieh směřujících ke zpochybnění odmítnutí Komise vyhovět její žádosti o odpočet hodnoty recyklovaného šrotu od výrobních nákladů předmětného výrobku, přičemž zdůraznil, že i když Yieh skutečně poskytla některé dodatečné informace, a to i po inspekci na místě a po přijetí prozatímního nařízení, nikdy naproti tomu neposkytla informace týkající se přesného množství svitků válcovaných za tepla spotřebovaných při výrobě dotyčného výrobku, které Komise mohla považovat za nezbytné pro účely plnění svých kontrolních úkolů, zejména pak tehdy, když otázka požadovaného odpočtu šrotu byla spjatá s objemem svitků válcovaných za tepla spotřebovávaných při výrobě dotyčného výrobku. Tato jednotlivá posouzení skutkové povahy, která Tribunál učinil, včetně bodu 94 napadeného rozsudku, však společnost Yieh nemůže zpochybnit na základě výtky vycházející z údajně nesprávného zvážení dotčených zájmů. Jak však bylo připomenuto v bodě 52 tohoto rozsudku, posouzení skutečností a důkazů, s výjimkou případu jejich zkreslení, nepředstavuje právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku. Vzhledem k tomu, že v projednávané věci společnost Yieh takové zkreslení neprokázala, je její důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného zvážení dotčených zájmů Tribunálem v bodě 94 napadeného rozsudku nepřípustný ve fázi kasačního opravného prostředku. S ohledem na výše uvedené musí být druhý důvod kasačního opravného prostředku odmítnut v plném rozsahu jako nepřípustný. Ke třetímu důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 2 odst. 2 základního nařízení Argumentace účastníků řízení Svým třetím důvodem kasačního opravného prostředku Yieh tvrdí, že Tribunál porušil čl. 2 odst. 2 základního nařízení, když v bodech 129 až 135 napadeného rozsudku v podstatě rozhodl, že Komise mohla odmítnout zohlednit domácí prodej pro účely určení běžné hodnoty z důvodu, že dotyčné výrobky nebyly určeny ke spotřebě na tomto trhu, ale byly určeny k vývozu, aniž tento orgán musel prokázat konkrétní záměr nebo vědomost ze strany vyvážejícího výrobce, pokud jde o místo určení v okamžiku prodeje. Společnost Yieh zaprvé zpochybňuje, že by analýza různých jazykových znění čl. 2 odst. 2 základního nařízení provedená v bodech 129 a 130 napadeného rozsudku mohla potvrdit závěr Tribunálu, podle něhož toto ustanovení neukládá Komisi, aby prokázala vědomost nebo záměr vyvážejícího výrobce, pokud jde o konečné místo určení dotyčných výrobků v okamžiku prodeje. Zadruhé Yieh nesouhlasí s kontextuálním a teleologickým výkladem základního nařízení, který Tribunál provedl v bodech 132 a 135 napadeného rozsudku. Má za to, že ačkoli ze základního nařízení vyplývá, že dumping, újma a obcházení ve smyslu tohoto nařízení mohou být zjištěny nezávisle na záměru vyvážejícího výrobce, nic to nemění na tom, že při uplatnění antidumpingového opatření je dán subjektivní prvek, jelikož se jedná o sankcionování „nekalého“ jednání dotčených vyvážejících výrobců. Kromě toho jiná ustanovení základního nařízení a jiné nástroje na ochranu obchodu, zejména „antisubvenční pravidla“, ukládají orgánu pověřenému šetřením ověřit subjektivní vědomost a záměr vyvážejících výrobců. Zatřetí se podle Yieh argumentace Tribunálu uvedená v bodě 134 napadeného rozsudku, podle níž nutnost prokázat skutečnou vědomost nebo záměr prodávajícího v okamžiku prodeje, pokud jde o konečné místo určení dotyčného výrobku, by znamenalo umožnit pro účely určení běžné hodnoty zohlednění cen vyvážených výrobků, které by ji mohly zkreslit, pohybuje v kruhu. Komise a Eurofer argumenty společnosti Yieh zpochybňují a tvrdí, že třetí důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut, jelikož přezkum provedený Tribunálem není stižen nesprávným právním posouzením. Závěry Soudního dvora Úvodem je třeba uvést, že z pravidla stanoveného v čl. 2 odst. 1 základního nařízení, podle kterého „se [b]ěžná hodnota obvykle zakládá na cenách, které jsou zaplaceny nebo mají být zaplaceny nezávislým odběratelem v zemi vývozu v běžném obchodním styku“, a z pravidla stanoveného v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení, podle kterého „ [k] určení běžné hodnoty by měl být obvykle použit prodej obdobných výrobků ke spotřebě na domácím trhu“, vyplývá, že za účelem stanovení běžné hodnoty není zohledňován domácí prodej, pokud výrobky dotčené tímto prodejem nejsou určeny ke spotřebě na tomto trhu, avšak k jinému účelu, jako je jejich vývoz. Vyvstává tedy otázka, zda – jak tvrdí Yieh – výraz „ke spotřebě“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení obnáší subjektivní prvek. Podle „subjektivního“ přístupu zastávaného společností Yieh v rámci jejího třetího důvodu kasačního opravného prostředku musí být tento výraz chápán v tom smyslu, že domácí prodej může být vyloučen ze základu pro výpočet sloužící k určení běžné hodnoty pouze tehdy, pokud Komise prokáže, že v okamžiku, kdy se uskutečnil, měl prodávající v úmyslu, aby byl dotyčný výrobek později vyvezen nebo že o tomto vývozu skutečně věděl. Naopak podle „objektivního“ přístupu, který Tribunál v podstatě použil v bodech 136 až 142 napadeného rozsudku, aby bylo možné vyloučit určitý domácí prodej ze základu výpočtu sloužícího k určení běžné hodnoty, stačí, aby Komise měla k dispozici dostatečné objektivní důkazy prokazující, že dotčený prodej je ve skutečnosti vývozním prodejem. V tomto ohledu Tribunál v bodech 128 a 129 napadeného rozsudku správně vzal za základ svých úvah zjištění, že anglické znění čl. 2 odst. 2 základního nařízení v rozsahu, v němž obsahuje slova „ intended for consumption “, je formulováno tak, že může naznačovat, že záměr prodávajícího je relevantním kritériem, což patrně může svědčit ve prospěch subjektivního přístupu uvedeného v bodě 94 tohoto rozsudku. Lze dodat, že švédské znění v rozsahu, v němž používá pojem „ avsedd “, odpovídá v tomto ohledu slovu „ intended “ (zamýšlený), které používá anglické znění. Naproti tomu pro objektivní přístup uvedený v bodě 95 tohoto rozsudku svědčí spíše skutečnost, že ve většině jazykových znění, zejména osmi zněních, včetně francouzského znění, na které odkazuje Tribunál a ke kterým může být přidáno portugalské a rumunské znění, která používají slova „ destinado “ a „ destinat “, jsou použity pojmy odkazující na místo určení výrobku, a nikoli nezbytně na záměr nebo vědomost vyvážejícího výrobce. V tomto ohledu, jak uvedl generální advokát v bodě 51 svého stanoviska, výraz „ke spotřebě na domácím trhu“ použitý v čl. 2 odst. 2 základního nařízení znamená podle jeho obvyklého významu, že k tomu, aby prodej v zemi vývozu mohl být zahrnut do základu pro výpočet sloužící k určení běžné hodnoty, musí výrobky, které jsou předmětem tohoto prodeje, být „přiřazeny“, „vyhrazeny“, „zaměřeny“ na domácí spotřebu. V případě takových rozdílů mezi různými jazykovými zněními čl. 2 odst. 2 základního nařízení, pokud jde konkrétně o výraz „určený ke spotřebě“, musí být toto ustanovení podle ustálené judikatury Soudního dvora vykládáno podle celkové systematiky a účelu právní úpravy, jejíž je součástí. (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. dubna 2021, Banco de Portugal a další, C‑504/19 , EU:C:2021:335 , bod ). Je tedy třeba přezkoumat jednotlivé kontextuální a teleologické prvky, které Tribunál uvedl v bodech 130 až 135 napadeného rozsudku na podporu objektivního výkladu výrazu „ke spotřebě“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení, z nichž některé společnost Yieh kritizuje. Úvodem je však třeba připomenout, že podle ustálené judikatury vyžaduje přednost mezinárodních dohod uzavřených Unií před unijními akty sekundárního práva vykládat tato ustanovení v co největším možném rozsahu v souladu s těmito dohodami (v tomto smyslu viz zejména rozsudek ze dne 20. ledna 2022, Komise v. Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P , EU:C:2022:38 , bod a citovaná judikatura). Kromě toho Soudní dvůr již odkázal na zprávy panelu WTO nebo odvolacího orgánu zřízeného WTO na podporu svého výkladu ustanovení dohod uvedených v příloze Dohody o zřízení WTO podepsané v Marrákeši dne 15. dubna 1994 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. ledna 2022, Komise v. Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P , EU:C:2022:38 , bod a citovaná judikatura). Po tomto upřesnění je třeba zaprvé konstatovat, jak správně poznamenal Tribunál v bodě 130 napadeného rozsudku, že článek 2.1 antidumpingové dohody, jehož znění odpovídá znění čl. 2 odst. 2 základního nařízení, používá ve třech úředních jazycích sekretariátu WTO výrazy „ destined for consumption “ v anglickém znění, „ destiné à la consommation “ ve francouzském znění a „ destinado al consumo “ ve španělském znění. Zadruhé Tribunál v bodě 131 napadeného rozsudku rovněž věcně správně rozhodl, že i když důkaz o skutečném záměru nebo znalosti vyvážejícího výrobce, pokud jde o následný vývoz dotčeného výrobku, postačuje k závěru, že prodej nemůže být kvalifikován jako prodej pro domácí spotřebu, a nemůže být tedy zahrnut do základu pro výpočet sloužící k určení běžné hodnoty, nelze z toho vyvodit, že neexistence skutečné vědomosti vyvážejícího výrobce o tom, že dotyčný výrobek je určen k vývozu, nutně vede k tomu, že dotčený prodej se považuje za prodej pro domácí spotřebu, a tedy musí být zahrnut do uvedeného základu pro výpočet, ačkoli tento výrobek byl vyvezen. Na rozdíl od subjektivního přístupu společnosti Yieh tak důkaz o záměru nebo skutečné vědomosti vyvážejícího výrobce v okamžiku prodeje, pokud jde o následný vývoz dotyčného výrobku, nepředstavuje podmínku, která musí být nutně splněna k tomu, aby Komise vyloučila dotčený prodej ze základu pro výpočet sloužící k určení běžné hodnoty. V tomto kontextu, jak v podstatě vyplývá z bodu 131 napadeného rozsudku, jediné vyjádření učiněné panelem WTO v poznámce pod čarou č. 339 její zprávy ze dne 16. listopadu 2007 vypracované v rámci sporu „Evropská společenství – Antidumpingové opatření týkající se lososa chovaného pro hospodářské účely pocházejícího z Norska“ (WT/DS 337/R), nemůže podpořit subjektivní přístup zastávaný společností Yieh, podle něhož, pokud výrobce prodal výrobek vývozci nebo nezávislému obchodníkovi „s vědomím, že tento výrobek bude vyvezen“, nemohl být tento prodej kvalifikován jako prodej pro domácí spotřebu. Jak rovněž uvedl generální advokát v bodě 43 svého stanoviska, z tohoto vyjádření vyplývá, že skutečná vědomost vyvážejícího výrobce o tom, že dotčený výrobek je určen na vývoz, není pro účely použití čl. 2 odst. 2 základního nařízení irelevantní, jelikož tato vědomost sama o sobě musí nutně vést k vyloučení dotčeného prodeje ze základu pro výpočet sloužícího k určení běžné hodnoty. Nicméně, jak v podstatě rovněž uvedl generální advokát v bodě 44 svého stanoviska, z takového vyjádření, které má ad hoc a skutkovou povahu, nelze vyvodit, že důkaz o takové skutečné znalosti o vývozu dotyčného výrobku je podmínkou, která musí být v každém případě splněna, aby byl orgán pověřený šetřením povinen vyloučit prodej z určení základu pro výpočet sloužící k určení běžné hodnoty kvůli tomu, že dotyčný výrobek je určen k vývozu. Zatřetí, jak správně poznamenal Tribunál v bodě 132 napadeného rozsudku, pojmy „dumping“, „újma“ a „obcházení“, které jsou definovány v základním nařízení, vyžadují splnění objektivních podmínek, které jsou v zásadě nezávislé na konkrétním záměru nebo vědomosti hospodářského subjektu. Pokud jde konkrétně o výpočet dumpingového rozpětí, čl. 2 odst. 2 základního nařízení týkající se určení běžné hodnoty, stejně jako čl. 2 odst. 8 tohoto nařízení týkající se stanovení vývozní ceny, nijak neodkazují na to, zda dotčená osoba věděla o místu určení dotyčného výrobku. I když je pravda, jak uvádí Yieh a jak konstatoval Tribunál v bodě 132 napadeného rozsudku, že čl. 10 odst. 4 základního nařízení obsahuje kritérium subjektivní povahy, jelikož zpětné uplatnění antidumpingového cla vyžaduje, aby „dovozce věděl nebo měl vědět o dumpingu, jeho rozsahu a rozsahu tvrzené nebo zjištěné újmy“, jedná se spíše, jak správně tvrdí Komise, o výjimku výslovně stanovenou základním antidumpingovým nařízením, která potvrzuje objektivní povahu antidumpingového šetření. V každém případě, dokonce i toto ustanovení v rozsahu, v němž je použitelné i v případě, že dovozce „měl vědět“ o skutečnostech, které jsou v něm uvedeny, nutně nevyžaduje skutečnou znalost vyvážejícího výrobce, a nepotvrzuje tedy subjektivní tezi, kterou zastává Yieh. Kromě toho, na rozdíl od toho, co tvrdí Yieh, subjektivní výklad, který zastává, nemůže být založen ani na okolnosti, že Komise je povinna zohlednit individuální chování vývozců spolupracujících na šetření. I když má totiž nezbytnost individuálního posouzení u každého vyvážejícího výrobce dumpingových dovozů zejména za následek, že individuální dumpingové rozpětí musí být vypočítáno pro každého vývozce, pokud spolupracoval při šetření, neznamená to, že by tento dovoz měl být posouzen na subjektivním základě. Začtvrté Tribunál v bodě 133 napadeného rozsudku správně konstatoval, že výklad čl. 2 odst. 2 základního nařízení, podle kterého není nezbytné zkoumat konkrétní či skutečný záměr nebo vědomost prodávajícího, pokud jde o konečné místo určení dotčeného výrobku, je rovněž v souladu s účelem antidumpingového šetření. Jeho cílem je totiž především to, aby na základě odpovědí poskytnutých spolupracujícími subjekty na antidumpingový dotazník, případných inspekcí na místě a připomínek zúčastněných stran mohla Komise objektivně zjistit všechny skutečnosti předtím, než bude moci uložit antidumpingové clo, zejména pak existenci dumpingu poté, co určí běžnou hodnotu dotčeného výrobku v souladu s článkem 2 základního nařízení. Jak přitom poznamenal Tribunál v bodě 134 napadeného rozsudku, tento účel by mohl být ohrožen, kdyby, jak tvrdí Yieh, musela Komise systematicky prokazovat existenci zvláštního či skutečného záměru nebo vědomosti prodávajícího o konečném místě určení dotyčného výrobku. Takový důkaz by totiž v praxi mohlo být často nemožné předložit, což by v konečném důsledku vedlo k tomu, že by bylo možné pro účely určení běžné hodnoty v souladu s článkem 2 základního nařízení zohlednit ceny vyvážených výrobků, které by mohly zkreslit a narušit správné určení uvedené běžné hodnoty. Na rozdíl od toho, co tvrdí Yieh, nelze toto odůvodnění Tribunálu uvedené v bodě 134 napadeného rozsudku považovat za argumentaci, která se pohybuje v kruhu. V tomto ohledu je třeba uvést, že výklad základního nařízení, který zastává Yieh, může v praxi ztížit, či dokonce znemožnit účinné vedení antidumpingového šetření. Kromě toho analýza účelu čl. 2 odst. 2 základního nařízení rovněž potvrzuje, že subjektivní výklad výrazu „ke spotřebě“, který je v něm uveden, jak jej zastává společnost Yieh, nelze přijmout. Cílem čl. 2 odst. 2 základního nařízení je totiž zajistit, aby běžná hodnota výrobku odpovídala co nejlépe běžné ceně obdobného výrobku na domácím trhu země vývozu. Pokud je prodej uzavřen za podmínek, které neodpovídají obchodní praxi týkající se prodeje obdobného výrobku na tomto trhu v okamžiku relevantním pro určení dumpingu, nepředstavuje vhodný základ pro určení běžné hodnoty obdobného výrobku na uvedeném trhu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 1. října 2014, Rada v. Alumina, C‑393/13 P , EU:C:2014:2245 , bod ). Zapáté a na posledním místě Tribunál v bodě 135 napadeného rozsudku správně rozhodl, že výklad čl. 2 odst. 2 základního nařízení, podle kterého není nezbytné zjišťovat konkrétní či skutečný záměr nebo vědomost prodávajícího, pokud jde o konečné místo určení dotčeného výrobku, je v souladu se zásadami předvídatelnosti a právní jistoty, kterých se dovolává Yieh, zatímco subjektivní výklad navrhovaný touto společností vyžaduje důkaz o existenci subjektivního prvku, který by se tak v praxi mohl ukázat jako nejistý, nebo dokonce, jak bylo uvedeno v bodě 120 tohoto rozsudku, nemožný prokázat. Přístup založený na čistě objektivním výkladu pojmu „prodej obdobných výrobků ke spotřebě na domácím trhu“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení však znamená, že samotný důkaz, že hospodářský subjekt nacházející se níže v distribučním řetězci vyvezl kdykoliv po původním prodeji dotyčných výrobků vyvážejícím výrobcem na domácím trhu, by postačoval k tomu, aby Komise mohla mít za to, že tyto výrobky byly v okamžiku jejich původního prodeje „určeny“ k vývozu, a proto, jak tvrdí Tribunál v bodě 143 napadeného rozsudku, byly „ve skutečnosti vývozními prodeji“, které musí být tedy vyloučeny ze základu pro výpočet určení běžné hodnoty. Takový čistě objektivní výklad přitom v rozsahu, v němž nepřikládá žádný význam existenci souvislosti mezi vlastnostmi původního prodeje vyvážejícím výrobcem, jehož cena a následný vývoz jeho zákazníkem nebo jiným hospodářským subjektem nacházejícím se níže v distribučním řetězci dotčeného výrobku, vede k tomu, jak tvrdí Yieh, že zásady předvídatelnosti a právní jistoty nejsou plně dodržovány, jelikož tento výklad by Komisi umožnil uložit antidumpingová cla bez ohledu na cenovou politiku vyvážejícího výrobce a vedl by k tomu, že by odpovídal za obchodní politiku jeho nezávislých zákazníků, což v zásadě není s to kontrolovat. V tomto ohledu, i když z důvodů uvedených v bodech 103 až 123 tohoto rozsudku nelze přijmout čistě subjektivní výklad pojmu „prodej obdobných výrobků ke spotřebě na domácím trhu“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení, nevyplývá z toho, že je třeba uvedený pojem nutně vykládat čistě objektivně. Za účelem zajištění zejména toho, aby byly plně dodržovány zásady předvídatelnosti a právní jistoty, musí být pojem „prodej obdobných výrobků ke spotřebě na domácím trhu“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení vykládán v tom smyslu, jak rovněž uvedl generální advokát v bodě 58 svého stanoviska, že Komise může vyloučit domácí prodej ze základu pro výpočet sloužící k určení běžné hodnoty pouze tehdy, pokud prokáže existenci vztahu mezi prodejem a jiným určením dotčeného výrobku, než je domácí spotřeba. Jak rovněž uvedl generální advokát v bodě 58 svého stanoviska, takový výklad tohoto ustanovení je jediný možný rovněž z důvodu jeho účelu, kterým je, jak je připomenuto v bodě 122 tohoto rozsudku, zajistit, aby běžná hodnota výrobku odpovídala co nejlépe běžné ceně obdobného výrobku na domácím trhu země vývozu. Z toho vyplývá, že Komise je oprávněna vyloučit prodej ze základu pro výpočet sloužící k určení běžné hodnoty z důvodu vývozu dotyčného výrobku pouze tehdy, pokud prokáže, že z objektivních okolností tohoto prodeje, především ceny, vyplývá, že výrobky dotčené uvedeným prodejem mají jiné určení, než je spotřeba na domácím trhu v zemi vývozu, jako je vývoz. Pokud totiž Komise prokáže existenci takových okolností souvisejících s původním prodejem, lze mít za to, že dotčený vyvážející výrobce měl v okamžiku uzavření prodeje rozumně vědět, že konečným určením dotyčného výrobku je vývoz, a nikoli spotřeba na domácím trhu země vývozu. Takovou „přičítanou“ vědomost, což je pojem, jehož povaha je zcela odlišná od povahy záměru nebo skutečné vědomosti, lze vyvodit například z objektivních důkazů prokazujících, že vývozce prodal dotyčné výrobky na základě svého vývozního ceníku nebo že vyvážející výrobce věděl nebo měl rozumně vědět, že jeho zákazník byl výlučně nebo především aktivní v oblasti vývozního obchodu s dotyčnými výrobky. Jak uvedl generální advokát v bodě 53 svého stanoviska, je tedy zcela pochopitelné, že bez ohledu na důkaz o vůli nebo skutečné vědomosti vyvážejícího výrobce o tom, že dotčené výrobky jsou určeny k vývozu, lze z některých objektivních skutečností týkajících se prodeje nebo kupujícího, který tyto výrobky získá, vyvodit závěr, že tyto výrobky jsou určeny, tedy „přiřazeny“ nebo „zaměřeny“, na vývoz. Právě tak je tomu přitom v projednávané věci, jak vyplývá z bodů 136 až 142 napadeného rozsudku, v nichž Tribunál přezkoumal přesný přístup, který Komise přijala ve sporném nařízení a který ji vedl k tomu, že vyloučila ze základu výpočtu sloužícího k určení běžné hodnoty prodeje, které Yieh uskutečnila na Tchaj-wanu u jejího nezávislého zákazníka ve výši 120000 tun dotyčného výrobku. Jak totiž uvedl Tribunál v bodě 136 napadeného rozsudku, v prozatímním nařízení Komise původně zaujala „opatrný“ přístup, který spočíval v tom, že z tohoto základu pro výpočet byly vyloučeny všechny prodeje společnosti Yieh dotyčného výrobku některým distributorům usazeným na Tchaj-wanu. Jak však vyplývá z bodu 137 napadeného rozsudku, Komise následně, jak uvedla v bodě 59 odůvodnění sporného nařízení, nahradila tento „komplexní“ přístup přístupem spočívajícím v tom, že ze základu pro výpočet sloužící k určení běžné hodnoty byl vyloučen pouze domácí prodej, pro který měla k dispozici „dostatek objektivních důkazů o jeho skutečném vývozu“. Naproti tomu podle tohoto bodu 137 napadeného rozsudku, z téhož bodu 59 odůvodnění sporného nařízení vyplývá, „že subjektivní prvky, jako je záměr nebo vědomost nebo nedostatek vědomosti, nehrály v projednávané věci žádnou roli při objektivním posouzení prováděném Komisí, na rozdíl od existence snížení souvisejících s vývozem, která byla mimo jiné použita jako relevantní důkaz.“ V tomto posledně uvedeném ohledu, jak v podstatě uvedl Tribunál v bodech 138 a 140 napadeného rozsudku, s odkazem na bod 64 odůvodnění prozatímního nařízení, šetření Komise ukázalo, že v projednávaném případě byl značný počet prodejů, které Yieh deklarovala za domácí, předmětem vývozní slevy, která měla motivovat distributory k vývozu dotyčných výrobků po jejich zpracování, což zahrnovalo minimální operace, aniž se výsledný výrobek změnil v takové míře, že by již nespadal pod definici dotyčného výrobku. V bodě 141 napadeného rozsudku Tribunál zejména dodal, že z písemností ve spise vyplývá, že se uvedená sleva například týkala 40 % prodejů společnosti Yieh jejímu největšímu zákazníkovi na Tchaj-wanu v prosinci 2013. V bodě 142 napadeného rozsudku Tribunál mimoto zdůraznil, jak vyplývá z bodu 59 odůvodnění sporného nařízení, že mohly být shromážděny „další objektivní důkazy skutečného vývozu prodávaných výrobků deklarovaných jako domácí prodej“. V uvedeném bodě 142 Tribunál zejména uvedl, že šetření prokázalo, že nejvýznamnější zákazník společnosti Yieh v Tchaj-wanu „prodal pouze zanedbatelné množství dotčeného výrobku na domácím trhu“ země vývozu, z čehož lze vyvodit, jak rovněž uvedl generální advokát v bodě 68 svého stanoviska, že tento zákazník je hlavně aktivní v odvětví vývozu dotčeného výrobku, což je okolnost, kterou Yieh nemohla rozumně nevědět. Tribunál v bodě 143 napadeného rozsudku dospěl k závěru, že Yieh neprokázala, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení nebo zjevně nesprávného posouzení skutkových okolností tím, že odmítla zohlednit prodej společnosti Yieh svému nezávislému zákazníkovi za účelem určení běžné hodnoty z důvodu, že existovaly „objektivní důkazy o tom, že uvedené prodeje byly ve skutečnosti vývozními prodeji, tím spíše pokud se prokázalo, že část dotčeného prodeje podléhala systému vývozních slev, jakým je systém uplatňovaný [společností Yieh], a byla proto uzavřena za ceny nižší než cena dotyčného výrobku určeného ke spotřebě na domácím trhu s vědomím, že tyto ceny podporují vývoz dotyčného výrobku.“ V tomto ohledu je s ohledem na výklad pojmu „prodej obdobných výrobků ke spotřebě na domácím trhu“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 základního nařízení, který je uveden v bodě 129 tohoto rozsudku, třeba konstatovat, že okolnost, že část domácího prodeje společnosti Yieh byla předmětem systému vývozních slev, představuje objektivní okolnost související s tímto prodejem a týkající se zejména jeho ceny, z čehož vyplývá, že výrobky, kterých se tento prodej týká, byly určeny k vývozu, a nikoli pro spotřebu na domácím trhu. V souladu s tím, co vyplývá z bodu 130 tohoto rozsudku, musela tedy Yieh v okamžiku uzavření těchto prodejů rozumně vědět, že konečným určením dotčeného výrobku bylo s největší pravděpodobností vývoz, a nikoli spotřeba na domácím trhu země vývozu. Stejně tak s ohledem na body 129 a 130 tohoto rozsudku z objektivní okolnosti uvedené v bodě 142 napadeného rozsudku a připomenuté v bodě 139 tohoto rozsudku, podle které byl nejvýznamnější zákazník společnosti Yieh na Tchaj-wanu především aktivní v odvětví vývozu dotčeného výrobku, vyplývá, že prodeje společnosti Yieh tomuto zákazníkovi se zpravidla týkaly výrobků určených k vývozu, a nikoli spotřeby na domácím trhu, a že tedy Yieh měla v okamžiku uzavření dotčených prodejů rozumně vědět, že konečným určením dotyčného výrobku je s nejvyšší pravděpodobností vývoz. Tribunál se tudíž nedopustil nesprávného právního posouzení, když v bodě 144 napadeného rozsudku rozhodl, že „Komise mohla oprávněně, a aniž se dopustila zjevně nesprávného posouzení, vyloučit předmětné prodeje ze [základu pro výpočet sloužící k] určení běžné hodnoty podle čl. 2 odst. 1 a 2 základního nařízení. Vzhledem k výše uvedenému je třeba třetí důvod kasačního opravného prostředku zamítnout, a tudíž zamítnout kasační opravný prostředek v plném rozsahu. K nákladům řízení Podle čl. 184 odst. 2 jednacího řádu rozhodne Soudní dvůr o nákladech řízení, není-li kasační opravný prostředek opodstatněný. Podle čl. 138 odst. 1 téhož jednacího řádu, který se použije na základě čl. 184 odst. 1 jednacího řádu na řízení o kasačním opravném prostředku, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Komise a Eurofer požadovaly náhradu nákladů řízení a Yieh neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí a Eurofer. Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto: 1) Kasační opravný prostředek se zamítá. 2) Společnost Yieh United Steel Corp. ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou komisí a Eurofer, association européenne de l'acier, ASBL. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: angličtina

62009CJ0518

hu

Tagállami kötelezettségszegés – Az EUMSZ 49. cikk és az EUMSZ 56. cikk megsértése – Ingatlanügyletekkel kapcsolatos tevékenységek gyakorlása. Rendelkező rész 1)         A Portugál Köztársaság, –        mivel az ingatlanközvetítési tevékenység gyakorlását csak ingatlanügynökség keretében tette lehetővé; –        mivel a más tagállamban letelepedett ingatlanközvetítő társaságokkal és ingatlanügynökökkel szemben előírta annak kötelezettségét, hogy szakmai felelősségüket a portugál jog szerinti biztosítási szerződés megkötésével fedezzék; –        mivel a más tagállamból származó ingatlanközvetítő társaságokkal és ingatlanügynökökkel szemben előírta annak kötelezettségét, hogy a portugál jog értelmében saját pozitív tőkével rendelkezzenek; –        mivel a más tagállamban letelepedett ingatlanközvetítő társaságokat és ingatlanügynököket az Instituto da Construção e do Imobiliário IP teljes fegyelmi ellenőrzésének vetette alá, nem teljesítette az EUMSZ 56. cikkből eredő kötelezettségeit, és –        mivel az ingatlanközvetítő társaságok számára előírta, hogy kizárólag az ingatlanközvetítői tevékenységet gyakorolhatják a harmadik személyek számára végzett ingatlankezelésen kívül, és –        mivel az ingatlanügynökök számára előírta, hogy kizárólag az ingatlanügynöki tevékenységet gyakorolhatják, nem teljesítette az EUMSZ 49. cikkből és az EUMSZ 56. cikkből eredő kötelezettségeit. 2)         A Bíróság a Portugál Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

61985CJ0065

fr

1PAR ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 1985 , PARVENUE A LA COUR LE 14 MARS SUIVANT , LE BUNDESFINANZHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DU REGLEMENT NO 1224/80 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1980 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( JO L 134 , P . 1 ). 2CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE VAN HOUTEN INTERNATIONAL GMBH ( CI-APRES VAN HOUTEN ) AU HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ERICUS ( CI-APRES LE HAUPTZOLLAMT ) ET AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT DES DROITS DE DOUANE SUR UN ENVOI DE FEVES DE CACAO QUE VAN HOUTEN A IMPORTEES EN JUILLET 1980 . 3LORS DE CETTE IMPORTATION , VAN HOUTEN A DECLARE , EN DEHORS DU PRIX NET FACTURE , LES FRAIS DE PESAGE QU ' ELLE AVAIT SUPPORTES POUR UN MONTANT DE 157 DM . SELON LE CONTRAT DE VENTE , CELLE-CI DEVAIT ETRE EFFECTUEE SUR BASE CAF HAMBOURG ' NET DELIVERED WEIGHTS ' , LE MONTANT DU PRIX D ' ACHAT DEVAIT ETRE FIXE EN FONCTION DU POIDS LIVRE ET LES FRAIS DE LA DETERMINATION DE CE POIDS ETAIENT A LA CHARGE DE L ' ACHETEUR , A SAVOIR DE VAN HOUTEN . LE HAUPTZOLLAMT A INCLUS CES FRAIS DANS LE MONTANT DE LA VALEUR EN DOUANE . 4VAN HOUTEN A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION DEVANT LE FINANZGERICHT HAMBURG , QUI A JUGE QUE LES FRAIS DE PESAGE AVAIENT ETE INCLUS A TORT DANS LA VALEUR EN DOUANE . LE HAUPTZOLLAMT S ' EST POURVU CONTRE CE JUGEMENT DEVANT LE BUNDESFINANZHOF , EN FAISANT VALOIR , NOTAMMENT , QUE VAN HOUTEN AVAIT PAYE LES FRAIS DE PESAGE AU BENEFICE DU VENDEUR ET QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , SOUS A ), DU REGLEMENT PRECITE , CES FRAIS FAISAIENT DONC PARTIE DE LA VALEUR EN DOUANE TELLE QUE DEFINIE AU PARAGRAPHE 1 DE CE MEME ARTICLE . 5LE BUNDESFINANZHOF A SURSIS A STATUER ET A SAISI LA COUR DE LA QUESTION SUIVANTE : ' L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DU REGLEMENT NO 1224/80 , DANS LA REDACTION EN VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1981 , DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS CE QU ' IL EST CONVENU D ' APPELER DES CONTRATS DE VENTE A DESTINATION , LES FRAIS DE LA CONSTATATION DU POIDS A DESTINATION FONT PARTIE DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE EGALEMENT LORSQU ' ILS SONT , EN VERTU DU CONTRAT DE VENTE , A LA CHARGE DE L ' ACHETEUR? ' 6DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI , LE BUNDESFINANZHOF RAPPELLE QUE , SELON L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT , LA VALEUR EN DOUANE EST ' LA VALEUR TRANSACTIONNELLE , C ' EST-A-DIRE LE PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER ' , ET QUE LE PARAGRAPHE 3 , SOUS A ), PREMIERE PHRASE , DEFINIT CE PRIX COMME ETANT ' LE PAIEMENT TOTAL EFFECTUE OU A EFFECTUER PAR L ' ACHETEUR AU VENDEUR , OU AU BENEFICE DE CELUI-CI , POUR LES MARCHANDISES IMPORTEES ' . 7LE BUNDESFINANZHOF RAPPELLE EN OUTRE QU ' APRES L ' IMPORTATION EN CAUSE , CETTE DERNIERE DEFINITION A ETE COMPLETEE PAR LE REGLEMENT NO 3193/80 DU CONSEIL , DU 8 DECEMBRE 1980 ( JO L 333 , P . 1 ), QUI A AJOUTE LE MEMBRE DE PHRASE SUIVANT : ' ... ET COMPREND TOUS LES PAIEMENTS EFFECTUES OU A EFFECTUER , COMME CONDITION DE LA VENTE DES MARCHANDISES IMPORTEES , PAR L ' ACHETEUR AU VENDEUR , OU PAR L ' ACHETEUR A UNE TIERCE PARTIE POUR SATISFAIRE A UNE OBLIGATION DU VENDEUR ' . ETANT DONNE QUE LE REGLEMENT NO 1224/80 AVAIT POUR OBJET D ' ADAPTER LE REGIME COMMUNAUTAIRE A L ' ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L ' ARTICLE VII DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) ET QUE LA FORMULE AJOUTEE PAR LE REGLEMENT NO 3193/80 EST REPRISE DU PROTOCOLE , QUI EST ANNEXE AUDIT ACCORD ET DONT LES DISPOSITIONS SONT A CONSIDERER COMME FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE CELUI-CI , LE BUNDESFINANZHOF CONSIDERE LA FORMULE AJOUTEE COMME AYANT UN CARACTERE PUREMENT DECLARATOIRE . POUR CETTE RAISON , IL CONVIENDRAIT D ' INTERPRETER EGALEMENT LE TEXTE INITIAL DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , A LA LUMIERE DE LADITE FORMULE . 8LE BUNDESFINANZHOF RECONNAIT QU ' IL N ' EST SATISFAIT PLEINEMENT A L ' OBJECTIF DE L ' ACCORD DU GATT , QUI EST , D ' APRES LE PREAMBULE , D ' ETABLIR LA VALEUR EN DOUANE SELON DES CRITERES SIMPLES ET EQUITABLES , QUE SI L ' ON RETIENT UNIQUEMENT LES CONDITIONS STIPULEES CONCRETEMENT DANS LE CONTRAT DE VENTE . OR , LE BUNDESFINANZHOF CONSTATE QU ' IL N ' EST PAS ETRANGER AU REGIME RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DE TENIR COMPTE D ' ELEMENTS TYPIQUES QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX ELEMENTS DU CONTRAT EN CAUSE . IL NE SERAIT DONC PAS EXCLU DE CONSIDERER UNE OBLIGATION QUI INCOMBE NORMALEMENT AU VENDEUR COMME UNE ' OBLIGATION DU VENDEUR ' AU SENS DE LA PHRASE AJOUTEE A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT . COMME , DANS LES CONTRATS DE VENTE DITE ' A DESTINATION ' , LES FRAIS DE CONSTATATION DE LA QUANTITE AU LIEU DE DESTINATION SEMBLERAIENT ETRE HABITUELLEMENT A LA CHARGE DU VENDEUR , IL POURRAIT DONC ETRE JUSTIFIE DE LES INCLURE DANS LA VALEUR EN DOUANE , MEME SI LE CONTRAT EN CAUSE LES MET A LA CHARGE DE L ' ACHETEUR . 9LE BUNDESFINANZHOF AJOUTE QUE , SELON L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , SOUS A ), DERNIERE PHRASE , LE PAIEMENT DONT IL FAUT TENIR COMPTE ' PEUT S ' EFFECTUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ' ET QUE LE FAIT DE LAISSER LA VALEUR EN DOUANE DANS UNE LARGE MESURE A LA LIBRE APPRECIATION DES PARTIES AU CONTRAT POURRAIT PRETER A DES ABUS . 10DANS LES OBSERVATIONS QU ' ELLE A SOUMISES A LA COUR , LA COMMISSION SOULIGNE QUE , A LA SUITE DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES MULTILATERALES DANS LE CADRE DU GATT , LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES SUR LA VALEUR EN DOUANE ONT ETE FONDEES SUR DE NOUVELLES ASSISES . LES NOUVELLES DISPOSITIONS , CONTENUES DANS LE REGLEMENT NO 1224/80 , PREVOIRAIENT QUE L ' EVALUATION EN DOUANE S ' OPERE AUTANT QUE POSSIBLE SUR LA BASE DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE . LE NOUVEAU SYSTEME FONDERAIT DONC DELIBEREMENT LE CALCUL SUR LES PARTICULARITES D ' ELEMENTS PROPRES A CHAQUE CONTRAT ET LES USAGES COMMERCIAUX N ' AURAIENT PLUS D ' IMPORTANCE A CET EGARD . 11SELON LA COMMISSION , LA VALEUR TRANSACTIONNELLE EST CORRIGEE , LE CAS ECHEANT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT , MAIS LES FRAIS DE PESAGE NE FIGURERAIENT PAS PARMI LES ELEMENTS QUI DOIVENT ETRE AJOUTES , CONFORMEMENT A CET ARTICLE , AU PRIX EFFECTIVEMENT PAYE . IL SUFFIRAIT DONC DE DETERMINER SI CES FRAIS FONT PARTIE DU PRIX PAYE OU A PAYER , SELON LA DEFINITION QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DONNE DE CETTE NOTION . CETTE DISPOSITION ENUMERERAIT LES CRITERES POSITIFS SOUS LA LETTRE A ) ET , SOUS LA LETTRE B ), LES CRITERES DE DETERMINATION NEGATIFS . 12LA COMMISSION ADMET QUE , SELON LA LETTRE A ), LE PAIEMENT A PRENDRE EN CONSIDERATION PEUT AUSSI AVOIR LIEU ' INDIRECTEMENT ' . OR , AUX TERMES DE LA LETTRE B ), ' LES ACTIVITES ... ENTREPRISES PAR L ' ACHETEUR POUR SON PROPRE COMPTE , AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES UN AJUSTEMENT EST PREVU A L ' ARTICLE 8 , NE SONT PAS CONSIDEREES COMME UN PAIEMENT INDIRECT AU VENDEUR , MEME SI L ' ON PEUT CONSIDERER QUE LE VENDEUR EN BENEFICIE OU QU ' ELLES ONT ETE ENTREPRISES AVEC SON ACCORD ' . COMME LE PESAGE A ETE EXECUTE PAR L ' ACHETEUR A SES PROPRES FRAIS ET COMME LES FRAIS DE PESAGE NE SONT PAS VISES A L ' ARTICLE 8 , CES FRAIS NE POURRAIENT PAS ETRE CONSIDERES COMME UN PAIEMENT INDIRECT AU VENDEUR . 13EN VUE DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE LE REGLEMENT NO 1224/80 A REMPLACE LA NOTION DE ' PRIX NORMAL ' QUI , SELON LA REGLEMENTATION ANTERIEURE , FORMAIT LA BASE DU CALCUL DE LA VALEUR EN DOUANE , PAR LA NOTION DE ' VALEUR TRANSACTIONNELLE ' , A SAVOIR , EN REGLE GENERALE , LE PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER POUR LES MARCHANDISES . DANS LE NOUVEAU SYSTEME , LE CALCUL DOIT DONC PRENDRE COMME POINT DE DEPART LES CONDITIONS AUXQUELLES LA VENTE INDIVIDUELLE EST EFFECTUEE , MEME SI CELLES-CI DIFFERENT DES USAGES COMMERCIAUX OU PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME INHABITUELLES POUR LE TYPE DE CONTRAT EN CAUSE . 14IL EST VRAI QUE DANS CE SYSTEME EGALEMENT , IL FAUT EXCLURE L ' UTILISATION DE VALEURS EN DOUANE ARBITRAIRES OU FICTIVES , AINSI QU ' IL EST INDIQUE EXPRESSEMENT AU SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 1224/80 . IL EST TENU COMPTE DE CETTE CONSIDERATION DANS LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT QUI PRECISENT LA DEFINITION DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE OU QUI LUI APPORTENT DES AJUSTEMENTS . OR , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A RELEVE , CES DISPOSITIONS N ' ABOUTISSAIENT PAS A L ' INCLUSION , DANS LA VALEUR EN DOUANE , DES FRAIS DE CONSTATATION DE LA QUANTITE A DESTINATION , LORSQUE CETTE CONSTATATION EST EFFECTUEE AUX FRAIS DE L ' ACHETEUR . A CET EGARD , LA FORMULE AJOUTEE A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , SOUS A ), PREMIERE PHRASE , PAR LE REGLEMENT NO 3193/80 QUI , D ' AILLEURS , NE S ' APPLIQUE PAS A L ' IMPORTATION EN CAUSE , N ' A RIEN CHANGE . COMME LA CONSTATATION DE LA QUANTITE EFFECTIVEMENT LIVREE AU LIEU DE DESTINATION SERT EGALEMENT LES INTERETS DE L ' ACHETEUR , ON NE SAURAIT LA CONSIDERER COMME ETANT EXECUTEE PAR CELUI-CI ' POUR SATISFAIRE A UNE OBLIGATION DU VENDEUR ' AU SENS DE CETTE DISPOSITION , LORSQUE LE CONTRAT EN CAUSE N ' A PAS STIPULE UNE TELLE OBLIGATION . 15IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION PREJUDICIELLE QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DU REGLEMENT NO 1224/80 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1980 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS LE CAS DE CE QU ' IL EST CONVENU D ' APPELER DES CONTRATS DE VENTE A DESTINATION , LES FRAIS DE LA CONSTATATION DU POIDS A DESTINATION NE FONT PAS PARTIE DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE LORSQUE LA CONSTATATION DE CE POIDS S ' EFFECTUE AUX FRAIS DE L ' ACHETEUR . Décisions sur les dépenses SUR LES DEPENS 16LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS . Dispositif PAR CES MOTIFS , LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ), STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESFINANZHOF , PAR ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 1985 , DIT POUR DROIT : L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHES 1 ET 3 , DU REGLEMENT NO 1224/80 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1980 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS LE CAS DE CE QU ' IL EST CONVENU D ' APPELER DES CONTRATS DE VENTE A DESTINATION , LES FRAIS DE LA CONSTATATION DU POIDS A DESTINATION NE FONT PAS PARTIE DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE LORSQUE LA CONSTATATION DE CE POIDS S ' EFFECTUE AUX FRAIS DE L ' ACHETEUR .

62008TJ0424

en

APPLICATION for compensation for the loss allegedly suffered by the applicant as a consequence of the Commission obtaining certain amendments to the contract Muteis IST-2000-30117, concluded on 31 October 2001. Operative part The Court: 1. Dismisses the action; 2. Orders Nexus Europe (Ireland) Ltd to pay the costs.

61992CJ0431

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 46 Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του αντιδίκου. Επειδή η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν υπέβαλε τέτοιο αίτημα, κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα. Η παρεμβάσα Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα φέρει επίσης τα δικαστικά της έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 69, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την προσφυγή. 2) Κάθε διάδικος, συμπεριλαμβανομένου του παρεμβάντος, θα φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

61988CJ0305

es

Mediante resolución de 22 de septiembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de octubre del mismo año, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, sobre la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la Competencia Judicial y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «el Convenio»), dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 27 de dicho Convenio. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio pendiente ante el mencionado òrgano jurisdiccional entre Isabel Lancray SA, sociedad anònima francesa, con domicilio social en Neuilly-sur-Seine, Francia, (en lo sucesivo, «Lancray»), por una parte, y Peters und Sickert KG, sociedad comanditaria alemana, con domicilio social en Essen, República Federal de Alemania (en lo sucesivo, «Peters»), por otra parte. De los autos se desprende que, según un contrato de 2 de noviembre de 1983, las partes mantenían relaciones comerciales, que habían acordado someter al Derecho francés y a la competencia del Tribunal de commerce de Nanterre. Varias dificultades indujeron a Lancray a entablar un procedimiento judicial contra Peters y el 18 de julio de 1986 obtuvo del Amtsgericht Essen un auto sobre medidas provisionales por el que se prohibía a Peters la venta y el suministro a terceros de mercancías de la marca Lancray que se encontrasen en su posesión. El 30 de julio de 1986, Lancray presentó una demanda ante el Tribunal de commerce de Nanterre por la que solicitaba la confirmación de las medidas acordadas por el Amtsgericht, así como determinadas medidas suplementarias. Con esa misma fecha, las autoridades francesas competentes transmitieron al Presidente del Landgericht Essen, a instancia de Lancray, la citación, redactada en francés, por la que se emplazaba a Peters para comparecer ante el órgano jurisdiccional francés el 18 de noviembre de 1986, así como una solicitud de que se notificase a Peters mediante entrega de dicho documento y se cursase a las autoridades francesas un certificado sobre la notificación practicada. En el certificado de 19 de agosto de 1986, sobre la notificación practicada, la autoridad alemana competente hizo constar que la notificación de los documentos se había efectuado mediante entrega de los mismos a una secretaria en las oficinas de Peters. A dichos documentos no se adjuntaba ninguna traducción en alemán. Mediante carta certificada, se envió a Peters una nueva citación redactada en francés, de fecha 19 de septiembre de 1986, para la vista que se celebraría el 16 de diciembre de 1986 ante el Tribunal de commerce de Nanterre. Tras recurrir Peters en apelación, el Landgericht Essen anuló, el 16 de octubre de 1986, el auto sobre medidas provisionales que Lancray había obtenido del Amtsgericht el 18 de julio de 1986. Peters informó de ello al Tribunal de commerce de Nanterre mediante carta de 11 de noviembre de 1986, en la que señalaba también que las notificaciones para comparecer no se habían practicado de forma regular, dado que no iban acompañadas de una traducción alemana. Peters no compareció en la vista de 16 de diciembre de 1986 y, mediante sentencia de 15 de enero de 1987, el Tribunal de commerce de Nanterre estimó la demanda de Lancray. La resolución fue notificada a Peters mediante entrega al socio encargado de la Gerencia, el 9 de marzo de 1987. Mediante auto de 6 de julio de 1987, el Langericht Essen decidió que la resolución del Tribunal de commerce de Nanterre fuese reconocida en la República Federal de Alemania y autorizó su ejecución en determinados aspectos. Peters interpuso entonces un recurso de queja («Beschwerde») contra esa decisión ante el Oberlandesgericht, alegando que, en virtud del apartado 2 del artículo 27 del Convenio, no debería haberse estimado la petición de Lancray. El Oberlandesgericht acogió su recurso. Lancray recurrió en queja («Rechtsbeschwerde») a su vez contra esta última resolución ante el Bundesgerichtshof. Procede señalar que, a tenor del apartado 2 del artículo 27 del Convenio, en su versión aplicable según el órgano jurisdiccional remitente: «Las resoluciones no serán reconocidas: [...] 2) cuando se dicten en rebeldía del demandado, si no se hubiera entregado al mismo la cédula de emplazamiento, de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse; [...]» Por una parte el Bundesgerichtshof está de acuerdo con el Oberlandesgericht en que el emplazamiento fue notificado a Peters con tiempo suficiente para defenderse. Por otra parte, considera, como el Oberlandesgericht, que la notificación de la demanda no se hizo de forma regular, no fue notificada al destinatario, dispuesto a aceptarla, sino que fue entregada a una secretaria en la oficina de dicho destinatario, es decir, por vía de notificación sustitutoria. Ahora bien, según los Convenios internacionales aplicables, ésta sólo habría sido posible si el documento notificado hubiese ido acompañado de una traducción en alemán, lo que no fue así. El Bundesgerichtshof señala, además, que el Oberlandesgericht ha declarado que son inaplicables las disposiciones nacionales relativas a la subsanación de defectos de notificación, siempre y cuando el destinatario de la declaración no domine la lengua extranjera utilizada. En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) En virtud del apartado 2 del artículo 27 del Convenio en su redacción antigua, ¿no se reconoce una resolución si la cédula de emplazamiento no se ha entregado de forma regular al demandado en rebeldía, pero sí con tiempo suficiente para que pueda defenderse? 2) El apartado 2 del artículo 27 del Convenio en su redacción antigua, en caso de que una resolución no sea reconocida porque la cédula de emplazamiento se haya entregado al demandante en rebeldía con tiempo suficiente para su defensa, pero no de forma regular, ¿excluye el reconocimiento de la resolución aun cuando las leyes dél Estado en el que se invoca el reconocimiento admitan que el defecto de notificación pueda subsanarse?» Para una más amplia exposición de los hechos del asunto principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal. Sobre la primera cuestión La primera cuestión pretende determinar, habida cuenta de los hechos del asunto principal, tal como han sido determinados por el órgano jurisdiccional nacional, si el apartado 2 del artículo 27 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que una resolución dictada en rebeldía no debe ser reconocida en el caso de que la cédula de emplazamiento se haya notificado de forma no regular al demandado en rebeldía, pero con tiempo suficiente para poder defenderse. Para examinar esta cuestión, procede, en primer lugar, comprobar si el artículo citado menciona dos causas independientes de denegación del reconocimiento de una resolución extranjera. Debe recordarse que este Tribunal de Justicia ha observado, en su sentencia de 16 de junio de 1981 (Klomps, 166/80, Rec. 1981, p. 1593 ), que el apartado 2 del artículo 27 establece dos requisitos, uno de los cuales, referente a la regularidad de la notificación, implica una decisión basada en la legislación del Estado de origen y en los convenios que vinculan a éste en materia de notificación, mientras que el otro, referente al tiempo necesario para que el demandado pueda defenderse, implica apreciaciones de hecho. En segundo lugar, debe determinarse si los dos requisitos de regularidad y de temporalidad mencionados en la disposición de que se trata deben reunirse de manera acumulativa para el reconocimiento de una resolución extranjera. A este respecto, hay que señalar que el tenor literal de las diferentes versiones lingüísticas del texto de referencia induce a responder en sentido positivo a dicha cuestión. Esta interpretación es corroborada, además, por el informe de expertos referente al Convenio de Bruselas ( DO 1990, C 189, pp. 122 y ss. , especialmente p. 161), que, en lo que respecta al apartado 2 del artículo 27 del Convenio, observa que «cuando el demandado ha sido condenado en rebeldía en el extranjero, el Convenio le garantiza una doble protección. En primer lugar, es necesario que el documento haya sido notificado con regularidad [...] En segundo lugar, e incluso si la notificación hubiera sido regular, podrá denegarse el reconocimiento si el juez ante el que se invoca el reconocimiento considera que el documento no ha sido transmitido con tiempo suficiente para que el demandado pueda garantizar su defensa». Así pues, hay que considerar que la regularidad de la notificación y la obligación de notificar el documento con tiempo suficiente constituyen garantías distintas y acumulativas para el demandado en rebeldía. Por consiguiente, la falta de una de estas dos garantías basta para que se deniegue el reconocimiento a una resolución extranjera. Contra esta conclusión, se ha mantenido que no es necesario exigir una notificación correcta si el demandado ha dispuesto, en cualquier caso, de un plazo suficiente para preparar su defensa. Según esta interpretación, la regularidad de la notificación es únicamente un indicio, refutable, de que la notificación se ha efectuado con tiempo suficiente, y la inobservancia del requisito referente al plazo constituye el único motivo válido de denegación. No puede acogerse semejante razonamiento. Por una parte, esta interpretación es difícilmente conciliable con el texto de la disposición de que se trata y con la jurisprudencia citada. Por otra parte, puede privar totalmente de sentido al requisito de una notificación regular. En efecto, si lo único importante fuese el conocimiento con tiempo suficiente, los demandantes se verían tentados a no seguir los cauces prescritos para una notificación regular, cuyos requisitos han sido, además, considerablemente reducidos por convenios internacionales. Esto crearía una considerable inseguridad en cuanto a si los documentos habían sido notificados o no, impidiendo por tanto la aplicación uniforme de las disposiciones del Convenio. Por último, el demandado no podría saber con certeza si se había iniciado un procedimiento que pudiese dar lugar a una condena y si era necesario, por tanto, preparar su defensa, situación que es asimismo contraria a los objetivos del Convenio. A este respecto, hay que añadir, como ha declarado este Tribunal en su sentencia de 11 de junio de 1985 (Debaecker, 49/84, Rec. 1985, p. 1779 ), que, aunque el objetivo del Convenio es, tal como se desprende de su Preámbulo, garantizar la simplificación de las formalidades a que están supeditados el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las resoluciones judiciales, dicho objetivo no puede alcanzarse debilitando, de cualquier forma que sea, los derechos de defensa. De todas las consideraciones expuestas resulta que el reconocimiento de una resolución judicial extranjera debe denegarse en caso de notificación irregular, independientemente de que el demandado tuviese, de hecho, conocimiento de la cédula de emplazamiento o documento equivalente. Así pues, procede responder a la primera cuestión que el apartado 2 del artículo 27 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la Competencia Judicial y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que una resolución dictada en rebeldía no debe ser reconocida en el caso de que la cédula de emplazamiento o documento equivalente se haya notificado de forma irregular al demandado en rebeldía, aunque con tiempo suficiente para que pueda defenderse. Sobre la segunda cuestión La segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si el apartado 2 del artículo 27 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que permite al Juez del Estado requerido subsanar, aplicando su legislación nacional, un defecto de notificación. Con carácter preliminar, debe señalarse que el tenor del apartado 2 del artículo 17 del Convenio no contiene ninguna norma sobre la cuestión de si puede subsanarse un defecto de notificación. Por consiguiente, esta cuestión debe responderse con base en las normas aplicables en materia de notificación de las resoluciones judiciales extranjeras. A este respecto, debe señalarse en primer lugar que el Protocolo de 27 de septiembre de 1968 ( DO 1989 L 285, p. 34 ), al que se refiere el artículo 65 del Convenio, indica en el párrafo 1 de su artículo IV que : «Los documentos judiciales y extrajudiciales extendidos en un Estado contratante y que debieren ser notificados a personas que se encontraren en el territorio de otro Estado contratante se transmitirán del modo previsto por los convenios o acuerdos celebrados entre los Estados contratantes.» En segundo lugar, hay que señalar que este Tribunal, en su sentencia de 15 de julio de 1982 (Pendy Plastic, 228/81, Rec. 1982, p. 2723 ), consideró que las disposiciones del Convenio de Bruselas tienen la finalidad de garantizar al demandado una protección efectiva de sus derechos sin armonizar los diferentes sistemas de notificar en el extranjero los documentos judiciales vigentes en los Estados miembros. Con este objeto, el control de la regularidad de la notificación de la cédula de emplazamiento ha sido confiado tanto al Juez del Estado de origen como al del Estado requerido. Procede hacer constar, además, que el Convenio de Bruselas no contiene disposiciones que determinen la ley aplicable a dicho control. Dado que las normas aplicables a la notificación de la cédula de emplazamiento forman parte del proceso seguido ante el Juez de origen, la cuestión de la regularidad de dicha notificación sólo podrá encontrar respuesta en el Derecho aplicable ante el Juez de origen, incluyendo, dado el caso, los Convenios internacionales en la materia. Por consiguiente, la cuestión de la posible subsanación de los defectos de notificación se rige por ese Derecho. Así pues, procede responder a la segunda cuestión que el apartado 2 del artículo 27 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la posible subsanación de los defectos de notificación se rige por el Derecho del Juez de origen, incluyendo, dado el caso, los Convenios internacionales que sean aplicables en la materia. Costas Los gastos efectuados por los Gobiernos de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, de la República Italiana y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. En vinud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof, mediante resolución de 22 de septiembre de 1988, declara: 1) El apartado 2 del artículo 27 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la Competencia Judicial y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que una resolución dictada en rebeldía no debe ser reconocida en el caso de que la cédula de emplazamiento o documento equivalente se haya notificado de forma irregular al demandado en rebeldía, aunque con tiempo suficiente para que pueda defenderse. 2) El apartado 2 del artículo 27 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la posible subsanación de los defectos de notificación se rige por el Derecho del Juez de origen, incluyendo, dado el caso, los Convenios internacionales que sean aplicables en la materia. Kakouris Schockweiler Mancini O'Higgins Diez de Velasco Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 1990. El Secretario J.-G. Giraud El Presidente de la Sala Sexta C. N. Kakouris ( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.

62014CJ0148

pt

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 16. o , n. os 3 e 4, da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho ( JO L 275, p. 32 ), conforme alterada pela Diretiva 2004/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro de 2004 ( JO L 338, p. 18 , a seguir «Diretiva 2003/87»). O pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Bundesrepublik Deutschland, representada pela Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt (Autoridade Alemã do Comércio de Emissões da Agência Federal do Ambiente, a seguir «Emissionshandelsstelle») à Nordzucker AG (a seguir «Nordzucker»), a respeito de uma decisão pela qual se aplicou uma coima de 106920 euros a esta última pela violação da obrigação de devolver um número de licenças de emissão de gases com efeito de estufa suficiente para cobrir as suas emissões no ano anterior. Quadro jurídico Direito da União O artigo 6. o , n. o 2, da Diretiva 2003/87 tem a seguinte redação: «Os títulos de emissão de gases com efeito de estufa devem incluir os seguintes elementos: […] e) A obrigação de devolver licenças de emissão equivalentes ao total das emissões da instalação em cada ano civil, verificadas em conformidade com o artigo 15. o , no prazo de quatro meses a contar do termo do ano em causa.» O artigo 12. o da referida diretiva, sob a epígrafe «Transferência, devolução e anulação de licenças de emissão», prevê no seu n. o 3: «Os Estados‑Membros devem assegurar a devolução pelo operador de cada instalação, até 30 de abril de cada ano, de um número de licenças de emissão equivalente ao total das emissões provenientes dessa instalação durante o ano civil anterior, tal como verificadas nos termos do artigo 15. o , e a sua consequente anulação.» O artigo 14. o da mesma diretiva dispõe: «1.   A Comissão deve adotar, até 30 de setembro de 2003, nos termos do n. o 2 do artigo 23. o , orientações para a monitorização e a comunicação de informações relativas às emissões, resultantes das atividades enumeradas no anexo I, de gases com efeito de estufa especificados em relação a essas atividades. Essas orientações devem basear‑se nos princípios da monitorização e da comunicação de informações estabelecidos no anexo IV. 2.   Os Estados‑Membros devem assegurar a vigilância das emissões em conformidade com as orientações. 3.   Os Estados‑Membros devem assegurar que o operador de cada instalação comunique à autoridade competente, em conformidade com as orientações, após o termo de cada ano civil, as informações relativas às emissões da instalação no ano em causa.» O artigo 15. o da Diretiva 2003/87 enuncia: «Os Estados‑Membros devem assegurar que os relatórios apresentados pelos operadores, nos termos do n. o 3 do artigo 14. o , sejam verificados em conformidade com os critérios estabelecidos no anexo V e que as autoridades competentes sejam informadas dos resultados da verificação. Os Estados‑Membros devem assegurar, até 31 de março de cada ano, que os operadores cujos relatórios não tiverem sido considerados satisfatórios, em conformidade com os critérios estabelecidos no anexo V, no que se refere às emissões do ano anterior, não possam transferir licenças de emissão enquanto os respetivos relatórios não forem considerados satisfatórios.» O artigo 16. o da referida diretiva, sob a epígrafe «Sanções», prevê: «1.   Os Estados‑Membros devem estabelecer as regras relativas às sanções aplicáveis em caso de infração às disposições nacionais aprovadas por força da presente diretiva e tomar todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação. As sanções impostas devem ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas. […] 2.   Os Estados‑Membros devem assegurar a publicação dos nomes dos operadores que não devolvam licenças de emissão suficientes nos termos do n. o 3 do artigo 12. o 3.   Os Estados‑Membros devem assegurar que os operadores de instalações que não devolvam, até 30 de abril de cada ano, licenças de emissão suficientes para cobrir as suas emissões no ano anterior sejam obrigados a pagar uma multa pelas emissões excedentárias. A multa por emissões excedentárias será igual a 100 euros por cada tonelada de equivalente dióxido de carbono emitida relativamente à qual o operador não tenha devolvido licenças. O pagamento da multa por emissões excedentárias não dispensa o operador da obrigação de devolver uma quantidade de licenças de emissão equivalente às emissões excedentárias aquando da devolução das licenças de emissão relativas ao ano civil subsequente. 4.   Durante o período de três anos com início em 1 de janeiro de 2005, os Estados‑Membros devem aplicar uma multa por emissões excedentárias mais baixa, igual a 40 euros […].» O artigo 23. o , n. o 2, da Diretiva 2003/87 tem a seguinte redação: «Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.° e 7.° da Decisão 1999/468/CE, tendo‑se em conta o disposto no seu artigo 8. o […]» A Decisão 2004/156/CE da Comissão, de 29 de janeiro de 2004, que estabelece orientações para a monitorização e a comunicação de informações relativas às emissões de gases com efeito de estufa, nos termos da Diretiva 2003/87 ( JO L 59, p. 1 , a seguir «orientações»), prevê no seu ponto 7.4, quinto e sexto parágrafos: «No final do processo de verificação, o verificador deve determinar se o relatório sobre as emissões contém alguma inexatidão material. Se o verificador concluir que o relatório sobre as emissões não contém qualquer inexatidão material, o operador pode apresentar o relatório em causa à autoridade competente, em conformidade com o n. o 3 do artigo 14. o da [Diretiva 2003/87]. Se o verificador concluir que o relatório sobre as emissões contém uma inexatidão material, o relatório do operador não será considerado satisfatório. Nos termos do artigo 15. o da [Diretiva 2003/87], os Estados‑Membros devem assegurar que os operadores cujos relatórios não tenham, até 31 de março de cada ano, sido considerados satisfatórios no que se refere às emissões do ano anterior não possam transferir licenças de emissão enquanto os respetivos relatórios não forem considerados satisfatórios. Os Estados‑Membros determinarão as sanções aplicáveis, em conformidade com o artigo 16. o da [Diretiva 2003/87]. A autoridade competente utilizará o valor correspondente às emissões totais de uma instalação constante do relatório considerado satisfatório para verificar se o operador entregou um número de licenças suficiente para cobrir as emissões da instalação em causa.» Direito alemão Na Alemanha, a Diretiva 2003/87 foi transposta pela Lei sobre o comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa (Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen), de 8 de julho de 2004 (BGBl. I, p. 1578, a seguir «TEHG»). O § 5, n. os 1 e 3, da TEHG dispõe: «(1)   A partir de 1 de janeiro de 2005, o responsável fica obrigado a determinar as emissões geradas pela sua atividade ao longo de um ano civil […] e a comunicar as emissões até 1 de março do ano seguinte à autoridade competente […]. (3)   Antes da sua apresentação, o relatório de emissões previsto no n. o 1 deve ser verificado por um organismo especializado, indicado pela autoridade competente de acordo com o disposto no anexo 3 da presente lei. […]» O § 6, n. o 1, da TEHG tem a seguinte redação: «A partir de 2006, o responsável deve devolver à autoridade competente, até 30 de abril de cada ano, o número de licenças de emissão equivalente às emissões geradas pela sua atividade no ano civil anterior.» O § 18 da TEHG, com a epígrafe «Obrigação de devolução», prevê, nos seus n. os 1 e 3: (1) Caso o operador responsável não cumpra a obrigação decorrente do § 6, n. o 1, a autoridade competente impõe uma obrigação de pagamento de 100 euros, ou de 40 euros durante o primeiro período de atribuição de licenças, por cada tonelada do equivalente de dióxido de carbono emitida em relação à qual o mesmo operador responsável não tenha devolvido licenças de emissão. A obrigação de pagamento pode não ser imposta se o operador responsável não tiver cumprido a sua obrigação decorrente do § 6, n. o 1, por motivos de força maior. […] (3) O responsável fica obrigado à devolução das licenças em falta […] até 30 de abril do ano seguinte. […]» Litígio no processo principal e questão prejudicial Resulta da decisão de reenvio que a Nordzucker explorava, até março de 2008, uma refinaria de açúcar. O estabelecimento incluía um gerador de vapor utilizado, parcialmente, para a desidratação de lamelas de beterraba. Desidratadas e comprimidas, estas últimas eram vendidas como alimento para animais. De acordo com uma carta do Bundesministerium für Umwelt (Ministério Federal do Ambiente), de 17 de junho de 2004, dirigida à Verein der Zuckerindustrie (Associação Alemã da Indústria Açucareira), as unidades de secagem necessárias ao funcionamento da indústria açucareira não estão sujeitas ao regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. Pelo contrário, quando uma caldeira, destinada à produção de vapor ou de eletricidade, é utilizada numa unidade secundária, que está ligada a uma unidade de produção ou de refinação de açúcar, a caldeira está, em princípio, sujeita a esse regime. Em 2006, a Nordzucker elaborou o seu relatório de emissões de gases com efeito de estufa relativo a 2005, indicando que o gerador de vapor produziu um total de 40288 toneladas de emissões dióxido de carbono, não incluindo as emissões resultantes da desidratação das lamelas de beterraba que ascendiam a 2673 toneladas de dióxido de carbono. Depois da validação deste relatório por um verificador, a Nordzucker devolveu, no prazo previsto na TEHG, um número de licenças de emissão correspondente à quantidade de emissões que constavam no seu relatório. Depois de expirado aquele prazo, a Emissionshandelsstelle constatou a existência de irregularidades no relatório da Nordzucker no que respeita à imputação dos diversos fluxos de combustíveis. Em resultado disso, a Nordzucker corrigiu o seu relatório de emissões, incluindo no mesmo as emissões imputáveis à desidratação das lamelas de beterraba, e devolveu, em 24 de abril de 2007, licenças de emissão de gases com efeito de estufa correspondentes a mais 2673 toneladas. Por decisão de 7 de dezembro de 2007, a Emissionshandelsstelle aplicou à Nordzucker, nos termos do § 18 da TEHG, uma coima no valor de 106920 euros, pela violação da obrigação de devolução de um número de licenças de emissão de gases com efeito de estufa suficientes para cobrir as emissões do ano anterior. Na sequência de um recurso interposto pela Nordzucker, o Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal Administrativo de Berlim) anulou a decisão de aplicação da coima. O Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (Tribunal Administrativo Superior de Berlim‑Brandeburgo) negou provimento ao recurso interposto pela Emissionshandelsstelle. Resulta do acórdão desse órgão jurisdicional que a Nordzucker não violou a sua obrigação de devolução de licenças, uma vez que o alcance exato desta obrigação é determinado pelo número de licenças que constam no relatório de emissões verificado. Por considerar que a obrigação de devolução não podia ser limitada pelo relatório de emissões verificado de um operador, a Emissionshandelsstelle interpôs recurso para o Bundesverwaltungsgericht (Supremo Tribunal Administrativo Federal), pedindo a anulação daquele acórdão. Resulta das explicações do Bundesverwaltungsgericht que as disposições da TEHG permitem decidir o litígio a favor de qualquer uma das partes. Este órgão jurisdicional indica, no entanto, que considera que o princípio da proporcionalidade, garantido tanto pelo direito alemão como pelo direito da União, se deve opor a que um operador que restitua um número de licenças de emissão correspondente às emissões que constam do seu relatório de emissões verificado seja punido com uma coima como a prevista no artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87. Embora seja fácil respeitar o prazo de devolução, é significativamente mais difícil evitar erros nos relatórios que tenham sido objeto de verificação. Além disso, o órgão jurisdicional de reenvio considera que resulta da leitura conjugada dos n. os 2 e 3 do referido artigo 16. o , que a obrigação de devolução respeita a um número de licenças de emissão correspondente às emissões totais de uma unidade, conforme verificadas por um verificador independente, nos termos do artigo 15. o da Direitva 2003/87. Assim, o operador de uma unidade que produza emissões de gases com efeito de estufa deve devolver o número de licenças de emissão que consta do seu relatório de emissões dirigido às autoridades competentes, na condição de este relatório ter sido considerado satisfatório pelo verificador. Esta interpretação está em conformidade com as orientações, uma vez que resulta do ponto 7.4 destas últimas que «[a] autoridade competente utilizará o valor correspondente às emissões totais de uma instalação constante do relatório considerado satisfatório para verificar se o operador entregou um número de licenças suficiente para cobrir as emissões da instalação em causa». Nestas condições, o Bundesverwaltungsgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: «Deve o artigo 16. o , n. os 3 e 4, da Diretiva 2003/87 ser interpretado no sentido de que as sanções por emissões excedentárias também devem ser aplicadas quando o operador tiver devolvido, até 30 de abril de determinado ano, um número suficiente de licenças correspondent[e] às emissões totais indicadas no seu relatório de emissões da instalação referente ao ano anterior, que foi considerado satisfatório pelo verificador, mas a autoridade competente tiver concluído, após 30 de abril, que a quantidade total de emissões foi declarada por defeito no relatório de emissões objeto de verificação, tendo o relatório sido corrigido e tendo o operador devolvido as restantes licenças dentro do novo prazo fixado?» Quanto ao pedido de reabertura da fase oral do processo Na sequência das conclusões apresentadas pelo advogado‑geral, o Governo alemão pediu, por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 20 de fevereiro de 2005, que fosse ordenada a reabertura da fase oral do processo. Como fundamento do seu pedido, o Governo alemão alega, em substância, que as conclusões apresentadas pelo advogado‑geral contêm erros de facto. Importa realçar que o Tribunal de Justiça pode, em qualquer momento, ouvido o advogado‑geral, ordenar a reabertura da fase oral do processo, em conformidade com o disposto no artigo 83. o do seu Regulamento de Processo, designadamente se considerar que está insuficientemente esclarecido ou ainda quando a causa deva ser resolvida com base num argumento que não foi debatido entre as partes ou entre os interessados referidos no artigo 23. o do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia (acórdão Commerz Nederland, C‑242/13, EU:C:2014:2224 , n. o 26) Neste caso, isso não se aplica. Com efeito, à semelhança das outras partes intervenientes, o Governo alemão expôs, nas suas observações apresentadas durante a fase escrita do processo, a sua apreciação do quadro factual do litígio. Assim, o Tribunal de Justiça, ouvido o advogado‑geral, considera que dispõe de todos os elementos necessários para decidir. Atendendo às considerações precedentes, o Tribunal de Justiça considera que não há que ordenar a reabertura da fase oral do processo. Quanto à questão prejudicial Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87 deve ser interpretado no sentido de que se aplica a um operador que devolva um número de licenças de emissão de gases com efeito de estufa correspondente às emissões do ano anterior tal como comunicadas e verificadas de acordo com o disposto no artigo 15. o desta diretiva, quando se constate, após uma verificação adicional pela autoridade nacional competente depois de expirado o prazo de devolução, que essas emissões foram comunicadas por um valor inferior ao real e que, em consequência, foi devolvido um número insuficiente de licenças de emissão. A economia geral da Diretiva 2003/87 assenta numa contabilidade rigorosa da concessão, detenção, transferência e anulação das licenças de emissão de gases com efeito de estufa, cujo quadro é fixado pelo artigo 19. o desta diretiva e reclama a criação de um sistema de registos normalizado através de um regulamento distinto da Comissão. Esta contabilidade precisa é inerente ao próprio objeto da referida diretiva, isto é, a criação de um regime comunitário de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, o qual visa reduzir as emissões desses gases na atmosfera para um nível que evite uma perturbação antrópica perigosa do clima e cujo objetivo último consiste na proteção do ambiente. Além disso, o legislador da União pretendeu, ao criar ele próprio uma multa pré‑definida, salvaguardar o regime do comércio de licenças de emissão das distorções de concorrência resultantes das manipulações de mercado (acórdão Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka, C‑203/12, EU:C:2013:664 , n. o 27). Conforme assinalou o advogado‑geral no n. o 29 das suas conclusões, um dos pilares em que o sistema estabelecido pela Diretiva 2003/87 se baseia é a obrigação de os operadores devolverem, até 30 de abril do ano em curso, para anulação, um número de licenças de emissão de gases com efeito de estufa equivalente ao total das suas emissões durante o ano civil anterior. A aplicação desta obrigação é especialmente rigorosa. A referida obrigação, mencionada obrigatoriamente no título de emissão de gases com efeito de estufa por força do artigo 6. o , n. o 2, alínea e), da Diretiva 2003/87, e formulada em termos inequívocos no artigo 12. o , n. o 3, desta diretiva, é a única cujo incumprimento a própria Diretiva 2003/87, por força do seu artigo 16. o , n. o 3, sujeita a uma sanção precisa, ao passo que a sanção de outros comportamentos contrários às suas disposições é deixada, nos termos do artigo 16. o desta diretiva, à discrição dos Estados‑Membros (acórdão Billerud Karlsborg e Billerud Skärblacka, C‑203/12, EU:C:2013:664 , n. o 25). Conforme resulta do artigo 14. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87, esta obrigação de devolução baseia‑se nos relatórios elaborados pelos operadores de cada unidade, em conformidade com as regras enunciadas nas orientações. De acordo com a exigência de contabilidade rigorosa das licenças emitidas, e por força dos artigos 6.°, n. o 2, alínea e), e 12.°, n. o 3, desta diretiva, esses relatórios, antes de serem apresentados às autoridades nacionais competentes, são sujeitos a um processo de verificação previsto, designadamente, no artigo 15. o da referida diretiva. Resulta desta última disposição, lida em conjugação com o anexo V da Diretiva 2003/87, que a verificação dos relatórios de emissões constitui uma condição indispensável à devolução das licenças. Com efeito, um operador cujo relatório não tenha sido verificado e considerado satisfatório não pode transferir licenças enquanto os respetivos relatórios não forem considerados satisfatórios. Essa verificação, com vista à validação do relatório de emissões, é realizada, em conformidade com o ponto 12 do referido anexo V, por um verificador «independente do operador, [que realiza] as suas atividades com profissionalismo, probidade e objetividade». Nos termos do ponto 7.4, quinto parágrafo, das orientações, quando, no final do processo de verificação, o verificador «concluir que o relatório sobre as emissões contém uma inexatidão material, o relatório do operador não será considerado satisfatório». Só quando esse relatório de emissões «não contém qualquer inexatidão material» é que «o operador pode apresentar o relatório em causa à autoridade competente, em conformidade com o n. o 3 do artigo 14. o da [Diretiva 2003/87]». Há que declarar que a Diretiva 2003/87 não prevê outros mecanismos de controlo e não sujeita a devolução de licenças de emissão a nenhuma outra condição diferente da constatação do caráter satisfatório do relatório de emissões. Aliás, as orientações confirmam, no seu ponto 7.4, sexto parágrafo, que «[a] autoridade competente utilizará o valor correspondente às emissões totais de uma instalação constante do relatório […] para verificar se o operador entregou um número de licenças suficiente». Daqui se conclui que a coima única prevista no artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87 deve ser aplicada aos operadores que não respeitem essa obrigação, quer porque não devolvem nenhuma licença de emissão, quer porque o número de licenças de emissão devolvidas é inferior às emissões indicadas no relatório de emissões. Deste modo, com a sua questão prejudicial, o órgão jurisdicional de reenvio procura saber se esta disposição exige que a coima única seja igualmente aplicada a um operador quando a autoridade nacional, pelas suas próprias verificações e depois de expirado o prazo de devolução, constate, ela própria, uma irregularidade. A este respeito, resulta do conjunto das disposições da Diretiva 2003/87 que esta não se opõe a que as autoridades competentes dos Estados‑Membros efetuem controlos ou verificações adicionais, como os efetuados pela Emissionshandelsstelle depois da devolução das licenças de emissão pela Nordzucker. Na medida em que tais verificações permitam detetar irregularidades ou tentativas de fraude, elas contribuem para o bom funcionamento do regime de comércio de licenças de emissão. Contudo, quando, neste contexto, uma autoridade de um Estado‑Membro constate que a quantidade de emissões do ano anterior, conforme consta do relatório verificado de um operador, foi subavaliada e que, em consequência, foi devolvido um número insuficiente de licenças de emissão, isso não pode conduzir à aplicação da sanção prevista no artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87. Com efeito, como assinalou o advogado‑geral no n. o 34 das suas conclusões, a referida diretiva não pode ser interpretada como exigindo a aplicação automática de uma sanção por violação de uma obrigação que não está claramente especificada na mesma. Conforme resulta, designadamente, do n. o 34 do presente acórdão, os artigos 6.°, n. o 2, alínea e), e 12.°, n. o 3, da Diretiva 2003/87, e o ponto 7.4, sexto parágrafo, das orientações definem de modo claro e sem ambiguidade as exigências concretas decorrentes da obrigação de devolução. Por conseguinte, há que concluir que a aplicação do artigo 16. o , n. o 3, desta diretiva deve ser limitada às violações desta obrigação. Esta conclusão é confirmada pela economia do artigo 16. o da Diretiva 2003/87 que contém, conforme recordado no n. o 30 do presente acórdão, dois regimes de sanção diferentes, previstos, respetivamente, neste artigo 16. o , n. o 3, por um lado, e no referido artigo 16. o , n. o 1, por outro. Nos termos da segunda disposição, os Estados‑Membros devem prever sanções «efetivas, proporcionadas e dissuasivas» aplicáveis «em caso de infração às disposições nacionais aprovadas por força da presente diretiva» e tomar todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação. Dito de outro modo, cabe aos Estados‑Membros determinar as sanções que podem ser aplicadas a um operador que, apesar de cumprir a obrigação de devolução na aceção da Diretiva 2003/87, não respeite, no entanto, outras exigências inerentes ao funcionamento do regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. Tal é o caso, designadamente, quando um relatório de emissões foi elaborado com inobservância das regras técnicas previstas pela Diretiva 2003/87 e especificadas pelas orientações ou quando esse relatório não contenha todas as emissões sujeitas a esse regime. À luz destas considerações, há que declarar que, ao contrário do que sustenta o Governo alemão, a inaplicabilidade da sanção prevista no artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87 não tem como consequência que um operador que elabore um relatório de emissões incorreto possa escapar a qualquer sanção, se o verificador não descobrir as irregularidades cometidas. A interpretação do âmbito de aplicação do artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87, conforme resulta do n. o 38 do presente acórdão, impõe‑se igualmente em relação ao princípio da proporcionalidade. Com efeito, à luz das considerações que resultam, designadamente, dos n. os 29 a 34 do presente acórdão, há que recordar que um operador, como a Nordzucker no processo principal, que submete às autoridades competentes um relatório de emissões verificado por um perito independente que o considerou satisfatório, pode proceder, em conformidade com os artigos 6.°, n. o 2, alínea e), e 12.°, n. o 3, da Diretiva 2003/87, à devolução de um número de licenças de emissão correspondente às emissões da sua unidade no ano civil anterior, tal como foram verificadas. Assim, esta diretiva permite que um operador, para cumprir a sua obrigação de devolução na aceção destas disposições, se apoie no facto de o seu relatório ter sido validado por um verificador independente. É verdade que um operador não pode excluir que, depois da devolução das licenças de emissão de gases com efeito de estufa, as autoridades competentes de um Estado‑Membro verifiquem, aquando dos seus próprios controlos adicionais, que o seu relatório de emissões padece de uma irregularidade que afeta o número de licenças de emissão a devolver. Contudo, a aplicação automática da coima única prevista no artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87 seria desproporcionada uma vez que um operador, contanto que esteja de boa‑fé, não pode prever com certeza suficiente o resultado de tais controlos adicionais. Em contrapartida, as sanções que os Estados‑Membros devem prever nos termos do artigo 16. o , n. o 1, da Diretiva 2003/87 constituem um instrumento adequado neste caso, na medida em que, de acordo com a redação desta disposição, estas sanções devem ser proporcionadas à infração cometida. Isto implica, designadamente, que cabe às autoridades nacionais competentes considerar todas as circunstâncias de facto ou de direito específicas de cada caso para determinar se deve ser aplicada uma sanção a um operador e, sendo caso disso, qual. Esta apreciação exige, designadamente, que se tenha em conta o comportamento do operador e a sua boa‑fé ou as suas intenções fraudulentas. Em face do exposto, há que responder à questão submetida que o artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87 deve ser interpretado no sentido de que não se aplica a um operador que devolva um número de licenças de emissão de gases com efeito de estufa correspondente às emissões do ano anterior tal como comunicadas e verificadas de acordo com o disposto no artigo 15. o desta diretiva, quando se constate, após uma verificação adicional pela autoridade nacional competente depois de expirado o prazo de devolução, que essas emissões foram comunicadas por um valor inferior ao real, pelo que o número de licenças de emissão devolvido é insuficiente. Cabe aos Estados‑Membros determinar as sanções que podem ser aplicadas numa situação deste tipo, em conformidade com o artigo 16. o , n. o 1, da Diretiva 2003/87. Quanto às despesas Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara: O artigo 16. o , n. o 3, da Diretiva 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 2003, relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade e que altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho, conforme alterada pela Diretiva 2004/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de outubro de 2004, deve ser interpretado no sentido de que não se aplica a um operador que devolva um número de licenças de emissão de gases com efeito de estufa correspondente às emissões do ano anterior tal como comunicadas e verificadas de acordo com o disposto no artigo 15. o desta diretiva, quando se constate, após uma verificação adicional pela autoridade nacional competente depois de expirado o prazo de devolução, que essas emissões foram comunicadas por um valor inferior ao real, pelo que o número de licenças de emissão devolvido é insuficiente. Cabe aos Estados‑Membros determinar as sanções que podem ser aplicadas numa situação deste tipo, em conformidade com o artigo 16. o , n. o 1, da Diretiva 2003/87, conforme alterada pela Diretiva 2004/101. Assinaturas ( *1 ) Língua do processo: alemão.

62010TJ0278(01)

en

Background to the dispute On 23 August 2006, the intervener, Lidl Stiftung & Co. KG, filed an application for registration of a Community trade mark at the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) pursuant to Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark ( OJ 1994 L 11, p. 1 ), as amended (replaced by Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark ( OJ 2009 L 78, p. 1 )). The mark in respect of which registration was sought is the word sign WESTERN GOLD. The goods in respect of which registration was sought are in Class 33 of the Nice Agreement of 15 June 1957 concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, as revised and amended, and correspond to the following description: ‘Spirits, in particular whisky’. The Community trade mark application was published in Community Trade Marks Bulletin No 3/2007 of 22 January 2007. On 14 March 2007, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, whose rights are vested in the applicant, riha WeserGold Getränke GmbH & Co. filed a notice of opposition under Article 42 of Regulation No 40/94 (now Article 41 of Regulation No 207/2009) to the registration of the trade mark applied for in respect of all of the goods referred to in paragraph 3 above. The opposition was based on various earlier marks. The first earlier trade mark relied upon was the Community word sign WeserGold, filed on 3 January 2003 and registered on 2 March 2005 under No 2994739, in respect of goods in Classes 29, 31 and 32 and corresponding, for each of those classes, to the following description: — Class 29: ‘preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; milk products, namely yoghurt drinks, consisting mainly of yoghurt, fruit juices or vegetable juices’; — Class 31: ‘Fresh fruits’; — Class 32: ‘Mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, namely lemonades, carbonated drinks and cola drinks; fruit juices, fruit drinks, vegetable juices and vegetable drinks; syrups and other preparations for making beverages’. The second earlier trade mark relied upon was the German word mark WeserGold, filed on 26 November 2002 and registered on 27 February 2003 under No 30257995, in respect of goods in Classes 29, 31 and 32 and corresponding, for each of those classes, to the following description: — Class 29: ‘Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; milk products, namely yoghurt drinks, consisting mainly of yoghurt, fruit juices or vegetable juices’; — Class 31: ‘Fresh fruits’; — Class 32: ‘Mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, namely lemonades, carbonated drinks and cola drinks; fruit juices, fruit drinks, vegetable juices and vegetable drinks; syrups and other preparations for making beverages’. The third earlier trade mark relied upon was the international word mark No 801149 Wesergold, filed on 13 March 2003, and producing its effects in the Czech Republic, Denmark, Spain, France, Italy, Hungary, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Sweden, the United Kingdom and the Benelux countries, in respect of goods in Classes 29, 31 and 32 and corresponding, for each of those classes, to the following description: — Class 29: ‘Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; milk products, namely yoghurt drinks, consisting mainly of yoghurt, fruit juices or vegetable juices’; — Class 31: ‘Fresh fruits’; — Class 32: ‘Mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, namely lemonades, carbonated drinks and cola drinks; fruit juices, fruit drinks, vegetable juices and vegetable drinks; syrups and other preparations for making beverages’. The fourth earlier trade mark relied upon was the German word mark WESERGOLD, filed on 12 June 1970, registered on 16 February 1973 under No 902472 and renewed on 13 June 2000, in respect of goods in Class 32 and corresponding to the following description: ‘Ciders, lemonades, mineral water, vegetable juice beverages, fruit juice’. The fifth earlier mark relied upon was the Polish work mark WESERGOLD, filed on 26 June 1996 and registered on 11 May 1999 under No 161413, in respect of goods in Class 32 and corresponding to the following description: ‘Mineral waters and spring waters; table waters; non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit nectars, fruit syrups, vegetable juices, vegetable nectars, refreshments, beverages made from fruit juices, lemonade, effervescing beverages, mineral beverages, ice teas, flavoured mineral waters, mineral waters with added fruit juices — all the aforesaid beverages also dietetic preparations not adapted for medical purposes’. The ground relied upon in support of the opposition was that referred to in Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 (now Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009). On 11 June 2009, the Opposition Division upheld the opposition and rejected the application for the Community trade mark. For reasons of procedural economy, the Opposition Division limited its examination of the opposition to the earlier Community word sign, for which proof of genuine use was not required. On 13 July 2009, the intervener filed a notice of appeal with OHIM, pursuant to Articles 58 to 64 of Regulation No 207/2009, against the decision of the Opposition Division. By decision of 24 March 2010 (‘the contested decision’), the First Board of Appeal of OHIM upheld the appeal and annulled the Opposition Division’s decision. It found that the relevant public consisted of the general public of the European Union. In its view, the goods covered by the mark applied for, in Class 33 — namely, ‘spirits and, in particular whisky’ — were not similar to the goods covered by the earlier trade marks, in Classes 29 and 31 (see paragraphs 20 and 21 of the contested decision). The Board of Appeal found that there was a low degree of similarity between the goods covered by the mark applied for in Class 33 and those covered by the earlier marks in Class 32 (see paragraphs 22 to 28 of the contested decision). The signs at issue showed a moderate degree of visual (see paragraph 33 of the contested decision) and phonetic (see paragraph 34 of the contested decision) similarity, but were conceptually different (see paragraphs 35 to 37 of the contested decision). As regards the distinctiveness of the earlier trade marks, the Board of Appeal considered, in essence, that this was slightly below average owing to the presence of the word ‘gold’, which has a low distinctiveness (see paragraphs 38 to 40 of the contested decision). Last, it stated that the evaluation of all the circumstances of the case, in the assessment of the likelihood of confusion, led to the conclusion that there was no likelihood of confusion between the signs at issue (see paragraphs 41 to 47 of the contested decision). Procedure before the General Court and the Court of Justice By application lodged at the Registry of the General Court on 21 June 2010, the applicant brought an action for annulment of the contested decision on the ground of infringement of Article 8(1)(b), Article 64, the second sentence of Article 75 and, in the alternative, the first sentence of Article 75 of Regulation No 207/2009. The parties presented oral argument and answered the questions put by the Court at the hearing on 27 June 2012. By judgment of 21 September 2012 in Wesergold Getränkeindustrie v OHIM — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T‑278/10, ECR, ‘the judgment of the General Court’, EU:T:2012:459 ), the General Court annulled the contested decision and ordered OHIM to bear its own costs and to pay the costs of the applicant and ordered the intervener to bear its own costs. In reaching that decision, the General Court examined the first plea, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, without ruling on the other three pleas raised by the applicant. After finding, in paragraph 58 of its judgment, that, in spite of their visual and phonetic similarities, the signs at issue were different overall, owing to significant conceptual differences between them, the General Court took issue with the Board of Appeal, in paragraphs 72, 82 and 83 of the judgment, first, for having found that the applicant had not invoked the increased distinctiveness resulting from the use of the earlier marks; next, for having failed, because of such an error, to examine a potentially relevant factor in the global assessment as to whether there was a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier marks; and, last, for having, because of such an omission, acted in breach of essential procedural requirements, which meant that the contested decision must be annulled. By application lodged at the Registry of the Court of Justice on 4 December 2012, OHIM brought an appeal against the judgment of the General Court, claiming that the Court of Justice should set that judgment aside. By judgment of 23 January 2014 in OHMI v riha WeserGold Getränke (C‑558/12 P, ECR, ‘the judgment on appeal’, EU:C:2014:22 ), the Court of Justice set aside the judgment of the General Court. The Court of Justice found that the judgment of the General Court was vitiated by an error of law in the interpretation of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, as the General Court had wrongly considered that the Board of Appeal’s failure to examine the enhanced distinctiveness of the earlier marks meant that the contested decision must be annulled. The Court of Justice held, in paragraph 48 of the judgment on appeal, that the examination of that factor by the Board of Appeal was irrelevant for the purposes of assessing whether there was a likelihood of confusion between the marks at issue, since the General Court had already found that the marks at issue were different overall, so that any risk of confusion was precluded and the possible enhanced distinctiveness of the earlier mark, acquired through use, could not offset the lack of similarity between those marks. The Court of Justice held in paragraph 61 of the judgment on appeal: ‘Since the General Court examined only one of the four pleas in law relied on by riha WeserGold Getränke in support of its action, the Court of Justice considers that the state of the proceedings in the present case does not permit judgment to be given. The case must therefore be referred back to the General Court.’ After delivery of the judgment on appeal and in accordance with Article 118(1) of the Rules of Procedure of the General Court of 2 May 1991, the case was assigned to the Second Chamber of the General Court. Procedure and forms of order sought after referral The parties were asked to submit their observations, in accordance with Article 119(1) of the Rules of Procedure of 2 May 1991. The applicant, OHIM and the intervener lodged their statements in observation within the prescribed period, on 1 April and 8 and 14 May 2014 respectively. In its observations, the applicant claims that the Court should: — annul the contested decision; — order OHIM or the intervener to pay the costs, including those relating to the proceedings before the Court of Justice. In their observations, OHIM and the intervener contend that the Court should: — dismiss the action; — order the applicant to pay the costs relating to the proceedings before this Court (T‑278/10 and T‑278/10 RENV) and those relating to the proceedings before the Court of Justice (C‑558/12 P). Law In support of the action, the applicant raises four pleas in law, alleging infringement, in the first place, of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009; in the second place, of Article 64 of that regulation; in the third place, of the second sentence of Article 75 of that regulation; and, in the fourth place, of the first sentence of Article 75 of that regulation. First plea, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 The applicant infers from the judgment on appeal that the argument relating to enhanced distinctiveness, acquired through use, and the influence of that distinctiveness ought to have been assessed in the context of the examination of the visual, phonetic and conceptual similarities of the signs at issue and that the Court should therefore undertake such an examination, examining the enhanced distinctiveness, acquired through use, of the earlier marks, and adjudicate on the action in its entirety, including all four pleas, without being bound by the judgment of the General Court. From that aspect, the applicant claims, in essence, first of all, that the signs at issue present a moderate degree of similarity, which was found both by the Board of Appeal and in the judgment of the General Court. The applicant maintains, next, that the existence of conceptual dissimilarity between the signs cannot offset the visual and phonetic similarities found. Last, the applicant calls into question the examination relating to the similarity of the goods at issue, the analysis of the existence of a likelihood of confusion and the distinctiveness of the earlier marks. In that regard, it should be pointed out that it is apparent merely on reading the judgment of the General Court that, as both OHIM and the intervener rightly observe, the General Court reached the conclusion, set out in paragraph 58 of its judgment, that ‘the signs [were] different overall, despite their visual and phonetic similarities’. Furthermore, it is apparent from the judgment on appeal that the Court of Justice set aside the judgment of the General Court on the sole ground that, notwithstanding the lack of similarity between the signs at issue, the General Court had taken issue with the Board of Appeal for not having examined the existence of the enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, whereas, as the marks were different overall, any likelihood of confusion was precluded. It follows that the criterion of the enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, must be examined only where similarity between the signs and also similarity between the goods and services concerned have already been found, and only in the context of the examination relating to the likelihood of confusion. It follows from paragraphs 48 to 50 of the judgment on appeal that: ‘48 In that way, by holding that the Board of Appeal’s failure to examine the enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, meant that the contested decision was invalid, the General Court called for the Board of Appeal to examine a factor that was of no relevance to the assessment as to whether there was a likelihood of confusion, for the purposes of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, between the marks at issue. Since the General Court had already found that the marks at issue were dissimilar overall, any likelihood of confusion had to be ruled out and the possible enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, could not offset the lack of similarity between the marks at issue. In those circumstances, OHIM is right to claim that the judgment under appeal is vitiated by an error in law in the interpretation of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. It follows from the foregoing that, without it being necessary to examine the other two grounds of appeal, the judgment under appeal must be set aside, in so far as, by that judgment, the General Court held that the Board of Appeal was required to examine the enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, and annulled the contested decision on the ground that the Board had failed to do so, notwithstanding a prior finding in the judgment under appeal that the marks at issue were dissimilar.’ Since the General Court found that the signs at issue were not similar and that one of the conditions for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 was thus not fulfilled, any likelihood of confusion was precluded, as is apparent from paragraph 48 of the judgment on appeal. The applicant cannot therefore call into question, as it attempts to do, the analysis of the similarity between the signs at issue carried out in the judgment of the General Court and the result at which that Court arrived, which, moreover, were not called into question in the judgment on appeal. Although the operative part of the judgment on appeal declares that judgment of the General Court is set aside specifying the extent to which it is set aside, it does not preclude the operative part of the judgment on appeal being read in conjunction with the grounds set out in that judgment. According to a consistent line of decisions, in order to comply with a judgment annulling a measure and to implement it fully, the institution is required to have regard not only to the operative part of the judgment but also to the grounds which led to it and constitute its essential basis, in so far as they are necessary to determine the exact meaning of what is stated in the operative part. It is those grounds which, on the one hand, identify the precise provision held to be illegal and, on the other, indicate the specific reasons which underlie the finding of illegality contained in the operative part and which the institution concerned must take into account when replacing the annulled measure (judgment of 26 April 1988 in Asteris and Others v Commission , 97/86, 99/86, 193/86 and 215/86, ECR, EU:C:1988:199 , paragraph 27; see also, to that effect, judgments of 15 May 1997 in TWD v Commission , C‑355/95 P, ECR, EU:C:1997:241 , paragraph 21, and of 7 October 1999 in Irish Sugar v Commission , T‑228/97, ECR, EU:T:1999:246 , paragraph 17). It should be borne in mind that, in paragraph 50 of the judgment on appeal, the Court of Justice stated that ‘the judgment under appeal must be set aside, in so far as, by that judgment, the General Court [had] held that the Board of Appeal was required to examine the enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, and [had] annulled the [decision at issue] on the ground that the Board had failed to do so, notwithstanding a prior finding in the judgment under appeal that the marks at issue were dissimilar’, which means that the Court of Justice did not intend to call into question the findings of fact made by the General Court as regards the analysis of the similarity of the signs at issue, and which constituted the basis of the reasoning of the Court of Justice. As that ground for setting aside the judgment under appeal did not affect those findings of fact, the examination of the first ground of appeal was therefore concluded by the finding that examination of the enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, was ineffective, since the signs at issue were different. That is also confirmed in paragraph 48 of the judgment on appeal, where the Court of Justice observed that, ‘since the General Court had already found that the marks at issue were dissimilar overall, any likelihood of confusion had to be ruled out and the possible enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, could not offset the lack of similarity between the marks at issue’. The analysis of the similarity between the signs at issue, and in particular the difference between them found by the General Court, was disputed by the applicant in the proceedings before the Court of Justice, as is apparent from paragraph 38 of the judgment on appeal, where the Court of Justice recalled that the applicant maintained that the first ground of appeal was unfounded ‘in so far as the General Court’s finding that there [was] no similarity between the marks in question [had been] an interim conclusion which had yet to take account of the distinctiveness of the earlier marks’. By not upholding the applicant’s submissions, and by setting aside the judgment of the General Court on the ground that the dissimilarity between the signs at issue necessarily had the consequence that there was no likelihood of confusion, the Court of Justice intended to uphold, by implication but necessarily, the analysis carried out by the General Court, which established that the signs were different. In addition, if the analysis of the similarity of the signs at issue were to be called into question at this stage, when the Court of Justice made no mention of any error by the General Court on that point, that would be tantamount to setting up the Second Chamber of the General Court as an appellate court from the First Chamber of the General Court and, furthermore, to depriving the judgment on appeal of part of its binding effect, in so far as the setting-aside of the judgment under appeal could not go further than the setting-aside declared by the Court of Justice and allow the facts to be called into question, thereby rendering inoperative the grounds on which the judgment on appeal is based. It therefore follows from the judgment on appeal that, in the context of these proceedings, it is for the Court, as is clear from paragraph 61 of the judgment on appeal, to examine the second to the fourth pleas raised before it in the first proceedings. The first plea must therefore be rejected. Second plea, alleging infringement of Article 64 of Regulation No 207/2009 The applicant takes issue, in essence, with the Board of Appeal for having infringed Article 64 of Regulation No 207/2009 by examining the likelihood of confusion solely by reference to the Community trade mark registered as No 2994739. It maintains that, since the Opposition Division had found that there was a likelihood of confusion between the Community trade mark and the mark applied for and since the Board of Appeal found, on the contrary, that there was no likelihood of confusion, it ought either to have referred the case back to the Opposition Division or to have examined whether there was a likelihood of confusion by reference to all the earlier marks relied on, but not, as it did, to have found that there was no likelihood of confusion without assessing that likelihood by reference to all the earlier marks and merely taking only the earlier Community trade mark into consideration. In that regard, it is apparent from paragraph 16 of the contested decision that the Board of Appeal referred to ‘earlier marks’ and to ‘ordinary consumers in the European Union’, having regard to the fact that the earlier marks were, first, a Community mark and a German mark (WeserGold, see paragraphs 7 and 8 above), next, an international mark and a mark producing effects in the Czech Republic, Denmark, Spain, France, Italy, Hungary, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Sweden, the United Kingdom and the Benelux countries (Wesergold, see paragraph 9 above) and, last, a German mark and a Polish mark (WESERGOLD, see paragraphs 10 and 11 above). In paragraph 23 of the contested decision, the Board of Appeal referred to German consumers and then to consumers in the other Member States. As regards the analysis of the signs at issue, the Board of Appeal referred to all of the earlier marks, thus emphasising the fact that the examination, strictly speaking, concerned those marks and not just the earlier Community trade mark, even though it refers to the earlier mark and not to the earlier marks. Paragraph 31 of the contested decision is worded as follows: ‘Both the earlier trade mark and the trade mark applied for are word marks. The earlier trade mark consists of one word composed of nine letters, written in upper-case letters, in lower-cases letters or with an upper-case letter in the middle of the word, namely “WeserGold”, “Wesergold” and “WESERGOLD”.’ In those circumstances, although the Board of Appeal uses the word ‘earlier mark’ to describe all the earlier marks, that is the consequence of the finding, made in paragraph 32 of the contested decision, which cannot but be confirmed, that ‘the use of lower-case and upper-case letters (in the middle of a word) has no effect on the comparison of the signs since the [General Court] regards a word mark in principle as a combination of letters or words in normal script with no specific graphic elements’. Last, it follows from a simple reading of paragraphs 33, 36, 39 and 40 of the contested decision that the Board of Appeal did in fact refer to the ‘earlier marks’ and not just to the Community trade mark, even stating again, in paragraph 45 of that decision, that the signs concerned were WESTERN GOLD and WeserGold, WESERGOLD or Wesergold. It follows from the foregoing that the second plea must be rejected in any event. Third plea, alleging infringement of the second sentence of Article 75 of Regulation No 207/2009 First, the applicant takes issue, essentially, with the Board of Appeal for not having informed it in advance that it intended to rule on all of the earlier marks on which the opposition to the mark applied for was also based. In that regard, it should be observed that this plea, whereby the applicant claims that it was not informed that the Board of Appeal would rely on all of the earlier marks, contradicts the second plea, alleging that the examination of the likelihood of confusion ought to have been carried out solely by reference to the earlier Community trade mark. When asked about that contradiction at the hearing, however, the applicant did not enlighten the Court as to the interrelation between the two pleas and their consistency. That being the case, it should be observed that it is apparent from the case-law that there is continuity, in terms of their functions, between the different departments of OHIM, namely the examiner, the Opposition Division, the Administration of Trade Marks and Legal Divisions and the Cancellation Divisions, on the one hand, and the Boards of Appeal, on the other (see judgment of 13 March 2007 in OHIM v Kaul , C‑29/05 P, ECR, EU:C:2007:162 , paragraph 30 and the case-law cited). It follows, specifically, from that continuity in terms of functions between the various departments of OHIM that, when the Boards of Appeal conduct the required review of decisions taken by the departments of OHIM at first instance, they must base their decision on all the matters of fact and of law which the parties concerned introduced either in the proceedings before the department which heard the application at first instance or in the appeal (judgment of 11 July 2006 in Caviar Anzali v OHIM — Novomarket (Asetra) , T‑252/04, ECR, EU:T:2006:199 , paragraph 31). More generally, as the Court of Justice held in the judgment in OHIM v Kaul , cited in paragraph 57 above ( EU:C:2007:162 , paragraphs 56 and 57), it follows from Article 64(1) of Regulation No 207/2009, which provides that, following the examination as to the allowability of the appeal, the Board of Appeal is to decide on the appeal and, in doing so, may ‘exercise any power within the competence of the department which was responsible for the decision appealed’, that, by the effect of the appeal before it, the Board of Appeal is required to undertake a full re-examination of the substance of the case before it, both in law and in fact (judgment of 28 April 2010 in Claro v OHIM — Telefónica (Claro) , T‑225/09, EU:T:2010:169 , paragraphs 30 and 31). It follows that all the matters dealt with by the lower-level department of OHIM in the decision which is the subject of the appeal to the Board of Appeal form part of the legal and factual framework of the case before the Board of Appeal, which bases its decision on all of those matters and has therefore jurisdiction to examine them. Since the question of the similarity between the earlier marks necessarily had to be examined in order to determine whether there was a likelihood of confusion and since the parties had submitted observations before the Opposition Division, the Board of Appeal had jurisdiction, by virtue of the continuity in terms of functions between the different departments of OHIM, to re-examine it in its decision and, if appropriate, to arrive in that regard at a different conclusion from that arrived at by the Opposition Division. Thus, even if the Opposition Division found on the sole basis of the earlier Community trade mark that there was a likelihood of confusion, it follows from the continuity in functional terms that it was for the Board of Appeal to examine all of the earlier marks, as it did, since, in departing from the decision of the Opposition Division, it considered that there was no likelihood of confusion between the signs at issue. It should be noted, moreover, that it does not follow from Article 75 of Regulation No 207/2009 that the Board of Appeal is required to invite the parties to comment on a likelihood of confusion with several earlier marks where, as in the present case, the Board of Appeal bases its examination of the likelihood of confusion on earlier marks which the Opposition Division did not take into consideration, but which had properly been relied on in support of that opposition. In that regard, it is common ground that, by opposition of 14 March 2007, the applicant relied on all of the earlier marks referred to in paragraphs 7 to 11 above in support of that opposition and that, in the grounds underlying the opposition filed on 26 September 2008, the applicant expressly relied on the likelihood of confusion between all of the earlier marks and the mark applied for (see, to that effect, judgment of 15 January 2013 in Lidl Stiftung v OHIM — Lactimilk (BELLRAM) , T‑237/11, ECR, EU:T:2013:11 , paragraph 27). It must therefore be held that the applicant had the opportunity, both before the Opposition Division and before the Board of Appeal, to rely on its arguments relating to the likelihood of confusion between the mark applied for and all of the earlier marks, but that it chose not to set out arguments specific to each of the earlier marks, since it preferred to rely, in a generic and therefore undifferentiated manner, on the earlier trade marks WESERGOLD (paragraph 1 of its notice of opposition of 26 September 2008), Wesergold (paragraph 3 of that notice of opposition) or WeserGold (paragraph 8 of that notice of opposition). It is common ground that, by letter of 22 December 2009, the applicant put forward arguments, in the context of the action brought by the intervener against the Opposition Division’s decision, relating to the question whether there was a likelihood of confusion between the earlier trade marks and the mark applied for, stating that several earlier marks relied on had in common the word ‘wesergold’ with the letters ‘w’ and ‘g’ in upper case. In so far as the opposition was based on all of the earlier trade marks mentioned in paragraphs 7 to 11 above and since the Board of Appeal had jurisdiction, in accordance with Article 64(1) of Regulation No 207/2009, to examine the likelihood of confusion between the trade mark applied for and all of the earlier trade marks, it was for the applicant, in accordance with Article 76(1) of Regulation No 207/2009, to submit, in the context of the appeal before the Board of Appeal, its observations on those earlier trade marks in a way specific to each of them, in so far as that could be justified. The applicant cannot therefore properly claim that it could not foresee that the Board of Appeal would base its examination of the likelihood of confusion on all of the earlier trade marks (see, to that effect, judgment in BELLRAM , cited in paragraph 60 above, EU:T:2013:11 , paragraph 28). It follows from the considerations set out in paragraphs 60 and 61 above that the Board of Appeal did not breach the applicant’s right to be heard by not explicitly inviting to submit observations on the earlier marks other than the Community trade mark. It follows that, in so far as in, the context of this plea, the applicant challenges the jurisdiction of the Board of Appeal referred to in paragraph 61 above, this plea is unfounded and must be rejected. Second, the applicant takes issue with the Board of Appeal for having breached its right to be heard on the issue relating to the alleged enhanced distinctiveness of the earlier marks, acquired through use. In that regard, it is sufficient to state that this complaint is inoperative, since, even on the assumption, quod non, that the Board of Appeal ought to have informed the applicant in advance of its right to submit observations, in any event, that error could not have entailed the annulment of the contested decision, since it is apparent from paragraph 50 of the judgment on appeal that, in the absence of similarity between the signs at issue, the question of the distinctiveness of the earlier marks, acquired through use, is wholly irrelevant. It follows from all of the foregoing that the third plea must be rejected. Fourth plea, alleging infringement of the first sentence of Article 75 of Regulation No 207/2009 The applicant takes issue with the Board of Appeal for having infringed the first sentence of Article 75 of Regulation No 207/2009, in setting out in a ‘summary’ manner the reasons on which the contested decision is based in the light of the earlier marks other than the Community trade mark. In that regard, it must be recalled that, in accordance with the first sentence of Article 75 of Regulation No 207/2009, decisions of OHIM are to state the reasons on which they are based. According to the case-law, that obligation has the same scope as the obligation laid down in the second paragraph of Article 296 TFEU and its objective is to allow those concerned to know the reasons for the measure adopted in order to be able to defend their rights and the Courts of the European Union to review the legality of the decision (judgments of 6 September 2012 in Storck v OHIM , C‑96/11 P, EU:C:2012:537 , paragraph 86, and of 15 July 2014 in Łaszkiewicz v OHIM — Cables y Eslingas (PROTEKT) , T‑18/13, EU:T:2014:666 , paragraph 71). Moreover, the Boards of Appeal cannot be required to provide an account that follows exhaustively and one by one all the lines of reasoning articulated by the parties before them. The reasoning may therefore be implicit on condition that it enables those concerned to know the reasons why the decision of the Board of Appeal was adopted and the competent court to have sufficient information before it to exercise its power of review (judgments of 21 October 2004 in KWS Saat v OHIM , C‑447/02 P, ECR, EU:C:2004:649 , paragraph 65; of 16 September 2009 in Alber v OHIM (Hand grip) , T‑391/07, EU:T:2009:336 , paragraph 74; and in PROTEKT , cited in paragraph 68 above, EU:T:2014:666 , paragraph 72). In addition, it should be observed that the Board of Appeal is not obliged to express a view on every argument submitted by the parties. It is sufficient if it sets out the facts and the legal considerations having decisive importance in the context of the decision (see, to that effect, judgment of 11 January 2007 in Technische Glaswerke Ilmenau v Commission , C‑404/04 P, EU:C:2007:6 , paragraph 30). It follows that the fact that the Board of Appeal did not reproduce all of the arguments of one party, or did not reply to each of those arguments, cannot by itself lead to a finding that the Board of Appeal refused to take them into account (judgments of 9 December 2010 in Tresplain Investments v OHIM — Hoo Hing (Golden Elephant Brand) , T‑303/08, ECR, EU:T:2010:505 , paragraph 46, and PROTEKT , cited in paragraph 68 above, EU:T:2014:666 , paragraph 73). In that regard, it is apparent from the contested decision that the Board of Appeal stated to the requisite standard its reasons for taking all of the earlier marks into account for the purposes of the examination of the likelihood of confusion. It is apparent in paragraph 16 of the contested decision that the Board of Appeal took all of the earlier marks into account, as it used the phrase ‘since the earlier trade marks’. Next, in paragraphs 31 and 45 of that decision, the Board of Appeal mentioned all of the earlier marks, ‘namely “WeserGold”, “Wesergold” and “WESERGOLD”’. Last, in referring, in paragraph 32 of the contested decision, to the case-law of the General Court on word marks, according to which the differences arising from the combination of letters or words in normal script with no specific graphic elements have no effect, the Board of Appeal correctly stated the reasons for its decision to take all of the earlier trade marks into account. It follows from the foregoing that the fourth plea must be rejected and the action dismissed in its entirety. Costs In the judgment on appeal, cited in paragraph 21 above, the Court of Justice reserved the costs. It is therefore for this Court to decide, in the present judgment, on all of the costs relating to the various proceedings, in accordance with Article 219 of the Rules of Procedure of the General Court. Under Article 134(1) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. As the applicant has been unsuccessful in all of the forms of order sought, it must be ordered to pay the costs incurred by OHIM and by the intervener before this Court and the Court of Justice, in accordance with the forms of order sought by them. On those grounds, THE GENERAL COURT (Second Chamber) hereby: 1. Dismisses the action; 2. Orders riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG to bear its own costs and to pay those incurred by the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) and by Lidl Stiftung & Co. KG in the proceedings before this Court and the Court of Justice. Martins Ribeiro Gervasoni Madise Delivered in open court in Luxembourg on 24 November 2015. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: German.

62005TJ0033

et

Esiteks nõue tühistada komisjoni 20. oktoobri 2004. aasta otsus K(2004) 4030 lõplik EÜ […] artikli 81 lõike 1 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/C.38.238/B.2 – Hispaania toortubakasektor), teiseks ja täiendavalt nõue vähendada hagejale selle otsusega määratud trahvisummat ning kolmandaks komisjoni vastuhagi nimetatud summa suurendamiseks. Resolutsioon 1. Määrata Compañía española de tabaco en rama, SA-le (Cetarsa) komisjoni 20. oktoobri 2004. aasta otsuse K(2004) 4030 lõplik artikliga 3 EÜ […] artikli 81 lõike 1 kohaldamise menetluses (juhtum COMP/C.38.238/B.2 – Hispaania toortubakasektor) määratud trahvi summaks 3 147 300 eurot. 2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. 3. Jätta Euroopa Komisjoni vastuhagi rahuldamata. 4. Mõista 8/10 komisjoni kohtukuludest välja Cetarsalt, kes kannab 8/10 enda kohtukuludest ning mõista 2/10 Cetarsa kohtukuludest välja komisjonilt, kes kannab 2/10 enda kohtukuludest.

62007TJ0200

en

Three actions brought against the decisions of the Fourth Board of Appeal of OHIM of 22 March 2007 (Cases R 1276/2006-4, R 1277/2006-4 and R 1278/2006-4), concerning the applications for registration of the word marks 222, 333 and 555 as Community trade marks. Information relating to the case Applicant for the Community trade mark: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. Community trade mark sought: Word marks 222, 333 and 555 for products in Class 16 Decision of the Examiner: Registrations refused Decision of the Board of Appeal: Appeals dismissed Operative part The Court: 1. Dismisses the actions; 2. Orders Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. to pay the costs.

62015CJ0128

da

Kongeriget Spanien har i stævningen nedlagt påstand om annullation af Rådets forordning (EU) nr. 1367/2014 af 15. december 2014 om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2015 og 2016 ( EUT 2014, L 366, s. 1 ), for så vidt som Rådet for Den Europæiske Union har overskredet grænserne for sit skøn ved at fastsætte en fælles samlet tilladt fangstmængde (TAC) for skolæst ( Coryphaenoides rupestris , på engelsk » Roundnose grenadier «) og nordlig skolæst ( Macrourus berglax , på engelsk » Roughhead grenadier «) i to forvaltningsområder, nemlig »5B67« og »8X14«, uden at tage hensyn til princippet om relativ stabilitet i fiskeriet, og idet det tilsidesatte proportionalitetsprincippet og ligebehandlingsprincippet. Retsforskrifter Forordning (EU) nr. 1380/2013 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF ( EUT 2013, L 354, s. 22 , herefter »forordningen om den fælles fiskeripolitik«) indeholder bestemmelser, som tilsigter at nå målene i den fælles fiskeripolitik. 4., 6., 10. og 24. samt 34.-36. betragtning til forordningen om den fælles fiskeripolitik har følgende ordlyd: »(4) Den fælles fiskeripolitik bør sikre, at fiskeriet og akvakulturen bidrager til at skabe miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtige forhold på lang sigt. Den bør omfatte regler, der sigter mod at sikre sporbarheden, sikkerheden og kvaliteten af produkter, der markedsføres i Unionen. Desuden bør den fælles fiskeripolitik bidrage til øget produktivitet, til en rimelig levestandard i fiskerierhvervet, herunder småskalafiskeri, til stabile markeder, og den bør sikre, at forsyninger af fødevarer er til rådighed, og at de når ud til forbrugerne til rimelige priser. Den fælles fiskeripolitik bør bidrage til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og bør medvirke til, at målene heri nås. […] (6) Ved […] internationale instrumenter fastsættes der først og fremmest bevarelsesforpligtelser, herunder forpligtelser til at træffe bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der skal sikre, at havets ressourcer opretholdes på eller genoprettes til niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte både i havområder under national jurisdiktion og på åbent hav, og til at samarbejde herom med andre lande, en forpligtelse til bred anvendelse af en forsigtighedstilgang i forbindelse med bevarelse, forvaltning og udnyttelse af fiskebestande, en forpligtelse til at sikre forenelighed mellem bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, hvis havets ressourcer forekommer i havområder med forskellig jurisdiktionsstatus, samt en forpligtelse til at tage behørigt hensyn til anden lovlig udnyttelse af havene. […] […] (10) Bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer bør baseres på en forsigtighedstilgang, som følger af det forsigtighedsprincip, der er omhandlet i artikel 191, stk. 2, første afsnit, i traktaten, under hensyntagen til tilgængelige videnskabelige data. […] (24) De flerårige planer bør om muligt omfatte flere bestande, hvis der er tale om fælles udnyttelse af sådanne bestande. De flerårige planer bør fastlægge rammerne for bæredygtig udnyttelse af de berørte bestande og marine økosystemer, idet der opstilles klare tidsplaner og beskyttelsesforanstaltninger for uforudset udvikling. Flerårige planer bør ligeledes underlægges præcist fastsatte forvaltningsmål med henblik på at bidrage til den bæredygtige udnyttelse af bestandene og til beskyttelsen af de pågældende marine økosystemer. Disse planer bør vedtages i samråd med de rådgivende råd, operatører i fiskerierhvervet, videnskabsfolk og andre aktører, der har interesse i fiskeriforvaltningen. […] (34) For bestande, som der ikke er opstillet flerårige planer for, bør der sikres udnyttelsesgrader, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, gennem fastsættelse af fangst- eller fiskeriindsatsbegrænsninger. Hvis der ikke er tilstrækkelige data til rådighed, bør fiskeriet forvaltes ved hjælp af omtrentlige parametre. (35) På grund af fiskerierhvervets vanskelige økonomiske situation og visse kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør der skabes et relativt stabilt fiskeri, ved at fiskerimulighederne fordeles blandt medlemsstaterne på basis af en forudsigelig andel af bestandene til hver medlemsstat. (36) På grund af bestandenes skiftende biologiske forhold bør et sådant relativt stabilt fiskeri sikre, at der fuldt ud tages hensyn til de særlige behov i områder, hvor lokalsamfundet er særligt afhængigt af fiskeri og aktiviteter i tilknytning hertil, jf. Rådets resolution af 3. november 1976 […].« Artikel 1, stk. 1, litra a), i forordningen om den fælles fiskeripolitik bestemmer, at den fælles fiskeripolitik omfatter »bevarelse af havets biologiske ressourcer og forvaltning af fiskeri og de flåder, der udnytter sådanne ressourcer«. Forordningens artikel 2, stk. 2, bestemmer: »Den fælles fiskeripolitik skal i den fælles fiskeripolitik forvaltes efter en forsigtighedstilgang, og målet er at sikre, at udnyttelsen af havets levende biologiske ressourcer genopretter og opretholder populationer af de befiskede arter på niveauer, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte. […]« I henhold til samme forordnings artikel 3, litra c), skal vedtagelse af foranstaltninger i forbindelse med den fælles fiskeripolitik ske »i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning«. Artikel 4 i forordningen om den fælles fiskeripolitik, som har overskriften »Definitioner«, bestemmer i stk. 1, nr. 8): »I denne forordning forstås ved: […] »forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen«: jf. artikel 6 i FN-aftalen om fiskebestande, en tilgang, ifølge hvilken manglende relevante videnskabelige oplysninger ikke bør betragtes som en gyldig grund til at udskyde eller undlade at træffe forvaltningsforanstaltninger til bevarelse af målarter, tilknyttede eller afhængige arter og ikkemålarter samt deres miljø.« Forordningens artikel 6, stk. 2 har følgende ordlyd: »Ved anvendelsen af denne forordning hører Kommissionen de relevante rådgivende organer og de relevante videnskabelige organer. Bevarelsesforanstaltninger vedtages under hensyn til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, herunder hvor det er relevant rapporter udarbejdet af [Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF)] og andre rådgivende organer, rådgivning fra de rådgivende råd og fælles henstillinger forelagt af medlemsstaterne i henhold til artikel 18.« I samme forordnings artikel 16 bestemmes: »1.   De fiskerimuligheder, som medlemsstaterne tildeles, sikrer de enkelte medlemsstater relativ stabilitet i fiskeriet efter de enkelte bestande eller i de enkelte fiskerier. Der tages hensyn til de enkelte medlemsstaters interesser, når der tildeles nye fiskerimuligheder. 2.   Når der indføres en landingsforpligtelse for så vidt angår en fiskebestand, fastsættes fiskerimulighederne under hensyntagen til, at de i stedet for at afspejle landingerne nu skal afspejle fangsterne på grund af det forhold, at udsmid af denne bestand ikke længere vil være tilladt i det første og de efterfølgende år. 3.   Hvis ny videnskabelig dokumentation viser, at der er betydelig uoverensstemmelse mellem de fiskerimuligheder, der er fastsat for en bestemt bestand, og bestandens faktiske tilstand, kan medlemsstater med en direkte forvaltningsmæssig interesse sende Kommissionen en begrundet anmodning om, at den forelægger et forslag for at afhjælpe denne uoverensstemmelse, idet målsætningerne i artikel 2, stk. 2, skal overholdes. 4.   Fiskerimulighederne fastsættes i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 2, stk. 2, og skal overholde kvantificerbare mål, tidsplaner og margener som fastsat i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 1, litra b) og c). […]« Artikel 25 i forordningen om den fælles fiskeripolitik, som indgår i forordningens del V med overskriften »Videnskabeligt grundlag for fiskeriforvaltning«, bestemmer følgende: »1.   Medlemsstaterne indsamler efter de regler, der er vedtaget for dataindsamling, de biologiske, miljømæssige, tekniske og socioøkonomiske data, der er nødvendige for fiskeriforvaltning, og forvalter disse data og stiller dem til rådighed for slutbrugere, bl.a. organer udpeget af Kommissionen. Erhvervelsen og forvaltningen af sådanne data er støtteberettiget via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond i overensstemmelse med en fremtidig EU-retsakt, der fastsætter betingelserne for den finansielle bistand til hav- og fiskeripolitikken i perioden 2014-2020. Sådanne data skal især gøre det muligt at vurdere: a) havets biologiske ressourcers udnyttelsestilstand b) fiskeriets omfang og den indvirkning, som fiskeriet har på havets biologiske ressourcer og de marine økosystemer, og c) fiskeriets, akvakulturens og forarbejdningsvirksomhedernes socioøkonomiske resultater i og uden for EU-farvande. 2.   Indsamling, forvaltning og anvendelse af data skal bygge på følgende principper: a) nøjagtighed og pålidelighed og rettidig indsamling b) brug af samordningsmekanismer for at undgå, at dataindsamling til diverse formål overlapper hinanden c) sikker opbevaring og beskyttelse af de indsamlede data i edb-databaser og offentlig adgang hertil, hvis det er relevant, bl.a. på aggregeret niveau, samtidig med, at der sikres fortrolighed d) adgang for Kommissionen eller organer udpeget af Kommissionen til de nationale databaser og systemer, der anvendes til behandling af de indsamlede data, med henblik på kontrol af dataenes eksistens og kvalitet e) rettidig adgang til de relevante data og de respektive metoder, hvorefter de er skaffet, for organer med forskningsmæssig eller forvaltningsmæssig interesse i videnskabelig analyse af fiskeridata og andre interesserede parter, undtagen når beskyttelse og fortrolighed er påkrævet i henhold til gældende EU-ret. 3.   Hvert år aflægger medlemsstaterne rapport til Kommissionen om gennemførelsen af deres nationale dataindsamlingsprogrammer og offentliggør rapporten. Kommissionen vurderer den årlige rapport om dataindsamling efter at have hørt sit videnskabelige rådgivende organ og eventuelt regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO’er), som Unionen er kontraherende part eller observatør i, samt relevante internationale videnskabelige organer. 4.   Medlemsstaterne sikrer, at indsamlingen og forvaltningen af videnskabelige data, herunder socioøkonomiske data, til fiskeriforvaltning koordineres på nationalt plan. I den forbindelse udpeger de et nationalt kontaktorgan og arrangerer et årligt nationalt koordinationsmøde. Kommissionen underrettes om de nationale koordinationsaktiviteter og indbydes til at deltage i koordinationsmøderne. […]« Forordning nr. 1367/2014 Følgende fremgår af tredje til syvende betragtning til forordning nr. 1367/2014: »(3) Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder, herunder visse funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant. Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver medlemsstat sikres en relativ stabilitet i fiskeriet for hver bestand eller for hvert fiskeri, og med behørig hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i forordning (EU) nr. 1380/2013. (4) De samlede tilladte fangstmængder (TAC’er) bør fastsættes på grundlag af foreliggende videnskabelig rådgivning og under hensyntagen til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer, og på baggrund af de holdninger, som er kommet til udtryk under høringen af interesseparter, herunder navnlig på møder med de berørte regionale rådgivende råd. (5) Fiskerimulighederne bør være i overensstemmelse med internationale aftaler og principper, f.eks. FN-aftalen om bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande (1995) […] og de detaljerede forvaltningsprincipper, som er fastlagt i FAO’s internationale retningslinjer for forvaltningen af dybhavsfiskeri på åbent hav (2008), i henhold til hvilke navnlig lovgiver bør være mere forsigtig, hvis oplysningerne er usikre, upålidelige eller utilstrækkelige. At der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige oplysninger, bør ikke bruges som begrundelse for at udskyde eller undlade at træffe bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger. (6) Den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) […] konkluderer, at de fleste dybhavsbestande stadig ikke udnyttes på et bæredygtigt grundlag, og at fiskerimulighederne for at sikre en bæredygtig udnyttelse af disse bestande bør reduceres yderligere, indtil der ses en positiv udvikling af bestandene. ICES har desuden anbefalet, at direkte fiskeri efter orange savbug i alle områder og efter visse bestande af spidstandet blankesten og skolæst ikke bør tillades. (7) For så vidt angår fire bestande af skolæst, tyder videnskabelig rådgivning og nylige drøftelser i Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav på, at fangster af disse arter fejlagtig kan være blevet indberettet som fangster af nordlig skolæst. Derfor bør der fastsættes en TAC, der omfatter begge arter og muliggør separat indberetning af arterne.« Artikel 2, stk. 1, i forordning nr. 1367/2014 fastsætter følgende: »I denne forordning forstås ved: a) »EU-fiskerfartøj«: fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i Unionen b) »EU-farvande«: farvande, der henhører under medlemsstaternes højhedsområde eller jurisdiktion med undtagelse af farvandene omkring de territorier, der er nævnt i bilag II til traktaten c) »samlet tilladt fangstmængde« (TAC): den mængde, der hvert år kan fanges og landes af hver fiskebestand d) »kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen eller en medlemsstat e) »internationale farvande«: farvande, der ikke er omfattet af nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion.« I del 2 i bilaget til denne forordning findes TAC’er for de forskellige områder og arter. Fiskerimulighederne for skolæst og nordlig skolæst er blevet fastsat i en fælles TAC for de to arter. Den relevante TAC i den foreliggende sag er fastsat på følgende måde: — for forvaltningsområde 5B67: 4010 tons for 2015 og 4078 tons for 2016; i ingen af de to tilfælde må landinger af skolæst overstige 95% af hver medlemslands kvote — for forvaltningsområde 8X14: 3644 tons for 2015 og 3279 tons for 2016; i ingen af de to tilfælde må landinger af skolæst overstige 80% af hver medlemslands kvote. For det første område har Spanien fået en kvote på 65 tons for 2015 og 66 tons for 2016. For det andet område har Spanien fået en kvote på 2617 tons for 2015 og 2354 tons for 2016. Tvistens baggrund Det fremgår af Rådets og af Kommissionens indlæg, at skolæst og nordlig skolæst er to dybhavsarter, som med det blotte øje kun kan skelnes fra hinanden ud fra deres hovedform. Når først disse fiskearter er uden hoved og er frosset ned, er det praktisk umuligt at skelne dem fra hinanden. Kommissionen har præciseret, at skolæsten er blandt målarterne i de to omhandlede forvaltningsområder, og at fiskeri heraf siden 2003 har været underlagt en TAC fastsat på EU-niveau. Denne institution har tilføjet, at nordlig skolæst er mindre hyppig i disse områder, og at fiskeriet heraf ikke var underlagt en TAC på EU-niveau før vedtagelsen af forordning nr. 1367/2014. Ifølge Rådet og Kommissionen har en arbejdsgruppe under Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), »working group on biology and assessment of deep-sea fisheries«, der mødtes den 4.-11. april 2014, i sin rapport for 2014 (herefter »WGDEEP 2014-rapporten«) anført, at den var blevet underrettet om betydelige fangster af nordlig skolæst i årene forinden ved Hatton Bank, navnlig af spanske trawlere. Ifølge disse institutioner noterede rapporten ligeledes betydelige forskelle mellem data fra observatører og de officielle spanske data vedrørende landinger af skolæst, hvilket gav anledning til visse bekymringer med hensyn til muligheden for fejlagtige indberetninger om de forskellige arter af skolæst. Indholdet af WGDEEP 2014-rapporten blev i september 2014 drøftet i NEAFC Permanent Committee on management and science. Denne stående komité har navnlig fremhævet, at det indberettede niveau for fiskeri af nordlig skolæst i forhold til skolæst var »overraskende« i betragtning af, at fangster af nordlig skolæst traditionelt var lavere. ICES blev opfordret til i videst muligt omfang at redegøre for dette fiskeri. Navnlig blev ICES bedt om at undersøge, om der kunne være fejl i indberetningerne af fangster, eller om der var tale om nyt eller hastigt stigende fiskeri af nordlig skolæst. Sideløbende hermed har EU, repræsenteret ved Kommissionens Generaldirektorat for Maritime Anliggender og Fiskeri, kontor C2, ligeledes forespurgt ICES om dette emne i september 2014. Den 3. oktober 2014 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Rådets forordning om fastsættelse af EU-fiskerfartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsbestande for 2015 og 2016. Kommissionen foreslog bl.a., at der for hvert af de omhandlede forvaltningsområder fastsattes en fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst. Niveauet for den fælles TAC var baseret på den videnskabelige rådgivning fra ICES om skolæst i mangel af en sådan rådgivning om nordlig skolæst. Ligeledes blev de nationale kvoter, der fordeler de fælles TAC’er, fastsat i overensstemmelse med princippet om relativ stabilitet for skolæsten alene. Den 7. november 2014 fremkom ICES med en videnskabelig rådgivning med henblik på at imødekomme anmodningerne fra NEAFC og EU (herefter »ICES-rådgivningen af 7. november 2014«). Det fremgår af denne rådgivning, at der foreligger usikkerhed med hensyn til sammensætningen af de indberettede fangster af skolæst og nordlig skolæst for hver enkelt bestand. For så vidt angår de to fiskearters udbredelse og talrighed har ICES angivet, at de to arter almindeligvis forefindes i forskellige hydrologiske miljøer, eftersom nordlig skolæst sædvanligvis lever i mere nordlige koldere vande. ICES-rådgivningen af 7. november 2014 fremhæver, at betydelige fangster af nordlig skolæst er blevet indberettet i forvaltningsområde 8X14 og i en del af forvaltningsområde 5B67. I gennemsnit er de observerede kommercielle fangster af skolæst i underområderne VI og XII, som hører under nævnte forvaltningsområder, tre størrelsesordener over de observerede kommercielle fangster af nordlig skolæst. ICES har imidlertid fremhævet det forhold, at der foreligger betydelige forskelle på mere end én størrelsesorden mellem de forholdsmæssige andele af dels skolæst og nordlig skolæst indberettet i de officielle landinger, dels de observerede fangster og de videnskabelige undersøgelser udført i de områder, hvor der fiskes nordlig skolæst. Det er ikke desto mindre anført i ICES-rådgivningen af 7. november 2014, at de tilgængelige data gav ikke-fyldestgørende oplysninger af et begrænset område- og tidsmæssigt omfang. ICES har følgelig konkluderet, at der er behov for at iværksætte en mere omfattende dataindsamling om fangsterne og fiskeriindsatsen for nordlig skolæst, såfremt NEAFC og EU måtte ønske at regulere dette fiskeri. Mandag den 10. november 2014 drøftede Rådet det forslag til forordning, som Kommissionen havde forelagt den 3. oktober 2014. På grundlag af Rådets drøftelser foreslog formandskabet efter aftale med Kommissionen en kompromistekst. Dette kompromis bestod i det væsentlige i at forhøje det oprindeligt fastsatte TAC-niveau for skolæst på en sådan måde, at der blev taget hensyn til udvidelsen til nordlig skolæst. Det fremgår af Rådets indlæg, at dette tillæg i praksis blev beregnet på grundlag af den gennemsnitlige andel af landinger af nordlig skolæst i forhold til landinger af skolæst. Eftersom den videnskabelige rådgivning fra ICES for forvaltningsområde 5B67 foreslog en TAC på 3794 tons for skolæst, og det anslåede årlige gennemsnit af landinger af nordlig skolæst i dette område udgjorde 5,7% af det anslåede årlige gennemsnit af landinger af skolæst, blev mængden på 3794 tons således forhøjet med 216 tons (dvs. 5,7% af 3794 tons), hvilket gav den endelige mængde på 4010 tons. Den samme fremgangsmåde blev fulgt for forvaltningsområde 8X14, hvor det anslåede årlige gennemsnit af landinger af nordlig skolæst udgjorde 25,6% af det anslåede årlige gennemsnit af landinger af skolæst. De således fastsatte TAC’er blev fordelt mellem de pågældende medlemsstater i henhold til fordelingsnøglen, som sikrer den relative stabilitet for fiskeri af skolæst. Kongeriget Spaniens kvoter udgjorde følgelig 1,62% og 71,8% af de fastsatte fælles TAC’er for henholdsvis forvaltningsområde 5B67 og 8X14. Den 15. december 2014 blev der på grundlag af formandskabets kompromis opnået en politisk aftale i en lettere tilpasset udgave. Samtlige delegationer udtrykte støtte til denne politiske aftale med undtagelse af den spanske og den portugisiske delegation, som fremsatte en erklæring til optagelse i Rådets protokol. I denne erklæring gjorde Kongeriget Spanien bl.a. gældende, at fordelingen af de fælles TAC’er fastsat for skolæst og nordlig skolæst ikke overholdt princippet om relativ stabilitet i fiskeriet baseret på hver enkelt medlemsstats historiske fangster. Forordning nr. 1367/2014 blev vedtaget efter den ordlyd, der fulgte af denne politiske aftale, og blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 20. december 2014. Den trådte i kraft dagen efter sin offentliggørelse. Parternes påstande og retsforhandlingerne ved Domstolen Kongeriget Spanien har nedlagt følgende påstande: — Forordning nr. 1367/2014 annulleres. — Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger. Rådet har nedlagt følgende påstande: — Frifindelse i det hele. — Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagens omkostninger. Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 1. juli 2015 fik Kommissionen tilladelse til at indtræde i sagen til støtte for Rådets påstande. Om anmodningerne om genåbning af den mundtlige forhandling Efter generaladvokatens fremsættelse af forslag til afgørelse har Rådet den 9. september 2016 indgivet en anmodning om genåbning af den mundtlige forhandling i henhold til artikel 83 i Domstolens procesreglement. Ved skrivelse indgået til Domstolens Justitskontor samme dato har Kommissionen indgivet en tilsvarende anmodning. Til støtte for deres anmodninger har disse institutioner i det væsentlige gjort gældende, at fortolkningen af princippet om relativ stabilitet i fiskeriet, som generaladvokaten har henvist til, hviler på argumenter, som ikke er blevet drøftet mellem parterne. I denne henseende bemærkes, at Domstolen i overensstemmelse med procesreglementets artikel 83 til enhver tid, efter at have hørt generaladvokaten, ved kendelse kan bestemme, at retsforhandlingernes mundtlige del skal genåbnes, navnlig hvis den finder, at sagen er utilstrækkeligt oplyst, eller såfremt sagen bør afgøres på grundlag af et argument, der ikke har været drøftet af de parter eller de berørte, som er omfattet af artikel 23 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol. Efter at have hørt generaladvokaten er Domstolen af den opfattelse, at den i det foreliggende tilfælde har alle de oplysninger til rådighed, som er nødvendige, for at den kan træffe afgørelse i den foreliggende sag, og at sagen ikke skal afgøres på grundlag af et argument, som ikke er blevet drøftet for Domstolen. Følgelig skal Rådets og Kommissionens anmodninger om genåbning af den mundtlige forhandling forkastes. Om søgsmålet Til støtte for sin påstand om annullation af forordning nr. 1367/2014 har Kongeriget Spanien fremført tre anbringender vedrørende for det første den omstændighed, at Rådet har overskredet sin skønsbeføjelse og en tilsidesættelse af princippet om relativ stabilitet i fiskeriet, for det andet en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og for det tredje en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet. Det første anbringende Parternes argumenter Med første led af det første anbringende har Kongeriget Spanien kritiseret Rådet for at have lagt fejlagtige oplysninger til grund ved fastsættelsen af en fælles TAC, som omfatter skolæst og nordlig skolæst, med den begrundelse, at fangster af skolæst »kan være blevet indberettet som fangster af nordlig skolæst«. Som det fremgår af syvende betragtning til forordning nr. 1367/2014, er denne afgørelse vedtaget på grundlag af videnskabelig rådgivning og nylige drøftelser i NEAFC. Den videnskabelige rådgivning i NEAFC har imidlertid ikke været fyldestgørende med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det var nødvendigt at fastsætte en fælles TAC for de to arter af skolæst. I ICES-rådgivningen af 7. november 2014 blev det i øvrigt anført, at det var umuligt at udtale sig om, hvorvidt der forelå fiskeri af nordlig skolæst, da der ikke fandtes nogen oplysninger vedrørende fangsten af de forskellige arter af skolæst, idet de pågældende data for 2010 var utilstrækkelige til at drage konklusioner herom. Det blev ligeledes præciseret, at der forelå betydelige forskelle mellem oplysningerne vedrørende landinger af fangst af nordlig skolæst og skolæst. ICES konkluderede følgelig, at det for at kunne fastslå fiskeriet af nordlig skolæst var nødvendigt at opnå mere fyldestgørende og detaljerede data vedrørende fangsten og landingerne heraf. Det fremgik således klart af denne rådgivning, at der ikke fandtes klare videnskabelige data, som kunne gøre det muligt at konkludere, at disse to arter levede i forvaltningsområderne 5B67 og 8X14. Kongeriget Spanien er endvidere af den opfattelse, at det ikke kan gøres gældende, at det ikke var muligt at tage hensyn til de data, som medlemsstaten havde fremlagt den 28. november 2014 som svar på en anmodning om fremsendelse af oplysninger, med den begrundelse, at der var opnået politisk enighed om forordning nr. 1367/2014 den 10. november 2014, når denne forordning ikke blev vedtaget før den 15. december 2014. Kongeriget Spanien har heraf udledt, at Rådet har overskredet sin skønsbeføjelse ved at fastsætte en fælles TAC for de to arter, skønt det klart fremgik af ICES-rådgivningen, at de data, der var til rådighed, ikke godtgjorde, at disse arter levede i de pågældende forvaltningsområder, og at de således kunne fanges sammen. I forbindelse med andet led af det første anbringende har Kongeriget Spanien gjort gældende, at hverken Rådet eller Kommissionen har taget hensyn til historiske fangster af nordlig skolæst ved udformningen af fordelingsnøglen, som skulle anvendes på den fælles TAC fastsat for denne art og for almindelig skolæst. Derved er de nationale kvoter, der er fastsat ved de anfægtede bestemmelser, i strid med princippet om relativ stabilitet i fiskeriet, som kræver, at der skal tages hensyn til fordelingen af de historiske fangster mellem hver enkelt medlemsstats flåde for hver af de pågældende arter. Kongeriget Spanien er af den opfattelse, at de fælles fiskekvoter, som det er blevet tildelt for skolæst og nordlig skolæst, burde have været højere, eftersom den spanske fiskerflåde tog en betydelig del af fangsterne af nordlig skolæst i perioden fra 2009-2013. Det tab, som den spanske fiskerflåde har lidt på grund af denne påståede tilsidesættelse af princippet om relativ stabilitet i fiskeriet, beløber sig til 346926 EUR. Hverken Rådet eller Kommissionen har bestridt den omstændighed, at der ikke blev taget hensyn til de historiske fangster af nordlig skolæst ved fastsættelsen af den omtvistede fælles TAC. Det er således ubestridt, at denne TAC blev fordelt mellem medlemsstaterne i henhold til fordelingsnøglen, der afspejlede den relative stabilitet i fiskeriaktiviteterne for skolæsten alene. Rådet og Kommissionen har anført, at det første anbringende må forkastes. Domstolens bemærkninger Hvad for det første angår den hævdede overskridelse af Rådets skønsbeføjelse bemærkes først, at når Rådet fastsætter TAC’er og fordeler fiskerimulighederne mellem medlemsstaterne, skal det foretage en vurdering af en kompliceret økonomisk situation, hvorved det har en vid skønsmargin. I sådanne situationer omfatter det skøn, som Rådet har, ikke udelukkende indholdet og rækkevidden af de bestemmelser, der skal vedtages, men også i et vist omfang konstateringen af de tilgrundliggende faktiske forhold. Ved domstolskontrollen med en sådan kompetence må den efterprøvende ret derfor begrænse sig til at undersøge, om myndighedens afgørelse er behæftet med en åbenlys vildfarelse eller magtfordrejning, eller om myndigheden klart har overskredet grænserne for sit skøn (jf. i denne retning dom af 19.2.1998, NIFPO og Northern Ireland Fishermen’s Federation, C-4/96 , EU:C:1998:67 , præmis og , af 5.10.1999, Spanien mod Rådet, C-179/95 , EU:C:1999:476 , præmis , og af 9.9.2004, Spanien mod Kommissionen, C-304/01 , EU:C:2004:495 , præmis ). Det fremgår endvidere af artikel 2, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik, at der skal anvendes en »forsigtighedstilgang« i fiskeriforvaltningen. I overensstemmelse med definitionen heraf i forordningens artikel 4, stk. 1, nr. 8), indebærer denne tilgang, at manglende relevante videnskabelige oplysninger ikke bør betragtes som en gyldig grund til at udskyde eller undlade at træffe forvaltningsforanstaltninger til bevarelse af målarter, tilknyttede eller afhængige arter og ikkemålarter samt deres miljø. Som generaladvokaten har anført i punkt 54 og 55 i forslaget til afgørelse, begrænser forordningens artikel 6, stk. 2, sig til at fastslå en forpligtelse til at tage »hensyn til« den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning ved vedtagelsen af bevarelsesforanstaltninger, men forhindrer ikke EU-lovgiver i at vedtage sådanne bevarelsesforanstaltninger, hvis der ikke foreligger en videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. Domstolen har i øvrigt vedrørende en lignende forpligtelse, som fremgår af Rådets forordning (EØF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne ( EFT 1983, L 24, s. 1 ), fastslået, at foranstaltninger til bevaring af fiskeressourcerne ikke skal være i fuld overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning, og at en manglende eller ikke entydig rådgivning ikke kan forhindre Rådet i at træffe de foranstaltninger, som det finder nødvendige for at gennemføre målsætningerne i den fælles fiskeripolitik (jf. analogt dom af 24.11.1993, Mondiet, C-405/92 , EU:C:1993:906 , præmis ). Det fremgår af ovenstående bemærkninger, at i det foreliggende tilfælde havde Rådet for det første beføjelse til at vedtage en fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst, også når der ikke forelå »fyldestgørende« videnskabelige oplysninger vedrørende tilstedeværelsen og fangsten af disse to fiskearter i de berørte forvaltningsområder, idet Rådet var af den opfattelse, at denne foranstaltning var passende med henblik på at bevare ressourcerne af skolæst. For det andet forholder det sig således, at for så vidt som WGDEEP 2014-rapporten og ICES-rådgivningen af 7. november 2014 omtalte fangstopgørelser af nordlig skolæst i de pågældende forvaltningsområder i et omfang, der gav anledning til tvivl om disse indberetningers troværdighed, var det sandsynligt, at fangsten af skolæst blev indberettet som fangst af nordlig skolæst, og for så vidt som en sådan omstændighed kunne påvirke den effektive virkning af de fastlagte TAC’er for skolæst væsentligt, idet de to omhandlede arter ikke kunne adskilles fra hinanden, når fiskene havde fået fjernet hovederne og var blevet frosset, har Rådet været berettiget til at fastslå, at det var nødvendigt at vedtage en foranstaltning for at imødekomme denne risiko. På dette grundlag kan det ikke hævdes, at Rådet har overskredet grænserne for sit skøn ved at fastlægge en fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst. Dette anbringendes første led skal derfor forkastes som ugrundet. Hvad for det andet angår den hævdede tilsidesættelse af princippet om relativ stabilitet i fiskeriet bemærkes, at artikel 16 i forordningen om den fælles fiskeripolitik præciserer, at »de fiskerimuligheder, som medlemsstaterne tildeles, sikrer de enkelte medlemsstater relativ stabilitet i fiskeriet efter de enkelte bestande eller i de enkelte fiskerier«. Det tilføjes, at »der tages hensyn til de enkelte medlemsstaters interesser, når der tildeles nye fiskerimuligheder«. Det fremgår i øvrigt af 35. og 36. betragtning til denne forordning, at på grund af bl.a. fiskerierhvervets vanskelige økonomiske situation og visse kystsamfunds afhængighed af fiskeri bør der skabes et relativt stabilt fiskeri, ved at fiskerimulighederne fordeles blandt medlemsstaterne på basis af en forudsigelig andel af bestandene til hver medlemsstat, idet et sådant relativt stabilt fiskeri bør »sikre, at der fuldt ud tages hensyn til de særlige behov i områder, hvor lokalsamfundet er særligt afhængigt af fiskeri og aktiviteter i tilknytning hertil«. Det følger af ovenstående bemærkninger, at formålet med kvoterne er at sikre hver enkelt medlemsstat en del af den fastsatte TAC, som i det væsentlige skal fastsættes på grundlag af de fangster, som det traditionelle fiskeri og de områder, hvor den lokale befolkning er særlig afhængig af fiskeriet og de dertil knyttede industrier, har draget fordel af før indførelsen af kvoterne (jf. i denne retning dom af 14.12.1989, Agegate, C-3/87 , EU:C:1989:650 , præmis ). Det er i lyset af disse bemærkninger og den omstændighed, at EU-lovgiver har en vid skønsbeføjelse hvad angår valget af arten og rækkevidden af de bestemmelser, der skal træffes, at det skal undersøges, om Rådet har tilsidesat princippet om relativ stabilitet i fiskeriet ved ikke at tage hensyn til de af Kongeriget Spanien indberettede historiske fangster af nordlig skolæst, da det fastsatte hver medlemsstats kvoter efter fastlæggelsen af en fælles TAC for denne art og almindelig skolæst. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at nærværende sag adskiller sig på flere punkter fra de andre sager, som Domstolen indtil nu har taget stilling til vedrørende den fælles fiskeripolitik. De to omhandlede fiskearter kan således for det første ikke skelnes med det blotte øje, når fiskene har fået fjernet hovedet og er frosset. For det andet omhandler den videnskabelige rådgivning, som EU-lovgiver havde til rådighed, muligheden for, at de fangstopgørelser vedrørende store fangster af nordlig skolæst, som hovedsageligt stammer fra én medlemsstat, nemlig Kongeriget Spanien, vedrører fangster af skolæst, der med urette er indberettet som fangster af nordlig skolæst. Endelig har Rådet ikke udarbejdet en ny TAC for nordlig skolæst og har således ikke foretaget en fordeling af nye fiskerimuligheder, men har blot for 2015 og 2016 fastlagt en fælles TAC for de to omhandlede arter. I det foreliggende tilfælde besluttede Rådet således ikke at foretage en fordeling af kvoter, således som Kongeriget Spanien havde ønsket, idet den omstændighed, at en hensyntagen til de fangstopgørelser af nordlig skolæst, som denne medlemsstat havde indgivet, ved beregningen af de omhandlede kvoter ville have ført til, at der blev skabt en varig fordel for en medlemsstat, hvis fangstopgørelser ifølge videnskabelig rådgivning kunne være fejlagtige. Ved derimod at følge den tilgang, som Rådet anvendte, der består i ikke i første omgang at tage hensyn til disse fangstopgørelser ved beregningen af de nationale kvoter, har Rådet undgået at give nogen forsikringer i denne retning, som kunne begrunde en berettiget forventning, samtidig med at det bevarede muligheden for – hvis de pågældende data vedrørende fangstopgørelserne blev bekræftet, og der blev indgivet fyldestgørende videnskabelig rådgivning – at fastsætte kvoter på grundlag af de fastlagte data, som følgelig kunne betragtes som rimelige kvoter. Denne konklusion drages ikke i tvivl af Kongeriget Spaniens argument om, at Rådet, når det har taget hensyn til fangstopgørelserne vedrørende nordlig skolæst ved fastlæggelsen af en fælles TAC for de to arter, burde have taget de historiske fangster af nordlig skolæst som indberettet af denne medlemsstat i betragtning, henset dels til tvivlen vedrørende troværdigheden af fangstopgørelserne vedrørende de omhandlede fiskearter, som den videnskabelige rådgivning nævnt i denne doms præmis 52 har rejst, dels til den vide skønsmargin, som EU-lovgiver råder over vedrørende den fælles fiskeripolitik. Rådet kan følgelig ikke i det foreliggende tilfælde foreholdes at have tilsidesat princippet om relativ stabilitet i fiskeriet. På grundlag af ovenstående betragtninger skal det første anbringendes andet led ligeledes forkastes som ugrundet. Følgelig skal det første anbringende forkastes i dets helhed. Det andet anbringende Parternes argumenter Kongeriget Spanien har kritiseret Rådet for at have tilsidesat proportionalitetsprincippet ved i forordning nr. 1367/2014 at fastsætte en fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst i områderne 5B67 og 8X14. For det første er den omhandlede foranstaltning ikke egnet, da princippet om relativ stabilitet i fiskeriet ikke er blevet overholdt for så vidt angår de historiske fangster af nordlig skolæst foretaget af Kongeriget Spanien de tidligere år, i forbindelse med fastsættelsen af en fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst. For det andet udgør fastsættelsen af en fælles TAC for de to arter af skolæst ikke en nødvendig foranstaltning, idet det var muligt at tage hensyn til Kongeriget Spaniens historiske fangster af nordlig skolæst og således vedtage en foranstaltning, som var mindre skadelig for denne medlemsstats interesser. Endelig er den omhandlede foranstaltning uforholdsmæssig, for så vidt som den hviler på en antagelse af, at betydelige fangster af skolæst med urette kan være indberettet som fangster af nordlig skolæst. Denne antagelse er imidlertid ikke videnskabeligt bekræftet, og det er uforholdsmæssigt at tage hensyn hertil i forhold til den skade, som påføres Kongeriget Spaniens interesser som følge af den manglende hensyntagen til de historiske fangster af nordlig skolæst ved fastsættelsen af en fælles TAC for de to arter. Kongeriget Spanien har i øvrigt præciseret, at det ikke så meget er fastsættelsen af en fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst, som har påført medlemsstaten skade, som den omstændighed, at Rådet ikke har taget de historiske fangster af nordlig skolæst i betragtning ved fastsættelsen af den fælles TAC for de to arter. Rådet og Kommissionen har anført, at dette anbringende må forkastes. Domstolens bemærkninger I denne forbindelse bemærkes, at proportionalitetsprincippet, der hører til EU-rettens almindelige grundsætninger, indebærer, at EU-institutionernes retsakter ikke må gå videre end nødvendigt og passende for gennemførelsen af de lovligt tilsigtede formål, der forfølges med den omhandlede lovgivning, hvorved det forudsættes, at såfremt det er muligt at vælge mellem flere egnede foranstaltninger, skal den mindst bebyrdende foranstaltning vælges, og byrderne må herved ikke være uforholdsmæssige i forhold til de tilsigtede mål (jf. bl.a. dom af 14.11.2013, SFIR m.fl., C-187/12 – C-189/12 , EU:C:2013:737 , præmis og den deri nævnte retspraksis). For så vidt angår domstolskontrollen med betingelserne for anvendelsen af dette princip gælder det ifølge fast retspraksis endvidere – henset til det vide skøn, som EU-lovgiver har på området for den fælles fiskeripolitik – at kun såfremt en foranstaltning på dette område er åbenbart uhensigtsmæssig i forhold til det mål, som vedkommende institution forfølger, vil en sådan foranstaltning kunne kendes ulovlig. Det drejer sig således ikke om at undersøge, om den foranstaltning, som lovgiver har truffet, var den eneste eller bedst mulige, men om den var åbenbart uhensigtsmæssig (jf. hvad angår den fælles landbrugspolitik dom af 14.11.2013, SFIR m.fl., C-187/12 – C-189/12 , EU:C:2013:737 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Hvad angår forholdsmæssigheden af den i den foreliggende sag omhandlede lovgivning bemærkes, som det fremgår af denne doms præmis 59 og 60, at en hensyntagen til Kongeriget Spaniens historiske fangster af nordlig skolæst ved fastsættelsen af den fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst netop ville have ført til, at denne medlemsstat blev tildelt en kvote på grundlag af fangstopgørelser, som Rådet i henhold til den videnskabelige rådgivning kunne betragte som sandsynligvis fejlagtige. Da Rådet tilsigtede dels at beskytte den almindelige skolæst mod overfiskeri, dels at bevare muligheden for, hvis de pågældende data vedrørende fangstopgørelserne vedrørende nordlig skolæst blev bekræftet, og der blev indgivet fyldestgørende videnskabelig rådgivning, at fastsætte TAC’er og kvoter på grundlag af de fastlagte pålidelige data, kan beslutningen om ikke at tage hensyn til Kongeriget Spaniens fangstopgørelser vedrørende nordlig skolæst ved fastsættelsen af den fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst ikke betragtes som åbenbart uhensigtsmæssig. Det skal tilføjes, at Kongeriget Spanien under alle omstændigheder ikke har godtgjort, at en foranstaltning, der var mindre skadelig for medlemsstatens interesser, ligeledes kunne have gjort det muligt at nå de mål, som Rådet forfulgte. Det andet anbringende skal derfor forkastes som ugrundet. Det tredje anbringende Parternes argumenter Med det tredje anbringende har Kongeriget Spanien kritiseret Rådet for at have tilsidesat ligebehandlingsprincippet ved ensidigt at fastsætte en fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst, skønt EU-institutionerne i lignende sager enten havde overholdt princippet om relativ stabilitet i fiskeriet ved at tage hensyn til medlemsstaternes historiske fangstkvoter ved fastsættelsen af TAC’er eller havde undladt at fastsætte en fælles TAC, når én af medlemsstaterne modsatte sig dette. For det første tog Kommissionen i 2011 som følge af drøftelser vedrørende medtagelsen af en ny art, nemlig demersal rødfisk, i TAC’en for rødfisk, hensyn til Forbundsrepublikken Tysklands og Republikken Estlands bemærkninger vedrørende fastsættelsen af en TAC for demersal rødfisk. For det andet anførte Kommissionen, som havde påtænkt at fastsætte en TAC for almindelig bars siden 2012, idet den mødte modstand fra visse medlemsstater, herunder Irland, at fastsættelsen af en TAC for denne art skulle ske under hensyntagen til hver medlemsstats historiske fangster i overensstemmelsen med princippet om relativ stabilitet i fiskeriet, og overlod det til medlemsstaterne frit at forhandle en aftale, som kunne passe alle. Endelig har Kommissionen – stadig ud fra ønsket om at skabe enighed – i flere år opfordret Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik til at indgå en aftale for så vidt angår sardiner med henblik på fastsættelsen af en TAC, som tager hensyn til princippet om relativ stabilitet i fiskeriet. Rådet og Kommissionen er af den opfattelse, at det tredje anbringende skal forkastes som ugrundet. Domstolens bemærkninger Hvad angår ligebehandlingsprincippet bemærkes, at det fremgår af fast retspraksis, at artikel 40, stk. 2, andet afsnit, TEUF, sammenholdt med artikel 38, stk. 1, andet afsnit, TEUF, som inden for rammerne af den fælles landbrugs- og fiskeripolitik indeholder et forbud mod enhver forskelsbehandling, alene er et specifikt udtryk for det generelle lighedsprincip, som indebærer, at ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at forskellige forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en sådan differentiering er objektivt begrundet (jf. i denne retning dom af 14.11.2013, SFIR m.fl., C-187/12 – C-189/12 , EU:C:2013:737 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Det skal i det foreliggende tilfælde bemærkes, at fastsættelsen af en fælles TAC for skolæst og nordlig skolæst og den manglende hensyntagen til de historiske fangster af nordlig skolæst, som Kongeriget Spanien har indberettet, ifølge Rådet var nødvendig for at sikre en effektiv beskyttelse af den almindelige skolæst i en situation, som er kendetegnet ved ganske bestemte omstændigheder, således som det fremgår af denne doms præmis 59. Kongeriget Spanien har imidlertid intet fremlagt, som gør det muligt at fastslå, at de eksempler, som medlemsstaten har henvist til til støtte for sit tredje anbringende, er kendetegnet ved de samme eller lignende omstændigheder som dem, der er nævnt i denne doms foregående præmis. Kongeriget Spanien har særligt ikke godtgjort, at det i de sager, medlemsstaten har nævnt som eksempler, var sandsynligt, at der var betydelige fejl i fangstopgørelserne vedrørende en af de arter, der er underlagt en TAC, som ved landinger af fangster kunne sammenblandes med en anden art, som ikke var underlagt en TAC. Det tredje anbringende bør derfor ligeledes forkastes som ugrundet. Da ingen af de fremsatte anbringender har kunnet lægges til grund, skal Rådet herefter frifindes i det hele. Sagens omkostninger Ifølge procesreglementets artikel 138, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Rådet har nedlagt påstand om, at Kongeriget Spanien tilpligtes at betale sagens omkostninger, og Kongeriget Spanien har tabt sagen, bør det pålægges Kongeriget Spanien at betale sagens omkostninger. Kommissionen, der er interveneret til støtte for Rådets påstande, bærer sine egne omkostninger, jf. procesreglementets artikel 140, stk. 1. På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Femte Afdeling): 1) Rådet for Den Europæiske Union frifindes. 2) Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger. 3) Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: spansk.

61989TJ0004

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 297 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Κατά την παράγραφο 3, όμως, του ιδίου άρθρου, το Πρωτοδικείο μπορεί να κατανείμει τα δικαστικά έξοδα ή να αποφασίσει ότι κάθε διάδικος φέρει τα δικά του δικαστικά έξοδα, σε περίπτωση μερικής ήττας των διαδίκων. Επειδή η προσφυγή έγινε μερικώς δεκτή, αμφότεροι δε οι διάδικοι ζήτησαν να καταδικαστεί ο έτερος στα δικαστικά έξοδα, η προσφεύγουσα θα φέρει, πέρα από τα δικά της δικαστικά έξοδα, και το ήμισυ των δικαστικών εξόδων της Επιτροπής, η οποία θα φέρει το έτερο ήμισυ αυτών. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πρώτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Ακυρώνει το άρθρο 1, εβδόμη περίπτωση, της αποφάσεως της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 1986 (IV/31.149 - Πολυπροπυλένιο, ΕΕ 1986 L 230, σ. 1), κατά το μέτρο που αναγνωρίζει ότι η BASF μετείχε στην παράβαση από κάποιο χρονικό σημείο μεταξύ 1977 και 1979 και όχι από τα τέλη του 1978 ή τις αρχές του 1979. 2) Καθορίζει το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται στην προσφεύγουσα με το άρθρο 3 της αποφάσεως αυτής σε 2 125 000 ECU, ήτοι 4 557 891,25 DM. 3) Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά. 4) Η προσφεύγουσα φέρει τα δικά της δικαστικά έξοδα και το ήμισυ των δικαστικών εξόδων της Επιτροπής. Η Επιτροπή φέρει το έτερο ήμισυ των δικαστικών της εξόδων.

62017CJ0416

cs

Svou žalobou se Evropská komise domáhá, aby Soudní dvůr konstatoval, že Francouzská republika tím, že zachovala diskriminační a nepřiměřené zacházení s francouzskými mateřskými společnostmi přijímajícími dividendy od svých zahraničních dceřiných společností, pokud jde o nárok na vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem, jak je vykládáno Soudním dvorem v jeho rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 49, 63 a čl. 267 třetího pododstavce SFEU, jakož i zásad rovnocennosti a efektivity. Vnitrostátní právo Článek 146 odst. 2 code général des impôts (obecný daňový zákoník, dále jen „CGI“) ve znění platném během zdaňovacích období dotčených ve věci, která vedla k vydání rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), stanovil: „Jestliže vyplácení zisků mateřskou společností vede k uplatnění zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku podle článku 223f, sníží se tato záloha případně o částku daňových kreditů, které jsou spojeny s výnosy z majetkových podílů […], přijatými za ukončená účetní období maximálně za posledních pět let.“ Podle čl. 158a odst. 1 CGI ve znění platném během zdaňovacích období dotčených ve věci, která vedla k vydání rozsudku ze dne 5. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ): „Osoby, kterým jsou vypláceny dividendy francouzskými společnostmi, mají z tohoto titulu příjem, který je tvořen: a) částkami, které obdrží od společnosti; b) slevou na dani tvořenou daňovým kreditem poskytnutým finančním úřadem. Tento daňový kredit se rovná polovině částek skutečně vyplacených společností. Může být využit pouze tehdy, pokud je příjem zahrnut v základu daně z příjmů příjemce. Uplatní se při platbě této daně. Vrací se fyzickým osobám, pokud jeho výše přesahuje částku jejich daňové povinnosti.“ Článek 223f odst. 1 první pododstavec CGI, ve znění použitelném na vyplácení výnosů od 1. ledna 1999, stanovil: „[…] [J]sou-li výnosy vyplácené společností z částek, z důvodu kterých nepodléhá společnost korporační dani v obvyklé sazbě […], tato společnost je povinna uhradit zálohu odpovídající daňovému kreditu vypočtenému za podmínek stanovených v čl. 158a odst. 1. […] Srážková daň se odvádí z rozdělovaného zisku, který zakládá právo na daňový kredit stanovený v článku 158a, bez ohledu na jeho příjemce.“ Skutečnosti předcházející sporu Rozsudek ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ) V roce 2001 Accor, společnost založená podle francouzského práva, požádala francouzské daňové orgány o vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, jež byla uhrazena z důvodu následného vyplacení dividend přijatých od jejích dceřiných společností usazených v jiných členských státech. Tato žádost o vrácení souvisela se skutečností, že pouze v případě dividend pocházejících od dceřiných společností-rezidentů mohla mateřská společnost při jejich následném vyplacení započíst slevu na dani spojenou s rozdělením těchto dividend na zálohovou srážkovou daň z příjmů z kapitálového majetku, kterou byla povinna uhradit. Následně po zamítnutí této žádosti daňovými orgány podala společnost Accor žalobu u francouzských správních soudů. Soudní dvůr na základě žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, která mu byla předložena Conseil d’État (Státní rada), v článku 49 svého rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ) předně uvedl, že francouzská právní úprava na rozdíl od dividend pocházejících od dceřiných společností-rezidentů neumožňuje zamezit zdanění na úrovni dceřiné společnosti-nerezidenta, která vyplácí dividendy, ačkoliv dividendy přijaté jak od dceřiných společností-rezidentů, tak od dceřiných společností-nerezidentů, podléhají v okamžiku jejich následného vyplacení [zálohové] srážkové dani. Soudní dvůr dospěl v článku 69 tohoto rozsudku k závěru, že takové rozdílné zacházení s dividendami vyplácenými dceřinou společností-rezidentem a dividendami vyplácenými dceřinou společností-nerezidentem je v rozporu s články 49 a 63 SFEU. Dále Soudní dvůr v bodě 92 uvedeného rozsudku rozhodl, že členský stát musí mít možnost určit výši korporační daně, která je odvedena v členském státě, kde je usazená společnost vyplácející dividendy, a která je předmětem slevy na dani přiznané přijímací mateřské společnosti, a že tedy nestačilo prokázat, že společnost vyplácející dividendy odvedla v členském státě svého usazení daň ze zisků, z nichž pochází vyplácené dividendy, aniž poskytla informace týkající se povahy a sazby daně, kterou byly uvedené zisky skutečně zdaněny. Soudní dvůr v bodech 99 a 101 téhož rozsudku dodal, že požadované doklady musí daňovým orgánům členského státu zdanění umožnit jasně a přesně ověřit, zda byly splněny podmínky získání daňového zvýhodnění a že žádost o předložení těchto informací musí být učiněna během zákonné lhůty pro archivaci správních a účetních dokumentů stanovené právem členského státu, kde je usazena dceřiná společnost, aniž je možné požadovat poskytnutí dokumentů za období značně přesahující délku této zákonné doby. Soudní dvůr tak rozhodl: „1) Články 49 a 63 SFEU brání takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, jejímž cílem je zamezení dvojímu ekonomického zdanění dividend, která umožňuje mateřské společnosti započíst na [zálohovou] srážkovou daň z příjmů z kapitálového majetku, kterou je povinna uhradit při následném vyplacení dividend svým akcionářům, které jí poukázaly její dceřiné společnosti, slevu na dani spojenou s rozdělením těchto dividend, pocházejí-li od dceřiné společnosti usazené v tomto členském státě, avšak tuto možnost neposkytuje, pocházejí-li tyto dividendy od dceřiné společnosti usazené v jiném členském státě, neboť tato právní úprava v tomto posledně uvedeném případě nezakládá nárok na poskytnutí slevy na dani spojené s rozdělením těchto dividend touto dceřinou společností. […] 3) Zásada rovnocennosti a zásada efektivity nebrání tomu, aby vrácení částek mateřské společnosti – které má zajistit uplatnění téhož daňového režimu na dividendy, které jsou vypláceny jejími dceřinými společnostmi usazenými ve Francii, a dividendy vyplácené jejími dceřinými společnostmi usazenými v jiných členských státech, následně vyplacené mateřskou společností – bylo v zásadě podmíněno tím, že osoba povinná k dani předloží údaje, které jsou jen v jejím držení a v případě každé sporné dividendy se týkají zejména skutečně uplatněné sazby daně a skutečně uhrazené částky daně ze zisku dosaženého dceřinými společnostmi usazenými v jiných členských státech, zatímco v případě dceřiných společností usazených ve Francii se tytéž informace, se kterými je správní orgán seznámen, nevyžadují. Předložení těchto informací však lze požadovat pouze tehdy, pokud není v praxi nemožné nebo nadměrně obtížné předložit důkaz o uhrazení daně dceřinými společnostmi se sídlem v jiných členských státech, zejména pak s ohledem na právní předpisy uvedených členských států, které se týkají zamezení dvojímu zdanění a oznamování výše splatné korporační daně, jakož i archivace správních dokumentů. Předkládajícímu soudu přísluší posoudit, zda jsou tyto podmínky ve věci v původním řízení splněny.“ Rozsudky Conseil d’État (Státní rada) Po vyhlášení rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), Conseil d’État (Státní rada) ve svých rozsudcích ze dne 10. prosince 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), a ze dne 10. prosince 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210) (dále jen „rozsudky Státní rady“), stanovila podmínky, kterým podléhá vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku vybrané v rozporu s unijním právem. Zaprvé, pokud jde o rozsah vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, Conseil d’État (Státní rada) tak rozhodla, že: – pokud dividenda, kterou mateřské francouzské společnosti vyplatila jedna z jejích dceřiných společností usazených v jiném členském státě, nebyla zdaněna na úrovni této posledně uvedené společnosti, potom se daň uhrazená vnukovskou společností ze zisků, z nichž pocházejí vyplácené dividendy, nezohledňuje pro účely určení zálohové srážkové daně, která má být vrácena mateřské společnosti [rozsudky Státní rady ze dne 10. prosince 2012, Rhodia, FR:CESSR:2012:317074.20121210, bod 29, a ze dne 10. prosince 2012, Accor, FR:CESSR:2012:317075.20121210, bod 24)]; – pokud společnost vyplácející dividendy uhradila v členském státě ve skutečnosti daň, jejíž sazba byla vyšší než obvyklá sazba francouzské daně, tj. 33,33 %, výše daňového kreditu, který si může nárokovat, je omezena na jednu třetinu dividend, které přijala a následně vyplatila [rozsudky Státní rady ze dne 10. prosince 2012, Rhodia, FR:CESSR:2012:317074.20121210, bod 44, a ze dne 10. prosince 2012, Accor, FR:CESSR:2012:317075.20121210, bod 40)]. Zadruhé, pokud jde o důkazy, které je nutné předložit na podporu žádostí o vrácení, Conseil d’État (Státní rada) konstatovala: – závaznost údajů v přiznání k zálohové dani za účelem určení částky dividend přijatých od dceřiných společností usazených v jiném členském státě [rozsudky Státní rady ze dne 10. prosince 2012, Rhodia, FR:CESSR:2012:317074.20121210, body 24 a 25, jakož i ze dne 10. prosince 2012, Accor, FR:CESSR:2012:317075.20121210, body 19 a 20)]; – nezbytnost mít k dispozici veškeré důkazy, na jejichž základě může být doložena opodstatněnost žádosti o vrácení po celou dobu řízení, aniž by uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání dokladů mělo za následek zánik této povinnosti [rozsudky Státní rady ze dne 10. prosince 2012, Rhodia, FR:CESSR:2012:317074.20121210, bod 35, a ze dne 10. prosince 2012, Accor, FR:CESSR:2012:317075.20121210, bod 31)]. Postup před zahájením soudního řízení Po vydání rozsudků Státní rady obdržela Komise několik stížností týkajících se podmínek pro vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku uhrazené francouzskými společnostmi, které obdržely dividendy zahraničního původu. Vzhledem k tomu, že Komisi výměna informací, k níž došlo mezi ní a Francouzskou republikou neuspokojila, zaslala dne 27. listopadu 2014 francouzským orgánům výzvu dopisem, ve které uvedla, že některé podmínky týkající se vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, jež byly stanoveny v rozsudcích Státní rady, mohou zakládat porušení unijního práva. Vzhledem k tomu, že Francouzská republika ve své odpovědi ze dne 26. ledna 2015 výtky, které byly vůči ní vzneseny, zpochybnila, Komise jí dne 29. dubna 2016 zaslala odůvodněné stanovisko, ve kterém ji vyzvala, aby ve lhůtě do dvou měsíců od doručení uvedeného stanoviska přijala opatření nezbytná k dosažení souladu s tímto stanoviskem. Vzhledem k tomu, že Francouzská republika ve své odpovědi ze dne 28. června 2016 na svém postoji setrvala, Komise podala na základě článku 258 SFEU projednávanou žalobu pro nesplnění povinnosti. K žalobě Na podporu své žaloby Komise uplatňuje čtyři žalobní důvody, přičemž první tři vycházejí z porušení článků 49 a 63 SFEU, jak je vyložil Soudní dvůr v rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), jakož i zásad rovnocennosti a efektivity, a čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení čl. 267 třetího pododstavce SFEU. K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článků 49 a 63 SFEU z důvodu omezení nároku na vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku vyplývajícího z nezohlednění zdanění vnukovských společností usazených v jiném členském státě, než je Francouzská republika Argumentace účastníků řízení Komise má za to, že rozsudky Státní rady neodstranily neslučitelnost francouzských právních předpisů s články 49 a 63 SFEU, kterou Soudní dvůr konstatoval ve svém rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ). Podle rozsudků Státní rady není totiž zohledněno pro účely vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, kterou je mateřská společnost povinna odvést v případě následného vyplacení dividend, zdanění vnukovských společností-nerezidentů, ze kterých pocházejí dividendy pocházející z dividend vyplacených dceřinou společností-nerezidentem mateřské společnosti-rezidentovi. Naopak v čistě vnitrostátním řetězci majetkové účasti se dvojí ekonomické zdanění vyruší, protože rozdělení dividend mezi vnukovskou společností a dceřinou společností zakládá nárok na slevu na dani ve výši rovnající se zálohové srážkové dani z příjmů z kapitálového majetku splatné z důvodu tohoto následného vyplacení. Kromě toho není toto rozdílné zacházení v závislosti na sídle vnukovské společnosti vyplácející dividendy objektivně odůvodněné. Předně neexistence pojmu „vnukovská společnost“ ve francouzském právu nemůže sloužit jako důvod pro nezohlednění zdanění zisků, ze kterých pocházejí dividendy vyplácené vnukovskou společností-nerezidentem mateřské společnosti prostřednictvím její dceřiné společnosti, neboť jinak by hrozilo příliš formalistické uplatňování mechanismu slevy na dani. Kromě toho se jedná o zacházení s dividendami v závislosti na jejich původu, a nikoliv o zacházení s jednotkami v řetězci majetkové účasti. V této souvislosti není okolnost, že dceřiná společnost využila osvobození od daně relevantní, protože původně byly dividendy vyplacené vnukovskou společností zdaněny. Dále vzhledem k tomu, že úhrada zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku v případě vyplacení dividend představuje povinnost uloženou francouzskými právními předpisy, nelze tvrdit, že příčinou dodatečného daňového zatížení dividend vyplácených společností-rezidentem, které pocházejí z předchozího rozdělení dividend mezi její dceřinou společností-nerezidentem a její vnukovskou společností-nerezidentem, byla právní úprava členského státu jejich usazení. Nakonec Komise tvrdí, že se Francouzská republika nemůže vyhnout povinnosti zamezení dvojímu ekonomickému zdanění v případě vyplacení dividend pocházejících ze zisků vnukovské společnosti-nerezidenta pod záminkou, že není povinna přizpůsobit svůj daňový systém odlišným daňovým systémům jiných členských států. Není totiž vyžadováno, aby Francouzská republika svůj daňový systém přizpůsobila, ale pouze aby tento systém uplatňovala totožným způsobem bez ohledu na původ vyplácených dividend. Francouzská republika nezpochybňuje skutečnost, že podmínky vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, jak jsou definovány v rozsudcích Státní rady, neumožňují vyloučit zdanění dividend vyplácených vnukovskou společností-nerezidentem. Nicméně tvrdí, že francouzský systém zaručuje zamezení dvojímu zdanění pouze na úrovni každé vyplácející společnosti. Členský stát může přitom uspořádat svůj systém zdanění dle vlastního uvážení, pokud nevede k diskriminaci, takže podle Francouzské republiky není povinen přizpůsobit svůj vlastní daňový systém daňovým systémům ostatních členských států. V projednávané věci přitom francouzská daňová úprava neumožňuje odečíst od daně splatné mateřskou společností daně, které uhradily její vnukovské společnosti-rezidenti. Sleva na dani je totiž poskytována mateřské společnosti pouze z důvodu zdanění, kterým byl zatížen zisk vyplácející dceřiné společnosti. Francouzská republika tudíž nemá povinnost zajistit, aby se při výpočtu vrácení uhrazené zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku zohlednilo zdanění vnukovských společností-nerezidentů, které vyplácejí dividendy. Okolnost, že vyplacení dividend vnukovskou společností ve prospěch dceřiné společnosti podléhalo zdanění, je tedy důsledkem uplatnění zahraniční daňové právní úpravy, nikoli úpravy Francouzské republiky, které není povinna napravovat. A dále vzhledem k tomu, že francouzský systém, jenž má za cíl odstranit dvojí zdanění, neupravuje otázku vnukovských společností, lze provést započtení splatné daně v případě vyplacení dividend pouze ve vztahu ke společnosti, která uvedené dividendy přijala. Jinými slovy, jedná se o binární vztah mezi dvěma jednotkami, vyplácející a přijímající, přičemž je nutné upřesnit, že v případě následného vyplacení prostřednictvím zprostředkovatelské společnosti je v takovém případě vnukovská společnost považována za dceřinou společnost zprostředkovatelské společnosti. Za těchto okolností je francouzský systém třeba odlišovat od britského systému zálohové daně z příjmů právnických osob ( Advance Corporation Tax ), o který šlo ve věcech, které vedly k vydání rozsudků ze dne 12. prosince 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑446/04 , EU:C:2006:774 ), a ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑35/11 , EU:C:2012:707 ). Francouzská úprava totiž nezohledňuje daň, kterou dluží vnukovské společnosti bez ohledu na skutečnost, zda jsou rezidenty nebo nerezidenty, neboť tato úprava spočívá na logice zdaňovacího stupně, a nikoliv zdanění skupiny. Závěry Soudního dvora Komise má v rámci svého prvního žalobního důvodu za to, že nemožnost vyplývající z rozsudků Státní rady uplatnit pro účely vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku uhrazené mateřskou společností-rezidentem ve Francii v souvislosti s vyplacením dividend zdanění zisků, ze kterých pocházejí tyto dividendy, dosažených vnukovskou společností této společnosti usazenou v jiném členském státě, pokud byly touto mateřskou společností následně vyplaceny prostřednictvím dceřiné společnosti-nerezidenta, neumožňuje zhojit neslučitelnost francouzského mechanismu zamezení dvojímu zdanění s články 49 a 63 SFEU, jak ji konstatoval Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ). Soudní dvůr v bodě 69 tohoto rozsudku rozhodl, že články 49 a 63 SFEU brání právní úpravě členského státu, jejímž cílem je zamezení dvojímu ekonomického zdanění dividend, která umožňuje mateřské společnosti započíst na srážkovou daň z příjmů z kapitálového majetku, kterou je povinna uhradit při následném vyplacení dividend svým akcionářům, jež jí poukázaly její dceřiné společnosti, slevu na dani spojenou s rozdělením těchto dividend, pocházejí-li od dceřiné společnosti usazené v tomto členském státě, avšak tuto možnost neposkytuje, pocházejí-li tyto dividendy od dceřiné společnosti usazené v jiném členském státě, neboť takové rozdělení dividend nevede v takovém případě k poskytnutí slevy na dani spojené s rozdělením těchto dividend touto dceřinou společností. Jak zdůrazňuje Komise, vyhovění rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ) ze strany Conseil d’État (Státní rada) má za následek, že mateřské společnosti-rezidentovi, příjemci dividend vyplacených jednou z jejích dceřiných společností, usazenou v jiném členském státě, se přizná vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku splatné z důvodu následného vyplacení těchto dividend jejím akcionářům, přičemž zdanění těchto dividend se zohlední výlučně na úrovni dceřiné společnosti. Naproti tomu předcházející zdanění týchž dividend na nižším stupni řetězce majetkové účasti u vnukovské společnosti nepřipadá pro účely určení částky vrácení daně do úvahy. Francouzská republika v této souvislosti nezpochybnila skutečnost, že v rámci čistě vnitrostátního řetězce majetkové účasti vede francouzský systém zamezení dvojímu ekonomickému zdanění mechanicky k zohlednění zdanění dividend vyplácených na každém stupni řetězce majetkové účasti. Každé vyplacení dividend dceřinou společností totiž zakládá nárok na slevu na dani, kterou mateřská společnost může započítat na zálohovou srážkovou daň, kterou je jakožto dceřiná společnost povinna uhradit při následném vyplacení těchto dividend vlastní mateřské společnosti, a sice zálohovou srážkovou daň, která se rovná slevě na dani. Dotčený systém tak zamezuje dvojímu ekonomickému zdanění rozdělovaných zisků poskytnutím daňového kreditu mateřské společnosti, který kompenzuje zálohovou srážkovou daň splatnou ze zisků následně rozdělovaných mateřskou společností. Naproti tomu v rámci přeshraničního rozdělení dividend má pro účely výpočtu vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku splatné při následném vyplacení přijímající mateřskou společností-rezidentem, omezení na zdanění uvedených dividend u samotné rozdělující dceřiné společnosti v případě, kdy zisky, ze kterých pocházejí tyto dividendy, byly dosaženy vnukovskou společností, za následek méně výhodné zacházení s uvedenými dividendami než v případě čistě vnitrostátního řetězce majetkové účasti. V případě, že dividendy vyplacené dceřinou společností-nerezidentem její mateřské společnosti-rezidentovi byly osvobozeny od daně v členském státě usazení dceřiné společnosti, se totiž částka vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku splatné při následném vyplacení rovná nule, protože ke zdanění dividend na úrovni dceřiné společnosti nedošlo. Nezohlednění skutečného zdanění zisků, ze kterých pocházejí dividendy, jež byly předtím vyplaceny na nižším stupni řetězce majetkové účasti, a sice vnukovskou společností dceřiné společnosti, tedy zachovává dvojí ekonomické zdanění rozděleného zisku. Jak tvrdí Francouzská republika, unijní právo ve svém současném stavu nestanoví obecná kritéria pro rozdělení pravomocí mezi členské státy, co se týče vyloučení dvojího zdanění v rámci Unie. Každý členský stát si tak může uspořádat svůj systém zdanění rozdělovaných zisků dle vlastního uvážení, pokud dotčený systém v sobě nezahrnuje diskriminaci zakázanou Smlouvou o FEU [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑35/11 , EU:C:2012:707 , bod ). Je třeba připomenout, že s ohledem na takovou daňovou právní úpravu, jako je právní úprava, jejíž podmínky použití jsou Komisí zpochybňovány, jejímž cílem je zamezit dvojímu ekonomickému zdanění rozdělovaných zisků, je situace společnosti-akcionáře, která obdrží dividendy zahraničního původu, srovnatelná se situací společnosti-akcionáře, která obdrží dividendy vnitrostátního původu, jelikož v obou případech mohou být dosažené zisky v zásadě předmětem řetězového zdanění (rozsudky ze dne 12. prosince 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04 , EU:C:2006:774 , bod , a ze dne 15. září 2011, Accor, C‑310/09 , EU:C:2011:581 , bod , jakož i ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑35/11 , EU:C:2012:707 , bod ). Články 49 a 63 SFEU přitom ukládají členskému státu, který uplatňuje systém zamezení dvojímu ekonomickému zdanění v případě dividend vyplacených rezidentům společnostmi-rezidenty, povinnost přiznat rovnocenné zacházení dividendám, vyplaceným rezidentům společnostmi-nerezidenty (rozsudky ze dne 12. prosince 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04 , EU:C:2006:774 , bod ; ze dne 10. února 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel a Österreichische Salinen, C‑436/08 a C‑437/08 , EU:C:2011:61 , bod , jakož i ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑35/11 , EU:C:2012:707 , bod ), ledaže je rozdílné zacházení odůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu (rozsudky ze dne 15. září 2011, Accor, C‑310/09 , EU:C:2011:581 , bod , jakož i ze dne 11. září 2014, Kronos International, C‑47/12 , EU:C:2014:2200 , bod ). Mimoto argument uváděný Francouzskou republikou, který vychází z neexistence pojmu „vnukovská společnost“ ve francouzském systému zamezení dvojímu zdanění, není s ohledem na cíl právní úpravy, o kterou jde ve věci v původním řízení, jakož i mechanismus zavedený pro účely jeho uskutečnění, relevantní. I když je poskytnutí slevy na dani upraveno pouze v rámci binárního vztahu mezi mateřskou společností a její dceřinou společností, nemění to totiž nic na tom, že daňový systém, o který jde ve věci v původním řízení, zamezuje dvojímu ekonomickému zdanění zisků rozdělovaných také vnukovskými společnostmi-rezidenty z důvodu následného poskytnutí dotčeného daňového zvýhodnění, a to na všech stupních řetězce majetkové účasti na společnostech usazených ve Francii. Francouzská republika zdůrazňuje, že znevýhodnění, která mohou vyplývat z paralelního výkonu daňových pravomocí různých členských států, neomezují volný pohyb za předpokladu, že takový výkon není diskriminační. Zajisté nemůže členskému státu z jeho postavení jako státu usazení společnosti, která je příjemcem dividend, vyplývat povinnost kompenzovat daňové znevýhodnění vyplývající z řetězového zdanění, jež v plném rozsahu uplatnil členský stát, na jehož území je usazena společnost vyplácející tyto dividendy, jestliže prvně uvedený členský stát v případě společností usazených na jeho území dividendy, jež jsou jim vypláceny, nezdaňuje ani je jiným způsobem nezohledňuje (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. září 2014, Kronos International, C‑47/12 , EU:C:2014:2200 , bod ). Nicméně, jak vyplývá z bodu 39 tohoto rozsudku, daňové znevýhodnění, o které jde ve věci v původním řízení, vyplývá z francouzských daňových předpisů. Tyto právní předpisy totiž prostřednictvím zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku podrobují dani rozdělení zisků, které již byly zdaněny, ale umožňují tomuto dvojímu ekonomickému zdanění zamezit v případě, že následně rozdělené zisky byly původně zdaněny u vnukovské společnosti-rezidenta. Naproti tomu tytéž právní předpisy podrobují dani následné rozdělení zisků pocházejících původně od vnukovské společnosti-nerezidenta, přestože tyto zisky byly již zdaněny v členském státě usazení této vnukovské společnosti, aniž by umožnily toto posledně uvedené zdanění zohlednit pro účely zamezení dvojímu ekonomickému zdanění vyplývajícímu z francouzských právních předpisů. Francouzská republika byla tudíž povinna zohlednit pro účely ukončení takto konstatovaného diskriminačního zacházení při uplatňování uvedeného daňového mechanismu, jehož cílem je zamezení dvojímu ekonomickému zdanění vyplacených dividend, předchozí zdanění rozdělovaných zisků vyplývající z výkonu daňových pravomocí členského státu původu dividend, v mezích vlastní zdaňovací pravomoci (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. září 2014, Kronos International, C‑47/12 , EU:C:2014:2200 , bod ), nezávisle na stupni řetězce majetkové účasti, na kterém k tomuto zdanění došlo, a sice dceřiné nebo vnukovské společnosti. Z bodu 82 rozsudku Soudního dvora ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑35/11 , EU:C:2012:707 ), ve spojení s výrokem rozsudku ze dne 12. prosince 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑446/04 , EU:C:2006:774 ), totiž vyplývá, že přísluší členskému státu, jenž umožňuje společnosti-rezidentovi, která obdrží dividendy od jiné společnosti-rezidenta, odečíst z částky, kterou dluží prvně uvedená společnost z titulu korporační daně, částku uvedené daně zaplacenou touto druhou společností, přiznat takovou možnost společnosti-rezidentovi, která obdrží dividendy od společnosti-nerezidenta, co se týče odpovídající daně z rozdělovaných zisků, kterou odvedla přímá nebo nepřímá dceřiná společnost první společnosti. V tomto ohledu nemá rozdíl existující mezi francouzským mechanismem založeným na poskytnutí slevy na dani, o který jde v projednávané věci, a mechanismem Spojeného království ve věcech, ve kterých byly vydány rozsudky ze dne 12. prosince 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑446/04 , EU:C:2006:774 ), a ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑35/11 , EU:C:2012:707 ), dopad na zásadu připomenutou v předcházejícím bodě. Tento rozdíl se totiž týká pouze daňové techniky použité k dosažení téhož cíle, a sice cíle zamezit dvojímu ekonomickému zdanění rozdělovaných zisků. Každý členský stát si přitom může uspořádat svůj systém zamezení dvojímu ekonomickému zdanění rozdělovaných zisků dle vlastního uvážení, pokud dotčený systém v sobě nezahrnuje diskriminaci zakázanou Smlouvou o FEU (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑35/11 , EU:C:2012:707 , bod ). Z výše uvedeného vyplývá, že Francouzská republika tím, že pro účely výpočtu vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku uhrazené mateřskou společností-rezidentem z titulu rozdělení dividend vyplacených vnukovskou společností-nerezidentem prostřednictvím dceřiné společnosti-nerezidenta odmítla zohlednit zdanění zisků, z nichž pocházejí tyto dividendy, kterému byla podrobena tato vnukovská společnost-nerezident v členském státě, kde je usazena, přestože vnitrostátní mechanismus zamezení dvojímu ekonomickému zdanění umožňuje v případě čistě vnitrostátního řetězce majetkové účasti vyrušit zdanění dividend vyplácených společností na každém stupni tohoto řetězce majetkové účasti, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 49 a 63 SFEU. Ke druhému žalobnímu důvodu, který vychází z nepřiměřenosti požadavků, jež jsou stanoveny v oblasti dokazování pro vznik nároku na vrácení protiprávně vybrané zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku Argumentace účastníků řízení Druhý žalobní důvod Komise se skládá ze tří částí. Prostřednictvím první části tohoto žalobního důvodu Komise tvrdí, že požadavek, aby účetní doklady týkající se vyplacených dividend odpovídaly zápisům z jednání valné hromady dceřiných společností, v nichž jsou uvedeny zisky vyplácené formou dividend určených k rozdělení, krajně ztěžuje, nebo dokonce i přímo znemožňuje předložení důkazu o vazbě vyplácených dividend na výsledek konkrétního účetního období, neboť zápisy z valné hromady uvádějí často agregovaný účetní výsledek, který zahrnuje převod zůstatků z předcházejících období. V rámci druhé části žalobního důvodu Komise tvrdí, že rozsudky Státní rady tím, že nárok na vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku podmiňují předchozím podáním přiznání zálohové daně, ve kterém jsou uvedeny částky zálohové srážkové daně uhrazené z titulu následného vyplacení dividend, v praxi takový nárok ruší. Podle Komise je tomu tak zejména v případě společností, které nepožádaly o slevu na dani z důvodu vyplacených dividend pocházejících od dceřiných společností-nerezidentů před vydáním rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ). Vzhledem k tomu, že společnosti-rezidenti nemohly podle francouzských právních předpisů využívat slevy na dani z titulu zálohové daně splatné z důvodu vyplacení dividend pocházejících od dceřiné společnosti-nerezidenta, nebylo možné od těchto společností vyžadovat, aby tyto dividendy uvedly ve svých přiznáních k zálohové dani. Nakonec třetí část téhož žalobního důvodu vychází ze skutečnosti, že jelikož rozsudky Státní rady uvádějí, že uplynutím zákonné lhůty pro uchovávání dokumentů nezaniká povinnost společnosti, která se domáhá vrácení protiprávně vybrané zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, předložit veškeré důkazy, na jejichž základě může být doložena opodstatněnost její žádosti, tyto rozsudky podání důkazu o uhrazení daně z vyplacených dividend dceřinou společností-rezidentem krajně ztěžují, nebo jej dokonce znemožňují. Francouzská republika předně zdůrazňuje, že v rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), bylo výslovně uvedeno, že vrácení zálohové srážkové daně je podmíněno tím, že společnosti, které se tohoto vrácení domáhají, podají jakýmikoli prostředky důkaz o daních, které v členském státě usazení uhradily jejich dceřiné společnosti. V této souvislosti se rozsudky Státní rady podle Francouzské republiky vyznačují velmi otevřeným přístupem, neboť podle tohoto soudu jsou přijímány jakékoli formy dokumentů, které umožňují společnostem prokázat sazbu daně, jíž podléhaly jejich dceřiné společnosti-nerezidenti. Zaprvé Francouzská republika připomíná, že podle rozsudků Státní rady není vyžadován důkaz o tom, že daní, o jejíž započtení bylo žádáno, byly zatíženy dividendy související s určitým účetním obdobím. Daň je tedy považována za uhrazenou z dividend jako celku bez ohledu na účetní období, z nichž vzešly. Mimoto okolnost, že ve věcech, ve kterých byly vydány rozsudky Státní rady, se posledně uvedená opírala o zápisy z valné hromady dceřiných společností-nerezidentů, byla důsledkem toho, že dotčené společnosti takové dokumenty předložily, aby prokázaly výši sazby daně, které podléhaly vyplácené dividendy. Zadruhé Francouzská republika zdůrazňuje, že formuláře týkající se zálohové srážkové daně umožňují z technického hlediska určit částky zálohové srážkové daně uhrazené z titulu následného vyplacení dividend pocházejících z dceřiných společností-nerezidentů. Dále vzhledem k tomu, že k zaplacení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku dochází pouze v případě následného vyplacení, jsou dividendy, pro které je vyžadováno prokázání výše daně, nezbytně dividendami, které byly předmětem takového následného vyplacení. Zatřetí nebylo podle Francouzské republiky rozsudky Státní rady vyžadováno předložení dokladů, na které by se nevztahovala zákonná lhůta pro jejich uchovávání. Conseil d’État (Státní rada) založila své posouzení na dokumentech předložených dotyčnými společnostmi. Každopádně je na daňovém poplatníkovi, který se odvolal, aby uchoval dokumenty, jež jsou nezbytné k prokázání opodstatněnosti jeho žádosti, až do okamžiku ukončení správního, případně i soudního řízení bez ohledu na zákonnou lhůtu pro jejich uchovávání. Závěry Soudního dvora – Úvodní poznámky Je nutné připomenout, že daňové orgány členského státu jsou oprávněny požadovat od daňového poplatníka důkazy, které považují za nezbytné k posouzení toho, zda jsou splněny podmínky pro slevu na dani upravenou dotčenými právními předpisy, a tedy zda je, či není namístě poskytnout uvedenou výhodu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. října 2002, Danner, C‑136/00 , EU:C:2002:558 , bod ; ze dne 26. června 2003, Skandia a Ramstedt, C‑422/01 , EU:C:2003:380 , bod ; ze dne 27. ledna 2009, Persche, C‑318/07 , EU:C:2009:33 , bod ; ze dne 10. února 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel a Österreichische Salinen, C‑436/08 a C‑437/08 , EU:C:2011:61 , bod ; ze dne 30. června 2011, Meilicke a další, C‑262/09 , EU:C:2011:438 , bod , jakož i ze dne 15. září 2011, Accor, C‑310/09 , EU:C:2011:581 , bod ). Dále Soudní dvůr za účelem praktické nápravy neslučitelnosti francouzských právních předpisů s články 49 a 63 SFEU, jak je vyložil ve svém rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), rozhodl, že členský stát musí mít možnost určit výši korporační daně, která je odváděna v členském státě, kde je usazená společnost vyplácející dividendy, a která má být předmětem slevy na dani přiznané přijímací mateřské společnosti, a upřesnil, že nestačí prokázat, že společnost vyplácející dividendy odvedla v členském státě svého usazení daň ze zisků, z nichž pochází vyplácené dividendy, aniž poskytla informace týkající se povahy a sazby daně, kterou byly uvedené zisky ve skutečnosti zdaněny (rozsudek ze dne 15. září 2011, Accor, C‑310/09 , EU:C:2011:581 , bod ). – K první části Je nutné uvést, že Komise ve své žalobě odkazuje na body 43 a 56 rozsudku Conseil d’État (Státní rada) ze dne 10. prosince 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), týkající se zkoumání částek, jež mají být vráceny za roky 1999 až 2001, aby prokázala, že Francouzská republika stanoví nepřiměřené požadavky v oblasti dokazování tím, že vyžaduje shodu mezi účetními záznamy o vyplacených dividendách a zápisy z jednání valné hromady dceřiných společností, v nichž jsou uvedeny zisky vyplácené formou dividend určených k rozdělení. Z toho vyplývá, že Komise nepopírá, že je nezbytné, aby mateřská společnost, která má v úmyslu dosáhnout vrácení protiprávně vybrané zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, podala pro každou dividendu důkazy o skutečně uplatněné sazbě daně a výši skutečně uhrazené daně ze zisků dosažených dceřinými společnostmi-nerezidenty. Z rozsudku Conseil d’État (Státní rada) ze dne 10. prosince 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), přitom nevyplývá, že tato měla v úmyslu omezit požadavky týkající se důkazu, že částky, jejichž vrácení je požadováno, se skutečně týkají rozdělených dividend, na předložení zápisů z jednání valné hromady dceřiných společností o takovém rozdělení. I když se v tomto rozsudku na takové dokumenty odkazuje, nic totiž neumožňuje učinit závěr, že uznání nároku na vrácení protiprávně vybrané zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku nutně podléhá předložení takových dokumentů. V této souvislosti je třeba připomenout, že v rámci řízení o nesplnění povinnosti zahájeného podle článku 258 SFEU přísluší Komisi prokázat existenci tvrzeného nesplnění povinnosti tím, že Soudnímu dvoru předloží veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl existenci tohoto nesplnění povinnosti ověřit (rozsudek ze dne 28. ledna 2016, Komise v. Portugalsko, C‑398/14 , EU:C:2016:61 , bod ). S ohledem na výše uvedené úvahy Komise neunesla své důkazní břemeno, takže první část druhého žalobního důvodu nemůže uspět. – K druhé části Komise má za to, že francouzské právo, jak je uplatněno v rozsudcích Státní rady, a konkrétně omezení vyplývající z požadavku podání přiznání k zálohové srážkové dani z příjmů z kapitálového majetku, jakož i namítatelnost rozhodnutí, jež učinila mateřská společnost při stanovení částky zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku v těchto přiznáních, představuje porušení zásad rovnocennosti a efektivity. V této souvislosti je nesporné, že Francouzská republika měla za účelem nápravy neslučitelnosti francouzských právních předpisů s články 49 a 63 SFEU, jak jsou vykládány Soudním dvorem v jeho rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), vrátit zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku uhrazené společnostmi-rezidenty při následném vyplacení dividend pocházejících od jejich dceřiných společností-nerezidentů, s přihlédnutím ke zdanění zisků, ze kterých pocházejí tyto dividendy v členském státě usazení těchto dceřiných společností, v mezích sazby daně použitelné ve Francii. Vzhledem k tomu, že žádost o vrácení je na jedné straně nutně podmíněna předchozím uhrazením zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku a na druhé straně je přitom vyplacení dividend skutečností vedoucí ke vzniku povinnosti uhradit zálohovou srážkovou daň z příjmů z kapitálového majetku, nemůže být taková žádost v případě neexistence úhrady zálohové srážkové daně přípustná. Právě z tohoto důvodu se přiznání k zálohové srážkové dani týká rozdělení všech dividend bez ohledu na jejich původ, takže umožňuje určit částky zálohové srážkové daně uhrazené z důvodu vyplacení dividend pocházejících od dceřiných společností-nerezidentů. Francouzská republika podala v tomto ohledu důkaz, že ve formulářích přiznání k zálohové srážkové dani je vyžadováno uvedení rozdělení dividend pocházejících ze zahraničních dceřiných společností, což Komise ve stadiu repliky již nezpochybňovala. Nelze mít tedy za to, že namítání závaznosti údajů, které mateřská společnost při stanovení částky zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku uvedla v přiznáních s ní souvisejících, představuje porušení zásad rovnocennosti a efektivity. Za těchto podmínek a s ohledem na skutečnost, že důkazní břemeno nese Komise, jak bylo uvedeno v bodě 64 tohoto rozsudku, je nutné druhou část druhého žalobního důvodu zamítnout jako neopodstatněnou. – K třetí části Podle Komise rozsudky Státní rady podání důkazu o uhrazení daně z vyplacených dividend dceřinou společností-rezidentem krajně ztěžují, nebo jej dokonce i znemožňují, neboť mateřskou společnost požadující vrácení zálohové srážkové daně z příjmu z kapitálového majetku nezprošťují povinnosti předložit doklady o uvedené úhradě, pro které již uplynula zákonná lhůta pro uchovávání dokladů, vyplývající z vnitrostátního práva jiného členského státu. Co se týče zásady efektivity, je třeba uvést, že požadované doklady musí daňovým orgánům členského státu zdanění umožnit zřetelně a přesně ověřit, zda podmínky získání daňového zvýhodnění jsou splněny (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. září 2011, Accor, C‑310/09 , EU:C:2011:581 , bod ). Mimoto předložení informací pro každou dividendu o skutečně použité sazbě daně a výši skutečně uhrazené daně ze zisků dosažených dceřinými společnostmi usazenými v jiných členských státech, lze vyžadovat pouze za podmínky, že není v praxi nemožné nebo nadměrně obtížné předložit důkaz o uhrazení daně dceřinými společnostmi se sídlem v jiných členských státech, zejména s ohledem na právní předpisy uvedených členských států, které se týkají zamezení dvojímu zdanění a oznamování výše splatné korporační daně, jakož i archivace správních dokumentů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. září 2011, Accor, C‑310/09 , EU:C:2011:581 , bod ). V tomto ohledu musí být žádost o předložení uvedených informací učiněna během zákonné lhůty pro archivaci správních a účetních dokumentů stanovené právem členského státu, kde je usazena dceřiná společnost. Taková žádost se tedy nemůže týkat dokumentů, které se vztahují na období značně přesahující délku zákonné doby archivace správních a účetních dokumentů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. září 2011, Accor, C‑310/09 , EU:C:2011:581 , bod ). Z rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ) tedy vyplývá, že daňové orgány členského státu nemohou vyžadovat na podporu žádosti o vrácení předložení správních dokumentů za období značně přesahující délku zákonné doby archivace uvedených dokumentů v členském státě původu těchto dokumentů. Z bodu 35 rozsudku Conseil d’État (Státní rada) ze dne 10. prosince 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), jakož i bodu 31 rozsudku Conseil d’État (Státní rada) ze dne 10. prosince 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), v tomto ohledu vyplývá, že je věcí společnosti, která podala stížnost, aby měla k dispozici veškeré důkazy, na jejichž základě může být doložena opodstatněnost její žádosti po celou dobu řízení, aniž by byla v důsledku uplynutí zákonné lhůty pro uchovávání dokladů této povinnosti zproštěna. Jak uvedl generální advokát v bodě 64 svého stanoviska, za takových okolností je relevantním datem pro posouzení existence případného porušení zásady efektivity z důvodu, že daňové orgány členského státu požádaly o předložení správního dokumentu pro účely prokázání určitých skutečností, datum zahájení tohoto postupu před zahájením soudního řízení. Povinnost předložit důkazy, na jejichž základě může být doložena opodstatněnost žádosti o vrácení v rámci řízení o stížnosti, nemůže tudíž představovat porušení zásady efektivity za předpokladu, že se tato povinnost netýká období značně přesahujícího délku zákonné doby archivace správních a účetních dokumentů. Z rozsudků Státní rady, které obsahují tvrzení, že uplynutí zákonné doby archivace dokumentů nemá dopad na povinnost společnosti mít k dispozici veškeré důkazy, na jejichž základě může být doložena opodstatněnost její žádosti, „po celou dobu řízení“, a zejména po dobu soudního řízení, přitom žádné porušení této zásady nevyplývá. Společnost totiž nemůže tvrdit, že uplynutí této lhůty má automaticky za následek vznik nároku na vrácení uhrazené zálohové srážkové daně. Co se týče údajného porušení zásady rovnocennosti, Komise neuplatňuje žádný argument, jenž by mohl podpořit opodstatněnost tohoto žalobního důvodu. Vzhledem k tomu, že třetí část druhého žalobního důvodu není opodstatněná, je nutné druhý žalobní důvod jako celek zamítnout. Ke třetímu žalobnímu důvodu, který vychází z omezení částky, kterou lze vrátit z titulu protiprávně vybrané zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, na jednu třetinu hodnoty vyplacených dividend Argumentace účastníků řízení Komise připomíná, že rozsudky Státní rady stanoví omezení částky, která má být vrácena mateřským společnostem z titulu zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku uhrazené z vyplacených dividend, které obdržela od dceřiné společnosti-nerezidenta, přičemž toto omezení se rovná třetině hodnoty vyplacených dividend. Vzhledem k tomu, že částka slevy na dani za dividendy vyplacené dceřinou společností-rezidentem představuje vždy polovinu hodnoty uvedených dividend, nebyla podle Komise prostřednictvím rozsudků Státní rady ukončena diskriminace, kterou konstatoval Soudní dvůr v rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), mezi dividendami pocházejícími od společnosti-rezidenta a dividendami pocházejícími od společnosti-nerezidenta. Francouzská republika tvrdí, že omezení vrácení zálohové srážkové daně na jednu třetinu obdržených dividend odpovídá výši skutečně uhrazené zálohové srážkové daně. Podle ní je tudíž plně zaručeno rovné zacházení s dividendami vyplácenými dceřinými společnostmi-rezidenty a dividendami vyplácenými dceřinými společnostmi-nerezidenty. Kromě toho takové omezení vrácení zálohové srážkové daně podle ní umožňuje zohlednit rovnocenným způsobem zdanění vyplacených dividend, které bylo uskutečněno v členském státě usazení dceřiné společnosti, a zdanění, kterému podléhají dividendy vyplácené dceřinou společností-rezidentem. Podle Francouzské republiky může toto omezení sice vést v praxi z tohoto důvodu k vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, která je nižší, než daň, kterou ve skutečnosti odvedla vyplácející dceřiná společnost ve svém státě usazení. Nicméně toto vrácení přesně odpovídá výši zálohové srážkové daně, která byla skutečně uhrazena společností-rezidentem, takže je vyloučeno příznivější zacházení s dividendami zahraničního původu ve vztahu k dividendám vypláceným společností-rezidentem. Závěry Soudního dvora V bodě 87 rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ), Soudní dvůr rozhodl, že z judikatury sice vyplývá, že unijní právo ukládá členskému státu, v němž existuje systém zamezující dvojímu ekonomickému zdanění v případě dividend vyplácených rezidentům společnostmi-rezidenty, povinnost poskytnout rovnocenné zacházení dividendám vypláceným rezidentům společnostmi-nerezidenty, avšak toto právo členské státy nenutí k tomu, aby upřednostňovaly poplatníky, kteří investovali do zahraničních společností, před poplatníky, kteří investovali do domácích společností. V projednávané věci je nesporné, že podle rozsudků Státní rady částka, která má být vrácena mateřským společnostem z titulu zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, kterou uhradily v souvislosti s rozdělením dividend přijatých od dceřiné společnosti-nerezidenta, je omezena na nanejvýše třetinu hodnoty přijatých dividend. Komise má za to, že jelikož sleva na dani přiznaná společnosti vyplácející dividendy, které přijala od dceřiné společnosti-rezidenta, se vždy rovná polovině hodnoty uvedených dividend, představuje omezení vrácení uhrazené zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku v případě vyplacení dividend pocházejících od dceřiné společnosti-nerezidenta na jednu třetinu hodnoty těchto dividend diskriminaci. Takovou argumentaci však nelze přijmout. Jak totiž uvedl generální advokát v bodě 74 svého stanoviska, použití ustanovení CGI platných během zdaňovacích období, o které šlo v rozsudcích Státní rady, umožňuje v konečném důsledku dosáhnout rovnocenného daňového zacházení s dividendami následně vyplácenými mateřskou společností jejím vlastním akcionářům, nezávisle na otázce, zda dceřiná společnost, která původně dosáhla těchto zisků, byla rezidentem či nerezidentem. V této souvislosti ze znění samotného čl. 223f odst. 1 prvního pododstavce CGI vyplývá, že zálohová srážková daň, kterou je mateřská společnost povinná uhradit při následném vyplácení dividend vlastním akcionářům se rovná slevě na dani vypočtené za podmínek stanovených v článku 158a CGI, přičemž tento daňový kredit se rovná polovině dividend, které předtím přijala tato mateřská společnost. Uvedený daňový kredit tedy umožňuje kompenzovat u mateřské společnosti povinnost uhradit zálohovou srážkovou daň a zamezit dvojímu ekonomickému zdanění rozdělovaných zisků. Jak přitom vysvětlila Francouzská republika ve své žalobní odpovědi a aniž to Komise v tomto ohledu popřela, pokud dividendy vyplácené dceřinou společností nejsou doprovázeny žádnou slevou na dani, k čemuž dochází v případě, že se jedná o dceřinou společnost-nerezidenta, rovná se zálohová srážková daň, kterou musí uhradit mateřská společnost, třetině vyplacených dividend. Z tohoto vyplývá, že omezení vrácení zálohové srážkové daně mateřské společnosti ve výši jedné třetiny hodnoty vyplácených dividend umožňuje v konečném důsledku také zamezit dvojímu ekonomickému zdanění rozdělovaných zisků. Za těchto okolností umožňuje totéž omezení napravit rozdílné zacházení s těmito dividendami a dividendami pocházejícími od dceřiné společnosti-rezidenta, jak uvedl Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ). Podle zásad vyvozených v tomto rozsudku, zejména v bodě 88 tohoto rozsudku, totiž nemůže být členský stát povinen přiznat daňový kredit z titulu zdanění zisků rozdělovaných v jiném členském státě, který by přesahoval částku zdanění, jež vyplývá z uplatnění vlastních daňových předpisů. Komise dále ve své replice tvrdí, že pokud mateřská společnost poté, co jí byla vrácena protiprávně vybraná zálohová srážková daň, vyplatí tyto částky vlastním akcionářům, mohou posledně uvedení utrpět ve srovnání s vyplacením čistě vnitrostátní povahy „ušlý zisk“. V této souvislosti stačí konstatovat, že případy, které vedly k vydání rozsudků Státní rady, se netýkaly situace koncových akcionářů vyplácejících společností, neboť žaloby mateřských společností dotčených v těchto případech se týkaly vrácení zálohových srážkových daní z příjmů z kapitálového majetku, uhrazených těmito mateřskými společnostmi. Třetí žalobní důvod je proto třeba zamítnout. Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 267 odst. 3 SFEU Argumentace účastníků řízení Podle Komise měla Conseil d’État (Státní rada) podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce před tím, než vymezila podmínky vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, jejíž vybírání bylo podle rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ) shledáno jako neslučitelné s články 49 a 63 SFEU. Conseil d’État (Státní rada) je totiž soud, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva ve smyslu čl. 267 třetího pododstavce SFEU a kterému přísluší podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, pokud je mu předložen spor, který vznáší otázku týkající se výkladu unijního práva. Dále existují přinejmenším pochybnosti o slučitelnosti omezení vyplývajících z rozsudků Státní rady s unijním právem, a to zejména s ohledem na judikaturu vyplývající z rozsudku ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑35/11 , EU:C:2012:707 ). V každém případě již pouhá okolnost, že Komise chápe zásady vyvozené z rozsudku ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ) odlišným způsobem, než jak uvádí Conseil d’État (Státní rada), dokládá, že řešením, která vyplývají z těchto rozsudků, nemůže svědčit domněnka slučitelnosti s unijním právem. Francouzská republika tvrdí, že Komise neupřesnila obtíže, jakým měla Conseil d’État (Státní rada) čelit v projednávaných věcech, jež vedly k vydání rozsudků, na které odkazuje Komise a které měly odůvodňovat podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podle čl. 267 třetího pododstavce SFEU. Jediné obtíže, kterým Conseil d’État (Státní rada) čelila, byly ve skutečnosti obtíže skutkové povahy, a nikoliv obtíže spojené s výkladem unijního práva. V každém případě mohla mít Conseil d’État (Státní rada) podle Francouzské republiky důvodně za to, že odpovědi na otázky, které jí byly předloženy, bylo možné jasně vyvodit z judikatury. Závěry Soudního dvora Je nutné zdůraznit, že čtvrtý žalobní důvod Komise je založen na předpokladu, že Conseil d’État (Státní rada), jakožto soud rozhodující v posledním stupni, nemohla provést výklad unijního práva, jaký vyplývá z jejích rozsudků ze dne 10. prosince 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), a ze dne 10. prosince 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), aniž se předtím obrátila na Soudní dvůr prostřednictvím žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce. V této souvislosti je třeba připomenout, že se povinnost členských států dodržovat ustanovení Smlouvy o FEU vztahuje na všechny jejich orgány v rámci jejich pravomocí, včetně soudních orgánů. Nesplnění povinnosti členským státem tedy může být v zásadě konstatováno na základě článku 258 ES bez ohledu na orgán tohoto členského státu, jehož činnost nebo nečinnost je původem nesplnění povinnosti, a to přestože se podle ústavy jedná o nezávislý orgán (rozsudky ze dne 9. prosince 2003, Komise v. Itálie, C‑129/00 , EU:C:2003:656 , bod , a ze dne 12. listopadu 2009, Komise v. Španělsko, C‑154/08 , nezveřejněný, EU:C:2009:695 , bod ). Dále je třeba připomenout, že jestliže nelze proti rozhodnutí vnitrostátního soudu podat soudní cestou opravný prostředek, je tento vnitrostátní soud v zásadě povinen předložit Soudnímu dvoru žádost ve smyslu čl. 267 třetího pododstavce SFEU, pokud je před ním vznesena otázka týkající se výkladu Smlouvy o FEU (rozsudek ze dne 15. března 2017, Aquino, C‑136/16 , EU:C:2017:209 , bod ). Soudní dvůr rozhodl, že cílem povinnosti předložit předběžnou otázku, stanovené v tomto ustanovení, je předcházet tomu, aby v jakémkoli členském státě vznikala vnitrostátní judikatura, která nebude v souladu s pravidly unijního práva (rozsudek ze dne 15. března 2017, Aquino, C‑136/16 , EU:C:2017:209 , bod a citovaná judikatura). Zajisté taková povinnost nepřísluší tomuto soudu, pokud konstatuje, že vznesená otázka není relevantní, nebo že dotčené ustanovení unijního práva již bylo předmětem výkladu ze strany Soudního dvora nebo že řádné uplatnění unijního práva je natolik zřejmé, že není ponechán prostor pro žádnou rozumnou pochybnost, přičemž existence takové možnosti musí být posuzována v závislosti na charakteristikách vlastních unijnímu právu, zvláštních obtížích, které vykazuje výklad tohoto práva, a riziku rozdílnosti judikatury uvnitř Unie (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 6. října 1982, Cilfit a další, 283/81 , EU:C:1982:335 , bod ; ze dne 9. září 2015, Ferreira da Silva e Brito a další, C‑160/14 , EU:C:2015:565 , body a , jakož i ze dne 28. července 2016, Association France Nature Environnement, C‑379/15 , EU:C:2016:603 , bod ). V této souvislosti se Conseil d’État (Státní rada), jak uvedl generální advokát v bodě 99 stanoviska, rozhodla, pokud jde o otázku zkoumanou v rámci prvního žalobního důvodu projednávané žaloby pro nesplnění povinnosti a ohledně níž rozsudek ze dne 15. září 2011, Accor ( C‑310/09 , EU:C:2011:581 ) neobsahuje žádná konstatování, odchýlit se od rozsudku ze dne 13. listopadu 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation ( C‑35/11 , EU:C:2012:707 ) z toho důvodu, že se britský režim, o který se jednalo v dané věci v původním řízení, odlišoval od francouzského režimu daňové slevy a zálohové srážkové daně, aniž si mohl být jist, že by jeho úvahy byly stejně zjevné i pro Soudní dvůr. Kromě toho ze skutečností uvedených v bodech 29 až 46 tohoto rozsudku v rámci zkoumání prvního žalobního důvodu vzneseného Komisí vyplývá, že nepředložení předběžné otázky ze strany Conseil d’État (Státní rada) ve věcech, ve kterých byly vydány rozsudky ze dne 10. prosince 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), a ze dne 10. prosince 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), ji vedlo k tomu, že v uvedených rozsudcích přijala řešení založené na výkladu ustanovení článků 49 a 63 SFEU, které je v rozporu s výkladem těchto ustanovení provedeným v rozsudku v projednávané věci, což znamená, že existenci rozumných pochybností ohledně tohoto výkladu nebylo možné v okamžiku rozhodování Conseil d’État (Státní rada) vyloučit. Není nezbytné analyzovat ostatní argumenty vznesené Komisí v rámci projednávaného žalobního důvodu, avšak je třeba konstatovat, že příslušelo Conseil d’État (Státní rada) jakožto soudu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, obrátit se na základě čl. 267 třetího pododstavce SFEU na Soudní dvůr, aby tak zabránila riziku nesprávného výkladu unijního práva (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 9. září 2015, Ferreira da Silva e Brito a další, C‑160/14 , EU:C:2015:565 , bod ). Vzhledem k tomu, že se Conseil d’État (Státní rada) neobrátila na Soudní dvůr podle postupu stanoveného v čl. 267 třetím pododstavci SFEU, aby určil, zda bylo třeba pro účely výpočtu vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku, uhrazené společností-rezidentem z titulu rozdělení dividend vyplacených společností-nerezidentem prostřednictvím dceřiné společnosti-nerezidenta, odmítnout zohlednění zdanění zisků, z nichž pocházejí tyto dividendy, kterému byla podrobena tato druhá společnost, přestože výklad ustanovení unijního práva, který provedla v rozsudcích ze dne 10. prosince 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), a ze dne 10. prosince 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), nebyl natolik zřejmý, aby neponechal prostor pro žádné rozumné pochybnosti, je třeba čtvrtý žalobní důvod přijmout. K nákladům řízení Podle čl. 138 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Komise požadovala náhradu nákladů řízení a Francouzská republika měla jen zčásti ve věci neúspěch, je důvodné každému účastníku řízení uložit, že ponese vlastní náklady řízení. Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto: 1) Francouzská republika tím, že pro účely výpočtu vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku uhrazené společností-rezidentem z titulu rozdělení dividend vyplacených společností-nerezidentem prostřednictvím dceřiné společnosti-nerezidenta odmítla zohlednit zdanění zisků, z nichž pocházejí tyto dividendy, kterému byla podrobena tato druhá společnost-nerezident, přestože vnitrostátní mechanismus zamezení dvojímu ekonomickému zdanění umožňuje v případě čistě vnitrostátního řetězce majetkové účasti vyrušit zdanění dividend vyplácených společností na každém stupni tohoto řetězce majetkové účasti, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 49 a 63 SFEU. 2) Vzhledem k tomu, že se Conseil d’État (Státní rada, Francie) neobrátila na Soudní dvůr Evropské unie podle postupu stanoveného v čl. 267 třetím pododstavci SFEU, aby určil, zda bylo třeba pro účely výpočtu vrácení zálohové srážkové daně z příjmů z kapitálového majetku uhrazené společností-rezidentem z titulu rozdělení dividend vyplacených společností-nerezidentem prostřednictvím dceřiné společnosti-nerezidenta odmítnout zohlednění zdanění zisků, z nichž pocházejí tyto dividendy, kterému byla podrobena tato druhá společnost, přestože výklad ustanovení unijního práva, který provedla v rozsudcích ze dne 10. prosince 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), a ze dne 10. prosince 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), nebyl natolik zřejmý, aby neponechal prostor pro žádné rozumné pochybnosti, nesplnila Francouzská republika povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 267 třetího pododstavce SFEU. 3) Ve zbývající části se žaloba zamítá. 4) Evropská komise a Francouzská republika ponesou vlastní náklady řízení. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: francouzština.

62005CJ0303

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (EYVL L 190, s. 1; jäljempänä puitepäätös) pätevyyden arviointia. Tämä pyyntö on esitetty sellaisen kanteen yhteydessä, jonka Advocaten voor de Wereld VZW (jäljempänä Advocaten voor de Wereld) on nostanut Arbitragehofissa eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 19.12.2003 annetun Belgian lain (Belgisch Staatsblad 22.12.2003, s. 60075; jäljempänä 19.12.2003 annettu laki) ja etenkin sen 3 §:n, 5 §:n 1 ja 2 momentin sekä 7 §:n kumoamiseksi. Asiaa koskevat oikeussäännöt Puitepäätöksen johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”Unionille asetettu tavoite tulla vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaksi alueeksi johtaa EU:n jäsenvaltioiden välisen, rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen poistamiseen ja sen korvaamiseen oikeusviranomaisten välisillä luovuttamisjärjestelyillä. Lisäksi uusien ja yksinkertaisempien järjestelyjen käyttöönotto rikoksesta tuomittujen tai epäiltyjen henkilöiden luovuttamiseksi tuomioiden täytäntöönpanoa ja syytteeseen asettamista varten rikosasioissa tekee mahdolliseksi poistaa nykyiset monimutkaiset ja aikaa vievät luovuttamismenettelyt. Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvalla alueella on aiheellista korvata jäsenvaltioiden tähänastiset perinteiset yhteistyösuhteet rikosoikeudellisten päätösten, sekä ennen tuomiota annettujen että lopullisten, vapaan liikkuvuuden järjestelmällä.” Puitepäätöksen johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”Tässä puitepäätöksessä säädetty eurooppalainen pidätysmääräys on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen, jota Eurooppa-neuvosto on luonnehtinut unionin oikeudellisen yhteistyön kulmakiveksi, ensimmäinen konkreettinen sovellus rikoslainsäädännön alalla.” Puitepäätöksen johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”Koska tavoitteena olevaa, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 13 päivänä joulukuuta 1957 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen perustuvan monenvälisen luovuttamisjärjestelmän korvaamista ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden yksipuolisin toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, neuvosto voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetun ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.” Puitepäätöksen johdanto-osan 11 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”Eurooppalaisen pidätysmääräyksen on korvattava jäsenvaltioiden välillä kaikki aiemmat rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat oikeudelliset välineet, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen III osaston asiaa koskevat määräykset mukaan luettuina.” Puitepäätöksen, joka on annettu EU 31 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä EU 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella, 1 artiklassa säädetään seuraavaa: ”1. Eurooppalaisella pidätysmääräyksellä tarkoitetaan oikeudellista päätöstä, jonka jäsenvaltio on antanut etsityn henkilön kiinni ottamiseksi ja luovuttamiseksi toisen jäsenvaltion toimesta syytetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemista varten. 2. Jäsenvaltiot panevat eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja tämän puitepäätöksen määräysten mukaisesti. 3. Tämä puitepäätös ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa taattuja perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita.” Puitepäätöksen 2 artiklassa säädetään seuraavaa: ”1.      Eurooppalainen pidätysmääräys voidaan antaa sellaisista teoista, joista määräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään 12 kuukautta, tai jos rangaistustuomio tai turvaamistoimenpidettä koskeva päätös on annettu, sellaisista seuraamuksista, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta. 2.      Seuraavista rikoksista, sellaisina kuin ne määritellään pidätysmääräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännössä, jos niistä pidätysmääräyksen antavassa jäsenvaltiossa voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta, luovutetaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella tämän puitepäätöksen edellytysten mukaisesti ja teon kaksoisrangaistavuutta tutkimatta: –        rikollisjärjestöön osallistuminen, –        terrorismi, –        ihmiskauppa, –        lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia, –        huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa, –        aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa, –        lahjonta, –        petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisön taloudellisiin etuihin kohdistuva petos, –        rahanpesu, –        rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen, –        tietoverkkorikollisuus, –        ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja kasvilajikkeiden laiton kauppa, –        laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen, –        tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen, –        ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa, –        ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen, –        rasismi ja muukalaisviha, –        järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö, –        kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden laiton kauppa, –        petollinen menettely, –        ryöstöntapainen kiristys ja kiristys, –        tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen, –        hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä, –        maksuvälineväärennykset, –        hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa, –        ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa, –        varastettujen ajoneuvojen kauppa, –        raiskaus, –        murhapoltto, –        kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset, –        ilma-aluksen tai aluksen kaappaus, –        tuhotyö. 3.      Neuvosto voi yksimielisesti ja kuultuaan Euroopan parlamenttia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti päättää milloin vain lisätä muita rikoslajeja tämän artiklan 2 kohdassa olevaan luetteloon. Neuvosto tarkastelee komission sille 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti antaman kertomuksen perusteella, onko tätä luetteloa aiheellista laajentaa tai muuttaa. 4.      Muiden kuin 2 kohtaan sisältyvien rikosten osalta luovuttamisen edellytykseksi voidaan asettaa se, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteena olevat teot ovat täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön mukaan rikoksia niiden rikostunnusmerkistöstä tai luokittelusta riippumatta.” Puitepäätöksen 31 artiklassa säädetään seuraavaa: ”1.      Tämän puitepäätöksen määräyksillä korvataan 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien seuraavien yleissopimusten vastaavat määräykset jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, sanotun vaikuttamatta niiden soveltamiseen jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välisissä suhteissa: a)      rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 13 päivänä joulukuuta 1957 tehty eurooppalainen yleissopimus, sen 15 päivänä lokakuuta 1975 tehty lisäpöytäkirja sekä sen 17 päivänä maaliskuuta 1978 tehty toinen lisäpöytäkirja ja terrorismin vastustamisesta 27 päivänä tammikuuta 1977 tehty eurooppalainen yleissopimus rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen osalta; b)      Euroopan yhteisöjen kahdentoista jäsenvaltion välillä luovuttamispyyntöjen lähettämismenetelmien yksinkertaistamisesta ja nykyaikaistamisesta 26 päivänä toukokuuta 1989 tehty sopimus; c)      yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa 10 päivänä maaliskuuta 1995 tehty yleissopimus; d)      rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 27 päivänä syyskuuta 1996 tehty yleissopimus; sekä e)      tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen III osasto, 4 luku. 2.      Jäsenvaltiot voivat jatkaa tämän puitepäätöksen tekohetkellä voimassa olevien kahdenvälisten tai monenkeskisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista sikäli kuin niiden avulla voidaan syventää tai laajentaa puitepäätöksen tavoitteita ja sikäli kuin ne entisestään yksinkertaistavat tai muuten helpottavat niiden etsittyjen henkilöiden luovuttamista koskevia menettelyjä, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Jäsenvaltiot voivat tämän puitepäätöksen voimaantulon jälkeen tehdä kahdenvälisiä tai monenkeskisiä sopimuksia tai järjestelyjä sikäli kuin niiden avulla voidaan syventää tai laajentaa puitepäätöksen sisältöä ja sikäli kuin ne entisestään yksinkertaistavat tai muuten helpottavat etsittyjen henkilöiden, joista on annettu eurooppalainen pidätysmääräys, luovuttamista koskevia menettelyjä vahvistamalla erityisesti 17 artiklassa määrättyjä määräaikoja lyhyempiä määräaikoja, laajentamalla 2 artiklan 2 kohdassa mainittujen rikosten luetteloa, rajoittamalla entisestään 3 ja 4 artiklassa mainittuja kieltäytymisperusteita tai alentamalla 2 artiklan 1 tai 2 kohdassa määrättyjä rangaistuskynnyksiä. Toisessa alakohdassa tarkoitetut sopimukset tai järjestelyt eivät missään tapauksessa voi vaikuttaa suhteisiin niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät ole niiden osapuolia. Jäsenvaltiot ilmoittavat neuvostolle ja komissiolle kolmen kuukauden kuluessa tämän puitepäätöksen voimaantulosta niistä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista voimassaolevista sopimuksista tai järjestelyistä, joiden soveltamista ne haluavat jatkaa. Jäsenvaltiot ilmoittavat myös neuvostolle ja komissiolle kaikista toisessa alakohdassa säädetyistä uusista sopimuksista tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa niiden allekirjoittamisesta. 3.      Silloin kun 1 kohdassa tarkoitettuja yleissopimuksia tai sopimuksia sovelletaan sellaisiin jäsenvaltioiden alueisiin tai sellaisiin alueisiin, joiden ulkosuhteista jäsenvaltio on vastuussa ja joihin tätä puitepäätöstä ei sovelleta, olemassa olevat suhteet kyseisten alueiden ja muiden jäsenvaltioiden välillä perustuvat edelleen kyseisiin välineisiin.” Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset Ennakkoratkaisupäätöksestä ilmenee, että Advocaten voor de Wereld on nostanut 21.6.2004 päivätyllä kannekirjelmällä Arbitragehofissa kanteen, jolla vaaditaan kumoamaan kokonaan tai osittain 19.12.2003 annettu laki, jolla puitepäätöksen säännökset saatetaan osaksi Belgian sisäistä oikeutta. Advocaten voor de Wereld väittää kanteensa tueksi muun muassa, että puitepäätös on pätemätön sillä perusteella, että eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat säännökset olisi pitänyt antaa yleissopimuksella eikä puitepäätöksellä, koska EU 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella puitepäätöksiä voidaan tehdä ainoastaan ”jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä”, mistä esillä olevassa tapauksessa ei ole kyse. Advocaten voor de Wereld väittää lisäksi, että 19.12.2003 annetun lain 5 §:n 2 momentilla, jolla puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohta saatetaan osaksi Belgian sisäistä oikeutta, loukataan yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevaa periaatetta, koska eurooppalaista pidätysmääräystä täytäntöönpantaessa viimeksi mainitussa säännöksessä mainittujen rangaistavien tekojen osalta poiketaan ilman objektiivista ja järkevää syytä kaksoisrangaistavuutta koskevasta vaatimuksesta, vaikka kyseinen vaatimus on pidetty voimassa muiden rikosten osalta. Advocaten voor de Wereld väittää samoin, ettei 19.12.2003 annettu laki täytä myöskään rikosasioissa sovellettavan laillisuusperiaatteen edellytyksiä, koska siinä ei luetella rikoksia, joiden normatiivinen sisältö on riittävän selvä ja täsmällinen, vaan pelkästään väljästi määriteltyjä ei-toivotun käyttäytymisen ryhmiä. Lainkäyttöviranomaisella, jonka on päätettävä eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta, ei ole riittäviä tietoja, jotta se voisi tosiasiallisesti valvoa sitä, että rikokset, joista etsintäkuulutettua henkilöä syytetään tai joista hänelle on määrätty rangaistus, kuuluvat jonkin kyseisen lain 5 §:n 2 momentissa mainitun ryhmän soveltamisalaan. Se, ettei kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja rikoksia ole määritelty selvästi ja täsmällisesti, johtaa siihen, että ne eri viranomaiset, joiden tehtävänä on panna eurooppalainen pidätysmääräys täytäntöön, soveltavat mainittua lakia eri tavoin, ja sillä loukataan tästä syystä myös yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevaa periaatetta. Arbitragehof huomauttaa, että 19.12.2003 annettu laki on välitön seuraus neuvoston päätöksestä antaa eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat säännökset puitepäätöksellä. Advocaten voor de Wereldin mainittua lakia vastaan esittämät väitteet koskevat samassa laajuudessa myös puitepäätöstä. Eri tuomioistuininstanssien välisillä tulkintaeroilla, jotka koskevat yhteisön toimien pätevyyttä ja sen lainsäädännön pätevyyttä, jolla kyseiset toimet pannaan täytäntöön kansallisessa oikeudessa, vaarannetaan yhteisön oikeusjärjestyksen yhtenäisyys ja loukataan oikeusvarmuuden yleistä periaatetta. Arbitragehof toteaa lisäksi, että EU 35 artiklan 1 kohdan perusteella ainoastaan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisuja puitepäätösten pätevyydestä ja että Belgian kuningaskunta on saman artiklan 2 kohdan perusteella hyväksynyt yhteisöjen tuomioistuimen tätä alaa koskevan toimivallan. Tämän perusteella Arbitragehof on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1)      Onko – – puitepäätös – – yhteensopiva [EU] 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa, jonka mukaan puitepäätöksiä voidaan tehdä ainoastaan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä? 2)      Onko – – puitepäätöksen – – 2 artiklan 2 kohta, niiltä osin kuin se merkitsee, ettei kaksoisrangaistavuuden tutkimista koskevaa vaatimusta sovelleta siinä lueteltujen rikosten osalta, yhteensopiva [EU] 6 artiklan 2 kohdan ja erityisesti kyseisessä määräyksessä taatun rikosasioissa sovellettavan laillisuusperiaatteen sekä yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevan periaatteen kanssa?” Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Ensimmäinen kysymys Tutkittavaksi ottaminen Tšekin hallitus väittää, ettei ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä voida ottaa tutkittavaksi sillä perusteella, että sillä velvoitetaan yhteisöjen tuomioistuin tarkastelemaan EU 34 artiklan 2 kohdan b alakohtaa, joka on sellainen primaarioikeuden määräys, joka ei kuulu sen valvontavallan piiriin. Tämä väite ei ole perusteltu. EU 35 artiklan 1 kohdan perusteella yhteisöjen tuomioistuimella on näet toimivalta kyseisessä artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti antaa ennakkoratkaisuja muun muassa puitepäätösten tulkinnasta ja pätevyydestä, mikä merkitsee välttämättä sitä, että se voi joutua tulkitsemaan EU 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan kaltaisia primaarioikeuden määräyksiä – vaikka nimenomaista toimivaltaa tätä varten ei ole – silloin kun, kuten pääasiassa, yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään arvioimaan, onko puitepäätös tehty perustellusti tämän viimeksi mainitun määräyksen perusteella. Tšekin hallituksen mukaan ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä ei voida ottaa tutkittavaksi myöskään sen vuoksi, että ne asian kannalta merkitykselliset perustelut, jotka oikeuttaisivat toteamaan puitepäätöksen pätemättömäksi, eivät ilmene selvästi ennakkoratkaisupyynnöstä. Kyseisen hallituksen on näin ollen ollut mahdotonta esittää asianmukaisesti huomautuksia tämän kysymyksen osalta. Erityisesti siltä osin kuin Advocaten voor de Wereld väittää, että puitepäätös ei ole johtanut jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämiseen, sen olisi Tšekin hallituksen mielestä pitänyt esittää tätä väitettä tukevia seikkoja ja Arbitragehofin olisi pitänyt viitata näihin seikkoihin ennakkoratkaisupyynnössä. On huomautettava, että ennakkoratkaisupyynnöissä annetut tiedot eivät ole tarpeen ainoastaan sen vuoksi, että yhteisöjen tuomioistuin voi antaa hyödyllisiä vastauksia, vaan myös siksi, että jäsenvaltioiden hallituksilla ja muilla osapuolilla, joita asia koskee, on mahdollisuus esittää huomautuksia yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan mukaisesti (ks. mm. asia C‑422/98, Colonia Versicherung ym., määräys 2.3.1999, Kok. 1999, s. I‑1279, 5 kohta). Pääasiassa ennakkoratkaisupyyntö sisältää näiden vaatimusten täyttymisen kannalta riittävät tiedot. Kuten tämän tuomion 11 kohdassa huomautetaan, ennakkoratkaisupyynnöstä näet ilmenee, että Advocaten voor de Wereld puolustaa näkemystä, jonka mukaan eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat kysymykset olisi pitänyt toteuttaa yleissopimuksella eikä puitepäätöksellä, koska EU 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella puitepäätöksiä voidaan tehdä ainoastaan ”jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä”, mistä tässä tapauksessa ei ole kyse. Tällaiset tiedot ovat riittävät, jotta yhteisöjen tuomioistuin voi antaa hyödyllisen vastauksen, ja tämän lisäksi myös, jotta voidaan suojata kyseisillä asianosaisilla, jäsenvaltioilla, neuvostolla ja komissiolla yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan perusteella olevaa mahdollisuutta esittää huomautuksia, mistä ovat lisäksi osoituksena kaikkien vireillä olevaan menettelyyn osallistuneiden osapuolten esittämät huomautukset, mukaan lukien Tšekin hallituksen esittämät huomautukset. Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys voidaan siis ottaa tutkittavaksi. Asiakysymys Advocaten voor de Wereld väittää toisin kuin kaikki muut tämän menettelyn yhteydessä huomautuksia esittäneet osapuolet, että eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat kysymykset olisi pitänyt säännellä EY 34 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti yleissopimuksella. Yhtäältä näet puitepäätöstä ei olisi voitu pätevästi tehdä lainsäädäntöjen lähentämiseksi EU 34 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, koska neuvostolla on toimivalta tehdä puitepäätöksiä rikosasioita koskevien säännösten asteittaiseksi lähentämiseksi ainoastaan EU 29 artiklan toisen kohdan kolmannessa luetelmakohdassa ja EU 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Neuvoston on turvauduttava oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa muiden yhteisten toimintojen osalta yleissopimuksiin EU 34 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti. Toisaalta puitepäätöksen 31 artiklan perusteella puitepäätöksellä korvataan 1.1.2004 alkaen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevat yleissopimusten määräykset jäsenvaltioiden välisissä suhteissa. Voimassa olevista yleissopimuksista voidaan kuitenkin poiketa pätevästi vain samanluonteisella asiakirjalla eli EU 34 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla yleissopimuksella. Tämä väite ei voi menestyä. Kuten erityisesti puitepäätöksen 1 artiklan 1 ja 2 kohdasta ja sen johdanto-osan 5–7 ja 11 perustelukappaleesta ilmenee, puitepäätöksen tavoitteena on korvata monenvälinen luovuttamisjärjestelmä jäsenvaltioiden välillä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen perustuvalla oikeusviranomaisten välisellä rikoksesta tuomittujen tai epäiltyjen henkilöiden luovuttamisjärjestelyllä tuomioiden täytäntöönpanoa tai syytteeseen asettamista varten. Eri jäsenvaltioissa asianomaisen pidätysmääräyksen antaneen valtion oikeuden mukaisesti annettujen pidätysmääräysten vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämistä ja erityisesti kansallisten viranomaisten välisen luovuttamisen edellytyksiä, siihen liittyviä menettelyjä ja sen vaikutuksia koskevien sääntöjen lähentämistä. Tämä on nimenomaan puitepäätöksen tavoitteena siltä osin kuin on kyse etenkin säännöistä, jotka koskevat lueteltuja rikoksia, joiden osalta ei tutkita teon kaksoirangaistavuutta (2 artiklan 2 kohta), eurooppalaisen pidätysmääräyksen ehdottomia ja harkinnanvaraisia kieltäytymisperusteita (3 ja 4 artikla), eurooppalaisen pidätysmääräyksen sisältöä ja muotoa (8 artikla), tällaisen määräyksen toimittamista ja toimittamistapoja (9 ja 10 artikla), vähimmäistakuita, jotka on myönnettävä etsitylle tai kiinni otetulle henkilölle (11–14 artikla), pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen määräaikoja ja menettelyjä (17 artikla) ja etsityn henkilön luovuttamista koskevia määräaikoja (23 artikla). Puitepäätös perustuu EU 31 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan, joissa määrätään, että oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevalla yhteisellä toiminnalla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan oikeudellista yhteistyötä rikosasioiden käsittelyn ja tuomioiden täytäntöönpanon osalta sekä helpottamaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista jäsenvaltioiden välillä. Toisin kuin Advocaten voor de Wereld väittää, minkään perusteella ei voida päätellä, että jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen tekemällä puitepäätöksiä EU 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella koskisi ainoastaan EU 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainittuja jäsenvaltioiden rikosoikeuden sääntöjä eli viimeksi mainitussa määräyksessä lueteltuja aloja koskevia rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevia sääntöjä. EU 2 artiklan ensimmäisen kohdan neljännen luetelmakohdan mukaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kehittäminen on yksi niistä tavoitteista, joihin unioni pyrkii, ja EU 29 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että jotta kansalaisille voidaan antaa korkeatasoinen suoja tällaisella alueella, jäsenvaltioiden välillä kehitetään yhteistä toimintaa muun muassa oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa. Saman artiklan toisen kohdan toisen luetelmakohdan mukaan tämä tavoite saavutetaan osaltaan ”jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välisellä tiiviimmällä yhteistyöllä [EU] 31 ja [EU] 32 artiklan määräysten mukaisesti – –”. EU 31 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ei kuitenkaan ole mitään viittausta niihin oikeudellisiin keinoihin, joita tähän tarkoitukseen on käytettävä. Lisäksi EU 34 artiklan 2 kohdassa todetaan yleisluonteisesti, että neuvosto ”toteuttaa toimenpiteitä ja edistää – – yhteistyötä unionin tavoitteiden saavuttamiseksi”, ja siinä annetaan neuvostolle ”tätä varten” toimivalta toteuttaa erityyppisiä toimia, jotka on lueteltu mainitun 2 kohdan a–d alakohdassa ja joihin kuuluvat puitepäätökset ja yleissopimukset. Lisäksi EU 34 artiklan 2 kohdassa tai missään muussakaan EU-sopimuksen VI osastoon kuuluvassa määräyksessä ei tehdä eroa niiden toimityyppien välillä, joita voidaan toteuttaa sen alan mukaan, mitä yhteinen toiminta rikosasioissa tehtävässä yhteistyössä koskee. EU 34 artiklan 2 kohdassa ei myöskään vahvisteta tärkeysjärjestystä kyseisessä määräyksessä lueteltujen eri keinojen välillä, joten on mahdollista, että neuvosto saattaa valita useista eri keinoista säännelläkseen samaa asiaa valitun keinon luonteen asettamissa rajoissa. Tämän perusteella EU 34 artiklan 2 kohtaa, siltä osin kuin siinä luetellaan ja määritellään yleisluonteisesti ne erityyppiset oikeudelliset keinot, joita voidaan käyttää EU-sopimuksen VI osastossa esitettyjen ”unionin tavoitteiden saavuttamiseksi”, ei voida tulkita siten, että jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen tekemällä puitepäätös mainitun 2 kohdan b alakohdan nojalla ei voi koskea muita kuin EU 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainittuja aloja ja erityisesti eurooppalaista pidätysmääräystä koskevaa kysymystä. Tulkinta, jonka mukaan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen puitepäätöksiä tekemällä on mahdollista muillakin kuin EU 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, saa vahvistusta saman 1 kohdan c alakohdasta, jossa todetaan, että yhteistä toimintaa on myös ”tällaisen [rikosasioita koskevan oikeudellisen] yhteistyön mahdollisesti edellyttämä, jäsenvaltioissa sovellettavien sääntöjen yhteensopivuuden varmistaminen” tekemättä eroa niiden erityyppisten toimien välillä, joita voidaan käyttää näiden sääntöjen lähentämiseen. Siltä osin kuin EU 34 artiklan 2 kohdan c alakohdassa suljetaan pois se, että neuvosto voisi turvautua päätökseen jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämiseksi ja että saman 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua yhteistä kantaa koskevaa oikeudellista keinoa olisi käytettävä vain unionin suhtautumisen määrittämiseksi tiettyyn erityiseen kysymykseen, tässä tapauksessa tulee siis esiin kysymys siitä, saattoiko neuvosto, toisin kuin Advocaten voor de Wereld väittää, antaa pätevästi eurooppalaista pidättämismääräystä koskevat säännökset puitepäätöksellä sen sijaan, että se olisi turvautunut EU 34 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaiseen yleissopimukseen. Vaikka on totta, että eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä olisi voitu tehdä myös yleissopimus, neuvostolla on kuitenkin harkintavalta antaa etusija puitepäätökselle oikeudellisena keinona silloin, kun, kuten esillä olevassa asiassa, tällaisen toimen toteuttamista koskevat edellytykset ovat täyttyneet. Tätä päätelmää ei voida kumota sillä seikalla, että puitepäätöksen 31 artiklan 1 kohdan mukaan puitepäätöksellä korvataan 1.1.2004 alkaen pelkästään jäsenvaltioiden välisissä suhteissa sellaisten rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevien aikaisempien yleissopimusten vastaavat määräykset, jotka on lueteltu kyseisessä säännöksessä. Muunlaisen tulkinnan, joka ei saa tukea EU 34 artiklan 2 kohdasta eikä mistään muustakaan EU-sopimuksen määräyksestä, johdosta neuvostolle tunnustettu oikeus tehdä puitepäätöksiä aloilla, joita koskevat säännökset on aikaisemmin annettu kansainvälisillä yleissopimuksilla, saattaisi menettää olennaisen osan tehokkaasta vaikutuksestaan. Tästä seuraa, että puitepäätöstä ei ole tehty EU 34 artiklan 2 kohdan b alakohdan vastaisesti. Toinen kysymys Advocaten voor de Wereld väittää, toisin kuin kaikki muut tämän menettelyn yhteydessä huomautuksia jättäneet osapuolet, että puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohta on, siltä osin kuin sillä poistetaan kaksoisrangaistavuuden tutkinta kyseisessä säännöksessä lueteltujen rikosten osalta, ristiriidassa yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevan periaatteen sekä rikosasioita koskevan laillisuusperiaatteen kanssa. Heti alkuun on huomautettava, että EU 6 artiklan perusteella unioni perustuu oikeusvaltion periaatteeseen ja se pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä, Roomassa 4.11.1950 allekirjoitetussa Euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä. Tästä seuraa, että toimielinten – samoin kuin jäsenvaltioiden niiden pannessa täytäntöön unionin lainsäädäntöä – toteuttamien toimien yhteensoveltuvuutta perustamissopimusten ja yleisten oikeusperiaatteiden suhteen valvotaan (ks. mm. asia C-354/04 P, Gestoras Pro Amnistía ym. v. neuvosto, tuomio 27.2.2007, 51 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia C-355/04 P, Segi ym. v. neuvosto, tuomio 27.2.2007, 51 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). On selvää, että näihin periaatteisiin kuuluvat sekä rikoksia ja rangaistuksia koskeva laillisuusperiaate että yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskeva periaate, jotka on myös vahvistettu uudelleen Nizzassa 7.12.2000 julistetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan (EYVL C 364, s. 1) 49, 20 ja 21 artiklassa. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen on tutkittava puitepäätöksen pätevyys mainittujen periaatteiden nojalla. Rikoksia ja rangaistuksia koskeva laillisuusperiaate Advocaten voor de Wereldin mukaan luettelo niistä yli 30 rikoksesta, joiden osalta perinteinen kaksoisrangaistavuutta koskeva edellytys on syrjäytetty silloin, kun niistä voi pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta, on siinä määrin epämääräinen ja väljä, että sillä loukataan tai ainakin sillä voidaan loukata rikosasioissa sovellettavaa laillisuusperiaatetta. Kyseisessä luettelossa mainittuihin rikoksiin ei ole liitetty niiden laillista määritelmää, vaan ne ovat hyvin epämääräisesti määriteltyjä ei-toivottavan käyttäytymisen ryhmiä. Henkilö, joka on menettänyt vapautensa eurooppalaista pidätysmääräystä täytäntöönpantaessa ilman, että teon kaksoisrangaistavuutta olisi tarkasteltu, ei saa hyväkseen takuuta, jonka mukaan rikoslain on täytettävä edellytykset, jotka koskevat tarkkuutta, selkeyttä ja ennustettavuutta ja joiden perusteella kukin voi teon tekemisen ajankohtana tietää, onko kyseinen teko rikos vai ei, toisin kuin on niiden henkilöiden osalta, jotka ovat menettäneet vapautensa eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä riippumatta. On huomautettava, että rikosten ja rangaistusten laillisuutta koskeva periaate (nullum crimen, nulla poena sine lege) kuuluu jäsenvaltioiden yhteisen valtiosääntöperinteen perustana oleviin yleisiin oikeusperiaatteisiin ja että se on vahvistettu myös kansainvälisissä sopimuksissa, erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-74/95 ja C-129/95, X, tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s. I-6609, 25 kohta ja yhdistetyt asiat C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P–C-208/02 P ja C-213/02 P, Dansk Rørindustri ym. v. komissio, tuomio 28.6.2005, Kok. 2005, s. I-5425, 215–219 kohta). Kyseinen periaate edellyttää, että laissa määritellään selvästi rikokset ja niistä määrättävät rangaistukset. Tämä edellytys täyttyy, kun yksityinen oikeussubjekti voi tietää kyseessä olevan säännöksen tai määräyksen sanamuodon ja tarvittaessa tuomioistuinten siitä tekemän tulkinnan perusteella, mitkä toimet tai laiminlyönnit synnyttävät sen rikosoikeudellisen vastuun (ks. etenkin asia Coëme ym. v. Belgia, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 22.6.2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000‑VII, 145 kohta). Puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan kyseisessä säännöksessä luetelluista rikoksista ”sellaisina kuin ne määritellään pidätysmääräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännössä, jos niistä pidätysmääräyksen antavassa jäsenvaltiossa voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta”, luovutetaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella teon kaksoisrangaistavuutta tutkimatta. Tämän johdosta vaikka jäsenvaltiot toistavat sananmukaisesti puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa olevan rikosryhmien luettelon pannessaan puitepäätöstä täytäntöön, näiden rikosten määritelmä itsessään ja sovellettavat rangaistukset perustuvat ”pidätysmääräyksen antavan jäsenvaltion” lainsäädäntöön. Puitepäätöksellä ei ole tarkoitus yhdenmukaistaa kysymyksessä olevia rikoksia niiden tunnusmerkistöjen tai niistä määrättävien rangaistusten osalta. Näin ollen vaikka puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan kaksoisrangaistavuutta ei tutkita kyseisessä määräyksessä mainittujen rikosryhmien osalta, rikosten ja sovellettavien rangaistusten määritelmä kuuluu edelleen pidätysmääräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännön toimivaltaan ja kyseisen jäsenvaltion on, kuten tämän saman puitepäätöksen 1 artiklan 3 kohdassa lisäksi todetaan, kunnioitettava perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita, sellaisina kuin ne vahvistettu EU 6 artiklassa, ja tämän johdosta rikosten ja rangaistusten laillisuutta koskevaa periaatetta. Tästä seuraa, että puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohta ei ole, siltä osin kuin kaksoisrangaistavuutta ei sen mukaan tutkita kyseisessä säännöksessä mainittujen rikosten osalta, pätemätön rikosten ja rangaistusten laillisuutta koskevan periaatteen loukkaamisen vuoksi. Yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskeva periaate Advocaten voor de Wereldin mukaan puitepäätöksellä loukataan yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevaa periaatetta siltä osin kuin muiden kuin puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rikosten osalta luovuttamisesta voidaan määrätä sillä edellytyksellä, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteena olevat teot ovat täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön mukaan rikoksia. Tämä erottelu ei ole objektiivisesti perusteltu. Kaksoisrangaistavuuden tutkinnan poistaminen on sitäkin kyseenalaisempaa, koska puitepäätöksessä ei ole mitään yksityiskohtaista määritelmää niistä teoista, joiden osalta luovuttamista pyydetään. Puitepäätöksen järjestelmä johtaa yksityisten oikeussubjektien perusteettomaan erilaiseen kohteluun sen mukaan, ovatko rangaistavat teot tapahtuneet täytäntöönpanojäsenvaltiossa vai kyseisen valtion ulkopuolella. Näitä samoja oikeussubjekteja kohdellaan siten eri tavalla heidän vapaudenmenetyksensä osalta ilman, että tämä olisi perusteltua. On huomautettava, että yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskeva periaate edellyttää, että toisiinsa rinnastettavia tapauksia ei kohdella eri tavalla eikä erilaisia tilanteita kohdella samalla tavalla, ellei tällaista kohtelua voida objektiivisesti perustella (ks. mm. asia C-248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, tuomio 26.10.2006, Kok. 2006, 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Siltä osin kuin yhtäältä on kyse puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa lueteltujen 32 rikosryhmän valitsemisesta, on todettava, että neuvosto on voinut vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja jäsenvaltioiden välisen suuren luottamuksen ja yhteisvastuun huomioon ottaen katsoa, että asianomaiset rikosryhmät kuuluvat joko itse niiden luonteen vuoksi tai niistä seuraavan vähintään kolmen vuoden enimmäisrangaistuksen vuoksi sellaisiin rikoksiin, joista aiheutuva vahinko yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle on niin vakava, että on perusteltua olla edellyttämättä kaksoisrangaistavuuden tutkimista. Näin ollen vaikka oletetaan, että niiden henkilöiden tilannetta, joiden epäillään syyllistyneen puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohdassa olevassa luettelossa mainittuihin rikoksiin tai jotka on tuomittu tällaisista rikoksista, voidaan verrata niiden henkilöiden tilanteeseen, joiden epäillään syyllistyneen muihin kuin kyseisessä säännöksessä lueteltuihin rikoksiin tai jotka on tuomittu tällaisista rikoksista, eron tekeminen on kuitenkin objektiivisesti perusteltua. Siltä osin kuin toisaalta on kyse siitä, että kysymyksessä olevien rikosryhmien määritelmän epätarkkuus voi johtaa puitepäätöksen erisuuntaiseen täytäntöönpanoon eri kansallisissa oikeusjärjestyksissä, riittää, kun todetaan, että puitepäätöksen tavoitteena ei ole yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden aineellista rikosoikeutta ja että missään EU-sopimuksen VI osaston määräyksessä, joista 34 ja 31 artikla on valittu tämän puitepäätöksen oikeudelliseksi perustaksi, ei aseteta eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltamisen edellytykseksi jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöjen yhdenmukaistamista asianomaisten rikosten alalla (ks. vastaavasti mm. yhdistetyt asiat C-187/01 ja C-385/01, Gözütok ja Brügge, tuomio 11.2.2003, Kok. 2003, s. I-1345, 32 kohta ja asia C-467/04, Gasparini ym., tuomio 28.9.2006, 29 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tästä seuraa, että puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohta ei ole, siltä osin kuin kaksoisrangaistavuutta ei sen mukaan tutkita kyseisessä säännöksessä mainittujen rikosten osalta, pätemätön EU 6 artiklan 2 kohdan rikkomisen vuoksi eikä erityisesti rikoksia ja rangaistuksia koskevan laillisuusperiaatteen sekä yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevan periaatteen loukkaamisen vuoksi. Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetyt seikat, on vastattava, ettei esitettyjen kysymysten tutkinnassa ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat puitepäätöksen pätevyyteen. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: Esitettyjen kysymysten tutkinnassa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS pätevyyteen. Allekirjoitukset * Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

62005CJ0321

en

1       This reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Articles 2(d), 8 and 11 of Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States (OJ 1990 L 225, p. 1). 2       The reference was made in the context of proceedings between Mr Kofoed and the Skatteministeriet (Danish Ministry of Fiscal Affairs) concerning the charging of income tax on an exchange of shares. Legal framework Community legislation 3       According to the first recital in the preamble to Directive 90/434, the purpose of the directive is to ensure that restructuring operations of companies of different Member States, such as mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares, are not hampered by restrictions, disadvantages or distortions arising in particular from the tax provisions of the Member States. 4       To that end, Directive 90/434 establishes a scheme under which those operations are not themselves taxable. Any capital gains arising from those operations may, in principle, be taxed, but only at the time at which they actually take place. 5       Article 2(d) of Directive 90/434 defines ‘exchange of shares’ as ‘an operation whereby a company acquires a holding in the capital of another company such that it obtains a majority of the voting rights in that company in exchange for the issue to the shareholders of the latter company, in exchange for their securities, of securities representing the capital of the former company, and, if applicable, a cash payment not exceeding 10% of the nominal value or, in the absence of a nominal value, of the accounting par value of the securities issued in exchange’. 6       According to Article 2(g) and (h) of Directive 90/434, ‘acquired company’ means ‘the company in which a holding is acquired by another company by means of an exchange of securities’ and ‘acquiring company’ means ‘the company which acquires a holding by means of an exchange of securities’. 7       Article 8(1) and (4) of that directive reads as follows: ‘1.      On a merger, division or exchange of shares, the allotment of securities representing the capital of the receiving or acquiring company to a shareholder of the transferring or acquired company in exchange for securities representing the capital of the latter company shall not, of itself, give rise to any taxation of the income, profits or capital gains of that shareholder. … 4.      Paragraphs 1, 2 and 3 shall not prevent a Member State from taking into account when taxing shareholders any cash payment that may be made on the merger, division or exchange.’ 8       Article 11(1)(a) of Directive 90/434 provides that a Member State may refuse to apply or withdraw the benefit of all or any part of the provisions of Titles II, III and IV of the directive where it appears that the exchange of shares has tax evasion or tax avoidance as its principal objective or as one of its principal objectives. National legislation 9       Under Danish law, the tax treatment of exchanges of shares is governed by the Aktieavancebeskatningslov (Law on the taxation of capital gains upon disposal of shares) of 15 September 1993 ( Lovtidende 1993, p. 4171; ‘the Aktieavancebeskatningslov’) and the Fusionsskattelov (Law on the tax treatment of mergers) of 27 August 1992 ( Lovtidende 1992, p. 3374; ‘Fusionsskattelov’). 10     Paragraph 13 of the Aktieavancebeskatningslov provides: ‘1.      In the case of exchange of shares, where both the acquiring and the acquired company are included in the definition of a “company from a Member State” set out in Article 3 of Directive 90/434/EEC, shareholders in the acquired company shall have the right to be taxed under Paragraphs 9 and 11 of the Fusionsskattelov. In this connection the date of the exchange of shares shall be regarded as the date of merger. It shall be a precondition that the exchange of shares be effected within a period of no more than six months from the first day of the exchange. 2.      “Exchange of shares” (within the meaning of subparagraph 1) shall mean an operation whereby a company acquires a holding in the capital of another company such that it obtains a majority of the voting rights in that company in exchange for the issue to the shareholders of the latter company, in exchange for their securities, of securities representing the capital of the former company, and, if applicable, a cash payment not exceeding 10% of the nominal value or, in the absence of a nominal value, of the accounting par value of the securities issued in exchange. …’ 11     Paragraph 9 of the Fusionsskattelov, referred to in Paragraph 13(1) of the Aktieavancebeskatningslov, is worded as follows: ‘1.      Where in respect of shares in the [acquired company] consideration provided is other than by way of shares in the acquiring company, the shareholder shall be deemed to have effected a third-party sale of the shares in the [acquired company]. … …’ 12     Paragraph 11 of the Fusionsskattelov provides: ‘1.      In determining general or special taxable income, shares of the [acquiring company] acquired by its shareholders as consideration for the [acquired company] shall be treated as if they had been acquired on the same date and at the same price as the shares for which they were exchanged. … …’ 13     It is common ground that, at the time of the facts material to the main proceedings, there were no specific provisions in Danish law transposing Article 11 of Directive 90/434. The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling 14     Mr Kofoed and Mr Toft each held 50% of the total share capital of Cosmopolit Holding ApS (‘Cosmopolit’), a limited liability company incorporated under Danish law having share capital of DKK 240 000. 15     On 26 October 1993, they each acquired one share for the price of IEP 1 in Dooralong Ltd (‘Dooralong’), a limited liability company incorporated under Irish law, those two shares constituting the share capital of Dooralong. 16     Dooralong subsequently increased its share capital by issuing 21 000 new shares for the price of IEP 1. 17     On 29 October 1993, Mr Kofoed and Mr Toft exchanged all the shares they held in Cosmopolit for all the new shares in Dooralong. As a result of that exchange, they thus each held 10 501 shares in Dooralong. The latter held the total share capital of Cosmopolit. 18     On 1 November 1993, Dooralong collected a dividend of IEP 2 742 616 (approximately DKK 26 000 000), paid by its newly acquired subsidiary Cosmopolit, the shareholders’ equity of which was thereby reduced to DKK 1 709 806. 19     On 3 November 1993, Dooralong’s general meeting decided to distribute a dividend of IEP 2 742 116 to its two shareholders, Mr Kofoed and Mr Toft. 20     For the purposes of his income tax relating to the year 1993, Mr Kofoed stated in his income declaration that the exchange of shares in Cosmopolit in return for new shares in Dooralong should be exempt from tax. The Danish tax authorities did not accept that statement, taking the view that the dividend distribution had to be regarded as forming part of the exchange of shares, with the result that the maximum threshold of 10% of the nominal value of the securities issued in exchange, provided for by Directive 90/434 for a possible cash payment, had been exceeded. In the authorities’ view, that exchange of shares could accordingly not be exempt under that directive. 21     Mr Kofoed thereupon challenged before the Landsskatteret (National Tax Court) the decision of the tax authorities to the effect that the exchange of shares in question could not be exempted under Directive 90/434. When that decision was upheld, Mr Kofoed brought an action before the Østre Landsret (Eastern Regional Court). 22     In those circumstances, the Østre Landsret decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘Is Article 2(d) of Directive 90/434/EEC … to be interpreted as meaning that there is no “exchange of shares” within the meaning of that directive where the persons involved in the exchange of shares, at the same time as agreeing to exchange the shares in a non-legally binding manner, declare it to be their common intention to vote, at the first general meeting of the acquiring company after the exchange, in favour of distributing a profit in excess of 10% of the nominal value of the security transferred by way of the exchange of shares and such a profit is in fact distributed?’ The question referred for a preliminary ruling 23     By its question, the national court asks, essentially, whether, in circumstances such as those in the main proceedings, Article 8(1) of Directive 90/434 precludes taxation of an exchange of shares such as the one in question. In that context, the national court asks, first, whether such an exchange of shares constitutes an ‘exchange of shares’ within the meaning of Article 2(d) of that directive and, more specifically, whether or not a dividend such as the one paid must be included in the calculation of the cash payment provided for in that article. Second, the national court asks, essentially, whether the tax authorities may react to a possible abuse of rights, even though the national legislature has not enacted specific measures to transpose Article 11 of Directive 90/434. The classification as an ‘exchange of shares’ within the meaning of Directive 90/434 24     The Court notes, as a preliminary point, that Article 8(1) of Directive 90/434 provides that an allotment of securities accruing from an exchange of shares to shareholders of the acquired company may not be taxed. 25     According to the definition contained in Article 2(d) of that directive, an ‘exchange of shares’ is an ‘operation whereby a company acquires a holding in the capital of another company such that it obtains a majority of the voting rights in that company in exchange for the issue to the shareholders of the latter company, in exchange for their securities, of securities representing the capital of the former company, and, if applicable, a cash payment not exceeding 10% of the nominal value or, in the absence of a nominal value, of the accounting par value of the securities issued in exchange’. 26     In the main proceedings, it is common ground that the exchange of shares in question was, in principle, effected in the context of an acquisition within the terms of that provision. 27     The parties disagree, however, on whether or not the dividend paid by Dooralong to Mr Kofoed and Mr Toft shortly after that exchange of shares should be regarded as forming part of that acquisition. If so, the 10% threshold provided for by Article 2(d) of Directive 90/434 for a cash payment has been exceeded and that exchange of shares must be taxed. 28     The Court finds in this regard, as noted by the Advocate General in points 44 to 47 and points 52 and 53 of her Opinion, that the concept of ‘cash payment’ within the meaning of Article 2(d) of Directive 90/434 covers monetary payments having the characteristics of genuine consideration for the acquisition, namely payments agreed upon in a binding manner in addition to the allotment of securities representing the share capital of the acquiring company, irrespective of any reasons underlying the acquisition. 29     Both the scheme and the logic of Directive 90/434 tend to support the position that the cash payment and the acquisition are part of the same transaction. The payment is part and parcel of the consideration paid by the acquiring company to the shareholders of the acquired company with a view to obtaining a majority holding in the latter. 30     Likewise, the Court has previously had the opportunity to state that it is clear from Article 2(d) and from the general scheme of Directive 90/434 that the common tax rules which it lays down, which cover different tax advantages, apply without distinction to all mergers, divisions, transfers of assets or exchanges of shares irrespective of the reasons, whether financial, economic or simply fiscal, for those operations (see Case C‑28/95 Leur-Bloem [1997] ECR I-4161, paragraph 36). 31     Consequently, a monetary payment made by an acquiring company to the shareholders of the acquired company cannot be classified as a ‘cash payment’ for the purposes of Article 2(d) of Directive 90/434 merely because of a certain temporal or other type of link to the acquisition, or possible fraudulent intent. On the contrary, it is necessary to ascertain in each case, having regard to the circumstances as a whole, whether the payment in question has the characteristics of binding consideration for the acquisition. 32     That interpretation is supported by the purpose behind Directive 90/434, which is to eliminate fiscal barriers to cross-border restructuring of undertakings, by ensuring that any increases in the value of shares are not taxed before they are actually realised and by preventing operations involving high levels of capital gains realised on exchanges of shares from being exempt from income tax simply because they are part of a restructuring operation. 33     The Court finds that, in the main proceedings, there is nothing in the case-file demonstrating that the dividend in question formed an integral part of the necessary consideration to be paid by Dooralong for the acquisition of Cosmopolit, which is the necessary condition for it to qualify as a ‘cash payment’ within the terms of Article 2(d) of Directive 90/434. On the contrary, according to the national court, it is common ground that at no time was there any agreement between Mr Kofoed and Mr Toft, on the one hand, and Dooralong, on the other, by which the latter was bound to distribute that dividend. 34     In those circumstances, the dividend in question in the main proceedings cannot be included in the calculation of the ‘cash payment’ provided for in Article 2(d) of Directive 90/434. 35     Consequently, the exchange of shares in question is covered by Article 8(1) of Directive 90/434, which implies that it cannot, in principle, be subject to tax. 36     However, since the national court and the Danish Government state several times that the exchange of shares in issue in the main proceedings was not carried out for any commercial reason whatsoever but solely for the purpose of achieving tax savings, it is still appropriate to consider the application of Article 8(1) in the event of possible abuse of rights. Whether a possible abuse of rights may be taken into account 37     Under Article 11(1)(a) of Directive 90/434, by way of exception and in specific cases, Member States may refuse to apply or withdraw the benefit of all or any part of the provisions of that directive, inter alia, where the exchange of shares has tax evasion or tax avoidance as its principal objective or as one of its principal objectives. That same provision also provides that the fact that the operation is not carried out for valid commercial reasons, such as the restructuring or rationalisation of the activities of the companies participating in the operation, may constitute a presumption that the operation has such an objective (see, to that effect, Leur-Bloem , paragraphs 38 and 39). 38     Thus, Article 11(1)(a) of Directive 90/434 reflects the general Community law principle that abuse of rights is prohibited. Individuals must not improperly or fraudulently take advantage of provisions of Community law. The application of Community legislation cannot be extended to cover abusive practices, that is to say, transactions carried out not in the context of normal commercial operations, but solely for the purpose of wrongfully obtaining advantages provided for by Community law (see, to that effect, Case C‑212/97 Centros [1999] ECR I-1459, paragraph 24; Case C‑255/02 Halifax and Others [2006] ECR I-1609, paragraphs 68 and 69; Case C‑456/04 Agip Petroli [2006] ECR I-3395, paragraphs 19 and 20; and Case C‑196/04 Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas [2006] ECR I-7995, paragraph 35). 39     As indicated by the Advocate General in point 59 of her Opinion, it is true that, in the main proceedings, there is some evidence which might justify application of Article 11(1)(a) of Directive 90/434. 40     However, it is necessary, as a preliminary issue, to determine whether, in the absence of a specific transposition provision transposing Article 11(1)(a) of Directive 90/434 into Danish law, that provision may nevertheless apply in the case in the main proceedings. 41     In that regard, it should be borne in mind that, according to Articles 10 EC and 249 EC, each of the Member States to which a directive is addressed is obliged to adopt, within the framework of its national legal system, all the measures necessary to ensure that the directive is fully effective, in accordance with the objective that it pursues (see, inter alia, the judgment of 10 March 2005 in Case C‑531/03 Commission v Germany , not published in the ECR, paragraph 16, and Case C‑456/03 Commission v Italy [2005] ECR I-5335, paragraph 50). 42     Moreover, the principle of legal certainty precludes directives from being able by themselves to create obligations for individuals. Directives cannot therefore be relied upon per se by the Member State as against individuals (see, inter alia, Case 14/86 Pretore di Salò [1987] ECR 2545, paragraphs 19 and 20; Case 80/86 Kolpinghuis Nijmegen [1987] ECR 3969, paragraphs 9 and 13; Case C‑168/95 Arcaro [1996] ECR I‑4705, paragraphs 36 and 37; and Joined Cases C‑387/02, C‑391/02 and C‑403/02 Berlusconi and Others [2005] ECR I‑3565, paragraphs 73 and 74). 43     However, the Court observes, first, that, according to the actual wording of the third paragraph of Article 249 EC, Member States may choose the form and methods for implementing directives which best ensure the result to be achieved by those directives (see, to that effect, Commission v Italy , paragraph 51). 44     Accordingly, provided that the legal situation arising from the national transposition measures is sufficiently precise and clear and that the persons concerned are put in a position to know the full extent of their rights and obligations, transposition of a directive into national law does not necessarily require legislative action in each Member State. Likewise, as noted by the Advocate General in point 62 of her Opinion, the transposition of a directive may, depending on its content, be achieved through a general legal context, so that a formal and express re-enactment of the provisions of the directive in specific national provisions is not necessary (see Commission v Italy , paragraph 51, and Case C‑428/04 Commission v Austria [2006] ECR I‑3325, paragraph 99). 45     The Court notes, second, that all authorities of a Member State, in applying national law, are required to interpret it as far as possible in the light of the wording and purpose of the Community directives in order to achieve the result pursued by those directives. Moreover, although it is true that the requirement of a directive-compliant interpretation cannot reach the point where a directive, by itself and without national implementing legislation, may create obligations for individuals or determine or aggravate the liability in criminal law of persons who act in contravention of its provisions, a Member State may nevertheless, in principle, impose a directive-compliant interpretation of national law on individuals (see, to that effect, Kolpinghuis Nijmegen , paragraphs 12 to 14, and Arcaro , paragraphs 41 and 42). 46     As noted by the Advocate General in point 63 of her Opinion, in the main proceedings it is therefore for the national court to ascertain whether there is, in Danish law, a provision or general principle prohibiting abuse of rights or other provisions on tax evasion or tax avoidance which might be interpreted in accordance with Article 11(1)(a) of Directive 90/434 and thereby justify taxation of the exchange of shares in question (see also Case 8/81 Becker [1982] ECR 53, paragraph 34). 47     If so, it will be for the national court to determine whether the conditions for the application of those national provisions are satisfied in the main proceedings. 48     In the light of all the foregoing, the answer to the question referred must be that, in circumstances such as those in the main proceedings, a dividend, such as that paid, is not to be included in the calculation of the ‘cash payment’ provided for in Article 2(d) of Directive 90/434 and that, accordingly, an exchange of shares such as that in issue constitutes an ‘exchange of shares’ within the meaning of Article 2(d) of that directive. Consequently, Article 8(1) of Directive 90/434 precludes, in principle, the taxation of such an exchange of shares, unless national rules on abuse of rights, tax evasion or tax avoidance may be interpreted in accordance with Article 11(1)(a) of Directive 90/434 and thus justify the taxation of that exchange. Costs 49     Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (First Chamber) hereby rules: In circumstances such as those in the main proceedings, a dividend, such as that paid, is not to be included in the calculation of the ‘cash payment’ provided for in Article 2(d) of Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States and that, accordingly, an exchange of shares such as that in issue constitutes an ‘exchange of shares’ within the meaning of Article 2(d) of that directive. Consequently, Article 8(1) of Directive 90/434 precludes, in principle, the taxation of such an exchange of shares, unless national rules on abuse of rights, tax evasion or tax avoidance may be interpreted in accordance with Article 11(1)(a) of Directive 90/434 and thus justify the taxation of that exchange. [Signatures] * Language of the case: Danish.

62006FJ0110

sk

1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Systém povyšovania zavedený Komisiou – Skončenie povyšovania aktom obsahujúcim rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie o stanovení bodov udelených úradníkom – Samostatné rozhodnutia, ktoré je možné napadnúť jednotlivými žalobami alebo jedinou žalobou (Služobný poriadok úradníkov, články 45, 90 a 91) 2. Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh (Služobný poriadok úradníkov, článok 45) 1. V rámci systému povyšovania zriadeného vnútornými predpismi Komisie, v ktorom záverečný akt uzatvárajúci konanie o povýšení je aktom komplexnej povahy v tom zmysle, že obsahuje dve rozličné rozhodnutia, a to rozhodnutie menovacieho orgánu o zostavení zoznamu povýšených úradníkov a rozhodnutie daného orgánu o stanovení celkového počtu bodov úradníkov, na ktorých sa zakladá prvé uvedené rozhodnutie, pričom toto rozhodnutie o stanovení celkového počtu bodov je samostatným aktom, ktorý môže byť ako taký predmetom sťažnosti a v prípade potreby aj žaloby v rámci opravných prostriedkov vymedzených v služobnom poriadku. Úradník, ktorý nebol povýšený z toho dôvodu, že mu bol údajne neodôvodnene udelený nedostatočný počet bodov na dosiahnutie hranice povýšenia však môže podať žalobu jednak proti rozhodnutiu menovacieho orgánu o stanovení celkového počtu bodov, a takisto proti rozhodnutiu o zostavení zoznamu povýšených úradníkov. Hoci je naozaj možné tieto dva akty od seba po právnej stránke odlíšiť a môžu byť predmetom rozličných návrhov smerujúcich k zrušeniu, je nepochybné, že v skutočnosti spolu v prípade, že dôjde k zamietnutiu povýšenia, úzko súvisia, pričom rozhodnutie o zostavení zoznamu povýšených úradníkov sa vzťahuje nevyhnutne na celkový počet bodov udelených úradníkovi vo vzťahu k hranici povýšenia. (pozri body 32 a 33) 2. V rámci systému povyšovania zavedeného Komisiou procesnú vadu, ktorá postihuje riadny priebeh povyšovania, predstavuje neuvedenie, v dôsledku technickej chyby, mena úradníka v zozname povýšených úradníkov jeho generálneho riaditeľstva vyhotoveného prostredníctvom počítačovej techniky a použitom generálnym riaditeľom na pridelenie prednostných bodov úradníkom generálneho riaditeľstva. Na to, aby táto procesná vada však mohla spôsobiť zrušenie rozhodnutia, ktoré bolo neskôr prijaté na jej napravenie udelením dotknutej osobe prednostných bodov, ale vo výške, ktorá nie je dostatočná na jej povýšenie, a rozhodnutie, ktorým sa prijíma zoznam povýšených úradníkov, musí byť preukázané, že v prípade neexistencie tejto vady v priebehu konania by uvedené rozhodnutia mohli mať iný obsah. To je prípad nezohľadnenia situácie dotknutej osoby pri stanovení formálnych zámerov generálneho riaditeľa jeho generálneho riaditeľstva týkajúcich sa pridelenia prednostných bodov, pričom toto stanovenie predstavuje rozhodujúcu fázu konania o povýšení, táto nezrovnalosť však nebola, hoci to bolo možné, dostatočne právne napravená neskorším pridelením náležitého počtu prednostných bodov výborom pre povýšenie. Taká nezrovnalosť totiž môže poškodiť záujmy dotknutého úradníka a spôsobiť vady v konaní o povýšení. (pozri body 91 – 95 a 102) Odkaz: Súdny dvor: 23. apríla 1986, Bernardi/Parlament, 150/84, Zb. s. 1375, bod 28 Súd prvého stupňa: 23. novembra 1995, Benecos/Komisia, T‑64/94, Zb. VS s. I‑A‑257, II‑769, bod 80; 9. marca 1999, Hubert/Komisia, T‑212/97, Zb. VS s. I‑A‑41, II‑185, bod 53; 13. júla 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, Zb. VS s. I‑A‑147, II‑679, bod 64

62017CJ0661

pt

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 6. o e 17. o , do artigo 20. o , n. o 3, e do artigo 27. o , n. o 1, do Regulamento (UE) n. o 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado‑Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados‑Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida ( JO 2013, L 180, p. 31 , a seguir «Regulamento Dublim III»). Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe M.A., S.A e A.Z. ao International Protection Appeals Tribunal (Tribunal de Recurso para a Proteção Internacional, Irlanda), ao Minister for Justice and Equality (Ministro da Justiça e da Igualdade, Irlanda), ao Attorney General (Irlanda), e à Ireland (Irlanda), a propósito da decisão de transferência tomada a seu respeito no âmbito do Regulamento Dublim III. Quadro jurídico Direito internacional Convenção de Genebra A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada em Genebra, em 28 de julho de 1951 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 189, p. 150, n. o 2545 (1954), a seguir «Convenção de Genebra»], entrou em vigor em 22 de abril de 1954. Foi completada pelo Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, celebrado em Nova Iorque em 31 de janeiro de 1967 (a seguir «Protocolo de 1967»), que entrou em vigor em 4 de outubro de 1967. Todos os Estados‑Membros são partes contratantes na Convenção de Genebra e no Protocolo de 1967, tal como a República da Islândia, o Principado do Listenstaine, o Reino da Noruega e a Confederação Suíça. A União Europeia não é parte contratante na Convenção de Genebra nem no Protocolo de 1967, mas os artigos 78. o TFUE e 18. o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta») preveem que o direito de asilo é garantido, nomeadamente, no quadro dessa convenção e desse protocolo. CEDH A Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma em 4 de novembro de 1950 (a seguir «CEDH»), é um acordo internacional multilateral celebrado no âmbito do Conselho da Europa, que entrou em vigor em 3 de setembro de 1953. Todos os membros do Conselho da Europa, do qual todos os Estados‑Membros da União fazem parte, são membros das Altas Partes Contratantes desta convenção. O artigo 3. o da CEDH enuncia que «[n]inguém pode ser submetido a torturas nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes.» Direito da União Carta O artigo 4. o da Carta dispõe: «Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas desumanos ou degradantes.» O artigo 47. o , primeiro parágrafo, da Carta enuncia: «Toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem direito a uma ação perante um tribunal nos termos previstos no presente artigo.» O artigo 52. o , n. o 3, da Carta prevê: «Na medida em que a presente Carta contenha direitos correspondentes aos direitos garantidos pela [CEDH], o sentido e o âmbito desses direitos são iguais aos conferidos por essa convenção. Esta disposição não obsta a que o direito da União confira uma proteção mais ampla.» Regulamento Dublim III A título preliminar, há que recordar que o Tratado de Amesterdão, de 2 de outubro de 1997, introduziu o artigo 63. o no Tratado CE, que atribuía competência à Comunidade Europeia para adotar as medidas recomendadas pelo Conselho Europeu, na sua reunião extraordinária realizada em Tampere (Finlândia), de 15 e 16 de outubro de 1999, relativas à criação de um regime de asilo europeu comum. A adoção dessa disposição permitiu substituir, entre os Estados‑Membros com exceção do Reino da Dinamarca, a Convenção sobre a Determinação do Estado Responsável pela Análise de um Pedido de Asilo Apresentado num Estado‑Membro das Comunidades Europeias, assinada em Dublim em 15 de junho de 1990 ( JO 1997, C 254, p. 1 ), pelo Regulamento (CE) n. o 343/2003 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2003, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado‑Membro responsável pela análise e um pedido de asilo apresentado num dos Estados‑Membros por um nacional de um país terceiro ( JO 2003, L 50, p. 1 ), que entrou em vigor em 17 de março de 2003. O Regulamento Dublim III, que entrou em vigor em 19 de julho de 2013, adotado com base no artigo 78. o , n. o 2, alínea e), TFUE, veio substituir o Regulamento n. o 343/2003. Os considerandos 1 a 5 do Regulamento Dublim III têm a seguinte redação: «(1) Deverão ser introduzidas alterações substanciais ao Regulamento [n. o 343/2003]. Por uma questão de clareza, é conveniente proceder à reformulação do referido regulamento. (2) Uma política comum no domínio do asilo, que inclua um sistema europeu comum de asilo (SECA), faz parte integrante do objetivo da União Europeia que consiste em estabelecer progressivamente um espaço de liberdade, de segurança e de justiça aberto às pessoas que, forçadas pelas circunstâncias, procuram legitimamente proteção na União. (3) Na sua reunião especial de Tampere de 15 e 16 de outubro de 1999, o Conselho Europeu acordou em envidar esforços para criar um SECA, baseado na aplicação integral e global da [Convenção de Genebra] completada pelo [Protocolo de 1967], assegurando assim que ninguém será enviado para onde possa ser novamente perseguido, ou seja, mantendo o princípio da não repulsão. Neste contexto, e sem que os critérios de responsabilidade constantes do presente regulamento sejam afetados, todos os Estados‑Membros respeitam o princípio da não repulsão, sendo considerados países seguros para os nacionais de países terceiros. (4) As conclusões do Conselho de Tampere precisaram igualmente que o SECA deverá incluir, a curto prazo, um método claro e operacional para determinar o Estado‑Membro responsável pela análise dos pedidos de asilo. (5) Este método deverá basear‑se em critérios objetivos e equitativos, tanto para os Estados‑Membros como para as pessoas em causa. Deverá, permitir, nomeadamente, uma determinação rápida do Estado‑Membro responsável, por forma a garantir um acesso efetivo aos procedimentos de concessão de proteção internacional e a não comprometer o objetivo de celeridade no tratamento dos pedidos de proteção internacional.» Os considerandos 13 a 17 desse regulamento preveem: «(13) De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 1989, reconhecida pela [Carta], o interesse superior do menor deve constituir uma preocupação fundamental dos Estados‑Membros ao aplicarem o presente regulamento. […] (14) De acordo com a [CEDH], reconhecida pela [Carta], o respeito pela vida familiar deve constituir uma preocupação fundamental dos Estados‑Membros ao aplicarem o presente regulamento. (15) O tratamento conjunto dos pedidos de proteção internacional dos membros de uma família pelo mesmo Estado‑Membro constitui uma medida que permite assegurar uma análise aprofundada dos pedidos, a coerência das decisões tomadas sobre estes e a não separação dos membros de uma família. (16) A fim de garantir o pleno respeito pelo princípio da unidade da família e o interesse superior da criança, a existência de uma relação de dependência entre o requerente e o seu filho, irmão, o pai ou a mãe devido a gravidez ou maternidade, estado de saúde ou idade avançada do requerente deverão constituir critérios de responsabilidade vinculativos. Se o requerente for um menor não acompanhado, a presença de um membro da família ou familiar no território de outro Estado‑Membro que dele possa cuidar deverá igualmente constituir um critério de responsabilidade vinculativo. (17) Os Estados‑Membros deverão ter a possibilidade de afastar a aplicação dos critérios de responsabilidade, em especial por razões humanitárias e compassivas, a fim de permitir reunir membros da família, familiares ou outros parentes, e de analisar um pedido de proteção internacional que lhes tenha sido apresentado, ou a outro Estado‑Membro, mesmo que tal análise não seja da sua responsabilidade nos termos dos critérios vinculativos previstos no presente regulamento.» Os considerandos 19, 32, 39 e 41 do referido regulamento dispõem: «(19) A fim de garantir a proteção efetiva dos direitos das pessoas em causa, deverão ser previstas garantias legais e o direito efetivo de recurso contra as decisões de transferência para o Estado‑Membro responsável, nos termos, nomeadamente, do artigo 47. o da [Carta]. A fim de garantir o respeito do direito internacional, o direito efetivo de recurso contra essas decisões deverá abranger a análise da aplicação do presente regulamento e da situação jurídica e factual no Estado‑Membro para o qual o requerente é transferido. […] (32) No que se refere ao tratamento das pessoas abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os Estados‑Membros encontram‑se vinculados pelas obrigações que lhes incumbem por força de instrumentos de direito internacional, nomeadamente pela jurisprudência pertinente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. […] (39) O presente regulamento respeita os direitos fundamentais e observa os princípios reconhecidos, nomeadamente, pela [Carta]. Em particular, o presente regulamento visa assegurar o pleno respeito do direito de asilo garantido pelo artigo 18. o da [Carta], bem como dos direitos nela reconhecidos nos artigos 1. o , 4. o , 7. o , 24. o e 47. o Por conseguinte, o presente regulamento deverá ser aplicado em conformidade. […] (41) Nos termos do artigo 3. o e do artigo 4. o ‑A, n. o 1, do Protocolo n. o 21 relativo à posição do Reino Unido e da Irlanda em relação ao Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, anexo ao TUE e ao TFUE, aqueles Estados‑Membros notificaram que desejam participar na adoção e na aplicação do presente regulamento.» O artigo 1. o do mesmo regulamento enuncia: «O presente regulamento estabelece os critérios e mecanismos para a determinação do Estado‑Membro responsável pela análise dos pedidos de proteção internacional apresentados num dos Estados‑Membros por um nacional de um país terceiro […]» O artigo 3. o do Regulamento Dublim III dispõe: «1.   Os Estados‑Membros analisam todos os pedidos de proteção internacional apresentados por nacionais de países terceiros ou por apátridas no território de qualquer Estado‑Membro, inclusive na fronteira ou nas zonas de trânsito. Os pedidos são analisados por um único Estado‑Membro, que será aquele que os critérios enunciados no capítulo III designarem como responsável. 2.   Caso o Estado‑Membro responsável não possa ser designado com base nos critérios enunciados no presente regulamento, é responsável pela análise do pedido de proteção internacional o primeiro Estado‑Membro em que o pedido tenha sido apresentado. Caso seja impossível transferir um requerente para o Estado‑Membro inicialmente designado responsável por existirem motivos válidos para crer que há falhas sistémicas no procedimento de asilo e nas condições de acolhimento dos requerentes nesse Estado‑Membro, que impliquem o risco de tratamento desumano ou degradante na aceção do artigo 4. o da [Carta], o Estado‑Membro que procede à determinação do Estado‑Membro responsável prossegue a análise dos critérios estabelecidos no capítulo III a fim de decidir se algum desses critérios permite que outro Estado‑Membro seja designado responsável. Caso não possa efetuar‑se uma transferência ao abrigo do presente número para um Estado‑Membro designado com base nos critérios estabelecidos no capítulo III ou para o primeiro Estado‑Membro onde foi apresentado o pedido, o Estado‑Membro que procede à determinação do Estado‑Membro responsável passa a ser o Estado‑Membro responsável. 3.   Os Estados‑Membros mantêm a faculdade de enviar um requerente para um país terceiro seguro, sem prejuízo das regras e garantias previstas na Diretiva 2013/32/UE.» O artigo 6. o deste regulamento, sob a epígrafe «Garantias dos menores», prevê: «1.   O interesse superior da criança deve constituir um aspeto fundamental a ter em conta pelos Estados‑Membros relativamente a todos os procedimentos previstos no presente regulamento. […] 3.   Os Estados‑Membros cooperam estreitamente a fim de determinar o interesse superior da criança, e, em especial, tomam em consideração os seguintes fatores: a) As possibilidades de reagrupamento familiar; […] 4.   Para efeitos da aplicação do artigo 8. o , o Estado‑Membro onde foi apresentado o pedido de proteção internacional pelo menor não acompanhado deve tomar assim que possível as medidas adequadas para identificar os membros da família, irmãos ou os familiares do menor não acompanhado presentes no território dos Estados‑Membros, salvaguardando simultaneamente o interesse superior da criança. […]» O artigo 7. o , n. os 1 e 2, do referido regulamento, que figura no capítulo III deste, enuncia: «1.   Os critérios de determinação do Estado‑Membro responsável aplicam‑se pela ordem em que são enunciados no presente capítulo. 2.   A determinação do Estado‑Membro responsável em aplicação dos critérios enunciados no presente capítulo é efetuada com base na situação existente no momento em que o requerente tiver apresentado pela primeira vez o seu pedido de proteção internacional junto de um Estado‑Membro.» O artigo 8. o , n. o 1, do mesmo regulamento dispõe: «Se o requerente for um menor não acompanhado, o Estado‑Membro responsável será o Estado em que se encontrar legalmente um membro da família ou um irmão do menor não acompanhado, desde que seja no interesse superior do menor. Se o requerente for um menor casado, cujo cônjuge não se encontre legalmente no território dos Estados‑Membros, o Estado‑Membro responsável será aquele em que o pai, a mãe ou outro adulto responsável pelo menor, por força da lei ou da prática desse Estado‑Membro, ou um irmão, se encontrarem legalmente.» O artigo 11. o do Regulamento Dublim III, sob a epígrafe «Procedimento relativo à família», prevê: «Se vários membros de uma família e/ou irmãos menores solteiros apresentarem pedidos de proteção internacional no mesmo Estado‑Membro em simultâneo, ou em datas suficientemente próximas para que os procedimentos de determinação do Estado‑Membro responsável sejam conduzidos em conjunto, e se a aplicação dos critérios enunciados no presente regulamento conduzir à sua separação, a determinação do Estado‑Membro responsável baseia‑se nas seguintes disposições: a) É responsável pela análise dos pedidos de proteção internacional de todos os membros da família e/ou dos irmãos menores solteiros o Estado‑Membro que os critérios designarem como responsável pela tomada a cargo do maior número de membros da família e/ou dos irmãos; b) Caso contrário, é responsável o Estado‑Membro que os critérios designarem como responsável pela análise do pedido do membro mais idoso da família». O artigo 17. o deste regulamento, sob a epígrafe «Cláusulas discricionárias», tem a seguinte redação: «1.   Em derrogação do artigo 3. o , n. o 1, cada Estado‑Membro pode decidir analisar um pedido de proteção internacional que lhe seja apresentado por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida, mesmo que essa análise não seja da sua competência por força dos critérios definidos no presente regulamento. O Estado‑Membro que tenha decidido analisar um pedido de proteção internacional nos termos do presente número torna‑se o Estado‑Membro responsável e assume as obrigações inerentes a essa responsabilidade. […]» O artigo 20. o , n. o 3, do referido regulamento dispõe: «Para efeitos da aplicação do presente regulamento, a situação do menor que acompanhe o requerente e corresponda à definição de membro da família é indissociável da situação de seu membro da família e é da competência do Estado‑Membro responsável pela análise do pedido de proteção internacional desse membro da família, mesmo que o menor não seja requerente, desde que seja no interesse superior do menor. O mesmo se aplica aos filhos nascidos após a chegada dos requerentes ao território dos Estados‑Membros, não havendo necessidade de iniciar para estes um novo procedimento de tomada a cargo.» O artigo 27. o , n. o 1, do mesmo regulamento prevê: «O requerente ou outra pessoa referida no artigo 18. o , n. o 1, alíneas c) ou d), tem direito a uma via de recurso efetiva, sob a forma de recurso ou de pedido de revisão, de facto e de direito, da decisão de transferência, para um órgão jurisdicional.» O artigo 29. o , n. os 1 e 2, do Regulamento Dublim III enuncia: «1.   A transferência do requerente [....] do Estado‑Membro requerente para o Estado‑Membro responsável efetua‑se em conformidade com o direito nacional do Estado‑Membro requerente, após concertação entre os Estados‑Membros envolvidos, logo que seja materialmente possível e, o mais tardar, no prazo de seis meses […] […] 2.   Se a transferência não for executada no prazo de seis meses, o Estado‑Membro responsável fica isento da sua obrigação de tomada ou retomada a cargo da pessoa em causa, e a responsabilidade é transferida para o Estado‑Membro requerente. […]» O artigo 35. o , n. o 1, deste regulamento dispõe: «Os Estados‑Membros devem notificar sem demora à Comissão as autoridades específicas responsáveis pelo cumprimento das obrigações decorrentes do presente regulamento e respetivas alterações. Os Estados‑Membros devem assegurar que essas autoridades disponham dos recursos necessários para cumprirem a sua missão e, nomeadamente, para responderem, nos prazos previstos, aos pedidos de informações, de tomada a cargo e de retomada a cargo de requerentes.» Direito irlandês A legislação nacional aplicável é o European Union (Dublin System) Regulations 2014 [Regulamento relativo à União Europeia (Sistema de Dublim) de 2014] (SI n. o 525/2014, a seguir «regulamento nacional»). As suas principais disposições para efeitos do presente processo são as seguintes. O artigo 2(2) do regulamento nacional dispõe que um termo ou uma expressão utilizada simultaneamente neste regulamento e no Regulamento Dublim III deve ter o mesmo significado que esse termo ou essa expressão tem no regulamento da União. A expressão «decisão de transferência» é definida no artigo 2(1) do regulamento nacional como sendo uma decisão adotada pelo Refugee Applications Commissioner (Comissário para os Refugiados, Irlanda), em conformidade com o Regulamento Dublim III, de transferir um requerente nos casos em que o Estado, no caso vertente a Irlanda, é o Estado‑Membro requerente e o Estado‑Membro requerido aceitou a tomada a cargo ou a retomada a cargo desse requerente. O artigo 3(1) do regulamento nacional prevê que o Comissário para os Refugiados exerce as funções de um Estado‑Membro que procede à determinação do Estado‑Membro responsável, de um Estado‑Membro requerente e de um Estado‑Membro requerido. O n. o 2 deste artigo indica que o Ministro da Justiça e da Igualdade exerce as funções de Estado‑Membro que procede à transferência. Segundo o artigo 3(3) do regulamento nacional, o Comissário para os Refugiados exerce todas as funções previstas no artigo 6. o do Regulamento Dublim III, que faz, ele próprio, referência ao interesse superior da criança «relativamente a todos os procedimentos previstos no presente regulamento». Nos termos do artigo 6(1) do regulamento nacional, um requerente pode interpor recurso da decisão de transferência. O artigo 6(9) do regulamento nacional dispõe que tribunal de recurso confirma ou anula a decisão de transferência. Litígio no processo principal e questões prejudiciais Resulta da decisão de reenvio que S.A., nacional de um Estado terceiro, entrou no Reino Unido, munida de um visto de estudante, durante o ano de 2010, e que, no ano seguinte, M.A., igualmente nacional de um Estado terceiro, se juntou a ela após ter obtido um visto para pessoa dependente. A.Z., filho de ambos, nasceu no Reino Unido, no mês de fevereiro de 2014. Os pais renovaram o seu visto anualmente até ao encerramento do estabelecimento de ensino onde estudava S.A., tendo esse encerramento causado a caducidade dos seus vistos. S.A. e M.A. foram então para a Irlanda onde, em 12 de janeiro de 2016, apresentaram pedidos de asilo. O pedido relativo à criança estava incluído no pedido relativo à sua mãe. Em 7 de abril de 2016, o Comissário para os Refugiados dirigiu ao Reino Unido da Grã‑Bretanha e da Irlanda do Norte um pedido para efeitos de tomada a cargo desses pedidos de asilo com fundamento no Regulamento Dublim III. Em 1 de maio de 2016, este Estado‑Membro deu o seu acordo para a referida tomada a cargo. S.A. e M.A. invocaram perante o Comissário para os Refugiados problemas de saúde que M.A. enfrentava, bem como o facto de a criança ser objeto de uma avaliação pelo Health Service Executive (Administração dos Serviços de Saúde, Irlanda) relacionada com um problema de saúde. O Comissário para os Refugiados recomendou a transferência para o Reino Unido, considerando, por decisão desfavorável a S.A. e a M.A., que não havia que aplicar o artigo 17. o do Regulamento Dublim III. S.A. e M.A. contestaram a decisão de transferência no International Protection Appeals Tribunal (Tribunal de Recurso para a Proteção Internacional), baseando‑se principalmente nesse artigo 17. o e em fundamentos ligados à retirada do Reino Unido da União. Em 10 de janeiro de 2017, este órgão jurisdicional confirmou a decisão de transferência, após ter observado que não era competente para exercer o poder discricionário previsto no referido artigo 17. o Julgou igualmente improcedentes os argumentos relativos à saída do Reino Unido da União porquanto a situação pertinente para apreciar a legalidade dessa decisão era a que existia à data em que foi chamado a decidir. S.A. e M.A. recorreram então para a High Court (Tribunal Superior, Irlanda). Esse órgão jurisdicional considera que, em princípio, para resolver o litígio nele pendente, há que determinar, previamente, as implicações que pode ter para o sistema de Dublim o processo de saída do Reino Unido da União. Além disso, indica que os termos utilizados no regulamento nacional, que reproduzem os que figuram no Regulamento Dublim III, devem ter o mesmo sentido que estes últimos. Daí deduz que é necessário interpretar este último regulamento para resolver o litígio nele pendente. Nestas circunstâncias, a High Court (Tribunal Superior) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1) Estando em causa a transferência de um requerente de proteção para o Reino Unido ao abrigo do Regulamento [Dublim III], a autoridade nacional competente, ao apreciar quaisquer questões decorrentes do poder discricionário previsto no artigo 17. o [deste regulamento] e/ou relativas à proteção dos direitos fundamentais no Reino Unido, está obrigada a não ter em consideração as circunstâncias que se verificam no momento dessa apreciação no que se refere à proposta de retirada do Reino Unido da União Europeia? 2) O conceito de “Estado‑Membro que procede à determinação do Estado‑Membro responsável” constante do Regulamento [Dublim III] inclui o papel do Estado‑Membro que exerce o poder reconhecido ou conferido pelo artigo 17. o do regulamento? 3) As funções que incumbem a um Estado‑Membro nos termos do artigo 6. o do Regulamento [Dublim III] incluem o poder reconhecido ou conferido pelo artigo 17. o do regulamento? 4) O conceito de [“]tutela jurisdicional efetiva[”] aplica‑se a uma decisão em primeira instância ao abrigo do artigo 17. o do Regulamento [Dublim III] de modo a garantir a possibilidade de recurso de uma tal decisão ou uma via de reparação equivalente e/ou de modo a que a legislação nacional que prevê um processo de recurso de uma decisão em primeira instância nos termos do regulamento seja interpretada no sentido de que abrange o recurso de uma decisão tomada ao abrigo do artigo 17. o ? 5) O artigo 20. o , n. o 3, do Regulamento [Dublim III] tem por efeito que, na falta de prova que ilida a presunção de que é do superior interesse do menor tratar a sua situação como indissociável da dos progenitores, a autoridade nacional competente não é obrigada a analisar tal interesse superior separadamente do dos progenitores, enquanto questão distinta ou como ponto de partida para a apreciação sobre se a transferência deve ou não ter lugar?» Tramitação do processo no Tribunal de Justiça O órgão jurisdicional de reenvio pediu que o processo fosse submetido à tramitação prejudicial urgente prevista no artigo 23. o ‑A do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia. A título subsidiário, esse órgão jurisdicional pediu que o processo fosse submetido a tramitação acelerada, em aplicação do artigo 105. o , n. o 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça. No que respeita, em primeiro lugar, ao pedido relativo à tramitação prejudicial urgente, em 4 de dezembro de 2017, o Tribunal de Justiça decidiu, sob proposta do juiz‑relator, ouvido o advogado‑geral, não deferir este pedido. No que se refere, em segundo lugar, ao pedido de submeter o presente processo à tramitação acelerada prevista no artigo 105. o , n. o 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça decidiu, através do seu Despacho de 20 de dezembro de 2017, M.A. e o. ( C‑661/17 , não publicado, EU:C:2017:1024 ), indeferir esse pedido. Quanto às questões prejudiciais Quanto à admissibilidade A Irlanda sustenta que, uma vez que as consequências jurídicas de uma eventual retirada do Reino Unido da União ainda não são conhecidas, as questões relativas a tais consequências devem ser consideradas hipotéticas. Por conseguinte, qualquer decisão que o Tribunal de Justiça possa proferir nesta fase no que respeita à situação que se apresentará após a data em que está previsto que esse Estado‑Membro deixe de ser um Estado‑Membro da União é de natureza hipotética. Ora, segundo jurisprudência constante (Acórdão de 27 de fevereiro de 2014, Pohotovosť, C‑470/12 , EU:C:2014:101 , n. os 27 e 29 e jurisprudência referida), o Tribunal de Justiça não dá resposta a questões de natureza hipotética ou consultivas. A este respeito, há que recordar que, segundo jurisprudência constante, o processo instituído pelo artigo 267. o TFUE é um instrumento de cooperação entre o Tribunal de Justiça e os órgãos jurisdicionais nacionais, graças ao qual o primeiro fornece aos segundos os elementos de interpretação do direito da União que lhes são necessários para a resolução do litígio que lhes cabe decidir (Acórdão de 8 de dezembro de 2016, Eurosaneamientos e o., C‑532/15 e C‑538/15 , EU:C:2016:932 , n. o 26 e jurisprudência referida). No âmbito desta cooperação, o juiz nacional, a quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão judicial a tomar, tem competência exclusiva para apreciar, tendo em conta as especificidades do processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal. Consequentemente, desde que as questões submetidas sejam relativas à interpretação ou à validade de uma regra de direito da União, o Tribunal de Justiça é, em princípio, obrigado a pronunciar‑se (Acórdão de 8 de dezembro de 2016, Eurosaneamientos e o., C‑532/15 e C‑538/15 , EU:C:2016:932 , n. o 27 e jurisprudência referida). Daqui resulta que as questões relativas à interpretação do direito da União submetidas pelo juiz nacional no quadro regulamentar e factual que define sob a sua responsabilidade, e cuja exatidão não cabe ao Tribunal de Justiça verificar, gozam de uma presunção de pertinência. O Tribunal de Justiça só pode recusar pronunciar‑se sobre um pedido formulado por um órgão jurisdicional nacional quando for manifesto que a interpretação do direito da União solicitada não tem nenhuma relação com a realidade ou com o objeto do litígio no processo principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal não dispuser dos elementos de facto e de direito necessários para dar uma resposta útil às questões que lhe são submetidas (Acórdão de 8 de dezembro de 2016, Eurosaneamientos e o., C‑532/15 e C‑538/15 , EU:C:2016:932 , n. o 28 e jurisprudência referida). No caso vertente, importa salientar que o órgão jurisdicional de reenvio explicou detalhadamente a razão pela qual considerou que, para se pronunciar sobre o litígio que lhe foi submetido, é necessário analisar as consequências que poderia ter a eventual retirada do Reino Unido da União no âmbito do Regulamento Dublim III. Nestas condições, a interpretação solicitada pelo órgão jurisdicional de reenvio não se afigura desprovida de pertinência para resolver o litígio que lhe foi submetido. Por conseguinte, há que responder às questões submetidas pela High Court (Tribunal Superior, Irlanda). Quanto ao mérito Quanto à primeira questão Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de um Estado‑Membro, determinado como «responsável» na aceção deste regulamento, ter notificado a sua intenção de se retirar da União em conformidade com o artigo 50. o TUE obriga o Estado‑Membro que procede a essa determinação a analisar ele próprio, em aplicação da cláusula discricionária prevista nesse artigo 17. o , n. o 1, o pedido de proteção em causa. A este respeito, importa recordar que a notificação por um Estado‑Membro da sua intenção de se retirar da União em conformidade com o artigo 50. o TUE não tem por efeito suspender a aplicação do direito da União nesse Estado‑Membro e que, consequentemente, este direito continua plenamente em vigor nesse Estado até à sua retirada efetiva da União (Acórdão de 19 de setembro de 2018, RO, C‑327/18 PPU , EU:C:2018:733 , n. o 45). Conforme exposto no n. o 10 do presente acórdão, o Regulamento Dublim III substituiu o Regulamento n. o 343/2003. No que se refere à cláusula discricionária prevista no artigo 17. o , n. o 1, do primeiro regulamento, o Tribunal de Justiça já precisou que, uma vez que os termos dessa disposição coincidem, no essencial, com os da cláusula de soberania que figurava no artigo 3. o , n. o 2, do Regulamento n. o 343/2003, a interpretação desta última disposição é igualmente transponível para o artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III (Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, C. K. e o., C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , n. o 53). Nos termos do artigo 3. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III, um pedido de proteção internacional é analisado por um único Estado‑Membro, que é aquele que os critérios enunciados no capítulo III deste regulamento designam como responsável. Em derrogação do artigo 3. o , n. o 1, o artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento prevê que cada Estado‑Membro pode decidir analisar um pedido de proteção internacional que lhe seja apresentado por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida, mesmo que essa análise não seja da sua competência por força de tais critérios. Resulta claramente da redação do artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III que esta disposição é de natureza facultativa, na medida em que deixa à discrição de cada Estado‑Membro a decisão de proceder à análise de um pedido de proteção internacional que lhe seja apresentado, mesmo que essa análise não seja da sua competência por força dos critérios de determinação do Estado‑Membro responsável definidos nesse regulamento. O exercício desta faculdade não está, por outro lado, sujeito a nenhum requisito particular (v., neste sentido, Acórdão de 30 de maio de 2013, Halaf, C‑528/11 , EU:C:2013:342 , n. o 36). A referida faculdade visa permitir a cada Estado‑Membro decidir soberanamente, em função de considerações políticas, humanitárias ou práticas, aceitar analisar um pedido de proteção internacional mesmo que não seja responsável nos termos dos critérios definidos pelo referido regulamento (Acórdão de 4 de outubro de 2018, Fathi, C‑56/17 , EU:C:2018:803 , n. o 53). Tendo em conta o alcance do poder de apreciação assim conferido aos Estados‑Membros, cabe ao Estado‑Membro em causa determinar as circunstâncias em que pretende fazer uso da faculdade conferida pela cláusula discricionária prevista no artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III e aceitar analisar ele próprio um pedido de proteção internacional pelo qual não é responsável por força dos critérios definidos nesse regulamento. Esta constatação é, aliás, coerente, por um lado, com a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa às disposições facultativas, segundo a qual essas disposições conferem um poder de apreciação alargado aos Estados‑Membros (Acórdão de 10 de dezembro de 2013, Abdullahi, C‑394/12 , EU:C:2013:813 , n. o 57 e jurisprudência referida), e, por outro, com o objetivo do referido artigo 17. o , n. o 1, ou seja, preservar as prerrogativas dos Estados‑Membros no exercício do direito de conceder proteção internacional (Acórdão de 5 de julho de 2018, X, C‑213/17 , EU:C:2018:538 , n. o 61 e jurisprudência referida). Atendendo às considerações precedentes, há que responder à primeira questão que o artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de um Estado‑Membro, determinado como «responsável» na aceção deste regulamento, ter notificado a sua intenção de se retirar da União em conformidade com o artigo 50. o TUE não obriga o Estado‑Membro que procede a essa determinação a analisar ele próprio, em aplicação da cláusula discricionária prevista nesse artigo 17. o , n. o 1, o pedido de proteção em causa. Quanto à segunda questão Resulta dos elementos dos autos de que dispõe o Tribunal de Justiça que a segunda questão assenta na premissa de que, na Irlanda, cabe ao Comissário para os Refugiados proceder à determinação do Estado‑Membro responsável por força dos critérios definidos no Regulamento Dublim III, ao passo que o exercício da cláusula discricionária, prevista no artigo 17. o , n. o 1, deste regulamento, é assegurado pelo Ministro da Justiça e da Igualdade. Nestas condições, há que considerar que, com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que impõe que a determinação do Estado responsável em aplicação dos critérios definidos nesse regulamento e o exercício da cláusula discricionária prevista no artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento sejam assegurados pela mesma autoridade nacional. Importa recordar, antes de mais, que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o poder de apreciação conferido aos Estados‑Membros pelo artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III faz parte integrante dos mecanismos de determinação do Estado‑Membro responsável por um pedido de asilo previstos nesse regulamento. Assim, a decisão, adotada por um Estado‑Membro com fundamento nessa disposição, de analisar ou não um pedido de proteção internacional para o qual não é competente tendo em conta os critérios enunciados no capítulo III do referido regulamento, aplica o direito da União (v., neste sentido, Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, C. K. e o., C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , n. o 53 e jurisprudência referida). Em seguida, há que observar que o Regulamento Dublim III não contém, no entanto, nenhuma disposição que precise qual é a autoridade habilitada a tomar uma decisão ao abrigo dos critérios definidos nesse regulamento relativos à determinação do Estado‑Membro responsável ou ao abrigo da cláusula discricionária prevista no artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento. Este último também não precisa se um Estado‑Membro deve confiar o ónus da aplicação de tais critérios e o da aplicação dessa cláusula discricionária à mesma autoridade. Em contrapartida, o artigo 35. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III prevê que os Estados‑Membros devem notificar sem demora à Comissão «as autoridades […] responsáveis» específicas pelo cumprimento das obrigações decorrentes desse regulamento e respetivas alterações. Decorre da redação desta disposição, em primeiro lugar, que cabe aos Estados‑Membros determinar quais as autoridades nacionais competentes para aplicar o Regulamento Dublim III. Em segundo lugar, a expressão «as autoridades […] responsáveis» que figura nesse artigo 35. o implica que um Estado‑Membro tem liberdade para confiar o ónus da aplicação dos critérios definidos nesse regulamento relativos à determinação do Estado‑Membro responsável e o da aplicação da «cláusula discricionária» prevista no artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento a autoridades diferentes. Esta apreciação é igualmente corroborada por outras disposições do Regulamento Dublim III, tais como o artigo 4. o , n. o 1, o artigo 20. o , n. os 2 e 4, ou o seu artigo 21. o , n. o 3, nas quais as expressões «as suas autoridades competentes», «as autoridades», «as autoridades competentes do Estado‑Membro em causa», «às autoridades competentes de um Estado‑Membro» ou ainda «às autoridades do Estado‑Membro requerido» foram utilizadas. Atendendo às considerações precedentes, há que responder à segunda questão que o Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que não impõe que a determinação do Estado responsável por força dos critérios definidos nesse regulamento e o exercício da cláusula discricionária prevista no artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento sejam assegurados pela mesma autoridade nacional. Quanto à terceira questão Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 6. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que impõe que um Estado‑Membro que não é responsável, por força dos critérios enunciados nesse regulamento, pela análise de um pedido de proteção internacional tenha em conta o superior interesse da criança e que analise ele próprio esse pedido, em aplicação do artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento. Atendendo a que resulta desde logo dos n. os 58 e 59 do presente acórdão que o exercício da faculdade conferida aos Estados‑Membros pela cláusula discricionária prevista no artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III não está sujeito a nenhuma condição especial e que cabe, em princípio, a cada Estado‑Membro determinar as circunstâncias em que deseja fazer uso desta faculdade e aceitar analisar ele próprio um pedido de proteção internacional pelo qual não é responsável por força dos critérios definidos nesse regulamento, há que concluir que as considerações relativas ao superior interesse da criança também não podem obrigar um Estado‑Membro a fazer uso da referida faculdade e a analisar ele próprio um pedido que não lhe incumbe. Daqui decorre que o artigo 6. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que não impõe a um Estado‑Membro que não é responsável, por força dos critérios enunciados nesse regulamento, pela análise de um pedido de proteção internacional que tenha em conta o superior interesse da criança e que analise ele próprio esse pedido, em aplicação do artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento. Quanto à quarta questão Com a sua quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 27. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que impõe que seja previsto um recurso da decisão de não fazer uso da faculdade prevista no artigo 17. o , n. o 1, do mesmo regulamento. Nos termos do artigo 27. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III, o requerente de proteção internacional tem direito a uma via de recurso efetiva, sob a forma de recurso ou de pedido de revisão, de facto e de direito, da decisão de transferência, para um órgão jurisdicional. Assim, este artigo não prevê expressamente o recurso da decisão de não fazer uso da faculdade prevista no artigo 17. o , n. o 1, deste regulamento. Além disso, o objetivo de celeridade no tratamento dos pedidos de proteção internacional e, designadamente, da determinação do Estado‑Membro responsável, subjacente ao procedimento instituído pelo Regulamento Dublim III e recordado no considerando 5 deste regulamento, convida a não multiplicar as vias de recurso. É certo que o princípio da proteção jurisdicional efetiva constitui um princípio geral do direito da União que atualmente se encontra plasmado no artigo 47. o da Carta (Acórdão de 10 de julho de 2014, Telefónica e Telefónica de España/Comissão, C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , n. o 40 e jurisprudência referida) e nos termos do qual qualquer pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem direito a um recurso efetivo num tribunal nos termos previstos neste artigo. Todavia, se um Estado‑Membro recusa fazer uso da cláusula discricionária prevista no artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III, isso equivale necessariamente a que esse Estado‑Membro adote uma decisão de transferência. A recusa do Estado‑Membro de fazer uso dessa cláusula poderá, sendo caso disso, ser impugnada no âmbito de um recurso de uma decisão de transferência. Por conseguinte, o artigo 27. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que não impõe que seja previsto um recurso da decisão de não fazer uso da faculdade prevista no artigo 17. o , n. o 1, deste regulamento, sem prejuízo de essa decisão poder ser impugnada no âmbito de um recurso da decisão de transferência. Além disso, e a fim de dar uma resposta útil ao órgão jurisdicional de reenvio, na medida em que as questões submetidas estão, no caso vertente, ligadas à notificação do Estado‑Membro, determinado como responsável por força dos critérios fixados pelo Regulamento Dublim III, da sua intenção de se retirar da União em conformidade com o artigo 50. o TUE, há que indicar que esta notificação, como decorre do n. o 54 do presente acórdão, não tem por efeito suspender a aplicação do direito da União nesse Estado‑Membro e que, por conseguinte, esse direito, do qual faz parte o Sistema Europeu Comum de Asilo, bem como a confiança mútua e a presunção de respeito, pelos Estados‑Membros, dos direitos fundamentais, continua plenamente em vigor no referido Estado‑Membro até à sua retirada efetiva da União. Acrescente‑se igualmente que, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a transferência de um requerente para um Estado‑Membro não deve ser efetuada se existirem sérias razões para crer que essa notificação levaria o requerente a correr um risco real de ser sujeito nesse Estado‑Membro a tratos desumanos ou degradantes, na aceção do artigo 4. o da Carta (Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, C. K. e o., C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , n. o 65). Neste contexto, importa salientar que não se pode considerar que tal notificação pode, em si mesma, levar a que o interessado seja exposto a tal risco. A este respeito, importa salientar, em primeiro lugar, que o Sistema Europeu Comum de Asilo foi concebido num contexto que permite supor que todos os Estados que nele participam, quer sejam Estados‑Membros ou Estados terceiros, respeitam os direitos fundamentais, incluindo os direitos que assentam na Convenção de Genebra e no Protocolo de 1967, a saber, o princípio da não repulsão, bem como na CEDH, e, portanto, que estes Estados podem conceder‑se, no que se refere ao respeito destes direitos fundamentais, confiança mútua (v., neste sentido, Acórdão de 21 de dezembro de 2011, N. S. e o., C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , n. o 78), uma vez que todos esses Estados são, além disso, como indicado nos n. os 3 a 5 do presente acórdão, todos eles partes tanto na Convenção de Genebra e no Protocolo de 1967 como na CEDH. Em segundo lugar, no que se refere aos direitos fundamentais que são reconhecidos a um requerente de proteção internacional, além da codificação, no artigo 3. o , n. o 2, do Regulamento Dublim III, da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à existência das deficiências sistémicas do procedimento de asilo e das condições de acolhimento dos requerentes no Estado‑Membro determinado como responsável, na aceção desse regulamento, os Estados‑Membros, como decorre dos considerandos 32 e 39 do referido regulamento, estão igualmente vinculados na aplicação desse regulamento pela jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e pelo artigo 4. o da Carta (Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, C. K. e o., C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , n. o 63). Uma vez que esse artigo 4. o corresponde ao artigo 3. o da CEDH, a proibição de tratos desumanos ou degradantes prevista na primeira destas disposições tem, em conformidade com o artigo 52. o , n. o 3, da Carta, o mesmo sentido e o mesmo alcance que os que lhe confere essa convenção (v., neste sentido, Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, C. K. e o., C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , n. o 67). Em terceiro lugar, como foi exposto no n. o 83 do presente acórdão, uma vez que os Estados‑Membros são partes na Convenção de Genebra e no Protocolo de 1967, bem como na CEDH, dois acordos internacionais em que assenta o Sistema Europeu Comum de Asilo, a manutenção de um Estado‑Membro da sua participação nestas convenções e no protocolo não está ligada à sua pertença à União. Daqui resulta que a decisão de um Estado‑Membro de se retirar da União não afeta as suas obrigações de respeitar a Convenção de Genebra e o Protocolo de 1967, incluindo o princípio da não repulsão, bem como o artigo 3. o da CEDH. Atendendo às considerações precedentes, há que responder à quarta questão que o artigo 27. o , n. o 1, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que não impõe que seja previsto um recurso da decisão de não fazer uso da faculdade prevista no artigo 17. o , n. o 1, desse regulamento, sem prejuízo de esta decisão poder ser impugnada no âmbito de um recurso da decisão de transferência. Quanto à quinta questão Com a sua quinta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 20. o , n. o 3, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que, na falta de prova em contrário, esta disposição estabelece uma presunção segundo a qual é do superior interesse da criança tratar a situação dessa criança de forma indissociável da dos seus pais. Há que observar que resulta claramente da redação do artigo 20. o , n. o 3, do Regulamento Dublim III que é esse o caso. Daqui resulta que só no caso de se provar que tal análise efetuada conjuntamente com a dos pais da criança não é do superior interesse da criança é que há que tratar a situação desta última separadamente da dos seus pais. Esta conclusão é conforme com os considerandos 14 a 16, bem como, designadamente, com o artigo 6. o , n. os 3, alínea a), e n. o 4, com o artigo 8. o , n. o 1, e com o artigo 11. o do Regulamento Dublim III. Decorre destas disposições que o respeito da vida familiar e, mais especificamente, a preservação da unidade do grupo familiar é, em princípio, do superior interesse da criança. Atendendo às considerações precedentes há que responder à quinta questão que o artigo 20. o , n. o 3, do Regulamento Dublim III deve ser interpretado no sentido de que, na falta de prova em contrário, esta disposição estabelece uma presunção de que é do superior interesse da criança tratar a situação dessa criança de forma indissociável da dos seus pais. Quanto às despesas Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara: 1) O artigo 17. o , n. o 1, do Regulamento (UE) n. o 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado‑Membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos Estados‑Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida, deve ser interpretado no sentido de que a circunstância de um Estado‑Membro, determinado como «responsável» na aceção deste regulamento, ter notificado a sua intenção de se retirar da União Europeia em conformidade com o artigo 50. o TUE não obriga o Estado‑Membro que procede a essa determinação a analisar ele próprio, em aplicação da cláusula discricionária prevista nesse artigo 17. o , n. o 1, o pedido de proteção em causa. 2) O Regulamento n. o 604/2013 deve ser interpretado no sentido de que não impõe que a determinação do Estado responsável por força dos critérios definidos nesse regulamento e o exercício da cláusula discricionária prevista no artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento sejam assegurados pela mesma autoridade nacional. 3) O artigo 6. o , n. o 1, do Regulamento n. o 604/2013 deve ser interpretado no sentido de que não impõe a um Estado‑Membro que não é responsável, por força dos critérios enunciados nesse regulamento, pela análise de um pedido de proteção internacional que tenha em conta o superior interesse da criança e que analise ele próprio esse pedido, em aplicação do artigo 17. o , n. o 1, do referido regulamento. 4) O artigo 27. o , n. o 1, do Regulamento n. o 604/2013 deve ser interpretado no sentido de que não impõe que seja previsto um recurso da decisão de não fazer uso da faculdade prevista no artigo 17. o , n. o 1, desse regulamento, sem prejuízo de esta decisão poder ser impugnada no âmbito de um recurso da decisão de transferência. 5) O artigo 20. o , n. o 3, do Regulamento n. o 604/2013 deve ser interpretado no sentido de que, na falta de prova em contrário, esta disposição estabelece uma presunção de que é do superior interesse da criança tratar a situação dessa criança de forma indissociável da dos seus pais. Assinaturas ( *1 ) Língua do processo: inglês.

62010TJ0547

et

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 16. septembri 2010. aasta otsuse peale (asi R 1370/2009‑1), mis puudutab vastulausemenetlust Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH ja Omya AG vahel. Resolutsioon 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Mõista kohtukulud välja Omya AG‑lt.

62013CJ0481

pl

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 31 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, podpisanej w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r., która weszła w życie w dniu 22 kwietnia 1954 r. [ Recueil des traités des Nations unies , t. 189, s. 150, nr 2545 (1954)] (zwanej dalej „konwencją genewską”), uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców z dnia 31 stycznia 1967 r., który wszedł w życie w dniu 4 października 1967 r. Wniosek ten został przedstawiony w ramach postępowania karnego przeciwko M. Qurbaniemu o fałszerstwo dokumentów, nielegalny wjazd na terytorium, nielegalny pobyt i nielegalny pobyt bez paszportu. Ramy prawne Prawo międzynarodowe Konwencja genewska Zgodnie z art. 31 konwencji genewskiej, zatytułowanym „Uchodźcy przebywający nielegalnie w państwie przyjęcia”: „1.   Umawiające się państwa nie będą nakładały kar za nielegalny wjazd lub pobyt na uchodźców przybywających bezpośrednio z terytorium, na którym ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo w rozumieniu artykułu 1, i weszli lub przebywają na ich terytorium bez zezwolenia, pod warunkiem że zgłoszą się bezzwłocznie do władz i przedstawią wiarygodne przyczyny swojego nielegalnego wjazdu lub pobytu. 2.   Umawiające się państwa nie będą nakładały na poruszanie się takich uchodźców ograniczeń poza tymi, które są niezbędne; ograniczenia takie będą stosowane tylko dopóty, dopóki status tych uchodźców w państwie nie zostanie uregulowany lub dopóki nie zostaną przyjęci w innym państwie. Umawiające się państwa przyznają uchodźcom odpowiedni czas, jak również wszystkie niezbędne ułatwienia dla uzyskania prawa przyjęcia w innym państwie”. Prawo Unii Dyrektywa 2004/83/WE Zgodnie z art. 14 dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osób, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony ( Dz.U. L 304, s. 12 ; sprostowanie Dz.U. 2005, L 204, s. 24 ; wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 19, t. 7, s. 96): „[…] 4.   Państwa członkowskie mogą cofnąć, uchylić lub odmówić odnowienia statusu przyznanego uchodźcy przez rządowy, administracyjny, sądowy lub quasi‑sądowy organ, kiedy: a) istnieją uzasadnione podstawy do uznania go za stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym się on znajduje; b) został skazany w drodze prawomocnego wyroku sądowego za szczególnie poważne przestępstwo, stanowiące niebezpieczeństwo dla społeczności w tym państwie członkowskim. 5.   W sytuacji określonej w ust. 4 państwa członkowskie mogą zdecydować o nieprzyznaniu uchodźcy statusu, w przypadku gdy taka decyzja nie została jeszcze podjęta. 6.   Osoby, w stosunku do których mają zastosowanie ust. 4 i 5, są uprawnione do uzyskania praw określonych lub podobnych do określonych w artykułach 3, 4, 16, 22, 31, 32 i 33 konwencji genewskiej, dopóki pozostają w państwie członkowskim”. Prawo niemieckie Paragraf 267 ust. 1 Strafgesetzbuch (kodeksu karnego) stanowi: „Kto w celu wprowadzenia w błąd w stosunkach prawnych podrabia lub przerabia dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 5”. Postępowanie główne i pytania prejudycjalne Mohammad Ferooz Qurbani jest obywatelem afgańskim, który korzystając z usług osoby dokonującej przerzutu przez granicę, przedostał się przez Iran i Turcję do Grecji. W dniu 17 sierpnia 2010 r. oskarżony opuścił Grecję, aby dotrzeć samolotem do Monachium (Niemcy), posługując się sfałszowanym paszportem pakistańskim, w który zaopatrzył się u innej osoby dokonującej przerzutu przez granicę. Na lotnisku w Monachium organy odpowiedzialne za kontrolę wykryły, że paszport przedstawiony przez M. Qurbaniego jest sfałszowany, a sam M. Qurbani został zatrzymany. Oskarżony natychmiast wskazał, że pragnie ubiegać się o status uchodźcy. W dniu 18 sierpnia 2010 r. M. Qurbani został doprowadzony do Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (federalnego biura ds. migracji i uchodźców), gdzie złożył formalny wniosek o udzielenie azylu. Z informacji przekazanych przez sąd odsyłający wynika, że postępowanie w przedmiocie wniosku o udzielenie azylu jest nadal w toku. W dniu 11 kwietnia 2011 r. Staatsanwaltschaft Würzburg (prokuratura w Würzburgu) wniosła do Amtsgericht o wydanie przeciwko M. Qurbaniemu w postępowaniu uproszczonym sądowego nakazu karnego z tytułu popełnienia czynów polegających na nielegalnym wjeździe na terytorium kraju, nielegalnym pobycie i nielegalnym pobycie bez paszportu, a także na fałszerstwie dokumentu. Wobec wydanego przez Amtsgericht nakazu M. Qurbani złożył sprzeciw. Wyrokiem z dnia 4 lutego 2013 r. Amtsgericht Würzburg (sąd rejonowy w Würzburgu) uwolnił M. Qurbaniego od wszystkich zarzutów. Według tego sądu prawo do azylu gwarantowane niemiecką konstytucją stoi na przeszkodzie skazaniu oskarżonego za nielegalny pobyt i nielegalny pobyt bez paszportu, a do przestępstw nielegalnego wjazdu na terytorium i fałszerstwa dokumentów ma zastosowanie zwolnienie od kary przewidziane w art. 31 konwencji genewskiej. Staatsanwaltschaft Würzburg wniósł rewizję do Oberlandesgericht Bamberg (wyższego sądu okręgowego w Bambergu), powołując zasadniczo brak możliwości zastosowania w niniejszej sprawie art. 31 konwencji genewskiej z tego względu, że oskarżony wjechał na terytorium Niemiec nie bezpośrednio z państwa prześladowań, lecz przejechawszy przez państwo członkowskie inne niż Republika Federalna Niemiec, w rozpatrywanej sprawie – przez Republikę Grecką. Ponadto artykuł ten dotyczy jedynie nielegalnego wjazdu na terytorium i nie może pozbawić władz niemieckich możliwości wymierzenia kary za przestępstwa, które są z tym wjazdem związane. W tych okolicznościach Oberlandesgericht Bamberg, który powziął wątpliwości dotyczące właściwej wykładni art. 31 konwencji genewskiej, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: „1) Czy podmiotowe zwolnienie od kary, o którym mowa w art. 31 [konwencji genewskiej], wykracza także poza brzmienie tego postanowienia, obejmując również fałszowanie dokumentów, którego dopuszczono się poprzez przedstawienie oficerowi policji fałszywego paszportu przy okazji przybycia na terytorium [Niemiec] drogą lotniczą, jeżeli owo posłużenie się fałszywym paszportem w ogóle nie jest konieczne do ubiegania się o przyznanie azylu w tym państwie? 2) Czy skorzystanie z usług osób zajmujących się przemytem ludzi wyłącza możliwość powołania się na art. 31 konwencji genewskiej? 3) Czy ustanowioną w art. 31 konwencji genewskiej przesłankę dotyczącą »bezpośredniego« przybycia zainteresowanego z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo, należy interpretować w ten sposób, że owa przesłanka jest spełniona także wówczas, gdy zainteresowany wjechał najpierw na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym wypadku [Republiki Greckiej]) i z tego państwa kontynuował podróż do innego państwa członkowskiego (w tym wypadku Republiki Federalnej Niemiec), gdzie wystąpił o azyl?”. W przedmiocie właściwości Trybunału Przez swoje pytanie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 31 konwencji genewskiej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by dana osoba mogła, po pierwsze, podlegać sankcji karnej w państwie członkowskim, w którym wystąpiła o udzielenie azylu, za przestępstwa związane z jej nielegalnym wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego, takie jak w szczególności nielegalny wjazd z pomocą osoby dokonującej przerzutu przez granicę i za pomocą sfałszowanego dokumentu tożsamości, a po drugie, powoływać się na przewidziane w tym artykule zwolnienie od kary, w przypadku gdy osoba ta wjechała na terytorium tego państwa członkowskiego, przejechawszy przez inne państwo członkowskie Unii. Należy wskazać na wstępie, że niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym rodzi pytanie o właściwość Trybunału. W tym względzie rządy niemiecki i niderlandzki, a także Komisja Europejska podnoszą brak właściwości Trybunału do udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne jako takie, zmierzające do tego, by Trybunał dokonał wykładni bezpośrednio art. 31 konwencji genewskiej. Wobec tego należy przypomnieć, że ze względu na fakt, iż konwencja genewska nie zawiera klauzuli przyznającej Trybunałowi jurysdykcję, Trybunał może przedstawić żądaną wykładnię postanowień tej konwencji, w niniejszej sprawie – wykładnię jej art. 31, tylko jeśli taka jego kompetencja wynika z art. 267 TFUE (wyrok TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243 , pkt 58). Tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wynikające z tego przepisu uprawnienie do dokonywania wykładni w trybie prejudycjalnym obejmuje normy, które stanowią część prawa Unii (wyrok TNT Express Nederland, EU:C:2010:243 , pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo). W odniesieniu do umów międzynarodowych jest bezsporne, że umowy zawarte przez Unię Europejską stanowią integralną część porządku prawnego Unii, a zatem mogą być przedmiotem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Trybunał nie jest natomiast co do zasady właściwy do dokonywania w ramach postępowania prejudycjalnego wykładni umów międzynarodowych zawartych pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi (wyrok TNT Express Nederland, EU:C:2010:243 , pkt 60, 61 i przytoczone tam orzecznictwo). Tylko jeżeli Unia przejęła kompetencje wykonywane uprzednio przez państwa członkowskie w zakresie zastosowania konwencji międzynarodowej niezawartej przez Unię i w konsekwencji postanowienia tej konwencji mają wiążący skutek dla Unii, oraz w zakresie, w jakim przejęła ona te kompetencje, Trybunał jest właściwy do dokonania wykładni takiej konwencji (wyrok TNT Express Nederland, EU:C:2010:243 , pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo). W rozpatrywanym przypadku w ramach ustanawiania wspólnego europejskiego systemu azylowego w zakresie zastosowania konwencji genewskiej zostało wprawdzie przyjętych kilka aktów prawnych, jest jednak oczywiste, że państwa członkowskie zachowały pewne kompetencje należące do tego zakresu, zwłaszcza w obszarze objętym art. 31 tej konwencji. Co za tym idzie, Trybunał nie może być właściwy do dokonywania wykładni bezpośrednio ani art. 31 tej konwencji, ani żadnego innego jej artykułu. Fakt, że art. 78 TFUE stanowi, iż wspólna polityka w dziedzinie azylu musi być zgodna z konwencją genewską, a art. 18 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej podkreśla, że gwarantuje się prawo do azylu z poszanowaniem zasad tej konwencji i protokołu dotyczącego statusu uchodźców z dnia 31 stycznia 1967 r., nie jest w stanie podważyć wywiedzionego w poprzednim punkcie stwierdzenia o braku właściwości Trybunału. Ponadto, jak orzeczono już w pkt 71 wyroku B i D (C‑57/09 i C‑101/09, EU:C:2010:661 ), jakkolwiek w interesie Unii leży, by dla uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych mogących powstać w przyszłości postanowienia tej konwencji międzynarodowej przejęte przez prawo krajowe oraz przepisy prawa Unii były interpretowane w sposób jednolity, niezależnie od warunków, w jakich mają zostać zastosowane, to jednak należy stwierdzić, że art. 31 konwencji genewskiej nie został przejęty przez treść prawa Unii, a kilka przepisów tego prawa odnosi się do tego artykułu. W tym względzie Komisja podnosi w swoich uwagach na piśmie, że do art. 31 konwencji genewskiej odsyła art. 14 ust. 6 dyrektywy 2004/83. Tymczasem chociaż w wyrokach Bolbol (C‑31/09, EU:C:2010:351 ) oraz Abed El Karem El Kott i in. (C‑364/11, EU:C:2012:826 ) Trybunał uznał się za właściwy do dokonania wykładni przepisów konwencji genewskiej, do których odsyłały przepisy prawa Unii, to jednak należy stwierdzić, że niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie zawiera żadnej wzmianki o przepisie prawa Unii, który odsyłałby do art. 31 konwencji genewskiej, a w szczególności żadnej wzmianki o art. 14 ust. 6 dyrektywy 2004/83. Co więcej, należy podkreślić, że wniosek ten nie zawiera żadnego elementu, który pozwalałby zakładać, iż art. 14 ust. 6 dyrektywy 2004/83 ma znaczenie dla sprawy w postępowaniu głównym. Z całości powyższych rozważań wynika, że w niniejszej sprawie nie wywiedziono właściwości Trybunału do dokonania wykładni art. 31 konwencji genewskiej. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że Trybunał nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w trybie prejudycjalnym przez Oberlandesgericht Bamberg. W przedmiocie kosztów Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w trybie prejudycjalnym przez Oberlandesgericht Bamberg (Niemcy) postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie C‑481/13. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: niemiecki.

62015CJ0282

es

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) n. o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria ( DO 2002, L 31, p. 1 ), del Reglamento (CE) n. o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos ( DO 2006, L 404, p. 26 ), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n. o 108/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008 ( DO 2008, L 39, p. 11 ) (en lo sucesivo, «Reglamento n. o 1925/2006»), y de los artículos 34 TFUE a 36 TFUE. Esta petición se ha presentado en un litigio entre Queisser Pharma GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Queisser Pharma») y la Bundesrepublik Deutschland (República Federal de Alemania), en relación con una solicitud de dispensa de la prohibición de fabricar y comercializar un complemento alimenticio que contiene el aminoácido L histidina. Marco jurídico Derecho de la Unión Reglamento n. o 178/2002 El artículo 1 del Reglamento n. o 178/2002 define su objeto y ámbito de aplicación en los siguientes términos: «1.   El presente Reglamento proporciona la base para asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos, teniendo en cuenta, en particular, la diversidad del suministro de alimentos, incluidos los productos tradicionales, al tiempo que se garantiza el funcionamiento eficaz del mercado interior. Establece principios y responsabilidades comunes, los medios para proporcionar una base científica sólida y disposiciones y procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma de decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos. 2.   A efectos del apartado 1, el presente Reglamento establece los principios generales aplicables, en la Comunidad y a nivel nacional, a los alimentos y los piensos en general y, en particular, a su seguridad. […]» El artículo 3 de este Reglamento establece: «A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: […] 11) “Determinación del riesgo”, un proceso con fundamento científico formado por cuatro etapas: identificación del factor de peligro, caracterización del factor de peligro, determinación de la exposición y caracterización del riesgo. […]» El capítulo II de dicho Reglamento, rubricado «Legislación alimentaria general», comprende los artículos 4 a 21 de esta norma. El citado artículo 4, a su vez rubricado «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente en sus apartados 2 y 3: «2.   Los principios generales establecidos en los artículos 5 a 10 constituirán un marco general de carácter horizontal al que habrá que ajustarse cuando se adopten medidas. 3.   Los principios y procedimientos de la actual legislación alimentaria se adaptarán lo antes posible, y a más tardar el 1 de enero de 2007, para ajustarlos a lo dispuesto en los artículos 5 a 10.» El artículo 6 del Reglamento n. o 178/2002, rubricado «Análisis del riesgo», establece: «1.   Con el fin de lograr el objetivo general de un nivel elevado de protección de la salud y la vida de las personas, la legislación alimentaria se basará en el análisis del riesgo, salvo que esto no convenga a las circunstancias o la naturaleza de la medida legislativa. 2.   La determinación del riesgo se basará en las pruebas científicas disponibles y se efectuará de una manera independiente, objetiva y transparente. 3.   Con objeto de alcanzar los objetivos generales de la legislación alimentaria establecidos en el artículo 5, la gestión del riesgo tendrá en cuenta los resultados de la determinación del riesgo y, en particular, los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria mencionada en el artículo 22, el principio de cautela cuando sean pertinentes las condiciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 7, así como otros factores relevantes para el tema de que se trate.» El artículo 7 de dicho Reglamento, titulado «Principio de cautela», dispone: «1.   En circunstancias específicas, cuando, tras haber evaluado la información disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad, en espera de disponer de información científica adicional que permita una determinación del riesgo más exhaustiva. 2.   Las medidas adoptadas con arreglo al apartado 1 serán proporcionadas y no restringirán el comercio más de lo requerido para alcanzar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica y otros factores considerados legítimos para el problema en cuestión. Estas medidas serán revisadas en un plazo de tiempo razonable, en función de la naturaleza del riesgo observado para la vida o la salud y del tipo de información científica necesaria para aclarar la incertidumbre y llevar a cabo una determinación del riesgo más exhaustiva.» El artículo 14 del Reglamento n. o 178/2002, titulado «Requisitos de seguridad alimentaria», dispone: «1.   No se comercializarán los alimentos que no sean seguros. 2.   Se considerará que un alimento no es seguro cuando: a) sea nocivo para la salud; b) no sea apto para el consumo humano. […] 7.   El alimento que cumpla las disposiciones comunitarias específicas que regulen la inocuidad de los alimentos se considerará seguro por lo que se refiere a los aspectos cubiertos por esas disposiciones. […] 9.   A falta de disposiciones comunitarias específicas, se considerará seguro un alimento si es conforme a las disposiciones específicas de la legislación alimentaria nacional del Estado miembro donde se comercialice ese alimento; esas disposiciones nacionales deberán estar redactadas y aplicarse sin perjuicio del Tratado [FUE], y en particular de sus artículos [34 y 36].» El artículo 53 de este Reglamento establece las medidas de emergencia para alimentos y piensos de origen comunitario o importados de un país tercero. El artículo 55 del Reglamento n. o 178/2002 trata del plan general para la gestión de crisis. Reglamento n. o 1925/2006 Los considerandos 1 y 2 del Reglamento n. o 1925/2006 exponen: «(1) Para la producción de alimentos puede utilizarse una amplia gama de nutrientes y otros ingredientes, como las vitaminas, los minerales, incluidos los oligoelementos, los aminoácidos, los ácidos grasos esenciales, las fibras y diversas plantas y extractos de hierbas, sin que esta enumeración tenga carácter exhaustivo. En los Estados miembros, su adición a los alimentos está regulada por normas nacionales diferentes, que obstaculizan la libre circulación de estos productos, crean condiciones desiguales de competencia y, por tanto, tienen una incidencia directa en el funcionamiento del mercado interior. Es preciso, por esta razón, adoptar normas comunitarias que armonicen las disposiciones nacionales relativas a la adición de vitaminas, minerales y otras determinadas sustancias a los alimentos. (2) El presente Reglamento pretende regular la adición de vitaminas y minerales a los alimentos y la utilización de otras determinadas sustancias o ingredientes que contienen sustancias distintas de las vitaminas o los minerales, cuando se añaden a los alimentos o se usan en su elaboración en condiciones tales que supongan la ingestión de cantidades que superen con mucho las razonablemente previsibles en las condiciones normales de consumo de una dieta equilibrada y/o variada o que representen por otros motivos un riesgo potencial para el consumidor. Cuando no se hayan adoptado disposiciones comunitarias específicas en materia de prohibición o restricción de la utilización de sustancias o ingredientes que contengan sustancias distintas de las vitaminas o los minerales con arreglo al presente Reglamento o a otras disposiciones comunitarias específicas, pueden aplicarse las disposiciones nacionales pertinentes, sin perjuicio de las disposiciones del Tratado.» El artículo 2 de este Reglamento, con el título «Definiciones», establece: «A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: […] 2) “otra sustancia”, una sustancia distinta de las vitaminas o los minerales, con efectos nutricionales o fisiológicos.» El artículo 8 de dicho Reglamento, rubricado «Sustancias sujetas a restricción, prohibición o control comunitario», establece: «1.   Se seguirá el procedimiento previsto en el presente artículo si se añade a los alimentos o se utiliza en la producción de alimentos una sustancia que no sea una vitamina ni un mineral, o un ingrediente que contenga una sustancia distinta de las vitaminas o los minerales, en condiciones que puedan dar lugar a la ingestión de cantidades de esta sustancia ampliamente superiores a las que puede esperarse razonablemente que se ingiera en condiciones normales de consumo en una dieta equilibrada y variada o que representen por otros motivos un riesgo potencial para la salud del consumidor. 2.   La Comisión, a iniciativa propia o basándose en la información facilitada por los Estados miembros, podrá adoptar una decisión destinada a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, después de que la Autoridad evalúe en cada caso la información disponible, con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 14, apartado 3, con el fin de incluir, en caso necesario, la sustancia o el ingrediente en el anexo III. En particular: a) si se constata un efecto nocivo para la salud, dicha sustancia o el ingrediente que la contenga: i) se incluirán en el anexo III, parte A, y se prohibirá su adición a los alimentos o su uso en la fabricación de alimentos, o ii) se incluirán en el anexo III, parte B, y su adición a los alimentos o su uso en la fabricación de alimentos solo se permitirán en las condiciones previstas en dicha parte; b) si se constata que puede tener un efecto perjudicial para la salud, aunque persista la incertidumbre científica, la sustancia se incluirá en el anexo III, parte C. […]» El artículo 11 del mismo Reglamento, titulado «Disposiciones nacionales», establece lo siguiente en su apartado 2: «Si un Estado miembro, a falta de disposiciones comunitarias, considera necesario adoptar una nueva disposición legislativa: a) sobre la adición preceptiva de vitaminas y minerales a alimentos específicos o a categorías de alimentos, o b) sobre la prohibición o la restricción del uso de otras determinadas sustancias en la fabricación de alimentos específicos, lo notificará a la Comisión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12.» Derecho alemán El Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (Código alimentario y de piensos; BGBl. 2005 I., p. 2618) tiene por objeto proteger la salud humana a través de medidas preventivas en el ámbito privado o prevenir los riesgos que presenten o puedan presentar estos productos. El tribunal remitente cita la versión de dicho código publicada el 3 de junio de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1426), modificada por el artículo 2 de la Ley de 5 de diciembre de 2014 (BGBl. 2014 I, p. 1975) (en lo sucesivo, «LFGB»). De conformidad con el artículo 1, apartado 3, del LFGB, esta norma tiene por objeto transponer y aplicar los actos jurídicos de la Unión que abordan los ámbitos regulados por ella, como el Reglamento n. o 178/2002. El artículo 2 del LFGB, rubricado «Definiciones», establece: «[…] 2.   Se entenderá por “alimentos” los alimentos en el sentido del artículo 2 del Reglamento [n. o 178/2002]. 3.   Se entenderá por “aditivos alimentarios” los aditivos alimentarios en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra a), en relación con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n. o 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios [ DO 2008, L 354, p. 16 ], modificado por última vez por el Reglamento (UE) n. o 298/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014 [ DO 2014, L 89, p. 36 ]. Los aditivos alimentarios se corresponden con 1) sustancias con o sin valor nutricional, que normalmente no se consumen como alimentos en sí mismos ni se utilizan como ingrediente característico de un alimento, y que se añaden a un alimento en su fabricación o tratamiento por motivos diferentes a los tecnológicos, convirtiéndose o pudiendo convertirse por sí mismos o a través de sus productos resultantes de su degradación o reacción directa o indirectamente en un ingrediente del alimento; quedan excluidas las sustancias de origen natural o equivalentes químicos naturales y que se utilizan en la práctica general principalmente por su valor nutricional, por su olor o sabor o como estimulantes, […] 3) aminoácidos y sus derivados, […]». El artículo 4 del LFGB, titulado «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 1: «Las disposiciones de esta Ley […] 2) relativas a los aditivos alimentarios se aplican también a las sustancias equivalentes conforme al artículo 2, apartado 3, segunda frase, o apartado 3, punto 2. […]» El artículo 5 del LFGB, titulado «Prohibiciones para la protección de la salud», dispone en su apartado 1: «Está prohibido fabricar o manipular productos para otros de tal manera que su consumo resulte nocivo para la salud en el sentido del artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento [n. o 178/2002]. No se ven afectadas: 1) la prohibición del artículo 14, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento [n. o 178/2002] sobre la comercialización de alimentos que no sean seguros […] […]». El artículo 6 del LFGB, relativo a las prohibiciones de aditivos alimentarios, precisa lo siguiente en su apartado 1: «Queda prohibido: 1) utilizar en la fabricación o tratamiento de alimentos destinados a la comercialización a) aditivos alimentarios no permitidos, ya sea puros o mezclados con otras sustancias, […] 2) comercializar profesionalmente alimentos que hayan sido producidos o tratados incumpliéndose la prohibición establecida en el número 1, o bien que no se ajusten al reglamento adoptado de conformidad con el artículo 7, apartados 1 o 2, números 1 o 5. […]» En virtud del artículo 7 del LFGB, el Bundesministerium (Ministerio Federal, Alemania) está autorizado a otorgar mediante orden excepciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 6, apartado 1, de la misma norma. El artículo 54, apartados 2 y 3, del LFGB está redactado en los siguientes términos: «2.   El Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Oficina Federal de protección de los consumidores y seguridad alimentaria, Alemania) adoptará resoluciones de alcance general […][…] siempre que no se opongan a ello razones imperativas de protección de la salud. Deberá instar dichas resoluciones la persona que pretenda importar los productos en el territorio alemán. Al evaluar los riesgos para la salud de un producto, deberán tomarse en consideración los conocimientos actuales de la investigación internacional y, en el caso de los productos alimenticios, los hábitos alimentarios existentes en la República Federal de Alemania. Las resoluciones de alcance general adoptadas con arreglo a la primera frase surtirán efectos en favor de todos los importadores de los productos de que se trate procedentes de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados Partes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 3.   La solicitud deberá ir acompañada de una descripción precisa del producto y de la documentación disponible requerida para adoptar la resolución. La solicitud deberá resolverse dentro de un plazo razonable. En el caso de que en el plazo de noventa días no haya podido adoptarse una decisión definitiva sobre la solicitud, deberá informarse al solicitante de las razones para ello.» El artículo 68 del LFGB establece: «1.   Previa solicitud, en casos concretos se pueden conceder excepciones a lo dispuesto en esta Ley y en los Reglamentos que la desarrollen, según se establece en los apartados 2 y 3. 2.   Tan sólo se podrán conceder excepciones: 1) En lo referente a la fabricación, tratamiento o comercialización de determinados alimentos […], siempre y cuando se esperen resultados que pudieran ser relevantes para una modificación o ampliación de las disposiciones vigentes sobre alimentos […], bajo supervisión oficial o siempre y cuando aún no haya tenido lugar una equiparación de las normas legales a los actos jurídicos de […] la Unión Europea; a estos efectos se tendrán en cuenta adecuadamente los intereses legítimos individuales así como todos los factores que pueden influir en la competitividad general del sector industrial en cuestión. […] 4) En otros casos, en los que debido a circunstancias especiales, como el deterioro inminente de los alimentos […] resulte conveniente para evitar cargas desproporcionadas. 3.   Tan sólo se podrá conceder una excepción cuando existan hechos que prueben que no cabe esperar riesgo alguno para la salud de las personas o de los animales. […] 4.   La concesión de las excepciones contempladas en el apartado 2, apartados 1 y 3, es competencia de la Oficina Federal de protección de los consumidores y seguridad alimentaria. La autorización podrá sujetarse a condiciones. 5.   La concesión de una excepción conforme al apartado 2 tendrá una validez máxima de tres años. En los supuestos mencionados en el apartado 2, punto 1, previa solicitud, podrá prorrogarse en tres ocasiones […], cada vez por un período máximo de tres años, siempre que se mantengan los requisitos para su otorgamiento. 6.   La autorización de una excepción hará constar que ésta podrá ser revocada en cualquier momento debido a un motivo importante. […]» Litigio principal y cuestiones prejudiciales Queisser Pharma, empresa domiciliada en Alemania, fabrica un complemento alimentario denominado «Doppelherz aktiv + Eisen + Vitamin C + Histidin + Folsäure» cuya dosis recomendada aporta diariamente, en particular, 100 mg de aminoácido L histidina y 10 mg de hierro. El 27 de marzo de 2006, Queisser Pharma presentó ante la Oficina Federal de protección de los consumidores y seguridad alimentaria (en lo sucesivo, «Oficina») una solicitud de autorización especial de acuerdo con el artículo 68 del LFGB, con objeto de fabricar y comercializar este producto como complemento alimentario en el territorio de la República Federal de Alemania. Mediante resolución de 2 de noviembre de 2012, la Oficina denegó la solicitud, al no reunirse los requisitos de concesión de la autorización especial con arreglo al artículo 68 del LFGB. Según la oficina, de conformidad con el artículo 68 del LFGB, apartado 3, la excepción sólo podía concederse si existían hechos que permitieran concluir que no era previsible riesgo alguno para la salud humana o animal. Sin embargo, aun cuando la Oficina consideró que la L histidina contenida en el producto en cuestión en el litigio principal no era peligrosa para la salud, manifestó no obstante algunas dudas respecto a la inocuidad de ese producto debido a que éste aporta diariamente 10 mg de hierro al metabolismo. A raíz de la desestimación del recurso que había interpuesto contra esa resolución, Queisser Pharma presentó ante el Verwaltungsgericht Braunschweig (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Braunschweig, Alemania) un recurso con objeto de que se declarase que no era necesaria excepción alguna en virtud del artículo 68 del LFGB, apartado 1, primera frase, para poder fabricar y comercializar el producto controvertido. Mediante resolución de 17 de febrero de 2015, adoptada en el procedimiento sustanciado ante el tribunal remitente, la Oficina modificó su resolución de 2 de noviembre de 2012 y concedió a Queisser una autorización especial con arreglo al artículo 68 del LFGB por un período de tres años. La Oficina señaló a este respecto que, contrariamente a lo que había entendido anteriormente, no procedía tomar en consideración el hierro contenido en el producto en cuestión en el litigio principal al comprobar los requisitos exigidos en el artículo 68 del LFGB. Queisser Pharma, sin embargo, mantuvo su recurso ante el tribunal remitente. A este respecto, dicho tribunal señala que, en virtud del Derecho alemán que regula lo contencioso-administrativo, la demanda presentada el 22 de marzo de 2013 por Queisser Pharma sigue siendo admisible, pues dicha sociedad acredita un interés legítimo en que se declare que no era necesario solicitar tal excepción. El tribunal remitente, basándose concretamente en la jurisprudencia nacional, en particular, en la procedente del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania), plantea la cuestión de si el sistema de autorizaciones especiales establecido por el LFGB se ajusta al Derecho de la Unión. En efecto, según esa jurisprudencia, las normas nacionales de seguridad alimentaria deben respetar el Derecho primario de la Unión, especialmente lo establecido en los artículos 34 TFUE a 36 TFUE, preceptos que no están reservados para las situaciones transfronterizas, lo cual, a su entender, se desprende de la remisión específica a esos artículos contenida en el artículo 14, apartado 9, del Reglamento n. o 178/2002. Sin embargo, el tribunal remitente alberga dudas sobre la compatibilidad de la legislación nacional debatida en el litigio principal con los artículos 34 TFUE a 36 TFUE, debido a la inobservancia del principio de proporcionalidad. Además, el tribunal remitente se pregunta si una legislación nacional como la debatida en el litigio principal es compatible con el Reglamento n. o 178/2002 y con el Reglamento n. o 1925/2006. Según ese tribunal, cabe entender que los artículos 6, 7 y 14 del Reglamento n. o 178/2002 han regulado el ámbito de la seguridad alimentaria de manera exhaustiva, de tal forma que sólo podría dictarse una prohibición nacional de alimentos o de sus ingredientes si concurrieran los requisitos mencionados en dichos artículos. Asimismo, en su opinión, se puede interpretar que el procedimiento establecido en el artículo 8 del Reglamento n. o 1925/2006 regula de manera exhaustiva la posibilidad de añadir aminoácidos a los complementos alimentarios, lo cual se opone a la aprobación de una normativa nacional diferente. Por lo tanto, el tribunal remitente se pregunta si la normativa nacional de que se trata en el litigio principal contradice el Derecho de la Unión, en la medida en que, por una parte, prohíbe con carácter general la utilización de aminoácidos en los alimentos, con independencia de la cuestión de si hay suficientes razones para temer riesgos para la salud y, por otra parte, plantea la posibilidad de obtener una excepción a dichas restricciones. En estas circunstancias, el Verwaltungsgericht Braunschweig (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Braunschweig) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Deben interpretarse los artículos 34 TFUE, 35 TFUE y 36 TFUE, en relación con el artículo 14 del Reglamento n. o 178/2002, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que prohíbe la fabricación o la manipulación, así como la comercialización de un complemento alimenticio con aminoácidos (en el presente caso: L-histidina), salvo que se conceda una autorización especial temporal, sujeta a determinados requisitos fácticos adicionales, en virtud de la facultad discrecional de las autoridades nacionales? 2) ¿Puede deducirse de la sistemática de los artículos 14, 6, 7, 53 y 55 del Reglamento n. o 178/2002 que tan sólo se pueden establecer prohibiciones nacionales de determinados alimentos o ingredientes alimentarios en las condiciones indicadas en dichas disposiciones, y se opone esto a una normativa nacional como la descrita en el punto 1? 3) ¿Debe interpretarse el artículo 8 del Reglamento n. o 1925/2006 en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la descrita en el punto 1?» Sobre las cuestiones prejudiciales Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si los artículos 14, 6, 7, 53 y 55 del Reglamento n. o 178/2002 y el artículo 8 del Reglamento n. o 1925/2006, así como los artículos 34 TFUE a 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional, como la debatida en el litigio principal, que prohíbe fabricar, transformar o comercializar cualquier complemento alimentario que contenga aminoácidos, salvo autorización especial concedida exclusivamente de manera temporal por una autoridad nacional que a este respecto actúa en el ejercicio de facultades discrecionales. Con carácter preliminar, debe señalarse que algunas de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales no son aplicables al litigio principal. En primer lugar, se desprende de la interpretación conjunta del considerando primero y de los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 2, del Reglamento n. o 1925/2006 que los aminoácidos, dado que poseen efectos nutritivos o fisiológicos y se añaden a los alimentos o se utilizan en su fabricación, se incluyen en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento en la categoría de «otras sustancias», tal como se definen en dicho artículo 2, apartado 2. No obstante, como se desprende del segundo considerando de ese Reglamento, cuando no se hayan adoptado disposiciones de Derecho de la Unión específicas en materia de prohibición o restricción de la utilización de sustancias o ingredientes que contengan «sustancias distintas» de las vitaminas o los minerales con arreglo a dicho Reglamento o a otras disposiciones de la Unión específicas, pueden aplicarse las disposiciones nacionales pertinentes, sin perjuicio de las disposiciones del Tratado. Pues bien, en el Derecho de la Unión ahora vigente, los aminoácidos no son objeto de ninguna prohibición o restricción específica, de conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento n. o 1925/2006, que establece el procedimiento de prohibición de las «otras sustancias» en el ámbito de la Unión. Por lo tanto, si bien, en virtud del artículo 11, apartado 2, letra b), del Reglamento n. o 1925/2006, las normas nacionales pertinentes aprobadas después de la entrada en vigor de ese Reglamento deben ser notificadas a la Comisión, los Estados miembros, en principio, pueden seguir aplicándolas, en particular, las normas nacionales sobre la prohibición de utilizar aminoácidos en los complementos alimenticios que existieran en el momento de la entrada en vigor de dicho Reglamento. Por consiguiente, el Reglamento n. o 1925/2006 no puede aplicarse a la situación del litigio principal, aun cuando dicho Reglamento no impide la aplicación de otras normas específicas dictadas por el legislador de la Unión en relación con esas «otras sustancias» o de las normas del Tratado. Asimismo, respecto a los artículos 34 TFUE a 36 TFUE, se desprende de la resolución de remisión que todos los elementos que integran este asunto se circunscriben a los límites de la República Federal de Alemania. Como ha señalado el Abogado General en los puntos 98 a 100 de sus conclusiones, debido a que todos los citados elementos se circunscriben al interior de un solo Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de noviembre de 1995, Esso Española, C‑134/94 , EU:C:1995:414 , apartado , y de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , apartado ) y a que, por otra parte, las normas del LFGB debatidas en el litigio principal no perjudican a las exportaciones frente al comercio interno de dicho Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Gysbrechts y Santurel Inter, C‑205/07 , EU:C:2008:730 , apartado ), los artículos 34 TFUE a 36 TFUE no son aplicables al litigio principal. El tribunal remitente considera no obstante que, pese al hecho de que este asunto carece de cualquier elemento transfronterizo, los artículos 34 TFUE a 36 TFUE pueden ser aplicables, ya que, de acuerdo con el artículo 14, apartado 9, del Reglamento n. o 178/2002, a falta de disposiciones de Derecho de la Unión específicas, se considerará seguro un alimento si es conforme a las disposiciones específicas de la legislación alimentaria nacional del Estado miembro donde se comercialice ese alimento; esas disposiciones nacionales deberán estar redactadas y aplicarse sin perjuicio del Tratado FUE y, en particular, de sus artículos 34 y 36. No obstante, cabe señalar que, como indica en esencia el Gobierno alemán en sus observaciones escritas, una remisión expresa a los artículos 34 TFUE a 36 TFUE, como la que aparece en el apartado 14, apartado 9, del Reglamento n. o 178/2002, no puede ampliar el ámbito de aplicación de los artículos 34 TFUE a 36 TFUE a una situación, como la del litigio principal, que no contiene ningún otro elemento que permita concluir que estos artículos pueden ser aplicables. Finalmente, por cuanto se refiere al Reglamento n. o 178/2002, los datos del expediente remitidos al Tribunal de Justicia permiten comprobar que los artículos 53 y 55 de ese Reglamento, que tienen por objeto, respectivamente, las situaciones o medidas de urgencia que deben adoptarse, así como las situaciones de gestión de crisis, no pueden aplicarse al presente asunto. De ello resulta que el artículo 8 del Reglamento n. o 1925/2006, los artículos 34 TFUE a 36 TFUE y los artículos 53 y 55 del Reglamento n. o 178/2002 no son aplicables a los hechos del litigio principal y no se oponen a una legislación nacional como la debatida en dicho litigio. En cuanto a los artículos 6, 7 y 14 del Reglamento n. o 178/2002, debe recordarse que, de acuerdo con dicho artículo 14, apartados 1 y 2, no se comercializarán los alimentos que no sean seguros, esto es, los alimentos nocivos para la salud o no aptos para el consumo humano. Por consiguiente, debe ser prohibida la comercialización de cualquier alimento nocivo para la salud o no apto para el consumo humano. A este respecto, se desprende del artículo 14, apartados 7 y 9, del mencionado Reglamento que, a falta de disposiciones específicas de Derecho de la Unión, se considerará seguro un alimento si es conforme a las disposiciones específicas de la legislación alimentaria nacional del Estado miembro donde se comercialice ese alimento. En tal supuesto, dicho precepto permite al Estado miembro, por lo tanto, establecer las normas que regulen la seguridad de los alimentos. En este contexto, procede recordar que, a falta de armonización y en la medida en que subsistan dudas en el estado actual de la investigación científica, corresponde a los Estados miembros decidir el grado de protección de la salud y de la vida de las personas que pretenden garantizar y exigir (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 1983, Sandoz, 174/82 , EU:C:1983:213 , apartado ; de 23 de septiembre de 2003, Comisión/Dinamarca, C‑192/01 , EU:C:2003:492 , apartado , y de 28 de enero de 2010, Comisión/Francia, C‑333/08 , EU:C:2010:44 , apartado ). No obstante, la conformidad de una normativa nacional que regula la seguridad de los alimentos, como la debatida en el litigio principal, con el sistema establecido por el Reglamento n. o 178/2002 está supeditada a que dicha normativa respete los principios generales de la normativa alimentaria, en particular, del principio de análisis del riesgo y del principio de cautela, establecidos respectivamente en los artículos 6 y 7 de dicho Reglamento. En efecto, de conformidad con su artículo 1, apartado 2, dicho Reglamento establece los principios generales aplicables, en la Unión y en el ámbito nacional, a los alimentos y los piensos en general y, en particular, a su seguridad. Además, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n. o 178/2002 establece que los principios generales definidos en los artículos 5 a 10 de dicho Reglamento constituirán un marco general de carácter horizontal al que habrá que ajustarse cuando se adopten medidas. De acuerdo con el artículo 4, apartado 3, del mismo Reglamento, los principios y procedimientos de la actual legislación alimentaria se adaptarán lo antes posible, y a más tardar el 1 de enero de 2007, para ajustarlos a lo dispuesto en los artículos 5 a 10. De ello se desprende que la legislación alimentaria nacional de que se trata en el procedimiento principal que prohíbe, salvo autorización especial previa, fabricar, transformar y comercializar complementos alimentarios que contengan aminoácidos debe ajustarse al marco general regulado por los citados preceptos del Reglamento n. o 178/2002. El Tribunal de Justicia ha declarado que los artículos 6 y 7 de este Reglamento aspiran al objetivo general de alcanzar un nivel de protección de la salud elevado (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2010, Comisión/Francia, C‑333/08 , EU:C:2010:44 , apartado ). A este respecto, se desprende del artículo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento n. o 178/2002 que el análisis del riesgo en que debe basarse la legislación alimentaria se realizará de acuerdo con las pruebas científicas disponibles y que se efectuará de manera independiente, objetiva y transparente. Debe recordarse que el artículo 3, apartado 11, de dicho Reglamento define el análisis del riesgo como un proceso basado en datos científicos y que comprende cuatro etapas: la identificación del factor de peligro, su caracterización, la determinación de la exposición y la caracterización del riesgo. Respecto al artículo 7 del Reglamento n. o 178/2002, relativo al principio de cautela, se desprende de su apartado 1 que en circunstancias específicas, cuando, tras haber evaluado la información disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Unión, en espera de disponer de información científica adicional que permita una determinación del riesgo más exhaustiva. Como ha señalado el Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, las medidas de gestión del riesgo adoptadas en virtud del artículo 7 del Reglamento n. o 178/2002 únicamente pueden aplicarse después de haber evaluado la información disponible, a efectos del artículo 6 de dicho Reglamento, y cuando tal evaluación haya revelado incertidumbres científicas acerca de los posibles efectos nocivos en la salud de un alimento o de una sustancia incorporada a un alimento. A este respecto, la correcta aplicación del principio de cautela presupone, en primer lugar, la identificación de las consecuencias negativas que pueden tener para la salud las sustancias o los alimentos de que se trate y, en segundo lugar, un análisis global del riesgo para la salud basado en los datos científicos más fiables de que se disponga y en los resultados más recientes de la investigación internacional (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de septiembre de 2003, Monsanto Agricoltura Italia y otros, C‑236/01 , EU:C:2003:431 , apartado , y de 28 de enero de 2010, Comisión/Francia, C‑333/08 , EU:C:2010:44 , apartado ). Por lo tanto, cuando resulta imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los resultados de los estudios realizados y, sin embargo, persiste la probabilidad de un perjuicio real para la salud pública en el supuesto en que ocurra el riesgo, el principio de cautela justifica la adopción de medidas restrictivas, siempre y cuando sean objetivas y no discriminatorias (véase la sentencia de 28 de enero de 2010, Comisión/Francia, C‑333/08 , EU:C:2010:44 , apartado y jurisprudencia citada). De ello se desprende que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n. o 178/2002, un Estado miembro está facultado, en principio, para aprobar un régimen como el controvertido en el litigio principal, que prohíbe con carácter general y salvo autorización especial la utilización de aminoácidos en los alimentos, si dicho régimen, que es, en lo esencial, un régimen de autorización previa, se basa, en particular, en los principios de análisis del riesgo y de cautela, mencionados en los artículos 6 y 7 de dicho Reglamento, en el sentido que se explican en los apartados 51 a 57 de la presente sentencia. Asimismo, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n. o 178/2002, las medidas adoptadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento serán proporcionadas y no restringirán el comercio más de lo requerido para alcanzar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica y otros factores considerados legítimos para el problema en cuestión. Además, estas medidas serán revisadas en un plazo de tiempo razonable, en función de la naturaleza del riesgo observado para la vida o la salud y del tipo de información científica necesaria para aclarar la incertidumbre y llevar a cabo una determinación del riesgo más exhaustiva. Tal incertidumbre, inseparable del concepto de cautela, influye en el alcance de la facultad de apreciación del Estado miembro y repercute, de esta forma, en los modos de aplicación del principio de proporcionalidad. En tales circunstancias, ha de admitirse que un Estado miembro, en virtud del principio de cautela, puede adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de dichos riesgos. Sin embargo, el análisis del riesgo no puede basarse en consideraciones puramente hipotéticas (sentencia de 28 de enero de 2010, Comisión/Francia, C‑333/08 , EU:C:2010:44 , apartado y jurisprudencia citada). En el caso de autos, el tribunal remitente no proporciona suficiente información que permita afirmar que la prohibición de los alimentos que contienen aminoácidos, establecida en el LFGB, se basaba en los principios generales de la legislación alimentaria derivados de los artículos 6 y 7 del Reglamento n. o 178/2002. No obstante, en las observaciones escritas que ha presentado ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán sostiene que las normas nacionales relativas a los aminoácidos que se encuentran en el artículo 6, apartado 1, del LFGB, interpretado en relación con el artículo 2, apartado 3, segunda frase, del LFGB, pretenden en efecto paliar la amenaza que resulta para la salud del hecho de añadir aminoácidos a los alimentos. Según ese gobierno, el enriquecimiento de los alimentos con aminoácidos supone riesgos para la salud, pero los actuales conocimientos científicos son incompletos y no permiten todavía hacer una valoración definitiva de tales riesgos. A este respecto, procede señalar que el análisis de la compatibilidad del régimen establecido por el LFGB con el Reglamento n. o 178/2002 incumbe al tribunal remitente. En este análisis, dicho tribunal debe, en primer lugar, cerciorarse de que la evaluación de los riesgos que implica la utilización de aminoácidos en los complementos alimentarios se ha efectuado de manera que satisfaga los requisitos mencionados en los apartados 53 y 56 de la presente sentencia y de que no se ha basado en consideraciones meramente hipotéticas. En segundo lugar, cuando se demuestra que subsisten dudas en el estado actual de la investigación científica respecto a los efectos perjudiciales para la salud de determinadas sustancias, el margen de discrecionalidad de los Estados miembros en relación con la opción por el nivel de protección de la salud que quieren asegurar resulta especialmente importante (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril de 2010, Solgar Vitamin’s France y otros, C‑446/08 , EU:C:2010:233 , apartados y ). Por consiguiente, como ha señalado el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, el hecho de que, en circunstancias como las del litigio principal, las autoridades nacionales competentes dispongan de un amplio margen de discrecionalidad no plantea en sí dudas sobre la compatibilidad con el Reglamento n. o 178/2002. En tercer lugar, el régimen establecido por el LFGB se refiere indistintamente, como se desprende del artículo 6, apartado 1, punto 2, del LFGB, interpretado en relación con el artículo 2, apartado 3, segunda frase, punto 3, y del artículo 4, apartado 1, punto 2, del LFGB, a todos los aminoácidos y sus derivados, sin distinción respecto a las posibles categorías o clases de sustancias. Pues bien, aun cuando un régimen de prohibición general como ése no contradice, por este único motivo, lo dispuesto en el Reglamento n. o 178/2002, el análisis del riesgo que han de efectuar las autoridades nacionales competentes de conformidad con el artículo 6 de ese Reglamento debe poner de relieve de forma clara cuáles son los elementos o características comunes de las sustancias de que se trata cuyo riesgo real para la salud humana no puede descartarse. En el caso de autos, habida cuenta de la información proporcionada por el Gobierno alemán en sus observaciones escritas, y sin perjuicio de las necesarias comprobaciones que ha de efectuar el tribunal remitente, el análisis del riesgo y la aplicación del principio de cautela que resulta de aquel sólo parecen referirse a determinados aminoácidos, lo cual parece insuficiente para justificar un sistema de autorización previa como el establecido por el LFGB, que afecta indistintamente a todos los aminoácidos. Al realizar esa comprobación, es preciso recordar que las dificultades prácticas de llevar a cabo un análisis exhaustivo del riesgo para la salud de los alimentos que contienen aminoácidos, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 56 de esta sentencia, no pueden justificar que se prescinda de ese análisis exhaustivo que preceda a la aprobación de un régimen de autorización previa sistemático e indiscriminado (véase, por analogía, la sentencia de 28 de enero de 2010, Comisión/Francia, C‑333/08 , EU:C:2010:44 , apartado ). En cuarto lugar, el artículo 68, apartado 5, del LFGB dispone que la concesión de una excepción a la prohibición mencionada en el artículo 6 del LFGB tendrá una validez máxima de tres años, que sólo podrá prorrogarse en tres ocasiones, cada vez por un período máximo de tres años. A este respecto, debe señalarse que el primero de estos preceptos, al establecer esas restricciones temporales a la concesión de estas autorizaciones especiales, aun en el caso de que esté demostrada la inocuidad de una sustancia, establece una medida desproporcionada para alcanzar el objetivo de protección de la salud pública perseguido por el LFGB. Se desprende de las anteriores consideraciones que los artículos 6 y 7 del Reglamento n. o 178/2002 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe fabricar, transformar o comercializar cualquier complemento alimenticio que contenga aminoácidos, salvo autorización especial concedida por una autoridad nacional que a este respecto actúe en el ejercicio de facultades discrecionales, cuando esa legislación se base en un análisis del riesgo que sólo se refiere a determinados aminoácidos, extremo que debe comprobar el tribunal remitente. En cualquier caso, debe entenderse que los citados artículos se oponen a una legislación nacional como la descrita cuando establece que las excepciones a la prohibición contemplada por dicha legislación sólo pueden concederse por un período determinado, aun en el caso de que se haya demostrado la inocuidad de una sustancia. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: Los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) n. o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe fabricar, transformar o comercializar cualquier complemento alimenticio que contenga aminoácidos, salvo autorización especial concedida por una autoridad nacional que a este respecto actúe en el ejercicio de facultades discrecionales, cuando esa legislación se base en un análisis del riesgo que sólo se refiere a determinados aminoácidos, extremo que debe comprobar el tribunal remitente. En cualquier caso, debe entenderse que los citados artículos se oponen a una legislación nacional como la descrita cuando establece que las excepciones a la prohibición contemplada por dicha legislación sólo pueden concederse por un período determinado, aun en el caso de que se haya demostrado la inocuidad de una sustancia. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.

62010TJ0032

en

Background to the dispute On 4 March 2005, the applicant, Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd filed an application for registration of a Community trade mark with the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) pursuant to Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark ( OJ 1994 L 11, p. 1 ), as amended (replaced by Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark ( OJ 2009 L 78, p. 1 )). The trade mark in respect of which registration was sought is the figurative sign reproduced below: The goods in respect of which registration was sought fall within Class 33 of the Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended (‘the Nice Agreement’), and correspond to the following description: ‘Wines’. The Community trade mark application was published in Community Trade Marks Bulletin No 37/2005 of 12 September 2005. On 12 December 2005, the intervener, Hachette Filipacchi Presse (HFP), filed a notice of opposition under Article 42 of Regulation No 40/94 (now Article 41 of Regulation No 207/2009) against registration of the trade mark applied for in respect of the goods referred to in paragraph 3 above. The opposition was based on the following earlier mark: The marks concerned are, first, the Community figurative mark, lodged on 30 October 2003 and registered on 11 October 2005 under No 3475365 designating, in particular, goods in Class 16 and corresponding, in particular, to the following description: ‘Periodicals’ and ‘Books’ and, second, the French figurative mark, lodged on 27 June 1989 and registered on 27 June 1999 under No 1538354 designating, in particular, the products falling within Class 16 and corresponding, in particular, to the following description: ‘Periodicals’ and ‘Books’. The grounds relied on in support of the opposition were those referred to in Article 8(5) of Regulation No 40/94 (now Article 8(5) of Regulation No 207/2009). On 8 July 2008, the Opposition Division rejected the opposition, holding that the signs at issue were not sufficiently similar for there to be a likelihood that the public would associate the marks or establish a link between them, which excluded the application of Article 8(5) of Regulation No 40/94. On 8 September 2008, the intervener filed a notice of appeal with OHIM pursuant to Articles 57 to 62 of Regulation No 40/94 (now Articles 58 to 64 of Regulation No 207/2009) against the decision of the Opposition Division. By decision of 11 November 2009 (‘the contested decision’), the First Board of Appeal of OHIM upheld the action on the basis of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, and annulled the Opposition Division’s decision. The Board of Appeal held, first of all, that in light of the similarities between the signs at issue, the relevant public might establish a link between them. According to the Board of appeal, the mark applied for is composed of the dominant verbal element ‘ella’ which is visually similar to the earlier signs, even as regards the specific typeset. The other elements of the mark applied for are not distinctive because they are commonly used in the wine sector. Furthermore, the elements ‘ella’ and ‘valley’ in the mark applied for do not have the same importance conceptually. The relevant public will not perceive the word ‘ella’ as a geographical indication associated with the word ‘valley’, but as a first name or feminine pronoun. The Board of Appeal also held that the reputation of the earlier marks had been established in the European Union with respect to magazines. Next, the Board of Appeal held that Elle magazine, which enjoys great prestige with the public, was associated with a specific image of elegance related to the French art de vivre , which is not limited to fashion, but also includes food. In fact, there is a connection between publications on food and those on wines. Furthermore, Elle magazine publishes magazines on food and wines such as Elle À TABLE and supplements containing recipes. In addition, Elle magazine has been directly associated with a wine sponsorship (Cuvée ELLE) and regularly offers its readers opportunities to purchase wines selected for their quality. In those circumstances, offering wines to the public under a mark whose dominant component is a word very similar to the word ‘elle’, written in the same font, gives rise to a great likelihood that the applicant will take unfair advantage of the reputation of the earlier marks. Wine consumers in the European Union are familiar with Elle magazine and might establish a link between it and the applicant’s wines. Forms of order sought The applicant claims that the Court should: — annul the contested decision; — order OHIM to pay the costs. OHIM contends that the Court should: — dismiss the action; — order the applicant to pay the costs. The intervener submits that the Court should dismiss the action. Law In support of its action, the applicant relies on a single plea in law, alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009. It claims that, in the present case, the conditions set out in the case-law for the relevant public to establish a link between the earlier marks and the mark applied for are not fulfilled. Thus, first, the signs at issue do not have any particular similarity; second, the goods concerned are not the same and third, the reputation enjoyed by the earlier marks is limited. In the alternative, the applicant claims that the mark applied for will not, in any event, take unfair advantage of the reputation of the earlier marks. It is apparent from the wording of Article 8(5) of Regulation No 207/2009 that its application is subject to the following conditions: (i) the marks at issue must be identical or similar; (ii) the earlier mark cited in opposition must have a reputation; and (iii) there must be a risk that the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. Those three conditions are cumulative and failure to satisfy one of them is sufficient to render that provision inapplicable (judgment of 8 December 2011 in Case T-586/10 Aktieselskabet af 21.november 2001 v OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) , not published in the ECR, paragraph 57 and the case-law cited). In that connection, it is clear from the case-law that the types of damage referred to in Article 8(5) of Regulation No 207/2009, where they occur, are the consequence of a certain degree of similarity between the marks at issue, by virtue of which the relevant section of the public makes a connection between the marks, that is to say, it establishes a link between them, even though it does not confuse them (Case T-438/07 Spa Monopole v OHIM - De Francesco Import (SpagO) [2009] ECR II-4115 , paragraph 15; see also, by analogy, Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-8823 , paragraph 30 and the case-law cited). The existence of such a link, on the part of the relevant public, must be assessed globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case (see, by analogy, Intel Corporation , cited in paragraph 19 above, paragraph 41, and the case-law cited). The Court has set out which factors may be relevant in the global assessment aiming to establish the existence of such a link between the conflicting marks. Thus, among those factors, the Court has mentioned, first, the degree of similarity between the conflicting marks; second, the nature of the goods or services for which the conflicting marks were registered, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant section of the public; third, the strength of the earlier mark’s reputation; fourth, the degree of the earlier mark’s distinctive character, whether inherent or acquired through use; and, fifth, the existence of a likelihood of confusion on the part of the public ( Intel Corporation , cited in paragraph 19 above, paragraph 42). It is in the light of those considerations that it is necessary to assess whether the contested decision is lawful. The relevant public As regards the relevant public, it should be recalled that, according to the case-law, the existence of a link between the conflicting marks, on which the abusive conduct envisaged by Article 8(5) of Regulation No 207/2009 is based, assumes that the public concerned by the goods and services for which the marks are registered is the same or ‘overlaps’ to a certain extent ( Intel Corporation , cited in paragraph 19 above, paragraphs 46 to 49). First, in the present case, the target public for the goods designated by the earlier marks, in respect of which the reputation of those marks is relied on, that is ‘periodicals’ and ‘books’, is the general public (see, to that effect, Joined Cases T-425/07 and T-426/07 Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM (100 and 300) [2009] ECR II-4275 , paragraph 24, and judgment of 19 November 2009 in Joined Cases T-200/07 to T-202/07 Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM (222, 333 and 555) , not published in the ECR, paragraph 26). In that connection, in so far as one of the two earlier marks on which the intervener has based his opposition is a Community mark, the relevant public is the general public of the European Union. Second, the goods covered by the mark applied for, that is to say ‘wines’, are also destined for the general public of the European Union. According to the case-law, as wines are usually subject to widespread distribution, from the food section of a department store to bars and cafes, they are everyday consumer goods for which the relevant public is the average European consumer of everyday consumer goods, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect (see judgment of 16 September 2009 in Case T-485/07 Dominio de la Vega v OHIM — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) , not published in the ECR, paragraph 27, and judgment of 23 September 2009 in Case T-291/07 Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe v OHIM — Byass (ALFONSO) , not published in the ECR, paragraph 29 and the case-law cited). In those circumstances, since the consumers concerned by the goods designated by the conflicting signs are the general public of the European Union, it must be concluded that, in the present case, the public concerned ‘overlaps’ within the meaning of the case-law mentioned in paragraph 23 above. The applicant’s argument, that the target public for the goods covered by the mark applied for displays a level of attention which is higher than average, that public being particularly demanding because the goods are kosher wines, cannot be accepted. First of all, it is clear from the settled case-law, cited in paragraph 25 above, that wine consumers display, in general, an average level of attention. In order to challenge the Board of Appeal’s assessment it is not sufficient for the applicant to state that, in a given sector, consumers are particularly attentive to marks, it must substantiate that claim (see, Case T-118/09 La Sonrisa de Carmen and Others v OHIM - Harald Heldmann (BLOOMCLOTHES) [2011] ECR II-0000 , paragraphs 21 and 22 and the case-law cited), which, in the present case, it has not done to the requisite legal standard. Next, it must be held that the mark applied for designates wine in general and not particular types of wine. Thus, the fact that the applicant intends to use the mark applied for to sell kosher wines, which covers the specific ways in which the goods designated by that mark are marketed, which may vary over time and according to the wishes of its proprietors, in no way detracts from the fact, which the applicant itself also acknowledged at the hearing, that the protection of the mark applied for, if it were to be registered, would cover all wines, so that the relevant public must be defined with respect to all ‘wines’ (see, to that effect and by analogy, judgment of 16 September 2009 in Case T-400/06 Zero Industry v OHIM — zero Germany (zerorh+) , not published in the ECR, paragraph 38 and the case-law cited). The reputation of the earlier marks As regards the reputation of the earlier marks, the applicant submits that it is not sufficient that the public concerned establishes a link between those marks and the mark applied for in the wine sector. The fact that Elle magazine may devote articles or sections to wine does not confer a reputation in that field on the earlier marks. In that connection, in order to satisfy the requirement of reputation, an earlier mark must be known to a significant part of the public concerned by the goods or services covered by it. In examining that condition, it is necessary to take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the earlier mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it, without there being any requirement for that mark be known by a given percentage of the relevant public or for its reputation to cover all the territory concerned, so long as that reputation exists in a substantial part of that territory (see, by analogy, Case C-375/97 General Motors [1999] ECR I-5421 , paragraphs 24, 25 and 27 to 29, and as regards Article 8(5) of Regulation No 40/94 judgment of 19 June 2008 in Case T-93/06 Mülhens v OHIM — Spa Monopole (MINERAL SPA) , not published in the ECR, paragraph 33). In the present case, it must be stated that the applicant acknowledges that, on account of the success of Elle magazine, the earlier marks are well known in the periodical and book sectors in the European Union, or at least in a substantial part of it. It is not indicated anywhere in the case-law that, in order to show that the relevant public may make an association between the conflicting marks by establishing a link between them it would be necessary to show that the earlier marks have acquired a reputation in the sectors in which the goods or services covered by the mark applied for. Thus, in accordance with Article 8(5) of Regulation No 207/2009, the Board of Appeal was not required to establish that the earlier marks had a reputation in the wine sector. In that connection, it must also be observed that, according to the case-law, it is only if the relevant public with respect to the products designated by the earlier mark and the relevant public for the goods designated by the mark applied for are distinct that it may be necessary to take into consideration the strength of the earlier mark’s reputation in order to determine whether that reputation extends beyond the public targeted by that mark ( Intel Corporation , cited in paragraph 19 above, paragraphs 51 to 53). However, in the present case, as stated in paragraph 26 above, the goods designated by the earlier marks and those designated by the mark applied for concern, at least partially, the same public. In those circumstances, it must be held that the applicant has not shown that the Board of Appeal had committed an error in holding that the reputation of the earlier marks was sufficient for the relevant public to establish a link between them and the mark applied for. The similarity of the conflicting signs As regards the condition relating to the existence of identity or similarity between the conflicting signs, a comparison must be made between the earlier marks and the mark applied for. In that connection, it should be recalled, as a preliminary point that, in order to satisfy the condition concerning similarity of the marks laid down by Article 8(5) of Regulation No 207/2009, it is not necessary to prove that there exists, on the part of the relevant section of the public, a likelihood of confusion between the earlier mark with a reputation and the mark applied for. It is sufficient for the degree of similarity between those marks to have the effect that the relevant section of the public establishes a link between them (see, by analogy, Case C 408/01 Adidas-Salomon and Adidas Benelux [2003] ECR I-12537 , paragraphs 27 and 31, and Case C-487/07 L’Oréal and Others v Bellure and Others [2009] ECR I-5185 , paragraph 36; see also Case T-181/05 Citigroup and Citibank v OHIM - Citi (CITI) [2008] ECR II-669 , paragraphs 64 and 65). In that regard, the more similar the conflicting marks are, the more likely it is that the later mark will bring the earlier mark with a reputation to the mind of the relevant public. The global assessment seeking to establish the existence of a link between the marks at issue must, in so far as the visual, phonetic or conceptual similarity of the signs at issue is concerned, be based on the overall impression given by the signs, account being taken, inter alia, of their distinctive and dominant elements (judgment of 16 May 2007 in Case T-137/05 La Perla v OHIM Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) , not published in the ECR, paragraph 35, and judgment of 25 March 2009 in Case T-21/07 L’Oréal v OHIM — Spa Monopole (SPALINE) , not published in the ECR, paragraph 18). Furthermore, the assessment of the similarity between two marks means more than taking just one component of a compound trade mark and comparing it with another mark. On the contrary, the comparison must be made by examining each of the marks at issue as a whole, which does not mean that the overall impression conveyed to the relevant public by a compound trade mark may not, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components (see, by analogy, judgment of 15 December 2009 in Case T-412/08 Trubion Pharmaceuticals v OHIM Merck (TRUBION) , not published in the ECR, paragraph 35 and the case-law cited). It is in the light of those principles that it must be examined whether the Board of Appeal has committed an error in holding that the signs at issue were insufficiently similar for the relevant public to establish a link between the marks at issue. In the contested decision, the Board of Appeal held, first of all, that the word ‘ella’ was the dominant element in the mark applied for because that word was written in large capital letters, and because of the weak distinctive character of its other verbal and figurative elements. Next, on that basis, it concluded that the relevant public might establish a link between the marks at issue on account of the closeness between the dominant element ‘ella’ of the mark applied for and the single sign constituting the earlier marks ELLE. In the present case, as is clear from paragraph 2 above, the mark applied for consists of a black rectangle with a thin white border which reproduces the label on a wine bottle. The words ‘ella’ and ‘valley’ are written in white capital letters inside the rectangle. The word ‘vineyards’ is written in black capital letters under the rectangle. Although, as the Board of Appeal stated, in the mark applied for the word ‘ella’ is larger than ‘valley’ and it is positioned above the latter, it must be held that the configuration of the mark applied for is such that those two words cannot be perceived separately. It must be held that the words ‘ella’ and ‘valley’ are both contained within the black rectangle and are written with the same font and the same colour. Thus, on account of the contiguity of those two words in the black rectangle, and their identical font and colour, and despite the difference in size, the relevant public will perceive the expression ‘ella valley’ as an indissociable whole. In that connection, it should be recalled that, according to settled case-law, the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (Case C-532/10 P adp Gauselmann v OHIM [2011] ECR I-0000 , paragraph 24 and the case-law cited). Those considerations are even more relevant in the context of viticulture. In such a context, when purchasing a product, consumers are often presented with labels containing denominations consisting of an expression including a word followed by ‘valley’. Furthermore, it must be stated that that fact was confirmed by the Board of Appeal itself when it mentioned, in paragraphs 16 to 19 of the contested decision, a series of indications of origin of wines such as, in particular, ‘Napa Valley’, ‘Sonoma Valley’ or ‘Barrosa Valley’. Those numerous indications of origin clearly show that such denominations are common in the wine sector. It follows from those considerations that, on reading ‘ella valley’, taken as a whole, the relevant consumer will tend to understand it as referring to a place name indicating the origin of the wine. In that connection, it must also be held that, although wine consumers display an average level of attention, as stated in paragraphs 25 and 28 above, they are rarely indifferent to the origin of the wine when purchasing it. Consequently, consumers normally pay a certain amount of attention to the origin of the wine they purchase. Furthermore, it must also be observed that the applicant stated before the Court that the expression ‘ella valley’ refers, in English, to the ‘Valley of Elah’, a valley in Israel mentioned in the Bible as the place where David vanquished Goliath, where the wine marketed by the applicant under the mark applied for is produced. Regardless of whether such a fact may have as a consequence that the mark applied for is composed exclusively of signs with a descriptive character — which is not the subject of the present case — it must be held however that the fact that the expression ‘ella valley’ refers to a valley which actually exists militates in favour of the finding that that expression is a place name. In that connection, as the parties acknowledged at the hearing, both ‘ella’ and ‘elah’ are only approximate transcriptions of a word originally written in Hebrew letters, which explains the differences in the way in which those words are written. In the light of the foregoing considerations, it must be held, in the present case, that contrary to the Board of Appeal’s findings, the relevant public will perceive the expression ‘ella valley’, taken as a whole, without separating the verbal elements of which it is composed and, therefore, will understand it as referring to a place name indicating the origin of the wine. As regards the word ‘vineyards’, it refers, at least for the English-speaking public in the European Union, to the origin of the product designated by the mark applied for and has, therefore, weak distinctive character. Thus, also having regard to its smaller size and its position in the sign applied for, it is unlikely to be perceived by the consumer as the element indicating the commercial origin of the products at issue, which does not necessarily mean however that that word must be regarded as insignificant in the overall impression produced by the mark applied for. In those circumstances, it must be stated that it is the expression ‘ella valley’ taken as a whole — and not, as considered by the Board of Appeal, the component ‘ella’ alone — which constitutes the dominant element of the mark applied for. It follows that the overall assessment seeking to establish the existence of a link between the marks at issue must, in the present case, as far as concerns the visual, aural and conceptual similarity of the marks at issue, be made between the earlier marks and the mark applied for of which the dominant element is constituted by the expression ‘ella valley’, without the other elements being insignificant. In such a context, it must be stated that, visually, the signs at issue are only slightly similar. Although it is true that the first three letters of the mark applied for are identical to those of the earlier marks, that fact is not sufficient to offset the numerous differences existing between the signs at issue. Thus, while the earlier marks are composed of a four-letter word, the dominant element of the mark applied for is composed of two words presented on two lines and totalling ten letters. Furthermore, it should also be observed that the first word of ‘ella valley’ is not identical to the word ‘elle’ of the earlier marks and it is distinguished by the last letter. The verbal component ‘vineyards’ and the figurative components of the mark applied for add elements which distinguish between the signs at issue visually, although they are weak. In that connection, although it is true, as the Board of Appeal stated and as OHIM and the intervener observed, that the font used in the earlier marks and the mark applied for are identical, it must be stated however that that font is quite common and frequently used. Consequently, the font used for the verbal elements of the conflicting signs cannot constitute, in this case, an element capable of offsetting the numerous differences between the marks at issue. Aurally, the marks at issue also present differences which outweigh the elements of similarity. It should be held that the difference in length between the earlier marks, constituted by a four-letter word, and the mark applied for, constituted by a dominant verbal element composed of two words totalling ten letters and by a nine-letter word, produce a different sound and rhythm which cannot be offset by the fact that the first three letters of the verbal element constituting the earlier marks is identical to the first word of the dominant element of the mark applied for. Conceptually, the signs at issue do not present a sufficient degree of similarity for the relevant public to establish a link between the marks at issue. As is clear from the findings set out in paragraphs 43 to 47 above, the mark applied for is likely to evoke, on the part of the relevant public, a place name related to the origin of the wine marketed under that mark, whereas that is not the case as regards the earlier marks. Thus, even if it is conceivable, taking account of the reputation enjoyed by the earlier marks, that the word ‘elle’ may evoke Elle magazine for part of the public of the European Union, that does not detract from the finding that the signs at issue are conceptually dissimilar. As far as concerns the similarity of the conflicting signs is concerned, it must also be observed that, as regards the decisions of the national courts produced by the intervener in support of its argument on the similarity existing between ‘elle’ and ‘ella’, it is clear from settled case-law that, although, in the interpretation of European Union law, neither of the parties nor the Court can be prevented from drawing on elements taken from national case-law (see, judgment of 13 July 2011 in Case T-499/09 Evonik Industries v OHIM (Representation of a purple rectangle with a rounded right side) , not published in the ECR, paragraph 42 and the case-law cited), it does not however bind the courts of the European Union, since the Community trade mark system is an autonomous system whose application is independent of all national systems (Case T-32/00 Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3829 , paragraph 47, and judgment of 12 July 2006 in Case T-97/05 Rossi v OHIM — Marcorossi (MARCOROSSI) , not published in the ECR, paragraph 53). It is clear from all of those considerations that, contrary to the Board of Appeal’s conclusion, the signs at issue in the present case are not sufficiently similar for the relevant public to associate the mark applied for with the earlier marks. Thus, the global assessment aiming to establish the existence on the part of the relevant public of a link between the conflicting marks as required by the case-law, mentioned in paragraphs 19 to 21 above, must lead to the conclusion that, in the light of the differences existing between the signs at issue and notwithstanding the reputation of the earlier marks, there is no likelihood in the instant case that that public might establish such a link. Therefore, it must be held that, in the present case, one of the conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, that is to say the similarity of the conflicting marks having the effect that the relevant public establishes a link between those marks, is not fulfilled. In those circumstances, since the conditions for the application of Article 8(5) of Regulation No 207/2009 are cumulative, and the absence of one of them being sufficient to render that provision inapplicable, the application must be upheld and the contested decision annulled, without there being any need to examine the condition relating to the existence of a likelihood that the unjustified use of the mark. Costs Under Article 87(2) of the Rules of Procedure of the General Court, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since OHIM has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, as applied for by the applicant. Since the intervener has been unsuccessful, it must bear its own costs. On those grounds, THE GENERAL COURT (First Chamber) hereby: 1. Annuls the decision of the First Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) of 11 November 2009 (Case R 1293/2008-1); 2. Orders OHIM to bear its own costs and to pay the costs incurred by Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd; 3. Orders Hachette Filipacchi Presse (HFP) to bear its own costs. Azizi Cremona Frimodt Nielsen Delivered in open court in Luxembourg on 9 March 2012. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: French.

62016CJ0482

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 45 straipsnio, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus ( OL L 303, 2000, p. 16 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79), 2, 6 ir 16 straipsnių išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Georg Stollwitzer ir ÖBB-Personenverkehr AG (toliau – ÖBB) ginčą dėl Austrijos teisės aktų leidėjo siekiant panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus nustatytos darbo užmokesčių tvarkos teisėtumo. Teisinis pagrindas Direktyva 2000/78 Kaip numatyta Direktyvos 2000/78 1 straipsnyje, „[š]ios direktyvos tikslas – nustatyti kovos su diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos užimtumo ir profesinėje srityje bendrus pagrindus siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą“. Šios direktyvos 2 straipsnyje nustatyta: „1.   Šioje direktyvoje „vienodo požiūrio principas“ reiškia, kad dėl kurios nors iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nėra jokios tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos. 2.   Šio straipsnio 1 dalyje: a) tiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi mažiau palankiai nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti elgiamasi su kitu asmeniu; b) netiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar taikomos praktikos tam tikrą religiją ar įsitikinimus išpažįstantys, tam tikrą negalią turintys, tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent: i) tas sąlygas, kriterijus ar taikomą praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama atitinkamomis [tinkamomis] ir būtinomis priemonėmis <…> <…>“ Pagal minėtos direktyvos 3 straipsnio 1 dalies c punktą neviršijant Europos Sąjungai suteiktų įgaliojimų ši direktyva taikoma visiems asmenims tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje, įskaitant valstybines įstaigas, kiek tai susiję visų pirma su įdarbinimu ir darbo sąlygomis, įskaitant atlyginimą. Šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalis suformuluota taip: „Nepaisydamos 2 straipsnio 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jei pagal nacionalinę teisę jį objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas tikslas, įskaitant teisėtos [teisėtus] užimtumo politikos, darbo rinkos ir profesinio mokymo tikslus, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Toks skirtingas poveikis [požiūris] be kitų dalykų gali apimti: a) specialių sąlygų nustatymą siekiant įsidarbinti ir profesinio mokymo, įdarbinimui ir darbui, įskaitant atleidimą iš darbo ir apmokėjimo sąlygas, jaunimui, pagyvenusio amžiaus asmenims ir už priežiūrą atsakingiems asmenims [išlaikytinių turintiems asmenims], siekiant skatinti jų profesinę integraciją ir užtikrinti jų apsaugą; b) minimalaus amžiaus, profesinės patirties ar darbo stažo nustatymą siekiant įsidarbinti arba gauti tam tikrų su darbu susijusių privilegijų; <…>“ Direktyvos 2000/78 16 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta, kad valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų panaikinti įstatymai ir kiti teisės aktai, kurie prieštarauja vienodo požiūrio principui. Austrijos teisė Po 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo Hütter ( C‑88/08 , EU:C:2009:381 ) Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahngesetz 1992) [Federalinis teisinių santykių Austrijos federalinių geležinkelių sektoriuje pertvarkymo įstatymas (1992 m. Federalinis geležinkelių įstatymas), BGBl . I, 825/1992] 2011 m. buvo pakeistas ( BGBl . I, 129/2011, toliau – 2011 m. Federalinis geležinkelių įstatymas). Šiuo pakeitimu įstatymo 53a straipsnis nuo 2004 m. sausio 1 d. papildytas nuostata dėl naujos kilimo karjeros laiptais referencinės datos nustatymo tvarkos. 2015 m. sausio 28 d. Sprendime ÖBB Personenverkehr ( C‑417/13 , EU:C:2015:38 ) Teisingumo Teismas nurodė, kad 2011 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnyje nustatyta tvarka prieštarauja Sąjungos teisei, būtent Direktyvos 2000/78 2 straipsniui ir 6 straipsnio 1 daliai, nes siekiant panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus padarytais įstatymo pakeitimais aiškiai numatyta atsižvelgti į tarnybos laikotarpius iki sukankant 18 metų, bet kartu įtvirtinta nuostata, kuri gali būti taikoma tik tokią diskriminaciją patiriantiems asmenims, pagal kurią vienais metais prailginamas laikotarpis, reikalaujamas paaukštinant kiekvienoje iš trijų pirmųjų darbo užmokesčių pakopų, ir šitaip galutinai patvirtinamas nevienodas požiūris dėl amžiaus. Priėmus šį sprendimą, 2011 m. Federalinis geležinkelių įstatymas buvo dar kartą pakeistas 2015 m. ( BGBl . I, 64/2015, toliau – 2015 m. Federalinis geležinkelių įstatymas). 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnis išdėstytas taip: „(1)   Kilimo karjeros laiptais referencinė data yra data, kai pirmą kartą pradedamas skaičiuoti laikotarpis, kuriam suėjus asmuo gali būti priskirtas prie aukštesnės darbo užmokesčio pakopos. (2)   Nustatant kilimo karjeros laiptais referencinę datą gali būti atsižvelgiama tik į darbo arba mokymosi iki paskiriant į tarnybą laikotarpius: a) [ ÖBB ], vienoje iš jos pirmtakių, o įsigaliojus ÖBB-Holding AG skaidymo ir restruktūrizavimo priemonėms, šio federalinio įstatymo ( BGB1 . I 138/2003 paskelbta redakcija) 3 skyriuje nurodytose bendrovėse, jų teisių perėmėjose ir įmonėse, atsiradusiose iš šių bendrovių pritaikius restruktūrizavimo priemones, patvirtintas pagal galiojančias teisių perėmimą reglamentuojančias teisės normas, taip pat įmonėse, kurioms sutartiniu pagrindu arba perleidus vieną ar kelias įmones buvo perleisti [ ÖBB ] iki 2003 m. gruodžio 31 d. įdarbinti tarnautojai; ir b) vienoje iš Europos ekonominės erdvės (EEE), Turkijos Respublikos ar Šveicarijos Konfederacijos geležinkelių veikiančiose geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių transporto sektoriuje, jeigu ši pareiga nustatyta atitinkamuose asociacijos ar laisvo judėjimo susitarimuose. (3)   Prie aukštesnės darbo užmokesčio pakopos priskiriama sausio 1 d. tų metų, kai baigėsi laikotarpis, kuriam suėjus asmuo gali būti priskirtas prie aukštesnės darbo užmokesčio pakopos. <…> (5)   Ne vėliau kaip iki 4 dalyje nurodyto termino pabaigos pateikus tinkamą informaciją ir įrodymų dėl ankstesnių darbo laikotarpių priskiriama prie darbo užmokesčio pakopų darbo užmokesčių skalėse, nurodytose [( Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen (AVB) (Bendrosios sąlygos, taikomos darbo sutartims su Austrijos geležinkeliais (AVB)] 2 ir 2 prieduose, atsižvelgiant į kilimo karjeros laiptais referencinę datą, kaip nurodyta 2 dalyje. (6)   Priskiriant prie darbo užmokesčio pakopos, kaip numatyta 5 dalyje, darbo užmokestis negali būti mažesnis nei prieš [2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo] paskelbimo BGBl . I 64/2015 darbuotojo gautas mėnesinis darbo užmokestis. Jeigu priskiriant prie darbo užmokesčio pakopos, kaip numatyta 5 dalyje, darbo užmokestis yra mažesnis nei paskutinį mėnesį prieš [2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo] paskelbimą gautas darbo užmokestis, paskutinis gautas darbo užmokestis išlaikomas, kol darbo užmokestis, nustatytas po priskyrimo, kaip numatyta 5 dalyje, pasiekia išlaikyto darbo užmokesčio dydį, kaip numatyta Bendrųjų sąlygų, taikomų darbo sutartims su Austrijos geležinkeliais 2 ir 2 prieduose. <…>“ Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai G. Stollwitzer pradėjo dirbti vienoje iš ÖBB pirmtakių 1983 m. sausio 17 d. Atsižvelgus į G. Stollwitzer darbo laikotarpius iki tarnybos pradžios nustatyta, kad jo kilimo karjeros laiptais referencinė data yra 1980 m. liepos 2 d. Remiantis šia data, be kita ko, nustatoma darbo užmokesčio grupė darbo užmokesčių skalėje, kurioje praėjus nustatytam laiko tarpui didinama darbuotojo darbo užmokesčio pakopa. Nurodytu laikotarpiu ši data buvo nustatyta apskaičiavus darbo iki tarnybos pradžios laikotarpius, tačiau į juos nebuvo įtraukti darbo laikotarpiai iki sukankant 18 metų. Priskyrimo prie aukštesnės pakopos laikotarpis (visų pakopų atvejų) buvo dveji metai. Priimdamas 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnį Austrijos įstatymų leidėjas, kiek tai susiję su ÖBB , nusprendė iš esmės ir atgaline data peržiūrėti ankstesnių darbo laikotarpių įskaitymo tvarką tam, kad būtų panaikinta diskriminacija dėl amžiaus, kurią Teisingumo Teismas konstatavo 2015 m. sausio 28 d. Sprendime ÖBB Personenverkehr ( C‑417/13 , EU:C:2015:38 ). Remdamasis 2009 m. birželio 18 d. Sprendimu Hütter ( C‑88/08 , EU:C:2009:381 ) ir 2015 m. sausio 28 d. Sprendimu ÖBBPersonenverkehr ( C‑417/13 , EU:C:2015:38 ) G. Stollwitzer Landesgericht Innsbruck (Insbruko apygardos teismas, Austrija) pareiškė ieškinį ÖBB ir reikalavo, kad iš jos būtų priteista suma, lygi darbo užmokesčio, gauto 2008‐2015 m., ir darbo užmokesčio, kurį, kaip teigia, jis būtų turėjęs gauti, jeigu prie aukštesnės darbo užmokesčio pakopos priskirti būtini laikotarpiai būtų apskaičiuoti pagal tvarką, galiojusią iki 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnio įsigaliojimo, bet įskaitant jo darbo laikotarpius iki sukankant 18 metų, skirtumui. Landesgericht Innsbruck (Insbruko apygardos teismas) atmetė ieškinį, manydamas, kad dėl 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnio taikymo atgaline data buvo panaikinta bet kokia diskriminacija dėl amžiaus. Kadangi G. Stollwitzer negalėjo įrodyti darbo laikotarpių, kurių reikalaujama pagal šio įstatymo 53a straipsnio 2 dalį, jo kilimo karjeros laiptais referencinė data nebuvo pakeista. G. Stollwitzer apskundė nurodytą sprendimą Oberlandesgericht Innsbruck (Insbruko aukštesnysis apygardos teismas, Austrija). Kartu jis kreipėsi į Verfassungsgerichtshof (Konstitucinis Teismas, Austrija); išnagrinėjęs bylą pastarasis teismas paskelbė, kad 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnis atitinka Austrijos Konstituciją. Verfassungsgerichtshof (Konstitucinis Teismas) šiuo klausimu nurodė, kad, paskelbus 2015 m. sausio 28 d. Sprendimą ÖBB Personenverkehr ( C‑417/13 , EU:C:2015:38 ), visų įmonės darbuotojų kilimo karjeros laiptais referencinės datos buvo kruopščiai peržiūrėtos. Jeigu kilimo karjeros laiptais referencinių datų pakeitimas buvo nenaudingas kai kuriems darbuotojams, jų darbo užmokesčiai buvo išlaikomi, kaip numatyta pagrindinėje byloje nagrinėjamoje nuostatoje (toliau – apsaugos sąlyga), kad būtų laikomasi teisėtų lūkesčių apsaugos principo. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad reikia išnagrinėti, ar 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsniu iš tikrųjų buvo panaikinta bet kokia diskriminacija dėl amžiaus. Tam reikia patikrinti, ar ši nuostata neįtvirtina kitos formos diskriminacijos, nei buvo įtvirtintos anksčiau taikytose nuostatose. Šiomis aplinkybėmis Oberlandesgericht Innsbruck (Insbruko aukštesnysis apygardos teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1. Ar dabartinė Sąjungos teisė, pirmiausia Sąjungos teisėje įtvirtintas bendrasis vienodo požiūrio principas, bendrasis diskriminacijos dėl amžiaus draudimo principas, kaip jis suprantamas pagal ESS 6 straipsnio 3 dalį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnį, su darbuotojų judėjimo laisve susijęs diskriminacijos draudimas, nustatytas SESV 45 straipsnyje ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvoje 2000/78/EB, nustatančioje vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, turi būti aiškinama taip, kad jai prieštarauja pagrindinėje byloje nagrinėjama nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią, siekiant panaikinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo [2015 m. sausio 28 d. Sprendime ÖBBPersonenverkehr ( C‑417/13 , EU:C:2015:38 )] nustatytą diskriminaciją dėl amžiaus (būtent todėl, kad nebuvo atsižvelgiama į darbo laikotarpius, kuriuos [ ÖBB ] darbuotojai išdirbo iki sukankant 18 metų), nors ir atsižvelgiama į nedaugelio pagal senąją tvarką diskriminuotų ÖBB darbuotojų darbo laikotarpius iki sukankant 18 metų (tačiau tik į tuos, kurie išdirbti ÖBB ar panašiose viešosiose geležinkelių infrastruktūros ir (arba) geležinkelių transporto įmonėse Europos Sąjungoje, EEE ar valstybėse, kurios su ES sudarė asociacijos susitarimus ir (arba) susitarimus dėl laisvo judėjimo), vis dėlto neatsižvelgiama į visus kitus didžiosios dalies anksčiau diskriminuotų ÖBB darbuotojų darbo laikotarpius iki sukankant 18 metų, pirmiausia į tuos, kurie atitinkamiems ÖBB darbuotojams padėjo įgyti įgūdžių, padedančių geriau atlikti užduotis, pavyzdžiui, į ankstesnius darbo laikotarpius privačiose ir kitose viešosiose arba privačiose transporto ir (arba) infrastruktūros įmonėse, kuriose gaminama, platinama arba prižiūrima darbdavio [ ÖBB ] naudojama infrastruktūra (riedmenys, geležinkelių tiesimas, inžinerinių komunikacijų statyba, elektros ir elektroninė įranga, centralizacijos sistema, geležinkelio stočių statyba ir pan.), arba joms analogiškose įmonėse, todėl faktiškai didžiajai daliai pagal senąją tvarką diskriminuotų ÖBB darbuotojų šitaip galutinai paliekamas galioti skirtingas požiūris dėl amžiaus? 2. Ar valstybės narės, kuriai visiškai priklauso geležinkelių transporto įmonė ir kuri faktiškai yra joje dirbančių darbuotojų darbdavė, veiksmai, kai ji 2011 m. ir 2015 m. teisės aktų pakeitimais atgaline data vien dėl fiskalinių priežasčių stengiasi panaikinti tų darbuotojų iš Sąjungos teisės kylančias teises į darbo užmokesčio skirtumo kompensaciją, pagrįstą keliuose Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimuose [2009 m. birželio 18 d. Sprendimas Hütter ( C‑88/08 , EU:C:2009:381 ), 2014 m. sausio 16 d. Sprendimas Pohl ( C‑429/12 , EU:C:2014:12 ) ir 2015 m. sausio 28 d. Sprendimas ÖBB Personenverkehr ( C‑417/13 , EU:C:2015:38 )] nustatyta diskriminacija, be kita ko, dėl amžiaus, kuri taip pat buvo pripažinta keliuose nacionalinių teismų sprendimuose, įskaitant Oberster Gerichtshof (Aukščiausiasis Teismas, Austrija) sprendimą <…>, atitinka Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nustatytas tos valstybės atsakomybės pagal Sąjungos teisę sąlygas, pirmiausia kalbant apie pakankamai sunkų Sąjungos teisės pažeidimą, pavyzdžiui, pažeidus keliuose [nurodytuose] Teisingumo Teismo sprendimuose išaiškintą Direktyvos 2000/78/EB 2 straipsnio 1 dalį, siejamą su jos 1 straipsniu?“ Dėl prejudicinių klausimų Dėl pirmojo klausimo Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar SESV 45 straipsnis ir Direktyvos 2000/78 2, 6 ir 16 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią siekiant panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus – atsiradusią dėl nacionalinės teisės nuostatos, kurioje įtvirtinta, kad įmonės darbuotojus priskiriant prie darbo užmokesčio pakopos atsižvelgiama tik į darbo laikotarpius po 18-ojo gimtadienio – atgaline data ir visų šių darbuotojų atžvilgiu panaikinamas amžiaus cenzas, tačiau leidžiama atsižvelgti tik į patirtį, įgytą tame pačiame ekonomikos sektoriuje veiklą vykdančiose įmonėse. Pirmiausia reikia priminti, kad pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją tiek iš Direktyvos 2000/78 pavadinimo ir preambulės, tiek iš turinio ir tikslo matyti, kad ja siekiama nustatyti bendruosius pagrindus, kuriais užtikrinamas vienodas požiūris į kiekvieną asmenį užimtumo ir profesinėje srityje, suteikiant jam veiksmingą apsaugą nuo diskriminacijos dėl kurios nors iš šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytų priežasčių, tarp kurių yra amžius (žr., be kita ko, 2016 m. lapkričio 10 d. Sprendimo de Lange, C‑548/15 , EU:C:2016:850 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Svarbu priminti, kad pagal Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 1 dalį „vienodo požiūrio principas“ reiškia, kad dėl kurios nors iš šios direktyvos 1 straipsnyje nurodytų priežasčių nėra tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos. Šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta, kad tiesioginė diskriminacija yra tada, kai su asmeniu dėl jo amžiaus elgiamasi mažiau palankiai, nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti elgiamasi su kitu asmeniu. Direktyvos 2000/78 2 straipsnio 2 dalies b punkte įtvirtinta, kad netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikro amžiaus asmenys gali patekti į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Kaip matyti iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos, 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnyje nustatyti trys etapai. Pirmajame etape atgaline data peržiūrima atitinkamo darbuotojo priskyrimo prie darbo užmokesčių skalės pakopos referencinė data. Šioje nuostatoje nurodyta, kad nustatant naują datą bendrai atsižvelgiama į visus ankstesnius darbo laikotarpius šios valstybės, kitų valstybių narių, Turkijos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos geležinkelių transporto įmonėse, neatsižvelgiant į darbuotojo amžių, kai jis juos įgijo. Atvirkščiai naujoje nuostatoje nebenumatyta atsižvelgti į kitus ankstesnius šio darbuotojo darbo laikotarpius. Antrajame etape atitinkamas darbuotojas priskiriamas prie darbo užmokesčio pakopos atsižvelgiant į nustatytą naują referencinę datą, t. y. jam taikomas 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnis. Taigi dėl naujos kilimo karjeros laiptais referencinės datos atitinkamo darbuotojo darbo užmokestis gali padidėti ir jam gali būti sumokėtas skirtumas. Jeigu dėl naujos kilimo karjeros laiptais referencinės datos atitinkamas darbuotojas priskiriamas prie žemesnės darbo užmokesčio pakopos, taikoma apsaugos sąlyga, ir nustatant naują referencinę datą šio darbuotojo gautas darbo užmokestis išlaikomas, siekiant apsaugoti jo įgytas teises. Toks darbo užmokesčio dydis garantuojamas tol, kol jo darbo laikotarpis suteiks galimybę būti priskirtam prie aukštesnės pakopos, remiantis nauja kilimo karjeros laiptais referencine data. Austrijos įstatymų leidėjo numatytame trečiajame etape visiems ÖBB darbuotojams prieš paskutinę darbo užmokesčio pakopą nustatoma papildoma pakopa tam, kad būtų kompensuoti neigiami finansiniai padariniai, kurių galėtų kilti pakeitus jų kilimo karjeros laiptais referencinę datą. Reikia išnagrinėti, ar nurodyta nuostata ir toliau išlaiko dėl ankstesnių nuostatų kilusią diskriminaciją dėl amžiaus ir ar nesukuria naujos ÖBB darbuotojų diskriminacijos dėl amžiaus. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad darbo užmokesčio padidėjimas dėl darbo laikotarpių iki sukankant 18 metų įskaitymo laikantis 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo Hütter ( C‑88/08 , EU:C:2009:381 ) ir 2015 m. sausio 28 d. Sprendimo ÖBB Personenverkehr ( C‑417/13 , ECLI:EU:C:2015:38 ) neteko prasmės dėl 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnyje nustatytos tvarkos, pirma, dėl to, kad beveik visiškai neatsižvelgiama į darbo laikotarpius nuo 18-ojo gimtadienio iki darbo pradžios, nors šiais laikotarpiais atitinkamas darbuotojas įgijo įgūdžių, padedančių geriau atlikti užduotis, antra, dėl papildomos priešpaskutinės pakopos įterpimo ir, trečia, dėl apsaugos sąlygos. Dėl šių priemonių sumažėjo darbuotojų, kurie anksčiau nebuvo diskriminuojami, per visą profesinės patirties laiką gaunamos pajamos. Pirma, reikia nurodyti, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas remiasi neteisingu nurodytų sprendimų aiškinimu. Nacionalinės teisės suderinimas su 2015 m. sausio 28 d. Sprendimu ÖBB Personenverkehr ( C‑417/13 , EU:C:2015:38 ) darbuotojams, kurie, kaip konstatavo Teisingumo Teismas, buvo diskriminuojami, nebūtinai suteikia teisę į didesnį darbo užmokestį. Kaip Teisingumo Teismas nurodė šio sprendimo 43–45 punktuose, pagal Direktyvos 2000/78 16 straipsnį valstybės narės privalo panaikinti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie prieštarauja vienodo požiūrio principui, tačiau šiame straipsnyje nenurodyta konkrečių priemonių, kurių jos turi imtis diskriminacijos draudimo pažeidimo atveju; joms paliekama laisvė pasirinkti iš įvairių galimybių, tinkamų šiame straipsnyje nustatytam tikslui pasiekti, geriausią, atsižvelgiant į galimas skirtingas situacijas. Toks suderinimas, siekiant panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus, kaip to reikalaujama pagal šios direktyvos 16 straipsnį, nebūtinai reiškia, kad darbuotojas, kurio darbo iki jam sukankant 18 metų laikotarpiai nebuvo įskaityti nustatant jo kilimo karjeros laiptais referencinę datą dėl taikomo diskriminacinio nacionalinės teisės akto, turi gauti finansinę kompensaciją, lygią darbo užmokesčio, kurį jis būtų gavęs, jeigu nebūtų diskriminuojamas, ir faktiškai gauto darbo užmokesčio skirtumui. Kitaip tariant, diskriminacijos panaikinimas nereiškia, kad pagal ankstesnį diskriminacinį teisės aktą diskriminuotas asmuo automatiškai įgyja teisę atgaline data gauti šį darbo užmokesčio skirtumą arba didesnį darbo užmokestį ateityje. Taip būtų tik tuo atveju, jei nėra (ir tik kol nėra) priimtos vienodą požiūrį atkuriančios priemonės. Tokiu atveju lygybės principo laikymasis gali būti užtikrintas tik neprivilegijuotai kategorijai priklausantiems asmenims suteikiant tas pačias privilegijas kaip ir priklausantiesiems privilegijuotai kategorijai, t. y. taikant tvarką, kuri, kol Sąjungos teisė bus taikoma tinkamai, lieka vienintelė tinkama atskaitos sistema (2015 m. sausio 28 d. Sprendimo ÖBB Personenverkehr, C‑417/13 , EU:C:2015:38 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Kaip savo išvados 36 punkte nurodė generalinis advokatas, norėdamas panaikinti Teisingumo Teismo 2009 m. birželio 18 d. Sprendime Hütter ( C‑88/08 , EU:C:2009:381 ) nustatytą diskriminaciją Austrijos teisės aktų leidėjas galėjo pagrįstai nuspręsti (kaip tai ir padarė) atgaline data pakeisti visą ankstesnių darbo laikotarpių įskaitymo tvarką. Paprasčiausias draudimo įskaityti profesinę patirtį, įgytą iki 18-ojo gimtadienio, panaikinimas buvo tik viena iš šio teisės aktų leidėjo galimybių siekiant suderinti nacionalines nuostatas su Direktyvos 2000/78 nuostatomis. Taip pat reikia konstatuoti, jog dėl to, kad ginčijama nuostata įsigaliojo atgaline data, amžiaus kriterijus buvo panaikintas, o tai leido atsižvelgti į profesinę patirtį, nelygu asmens amžius, kada ji buvo įgyta. Be to, 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnis taikomas vienodai visiems ÖBB darbuotojams, t. y. ir tiems, kurie buvo diskriminuojami pagal ankstesnę tvarką, ir tiems, kuriems ši tvarka buvo palanki; juo visiems darbuotojams taikoma nauja darbo užmokesčio tvarka. Šiuo aspektu 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnis skiriasi nuo bylose, kuriose buvo priimti 2014 m. lapkričio 11 d. Sprendimas Schmitzer ( C‑530/13 , EU:C:2014:2359 ) ir 2015 m. sausio 28 d. Sprendimas ÖBBPersonenverkehr ( C‑417/13 , EU:C:2015:38 ), nagrinėtų nacionalinės teisės nuostatų; tuose sprendimuose konstatuota, kad naujos teisės nuostatos galiojo tik pagal ankstesnę tvarką diskriminuotiems darbuotojams, todėl išliko skirtingas požiūris į šias dvi grupes darbuotojų, kiek tai susiję su jų priskyrimu prie darbo užmokesčio pakopos. Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad darbuotojų, kurių darbo ir mokymosi laikotarpiai įgyti iki jiems sukankant 18 metų ir nepatenka į tuos, kurie įskaitomi pagal 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnyje nustatytą tvarką (toliau – nesvarbi profesinė patirtis), nurodyta profesinė patirtis, kaip ir prieš įsigaliojant šiam įstatymui, neįskaitoma tiek nustatant prieš šio įstatymo paskelbimą gautą darbo užmokestį (jo išlaikymas garantuojamas pagal apsaugos sąlygą), tiek mokant nesumokėtas darbo užmokesčio sumas, dėl kurių nesuėjo senaties terminas. Vis dėlto šią kategoriją sudaro tik darbuotojai, neturintys svarbios profesinės patirties. Taigi remiantis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo išvada, kad diskriminacija dėl amžiaus galėtų kilti dėl to, kad neįskaitomi darbo kitose įmonėse iki sukankant 18 metų laikotarpiai, gali kilti abejonių dėl naujos nacionalinio teisės aktų leidėjo nustatytos įskaitymo tvarkos. Austrijos vyriausybė šiuo aspektu nurodo, jog dėl to, kad pagal ankstesnę nuostatą be jokių apribojimų buvo įskaitoma pusė nesvarbios profesinės patirties, buvo viršytas atlygis už atitinkamoje srityje įgytą profesinę patirtį, ir iš esmės dėl tokios įskaitymo tvarkos kyla tokių pačių nenaudingų pasekmių, kaip ir dėl amžiaus kriterijaus taikymo, nes ši tvarka nebuvo pagrįsta profesine patirtimi, kuri leido atitinkamam darbuotojui geriau atlikti savo užduotis ÖBB . Šiuo klausimu reikia priminti, kad, viena vertus, pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją atlygis už tam tikroje srityje įgytą patirtį, kuri leidžia darbuotojui geriau atlikti užduotis, yra teisėtas darbo užmokesčio politikos tikslas (šiuo klausimu žr. 2006 m. spalio 3 d. Sprendimo Cadman, C‑17/05 , EU:C:2006:633 , 34 ir paskesnius punktus ir 2009 m. birželio 18 d. Sprendimo Hütter, C‑88/08 , EU:C:2009:381 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Todėl apskaičiuodamas darbo užmokestį darbdavys iš principo gali savo nuožiūra atsižvelgti tik į tokius ankstesnius darbo laikotarpius. Kita vertus, Teisingumo Teismas pripažino, kad nors nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią atsižvelgiama tik į tam tikrus ankstesnio darbo laikotarpius ir neatsižvelgiama į kitus, be abejo, gali lemti nevienodą požiūrį į darbuotojus atsižvelgiant į įdarbinimo atitinkamoje įmonėje datą, toks nevienodas požiūris nėra – tiesiogiai ar netiesiogiai – grindžiamas amžiumi ar įvykiu, susijusiu su amžiumi. Iš tikrųjų neatsižvelgiama į patirtį, įgytą kitose įmonėse, nepaisant darbuotojo amžiaus ją įgyjant arba jo amžiaus įdarbinant (šiuo klausimu žr. 2012 m. birželio 7 d. Sprendimo Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C‑132/11 , EU:C:2012:329 , punktą). Trečia, kalbant apie apsaugos sąlygą, remiantis kuria tuo atveju, kai dėl naujos kilimo karjeros laiptais referencinės datos atitinkamas darbuotojas priskiriamas prie žemesnės pakopos, išlaikomas nustatant šią naują datą faktiškai gautas darbo užmokestis, reikia nurodyti, kad iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos matyti, kad nustatant šią sąlygą darbuotojui suteikiama garantija, jog dėl naujos tvarkos taikymo jis nepatirs finansinių nuostolių, bus paisoma įgytų teisių ir apsaugoti teisėti lūkesčiai, o tai yra teisėtas užimtumo politikos ir darbo rinkos tikslas. Reikia nurodyti, kad ši sąlyga taikoma tik darbuotojams, kurie nebegali remtis nesvarbia profesine patirtimi. Todėl tariama diskriminacija, kurią galima sieti su apsaugos sąlygos taikymo pasekmėmis, bet kuriuo atveju gali būti grindžiama ne amžiaus kriterijumi, o ankstesnės profesinės patirties įskaitymo tvarka. Tačiau iš šio sprendimo 39 ir 40 matyti, kad šioje byloje toks pagrindas neginčijamas. Tą patį galima pasakyti apie įterptą priešpaskutinę darbo užmokesčio pakopą, kuria, kaip matyti iš atsakymų į Teisingumo Teismo pateiktą klausimą, siekiama kompensuoti priskyrimo prie žemesnės pakopos padarinius. Taigi, atsižvelgiant į valstybėms narėms pagal Sąjungos teisę kylančią pareigą panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus paisant ankstesnių darbo laikotarpių ir į nacionalinės teisės leidėjo diskreciją nustatyti ÖBB darbuotojų darbo užmokesčio tvarką, reikia konstatuoti, kad būtinas galiojančios teisės pakeitimas netampa diskriminacinis dėl to, kad naujos ankstesnės profesinės patirties įskaitymo tvarkos, neįtvirtinančios skirtingo požiūrio dėl amžiaus, taikymas nėra palankus visiems darbuotojams. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Austrijos įstatymų leidėjas neperžengė šioje srityje turimų įgaliojimų. Tokiomis aplinkybėmis reikia pripažinti, kad, atsižvelgiant į valstybėms narėms pripažintą plačią diskreciją pasirinkti ne tik socialinės ir užimtumo politikos konkretaus tikslo įgyvendinimo galimybes, bet ir apibrėžti jo įgyvendinimo priemones, Austrijos teisės aktų leidėjas, priimdamas 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnį, užtikrino diskriminacijos dėl amžiaus panaikinimo ir pagal ankstesnę tvarką įgytų teisių išlaikymo pusiausvyrą. Galiausiai dėl SESV45 straipsnio reikia nurodyti: kadangi 2015 m. Federalinio geležinkelių įstatymo 53a straipsnyje aiškiai numatyta, jog atsižvelgiama į ankstesnius darbo geležinkelių sektoriuje laikotarpius kitose valstybėse narėse, Teisingumo Teismas neturi jokios informacijos, leidžiančios konstatuoti, kad šiuo straipsniu gali būti pažeista darbuotojų judėjimo laisvė. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad SESV 45 straipsnis ir Direktyvos 2000/78 2, 6 ir 16 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią siekiant panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus – atsiradusią dėl nacionalinės teisės nuostatos, kurioje įtvirtinta, kad įmonės darbuotojus priskiriant prie darbo užmokesčio pakopų atsižvelgiama tik į darbo laikotarpius po 18-ojo gimtadienio – atgaline data ir visų šių darbuotojų atžvilgiu panaikinamas amžiaus cenzas, tačiau leidžiama atsižvelgti tik į patirtį, įgytą tame pačiame ekonomikos sektoriuje veiklą vykdančiose įmonėse. Dėl antrojo klausimo Atsižvelgiant į atsakymą, pateiktą į pirmąjį klausimą, į antrąjį klausimą atsakyti nereikia. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia: SESV 45 straipsnis ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 2, 6 ir 16 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos nedraudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią siekiant panaikinti diskriminaciją dėl amžiaus – atsiradusią dėl nacionalinės teisės nuostatos, kurioje įtvirtinta, kad įmonės darbuotojus priskiriant prie darbo užmokesčio pakopų atsižvelgiama tik į darbo laikotarpius po 18-ojo gimtadienio – atgaline data ir visų šių darbuotojų atžvilgiu panaikinamas amžiaus cenzas, tačiau leidžiama atsižvelgti tik į patirtį, įgytą tame pačiame ekonomikos sektoriuje veiklą vykdančiose įmonėse. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: vokiečių.

62007CJ0337

bg

Преюдициалнато запитване се отнася до тълкуването на член 7, първа алинея от Решение № 1/80 на Съвета за асоцииране от 19 септември 1980 година относно развиване на асоциирането (наричано по-нататък „Решение № 1/80“). Съветът за асоцииране е създаден със Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, подписано на 12 септември 1963 г. в Анкара от Република Турция, от една страна, както и от държавите — членки на Европейската икономическа общност и Общността, от друга страна, и сключено, одобрено и утвърдено от името на Общността с Решение 64/732/ЕИО на Съвета от 23 декември 1963 година ( ОВ 217, 1964 г., стр. 3685 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 1, стр. 10). Запитването е отправено в рамките на спор между турския гражданин г-н Ibrahim Altun и Stadt Böblingen относно процедура за експулсиране на заинтересованото лице от територията на Германия. Правна уредба Решение № 1/80 Член 6, параграфи 1 и 2 от Решение № 1/80 са формулирани, както следва: „1.   При спазване на условията на член 7 във връзка със свободния достъп до заетост на членовете на семейството на турски работник, принадлежащ към легалния пазар на труда на държава членка, същият има право: — на подновяване на разрешителното му за работа от неговия работодател, ако е нает на работа, след една година легална заетост в тази държава членка, — да отговаря пред работодател по свой избор в същата професия на друго предложение за работа, направено при общи условия и регистрирано в службите по заетост на тази държава членка, след три години легална заетост в същата и при условие на предимство на работниците от държавите — членки на Общността, — да се ползва със свободен достъп до всяка дейност като наето лице по свой избор в същата държава членка след четири години легална заетост в тази държава членка. 2.   Годишните отпуски и отсъствия поради майчинство или трудова злополука или кратките периоди на болест се считат за периоди на легална заетост. Периодите на принудителна безработица, надлежно удостоверени от компетентните власти, и продължителните отсъствия по болест не се считат за периоди на легална заетост и не засягат правата, придобити по силата на предходния период на заетост.“ [неофициален превод] Член 7 от Решение № 1/80 гласи: „Членовете на семейството на турски работник, принадлежащ към легалния пазар на труда на държава членка, които имат право да го последват: — имат право да отговарят — при спазване на условието за предимство на работниците от държавите—членки на Общността — на всяко предложение за работа, когато пребивават на законно основание в същата държава членка най-малко три години, — ползват се в същата държава членка със свободен достъп до всяка дейност по свой избор като наети лица, когато пребивават на законно основание в нея най-малко пет години. Децата на турските работници, придобили професионална квалификация в приемащата страна, могат да отговарят на всяко предложение за работа в тази държава членка, независимо от продължителността на пребиваването си в нея, при условие че един от родителите законно е нает на работа в съответната държава членка най-малко три години.“ [неофициален превод] Съгласно член 14, параграф 1 от същото решение: „Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат при спазване на ограниченията, оправдани по причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве.“ [неофициален превод] Женевската конвенция Конвенцията за статута на бежанците, подписана в Женева на 28 юли 1951 г. (Обединените нации, Сборник договори, том 189, стр. 150, № 2545 (1954), е влязла в сила на 22 април 1954 г. Редакцията на тази конвенция, приложима в спора по главното производство, е произтичащата от Протокола за статута на бежанците, приет на 31 януари 1967 г. в Ню Йорк и влязъл в сила на 4 октомври 1967 г. (наричана по-нататък „Женевската конвенция“). Съгласно член 1, буква А, точка 2 от Женевската конвенция терминът „бежанец“ се прилага към всяко лице, което „при основателни опасения от преследване по причина на раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически убеждения, се намира извън страната, чийто гражданин то е, и не може да се ползва от закрилата на тази страна, или не желае да се ползва от такава закрила поради тези опасения; или, бидейки без гражданство и намирайки се извън страната на своето предишно обичайно местоживеене в резултат на подобни събития, не може да се завърне или, поради такива опасения, не желае да се завърне в нея“. Съгласно член 5 от Женевската конвенция нито една разпоредба в тази конвенция не засяга „които и да са права и привилегии, предоставяни на бежанците от договаряща държава извън предвидените в тази конвенция“. Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси Г-н Ibrahim Altun, който е жалбоподател в главното производство, е роден на 1 януари 1985 г. и е син на г-н Ali Altun. Последният, също турски гражданин, пристига в Германия на 27 март 1996 г. като лице, търсещо убежище. С решение от 19 април 1996 г. Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (Федерална служба за признаване на чуждестранни бежанци) му признава този статут. Поради това на 23 май 1996 г. г-н Ali Altun получава безсрочно разрешение за пребиваване в Германия. След няколко промени на пребиваването, от 1 януари 2000 г. г-н Ali Altun се установява в Böblingen. Г-н Ali Altun започва професионалната си дейност през юли 1999 г. към агенция за временна заетост в Щутгарт. От 1 април 2000 г. работи в предприятие за производство на храни, докато последното на 1 юни 2002 г. обявява, че е неплатежоспособно. Тогава на г-н Ali Altun е предложено да се регистрира като безработен в Arbeitsamt (Служба по заетостта) и неговият трудов договор официално изтича на 31 юли 2002 г. В периода от 1 юни 2002 г. до 26 май 2003 г. той получава обезщетения за безработица. През юни 1999 г. г-н Ali Altun започва процедура по събиране на семейството за съпругата си, сина си и дъщерите си. След като получава виза, издадена от компетентното представителство на Федерална република Германия в чужбина, г-н Ibrahim Altun пристига в Германия на 30 ноември 1999 г. и установява своето местожителство при баща си. На 9 декември 1999 г. той получава разрешение за пребиваване, валидно до 31 декември 2000 г. Това разрешение е продължено до 31 декември 2002 г., а след това до 8 декември 2003 г. На 26 септември 2002 г. г-н Ibrahim Altun се регистрира като безработен в Arbeitsamt. На 1 септември 2003 г. той се включва в квалификация за развитие, предназначена за безработните младежи, от която се отказва на 2 април 2004 г. Г-н Ibrahim Altun е задържан на 28 април 2003 г. за опит за изнасилване на младо момиче на шестнадесет години и му е наложена мярка предварително задържане до 27 май 2003 г. С присъда от 16 септември 2003 г. на Amtsgericht Böblingen той е осъден на година и три месеца лишаване от свобода с отложено изпълнение. На 20 ноември 2003 г. той е иска ново продължаване на разрешението си за пребиваване, което е отхвърлено с решение от 20 април 2004 г. на Stadt Böblingen. Освен това Stadt Böblingen издава разпореждане той да напусне територията на Федерална република Германия в тримесечен срок от съобщаването на това решение, като го заплашва да го изпрати в Турция, ако не изпълни това нареждане. Stadt Böblingen твърди, че извършеното от г-н Ibrahim Altun нарушение е тежко и според националното право представлява основание за отхвърляне на искане за продължаване на разрешение за пребиваване. Освен това последният не можел да се ползва от правата, предоставени по член 7, първа алинея от Решение № 1/80. Тъй като самото възражение срещу посоченото решение за отхвърляне, направено от жалбоподателя в главното производство, е отхвърлено, последният подава жалба пред Verwaltungsgericht Stuttgart, като изтъква, че правото му на пребиваване е трябвало да бъде преценено не само с оглед на националното право, но също и въз основа на член 7, първа алинея от Решение № 1/80. Като приема, че при тези условия разрешаването на спора изисква тълкуване на общностното право, Verwaltungsgericht Stuttgart решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси: „1) Необходимо ли е за придобиването на правата по член 7, [първа алинея] от Решение № 1/80 […] „лицето, подало молбата за събиране на семейството“, при когото член на семейството е пребивавал на законно основание в продължение на три години, да отговаря на условията по член 7, [първа алинея] от Решение № 1/80 […] през целия посочен период? 2) Достатъчно ли е в това отношение, за да придобие член на семейството правата по член 7, [първа алинея] от Решение № 1/80 […], „лицето, подало молбата за събиране на семейството“, да е упражнявало през този период професионална дейност при различни работодатели в продължение на две години и шест месеца и след това да е било принудително безработно в продължение на шест месеца и това положение да продължава и впоследствие за по-дълъг период? 3) Може ли да се позове на член 7, [първа алинея] от Решение № 1/80 […] и лице, което е получило разрешение за пребиваване в качеството си на член на семейството на турски гражданин, чието право на пребиваване и съответно достъп до легалния пазар на труда на дадена държава членка се основават само на предоставянето на политическо убежище поради преследване в Турция на основание политически убеждения? 4) В случай, че отговорът на третия въпрос е положителен, може ли и член на семейството да се позовава на член 7, [първа алинея] от Решение № 1/80 […], когато предоставянето на политическо убежище и на това основание — на право на пребиваване и на достъп до легалния пазар на труда на „лицето, подало молбата за събиране на семейството“ (в настоящия случай неговият баща), се основават на неверни декларации? 5) В случай, че отговорът на четвъртия въпрос е отрицателен, необходимо ли е в този случай, преди да бъдат отказани на членовете на семейството правата по член 7, [първа алинея] от Решение № 1/80 […], да бъдат предварително формално отнети правата на „лицето, подало молбата за събиране на семейството“ (в настоящия случай бащата), или той да бъде лишен от тях?“ По преюдициалните въпроси По първия и втория въпрос С първия и втория си въпрос, които следва да бъдат разгледани заедно, препращащата юрисдикция иска по същество да се установи дали детето на турски работник може да се ползва от правата, предоставени по член 7, първа алинея, първо тире от Решение № 1/80, когато през тригодишния период на съжителство на това дете с този работник последният е упражнявал дейност като наето лице в продължение на две години и половина, преди да бъде безработен през следващите шест месеца. Според постоянната съдебна практика член 7, първа алинея от Решение № 1/80 има непосредствено действие в държавите членки, така че отговарящите на условията ѝ турски граждани могат пряко да се позовават на правата, които той им предоставя (Решение от 17 април 1997 г. по дело Kadiman, C-351/95, Recueil, стр. I-2133 , точка 28 и Решение от 18 юли 2007 г. по дело Derin, C-325/05, Сборник, стр. I-6495 , точка 47). Съдът също е постановил, че правата, които член 7, първа алинея от Решение № 1/80 предоставя на детето на турски работник по отношение на заетостта в съответната държава членка, по необходимост предполагат съществуването на съответно право на пребиваване в полза на заинтересованото лице, тъй като в противен случай правото на достъп до пазара на труда и правото на действително упражняване на дейност като наето лице биха се оказали напълно лишени от последици (вж. по-специално Решение по дело Derin, посочено по-горе, точка 47). Както е видно от редакцията на член 7, първа алинея, първо тире от Решение № 1/80, предоставеното на детето на турски гражданин право да отговаря на всяко предложение за работа в приемащата държава членка е подчинено на две условия, съгласно които този работник трябва да принадлежи към легалния пазар на труда на тази държава и детето трябва да пребивава на законно основание в нея най-малко три години. Уместно е да се уточни, че първото условие не обхваща понятието „легална заетост“, съдържащо се в член 6, параграф 1 от Решение № 1/80, а е свързано единствено с понятието „принадлежност към легалния пазар на труда“. Относно принадлежността на турския работник към легалния пазар на труда, Съдът приема в рамките на тълкуването на член 6, параграф 1 от Решение № 1/80, че в това понятие се включват всички работници, които са изпълнили законовите и подзаконовите изисквания на приемащата държава членка и в резултат на това имат право да упражняват професионална дейност на нейната територия (Решение от 26 ноември 1998 г. по дело Birden, C-1/97, Recueil, стр. I-7747 , точка 51, както и Решение от 24 януари 2008 г. по дело Payir и др., C-294/06, Сборник, стр. I-203 , точка 29). Освен това въпреки временното прекъсване на трудовото правоотношение турски работник продължава да принадлежи към легалния пазар на труда на приемащата държава членка по смисъла на член 6, параграф 1 от Решение № 1/80 в продължение на разумен период от време, който му е необходим, за да намери друга дейност като наето лице, и то независимо от причината за отсъствието на заинтересованото лице от пазара на труда, доколкото това отсъствие е с временен характер (Решение от 7 юли 2005 г. по дело Dogan, C-383/03, Recueil, стр. I-6237 , точки 19 и 20). Турски работник е изключен от легалния пазар на труда само ако обективно вече не разполага с никаква възможност за реинтеграция на пазара на труда или е надвишил разумния срок за намиране на нова дейност като наето лице след период на временна незаетост (вж. в този смисъл Решение от 10 февруари 2000 г. по дело Nazli, C-340/97, Recueil, стр. I-957 , точка 44 и Решение по дело Dogan, посочено по-горе, точка 23). Положението на принудителна безработица, в което г-н Ali Altun се намира в резултат от обявяването на неплатежоспособността на предприятието, в което е работил, не може само по себе си да представлява пречка за това последният да продължава да принадлежи към легалния пазар на труда на приемащата държава членка. Съображенията, изложени в точки 23—25 от настоящото решение по отношение на понятието за „принадлежност към легалния пазар на труда” по смисъла на член 6, параграф 1 от Решение № 1/80, се отнасят и за тълкуването на член 7, първа алинея от това решение. Различно тълкуване на посоченото понятие в зависимост от това дали същото се разглежда в рамките на член 6 от Решение № 1/80 или в рамките на член 7 от това решение, може да наруши съгласуваността на системата, въведена от Съвета за асоцииране с оглед постепенното стабилизиране на положението на турските работници в приемащата държава членка. Следва да се напомни, че Решение № 1/80 има за цел да благоприятства за постепенното интегриране в приемащата държава членка на турските граждани, които отговарят на условията, предвидени в разпоредба от това решение, и следователно се ползват от предоставяните им от него права (Решение по дело Derin, посочено по-горе, точка 53). Относно условието за пребиваване член 7, първа алинея, първо тире от Решение № 1/80 налага на член на семейството на турски работник задължението да пребивава непрекъснато при последния най-малко в продължение на период от три години. Всъщност постоянната съдебна практика изисква в това отношение събирането на семейството, което обосновава влизането на територията на приемащата държава членка на член на семейството на турски работник, да се изразява през определен период от време в действително съжителство в общо домакинство с този работник и това да продължава, докато самото заинтересовано лице не изпълни условията за достъп до пазара на труда в тази държава (вж. Решение от 16 март 2000 г. по дело Ergat, C-329/97, Recueil, стр. I-1487 , точка 36 и Решение по дело Derin, посочено по-горе, точка 51). От това следва, че през целия период, който е необходим за придобиването от член на семейството на право на достъп до пазара на труда на приемащата държава членка, работникът, с който той живее съвместно, трябва да принадлежи към легалния пазар на труда на тази държава. Двете условия, припомнени в точка 22 от настоящото решение, трябва да бъдат изпълнени едновременно. Такова е тълкуването на член 7, първа алинея от Решение № 1/80, което произтича от редакцията и целите на тази разпоредба, както и от практиката на Съда. Всъщност в практиката на Съда се уточнява, че предоставените по член 7, първа алинея от Решение № 1/80 права могат да бъдат упражнявани от член на семейството след изтичането на периода на пребиваване при турския работник, принадлежащ към легалния пазар на труда в приемащата държава членка, дори ако след този период посоченият работник вече не принадлежи към пазара на труда на тази държава членка (Решение от 11 ноември 2004 г. по дело Cetinkaya, C-467/02, Recueil, стр. I-10895 , точка 32). Следователно обстоятелството, че работникът не отговаря вече на условието за предоставяне на право на достъп до пазара на труда в приемащата държава членка, след като член на неговото семейство е придобил това право, не може да постави последното под въпрос. Следва да се заключи, че съгласно член 7, първа алинея от Решение № 1/80, за придобиване на право на достъп до пазара на труда в приемащата държава членка от член на семейството на турски работник условието за принадлежност на последния към легалния пазар на труда трябва да бъде изпълнено поне през тригодишния период на съвместното пребиваване. Според препращащата юрисдикция жалбоподателят в главното производство е живял съвместно с баща си над три години, а именно от 30 ноември 1999 г., дата на пристигането му в Германия, до 20 април 2004 г., дата, на която е прието решението, с което се отказва продължаването на разрешението му за пребиваване. Освен това националната юрисдикция посочва, че до 20 април 2004 г. г-н Ali Altun е упражнявал професионална дейност в продължение на две години и половина, след което от юни 2002 г. е принудително безработен. Следователно условията, предвидени в член 7, първа алинея, първо тире от Решение № 1/80 относно принадлежността на турския работник към легалния пазар на труда в приемащата държава членка и периода на пребиваване на законно основание на член на неговото семейство в тази държава членка, в конкретния случай са изпълнени. С оглед на изложените по-горе съображения на първия и на втория въпрос следва да се отговори, че член 7, първа алинея, първо тире от Решение № 1/80 трябва да се тълкува в смисъл, че детето на турски работник може да се ползва от правата, предоставени по тази разпоредба, когато през тригодишния период на съжителство на това дете с този работник последният е упражнявал професионална дейност в продължение на две години и половина, преди да бъде безработен през следващите шест месеца. По третия въпрос С този въпрос препращащата юрисдикция иска по същество да се установи дали обстоятелството, че турски работник е получил право на пребиваване в държава членка и съответно право на достъп до пазара на труда на тази държава като политически бежанец, е пречка за това член на семейството му да може да се ползва от правата, предоставени по член 7, първа алинея от Решение № 1/80. Според установената съдебна практика упражняването на правата, които турските граждани извеждат от Решение № 1/80, не е подчинено на каквото и да било условие, свързано с мотива, поради който първоначално им е предоставено право на влизане и на пребиваване в приемащата държава членка (вж. в този смисъл, в рамките на член 6 от Решение № 1/80, Решение от16 декември 1992 г. по дело Kus, C-237/91, Recueil, стр. I-6781 , точки 21 и 22, както и Решение по дело Payir и др., посочено по-горе, точка 40; в рамките на член 7 от същото решение, Решение от 5 октомври 1994 г. по дело Eroglu, C-355/93, Recueil, стр. I-5113 , точка 22). Член 7, първа алинея от Решение № 1/80 не поставя признаването на право на достъп до пазара на труда на приемащата държава членка и съответно на право на пребиваване в тази държава на членовете на семейството на турски работник в зависимост от обстоятелствата, при които последният е получил право на влизане и на пребиваване в тази държава. Препращащата юрисдикция счита, че бежанците вече са достатъчно защитени с правата, които са им предоставени с Женевската конвенция, и че не е необходимо те да бъдат включени в приложното поле на Споразумението за асоцииране, сключено с държавата им на произход. Такова „двойно предимство“ не било много уместно. В това отношение следва се подчертае, че член 5 от Женевската конвенция предвижда, че нито една от нейните разпоредби не засяга които и да било права и привилегии, предоставяни на бежанците от договаряща държава, извън предвидените в тази конвенция. Решение № 1/80 обаче предоставя на членовете на семейството на турски работник права, на които те не могат да се позоват въз основа на Женевската конвенция. Всъщност докато член 7 от Решение № 1/80 предвижда правото на членовете на семейството на турски работник да отговарят на предложенията за работа в приемащата държава членка, след като са изпълнени определени условия, свързани по-специално с продължителността на пребиваването им в тази държава, то Женевската конвенция не предоставя каквото и да било право от такова естество на членовете на семейството на политически бежанец. Безспорно Решение № 1/80 не накърнява компетентността на държавите членки да регламентират както влизането на тяхна територия на турски граждани, така и условията за първото им постъпване на работа (вж. по-специално Решение по дело Payir и др., посочено по-горе, точка 36). Отказът обаче да се приложи Решение № 1/80 поради статута на политически бежанец, с който се ползва г-н Ali Altun при издаването на разрешението му за влизане и пребиваване в Германия, поставя под въпрос правата, които той и членовете на неговото семейство черпят от това решение. Следователно на третия въпрос трябва да се отговори, че обстоятелството, че турски работник е получил право на пребиваване в държава членка и съответно право на достъп до пазара на труда на тази държава като политически бежанец, не е пречка за това член на семейството му да може да се ползва от правата, предоставени по член 7, първа алинея от Решение № 1/80. По четвърти и пети въпрос С четвъртия и петия си въпрос, които следва да бъдат разгледани заедно, препращащата юрисдикция иска по същество да се установи дали и ако случаят е такъв, при какви условия правата, които член на семейството на турски работник извежда от член 7, първа алинея от Решение № 1/80, могат да бъдат поставени под въпрос, когато този работник е получил статут на политически бежанец въз основа на неверни декларации. Препращащата юрисдикция посочва, че съмнението ѝ по този въпрос произтича от обстоятелството, че цяла поредица от данни позволяват да се установи, че предоставените от г-н Ali Altun сведения в рамките на молбата му за получаване на убежище не могат да бъдат верни. Съгласно практиката на Съда законността на наемането на работа на турски гражданин в приемащата държава членка предполага стабилно и сигурно положение на пазара на труда в тази държава членка и с оглед на това обуславя неоспоримо право на пребиваване (Решение от 20 септември 1990 г. по дело Sevince, C-192/89, Recueil, стр. I-3461 , точка 30 и Решение от 26 октомври 2006 г. по дело, Güzeli, C-4/05, Recueil, стр. I-10279 , точка 38). Съдът е постановил в този контекст, че периодите, през които турски гражданин е упражнявал трудова дейност на основание на разрешение за пребиваване, което му е издадено единствено в резултат на измамно поведение от негова страна, за което е осъден, не се основават на стабилно положение и подобно наемане на работа не може да се счита за сигурно, поради факта че през въпросните периоди заинтересованото лице не е имало законно право на пребиваване (вж. по-специално Решение от 5 юни 1997 г. по дело Kol, C-285/95, Recueil, стр. I-3069 , точка 27 и Решение от 11 май 2000 г. по дело Savas, C-37/98, Recueil, стр. I-2927 , точка 61). Упражняването на трудова дейност от турски гражданин на основание на разрешение за пребиваване, издадено в резултат на измамно поведение, за което е осъден, не може да породи права в негова полза или да обоснове оправдани правни очаквания от негова страна (Решение по дело Kol, посочено по-горе, точка 28). Освен това като се има предвид връзката, която съществува между правата, с които турски работник разполага съгласно Решение № 1/80, и правата, на които членовете на семейството му, на които е разрешено да го последват, могат да се позовават въз основа на член 7 от това решение, такова измамно поведение на този работник може да породи последици в правната сфера на членовете на неговото семейство. Тези последици обаче следва да бъдат преценени с оглед на датата, на която националните власти на приемащата държава членка са взели решение за отнемане на разрешението за пребиваване на споменатия работник. Ако към датата, на която е отнето разрешението за пребиваване на турски работник, правата на членовете на неговото семейство са в процес на придобиване, доколкото условието относно периода на действително съжителство с работника, предвидено в член 7, първа алинея от Решение № 1/80, все още не е изпълнено, държавите членки имат право да изведат последиците от измамното поведение на този работник по отношение на членовете на неговото семейство. Противно на това, след като последните са придобили собствено право на достъп до пазара на труда на приемащата държава членка и съответно право на пребиваване в нея, тези права вече не могат да бъдат поставени под въпрос с оглед на нередовностите, които в миналото са засегнали правото на пребиваване на посочения работник. Всяко друго разрешение би противоречало на принципа на правната сигурност, който както е видно от постоянната съдебна практика, изисква по-конкретно действието на правните норми да е ясно, точно и предвидимо, по-специално когато те могат да имат неблагоприятни последици за физическите лица (вж. в този смисъл Решение от 13 февруари 1996 г. по дело Van Es Douane Agenten, C-143/93, Recueil, стр. I-431 , точка 27 и Решение от 18 ноември 2008 г. по дело Förster, C-158/07, Сборник, стр. I-8507 , точка 67). Правото на достъп до пазара на труда, с което разполагат членовете на семейството на турски работник съгласно член 7, първа алинея от Решение № 1/80, би било изпразнено от всякакво съдържание, ако компетентните национални органи имат възможността да поставят под условие или да ограничават по какъвто и да е начин прилагането на конкретните права, предоставени на турския мигрант от посоченото решение (вж. Решение по дело Ergat, посочено по-горе, точка 41 и Решение от 25 септември 2008 г. по дело Er, C-453/07, Сборника, стр. I-07299 , точка 27). Ограниченията на признатите от член 7, първа алинея от Решение № 1/80 права на членовете на семейството на турски работник, които отговарят на посочените в тази алинея условия, могат да спадат само към две категории, а именно свързани или с факта, че поради личното поведение на турския мигрант неговото пребиваване на територията на приемащата държава членка представлява реална и сериозна опасност, свързана с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве съгласно член 14, параграф 1 от същото решение, или с обстоятелството, че заинтересованото лице е напуснало територията на тази държава за значителен период от време и без основателни причини (вж. по-специално Решение по дело Cetinkaya, посочено по-горе, точки 36 и 38, както и Решение по дело Er, посочено по-горе, точка 30). Изчерпателният характер на ограниченията, посочени в предходната точка, ще бъде поставен под въпрос, ако националните органи могат да подчиняват на условия, да ограничават или да отнемат самите права, придобити от членовете на семейството на турски мигрант, чрез преразглеждане или нова преценка на обстоятелствата по предоставянето на правото на влизане и пребиваване на последния. На четвъртия и петия въпрос следва да се отговори, че член 7, първа алинея от Решение № 1/80 трябва да се тълкува в смисъл, че когато турски работник е получил статут на политически бежанец въз основа на неверни декларации, правата, които член на неговото семейство извежда от тази разпоредба, не могат да бъдат поставени под въпрос, ако към датата на отнемане на издаденото на този работник разрешение за пребиваване последният отговаря на предвидените в посочената разпоредба условия. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (трети състав) реши: 1) Член 7, първа алинея, първо тире от Решение № 1/80 от 19 септември 1980 година относно развиване на асоциирането, прието от Съвета за асоцииране, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция, трябва да се тълкува в смисъл, че детето на турски работник може да се ползва от правата по тази разпоредба, когато през тригодишния период на съжителство на това дете с този работник, последният е упражнявал професионална дейност в продължение на две години и половина преди да бъде безработен през следващите шест месеца. 2) Обстоятелството, че турски работник е получил право на пребиваване в държава членка и съответно право на достъп до пазара на труда на тази държава като политически бежанец, не е пречка за това член на семейството му да може да се ползва от правата, предоставени по член 7, първа алинея от Решение № 1/80. 3) Член 7, първа алинея от Решение № 1/80 трябва да се тълкува в смисъл, че когато турски работник е получил статут на политически бежанец въз основа на неверни декларации, правата, които член на неговото семейство черпи от тази разпоредба, не могат да бъдат поставени под въпрос, ако към датата на отнемане на издаденото на този работник разрешение за пребиваване последният отговаря на предвидените в посочената разпоредба условия. Подписи ( *1 ) Език на производството: немски.

61989TJ0132

da

Faktiske omstaendigheder 1 Sagsoegeren, Vincenzo Gallone, er tjenestemand i kategori B i Raadets afdeling "ny teknologi ". Han indgav ansoegning til den almindelige udvaelgelsesproeve ( systemplanlaeggere ) Raadet/A/281, som blev afholdt med henblik paa oprettelse af en ansaettelsesreserve af fuldmaegtige i kategori A, som skulle udfoere arbejdsopgaver inden for edb-omraadet; meddelelsen om udvaelgelsesproeven blev offentliggjort den 31 . maj 1988 ( EFT C 142, s . 8 ). 2 Afsnit II i meddelelsen om udvaelgelsesproeven indeholdt foelgende beskrivelse af "arbejdets art ": "Arbejdet bestaar formelt i at udfoere opgaver vedroerende koncipering, sagsbehandling eller tilsyn paa grundlag af generelle retningslinjer eller bistaa den ansvarlige for et aktivitetsomraade i en afdeling . I praksis skal systemplanlaeggeren analysere og konstruere systemerne samt overvaage programmering og opfoelgning af applikationerne inden for administrativ databehandling og/eller kontorautomatisering paa konfigurationer af mellemstoerrelse, der koerer transaktionsorienteret og/eller bundtvis ." 3 Meddelelsens afsnit IV angav "proevernes art og bedoemmelse" i form af tre rubrikker med overskrifterne : "IV a ) skriftlige proever", "IV b ) adgang til de mundtlige proever" og "IV c ) mundtlige proever ". I rubrik IV a ) anfoertes det, at der var tre skriftlige proever, og at "hver proeve skal bestaas ". 4 De tre skriftlige proever var beskrevet som foelger : "1 . Proeve paa det officielle faellesskabssprog, som ansoegeren har indgaaende kendskab til, bestaaende af en teoretisk del om beslutningsmetoder og -teknikker ( statistik, operationsstudier, oekonometri ) og en praktisk del ( case-study ) eventuelt i form af et spoergeskema, til bedoemmelse af ansoegerens faglige viden om problemanalyse med henblik paa udarbejdelse af et fuldstaendigt program . 2 . Proeve paa samme sprog om et emne, der vedroerer de i afsnit II beskrevne opgaver, til bedoemmelse af ansoegerens faglige viden . 3 . Kort skriftlig fremstilling paa et andet officielt faellessprog efter ansoegerens valg om et alment emne til bedoemmelse af ansoegerens evne til at udtrykke sig skriftligt paa et andet sprog ." 5 Endelig var det i afsnit IV b ), "adgang til de mundtlige proever", praeciseret, at "for at faa adgang til de mundtlige proever skal ansoegerne have opnaaet mindst 24 point ud af 40 for skriftlig proeve nr . 1, 18 point ud af 30 for skriftlig proeve nr . 2 og 12 point ud af 20 for skriftlig proeve nr . 3 ." 6 Udvaelgelseskomitéen fandt sagsoegerens kvalifikationsbeviser tilfredsstillende og gav ham derfor adgang til de skriftlige proever, som han aflagde den 16 . marts 1989 . Det fremgaar af den rapport, udvaelgelseskomitéen fremsendte til ansaettelsesmyndigheden den 6 . juli 1989, at proeverne fandt sted i Athen, Bruxelles, Firenze og Madrid . 336 ansoegere deltog i proeverne . 7 Besvarelserne blev rettet paa foelgende maade : Foerst blev den sproglige proeve ( skriftlig proeve nr . 3 ) rettet; to tredjedele af ansoegerne bestod ikke denne proeve, og der var herefter kun omkring 100 ansoegere tilbage . Besvarelserne af de skriftlige proever 1 og 2 blev principielt opdelt i to grupper . De proever, der blev besvaret paa engelsk, fransk og nederlandsk, blev rettet i denne affattelse, og de ansoegere, der opnaaede det noedvendige antal points, fik adgang til de mundtlige proever, der blev afholdt den 19 ., 20 . og 21 . juni 1989 . 8 Med hensyn til de proever, der blev besvaret paa italiensk, herunder sagsoegerens, blev den foerste del af den skriftlige proeve 1 rettet fra italiensk . Den anden del af proeven samt den skriftlige proeve nr . 2 blev oversat og derefter rettet . Paa grundlag af resultaterne af de skriftlige proever fik 28 ansoegere adgang til at deltage i de mundtlige proever, som fandt sted den 5 . og 6 . juli 1989 . 9 I begyndelsen af maj 1989 blev sagsoegeren, som i Raadet er ansvarlig for tekstbehandlingsprogrammet, raadspurgt vedroerende maskinskrivningen af udvaelgelsesproevens skriftlige proever . Sagsoegeren kunne i forbindelse hermed paa skaermen se flere af de italienske ansoegeres besvarelser, herunder sin egen . 10 Ved skrivelse af 28 . juni 1989 fra Raadets afdeling for ansaettelser fik ansoegeren besked om, at udvaelgelseskomitéen paa grundlag af resultatet af de skriftlige proever ikke havde givet ham adgang til de mundtlige proever . 11 Ved skrivelse af samme dag gjorde sagsoegeren udvaelgelseskomitéens formand opmaerksom paa "forskellige uregelmaessigheder i forbindelse med rettelsen" af de skriftlige besvarelser . Ved skrivelse af 29 . juni 1989 forsikrede udvaelgelseskomitéens formand sagsoegeren om, at reglerne om fortrolighed og forbud mod forskelsbehandling af ansoegerne var blevet noeje overholdt, og han anmodede ham om at goere naermere rede for de omstaendigheder, der laa bag hans kritik . Retsforhandlinger 12 Ved staevning, indgivet til Domstolens Justitskontor den 22 . august 1989, har V . Gallone herefter anlagt denne sag mod Raadet; sagen blev registreret under nr . 264/89 . 13 Skriftvekslingen var endnu ikke afsluttet, da Domstolen ( Tredje Afdeling ) ved kendelse af 15 . november 1989 i medfoer af artikel 3, stk . 1, i Raadets afgoerelse af 24 . oktober 1988 om oprettelse af De Europaeiske Faellesskabers Ret i Foerste Instans henviste sag 264/89 til Retten, hvor den blev registreret under nr . T-132/89 . Sagens skriftlige forberedelse har herefter fundet sted for Retten . 14 Paa grundlag af den refererende dommers rapport har Retten ( Fjerde Afdeling ) besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgaaende bevisfoerelse . 15 Den mundtlige forhandling fandt sted den 12 . juli 1990, hvor parterne afgav mundtlige indlaeg og besvarede Rettens spoergsmaal . 16 Sagsoegeren har nedlagt foelgende paastande : -sagen antages til realitetsbehandling, og der gives sagsoegeren medhold; -der udpeges om fornoedent en sagkyndig, som skal foretage en bedoemmelse af, om de afviklede skriftlige proever er i overensstemmelse med betingelserne i meddelelsen om udvaelgelsesproeven, og om de er relevante som grundlag for en vurdering af en systemplanlaeggers kvalifikationer; -annullation af den almindelige udvaelgelsesproeve Raadet/A/281 ( 88/C 142/09 ) eller i hvert fald af udvaelgelseskomitéens beslutning om ikke at give sagsoegeren adgang til de mundtlige proever; - sagsoegte tilpligtes at betale sagens omkostninger . 17 Raadet har nedlagt foelgende paastande : - frifindelse; - sagsoegeren tilpligtes at betale sagens omkostninger . Realiteten 18 Til stoette for paastandene har sagsoegeren fremfoert tre anbringender, nemlig at princippet om god og sund forvaltningsskik er tilsidesat, at princippet om forbud mod forskelsbehandling er tilsidesat, og at udvaelgelsesproeven ikke er gennemfoert som angivet i meddelelsen . Efter Rettens opfattelse maa anbringenderne behandles i omvendt raekkefoelge . Anbringendet om, at udvaelgelsesproeven ikke er gennemfoert som angivet i meddelelsen 19 Anbringendet bestaar af to dele . For det foerste har sagsoegeren anfoert, at beskrivelsen i meddelelsen om udvaelgelsesproeven ikke svarede til profilen for de stillinger, der skulle besaettes, nemlig systemplanlaeggere . Heroverfor har Raadet anfoert, at hvis sagsoegeren havde villet anfaegte meddelelsen om udvaelgelsesproeven, burde han have anfaegtet den beslutning, hvorved ansaettelsesmyndigheden fastlagde meddelelsens indhold . 20 I henhold til Domstolens praksis ( domme af 11 . marts 1986, Adams mod Kommissionen, 294/84, Sml . s . 977, af 8 . marts 1988, Sergio m.fl . mod Kommissionen, 64/86, 71/86 til 73/86 og 78/86, Sml . s . 1399, og af 6 . juli 1988, Agazzi Léonard mod Kommissionen, 181/87, Sml . s . 3823 ) kan en tjenestemand ikke til stoette for et soegsmaal anlagt til proevelse af en af en udvaelgelseskomité truffet beslutning goere gaeldende, at meddelelsen om udvaelgelsesproeven er behaeftet med mangler, naar han ikke rettidigt har anfaegtet de dele af meddelelsen, der efter hans opfattelse indeholder et klagepunkt imod ham . Dette gaelder dog ikke, hvis tjenestemanden paaberaaber sig mangler, hvis oprindelse kan findes i ordlyden af meddelelsen om udvaelgelsesproeven, men som er indtraadt ved afviklingen af udvaelgelsesproeven . 21 I den foreliggende sag kan det fastslaas, at den mangel, sagsoegeren har paaberaabt sig, ikke er indtraadt ved afviklingen af udvaelgelsesproeven . Den foerste del af anbringendet maa derfor afvises . 22 Sagsoegeren har for det andet gjort gaeldende, at selve proeverne hverken svarede til beskrivelsen ( afsnit IV i meddelelsen om udvaelgelsesproeven ) eller til profilen for de stillinger, der skulle besaettes ( afsnit II i meddelelsen ). 23 Til stoette herfor har sagsoegeren fremfoert et par eksempler og bl.a . anfoert, - at ingen af spoergsmaalene vedroerte problemanalyse, hvilket er i strid med afsnit IV a ) 1 i meddelelsen; - at spoergsmaalene vedroerende statistik, operationsstudier og oekonometri udelukkende var af praktisk art, hvilket er i strid med afsnit IV a ) 1 i meddelelsen; - at der blev stillet spoergsmaal vedroerende programmering, selv om der ikke var tale om en udvaelgelsesproeve for programmoerer, saaledes som det var praeciseret i meddelelsens afsnit II . 24 Ifoelge sagsoegeren var der endvidere ikke den noedvendige sammenhaeng mellem spoergsmaalene og formaalet med udvaelgelsesproeven, og de var i for hoej grad paavirket af den bisidder/sagkyndige, udvaelgelseskomitéen havde udpeget . Sagsoegeren har tilfoejet, at bisidderen ikke var systemanalytiker, men det eneste medlem af udvaelgelseskomitéen, der var edb-uddannet . Sagsoegeren har nedlagt paastand om, at Retten om fornoedent udpeger en sagkyndig, der skal tage stilling til, om de spoergsmaal, der blev stillet under de skriftlige proever, var i overensstemmelse med ikke alene meddelelsen om udvaelgelsesproeven, men ogsaa de kriterier, der skal laegges til grund ved vurderingen af en systemplanlaeggers kvalifikationer . 25 Heroverfor har Raadet anfoert, at den omtvistede udvaelgelsesproeve var den foerste, der blev afholdt med henblik paa ansaettelse af systemplanlaeggere paa universitetsniveau . Raadet er enig med sagsoegeren i, at en ansoeger har en personlig interesse i, at proeverne ikke er af en saadan art, at de ikke svarer til det i meddelelsen angivne, men har bestridt, at det har begaaet en aabenbar fejl paa det punkt . For saa vidt angaar de eksempler, sagsoegeren har anfoert, har Raadet fastholdt, at det foerste spoergsmaal i anden del af den skriftlige proeve 1 klart havde relation til problemanalyse, at kendskab til en teori kan efterproeves enten via spoergsmaal, der vedroerer selve teorien, eller via spoergsmaal, der vedroerer dens anvendelse i praksis, og at en proeve, som har til formaal at kontrollere en systemplanlaeggers kundskaber, meget vel kan indeholde andre spoergsmaal end spoergsmaal vedroerende problemanalyse . 26 Til sagsoegerens bemaerkning om, at bisidderen havde for stor indflydelse, har Raadet anfoert, at udvaelgelseskomitéens kompetence blev sikret derved, at en af komitéens medlemmer var systemplanlaegger, og at der endvidere medvirkede en bisidder . Endvidere maa ansaettelse af tjenestemaend i kategori A i Raadets Generalsekretariat gennemfoeres ud fra mere omfattende hensyn end teknisk sagkundskab . 27 Indledningsvis bemaerkes, at det vaesentligste formaal med meddelelsen om udvaelgelsesproeven er at give ansoegerne saa noejagtige oplysninger som muligt om arten af de betingelser, der stilles for at beklaede den stilling, der skal besaettes, for at saette dem i stand til at afgoere, om det har noget formaal for dem at indgive ansoegning . Ansaettelsesmyndigheden har en udstrakt skoensfrihed ved fastsaettelsen af de kvalifikationskriterier, som er afgoerende for de stillinger, der skal besaettes, og foelgelig ved fastsaettelsen af betingelserne for udvaelgelsesproeven, der skal ske i henhold til disse kriterier og i tjenestens interesse . Ogsaa udvaelgelseskomitéen har et vidt skoen med hensyn til de naermere bestemmelser for og det detaljerede indhold af proeverne i en udvaelgelsesproeve . Retten kan kun efterproeve de naermere bestemmelser for en proeves forloeb i det omfang, det er noedvendigt for at sikre ligebehandling af ansoegerne og objektivitet i valget mellem disse . Det tilkommer heller ikke Retten at efterproeve det detaljerede indhold af en proeve, medmindre det gaar ud over den i meddelelsen om udvaelgelsesproeven fastsatte ramme eller ikke er i overensstemmelse med formaalet med proeven eller udvaelgelsesproeven ( jf . Domstolens domme af 16 . oktober 1975, Deboeck mod Kommissionen, 90/74, Sml . s . 1123, af 28 . juni 1979, Anselme mod Kommissionen, 255/78, Sml . s . 2323, af 1 . oktober 1981, Guglielmi mod Parlamentet, 268/80, Sml . s . 2295, af 18 . februar 1982, Ruske mod Kommissionen, 67/81, Sml . s . 661, af 14 . juli 1983, Detti mod Domstolen, 144/82, Sml . s . 2421, af 9 . februar 1984, Fabius mod Kommissionen, 39/83, Sml . s . 627, af 16 . juni 1987, Kolivas mod Kommissionen, 40/86, Sml . s . 2643, af 8 . marts 1988, Sergio m.fl ., 64/86, 71/86 til 73/86 og 78/86, jf . ovenfor, og af 24 . marts 1988, Goossens mod Kommissionen, 228/86, Sml . s . 1819 ). 28 For saa vidt angaar bisidderens rolle og indflydelse bemaerkes, at en udvaelgelseskomité kan benytte bisiddere i alle tilfaelde, hvor den finder det fornoedent . Arbejdet foregaar forskriftsmaessigt, naar rettelsesmetoderne ikke er forskellige fra ansoeger til ansoeger, og naar udvaelgelseskomitéen har det afgoerende ord ( jf . Domstolens domme af 16 . oktober 1975, Deboeck, 90/74, jf . ovenfor, af 26 . oktober 1978, Agneessens mod Kommissionen, 122/77, Sml . s . 2085, og af 16 . juni 1987, Kolivas, 40/86, jf . ovenfor ). 29 Det maa herefter fastslaas, at sagsoegerens klagepunkter ikke giver grundlag for at antage, at den omtvistede udvaelgelsesproeve er afviklet paa en saadan maade, at de graenser for udvaelgelseskomitéens skoen, der er fastsat i tjenestemandsvedtaegten og i Domstolens praksis, er overskredet . Den anden del af dette anbringende maa derfor afvises . Tilsidesaettelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling 30 Til stoette for dette anbringende har sagsoegeren fremfoert to klagepunkter . Han har for det foerste anfoert, at det er udtryk for forskelsbehandling, at besvarelserne paa rettelsestidspunktet behandles forskelligt alt efter ansoegerens sprog : -dels fordi der ikke var garanti for, at de oversaettelser, der fremsendtes til udvaelgelseskomitéen, var i overensstemmelse med de originale besvarelser, -dels fordi det tidsrum, der forloeb mellem rettelsen af de skriftlige besvarelser og afviklingen af de mundtlige proever, som fandt sted i perioderne 19.-21 . juni og derefter 5.-6 . juli 1989, gav ansoegere fra den anden gruppe mulighed for at udnytte den foerste gruppes erfaringer . 31 Sagsoegeren har for det andet anfoert, at hans besvarelse af den anden skriftlige proeve, som han har set paa skaermen, var lige saa god som de besvarelser, der var indgivet af andre italiensksprogede ansoegere, der fik adgang til de mundtlige proever, og som sagsoegeren ogsaa har kunnet se paa skaermen . 32 Som svar paa sagsoegerens foerste argument har Raadet anfoert, at i det omfang besvarelserne indeholdt matematiske formler eller edb-skemaer, raadede udvaelgelseskomitéens medlemmer og bisidderne ikke alene over oversaettelsen, men ogsaa over en fotokopi af den originale besvarelse . I oevrigt havde de altid i tvivlstilfaelde mulighed for at henholde sig til de fotokopier af de originale besvarelser, som de havde til deres raadighed . 33 For saa vidt angaar sagsoegerens andet argument har Raadet forklaret, at den procedure, der var noedvendig ved rettelsen af besvarelserne paa de forskellige sprog, betoed, at der gik en vis tid mellem det tidspunkt, da den sagkyndige rettede besvarelserne, og udvaelgelseskomitéen bedoemte dem . Udvaelgelseskomitéen meddelte administrationen resultaterne af de skriftlige proever, saa snart de forelaa, nemlig den 29 . maj 1989 for den foerste gruppes vedkommende og den 26 . juni 1989 for den anden gruppe . Ansoegerne fra den foerste gruppe kunne saaledes indkaldes til den mundtlige proeve tidligere end ansoegerne fra den anden gruppe . Under alle omstaendigheder ville en udvaelgelseskomité ikke have kunnet eksaminere alle ansoegerne paa én dag . Ifoelge Raadet er der intet, der peger i retning af, at den paatalte tidsforskydning har medfoert, at besvarelserne er blevet bedoemt forskelligt eller forskelsbehandlende, eller at ansoegerne fra den anden gruppe, herunder sagsoegeren, har vaeret bedre stillet . 34 Med hensyn til sagsoegerens tredje argument har Raadet anfoert, at sagsoegeren har oplyst, at de besvarelser, han har set paa skaermen, vedroerte den anden skriftlige proeve . Udvaelgelseskomitéen har ikke bedoemt denne proeve for sagsoegerens vedkommende, idet det resultat, han opnaaede i den foerste skriftlige proeve, allerede havde medfoert, at han blev udelukket fra udvaelgelsesproeven, idet hver enkelt proeve skal bestaas . Under alle omstaendigheder svarer det antal points, de oevrige italiensksprogede ansoegere opnaaede, til de karakterer, samtlige ansoegere i gennemsnit opnaaede i den foerste skriftlige proeve . 35 Hertil bemaerkes, at selv om lighedsprincippet er et grundlaeggende princip ved afviklingen af en udvaelgelsesproeve ( jf . Domstolens dom af 27 . oktober 1976, Prais mod Raadet, 130/75, Sml . s . 1589 ), er det indlysende, at en udvaelgelsesproeve med henblik paa ansaettelse, der som den foreliggende proeve staar aaben for ansoegere fra alle medlemsstaterne, ikke ville kunne afvikles i overensstemmelse med ovennaevnte princip, medmindre de medlemmer af udvaelgelseskomitéen og bisiddere, som ikke behersker visse ansoegeres sprog, raader over en oversaettelse af besvarelserne . Den omstaendighed alene, at visse besvarelser oversaettes inden de bedoemmes, er ikke i sig selv udtryk for forskelsbehandling af ansoegerne . I den foreliggende sag findes sagsoegeren ikke at have foert bevis for, at oversaettelsen af besvarelserne har paafoert de italiensksprogede ansoegere en konkret skade, og slet ikke ham selv . Dette foerste argument maa derfor afvises . 36 For saa vidt angaar sagsoegerens argument vedroerende intervallet mellem datoerne for de mundtlige proever bemaerkes, at selv om lighedsprincippet tilsiger, at datoen for de skriftlige proever skal vaere den samme for alle ansoegerne ( ovennaevnte dom af 27 . oktober 1976, Prais, 130/75 ), kan der ikke opstilles en saadan betingelse for de mundtlige proevers vedkommende, idet de i sagens natur ikke kan finde sted samtidig for alle ansoegerne og i oevrigt ikke noedvendigvis har samme indhold for alle ansoegeres vedkommende . I den foreliggende sag findes intervallet mellem rettelsen af de skriftlige besvarelser og afviklingen af de mundtlige proever ikke at have vaeret for stort . Endvidere var det, ifoelge det af sagsoegeren anfoerte, ansoegere med andre sprog end engelsk, fransk og nederlandsk, herunder ogsaa sagsoegeren selv, som var bedre stillet, idet de eventuelt har kunnet udnytte andre ansoegeres erfaringer . Endelig bemaerkes, at da sagsoegeren blev udelukket efter de skriftlige proever, har han ingen retlig interesse i at paaberaabe sig dette argument, som foelgelig vil vaere at afvise . 37 Med hensyn til sagsoegerens argument om, at hans besvarelse af den skriftlige proeve nr . 2 var lige saa god som andre ansoegeres besvarelser, som han har kunnet se paa skaermen, bemaerkes blot, at sagsoegeren blev udelukket efter de skriftlige proever, fordi han ikke bestod den foerste skriftlige proeve, og derfor ikke har en retlig interesse i at paaberaabe sig dette argument . 38 Det andet argument vil herefter vaere at afvise . Tilsidesaettelse af princippet om god og sund forvaltningsskik 39 Sagsoegeren har anfoert, at Raadet i forbindelse med det interne arbejde med at maskinskrive og rette proeverne ikke har truffet nogen foranstaltninger for at forhindre, at en intern ansoeger, som har adgang til tekstbehandlingssystemet, kunne faa kendskab til de oevrige ansoegeres besvarelser, sammenligne dem med sin egen og foretage aendringer i sine egne eller de oevrige ansoegeres besvarelser . En saadan mangel paa forholdsregler, herunder med hensyn til besvarelsernes fortrolighed, har paa afgoerende maade paavirket objektiviteten med hensyn til udvaelgelsesproeven, som derfor uden videre bliver ugyldig . 40 Under den mundtlige forhandling indroemmede Raadet, at der var problemer i forbindelse med rettelsen af de skriftlige besvarelser i udvaelgelsesproeven, der er den foerste, Raadet har afholdt med henblik paa ansaettelse af systemplanlaeggere paa universitetsniveau . Raadet har dog haevdet, at besvarelserne er blevet gennemlaest og sammenlignet under hele proceduren, at de er blevet behandlet anonymt, hvorfor ansoegerne er de eneste, som kan have genkendt dem . Ifoelge Raadet har sagsoegeren med sin adfaerd selv overtraadt vedtaegtens artikel 14, som bestemmer, at saafremt en tjenestemand skal tage stilling til et anliggende, i hvis behandling han har en personlig interesse, skal han underrette ansaettelsesmyndigheden herom . Under alle omstaendigheder bestod sagsoegeren ikke den skriflige proeve 1, som blev rettet uden at vaere blevet oversat; da hver enkelt proeve skal bestaas for sig, skulle sagsoegeren udelukkes, uanset hvorledes den skriftlige proeve 2 er blevet rettet . 41 Det maa imidlertid fremhaeves, at Raadet som bilag til svarskriftet har vedlagt to redegoerelser fra udvaelgelseskomitéen; i den ene, nemlig den supplerende redegoerelse af 26 . oktober 1989, giver udvaelgelseskomitéen udtryk for "alvorlige betaenkeligheder" med hensyn til dens arbejdes fortrolighed og anmoder ansaettelsesmyndigheden om at indlede en undersoegelse vedroerende de omstaendigheder, der foerte til soegsmaalet, og at traeffe enhver foranstaltning, der kan afhjaelpe de konstaterede mangler og undladelser . Sagsoegeren har henvist hertil i replikken . 42 Retten kan kun beklage, at sagsoegeren som intern ansoeger til en ekstern, almindelig udvaelgelsesproeve har haft adgang til sin egen besvarelse af en skriftlig proeve, og endda ogsaa til andre ansoegeres besvarelser . For at kunne faa medhold maa sagsoegeren imidlertid enten foere bevis for, at hans individuelle interesser konkret er blevet kraenket, eller godtgoere, at han har en objektiv interesse i, at hele udvaelgelsesproeven - eller i det mindste alle de skriftlige og mundtlige proever - annulleres som foelge af, at der er sket en grov og aabenbar tilsidesaettelse af princippet om god og sund forvaltningsskik, og alle ansoegeres rettigheder derved er blevet kraenket . 43 Som ovenfor naevnt blev sagsoegeren udelukket efter de skriftlige proever, idet han ikke bestod den skriftlige proeve 1 . Interne ansoegere kan ikke antages at have haft adgang til besvarelserne af denne proeve, og sagsoegeren har ikke bevist, at hans besvarelse er blevet aendret efter proevens afvikling . Han kan saaledes ikke med foeje paaberaabe sig, at hans individuelle interesser er blevet kraenket . 44 For saa vidt angaar den haevdede objektive interesse i, at udvaelgelsesproeven annulleres, maa det fremhaeves, at sagsoegeren, som var den eneste, der var klar over, at interne ansoegere kunne manipulere med besvarelserne, hverken fandt det fornoedent eller presserende at goere sine overordnede opmaerksom herpaa . Da sagsoegeren ikke reagerede i rette tid, er det upassende, at han nu - til skade for de ansoegere, der har bestaaet - nedlaegger paastand om annullation af hele udvaelgelsesproeven . Retten skal beklage det skete, men finder under de givne omstaendigheder ikke, at tilsidesaettelsen af princippet om god forvaltningsskik er saa grov, at udvaelgelsesproeven maa annulleres . Dette anbringende maa derfor ogsaa afvises . 45 Sagsoegte vil herefter vaere at frifinde . Afgørelse om sagsomkostninger Sagens omkostninger 46 Ifoelge artikel 69, stk . 2, i Domstolens procesreglement, der med de fornoedne aendringer finder anvendelse paa Retten i medfoer af artikel 11, stk . 3, i Raadets ovennaevnte afgoerelse af 24 . oktober 1988, doemmes den part, der taber sagen, til at betale sagens omkostninger, saafremt der er nedlagt paastand herom . I henhold til naevnte procesreglements artikel 70 baerer institutionerne imidlertid selv de udgifter, de har afholdt i sager anlagt af de ansatte ved Faellesskaberne . Afgørelse Paa grundlag af disse praemisser udtaler og bestemmer RETTEN ( Fjerde Afdeling ) 1 ) Sagsoegte frifindes . 2 ) Hver part baerer sine omkostninger .

62021CJ0034

et

Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ( ELT 2016, L 119, lk 1 ; parandus ELT 2018, L 127, lk 3 ; edaspidi „isikuandmete kaitse üldmäärus“) artikli 88 lõikeid 1 ja 2. Taotlus on esitatud Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministeriumi (Hesseni liidumaa haridusministeeriumi juures asuv õpetajate esindusorgan, Saksamaa) ja Minister des Hessischen Kultusministeriumsi (Hesseni liidumaa haridusminister) vahelises vaidluses, mis puudutab Hesseni liidumaa (Saksamaa) koolides sisse seatud süsteemi seaduslikkust, kus koolitundidest tehakse videokonverentsi teel otseülekanded, ilma et ette oleks nähtud asjaomaste õpetajate poolt eelneva nõusoleku andmine. Õiguslik raamistik Liidu õigus Direktiiv 95/46/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ( EÜT 1995, L 281, lk 31 ; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355) tunnistati isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtetuks alates 25. maist 2018. Selle direktiivi artikkel 3 „Reguleerimisala“ oli sõnastatud järgmiselt: „1.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse isikuandmete täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlemise suhtes ja isikuandmete automatiseerimata töötlemise suhtes, kui kõnealused isikuandmed kuuluvad kataloogi või kui nad kavatsetakse hiljem sellesse kanda. 2.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata isikuandmete töötlemise suhtes: – kui see toimub sellise tegevuse käigus, mis jääb väljapoole ühenduse õigust, nagu näiteks [EL] lepingu [enne Lissaboni lepingut kehtinud redaktsiooni] V j[a] VI jaotises osutatud tegevused, ja igal juhul sellise töötlemise suhtes, mis on seotud avaliku korra, riigikaitse, riigi julgeoleku (sealhulgas riigi majanduslik heaolu, kui töötlemine on seotud riigi julgeoleku küsimustega) ja riigi toimingutega kriminaalõiguse valdkonnas, […]“. Isikuandmete kaitse üldmäärus Isikuandmete kaitse üldmääruse põhjendustes 8–10, 13, 16, 45 ja 155 on märgitud: „(8) Kui käesolevas määruses on ette nähtud eeskirjade täpsustamine või piiramine liikmesriigi õigusega, võivad liikmesriigid sidususe seisukohast vajalikul määral ja liikmesriigi õiguse sätete arusaadavaks muutmiseks isikutele, kelle suhtes neid kohaldatakse, integreerida määruse elemente oma õigusesse. (9) Direktiivi [95/46] eesmärgid ja põhimõtted on endiselt ajakohased, kuid see ei ole ära hoidnud [Euroopa L]iidus andmekaitse rakendamise killustumist, õiguskindlusetust ega avalikkuses laialt levinud seisukohta, et eelkõige internetiga seonduvad märkimisväärsed ohud füüsiliste isikute kaitsele. Liikmesriikide poolt tagatavate füüsiliste isikute õiguste, eelkõige isikuandmete kaitse õiguse, ja vabaduste kaitse taseme erinevused isikuandmete töötlemisel võivad takistada isikuandmete liidusisest vaba liikumist. Need erinevused võivad seetõttu takistada liidu tasandi majandustegevust, moonutada konkurentsi ja takistada ametiasutustel täita nende liidu õigusest tulenevaid kohustusi. Erinevused kaitse tasemes tulenevad erinevustest direktiivi [95/46] rakendamisel ja kohaldamisel. (10) Selleks et tagada füüsiliste isikute järjekindel ja kõrgetasemeline kaitse ning kõrvaldada takistused isikuandmete liikumisel liidus, peaks füüsiliste isikute õiguste ja vabaduste kaitse selliste andmete töötlemisel olema kõigis liikmesriikides samal tasemel. Isikuandmete töötlemisel tuleks tagada füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitse eeskirjade järjekindel ja ühtne kohaldamine kogu liidus. Seoses isikuandmete töötlemisega juriidilise kohustuse täitmiseks, avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks peaks liikmesriikidel olema lubatud säilitada või kehtestada õigusnormid käesoleva määruse eeskirjade kohaldamise täpsustamiseks. Koostoimes andmekaitset käsitlevate üldiste ja horisontaalsete õigusaktidega, millega rakendatakse direktiivi [95/46], on liikmesriikidel mitmeid sektoripõhiseid õigusakte valdkondades, mis vajavad spetsiifilisemaid sätte[i]d. Samuti nähakse käesoleva määrusega liikmesriikidele ette manööverdamisruum oma eeskirjade, sealhulgas isikuandmete eriliikide töötlemise eeskirjade täpsustamiseks. Sellega seoses ei välista käesolev määrus sellist liikmesriigi õigust, millega määratletakse konkreetsete töötlemisjuhtude asjaolud, sealhulgas määratakse täpsemalt kindlaks tingimused, mille alusel isikuandmete töötlemine on seaduslik. […] (13) Et tagada füüsiliste isikute järjekindel kaitse kogu liidus ning ära hoida erinevusi, mis takistavad andmete vaba liikumist siseturul, on vaja määrust, millega tagatakse õiguskindlus ja läbipaistvus ettevõtjate[…] jaoks ning milles sätestatakse kõikides liikmesriikides füüsiliste[le] isikutele samaväärsed kohtulikult kaitstavad õigused ning vastutavatele töötlejatele ja volitatud töötlejatele kohustused ja vastutusvaldkonnad, et tagada isikuandmete töötlemise järjekindel jälgimine nagu ka samaväärsed karistused kõigis liikmesriikides ning erinevate liikmesriikide järelevalveasutuste tõhus koostöö. Siseturu nõuetekohaseks toimimiseks on vaja, et isikuandmete vaba liikumist liidus ei piirataks ega keelataks põhjustel, mis on seotud füüsiliste isikute kaitsega isikuandmete töötlemisel. […] […] (16) Käesolevas määruses ei käsitleta põhiõiguste ja ‑vabaduste kaitse küsimusi ega andmete vaba liikumist, mis on seotud väljapoole liidu õiguse kohaldamisala jääva tegevusega, näiteks riigi julgeolekut puudutava tegevusega, ega isikuandmete töötlemist liikmesriikide poolt liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga seonduva tegevuse läbiviimisel. […] (45) Kui töödeldakse vastavalt vastutava töötleja juriidilisele kohustusele või kui töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, peaks töötlemise alus olema sätestatud liidu või liikmesriigi õigusaktis. Käesolevas määruses ei nõuta iga üksiku isikuandmete töötlemise toimingu reguleerimiseks eraldi õigusakti. Piisata võib õigusaktist, mille alusel tehakse mitu isikuandmete töötlemise toimingut vastavalt vastutava töötleja juriidilisele kohustusele või kui töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks. Samuti peaks töötlemise eesmärk olema kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusaktis. Lisaks võiks nimetatud õigusaktis olla sätestatud käesoleva määruse üldtingimused, millega reguleeritakse isikuandmete töötlemise seaduslikkust, kehtestatakse tingimused vastutava töötleja kindlaksmääramiseks, töötlemisele kuuluvate isikuandmete liik, asjaomased andmesubjektid, üksused, kellele võib andmeid avaldada, eesmärgi piirangud, säilitamise aeg ja muud meetmed seadusliku ja õiglase töötlemise tagamiseks. […] […] (155) Liikmesriigi õiguses või kollektiivlepingutes (sealhulgas ettevõttesisesed lepingud) võib ette näha erieeskirjad, millega reguleeritakse töötajate isikuandmete töötlemist töösuhete kontekstis, eelkõige tingimused, mille kohaselt võib töösuhete kontekstis isikuandmeid töödelda töötaja nõusolekul, seoses töötajate värbamisega, töölepingu, sealhulgas õigusaktides või kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise ja korraldamisega, võrdsuse ja mitmekesisusega töökohal, töötervishoiu ja tööohutusega ning tööhõivega seotud õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse kasutamisega ja töösuhte lõppemisega.“ Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 1 „Reguleerimisese ja eesmärgid“ sätestab: „1.   Käesolevas määruses sätestatakse õigusnormid, mis käsitlevad füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete vaba liikumist. 2.   Käesoleva määrusega kaitstakse füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eriti nende õigust isikuandmete kaitsele. 3.   Isikuandmete vaba liikumist liidus ei piirata ega keelata põhjustel, mis on seotud füüsiliste isikute kaitsega isikuandmete töötlemisel.“ Määruse artikli 2 „Sisuline kohaldamisala“ lõiked 1 ja 2 näevad ette: „1.   Käesolevat määrust kohaldatakse isikuandmete täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlemise suhtes ja isikuandmete automatiseerimata töötlemise suhtes, kui kõnealused isikuandmed kuuluvad andmete kogumisse või kui need kavatsetakse andmete kogumisse kanda. 2.   Käesolevat määrust ei kohaldata, kui a) isikuandmeid töödeldakse muu kui liidu õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse käigus; b) liikmesriigid töötlevad isikuandmeid sellise tegevuse käigus, mis kuulub ELi lepingu V jaotise 2. peatüki kohaldamisalasse; c) isikuandmeid töötleb füüsiline isik eranditult isiklike või koduste tegevuste käigus; d) isikuandmeid töötlevad pädevad asutused süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise või nende eest vastutusele võtmise ja kriminaalkaristuste täitmisele pööramise, sealhulgas avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmärgil.“ Määruse artiklis 4 „Mõisted“ on sätestatud: „Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 1) „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal; 2) „isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine; […]“. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 5 „Isikuandmete töötlemise põhimõtted“ näeb ette: „1.   Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et: a) töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev („seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus“); b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; isikuandmete edasist töötlemist avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil ei loeta artikli 89 lõike 1 kohaselt algsete eesmärkidega vastuolus olevaks („eesmärgi piirang“); c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt („võimalikult väheste andmete kogumine“); d) isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata („õigsus“); e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid võib kauem säilitada juhul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt artikli 89 lõikele 1, eeldusel et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse käesoleva määrusega ettenähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid („säilitamise piirang“); f) isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid („usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus“). 2.   Lõike 1 täitmise eest vastutab ja on võimeline selle täitmist tõendama vastutav töötleja („vastutus“).“ Määruse artikli 6 „Isikuandmete töötlemise seaduslikkus“ lõigetes 1–3 on sätestatud: „1.   Isikuandmete töötlemine on seaduslik ainult juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest, ning sellisel määral, nagu see tingimus on täidetud: a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil; b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele; c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks; […] e) isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks; f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. Esimese lõigu punkti f ei kohaldata, kui isikuandmeid töötleb avaliku sektori asutus oma ülesannete täitmisel. 2.   Liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada konkreetsemad sätted, et kohandada käesoleva määruse sätete kohaldamist seoses isikuandmete töötlemisega lõike 1 punktide c ja e täitmiseks, määrates üksikasjalikumalt kindlaks töötlemise konkreetsed nõuded ja teised meetmed, et tagada seaduslik ja õiglane töötlemine, sealhulgas teiste andmetöötluse eriolukordade jaoks, nagu see on sätestatud IX peatükis. 3.   Lõike 1 punktides c ja e osutatud isikuandmete töötlemise alus kehtestatakse: a) liidu õigusega või b) vastutava töötleja suhtes kohaldatava liikmesriigi õigusega. Isikuandmete töötlemise eesmärk määratakse kindlaks selles õiguslikus aluses või see on lõike 1 punktis e osutatud isikuandmete töötlemise osas vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks. See õiguslik alus võib sisaldada erisätteid, et kohandada käesoleva määruse sätete kohaldamist, sealhulgas üldtingimusi, mis reguleerivad vastutava töötleja poolt isikuandmete töötlemise seaduslikkust, töötlemisele kuuluvate andmete liiki, asjaomaseid andmesubjekte, üksuseid, kellele võib isikuandmeid avaldada, ja avaldamise põhjuseid, eesmärgi piirangut, säilitamise aega ning isikuandmete töötlemise toiminguid ja -menetlusi, sealhulgas meetmeid seadusliku ja õiglase töötlemise tagamiseks, nagu näiteks meetmed teiste andmetöötluse eriolukordade jaoks, nagu need on sätestatud IX peatükis. Liidu või liikmesriigi õigus vastab avaliku huvi eesmärgile ning on proportsionaalne taotletava õiguspärase eesmärgiga.“ Isikuandmete kaitse üldmääruse IX peatüki „Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted“ artikkel 88 „Isikuandmete töötlemine töösuhete kontekstis“ näeb ette: „1.   Liikmesriigid võivad õigusaktide või kollektiivlepingutega ette näha täpsemad eeskirjad, et tagada õiguste ja vabaduste kaitse seoses töötajate isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis, eelkõige seoses töötajate värbamisega, töölepingu, sealhulgas õigusaktides või kollektiivlepingutes sätestatud kohustuste täitmisega, juhtimisega, töö kavandamise ja korraldamisega, võrdsuse ja mitmekesisusega töökohal, töötervishoiu ja tööohutusega, tööandja või kliendi vara kaitsega ning tööhõivega seotud õiguste ja hüvitiste isikliku või kollektiivse kasutamisega ning töösuhte lõppemisega. 2.   Need eeskirjad sisaldavad sobivaid ja konkreetseid meetmeid, et kaitsta andmesubjekti inimväärikust, õigustatud huve ja põhiõigusi, eelkõige seoses töötlemise läbipaistvusega, isikuandmete edastamisega kontserni või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma siseselt ning järelevalvesüsteemidega töökohal. 3.   Liikmesriik teavitab [Euroopa K]omisjoni hiljemalt 25. maiks 2018 vastavalt lõikele 1 vastu võetud õigusnormidest ning viivitamata kõigist neid õigusnorme mõjutavatest muudatustest.“ Saksa õigus 30. juuni 2017. aasta föderaalse andmekaitseseaduse (Bundesdatenschutzgesetz; BGBl . 2017 I, lk 2097) § 26 lõige 1 sätestab: „Töötajate isikuandmete töötlemine töösuhte eesmärgil on lubatud, kui see on vajalik otsuse tegemiseks töösuhte tekkimise kohta või pärast töösuhte tekkimist selle täitmiseks või lõpetamiseks või töötajate huvide esindamiseks seadusest või töösuhete kollektiivse reguleerimise instrumendist, ettevõtte- või asutusesisesest kokkuleppest (kollektiivleping) tulenevate õiguste teostamiseks või kohustuste täitmiseks. […]“. Hesseni liidumaa 3. mai 2018. aasta andmekaitse ja teabevabaduse seaduse (Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz, edaspidi „HDSIG“) § 23 sätestab: „(1)   Töötajate isikuandmete töötlemine töösuhte eesmärgil on lubatud, kui see on vajalik otsuse tegemiseks töösuhte tekkimise kohta või pärast töösuhte tekkimist selle täitmiseks, lõpetamiseks või kokkuleppel lõpetamiseks, samuti tööalaste planeerimis-, korralduslike, sotsiaal- ja personalimeetmete võtmiseks. […] (2)   Kui töötajate isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, tuleb selleks, et hinnata, kas nõusolek on antud vabatahtlikult, arvesse võtta eelkõige töötaja sõltuvust töösuhtes ja nõusoleku andmise asjaolusid. Nõusoleku vabatahtlikkusega võib eelkõige tegemist olla siis, kui töötaja saab õigusliku või majandusliku eelise või kui tööandjal ja töötajal on sarnased huvid. Nõusolek peab olema antud kirjalikult, välja arvatud juhul, kui eriliste asjaolude tõttu on sobiv muu vorm. Tööandja on kohustatud töötajat kirjalikult teavitama isikuandmete töötlemise eesmärgist ja tema [isikuandmete kaitse üldmääruse] artikli 7 lõikest 3 tulenevast õigusest võtta nõusolek tagasi. (3)   Erandina [isikuandmete kaitse üldmääruse] artikli 9 lõikest 1 on isikuandmete eriliikide töötlemine [isikuandmete kaitse üldmääruse] artikli 9 lõike 1 tähenduses lubatud töösuhte eesmärgil, kui see on vajalik tööõigusest ning sotsiaalkindlustus‑ ja sotsiaalkaitseõigusest tulenevate õiguste teostamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks, ega ole põhjust arvata, et andmesubjekti kaitset vääriv huvi töötlemise välistamiseks on kaalukam. Lõige 2 kehtib ka isikuandmete eriliikide töötlemiseks nõusoleku andmise kohta. Seejuures peab nõusolek sõnaselgelt viitama nendele andmetele. […] (4)   Töötajate isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete eriliikide töötlemine, on töösuhte eesmärgil kollektiivlepingute alusel lubatud. Seejuures peavad pooled järgima [isikuandmete kaitse üldmääruse] artikli 88 lõiget 2. (5)   Vastutav töötleja peab võtma asjakohased meetmed, et tagada eelkõige [isikuandmete kaitse üldmääruse] artiklis 5 sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtete järgimine. […] (7)   Lõikeid 1–6 kohaldatakse ka töötajate isikuandmete, sealhulgas isikuandmete eriliikide töötlemise suhtes, ilma et need isikuandmed kuuluksid andmete kogumisse või tuleks need andmete kogumisse kanda. Hesseni liidumaa avaliku teenistuse seaduse [(Hessisches Beamtengesetz (HBG), 21. juuni 2018; edaspidi „HBG“)] personali toimikuid puudutavaid sätteid kohaldatakse mutatis mutandis avaliku sektori töötajate suhtes, kui kollektiivlepingutes ei ole sätestatud teisiti. (8)   Käesoleva seaduse mõistes on töötajad: 1. töötajad, sealhulgas renditöötajad, suhtes kasutajaettevõtjaga; […] 7. ametnikud, kelle suhtes kehtib [HBG], liidumaa kohtunikud ning asendusteenistust läbivad isikud. […]“. HBG § 86 lõige 4 sätestab: „Tööandja võib koguda ametisse kandideerijate, ametnike ja endiste ametnike kohta isikuandmeid ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik teenistussuhte alustamiseks, täitmiseks, lõpetamiseks või kokkuleppel lõpetamiseks, samuti korralduslike, personali- ja sotsiaalmeetmete võtmiseks, eelkõige ka personali planeerimise ja rakendamise eesmärgil, või kui õigusnorm või teenistujate ühinguga sõlmitud kollektiivleping seda lubab […]“. Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused Nagu nähtub Euroopa Kohtule esitatud toimikust, kehtestas Hesseni liidumaa haridusminister kahe 2020. aastal vastu võetud õigusaktiga koolide õppetöö õigusliku ja korraldusliku raamistiku COVID-19 pandeemia ajal. Selle raamistikuga anti eelkõige neile õpilastele, kes ei saa klassis kohal olla, võimalus osaleda tundides otseülekandega videokonverentsi teel. Seoses isikuandmete kaitsega sätestati õpilaste õiguste kaitsmiseks, et videokonverentsil osalemine on lubatud ainult õpilaste endi või alaealiste korral nende vanemate nõusolekul. Seevastu ei olnud ette nähtud asjasse puutuvate õpetajate nõusolekut nende osalemiseks videokonverentsil. Hesseni liidumaa haridusministeeriumi juures asuv õpetajate esindusorgan esitas Verwaltungsgericht Wiesbadenile (Wiesbadeni halduskohus, Saksamaa) kaebuse, milles heitis ette, et videokonverentsi teel õppetundide otseülekanneteks ei olnud vaja asjasse puutuvate õpetajate nõusolekut. Hesseni liidumaa haridusminister väitis omalt poolt, et isikuandmete töötlemine, mida kujutab endast õppetundide otseülekanne videokonverentsi teel, kuulub HDSIG § 23 lõike 1 esimese lause kohaldamisalasse, mistõttu võib seda korraldada ilma asjasse puutuva õpetaja nõusolekuta. Verwaltungsgericht Wiesbaden (Wiesbadeni halduskohus) märgib sellega seoses, et Hesseni liidumaa seadusandja tahte kohaselt kuuluvad HDSIG § 23 ja HBG § 86 kategooriasse „täpsemad eeskirjad“, mille liikmesriigid võivad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 kohaselt ette näha, et tagada õiguste ja vabaduste kaitse seoses töötajate isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis. See kohus kahtleb siiski, kas HDSIG § 23 lõike 1 esimene lause ja HBG § 86 lõige 4 on kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 2 sätestatud nõuetega. Esiteks tuginevad HDSIG § 23 lõike 1 esimene lause ja HBG § 86 lõige 4 töötajate andmete töötlemise õigusliku alusena „vajalikkusele“. Kuid ühelt poolt ei kujuta „vajalikkuse“ põhimõtte lisamine seadusesse endast eeskirja, mis täpsustab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 2 sisalduvaid nõudeid, kuna töösuhte kontekstis vajalikku andmete töötlemist reguleerib juba isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b. Teiselt poolt on HDSIG § 23 lõike 1 esimene lause lisaks tegelikule lepingulisele suhtele kohaldatav töötajate andmete igasuguse töötlemise suhtes. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punktist f tuleneb aga, et isikuandmete töötlemisel, mis läheb kaugemale sellest, mis on töölepingu raames vältimatult vajalik, tuleb kaaluda andmesubjekti, käesoleval juhul töötajate ja ametnike põhiõigusi ja ‑vabadusi vastutava töötleja, käesoleval juhul tööandja õigustatud huviga. Kuna HDSIG § 23 lõike 1 esimene lause sellist kaalumist ette ei näe, ei saa seda sätet pärast isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist pidada valdkonnaspetsiifiliseks normiks. Teiseks leiab Verwaltungsgericht Wiesbaden (Wiesbadeni halduskohus), et HDSIG § 23 lõikes 5 sisalduv pelk viide, mille kohaselt peab vastutav töötleja eelkõige järgima isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 5 sätestatud põhimõtteid, ei vasta sama määruse artikli 88 lõike 2 nõuetele. Nimelt nõuab viimati nimetatud säte, et sellega silmas peetud sobivad ja konkreetsed õigusnormid võetaks vastu, et kaitsta andmesubjekti inimväärikust, õigustatud huve ja põhiõigusi, eelkõige seoses töötlemise läbipaistvusega, isikuandmete edastamisega kontserni või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma siseselt ning järelevalvesüsteemidega töökohal, ning et tegemist ei oleks lihtsalt õigusnormiga, mida riigisisese õigusnormi kohaldaja peab täiendavalt järgima. Normi kohaldaja ei ole isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 2 adressaat. Neil asjaoludel otsustas Verwaltungsgericht Wiesbaden (Wiesbadeni halduskohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: „1. Kas [isikuandmete kaitse üldmääruse] artikli 88 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et teatud õigusnorm peab selleks, et seda saaks käsitada täpsema eeskirjana, mille eesmärk on tagada õiguste ja vabaduste kaitse seoses töötajate isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 tähenduses, vastama sellistele eeskirjadele isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 2 sätestatud nõuetele? 2. Kas riigisisest õigusnormi, mis ilmselgelt ei vasta isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 2 sätestatud nõuetele, saab sellest hoolimata jätkuvalt kohaldada?“ Verwaltungsgericht Wiesbaden (Wiesbadeni halduskohus) teatas Euroopa Kohtule kirjaga, mis saabus Euroopa Kohtu kantseleisse 30. novembril 2021, et Hesseni liidumaa halduskohtute territoriaalset pädevust reguleerivate riigisiseste õigusaktide 1. detsembril 2021 jõustuvate muudatuste tõttu antakse põhikohtuasi üle Verwaltungsgericht Frankfurt am Mainile (Frankfurdi halduskohus, Saksamaa). Viimati nimetatud kohus kinnitas Euroopa Kohtu kantseleisse 21. veebruaril 2022 saabunud kirjaga seda üleandmist ja andis Euroopa Kohtule teada põhikohtuasjale määratud uue kohtuasja numbri. Eelotsusetaotluse vastuvõetavus Saksamaa valitsus väitis oma kirjalikes seisukohtades, et eelotsusetaotlus on vastuvõetamatu, kuna eelotsuse küsimused ei ole põhikohtuasja lahendamiseks asjakohased. Nimelt ei ole Euroopa Kohtu vastus eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarvilik juhul, kui andmete töötlemine oleks lubatud õpetaja nõusolekul. Eelotsusetaotluse esitanud kohus aga ei selgita, miks ta ei võta sellist võimalust arvesse. Kui Saksamaa valitsusele esitati Euroopa Kohtu istungil selle kohta küsimus, möönis ta siiski, et eelotsuse küsimused on asjakohased, kui õpetaja nõusolekut ei ole võimalik saada. Sellega seoses tuleb märkida, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt eeldatakse, et liidu õiguse tõlgendamise küsimused, mille liikmesriigi kohus on esitanud õiguslikus ja faktilises raamistikus, mille ta on määratlenud omal vastutusel ja mille paikapidavust Euroopa Kohus ei pea kontrollima, on asjakohased. Euroopa Kohus võib keelduda liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotlusele vastamast vaid siis, kui on ilmne, et taotletav liidu õiguse tõlgendus ei ole mingil viisil seotud põhikohtuasja tegelike asjaolude või esemega, kui probleem on hüpoteetiline või kui Euroopa Kohtule ei ole teada vajalikke faktilisi ja õiguslikke asjaolusid, et anda tarvilik vastus talle esitatud küsimustele (1. augusti 2022. aasta kohtuotsus Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20 , EU:C:2022:601 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul nähtub eelotsusetaotlusest, et põhikohtuasja poolte vahel on vaidlus küsimuses, kas õppetunni otseülekandeks videokonverentsi teel on lisaks vanemate nõusolekule oma laste kohta või täisealiste õpilaste nõusolekule vajalik ka asjaomaste õpetajate nõusolek või kuulub õpetajate isikuandmete töötlemine hoopis HDSIG § 23 lõike 1 esimese lause ja HBG § 86 lõike 4 kohaldamisalasse. Samuti tuleb nentida, et Verwaltungsgericht Wiesbaden (Wiesbadeni halduskohus) märkis oma eelotsusetaotluses ühelt poolt, et liikmesriigi seadusandja leidis, et HDSIG § 23 ja HBG § 86 on täpsemad eeskirjad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 tähenduses, ning teiselt poolt, et põhikohtuasja lahendus sõltub sellest, kas HDSIG § 23 lõike 1 esimene lause ja HBG § 86 lõige 4 vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 nõuetele, mistõttu need võivad kujutada endast täpsemaid eeskirju, mis on kohaldatavad õpetajate isikuandmete töötlemise suhtes, kui tegemist on õppetundide otseülekandega videokonverentsi teel, nagu see on põhikohtuasjas. Eelotsusetaotluses esitatud teavet arvestades ei lükka Saksamaa valitsuse esitatud argumendid ümber eeldust, et esitatud küsimused on asjakohased. Neil asjaoludel ei saa asuda seisukohale, et taotletud liidu õigusnormide tõlgendamine ei ole ilmselgelt mingil viisil seotud põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega või et probleem on hüpoteetiline, kuna eelotsusetaotluse esitanud kohus võib seda tõlgendust põhikohtuasja lahendamisel arvesse võtta. Lõpuks on Euroopa Kohtule teada talle esitatud küsimustele tarviliku vastuse andmiseks vajalikud faktilised ja õiguslikud asjaolud. Järelikult on eelotsusetaotlus vastuvõetav. Eelotsuse küsimuste analüüs Sissejuhatavad märkused Eelotsuse küsimused puudutavad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõigete 1 ja 2 tõlgendamist kohtuvaidluses, mis puudutab õpetajate isikuandmete töötlemist seoses nende antavate avalike haridusasutuste õppetundide otseülekannetega videokonverentsi teel. Esimesena tuleb kindlaks teha, kas selline töötlemine kuulub isikuandmete kaitse üldmääruse esemelisse kohaldamisalasse, arvestades asjaolu, et selle määruse artikli 2 lõike 2 punkti a kohaselt ei kohaldata seda määrust, kui isikuandmeid töödeldakse „muu kui liidu õiguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse käigus“, ning et ELTL artikli 165 lõike 1 järgi vastutavad liikmesriigid õpetuse sisu ja nende haridussüsteemide korralduse eest. Sellega seoses tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et isikuandmete kaitse üldmääruse esemelise kohaldamisala määratlus, nagu see on sätestatud selle määruse artikli 2 lõikes 1, on väga lai ning et artikli 2 lõikes 2 ette nähtud erandeid sellest kohaldamisalast tuleb tõlgendada kitsalt (vt selle kohta 9. juuli 2020. aasta kohtuotsus Land Hessen, C‑272/19 , EU:C:2020:535 , punkt , ning 22. juuni 2021. aasta kohtuotsus Latvijas Republikas Saeima (karistuspunktid), C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punktid ja ). Peale selle tuleb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 2 lõike 2 punkti a tõlgendada koostoimes artikli 2 lõike 2 punktiga b ja põhjendusega 16, milles on märgitud, et määrust ei kohaldata isikuandmete töötlemisele, mis on seotud „väljapoole liidu õiguse kohaldamisala jääva tegevusega, näiteks riigi julgeolekut puudutava tegevusega“, ning „liidu ühise välis‑ ja julgeolekupoliitikaga seonduva tegevuse[ga]“ (22. juuni 2021. aasta kohtuotsus Latvijas Republikas Saeima (karistuspunktid), C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punkt ). Seega ei saa isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 2 lõike 2 punkte a ja b – mis osaliselt kujutavad endast jätku direktiivi 95/46 artikli 3 lõike 2 esimesele taandele – tõlgendada nii, et nende ulatus on laiem kui erand, mis tuleneb direktiivi 95/46 artikli 3 lõike 2 esimesest taandest, mis juba välistas selle direktiivi kohaldamisalast muu hulgas isikuandmete töötlemise, mis toimub „tegevuse käigus, mis jääb väljapoole ühenduse õigust, nagu näiteks [EL] lepingu [enne Lissaboni lepingut kehtinud redaktsiooni] V j[a] VI jaotises osutatud tegevused, ja igal juhul sellise töötlemise suhtes, mis on seotud avaliku korra, riigikaitse, riigi julgeoleku […] valdkonna[ga]“ (22. juuni 2021. aasta kohtuotsus Latvijas Republikas Saeima (karistuspunktid), C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punkt ). Käesoleval juhul ei ole vaidlust selles, et õppetöö korraldamisega seotud tegevust Hesseni liidumaal ei saa liigitada tegevuste hulka, mille eesmärk on kaitsta riigi julgeolekut, mida on peetud silmas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 2 lõike 2 punktis a. Järelikult kuulub isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisalasse õpetajate isikuandmete töötlemine, kui nad annavad avalike haridusasutuste õppetunde videokonverentsi teel otseülekande raames, nagu on kõne all põhikohtuasjas. Teisena nähtub eelotsusetaotlusest, et õpetajad, kelle isikuandmete töötlemine on põhikohtuasja ese, on töötajate või ametnikena Hesseni liidumaa avalikus teenistuses. Seega tuleb kindlaks teha, kas isikuandmete selline töötlemine kuulub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 kohaldamisalasse, mis käsitleb „töötajate isikuandmete töötlemis[t] töösuhete kontekstis“. Sellega seoses tuleb märkida, et isikuandmete kaitse üldmääruses ei ole mõisteid „töötajad“ ja „töösuhted“ määratletud ning selles ei viidata ka nende määratlemiseks liikmesriikide õigusele. Sellise viite puudumise korral väärib meenutamist, et nii liidu õiguse ühetaolise kohaldamise kui ka võrdsuse põhimõtte nõuetest tuleneb, et sellise liidu õigusnormi sõnastust, mis ei viita sõnaselgelt liikmesriikide õigusele õigusnormi tähenduse ja ulatuse kindlaksmääramiseks, tuleb tavaliselt kogu liidus tõlgendada autonoomselt ja ühetaoliselt (2. juuni 2022. aasta kohtuotsus HK/Danmark ja HK/Privat, C‑587/20 , EU:C:2022:419 , punkt ning seal viidatud kohtupraktika). Lisaks, kuna isikuandmete kaitse üldmäärus ei määratle mõisteid „töötajad“ ja „töösuhted“, siis tuleb neid mõisteid tõlgendada vastavalt nende harilikule tähendusele tavakeeles, võttes arvesse nende kasutamise konteksti ning eesmärke, mida taotletakse õigusaktiga, mille osaks need on (2. juuni 2022. aasta kohtuotsus HK/Danmark ja HK/Privat, C‑587/20 , EU:C:2022:419 , punkt ning seal viidatud kohtupraktika). Mõiste „töötaja“ tähistab aga harilikus tähenduses isikut, kes teeb oma tööd alluvussuhtes tööandjaga ja seega tema kontrolli all (18. märtsi 2021. aasta kohtuotsus Kuoni Travel, C‑578/19 , EU:C:2021:213 , punkt ). Ühtlasi on „töösuhte“ peamine tunnus see, et isik teeb teatud ajavahemiku jooksul teisele isikule tema juhtimise all tööd, mille eest saab ta tasu (15. juuli 2021. aasta kohtuotsus Ministrstvo za obrambo, C‑742/19 , EU:C:2021:597 , punkt ). Kuna selline tunnus on omane töötajatele ja töösuhetele nii avalikus kui ka erasektoris, siis tuleb järeldada, et mõisted „töötaja“ ja „töösuhted“ nende harilikus tähenduses ei välista isikuid, kes töötavad avalikus sektoris. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 ulatust ei saa nimelt kindlaks määrata töötaja ja tööandja vahelise õigussuhte laadi alusel. Seega ei ole oluline, kas andmesubjekt töötab töötajana või ametnikuna või kas tema töösuhet reguleerib avalik õigus või eraõigus, kuna need õiguslikud kvalifikatsioonid erinevad vastavalt riigisisestele õigusaktidele ega saa seega kujutada endast asjakohast kriteeriumi selle sätte ühetaoliseks ja autonoomseks tõlgendamiseks (vt analoogia alusel 12. veebruari 1974. aasta kohtuotsus Sotgiu, 152/73 , EU:C:1974:13 , punkt , ja 3. juuni 1986. aasta kohtuotsus komisjon vs. Prantsusmaa, 307/84 , EU:C:1986:222 , punkt ). Mis puudutab konkreetselt isikuid, kellel on ilma töölepinguta töösuhe, nagu ametnikud, siis on tõsi, et isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 1 on viidatud „töölepingu […] täitmise[le]“. Siiski tuleb esiteks märkida, et see viide on esitatud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 1 loetletud muude eesmärkide seas, milleks isikuandmeid töösuhete kontekstis töödeldakse ja mille jaoks võivad liikmesriigid vastu võtta täpsemad eeskirjad, ning see loetelu ei ole igal juhul ammendav, millest annab tunnistust selles sättes kasutatud määrsõna „eelkõige“. Teiseks kinnitab töötaja ja tema tööandjaks oleva ametiasutuse vahelise õigussuhte kvalifitseerimise ebaolulisust asjaolu, et töö juhtimine, kavandamine ja korraldamine, võrdsus ja mitmekesisus töökohal, töötervishoid ja tööohutus, tööandja või kliendi vara kaitse, tööhõivega seotud õiguste ja hüvitiste isiklik või kollektiivne kasutamine ning töösuhte lõpetamine, mis on samuti loetletud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 1, on seotud töötamisega nii erasektoris kui ka avalikus sektoris. Järelikult ei saa isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 1 sisalduvast viitest „töölepingu täitmisele“ järeldada, et avalikus sektoris töötamine, mis ei põhine töölepingul, on selle sätte kohaldamisalast välja jäetud. Sama järeldus tuleb teha ka seoses asjaoluga, et isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 2 on nende kolme elemendi hulgas, „eelkõige seoses“ millega peavad liikmesriigid selliste „täpsemate eeskirjade“ vastuvõtmisel arvestama, isikuandmete edastamine „kontserni või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma siseselt“. Kaks ülejäänud elementi, st töötlemise läbipaistvus ja järelevalvesüsteemid töökohal, on nimelt asjakohased nii erasektoris kui ka avalikus sektoris töötamisel, olenemata sellest, millist laadi õigussuhe on töötaja ja tööandja vahel. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 sõnastusest tulenevat tõlgendust kinnitavad selle artikli kontekst ja selle õigusakti eesmärk, mille osa see artikkel on. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 1 lõikest 1 koostoimes eelkõige põhjendustega 9, 10 ja 13 tuleneb, et selle määruse eesmärk on tagada isikuandmete kaitset käsitlevate riigisiseste õigusaktide põhimõtteliselt täielik ühtlustamine. Kõnealuse määruse sätted annavad liikmesriikidele siiski võimaluse näha ette täiendavaid, rangemaid või erandeid ettenägevaid riigisiseseid eeskirju ja jätavad liikmesriikidele kaalutlusruumi nende sätete rakendamisel („kaitseklauslid“) (vt selle kohta 28. aprilli 2022. aasta kohtuotsus Meta Platforms Ireland, C‑319/20 , EU:C:2022:322 , punkt ). Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 88, mis kuulub selle määruse IX peatükki „Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted“, kujutab endast sellist kaitseklauslit, kuna see annab liikmesriikidele võimaluse võtta vastu „täpsemad eeskirjad“, et tagada õiguste ja vabaduste kaitse seoses töötajate isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis. Isikuandmete töötlemise erisused töösuhete kontekstis ja järelikult ka isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikega 1 liikmesriikidele antud võimalus on selgitatavad eelkõige sellega, et töötaja ja tööandja vahel on alluvussuhe, mitte aga nendevahelise õigussuhte laadiga. Peale selle on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 1 lõikele 2 koostoimes selle põhjendusega 10 määruse eesmärk tagada füüsiliste isikute põhiõiguste ja ‑vabaduste kõrgetasemeline kaitse isikuandmete töötlemisel, seda õigust on samuti tunnustatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8 ning see on tihedalt seotud õigusega eraelu puutumatusele, mis on sätestatud harta artiklis 7 (vt selle kohta 1. augusti 2022. aasta kohtuotsus Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20 , EU:C:2022:601 , punkt ). Selle eesmärgiga on aga kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 lai tõlgendus, mille kohaselt võivad „täpsemad eeskirjad“, mille liikmesriigid võivad ette näha, et tagada õiguste ja vabaduste kaitse seoses töötajate isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis, puudutada kõiki töötajaid, sõltumata töötaja ja tööandja vahelise õigussuhte laadist. Neil asjaoludel kuulub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 esemelisse ja isikulisse kohaldamisalasse õpetajate isikuandmete töötlemine, kui nad annavad avalike haridusasutuste õppetunde videokonverentsi teel otseülekande raames, nagu on kõne all põhikohtuasjas. Esimene küsimus Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 88 tuleb tõlgendada nii, et selleks, et õigusnormi saaks kvalifitseerida täpsemaks eeskirjaks selle artikli lõike 1 tähenduses, peab see õigusnorm vastama nimetatud artikli lõikes 2 sätestatud tingimustele. Nagu on märgitud käesoleva kohtuotsuse punktis 52, on liikmesriikidel selliste eeskirjade vastuvõtmise võimalus, mitte kohustus, ja need eeskirjad võib ette näha seadusega või kollektiivlepingutega. Peale selle peavad liikmesriigid juhul, kui nad kasutavad neile isikuandmete kaitse üldmääruse kaitseklausliga antud võimalust, kasutama oma kaalutlusruumi selle määruse sätetes ette nähtud tingimustel ja piirides ning peavad seega võtma õigusnorme vastu viisil, mis ei kahjusta selle määruse sisu ega eesmärke (vt selle kohta 28. aprilli 2022. aasta kohtuotsus Meta Platforms Ireland, C‑319/20 , EU:C:2022:322 , punkt ). Selleks et määrata kindlaks tingimused ja piirid, millele peavad vastama isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõigetes 1 ja 2 nimetatud eeskirjad, ning sellest tulenevalt hinnata liikmesriikidele nende sätetega jäetud kaalutlusruumi, tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei tule liidu õigusnormi tõlgendamisel arvesse võtta mitte ainult normi sõnastust, vaid ka selle konteksti ning selle õigusaktiga taotletavaid eesmärke, mille osa õigusnorm on (15. märtsi 2022. aasta kohtuotsus Autorité des marchés financiers, C‑302/20 , EU:C:2022:190 , punkt ). Mis puudutab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 sõnastust, siis tuleneb kõigepealt sõnastuse „täpsemad“ kasutamisest, et selles sättes silmas peetud eeskirjadel peab olema reguleeritavale valdkonnale omane normatiivne sisu, mis erineb selle määruse üldnormidest. Järgmiseks, nagu on märgitud käesoleva kohtuotsuse punktis 52, on selle sätte alusel vastu võetud eeskirjade eesmärk kaitsta töötajate õigusi ja vabadusi seoses nende isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis. Lõpuks tuleneb erinevatest eesmärkidest, milleks isikuandmeid võidakse töödelda, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 1, et selles artiklis nimetatud „täpsemad eeskirjad“ võivad olla seotud väga paljude töötlustoimingutega, mis leiavad aset töösuhtega seoses, mistõttu need hõlmavad kõiki eesmärke, milleks isikuandmeid võib töösuhte kontekstis töödelda. Lisaks, kuna need eesmärgid ei ole loetletud ammendavalt, nagu on märgitud käesoleva kohtuotsuse punktis 46, on liikmesriikidel kaalutlusruum seoses töötlemistoimingutega, mille suhtes kehtivad need täpsemad eeskirjad. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikes 2 on ette nähtud, et lõike 1 alusel kehtestatud eeskirjad sisaldavad sobivaid ja konkreetseid meetmeid, et kaitsta andmesubjekti inimväärikust, õigustatud huve ja põhiõigusi, eelkõige seoses töötlemise läbipaistvusega, isikuandmete edastamisega kontserni või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma siseselt ning järelevalvesüsteemidega töökohal. Seega tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 sõnastusest, et selle artikli lõige 2 piiritleb nende liikmesriikide kaalutlusruumi, kes plaanivad võtta nimetatud artikli lõike 1 alusel vastu „täpsemad eeskirjad“. Järelikult ei või need eeskirjad esiteks piirduda kõnealuse määruse sätete kordamisega, vaid peavad olema suunatud töötajate õiguste ja vabaduste kaitsmisele seoses nende isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis ning sisaldama sobivaid ja konkreetseid meetmeid, et kaitsta andmesubjekti inimväärikust, õigustatud huve ja põhiõigusi. Teiseks peab see toimuma eelkõige seoses töötlemise läbipaistvusega, isikuandmete edastamisega kontserni või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma siseselt ning järelevalvesüsteemidega töökohal. Mis puudutab isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 konteksti, siis tuleb esimesena nentida, et seda sätet tuleb tõlgendada koostoimes selle määruse põhjendusega 8, milles on märgitud, et kui selles määruses on ette nähtud eeskirjade täpsustamine või piiramine liikmesriigi õigusega, võivad liikmesriigid sidususe seisukohast vajalikul määral ja liikmesriigi õiguse sätete arusaadavaks muutmiseks isikutele, kelle suhtes neid kohaldatakse, integreerida kõnealuse määruse elemente oma õigusesse. Teisena on oluline meenutada, et isikuandmete kaitse üldmääruse II peatükis on ette nähtud isikuandmete töötlemise põhimõtted ja III peatükis andmesubjekti õigused, mida tuleb igasugusel isikuandmete töötlemisel järgida (24. veebruari 2022. aasta kohtuotsus Valsts ieņēmumu dienests (isikuandmete töötlemine maksustamise eesmärgil), C‑175/20 , EU:C:2022:124 , punkt ). Iseäranis tuleb isikuandmete igasugusel töötlemisel ühelt poolt järgida andmete töötlemise põhimõtteid, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 5, ning teiselt poolt peab töötlemine vastama ühele nimetatud määruse artiklis 6 loetletud andmetöötluse seaduslikkuse põhimõtetest (22. juuni 2021. aasta kohtuotsus Latvijas Republikas Saeima (karistuspunktid), C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Mis puudutab andmete töötlemise seaduslikkuse põhimõtteid, siis on isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 sätestatud ammendav ja piiratud loetelu juhtumitest, millal isikuandmete töötlemist saab lugeda seaduslikuks. Selleks et isikuandmete töötlemist saaks pidada seaduslikuks, peab töötlemine seega kuuluma selles artiklis 6 ette nähtud ühe olukorra alla (22. juuni 2021. aasta kohtuotsus Latvijas Republikas Saeima (karistuspunktid), C‑439/19 , EU:C:2021:504 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Seega, kuigi liikmesriigid võivad neile isikuandmete kaitse üldmääruse kaitseklausliga antud võimaluse kasutamisel integreerida selle määruse elemente oma õigusesse niivõrd, kuivõrd see on vajalik selleks, et tagada sidusus ja muuta riigisisesed sätted arusaadavaks isikutele, kelle suhtes neid kohaldatakse, ei või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 alusel vastu võetud „täpsemad eeskirjad“ piirduda üksnes isikuandmete töötlemise seaduslikkuse tingimuste ja selle töötlemise põhimõtete – mis on vastavalt sätestatud selle määruse artiklis 6 ja 5 – kordamisega või neile tingimustele ja põhimõtetele viitamisega. Tõlgendus, mille kohaselt on liikmesriikide kaalutlusruum isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 alusel eeskirjade vastuvõtmisel piiratud selle artikli lõikega 2, on kooskõlas selle määruse eesmärgiga, mida on meenutatud käesoleva kohtuotsuse punktis 51 ja milleks on tagada isikuandmete kaitset käsitlevate riigisiseste õigusaktide põhimõtteliselt täielik ühtlustamine. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 56, 70 ja 73 sisuliselt märkis, võib liikmesriikide võimalusega võtta isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 alusel vastu „täpsemad eeskirjad“ kaasneda ühtlustamise puudumine nende eeskirjade kohaldamisalas. Selle määruse artikli 88 lõikega 2 kehtestatud tingimused peegeldavad määrusega aktsepteeritud diferentseerimise piire selles mõttes, et ühtlustamise puudumist saab lubada vaid juhul, kui allesjäänud erinevustega kaasnevad konkreetsed ja sobivad tagatised, mille eesmärk on kaitsta töötajate õigusi ja vabadusi seoses nende isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis. Järelikult selleks, et õigusnormi saaks kvalifitseerida „täpsemaks eeskirjaks“ isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõike 1 tähenduses, peab see vastama selle artikli lõikes 2 sätestatud tingimustele. Lisaks sellele, et neil täpsematel eeskirjadel peab olema reguleeritavale valdkonnale omane normatiivne sisu, mis erineb selle määruse üldnormidest, peavad need eeskirjad olema suunatud töötajate õiguste ja vabaduste kaitsmisele seoses nende isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis ning sisaldama sobivaid ja konkreetseid meetmeid, et kaitsta andmesubjekti inimväärikust, õigustatud huve ja põhiõigusi. See peab toimuma eelkõige seoses töötlemise läbipaistvusega, isikuandmete edastamisega kontserni või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma siseselt ning järelevalvesüsteemidega töökohal. Kõike eeltoodut arvesse võttes tuleb esimesele küsimusele vastata, et isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 88 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusnorm ei saa olla „täpsem eeskiri“ selle artikli lõike 1 tähenduses, kui see ei vasta nimetatud artikli lõikes 2 sätestatud tingimustele. Teine küsimus Teise küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, millised tagajärjed on sellel, kui tuvastatakse, et riigisisesed sätted, mis on kehtestatud selleks, et tagada õiguste ja vabaduste kaitse seoses töötajate isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis, ei ole kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimuste ja piiridega. Sellega seoses väärib meenutamist, et ELTL artikli 288 teise lõigu kohaselt on määrused tervikuna siduvad ja vahetult kohaldatavad kõikides liikmesriikides, mistõttu ei vaja nende sätted üldjuhul mingeid liikmesriikide rakendusmeetmeid (15. juuni 2021. aasta kohtuotsus Facebook Ireland jt, C‑645/19 , EU:C:2021:483 , punkt ). Kuid nagu on meenutatud käesoleva kohtuotsuse punktis 51, annavad isikuandmete kaitse üldmääruses ette nähtud kaitseklauslid liikmesriikidele võimaluse näha ette täiendavaid, rangemaid või erandeid ettenägevaid riigisiseseid eeskirju ja jätavad liikmesriikidele kaalutlusruumi asjaomaste sätete rakendamisel. Nagu on märgitud käesoleva kohtuotsuse punktis 59, peavad liikmesriigid juhul, kui nad kasutavad neile isikuandmete kaitse üldmääruse kaitseklausliga antud võimalust, kasutama oma kaalutlusruumi selle määruse sätetes ette nähtud tingimustel ja piirides ning peavad seega võtma õigusnorme vastu viisil, mis ei kahjusta selle määruse sisu ega eesmärke. Eelotsusetaotluse esitanud kohtul, kes on ainsana pädev tõlgendama riigisisest õigust, tuleb hinnata, kas põhikohtuasjas kõne all olevad sätted vastavad isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 88 ette nähtud tingimustele ja piiridele, mis on kokkuvõtlikult esitatud käesoleva kohtuotsuse punktis 74. Ent nagu kohtujurist oma ettepaneku punktides 60–62 märkis, näivad sellised sätted nagu HDSIG § 23 lõige 1 ja HBG § 86 lõige 4, mis seavad töötajate isikuandmete töötlemise tingimuseks, et töötlemine on vajalik teatavatel töösuhte täitmisega seotud eesmärkidel, kordavat isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punktis b juba sätestatud töötlemise üldise seaduslikkuse tingimust, lisamata täpsemat eeskirja selle määruse artikli 88 lõike 1 tähenduses. Sellistel sätetel ei tundu olevat reguleeritavale valdkonnale omast normatiivset sisu, mis erineb selle määruse üldnormidest. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus peaks tuvastama, et põhikohtuasjas kõne all olevad sätted ei vasta isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 88 sätestatud tingimustele ja piiridele, siis peab ta need sätted põhimõtteliselt kohaldamata jätma. Vastavalt liidu õiguse esimuse põhimõttele on aluslepingute sätete ja institutsioonide vahetult kohaldatavate aktide vahekord liikmesriikide riigisisese õigusega selline, et need sätted ja aktid muudavad jõustudes automaatselt mittekohaldatavaks kõik nendega vastuolus olevad riigisiseste õigusaktide sätted (9. märtsi 1978. aasta kohtuotsus Simmenthal, 106/77 , EU:C:1978:49 , punkt ; 19. juuni 1990. aasta kohtuotsus Factortame jt, C‑213/89 , EU:C:1990:257 , punkt , ning 4. veebruari 2016. aasta kohtuotsus Ince, C‑336/14 , EU:C:2016:72 , punkt ). Seega, kui puuduvad täpsemad eeskirjad, mis vastaksid isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 88 sätestatud tingimustele ja piiridele, reguleerivad isikuandmete töötlemist töösuhete kontekstis nii erasektoris kui ka avalikus sektoris vahetult selle määruse sätted. Sellega seoses tuleb märkida, et isikuandmete töötlemise suhtes, nagu on kõne all põhikohtuasjas, võib kohaldada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkte c ja e, mille kohaselt on isikuandmete töötlemine seaduslik, kui see on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõikes 3 on esiteks sätestatud seoses selle määruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punktides c ja e osutatud kahe seaduslikkuse juhtumiga, et töötlemine peab põhinema kas liidu õigusel või vastutava töötleja suhtes kohaldataval liikmesriigi õigusel, ja teiseks lisatud, et töötlemise eesmärk määratakse kindlaks selles õiguslikus aluses või see on lõike 1 esimese lõigu punktis e osutatud isikuandmete töötlemise osas vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks (vt selle kohta 8. detsembri 2022. aasta kohtuotsus Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (isikuandmete töötlemise eesmärgid – kriminaalmenetlus), C‑180/21 , EU:C:2022:967 , punkt ). Euroopa Kohus on juba otsustanud, et isikuandmete seaduslik töötlemine vastutavate töötlejate poolt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkti e alusel ei eelda mitte ainult seda, et neid töötlejaid saab käsitada avalikes huvides oleva ülesande täitjatena, vaid ka seda, et isikuandmete töötlemine sellise ülesande täitmiseks põhineb selle määruse artikli 6 lõikes 3 ette nähtud õiguslikul alusel (vt selle kohta 20. oktoobri 2022. aasta kohtuotsus Koalitsia Demokratichna Bulgaria – Obedinenie, C‑306/21 , EU:C:2022:813 , punkt ). Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus jõuab järeldusele, et töösuhete kontekstis isikuandmete töötlemist reguleerivad riigisisesed sätted ei vasta isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõigetes 1 ja 2 ette nähtud tingimustele ja piiridele, peab ta järelikult veel kontrollima, kas need sätted kujutavad endast selle määruse artikli 6 lõikes 3 koostoimes põhjendusega 45 viidatud õiguslikku alust, mis vastab selles määruses ette nähtud nõuetele. Kui see on nii, siis ei või riigisiseseid õigusnorme kohaldamata jätta. Eeltoodut arvestades tuleb teisele eelotsuse küsimusele vastata, et isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 88 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et riigisisesed sätted, mis on kehtestatud selleks, et tagada töötajate õiguste ja vabaduste kaitse seoses nende isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis, tuleb jätta kohaldamata, kui need sätted ei vasta artikli 88 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele ja piiridele, välja arvatud juhul, kui kõnealused sätted kujutavad endast selle määruse artikli 6 lõikes 3 nimetatud õiguslikku alust, mis vastab määruses ette nähtud nõuetele. Kohtukulud Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab: 1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) artiklit 88 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusnorm ei saa olla „täpsem eeskiri“ selle artikli lõike 1 tähenduses, kui see ei vasta nimetatud artikli lõikes 2 sätestatud tingimustele. 2. Määruse 2016/679 artikli 88 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et riigisisesed sätted, mis on kehtestatud selleks, et tagada töötajate õiguste ja vabaduste kaitse seoses nende isikuandmete töötlemisega töösuhete kontekstis, tuleb jätta kohaldamata, kui need sätted ei vasta artikli 88 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele ja piiridele, välja arvatud juhul, kui kõnealused sätted kujutavad endast selle määruse artikli 6 lõikes 3 nimetatud õiguslikku alust, mis vastab määruses ette nähtud nõuetele. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: saksa.

62010TJ0421

es

Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 19 de julio de 2010 (asunto R 1804/2008 4) relativa a un procedimiento de oposición entre Maria Constantina Sotelo Ares y Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop Galega. Fallo 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas a la Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega.

62012CJ0301

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 9 και 11 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ( ΕΕ L 206, σ. 7 ), όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΕ 2003, L 236, σ. 33 , στο εξής: οδηγία 92/43). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ, αφενός, της Cascina Tre Pini Ss (στο εξής: Cascina), εταιρίας ιταλικού δικαίου, και, αφετέρου, του Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Υπουργείου Περιβάλλοντος και Προστασίας των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών, στο εξής: Υπουργείο), της Regione Lombardia (Περιφέρειας της Λομβαρδίας), της Presidenza del Consiglio dei Ministri (προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου), του Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino (ενώσεως του φυσικού πάρκου Λομβαρδίας της κοιλάδας του Ticino) και της Comune di Somma Lombardo (κοινότητας της Somma Lombardo), σχετικά με διαδικασία αναθεωρήσεως του προστατευτικού καθεστώτος τόπου κοινοτικής σημασίας (στο εξής: ΤΚΣ) ενός τόπου περιλαμβάνοντος έκταση της οποίας την κυριότητα έχει η Cascina. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Το άρθρο 2 της οδηγίας 92/43, που ορίζει τους σκοπούς αυτής, έχει ως εξής: «1.   Η παρούσα οδηγία σκοπό έχει να συμβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη [ΕΚ]. 2.   Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. 3.   Κατά τη λήψη μέτρων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.» Το άρθρο 3 της οδηγίας αυτής, με το οποίο δημιουργείται το δίκτυο Natura 2000, προβλέπει τα εξής: «1.   Συνίσταται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών [διατήρησης] [στο εξής: ΕΖΔ], επονομαζόμενο “Natura 2000”. Το δίκτυο αυτό, που αποτελείται από τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων που εμφαίνονται στο παράρτημα I και τους οικότοπους των ειδών που εμφαίνονται στο παράρτημα II, πρέπει να διασφαλίζει την διατήρηση ή, ενδεχομένως, την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των οικείων ειδών στην περιοχή της φυσικής κατανομής των ειδών αυτών. Το δίκτυο “Natura 2000” περιλαμβάνει και τις ζώνες ειδικής προστασίας που έχουν ταξινομηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ [του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σ. 202)]. 2.   Κάθε κράτος μέλος συμβάλλει στη σύσταση του Natura 2000 ανάλογα με τα είδη φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών τα οποία αναφέρει η παράγραφος 1, που υπάρχουν στο έδαφός του. Προς το σκοπό αυτό κάθε κράτος μέλος ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4, τόπους ως [ΕΖΔ], λαμβάνοντας υπόψη του τους σκοπούς που αναφέρει η παράγραφος 1. 3.   Τα κράτη μέλη, στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι τούτο απαιτείται, καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν την οικολογική συνοχή του Natura 2000 χάρη στη διατήρηση και, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη στοιχείων του τοπίου, πρωταρχικής σημασίας για την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τα οποία αναφέρει το άρθρο 10.» Το άρθρο 4 της οδηγίας 92/43 εκθέτει λεπτομερώς τη διαδικασία καταρτίσεως του καταλόγου των ΤΚΣ ως ακολούθως: «1.   Κάθε κράτος μέλος, βασιζόμενο στα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα III (στάδιο 1) και στις σχετικές επιστημονικές πληροφορίες, προτείνει έναν κατάλογο τόπων, όπου υποδεικνύεται ποιοι τύποι φυσικών οικοτόπων από τους αναφερόμενους στο παράρτημα I και ποια τοπικά είδη από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα II απαντώνται στους εν λόγω τόπους. […] Τα κράτη μέλη προτείνουν, ενδεχομένως, προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου βάσει των αποτελεσμάτων της εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 11. Ο κατάλογος διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέσα σε μια τριετία από τη γνωστοποίηση της παρούσας οδηγίας ταυτόχρονα με τις πληροφορίες για κάθε τόπο. [...] 2.   Η Επιτροπή, βασιζόμενη στα κριτήρια του παραρτήματος III (στάδιο 2) και στα πλαίσια [κάθε] μιας από τις επτά βιογεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στο στοιχείο γʹ, σημείο iii, του άρθρου 1 και του συνόλου του εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, καταρτίζει, σε συμφωνία με καθένα από τα κράτη μέλη και βάσει των καταλόγων των κρατών μελών, σχέδιο καταλόγου [ΤΚΣ] όπου καθίστανται πρόδηλοι οι τόποι στους οποίους απαντούν ένας ή περισσότεροι τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή ένα ή περισσότερα είδη προτεραιότητας. [...] Ο κατάλογος των τόπων των επιλεγμένων ως τόπων κοινοτικής σημασίας [ΤΚΣ], στον οποίο καταδεικνύονται οι τόποι όπου απαντώνται ένας ή περισσότεροι τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας ή ένα ή περισσότερα είδη προτεραιότητας καταρτίζεται από την Επιτροπή με την διαδικασία του άρθρου 21. 3.   Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 2 κατάλογος καταρτίζεται μέσα σε μια εξαετία από την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας. 4.   Όταν ένας [ΤΚΣ], υπ’ αυτή του την ιδιότητα, επιλέχθηκε δυνάμει της διαδικασίας της παραγράφου 2, το οικείο κράτος μέλος ορίζει τον εν λόγω τόπο ως [ΕΖΔ] το ταχύτερο δυνατόν και, το αργότερο, μέσα σε μια εξαετία, καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε συνάρτηση με τη σημασία των τόπων για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους του παραρτήματος II και για τη συνεκτικότητα του Natura 2000, καθώς και σε συνάρτηση με τους κινδύνους υποβάθμισης ή καταστροφής που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους. 5.   Μόλις ένας τόπος εγγραφεί στον κατάλογο του τρίτου εδαφίου της δεύτερης παραγράφου, υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 6.» Το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο έχει εφαρμογή στις ΕΖΔ, προβλέπει στις παραγράφους 2 έως 4 τα ακόλουθα: «2.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις [ΕΖΔ] να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας. 3.   Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. 4.   Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natur[a] 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. [...]» Το άρθρο 9 της ιδίας οδηγίας ορίζει τα εξής: «Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19, θα προβαίνει κατά περιόδους σε εκτίμηση της συμβολής του Natura 2000 στην πραγματοποίηση των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3. Κατ’ αυτή την εκτίμηση είναι δυνατόν να εξετάζεται ο αποχαρακτηρισμός μιας [ΕΖΔ], όταν η φυσική εξέλιξη, διαπιστούμενη χάρη στην εποπτεία που προβλέπεται στο άρθρο 11, το δικαιολογεί.» Το άρθρο 11 της οδηγίας 92/43 ορίζει τα ακόλουθα: «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εποπτεία της κατάστασης της διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων που αναφέρει το άρθρο 2, λαμβάνοντας υπόψη τους κυρίως τους τύπους φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας και τα είδη προτεραιότητας.» Το ιταλικό δίκαιο Το άρθρο 1 του διατάγματος 357 του Προέδρου της Δημοκρατίας περί εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όσον αφορά τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (decreto del Presidente della Repubblica n o 357 — Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), της 8ης Σεπτεμβρίου 1997 (τακτικό συμπλήρωμα στην GURI [Επίσημη εφημερίδα της Ιταλικής Δημοκρατίας] αριθ. 248, της 23ης Οκτωβρίου 1997), όπως ίσχυε στη διαφορά της κύριας δίκης (στο εξής: DPR 357/97), ορίζει το πεδίο εφαρμογής του DPR 357/97 ως ακολούθως: «1.   Η παρούσα πράξη διέπει τις διαδικασίες λήψεως των μέτρων τα οποία προβλέπει η οδηγία [92/43] όσον αφορά τη διατήρηση των φυσικών και μερικώς φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προς διαφύλαξη της ποικιλίας των ειδών με τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A, καθώς και των ειδών πανίδας και χλωρίδας που μνημονεύονται στα παραρτήματα B, D και E της παρούσας πράξεως. 2.   Οι προβλεπόμενες από την παρούσα πράξη διαδικασίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης, σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. 3.   Οι διαδικασίες που διέπονται από την παρούσα πράξη λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες. [...]» Το άρθρο 3 του DPR 357/97 έχει ως ακολούθως: «1.   Οι Περιφέρειες και οι Αυτόνομες επαρχίες του Trento και του Bolzano συντάσσουν κατάλογο των τόπων στους οποίους απαντώνται οι τύποι φυσικών οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και οι οικότοποι που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B· γνωστοποιούν τον κατάλογο αυτό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας του Εδάφους προκειμένου αυτό να διαβιβάσει στην Επιτροπή [...] τον κατάλογο των προτεινόμενων [ΤΚΣ] [...] προς δημιουργία συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου [ΕΖΔ] ονομαζόμενου “Natura 2000”. 2.   Με υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας του Εδάφους προσδιορίζει, σε συμφωνία με την κάθε σχετική περιφέρεια, τους τόπους περί των οποίων γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, δηλαδή τις [“ΕΖΔ”], εντός προθεσμίας έξι ετών από της καταρτίσεως του καταλόγου των οικοτόπων από την Επιτροπή. [...] 4bis.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική μεταφορά της οδηγίας [92/43] και η ενημέρωση των δεδομένων, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων τις οποίες προβλέπει το άρθρο 19 της οδηγίας, οι Περιφέρειες και οι Αυτόνομες επαρχίες του Trento και του Bolzano προβαίνουν σε περιοδική αξιολόγηση, βάσει των δράσεων παρακολούθησης περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 7, της καταλληλότητας των τόπων για την επίτευξη των σκοπών της οδηγίας, αξιολόγηση κατόπιν της οποίας μπορούν να προτείνουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας του Εδάφους ενημέρωση του καταλόγου των τόπων, των ορίων τους και του περιεχομένου του σχετικού ενημερωτικού διοικητικού δελτίου. Το Υπουργείο αυτό διαβιβάζει τη σχετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προβεί στην εκτίμηση την οποία προβλέπει το άρθρο 9 της οδηγίας.» Το άρθρο 7 του DPR 357/97, σχετικό με τη διαδικασία εποπτείας, ορίζει τα ακόλουθα: «1.   Με υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας του Εδάφους, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Υπουργείο Γεωργικής και Δασικής Πολιτικής και το Εθνικό Ινστιτούτο Άγριας Πανίδας, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με τη Μόνιμη Σύνοδο η οποία είναι επιφορτισμένη με τις σχέσεις μεταξύ του κράτους, των Περιφερειών και των Αυτόνομων επαρχιών του Trento και του Bolzano, ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία, τη δειγματοληψία και τις παρεκκλίσεις σχετικά με τα προστατευόμενα ζωικά και φυτικά είδη δυνάμει της παρούσας πράξεως. 2.   Οι Περιφέρειες και οι Αυτόνομες επαρχίες του Trento και του Bolzano, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών περί των οποίων γίνεται λόγος στην προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνουν μέτρα προς εξασφάλιση της προστασίας και της εποπτείας της καταστάσεως διατηρήσεως των ειδών και των φυσικών οικοτόπων κοινοτικής σημασίας, ειδικότερα των ειδών και των οικοτόπων που κρίνεται ότι έχουν σχετική προτεραιότητα, ενημερώνοντας τα υπουργεία που μνημονεύονται στην παράγραφο 1.» Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα Η Cascina έχει την κυριότητα μιας εκτάσεως περιλαμβανομένης στον τόπο που καλείται «Brughiera del Dosso», στο έδαφος της κοινότητας Somma Lombardo, πλησίον του αερολιμένα Milanο-Malpensa, στη Λομβαρδία. Το 2002 ο τόπος αυτός περιελήφθη στο φυσικό πάρκο της κοιλάδας του Ticino, δημιουργηθέν με τοπικό νόμο της Regione Lombardia [Περιφέρειας της Λομβαρδίας]. Με απόφαση της Giunta regionale (περιφερειακής αρχής) της Regione Lombardia της 8ης Αυγούστου 2003, ο εν λόγω τόπος περιελήφθη στον κατάλογο των τόπων που προτείνονταν ως ΤΚΣ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του DPR 357/97. Ο ίδιος τόπος περιελήφθη στη συνέχεια στον κατάλογο των ΤΚΣ με την απόφαση 2004/798/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2004, με την οποία θεσπίστηκε ο κατάλογος των τόπων κοινοτικής σημασίας για την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή, κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( ΕΕ L 382, σ. 1 ). Ο τόπος της Brughiera del Dosso χαρακτηρίστηκε επίσης ως ΤΚΣ με υπουργική απόφαση της 25ης Μαρτίου 2005. Στο μεταξύ, ο αερολιμένας Milanο-Malpensa επεκτάθηκε σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο της ζώνης της Malpensa, που έγινε δεκτό με περιφερειακό νόμο της Regione Lombardia του 1999. Κατά την Cascina, το σχέδιο αυτό προβλέπει τη χρησιμοποίηση εκτάσεων περιλαμβανομένων στο έδαφος της κοινότητας Somma Lombardo για εμπορικούς και βιομηχανικούς σκοπούς. Η Cascina υποστηρίζει ότι η σταδιακή αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας του αερολιμένα αυτού προκάλεσε οικολογική καταστροφή του τόπου της Brughiera del Dosso. Εκτιμώντας ότι απειλείτο η οικολογική ποιότητα του τόπου της Brughiera del Dosso, η Cascina ζήτησε το 2005 από το Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, το οποίο ήταν ο αρμόδιος για τον τόπο αυτόν οργανισμός, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εμποδίσει την περιβαλλοντική υποβάθμιση του εν λόγω τόπου. Ελλείψει απαντήσεως, η Cascina υπέβαλε το 2006 στο Υπουργείο μια αίτηση-όχληση, στηριζόμενη στο άρθρο 9 της οδηγίας 92/43 και στο άρθρο 3, παράγραφος 4bis, του DPR 357/97, ζητώντας νέο καθορισμό των σχετικών ορίων ή τον αποχαρακτηρισμό του ίδιου τόπου από τον κατάλογο των ΤΚΣ, διότι, κατ’ αυτήν, δεν πληρούνταν πλέον οι πραγματικές και νομικές προϋποθέσεις που προβλέπει η εφαρμοστέα ρύθμιση και, ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής των οικοτόπων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ΤΚΣ περί των οποίων γίνεται λόγος στο παράρτημα III της οδηγίας αυτής. Το συμφέρον της Cascina για νέο καθορισμό των ορίων ή για τον ως άνω αποχαρακτηρισμό απορρέει από το γεγονός ότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας όσον αφορά την περιληφθείσα στον τόπο της Brughiera del Dosso έκταση εθίγη με τη δεσμευτική κανονιστική ρύθμιση που διέπει τους ΤΚΣ από την οποία εξαρτάται κάθε συνδεόμενη με το έδαφος δραστηριότητα. Η εν λόγω δεσμευτική ρύθμιση εμποδίζει τη μεταβολή του προορισμού των σχετικών εκτάσεων, ενώ τέτοιες μεταβολές προβλέπονται από το πολεοδομικό σχέδιο της ζώνης της Malpensa. Με απόφαση της 2ας Μαΐου 2006 το Υπουργείο δήλωσε αναρμοδιότητα και κάλεσε την Cascina να απευθυνθεί στη Regione Lombardia, εκθέτον ότι, δυνάμει του άρθρου 3 του DPR 357/97, οι περιφέρειες είναι εκείνες που προσδιορίζουν τους τόπους και του γνωστοποιούν τον σχετικό κατάλογο. Στη συνέχεια, η Cascina επανέλαβε την αίτησή της στη Regione Lombardia, η οποία την απέρριψε με απόφαση της 26ης Ιουλίου 2006 με την αιτιολογία ότι η αίτηση αυτή «μπορεί να εξεταστεί μόνον εφόσον το Υπουργείο ζητήσει από τις περιφέρειες να κινήσουν τη διαδικασία την οποία προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 4bis, του [DPR 357/97]». Κατόπιν της αρνήσεως της διοικήσεως να αποφανθεί επί της αιτήσεώς της, η Cascina προσέφυγε, σε πρώτο βαθμό, ενώπιον του Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (περιφερειακού διοικητικού δικαστηρίου της Λομβαρδίας) κατά των δύο αυτών αποφάσεων, επικαλούμενη την αδράνεια του Υπουργείου και της Regione Lombardia. Με την ως άνω προσφυγή ζήτησε, επιπροσθέτως, την καταβολή αποζημιώσεως. Με απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 2009 το δικαστήριο αυτό απέρριψε την εν λόγω προσφυγή στο σύνολό της. Με την ως άνω απόφαση το δικαστήριο αυτό έκρινε ότι το άρθρο 3, παράγραφος 4bis, του DPR 357/97 παρείχε στις περιφέρειες εξουσία αναλήψεως πρωτοβουλίας και υποβολής προτάσεως σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ΤΚΣ, οπότε δεν μπορούσε να προσαφθεί στο Υπουργείο καμία αδράνεια. Επιπροσθέτως, το ίδιο δικαστήριο ερμήνευσε την απόφαση της Regione Lombardia όχι ως άρνηση να ενεργήσει, αλλά ως εκδήλωση της προθέσεως διατηρήσεως του τόπου της Brughiera del Dosso στον κατάλογο των ΤΚΣ παρά τη ρύπανση, οπότε δεν μπορούσε να ευδοκιμήσει ούτε το αίτημα διαπιστώσεως αδρανείας της ως άνω αρχής όσον αφορά τη σχετική περιοχή. Η Cascina άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Consiglio di Stato (ιταλικού Συμβουλίου Επικρατείας). Αμφισβητεί, ειδικότερα, την περιλαμβανόμενη στην εν λόγω απόφαση ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 4bis, του DPR 357/97 και υποστηρίζει ότι η διάταξη αυτή, ερμηνευμένη σε συνδυασμό με την οδηγία 92/43, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εξουσία αναλήψεως πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση του καταλόγου των ΤΚΣ έχουν όχι μόνον οι περιφέρειες, αλλά και το οικείο κράτος, πράγμα το οποίο συνεπάγεται έλλειψη νομιμότητας της αρνήσεως του Υπουργείου να αποφανθεί επί της υποβληθείσας το 2006 αιτήσεώς της. Καλούμενο να εξετάσει το βάσιμο της επιχειρηματολογίας αυτής προς επίλυση της διαφοράς, το Consiglio di Stato διερωτάται, ιδίως, αν οι διατάξεις της οδηγίας αυτής απονέμουν στο κράτος, όπως και στις περιφέρειες, εξουσία αναλήψεως πρωτοβουλίας προς αναθεώρηση του καταλόγου αυτού, την οποία μπορεί να ασκήσει το εν λόγω κράτος, ενδεχομένως, υποκαθιστώντας τις περιφέρειες. Ομοίως, το δικαστήριο αυτό ζητεί να διευκρινιστεί αν η ως άνω εξουσία μπορεί να ασκείται όχι μόνο με πρωτοβουλία της αρμόδιας διοικητικής αρχής, αλλά και κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη, έχοντος την κυριότητα εκτάσεως ευρισκόμενης εντός τόπου περιλαμβανομένου στον εν λόγω κατάλογο, και αν τα κράτη μέλη οφείλουν να ενεργούν, προβαίνοντας σε σχετική αναθεώρηση ή ακόμα και σε αποχαρακτηρισμό του οικοτόπου αυτού, όταν παρατηρούν μεταβολή σε σχέση με την αρχική κατάσταση του οικείου τόπου. Το δικαστήριο αυτό διατηρεί συνεπώς αμφιβολίες όσον αφορά την ερμηνεία των κρίσιμων εν προκειμένω διατάξεων της εν λόγω οδηγίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Consiglio di Stato αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Απαγορεύεται, κατ’ ορθή εφαρμογή των άρθρων 9 και [11] της οδηγίας για τους οικοτόπους, εθνική διάταξη (άρθρο 3, παράγραφος 4bis, του DPR 357/1997) η οποία προβλέπει αυτεπάγγελτη εξουσία των περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών να προτείνουν την αναθεώρηση των ΤΚΣ, χωρίς να προβλέπει παράλληλα υποχρέωση ενέργειας των εν λόγω διοικητικών αρχών στην περίπτωση κατά την οποία οι ιδιώτες ιδιοκτήτες εκτάσεων που περιλαμβάνονται στον ΤΚΣ ζητούν αιτιολογημένα την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, ακόμα και όταν οι ιδιώτες προβάλλουν περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής; 2) Απαγορεύεται, κατ’ ορθή εφαρμογή των άρθρων 9 και [11] της οδηγίας [92/43] εθνική διάταξη (άρθρο 3, παράγραφος 4bis, του DPR 357/1997) η οποία προβλέπει αυτεπάγγελτη εξουσία των περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών να προτείνουν την αναθεώρηση των ΤΚΣ, μετά από περιοδική αξιολόγηση, χωρίς να επιβάλλει συγκεκριμένη χρονική ακολουθία της αξιολογήσεως (για παράδειγμα, ανά διετία, τριετία κ.λπ.) ή να προβλέπει ότι η περιοδική αξιολόγηση που ζητείται από τις περιφέρειες ή από τις αυτόνομες επαρχίες γνωστοποιείται μέσω κάποιας μορφής συλλογικής δημοσιότητας, προκειμένου να επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν παρατηρήσεις και προτάσεις; 3) Απαγορεύεται, κατ’ ορθή εφαρμογή των άρθρων 9 και [11] της οδηγίας για τους οικοτόπους, εθνική διάταξη (άρθρο 3, παράγραφος 4bis, του DPR 357/1997) η οποία προβλέπει ότι η πρωτοβουλία αναθεωρήσεως των ΤΚΣ απόκειται στις περιφέρειες και στις αυτόνομες επαρχίες, χωρίς να προβλέπει παράλληλα δικαίωμα πρωτοβουλίας του κράτους, ακόμα και καθ’ υποκατάσταση, σε περίπτωση αδρανείας των περιφερειών ή των αυτόνομων επαρχιών; 4) Απαγορεύεται, κατ’ ορθή εφαρμογή των άρθρων 9 και [11] της οδηγίας για τους οικοτόπους, εθνική διάταξη (άρθρο 3, παράγραφος 4bis, του DPR 357/1997) η οποία προβλέπει αυτεπάγγελτη εξουσία των περιφερειών και των αυτόνομων επαρχιών να προτείνουν την αναθεώρηση των ΤΚΣ, κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια και όχι κατά δέσμια αρμοδιότητα, ακόμα και στην περίπτωση φαινομένων ρύπανσης ή περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχουν διαπιστωθεί επίσημα; 5) [...] Πρέπει να νοηθεί η διαδικασία του άρθρου 9 της οδηγίας [92/43], η οποία στην εσωτερική έννομη τάξη διέπεται από το άρθρο 3, παράγραφος 4bis, του DPR 357/97, ως διαδικασία που πρέπει αναγκαστικώς να περατωθεί με διοικητική πράξη ή ως διαδικασία της οποίας η έκβαση είναι καθαρά προαιρετική, [όταν] ως “διαδικασία που πρέπει αναγκαστικώς να περατωθεί με διοικητική πράξη” νοείται διαδικασία η οποία, “εφόσον συντρέχουν οι έννομες προϋποθέσεις, πρέπει να συνίσταται στη διαβίβαση της προτάσεως της περιφέρειας, επιμελεία του Υπουργείου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή”, χωρίς να ασκεί ουδεμία επιρροή αν η διαδικασία πρέπει να θεωρηθεί ότι κινείται μόνον αυτεπαγγέλτως ή και μετά από αίτημα ιδιώτη[;] 6) [...] Απαγορεύει η […] νομοθεσία [της Ένωσης], και ιδίως η οδηγία [92/43], νομοθεσία κράτους μέλους που επιβάλλει την κίνηση της διαδικασίας αποχαρακτηρισμού και τη λήψη περαιτέρω μέτρων παρακολούθησης και διατήρησης κατόπιν επισημάνσεως ιδιώτη σχετικά με την κατάσταση υποβαθμίσεως του τόπου; 7) Απαγορεύει η […] νομοθεσία [της Ένωσης], και ιδίως η οδηγία [92/43], νομοθεσία κράτους μέλους που επιβάλλει την κίνηση διαδικασίας αποχαρακτηρισμού τόπου που περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 για την προστασία αποκλειστικά ιδιωτικών συμφερόντων οικονομικής φύσεως; 8) Απαγορεύει η […] νομοθεσία [της Ένωσης], και ιδίως η οδηγία [92/43], νομοθεσία κράτους μέλους που προβλέπει, εφόσον υφίστανται έργα υποδομών γενικού, κοινωνικού και οικονομικού, ενδιαφέροντος, που έχουν αναγνωριστεί και από την [Ένωση], αλλά μπορούν να αποδειχθούν επιβλαβή για φυσικό οικότοπο που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με την οδηγία, την κίνηση διαδικασίας αποχαρακτηρισμού του τόπου και τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τη διασφάλιση της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000; 9) Απαγορεύει η […] νομοθεσία [της Ένωσης], και ιδίως η οδηγία [92/43], νομοθεσία κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία, σε σχέση με τους φυσικούς οικοτόπους, επιρροή ασκούν τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιωτών ιδιοκτητών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια την έκδοση πράξεως που επιβάλλει τον επανακαθορισμό των ορίων του τόπου; 10) Απαγορεύει η […] νομοθεσία [της Ένωσης], και ιδίως η οδηγία [92/43], νομοθεσία κράτους μέλους που προβλέπει αποχαρακτηρισμό του τόπου σε περίπτωση υποβαθμίσεως που οφείλεται στον άνθρωπο και όχι σε φυσικούς παράγοντες;» Επί των προδικαστικών ερωτημάτων Επί του πρώτου, του τετάρτου και του πέμπτου ερωτήματος Με το πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο ερώτημα, που πρέπει να εξεταστούν από κοινού, το αιτούν δικαστήριο ζητεί κατά βάση να διευκρινιστεί αν τα άρθρα 4, παράγραφος 1, 9 και 11 της οδηγίας 92/43 έχουν την έννοια ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να προτείνουν στην Επιτροπή τον αποχαρακτηρισμό ενός τόπου περιλαμβανομένου στον κατάλογο των ΤΚΣ όταν στις αρχές αυτές υποβάλλεται αίτημα εκ μέρους του κυρίου εκτάσεως ευρισκομένης εντός του τόπου αυτού, ο οποίος επικαλείται την περιβαλλοντική υποβάθμιση του εν λόγω τόπου. Πριν εξεταστεί αν η οδηγία αυτή προβλέπει τον αποχαρακτηρισμό τόπου περιλαμβανομένου στον κατάλογο των ΤΚΣ, πρέπει να υπομνησθεί η διαδικασία την οποία προβλέπει η εν λόγω οδηγία για την ένταξη ενός τόπου στον κατάλογο αυτόν. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της ίδιας οδηγίας, η ένταξη αυτή αποφασίζεται από την Επιτροπή κατόπιν προτάσεως του οικείου κράτους μέλους. Συναφώς, το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 92/43 ορίζει περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη προτείνουν, ενδεχομένως, την προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου βάσει των αποτελεσμάτων της εποπτείας της καταστάσεως διατηρήσεως των ειδών και των φυσικών οικοτόπων την οποία τα κράτη αυτά ασκούν σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας αυτής. Περαιτέρω, το άρθρο 4, παράγραφος 4, της εν λόγω οδηγίας προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ορίζουν όλους τους περιλαμβανομένους στον κατάλογο των ΤΚΣ τόπους ως ΕΖΔ. Καίτοι ουδεμία διάταξη της ίδιας οδηγίας προβλέπει ρητώς τον αποχαρακτηρισμό ενός τόπου περιλαμβανομένου στον κατάλογο των ΤΚΣ, πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το άρθρο 9 της οδηγίας 92/43 παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εξετάσει τον αποχαρακτηρισμό μιας ΕΖΔ όταν τούτο δικαιολογείται από τη φυσική εξέλιξη, στο πλαίσιο της εποπτείας την οποία τα κράτη μέλη ασκούν σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας αυτής. Εντούτοις, ένας τέτοιος αποχαρακτηρισμός συνεπάγεται οπωσδήποτε τον αποχαρακτηρισμό ενός ΤΚΣ, διότι, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 4, της εν λόγω οδηγίας, όλοι οι ΤΚΣ πρέπει να προσδιορίζονται ως ΕΖΔ από τα κράτη μέλη. Εξ αυτού συνάγεται ότι η προσαρμογή του καταλόγου των ΤΚΣ την οποία τα κράτη μέλη προτείνουν στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας μπορεί να περιλαμβάνει τον αποχαρακτηρισμό ενός τόπου περιλαμβανομένου στον κατάλογο των ΤΚΣ, ο οποίος, ελλείψει ειδικών διατάξεων, πρέπει να πραγματοποιείται με βάση την ίδια διαδικασία όπως και η ένταξη τόπου στον εν λόγω κατάλογο. Συναφώς, πρέπει να σημειωθεί ότι, μολονότι από τους κανόνες περί διαδικασίας προσδιορισμού των τόπων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ΕΖΔ, που προβλέπει η οδηγία, προκύπτει ότι τα κράτη μέλη έχουν ορισμένο περιθώριο εκτιμήσεως προκειμένου περί των κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1, προτάσεών τους, τα ως άνω κράτη υποχρεούνται ωστόσο να τηρούν στο πλαίσιο αυτό τα κριτήρια που θέτει η οδηγία (βλ., ιδίως, απόφαση Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, C-67/99, EU:C:2001:432 , σκέψη 33). Επομένως, όταν τα αποτελέσματα της εποπτείας την οποία τα κράτη αυτά ασκούν βάσει του άρθρου 11 της εν λόγω οδηγίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα κριτήρια αυτά δεν μπορούν πλέον, κατά τρόπο μη αναστρέψιμο, να τηρούνται τα εν λόγω κράτη οφείλουν οπωσδήποτε να διατυπώνουν, δυνάμει του άρθρου 4, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας, πρόταση προσαρμογής του καταλόγου των ΤΚΣ με σκοπό να καταστεί ο κατάλογος αυτός εκ νέου σύμφωνος προς τα εν λόγω τα κριτήρια. Έτσι, όταν ένας τόπος περιλαμβανόμενος στον κατάλογο των ΤΚΣ οριστικώς δεν μπορεί πλέον να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 92/43 και, επομένως, δεν δικαιολογείται πλέον να υπόκειται ο τόπος αυτός στις διατάξεις της ως άνω οδηγίας, το εμπλεκόμενο κράτος μέλος υποχρεούται να προτείνει στην Επιτροπή τον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω τόπου. Πράγματι, αν το κράτος αυτό δεν πρότεινε τον ως άνω αποχαρακτηρισμό, θα μπορούσε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ματαίως πόρους για τη διαχείριση του ίδιου τόπου κατά τρόπο που θα στερείτο κάθε χρησιμότητας για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών. Επιπλέον, η διατήρηση στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 τόπων οι οποίοι, οριστικώς, δεν συμβάλλουν πλέον στην επίτευξη των σκοπών αυτών δεν θα ήταν σύμφωνη προς τις ποιοτικές απαιτήσεις του εν λόγω δικτύου. Η υποχρέωση που υπέχουν τα κράτη μέλη να προτείνουν στην Επιτροπή τον αποχαρακτηρισμό ενός τόπου περιλαμβανομένου στον κατάλογο των ΤΚΣ ο οποίος κατά τρόπο μη αναστρέψιμο πλέον δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 92/43 επιβάλλεται ακόμα επιτακτικότερα όταν ο τόπος αυτός περιλαμβάνει έκταση ανήκουσα σε ιδιοκτήτη η άσκηση του δικαιώματος ιδιοκτησίας του οποίου περιορίζεται λόγω της εντάξεως της εκτάσεως αυτής στον ως άνω κατάλογο, χωρίς να δικαιολογείται πλέον η συνέχιση της υπαγωγής του τόπου αυτού στις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. Πράγματι, όπως τόνισε η γενική εισαγγελέας στο σημείο 39 των προτάσεών της, εφόσον οι ιδιότητες του οικείου τόπου ικανοποιούν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων κατέστη δυνατός ο χαρακτηρισμός του ως φυσικού οικοτόπου, οι περιορισμοί του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, καταρχήν, δικαιολογούνται από τον σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος τον οποίο επιδιώκει η εν λόγω οδηγία (βλ., επ’ αυτού, απόφαση Križan κ.λπ., C-416/10, EU:C:2013:8 , σκέψεις 113 έως 115). Εάν όμως εξέλιπαν εν τω μεταξύ οι εν λόγω ιδιότητες, ο περαιτέρω περιορισμός της χρήσεως της οικείας εκτάσεως μπορεί να συνιστά προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι μόνη η προβολή του επιχειρήματος της περιβαλλοντικής υποβαθμίσεως ενός ΤΚΣ εκ μέρους του κύριου της ευρισκομένης εντός του τόπου αυτού εκτάσεως δεν αρκεί, καθαυτή, ώστε να κινηθεί η διαδικασία προσαρμογής του καταλόγου των ΤΚΣ. Έχει ουσιώδη σημασία η υποβάθμιση αυτή να καθιστά κατά τρόπο μη αναστρέψιμο τον εν λόγω τόπο ακατάλληλο προς εξασφάλιση της διατηρήσεως των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή όσον αφορά τη δημιουργία του δικτύου Natura 2000, έτσι ώστε ο τόπος αυτός να μην μπορεί πλέον να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της εν λόγω οδηγίας όπως εκτίθενται στα άρθρα 2 και 3 αυτής. Πράγματι, όπως προκύπτει από το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της ίδιας οδηγίας, η ένταξη ενός τόπου στον κατάλογο αυτό έγινε με σκοπό την επίτευξη των σκοπών της διατηρήσεως και της δημιουργίας του ως άνω δικτύου. Έτσι, μια οποιαδήποτε υποβάθμιση τόπου περιλαμβανομένου στον κατάλογο των ΤΚΣ δεν δικαιολογεί οπωσδήποτε τον αποχαρακτηρισμό του. Συναφώς, πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4, παράγραφος 5, της οδηγίας αυτής, επιβάλλει στα κράτη μέλη να προστατεύουν τους ΤΚΣ λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται σε αυτούς. Η εκ μέρους κράτους μέλους παράβαση της εν λόγω υποχρεώσεως προστασίας όσον αφορά συγκεκριμένο τόπο δεν δικαιολογεί οπωσδήποτε τον αποχαρακτηρισμό του τόπου αυτού (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, C-418/04, EU:C:2007:780 , σκέψεις 83 έως 86). Αντιθέτως, στο κράτος αυτό εναπόκειται να λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας του εν λόγω τόπου. Επιπλέον, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τόπος περιλαμβανόμενος στον κατάλογο των ΤΚΣ δεν μπορεί κατά νόμον να θίγεται σημαντικά από σχέδιο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς προστασίας της οδηγίας 92/43 παρά μόνον εφόσον τηρούνται οι κανόνες τους οποίους θέτει το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας αυτής, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 4, παράγραφος 5, της εν λόγω οδηγίας, οι οποίοι επιβάλλουν την κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, ενδεχομένως, τη λήψη κάθε αναγκαίου αντισταθμιστικού μέτρου για την προστασία του. Εξάλλου, όσον αφορά τα σχέδια ή τα έργα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας 92/43 κατά τον χρόνο πραγματοποιήσεώς τους, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να αποκλείεται η δυνατότητα κράτους μέλους, κατ’ αναλογία προς την προβλεπόμενη από το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας αυτής διαδικασία, να επικαλεστεί, στο πλαίσιο εθνικής διαδικασίας εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίου ή έργου που ενδέχεται να θίξει σημαντικά τα συμφέροντα διατηρήσεως ενός τόπου, λόγους δημοσίου συμφέροντος και, εφόσον πληρούνται κατ’ ουσίαν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, να επιτρέψει δραστηριότητα η οποία, κατόπιν τούτου, δεν θα απαγορεύεται πλέον από την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Ωστόσο, για να μπορεί να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 92/43, πρέπει να έχουν εξεταστεί, προηγουμένως, οι επιπτώσεις του σχεδίου ή του έργου σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής (βλ. απόφαση Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-404/09, EU:C:2011:768 , σκέψεις 156 και 157) Επομένως, οι αρμόδιες εθνικές αρχές υποχρεούνται συναφώς να προτείνουν τον αποχαρακτηρισμό ενός τόπου μόνον αν, παρά την τήρηση των διατάξεων αυτών, ο τόπος αυτός κατά τρόπο μη αναστρέψιμο πλέον δεν μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 92/43, έτσι ώστε ο χαρακτηρισμός του ως ΤΚΣ να μην είναι πλέον δικαιολογημένος. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σκέψεων, στο πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα άρθρα 4, παράγραφος 1, 9 και 11 της οδηγίας 92/43 έχουν την έννοια ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να προτείνουν στην Επιτροπή τον αποχαρακτηρισμό τόπου περιλαμβανομένου στον κατάλογο των ΤΚΣ όταν υποβάλλεται στις αρχές αυτές αίτηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη εκτάσεως ευρισκομένης εντός του τόπου αυτού ο οποίος επικαλείται την περιβαλλοντική υποβάθμιση του τελευταίου, υπό την προϋπόθεση óμως ότι η αίτηση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι, παρά την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφοι 2 έως 4, της εν λόγω οδηγίας, ο εν λόγω τόπος οριστικώς δεν μπορεί πλέον να συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή στη δημιουργία του δικτύου Natura 2000. Επί του δευτέρου ερωτήματος Λαμβανομένης υπόψη της απαντήσεως που δόθηκε στο πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο ερώτημα, παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα, καθόσον η απάντηση σε αυτό δεν είναι πλέον απολύτως αναγκαία για την επίλυση της διαφοράς της κύριας δίκης. Επί του τρίτου ερωτήματος Με το τρίτο ερώτημά του το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί, κατά βάση, αν τα άρθρα 4, παράγραφος 1, 9 και 11 της οδηγίας 92/43 έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στην εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως που παρέχει μόνο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και στις περιφερειακές αρχές την αρμοδιότητα να προτείνουν την προσαρμογή του καταλόγου των ΤΚΣ και όχι, τουλάχιστον επικουρικώς σε περίπτωση αδρανείας των αρχών αυτών, στο ίδιο το κράτος. Συναφώς, πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία αυτή επιβάλλει υποχρεώσεις στα κράτη μέλη χωρίς να αναφέρεται σε κάποια κατανομή των αρμοδιοτήτων κατά το εσωτερικό δίκαιο όσον αφορά την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων. Έτσι, η εν λόγω οδηγία δεν διευκρινίζει τις ειδικότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την κατά το εσωτερικό δίκαιο άσκηση της αρμοδιότητας για την πρόταση προσαρμογής του καταλόγου των ΤΚΣ. Ελλείψει μιας τέτοιας διευκρινίσεως, πρέπει να τηρείται ο κανόνας του άρθρου 288, τρίτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, κατά τον οποίο η οδηγία, δεσμεύουσα κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Ο καθορισμός των αρμόδιων για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία 92/43 εθνικών αρχών εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτή. Συναφώς, το δίκαιο της Ένωσης απαιτεί μόνον η μεταφορά της οδηγίας 92/43 στο εσωτερικό δίκαιο, περιλαμβανομένου του ως άνω καθορισμού, να εξασφαλίζει πράγματι την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας κατά τρόπο αρκούντως σαφή και συγκεκριμένο (βλ. επ’ αυτού, ιδίως, απόφαση Επιτροπή κατά Αυστρίας, C-507/04, EU:C:2007:427 , σκέψη 89). Πράγματι, καίτοι κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να κατανέμει, όπως εκείνο κρίνει, τις αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο και να εφαρμόζει τις οδηγίες με μέτρα των περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ωστόσο, η κατανομή αυτή αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να το απαλλάξει από την υποχρέωση πλήρους εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία αυτή. Κατά συνέπεια, το δίκαιο της Ένωσης δεν απαιτεί η ανατιθέμενη σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και σε περιφερειακές αρχές αρμοδιότητα εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω οδηγία να συμπληρώνεται με μια επικουρική αρμοδιότητα του κράτους. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις που υπέχει ένα κράτος μέλος δυνάμει της οδηγίας αυτής και, ειδικότερα, η υποχρέωσή του να προτείνει την προσαρμογή του καταλόγου των ΤΚΣ δεν συνεπάγονται, όσον αφορά την εσωτερική κατανομή των αρμοδιοτήτων, ότι το κράτος οφείλει, ενδεχομένως, να υποκαθιστά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως σε περίπτωση αδρανείας αυτών. Εντούτοις, το δίκαιο της Ένωσης απαιτεί όλα τα μέτρα εποπτείας και ελέγχου τα οποία έχουν θεσπισθεί βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται από την εθνική έννομη τάξη να είναι αρκούντως αποτελεσματικά ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή συμμόρφωση προς τις επιταγές της οδηγίας 92/43 (βλ., επ’ αυτού, απόφαση Γερμανία κατά Επιτροπής, C-8/88, EU:C:1990:241 , σκέψη 13). Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σκέψεων, στο τρίτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι τα άρθρα 4, παράγραφος 1, 9 και 11 της οδηγίας 92/43 έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται στην εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως που παρέχει μόνο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και στις περιφερειακές αρχές την αρμοδιότητα να προτείνουν την προσαρμογή του καταλόγου των ΤΚΣ και όχι, τουλάχιστον επικουρικώς σε περίπτωση αδρανείας αυτών, στο κράτος, εφόσον η ως άνω παροχή αρμοδιοτήτων εγγυάται την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας. Επί του έκτου ερωτήματος και επί των ακολούθων ερωτημάτων Πρέπει να υπομνησθεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 267 ΕΚ, εναπόκειται αποκλειστικώς στο εθνικό δικαστήριο που έχει επιληφθεί της διαφοράς και φέρει την ευθύνη της εκδοθησόμενης δικαστικής αποφάσεως να εκτιμήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της υποθέσεως, τόσο την ανάγκη εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως προκειμένου το ίδιο να αποφανθεί όσο και το λυσιτελές των ερωτημάτων που υποβάλλει στο Δικαστήριο. Συνεπώς, εφόσον τα υποβληθέντα ερωτήματα αφορούν την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης, το Δικαστήριο υποχρεούται καταρχήν να απαντήσει (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105 , σκέψη 39 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Το τεκμήριο λυσιτέλειας που ισχύει όσον αφορά τα προδικαστικά ερωτήματα που υποβάλλουν τα εθνικά δικαστήρια μπορεί να ανατραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οσάκις είναι πρόδηλον ότι η ζητούμενη ερμηνεία του δικαίου τη Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης ή οσάκις το πρόβλημα είναι υποθετικής φύσεως, ή ακόμα το Δικαστήριο δεν έχει στη διάθεσή του τα πραγματικά ή νομικά στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου να δώσει χρήσιμη απάντηση στα ερωτήματα που του υποβάλλονται. Εν προκειμένω, όπως το ίδιο το αιτούν δικαστήριο αναγνωρίζει στην αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, δεν αμφισβητείται ότι το έκτο μέχρι και το δέκατο ερώτημα, τα οποία πρότεινε ενώπιόν του η Regione Lombardia, είναι υποθετικής φύσεως. Πράγματι, κατά τα στοιχεία που παρέσχε το δικαστήριο αυτό, τα ως άνω ερωτήματα αναφέρονται σε ρυθμίσεις που δεν υφίστανται επί του παρόντος στην ιταλική έννομη τάξη. Κατά συνέπεια, το έκτο μέχρι και το δέκατο ερώτημα πρέπει να κριθούν απαράδεκτα. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται: 1) Τα άρθρα 4, παράγραφος 1, 9 και 11 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν την έννοια ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποχρεούνται να προτείνουν στην Επιτροπή τον αποχαρακτηρισμό τόπου περιλαμβανομένου στον κατάλογο των ΤΚΣ όταν υποβάλλεται στις αρχές αυτές αίτηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη εκτάσεως ευρισκομένης εντός του τόπου αυτού ο οποίος επικαλείται την περιβαλλοντική υποβάθμιση του τελευταίου, υπό την προϋπόθεση óμως ότι η αίτηση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι, παρά την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 6, παράγραφοι 2 έως 4, της εν λόγω οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε, ο εν λόγω τόπος οριστικώς δεν μπορεί πλέον να συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή στη δημιουργία του δικτύου Natura 2000. 2) Τα άρθρα 4, παράγραφος 1, 9 και 11 της οδηγίας 92/43, όπως τροποποιήθηκε με την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται στην εφαρμογή εθνικής ρυθμίσεως που παρέχει μόνο στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και στις περιφερειακές αρχές την αρμοδιότητα να προτείνουν την προσαρμογή του καταλόγου των ΤΚΣ και όχι, τουλάχιστον επικουρικώς σε περίπτωση αδρανείας αυτών, στο κράτος, εφόσον η ως άνω παροχή αρμοδιοτήτων εγγυάται την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.

62016CJ0132

mt

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 26(1) u tal-Artikoli 168 u 176 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud ( ĠU 2006, L 347, p. 1 ). Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ tilwima bejn id-Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia (direttur tad-direttorat “appell u prassi fil-qasam ta’ tassazzjoni u ta’ sigurtà soċjali” ta’ Sofija, il-Bulgarija), u “Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD (iktar ’il quddiem “Iberdrola”) rigward żewġ avviżi ta’ rettifika indirizzati lil din tal-aħħar u li jirrigwardaw id-dritt għal tnaqqis tat-taxxa tal-input fuq il-valur miżjud (VAT) imħallsa. Il-kuntest ġuridiku Id-dritt tal-Unjoni L-Artikolu 26 tad-Direttiva 2006/112 jipprevedi: “1.   Kull waħda minn dawn it-transazzjonijiet li ġejjin għandha titqies bħala provvista ta’ servizzi bi ħlas: […] b) il-provvista ta’ servizzi magħmula mingħajr ħlas minn persuna taxxabbli għall-użu privat tagħha jew għall-persunal tagħha, jew b’mod iktar ġenerali, għal skopijiet barra dawk tan-negozju tagħha. 2.   L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-paragrafu 1, sakemm din id-deroga ma twassalx għal distorsjoni tal-kompetizzjoni.” L-Artikolu 168 ta’ din id-direttiva jipprovdi: “Sakemm il-merkanzija u s-servizzi jintużaw għall-iskopijiet tat-transazzjonijiet taxxabbli ta’ persuna taxxabbli, il-persuna taxxabbli għandha tkun intitolata, fl-Istat Membru li fih twettaq dawn it-transazzjonijiet, li tnaqqas mll-VAT li għandha tħallas dan li ġej: a) il-VAT dovuta jew imħallsa f’dak l-Istat Membru rigward provvisti li sarulha ta’ merkanzija jew servizzi, li twettqu jew li għad iridu jitwettqu minn persuna taxxabli oħra; […]” L‑Artikolu 176 tal-imsemmija direttiva jipprovdi: “Il-Kunsill, li jaġixxi unanimament fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu jistabbilixxi n-nefqa li fir-rispett tagħha l-VAT m’għandhiex tkun tista’ titnaqqas. It-VAT fl-ebda ċirkostanza m’għandha tkun tista’ titnaqqas fir-rigward tan-nefqa li mhijiex strettament nefqa tan-negozju, bħal dik fuq il-lussu, pjaċiri jew divertiment. Sa kemm id-disposizzjonijiet imsemmija fl-ewwel paragrafu jidħlu fis–seħħ, l-Istati Membri jistgħu jżommu l-esklużjonijiet kollha pprovduti skond il-liġijiet nazzjonali fl-1 ta’ Jannar 1979 jew, fil-każ ta’ l-Istati Membri li aderew għall-Komunità wara dik id-data, fid-data ta’ l-adeżjoni tagħhom.” Id-dritt Bulgaru L-Artikolu 68 taz-Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (liġi dwar it-taxxa fuq il-valur miżjud, DV Nru 63, tal-4 ta’ Awwissu 2006), fil-verżjoni tiegħu applikabbli għall-kawża prinċipali (iktar ’il quddiem iz-“ZDDS”), jipprevedi, fil-paragrafu 1 tiegħu: “Il-kreditu ta’ taxxa huwa l-ammont ta’ VAT li persuna taxxabbli rreġistrata għandha d-dritt li tnaqqas mill-VAT li hija taxxabbli għaliha skont din il-liġi għal: 1) oġġetti jew servizzi li hija rċeviet waqt kunsinna jew provvista ta’ servizzi taxxabbli; […]” Skont l-Artikolu 69(1) taz-ZDDS: “Meta l-oġġetti u l-provvisti ta’ servizzi jiġu użati għall-ħtiġijiet ta’ provvisti taxxabbli magħmula mill-persuna taxxabbli rreġistrata, din il-persuna tkun intitolata li tnaqqas: 1) it-taxxa fuq l-oġġetti jew fuq il-provvista ta’ servizzi li l-fornitur, meta dan tal-aħħar ikun persuna taxxabbli rreġistrata skont din il-liġi – jipprovdilha jew għandu jipprovdilha; […]” L‑Artikolu 70 taz-ZDDS jistabbilixxi li: “1.   Anki jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 69 jew fl-Artikolu 74 jiġu ssodisfatti, id-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input imħallsa ma jeżistix meta: […] 2) l-oġġetti jew is-servizzi jkunu intiżi għal provvisti bla ħlas jew għal attivitajiet li ma jkunux parti mill-attività ekonomika tal-persuna taxxabbli; […]” Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari Il-komun ta’ Tsarevo (il-Bulgarija) kiseb, inkwantu kuntrattur, permess ta’ bini sabiex jirriabilita l-istazzjon għall-ippumpjar ta’ ilma mormi li jaqdi kumpless għat-turisti li jinsab fit-territorju tiegħu. Iberdrola hija investitur privat li akkwistat diversi artijiet f’dan il-kumpless għat-turisti sabiex tibni proprjetajiet immobbli li jinkludu madwar 300 appartament iddestinati għal residenza tal-istaġun. Permessi għal bini kienu nħarġu wkoll għal spazji ta’ servizzi pubbliċi, spazji għal-ipparkjar u għal tagħmir fil-miftuħ. Iberdrola kkonkludiet kuntratt mal-komun ta’ Tsarevo li kien jirrigwarda r-riabilitazzjoni tal-istazzjon għall-ippumpjar permezz ta’ xogħlijiet ta’ kostruzzjoni u ta’ titjib ta’ dan l-istazzjon u ordnathom mingħand kumpannija terza. Fi tmiem ix-xogħlijiet, il-proprjetajiet immobbli li Iberdrola ppjanat li tibni fil-kumpless għat-turisti jistgħu jingħaqdu mal-istazzjon għall-ippumpjar. Il-Varhoven administrativen sad (qorti amministrattiva suprema, il-Bulgarija), issemmi l-opinjoni ta’ perit li jgħid li mingħajr din ir-riabilitazzjoni, din il-konnessjoni hija impossibbli, peress li l-inkanalar eżistenti huwa insuffiċjenti. L-ispejjeż indikati fil-fattura għar-riabilitazzjoni tal-istazzjon għall-ippumpjar tniżżlu fil-kontijiet ta’ Iberdrola bħala “spejjeż ikkonstatati bil-quddiem” inkwantu spejjeż għall-akkwist ta’ assi fissi tanġibbli, u fil-kont ta’ qligħ u telf tagħha bħala stocks għas-snin 2009 u 2010. Skont il-perit, teżisti rabta bejn il-provvisti indikati fil-fattura u l-oġġetti u s-servizzi li Iberdrola għandha tikkunsinna wara l-kostruzzjoni tal-proprjetajiet immobbli awtorizzata fuq l-artijiet tagħha. L-amministrazzjoni fiskali kkunsidrat li Iberdrola ma setgħetx tnaqqas il-VAT tal-input imħallsa għal ammont ta’ BGN 147635 (leva Bulgara) (madwar EUR 74284) u indirizzatilha avviż ta’ rettifika kif koll avviż li jemenda l-avviż ta’ rettifika. L‑Administrativen sad Sofia – grad (qorti amministrattiva ta’ Sofija, il-Bulgarija) madankollu annullat dawn l-avviżi. Hija kkunsidrat li l-komun ta’ Tsarevo bbenefika minn provvista ta’ servizzi mingħajr ħlas li kienet tikkonsisti fit-twettiq ta’ xogħlijiet ta’ riabilitazzjoni tal-istazzjon għall-ippumpjar. Madankollu, din il-provvista ta’ servizzi mingħajr ħlas ma kinitx tiġġustifika, fil-fehma tagħha, l-applikazzjoni tal-Artikolu 70(1)(2) taz-ZDDS peress li dawn ix-xogħlijiet jintużaw fil-kuntest tal-attività ekonomika ta’ Iberdrola, jiġifieri l-konnessjoni mal-istazzjon għall-ippumpjar tal-proprjetajiet immobbli li għalihom kien inħareġ permess għal bini. Skont din il-qorti, sabiex jiġi rrikonoxxut id-dritt li titnaqqas VAT tal-input imħallsa għall-provvista ta’ servizzi, l-ispejjeż magħmula għal dan il-għan għandhom ikunu parti mill-ispejjeż ġenerali tal-persuna taxxabbli u jkunu element kostituttiv tal-prezz ta’ dawn is-servizzi. Ma huwiex rilevanti li x-xogħlijiet imwettqa jikkonċernaw proprjetà immobbli li tappartjeni lill-komun. Il-qorti tar-rinviju ssemmi żewġ sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja mogħtija f’kawżi li wkoll għandhom bħala oriġini l-Artikolu 70(2) taz-ZDDS, jiġifieri s-sentenza tas-16 ta’ Frar 2012, Eon Aset Menidjmunt ( C‑118/11 , EU:C:2012:97 ), u s-sentenza tat-22 ta’ Marzu 2012, Klub ( C‑153/11 , EU:C:2012:163 ). Madankollu, din il-qorti tindika li dawn is-sentenzi taw lok għal interpretazzjonijiet diverġenti min-naħa tal-qrati nazzjonali. Skont ċerti qrati, minbarra l-fatt li x-xogħlijiet saru mingħajr ħlas, iċ-ċirkustanza li x-xogħol jappartjeni lill-patrimonju tal-komun u għalhekk ma jikkostitwixxix attiv tal-impriża jipprekludi li titnaqqas il-VAT tal-input imħallsa. Skont qrati oħra, min-naħa l-oħra, l-inklużjoni tal-ispejjeż magħmula għax-xogħlijiet fl-ispejjeż ġenerali tal-impriża u l-użu tal-istazzjon għall-ippumpjar fil-kuntest tal-attività ekonomika tal-impriża jiftħu dritt għal tnaqqis. Barra minn hekk, il-qorti tar-rinviju tindika li skont id-dispożizzjoni nazzjonali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, iċ-ċirkustanza li provvista ta’ servizzi tiġi pprovduta mingħajr ħlas hija waħedha biżżejjed sabiex jiġi rrifjutat ir-rikonoxximent tad-dritt għal tnaqqis ta’ VAT tal-input imħallsa, u konsegwentement indipendentement mill-fatt jekk is-servizzi inkwistjoni ntużawx fil-kuntest tal-attività ekonomika tad-destinatarju ta’ dawn is-servizzi għal finijiet mhux relatati mal-impriża tiegħu. Din il-qorti ssostni madankollu d-differenza fir-rigward tal-Artikolu 26(1)(b) tad-Direttiva 2006/112, li jissuġġetta r-rifjut tad-dritt għal tnaqqis għall-kundizzjoni doppja li l-provvista ta’ servizzi sseħħ mingħajr ħlas u li tintuża għal finijiet mhux relatati mal-attività tal-impriża. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Varhoven administrativen sad (qorti amministrattiva suprema) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin: “1) L-Artikolu 26(1)(b), l-Artikolu 168(a) u l-Artikolu 176 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112 […] jipprekludu dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali, bħall-punt 2 tal-Artikolu 70(1) taz-Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Liġi dwar it-taxxa fuq il-valur miżjud), li tillimita d-dritt għat-tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa fir-rigward tal-provvista ta’ servizzi ta’ kostruzzjoni jew ta’ xogħlijiet ta’ titjib ta’ proprjetà immobbli li hija proprjetà ta’ terz, li jintużaw kemm mid-destinatarju tal-provvista u kemm mit-terz, għas-sempliċi raġuni li t-terz jikseb mingħajr ħlas l-eżitu ta’ dawn is-servizzi, mingħajr ma jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li s-servizzi ser jintużaw fil-kuntest tal-attività ekonomika tad-destinatarju, li huwa persuna taxxabbli? 2) L‑Artikolu 26(1)(b), l-Artikolu 168(a) u l-Artikolu 176 [tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112 […] jipprekludu prassi fiskali li tikkonsisti fir-rifjut li jiġi rrikonoxxut id-dritt għat-tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa fir-rigward tal-provvista ta’ servizzi f’sitwazzjoni fejn l-ispejjeż li jikkorrispondu ma’ dawn is-servizzi jiġu kkontabbilizzati fl-ispejjeż ġenerali tal-persuna taxxabbli għar-raġuni li dawn l-ispejjeż kienu sostnuti għall-kostruzzjoni jew għal xogħlijiet ta’ titjib ta’ proprjetà immobbli li hija proprjetà ta’ terz, mingħajr ma jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li din il-proprjetà immobbli ser tintuża wkoll mid-destinatarju tal-provvista tas-servizzi ta’ kostruzzjoni fil-kuntest tal-attività ekonomika tiegħu?” Fuq id-domandi preliminari L-ewwel nett, hemm lok li jiġi rrilevat li l-kawża prinċipali u d-domandi magħmula mill-qorti tar-rinviju huma relatati mal-portata tad-dritt għal tnaqqis previst mid-Direttiva 2006/112 u iktar partikolarment fl-Artikolu 168(a) tagħha. Sa fejn id-domandi magħmula jirrigwardaw l-Artikolu 176 tad-Direttiva 2006/112, għandu jitfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja diġà eżaminat dan l-artikolu fil-kuntest ta’ kawżi relatati mal-Artikolu 70 taz-ZDDS (sentenzi tas-16 ta’ Frar 2012, Eon Aset Menidjmunt, C‑118/11 , EU:C:2012:97 , punti sa u tat-18 ta’ Lulju 2013, AES-3C Maritza East 1, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , punti sa ). Għandu jiġi enfasizzat li, minkejja li l-Artikolu 70 taz-ZDDS jipprevedi esklużjoni mid-dritt għal tnaqqis eżistenti fid-data ta’ adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija fl-Unjoni Ewropea, dan l-Artikolu 176 ma jippermettix li jinżammu tali esklużjonijiet ħlief sa fejn dawn ma jipprevedux esklużjonijiet ġenerali mis-sistema ta’ tnaqqis stabbilita mid-Direttiva 2006/112 u b’mod partikolari mill-Artikolu 168 tagħha (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-23 ta’ April 2009, PARAT Automotive Cabrio, C‑74/08 , EU:C:2009:261 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Fir-rigward tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2006/112, din id-dispożizzjoni tirrigwarda n-natura taxxabbli ta’ ċerti tranżazzjonijiet. Issa, fil-kawża prinċipali, it-tilwima tirrigwarda mhux in-natura eventwalment taxxabbli tal-kunsinna mwettqa mill-persuna taxxabbli lit-terzi u dwar l-obbligu korrispondenti li titħallas il-VAT relatata magħha, iżda dwar id-dritt li titnaqqas il-VAT tal-input imħallsa li kienet imposta fuq l-ispejjeż magħmula mill-persuna taxxabbli sabiex twettaq din il-provvista. Għalhekk hemm lok li din il-kawża tiġi eżaminata mill-perspettiva ta’ dan l-Artikolu 26. Konsegwentement, għandu jiġi kkunsidrat li permezz tad-domandi tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 168(a) tad-Direttiva 2006/112 għandux jiġi interpretat fis-sens li persuna taxxabbli għandha d-dritt li tnaqqas il-VAT tal-input imħallsa għal provvista ta’ servizzi li tikkonsisti li tinbena jew tittejjeb beni immobbli li terzi tkun proprjetarju tagħha, meta din tal-aħħar tkun ibbenefikat mingħajr ħlas mir-riżultat ta’ dawn is-servizzi u li dawn jintużaw kemm minn din il-persuna taxxabbli kif ukoll minn din it-terzi fil-kuntest tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom. Fir-rigward tal-kwistjoni jekk id-dritt għal tnaqqis previst fl-Artikolu 168(a) tad-Direttiva 2006/112 jipprekludix dispożizzjoni, bħall-Artikolu 70 taz-ZDDS, hemm lok li jitfakkar li dan id-dritt jagħmel parti integrali mill-mekkaniżmu tal-VAT u fil-prinċipju, ma jistax jiġi limitat. Dan jiġi eżerċitat immedjatament għat-taxxi kollha imposti fuq it-tranżazzjonijiet tal-input imwettqa (ara, f’dan is-sens, b’mod partikolari, is-sentenzi tad-29 ta’ Ottubru 2009, SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punt u tat-18 ta’ Lulju 2013, AES-3C Maritza East 1, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , punt ). Is-sistema għat-tnaqqis hija intiża, fil-fatt, sabiex ittaffi kompletament lill-imprenditur mill-piż tal-VAT dovuta jew imħallsa fil-kuntest tal-attivitajiet ekonomiċi kollha tiegħu. Is-sistema komuni tal-VAT b’hekk tiggarantixxi n-newtralità fir-rigward tal-piż fiskali tal-attivitajiet ekonomiċi kollha, ikunu xi jkunu l-għanijiet jew ir-riżultati tagħhom, bil-kundizzjoni li dawn l-attivitajiet ikunu, bħala prinċipju, huma stess suġġetti għall-VAT (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi tad-29 ta’ Ottubru 2009, SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punt , u tat-18 ta’ Lulju 2013, AES-3C Maritza East 1, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , punt ). Mill-Artikolu 168 tad-Direttiva 2006/112 jirriżulta li, sa fejn il-persuna taxxabbli, li taġixxi bħala tali fil-mument meta takkwista oġġett jew tikseb servizz, tuża dan l-oġġett jew dan is-servizz għall-bżonnijiet tat-tranżazzjonijiet taxxabbli tagħha, din hija awtorizzata li tnaqqas il-VAT dovuta jew imħallsa għall-imsemmija oġġett jew l-imsemmi servizz (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-22 ta’ Ottubru 2015, Sveda, C‑126/14 , EU:C:2015:712 , punt ). Skont ġurisprudenza stabbilita, l-eżistenza ta’ rabta diretta u immedjata bejn tranżazzjoni partikolari tal-input u tranżazzjoni jew numru ta’ tranżazzjonijiet tal-output li jagħtu dritt għal tnaqqis bħala prinċipju hija neċessarja sabiex dritt għal tnaqqis tal-VAT tal-input jiġi rrikonoxxut fil-konfront tal-persuna taxxabbli u sabiex tiġi stabbilita l-portata ta’ dan id-dritt. Id-dritt għal tnaqqis tal-VAT imposta fuq l-akkwist ta’ oġġetti jew ta’ servizzi tal-input jippreżupponi li l-ispejjeż sostnuti għall-akkwist tagħhom jagħmlu parti mill-elementi kostituttivi tal-prezz tat-tranżazzjonijiet tal-output intaxxati li jagħtu dritt għal tnaqqis (sentenzi tad-29 ta’ Ottubru 2009, SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punt , u tat-18 ta’ Lulju 2013, AES-3C Maritza East 1, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , punt ). Madankollu dritt għal tnaqqis huwa aċċettat ukoll favur il-persuna taxxabbli, anki fl-assenza ta’ rabta diretta u immedjata bejn tranżazzjoni tal-input partikolari u tranżazzjoni waħda jew iktar tal-output li jagħtu dritt għal tnaqqis, meta l-ispejjeż tas-servizzi inkwistjoni jagħmlu parti mill-ispejjeż ġenerali ta’ din tal-aħħar u jkunu, bħala tali, elementi li jikkostitwixxu l-prezz tal-oġġetti jew tas-servizzi li din il-persuna tipprovdi. Dawn l-ispejjeż għandhom, fil-fatt, rabta diretta u immedjata mal-attività ekonomika kollha tal-persuna taxxabbli (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi tad-29 ta’ Ottubru 2009, SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punt , u tat-18 ta’ Lulju 2013, AES-3C Maritza East 1, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , punt ). Min-naħa l-oħra, meta oġġetti jew servizzi akkwistati minn persuna taxxabbli għandhom rabta mat-tranżazzjonijiet eżentati jew ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-VAT, ma jista’ jkun hemm la ġbir ta’ taxxa tal-output u lanqas tnaqqis ta’ dak tal-input (ara, f’dan is-sens, b’mod partikolari, is-sentenza tad-29 ta’ Ottubru 2009, SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , punt ). Mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jirriżulta li, fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-kriterju tar-rabta diretta li taqa’ fuq l-amministrazzjonijiet fiskali u fuq il-qrati nazzjonali, dawn għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi kollha li fihom seħħew it-tranżazzjonijiet inkwistjoni u li jieħdu inkunsiderazzjoni biss it-tranżazzjonijiet li huma oġġettivament marbuta mal-attività taxxabbli tal-persuna taxxabbli. L-eżistenza ta’ tali rabta għandha għalhekk tiġi evalwata fid-dawl tal-kontenut oġġettiv tat-tranżazzjoni inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-22 ta’ Ottubru 2015, Sveda, C‑126/14 , EU:C:2015:712 , punt ). Sabiex tingħata risposta għall-kwistjoni jekk, f’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, Iberdrola għandhiex id-dritt li tnaqqas il-VAT tal-input imħallsa sabiex tirriabilita l-istazzjon għall-ippumpjar tal-ilma mormi, għandu għalhekk jiġi stabbilit jekk teżistix rabta diretta u immedjata bejn, minn naħa, dan is-servizz ta’ riabilitazzjoni u, min-naħa l-oħra, tranżazzjoni tal-output intaxxata mwettqa minn Iberdrola jew l-attività ekonomika ta’ din il-kumpannija. Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li mingħajr ir-riabilitazzjoni ta’ dan l-istazzjon għall-ippumpjar, ir-rabta tiegħu ma’ proprjetajiet immobbli li Iberdrola kienet tippjana li tibni kienet tkun impossibbli, b’tali mod li dan ir-riabilitazzjoni kienet indispensabbli sabiex jitwettaq dan il-proġett u li, konsegwentement, fin-nuqqas ta’ tali riabilitazzjoni, Iberdrola ma setgħetx teżerċita l-attività ekonomika tagħha. Tali ċirkustanzi jistgħu juru l-eżistenza ta’ rabta diretta u immedjata bejn is-servizz ta’ riabilitazzjoni tal-istazzjon għall-ippumpjar tal-ilma mormi li jappartjeni lill-komun ta’ Tsarevo u tranżazzjoni tal-input intaxxata mwettqa minn Iberdrola, peress li kien jidher li dan is-servizz ġie pprovdut sabiex din tal-aħħar tkun tista’ twettaq il-proġett ta’ kostruzzjoni inkwistjoni fil-kawża prinċipali. Il-fatt li l-komun ta’ Tsarevo japprofitta wkoll minn dan is-servizz ma jistax jiġġustifika li d-dritt għal tnaqqis korrispondenti miegħu jiġi rrifjutat lil Iberdrola jekk l-eżistenza ta’ tali rabta diretta u immedjata hija stabbilita, ħaġa li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika. F’dan ir-rigward, għandha tittieħed inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanza li s-servizz ta’ riabilitazzjoni tal-input inkwistjoni fil-kawża prinċipali huwa element kostituttiv tal-prezz ta’ tranżazzjoni tal-output intaxxata mwettqa minn Iberdrola. Fid-dawl ta’ dan, hija wkoll il-qorti tar-rinviju li għandha teżamina jekk dan is-servizz huwiex limitat għal dak li kien neċessarju sabiex tiġi żgurata l-konnessjoni tal-proprjetajiet immobbli mibnija minn Iberdrola mal-istazzjon għall-ippumpjar tal-ilma mormi inkwistjoni fil-kawża prinċipali, jew jekk dan eċċediex dak li kien neċessarju għal dan il-għan. Fl-ewwel lok, hemm lok li jiġi rrikonoxxut dritt għal tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa li kienet imposta fuq l-ispejjeż kollha sostnuti għar-riabilitazzjoni ta’ dan l-istazzjon għall-ippumpjar, billi dawn l-ispejjeż jistgħu jitqiesu li huma marbuta b’mod dirett u immedjat mal-attività ekonomika tal-persuna taxxabbli. Min-naħa l-oħra, fil-każ fejn ix-xogħlijiet ta’ riabilitazzjoni ta’ dan l-istazzjon għall-ippumpjar jaqbżu l-bżonnijiet iġġenerati unikament mill-proprjetajiet immobbli mibnija minn Iberdrola, l-eżistenza ta’ rabta diretta u immedjata bejn dan is-servizz u t-tranżazzjoni tal-output intaxxata mwettqa minn Iberdrola, li tikkonsisti li jinbnew dawn il-proprjetajiet immobbli, tkun parzjalment interrotta u dritt għal tnaqqis għalhekk ma għandux jiġi rrikonoxxut lil Iberdrola ħlief għall-VAT tal-input imħallsa li kienet imposta fuq il-parti mill-ispejjeż sostnuti għar-riabilitazzjoni tal-istazzjon għall-ippumpjar tal-ilma mormi inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li hija oġġettivament neċessarja sabiex Iberdrola tkun tista’ twettaq it-tranżazzjonijiet intaxxati tagħha. F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li d-domandi magħmula jiġu risposti li l-Artikolu 168(a) tad-Direttiva 2006/112 għandu jiġi interpretat fis-sens li persuna taxxabbli għandha d-dritt li tnaqqas il-VAT tal-input imħallsa għal provvista ta’ servizzi li tikkonsisti li tinbena jew titjieb proprjetà immobbli li tkun proprjetà ta’ terzi, meta dan tal-aħħar jibbenefika mingħajr ħlas mir-riżultat ta’ dawn is-servizzi u li dawn jintużaw kemm minn din il-persuna taxxabbli kif ukoll minn din it-terzi fil-kuntest tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom, sa fejn dawn is-servizzi ma jaqbżux dak li huwa neċessarju sabiex din il-persuna taxxabbli tkun tista’ twettaq tranżazzjonijiet tal-input intaxxati jew fejn l-infiq tagħhom huwa inkluż fil-prezz ta’ dawn it-tranżazzjonijiet. Fuq l-ispejjeż Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura. Għal dawn il-motivi, Il‑Qorti tal-Ġustizzja (L‑Ewwel Awla) taqta’ u tiddeċiedi: L‑Artikolu 168(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, għandu jiġi interpretat fis-sens li persuna taxxabbli għandha d-dritt li tnaqqas it-taxxa fuq il-valur miżjud tal-input imħallsa għal provvista ta’ servizzi li tikkonsisti li tinbena jew titjieb proprjetà immobbli li tkun proprjetà ta’ terzi, meta din tal-aħħar tibbenefika mingħajr ħlas mir-riżultat ta’ dawn is-servizzi u li dawn jintużaw kemm minn din il-persuna taxxabbli kif ukoll minn din it-terzi fil-kuntest tal-attivitajiet ekonomiċi tagħhom, sa fejn dawn is-servizzi ma jaqbżux dak li huwa neċessarju sabiex din il-persuna taxxabbli tkun tista’ twettaq tranżazzjonijiet tal-input intaxxati jew fejn l-infiq tagħhom huwa inkluż fil-prezz ta’ dawn it-tranżazzjonijiet. Firem ( *1 ) Lingwa tal-kawża: il‑Bulgaru.

62000TJ0308(01)

el

Σκεπτικό της απόφασης Ιστορικό της διαφοράς 1. Η προσφεύγουσα, Salzgitter AG, αποτελεί μέλος ομίλου ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα μαζί με την Preussag Stahl AG και άλλες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα. 2. Στη Γερμανία, ο Zonenrandförderungsgesetz (γερμανικός νόμος για την προώθηση της αναπτύξεως της περιοχής κατά μήκος των συνόρων με την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και την πρώην Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, στο εξής: ZRFG) εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου 1971. Η νομοθεσία αυτή, με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της, εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπό το πρίσμα του άρθρου 92 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρου 87 ΕΚ) και του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 88 ΕΚ). Οι τελευταίες τροποποιήσεις του ZRFG εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ως συμβατές με τη Συνθήκη ΕΚ κρατικές ενισχύσεις (ΕΕ 1993, C 3, σ. 3). Ο ZRFG έπαυσε οριστικώς να ισχύει το 1995. 3. Εξαρχής, το άρθρο 3 του ZRFG προέβλεπε φορολογικά κίνητρα υπό τη μορφή εκτάκτων αποσβέσεων (Sonderabschreibungen) και αφορολογήτων αποθεματικών (steuerfreie Rücklagen) όσον αφορά τις επενδύσεις που πραγματοποιούνταν σε κάθε εγκατάσταση επιχειρήσεως κείμενη κατά μήκος των συνόρων με την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και την πρώην Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας (στο εξής: Zonenrandgebiet). 4. Με έγγραφο της 3ης Μαρτίου 1999, η Επιτροπή, αφού ανακάλυψε στους ετήσιους λογαριασμούς 1994/1995 και 1995/1996 της Preussag Stahl AG, εταιρία αποτελούσα πλέον μέρος του ιδίου με την προσφεύγουσα ομίλου, ότι μεταξύ 1986 και 1995 της είχαν χορηγηθεί πολλαπλές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 3 του ZRFG, ενημέρωσε την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας σχετικά με την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος 5, της αποφάσεως 2496/96/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 1996, για τη θέσπιση κοινοτικών κανόνων για τις ενισχύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα (ΕΕ L 338, σ. 42, στο εξής: έκτος κώδικας ενισχύσεων για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα). Με την εν λόγω απόφαση, δημοσιευθείσα στις 24 Απριλίου 1999 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 113, σ. 9), η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των επίμαχων ενισχύσεων. Στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, απεστάλησαν στην Επιτροπή, με έγγραφο της 10ης Μαΐου 1999, τα σχόλια των γερμανικών αρχών καθώς και οι παρατηρήσεις του μόνου παρεμβάντος τρίτου ενδιαφερομένου, της UK Steel Association, τις οποίες και διαβίβασε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 5. Στις 28 Ιουνίου 2000 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την κρατική ενίσχυση την οποία χορήγησε η Γερμανία υπέρ της προσφεύγουσας, της Preussag Stahl ΑG και των θυγατρικών του κλάδου χαλυβουργίας του ομίλου, νυν Salzgitter ΑG – Stahl und Technologie (SAG) (ΕΕ L 323, σ. 5, στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση). Δυνάμει της αποφάσεως αυτής, οι έκτακτες αποσβέσεις και τα αφορολόγητα αποθεματικά, που προβλέπονταν από το άρθρο 3 του ZRFG και χορηγήθηκαν στη SAG, όσον αφορά βασικό επιλέξιμο για ενίσχυση ποσό, αντιστοίχως, 484 και 367 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων (DEM), χαρακτηρίστηκαν ως ασύμβατες με την κοινή αγορά κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της προσβαλλομένης αποφάσεως, η Επιτροπή αξίωσε από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να ανακτήσει από την αποδέκτρια επιχείρηση τις εν λόγω ενισχύσεις και της ζήτησε να αναφέρει τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ελάμβανε για την ανάκτηση αυτή. 6. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου [νυν Γενικού Δικαστηρίου] στις 21 Σεπτεμβρίου 2000, η προσφεύγουσα άσκησε την υπό κρίση προσφυγή ακυρώσεως. Επιτράπηκε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να παρέμβει προς στήριξη των αιτημάτων της προσφεύγουσας. 7. Με την απόφαση της 1ης Ιουλίου 2004, T-308/00, Salzgitter κατά Επιτροπής (Συλλογή 2004, σ. II-1933), το Πρωτοδικείο ακύρωσε εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση. 8. Αντιθέτως, το Πρωτοδικείο, αφού απέρριψε τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και όγδοο λόγο ακυρώσεως, έκρινε, όσον αφορά τον έβδομο λόγο ο οποίος αντλείται από προσβολή της αρχής της ασφάλειας δικαίου, ότι η Επιτροπή μπορούσε, χωρίς να παραβιάσει την αρχή αυτή, να ζητήσει το 2000 την επιστροφή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στην προσφεύγουσα μεταξύ 1986 και 1995. Επομένως, ακύρωσε τα άρθρα 2 και 3 της προσβαλλομένης αποφάσεως, τα οποία αφορούν την υποχρέωση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να ανακτήσει τις κρατικές ενισχύσεις στις οποίες αναφέρεται η απόφαση αυτή. 9. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το Πρωτοδικείο έκρινε ότι παρέλκει να αποφανθεί επί του τετάρτου, πέμπτου και έκτου λόγου, σχετικά με τον υπολογισμό του ποσού των προς επιστροφή ενισχύσεων. 10. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 16 Σεπτεμβρίου 2004, η Επιτροπή άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής. Με αντίθετη αναίρεση, η προσφεύγουσα ζήτησε τη μερική αναίρεση της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, καθόσον, μεταξύ άλλων, με την εν λόγω απόφαση δεν ακυρώθηκε το άρθρο 1 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το οποίο χαρακτήριζε ως «κρατικές ενισχύσεις» τις έκτακτες αποσβέσεις και τα αφορολόγητα αποθεματικά, τα οποία της χορηγήθηκαν κατ’ εφαρμογήν του ZRFG. 11. Με την απόφαση της 22ας Απριλίου 2008, C-408/04 P, Επιτροπή κατά Salzgitter (Συλλογή 2008, σ. I-2767, στη εξής: αναιρετική απόφαση), το Δικαστήριο απέρριψε την αντίθετη αναίρεση. Αντιθέτως, αναίρεσε την απόφαση Salzgitter κατά Επιτροπής, σκέψη 7 ανωτέρω, καθόσον με την απόφαση αυτή ακυρώθηκαν τα άρθρα 2 και 3 της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Κατ’ ουσίαν, το Δικαστήριο έκρινε ότι το Πρωτοδικείο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο μη εξετάζοντας, υπό τις περιστάσεις της προκειμένης περιπτώσεως, αν η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη παράλειψη και σε καταφανή παράβαση του καθήκοντός της επιμέλειας κατά την άσκηση των ελεγκτικών εξουσιών της, καταγγέλλοντας τις επίμαχες ενισχύσεις και διατάσσοντας την ανάκτησή τους τον Ιούνιο του 2000. Στη συνέχεια, ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του Πρωτοδικείου και επιφυλάχθηκε ως προς τα δικαστικά έξοδα. Διαδικασία και αιτήματα των διαδίκων μετά την αναπομπή 12. Η υπόθεση ανατέθηκε στο έβδομο πενταμελές τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου. Δεδομένου ότι η σύνθεση των τμημάτων του Γενικού Δικαστηρίου είχε μεταβληθεί, ο εισηγητής δικαστής τοποθετήθηκε στο δεύτερο πενταμελές τμήμα, στο οποίο, κατά συνέπεια, ανατέθηκε η υπό κρίση υπόθεση. 13. Κατά το άρθρο 119, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, η προσφεύγουσα, η Επιτροπή και, ως παρεμβαίνουσα, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατέθεσαν γραπτές παρατηρήσεις. 14. Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή, το Γενικό Δικαστήριο αποφάσισε να προχωρήσει στην προφορική διαδικασία και, στο πλαίσιο των μέτρων οργανώσεως της διαδικασίας του άρθρου 64 του Κανονισμού Διαδικασίας, κάλεσε τους διαδίκους να απαντήσουν εγγράφως σε διάφορες ερωτήσεις. Οι διάδικοι συμμορφώθηκαν προς τα αιτήματα αυτά εμπροθέσμως. 15. Οι διάδικοι αγόρευσαν και απάντησαν στις ερωτήσεις του Γενικού Δικαστηρίου κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της 10ης Ιουνίου 2011. Με την ευκαιρία αυτή, το Γενικό Δικαστήριο προέβη στην ακρόαση του D. Becker, προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας της προσφεύγουσας από το 1972 έως το 2002, και του D. Boeshertz, προϊσταμένου μονάδας της Γενικής Διευθύνσεως «Ανταγωνισμός» της Επιτροπής και εισηγητή επιφορτισμένου με τον φάκελο της υποθέσεως που οδήγησε στην έκδοση, εκ μέρους της Επιτροπής, της προσβαλλόμενης αποφάσεως. 16. Η προσφεύγουσα και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο: – να ακυρώσει τα άρθρα 2 και 3 της προσβαλλομένης αποφάσεως· – να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα· και, επικουρικώς, – να ακυρώσει το άρθρο 1 της προσβαλλομένης αποφάσεως καθόσον αφορά τις επενδύσεις ύψους 17 549 000 DEM καθώς και τις επενδύσεις ύψους 332 εκατομμυρίων DΕΜ, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν εμπίπτουν στον τομέα της ΕΚΑΧ· – να ακυρώσει το άρθρο 2, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, της προσβαλλομένης αποφάσεως και να υποχρεώσει την Επιτροπή να καθορίσει το συγκεκριμένο για την επιχείρηση πραγματικό πλεονέκτημα· – να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα. 17. Η Επιτροπή ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο: – να απορρίψει την προσφυγή ως αβάσιμη· – να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα. Σκεπτικό 1. Επί του παραδεκτού του αιτήματος να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καθορίσει το πραγματικό πλεονέκτημα που αποκόμισε η επιχείρηση από τις ενισχύσεις 18. Στο πλαίσιο των επικουρικώς προβληθέντων αιτημάτων της, η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να υποχρεώσει την Επιτροπή να καθορίσει το πραγματικό πλεονέκτημα που η προσφεύγουσα αποκόμισε από τις επίμαχες ενισχύσεις, μέσω αναβολών καταβολής φόρου. 19. Υπενθυμίζεται, συναφώς, ότι, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας ακυρώσεως που του παρέχει το άρθρο 230 ΕΚ, ο δικαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να απευθύνει εντολές στα όργανα της Ένωσησ. Στο οικείο όργανο απόκειται να λάβει, δυνάμει του άρθρου 266 ΣΛΕΕ, τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση τυχόν ακυρωτικής αποφάσεως, στο πλαίσιο ασκήσεως, υπό τον έλεγχο του δικαστή της Ένωσης, της εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτει προς τούτο, συμμορφούμενο τόσο προς το διατακτικό και το σκεπτικό της αποφάσεως που υποχρεούται να εκτελέσει όσο και προς τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης (βλ., συναφώς, διάταξη του Δικαστηρίου της 29ης Νοεμβρίου 1993, T-56/92, Koelman κατά Επιτροπής, Συλλογή 1993, σ. II-1267, σκέψη 18, και απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης Ιουνίου 2000, T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 έως T-607/97, T-1/98, T-3/98 έως T-6/98 και T-23/98, Alzetta κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. II-2319, σκέψη 42 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 20. Επομένως, τα αιτήματα για τα οποία γίνεται λόγος στη σκέψη 18 ανωτέρω είναι απαράδεκτα. 2. Επί της ουσίας 21. Εφόσον η αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, ακύρωσε εν μέρει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και ανέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, το Γενικό Δικαστήριο εξετάζει, κυρίως, τον έβδομο λόγο ο οποίος αφορά την ακύρωση των άρθρων 2 και 3 της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να καθοριστεί αν η Επιτροπή, υπό τις περιστάσεις της προκειμένης περιπτώσεως, υπέπεσε σε πρόδηλη παράλειψη και σε καταφανή παράβαση του καθήκοντός της επιμέλειας κατά την άσκηση των ελεγκτικών της εξουσιών καταγγέλλοντας τις επίμαχες ενισχύσεις και διατάσσοντας την ανάκτησή τους τον Ιούνιο του 2000. 22. Επικουρικώς, αν απορριφθεί ο σχετικός με την προσβολή της ασφάλειας δικαίου λόγος, στο Γενικό Δικαστήριο απόκειται να εξετάσει τους λοιπούς λόγους ως προς τους οποίους δεν αποφάνθηκε, υπέρ μιας λιγότερο εκτεταμένης αιτήσεως ακυρώσεως. Οι λόγοι αυτοί αντλούνται, αντιστοίχως, από το ότι η Επιτροπή κακώς έκρινε ότι ορισμένες ενισχύσεις εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ, ότι ένα μέρος των ενισχύσεων αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και, τέλος, από πλάνη εκτιμήσεως αφορώσα τον ορισμό του καθοριστικού προεξοφλητικού επιτοκίου. Eπί του εβδόμου λόγου, ο οποίος αντλείται από προσβολή της αρχής της ασφάλειας δικαίου 23. Με την αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι, ακόμη και αν ο κοινοτικός νομοθέτης δεν έχει τάξει προθεσμία παραγραφής, η θεμελιώδης επιταγή της ασφάλειας δικαίου αντιτίθεται στη δυνατότητα της Επιτροπής να καθυστερεί επ’ αόριστον την άσκηση των εξουσιών της (αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, σκέψεις 100 έως 103). 24. Πάντως, το Δικαστήριο τόνισε ότι η κοινοποίηση των κρατικών ενισχύσεων εκ μέρους των κρατών μελών αποτελεί κεντρικό στοιχείο των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν τον έλεγχό τους και, επομένως, ελλείψει κοινοποιήσεως, οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν τις ενισχύσεις αυτές δεν μπορούν να επικαλούνται δικαιολογημένη εμπιστοσύνη (αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, σκέψη 104). 25. Συναφώς, το Δικαστήριο υπενθύμισε επίσης ότι το καθεστώς που προβλέπεται για τις κρατικές ενισχύσεις στη Συνθήκη ΕΚΑΧ διακρίνεται από το εφαρμοζόμενο στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ από τον ιδιαιτέρως αυστηρό χαρακτήρα του (αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, σκέψη 105). 26. Επομένως, το Δικαστήριο συνήγαγε ότι, όταν, στο πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚΑΧ, χορηγηθεί ενίσχυση χωρίς να έχει κοινοποιηθεί, η καθυστέρηση της Επιτροπής να ασκήσει τις ελεγκτικές της εξουσίες και να διατάξει την ανάκτηση της ενισχύσεως αυτής δεν συνεπάγεται ότι η απόφαση αυτή περί ανακτήσεως είναι παράνομη, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες καταδεικνύουν πρόδηλη παράλειψη της Επιτροπής και καταφανή παράβαση του καθήκοντός της επιμέλειας (αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, σκέψη 10). 27. Συναφώς, επισημαίνεται, προκαταρκτικώς, ότι συνομολογείται ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τις επίμαχες ενισχύσεις. Επομένως, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αθέτησε την υποχρέωση που υπέχει από το άρθρο 6 της αποφάσεως 3484/85/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 1985, περί θεσπίσεως κοινοτικών κανόνων για τις ειδικές ενισχύσεις της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα (ΕΕ L 340, σ. 1, στο εξής: τρίτος κώδικας ενισχύσεων για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα), μετά την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αυτής την 1η Ιανουαρίου 1986 (αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, σκέψη 93). 28. Αντιθέτως προς όσα διατείνεται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η αθέτηση της υποχρεώσεώς της κοινοποιήσεως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί για τον λόγο ότι η προσφεύγουσα, ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του τρίτου κώδικα ενισχύσεων για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, είχε λάβει αποφάσεις για ορισμένες επενδύσεις των οποίων η χρηματοδότηση, η οποία κατέστη δυνατή με το καθεστώς ενισχύσεων του άρθρου 3 του ZRFG, επρόκειτο να επεκταθεί πέραν της ημερομηνίας αυτής. 29. Συγκεκριμένα, όπως υπενθύμισε το Δικαστήριο στη σκέψη 91 της αναιρετικής αποφάσεως, σκέψη 11 ανωτέρω, σε αντίθεση με τη Συνθήκη ΕΚ, η Συνθήκη ΕΚΑΧ δεν διακρίνει μεταξύ των νέων και των υφιστάμενων ενισχύσεων, καθόσον το άρθρο 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ απαγορεύει σαφώς και απεριφράστως τις ενισχύσεις εκ μέρους των κρατών μελών υπό οποιαδήποτε μορφή. 30. Επομένως, η υποχρέωση αιτιολογήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, μετά την έναρξη ισχύος του τρίτου κώδικα ενισχύσεων για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, αφορούσε, ενδεχομένως, τα φορολογικά πλεονεκτήματα που έλαβε η προσφεύγουσα από την έναρξη ισχύος του κώδικα αυτού, βάσει του άρθρου 3 του ZRFG, περιλαμβανομένων των σχετικών με επενδύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή. 31. Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το συμβατό των ενισχύσεων με την κοινή αγορά, στο πλαίσιο των κωδίκων για ενισχύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, μπορεί να εκτιμηθεί μόνο σε σχέση με τους κανόνες που ισχύουν κατά την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής των ενισχύσεων αυτών (βλ. αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, σκέψη 92 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 32. Ωστόσο, από τις διευκρινίσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι επιχείρηση, για να λάβει ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 3 του ZRFG, έπρεπε να δηλώνει ετησίως, στη φορολογική της δήλωση, έκτακτες αποσβέσεις και αφορολόγητα αποθεματικά δυνάμει της διατάξεως αυτής. Επομένως, θεωρείται ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χορήγησε ενισχύσεις στην προσφεύγουσα όταν είχε τεθεί σε ισχύ ο τρίτος κώδικας ενισχύσεων για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και, συνεπώς, ο κώδικας αυτός επέβαλε στο εν λόγω κράτος μέλος την προηγούμενη κοινοποίηση των επίμαχων ενισχύσεων. 33. Επομένως, υπό τις συνθήκες αυτές, απαιτείται να εξακριβωθεί αν η συμπεριφορά της Επιτροπής πληροί τα κριτήρια των οποίων έγινε μνεία στη σκέψη 26 ανωτέρω. 34. Η προσφεύγουσα διατείνεται ότι η Επιτροπή, τουλάχιστον από το 1982, είχε στην κατοχή της πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις χορηγηθείσες σε αυτήν ενισχύσεις. Από τη χρονική αυτή στιγμή, η Επιτροπή έλαβε πλείονες εκθέσεις πεπραγμένων και ετήσιους λογαριασμούς της προσφεύγουσας, από τους οποίους προκύπτει σαφώς ότι της χορηγήθηκαν ενισχύσεις. 35. Η προσφεύγουσα προσθέτει ότι η Επιτροπή γνώριζε ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν κοινοποίησε τις ενισχύσεις αυτές ενώ είχαν ήδη αρχίσει όταν τέθηκε σε ισχύ ο τρίτος κώδικας ενισχύσεων για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και, κατά το κράτος μέλος αυτό, δεν πληρούσαν επομένως τον χαρακτηρισμό των «σχεδίων» τον οποίο αφορά το άρθρο 6 του εν λόγω κώδικα. 36. Ωστόσο, κατά την προσφεύγουσα, η Επιτροπή είχε την υποχρέωση να ενεργήσει, εν προκειμένω, αμελλητί, λόγω της θεμελιώδους μεταβολής της νομικής της απόψεως ως προς το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ με τη θέσπιση του τρίτου αυτού κώδικα, ειδικότερα όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις. 37. Η προσφεύγουσα αναφέρει επίσης τον άρρηκτο δεσμό ο οποίος, κατά την άποψή της, υφίσταται μεταξύ του καθεστώτος των ποσοστώσεων και του ελέγχου των ενισχύσεων. Εξ αυτού απορρέει υποχρέωση συντονισμού και αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής, ώστε, κατά τον καθορισμό των ποσοστώσεων, να λαμβάνονται υπόψη οι παράνομες ενισχύσεις. 38. Η Επιτροπή αμφισβητεί τα επιχειρήματα αυτά. Ισχυρίζεται ότι δεν είχε υποχρέωση να μελετά τις εκθέσεις πεπραγμένων και ότι, από τις εκθέσεις αυτές και τους ετήσιους λογαριασμούς, ακόμα και αν κάνουν λόγο για το άρθρο 3 του ZRFG, δεν προκύπτουν οι επίμαχες ενισχύσεις. 39. Συναφώς, υπενθυμίζεται, κατ’ αρχάς, η σχέση που καθιέρωσε η Επιτροπή μεταξύ της χορηγήσεως μη εγκεκριμένων ενισχύσεων και των ποσοστώσεων παραγωγής στον τομέα της χαλυβουργίας, στο πλαίσιο της προσαρμογής του συστήματος που τέθηκε σε εφαρμογή με την απόφαση 2794/80/ΕΚΑΧ, της 31ης Οκτωβρίου 1980, περί καθορισμού ενός συστήματος ποσοστώσεων παραγωγής χάλυβος για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβος (ΕΕ L 291, σ. 1). 40. Συγκεκριμένα, με την απόφαση 2177/83/ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1983, για παράταση του συστήματος επιτηρήσεως και ποσοστώσεων παραγωγής για ορισμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα (ΕΕ L 208, σ. 1), η Επιτροπή μπορούσε, δυνάμει του άρθρου 15 Α της εν λόγω αποφάσεως, «να προβεί σε μείωση των ποσοστώσεων μιας επιχείρησης, εφόσον διαπίστω[νε] ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει επωφεληθεί από ενισχύσεις που δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή δυνάμει της αποφάσεως 2320/81/ΕΚΑΧ [δεύτερος κώδικας ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα] ή ότι οι σχετικές με την έγκριση των ενισχύσεων προϋποθέσεις δεν τηρήθηκαν». Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή «μια τέτοια διαπίστωση εξαιρεί την επιχείρηση από προσαρμογή [των ποσοστώσεων] δυνάμει των άρθρων 14, 14 Α, 14 Β, 14 Γ και 16 της αποφάσεως [2177/83]». Τα μέτρα παρατάσεως του εν λόγω συστήματος επιτηρήσεως και ποσοστώσεων παραγωγής περιελάμβαναν, κατ’ ουσίαν, ταυτόσημους κανόνες. 41. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι το καθεστώς ποσοστώσεων και κωδίκων ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα αποτελούσαν ένα συνεκτικό σύνολο και επιδίωκαν κοινό σκοπό, συγκεκριμένα την αναδιάρθρωση που είναι αναγκαία για την προσαρμογή της παραγωγής και των σχετικών δυνατοτήτων στην προβλέψιμη ζήτηση και την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα, και ότι δεν ήταν, συνεπώς, ούτε αυθαίρετο ούτε εισήγε δυσμενείς διακρίσεις το γεγονός ότι τα προκύπτοντα από την εφαρμογή του ενός από τα συστήματα αυτά δεδομένα μπορούν να αποτελούν σημείο αναφοράς στο πλαίσιο του ετέρου (βλ. απόφαση Salzgitter κατά Επιτροπής, σκέψη 17 ανωτέρω, σκέψη 177 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 42. Επομένως, η Επιτροπή μπορούσε, βάσει του καθεστώτος επιτηρήσεως και ποσοστώσεων παραγωγής, το οποίο περιγράφεται στη σκέψη 40 ανωτέρω, να εξακριβώσει τα σχετικά με την παραγωγή των χαλυβουργικών επιχειρήσεων πληροφοριακά στοιχεία για να καθορίσει αν η διατήρηση ή η αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων προκύπτουν από μη εγκεκριμένες κρατικές ενισχύσεις και, ενδεχομένως, αν δικαιολογείται να μειωθούν, κατά συνέπεια, οι χορηγηθείσες στις δικαιούχους επιχειρήσεις ποσοστώσεις. 43. Εν προκειμένω, συνομολογείται ότι η Επιτροπή δέχθηκε διάφορες εκθέσεις πεπραγμένων και ετήσιους λογαριασμούς της προσφεύγουσας από τα τέλη του 1988, οι δε πρώτοι αφορούσαν το οικονομικό έτος 1987/1988. Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν, ειδικότερα, στο πλαίσιο των διαδικασιών σχετικά με την κατανομή ποσοστώσεων παραγωγής στην προσφεύγουσα. 44. Περαιτέρω, δεν αμφισβητείται ότι οι πρώτες εκθέσεις και ετήσιοι λογαριασμοί περιελάμβαναν, κατ’ ουσίαν, ανάλογα στοιχεία με αυτά που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις πεπραγμένων και ετήσιους λογαριασμούς της προσφεύγουσας για τα έτη 1994/1995 και 1995/1996, τα οποία παρότρυναν την Επιτροπή να κινήσει την έρευνα η οποία κατέληξε στην έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα κεφάλαιο στο οποίο εμφανίζονται, στα διάφορα αυτά έγγραφα, τα αφορολόγητα αποθεματικά τα οποία πραγματοποίησε η προσφεύγουσα βάσει του άρθρου 3 του ZRFG. 45. Εντούτοις, η παρέλευση πολλών ετών μεταξύ της χρονικής στιγμής της κοινοποιήσεως της εκθέσεως πεπραγμένων και των ετήσιων λογαριασμών για το οικονομικό έτος 1987/1988 και της στιγμής κατά την οποία η Επιτροπή άσκησε την ελεγκτική της εξουσία δεν σημαίνει πρόδηλη παράλειψη ούτε καταφανή παράβαση του καθήκοντός της επιμέλειας υπό τις περιστάσεις της προκειμένης περιπτώσεως. 46. Συγκεκριμένα, μόνον από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει σαφώς ότι όλα ή ορισμένα από τα εν λόγω αφορολόγητα αποθεματικά ανταποκρίνονται στον χαρακτηρισμό των, κατά το άρθρο 4, στοιχείο γʹ, ΕΚΑΧ, «ασυμβίβαστων με την κοινή αγορά άνθρακα και χάλυβα» κρατικών ενισχύσεων. 47. Επομένως, από τη μνεία του άρθρου 3 του ZRFG καθώς και τη σύντομη διευκρίνιση ως προς τις έκτακτες αποσβέσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτού δεν δύναται να προκύψει σαφώς ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χορήγησε ενισχύσεις στην προσφεύγουσα μέσω σύνθετου μηχανισμού μειώσεως της φορολογικής βάσεως, ο οποίος συνίστατο, μεταξύ άλλων, στη σύσταση απαλλασσόμενων αποθεματικών ή έκτακτων αποσβέσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών μετά από ορισμένες επενδύσεις. 48. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το απόσπασμα της ετήσιας εκθέσεως 1987/1988, το οποίο περιλαμβάνει διευκρίνιση ως προς τις νομικές βάσεις των έκτακτων αποθεματικών και αποσβέσεων, παραπέμπει σε πολλά γερμανικά νομοθετήματα που ίσχυαν την εποχή εκείνη, και, εξάλλου, δεν αμφισβητήθηκε ότι η έκθεση αυτή δεν προβαίνει σε καμία κατανομή μεταξύ των ποσών των εν λόγω αποθεματικών και αποσβέσεων που αφορούν καθεμία από τις νομικές αυτές βάσεις. 49. Το αυτό ισχύει για τις λοιπές εκθέσεις πεπραγμένων και ετήσιους λογαριασμούς τους οποίους διαβίβασε η προσφεύγουσα στην Επιτροπή, σχετικά με προηγούμενα οικονομικά έτη, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνουν κανένα πρόσθετο στοιχείο περί της προελεύσεως και της φύσεως των αφορολόγητων αποθεματικών και έκτακτων αποσβέσεων που είχε η προσφεύγουσα κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 του ZRFG. 50. Συνεπώς, κανένα από τα προβληθέντα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας επιχειρήματα δεν δύναται να θέσει υπό αμφισβήτηση τα συμπεράσματα αυτά. 51. Επομένως, κατ’ αρχάς, το από 14 Δεκεμβρίου 1988 έγγραφο της Επιτροπής καθώς και η από 18 Δεκεμβρίου 1991 απόφασή της, τα οποία απηύθυνε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, και με τα οποία έκρινε ότι τα αφορολόγητα αποθεματικά που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 3 του ZRFG συνιστούν κρατικές ενισχύσεις οι οποίες υπόκεινται στην έγκρισή της, κατά το άρθρο 92, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 87, παράγραφος 1, ΕΚ), δεν ασκούν εν προκειμένω επιρροή . 52. Συγκεκριμένα, οι Συνθήκες ΕΚ και ΕΚΑΧ είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Επομένως, η Συνθήκη ΕΚ, όπως και το παράγωγο δίκαιο που θεσπίστηκε βάσει αυτής, δεν μπορούν να παράγουν αποτελέσματα στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚΑΧ, εφόσον οι διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ εφαρμόζονται μόνον επικουρικώς, όταν δεν υπάρχει ειδική νομοθετική ρύθμιση στη Συνθήκη ΕΚΑΧ (βλ. αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, σκέψη 88 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 53. Ωστόσο, τα έγγραφα για τα οποία γίνεται λόγος στη σκέψη 51 ανωτέρω εκπονήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών ελέγχου του συμβατού κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚ, κατόπιν της κοινοποιήσεως από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, βάσει της Συνθήκης αυτής, του καθεστώτος ενισχύσεων το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή με το άρθρο 3 του ZRFG. Επομένως, από τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι αφορούν διαφορετικό τομέα από αυτόν που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας διαφοράς. Συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν δύνανται να άρουν τη δυσκολία της Επιτροπής να προσδιορίσει, βάσει μόνον των εκθέσεων πεπραγμένων και των ετήσιων λογαριασμών της προσφεύγουσας, που είχε στην κατοχή της, τυχόν ενισχύσεις τις οποίες έλαβε η προσφεύγουσα υπό μορφή αφορολόγητων αποθεματικών και έκτακτων αποσβέσεων, κατά παράβαση του κανόνα του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, ΕΚΑΧ. 54. Το συμπέρασμα αυτό επιρρωννύεται από το γεγονός ότι οι εν λόγω εκθέσεις και ετήσιοι λογαριασμοί κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασιών οι οποίες, σε αντίθεση προς αυτές που οδήγησαν στο έγγραφο και στην απόφαση για τα οποία γίνεται λόγος στη σκέψη 51 ανωτέρω, δεν είχαν συγκεκριμένα ως αντικείμενο τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων. 55. Παρεμφερείς διαπιστώσεις αφορούν το έγγραφο το οποίο απηύθυνε η Επιτροπή στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στις 9 Μαρτίου 1987. Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αυτό, η Επιτροπή ανέφερε τον ZRFG μόνον με σκοπό να καλέσει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να της κοινοποιήσει τροποποιήσεις του καθεστώτος των χορηγηθεισών βάσει αυτού ενισχύσεων, τούτο δε σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 93 της Συνθήκης ΕΚ. Εξάλλου, η απάντηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο έγγραφο αυτό, στις 16 Απριλίου 1987, δεν περιλαμβάνει κανένα στοιχείο ικανό να αποδείξει ότι η αλληλογραφία αυτή αφορά ενισχύσεις μη εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚ. Συναφώς, είναι, εξάλλου, σημαντικό ότι η μόνη διάταξη πρωτογενούς δικαίου της οποίας γίνεται μνεία στην απάντηση αυτή είναι το άρθρο 92, παράγραφος 2, στοιχείο γʹ, της Συνθήκης ΕΚ. 56. Στη συνέχεια, αντιθέτως προς όσα υποστήριξε η προσφεύγουσα στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση, δεν μπορεί να προσαφθεί στην Επιτροπή ότι δεν διευκρίνισε, κατά την επικοινωνία της με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας περί του θεσπισθέντος με τον ZRFG καθεστώτος ενισχύσεων, ότι οι εν λόγω ενισχύσεις δεν αφορούσαν τυχόν ενισχύσεις εμπίπτουσες στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚΑΧ. Συγκεκριμένα, όπως υπομνήσθηκε ανωτέρω, το άρθρο 6 του τρίτου κώδικα ενισχύσεων για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, εφαρμοστέο από την 1η Ιανουαρίου 1986 προέβλεπε κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο την υποχρέωση κοινοποιήσεως προς την Επιτροπή των ενισχύσεων που μπορεί να χορηγήθηκαν στην προσφεύγουσα κατ’ εφαρμογή του ZRFG (αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, σκέψη 93). 57. Πρέπει, εξάλλου, να απορριφθεί το επιχείρημα το οποίο η προσφεύγουσα και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας επιθυμούν να αντλήσουν από τη μαρτυρία του D. Becker περί των συναντήσεων στις οποίες έλαβε αυτός μέρος, το 1982, με μέλη της ομάδας εργασίας «Cadieux». 58. Πρώτον, μολονότι η μαρτυρία αυτή καταδεικνύει ότι η Επιτροπή, τότε, γνώριζε ότι η προσφεύγουσα είχε ήδη ευνοηθεί από μέτρα ληφθέντα βάσει του ZRFG, το γεγονός ότι στη μαρτυρία αυτή γίνεται γενικώς μνεία των περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί, αντιθέτως, να αποδείξει ότι οι ενισχύσεις αυτές συνίσταντο σε έκτακτες αποσβέσεις και αφορολόγητα αποθεματικά βάσει του άρθρου 3 του ZRFG, όπως αυτά που οδήγησαν στην έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως. Εξάλλου, διάφορα είδη ενισχύσεων μπορούσαν να χορηγηθούν σε επιχειρήσεις βάσει του ZRFG. 59. Δεύτερον, η προσφεύγουσα αναγνώρισε ότι δεν πραγματοποίησε έκτακτες αποσβέσεις και δεν συνέστησε αφορολόγητα αποθεματικά βάσει του ZRFG κατά τα οικονομικά έτη 1981/1982, 1982/1983 και 1983/1984. Επομένως, εν πάση περιπτώσει, οι χορηγούμενες από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας προς την προσφεύγουσα ενισχύσεις δεν ήσαν συνεχείς μεταξύ της περιόδου η οποία προηγήθηκε των συναντήσεων, για τις οποίες γίνεται λόγος στη σκέψη 57 ανωτέρω, και της χρονικής στιγμής κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε γνώση της εκθέσεως πεπραγμένων και των ετήσιων λογαριασμών της προσφεύγουσας για το οικονομικό έτος 1987/1988. 60. Τρίτον, από τη μαρτυρία αυτή προκύπτει ότι η Επιτροπή δεν προέβαλε ενστάσεις ως προς τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην προσφεύγουσα βάσει του ZRFG πριν από το 1982. Ωστόσο, δεν μπορεί βασίμως να αμφισβητηθεί ότι η Επιτροπή δεν μπορούσε, κατά τη χρονική αυτή στιγμή, να προβλέψει την αυστηροποίηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ, η οποία επήλθε τρία και πλέον έτη αργότερα, με την έκδοση του τρίτου κώδικα ενισχύσεων για τη χαλυβουργία. Επιπλέον, μολονότι, κατά την ίδια μαρτυρία, η Επιτροπή προέβαλε το ενδεχόμενο μεταβολής της εκτιμήσεώς της ως προς τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταγενέστερα στην προσφεύγουσα βάσει του ZRFG, λαμβάνοντας αποκλειστικώς υπόψη την προοπτική νέων αποφάσεων οι οποίες θα λαμβάνονταν επί των αιτήσεων χορηγήσεως κρατικών ενισχύσεων δυνάμει του κώδικα ενισχύσεων για τη χαλυβουργία και, επομένως, μετά το πέρας των διαδικασιών που αφορούν ειδικώς τον έλεγχο των ενισχύσεων τις οποίες κοινοποίησε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στην Επιτροπή. 61. Ωστόσο, όσον αφορά το τελευταίο αυτό σημείο, σημειωτέον ότι όχι μόνον η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αθέτησε την υποχρέωσή της κοινοποιήσεως των επίμαχων ενισχύσεων, την οποία υπείχε δυνάμει του τρίτου κώδικα ενισχύσεων για τη χαλυβουργία, αλλά παρήλθαν σχεδόν τρία έτη μεταξύ του χρόνου ενάρξεως ισχύος του εν λόγω κώδικα, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 1986, και του χρόνου κατά τον οποίο η Επιτροπή έλαβε την έκθεση πεπραγμένων και τους ετήσιους λογαριασμούς της προσφεύγουσας για το οικονομικό έτος 1987/1988. 62. Επομένως, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι η Επιτροπή, το 1982, γνώριζε τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο παρελθόν στην προσφεύγουσα κατ’ εφαρμογή του ZRFG, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί στοιχείο δυνάμενο να αποδείξει ότι κατέστη υπεύθυνη κατάφωρης παραλείψεως και πρόδηλης αθετήσεως της υποχρεώσεώς της επιμέλειας μη κινώντας διαδικασία ελέγχου του συμβατού των χορηγηθεισών στην προσφεύγουσα ενισχύσεων κατόπιν της παραλαβής, στα τέλη του έτους 1988, της εκθέσεως πεπραγμένων και των ετήσιων λογαριασμών της προσφεύγουσας για το οικονομικό έτος 1987/1988. 63. Η προσφεύγουσα και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υποστηρίζουν ακόμα ότι η κατάφωρη παράλειψη και η πρόδηλη αθέτηση της υποχρεώσεως επιμέλειας της Επιτροπής προκύπτουν από το ότι η Επιτροπή έλαβε, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, διάφορες εκθέσεις πεπραγμένων και ετήσιους λογαριασμούς της προσφεύγουσας. 64. Χωρίς να χρειάζεται να κριθεί αν οι ανακοινώσεις αυτές έλαβαν χώρα και, ενδεχομένως, ποιες υπηρεσίες της Επιτροπής ήσαν αποδέκτες τους, αρκεί η επισήμανση ότι ουδόλως αποδείχθηκε ότι οι εν λόγω εκθέσεις και ετήσιοι λογαριασμοί περιελάμβαναν περισσότερες πληροφορίες από την έκθεση πεπραγμένων και τους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 1987/1988, από τους οποίους μπορεί να προκύψει σαφέστατα ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χορήγησε ενισχύσεις στην προσφεύγουσα υπό μορφή σύνθετου μηχανισμού μειώσεως της φορολογικής βάσεως μέσω έκτακτων αποσβέσεων ή αφορολόγητων αποθεματικών. 65. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι η προσφεύγουσα, όπως εκτέθηκε στη σκέψη 59 ανωτέρω, δεν πραγματοποίησε έκτακτες αποσβέσεις και δεν συνέστησε αφορολόγητα αποθεματικά βάσει του άρθρου 3 του ZRFG για τα οικονομικά έτη 1981/1982, 1982/1983 και 1983/1984, και, επομένως, δεν είχε λόγο να κάνει μνεία της διατάξεως αυτής στις σχετικές με την περίοδο αυτή εκθέσεις πεπραγμένων και ετήσιους λογαριασμούς της. 66. Όσον αφορά το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι η Επιτροπή άρχισε να επιβάλλει κυρώσεις στις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων μόνον από το 1998, ακόμα και αν θεωρηθεί αποδεδειγμένο, δεν ασκεί εν προκειμένω επιρροή. Συγκεκριμένα, μόνο στο πλαίσιο των κρίσιμων για την υπόθεση διατάξεων της Συνθήκης ΕΚΑΧ καθώς και των ληφθέντων για την εφαρμογή της μέτρων, πρέπει να εκτιμηθεί ο χαρακτήρας συγκεκριμένου μέτρου ως κρατικής ενισχύσεως, και όχι από απόψεως τυχόν προγενέστερης πρακτικής λήψεως αποφάσεων της Επιτροπής (βλ., κατ’ αναλογία, αποφάσεις του Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2003, C-57/00 P και C-61/00 P, Freistaat Sachsen κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. I-9975, σκέψεις 52 και 53, και του Πρωτοδικείου της 15ης Ιουνίου 2005, T-171/02, Regione autonoma della Sardegna κατά Επιτροπής, Συλλογή 2005, σ. II-2123, σκέψη 177). 67. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η Επιτροπή, στην προκειμένη περίπτωση, δεν καθυστέρησε απεριόριστα να ασκήσει τις εξουσίες της αθετώντας την υποχρέωση ασφάλειας δικαίου την οποία υπέχει και, συνεπώς, ο έβδομος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. 68. Επομένως, πρέπει να εξετασθούν οι τρεις λόγοι οι οποίοι, κατ’ ουσίαν, αφορούν τον υπολογισμό του ποσού των προς επιστροφή ενισχύσεων και τη μείωση του ποσού αυτού. Επί του τέταρτου λόγου, ο οποίος αντλείται από πλάνη εκτιμήσεως απορρέουσα από τον χαρακτηρισμό ορισμένων επενδύσεων ως εμπιπτουσών στον τομέα εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚΑΧ 69. Η προσφεύγουσα προσάπτει στην Επιτροπή ότι έκρινε ότι ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία έλαβε βάσει του άρθρου 3 του ZRFG εμπίπτουν στον τομέα εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚΑΧ, ενώ εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚ. 70. Τα πλεονεκτήματα αυτά αφορούν επενδύσεις αντιστοιχούσες στο 1,3 % των συνολικών επιδοτούμενων βάσει του άρθρου 3 του ZRFG επενδύσεων και δόθηκαν υπέρ «αυτοτελών κέντρων κέρδους» της προσφεύγουσας, ήτοι σε ίδρυμα κοινωνικού χαρακτήρα (Sozialwirtschaft), σε εργοστάσιο καθαρισμού του ύδατος (Wasserwerke), σε χυτήριο (Gießerei) καθώς και σε εργαστήριο κατασκευής σωλήνων (Rohrwerk). Όσον αφορά το ίδρυμα επαγγελματικής καταρτίσεως (berufliche Bildung), για το οποίο γίνεται λόγος στο σημείο 88 της προσβαλλομένης αποφάσεως, η προσφεύγουσα διευκρινίζει ότι, πλέον, δεν θεωρεί ότι οι σχετικές με το ίδρυμα αυτό επαγγελματικής καταρτίσεως επενδύσεις δεν αφορούσαν τις χαλυβουργικές δραστηριότητές της. Επομένως, ο χαρακτηρισμός των σχετικών με την εν λόγω εγκατάσταση ενισχύσεων δεν αποτελεί πλέον το αντικείμενο της προσφυγής της προσφεύγουσας. 71. Πρώτον, η προσφεύγουσα προσάπτει στην Επιτροπή ότι βασίστηκε κυρίως στους ισχυρισμούς της UK Steel Association, κατά τους οποίους οι δραστηριότητες της προσφεύγουσας, οι οποίες δεν εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ, εντάσσονται στον τομέα ΕΚΑΧ της παραγωγής της, προκειμένου να περιλάβει τα εν λόγω πλεονεκτήματα στη βάση υπολογισμού των ενισχύσεων, χωρίς ωστόσο να εξακριβώσει τη βασιμότητά τους. Ωστόσο, η προσφεύγουσα διατείνεται ότι οι δραστηριότητές της, οι οποίες δεν εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ, διακρίνονται των δραστηριοτήτων της ΕΚΑΧ, τόσο στην πράξη όσο και λογιστικώς. Επομένως, η εφαρμογή του άρθρου 3 του ZRFG στις άσχετες προς τη Συνθήκη ΕΚΑΧ δραστηριότητές της πρέπει να εκτιμηθεί μόνον από απόψεως της Συνθήκης ΕΚ. 72. Δεύτερον, η προσφεύγου σα ισχυρίζεται ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι, πράγματι, τα απορρέοντα από την εφαρμογή των επίμαχων φορολογικών μέτρων κέρδη στους τομείς δραστηριότητας που δεν εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ μεταβιβάστηκαν σε τομείς καλυπτόμενους από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ. Εν πάση περιπτώσει, καταστρατήγηση τέτοιου είδους είναι αδύνατη εν προκειμένω, εφόσον, για τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 του ZRFG έκτακτες αποσβέσεις, οι συναφείς επενδύσεις πρέπει να έχουν εκ των προτέρων πραγματοποιηθεί και αποδειχθεί. 73. Η Επιτροπή αμφισβητεί τα επιχειρήματα αυτά. 74. Προκαταρκτικώς, πρέπει να απορριφθεί η αιτίαση της προσφεύγουσας ότι η Επιτροπή βασίστηκε κατ’ ουσίαν στους μη επαληθευθέντες ισχυρισμούς της UK Steel Association περί της ενσωματώσεως των διαφόρων δραστηριοτήτων της προσφεύγουσας. Όπως προκύπτει από το γράμμα του σημείου 89 της προσβαλλομένης αποφάσεως, η Επιτροπή έκανε, πράγματι, μνεία των ισχυρισμών αυτών μόνον επικουρικώς, εφόσον η απόφασή της βασιζόταν και σε άλλους λόγους. 75. Στη συνέχεια, υπενθυμίζεται ότι δυνάμει των άρθρων 80 ΑΧ και 81 ΑΧ, μόνον οι επιχειρήσεις που ασκούν παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα υπόκεινται στους κανόνες της Συνθήκης ΕΚΑΧ και, συναφώς, μόνο τα απαριθμούμενα στο παράρτημα I της Συνθήκης ΕΚΑΧ προϊόντα καλύπτονται από τις εκφράσεις «άνθρακας» και «χάλυβας». Επομένως, μια επιχείρηση υπόκειται στην απαγόρευση του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, AX μόνο στο μέτρο που ασκεί τέτοια παραγωγική δραστηριότητα (βλ., συναφώς, αποφάσεις του Δικαστηρίου της 17ης Δεκεμβρίου 1959, 14/59, Société des fonderies de Pont-à-Mousson κατά Ανωτάτης Αρχής, Συλλογή τόμος 1954-1964, σ. 351, και της 28ης Ιανουαρίου 2003, C-334/99, Γερμανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. I-1139, σκέψη 78). 76. Συνομολογείται ότι η προσφεύγουσα, εφόσον ασκεί παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα του χάλυβα, είναι χαλυβουργική επιχείρηση πληρούσα τον ορισμό του άρθρου 80 AΧ. 77. Πάντως, το γεγονός ότι μια επιχείρηση ασκεί, όπως εν προκειμένω, δραστηριότητες παραγωγής στον τομέα του χάλυβα δεν συνεπάγεται ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων της πρέπει να θεωρηθεί ως υπαγόμενο στη Συνθήκη ΕΚΑΧ (απόφαση του Πρωτοδικείου της 5ης Ιουνίου 2001, T-6/99, ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001, σ. II-1523, σκέψη 60). 78. Υπενθυμίζεται, συναφώς, ότι, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που παράγουν τόσο προϊόντα υπαγόμενα στη Συνθήκη ΕΚΑΧ όσο και προϊόντα υπαγόμενα στη Συνθήκη ΕΚ, η εφαρμογή της Συνθήκης ΕΚΑΧ σε ενισχύσεις για στήριξη τομέα παραγωγής μη εμπίπτοντος στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚΑΧ μπορεί να δικαιολογείται όταν υφίσταται πραγματικός κίνδυνος εκτροπής των ενισχύσεων αυτών προς δραστηριότητες παραγωγής εμπίπτουσες στο εν λόγω πεδίο εφαρμογής. Συγκεκριμένα, ενόψει, αφενός, των ιδιαιτεροτήτων του τομέα της σιδηρουργίας και, αφετέρου, της αυστηρής και απόλυτης απαγορεύσεως κρατικών ενισχύσεων βάσει του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ, θα αντέβαινε προς τον σκοπό του συστήματος που προβλέπει η Συνθήκη ΕΚΑΧ να υποβάλλεται στους λιγότερο αυστηρούς κανόνες της Συνθήκης ΕΚ η εξέταση των ενισχύσεων οι οποίες ενδέχεται να χορηγούνται σε υπαγόμενους στη Συνθήκη ΕΚΑΧ τομείς παραγωγής μιας επιχειρήσεως (απόφαση Γερμανία κατά Επιτροπής, σκέψη 75 ανωτέρω, σκέψη 84). 79. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η αιτίαση της προσφεύγουσας ότι η Επιτροπή όφειλε να αποδείξει ότι συντρέχει πράγματι εκτροπή των σχετικών με επενδύσεις μη εμπίπτουσες στη Συνθήκη ΕΚΑΧ φορολογικών πλεονεκτημάτων προς δραστηριότητες ΕΚΑΧ, εφόσον αρκεί συναφώς η απόδειξη υπάρξεως κινδύνου καταστρατηγήσεως. 80. Ωστόσο, δυνάμει της παρατεθείσας στη σκέψη 78 ανωτέρω νομολογίας, ο εν λόγω κίνδυνος πρέπει να είναι υποστατός. Η προϋπόθεση αυτή πληρούται, μεταξύ άλλων, αν «η οργάνωση των δραστηριοτήτων της προσφεύγουσας δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις έτσι ώστε να αποκλείεται η εκτροπή των επίμαχων επενδυτικών ενισχύσεων στις καλυπτόμενες από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ δραστηριότητες παραγωγής της και, επομένως, ο επηρεασμός του ανταγωνισμού στην καλυπτόμενη από την εν λόγω Συνθήκη αγορά» (απόφαση ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi κατά Επιτροπής, σκέψη 77 ανωτέρω, σκέψη 74). Επομένως, ο κίνδυνος εκτροπής πρέπει να αποδεικνύεται με σοβαρές ενδείξεις εκ των οποίων ευλόγως να προκύπτει ότι οι ενισχύσεις δύνανται, ενόψει των περιστάσεων της προκειμένης περιπτώσεως, να αποτελέσουν το αντικείμενο εκτροπής προς δραστηριότητες ΕΚΑΧ της οικείας σιδηρουργικής επιχειρήσεως. 81. Με την προσβαλλομένη απόφαση, η Επιτροπή προσδιόρισε δύο στοιχεία βάσει των οποίων, κατά την άποψή της, δύναται να αποδειχθεί ο κίνδυνος εκτροπής. Πρώτον, διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα έλαβε υπόψη της τις έκτακτες αποσβέσεις και, κατά συνέπεια, τις συναφείς ενισχύσεις μόνο «συνολικώς», και όχι σε επίπεδο των κέντρων κέρδους. Δεύτερον, η Επιτροπή παρατήρησε ότι δεν αποδείχθηκε ότι το κοινωφελές ίδρυμα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικώς για δραστηριότητες μη εμπίπτουσες στη Συνθήκη ΕΚΑΧ. 82. Ως προς το πρώτο στοιχείο, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, ακόμα και αν ορισμένες επενδύσεις, επί των οποίων εφαρμόστηκε το άρθρο 3 του ZRFG μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της προσφεύγουσας που δεν εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ, η προσφεύγουσα δεν τηρεί πάντως χωριστή λογιστική για τέτοιου είδους δραστηριότητες και για τις εμπίπτουσες στη Συνθήκη ΕΚΑΧ δραστηριότητες. Επομένως, στο επίπεδο του ομίλου SAG μπορούσε να γίνει εκτροπή των ενισχύσεων προς παραγωγικές δραστηριότητες ΕΚΑΧ. 83. Η τελευταία αυτή διαπίστωση επιβεβαιώνεται από τα πληροφοριακά στοιχεία που προσκόμισε στην Επιτροπή η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, με την από 28 Μαρτίου 2000 ανακοίνωσή της, σχετικά με «τις αρχές του εσωτερικού αναλυτικού συστήματος λογιστικής της Salzgitter». Συγκεκριμένα, από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι οι έκτακτες αποσβέσεις δεν καταχωρίζονται λογιστικώς από τα «αυτόνομα κέντρα κέρδους», για τα οποία γίνεται λόγος στη σκέψη 70 ανωτέρω. Η προσφεύγουσα δεν προέβαλε κανένα στοιχείο βάσει του οποίου να μπορεί να αποδειχθεί ότι, παρά τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία, καταχώριζε τις έκτακτες αποσβέσεις, αναλόγως του αν αφορούν δραστηριότητες εμπίπτουσες στη Συνθήκη ΕΚ ή στη Συνθήκη ΕΚΑΧ. 84. Επιπλέον, πρέπει να απορριφθεί το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι αποκλείεται η ύπαρξη κινδύνου εκτροπής όσον αφορά μέτρα στηρίξεως επενδύσεων όπως αυτά που αποτελούν τον πυρήνα της υπό κρίση διαφοράς. Συγκεκριμένα, μολονότι είναι αληθές ότι τα εξ αυτών απορρέοντα πλεονεκτήματα συνδέονται με συγκεκριμένη επένδυση, το όφελος από τον μηχανισμό του άρθρου 3 του ZRFG δεν εξαρτάται από τον τομέα δραστηριότητας της δικαιούχου επιχειρήσεως. Η προσφεύγουσα απολαύει φορολογικών πλεονεκτημάτων βάσει της διατάξεως αυτής λόγω του γεγονότος και μόνον ότι διαθέτει ιδρύματα στην Zonenrandgebiet, ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριότητας εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι επιδοτούμενες επενδύσεις. 85. Επομένως, ορθώς η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ελλείψει χωριστής λογιστικής της προσφεύγουσας, διαπίστωσε ότι είναι πολύ πιθανό ενισχύσεις οι οποίες χορηγήθηκαν για δραστηριότητες της προσφεύγουσας που δεν εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ να εκτράπηκαν προς δραστηριότητές της που εμπίπτουν στη Συνθήκη ΕΚΑΧ και, συνεπώς, δεν προέβη συναφώς σε διάκριση κατά τον καθορισμό της βάσεως υπολογισμού των επίμαχων ενισχύσεων. 86. Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι πρέπει να απορριφθεί ο λόγος που αντλείται από πλάνη εκτιμήσεως, η οποία έγκειται στον χαρακτηρισμό ορισμένων επενδύσεων ως εμπιπτουσών στη Συνθήκη ΕΚΑΧ. Επί του πέμπτου λόγου, ο οποίος αντλείται από τη μη συνεκτίμηση του γεγονότος ότι ορισμένες επενδύσεις αφορούσαν την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και από έλλειψη αιτιολογίας 87. Η προσφεύγουσα διατείνεται ότι πραγματοποίησε επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος συνολικού ύψους 332 εκατομμυρίων DEM, κατανεμηθείσες σε 44 σχέδια, μεταξύ 1985/1986 και 1994/1995. Οι διάφορες αυτές επενδύσεις αφορούν είτε εκσυγχρονισμό των παλαιών εγκαταστάσεων ενόψει προσαρμογής σε υποχρεωτικές νέες προδιαγραφές είτε εκσυγχρονισμό των παλαιών εγκαταστάσεων ή νέες επενδύσεις βάσει των οποίων μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ελλείψει υποχρεωτικών κανόνων. 88. Με το πρώτο σκέλος, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι κακώς η Επιτροπή δεν ενέκρινε τα φορολογικά πλεονεκτήματα που της χορήγησε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για τις εν λόγω επενδύσεις. Κατά την προσφεύγουσα, η Επιτροπή όφειλε να λάβει υπόψη τον επιδιωκόμενο με τα πλεονεκτήματα αυτά σκοπό προστασίας του περιβάλλοντος και, κατά συνέπεια, να εκτιμήσει τη δυνατότητα να τα εγκρίνει βάσει των κωδίκων για τις ενισχύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Η Επιτροπή έλαβε ανεπαρκώς υπόψη τα έγγραφα που της προσκόμισε η προσφεύγουσα καθώς και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, από τα οποία προκύπτει ότι οι επίμαχες επενδύσεις αποσκοπούν συγκεκριμένα στη μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. 89. Στη συνέχεια, με το δεύτερο σκέλος, η προσφεύγουσα τονίζει ότι ορισμένες επενδύσεις τις οποίες πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της οικείας περιόδου ανταποκρίνονται στον χαρακτηρισμό των επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά το άρθρο 7, στοιχείο d, του «Einkommensteuergesetz» (νόμου για τη φορολογία εισοδήματος, στο εξής: EStG) και, βάσει αυτού, θα δημιουργούσαν, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, δικαίωμα σε έκτακτες αποσβέσεις ανάλογες με τις απορρέουσες από το άρθρο 3 του ZRFG. Πάντως, συνομολογείται ότι το άρθρο 7, στοιχείο d, του EStG θεσπίζει φορολογικό καθεστώς γενικής εφαρμογής σε όλη τη Γερμανία και όχι μόνον στην Zonenrandgebiet. 90. Η προσφεύγουσα προβάλλει συναφώς αιτίαση αντλούμενη από έλλειψη αιτιολογίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δεν εξέθεσε τίνι τρόπω τα συνδεόμενα με τις έκτακτες αποσβέσεις πλεονεκτήματα, για τα οποία γίνεται λόγος στην προηγούμενη σκέψη, τα οποία εμπίπτουν συγχρόνως στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ZRFG και του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG, πληρούν την προϋπόθεση της επιλεκτικότητας. Επομένως, από την προσβαλλομένη απόφαση δεν προκύπτουν οι λόγοι για τους οποίους τα ληφθέντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990 από την προσφεύγουσα πλεονεκτήματα, βάσει του άρθρου 3 του ZRFG, για τις επενδύσεις που αφορούν τη μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, δύνανται να χαρακτηρισθούν ως ενισχύσεις κατά το άρθρο 4, στοιχείο γʹ, AΧ. 91. Με τη δεύτερη αιτίασή της, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι τα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία έλαβε βάσει των έκτακτων αποσβέσεων που πραγματοποίησε, και οι οποίες, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, πληρούσαν τόσο τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 3 του ZRFG όσο και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως κρατικές ενισχύσεις εφόσον δεν είναι επιλεκτικά. 92. Τέλος, με το τρίτο σκέλος, η προσφεύγουσα προσάπτει στην Επιτροπή ότι δεν εξέτασε προσηκόντως, στο μέρος της προσβαλλομένης αποφάσεως σχετικά με τις επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τα πολυάριθμα έγγραφα και τις διευκρινίσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας επ’ ευκαιρία της διοικητικής διαδικασίας προς απόδειξη του συμβατού των συναφώς χορηγηθεισών ενισχύσεων. Επομένως, το μέρος αυτό της προσβαλλομένης αποφάσεως είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένο. 93. Η Επιτροπή αντικρούει τις επικρίσεις αυτές. Ειδικότερα, διατείνεται ότι εξέθεσε λεπτομερώς στην προσβαλλομένη απόφαση ότι, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούσε να εγκρίνει τις ενισχύσεις τις οποίες η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι έλαβε για επενδύσεις αποσκοπούσες στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας χορήγησε τις επίμαχες επενδύσεις χωρίς να εξακριβώσει αν ήσαν απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεπώς, ούτε η προσφεύγουσα ούτε η Γερμανική Κυβέρνηση είναι σε θέση να αποδείξουν ότι οι επενδύσεις αυτές ήσαν απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος. 94. Συναφώς, επισημαίνεται, προκαταρκτικώς, ότι, στα σημεία της αποφάσεως Salzgitter κατά Επιτροπής, σκέψη 7 ανωτέρω, τα οποία δεν ακύρωσε το Δικαστήριο, το Πρωτοδικείο έκρινε, γενικώς, ότι ορθώς η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα απορρέοντα από το άρθρο 3 του ZRFG φορολογικά μέτρα, από τα οποία ωφελήθηκε η προσφεύγουσα, συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις ασύμβατες με την κοινή αγορά. 95. Το Πρωτοδικείο κατέληξε στην κρίση αυτή στο πλαίσιο της αναλύσεως του πρώτου, δεύτερου και τρίτου λόγου, οι οποίοι αφορούν, μεταξύ άλλων, τον χαρακτηρισμό των ληφθέντων βάσει του άρθρου 3 του ZRFG πλεονεκτημάτων ως κρατικών ενισχύσεων καθώς και την πλάνη στην οποία υπέπεσε η Επιτροπή μη δηλώνοντας το σύνολο των επίμαχων ενισχύσεων ως συμβατών με τη Συνθήκη ΕΚΑΧ, βάσει του άρθρου 95 ΑΧ. 96. Εφόσον, πάντως, το Πρωτοδικείο δεν είχε την ευκαιρία να αποφανθεί επί της αιτιάσεως σχετικά με το ότι δεν ελήφθη επαρκώς υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες επενδύσεις της προσφεύγουσας αποσκοπούσαν στην προστασία του περιβάλλοντος, θεωρείται ότι το μέρος της συλλογιστικής του, για το οποίο γίνεται λόγος στην προηγούμενη σκέψη, δεν ασκεί επιρροή στη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στα δύο πρώτα σκέλη του παρόντος λόγου. Το αυτό ισχύει, μεταξύ άλλων, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητάς της, για την πρώτη αιτίαση του δεύτερου σκέλους, που αφορά την έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλομένης αποφάσεως περί της επιλεκτικότητας των πλεονεκτημάτων που καλύπτονται τόσο από το καθεστώς του άρθρου 3 του ZRFG καθώς και του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG. 97. Αντιθέτως, το τρίτο σκέλος του λόγου αυτού, το οποίο αφορά γενικότερα τη μη επαρκή αιτιολογία του μέρους της προσβαλλομένης αποφάσεως περί των επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, συγχέεται, κατ’ ουσίαν, με μία από τις αιτιάσεις που προβλήθηκαν προς στήριξη του όγδοου λόγου. Εφόσον το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τον λόγο αυτό στο σύνολό του, στη σκέψη 184 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, και το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εν λόγω πτυχή της συλλογιστικής του Πρωτοδικείου με την αναιρετική του απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, το τρίτο σκέλος του πέμπτου λόγου πρέπει να απορριφθεί. Επί του πρώτου σκέλους, το οποίο αντλείται από τη μη ύπαρξη εγκρίσεως των ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 98. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, διευκρινίζεται, κατ’ αρχάς, ότι, μολονότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς της Ένωσης, η ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός αυτός δεν δικαιολογεί τον αποκλεισμό επιλεκτικών μέτρων από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Φεβρουαρίου 2003, C-409/00, Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. I-1487, σκέψη 54). 99. Συγκεκριμένα, για να καθορισθεί αν ένα εθνικό μέτρο δύναται να χαρακτηρισθεί ως κρατική ενίσχυση, σημασία έχουν τα αποτελέσματά του και όχι ο σκοπός του (βλ., κατ’ αναλογία, αποφάσεις του Δικαστηρίου της 26ης Σεπτεμβρίου 1996, C-241/94, Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1996, σ. I-4551, σκέψη 20, και της 17ης Ιουνίου 1999, C-75/97, Βέλγιο κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. I-3671, σκέψη 25· απόφαση του Πρωτοδικείου της 28ης Νοεμβρίου 2008, T-254/00, T-270/00 και T-277/00, Hôtel Cipriani κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2008, σ. II-3269, σκέψη 195). Επομένως, ο σκοπός της προστασίας του περιβάλλοντος τον οποίο επιδιώκουν οι κρατικές παρεμβάσεις δεν αρκεί ώστε να αποκλείεται εκ προοιμίου ο χαρακτηρισμός τους ως «ενισχύσεων» (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Δεκεμβρίου 2008, C-487/06 P, British Aggregates κατά Επιτροπής, Συλλογή 2008, σ. I-10505, σκέψη 84 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 100. Πάντως, η ανάλυση αυτή δεν ασκεί επιρροή στην ανάλυση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες, στον τομέα εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚΑΧ, οι ενισχύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα που χρηματοδοτούνται από κράτος μέλος, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή από κρατικούς πόρους μπορούν να θεωρηθούν σύμφωνες προς την εύρυθμη λειτουργία της κοινής αγοράς κατ’ εφαρμογή του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα (αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 19ης Σεπτεμβρίου 2006, T-166/01, Lucchini κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. II-2875, και της 25ης Σεπτεμβρίου 1997, T-150/95, UK Steel Association κατά Επιτροπής, σ. II-1433). 101. Στη συνέχεια, υπενθυμίζεται ότι το Πρωτοδικείο, σε ένα μέρος της αποφάσεως Salzgitter κατά Επιτροπής, σκέψη 7 ανωτέρω, το οποίο δεν ακυρώθηκε από το Δικαστήριο, απέρριψε τον λόγο ο οποίος αφορά τη μη έγκριση των επίμαχων ενισχύσεων βάσει του άρθρου 95 ΑΧ. 102. Επομένως η εξέταση της παρούσας αιτιάσεως αφορά αποκλειστικώς το ζήτημα κατά πόσον οι σχετικές με τις επενδύσεις ενισχύσεις, για τις οποίες γίνεται λόγος στη σκέψη 87 ανωτέρω, δύνανται να επιτραπούν δυνάμει ενός από τους κώδικες ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. 103. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, αντιθέτως προς τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες παρέχουν επί μονίμου βάσεως στην Επιτροπή την εξουσία να αποφαίνεται επί του συμβατού τους, οι κώδικες περί των ενισχύσεων παρέχουν την εξουσία αυτή στην Επιτροπή μόνο για καθορισμένη περίοδο.(βλ., συναφώς, απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2002, C-74/00 P και C-75/00 P, Falck και Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I-7869, σκέψη 115, και απόφαση του Πρωτοδικείου της 31ης Μαρτίου 1998, T-129/96, Preussag Stahl κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II-609, σκέψη 43). 104. Επομένως, αν οι ενισχύσεις δεν κοινοποιηθούν στην Επιτροπή εντός της περιόδου που προβλέπει προς κοινοποίηση ένας κώδικας, η Επιτροπή δεν μπορεί πλέον να αποφανθεί επί του συμβατού των ενισχύσεων αυτών σε σχέση με τον εν λόγω κώδικα (βλ. απόφαση Falck και Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, σκέψη 103 ανωτέρω, σκέψη 116 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Δεκεμβρίου 1999, T-158/96, Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-3927, σκέψεις 61 και 62). Συνεπώς, άπαξ και η περίοδος εφαρμογής του κώδικα εκπνεύσει, η Επιτροπή δεν έχει πλέον την εξουσία να επιτρέψει, δυνάμει των προβλεπομένων παρεκκλίσεων, στο πλαίσιο του κώδικα αυτού, μια μη γνωστοποιηθείσα ενίσχυση για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα (βλ., συναφώς, την απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 1985, 214/83, Γερμανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1985, σ. 3053, σκέψη 47). (βλ. απόφαση Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, σκέψη 103 ανωτέρω, σκέψη 62 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 105. Εξάλλου, από την αρχή της ασφάλειας δικαίου προκύπτει ότι το συμβατό των ενισχύσεων με την κοινή αγορά, στο πλαίσιο των κωδίκων για ενισχύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, μπορεί να εκτιμηθεί μόνο σε σχέση με τους κανόνες που ισχύουν κατά την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής των ενισχύσεων αυτών. Συναφώς, οι ουσιαστικοί κανόνες του δικαίου της Ένωσης πρέπει να ερμηνεύονται ως αφορώντες καταστάσεις διαμορφωθείσες προ της ενάρξεως της ισχύος τους μόνον εφόσον προκύπτει σαφώς από το γράμμα τους, τους σκοπούς ή την οικονομία τους ότι πρέπει να τους αναγνωριστεί τέτοιο αποτέλεσμα (βλ. απόφαση Falck και Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, σκέψη 103 ανωτέρω, σκέψεις 117 έως 119 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 106. Εν προκειμένω, δεν αμφισβητείται ότι οι ενισχύσεις δεν αποτέλεσαν το αντικείμενο κοινοποιήσεως στην Επιτροπή από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, κατ’ αθέτηση της υποχρεώσεως την οποία υπέχει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μετά την έναρξη ισχύος του τρίτου κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Επιπλέον, οι κώδικες ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, οι οποίοι ήσαν εφαρμοστέοι κατά τον χρόνο χορηγήσεως των ενισχύσεων αυτών δεν ίσχυαν πλέον κατά τον χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Κατά συνέπεια, ορθώς η Επιτροπή επισήμανε, στη σκέψη 137 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι, κατά την ημερομηνία αυτή, δεν μπορούσε πλέον να επιτρέψει τις επίμαχες ενισχύσεις βάσει των μη ισχυόντων πλέον κωδίκων ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. 107. Πρέπει, ωστόσο, να εκτιμηθεί, κατά την υπομνησθείσα στη σκέψη 105 ανωτέρω νομολογία, αν η έγκριση αυτή μπορεί να βασιστεί στον έκτο κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, ο οποίος ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Συγκεκριμένα, ο κώδικας αυτός προβλέπει, στο άρθρο 3, ότι οι ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος είναι δυνατόν να κριθούν συμβατές με την κοινή αγορά υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί στο κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως εκτίθενται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ C 72, σ. 3), σύμφωνα με τα κριτήρια εφαρμογής στον χαλυβουργικό τομέα της ΕΚΑΧ, που καθορίζονται στο παράρτημα του εν λόγω κώδικα. 108. Η αναδρομική εφαρμογή του έκτου κώδικα των ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, δυνάμει της ίδιας νομολογίας, είναι πάντως δυνατή μόνον αν το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει σαφώς από το γράμμα του, τους σκοπούς του ή την οικονομία του. 109. Ωστόσο, από καμία διάταξη του εν λόγω κώδικα δεν προκύπτει ότι μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικώς. Επιπλέον, από την οικονομία και τους σκοπούς των διαδοχικών κωδίκων ενισχύσεων προκύπτει ότι κάθε ένας από αυτούς θεσπίζει κανόνες για την προσαρμογή της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα στους στόχους των άρθρων 2 ΑΧ, 3 ΑΧ και 4 ΑΧ σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες σε συγκεκριμένη περίοδο ανάγκες. Συνεπώς, η εφαρμογή κανόνων που θεσπίσθηκαν σε συγκεκριμένη περίοδο, σε συνάρτηση με την υφιστάμενη κατ’ εκείνη την περίοδο κατάσταση, επί ενισχύσεων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερης περιόδου δεν ανταποκρίνεται στην οικονομία και στους σκοπούς μιας τέτοιου είδους ρυθμίσεως (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση Falck και Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, σκέψη 103 ανωτέρω, σκέψη 120). 110. Συνεπώς, η Επιτροπή, κατά τον χρόνο εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, δεν μπορούσε να εγκρίνει τις χορηγηθείσες από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στην προσφεύγουσα ενισχύσεις για την περίοδο μεταξύ των οικονομικών ετών 1985/1986 και 1994/1995 ούτε βάσει των κωδίκων ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, οι οποίοι ίσχυαν διαδοχικώς κατά τη διάρκεια των εν λόγω οικονομικών ετών, ούτε βάσει του έκτου κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. 111. Επομένως, το πρώτο σκέλος του λόγου αυτού πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο. Επί του δευτέρου σκέλους, το οποίο αφορά τη μη ύπαρξη επιλεκτικότητας των φορολογικών πλεονεκτημάτων που έλαβε η προσφεύγουσα για τις επενδύσεις που αποσκοπούσαν στην προστασία του περιβάλλοντος οι οποίες, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ZRFG και του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG, καθώς και την έλλειψη αιτιολογίας – Επί της πρώτης αιτιάσεως, η οποία αφορά την έλλειψη αιτιολογίας 112. Όσον αφορά την πρώτη αιτίαση, επισημαίνεται, προκαταρκτικώς, ότι, κατά πάγια νομολογία σχετικά με το άρθρο 253 ΕΚ, η οποία μπορεί να ισχύσει και στο άρθρο 15 ΑΧ, η αιτιολογία πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη φύση της οικείας πράξεως και πρέπει να διαφαίνεται από αυτήν κατά τρόπο σαφή και μη διφορούμενο η συλλογιστική του θεσμικού οργάνου το οποίο εξέδωσε την πράξη, κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό στους μεν ενδιαφερομένους να γνωρίζουν τους λόγους που δικαιολογούν τη λήψη του μέτρου, στο δε αρμόδιο δικαστήριο να ασκεί τον έλεγχό του. H υποχρέωση αιτιολογήσεως πρέπει να εκτιμάται αναλόγως των περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως, ιδίως του περιεχομένου της πράξεως, της φύσεως των προβαλλομένων λόγων και του συμφέροντος που έχουν ενδεχομένως στην παροχή διευκρινίσεων οι αποδέκτες της πράξεως ή άλλα πρόσωπα τα οποία η πράξη αφορά άμεσα και ατομικά (απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Ιουλίου 2004, C-501/00, Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. I-6717, σκέψη 73). 113. Η αιτιολογία δεν απαιτείται να διασαφηνίζει όλα τα ουσιώδη πραγματικά και νομικά στοιχεία, καθόσον το ζήτημα αν η αιτιολογία μιας πράξεως ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 235 ΕΚ πρέπει να εκτιμάται όχι μόνο βάσει του περιεχομένου της αλλά και του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται καθώς και του συνόλου των κανόνων δικαίου που διέπουν το σχετικό θέμα (απόφαση της 15ης Ιουλίου 2004, Ισπανία κατά Επιτροπής, σκέψη 112 ανωτέρω, σκέψη 73· βλ., κατ’ αναλογία, αποφάσεις του Δικαστηρίου της 29ης Φεβρουαρίου 1996, C-56/93, Βέλγιο κατά Επιτροπής, Συλλογή 1996, σ. I-723, σκέψη 86, και της 15ης Μαΐου 1997, C-278/95 P, Siemens κατά Επιτροπής, Συλλογή 1997, σ. I-2507, σκέψη 17). 114. Επιπλέον, έστω και αν η Επιτροπή δεν υποχρεούται να αναλύσει, στην αιτιολογία των αποφάσεων που λαμβάνει για να διασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού, όλα τα πραγματικά περιστατικά και νομικά στοιχεία καθώς και τη συλλογιστική που την οδήγησαν στη λήψη της αποφάσεώς της, εντούτοις υποχρεούται, δυνάμει του άρθρου 253 ΕΚ, να αναφέρει τουλάχιστον τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που έχουν ουσιώδη σημασία στην οικονομία της αποφάσεώς της, παρέχοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στον δικαστή της Ένωσης και στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να πληροφορηθούν τις περιστάσεις υπό τις οποίες εφάρμοσε τη Συνθήκη (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης Σεπτεμβρίου 1998, T-374/94, T-375/94, T-384/94 και T-388/94, European Night Services κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II-3141, σκέψη 95 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 115. Η υποχρέωση αιτιολογήσεως του χαρακτηρισμού ενός μέτρου ως κρατικής ενισχύσεως επιτάσσει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση του Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2009, C-494/06 P, Επιτροπή κατά Ιταλίας και Wam, Συλλογή 2009, σ. I-3639, σκέψη 49· απόφαση του Πρωτοδικείου της 30ής Απριλίου 1998, T-214/95, Vlaams Gewest κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II-717, σκέψη 64, και T-16/96, Cityflyer Express κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II-757, σκέψη 66). 116. Εξάλλου, κατά πάγια νομολογία, η έννοια της κρατικής ενισχύσεως πρέπει να καθορίζεται με αποκλειστικό κριτήριο τα αποτελέσματα μιας κρατικής παρεμβάσεως (αποφάσεις της 29ης Φεβρουαρίου 1996, Βέλγιο κατά Επιτροπής, σκέψη 113 ανωτέρω, σκέψη 79, και British Aggregates κατά Επιτροπής, σκέψη 99 ανωτέρω, σκέψη 85· απόφαση του Πρωτοδικείου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, T-55/99, CETM κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000, σ. II-3207, σκέψη 53). Επομένως, υπό την έννοια του δικαίου της Ένωσης, κρατική ενίσχυση προϋποθέτει ότι, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου νομικού καθεστώτος, ένα κρατικό μέτρο μπορεί να ευνοήσει ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής έναντι άλλων οι οποίοι βρίσκονται, από πλευράς του σκοπού που επιδιώκεται με το οικείο καθεστώς, σε συγκρίσιμη πραγματική και νομική κατάσταση (βλ., κατ’ αναλογία, αποφάσεις του Δικαστηρίου της 8ης Νοεμβρίου 2001, C-143/99, Adria-Wien Pipeline και Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Συλλογή 2001, σ. I-8365, σκέψη 41· της 29ης Απριλίου 2004, C-308/01, GIL Insurance κ.λπ., Συλλογή 2004, σ. I-4777, σκέψη 68, και της 3ης Μαρτίου 2005, C-172/03, Heiser, Συλλογή 2005, σ. I-1627, σκέψη 40). 117. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι η ιδιαιτερότητα ή η επιλεκτικότητα κρατικού μέτρου συνιστά ένα από τα χαρακτηριστικά της έννοιας της κρατικής ενισχύσεως και στον τομέα εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚΑΧ (απόφαση του Δικαστηρίου της 1ης Δεκεμβρίου 1998, C-200/97, Ecotrade, Συλλογή 1998, σ. I-7907, σκέψη 34), παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ δεν γίνεται σαφώς μνεία του κριτηρίου αυτού. Από την αρχή αυτή, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλει στη δικαιούχο επιχείρηση κύρωση μη προβλεπόμενη από το δίκαιο της Ένωσης, απαιτώντας την επιστροφή ποσού μεγαλύτερου από αυτό που αναλογεί στην ενίσχυση την οποία πράγματι έλαβε, τούτο δε μάλιστα ακόμα και αν τεθεί σε εφαρμογή πολύ χρόνο μετά τη χορήγηση της επίμαχης ενισχύσεως (απόφαση της 17ης Ιουνίου 1999, Βέλγιο κατά Επιτροπής, σκέψη 99 ανωτέρω, σκέψη 65, και απόφαση CETM κατά Επιτροπής, σκέψη 116 ανωτέρω, σκέψη 164). 118. Εν προκειμένω, συνομολογείται ότι το άρθρο 7, στοιχείο d, του EStG θέσπιζε, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, καθεστώς στο πλαίσιο του οποίου οι γερμανικές επιχειρήσεις μπορούσαν να πραγματοποιούν έκτακτες αποσβέσεις επί των επενδύσεων που πραγματοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο ισχύει για το σύνολο του γερμανικού εδάφους και, επομένως, και για την Zonenrandgebiet. Πάντως, τα εν λόγω φορολογικά πλεονεκτήματα, τα οποία προσομοιάζουν από απόψεως τύπου και χρηματοπιστωτικών συνεπειών με τις έκτακτες αποσβέσεις που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 του ZRFG, δεν συντρέχουν σωρευτικώς με τις έκτακτες αποσβέσεις για μια δεδομένη επένδυση. 119. Συναφώς, διαπιστώνεται ασφαλώς ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, με το από 10 Μαΐου 1999 έγγραφο το οποίο απηύθυνε στην Επιτροπή, σ το πλαίσιο της κινηθείσας από την Επιτροπή διαδικασίας περί των ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί στην προσφεύγουσα βάσει του άρθρου 3 του ZRFG, εξέθεσε τα κύρια χαρακτηριστικά του καθεστώτος φορολογικών πλεονεκτημάτων για τις επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7, στοιχείο d, του EStG. Επομένως, διευκρίνισε ότι το καθεστώς αυτό επέτρεπε έκτακτες αποσβέσεις συγκρίσιμες με αυτές του άρθρου 3 του ZRFG και επισήμανε ότι το καθεστώς αυτό εμπίπτει στο γενικό φορολογικό δίκαιο και, επομένως, μπορεί να εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση στη Γερμανία πραγματοποιούσα επενδύσεις πληρούσες τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διευκρίνισε επίσης ότι τέτοιου είδους φορολογικά πλεονεκτήματα συνιστούν εναλλακτική λύση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που απορρέουν από το άρθρο 3 του ZRFG και το όριο των εκτάκτων αποσβέσεων καθορίζεται, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, στο 50 %. Τέλος, στο ίδιο έγγραφο, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπογράμμισε ότι διάφορες επενδύσεις τις οποίες πραγματοποίησε η προσφεύγουσα κατά την επίδικη περίοδο, η φύση και το ποσό των οποίων αναφέρονταν λεπτομερώς στο παράρτημα 2 του εγγράφου αυτού, πληρούσαν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του θεσπισθέντος με το άρθρο 7, στοιχείο d, του EStG καθεστώτος. Το περιεχόμενο του αποσπάσματος αυτού του εγγράφου της 10ης Μαΐου 1999 επαναλήφθηκε στο παράρτημα εγγράφου το οποίο απηύθυνε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στην Επιτροπή στις 17 Ιανουαρίου 2000. 120. Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, με το από 14 Οκτωβρίου 1999 έγγραφο που απηύθυνε στην Επιτροπή, επέφερε ορισμένες συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς τις επενδύσεις που πραγματοποίησε η προσφεύγουσα, οι οποίες αποσκοπούσαν στη μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, όσον αφορά, ειδικότερα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και το συγκεκριμένο μέρος που αντιπροσωπεύει η προστασία του περιβάλλοντος στο συνολικό ποσό καθεμίας από τις επενδύσεις αυτές. 121. Ωστόσο, όπως ορθώς παρατηρεί η Επιτροπή, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, δεν προέβαλε ότι η συνύπαρξη του θεσπισθέντος με το άρθρο 3 του ZRFG και του θεσπισθέντος με το άρθρο 7, στοιχείο d, του EStG συστήματος μπορούσε να εξαλείψει την επιλεκτικότητα μέρους των επίμαχων πλεονεκτημάτων, τα οποία έλαβε η προσφεύγουσα. Εξάλλου, δεν προκύπτει από τη δικογραφία και δεν προβλήθηκε καν ότι η προσφεύγουσα εξέθεσε τέτοιο επιχείρημα με την ευκαιρία των επαφών που είχε με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας. Συνεπώς, λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου αυτού και σύμφωνα με τις υπομνησθείσες στη σκέψη 113 ανωτέρω αρχές, θεωρείται ότι η Επιτροπή δεν υποχρεούνταν να αιτιολογήσει συγκεκριμένα την προσβαλλομένη απόφαση περί της προβληθείσας από την προσφεύγουσα στο πλαίσιο της υπό κρίση προσφυγής επιλεκτικότητας. 122. Επομένως, η παρούσα αιτίαση πρέπει να απορριφθεί, τούτο δε χωρίς να χρειάζεται να εκτιμηθεί αν η αιτιολογία αυτή προκύπτει από τις προσκομισθείσες από την Επιτροπή διευκρινίσεις στις σκέψεις 134 επ. της προσβαλλομένης αποφάσεως. – Επί της δεύτερης αιτιάσεως, η οποία αφορά τη μη επιλεκτικότητα μέρους των επίμαχων πλεονεκτημάτων 123. Στη συνέχεια, η δεύτερη αιτίαση, η οποία αφορά την πλάνη στην οποία υπέπεσε η Επιτροπή περιλαμβάνοντας στη βάση υπολογισμού των επίμαχων ενισχύσεων τα φορολογικά πλεονεκτήματα που έλαβε η προσφεύγουσα βάσει των επενδύσεων, οι οποίες αποσκοπούσαν στη μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και ενέπιπταν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, στο πεδίο εφαρμογής τόσο του άρθρου 3 του ZRFG όσο και του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG, εφόσον αυτά δεν είναι επιλεκτικά, δεν μπορεί να ευοδωθεί. 124. Πρώτον, τονίζεται ότι, εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε συγκεκριμένα ότι ορισμένες επενδύσεις τις οποίες πραγματοποίησε η προσφεύγουσα βάσει του άρθρου 3 του ZRFG, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής του καθεστώτος εκτάκτων αποσβέσεων που θεσπίζει το άρθρο 7, στοιχείο d, του EStG. 125. Δεύτερον, το ευεργέτημα των φορολογικών πλεονεκτημάτων του άρθρου 3 του ZRFG εξαρτιώταν αποκλειστικώς από γεωγραφική προϋπόθεση, ήτοι τον εντοπισμό της βιομηχανικής εγκαταστάσεως στην Zonenrandgebiet. Από το γράμμα της διατάξεως αυτής δεν προκύπτει ότι οι έκτακτες αποσβέσεις και τα αφορολόγητα αποθεματικά εξαρτώνταν από την πραγματοποίηση επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. 126. Τρίτον, εφόσον επιβεβαιώθηκε με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου, οι οποίες εκδόθηκαν στην παρούσα διαφορά, ότι το καθεστώς αυτό οδήγησε στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων υπέρ της προσφεύγουσας, οι εν λόγω ενισχύσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν συγχρόνως ως μέτρα γενικής ισχύος, μη εμπίπτοντα στην απαγόρευση του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ, καθόσον έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τη νομολογία που παρατίθεται στη σκέψη 99 ανωτέρω, για να καθορισθεί αν εθνικό μέτρο εμπίπτει στον χαρακτηρισμό κρατικής ενισχύσεως, σημασία δεν έχει το αντικείμενό του, αλλά τα αποτελέσματά του. Ωστόσο, εν προκειμένω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το άρθρο 3 του ZRFG έδωσε στην προσφεύγουσα τη δυνατότητα λήψεως φορολογικών πλεονεκτημάτων ανεξαρτήτως του επιδιωκόμενου σκοπού της προστασίας του περιβάλλοντος, ενδεχομένως, με τις επενδύσεις που ετύγχαναν εκτάκτων αποσβέσεων. 127. Το γεγονός ότι, σε ορισμένες ετήσιες εκθέσεις της προσφεύγουσας, γίνεται μνεία του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG, υποδηλώνοντας ότι, βάσει του άρθρου αυτού, η προσφεύγουσα μπόρεσε να πραγματοποιήσει αφορολόγητα αποθεματικά, δεν διακυβεύει το εν λόγω συμπέρασμα, λαμβανομένου ιδίως υπόψη ότι τα ληφθέντα βάσει αυτού πλεονεκτήματα δεν σωρεύονται με αυτά που έλαβε η προσφεύγουσα βάσει του άρθρου 3 του ZRFG και, επομένως, αποκλείονται κατ’ ανάγκη από αυτά. Από την εξέταση των ετήσιων εκθέσεων προκύπτει μάλλον ότι η προσφεύγουσα προέβαλε, για διάφορες επενδύσεις, διαφορετικά ποσά, σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους, και σε διαφορετικούς ισολογισμούς, άλλοτε το άρθρο 3 του ZRFG και άλλοτε το άρθρο 7, στοιχείο d, του EStG. 128. Τέλος, τέταρτον, αντιθέτως προς όσα υποστηρίζει η προσφεύγουσα, το άρθρο 3 του ZRFG δεν μπορεί να εξομοιωθεί με το άρθρο 7, στοιχείο d, του EStG. Συγκεκριμένα, όπως δέχεται η προσφεύγουσα, οι έκτακτες αποσβέσεις του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG είχαν εφαρμογή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, σε κάθε επιχείρηση η οποία πραγματοποιούσε στη Γερμανία επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις. Ωστόσο, όπως επίσης δέχεται η προσφεύγουσα, η διάταξη αυτή δεν εξαρτιώταν, αντιθέτως προς το άρθρο 3 του ZRFG, από την προϋπόθεση εντοπισμού των επενδύσεων σε συγκεκριμένο από γεωγραφική άποψη έδαφος της Γερμανίας. Αντιθέτως, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των μέτρων του άρθρου 3 του ZRFG ουδόλως συνδέονταν με τον περιβαλλοντικό ή οικολογικό σκοπό των επιδοτούμενων επενδύσεων, αλλά απλώς με τον εντοπισμό τους σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις της Zonenrandgebiet. Πάντως, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα θα μπορούσε, ενδεχομένως, να λάβει τα πλεονεκτήματα του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG, αν δεν είχε ευεργετηθεί του θεσπισθέντος με το άρθρο 3 του ZRFG καθεστώτος, όπως προέβαλε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, δεν σημαίνει ότι τα πλεονεκτήματα που έλαβε η προσφεύγουσα βάσει του άρθρου 3 του ZRFG δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων βάσει αυτού δεν διαφέρουν από τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, στοιχείο d, του EStG. 129. Επομένως, λαμβανομένων υπόψη των εκτεθέντων στις σκέψεις 111 και 122 ανωτέρω συμπερασμάτων, ο παρών λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Επί του έκτου λόγου, ο οποίος αντλείται από προβαλλόμενη πλάνη εκτιμήσεως περί του ορισμού του καθοριστικού προεξοφλητικού επιτοκίου, από ασάφεια ως προς τη συνεκτίμηση του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών και από έλλειψη αιτιολογίας 130. Εισαγωγικώς, σημειωτέον ότι η Επιτροπή δέχεται, εν προκειμένω, ότι δεν μπόρεσε να καθορίσει το ακαθάριστο ποσό των χορηγηθεισών ενισχύσεων. Εντούτοις, για τον υπολογισμό της εντάσεως των επίμαχων ενισχύσεων, δέχθηκε τρία στοιχεία υπολογισμού βάσει των οποίων μπορεί να καθοριστεί το ποσό των επενδυτικών ενισχύσεων που πρέπει να επιστραφούν (στο εξής: καθαρό ισοδύναμο επιχορηγήσεως). Κατά τα σημεία 93 έως 104 της προσβαλλομένης αποφάσεως, τα τρία αυτά στοιχεία είναι ο φορολογικός συντελεστής, το προεξοφλητικό επιτόκιο (ή επιτόκιο αναφοράς) και η φύση των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. 131. Με τον παρόντα λόγο ακυρώσεως, η προσφεύγουσα αμφισβητεί, πρώτον, τα προεξοφλητικά επιτόκια που δέχθηκε η Επιτροπή. Δεύτερον, φρονεί ότι η απόφαση είναι ασαφής όσον αφορά το μέτρο σύμφωνα με το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη ο φορολογικός συντελεστής επί των κερδών για τον υπολογισμό του καθαρού ισοδυνάμου επιχορηγήσεως. Επί του πρώτου σκέλους, το οποίο αφορά την πλάνη εκτιμήσεως στην οποία υπέπεσε η Επιτροπή όσον αφορά τον ορισμό του καθοριστικού προεξοφλητικού επιτοκίου 132. Από το σημείο 97 της προσβαλλομένης αποφάσεως προκύπτει ότι το προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισμό του καθαρού ισοδυνάμου επιχορηγήσεως είναι «το επιτόκιο αναφοράς για τις περιφερειακές ενισχύσεις το οποίο ίσχυε κατά τον χρόνο χορηγήσεως της εκάστοτε ενισχύσεως». Καθόσον η καταβολή των ενισχύσεων έγινε τμηματικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Επιτροπή δέχθηκε διαφορετικό επιτόκιο για κάθε έτος μεταξύ 1986 και 1995, το οποίο ίσχυε για τη Γερμανία, τούτο δε με αναφορά στο σύστημα υπολογισμού του καθαρού ισοδύναμου ενισχύσεως που προβλέπεται για τις ενισχύσεις επενδύσεων στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, της 10ης Μαρτίου 1998 (ΕΕ C 74, σ. 9). 133. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η μέθοδος αυτή υπολογισμού δεν λαμβάνει υπόψη την ατομική της κατάσταση και καταλήγει να της επιβάλει την επιστροφή ποσού μεγαλύτερου από την ενίσχυση την οποία πράγματι έλαβε βάσει του άρθρου 3 του ZRFG. Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι το επιτόκιο αναφοράς έπρεπε να καθορισθεί με γνώμονα τα επιτόκια που έλαβε, κατά τα οικονομικά έτη 1985/1986 έως 1997/1998, για την τοποθέτηση των ταμειακών πλεονασμάτων τα οποία προέκυψαν από τις έκτακτες αποσβέσεις, ήτοι 5,99 % κατά μέσο όρο επί του συνόλου των οικονομικών αυτών ετών. 134. Η προσφεύγουσα προσάπτει επίσης στην Επιτροπή ότι δεν έλαβε υπόψη της τα εφαρμοστέα μετά το οικονομικό έτος 1994/1995 επιτόκια, ενώ, για τον υπολογισμό των επιτοκίων, όφειλε να λάβει υπόψη της τη χρονική περίοδο από τη στιγμή κατά την οποία ασκούνταν το δικαίωμα για έκτακτες αποσβέσεις μέχρι τη στιγμή καθορισμού του προς επιστροφή ποσού. 135. Χωρίς να αμφισβητείται ότι τα επιτόκια αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε έτος από το 1986 έως το 1995 ανεξαρτήτως της ατομικής καταστάσεως της προσφεύγουσας, η Επιτροπή φρονεί ότι «τα επιτόκια αναφοράς προσομοιάζουν εν προκειμένω με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση των οικονομικών πλεονεκτημάτων που έχουν προκύψει από την παροχή των υπό εξέταση ενισχύσεων στη δικαιούχο επιχείρηση» (σκέψη 158 της προσβαλλομένης αποφάσεως). 136. Επομένως, πρέπει να καθορισθεί αν ορθώς η Επιτροπή, αφενός, δέχθηκε ως προεξοφλητικό επιτόκιο τα επιτόκια αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του καθαρού ισοδύναμου ενισχύσεως στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων στη Γερμανία, και, αφετέρου, δεν έλαβε υπόψη της στο πλαίσιο αυτό τα εφαρμοστέα μεταξύ 1996 και 1998 επιτόκια αναφοράς. – Επί της πρώτης αιτιάσεως, η οποία αφορά τον ορισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου με γνώμονα τα επιτόκια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του καθαρού ισοδύναμου ενισχύσεως στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων 137. Εισαγωγικώς, υπενθυμίζεται ότι η ανάκτηση μιας παρανόμως χορηγηθείσας κρατικής ενισχύσεως αποσκοπεί στην αποκατάσταση της προτέρας καταστάσεως και δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να θεωρηθεί ως μέτρο δυσανάλογο προς τους σκοπούς του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ (βλ. απόφαση Falck και Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, σκέψη 103 ανωτέρω, σκέψη 157 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 138. Η εν λόγω ανάκτηση της ενισχύσεως πρέπει, ωστόσο, να περιορίζεται στα οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία απορρέουν πράγματι από τη θέση των ενισχύσεων στη διάθεση του δικαιούχου και πρέπει να είναι ανάλογα αυτών (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση του Πρωτοδικείου της 8ης Ιουνίου 1995, T-459/93, Siemens κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. II-1675, σκέψη 99). 139. Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία η εγκριθείσα ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή αναβολής πληρωμής φόρου για πολλά έτη και, επομένως, δωρεάν ταμειακής προκαταβολής ή δανείου με μηδενικό επιτόκιο, πρέπει, προς επίτευξη της αποκαταστάσεως της προτέρας καταστάσεως, να διαταχθεί η επιστροφή του συνόλου των τόκων τους οποίους οφείλει να καταβάλει ο δικαιούχος με τα ισχύοντα στην αγορά επιτόκια (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση Cityflyer Express κατά Επιτροπής, σκέψη 115 ανωτέρω, σκέψη 56). 140. Ωστόσο, η Επιτροπή, για να διατάξει την αποκατάσταση της προτέρας καταστάσεως, έχει την εξουσία να καθορίζει το επιτρέπον την αποκατάσταση αυτή επιτόκιο (απόφαση Falck και Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, σκέψη 103 ανωτέρω, σκέψη 161). Επομένως, δεν απόκειται στον δικαστή της Ένωσης, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της ασκήσεως της εξουσίας αυτής, να υποκαθιστά την εκτίμηση της Επιτροπής στον τομέα αυτόν, αλλά να εξετάζει αν η εκτίμηση αυτή πάσχει από πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως ή κατάχρηση εξουσίας (απόφαση Falck και Acciaierie di Bolzano κατά Επιτροπής, σκέψη 103 ανωτέρω, σκέψη 161· βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση του Δικαστηρίου της 12ης Δεκεμβρίου 2002, C-456/00, Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I-11949, σκέψη 41 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία, και αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 12ης Δεκεμβρίου 1996, T-380/94, AIUFFASS και AKT κατά Επιτροπής, Συλλογή 1996, σ. II-2169, σκέψη 56, και της 15ης Σεπτεμβρίου 1998, T-126/96 και T-127/96, BFM και EFIM κατά Επ ιτροπής, Συλλογή 1998, σ. II-3437, σκέψη 81). 141. Όσον αφορά τον καθορισμό των εφαρμοστέων επιτοκίων, υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια αναφοράς θεωρούνται ως αντιπροσωπεύοντα το μέσο επίπεδο των ισχυόντων σε καθένα κράτος μέλος επιτοκίων. Επομένως, τα επιτόκια αναφοράς αποτελούν έγκυρη ένδειξη των επιτοκίων της αγοράς δανείων που προορίζονται για βιομηχανικές επενδύσεις (απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Ιουλίου 1988, 102/87, Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1988, σ. 4067, σκέψη 25). 142. Κρίθηκε συναφώς ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου και ίσης μεταχειρίσεως, κατά κανόνα η Επιτροπή δύναται να θεωρήσει θεμιτό να εφαρμόσει το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει σε μια συγκεκριμένη περίοδο για όλα τα δάνεια που χορηγούνται κατά την περίοδο αυτή (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Απριλίου 2004, C-278/00, Ελλάδα κατά Επιτροπής, Συλλογή 2004, σ. I-3997, σκέψη 62). 143. Επιπλέον, θεμιτώς η Επιτροπή λαμβάνει ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο που καθορίζεται για την εκτίμηση των καθεστώτων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, όπως αυτό δημοσιεύεται περιοδικώς στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τα ευνοϊκά αυτά επιτόκια, τα οποία ισχύουν για τις υγιείς επιχειρήσεις, θα είχαν χρησιμοποιηθεί, στην περίπτωση που το επίδικο σύστημα είχε κοινοποιηθεί, για τον καθορισμό της υπάρξεως στοιχείων ενισχύσεως (βλ., κατ’ αναλογία, απόφαση του Πρωτοδικείου της 11ης Ιουνίου 2009, T-222/04, Ιταλία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2009, σ. II-1877, σκέψη 70). 144. Υπό το πρίσμα των αρχών αυτών πρέπει να αποφανθεί το Δικαστήριο επί της πρώτης αιτιάσεως. 145. Με βάση, μεταξύ άλλων, τη διαπίστωση ότι είναι πολύ δύσκολος, εν προκειμένω, ο καθορισμός των πραγματικών πλεονεκτημάτων που έλαβε η προσφεύγουσα μέσω τοποθετήσεων των τυχόν ταμειακών πλεονασμάτων και, εν πάση περιπτώσει, οδηγεί σε στρεβλώσεις μεταξύ των επιχειρήσεων αναλόγως της οικονομικής πολιτικής τους, η Επιτροπή έκρινε, με την προσβαλλομένη απόφαση, ότι είναι προσήκον να γίνει δεκτό ως προεξοφλητικό επιτόκιο το επιτόκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα που ίσχυε κατά τη στιγμή χορηγήσεως των επίμαχων ενισχύσεων, ήτοι μεταξύ 1986 και 1995. 146. Αντιθέτως, η προσφεύγουσα, υποστηριζόμενη επί του σημείου αυτού από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, θεωρεί ότι τα ενιαία αυτά επιτόκια, τα οποία διευκρινίζονται στη σκέψη 97 της προσβαλλομένης αποφάσεως, είναι μεγαλύτερα αυτών που έλαβε χάρη στην τοποθέτηση των ταμειακών πλεονεκτημάτων, τα οποία απορρέουν από έκτακτες αποσβέσεις και αφορολόγητα αποθεματικά που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 3 του ZRFG. Επομένως, το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να καθορισθεί μόνο με γνώμονα τα επιτόκια δανεισμού που ίσχυαν κατά την περίοδο αυτή. 147. Εν προκειμένω, συνομολογείται ότι η προσφεύγουσα έτυχε, χάρη των εκτάκτων αποσβέσεων και των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 3 του ZRFG, αναβολή πληρωμής φόρου, η οποία, όπως ορθώς ανέφερε η Επιτροπή στο σημείο 61 της προσβαλλομένης αποφάσεως, αναλύεται ως δάνειο με μηδενικό επιτόκιο επί του ποσού του αναβληθέντος φόρου και για τη διάρκεια της αναβολής πληρωμής του φόρου. Επομένως, μολονότι η επιχείρηση όφειλε να καταβάλει, μέχρι το τέλος των περιόδων αποσβέσεως των επενδύσεων, το ποσό του αναβληθέντος φόρου, εντούτοις δεν όφειλε να καταβάλει τόκους επί των ποσών που είχαν τεθεί στη διάθεσή της κατά τη διάρκεια της περιόδου αναβολής πληρωμής του φόρου. 148. Επομένως, λαμβανομένης υπόψη της αρχής, της οποίας έγινε μνεία στη σκέψη 139 ανωτέρω, θεωρείται ότι το αληθές πλεονέκτημα που έλαβε η προσφεύγουσα αντιστοιχεί στο ποσό των τόκων που θα έπρεπε να καταβάλει, με το επιτόκιο της αγοράς, αν έπρεπε να δανειστεί κεφάλαιο αντιστοιχούν στον αναβληθέντα φόρο. 149. Εξάλλου, από τη νομολογία, της οποίας έγινε μνεία στις σκέψεις 141 έως 143 ανωτέρω, προκύπτει ότι η Επιτροπή θεμιτώς δέχεται, υπό τις περιστάσεις αυτές, ως προεξοφλητικό επιτόκιο το επιτόκιο αναφοράς που έχει καθορισθεί για την αξιολόγηση των καθεστώτων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. 150. Ειδικότερα, όπως τονίζει η Επιτροπή, η εφαρμογή, εν προκειμένω, των επιτοκίων δανεισμού στο ύψος των αναβληθέντων φόρων, τα οποία είναι κατ’ αρχήν χαμηλότερα των επιτοκίων χρηματοδοτήσεως, θα κατέληγε σε παράδοξη κατάσταση στην οποία πλεονέκτημα στο επίπεδο υπολογισμού της εντάσεως της ενισχύσεως θα λαμβανόταν από την προσφεύγουσα ακριβώς χάρη στις ταμειακές προκαταβολές, τις οποίες θα της είχαν παρανόμως χορηγήσει οι γερμανικές αρχές. Η επιλογή αυτή θα οδηγούσε στην αποδοχή μεθόδου υπολογισμού της εντάσεως της ενισχύσεως ενδεχομένως διαφορετικής όχι μόνο αναλόγως του αν η εν λόγω ενίσχυση έχει τη μορφή αναβολής πληρωμής φόρου ή επιδοτούμενου δανείου, και μάλιστα δανείου με μηδενικό επιτόκιο ενόψει της πραγματοποιήσεως της επενδύσεως, αλλά και, προκειμένου για αναβολή πληρωμής φόρου, αναλόγως του αν η δικαιούχος συναφώς επιχείρηση, ελλείψει της ενισχύσεως, όφειλε ή όχι να συνάψει δάνειο για να πραγματοποιήσει την οικεία επένδυση. 151. Επομένως, η προσφεύγουσα και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν ήσαν σε θέση να αποδείξουν την ύπαρξη πλάνης περί το δίκαιο ή πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως της Επιτροπής κατά τον καθορισμό του εφαρμοστέου στην αναβολή πληρωμής φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου του οποίου έτυχε η προσφεύγουσα. 152. Επομένως, ο πρώτος λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. – Επί της δεύτερης αιτιάσεως, η οποία αφορά την ανάγκη συνυπολογισμού των προεξοφλητικών επιτοκίων που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των οικονομικών ετών 1995/1996 και 1997/1998 153. Η προσφεύγουσα εκτιμά ότι η Επιτροπή όφειλε να λάβει υπόψη της, κατά τους υπολογισμούς της περί των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 3 του ZRFG, όχι μόνον τα επιτόκια αναφοράς που εφαρμόστηκαν για τα οικονομικά έτη 1985/1986 έως 1994/1995, αλλά και τα επιτόκια αναφοράς για τα οικονομικά έτη 1995/1996 έως 1997/1998. Η προσφεύγουσα διατείνεται ότι ο χαρακτηρισμός των ενισχύσεων πρέπει να περιλαμβάνει την περίοδο από τη χρονική στιγμή της ασκήσεως του δικαιώματος εκτάκτων αποσβέσεων μέχρι τον καθορισμό του προς επιστροφή ποσού. 154. Η Επιτροπή απέρριψε τον συνυπολογισμό των επιτοκίων αναφοράς τα οποία εφαρμόζονταν, για τη Γερμανία, κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, για τον λόγο ότι τα επίμαχα μέτρα αφορούσαν τα έτη 1986-1995 και επομένως η ανάλυση πρέπει να περιορισθεί στην περίοδο αυτή. 155. Συναφώς, επισημαίνεται, εισαγωγικώς, ότι από το γράμμα του δικογράφου της προσφυγής προκύπτει ότι η παρούσα αιτίαση πρέπει να νοηθεί ως αναφερόμενη αποκλειστικώς στα επιτόκια αναφοράς που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των ενισχύσεων οι οποίες έχουν λάβει τη μορφή εκτάκτων αποσβέσεων από την προσφεύγουσα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 3 του ZRFG, και όχι τα αφορολόγητα αποθεματικά τα οποία συνεστήθησαν βάσει αυτού. 156. Επιπλέον, από την ανάλυση της πρώτης αιτιάσεως, στις σκέψεις 137 έως 152 ανωτέρω, προκύπτει ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη, στο σημείο 97 της προσβαλλομένης αποφάσεως, καθορίζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο με γνώμονα τα επιτόκια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του καθαρού ισοδύναμου ενισχύσεως στο πλαίσιο των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα στη Γερμανία. 157. Στη συνέχεια, επισημαίνεται ότι η Επιτροπή διευκρίνισε, στο σημείο 92 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι η απόφαση αυτή αφορά τα ποσά των έκτακτων αποσβέσεων και των αφορολόγητων αποθεματικών, αντιστοίχως, τα οποία πραγματοποίησε και συνέστησε η προσφεύγουσα μεταξύ του 1986 και του 1995, κατά παράβαση της απαγορεύσεως του άρθρου 4, στοιχείο γʹ, ΑΧ. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο ίδιο σημείο της προσβαλλομένης αποφάσεως αναφέρει ότι έγινε δεκτό ποσό 484 εκατομμυρίων DEM, όσον αφορά έκτακτες αποσβέσεις, και 367 εκατομμυρίων DEM, όσον αφορά αφορολόγητα αποθεματικά, τα δε ποσά αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση υπολογισμού της συνολικής ενισχύσεως την οποία πράγματι έλαβε η προσφεύγουσα. Εξάλλου, τα εν λόγω ποσά αντιστοιχούν σε αυτά για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 1 του διατακτικού της προσβαλλομένης αποφάσεως. 158. Ωστόσο, η προσφεύγουσα, με την επιχειρηματολογία της, επικρίνει, κατ’ ουσίαν, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν δέχθηκε, για τον υπολογισμό των προς επιστροφή ενισχύσεων, τα προεξοφλητικά επιτόκια που ήσαν εφαρμοστέα κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ του οικονομικού έτους 1995/1996 και του οικονομικού έτους 1997/1998. Συναφώς, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πλεονεκτήματα τα οποία εξακολούθησε να λαμβάνει η προσφεύγουσα κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, δυνάμει των πραγματοποιηθεισών βάσει του άρθρου 3 του ZRFG έκτακτων αποσβέσεων. 159. Πάντως, αρκεί η διαπίστωση ότι, όπως προκύπτει από την ανάλυση στη σκέψη 157 ανωτέρω, τα εν λόγω πλεονεκτήματα, ακόμη και αν θεωρηθούν αποδεδειγμένα, δεν αποτελούν το αντικείμενο της προσβαλλομένης αποφάσεως, και, συνεπώς, η παρούσα αιτίαση είναι αλυσιτελής. 160. Κατά συνέπεια, το πρώτο σκέλος του έκτου λόγου ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο. Επί του δευτέρου σκέλους, το οποίο αφορά την ασάφεια ως προς τη συνεκτίμηση του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών κατά τον υπολογισμό του καθαρού ισοδύναμου επιχορηγήσεως και την έλλειψη αιτιολογίας 161. Η προσφεύγουσα φρονεί ότι το περιεχόμενο της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν είναι σαφές όσον αφορά τη συνεκτίμηση του φορολογικού συντελεστή για τον υπολογισμό των προς επιστροφή ενισχύσεων. Κατά την άποψή της, η Επιτροπή δεν διευκρίνισε αν ο φορολογικός συντελεστής επί των κερδών πρέπει να εφαρμοσθεί μόνο στα ποσά της αναβολής πληρωμής φόρου ή και στους τόκους. 162. Η Επιτροπή δεν διατύπωσε άποψη επί του ζητήματος αυτού. 163. Στα σημεία 94 και 95 της προσβαλλομένης αποφάσεως διευκρινίζεται: «Συντελεστής φόρου (94) Η Γερμανία επικαλείται εν προκειμένω τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, όπου στο παράρτημα Ι, παράγραφος 1.1, διευκρινίζεται ότι “η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να υπολογίζεται μετά τη φορολόγησή της, δηλαδή αφαιρουμένων των φόρων που καταβάλλονται για τη χορήγησή της, και ιδίως του φόρου επί των κερδών. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει το καθαρό ισοδύναμο επιχορηγήσεως, το οποίο αντιπροσωπεύει την ενίσχυση που καρπούται ο δικαιούχος μετά την καταβολή του φόρου αυτού. […]” (95) Επομένως, για τον υπολογισμό του καθαρού ισοδύναμου επιχορήγησης είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ο συντελεστής φορολόγησης των (μη διανεμόμενων) κερδών. Ο συντελεστής αυτός έχει ιδίως σημασία για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της αναβολής πληρωμής φόρου και κατ’ επέκταση του οφέλους που καρπούται με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση. Η Επιτροπή επισημαίνει, εξάλλου, ότι ο φορολογικός συντελεστής παρουσίασε διακυμάνσεις κατά τη χρονική περίοδο 1986-1995.» 164. Πρώτον, από το απόσπασμα αυτό προκύπτει ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το υποβληθέν από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αίτημα περί αφαιρέσεως του φόρου επί των κερδών από το ακαθάριστο ποσό των ενισχύσεων, προκειμένου να υπολογίσει το καθαρό ισοδύναμο επιχορηγήσεως. 165. Δεύτερον, πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά πάγια νομολογία, ελλείψει κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τη διαδικασία αναζητήσεως των χωρίς νόμιμη αιτία καταβληθέντων ποσών, η αναζήτηση των παρανόμως χορηγηθεισών ενισχύσεων πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου (αποφάσεις του Δικαστηρίου της 21ης Σεπτεμβρίου 1983, 205/82 έως 215/82, Deutsche Milchkontor κ.λπ., σ. 2633, σκέψεις 18 έως 25, και της 2ας Φεβρουαρίου 1989, 94/87, Επιτροπή κατά Γερμανίας, Συλλογή 1989, σ. 175, σκέψη 12· απόφαση Siemens κατά Επιτροπής, σκέψη 138 ανωτέρω, σκέψη 82). 166. Όπως υπενθυμίζει η Επιτροπή στο σημείο 153 της προσβαλλομένης αποφάσεως, η Επιτροπή δεν υποχρεούται, με τις αποφάσεις με τις οποίες διατάσσει την αναζήτηση κρατικών ενισχύσεων, να προβαίνει στον υπολογισμό των επιπτώσεων του φόρου επί του ποσού των ενισχύσεων που πρέπει να επιστραφούν, καθόσον ο υπολογισμός αυτός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου, αλλά οφείλει να περιορίζεται στην υπόδειξη του ακαθάριστου αναζητητέου ποσού (απόφαση Siemens κατά Επιτροπής, σκέψη 138 ανωτέρω, σκέψη 83). 167. Τούτο δεν εμποδίζει τις εθνικές αρχές, κατά την αναζήτηση των ενισχύσεων, να αφαιρούν ενδεχομένως από το αναζητητέο ποσό ορισμένα ποσά κατ’ εφαρμογήν των εθνικών τους κανόνων, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή των εθνικών αυτών κανόνων δεν καθιστά πρακτικώς αδύνατη την εν λόγω αναζήτηση ή δεν εισάγει διακρίσεις σε σχέση με ανάλογες περιπτώσεις που διέπονται αποκλειστικά από το εσωτερικό δίκαιο (απόφαση Siemens κατά Επιτροπής, σκέψη 138 ανωτέρω, σκέψη 83). 168. Εν προκειμένω, το άρθρο 1 της προσβαλλομένης αποφάσεως αναφέρει τη βάση επί της οποίας πρέπει να υπολογισθεί το ακαθάριστο ποσό των ενισχύσεων, ενώ το άρθρο 2, παράγραφος 2, της προσβαλλομένης αποφάσεως διευκρινίζει ότι «η ανάκτηση πρέπει να γίνει αμελλητί, σύ μφωνα με τις διαδικασίες τις οποίες προβλέπει η εθνική νομοθεσία». Επομένως, οι λεπτομέρειες εκτελέσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως εξακολουθούν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο. 169. Κατά συνέπεια, πρέπει να θεωρηθεί ότι η Επιτροπή δεν υποχρεούνταν να διευκρινίσει, με την προσβαλλομένη απόφαση, τίνι τρόπω έπρεπε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να πραγματοποιήσει τον υπολογισμό του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών, εφόσον ο εν λόγω υπολογισμός απόκειται στις αρχές αυτού του κράτους μέλους, σύμφωνα με τους εσωτερικούς του κανόνες. 170. Τέλος, λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, πρέπει να θεωρηθεί ότι το μέρος αυτό της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν πάσχει από ανεπαρκή αιτιολογία. 171. Επομένως, το δεύτερο σκέλος του έκτου λόγου, καθώς και το σύνολο του έκτου λόγου, πρέπει να απορριφθούν. 172. Κατόπιν όλων αυτών των στοιχείων, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. Επί των δικαστικών εξόδων 173. Με την αναιρετική απόφαση, σκέψη 11 ανωτέρω, το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς τα δικαστικά έξοδα. Απόκειται, επομένως, στο Γενικό Δικαστήριο να αποφανθεί, με την παρούσα απόφαση, επί του συνόλου των δικαστικών εξόδων που αντιστοιχούν στις διάφορες διαδικασίες, κατά το άρθρο 121 του Κανονισμού Διαδικασίας. 174. Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της Επιτροπής. 175. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία παρενέβη στη δίκη, φέρει τα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου δικαστικά έξοδά της, σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο πενταμελές τμήμα) αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την προσφυγή. 2) Η Salzgitter AG φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου. 3) H Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας φέρει τα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου δικαστικά έξοδά της.

62015CJ0682

pt

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 1. o , n. o 1, e do artigo 5. o da Diretiva 2011/16/UE do Conselho, de 15 de fevereiro de 2011, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade e que revoga a Diretiva 77/799/CEE ( JO 2011, L 64, p. 1 ), bem como do artigo 47. o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta»). Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Berlioz Investment Fund SA (a seguir «Berlioz») ao directeur de l’administration des contributions directes (Diretor da Administração dos Impostos Diretos, Luxemburgo) a propósito de uma sanção pecuniária que este lhe aplicou por se ter recusado a responder a um pedido de informações no âmbito de uma troca de informações com a Administração Fiscal francesa. Quadro jurídico Direito da União Carta O artigo 47. o da Carta, sob a epígrafe «Direito à ação e a um tribunal imparcial», dispõe: «Toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem direito a uma ação perante um tribunal nos termos previstos no presente artigo. Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada de forma equitativa, publicamente e num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial, previamente estabelecido por lei. Toda a pessoa tem a possibilidade de se fazer aconselhar, defender e representar em juízo. […]» Diretiva 2011/16 Os considerandos 1, 2, 6 a 9 e 19 da Diretiva 2011/16 enunciam: «(1) […] A mobilidade dos contribuintes, o número de operações transfronteiriças e a internacionalização dos instrumentos financeiros conhecem uma evolução considerável, dificultando o correto estabelecimento pelos Estados‑Membros dos impostos devidos. Estas dificuldades crescentes afetam o funcionamento dos sistemas fiscais e acarretam um fenómeno de dupla tributação, que incita à fraude e à evasão fiscais. […] (2) […] A fim de obviar aos efeitos negativos deste fenómeno, é indispensável desenvolver uma nova cooperação administrativa entre as administrações fiscais dos Estados‑Membros. É necessário dispor de instrumentos que permitam instaurar a confiança entre Estados‑Membros, mediante o estabelecimento de regras, obrigações e direitos idênticos para todos os Estados‑Membros. […] (6) […] Para esse efeito, considera‑se que esta nova diretiva constitui o instrumento adequado a uma cooperação administrativa eficaz. (7) A presente diretiva baseia‑se nos resultados da Diretiva 77/799/CEE [do Conselho, de 19 de dezembro de 1977, relativa à assistência mútua das autoridades competentes dos Estados‑Membros no domínio dos impostos diretos ( JO 1977, L 336, p. 15 ; EE 09 F1 p. 94),] mas estabelece regras mais claras e mais precisas para reger a cooperação administrativa entre Estados‑Membros sempre que tal seja necessário, de modo a instituir, especialmente no que diz respeito à troca de informações, uma cooperação administrativa mais ampla entre Estados‑Membros. […] (8) […] Convirá […] prever mais contactos diretos entre serviços, a fim de conferir maior eficácia e rapidez à cooperação. […] (9) Os Estados‑Membros deverão trocar informações sobre casos concretos sempre que tal lhes seja solicitado por outro Estado‑Membro e deverão proceder aos inquéritos necessários à obtenção de tais informações. A norma da “relevância previsível” destina‑se a permitir a troca de informações em matéria fiscal em toda a medida do possível e, simultaneamente, a clarificar que os Estados‑Membros não podem efetuar investigações aleatórias nem pedir informações de utilidade duvidosa relativamente à situação tributária de determinado contribuinte. Embora o artigo 20. o da presente diretiva contenha requisitos de procedimento, é necessário interpretar essas disposições de forma flexível, por forma a não comprometer a eficácia da troca de informações. […] (19) As situações em que um Estado‑Membro requerido pode recusar a prestação de informações deverão ser claramente definidas e limitadas, tendo em conta determinados interesses privados que devam ser protegidos e bem assim o interesse público.» O artigo 1. o , n. o 1, da Diretiva 2011/16 dispõe: «A presente diretiva estabelece as regras e os procedimentos ao abrigo dos quais os Estados‑Membros devem cooperar entre si tendo em vista a troca de informações previsivelmente relevantes para a administração e a execução da legislação interna dos Estados‑Membros respeitante aos impostos a que se refere o artigo 2. o » O artigo 5. o desta diretiva prevê: «A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida comunica à autoridade requerente todas as informações a que se refere o n. o 1 do artigo 1. o de que disponha ou que obtenha na sequência de inquéritos administrativos.» O artigo 16. o , n. o 1, da referida diretiva tem a seguinte redação: «As informações comunicadas entre Estados‑Membros sob qualquer forma ao abrigo da presente diretiva estão sujeitas à obrigação do segredo oficial e beneficiam da proteção concedida a informações da mesma natureza pela legislação nacional do Estado‑Membro que as recebeu. […] […]» O artigo 17. o da mesma diretiva, sob a epígrafe «Limites», dispõe: «1.   A autoridade requerida de um Estado‑Membro comunica à autoridade requerente de outro Estado‑Membro as informações a que se refere o artigo 5. o , desde que a autoridade requerente tenha esgotado as fontes habituais de informação a que teria podido recorrer segundo as circunstâncias para obter as informações solicitadas sem correr o risco de prejudicar a consecução dos seus objetivos. 2.   2. A presente diretiva não impõe qualquer obrigação ao Estado‑Membro requerido de proceder a inquéritos ou de comunicar informações, se a realização de tais inquéritos ou a recolha das informações pretendidas para fins próprios infringir a sua legislação. 3.   A autoridade competente de um Estado‑Membro requerido pode escusar‑se a prestar informações sempre que, por razões legais, o Estado‑Membro requerente não esteja em condições de prestar informações análogas. 4.   A prestação de informações pode ser recusada quando conduza à divulgação de um segredo comercial, industrial ou profissional ou de um processo comercial, ou de informações cuja divulgação seja contrária à ordem pública. 5.   A autoridade requerida informa a autoridade requerente dos motivos que obstam a que o pedido de informações seja satisfeito.» O artigo 18. o da Diretiva 2011/16, sob a epígrafe «Obrigações», enuncia: «1.   Se forem solicitadas informações por um Estado‑Membro nos termos da presente diretiva, o Estado‑Membro requerido recorre às medidas que tenha previsto em matéria de recolha de informações para a obtenção das informações solicitadas, mesmo que não necessite dessas informações para os seus próprios fins fiscais. Esta obrigação é imposta sem prejuízo dos n. os 2, 3 e 4 do artigo 17. o , cuja invocação não pode em caso algum ser entendida como autorizando um Estado‑Membro requerido a não prestar informações apenas por não ter interesse nessas informações a nível interno. 2.   O disposto nos n. os 2 e 4 do artigo 17. o não pode, em caso algum, ser entendido como autorizando a autoridade requerida de um Estado‑Membro a escusar‑se a prestar informações apenas pelo facto de essas informações estarem na posse de uma instituição bancária, de outra instituição financeira, de uma pessoa designada ou atuando na qualidade de agente ou de fiduciário ou pelo facto de estarem relacionadas com uma participação no capital de uma pessoa. […]» O artigo 20. o , n. o 1, da Diretiva 2011/16 prevê, no que se refere aos pedidos de informações e de inquéritos administrativos ao abrigo do artigo 5. o desta diretiva, a utilização, na medida do possível, de um formulário adotado pela Comissão. O n. o 2 deste artigo 20. o tem a seguinte redação: «O formulário normalizado a que se refere o n. o 1 inclui pelo menos as seguintes informações a prestar pela autoridade requerente: a) A identidade da pessoa objeto de inspeção ou investigação; b) O fim fiscal a que se destina o pedido de informações. A autoridade requerente pode, tanto quanto deles tenha conhecimento e de acordo com a evolução da situação internacional, fornecer o nome e o endereço de qualquer pessoa que se suponha estar na posse das informações solicitadas e bem assim qualquer elemento suscetível de facilitar a recolha de informações pela autoridade requerida.» O artigo 22. o da Diretiva 2011/16 prevê, no seu n. o 1, alínea c): «Os Estados‑Membros tomam todas as medidas necessárias para: […] c) Assegurar o bom funcionamento do dispositivo de cooperação administrativa previsto na presente diretiva.» Direito luxemburguês Lei de 29 de março de 2013 A Diretiva 2011/16 foi transposta para o direito luxemburguês pela loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16 et portant 1) modification de la loi générale des impôts, 2) abrogation de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs [Lei de 29 de março de 2013, que transpõe a Diretiva 2011/16 e 1) altera a Lei geral dos impostos, 2) revoga a Lei de 15 de março de 1979 alterada, relativa à assistência administrativa internacional em matéria de impostos diretos] ( Mémorial A 2013, p. 756, a seguir «Lei de 29 de março de 2013»). O artigo 6. o da Lei de 29 de março de 2013 prevê: «A pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida luxemburguesa comunica‑lhe as informações previsivelmente relevantes para a administração e a execução da legislação interna do Estado‑Membro requerente relativa aos impostos referidos no artigo 1. o , de que disponha ou que obtenha na sequência de inquéritos administrativos.» O artigo 8. o , n. o 1, da Lei de 29 de março de 2013 dispõe: «A autoridade requerida luxemburguesa efetua as comunicações referidas no artigo 6. o o mais rapidamente possível, e o mais tardar seis meses a contar da data de receção do pedido. Todavia, quando a autoridade requerida luxemburguesa já estiver na posse das informações em causa, as comunicações serão efetuadas no prazo de dois meses subsequentes a essa data.» Lei de 25 de novembro de 2014 A loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure aplicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale et modifiant la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y aplicable en matière d’échange de renseignements sur demande (Lei de 25 de novembro de 2014, que prevê o procedimento aplicável à troca de informações a pedido em matéria fiscal e que altera a Lei de 31 de março de 2010, relativa à aprovação das convenções fiscais e que prevê o procedimento aplicável em matéria de troca de informações a pedido) ( Mémorial A 2014, p. 4170, a seguir «Lei de 25 de novembro de 2014») contém as seguintes disposições. O artigo 1. o , n. o 1, da Lei de 25 de novembro de 2014 dispõe: «A presente lei é aplicável a contar da sua entrada em vigor aos pedidos de troca de informações formulados em matéria fiscal que emanem da autoridade competente de um Estado requerente ao abrigo: […] 4) da [Lei de 29 de março de 2013], relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade; […]» O artigo 2. o da Lei de 25 de novembro de 2014 prevê: «1.   As Administrações Tributárias podem requerer ao respetivo detentor todo o tipo de informações solicitadas para efeitos da aplicação da troca de informações, conforme prevista nas Convenções e nas Leis. 2.   O detentor das informações tem a obrigação de prestar as informações solicitadas, na sua totalidade, de forma precisa e sem alteração, no prazo de um mês a contar da notificação da decisão de injunção para prestação das informações solicitadas. Esta obrigação compreende a transmissão, sem alteração, dos documentos sobre os quais as informações se baseiam. […]» Nos termos do artigo 3. o da Lei de 25 de novembro de 2014: «1.   A Administração Tributária competente deve verificar a regularidade formal do pedido de troca de informações. Considera‑se formalmente regular o pedido de troca de informações que contenha a indicação da base jurídica e da autoridade requerente competente e restantes indicações previstas nas Convenções e nas Leis. […] 3.   Quando a Administração Tributária competente não disponha das informações solicitadas, o diretor da Administração Tributária competente ou o seu representante deve notificar ao detentor das informações a sua decisão de injunção para prestação das informações solicitadas, por carta registada. A notificação da decisão ao detentor das informações solicitadas vale como notificação a toda a pessoa nela designada. 4.   O pedido de troca de informações não pode ser divulgado. Da decisão de injunção devem apenas constar as indicações indispensáveis para que o detentor das informações possa identificar as informações solicitadas. […]» O artigo 5. o , n. o 1, da Lei de 25 de novembro de 2014 dispõe: «Quando as informações solicitadas não sejam transmitidas no prazo de um mês a contar da notificação da decisão de injunção para prestação das informações solicitadas, é aplicável ao detentor das informações uma coima fiscal até 250000 euros. O montante da coima é fixado pelo diretor da Administração Tributária competente ou pelo seu representante.» O artigo 6. o da Lei de 25 de novembro de 2014 enuncia: «1.   Não é admissível recurso do pedido de troca de informações nem da decisão de injunção previstos no artigo 3. o , n. os 1 e 3. 2.   O detentor das informações pode interpor recurso de plena jurisdição das decisões previstas no artigo 5. o para o tribunal administratif [Tribunal Administrativo]. O recurso deve ser interposto no prazo de um mês a contar da notificação da decisão ao detentor das informações solicitadas. O recurso tem efeito suspensivo. […] Das decisões do tribunal administratif é admissível recurso para a Cour administrative [Supremo Tribunal Administrativo]. O recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias contados da notificação da sentença por iniciativa da Secretaria. […] A Cour administrative decide no prazo de um mês após a entrega da resposta ou do termo do prazo para entrega deste articulado.» Litígio no processo principal e questões prejudiciais A Berlioz é uma sociedade anónima de direito luxemburguês que beneficiou dos dividendos que a sua filial, a sociedade por ações simplificada de direito francês Cofima, lhe pagou em regime de isenção de retenção na fonte. Em 3 de dezembro de 2014, a Administração Fiscal francesa, que tinha dúvidas sobre se a isenção de que a Cofima tinha beneficiado respeitava as condições previstas no direito francês, dirigiu à Administração Fiscal luxemburguesa um pedido de informações sobre a Berlioz ao abrigo, nomeadamente, da Diretiva 2011/16. Na sequência desse pedido, o Diretor da Administração dos Impostos Diretos adotou, em 16 de março de 2015, uma decisão em que indicou que as autoridades fiscais francesas estavam a verificar a situação fiscal da Cofima e precisavam de informações para poderem pronunciar‑se sobre a aplicação de retenções na fonte sobre os dividendos pagos pela Cofima à Berlioz. Nessa decisão e com base no artigo 2. o , n. o 2, da Lei de 25 de novembro de 2014, ordenou à Berlioz que lhe comunicasse certas informações, em particular: — se a sociedade tem sede efetiva no Luxemburgo e quais as suas características principais, a saber, a descrição dessa sede, superfície dos seus escritórios, o equipamento material e informático pertencente à Berlioz, a cópia do contrato de arrendamento dos locais e a morada, com documentos comprovativos desses dados; — o fornecimento de uma lista dos trabalhadores com indicação da sua função na sociedade e a identificação dos trabalhadores ligados à sede social da sociedade; — se recruta a mão de obra no Luxemburgo; — se existe algum contrato entre a Berlioz e a Cofima e, na afirmativa, uma cópia desse contrato; — a indicação das suas participações noutras sociedades e como foram financiadas, com documentos comprovativos desses dados; — a indicação dos nomes e moradas dos seus sócios, do montante do capital detido por cada sócio e da percentagem de detenção de cada sócio; e — a indicação do montante dos títulos da Cofima inscritos no ativo da Berlioz antes da assembleia‑geral da Cofima, em 7 de março de 2012, e o fornecimento do histórico dos valores de entrada dos títulos da Cofima no ativo no momento da entrada de 5 de dezembro de 2002, da entrada de 31 de outubro de 2003 e da aquisição de 2 de outubro de 2007. Em 21 de abril de 2015, a Berlioz indicou que respondia à decisão de injunção de 16 de março de 2015, salvo quanto aos nomes e moradas dos seus sócios, ao montante do capital detido por cada sócio e à percentagem de detenção de cada sócio, pelo facto de essas informações não serem previsivelmente relevantes na aceção da Diretiva 2011/16 para apreciar se a distribuição de dividendos pela sua filial devia estar sujeita à retenção na fonte, objeto do controlo efetuado pela Administração Fiscal francesa. Por decisão de 18 de maio de 2015, o Diretor da Administração dos Impostos Diretos aplicou à Berlioz, com base no artigo 5. o , n. o 1, da Lei de 25 de novembro de 2014, uma coima de 250000 euros por se ter recusado a prestar essas informações. Em 18 de junho de 2015, a Berlioz interpôs no tribunal administratif (Tribunal Administrativo, Luxemburgo) recurso da decisão do Diretor da Administração dos Impostos Diretos que lhe aplicava uma sanção, requerendo que apreciasse o mérito da decisão de injunção de 16 de março de 2015. Por sentença de 13 de agosto de 2015, o tribunal administratif (Tribunal Administrativo) deu provimento parcial ao recurso principal de plena jurisdição e reduziu a coima para 150000 euros, mas negou provimento ao recurso quanto ao restante, declarando que não havia que se pronunciar sobre o recurso de anulação subsidiário. Por petição de 31 de agosto de 2015, a Berlioz interpôs recurso na Cour administrative (Supremo Tribunal Administrativo, Luxemburgo), alegando que a recusa do tribunal administratif (Tribunal Administrativo) em apreciar o mérito da decisão de injunção de 16 de março de 2015, baseada no artigo 6. o , n. o 1, da Lei de 25 de novembro de 2014, violava o seu direito a um recurso jurisdicional efetivo conforme garantido pelo artigo 6. o , n. o 1, da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em 4 de novembro de 1950 (a seguir «CEDH»). A Cour administrative (Supremo Tribunal Administrativo) considerou que podia ser necessário ter em consideração, nomeadamente, o artigo 47. o da Carta, que reflete o direito previsto no artigo 6. o , n. o 1, da CEDH, e convidou as partes no processo principal a apresentarem as suas observações sobre esta questão. Esse órgão jurisdicional questiona‑se sobre a questão de saber se um administrado, como a Berlioz, goza do direito a um recurso efetivo se não pode requerer a fiscalização, pelo menos por via de exceção, da validade da decisão de injunção que constitui o fundamento da sanção que lhe foi aplicada. Interroga‑se, em especial, sobre o conceito de «relevância previsível» das informações pedidas, contemplado no artigo 1. o , n. o 1, da Diretiva 2011/16, e sobre o alcance da fiscalização que as autoridades fiscais e as autoridades judiciais do Estado requerido devem exercer a este respeito sem atentarem contra a finalidade desta diretiva. Nestas condições, a Cour administrative (Supremo Tribunal Administrativo) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1) Numa situação como a presente, um Estado‑Membro aplica o direito da União e, por conseguinte, torna aplicável a Carta, em conformidade com o disposto no artigo 51. o , n. o 1, desta, quando aplica uma sanção pecuniária administrativa a um administrado por lhe imputar o incumprimento de obrigações de cooperação decorrentes de uma decisão de injunção adotada pela sua autoridade nacional competente com base nas regras processuais de direito interno instituídas para o efeito no âmbito da execução, por esse Estado‑Membro, na qualidade de Estado requerido, de um pedido de troca de informações de outro Estado‑Membro, que este último baseou, nomeadamente, nas disposições da Diretiva 2011/16, relativas à troca de informações a pedido? 2) Caso se conclua que a Carta é aplicável ao presente caso, pode o administrado invocar o artigo 47. o da Carta se considerar que a referida sanção pecuniária administrativa que lhe foi aplicada teria como consequência obrigá‑lo a prestar informações no âmbito da execução, pela autoridade competente do Estado‑Membro requerido, no qual reside, de um pedido de informações de outro Estado‑Membro, cujo real objetivo fiscal carece de justificação, pelo que não existe no caso em apreço um fim legítimo, e que visa a obtenção de informações sem relevância previsível para a tributação em causa? 3) Caso se conclua que a Carta é aplicável ao presente caso, o direito à ação e a um tribunal imparcial, consagrado no artigo 47. o da Carta, exige, sem que o artigo 52. o , n. o 1, da Carta permita prever restrições, que o juiz nacional competente tenha competência de plena jurisdição e, por conseguinte, o poder de fiscalizar, pelo menos por via de exceção, a validade de uma decisão de injunção da autoridade competente de um Estado‑Membro no âmbito da execução de um pedido de troca de informações submetido pela autoridade competente de outro Estado‑Membro, nomeadamente com base na Diretiva 2011/16, no âmbito do recurso interposto pelo terceiro detentor das informações, destinatário dessa decisão de injunção, que tem por objeto uma decisão de aplicação de uma sanção pecuniária administrativa pelo incumprimento imputado a esse particular da sua obrigação de colaboração no âmbito da execução do referido pedido? 4) Caso se conclua que a Carta é aplicável ao presente caso, devem os artigos 1. o , n. o 1, e 5. o da Diretiva 2011/16, à luz, por um lado, do paralelismo com a norma da relevância previsível decorrente do Modelo de Convenção Fiscal da [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)] sobre o Rendimento e o Património e, por outro, do princípio da cooperação leal consagrado no artigo 4. o do TUE, e à luz da finalidade da Diretiva 2011/16, ser interpretados no sentido de que o caráter previsivelmente relevante, face ao caso de tributação visado e à finalidade fiscal indicada, das informações solicitadas por um Estado‑Membro a outro Estado‑Membro constitui um requisito que o pedido de informações deve preencher para que a autoridade competente do Estado‑Membro requerido seja obrigada a dar seguimento ao pedido e para legitimar uma decisão de injunção sua destinada a um terceiro detentor? 5) Caso se conclua que a Carta é aplicável ao presente caso, devem as disposições conjugadas dos artigos 1. o , n. o 1, e 5. o da Diretiva 2011/16 e 47. o da Carta ser interpretadas no sentido de que se opõem a uma disposição legal de um Estado‑Membro que limita em geral a apreciação, pela sua autoridade nacional competente, na qualidade de autoridade do Estado requerido, da validade de um pedido de informações a uma fiscalização da regularidade formal e de que exigem ao juiz nacional, no âmbito do recurso contencioso descrito na terceira questão supra perante ele interposto, que verifique o preenchimento do requisito da relevância previsível das informações solicitadas sobre todos os aspetos relacionados com o caso de tributação concretamente em causa, com a finalidade fiscal invocada e com o respeito do artigo 17. o da Diretiva 2011/16? 6) Caso se conclua que a Carta é aplicável ao presente caso, o artigo 47. o , [segundo parágrafo], da Carta opõe‑se a uma disposição legal de um Estado‑Membro que exclui o conhecimento pelo juiz nacional competente do Estado requerido, no âmbito do recurso contencioso descrito na terceira questão supra perante ele interposto, do pedido de informações formulado pela autoridade competente de outro Estado‑Membro e impõe que se apresente esse documento ao juiz nacional competente e se faculte o seu acesso ao terceiro detentor, incluindo a apresentação desse documento ao juiz nacional, sem permitir ao terceiro detentor o acesso por razões de confidencialidade desse documento, na condição de todas as dificuldades causadas ao terceiro detentor pela limitação dos seus direitos serem suficientemente compensadas pelo procedimento seguido perante o juiz nacional competente?» Quanto às questões prejudiciais Quanto à primeira questão Com a primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 51. o , n. o 1, da Carta deve ser interpretado no sentido de que um Estado‑Membro aplica o direito da União, na aceção desta disposição, e que, portanto, a Carta é aplicável, quando prevê na sua legislação a aplicação de uma sanção pecuniária a um administrado que recusa prestar informações no âmbito de uma troca de informações entre autoridades fiscais, fundada, nomeadamente, nas disposições da Diretiva 2011/16. Nos termos do artigo 51. o , n. o 1, da Carta, as suas disposições têm por destinatários os Estados‑Membros apenas quando aplicam o direito da União. Importa, portanto, determinar se se pode considerar que uma medida nacional que prevê uma sanção desta natureza aplica o direito da União. A este respeito, importa salientar que a Diretiva 2011/16 impõe certas obrigações aos Estados‑Membros. Em particular, o artigo 5. o desta diretiva prevê que a autoridade requerida deve comunicar à autoridade requerente certas informações. Por outro lado, nos termos do artigo 18. o da Diretiva 2011/16, que tem por epígrafe «Obrigações», o Estado‑Membro requerido deve recorrer às medidas que tenha previsto em matéria de recolha de informações para a obtenção das informações solicitadas. Além disso, nos termos do artigo 22. o , n. o 1, alínea c), da Diretiva 2011/16, os Estados‑Membros devem tomar as medidas necessárias para assegurar o bom funcionamento do dispositivo de cooperação administrativa previsto nesta diretiva. Ao remeter para as medidas de recolha de informações existentes no direito nacional, a Diretiva 2011/16 obriga os Estados‑Membros a tomarem as medidas necessárias para a obtenção das informações solicitadas de forma a respeitarem as obrigações que lhes incumbem em matéria de troca de informações. Ora, há que observar que, para garantir o efeito útil desta diretiva, essas medidas devem abranger dispositivos, como a sanção pecuniária em causa no processo principal, que incentivem suficientemente o administrado a responder aos pedidos das autoridades fiscais e, desta forma, permitam que a autoridade requerida cumpra as suas obrigações para com a autoridade requerente. A circunstância de a Diretiva 2011/16 não prever expressamente a aplicação de medidas de sanção não impede que as mesmas sejam consideradas medidas de aplicação desta diretiva e, por conseguinte, abrangidas pelo âmbito de aplicação do direito da União. Com efeito, o conceito de «medidas […] em matéria de recolha de informações», na aceção do artigo 18. o da referida diretiva, e o de «medidas necessárias para […] [a]ssegurar o bom funcionamento do dispositivo de cooperação administrativa», na aceção do artigo 22. o , n. o 1, da mesma diretiva, podem incluir medidas desta natureza. Nestas condições, é irrelevante o facto de a disposição nacional que serve de fundamento a uma medida de sanção como a aplicada à Berlioz figurar numa lei que não foi adotada para transpor a Diretiva 2011/16, uma vez que a aplicação dessa disposição nacional visa garantir a aplicação da referida diretiva (v., neste sentido, acórdão de 26 de fevereiro de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10 , EU:C:2013:105 , n. o 28). Assim, deve considerar‑se que uma legislação nacional, como a que está em causa no processo principal, que prevê uma medida de sanção em caso de falta de resposta a um pedido da autoridade fiscal nacional destinado a permitir que esta cumpra as obrigações previstas na Diretiva 2011/16 aplica esta diretiva. Consequentemente, há que responder à primeira questão que o artigo 51. o , n. o 1, da Carta deve ser interpretado no sentido de que um Estado‑Membro aplica o direito da União, na aceção desta disposição, e que, portanto, a Carta é aplicável, quando prevê na sua legislação a aplicação de uma sanção pecuniária a um administrado que recusa prestar informações no âmbito de uma troca de informações entre autoridades fiscais, fundada, nomeadamente, nas disposições da Diretiva 2011/16. Quanto à segunda questão Com a segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 47. o da Carta deve ser interpretado no sentido de que um administrado a quem tenha sido aplicada uma sanção pecuniária por inobservância de uma decisão administrativa que lhe ordena que preste informações no âmbito de uma troca de informações entre Administrações Fiscais nacionais ao abrigo da Diretiva 2011/16 pode impugnar a legalidade dessa decisão. Quanto à existência de um direito à ação baseado no artigo 47. o da Carta Segundo o artigo 47. o da Carta, que tem por epígrafe «Direito à ação e a um tribunal imparcial», toda a pessoa cujos direitos e liberdades garantidos pelo direito da União tenham sido violados tem direito a uma ação perante um tribunal. A este direito corresponde a obrigação imposta aos Estados‑Membros no artigo 19. o , n. o 1, segundo parágrafo, TUE de estabelecerem as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo direito da União. Vários governos sustentaram que, num caso como o do processo principal, não havia qualquer «direito garantido pelo direito da União», na aceção do artigo 47. o da Carta, visto que a Diretiva 2011/16 não confere nenhum direito aos particulares. Segundo esses governos, esta diretiva, à semelhança da Diretiva 77/799 analisada pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 22 de outubro de 2013, Sabou ( C‑276/12 , EU:C:2013:678 ), visa unicamente a troca de informações entre Administrações Fiscais e só a estas últimas confere direitos. Consequentemente, um administrado como a Berlioz não pode sustentar, com base no artigo 47. o da Carta, que lhe assiste um direito à ação. A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou, nos n. os 30 a 36 do referido acórdão, que a Diretiva 77/799, que tem por objetivo regular a colaboração entre as autoridades fiscais dos Estados‑Membros, coordena a transmissão de informações entre autoridades competentes, mediante a imposição de determinadas obrigações aos Estados‑Membros, mas não confere direitos específicos ao contribuinte no que se refere à sua participação no procedimento de troca de informações entre essas autoridades. Em particular, esta diretiva não prevê nenhuma obrigação de tais autoridades ouvirem o contribuinte. Quanto à Diretiva 2011/16, esta enuncia, no seu considerando 7, que se baseia nos resultados da Diretiva 77/799, mas estabelece regras mais claras e mais precisas para reger a cooperação administrativa entre Estados‑Membros sempre que tal seja necessário, de modo a instituir uma cooperação mais ampla. Desta forma, há que concluir que a Diretiva 2011/16 prossegue um objetivo análogo ao da Diretiva 77/799, que substitui. Todavia, esta circunstância não implica que um administrado que se encontre na situação da Berlioz não possa, em conformidade com o artigo 47. o da Carta, defender a sua causa em tribunal no âmbito da aplicação da Diretiva 2011/16. Com efeito, resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que os direitos fundamentais garantidos pela ordem jurídica da União são aplicáveis em todas as situações reguladas pelo direito da União e que a aplicabilidade deste direito implica a aplicabilidade dos direitos fundamentais garantidos pela Carta (v., neste sentido, acórdãos de 26 de fevereiro de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10 , EU:C:2013:105 , n. os 19 a 21, e de 26 de setembro de 2013, Texdata Software, C‑418/11 , EU:C:2013:588 , n. os 72 e 73). No caso vertente, o litígio no processo principal é relativo a uma medida de sanção aplicada a um administrado pela inobservância de uma decisão que lhe ordena que preste à autoridade requerida informações que permitam a esta última dar seguimento a um pedido formulado pela autoridade requerente com base, nomeadamente, na Diretiva 2011/16. Uma vez que essa medida de sanção se baseia numa disposição nacional que, como decorre da resposta à primeira questão, constitui a aplicação do direito da União, na aceção do artigo 51. o , n. o 1, da Carta, segue‑se que as disposições desta, em particular o seu artigo 47. o , são aplicáveis nas circunstâncias do litígio no processo principal (v., neste sentido, acórdão de 26 de setembro de 2013, Texdata Software, C‑418/11 , EU:C:2013:588 , n. os 74 a 77). Quanto, em particular, à exigência de um direito garantido pelo direito da União, na aceção do artigo 47. o da Carta, importa recordar que, segundo jurisprudência constante, a proteção contra as intervenções arbitrárias e desproporcionadas do poder público na esfera privada de qualquer pessoa, singular ou coletiva, constitui um princípio geral de direito da União (acórdãos de 21 de setembro de 1989, Hoechst/Comissão, 46/87 e 227/88 , EU:C:1989:337 , n. o 19, e de 22 de outubro de 2002, Roquette Frères, C‑94/00 , EU:C:2002:603 , n. o 27; e despacho de 17 de novembro de 2005, Minoan Lines/Comissão, C‑121/04 P , não publicado, EU:C:2005:695 , n. o 30). Esta proteção pode ser invocada por um administrado, como a Berlioz, contra um ato lesivo, como a injunção e a medida de sanção em causa no processo principal, pelo que o administrado pode invocar um direito garantido pelo direito da União, na aceção do artigo 47. o da Carta, que lhe confere o direito à ação. Quanto ao objeto do direito à ação Tratando‑se de uma medida de sanção, importa verificar se o direito de recorrer dessa medida, à semelhança do que prevê a regulamentação em causa no processo principal, é suficiente para permitir ao administrado invocar os direitos que o artigo 47. o da Carta lhe confere ou se este artigo requer que possa também, nessa ocasião, impugnar a legalidade da decisão de injunção subjacente à medida de sanção. A este respeito, importa recordar que o princípio da proteção jurisdicional efetiva constitui um princípio geral do direito da União, atualmente consagrado no artigo 47. o da Carta. O mencionado artigo 47. o assegura, no direito da União, a proteção conferida pelo artigo 6. o , n. o 1, e pelo artigo 13. o da CEDH. Consequentemente, há que referir‑se unicamente a esta primeira disposição (v., neste sentido, acórdão de 6 de novembro de 2012, Otis e o., C‑199/11 , EU:C:2012:684 , n. os 46 e 47). Quanto ao artigo 47. o , segundo parágrafo, da Carta, este prevê que toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. O respeito deste direito pressupõe que a decisão de uma autoridade administrativa que não preencha as condições de independência e de imparcialidade fique sujeita à fiscalização posterior de um órgão jurisdicional que deve, nomeadamente, ser competente para apreciar todas as questões pertinentes. Consequentemente, como salientou o advogado‑geral no n. o 80 das suas conclusões, o juiz nacional chamado a pronunciar‑se num recurso contra a sanção pecuniária administrativa aplicada ao administrado por inobservância da decisão de injunção deve poder examinar a respetiva legalidade para obedecer às exigências do artigo 47. o da Carta. A Comissão alegou que admitir o direito de o administrado recorrer dessa decisão de injunção equivale a reconhecer‑lhe mais direitos processuais do que a um contribuinte. Em seu entender, resulta do n. o 40 do acórdão de 22 de outubro de 2013, Sabou ( C‑276/12 , EU:C:2013:678 ), que o pedido de informações dirigido a um contribuinte, que pertence à fase de investigação em que as informações são coligidas, é um mero ato preparatório da decisão final e não pode ser contestado. Todavia, cumpre distinguir entre as circunstâncias do processo principal e as do processo que deu origem ao acórdão de 22 de outubro de 2013, Sabou ( C‑276/12 , EU:C:2013:678 ). Com efeito, este último tinha por objeto pedidos de informação da Administração Fiscal de um Estado‑Membro dirigidos à Administração Fiscal de outro Estado‑Membro e, em particular, o direito de o contribuinte contra quem era efetuada a inspeção fiscal no Estado‑Membro requerente participar no procedimento relativo a esses pedidos. Contudo, ao administrado em causa não tinha sido dirigido nenhum pedido de informações, contrariamente ao que sucede com a Berlioz no processo principal. Assim, no processo subjacente a esse acórdão, cabia ao Tribunal de Justiça pronunciar‑se sobre a existência do direito de o contribuinte visado nos pedidos de informação trocados entre as Administrações Fiscais nacionais ser ouvido no âmbito desse procedimento, e não, como no presente caso, sobre a existência do direito de um administrado do Estado‑Membro requerido recorrer de uma medida de sanção que lhe tenha sido aplicada por inobservância de uma decisão de injunção contra ele adotada pela autoridade requerida na sequência de um pedido de informação dirigido a essa autoridade pela autoridade requerente. Assim, há que responder à segunda questão que o artigo 47. o da Carta deve ser interpretado no sentido de que um administrado a quem tenha sido aplicada uma sanção pecuniária por inobservância de uma decisão administrativa que lhe ordena que preste informações no âmbito de uma troca de informações entre Administrações Fiscais nacionais ao abrigo da Diretiva 2011/16 pode impugnar a legalidade dessa decisão. Quanto à quarta questão Com a quarta questão, que importa examinar antes da terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 1. o , n. o 1, e o artigo 5. o da Diretiva 2011/16 devem ser interpretados no sentido de que a «relevância previsível» das informações pedidas por um Estado‑Membro a outro Estado‑Membro constitui uma condição que o pedido de informações deve preencher para gerar a obrigação de o Estado‑Membro requerido dar seguimento a esse pedido e, desta forma, uma condição de legalidade da decisão de injunção dirigida por esse Estado‑Membro a um administrado. De acordo com o artigo 1. o , n. o 1, da Diretiva 2011/16, relativo ao objeto desta diretiva, os Estados‑Membros devem cooperar entre si tendo em vista a troca de informações «previsivelmente relevantes» para a Administração requerente, tendo em conta as disposições da legislação em matéria fiscal do Estado‑Membro a que essa Administração pertença. O artigo 5. o da Diretiva 2011/16 faz referência a essas informações, prevendo que, a pedido da autoridade requerente, a autoridade requerida comunica à autoridade requerente todas as informações a que se refere o n. o 1 do artigo 1. o de que disponha ou que obtenha na sequência de inquéritos administrativos. Este artigo 5. o impõe assim uma obrigação à autoridade requerida. Resulta da letra destas disposições que os termos «previsivelmente relevantes» designam a qualidade que devem revestir as informações solicitadas. A obrigação que incumbe à autoridade requerida nos termos do artigo 5. o da Diretiva 2011/16 de cooperação com a autoridade requerente não se estende à comunicação de informações desprovidas dessa qualidade. Assim, a qualidade de «relevância previsível» das informações solicitadas constitui uma condição do pedido relativo a essas informações. Cumpre ainda determinar por quem e como essa qualidade é avaliada e se o administrado a quem a autoridade requerida se dirige para obter as informações solicitadas pela autoridade requerente pode alegar a falta dessa qualidade. A este respeito, é necessário referir‑se aos termos do considerando 9 da Diretiva 2011/16, segundo os quais a norma dita da «relevância previsível» se destina a permitir a troca de informações em matéria fiscal em toda a medida do possível e, simultaneamente, a clarificar que os Estados‑Membros não podem efetuar investigações aleatórias nem pedir informações de utilidade duvidosa relativamente à situação tributária de determinado contribuinte. Conforme alegaram vários governos e a Comissão, este conceito de relevância previsível reflete o conceito utilizado no artigo 26. o do Modelo de Convenção Fiscal da OCDE quer pela semelhança dos conceitos utilizados quer pela remissão para as Convenções da OCDE na exposição de motivos da Proposta de diretiva do Conselho COM(2009) 29 final, de 2 de fevereiro de 2009, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, que conduziu à adoção da Diretiva 2011/16. Segundo os comentários relativos a este artigo adotados pelo Conselho da OCDE, em 17 de julho de 2012, os Estados contratantes não podem «andar à caça de informações» nem solicitar informações previsivelmente irrelevantes para esclarecer processos fiscais de um determinado contribuinte. Pelo contrário, deve existir uma possibilidade razoável de as informações solicitadas se revelarem relevantes. O objetivo do conceito de relevância previsível resultante do considerando 9 da Diretiva 2011/16 é assim o de permitir à autoridade requerente obter toda a informação que a sua investigação lhe pareça justificar, sem contudo a autorizar a extravasar de forma manifesta o âmbito dessa investigação nem a impor encargos excessivos à autoridade requerida. Com efeito, importa que a autoridade requerente possa, no âmbito da sua investigação, determinar as informações que entenda necessárias face ao seu direito nacional para, em conformidade com o considerando 1 da Diretiva 2011/16, estabelecer corretamente o montante dos impostos devidos. É, portanto, a essa autoridade, que dirige a investigação na origem o pedido de informações, que cabe apreciar, segundo as circunstâncias do processo, a relevância previsível das informações solicitadas para essa investigação, em função da evolução do procedimento e, em conformidade com o artigo 17. o , n. o 1, da Diretiva 2011/16, da exploração das fontes habituais de informações a que pôde recorrer. Embora detenha a este respeito uma certa margem de apreciação, a autoridade requerente não pode, no entanto, solicitar informações irrelevantes para a investigação em causa. Com efeito, tal pedido não seria conforme com os artigos 1. o e 5. o da Diretiva 2011/16. Quanto ao administrado, caso, não obstante, a autoridade requerida lhe dirija, sendo caso disso, uma decisão de injunção para obter as informações solicitadas, decorre da resposta à segunda questão que lhe deve ser reconhecido o direito de invocar em juízo a não conformidade do referido pedido de informações com o artigo 5. o da Diretiva 2011/16 e a ilegalidade da decisão de injunção daí resultante. Consequentemente, há que responder à quarta questão que o artigo 1. o , n. o 1, e o artigo 5. o da Diretiva 2011/16 devem ser interpretados no sentido de que a «relevância previsível» das informações pedidas por um Estado‑Membro a outro Estado‑Membro constitui uma condição que o pedido de informações deve preencher para gerar a obrigação de o Estado‑Membro requerido lhe dar seguimento e, desta forma, uma condição de legalidade da decisão de injunção dirigida por esse Estado‑Membro a um administrado e da medida de sanção aplicada a este último por inobservância dessa decisão. Quanto à terceira e quinta questões Com a terceira e quinta questões, que há que analisar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, por um lado, se o artigo 47. o da Carta deve ser interpretado no sentido de que, no âmbito de um recurso interposto por um administrado de uma medida de sanção que lhe tenha sido aplicada pela autoridade requerida por inobservância de uma decisão de injunção por ela adotada na sequência de um pedido de informações apresentado pela autoridade requerente ao abrigo da Diretiva 2011/16, o juiz nacional tem competência de plena jurisdição para fiscalizar a legalidade dessa decisão de injunção. Pergunta, por outro lado, se o artigo 1. o , n. o 1, e o artigo 5. o da Diretiva 2011/16, bem como o artigo 47. o da Carta, devem ser interpretados no sentido de que se opõem a que o exame, pela autoridade requerida, da validade de um pedido de informações emanado da autoridade requerente se limite à regularidade formal desse pedido, e de que obrigam o juiz nacional, no âmbito de tal recurso, a verificar o preenchimento da condição da relevância previsível em todos os seus aspetos, incluindo à luz do artigo 17. o da Diretiva 2011/16. Quanto, em primeiro lugar, ao controlo exercido pela autoridade requerida, sublinhou‑se nos n. os 70 e 71 do presente acórdão que a autoridade requerente dispõe de uma certa margem de apreciação para avaliar a relevância previsível das informações solicitadas à autoridade requerida, o que limita o alcance do controlo desta última. Com efeito, tendo em conta o mecanismo de cooperação entre autoridades fiscais instituído pela Diretiva 2011/16, que, como decorre dos considerandos 2, 6 e 8 da Diretiva 2011/16, assenta em regras que visam estabelecer uma relação de confiança entre os Estados‑Membros, permitindo uma cooperação eficaz e rápida, a autoridade requerida deve, em princípio, confiar na autoridade requerente e presumir que o pedido de informações que lhe é submetido é simultaneamente conforme com o direito nacional da autoridade requerente e necessário à investigação. A autoridade requerida não possui, regra geral, um conhecimento aprofundado do quadro factual e jurídico existente no Estado requerente, nem se lhe exige tal conhecimento (v., neste sentido, acórdão de 13 de abril de 2000, W.N., C‑420/98 , EU:C:2000:209 , n. o 18). Em todo o caso, a autoridade requerida não pode substituir a apreciação da autoridade requerente da utilidade eventual das informações solicitadas pela sua própria apreciação. Contudo, a autoridade requerida deve verificar se as informações solicitadas estão desprovidas de relevância previsível para a investigação conduzida pela autoridade requerente. A este respeito, como decorre do considerando 9 da Diretiva 2011/16, há que referir o seu artigo 20. o , n. o 2, que menciona elementos pertinentes para efeitos desse controlo. Estes compreendem, por um lado, as informações que devem ser prestadas pela autoridade requerente, a saber, a identidade da pessoa objeto de inspeção ou investigação e o fim fiscal do pedido de informações solicitadas, e, por outro, eventualmente, as coordenadas de qualquer pessoa que se suponha estar na posse das informações solicitadas e bem assim qualquer elemento suscetível de facilitar a recolha de informações pela autoridade requerida. Para permitir à autoridade requerida proceder à verificação referida nos n. os 78 e 79 do presente acórdão, a autoridade requerente deve fundamentar de forma adequada a finalidade das informações solicitadas no âmbito do procedimento fiscal conduzido contra o contribuinte identificado no pedido de informações. Caso seja necessário, a autoridade requerida pode, para efeitos dessa verificação, solicitar à autoridade requerente, ao abrigo da cooperação administrativa instituída pela Diretiva 2011/16 em matéria fiscal, os elementos de informação complementares necessários para excluir, em seu entender, a falta manifesta de relevância previsível das informações solicitadas à luz dos elementos referidos nos n. os 78 e 79 do presente acórdão. O controlo exercido pela autoridade requerida não se limita, portanto, a uma verificação sumária e formal da regularidade do pedido de informações à luz dos referidos elementos, devendo também permitir que essa autoridade se certifique de que as informações requeridas não são desprovidas de relevância previsível tendo em conta a identidade do contribuinte visado e a do terceiro eventualmente requerido, e as necessidades da investigação fiscal em causa. Quanto, em segundo lugar, à fiscalização pelo juiz que conhece do recurso interposto pelo administrado da sanção que lhe tenha sido aplicada com fundamento numa decisão de injunção tomada pela autoridade requerida para dar seguimento ao pedido de informações da autoridade requerente, essa fiscalização pode não só incidir sobre a proporcionalidade dessa sanção e, eventualmente, conduzir à sua reforma mas também sobre a legalidade da referida decisão, como decorre da resposta à segunda questão. A este respeito, a efetividade da fiscalização jurisdicional garantida pelo artigo 47. o da Carta exige que a fundamentação dada pela autoridade requerente permita que o juiz nacional exerça a fiscalização da legalidade do pedido de informações (v., neste sentido, acórdãos de 4 de junho de 2013, ZZ, C‑300/11 , EU:C:2013:363 , n. o 53, e de 23 de outubro de 2014, Unitrading, C‑437/13 , EU:C:2014:2318 , n. o 20). Atendendo ao exposto nos n. os 70 e 71 do presente acórdão sobre a margem de apreciação de que a autoridade requerente dispõe, há que considerar que os limites aplicáveis ao controlo da autoridade requerida se impõem da mesma forma à fiscalização do juiz. Consequentemente, o juiz deve verificar apenas que a decisão de injunção se baseia num pedido suficientemente fundamentado da autoridade requerente incidindo sobre informações que não se afiguram, de forma manifesta, desprovidas de relevância previsível tendo em conta, por um lado, o contribuinte visado e o terceiro eventualmente requerido e, por outro, a finalidade fiscal prosseguida. O órgão jurisdicional de reenvio pergunta também se a fiscalização do juiz deve incidir sobre a observância das disposições do artigo 17. o da Diretiva 2011/16, que prevê limites à transmissão das informações requeridas pela autoridade de um Estado‑Membro. A este respeito, importa salientar que estas disposições, algumas das quais podem ser tidas em consideração na determinação da legalidade dos pedidos de informação dirigidos ao administrado, são desprovidas de importância para a fiscalização da relevância previsível dessas informações. Ora, como decorre do pedido de decisão prejudicial e das observações escritas e orais da Berlioz, a recusa por parte desta em comunicar certas informações solicitadas baseia‑se apenas na pretensa falta de relevância previsível dessa informações, e não na invocação de um «limite», na aceção do artigo 17. o da Diretiva 2011/16. Consequentemente, há que responder à terceira e quinta questões que o artigo 1. o , n. o 1, e o artigo 5. o da Diretiva 2011/16 devem ser interpretados no sentido de que a verificação da autoridade requerida, a quem a autoridade requerente tenha submetido um pedido de informações ao abrigo desta diretiva, não se limita à regularidade formal desse pedido, mas deve permitir à autoridade requerida certificar‑se de que as informações solicitadas não são desprovidas de relevância previsível tendo em conta a identidade do contribuinte visado e a do terceiro eventualmente requerido, e as necessidades da investigação fiscal em causa. Estas mesmas disposições da Diretiva 2011/16 e o artigo 47. o da Carta devem ser interpretados no sentido de que, no âmbito de um recurso interposto por um administrado de uma medida de sanção que lhe tenha sido aplicada pela autoridade requerida por inobservância de uma decisão de injunção por ela adotada na sequência de um pedido de informações emanado da autoridade requerente ao abrigo da Diretiva 2011/16, o juiz nacional tem, além da competência para reformar a sanção aplicada, competência para fiscalizar a legalidade dessa decisão de injunção. Quanto à condição de legalidade da referida decisão relativa à relevância previsível das informações requeridas, a fiscalização jurisdicional está limitada à verificação da falta manifesta dessa relevância. Quanto à sexta questão Com a sexta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 47. o , segundo parágrafo, da Carta deve ser interpretado no sentido de que, ao exercer a sua fiscalização jurisdicional, um juiz do Estado‑Membro requerido deve ter acesso ao pedido de informações dirigido pelo Estado‑Membro requerente ao Estado‑Membro requerido e se esse documento deve também ser comunicado ao administrado em causa neste último Estado‑Membro, de forma a que a sua causa possa ser apreciada equitativamente, ou se o acesso lhe pode ser recusado por razões de confidencialidade. A este respeito, deve salientar‑se que a apreciação de uma eventual falta de relevância previsível das informações solicitadas deve ser feita em relação ao referido documento. Assim, para que o juiz do Estado‑Membro requerido possa exercer a sua fiscalização jurisdicional, é necessário que possa ter acesso ao pedido de informações transmitido pelo Estado‑Membro requerente ao Estado‑Membro requerido. A este propósito, esse juiz pode, se necessário, solicitar à autoridade requerida os elementos de informação complementares que terá obtido da autoridade requerente e que sejam necessários para excluir, em seu entender, a falta manifesta de relevância previsível das informações solicitadas. Quanto à existência de um direito de acesso do administrado ao pedido de informações, deve ter‑se em conta o caráter secreto desse documento, em conformidade com o artigo 16. o da Diretiva 2011/16. O referido caráter secreto é explicado pela discrição que a autoridade requerente deve, normalmente, demonstrar na fase da recolha das informações e que pode esperar da autoridade requerida, para que a eficácia da sua investigação não seja prejudicada. O segredo do pedido de informações pode assim ser oposto a qualquer pessoa no âmbito de uma investigação. No âmbito de um recurso jurisdicional, importa recordar que o princípio da igualdade de armas, que é um corolário do próprio conceito de processo equitativo, implica a obrigação de oferecer a cada parte uma possibilidade razoável de apresentar a sua causa, incluindo as provas, em condições que não a coloquem numa situação de clara desvantagem relativamente ao seu adversário (acórdão de 6 de novembro de 2012, Otis e o., C‑199/11 , EU:C:2012:684 , n. o 71). O Tribunal de Justiça também considerou que a existência de uma violação dos direitos de defesa, incluindo o direito de acesso aos autos, deve ser apreciada em função das circunstâncias específicas de cada caso concreto, nomeadamente da natureza do ato em causa, do contexto em que foi adotado e das regras jurídicas que regem a matéria em causa (v. acórdãos de 18 de julho de 2013, Comissão e o./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P , EU:C:2013:518 , n. o 102, e de 10 de setembro de 2013, G. e R., C‑383/13 PPU , EU:C:2013:533 , n. os 32 e 34). Importa verificar, à luz destas considerações, se um administrado como a Berlioz, que considera que as informações que lhe são solicitadas por via de injunção não são previsivelmente relevantes, deve ter acesso ao pedido de informações dirigido pela autoridade requerente à autoridade requerida para poder defender plenamente a sua causa em juízo. A este respeito, resulta da resposta dada à terceira e quinta questões que, para demonstrar a ilegalidade da decisão de injunção baseada no pedido de informações e da medida de sanção aplicada por inobservância dessa decisão, é necessário, mas suficiente, demonstrar a falta manifesta de relevância previsível de toda ou de parte da informação solicitada face à investigação efetuada, tendo em conta a identidade do contribuinte visado e a finalidade fiscal das informações solicitadas. Para o efeito, não é necessário que o administrado visado, para poder defender a sua causa de forma equitativa quanto à condição da relevância previsível, tenha acesso a todo o pedido de informações. Basta que tenha acesso à informação mínima referida no artigo 20. o , n. o 2, da Diretiva 2011/16, a saber, a identidade do contribuinte em causa e o fim fiscal das informações solicitadas. Todavia, caso o juiz do Estado‑Membro requerido considere que a referida informação mínima não é suficiente a este respeito, e solicite à autoridade requerida elementos de informação complementares no sentido referido no n. o 92 do presente acórdão, esse juiz tem a obrigação de fornecer tais elementos de informação complementares ao administrado em causa, sem deixar de ter devidamente em consideração a confidencialidade eventual de alguns desses elementos. Consequentemente, há que responder à sexta questão que o artigo 47. o , segundo parágrafo, da Carta deve ser interpretado no sentido de que, ao exercer a sua fiscalização jurisdicional, um juiz do Estado‑Membro requerido deve ter acesso ao pedido de informações dirigido pelo Estado‑Membro requerente ao Estado‑Membro requerido. Ao administrado em causa não assiste, em contrapartida, um direito de acesso a todo esse pedido de informações, que permanece um documento secreto, em conformidade com o artigo 16. o da Diretiva 2011/16. Para que a sua causa possa ser plenamente apreciada quanto à falta de relevância previsível des informações solicitadas, basta, em princípio, que disponha das informações referidas no artigo 20. o , n. o 2, desta diretiva. Quanto às despesas Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara: 1) O artigo 51. o , n. o 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia deve ser interpretado no sentido de que um Estado‑Membro aplica o direito da União, na aceção desta disposição, e que, portanto, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é aplicável, quando prevê na sua legislação a aplicação de uma sanção pecuniária a um administrado que recusa prestar informações no âmbito de uma troca de informações entre autoridades fiscais, fundada, nomeadamente, nas disposições da Diretiva 2011/16/UE do Conselho, de 15 de fevereiro de 2011, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade e que revoga a Diretiva 77/799/CEE. 2) O artigo 47. o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia deve ser interpretado no sentido de que um administrado a quem tenha sido aplicada uma sanção pecuniária por inobservância de uma decisão administrativa que lhe ordena que preste informações no âmbito de uma troca de informações entre Administrações Fiscais nacionais ao abrigo da Diretiva 2011/16 pode impugnar a legalidade dessa decisão. 3) O artigo 1. o , n. o 1, e o artigo 5. o da Diretiva 2011/16 devem ser interpretados no sentido de que a «relevância previsível» das informações pedidas por um Estado‑Membro a outro Estado‑Membro constitui uma condição que o pedido de informações deve preencher para gerar a obrigação de o Estado‑Membro requerido lhe dar seguimento e, desta forma, uma condição de legalidade da decisão de injunção dirigida por esse Estado‑Membro a um administrado e da medida de sanção aplicada a este último por inobservância dessa decisão. 4) O artigo 1. o , n. o 1, e o artigo 5. o da Diretiva 2011/16 devem ser interpretados no sentido de que a verificação da autoridade requerida, a quem a autoridade requerente tenha submetido um pedido de informações ao abrigo desta diretiva, não se limita à regularidade formal desse pedido, mas deve permitir à autoridade requerida certificar‑se de que as informações solicitadas não são desprovidas de relevância previsível tendo em conta a identidade do contribuinte visado e a do terceiro eventualmente requerido, e as necessidades da investigação fiscal em causa. Estas mesmas disposições da Diretiva 2011/16 e o artigo 47. o da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia devem ser interpretados no sentido de que, no âmbito de um recurso interposto por um administrado de uma medida de sanção que lhe tenha sido aplicada pela autoridade requerida por inobservância de uma decisão de injunção por ela adotada na sequência de um pedido de informações apresentado pela autoridade requerente ao abrigo da Diretiva 2011/16, o juiz nacional tem, além da competência para reformar a sanção aplicada, competência para fiscalizar a legalidade dessa decisão de injunção. Quanto à condição de legalidade da referida decisão relativa à relevância previsível das informações requeridas, a fiscalização jurisdicional está limitada à verificação da falta manifesta dessa relevância. 5) O artigo 47. o , segundo parágrafo, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia deve ser interpretado no sentido de que, ao exercer a sua fiscalização jurisdicional, um juiz do Estado‑Membro requerido deve ter acesso ao pedido de informações dirigido pelo Estado‑Membro requerente ao Estado‑Membro requerido. Ao administrado em causa não assiste, em contrapartida, um direito de acesso a todo esse pedido de informações, que permanece um documento secreto, em conformidade com o artigo 16. o da Diretiva 2011/16. Para que a sua causa possa ser plenamente apreciada quanto à falta de relevância previsível des informações solicitadas, basta, em princípio, que disponha das informações referidas no artigo 20. o , n. o 2, desta diretiva. Assinaturas ( *1 ) Língua do processo: francês.

61979CJ1205

de

1 HERR ADAM , EIN IN ISPRA ( ITALIEN ) TÄTIGER BEAMTER DER KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN , HAT MIT KLAGESCHRIFT , DIE AM 21 . DEZEMBER 1979 BEI DER KANZLEI DES GERICHTSHOFES EINGEGANGEN IST , GEMÄSS ARTIKEL 91 DES BEAMTENSTATUTS ( IM FOLGENDEN : STATUT ) EINE KLAGE ERHOBEN , MIT DER ER IM WESENTLICHEN BEGEHRT , DIE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION ÜBER DIE ÄNDERUNG DER BERECHNUNGSWEISE FÜR DIE MONATSRATEN AUFZUHEBEN , DIE ER ZUR RÜCKZAHLUNG EINES VON DER BEKLAGTEN GEWÄHRTEN BAUDARLEHENS AUFZUBRINGEN HAT . 2 MIT BESCHLUSS VOM 2 . MÄRZ 1970 ÜBER DIE VERWENDUNG DER IN DER BILANZ DER EGKS UNTER DEM POSTEN ' ' VERSORGUNGSFONDS ' ' EINGESETZTEN VERFÜGBAREN MITTEL ERMÄCHTIGTE DER RAT DIE KOMMISSION , 40 % DIESER MITTEL ALS BAUDARLEHEN FÜR DIE BEAMTEN DER GEMEINSCHAFTEN ZU VERWENDEN . 3 MIT BESCHLUSS VOM 17 . JUNI 1971 ERLIESS DIE KOMMISSION DIE HIERFÜR ERFORDERLICHEN DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ; IN ARTIKEL 9 WAR INSBESONDERE VORGESEHEN : ' ' DARLEHEN IM SINNE DIESER BESTIMMUNGEN WERDEN IN BELGISCHEN FRANKEN FESTGESETZT . DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLUNGEN ERFOLGEN IN DER WÄHRUNG DES LANDES , IN DEM DIE FINANZIERTE WOHNUNG GELEGEN IST , ZU DEM IM AUGENBLICK DER AUSZAHLUNG GELTENDEN KURS . ' ' 4 AM 22 . DEZEMBER 1972 SCHLOSS DER KLAEGER MIT DER KOMMISSION EINEN VERTRAG , AUFGRUND DESSEN ER VON DER KOMMISSION 392 000 BFR ALS DARLEHEN ZUM BAU EINES WOHNHAUSES ERHIELT . 5 IN ARTIKEL 4 DES VERTRAGES VERPFLICHTET SICH DER DARLEHENSNEHMER , DIE DARLEHENSSUMME IN MONATSRATEN JEWEILS AM 15 . EINES JEDEN MONATS ENTSPRECHEND DER ALS ANLAGE BEIGEFÜGTEN FÄLLIGKEITSTABELLE ZURÜCKZUZAHLEN . DIESE IN ZWEI EXEMPLAREN AUSGEFERTIGTE UND VON BEIDEN PARTEIEN UNTERSCHRIEBENE TABELLE IST BESTANDTEIL DES VERTRAGS . 6 IN ARTIKEL 5 DES VERTRAGES HEISST ES , DASS DER DARLEHENSNEHMER DER KOMMISSION DEN UNWIDERRUFLICHEN AUFTRAG ERTEILT , AM 15 . EINES JEDEN MONATS VON SEINEN MONATLICHEN BEZUEGEN UND ALLEN ANDEREN BEZUEGEN DIE MONATSRATE NACH DER TILGUNGSTABELLE GEMÄSS ARTIKEL 4 EINZUBEHALTEN ODER EINBEHALTEN ZU LASSEN UND AN DIE KOMMISSION DURCH DAS ORGAN DER GEMEINSCHAFT , DEM ER UNTERSTEHT , ZU ÜBERWEISEN . 7 NACH ARTIKEL 15 DES VERTRAGES HAT JEDE ZAHLUNG DES DARLEHENSNEHMERS AN DEN DARLEHENSGEBER IM ZUSAMMENHANG MIT EINER VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG ODER DER ZAHLUNG DER MONATSRATEN IN BELGISCHEN FRANKEN ODER IN DER WÄHRUNG DESJENIGEN LANDES ZU ERFOLGEN , IN WELCHEM SICH DIE FINANZIERTE WOHNUNG BEFINDET UND IN WELCHER DIE MITTEL AUS DIESEM DARLEHEN GEZAHLT WORDEN SIND . DIE UMRECHNUNG DIESER MITTEL IN BELGISCHE FRANKEN ERFOLGT AUF DER GRUNDLAGE DER PARITÄT AM TAGE DER ÜBERWEISUNG . 8 IN DER IN ARTIKEL 4 DES VERTRAGES GENANNTEN TABELLE SIND DIE DARLEHENSSUMME , DIE MONATSRATE , DER MONATSZINS , DER MONATLICHE TILGUNGS- UND DER KAPITALRESTBETRAG IN BELGISCHEN FRANKEN AUSGEDRÜCKT . 9 DIE UMRECHNUNG DER DARLEHENSSUMME IN ITALIENISCHE LIRE ERFOLGTE AUF DER GRUNDLAGE DES BEIM INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS AM 1 . JANUAR 1965 ANGEMELDETEN WECHSELKURSES 1 BELGISCHER FRANKEN = 12,50 LIRE , WELCHER DAMALS FÜR DIE BERECHNUNG DER DIENSTBEZUEGE DER BEAMTEN GEMÄSS ARTIKEL 63 DES STATUTS ZUGRUNDE GELEGT WURDE . IN ENTSPRECHENDER WEISE GING DIE RÜCKZAHLUNG DES DARLEHENS ( UNTER ANWENDUNG DES GENANNTEN WECHSELKURSES ) SO VONSTATTEN , DASS DIE KOMMISSION ALS DARLEHENSGEBERIN TEILBETRAEGE VON DEN MONATLICHEN DIENSTBEZUEGEN DES BEAMTEN EINBEHIELT . 10 DABEI WURDE NACH FOLGENDEM SYSTEM VERFAHREN : VON DEM GRUNDGEHALT DES BEAMTEN WURDE NACH ANWENDUNG DES BERICHTIGUNGSKÖFFIZIENTEN ( Z . B . 100 000 BFR MAL BERICHTIGUNGSKÖFFIZIENT FÜR ITALIEN 157,8 IM MÄRZ 1979 ) DER MONATLICHE BETRAG ZUR RÜCKZAHLUNG DES BAUDARLEHENS ( Z . B . 5 000 BFR ) ABGEZOGEN , SO DASS SICH IN DEM BEISPIELSFALL DAS NETTOGEHALT AUF 152 800 BFR BELIEF ; DIESER BETRAG WURDE NACH DEM KURS 1 BFR = 12,50 LIRE IN ITALIENISCHE LIRE UMGERECHNET . 11 AM 25 . JULI 1975 BESCHLOSS DIE KOMMISSION , ARTIKEL 9 DER DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN VOM 17 . JUNI 1971 ZU ÄNDERN , ' ' UM DIE INFOLGE DER WECHSELKURSSCHWANKUNGEN ENTSTANDENEN SCHWIERIGKEITEN ZU BEHEBEN ' ' ; DANACH HATTEN BEI DEN NACH DIESEM ZEITPUNKT ABGESCHLOSSENEN DARLEHENSVERTRAEGEN SOWOHL DIE AUSZAHLUNGEN DER DARLEHEN ALS AUCH DIE RÜCKZAHLUNGEN AUSSCHLIESSLICH IN BELGISCHEN FRANKEN ZU ERFOLGEN . 12 ARTIKEL 2 I DES BESCHLUSSES LAUTET : ' ' A ) EIN DARLEHENSNEHMER , DEM DER DARLEHENSBETRAG IN DER WÄHRUNG DES LANDES , IN DEM DIE WOHNUNG GELEGEN IST , ZU EINEM ANDEREN ALS DEM AM TAG DER AUSZAHLUNG AUF DEM BRÜSSELER DEVISENMARKT GELTENDEN KURS DIESER DEVISE AUSGEZAHLT WORDEN IST , KANN BINNEN EINER FRIST VON ZWEI MONATEN - VOM ZEITPUNKT DER MITTEILUNG DIESES BESCHLUSSES AN GERECHNET - EINE VERRINGERUNG SEINER KAPITALSCHULD BEANTRAGEN , SOWEIT ER EINEN FINANZIELLEN VERLUST DADURCH ERLITTEN HAT , DASS DIE RÜCKZAHLUNG IN BELGISCHEN FRANKEN ERFOLGT . B)ZUR FESTSETZUNG DER NEUEN KAPITALSCHULD WERDEN DIE DEM DARLEHENSNEHMER IN DEVISEN ÜBERWIESENEN BETRAEGE IN BELGISCHE FRANKEN UMGERECHNET , UND ZWAR ZU DEM GEMÄSS BUCHSTABE A ERMITTELTEN KURS . VON DEM SO ERMITTELTEN BETRAG WERDEN DIE BIS ZUM ZEITPUNKT DES BESCHLUSSES ÜBER DIE VERRINGERUNG DER SCHULD GELEISTETEN TILGUNGEN ABGEZOGEN . SIND DIESE TILGUNGEN IN DER WÄHRUNG DES LANDES ERFOLGT , IN DEM DIE WOHNUNG GELEGEN IST , SO WERDEN AUCH SIE ZU DEM GEMÄSS BUCHSTABE A ERMITTELTEN KURS IN BELGISCHE FRANKEN UMGERECHNET . C)JEDE NACH DEM BESCHLUSS ÜBER DIE VERRINGERUNG DER SCHULD VORGENOMMENE RÜCKZAHLUNG MUSS IN BELGISCHEN FRANKEN ERFOLGEN . ' ' 13 DIESER BESCHLUSS WURDE DEM KLAEGER MIT SCHREIBEN VOM 21 . AUGUST 1975 MITGETEILT . IN DIESEM SCHREIBEN HIESS ES : ' ' BEI EINER VERRINGERUNG DER KAPITALSCHULD MÜSSEN ALLE SPÄTER VORGENOMMENEN RÜCKZAHLUNGEN IN BELGISCHEN FRANKEN ERFOLGEN . . . SIE KÖNNEN ALSO DANN KEINE VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG MEHR IN DER WÄHRUNG , IN DER DAS DARLEHEN AUSGEZAHLT WURDE , VORNEHMEN . ' ' 14 MIT ERKLÄRUNG VOM 26 . SEPTEMBER 1975 BEANTRAGTE DER KLAEGER DIE VERRINGERUNG SEINER KAPITALSCHULD UM 34 960 BFR ( DER BETRAG WAR IN DEM SCHREIBEN VOM 21 . AUGUST 1975 GENANNT ); DIE KOMMISSION GEWÄHRTE IHM DIESE VERRINGERUNG MIT DER FOLGE , DASS SEINE AUF BELGISCHE FRANKEN LAUTENDEN MONATLICHEN RÜCKZAHLUNGSRATEN HERABGESETZT WURDEN . 15 NACH DIESER VERRINGERUNG FÜHRTE DIE KOMMISSION WEITERHIN BIS ZUM 31 . MÄRZ 1979 DIE ÜBERWEISUNGEN ZUR ZAHLUNG DER VOM KLAEGER GESCHULDETEN MONATSRATEN IN DER WEISE DURCH , DASS SIE DEN IN LIRE ÜBERWIESENEN BETRAG UNTER ZUGRUNDELEGUNG DER PARITÄT GEMÄSS ARTIKEL 63 DES STATUTS IN BELGISCHE FRANKEN UMRECHNETE . 16 NACH INKRAFTTRETEN DER VERORDNUNGEN NRN . 3085/78 UND 3086/78 DES RATES VOM 21 . DEZEMBER 1978 ( ABL . L 369 , S . 6 UND 8 ), DURCH WELCHE UNTER ANDEREM DIE VORSCHRIFTEN VON ARTIKEL 63 ÜBER DIE WÄHRUNGSPARITÄTEN UND VON ARTIKEL 17 DES ANHANGS VII ÜBER DIE ÜBERWEISUNGEN GEÄNDERT WURDEN , LEGTE DIE KOMMISSION FÜR DIE UMRECHNUNG DER ZUR MONATLICHEN RÜCKZAHLUNG EINBEHALTENEN ITALIENISCHEN LIRE IN BELGISCHE FRANKEN DEN KURS ZUGRUNDE , DER SICH AUS DER ANWENDUNG DER ' ' AKTUALISIERTEN ' ' PARITÄTEN SOWIE AUS DER NEUEN FASSUNG VON ARTIKEL 17 DES ANHANGS VII ERGAB . 17 GEGEN DIE UMRECHNUNG DER LIRE IN BELGISCHE FRANKEN NACH DEN NEUEN MODALITÄTEN LEGTE DER KLAEGER AM 10 . JULI 1979 GEMÄSS ARTIKEL 90 DES STATUTS BESCHWERDE EIN , DIE BIS AUF EINE HEKTOGRAPHIERTE MITTEILUNG VOM 28 . SEPTEMBER 1979 UNBEANTWORTET BLIEB . 18 DER KLAEGER MACHT GELTEND , DER GRUNDSATZ DES VERTRAUENSSCHUTZES SEI VERLETZT WORDEN . DIE SCHULDVERRINGERUNG SEI ALS EINE VERRINGERUNG DER HAUPTSCHULD UNTER DER ALLEINIGEN BEDINGUNG ANGEBOTEN WORDEN , DASS DIE KÜNFTIGEN RÜCKZAHLUNGEN IN BELGISCHEN FRANKEN ZU ERFOLGEN HÄTTEN . DA DIESE RÜCKZAHLUNGEN SCHON IMMER IN BELGISCHEN FRANKEN UND AUF DER GRUNDLAGE DER OFFIZIELLEN , BEIM INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS ANGEMELDETEN PARITÄT VORGENOMMEN WORDEN SEIEN , SEI DER KLAEGER NICHT IN DER LAGE GEWESEN , DIE VON DER KOMMISSION MIT DIESEM ANGEBOT BEABSICHTIGTEN KONSEQUENZEN ZU ÜBERBLICKEN . 19 ER TRAEGT WEITERHIN VOR , DIE KOMMISSION HABE IHR ERMESSEN DADURCH MISSBRAUCHT , DASS SIE MITTELS DER VERORDNUNGEN NRN . 3085/78 UND 3086/78 EINSEITIG EINE ANDERE PARITÄT DURCHGESETZT UND AUF DIESE WEISE DIE BELASTUNG DES DARLEHENSNEHMERS AUSSERGEWÖHNLICH ERHÖHT HABE . 20 ER BEHAUPTET DRITTENS , DASS DIE BEAMTEN , DIE IHR DARLEHEN AUF DER GRUNDLAGE DER PARITÄT I BFR = 12,50 LIRE ERHALTEN HÄTTEN , GEGENÜBER DEN BEAMTEN DISKRIMINIERT WÜRDEN , DIE IHREN DARLEHENSVERTRAG NACH 1977 ABGESCHLOSSEN HÄTTEN . DIE ERSTGENANNTEN SEIEN WEGEN DES DURCH DIE VERORDNUNGEN NRN . 3085/78 UND 3086/78 GESCHAFFENEN SYSTEMS ZU EINER KOSTSPIELIGEREN RÜCKZAHLUNG VERPFLICHTET , WÄHREND DIE ANDEREN BEAMTEN IN ANWENDUNG DES AUF DEM DEVISENMARKT BESTEHENDEN WECHSELKURSES ZWISCHEN BELGISCHEM FRANKEN UND ITALIENISCHER LIRA EIN BETRÄCHTLICH HÖHERES LIRE-KAPITAL ERHALTEN HÄTTEN , DIE KOMMISSION IHREN RÜCKZAHLUNGEN BIS APRIL 1979 JEDOCH WEITERHIN DIE PARITÄT DES INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS ZUGRUNDE GELEGT HABE . 21 DIE ERSTEN BEIDEN RÜGEN BERUHEN AUF DER AUFFASSUNG , DASS ES SICH BEI DER PARITÄT , DIE DER UMRECHNUNG DES DARLEHENSBETRAGS IN ITALIENISCHE LIRE UND DER UMRECHNUNG DER IN LIRE GELEISTETEN MONATLICHEN RÜCKZAHLUNGSRATEN IN BELGISCHE FRANKEN ZUGRUNDE GELEGT WURDE , UM DIE BEIM INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS ANGEMELDETE PARITÄT HANDELN MÜSSE UND DASS DIE KOMMISSION NICHT EINSEITIG EINE ANDERE PARITÄT HABE ANWENDEN DÜRFEN . 22 AUS DEN AKTEN ERGIBT SICH , DASS FÜR DIE UMRECHNUNG DES DARLEHENSBETRAGS IN LIRE DER BEIM INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS 1965 ANGEMELDETE WECHSELKURS VERWENDET WURDE , DER ZUR ZEIT DER DARLEHENSVERGABE DIE IN ARTIKEL 63 DES STATUTS FESTGELEGTE REFERENZPARITÄT DARSTELLTE . DIE AUFFASSUNG DES KLAEGERS GEHT DAHIN , EBEN DIESER KURS MÜSSE WÄHREND DER GESAMTEN VERTRAGSDAUER BEI DER UMRECHNUNG DER MITTEL IN BELGISCHE FRANKEN ZUGRUNDE GELEGT WERDEN , DIE ZUR DARLEHENSRÜCKZAHLUNG AN DIE KOMMISSION IN DEN VERTRAGLICH VORGESEHENEN MONATSRATEN ÜBERWIESEN WÜRDEN . 23 DIE KOMMISSION HÄLT DEM ENTGEGEN , AUF DIESE UMRECHNUNG SEI DER WECHSELKURS ANZUWENDEN , DER IN ARTIKEL 63 DES STATUTS ALS REFERENZPARITÄT FESTGESETZT SEI ; DIE MONATLICHEN ÜBERWEISUNGEN KÖNNTEN IN ANWENDUNG VON ARTIKEL 17 DES ANHANGS VII ZUM STATUT VORGENOMMEN WERDEN , DER DEN BEAMTEN GESTATTE , EINEN TEIL IHRER BEZUEGE DURCH DAS ORGAN , DEM SIE UNTERSTÜNDEN , REGELMÄSSIG IN DER WÄHRUNG BESTIMMTER ANDERER MITGLIEDSTAATEN ÜBERWEISEN ZU LASSEN . 24 GEMÄSS DIESER AUSLEGUNG DES VERTRAGES HABE DIE KOMMISSION DIE ZUR RÜCKZAHLUNG DER FRAGLICHEN DARLEHEN ÜBERWIESENEN LIREBETRAEGE IN BELGISCHE FRANKEN UMGERECHNET UND DABEI BIS ZUM INKRAFTTRETEN DER VERORDNUNGEN NRN . 3085/78 UND 3086/78 DIE IN ARTIKEL 63 DES STATUTS VORGESEHENE PARITÄT ZUGRUNDE GELEGT . AUCH AB 1 . APRIL 1979 HABE SIE FÜR DIE UMRECHNUNG DER MONATSRATEN DIE IN DEM DURCH DIE VERORDNUNGEN GEÄNDERTEN STATUT GEREGELTEN KURSE ALS BERECHNUNGSGRUNDLAGE GENOMMEN UND DEN GEÄNDERTEN ARTIKEL 17 DES ANHANGS VII ZUM STATUT ANGEWANDT . DIESE BEHANDLUNG DER ÜBERWEISUNGEN SEI VÖLLIG VERTRAGSKONFORM . 25 DIE AUFFASSUNG DES KLAEGERS KANN NICHT GETEILT WERDEN . SIE VERKENNT , DASS SCHON NACH DEM WORTLAUT DES VERTRAGES DIE UMRECHNUNG DER ZUR ZAHLUNG DER MONATSRATEN ÜBERWIESENEN MITTEL AUF DER GRUNDLAGE DER PARITÄT ZU ERFOLGEN HATTE , DIE AM TAGE DER ÜBERWEISUNG , DAS HEISST AM TAGE JEDER EINZELNEN ÜBERWEISUNG , GILT . IN DEM VERTRAG WAR KEINE FESTE PARITÄT FÜR DIE GESAMTE VERTRAGSDAUER VORGESEHEN , SONDERN ES WURDEN DIE UNTERSCHIEDLICHEN , WÄHREND DER VERTRAGSDAUER JEWEILS GELTENDEN PARITÄTEN IN BETRACHT GEZOGEN . 26 ES IST DARAN ZU ERINNERN , DASS ALLE EMPFÄNGER VON DARLEHEN BEAMTE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN WAREN UND DASS DER VERTRAG VORSAH , DASS DIE RÜCKZAHLUNGEN DURCH DAS ORGAN , DEM DIE BEAMTEN ANGEHÖRTEN , AN DIE KOMMISSION ERFOLGEN SOLLTEN . DIESER SACHLAGE WAR ES ANGEMESSEN , UNTER DER IN DEM VERTRAG ERWÄHNTEN PARITÄT DIE FÜR DIE BERECHNUNG DER DIENSTBEZUEGE DES DARLEHENSNEHMERS VERWENDETE PARITÄT , NÄMLICH DIE DES ARTIKELS 63 DES STATUTS , ZU VERSTEHEN . 27 IM ANSCHLUSS AN DIE WÄHRUNGSPOLITISCHEN EREIGNISSE SEIT 1971 VERLOR DIE BEIM INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS FÜR DIE LIRA ANGEMELDETE PARITÄT IHRE GÜLTIGKEIT . ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT SCHWANKTE DIE LIRA FREI . SCHLIESSLICH WURDE MIT EINFÜHRUNG DES EUROPÄISCHEN WÄHRUNGSSYSTEMS FÜR DIE WÄHRUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN , DIE SICH DEM SYSTEM ANSCHLOSSEN , EIN NEUER , INNERHALB BESTIMMTER BANDBREITEN VERÄNDERLICHER WECHSELKURS FESTGELEGT . 28 DIE PRAXIS DER KOMMISSION , AUF DIE ZUR RÜCKZAHLUNG DER FRAGLICHEN DARLEHEN GETÄTIGTEN ÜBERWEISUNGEN DEN NEU GEFASSTEN ARTIKEL 17 DES ANHANGS VII ZUM STATUT ANZUWENDEN , HAT FÜR DEN KLAEGER EINEN IM VERHÄLTNIS ZUR EINFACHEN ANWENDUNG DER LIRA-PARITÄT INNERHALB DES EUROPÄISCHEN WÄHRUNGSSYSTEMS GÜNSTIGEREN UMRECHNUNGSKURS ZUR FOLGE . 29 AUS DIESEN ERWAEGUNGEN FOLGT , DASS DIE DURCH DIE KOMMISSION VORGENOMMENE ÄNDERUNG DER PARITÄT NICHT GEGEN DEN VERTRAG VERSTÖSST UND DASS SICH DER KLAEGER ZU UNRECHT AUF EINE VERLETZUNG DES VERTRAUENSSCHUTZES UND AUF ERMESSENSMISSBRAUCH BERUFT . 30 WAS DIE ANGEBLICHE DISKRIMINIERUNG DES KLAEGERS GEGENÜBER DEN DARLEHENSNEHMERN ANBELANGT , DIE IHR DARLEHEN NACH 1977 ERHALTEN HABEN , SO IST ZU BEMERKEN , DASS DIE 1975 ERFOLGTE SCHULDVERRINGERUNG ZUGUNSTEN DES KLAEGERS DIESEN SO STELLTE , ALS OB IHM DER DARLEHENSBETRAG ZUM MARKTKURS AUSGEZAHLT WORDEN WÄRE . AUSSERDEM KAM DEM KLAEGER BIS APRIL 1979 DIE URSPRÜNGLICHE IM VERTRAG VORGESEHENE PARITÄT ZUGUTE . DAHER BEHAUPTET ER ZU UNRECHT , GEGENÜBER DEN ÜBRIGEN DARLEHENSNEHMERN BENACHTEILIGT WORDEN ZU SEIN . DER VORWURF DER DISKRIMINIERUNG IST MITHIN UNBEGRÜNDET . 31 AUS ALLEN DIESEN ÜBERLEGUNGEN KANN DEM KLAGEVORBRINGEN NICHT GEFOLGT WERDEN . DIE KLAGE IST DAHER ABZUWEISEN . Kostenentscheidung KOSTEN 32 NACH ARTIKEL 69 PAR 2 DER VERFAHRENSORDNUNG IST DIE UNTERLIEGENDE PARTEI ZUR TRAGUNG DER KOSTEN ZU VERURTEILEN . 33 NACH ARTIKEL 70 DER VERFAHRENSORDNUNG TRAGEN DIE ORGANE JEDOCH IN RECHTSSTREITIGKEITEN MIT DEN BEDIENSTETEN DER GEMEINSCHAFTEN IHRE KOSTEN SELBST . AUS DIESEN GRÜNDEN Tenor HAT DER GERICHTSHOF ( ERSTE KAMMER ) FÜR RECHT ERKANNT UND ENTSCHIEDEN : 1 . DIE KLAGE WIRD ABGEWIESEN . 2 . JEDE PARTEI TRAEGT IHRE EIGENEN KOSTEN .

62009CJ0465

it

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02), Diputación Foral de Álava e a./Commissione, con cui il Tribunale ha deciso, nelle cause da T‑30/01 a T‑32/01, il non luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 novembre 2000 di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE per quanto riguarda le agevolazioni fiscali concesse con le disposizioni adottate dalla Diputación Foral de Álava, dalla Diputación Foral de Guipúzcoa e dalla Diputación Foral de Vizcaya, sotto forma di esenzione dall’imposta sulle società per talune imprese di recente costituzione e, nelle cause da T‑86/02 a T‑88/02, ha respinto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2001, 2003/28/CE, 2003/86/CE e 2003/192/CE, relative ai regimi di aiuti di Stato ai quali la Spagna ha dato esecuzione nel 1993 in favore di alcune imprese di recente costituzione nella provincia di Álava, (causa T‑86/02), di Vizcaya (causa T 87/02) e di Guipúzcoa (T‑88/02) (rispettivamente GU 2003, L 17, pag. 20, GU 2003, L 40, pag. 11 e GU 2003, L 77, pag. 1), sotto forma di esenzione dall’imposta sulle società. Dispositivo 1) Le impugnazioni sono respinte. 2) Il Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya, il Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa e la Comunidad autónoma del País Vasco – Gobierno Vasco sono condannati in parti uguali alle spese relative alle presenti impugnazioni. 3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

62004TJ0127

lv

Prāvas priekšvēsture KME Germany AG (iepriekšējais nosaukums — KM Europa Metal AG ), KME France SAS (iepriekšējais nosaukums — Tréfimétaux SA ) un KME Italy SpA (iepriekšējais nosaukums — Europa Metalli SpA ) pieder industriālai Eiropas grupai, kura kotējas biržā un ir pārstāvēta visā pasaulē. Šī grupa ir viena no pasaulē lielākajiem no vara un tā sakausējumiem izgatavotu pusfabrikātu ražotājiem. Līdz 1995. gada jūnijam KME France un KME Italy kopā veidoja vienu no KME Germany nodalītu uzņēmumu. Tikai kopš šī laika KME Germany , KME Italy un KME France veido vienu un to pašu grupu ( KME Germany , KME Italy un KME France turpmāk tekstā bez atšķirības tiek sauktas par “prasītājām” vai “ KME grupu”). Pēc informatīva ziņojuma saņemšanas no Mueller Industries Inc. Komisija, pamatojoties uz Padomes 1962. gada 6. februāra Regulas Nr. 17 Pirmā regula par Līguma [81.] un [82.] panta īstenošanu ( OV 1962, 13, 204. lpp. ) 14. pantu, iepriekš nepaziņojot, 2001. gada martā veica izmeklēšanu uzņēmumu Outokumpu Oyj un Luvata Oy (iepriekšējais nosaukums — Outokumpu Copper Products Oy ) (turpmāk tekstā šie uzņēmumi kopā — “ Outokumpu ”), Wieland-Werke AG (turpmāk tekstā — “ Wieland ”) un prasītāju atrašanās vietā. 2001. gada 9. aprīlī Outokumpu , pamatojoties uz Komisijas Paziņojumu par naudas sodu neuzlikšanu vai to apmēra samazināšanu lietās, kas skar aizliegtas vienošanās ( OV 1996, C 207, 4. lpp. ; turpmāk tekstā — “1996. gada Paziņojums par sadarbību”), izteica Komisijai sadarbības piedāvājumu. Šajā sakarā tā iesniedza memorandu. Atbildot uz 2002. gada jūlijā Komisijas atbilstoši Regulas Nr. 17 11. panta 2. punktam KME grupai un Wieland nosūtīto informācijas pieprasījumu, šī pēdējā sabiedrība 2002. gada 30. septembrī lūdza tai piemērot 1996. gada Paziņojumu par sadarbību. Atbildot uz šo pašu informācijas pieprasījumu, KME grupa 2002. gada 15. oktobrī no savas puses lūdza tai piemērot minēto Paziņojumu par sadarbību. Pabeigusi izmeklēšanu, kas ietvēra papildu pārbaudes Outokumpu un KME grupas atrašanās vietās, piedalījusies sanāksmēs ar Outokumpu , KME grupas un Wieland pārstāvjiem, kā arī, pamatojoties uz Regulas Nr. 17 11. pantu, nosūtījusi papildu informācijas pieprasījumu KME grupai un Wieland , Komisija 2003. gada jūlijā uzsāka pārkāpumu procedūru un pieņēma prasītājām, Wieland un Outokumpu adresētu paziņojumu par iebildumiem. Tā kā uzņēmumi adresāti atteicās no uzklausīšanas, tā netika organizēta. 2003. gada 16. decembrī Komisija pieņēma Lēmumu C (2003) 4820 galīgajā redakcijā par [EKL] 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/E-1/38.240 — Rūpnieciskās caurules) (turpmāk tekstā — “apstrīdētais lēmums”), kura kopsavilkums ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ( OV L 125, 50. lpp. ). No apstrīdētā lēmuma izriet, ka 80. gadu beigās ražotāji, tajā skaitā prasītājas, kas bija organizēti Kondicionētā gaisa un dzesēšanas jomā izmantojamo cauruļu kvalitātes asociācijā ( Cuproclima Quality Association , turpmāk tekstā — “ Cuproclima ”), esot paplašinājuši savu sadarbību attiecībā uz konkurences jautājumiem. Cuproclima divas reizes gadā organizētās sanāksmes esot tikušas izmantotas kā regulāra iespēja pēc oficiālās dienas kārtības izskatīšanas apspriest un noteikt rūpniecisko cauruļu cenas, kā arī citus tām piemērojamos komerciālos nosacījumus. Šīs konkurences noteikumiem neatbilstošās sanāksmes esot papildinājuši attiecīgo uzņēmumu divpusējie kontakti Attiecīgie uzņēmumi esot nosprauduši cenu noteikšanas mērķus, kā arī citus rūpniecisko cauruļu komerciālos nosacījumus, esot koordinējuši cenu paaugstināšanu, sadalījuši klientus un tirgus daļas un esot uzraudzījuši savu pret konkurenci vērsto nolīgumu īstenošanu, nosakot atbildīgos par tirgiem, no vienas puses, un apmainoties ar konfidenciālo informāciju, no otras puses. Apstrīdētajā lēmumā it īpaši ir iekļauti šādi noteikumi: “ Pirmais pants Šādi uzņēmumi ir pārkāpuši [EKL] 81. panta 1. punktu un no 1994. gada 1. janvāra arī EEZ līguma 53. panta 1. punktu, jo tie norādītajos laika posmos ir bijuši vairāku vienošanos un saskaņotu darbību dalībnieki, nosakot cenas un sadalot tirgus rūpniecisko cauruļu jomā: a) [ Wieland ] no 1988. gada 3. maija līdz ; b) Outokumpu [..] individuāli no 1988. gada 3. maija līdz un solidāri ar [ Luvata ] no līdz ; c) [ Luvata ] no 1988. gada 31. decembra līdz (solidāri ar Outokumpu [..]); d) [ KME Germany ] individuāli no 1988. gada 3. maija līdz un solidāri ar [ KME France ] un [ KME Italy ] no līdz ; e) [ KME Italy ] solidāri ar [ KME France ] no 1988. gada 3. maija līdz un solidāri ar [ KME Germany ] un [ KME France ] no līdz ; f) [ KME France ] solidāri ar [ KME Italy ] no 1988. gada 3. maija līdz un solidāri ar [ KME Germany ] un [ KME Italy ] no līdz . 2. pants Par 1. pantā norādītajiem pārkāpumiem tiek uzlikti šādi naudas sodi: a) [ Wieland ]: 20,79 miljoni EUR; b) Outokumpu [..] un [ Luvata ] solidāri: 18,13 miljoni EUR; c) [ KME Germany ], [ KME France ] un [ KME Italy ] solidāri: 18,99 miljoni EUR; d) [ KME Germany ]: 10,41 miljons EUR; e) [ KME Italy ] un [ KME France ] solidāri: 40,41 miljons EUR.” Pirmkārt, attiecībā uz naudas soda sākumsummas noteikšanu Komisija uzskatīja, ka pārkāpums, ko pamatā veido cenu noteikšana un tirgu sadale, jau pēc savas būtības ir ļoti smags pārkāpums (apstrīdētā lēmuma 294. apsvērums). Lai noteiktu pārkāpuma smagumu, Komisija ņēma vērā arī, ka kartelis ir ietekmējis visu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) teritoriju (apstrīdētā lēmuma 316. apsvērums). Komisija turklāt izskatīja faktiskās pārkāpuma sekas un konstatēja, ka aizliegtā vienošanās ir radījusi “globāla mēroga ietekmi uz tirgu” (apstrīdētā lēmuma 314. apsvērums). Lai izdarītu pēdējo konstatējumu, tā it īpaši balstījās uz šādām norādēm. Pirmkārt, atsaucoties uz to, ka dalībnieki esot savstarpēji apmainījušies ar informāciju par pārdošanas apjomiem un cenu līmeņiem, tā ņēma vērā vienošanās izpildi (apstrīdētā lēmuma 300. apsvērums). Otrkārt, lietas apstākļi esot parādījuši, ka saskaņotās vienošanās vājas ievērošanas laikposmā cenas samazinājās, bet citos laikposmos strauji pieauga (apstrīdētā lēmuma 310. apsvērums). Treškārt, Komisija atsaucās uz aizliegtās vienošanās dalībnieku kopējo tirgus daļu no 75 % līdz 85 % apmērā (apstrīdētā lēmuma 310. apsvērums). Ceturtkārt, Komisija konstatēja, ka aizliegtās vienošanās dalībnieku attiecīgās tirgus daļas visā pārkāpuma laikposmā esot palikušas relatīvi stabilas, lai gan dalībnieku klientu lokā bija novērojamas pārmaiņas (apstrīdētā lēmuma 312. apsvērums). Visbeidzot, joprojām nosakot pārkāpuma smagumu, Komisija ņēma vērā, ka rūpniecisko vara cauruļu tirgus ir nozīmīga joma, kuras aptuvenā vērtība EEZ līmenī ir 288 miljoni EUR (apstrīdētā lēmuma 318. apsvērums). Ņemot vērā visus šos apstākļus, Komisija secināja, ka attiecīgais pārkāpums ir uzskatāms par ļoti smagu (apstrīdētā lēmuma 320. apsvērums). Otrkārt, Komisija attiecīgos uzņēmumus, lai ņemtu vērā katra no tām faktisko ekonomisko kapacitāti radīt nopietnu kaitējumu konkurencei, apskatīja diferencēti. Šajā sakarā Komisija norādīja uz atšķirību starp tirgus daļām, kas EEZ rūpniecisko cauruļu tirgū pieder KME grupai, kas ir līdere EEZ tirgū ar [ konfidenciāli ] ( ) % tirgus daļu, no vienas puses, un Outokumpu un Wieland , kam attiecīgi pieder [ konfidenciāli ] un 13,4 % tirgus daļu, no otras puses. Ņemot vērā šo atšķirību, Outokumpu un Wieland uzliktā naudas soda sākumsumma tika noteikta 33 % apmērā no KME grupai noteiktās sākumsummas, t.i., 11,55 miljoni EUR Outokumpu un Wieland un 35 miljoni EUR KME grupai (apstrīdētā lēmuma 327. un 328. apsvērums). Ņemot vērā, ka KME grupa tika izveidota 1995. gadā, Komisija grupai uzliktā naudas soda sākumsummu, kas veido 35 miljonus EUR, sadalīja divās daļās. Pirmā daļa attiecas uz laikposmu no 1988. līdz 1995. gadam (turklāt KME Germany nošķirot no KME France un KME Italy ), bet otrā daļa attiecas uz laikposmu no 1995. līdz 2001. gadam (trīs vienības uzskatot par tādām, kas veido grupu). Tādējādi minētā sākumsumma tika sadalīta šādi: 8,75 miljoni EUR uzņēmumam KME Germany (no 1988. līdz 1995. gadam); 8,75 miljoni EUR solidāri uzņēmumiem KME Italy un KME France (no 1988. līdz 1995. gadam) un 17,50 miljoni EUR KME grupai, t.i., solidāri KME Germany , KME France un KME Italy (no 1995. līdz 2001. gadam) (apstrīdētā lēmuma 329. apsvērums). Treškārt, ņemot vērā vajadzību noteikt naudas sodu līmenī, kas nodrošina preventīvu ietekmi, Komisija Outokumpu uzliktā naudas soda sākumsummu palielināja par 50 %, kas tādējādi sasniedza 17,33 miljonus EUR, šajā sakarā uzskatot, ka tās pasaules apgrozījums, kas pārsniedz 5 miljardus EUR, parādot, ka šīs sabiedrības apmērs un ekonomiskā vara šādu palielinājumu attaisno (apstrīdētā lēmuma 334. apsvērums). Ceturtkārt, Komisija pārkāpuma, kas norisinājās laikposmā no 1988. gada 3. maija līdz , ilgumu kvalificēja kā “ilgstošu”. Tādējādi Komisija uzskatīja par piemērotu attiecīgajiem uzņēmumiem uzlikto naudas sodu sākumsummu palielināt par 10 % par katru dalības kartelī gadu. Līdz ar to Komisija KME grupai saistībā ar laikposmu no 1995. līdz 2001. gadam uzliktā naudas soda sākumsummu palielināja par 55 %, bet KME Germany , no vienas puses, kā arī KME Italy un KME France , no otras puses, saistībā ar laikposmu no 1988. līdz 1995. gadam uzlikto naudas sodu sākumsummu palielināja par 70 %. Naudas sodu pamatsumma visai KME grupai tādējādi tika noteikta 56,88 miljonu EUR apmērā (apstrīdētā lēmuma 338., 342. un 347. apsvērums). Piektkārt, atbildību pastiprinošu apstākļu dēļ Outokumpu uzliktā naudas soda pamatsumma tika palielināta par 50 %, jo, tā kā tā ir bijusi Komisijas 1990. gada 18. jūlija Lēmuma 90/417/EOTK par procedūru saskaņā ar EOTK līguma 65. pantu attiecībā uz plakanu auksti velmēta nerūsējoša tērauda izstrādājumu Eiropas ražotāju nolīgumu un saskaņotām darbībām ( OV L 220, 28. lpp. ) adresāte, tā esot vainojama recidīvā (apstrīdētā lēmuma 354. apsvērums). Sestkārt, attiecībā uz atbildību mīkstinošiem apstākļiem Komisija norādīja, ka tā bez Outokumpu sadarbības rīcību, kas veido pārkāpumu, būtu varējusi noteikt tikai attiecībā uz četru gadu laikposmu, un tādējādi samazināja tās naudas soda pamatsummu par 22,22 miljoniem EUR, kā rezultātā pamatsumma atbilst naudas sodam, kāds tai būtu bijis uzlikts par šādu laikposmu (apstrīdētā lēmuma 386. apsvērums). Septītkārt un visbeidzot, Komisija, pamatojoties uz 1996. gada Paziņojuma par sadarbību D sadaļu, naudas sodu summas samazināja par 50 % Outokumpu , par 20 % Wieland un par 30 % KME grupai (apstrīdētā lēmuma 402., 408. un 423. apsvērums). Process un lietas dalībnieku prasījumi Ar prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2004. gada 1. aprīlī, prasītājas cēla šo prasību. Tā kā Pirmās instances tiesas palātu sastāvs ir ticis mainīts, tiesnesis referents tagad darbojas astotajā palātā, kurai attiecīgi ir nodota šī lieta. Atbildes rakstā uz repliku Komisija lūdz, lai prasītājām uzliktā naudas soda summa tiktu palielināta, jo atbildes rakstā uz repliku tās apšaubot noteiktus faktus, kas administratīvā procesa laikā netika apstrīdēti. Pirmās instances tiesa aicināja prasītājas iesniegt savus apsvērumus par šo pretprasību, ko tās ir izdarījušas noteiktajā termiņā. Pēc tiesneša referenta ziņojuma Pirmās instances tiesa (astotā palāta) nolēma sākt mutvārdu procesu un Pirmās instances tiesas Reglamenta 64. pantā paredzēto procesa organizatorisko pasākumu ietvaros aicināja lietas dalībniekus iesniegt noteiktus dokumentus un uzdeva tiem rakstveida jautājumus, uz kuriem tie atbildēja noteiktajā termiņā. Lietas dalībnieku mutvārdu paskaidrojumi un atbildes uz Pirmās instances tiesas mutvārdu jautājumiem tika uzklausītas 2008. gada 27. februārī notikušajā tiesas sēdē. Šajā sakarā prasītājas, lai atbalstītu vienu no to pamatiem, izmantoja dokumentus, kas it īpaši ietver statistiku un grafikus par rūpniecisko cauruļu cenas, no vienas puses, un vara cenas, no otras puses, attīstību. Komisija pret šo dokumentu izmantošanu iebilda, apgalvojot, ka tai neesot bijusi iespēja pārbaudīt tajos norādītās informācijas atbilstību un ka katrā ziņā šī informācija attiecoties nevis uz strīdus faktu iestāšanās, bet gan uz citu laikposmu. Prasītāju tiesas sēdē iesniegtie dokumenti netika pievienoti lietas materiāliem. Prasītāju prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi: — būtiski samazināt KME grupai uzlikto naudas sodu; — piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus; — piespriest Komisijai segt izdevumus, kas prasītājām ir radušies, lai, sagaidot Pirmās instances tiesas spriedumu, iesniegtu bankas garantiju naudas soda samaksas vietā; — veikt visus citus pasākumus, ko Pirmās instances tiesa varētu uzskatīt par piemērotiem. Komisijas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi: — prasību noraidīt; — piespriest prasītājām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus; — palielināt prasītājām uzliktā naudas soda summu. Juridiskais pamatojums Lai pamatotu savu prasību, prasītājas izvirza piecus pamatus, kas visi ir saistīti ar prasītājām uzliktā naudas soda summas noteikšanu. Respektīvi, pamati attiecas uz neadekvātu konkrētās karteļa ietekmes ņemšanu vērā, aprēķinot naudas soda sākumsummu, neadekvātu attiecīgā tirgus apmēra vērtējumu, kļūdainu naudas soda paaugstināšanu pārkāpuma ilguma dēļ, atbildību mīkstinošu apstākļu neņemšanu vērā un kļūdainu 1996. gada Paziņojuma par sadarbību piemērošanu. Vispirms ir jāatzīmē, pirmkārt, ka no apstrīdētā lēmuma 290.–387. apsvēruma izriet, ka Komisijas saistībā ar pārkāpumu uzliktie naudas sodi ir piemēroti atbilstoši Regulas Nr. 17 15. panta 2. punktam, un, otrkārt, ka, lai gan Komisija apstrīdētajā lēmumā tieši nav atsaukusies uz Pamatnostādnēm sodanaudas [naudas soda] noteikšanai, piemērojot Regulas Nr. 17 15. panta 2. punktu un EOTK līguma 65. panta 5. punktu ( OV 1998, C 9, 3. lpp. ; turpmāk tekstā — “Pamatnostādnes”), ir konstatēts, ka naudas sodu summu tā ir noteikusi, piemērojot tajās definēto metodoloģiju. Pamatnostādnēs, lai gan tās nevar kvalificēt kā tiesību normas, tomēr ir paredzēta uzvedības norma, kurā ir iekļauta prakse, kas jāievēro un no kuras Komisija konkrētā gadījumā nevar atkāpties, nenorādot ar vienlīdzīgās attieksmes principu savienojamus iemeslus (skat. Tiesas 2006. gada 18. maija Tiesas spriedumu lietā C-397/03 P Archer Daniels Midland un Archer Daniels Midland Ingredients /Komisija, Krājums, I-4429. lpp. , 91. punkts un tajā minētā judikatūra). Tādējādi, pārbaudot ar apstrīdēto lēmumu uzlikto naudas sodu tiesiskumu, Pirmās instances tiesai ir jāizskata, vai savu rīcības brīvību Komisija ir īstenojusi atbilstoši Pamatnostādnēs noteiktajai metodei, un tiktāl, ciktāl tā konstatētu, ka Komisija no tās ir atkāpusies, ir jāpārbauda, vai šī atkāpe ir attaisnota un tiesiski pietiekami pamatota. Šajā sakarā ir jāatzīmē, ka paša Pamatnostādņu principa, no vienas puses, un tajos norādītās metodes, no otras puses, spēkā esamību Tiesa ir apstiprinājusi (Tiesas 2005. gada 28. jūnija spriedums apvienotajās lietās C-189/02 P, C-202/02 P, no C-205/02 P līdz C-208/02 P un C-213/02 P Dansk Rørindustri u.c./Komisija, Krājums, I-5425. lpp. , 252.–255., 266., 267., 312. un 313. punkts). No Pamatnostādņu pieņemšanas izrietošā Komisijas rīcības brīvības pašierobežošana tiešām nav nesavienojama ar Komisijas būtiskās rīcības brīvības saglabāšanu. Pamatnostādnēs ir iekļauti dažādi mainīgi elementi, kas Komisijai ļauj izmantot tai piešķirto rīcības brīvību atbilstoši Regulas Nr. 17 noteikumiem, kā tos interpretējusi Tiesa (iepriekš 34. punktā minētais spriedums apvienotajās lietās Dansk Rørindustri u.c./Komisija, 267. punkts). Tātad jomās, kurās Komisija ir saglabājusi rīcības brīvību, piemēram, attiecībā uz palielinājuma ilguma dēļ likmi, tās vērtējumu tiesiskuma kontrole aprobežojas ar acīmredzamas kļūdas vērtējumā neesamības pārbaudi (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2005. gada 18. jūlija spriedumu lietā T-241/01 Scandinavian Airlines System /Komisija, Krājums, II-2917. lpp. , 64. un 79. punkts). Turklāt Komisijas rīcības brīvība un ierobežojumi, ko tā sev ir noteikusi, nekādā gadījumā neliedz Kopienu tiesai īstenot savu neierobežotas jurisdikcijas kompetenci (Pirmās instances tiesas 2004. gada 8. jūlija spriedums apvienotajās lietās T-67/00, T-68/00, T-71/00 un T-78/00 JFE Engineering u.c./Komisija, Krājums, II-2501. lpp. , 538. punkts), ar kuru tai ir piešķirta iespēja Komisijas uzliktā naudas soda summu atcelt, samazināt vai palielināt (šajā sakarā skat. Tiesas spriedumu lietā C-3/06 P Groupe Danone /Komisija, Krājums, I-1331. lpp. , 60.–62. punkts; Pirmās instances tiesas spriedumu lietā T-368/00 General Motors Nederland un Opel Nederland /Komisija, Recueil , II-4491. lpp. , 181. punkts). Par pirmo pamatu par neadekvātu aizliegtās vienošanās konkrētās ietekmes ņemšanu vērā Lietas dalībnieku argumenti Pirmā pamata ietvaros prasītājas norāda, ka, lai šajā lietā noteiktu naudas sodu summu, Komisijai esot bijis pienākums ņemt vērā aizliegtās vienošanās konkrēto ietekmi uz tirgu. Tās uzskata, ka apstrīdētajā lēmumā esot pieļauta kļūda, jo šo pienākumu Komisija neesot ievērojusi. Šādi rīkojoties, tā neesot ievērojusi arī vienlīdzīgas attieksmes un samērīguma principus, kā arī Pamatnostādnes. Turklāt apstrīdētajā lēmumā ietvertais pamatojums un secinājums attiecībā uz aizliegtās vienošanās konkrēto ietekmi esot kļūdains, nepierādīts un pretrunīgs. Turklāt prasītājas uzskata, ka pamatojuma, ko Komisija ir sniegusi attiecībā uz tādas naudas soda sākumsummas uzlikšanu prasītājām, kas ir trīs reizes lielāka nekā Wieland un Outokumpu piemērotā sākumsumma, dēļ Komisijai vēl jo vairāk esot bijis pienākums adekvāti noteikt karteļa konkrēto ietekmi šajā lietā. Prasītājas atgādina, ka pamatojums, ko Komisija norādījusi, lai paskaidrotu šo attieksmes atšķirību, esot prasība ņemt vērā faktisko katra uzņēmuma svaru un tātad faktisko to prettiesiskās rīcības ietekmi uz konkurenci. Prasītājas uzskata, ka esot acīmredzami, ka šis pamatojums balstās uz aizliegtās vienošanās faktiskās ietekmes esamību. Dažādu naudas sodu uzlikšanai atkarībā no sabiedrību individuālās rīcības ietekmes jēga esot tikai tad, ja konkrētā ietekme uz tirgu ir bijusi pārkāpumam kopumā. Tātad Komisijas nostāja, ka, lai attaisnotu KME grupai uzliktā naudas soda sākumsummu, kas tikusi piemērota aizliegtās vienošanās smaguma dēļ, pietiekot ar aizliegtās vienošanās dabu, esot nepamatota un nevarot tikt atbalstīta. Prasītājas atgādina, ka, atbildot uz paziņojumu par iebildumiem, tās ir iesniegušas konsultāciju sabiedrības ziņojumu (turpmāk tekstā — “sākotnējais ziņojums”), kas parādot pārkāpuma faktiskās ietekmes uz cenām neesamību. Turklāt šajā procesā prasītājas esot iesniegušas divus citus attiecīgi prasības pieteikumam un replikai pievienotos ziņojumus (turpmāk tekstā — “pirmais papildu ziņojums” un “otrais papildu ziņojums”). Šos abus papildu ziņojumus esot sagatavojuši divi sākotnējā ziņojuma autori, un tie apstiprinot pēdējā ziņojumā norādītos secinājumus. Atsaucoties uz apstrīdētā lēmumā 299., 300. un 314. apsvērumu, prasītājas norāda, ka Komisijas pieeja esot pretrunīga, jo Komisija esot neloģiski, no vienas puses, apstiprinājusi, ka aizliegtās vienošanās ietekmi uz cenām nav iespējams noteikt, un, no otras puses, secinājusi, ka ietekme uz cenām tai faktiski ir bijusi. Prasītājas apgalvo, ka attiecībā uz Komisijas novēroto sakritību starp cenu pieaugumu un pieprasījuma pieaugumu tai vajadzēja veikt empīrisko analīzi. Ja nav adekvāta ekonometriskā pētījuma, Komisijai esot bijis jāsecina, ka a apriori nav iespējams noteikt, vai cenu pieaugums ir saskaņošanas starp uzņēmumiem rezultāts, vai arī tā pamatā ir tikai pieprasījuma pieaugums. Vispārīgi prasītājas uzskata, ka Komisijas attiecībā uz sākotnējo ziņojumu izteiktie secinājumi esot kļūdaini. Šajā sakarā tās pamatā atsaucas uz abiem papildu ziņojumiem un apstiprina, ka sākotnējā ziņojumā iekļautajā analīzē esot pamatoti norādīts, ka attiecībā uz cenu svārstībām aizliegtā vienošanās nav radījusi nekādu konkrētu ietekmi. Visbeidzot, atsaucoties uz prasītāju ceturtā pamata ietvaros norādīto argumentāciju, tās apgalvo, ka lietā esot iekļauti saskaņotās vienošanās neievērošanas piemēri un ka aizliegto vienošanos tās esot īstenojušas ierobežoti. Prasītājas tādējādi secina, ka to naudas soda sākumsummu esot bijis jānosaka atbilstoši karteļa pārkāpumiem piemērojamo naudas sodu skalas viszemākajam līmenim un tai esot jābūt trīs reizes zemākai par Wieland un Outokumpu uzliktā naudas soda sākumsummas apmēru. Komisija prasa pamatu noraidīt. It īpaši tā norāda, ka nedz atbildē uz paziņojumu par iebildumiem, nedz arī prasības pieteikumā trīs no četriem Komisijas konstatētajiem pārkāpuma ietekmes uz tirgu aspektiem, t.i., ietekmi uz cenu un apjoma piedāvājumu klientiem, saskaņotās cenu paaugstināšanas īstenošanu un tirgus daļu stabilizēšanu, prasītājas neesot apstrīdējušas. Komisija uzsver, ka šos trīs aspektus prasītājas pirmo reizi esot apstrīdējušas tikai to replikas stadijā, kas tādējādi esot uzskatāms par jaunu pamatu un tādēļ atbilstoši Reglamenta 48. panta 2. punktam neesot pieņemams. Tāpat tā norāda, ka paziņojumā par iebildumiem minētie fakti esot bijuši norādīti starp pārkāpumu veidojošajiem elementiem. Komisija atzīmē, ka, piešķirot prasītājām naudas soda summas 30 % samazinājumu, tā it īpaši esot ņēmusi vērā, ka administratīvā procesa laikā tās minētos faktus nav apstrīdējušas. Tā uzsver, ka, ja prasītājas tos būtu apstrīdējušas, atbildot uz paziņojumu par iebildumiem, tā šo samazinājumu nebūtu piešķīrusi. Tādējādi Komisija lūdz Pirmās instances tiesu prasītājām uzliktā naudas soda summu palielināt. Arī pret otro papildu ziņojumu Komisija izvirza iebildi par nepieņemamību. Tā uzskata, ka saskaņā ar Reglamenta 48. panta 1. punktu šis ziņojums neesot pieņemams. Nenoraidot Komisijas tās iebildumu rakstā izteikto kritiku par agrākajiem aprēķiniem, otrā papildu ziņojuma autori izmēģinot jaunu aprēķinu sēriju, lai aizstātu pirmajā papildu ziņojumā iekļautos aprēķinus. Komisija uzskata, ka otrais papildu ziņojums esot noraidāms, pamatojoties arī uz Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunktu, jo, lai gan tas ir pielikums, tajā esot iekļauti argumenti, ar kuriem pēc būtības tiek atbildēts uz Komisijas iebildumu rakstā norādītajiem argumentiem. Pirmās instances tiesas vērtējums Vispirms ir jāspriež par Komisijas izvirzītajām iebildēm par nepieņemamību, kā arī par pretprasību. Pirmkārt, attiecībā uz “triju no četriem aizliegtās vienošanās ietekmes aspektiem” apstrīdēšanu ir jānorāda, ka savā prasības pieteikumā prasītājas ir apšaubījušas Komisijas secinājumu, ka pārkāpumam esot bijusi konkrēta un globāla ietekme uz tirgu. Tās ir apgalvojušas, ka aizliegtā vienošanās neesot radījusi nekādu būtisku ietekmi uz tirgu, un uzsvērušas, ka, lai pierādītu pārkāpuma faktisko ietekmi, tirgus daļu stabilizēšanai, kā arī cenas paaugstināšanas īstenošanai neesot nozīmes. Ir jākonstatē, ka šo argumentāciju prasītājas savā replikā attīstījušas, atbildot uz Komisijas iebildumu rakstā izteikto apstiprinājumu, ka trīs no četriem karteļa ietekmes aspektiem prasības pieteikumā neesot apstrīdēti. Tātad Komisijas šajā kontekstā izvirzītā iebilde par nepieņemamību ir acīmredzami nepamatota un tās pretprasība attiecīgi ir nepieņemama. Attiecībā uz jautājumu, vai otrais papildu ziņojums ir pieņemams pierādījums, ir jāatgādina, ka saskaņā ar Reglamenta 48. panta 1. punktu replikā un atbildē uz repliku lietas dalībnieki var piedāvāt papildu pierādījumus, bet tiem ir jāmotivē kavēšanās pierādījumu iesniegšanā. Tomēr šī norma attiecas uz jaunu pierādījumu iesniegšanu un ir jāizskata, ievērojot šī reglamenta 66. panta 2. punktu, kurā ir tieši paredzēts, ka iespējams iesniegt pierādījumu atspēkojumus un papildināt iepriekš iesniegtos pierādījumus (Tiesas 1998. gada 17. decembra spriedums lietā C-185/95 P Baustahlgewebe /Komisija, Recueil , I-8417. lpp. , 72. punkts, un Pirmās instances tiesas spriedums lietā T-448/04 Komisija/ Trends , Krājumā nav publicēts, 52. punkts). Šajā lietā, lai apstiprinātu prasītāju apgalvojumu, ka minētajam pārkāpumam neesot bijis nekādas ietekmes uz tirgu, prasības pieteikumam ir tikuši pievienoti divi ekonomiskie pētījumi, t.i., sākotnējais ziņojums un pirmais papildu ziņojums. Savā iebildumu rakstā Komisija ir norādījusi argumentus nolūkā pierādīt, ka sākotnējā ziņojumā un pirmajā papildu ziņojumā izmantotā metodoloģija un mērogs esot kļūdaini un to ticamība neskaidra un ka šo ziņojumu rezultāti katrā ziņā neliedz konstatēt aizliegtās vienošanās ietekmi uz cenām. Tātad otrais papildu ziņojums, ar ko ir mēģināts atspēkot minētos Komisijas iebildumus, ir uzskatāms nevis par jaunu pierādījumu piedāvājumu, kā to norāda Komisija, bet gan ir sniegts pierādījumu attiecībā uz aizliegtās vienošanās ietekmes uz cenām neesamību, kurus prasītājas bija iesniegušas jau prasības pieteikuma stadijā, pastiprināšanai. Attiecībā uz Komisijas iebildumu, ka otrajā papildu ziņojumā, lai gan tas ir pielikums, esot iekļauti argumenti, ar kuriem pēc būtības tiek atbildēts uz tās iebildumu rakstā norādītajiem argumentiem, ir jāatgādina, ka Pirmās instances tiesai nav pienākuma pielikumos meklēt un identificēt pamatus un argumentus, ko tā varētu uzskatīt par tādiem, kuri veido prasības pamatojumu, jo pielikumi izmantojami vienīgi pierādīšanas un tehniskos nolūkos (Pirmās instances tiesas 2007. gada 17. septembra spriedums lietā T-201/04 Microsoft /Komisija, Krājums, II-3601. lpp. , 94. punkts un tajā minētā judikatūra). Šajā lietā Komisijas iebildumus attiecībā uz abiem prasības pieteikumam pievienotajiem ziņojumiem prasītājas savā replikā ir noraidījušas kā daļēji neefektīvus un daļēji nepamatotus. Šajā sakarā prasītājas savā replikā ir apgalvojušas, ka, pat ņemot vērā Komisijas metodoloģiskos iebildumus, minēto ziņojumu rezultāts paliktu tāds pats, t.i., ka aizliegtā vienošanās nerada ietekmi uz cenām. Tās ir norādījušas arī, ka interpretācija, ko Komisija ir sniegusi attiecībā uz noteiktiem abos minētajos ziņojumos iekļautajiem datiem, statistiskā ziņā esot kļūdaina. Pirmās instances tiesa konstatē, ka otrais papildu ziņojums ir nevis jauns tiesiskais arguments, bet gan ka tajā jaunu aprēķina metožu un ekonometrisku atsauču ziņā tiek atbalstīti replikā formulētie apgalvojumi. No tā izriet, ka visi prasītāju pirmā pamata ietvaros iesniegtie pierādījumi un iebildumi ir atzīstami par pieņemamiem. Attiecībā uz šī pamata pamatotību ir jāatzīmē, ka prasītājas ar to apstrīd gan Komisijas veikto pārkāpuma smaguma vērtējumu (skat. iepriekš 12. un 13. punktu), gan arī diferencēto attieksmi, ko tā īstenojusi, ņemot vērā attiecīgo uzņēmumu tirgus daļas (skat. iepriekš 16. punktu). Vispirms attiecībā uz diferencēto attieksmi pret attiecīgajiem uzņēmumiem Komisijas apstrīdētajā lēmumā šajā sakarā norādītais pamatojums it īpaši ir saistīts ar rūpēm ņemt vērā “katra uzņēmuma specifisko svaru un tādējādi tā rīcības faktisko ietekmi uz konkurenci” (apstrīdētā lēmuma 322. apsvērums). Tomēr ir jāuzsver, ka, pamatojoties uz konkrētajā tirgū, tādā, kāds ir aprakstīts apstrīdētā lēmuma 326.–329. apsvērumā, esošajām tirgus daļām, Komisija ir tiesīga īstenot diferencētu attieksmi pat tad, ja konkrētās pārkāpuma ietekmes uz tirgu pierādījumu nav. No judikatūras izriet, ka katra attiecīgā uzņēmuma tirgus daļa tirgū, kas ir ierobežojošo darbību mērķis, ir objektīvs elements, kas precīzi parāda katra no tiem atbildību saistībā ar minēto darbību potenciālo kaitīgumu normāliem konkurences spēles noteikumiem (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās T-236/01, T-239/01, no T-244/01 līdz T-246/01, T-251/01 un T-252/01 Tokai Carbon u.c./Komisija, Recueil , II-1181. lpp. , 197. punkts). Līdzīgi arī attiecībā uz pārkāpuma smaguma vērtējumu ir jānorāda, ka, pat ja Komisija nav pierādījusi, ka aizliegtā vienošanās ir konkrēti ietekmējusi tirgu, attiecībā uz pārkāpuma kvalificēšanu par “ļoti smagu” un tādējādi naudas soda summu tam varētu nebūt nekādas ietekmes. Šajā sakarā ir jākonstatē, ka no Kopienu par konkurences noteikumu pārkāpumu piemērojamo sankciju sistēmas, kas tikusi izveidota ar Regulu Nr. 17, un tās interpretācijas judikatūrā izriet, ka aizliegtās vienošanās jau pašas to dabas dēļ ir uzskatāmas par vissmagākā naudas soda uzlikšanas pamatu. To iespējamā konkrētā ietekme uz tirgu un it īpaši jautājums, kādā mērā konkurences ierobežojums ir izraisījis lielāku tirgus cenu nekā tā, kas būtu pastāvējusi karteļa neesamības gadījumā, nosakot naudas sodu līmeni, nav noteicošs kritērijs (šajā sakarā skat. Tiesas 1983. gada 7. jūnija spriedumu apvienotajās lietās no 100/80 līdz 103/80 Musique diffusion française u.c./Komisija, Recueil , 1825. lpp. , 120. un 129. punkts; spriedumu lietā C-219/95 P Ferriere Nord /Komisija, Recueil , I-4411. lpp. , 33. punkts; spriedumu lietā C-286/98 P Stora Kopparbergs Bergslags /Komisija, Recueil , I-9925. lpp. , 68.–77. punkts, un spriedumu lietā C-407/04 P Dalmine /Komisija, Krājums, I-829. lpp. , 129. un 130. punkts; iepriekš 62. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Tokai Carbon u.c./Komisija, 225. punkts; skat. arī ģenerāladvokāta Mišo [ Mischo ] secinājumus saistībā ar Tiesas spriedumu lietā C-283/98 P Mo och Domsjö /Komisija, Recueil , I-9855. un I-9858. lpp., 95.–101. punkts). Ir jāpiebilst, ka no Pamatnostādnēm izriet, ka vienošanās vai saskaņotās darbības, kuras, kā tas ir šajā lietā, ir vērstas uz cenu noteikšanu un klientu sadalīšanu, jau pēc savas dabas var tikt kvalificētas kā “ļoti smagas” un nav nepieciešams, lai šādai rīcībai būtu īpaša ietekme vai lai tai būtu īpašs ģeogrāfisks mērogs. Šo secinājumu apstiprina fakts, ka, lai gan par “smagiem” uzskatāmu pārkāpumu aprakstā tieši ir minēta ietekme uz tirgu un sekas attiecībā uz plašām kopējā tirgus zonām, savukārt “ļoti smagu” pārkāpumu aprakstā nav minēta neviena prasība ne attiecībā uz konkrēto ietekmi uz tirgu, ne seku radīšanu īpašā ģeogrāfiskā zonā (Pirmās instances tiesas 2005. gada 25. oktobra spriedums lietā T-38/02 Groupe Danone /Komisija, Krājums, II-4407. lpp. , 150. punkts). Pilnības labad Pirmās instances tiesa uzskata, ka aizliegtās vienošanās konkrēto ietekmi uz attiecīgo tirgu Komisija ir tiesiski pietiekami pierādījusi. Šajā kontekstā ir jāuzsver, ka prasītāju pieņēmums, saskaņā ar kuru Komisijai gadījumā, ja, lai noteiktu naudas soda summu, tā atsaucas uz aizliegtās vienošanās konkrēto ietekmi uz tirgu, esot zinātniski jāpierāda taustāmo ekonomisko seku esamība tirgū un cēloņsakarība starp ietekmi un pārkāpumu, judikatūrā ir noraidīts. Pirmās instances tiesa vairākkārt ir nospriedusi, ka aizliegtās vienošanās konkrētā ietekme uz tirgu par pietiekami pierādītu ir uzskatāma tad, ja Komisija var sniegt konkrētas un ticamas norādes, kuras ar saprātīgu varbūtību parāda, ka aizliegtā vienošanās ir radījusi ietekmi uz tirgu (skat. it īpaši iepriekš 36. punktā minēto Pirmās instances tiesas spriedumu lietā Scandinavian Airlines System /Komisija, 122. punkts; 2006. gada 27. septembra spriedumus lietā T-59/02 Archer Daniels Midland /Komisija, Krājums, II-3627. lpp. , 159.–161. punkts; lietā T-43/02 Jungbunzlauer /Komisija, Krājums, II-3435. lpp., 153.–155. punkts; lietā T-329/01 Archer Daniels Midland /Komisija, Krājums, II-3255. lpp., 176.–178. punkts, un lietā T-322/01 Roquette Frères /Komisija, Krājums, II-3137. lpp., 73.–75. punkts). Šajā sakarā ir jānorāda, ka iepriekš 13. punktā norādīto faktu, uz kuriem Komisija ir balstījusies, lai secinātu par aizliegtās vienošanās konkrētās ietekmes uz tirgu esamību, t.i., fakta, ka saskaņotās vienošanās nepilnīgas ievērošanas laikposmā cenas samazinājās, bet citos laikposmos strauji pieauga, datu par pārdošanas apjomiem un preču līmeni apmaiņas sistēmas izveidošanu, aizliegtās vienošanās dalībniekiem kopumā piederošo nopietno tirgus daļu un faktu, ka aizliegtās vienošanās dalībnieku attiecīgās tirgus daļas visā pārkāpuma laikposmā ir palikušas relatīvi stabilas, atbilstību prasītājas nav apstrīdējušas. Prasītājas vienīgi ir norādījušas, ka ar minētajiem faktiem nevarot pierādīt, ka attiecīgajam pārkāpumam ir bijusi konkrēta ietekme uz tirgu. No judikatūras izriet, ka, pamatojoties uz iepriekšējā punktā minētajām norādēm, Komisija varēja likumīgi secināt, ka pārkāpumam ir bijusi konkrēta ietekme uz tirgu (šajā sakarā skat. iepriekš 68. punktā minētos spriedumus lietā Jungbunzlauer /Komisija, 159. punkts, un lietā Roquette Frères /Komisija, 78. punkts; iepriekš 68. punktā minēto 2006. gada 27. septembra spriedumu lietā T-59/02 Archer Daniels Midland /Komisija, 165. punkts; iepriekš 68. punktā minēto spriedumu lietā T-329/01 Archer Daniels Midland /Komisija, 181. punkts; Pirmās instances tiesas spriedumu apvienotajās lietās no T-259/02 līdz T-264/02 un T-271/02 Raiffeisen Zentralbank Österreich u.c./Komisija, Krājums, II-5169. lpp. , 285.–287. punkts). Attiecībā uz prasītāju argumentu, ka lietā ir atrodami saskaņotās vienošanās neievērošanas piemēri, ir jāatgādina, ka ar to, ka karteļa dalībnieki saskaņotās vienošanās ne vienmēr ir ievērojuši, ietekmes uz tirgu izslēgšanai nepietiek (šajā sakarā skat. iepriekš 65. punktā minēto Pirmās instances tiesas spriedumu lietā Groupe Danone /Komisija, 148. punkts). Argumentus, ko prasītājas secina no savas pašu rīcības, tāpat nevar atbalstīt. Faktiskai rīcībai, ko atbilstoši uzņēmuma viedoklim tas ir veicis, aizliegtās vienošanās ietekmes uz tirgu vērtējumā nav nozīmes, jo vērā tiek ņemtas tikai no vienošanās kopumā izrietošās sekas (Pirmās instances tiesas 2003. gada 9. jūlija spriedums lietā T-224/00 Archer Daniels Midland un Archer Daniels Midland Ingredients /Komisija, Recueil , II-2597. lpp. , 167. punkts). Tāpat Komisijai nevar pārmest, ka apstrīdētā lēmuma 303. apsvērumā tā ir konstatējusi, ka ar sākotnējo ziņojumu tās secinājumus par faktisko pārkāpuma ietekmi uz tirgu nevar noraidīt. Tajā norādītā ekonometriskā analīze attiecas tikai uz ar prasītājām saistītajiem skaitļos izteiktajiem datiem. Tādējādi, ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, šis pamats ir jānoraida kā nepamatots. Turklāt Pirmās instances tiesa, īstenojot savu neierobežotas jurisdikcijas kompetenci un ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, uzskata, ka atkarībā no smaguma noteiktās naudas soda sākumsummas vērtējumu, kā to ir veikusi Komisija, nevar apšaubīt. Par otro pamatu par ar pārkāpumu skartās nozares apmēra neatbilstošu vērtējumu Lietas dalībnieku argumenti Ar otro pamatu prasītājas norāda, ka uzskatot, ka attiecīgā tirgus vērtība atbilst 288 miljoniem EUR, Komisija esot pārspīlējusi tā apmēru un līdz ar to pārkāpuma smagumu, tādējādi nosakot pārmērīgu naudas sodu. Prasītājas apgalvo arī, ka ar Komisijas pieeju tiekot pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips. Prasītājas vispirms atzīmē, ka kopējo preču cenu industriālo cauruļu nozarē parasti veidojot vara cena, kuras pamatā ir kotēšana London Metal Exchange (Londonas Metālu birža, turpmāk tekstā — “ LME ”), un pārstrādes izmaksas, kas atbilst ražotāja pievienotajai vērtībai (turpmāk tekstā — “pārstrādes starpība”). Industriālo cauruļu ražošanai vajadzīgās izejvielas piegādājot vai nu klienti, vai arī pats cauruļu ražotājs, šajā gadījumā izrakstot par tām rēķinu par kopējo cenu. Prasītājas uzskata, ka, nosakot naudas soda sākumsummu, nozīmīgs faktors ir attiecīgā tirgus apmērs. Katrā ziņā prasītājas apgalvo, ka šajā lietā Komisija sākumsummu esot noteikusi atkarībā no attiecīgā tirgus apmēra. Prasītājas uzskata, ka tām kā rūpniecisko cauruļu ražotājām attiecībā uz primārās izejvielas, t.i., vara cenu, kas veidojot aptuveni divas trešdaļas no galīgās prasītāju klientu maksājamās cenas, neesot nekādas ietekmes. Šajā sakarā prasītājas atgādina, ka metāla cenu nosakot ikdienas kotējumi LME un ka, iegādājoties metālu, tās tikai ievērojot rūpniecisko cauruļu pircēju dotās instrukcijas. Tātad metāla cena esot vienīgi uz klientiem pārnesamais elements. Metāla cenu nepastāvīgais raksturs prasītāju rentabilitāti neietekmējot. Tādējādi attiecīgā tirgus faktiskais ekonomiskais apjoms esot ierobežots ar pārstrādes starpību. Turklāt kopējā apgrozījuma, kas jāņem vērā, lai atbilstoši Regulas Nr. 17 15. panta 2. punktam noteiktu griestus 10 % apmērā, jēdziens šajā lietā ne obligāti esot nozīmīgs, jo Komisija un Kopienu tiesa apgrozījuma jēdzienu attiecīgā tirgus apmēra aprēķināšanas kontekstā varot brīvi interpretēt dažādi. Apgrozījums neesot precīzs preču tirgus apmēra indikators. Tātad zināmos gadījumos citi apstākļi varot palīdzēt Komisijai veikt labāku tirgus apmēra novērtējumu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, prasītājas norāda, ka, novērtējot attiecīgā tirgus apmēru, Komisijai no attiecīgo preču kopējās cenas esot bijis jāatskaita aptuveni divas trešdaļas, kā rezultātā netiktu noteikta tik augsta naudas soda sākumsumma. Prasītājas secina, ka, vara cenu neatskaitot no attiecīgajā tirgū sasniegtā apgrozījuma, Komisija neesot ievērojusi tirgus ekonomisko realitāti un esot noteikusi naudas soda sākumsummu, kas attiecībā pret pārkāpuma smagumu ir pārmērīga, kā rezultātā tiekot pārkāpts Regulas Nr. 17 15. pants. Prasītājas uzskata, ka fakts, ka līdzās norunai par pārstrādes starpību un citiem komerciāliem nosacījumiem kartelis iekļāva arī tirgus un klientūras sadali, kā arī prettiesisku informācijas apmaiņu, nevarot ietekmēt to apgalvojuma spēkā esamību, ka, aprēķinot naudas soda sākumsummu, attiecīgā tirgus apmērs ir jānovērtē vienīgi atkarībā no pārstrādes starpībai atbilstoša apgrozījuma. Turklāt prasītājas apgalvo, ka, lai nodrošinātu preventīvu ietekmi, sankcijai esot jābūt saistītai ar no karteļa izrietošo peļņu un ka šajā lietā karteļa dalībnieku iegūtā peļņa esot atkarīga nevis no metāla cenas, bet gan vienīgi no cauruļu pārstādes starpības. Tādējādi Komisijas formālās pieejas rezultātā attieksme pret saimnieciskās darbības subjektiem, kas darbojas ražošanas vēlākas pakāpes tirgū, esot stingrāka, salīdzinot ar uzņēmumiem, kas darbojas iepriekšējas pakāpes tirgū. Tāpat tas esot attiecībā uz tirgus dalībniekiem, kas pārstrādā izejvielas, kuru cena ir augsta, salīdzinot ar tiem, kas pārstrādā lētākas izejvielas. Komisija prasa prasītājas izvirzīto pamatu noraidīt. Turklāt atbildes rakstā uz repliku tā ir norādījusi, ka noteiktus apstrīdētajā lēmumā norādītos secinājumus par vienošanos par cenu paplašināšanu attiecībā uz samaksas un piegādes kārtību, kā arī konsignācijas noliktavu prasītājas pirmo reizi esot apstrīdējušas savā replikā. Komisija atzīmē arī, ka, atbilstoši paziņojumam par sadarbību piešķirot KME grupai naudas soda summas 30 % samazinājumu, tā it īpaši esot ņēmusi vērā, ka KME grupa minētos secinājumus nebija apstrīdējusi. Tādējādi Komisija lūdz Pirmās instances tiesu atzīt minētos argumentus par nepieņemamiem un, izmantojot savu neierobežotas jurisdikcijas kompetenci, KME grupai uzliktā naudas soda summu katrā ziņā palielināt. Pirmās instances tiesas vērtējums Vispirms ir jākonstatē, ka nedz par Komisijas izteikto iebildi par nepieņemamību, nedz par pretprasību nav jālemj. Prasītājas, atbildot uz Pirmās instances tiesas sēdē uzdotajiem jautājumiem, ir tieši atzinušas, ka attiecīgā aizliegtā vienošanās bija piemērojama arī samaksas kārtībai un konsignācijas noliktavai. Katrā ziņā ir jākonstatē, ka iebilde par nepieņemamību nav pamatota un ka pretprasība ir nepieņemama, jo no lietas materiāliem izriet, ka tēzi, saskaņā ar kuru pārkāpums attiecoties tikai uz pārstrādes tirgu, prasītājas ir atbalstījušas gan administratīvā procesa laikā, gan arī prasības pieteikumā. Otrkārt, izskatot prasību pēc būtības, vispirms ir jāuzsver, ka Pamatnostādnēs iekļautā metodoloģija, ko Komisija ir piemērojusi apstrīdētajā lēmumā (skat. iepriekš 32. punktu), atbilst iepriekš noteiktajai loģikai, saskaņā ar kuru naudas soda vispārējo sākumsummu, ko nosaka atkarībā no pārkāpuma smaguma, aprēķina atkarībā no pārkāpuma rakstura, tā faktiskās ietekmes uz tirgu gadījumos, kad to iespējams noteikt, un attiecīgā ģeogrāfiskā tirgus apmēra (Pamatnostādņu 1.A punkta pirmā daļa). Tādējādi naudas soda vispārējā sākumsumma attiecībā uz katru dalībnieku ir individualizēta it īpaši atkarībā no tā lieluma. Turklāt, lai noteiktu naudas soda sākumsummu, Komisija var ņemt vērā skartā tirgus apmēru, bet tai nav pienākuma to darīt (Pirmās instances tiesas 2006. gada 15. marta spriedums lietā T-15/02 BASF /Komisija, Krājums, II-497. lpp. , 134. punkts, un spriedums lietā T-322/01 Roquette Frères /Komisija, Krājums, II-3137. lpp. , 149. un 150. punkts). Tomēr no apstrīdētā lēmuma skaidri izriet, ka, novērtējot attiecīgā pārkāpuma smagumu, Komisija ir izvēlējusies ņemt vērā rūpniecisko cauruļu EEZ tirgus apmēru. Lai gan Komisija, jau pamatojoties uz pārkāpuma veidu, ir secinājusi, ka Pamatnostādņu izpratnē tas ir “ļoti smags” (294. apsvērums), pārkāpuma smagumu un, tātad, vispārīgo naudas soda sākumsummu tā apstrīdētajā lēmumā ir noteikusi, ņemot vērā karteļa faktisko ietekmi uz tirgu (295.–314. apsvērums), attiecīgā ģeogrāfiskā tirgus apmēru (315.–317. apsvērums) un to, ka nozare, kas ir pārkāpuma priekšmets, ir nozīmīgs tirgus, kura apmērs EEZ ticis novērtēts 288 miljonu EUR apmērā (318. un 319. apsvērums). Lai gan, novērtējot pārkāpuma smagumu un vispārējo naudas soda sākumsummu, attiecīgā tirgus apmērs bija tikai viens no Komisijas apstrīdētajā lēmumā izmantotajiem elementiem, tā tomēr šo apmēru faktiski ir noteikusi, ņemot vērā šo elementu. Tātad Komisijas apgalvojums, ka prasītājām uzliktā naudas soda sākumsumma, ja no apgrozījuma būtu atskaitīta vara cena, noteikti nebūtu bijusi zemāka par 35 miljoniem EUR, ir jānoraida. Tādējādi ir jāpārbauda, vai, novērtējot attiecīgā tirgus apmēru, Komisija ir kļūdaini ņēmusi vērā vara cenu. Prasītājas šajā sakarā uzskata, pirmkārt, ka vara cena ir ārpus industriālo cauruļu ražotāju kontroles, jo to nosakot atbilstoši LME , un, otrkārt, ka industriālo cauruļu pircēji paši nolemjot, par kādu summu metālu pirkt. Prasītājas norāda arī, ka metāla cenu izmaiņas tās peļņu nekādā veidā neietekmējot. Tomēr ir jākonstatē, ka neviens vērā ņemams iemesls neliek apgrozījumu attiecīgajā tirgū aprēķināt, izslēdzot noteiktas ražošanas izmaksas. Kā pamatoti norāda Komisija, visās ražošanas nozarēs pastāv gala precē iekļautās izmaksas, ko ražotājs nevar kontrolēt, bet kas tomēr ir tā darbības kopuma būtisks elements un ko tātad, nosakot naudas soda sākumsummu, no tā apgrozījuma nevar izslēgt (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2000. gada 15. marta spriedumu apvienotajās lietās T-25/95, T-26/95, no T-30/95 līdz T-32/95, no T-34/95 līdz T-39/95, no T-42/95 līdz T-46/95, T-48/95, no T-50/95 līdz T-65/95, no T-68/95 līdz T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 un T-104/95 Cimenteries CBR u.c./Komisija, Recueil , II-491. lpp. , 5030. un 5031. punkts). Tas, ka vara cena ir industriālo cauruļu galīgās cenas būtiska daļa vai ka vara cenu izmaiņu risks ir daudz augstāks nekā citu izejvielu gadījumā, šo secinājumu neietekmē. Visbeidzot, attiecībā uz vairākiem prasītāju iebildumiem, ar kuriem tiek apgalvots, ka tā vietā, lai izmantotu apgrozījuma attiecīgajā tirgū kritēriju, no naudas sodu preventīvās ietekmes un vienlīdzīgas attieksmes principa viedokļa piemērotāk būtu bijis to summu noteikt atkarībā no skartās nozares rentabilitātes vai ar to saistītās pievienotās vērtības, ir jākonstatē, ka tie neattiecas uz lietu. Šajā sakarā vispirms ir jākonstatē, ka pārkāpuma smagumu nosaka atkarībā no vairākiem faktoriem, attiecībā uz kuriem Komisijai ir rīcības brīvība (Pirmās instances tiesas 2007. gada 12. decembra spriedums apvienotajās lietās T-101/05 un T-111/05 BASF /Komisija, Krājums, II-4949. lpp. , 65. punkts), un šajā sakarā nekāds ierobežojošo vai izsmeļošo obligāti vērā ņemamo kritēriju saraksts nav noteikts (iepriekš 64. punktā minētais spriedums lietā Dalmine /Komisija, 129. punkts), tādēļ nevis Kopienu tiesai, bet Komisijai tās rīcības brīvības ietvaros un atbilstoši no vienlīdzīgas attieksmes principa un Regulas Nr. 17 izrietošajām robežām ir jāizvēlas faktori un skaitļi, ko tā ņem vērā, lai īstenotu EKL 81. pantā noteikto aizliegumu ievērošanu nodrošinošu politiku. Turpinot, nav apstrīdams, ka uzņēmuma vai kāda tirgus apgrozījums kā pārkāpuma smaguma novērtēšanas kritērijs katrā ziņā ir izplūdis un nepilnīgs. Tajā nav ņemta vērā nedz atšķirība starp nozarēm ar augstu pievienoto vērtību un ar nelielu pievienoto vērtību, nedz arī atšķirība starp lielākā un mazākā mērā peļņu nesošiem uzņēmumiem. Tomēr, neraugoties uz aptuvenās precizitātes raksturu, šobrīd gan Kopienu likumdevējs, gan arī Komisija un Tiesa apgrozījumu konkurences tiesību ietvaros uzskata par adekvātu kritēriju attiecīgo uzņēmumu apmēra un ekonomiskās varas novērtēšanai (skat. it īpaši iepriekš 64. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Musique diffusion française u.c./Komisija, 121. punkts; Regulas Nr. 17 15. panta 2. punktu, Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulas (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju ( OV L 24, 1. lpp. ) 10. apsvērumu un 14. un 15. pantu). Tādējādi ir jāsecina, ka Komisija pamatoti ir ņēmusi vērā vara cenu, nosakot attiecīgā tirgus apmēru. Par trešo pamatu par naudas soda sākumsummas kļūdainu paaugstināšanu pārkāpuma ilguma dēļ Lietas dalībnieku argumenti Prasītājas būtībā norāda, ka par katru dalības pārkāpumā gadu par 10 % palielinot tām uzliktā naudas soda sākumsummu, Komisija esot pārkāpusi Pamatnostādnes, kā arī vienlīdzīgas attieksmes un samērīguma principus, jo tā neesot ņēmusi vērā mainīgo aizliegtās vienošanās intensitāti tās darbības laikā. Šajā sakarā tās atzīmē, ka palielinājums par 10 % par katru pārkāpuma gadu esot maksimālais palielinājums, ko Komisija atbilstoši Pamatnostādnēm var uzlikt par ilgtermiņa pārkāpumiem. Tātad naudas soda sākumsummas palielinājumam ilguma dēļ esot nevis mehānisks raksturs, bet gan tam būtu jābūt samērīgam ar konkrētu un objektīvu pārkāpuma ietekmi uz patērētājiem. Prasītājas uzsver, ka tādēļ, ka attiecībā uz kompleksu aizliegto vienošanos Komisija varot izmantot “vienota un turpināta pārkāpuma” jēdzienu, lai atbildību attiecinātu uz uzņēmumiem, kas visās globālu aizliegto vienošanos veidojošajās darbībās nav piedalījušies, naudas soda palielināšana ilguma dēļ esot jāpiemēro, ņemot vērā iespējamos aizliegtās vienošanās samazinātas aktivitātes laikposmus. Šajā lietā fakti neattaisnojot ikgadēja palielinājuma 10 % apmērā piemērošanu, jo, pirmkārt, attiecīgā aizliegtā vienošanās nekādas būtiskas sekas attiecībā uz cenām neesot radījusi un, otrkārt, kā to Komisija vairākos apstrīdētā lēmumā apsvērumos jau esot norādījusi, aizliegtās vienošanās darbību intensitāte pārkāpuma laikā esot bijusi mainīga. Komisija prasa šo pamatu noraidīt. Pirmās instances tiesas vērtējums Ir jāatgādina, ka naudas soda summas paaugstināšana atkarībā no ilguma nav ierobežota ar gadījumu, kad starp ilgumu un konkurences tiesībās nostiprinātajiem Kopienas mērķiem nodarīto palielināto kaitējumu pastāv tieša saistība (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 30. septembra spriedumu lietā T-203/01 Michelin /Komisija, Recueil , II-4071. lpp. , 278. punkts un tajā minētā judikatūra). Turklāt no Pamatnostādnēm izriet, ka starp pārkāpuma smaguma un tā ilguma vērtējumu Komisija nav noteikusi nekādu pārklāšanos, nedz arī kādu citu savstarpējo saistību. Tieši pretēji, pirmkārt, no Pamatnostādņu sistēmas izriet, ka tajās, lai noteiktu naudas soda sākumsummu, ir paredzēta pārkāpuma smaguma kā tāda vērtēšana. Otrkārt, pārkāpuma smagums tiek analizēts saistībā ar attiecīgā uzņēmuma raksturlielumiem, it īpaši tā lielumu un stāvokli konkrētajā tirgū, kas var būt pamats sākumsummas izvērtēšanai, uzņēmumu iedalīšanai kategorijās un īpašas sākumsummas noteikšanai. Treškārt, pārkāpuma ilgums tiek izskatīts, lai noteiktu pamatsummu, un ceturtkārt, Pamatnostādnēs ir paredzēta atbildību pastiprinošu un mīkstinošu apstākļu ņemšana vērā, kas ļauj grozīt naudas soda summu it īpaši atkarībā no attiecīgā uzņēmuma aktīvās vai pasīvās lomas pārkāpuma īstenošanā. No minētā izriet, ka tikai vienkāršs fakts, ka Komisija ir atstājusi sev iespēju veikt paaugstinājumu par katru pārkāpuma gadu, kura apmērs attiecībā uz ilgtermiņa pārkāpumiem var būt līdz pat 10 % no par pārkāpuma smagumu noteiktās summas, nekādā ziņā neuzliek tai pienākumu noteikt šo likmi atkarībā no aizliegtās vienošanās darbības intensitātes vai tās sekām, vai pat pārkāpuma smaguma. Komisija, īstenojot savu rīcības brīvību (skat. iepriekš 36. punktu), piemērojamo palielinājuma likmi izvēlas atkarībā no pārkāpuma ilguma. Šajā lietā, it īpaši apstrīdētā lēmuma 335. un 340. apsvērumā, Komisija ir konstatējusi, ka KME grupa pārkāpumā ir piedalījusies divpadsmit gadu un desmit mēnešu laikposmā, kas Pamatnostādņu izpratnē ir ilgtermiņa pārkāpums, un tādējādi naudas sodu palielinājusi par 125 %. Šādi darot, Komisija nav atkāpusies no noteikumiem, ko tā sev ir noteikusi Pamatnostādnēs. Vispārīgi Pirmās instances tiesa uzskata, ka šis palielinājums par 125 % šajā lietā nav acīmredzami nesamērīgs. No visiem šiem apsvērumiem izriet, ka pamats par naudas soda summas palielināšanu atkarībā no ilguma ir jānoraida kā nepamatots. Par ceturto pamatu par noteiktu atbildību mīkstinošu apstākļu neņemšanu vērā Lietas dalībnieku argumenti Ceturtā pamata ietvaros prasītājas norāda četrus iebildumus un uzskata, ka, atsakoties ņemt vērā noteiktus atbildību mīkstinošus apstākļus, Komisija esot pārkāpusi Pamatnostādņu 3. punktu. Pirmkārt, prasītājas norāda, ka, lai gan tās no apstrīdētās vienošanās īstenošanas neesot atturējušās sistemātiski, tās šo vienošanos esot īstenojušas ierobežoti, kas esot uzskatāms par atbildību mīkstinošu apstākli. Otrkārt, prasītājas norāda, ka Komisija kļūdaini neesot ņēmusi vērā, ka pēc tās veiktās pārbaudes prasītājas brīvprātīgi un nekavējoties esot izbeigušas pārkāpumu. Treškārt, prasītājas apstiprina, ka Komisija kļūdaini esot atteikusies kā atbildību mīkstinošu apstākli ņemt vērā rūpniecisko cauruļu nozarē esošo smago ekonomisko stāvokli. Šādi rīkojoties, tā esot pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu un lielā mērā pārsniegusi savu rīcības brīvību, jo šajā lietā tā esot piemērojusi striktākus kritērijus nekā salīdzināmās situācijās izmantotie kritēriji. Šajā sakarā prasītājas atsaucas uz agrākajiem Komisijas lēmumiem, kuros smagie ekonomiskie apstākļi esot attaisnojuši naudas sodu pamatsummu samazināšanu. Ceturtkārt, prasītājas norāda, ka, pārkāpjot Pamatnostādņu 3. punkta sesto ievilkumu, kā arī taisnīguma un vienlīdzīgas attieksmes principu, Komisija apstrīdētajā lēmumā neesot adekvāti ņēmusi vērā to sniegumu pārkāpuma kopējā ilguma noteikšanā. No Komisijas 2003. gada 10. decembra Lēmuma 2005/349/EK par procedūru saskaņā ar [EKL] 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/E-2/37.857 — Organiskie peroksīdi) ( OV 2005, L 110, 44. lpp. ) izrietot, ka sabiedrībai, kas Komisijai sniedz izšķirošu informāciju vai kas papildina Komisijas rīcībā esošos pierādījumus attiecībā uz noteiktiem pārkāpuma laikposmiem, par šādiem laikposmiem naudas sods nav uzliekams. Šajā lietā, naudas soda sākumsummas samazinājumu saistībā ar minētajiem apsvērumiem piešķirot tikai Outokumpu , Komisija esot ignorējusi, ka prasītājas esot bijušas pirmās, kas sniedza izšķirošus pierādījumus par pārkāpuma laikposmiem no 1988. gada maija līdz 1992. gada novembrim un no 1998. gada maija līdz 1999. gada beigām. Šos laikposmus ņemot vērā, lai aprēķinātu prasītājām uzlikto naudas sodu, Komisija tādējādi esot pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu un esot pieļāvusi kļūdu. Prasītājas apstrīd Komisijas interpretāciju, ka Pamatnostādņu 3. panta piemērošana esot rezervēta uzņēmumam, kurš pirmais ir atklājis pārkāpuma ilgumu, kas nozīmējot, ka šajā sakarā piešķirtā pamatsummas samazinājuma ieguvēja varot būt tikai viena persona. Atlīdzinājuma par sadarbību piešķiršana, pamatojoties uz laika ziņā veikto klasifikāciju neatkarīgi no sadarbību veicošā uzņēmuma informācijas un dokumentu kvalitātes un apjoma, esot pretēja Komisijas šajā jomā nospraustajam mērķim rūpēties par to, lai aizliegtās vienošanās tiktu atklātas un aizliegtas, izmantojot pilnīgu pieeju dokumentiem ar augstu pierādījumu spēku un izšķirošiem informācijas avotiem. Komisija prasa pamatu noraidīt. Pirmās instances tiesas vērtējums Vispirms ir jāatgādina, ka, nosakot naudas sodus, Komisijai principā ir jāievēro savas Pamatnostādnes (skat. iepriekš 33. punktu). Tomēr Pamatnostādnēs nav norādīts, ka katrs šo Pamatnostādņu 3. punktā uzskaitītais atbildību mīkstinošais apstāklis Komisijai vienmēr ir jāņem vērā atsevišķi un tai šajā sakarā nav pienākuma automātiski piešķirt papildu samazinājumu, jo tas, vai iespējamais naudas soda samazinājums atbilstoši atbildību mīkstinošiem apstākļiem ir piemērots, ir jānovērtē vispārīgi, ņemot vērā visus atbilstošos apstākļus. Pēc Pamatnostādņu pieņemšanas joprojām ir piemērojama iepriekšējā judikatūra, saskaņā ar kuru Komisijai ir rīcības brīvība, ar ko tai ļauts ņemt vai neņemt vērā dažus apstākļus, kad tā atkarībā no attiecīgajā gadījumā pastāvošajiem apstākļiem nosaka uzliekamā naudas soda apmēru. Tādējādi, tā kā Pamatnostādnēs nav obligātas norādes attiecībā uz atbildību mīkstinošiem apstākļiem, kas var tikt ņemti vērā, ir jāuzskata, ka Komisija ir saglabājusi zināmu brīvību, lai vispārīgi novērtētu, kādā mērā naudas soda apmērs atbilstoši atbildību mīkstinošiem apstākļiem, iespējams, ir jāsamazina. Attiecībā uz pirmo iebildumu ir jākonstatē, ka to nevar atbalstīt, jo no judikatūras skaidri izriet, ka, lai gūtu labumu no Pamatnostādņu 3. punkta otrā ievilkuma, pārkāpējiem ir jāpierāda, ka tie ir rīkojušies atbilstoši konkurences noteikumiem vai ka tie vismaz tādā mērā skaidri un būtiski iebilduši pret aizliegtās vienošanās izpildes saistībām, ka tās funkcionēšana tikusi traucēta, un ka tie nav izlikušies, ka ievēro šo vienošanos, tādā veidā mudinot citus uzņēmumus īstenot minēto aizliegto vienošanos (Pirmās instances tiesas 2004. gada 8. jūlija spriedums lietā T-50/00 Dalmine /Komisija, Krājums, II-2395. lpp. , 292. punkts, un spriedums lietā T-26/02 Daiichi Pharmaceutical /Komisija, Krājums, II-713. lpp. , 113. punkts). Šajā lietā prasītājas nenorāda, ka tās būtu tādā mērā skaidri un būtiski iebildušas pret aizliegto vienošanos, ka tās funkcionēšana pat tiktu traucēta. Tādējādi pirmais iebildums nav pamatots. Attiecībā uz otro iebildumu ir jānorāda, ka saskaņā ar Pamatnostādņu 3. punkta trešo ievilkumu “pārkāpumu pārtraukšana, tiklīdz iejaucas Komisija (jo īpaši tad, ja tā veic pārbaudes)”, tiek pieskaitīta pie atbildību mīkstinošiem apstākļiem. Tomēr tāpēc, ka pārkāpums tiek pārtraukts, tiklīdz iejaucas Komisija, naudas soda samazināšana nenotiek automātiski, bet gan ir atkarīga no tā, kā Komisija, īstenojot savu rīcības brīvību, novērtē attiecīgajā gadījumā pastāvošos apstākļus. Izskatāmajā lietā apskatāmais pārkāpums attiecas uz slepenu aizliegto vienošanos, kuras mērķis bija cenu noteikšana un tirgus sadalīšana. Šāda veida aizliegtā vienošanās ir tieši aizliegta EKL 81. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā un ir īpaši smags pārkāpums. Tāpēc dalībniekiem bija jāapzinās to rīcības prettiesiskais raksturs. Aizliegtās vienošanās slepenais raksturs apstiprina, ka dalībnieki apzinājās savu darbību prettiesisko raksturu. Tā rezultātā Pirmās instances tiesa uzskata, ka nevar būt šaubu par to, ka pārkāpumu attiecīgās personas ir izdarījušas apzināti. Pirmās instances tiesa jau ir tieši nospriedusi, ka tas, ka ir izbeigts tīšs pārkāpums, nevar tikt uzskatīts par vainu mīkstinošu apstākli, ja pārkāpums izbeigts Komisijas iejaukšanās rezultātā (Pirmās instances tiesas 1999. gada 11. marta spriedums lietā T-157/94 Ensidesa /Komisija, Recueil , II-707. lpp. , 498. punkts). Ņemot vērā iepriekš minēto, prasītāju iebildums ir jānoraida kā nepamatots. Turklāt Pirmās instances tiesa, īstenojot savu neierobežotas jurisdikcijas kompetenci, uzskata, ka tas, ka prasītājas pārkāpumu ir izbeigušas pēc pirmās Komisijas iejaukšanās, tām uzliktā naudas soda summas samazināšanu katrā ziņā neattaisno. Faktiski šī izbeigšana ir pienācīga un normāla reakcija uz Komisijas iejaukšanos un tai nevar piešķirt vērtību, kāda būtu bijusi patstāvīgai viņu pašu iniciatīvai. Tāpat arī minētā izbeigšana ir vienīgi atgriešanās pie tiesiskas rīcības, un tā nav palīdzējusi Komisijai efektīvāk veikt izmeklēšanu. Attiecībā uz trešo iebildumu no judikatūras izriet, ka Komisijai nav pienākuma kā atbildību mīkstinošu apstākli ņemt vērā attiecīgās nozares slikto finansiālo stāvokli. Tikai tāpēc vien, ka iepriekšējās lietās Komisija nozares ekonomisko situāciju ir ņēmusi vērā kā atbildību mīkstinošu apstākli, tai nebūt nav arī turpmāk jāturpina ievērot šo praksi. Parasti karteļi rodas brīdī, kad nozarē ir radušās grūtības (skat. iepriekš 62. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Tokai Carbon u.c./Komisija, 345. punkts un tajā minētā judikatūra). Tādējādi trešais iebildums ir jānoraida. Attiecībā uz ceturto iebildumu vispirms ir jānorāda, ka atbilstoši 1996. gada Paziņojumam par sadarbību nedz Outokumpu , nedz arī prasītājas nevar saņemt tām uzlikto naudas sodu galīgās summas samazinājumu vairāk par 50 %, jo tās neatklāja Komisijai pārkāpumu pirms pašas Komisijas veiktās izmeklēšanas, kas tai ir sniegusi pietiekamus pamatus pārkāpuma procedūras uzsākšanai, kura ir novedusi pie apstrīdēta lēmuma. Tāpat ir noteikts, ka par kopējo pārkāpuma ilgumu Komisija pirmoreiz tika informēta ar Outokumpu 2001. gada 30. maija paziņojumu. Pamatojoties uz sabiedrības Mueller Industries iepriekš sniegto informāciju, Komisija pārkāpuma esamību bija varējusi pierādīt tikai attiecībā uz laikposmu no 1994. gada maija līdz 1998. gada maijam. Tomēr prasītājas norāda, ka galīgi pierādīt karteļa esamību attiecībā uz laikposmiem no 1988. gada maija līdz 1992. gada novembrim un no 1998. gada maija līdz 1999. gada beigām Komisija esot varējusi, tieši pateicoties viņu 2002. gada oktobrī tai nodotajai informācijai. Nosakot pārkāpuma papildu ilgumu, Komisija atbilstoši Pamatnostādņu 1.B punktam pārkāpējiem uzlikto naudas sodu sākumsummas var palielināt par 125 % 40 % vietā. Tātad uzņēmumi, kas Komisijai sniedza informāciju par pārkāpuma papildu ilgumu, uzņēmās risku, ka to naudas sodu sākumsumma var tikt papildus palielināta par 85 procenta punktiem. Runa ir par 1996. gada Paziņojumā par sadarbību iekļauto paradoksu, atbilstoši kuram uzņēmums, uz kuru attiecas minētā Paziņojuma D punkts un kurš sniedz jaunu informāciju Komisijai, uzņemas risku, ka tam tiks piemērotas smagākas sankcijas nekā gadījumā, ja tas šo informāciju Komisijai nebūtu sniedzis. Pamatnostādņu 3. punkta sestais ievilkums, saskaņā ar kuru “uzņēmuma efektīva līdzdalība tiesvedībā, kas neattiecas uz jomu, kas noteikta [1996. gada Paziņojumā par sadarbību]”, var būt atbildību mīkstinošs apstāklis, ļauj šo paradoksu labot. Šajā lietā, piemērojot, to neminot, Pamatnostādņu 3. punkta sesto ievilkumu, Komisija faktiski Outokumpu ir piešķīrusi imunitāti attiecībā uz aizliegtās vienošanās papildu ilgumu, par kuru tai līdz tās 2001. gada 30. maija memoranda saņemšanai nebija informācijas (apstrīdētā lēmuma 386. apsvērums). Tādējādi ir jāpārbauda, vai, pamatojoties vai nu uz Pamatnostādņu 3. punkta sesto ievilkumu, vai arī uz vienlīdzīgas attieksmes principu, Komisijai arī prasītājām bija jāpiešķir samazinājums par informāciju, ko tās vairāk nekā sešus mēnešus pēc Outokumpu Komisijai sniegušas par laikposmiem no 1988. gada līdz 1992. gadam un no 1998. gada līdz 1999. gadam. Šajā sakarā vispirms ir jāatgādina, ka attiecībā uz atbildību mīkstinošu apstākļu piemērošanu Komisijai ir rīcības brīvība (Pirmās instances tiesas 2004. gada 8. jūlija spriedums lietā T-44/00 Mannesmannröhren-Werke /Komisija, Krājums, II-2223. lpp. , 307. punkts). Ir jāuzsver, ka tas, ka tikai vienam no aizliegtās vienošanās dalībniekiem var būt imunitāte no naudas sodiem, atbilst šādas imunitātes loģikai, jo vēlamais efekts ir radīt nenoteiktības klimatu aizliegtās vienošanās iekšienē, veicinot ziņošanu par to Komisijai. Šī nenoteiktība izriet tieši no tā, ka aizliegtās vienošanās dalībnieki zina, ka tikai viens no tiem var iegūt imunitāti no naudas soda, paziņojot par citiem pārkāpuma dalībniekiem, tādējādi pakļaujot tos smagāku naudas sodu piemērošanas riskam. Tādā situācijā, kāda ir pamata lietā, kad Komisija zina, ka aizliegtā vienošanās pastāv, bet tās rīcībā nav noteiktu būtisko pierādījumu, ar ko var noteikt šī pārkāpuma kopējo ilgumu, šādu mehānismu izmantot ir īpaši vēlams, lai it īpaši izvairītos no tā, ka pārkāpēji vienojas par minēto pierādījumu slēpšanu. Minētā situācija atšķiras no situācijas, kad Komisijai jau ir informācija par pierādījumiem, bet tā vēlas tos papildināt. Pastāvot šim pēdējam gadījumam, naudas soda samazināšanu pārkāpējiem imunitātes no naudas soda piešķiršanas vienam uzņēmumam vietā attaisno tas, ka mērķis vairs nav atklāt apstākli, kas izraisa uzliktā naudas soda palielināšanu, bet savākt pēc iespējas vairāk pierādījumu, lai pastiprinātu Komisijas iespēju konstatēt attiecīgos faktus. Attiecībā uz iespējamo nevienlīdzīgo attieksmi starp Outokumpu un prasītājām ir pietiekami konstatēt, ka, ņemot vērā, ka Outokumpu vairāk nekā gadu pirms prasītājām ir sniegusi Komisijai informāciju par aizliegtās vienošanās papildu ilgumu, kas veido astoņus ar pusi gadus, tās neatrodas salīdzināmā situācijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, ceturtais iebildums ir jānoraida. Tātad šis pamats ir jānoraida kopumā. Par piekto pamatu par nepietiekamu naudas soda summas samazināšanu atbilstoši 1996. gada Paziņojumam par sadarbību Lietas dalībnieku argumenti Pirmkārt, prasītājas savu sadarbību un tām piešķirto 30 % samazinājumu salīdzina ar trešajām personām agrākajās lietās izrādīto attieksmi. Tās secina, ka attieksme pret tām esot bijusi nelabvēlīga. Otrkārt, prasītājas uzskata, ka, ņemot vērā guvumu, ko to sadarbība devusi izmeklēšanas gaitai, atbilstoši 1996. gada Paziņojuma par sadarbību D punktam tām esot bijis jāsaņem samazinājums, kas pārsniedz 30 %. Šajā sakarā tās vispirms norāda, ka tās brīvprātīgi esot sniegušas Komisijai informāciju, kas pārsniedz to, ko tām atbilstoši Regulas Nr. 17 11. pantam esot bijis pienākums sniegt; turpinājumā tās norāda, ka šī informācija detalizēti parādot karteļa funkcionēšanu un, visbeidzot, ka dažas šīs informācijas daļas ir bijušas noteicošas, lai pierādītu pārkāpuma esamību laikposmā no 1988. gada maija līdz 1992. gada novembrim un no 1998. gada maija līdz 1999. gada beigām. Treškārt, prasītājas uzskata, ka, piešķirot Outokumpu uzliktā naudas soda 50 % samazinājumu, Komisija esot pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu. Komisija minēto principu esot pārkāpusi arī tādēļ, ka Outokumpu sadarbību tā ir ņēmusi vērā gan, lai piešķirtu uzliktā naudas soda 50 % samazinājumu atbilstoši 1996. gada Paziņojuma par sadarbību D sadaļai, gan arī kā atbildību mīkstinošu apstākli Pamatnostādņu izpratnē. Komisija prasa šo pamatu noraidīt. Pirmās instances tiesas vērtējums Attiecībā uz prasītāju veikto šīs lietas salīdzināšanu ar agrāko Komisijas praksi ir jākonstatē, ka no judikatūras izriet, ka vienīgi no fakta, ka Komisija agrākajos lēmumos saistībā ar konkrētu rīcību naudas sodu ir samazinājusi konkrētā apmērā, nevar secināt, ka tai ir pienākums, vērtējot līdzīgu rīcību saistībā ar vēlāku administratīvo procesu, piešķirt tādu pašu samazinājumu (skat. Pirmās instances tiesas 2002. gada 20. marta spriedumu lietā T-31/99 ABB Asea Brown Boveri /Komisija, Recueil , II-1881. lpp. , 239. punkts un tajā minētā judikatūra). Tādējādi prasītājas nevar pamatoties uz citās lietās piešķirtajiem naudas sodu summas samazinājumiem. Sakarā ar citiem iebildumiem tāpat ir jāatgādina, ka, izvērtējot sadarbību, ko ir izrādījuši vienas un tās pašas aizliegtās vienošanās dalībnieki, apstrīdēt var tikai Komisijas pieļautu acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo, novērtējot uzņēmuma sadarbības kvalitāti un noderīgumu, īpaši salīdzinājumā ar citu uzņēmumu ieguldījumu, Komisijai ir plaša rīcības brīvība (Tiesas 2007. gada 10. maija spriedums lietā C-328/05 P SGL Carbon /Komisija, Krājums, I-3921. lpp. , 88. punkts). Tomēr šī vērtējuma ietvaros Komisija nevar pārkāpt vienlīdzīgas attieksmes principu. Šajā kontekstā ir jāuzsver, ka apstrīdētajā lēmumā Komisija ir atzinusi, ka prasītāju sniegtā informācija pārsniedz to, ko tā varēja prasīt atbilstoši Regulas Nr. 17 11. pantam. Komisija ir arī atzinusi, ka prasītājas ir iesniegušas jaunus pierādījumus un apstiprinājušas esošos pierādījumus par visu pārkāpuma ilgumu, t.i., laikposmu no 1988. līdz 2001. gadam. It īpaši tā ir ņēmusi vērā, ka prasītājas ir palīdzējušas noteikt pārkāpuma apjomu laikposmā no 1997. gada līdz 1999. gadam. Tomēr Komisija ir apstiprinājusi, ka prasītājas nav bijušas nedz pirmie, nedz arī galvenie uzņēmumi, kas ir iesnieguši izšķirošos pierādījumus par laikposmu no 1988. gada maija līdz 1992. gada novembrim un no 1997. gada līdz 1999. gadam. Komisija ir arī ņēmusi vērā, ka prasītājas uzsāka sadarbību, tikai atbildot uz tām 2002. gada jūlijā atbilstoši Regulas Nr. 17 11. pantam nosūtīto vēstuli (apstrīdētā lēmuma 415.–417., 419., 420. un 423. apsvērums). Ir jāuzsver, ka Komisijai nevar pārmest, ka, piemērojot 1996. gada Paziņojuma par sadarbību D punktu, tā ir ņēmusi vērā tai sniedzamās informācijas spontāno raksturu (iepriekš 140. punktā minētais spriedums lietā ABB Asea Brown Boveri /Komisija, 237. un 238. punkts). Apžēlošanas politikas ietvaros Komisija uzņēmumiem, kas ar to sadarbojas spontāni, ir tiesīga piešķirt augstāku naudas soda summas samazinājumu nekā tādiem uzņēmumiem piešķirtais samazinājums, kas spontāni nesadarbojas. Šajā lietā ir konstatēts, ka pretēji Outokumpu situācijai prasītāju sadarbībai bija vajadzīga informācijas pieprasījuma nosūtīšana. Attiecībā uz laikposmu no 1988. gada maija līdz 1992. gada novembrim no lietas materiāliem izriet, ka Komisija pamatoti ir konstatējusi, ka prasītāju par šo laikposmu sniegtais apraksts nebija nedz detalizētāks, nedz arī pilnīgāks par Outokumpu sniegto aprakstu un ka datumā, kad prasītājas bija uzsākušas sadarbību, tās rīcībā jau aptuveni sešpadsmit mēnešus bija no citiem avotiem gūtie pārkāpuma esamību šajos gados apstiprinošie izšķirošie pierādījumi. Gan Outokumpu agrākā sadarbība, gan arī divi pārbaudes laikā atrastie dokumenti apstiprina, ka aizliegtās vienošanās aizsākumi ir meklējami 1988. gadā. Attiecībā uz laikposmu no 1998. gada maija līdz 1999. gada beigām ir jāatgādina, ka no lietas materiāliem neizriet, ka Komisija prasītāju sadarbību būtu ignorējusi. Tieši pretēji, apstrīdētā lēmuma 419. apsvērumā Komisija ir norādījusi, ka attiecībā uz laikposmu no 1997. gada līdz 1999. gadam prasītāju sadarbība tai zināmā mērā bijusi noderīga. Komisijai nevar pārmest, ka minētajā apsvērumā tā ir norādījusi arī, ka pirms prasītāju sadarbības tai ir bijuši pierādījumi par zināmu minētajā laikposmā notikušu sanāksmju skaitu un konfidenciālās informācijas apmaiņu, jo šos apgalvojumus apstiprina lietā esošie pierādījumi. No visa iepriekš minētā izriet arī, ka prasītājas nav pierādījušas, ka, novērtējot to sadarbību, Komisija būtu pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā. Attiecībā uz argumentu, ka pret prasītājām esot pieņemts diskriminējošs lēmums, ir pietiekami atgādināt, ka, ņemot vērā, ka Outokumpu ar Komisiju sadarbojās labu laiku pirms prasītājām un ka prasītājas sadarbību ar Komisiju uzsāka tikai pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas, prasītājas un Outokumpu neatrodas salīdzināmā situācijā. Vispārīgi to, ka Outokumpu uzliktā naudas soda summas samazinājumu par sadarbību ar Komisiju, kas ir tikusi veikta labu laiku pirms citu uzņēmumu sadarbības, tā saņēma, pamatojoties gan uz 1996. gada Paziņojumu par sadarbību, gan arī Pamatnostādnēm, nevar uzskatīt par diskrimināciju attiecībā pret prasītājām. Tas, ka Outokumpu samazinājumu saņēma, pamatojoties uz Pamatnostādņu 3. punkta sesto ievilkumu, ir saistīts ar minēto Pamatnostādņu savstarpējo saistību ar 1996. gada Paziņojumu par sadarbību. Ja prasītājas būtu pirmie uzņēmumi, kas sadarbojas ar Komisiju, tās būtu varējušas gūt labumu gan no 1996. gada Paziņojuma par sadarbību, gan arī Pamatnostādņu piemērošanas. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, šis pamats ir jānoraida. Par prasījumu atlīdzināt izdevumus saistībā ar bankas garantijas iesniegšanu Šī prasījuma pamatojumam prasītājas nav izvirzījušas nevienu argumentu. No tā izriet, ka šajā sakarā prasības pieteikums neatbilst Tiesas Statūtu 21. pantā un Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādītajiem minimālajiem prasības pieņemamības kritērijiem. Tādējādi šis prasījums ir jānoraida kā nepieņemams. Par tiesāšanās izdevumiem Atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums nav labvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā prasītājām spriedums nav labvēlīgs, tām jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar Komisijas prasījumiem. Ar šādu pamatojumu PIRMĀS INSTANCES TIESA (astotā palāta) nospriež: 1) prasību noraidīt; 2) KME Germany AG , KME France SAS un KME Italy SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus. Martins Ribeiro Papasavvas Wahl Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2009. gada 6. maijā. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda — angļu. ( ) Konfidenciāla slēptā informācija.

62020CJ0181

en

This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 13 of Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) ( OJ 2012 L 197, p. 38 ). The request has been made in proceedings between an undertaking operating a solar power plant, VYSOČINA WIND a.s., and Česká republika – Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment, Czech Republic) concerning a claim for compensation brought by that company in respect of the damage said to have been suffered by it owing to the allegedly incorrect transposition of Directive 2012/19. Legal context European Union law Directive 2002/96/EC Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) ( OJ 2003 L 37, p. 24 ) provided in Article 7(3) that Member States are to ensure that, for the purpose of calculating the targets for recovery of waste electrical and electronic equipment (WEEE), producers or third parties acting on their behalf keep records on the mass of WEEE, their components, materials or substances when entering (input) and leaving (output) the treatment facility and/or when entering (input) the recovery or recycling facility. Article 9 of Directive 2002/96, entitled ‘Financing in respect of WEEE from users other than private households’, stated: ‘Member States shall ensure that, by 13 August 2005, the financing of the costs for the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of WEEE from users other than private households from products put on the market after 13 August 2005 is to be provided for by producers. For WEEE from products put on the market before 13 August 2005 (historical waste), the financing of the costs of management shall be provided for by producers. Member States may, as an alternative, provide that users other than private households also be made, partly or totally, responsible for this financing. Producers and users other than private households may, without prejudice to this Directive, conclude agreements stipulating other financing methods.’ Article 13 of Directive 2002/96, as amended by Directive 2008/34/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 ( OJ 2008 L 81, p. 65 ), provided: ‘Any amendments which are necessary in order to adapt Article 7(3), Annex IB (in particular with a view to possibly adding luminaires in households, filament bulbs and photovoltaic products, i.e. solar panels), Annex II (in particular taking into account new technical developments for the treatment of WEEE), and Annexes III and IV to scientific and technical progress shall be adopted. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 14(3). Before the annexes are amended the [European] Commission shall, inter alia, consult producers of electrical and electronic equipment, recyclers, treatment operators and environmental organisations and employees’ and consumer associations.’ Directive 2003/108/EC Recital 3 of Directive 2003/108/EC of the European Parliament and of the Council of 8 December 2003 amending Directive 2002/96 ( OJ 2003 L 345, p. 106 ) states: ‘In accordance with the Joint Declaration, the Commission has examined the financial implications for producers following from the actual wording of Article 9 of Directive [2002/96], and has found that the take-back obligation for WEEE put on the market in the past creates a retroactive liability for which no provision was made and which is likely to expose certain producers to serious economic risks.’ Directive 2003/108 replaced Article 9 of Directive 2002/96 with the following wording: ‘1.   Member States shall ensure that, by 13 August 2005, the financing of the costs for the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of WEEE from users other than private households from products put on the market after 13 August 2005 is to be provided for by producers. Member States shall ensure that, by 13 August 2005, for WEEE from products put on the market before 13 August 2005 (historical waste), the financing of the costs of management is as set out in the third and fourth subparagraphs. For historical waste being replaced by new equivalent products or by new products fulfilling the same function, the financing of the costs shall be provided for by producers of those products when supplying them. Member States may, as an alternative, provide that users other than private households also be made, partly or totally, responsible for this financing. For other historical waste, the financing of the costs shall be provided for by the users other than private households. 2.   Producers and users other than private households may, without prejudice to this Directive, conclude agreements stipulating other financing methods.’ Directive 2008/98/EC Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives ( OJ 2008 L 312, p. 3 ) defines ‘waste’ in Article 3(1) as ‘any substance or object which the holder discards or intends or is required to discard’. Article 14 of Directive 2008/98 provides: ‘1.   In accordance with the polluter-pays principle, the costs of waste management shall be borne by the original waste producer or by the current or previous waste holders. 2.   Member States may decide that the costs of waste management are to be borne partly or wholly by the producer of the product from which the waste came and that the distributors of such product may share these costs.’ Directive 2012/19 Directive 2012/19 repealed Directive 2002/96. Recitals 9, 12 and 23 of Directive 2012/19 read as follows: ‘(9) This Directive should cover all [electrical and electronic equipment (EEE)] used by consumers and EEE intended for professional use. This Directive should apply without prejudice to Union legislation on safety and health requirements protecting all actors in contact with WEEE, as well as specific Union waste management legislation … and Union product design legislation … The objectives of this Directive can be achieved without including large-scale fixed installations such as oil platforms, airport luggage transport systems or elevators within its scope. However, any equipment which is not specifically designed and installed as part of those installations, and which can fulfil its function even if it is not part of those installations, should be included in the scope of this Directive. This refers for instance to equipment such as lighting equipment or photovoltaic panels. … (12) The establishment, by this Directive, of producer responsibility is one of the means of encouraging design and production of EEE which take into full account and facilitate its repair, possible upgrading, re-use, disassembly and recycling. … (23) … Member States should encourage producers to take full responsibility for the WEEE collection, in particular by financing the collection of WEEE throughout the entire waste chain, … in line with the “polluter pays” principle. In order to give maximum effect to the concept of producer responsibility, each producer should be responsible for financing the management of the waste from his own products. The producer should be able to choose to fulfil this obligation either individually or by joining a collective scheme. Each producer should, when placing a product on the market, provide a financial guarantee to prevent costs for the management of WEEE from orphan products from falling on society or the remaining producers. The responsibility for the financing of the management of historical waste should be shared by all existing producers through collective financing schemes to which all producers that exist on the market when the costs occur contribute proportionately. … In the case of products which have a long life cycle and which are now covered by this Directive, such as photovoltaic panels, the best possible use should be made of existing collection and recovery systems, provided that they meet the requirements laid down in this Directive.’ Article 1 of Directive 2012/19 states that the directive ‘lays down measures to protect the environment and human health by preventing or reducing the adverse impacts of the generation and management of [WEEE] and by reducing overall impacts of resource use and improving the efficiency of such use in accordance with Articles 1 and 4 of Directive [2008/98], thereby contributing to sustainable development’. Article 2(1) of Directive 2012/19 provides: ‘This Directive shall apply to [EEE] as follows: (a) from 13 August 2012 to 14 August 2018 (transitional period), subject to paragraph 3, to EEE falling within the categories set out in Annex I. Annex II contains an indicative list of EEE which falls within the categories set out in Annex I; (b) from 15 August 2018, subject to paragraphs 3 and 4, to all EEE. All EEE shall be classified within the categories set out in Annex III. Annex IV contains a non-exhaustive list of EEE which falls within the categories set out in Annex III (open scope).’ Article 3(1)(a) of Directive 2012/19 defines ‘electrical and electronic equipment’ or ‘EEE’ as ‘equipment which is dependent on electric currents or electromagnetic fields in order to work properly and equipment for the generation, transfer and measurement of such currents and fields and designed for use with a voltage rating not exceeding 1000 volts for alternating current and 1500 volts for direct current’. In addition, under Article 3(1)(e) of Directive 2012/19, ‘waste electrical and electronic equipment’ or ‘WEEE’ is ‘electrical or electronic equipment which is waste within the meaning of Article 3(1) of Directive [2008/98], including all components, sub-assemblies and consumables which are part of the product at the time of discarding’. Article 4 of Directive 2012/19 provides: ‘Member States shall, without prejudice to the requirements of Union legislation on the proper functioning of the internal market and on product design, … encourage cooperation between producers and recyclers and measures to promote the design and production of EEE, notably in view of facilitating re-use, dismantling and recovery of WEEE, its components and materials. …’ Article 12 of Directive 2012/19, entitled ‘Financing in respect of WEEE from private households’, provides in paragraph 4 that WEEE from products placed on the market on or before 13 August 2005 must be regarded as ‘historical waste’. Article 13 of Directive 2012/19, entitled ‘Financing in respect of WEEE from users other than private households’, is worded as follows: ‘1.   Member States shall ensure that the financing of the costs for the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of WEEE from users other than private households resulting from products placed on the market after 13 August 2005 is to be provided for by producers. For historical waste being replaced by new equivalent products or by new products fulfilling the same function, the financing of the costs shall be provided for by producers of those products when supplying them. Member States may, as an alternative, provide that users other than private households also be made, partly or totally, responsible for this financing. For other historical waste, the financing of the costs shall be provided for by the users other than private households. 2.   Producers and users other than private households may, without prejudice to this Directive, conclude agreements stipulating other financing methods.’ Article 24(1) of Directive 2012/19 states as follows: ‘Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 14 February 2014. They shall immediately communicate to the Commission the text of those provisions.’ Photovoltaic panels are referred to in Annex I to Directive 2012/19, entitled ‘Categories of EEE covered by this Directive during the transitional period as provided for in Article 2(1)(a)’. They are also referred to in Annex II to the directive, containing an indicative list of EEE which falls within the categories of Annex I, and in Annex IV, setting out a non-exhaustive list of EEE which falls within the categories listed in Annex III. Czech law The Czech Republic implemented its obligations under Directive 2002/96 inter alia by enacting zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (Law No 185/2001 on waste and amending certain other laws; ‘the Law on waste’). On 30 May 2012, a new Paragraph 37p, establishing a mechanism for financing the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels, was inserted in that law. Under that paragraph, the operator of a solar power plant has the obligation, by means of recycling contributions, to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market by 1 January 2013. To that end, an obligation was imposed requiring such an operator to conclude by 30 June 2013 an agreement ensuring a collective financing system, in order that the financing be provided by 1 January 2019. In the case of photovoltaic panels placed on the market after 1 January 2013, the obligation falls on their producer. The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling VYSOČINA WIND operates a solar power plant, which was put into service in 2009 and is equipped with photovoltaic panels that were placed on the market after 13 August 2005 but before 1 January 2013. In accordance with the obligation laid down in Paragraph 37p of the Law on waste, that company participated in the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels and, for that purpose, paid contributions totalling 1 613 773.24 Czech koruny (CZK) (approximately EUR 59500) in the course of 2015 and 2016. Since VYSOČINA WIND took the view that that obligation resulted directly from an incorrect transposition of Directive 2012/19 by the Czech Republic and that the payment of those contributions constituted harm, it brought an action for damages against that Member State before the Obvodní soud pro Prahu 10 (District Court, Prague 10, Czech Republic). In particular, it takes the view that Paragraph 37p of the Law on waste is contrary to Article 13(1) of Directive 2012/19 which makes the producer of EEE, and not its user, responsible for the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market after 13 August 2005. By judgment of 6 April 2018, that court upheld the action in its entirety. The Czech Republic brought an appeal against that judgment before the Městský soud v Praze (Prague City Court, Czech Republic), which dismissed the appeal as unfounded by judgment of 14 November 2018. According to that court, it is clear from the wording of Article 13(1) of Directive 2012/19 that the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market after 13 August 2005 must be provided for by producers, with the result that Paragraph 37p of the Law on waste, by continuing to impose that obligation on users, is incompatible with that directive. The Czech Republic accordingly appealed on a point of law to the Nejvyšší soud (Supreme Court, Czech Republic), contending, first, that the effect of that interpretation of Article 13(1) of Directive 2012/19 is to render that provision unlawfully retroactive. Second, a number of producers who placed photovoltaic panels on the market between 2005 and 2013 are no longer in business, preventing provision being made for the financing of the costs relating to the management of waste from those panels. Third, the Czech Republic is of the view that the lack of observations on the part of the Commission in the EU pilot procedure concerning the transposition of Directive 2012/19 into national law and the lack of an infringement procedure initiated by the Commission against it show that it transposed Directive 2012/19 correctly, as the Commission allegedly confirmed at a bilateral meeting that was held on 1 October 2018. The referring court is uncertain, in that context, as to the interpretation of Article 13(1) of Directive 2012/19 inasmuch as, whilst it is not in dispute that that provision obliges the Member States to require producers to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels provided that they are panels placed on the market after the expiry of the period for transposition of that directive on 14 February 2014, and that, for ‘historical waste’, from photovoltaic panels placed on the market before 13 August 2005, the Member States may impose that obligation on users, the question arises, on the other hand, as to the application of that financing obligation in the case of waste from photovoltaic panels placed on the market between 13 August 2005 and 14 February 2014. According to the referring court, it is necessary, first of all, to determine when the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels arises. In that regard, it shares the view of the applicant in the main proceedings that that obligation is deemed to arise only when the waste is generated and not, as the Czech Republic contends, when the panels are placed on the market. Consequently, photovoltaic panels which were placed on the market before the period for transposition of Directive 2012/19 expired, on 14 February 2014, and which give rise to waste after that date fall within the material scope of that directive, meaning that the obligation thus imposed by Article 13(1) of the directive is not in any way retroactive. Next, the referring court is uncertain whether Directive 2012/19 was correctly transposed into Czech law given that, first, the Commission itself found, at the time of adoption of Directive 2003/108 amending Directive 2002/96, that the obligation to finance the costs relating to the management of waste from products placed on the market before the period for transposition of the latter directive expired created a retroactive liability likely to expose producers to serious economic risks, as such a finding may be applied in a similar manner to the photovoltaic panels newly included within the scope of EU legislation by Directive 2012/19. Second, the legitimate expectations of producers of photovoltaic panels who could not suppose that such a financing obligation would be imposed on them in respect of waste from panels already placed on the market in the past and who accordingly would not have factored the costs of such financing in the price of their products would be undermined. Third, a difference in treatment would be created between users who were already fulfilling the financing obligation laid down by national law before the expiry of the period for transposition of Directive 2012/19 and those who were not. The referring court observes, fourth, that the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic and the Republic of Austria likewise did not transpose the directive by maintaining the obligation on producers to finance the costs relating to the management of waste from products placed on the market after 13 August 2005. Finally, the referring court wonders whether the national legislation conflicts with EU law in that, after the adoption of Directive 2012/19, the agreements which the operators of solar power plants were required to conclude in order to provide for the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels and which stipulated payment of the related contributions in instalments were preserved even though that financing falls to the producer under that directive. In those circumstances, the Nejvyšší soud (Supreme Court) decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘(1) Must Article 13 of Directive [2012/19] be interpreted as meaning that it prevents a Member State from imposing the obligation to finance the costs of the collection, treatment, recovery, and environmentally sound disposal of WEEE coming from photovoltaic panels placed on the market [by] 1 January 2013 on their users, rather than their producers? (2) If the first question is answered in the affirmative, is the evaluation of the conditions for the liability of a Member State for damage caused to an individual due to a breach of EU law influenced by the fact – which is the case in the main proceedings – that the Member State itself regulated the method of financing of waste from photovoltaic panels prior [even] to the adoption of [Directive 2012/19], which newly included photovoltaic panels in the scope of EU regulation and imposed the obligation to finance the costs on producers, including in relation to panels placed on the market prior to the expiry of the directive’s implementation period (and the adoption of regulation at European Union level)?’ In accordance with Article 61(1) of its Rules of Procedure, the Court invited the parties to the main proceedings and the other interested persons referred to in Article 23 of the Statute of the Court of Justice of the European Union to answer in writing certain questions relating, in particular, to the validity of Article 13(1) of Directive 2012/19. Consideration of the questions referred The first question By its first question, the referring court asks, in essence, whether Article 13(1) of Directive 2012/19 must be interpreted as precluding national legislation which imposes the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market by 1 January 2013 on the users of those panels and not on their producers. First of all, it must be stated that, whilst this question formally relates solely to the interpretation of Article 13(1) of Directive 2012/19, it is apparent from the grounds of the request for a preliminary ruling that the referring court also raises the issue of that provision’s validity given that it might have retroactive effect. In essence, that court notes that such an effect could arise from the fact that, under that provision, the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels must be borne by producers where the waste results from products placed on the market after 13 August 2005, a date on which the period for transposition prescribed by the directive had not yet expired. Thus, that provision could create retroactive liability capable of exposing producers to serious economic risks. Although, within the framework of the distribution of tasks between the national courts and the Court of Justice for the implementation of Article 267 TFEU, it is for the national courts to decide the relevance of the questions referred for a preliminary ruling, it remains, however, the task of the Court of Justice to derive from all the information provided by the national court those aspects of EU law which, having regard to the subject matter of the dispute, require interpretation, or whose validity requires appraisal (judgment of 17 September 2020, Compagnie des pêches de Saint-Malo, C‑212/19 , EU:C:2020:726 , paragraph and the case-law cited). Consequently, in order to give the referring court a complete answer, it is appropriate also to examine the validity of Article 13(1) of Directive 2012/19 in the light of the principle of legal certainty in so far as that provision requires the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels to be provided for by producers in respect of waste from such panels placed on the market after 13 August 2005, that is to say, on a date before that directive entered into force. Thus, as a first step, Article 13(1) of Directive 2012/19 is to be interpreted, as requested by the referring court. If that provision is interpreted as precluding national legislation which imposes the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market after 13 August 2005 on their users and not on producers, it will be necessary, as a second step, to examine that provision’s validity. In that regard, first, in accordance with settled case-law, an interpretation of a provision of EU law cannot have the result of depriving the clear and precise wording of that provision of all effectiveness (judgment of 6 September 2012, Czop and Punakova, C‑147/11 and C‑148/11 , EU:C:2012:538 , paragraph and the case-law cited). Thus, where the meaning of a provision of EU law is absolutely plain from its very wording, the Court cannot depart from that interpretation. Pursuant to Article 13(1) of Directive 2012/19, Member States are to ensure that the financing of the costs for the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of WEEE from users other than private households resulting from products placed on the market after 13 August 2005 is to be provided for by producers. According to the definition set out in Article 3(1)(e) of that directive, the term ‘WEEE’ covers electrical or electronic equipment which is waste within the meaning of Article 3(1) of Directive 2008/98, including all components, sub-assemblies and consumables which are part of the product at the time of discarding. In particular, in accordance with Article 2(1)(a), Directive 2012/19 is to apply, from the transitional period running from 13 August 2012 to 14 August 2018, to EEE falling within the categories set out in Annex I thereto, which expressly include photovoltaic panels. Photovoltaic panels are also referred to in Annex II to the directive, which details those categories of EEE, and in recitals 9 and 23, which state inter alia that products which have a long life cycle, such as photovoltaic panels, are now covered by the directive. As the Advocate General has observed, in essence, in point 29 of her Opinion, the EU legislature thereby expressed its intention, entirely unambiguously, that photovoltaic panels are to be regarded as EEE, within the meaning of Article 3(1)(a) of Directive 2012/19, and that they are therefore to fall within the scope of that directive. Accordingly, it must be held that Article 13(1) of Directive 2012/19 requires the Member States to adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary to place responsibility for the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels on producers thereof and not on the users, if the panels were placed on the market after 13 August 2005. Consequently, without prejudice to the examination of validity referred to in paragraph 38 of the present judgment, Article 13(1) of Directive 2012/19 must be interpreted as precluding national legislation which imposes the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market after 13 August 2005 on the users of those panels and not on their producers. In the light of that interpretation, it is necessary, second, as mentioned in paragraphs 37 and 38 of the present judgment, also to assess the validity of that provision. In that regard, it should be recalled that the principle of legal certainty, which is one of the general principles of EU law, requires that rules of law be clear, precise and predictable in their effect, especially where they may have negative consequences for individuals and undertakings, so that persons may ascertain unequivocally what their rights and obligations are and may take steps accordingly (see, to that effect, judgments of 28 March 2017, Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , paragraph , and of 30 April 2019, Italy v Council (Fishing quota for Mediterranean swordfish), C‑611/17 , EU:C:2019:332 , paragraph and the case-law cited). In addition, in accordance with settled case-law, whilst the principle of legal certainty precludes a new legal rule from applying retroactively, namely to a situation established prior to its entry into force, that same principle requires that any factual situation should normally, in the absence of any express contrary provision, be examined in the light of the legal rules existing at the time when the situation obtained (see, to that effect, judgments of 3 September 2015, A2A, C‑89/14 , EU:C:2015:537 , paragraph , and of 26 March 2020, Hungeod and Others, C‑496/18 and C‑497/18 , EU:C:2020:240 , paragraph and the case-law cited). Furthermore, a new legal rule applies immediately to the future effects of a situation which arose under the old law, as well as to new legal situations (judgments of 15 January 2019, E.B., C‑258/17 , EU:C:2019:17 , paragraph , and of 14 May 2020, Azienda Municipale Ambiente, C‑15/19 , EU:C:2020:371 , paragraph and the case-law cited). It may be otherwise, however, subject to the principle of the non-retroactivity of legal acts, if the new rule is accompanied by special provisions which specifically lay down the conditions for its temporal application (judgments of 16 December 2010, Stichting Natuur en Milieu and Others, C‑266/09 , EU:C:2010:779 , paragraph ; of 26 March 2015, Commission v Moravia Gas Storage, C‑596/13 P , EU:C:2015:203 , paragraph ; and of 15 January 2019, E.B., C‑258/17 , EU:C:2019:17 , paragraph ). It may also exceptionally be otherwise, as the Advocate General has observed, in essence, in point 63 of her Opinion, where an aim in the public interest so demands and where the legitimate expectations of those concerned are duly respected (judgments of 26 April 2005, Goed Wonen, C‑376/02 , EU:C:2005:251 , paragraph , and of 19 March 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C‑256/07 , EU:C:2009:167 , paragraph ). In the present instance, it is apparent from Article 2(1)(a) of Directive 2012/19 that that directive applies to the equipment referred to in Annex I thereto, including photovoltaic panels, from 13 August 2012, a date which moreover coincides with the date of the directive’s entry into force, that is to say, in accordance with Article 26 thereof, the 20th day after its publication in the Official Journal of the European Union on 24 July 2012. On the other hand, under Article 24(1) of the directive, the Member States had to comply with the directive’s provisions by 14 February 2014. Thus, the legal rule laid down in Article 13(1) of Directive 2012/19 applies, ratione temporis , only in so far as the operations listed therein for the collection, treatment, recovery and environmentally sound disposal of waste from photovoltaic panels are carried out from 13 August 2012. Where such operations were carried out before that date, the panels in question no longer existed on that date, and the costs relating to those operations were already incurred on the date on which Directive 2012/19 entered into force, meaning that Article 13(1) cannot apply to those operations. In the light of the case-law cited in paragraphs 47 and 48 of the present judgment, it should therefore be determined whether application of the legal rule, laid down in Article 13(1) of Directive 2012/19, that producers are required to provide for the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market after 13 August 2005, where those panels have, or will, become waste from 13 August 2012, is such as to affect adversely a situation established before that directive entered into force or whether its application serves, on the contrary, to govern the future effects of a situation which arose before that directive entered into force. It should be recalled that, under the EU legislation which existed before Directive 2012/19 was adopted, the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels was governed by Article 14 of Directive 2008/98, which left the Member States the choice of requiring the waste management costs to be borne either by the current or previous waste holders or by the producer or distributor of the photovoltaic panels. Consequently, where a Member State had chosen, before the adoption of Directive 2012/19, to require the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels to be borne by the users of those panels and not their producers, as was the case in the Czech Republic, the entry into force of Article 13(1) of Directive 2012/19, accompanied by the obligation to transpose that provision into national law, affected – as the Advocate General has observed in points 53 and 57 of her Opinion – situations established before that directive entered into force. Such an alteration of the allocation of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels which was applied under the legislation existing on the date when those panels were placed on the market and sold at a particular price – a date and a commercial transaction whose subsequent alteration by the producer is not possible – cannot be regarded as amounting to the application of a new rule to the future effects of a situation which arose under the old rule since the effects in question are already certain in all respects and therefore established, unlike the effects which were at issue in the case that gave rise to the judgment of 14 May 2020, Azienda Municipale Ambiente ( C‑15/19 , EU:C:2020:371 ), which related to an alteration, on a date when the landfill at issue was still operational, of the after-care period for the landfill after its closure. It is true that the validity of a provision of EU law cannot depend on the position in national law. However, where the EU legislature first gives the Member States a choice in determining the allocation of the costs relating to the management of waste from certain products and decides, subsequently, to establish a rule under which those costs must, in all Member States, be borne by producers, including in relation to products already placed on the market by the latter at a time when that earlier EU legislation was in force, that rule must be regarded as applying retroactively, within the meaning of the case-law cited in paragraph 47 of the present judgment, and is therefore liable to infringe the principle of legal certainty. That being so, it must be determined whether Article 13(1) of Directive 2012/19, in view of the fact that it applies to photovoltaic panels placed on the market between 13 August 2005 and the date on which Directive 2012/19 entered into force, namely 13 August 2012, and that it therefore governs situations established before the latter date, complies with the conditions resulting from the case-law recalled in paragraphs 48 and 49 of the present judgment. It is true that that new rule is accompanied by special provisions which specifically lay down the conditions for its temporal application, within the meaning of that case-law, since it expressly and unambiguously covers waste from photovoltaic panels placed on the market after 13 August 2005. However, a new legal rule which applies to previously established situations cannot be regarded as complying with the principle of the non-retroactivity of legal acts in so far as it alters, subsequently and unforeseeably, the allocation of costs the incurring of which can no longer be avoided, since operators could legitimately rely in the context of commercial transactions on the allocation of those costs that was provided for in the legislation existing at the time, and thus denies those operators any real possibility of taking appropriate steps following its entry into force. Furthermore, in so far as, in accordance with the case-law cited in paragraph 49 of the present judgment, retroactive application of a new rule may also be justified where an aim in the public interest so demands and where the legitimate expectations of those concerned are duly respected, it must be stated that, in the present instance, the retroactive application of Article 13(1) of Directive 2012/19 would be contrary to the objective set out in recital 12 of that directive of encouraging producers to take into full account and facilitate, when designing their products, the repair, possible upgrading, re-use, disassembly and recycling of those products. Indeed, as the German Government submitted in its replies to the Court’s questions to be answered in writing, the achievement of such an objective seems difficult since producers were unable to foresee, when designing the photovoltaic panels, that they would subsequently be required to provide for the financing of the costs relating to the management of waste from those panels. The fact, noted by the Parliament, the Council of the European Union and the Commission in their replies to the Court’s questions to be answered in writing, that under Article 13 of Directive 2002/96 photovoltaic panels could possibly be added to Annex IB to that directive, in the context of the amendments necessary for the purpose inter alia of adapting Article 7(3) of the directive, concerning calculation of the WEEE recovery targets which producers were required to meet, to scientific and technical progress, cannot invalidate the reasoning set out in paragraphs 47 to 59 of the present judgment. It is true that that provision gave notice back in 2002 that producers of photovoltaic panels might be called upon to bear the costs relating to the management of waste from panels placed on the market from a future date that would be laid down, should the need arise, in a new directive. However, it cannot serve as a basis for the conclusion that those producers should have expected that the obligation to finance the costs relating to the management of waste from EEE, as laid down in Article 13(1) of Directive 2012/19, would be imposed upon them in respect of photovoltaic panels already placed on the market between 13 August 2005 and 13 August 2012. Accordingly, the retroactive application of Article 13(1) of Directive 2012/19 infringes the principle of legal certainty. It follows that that provision must be held to be invalid in so far as it imposes on producers the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market between 13 August 2005 and 13 August 2012. In the light of all the foregoing considerations, the answer to the first question is as follows: – Article 13(1) of Directive 2012/19 is invalid in so far as it imposes on producers the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market between 13 August 2005 and 13 August 2012; – Article 13(1) of Directive 2012/19 must be interpreted as precluding national legislation which imposes on users of photovoltaic panels, and not on producers of those panels, the obligation to finance the costs relating to the management of waste from such panels placed on the market from 13 August 2012, the date on which that directive entered into force. The second question By its second question, the referring court asks, in essence, whether EU law must be interpreted as meaning that the fact that a Member State’s legislation that is contrary to an EU directive was adopted prior to the adoption of that directive affects the assessment of the conditions governing liability of that Member State for damage caused to an individual resulting from the breach of EU law. First of all, it is clear from the request for a preliminary ruling that this question has been asked in case Article 13(1) of Directive 2012/19 were to require the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels to be borne by producers in respect of panels placed on the market by 1 January 2013. Therefore, since it is apparent from the answer to the first question asked by the referring court that that obligation must be imposed in respect of photovoltaic panels placed on the market from the entry into force of Directive 2012/19, that is to say, 13 August 2012, the referring court must be regarded as seeking, in essence, to ascertain by its second question whether the fact that the Czech waste legislation contrary to EU law was adopted before that directive affects the assessment of the conditions governing liability of the Czech Republic for damage caused to a user of photovoltaic panels placed on the market in the period from 13 August 2012 to 1 January 2013. It is apparent from the material in the file submitted to the Court that, as the Advocate General has observed in point 94 of her Opinion, there are doubts as to whether the dispute in the main proceedings in fact concerns photovoltaic panels placed on the market in the period from 13 August 2012 to 1 January 2013. However, the Court may refuse to rule on a question referred for a preliminary ruling by a national court only where it is quite obvious that the interpretation of EU law that is sought bears no relation to the actual facts of the main action or its purpose, where the problem is hypothetical, or where the Court does not have before it the factual or legal material necessary to give a useful answer to the questions submitted to it (judgment of 2 July 2020, Magistrat der Stadt Wien (European hamster), C‑477/19 , EU:C:2020:517 , paragraph and the case-law cited). That said, since it is conceivable that VYSOČINA WIND did acquire and use, in the course of operating the solar power plant put into service in 2009, photovoltaic panels placed on the market in the period from 13 August 2012 to 1 January 2013, a matter which will be for the referring court to establish, it is appropriate, in order to give that court a useful answer, to reply to the second question. In that context, it must be recalled that the Court has repeatedly held that, under EU law, a right to reparation is conferred where three conditions are met: the rule of law infringed must be intended to confer rights on individuals; the breach must be sufficiently serious; and there must be a direct link between the breach of the obligation resting on the Member State and the damage sustained by the injured parties (judgments of 5 March 1996, Brasserie du pêcheur and Factortame, C‑46/93 and C‑48/93 , EU:C:1996:79 , paragraph , and of 8 July 2021, Koleje Mazowieckie, C‑120/20 , EU:C:2021:553 , paragraph ). In addition, it is clear from settled case-law that it is, in principle, for the national courts to apply the conditions mentioned in the previous paragraph for establishing the liability of a Member State for damage caused to individuals by breaches of EU law for which the State can be held responsible, acting in accordance with the guidelines laid down by the Court for the application of those conditions (judgment of 29 July 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17 , EU:C:2019:630 , paragraph and the case-law cited). As regards, in particular, the second of those conditions, it should be noted that, in order to determine whether a sufficiently serious breach of EU law has occurred, the national court before which a claim for compensation has been brought must take account of all the factors which characterise the situation put before it (judgment of 29 July 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17 , EU:C:2019:630 , paragraph ). In the present instance, it is apparent from the documents before the Court that, more than a month before Directive 2012/19 was adopted, namely on 30 May 2012, the Czech legislature inserted in the Law on waste Paragraph 37p which establishes the responsibility of users for the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market by 1 January 2013. In that context, the referring court seeks, in particular, to ascertain whether the fact that the Czech Republic amended its waste legislation before Directive 2012/19 was even adopted can be raised against it in order to give rise to liability on its part because that national legislation conflicts with the directive. In order to answer that question, it should be noted that Directive 2012/19 itself prescribes in Article 24(1) a period on the expiry of which the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with the directive must have entered into force in the Member States, that is to say, by 14 February 2014. In that regard, whilst Directive 2012/19 in itself applies, ratione temporis , from 13 August 2012, it should be pointed out that, in accordance with settled case-law of the Court, since the period referred to in the previous paragraph is intended in particular to give the Member States the time necessary to adopt the measures transposing a directive, they cannot be faulted for not having transposed it into their internal legal order before expiry of that period. Nevertheless, it is during the period for transposition of the directive that the Member States must take the measures necessary to ensure that the result prescribed by it is achieved at the end of that period (judgments of 18 December 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96 , EU:C:1997:628 , paragraphs and , and of 27 October 2016, Milev, C‑439/16 PPU , EU:C:2016:818 , paragraphs and ). It follows, in accordance with equally settled case-law, that, during the period for transposition of a directive, the Member States to which it is addressed must refrain from taking any measures liable seriously to compromise the achievement of the result prescribed by that directive (see, to that effect, judgments of 18 December 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96 , EU:C:1997:628 , paragraph , and of 13 November 2019, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, C‑2/18 , EU:C:2019:962 , paragraph ). In the present case, Paragraph 37p of the Law on waste was adopted even before Directive 2012/19 was adopted and published in the Official Journal of the European Union , meaning that the period for transposition had not yet started to run, and even before that directive was capable of producing legal effects vis-à-vis the Member States to which it is addressed. Therefore, the Czech Republic cannot be found to have acted contrary to the case-law recalled in paragraph 75 of the present judgment. It follows that the insertion in the Law on waste, more than a month before Directive 2012/19 was adopted, of Paragraph 37p, which establishes the responsibility of users for the financing of the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market by 1 January 2013, is not, in itself, capable of constituting a sufficiently serious breach of EU law. In the light of all the foregoing considerations, the answer to the second question is that EU law must be interpreted as meaning that the fact that a Member State adopted legislation contrary to an EU directive prior to the adoption of that directive does not constitute, in itself, a breach of EU law, since the achievement of the result prescribed by the directive cannot be regarded as seriously compromised before the directive forms part of the EU legal order. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby rules: 1. Article 13(1) of Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) is invalid in so far as it imposes on producers the obligation to finance the costs relating to the management of waste from photovoltaic panels placed on the market between 13 August 2005 and 13 August 2012. Article 13(1) of Directive 2012/19 must be interpreted as precluding national legislation which imposes on users of photovoltaic panels, and not on producers of those panels, the obligation to finance the costs relating to the management of waste from such panels placed on the market from 13 August 2012, the date on which that directive entered into force. 2. EU law must be interpreted as meaning that the fact that a Member State adopted legislation contrary to an EU directive prior to the adoption of that directive does not constitute, in itself, a breach of EU law, since the achievement of the result prescribed by the directive cannot be regarded as seriously compromised before the directive forms part of the EU legal order. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: Czech.

62020TJ0466

sk

Právny rámec Článok 69 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“), ktorý sa analogicky uplatňuje na zmluvných zamestnancov podľa článku 20 ods. 2 a článku 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „PZOZ“), stanovuje: „Príspevok na expatriáciu zodpovedá 16 % zo súčtu základného platu, príspevku na domácnosť a príspevku na nezaopatrené dieťa, na ktoré má úradník nárok. Príspevok na expatriáciu nemôže byť nižší ako 538,87 EUR/mesiac.“ Článok 4 prílohy VII služobného poriadku, ktorý sa tiež analogicky uplatňuje na zmluvných zamestnancov podľa článkov 21 a 92 PZOZ, znie takto: „1.   „Príspevok na expatriáciu sa vypláca vo výške 16 % z celkového základného platu, po pripočítaní príspevku na domácnosť a príspevku na nezaopatrené dieťa: a) úradníkom: – ktorí nie sú a nikdy neboli štátnymi príslušníkmi štátu, na ktorého území sa nachádza ich miesto výkonu práce, a – ktorí počas obdobia piatich rokov, ktoré sa skončilo šesť mesiacov pred ich nástupom do služby, nemali zvyčajné bydlisko ani nevykonávali svoje hlavné zamestnanie na európskom území tohto štátu. Na účely tohto ustanovenia sa nebudú brať do úvahy okolnosti vyplývajúce z práce vykonávanej pre iný štát alebo pre medzinárodnú organizáciu; b) úradníkom, ktorí sú alebo boli štátnymi príslušníkmi štátu, na ktorého území sa nachádza ich miesto výkonu práce, ale ktorí počas obdobia 10 rokov, ktoré sa skončilo dňom ich nástupu do služby, mali zvyčajné bydlisko mimo európskeho územia tohto štátu z iných dôvodov ako z dôvodu plnenia povinností v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie. …“ Okolnosti predchádzajúce sporu Žalobca LF má belgickú štátnu príslušnosť a narodil sa v Belgicku. V roku 1982 sa vo veku štyroch rokov presťahoval so svojou rodinou do Francúzska, kde študoval a pracoval do 31. marca 2013, s výnimkou obdobia od 1. júna 2002 do 31. mája 2003, počas ktorého pracoval v Peru pre francúzske ministerstvo zahraničných vecí. Od 1. apríla 2009 do 30. marca 2013 pracoval na francúzskom ministerstve životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a energie v Paríži (Francúzsko) a od 1. do 30. apríla 2013 bol evidovaný ako uchádzač o zamestnanie vo Francúzsku. Dňa 1. mája 2013 nastúpil do služby Európskej komisie v Bruseli (Belgicko) ako zmluvný zamestnanec funkčnej skupiny IV na generálnom riaditeľstve (GR) pre výskum a inováciu, neskôr na GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka na základe zmluvy na dobu určitú, ktorá bola niekoľkokrát obnovená bez prerušenia. Platnosť tejto zmluvy skončila 30. apríla 2019. Počas celého tohto obdobia žalobca poberal príspevok na expatriáciu na základe článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku vzhľadom na svoju belgickú štátnu príslušnosť a neprítomnosť na belgickom území počas obdobia desiatich rokov pred jeho prijatím do zamestnania v Komisii. V roku 2014 sa žalobca v Belgicku zosobášil s francúzskou štátnou príslušníčkou, s ktorou má dve deti narodené v Bruseli v rokoch 2015 a 2017. Jeho manželka, ktorá mala postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby vo Francúzsku, pracovala v Belgicku na základe zmluvy na dobu neurčitú. Podľa informácií poskytnutých žalobcom na pojednávaní a zaznamenaných v zápisnici z pojednávania má manželka žalobcu daňový domicil v Belgicku. Dňa 20. novembra 2018 Komisia uverejnila oznámenie o internom výberovom konaní COM/03/AD/18, otvorené pre zmluvných zamestnancov, ktorého predmetom bol nábor úradníkov do platovej triedy AD 6. Žalobca sa prihlásil do tohto výberového konania a jeho meno bolo zapísané do zoznamu úspešných uchádzačov 3. decembra 2019. Okrem toho sa žalobca 25. januára 2019 prihlásil do výberového konania po tom, čo bolo 7. januára 2019 uverejnené oznámenie o medziagentúrnom voľnom pracovnom mieste REA/INTER‑CA/2018/PA/A‑B/FGIV/09, ktorého predmetom bol nábor zmluvných zamestnancov funkčnej skupiny IV v rámci Európskej Výkonnej agentúry pre výskum (REA). Podľa tohto oznámenia o voľnom pracovnom mieste sa konania mohli zúčastniť iba zmluvní zamestnanci v službe v inštitúcii Európskej únie. V máji 2019 sa žalobca opýtal REA na výsledok tohto výberového konania. Dňa 16. mája 2019 REA mu odpovedala, že rozhodnutie, ktoré sa ho týka, ešte nebolo prijaté, a požiadala ho, aby zostal „trpezlivý a zachoval záujem“. REA e‑mailom zo 7. júna 2019 zaslala žalobcovi ponuku na zamestnanie na pracovné miesto zmluvného zamestnanca od 1. septembra 2019 na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia. Žalobca 11. júna 2019 prijal túto ponuku. V období od 1. mája do 31. augusta 2019 bol žalobca zaevidovaný ako uchádzač o zamestnanie v Belgicku, pričom jeho príspevky vyplácala Únia. Okrem toho bol naďalej poistený v rámci systému zdravotného poistenia Únie. Dňa 1. septembra 2019 nastúpil žalobca do služby v REA. Dňa 11. septembra 2019 Úrad Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) rozhodol, že žalobca nemá nárok na príspevok na expatriáciu (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Dňa 9. decembra 2019 podal žalobca na Komisiu sťažnosť proti napadnutému rozhodnutiu. Táto sťažnosť bola zamietnutá rozhodnutím zo 7. apríla 2020, oznámeným na druhý deň, z dôvodu, že nespĺňal podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. Na základe rozsudku z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 ), sa Komisia domnievala, že nebolo potrebné neutralizovať obdobie od 1. mája 2013 do 30. apríla 2019, počas ktorého žalobca pracoval pre Komisiu, ale že toto obdobie sa malo zohľadniť na účely určenia zvyčajného bydliska zamestnanca, keďže sa predpokladalo, že bránilo vzniku trvalých väzieb medzi ním a štátom výkonu práce. Dodala, že vzhľadom na kritériá judikatúry týkajúce sa zvyčajného bydliska, teda zárobkovú činnosť a osobné väzby žalobcu, väzby s Francúzskom, na ktoré sa odvoláva žalobca, nemôžu spochybniť existenciu jeho zvyčajného bydliska v Belgicku. Pokiaľ ide o obdobie štyroch mesiacov medzi 30. aprílom 2019, t. j. dátumom skončenia platnosti zmluvy uzavretej s Komisiou, a 1. septembrom 2019, kedy bol zamestnaný v REA, Komisia zdôraznila, že žalobca si ponechal svoje bydlisko v Belgicku so svojou manželkou a deťmi v tom istom byte, v ktorom býval predtým, s úmyslom zostať v ňom ubytovaný. Dňa 17. marca 2020 bol žalobca v nadväznosti na úspech v internom výberovom konaní COM/03/AD/18, ktoré zorganizovala Komisia, vymenovaný za úradníka v tejto inštitúcii s účinnosťou od 16. apríla 2020. Komisia mu tiež zamietla nárok na príspevok na expatriáciu. Toto rozhodnutie je predmetom ďalšej žaloby podanej žalobcom na Všeobecný súd, ktorá bola zapísaná do registra pod číslom T‑178/21. Konanie a návrhy účastníkov konania Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 20. júla 2020 podal žalobca žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie. Komisia predložila svoje vyjadrenie k žalobe 23. októbra 2020. Listom z 25. novembra 2020 žalobca uviedol, že sa vzdáva svojho práva predložiť repliku. Listom z 31. júla 2020 žalobca požiadal o anonymitu na základe článku 66 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. Rozhodnutím zo 14. septembra 2020 Všeobecný súd tejto žiadosti vyhovel. Na základe návrhu sudcu spravodajcu Všeobecný súd (štvrtá komora) rozhodol o otvorení ústnej časti konania. Listom z 3. marca 2021 Všeobecný súd položil účastníkom konania na základe článku 89 rokovacieho poriadku otázky týkajúce sa najmä judikatúry, ktorá sa podľa nich uplatňuje v prejednávanej veci. Účastníci konania na tieto otázky odpovedali v stanovenej lehote. Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky, ktoré im položil Všeobecný súd, najmä o tejto judikatúre, boli vypočuté na pojednávaní 23. apríla 2021. Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd: – zrušil napadnuté rozhodnutie, – uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania. Komisia navrhuje, aby Všeobecný súd: – zamietol žalobu, – uložil žalobcovi povinnosť nahradiť trovy konania. Podpisy Úvodné poznámky Článok 2 ods. 2 služobného poriadku stanovuje, že jedna alebo viacero inštitúcií môže poveriť jednu spomedzi seba alebo medziinštitucionálny orgán vykonávaním niektorých alebo všetkých právomocí udelených ustanovujúcemu orgánu (ďalej len „ustanovujúci orgán“), s výnimkou rozhodnutí, ktoré sa týkajú vymenovania, povýšenia alebo preloženia úradníkov. Okrem toho podľa článku 91a služobného poriadku všetky odvolania týkajúce sa oblastí, v ktorých bol uplatnený článok 2 ods. 2, sa podávajú proti inštitúcii, ktorej je ustanovujúci orgán, poverený výkonom právomocí, zodpovedný. V dôsledku článkov 6 a 117 PZOZ sa článok 2 ods. 2 a článok 91a služobného poriadku analogicky uplatňujú na orgány oprávnené uzatvárať pracovné zmluvy. Rozhodnutím 2003/522/ES zo 6. novembra 2002 ( Ú. v. EÚ L 183, 2003, s. 30 ; Mim. vyd. 01/004, s. 413) Komisia zriadila PMO. Dňa 12. decembra 2018 REA uzavrela s PMO dohodu o službe podľa článku 2 ods. 2 služobného poriadku a článkov 6 a 117 PZOZ, z ktorej vyplýva, že tento PMO určuje individuálne práva zmluvných zamestnancov REA a osobitne tie, ktoré vyplývajú z článku 69 služobného poriadku a jeho prílohy VII (oddiel E časti II B uvedenej dohody o službe). Podľa článku 5 ods. 1 časti II A dohody o službe, ak REA preniesla na PMO výkon právomocí zverených ustanovujúcemu orgánu alebo orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy, odvolania založené na článku 91 služobného poriadku musia byť podané proti Komisii v súlade s článkom 91a služobného poriadku. V prejednávanej veci bola teda žaloba podaná proti Komisii odôvodneným spôsobom. O jedinom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku Žalobca sa domnieva, že tým, že mu PMO odmietol príspevok na expatriáciu, porušil článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. Komisia tento žalobný dôvod spochybňuje. V tejto súvislosti treba uviesť, že podmienky priznania príspevku na expatriáciu sú uvedené v článku 4 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku, ktorý sa analogicky uplatňuje na zmluvných zamestnancov podľa článku 20 ods. 2 a článkov 21 a 92 PZOZ. Toto ustanovenie rozlišuje dva prípady, ktoré závisia od štátnej príslušnosti úradníka. Prvý prípad, ktorý upravuje článok 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku, sa týka situácií, keď úradníci „nie sú a nikdy neboli štátnymi príslušníkmi štátu, na ktorého území sa nachádza ich miesto výkonu práce“. V takom prípade sa na získanie príspevku na expatriáciu vyžaduje od úradníka alebo zamestnanca, aby počas obdobia piatich rokov, ktoré sa skončilo šesť mesiacov pred jeho nástupom do služby, nemal zvyčajné bydlisko ani nevykonával svoje hlavné zamestnanie na európskom území štátu výkonu práce. Druhý prípad, ktorý upravuje článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku, sa týka úradníkov „ktorí sú alebo boli štátnymi príslušníkmi štátu, na ktorého území sa nachádza ich miesto výkonu práce“. V tomto prípade podlieha poskytnutie príspevku na expatriáciu podmienkam, ktoré sú v dvoch ohľadoch prísnejšie ako podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku. Sú to tieto podmienky. Na jednej strane je referenčné obdobie pre štátnych príslušníkov štátu výkonu práce desať rokov, zatiaľ čo v prípade úradníkov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi štátu výkonu práce, je to päť rokov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júla 2007, B/Komisia, F‑7/06 , EU:F:2007:129 , bod ). Na druhej strane zachovanie bydliska v štáte miesta výkonu práce počas veľmi krátkeho obdobia v rámci desaťročného referenčného obdobia postačuje na to, aby stratili alebo im bol odmietnutý nárok na tento príspevok (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 17. februára 1976, Delvaux/Komisia, 42/75 , EU:C:1976:21 , body až ; z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia, T‑273/17 , EU:T:2018:480 , bod , a z 5. októbra 2020, Brown/Komisia, T‑18/19 , vec v odvolacom konaní, EU:T:2020:465 , bod ), zatiaľ čo úradníci, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu, stratia alebo im bude odmietnutý príspevok na expatriáciu iba v prípade, že dotknutá osoba mala zvyčajné bydlisko v štáte, na ktorého území sa nachádza jej budúce miesto výkonu práce počas celého päťročného referenčného obdobia (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. decembra 1995, Diamantaras/Komisia, T‑72/94 , EU:T:1995:212 , bod , a z 27. februára 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P , EU:T:2015:122 , bod ). V prejednávanej veci je nesporné, že vzhľadom na to, že žalobca má štátnu príslušnosť štátu výkonu práce (Belgicko), spadá pod druhý prípad, a teda pod článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. Žalobca preto podlieha prísnym podmienkam uvedeným v bodoch 39 a 40 vyššie. Podľa judikatúry prináleží úradníkovi alebo zamestnancovi, ktorý žiada o príspevok na expatriáciu, aby preukázal, že splnil podmienky na jeho poskytnutie tým, že preukáže, že počas celého referenčného obdobia si ponechal zvyčajné bydlisko mimo štátu výkonu práce (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. septembra 2000, Lemaître/Komisia, T‑317/99 , EU:T:2000:218 , bod ). O vymedzení referenčného obdobia Táto žaloba bola podaná proti rozhodnutiu, ktorým PMO odmietol priznať žalobcovi príspevok na expatriáciu z dôvodu, že nepreukázal, že mal počas celého referenčného obdobia zvyčajné bydlisko mimo Belgicka, v rozpore s tým, čo vyžaduje článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku v prípade úradníkov, ktorí sú alebo boli štátnymi príslušníkmi štátu výkonu práce. Pri uplatňovaní tohto ustanovenia je potrebné vymedziť referenčné obdobie, ktoré sa má zohľadniť. Podľa uvedeného ustanovenia toto obdobie uplynie nástupom úradníka alebo zamestnanca do služby v príslušnej inštitúcii alebo agentúre. V prejednávanej veci žalobca nastúpil do služby v REA 1. septembra 2019, takže desaťročné referenčné obdobie uplynulo 31. augusta 2019. Malo by teda v zásade začať 1. septembra 2009. Článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku však vylučuje započítanie období, počas ktorých mal úradník zvyčajné bydlisko mimo štátu výkonu práce na účely plnenia povinností v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie (pozri bod 2 vyššie). V takom prípade je preto na určenie začiatku referenčného obdobia potrebné „neutralizovať“ tieto obdobia predĺžením referenčného obdobia o tieto obdobia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. septembra 2014, Grazyte/Komisia, T‑86/13 P , EU:T:2014:815 , bod ). V prejednávanej veci žalobca pracoval od 1. septembra 2009 do 30. marca 2013, teda počas obdobia troch rokov a siedmich mesiacov, vo Francúzsku pre francúzske ministerstvo životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a energie. Keďže táto činnosť bola vykonávaná pre štát mimo územia štátu výkonu práce, referenčné obdobie sa musí predĺžiť do 1. februára 2006 podľa článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. Okrem toho žalobca pracoval ako zmluvný zamestnanec pre Komisiu v období od 1. mája 2013 do 30. apríla 2019. Referenčné obdobie však nemožno v dôsledku toho zvýšiť, pretože na rozdiel od toho, čo bolo konštatované pre obdobia zodpovedajúce výkonom poskytovaným mimo štátu výkonu práce, vo vyššie uvedenom ustanovení nie je stanovená žiadna „neutralizácia“ pre obdobia, počas ktorých úradník pracoval v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie v tomto štáte výkonu práce (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia, T‑273/17 , EU:T:2018:480 , body a ). Vzhľadom na vyššie uvedené treba konštatovať, že v prejednávanej veci sa referenčné obdobie začalo 1. februára 2006 a skončilo 31. augusta 2019. O určení zvyčajného bydliska žalobcu v období od 1. mája 2013 do 31. augusta 2019 Je nesporné, že od 1. februára 2006 do 30. apríla 2013, t. j. deň pred dňom, keď začal pracovať v Komisii ako zmluvný zamestnanec, mal žalobca svoje zvyčajné bydlisko vo Francúzsku, a teda mimo štátu výkonu práce. Na účely rozhodnutia sporu je však potrebné určiť, či bolo toto bydlisko po 1. máji 2013 premiestené do Belgicka. Vo svojej diskusii účastníci konania rozdelili referenčné obdobie na dve časti zodpovedajúce: – na jednej strane obdobiu, počas ktorého žalobca pracoval pre Komisiu na zmluvnom základe (od 1. mája 2013 do 30. apríla 2019), – na druhej strane obdobiu medzi skončením jeho zmluvy uzavretej s Komisiou a začiatkom jeho činnosti v REA (od 1. mája 2019 do 31. augusta 2019). Účastníci konania vo svojich vyjadreniach k žalobe zamerali svoju pozornosť na toto druhé obdobie, pričom sa snažili určiť štát, v ktorom si žalobca zriadil svoje zvyčajné bydlisko. V tejto súvislosti Komisia najmä tvrdila, že ako uviedla v napadnutom rozhodnutí, toto bydlisko sa nachádzalo v Belgicku, pretože žalobca naďalej žil v Bruseli v byte, v ktorom dovtedy býval so svojou manželkou a deťmi, a že sa tam zaevidoval ako uchádzač o zamestnanie. Žalobca tvrdil, že sa nepresťahoval do Francúzska, pretože očakával výsledok prihlášok, ktoré podal na REA a na Komisiu, keď bol ešte zmluvným zamestnancom Komisie. Tieto tvrdenia sú založené na skutočnostiach, akými sú okolnosť, že žalobca si ponechal svoje bydlisko na tom istom mieste ku koncu svojho zmluvného zamestnania v Komisii, z ktorých vyplýva, že dve obdobia uvedené v bode 57 vyššie sa nemajú posudzovať samostatne. Pred Všeobecným súdom účastníci konania tvrdia, že judikatúra vyžaduje takéto samostatné preskúmanie. Žalobca tak v bode 31 žaloby uvádza, že platí domnienka, že služby, ktoré vykonával pre Komisiu v období od 1. mája 2013 do 30. apríla 2019, bránili vytvoreniu trvalých väzieb medzi ním a Belgickom. V nasledujúcom bode zdôrazňuje, že počas celého tohto obdobia bola jeho prítomnosť v Belgicku výlučne spojená s uvedenými službami. Toto stanovisko podľa neho vyplýva z rozsudku z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 ). V odpovedi na toto tvrdenie sa Komisia na základe tej istej judikatúry v bode 21 vyjadrenia k žalobe domnieva, že počas šiestich rokov, keď pracoval pre Komisiu, nemožno žalobcu považovať za osobu so zvyčajným bydliskom v Belgicku. Tá istá inštitúcia však vo svojej odpovedi na otázku položenú Všeobecným súdom tvrdí, že domnienka vyplývajúca z rozsudku z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 , bod ), podľa ktorej činnosť vykonávaná v rámci medzinárodnej organizácie bráni vzniku trvalých väzieb medzi dotknutou osobou a štátom výkonu práce, musí byť zrušená, keď dotknutá osoba prestane vykonávať svoju činnosť v rámci medzinárodnej organizácie, takže od tohto okamihu sa pri určovaní zvyčajného bydliska už nemôžu nebrať do úvahy väzby so štátom výkonu práce. Vzhľadom na tieto rozdiely a odchýlky je potrebné objasniť, do akej miery môžu byť služby vykonávané pre medzinárodnú organizáciu v štáte výkonu práce zohľadnené v prípade osoby, akou je žalobca prijatý do zamestnania inštitúciou alebo agentúrou nachádzajúcou sa v štáte, ktorého je štátnym príslušníkom, na účely určenia miesta jej zvyčajného bydliska počas referenčného obdobia. – O dôsledkoch, ktoré vyplývajú zo služieb vykonávaných pre medzinárodnú organizáciu v štáte výkonu práce osobou, ktorá má štátnu príslušnosť tohto štátu Na účely preskúmania problému, na ktorý poukázali účastníci konania, treba pripomenúť, že článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku, ako ho vykladá judikatúra, stanovuje pre úradníkov alebo zamestnancov, ktorí sú alebo boli štátnymi príslušníkmi štátu výkonu práce, že obdobie, počas ktorého plnili povinnosti v službách štátu alebo medzinárodnej organizácie mimo územia štátu výkonu práce, nemôže byť zohľadnené pre výpočet referenčného obdobia a musí byť neutralizované (pozri body 48 a 49 vyššie). Ako vyplýva zo znenia vyššie uvedeného ustanovenia, toto ustanovenie naopak neobsahuje podobné pravidlo na plnenie povinností v medzinárodnej organizácii v štáte výkonu práce, ako je to v prejednávanej veci. Podľa rozsudku z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 , bod ), treba však na určenie zvyčajného bydliska žalobcu zohľadniť plnenie povinností v medzinárodnej organizácii, keďže sa predpokladá, že táto skutočnosť bráni vzniku trvalých väzieb medzi žalobcom a štátom výkonu práce. Je pravda, že v určitých prípadoch je možné, že plnenie povinností v medzinárodnej organizácii neuľahčuje, ba dokonca neumožňuje vytvorenie takýchto väzieb. Faktom ostáva, že na účely určenia zvyčajného bydliska Všeobecný súd v tom istom rozsudku z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 , body až ), uviedol, že žalobca býval v štáte výkonu práce so svojou rodinou počas referenčného obdobia, najmä keď plnil svoje povinnosti v inštitúciách alebo agentúrach Únie, a teda v medzinárodnej organizácii. V analýze skutkových okolností uvedenej veci Všeobecný súd napriek domnienke uvedenej v bode 66 vyššie konštatoval, že v prejednávanej veci Komisia správne rozhodla, že zvyčajné bydlisko žalobcu bolo počas referenčného obdobia stanovené v štáte výkonu práce. Určenie zvyčajného bydliska totiž zostáva úkonom, ktorý musí byť založený na skutkovej analýze, v rámci ktorej sa preskúmavajú osobné a profesijné väzby vytvorené dotknutým úradníkom alebo zamestnancom. V tejto skutkovej analýze pritom zohráva rozhodujúcu úlohu domnienka, na ktorej je založený článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku, podľa ktorej štátna príslušnosť osoby predstavuje závažný nepriamy dôkaz o existencii početných a úzkych väzieb medzi touto osobou a krajinou jej štátnej príslušnosti (pozri rozsudok z 5. októbra 2020, Brown/Komisia, T‑18/19 , vec v odvolacom konaní, EU:T:2020:465 , bod a citovanú judikatúru). V konečnom dôsledku sa má rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 ), vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti vykladať v tom zmysle, že uvádza, že plnenie povinností v medzinárodnej organizácii, pokiaľ k nemu dochádza v štáte výkonu práce, možno zohľadniť na účely určenia zvyčajného bydliska úradníka alebo zamestnanca, ktorý má alebo mal štátnu príslušnosť štátu výkonu práce počas referenčného obdobia na základe článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku, aj keď ho nemožno vykladať tak, že samo osebe znamená vytvorenie väzby s týmto štátom. Okrem toho na určenie zvyčajného bydliska žalobcu v prejednávanej veci nemožno vyvodiť žiadny záver z rozsudku z 25. septembra 2014, Grazyte/Komisia ( T‑86/13 P , EU:T:2014:815 ), ktorý sa týkal litovskej štátnej príslušníčky, ktorá nadobudla taliansku štátnu príslušnosť a bola prijatá do zamestnania Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE), čo je agentúra so sídlom vo Vilniuse (Litva). Predmetné situácie sú totiž odlišné, keďže dotknutý zamestnanec v uvedenej veci plnil povinnosti v medzinárodnej organizácii mimo štátu výkonu práce, zatiaľ čo v prejednávanej veci boli tieto povinnosti plnené v medzinárodnej organizácii so sídlom v tomto štáte. Tento rozdiel nemožno podceňovať, keďže cieľom článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku je zabezpečiť pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie čo najrozmanitejší nábor z hľadiska pôvodu a štátnej príslušnosti. – O skutkových okolnostiach na účely určenia miesta zvyčajného bydliska žalobcu počas referenčného obdobia Keďže uplatniteľné pravidlá boli teda objasnené, treba preskúmať, či, ako tvrdí žalobca, sa Komisia mohla domnievať, že žalobca premiestnil počas referenčného obdobia svoje zvyčajné bydlisko do Belgicka. Na tento účel treba uplatniť pravidlo vykonávania dôkazov uvedené v bode 42 vyššie, podľa ktorého prináleží úradníkovi alebo zamestnancovi, ktorý žiada o príspevok na expatriáciu, aby preukázal, že splnil podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku. V druhom prípade opísanom v bode 37 vyššie toto ustanovenie vyžaduje, aby dotknutý úradník preukázal, že mal bez prerušenia počas celého referenčného obdobia uvedeného v tomto ustanovení zvyčajné bydlisko mimo štátu výkonu práce, ktorého je štátnym príslušníkom. Podľa judikatúry je zvyčajným bydliskom miesto, ktoré dotknutá osoba určila s úmyslom dať mu stálu povahu, ako trvalé alebo zvyčajné centrum svojich záujmov, pričom pojem bydlisko zahŕňa okrem fyzickej prítomnosti na určitom mieste, aj úmysel dať tejto skutočnosti kontinuitu vyplývajúcu zo životných zvyklostí a rozvinutia bežných sociálnych vzťahov (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. mája 2007, F/Komisia, T‑324/04 , EU:T:2007:140 , bod ). Na určenie zvyčajného bydliska je potrebné zohľadniť objektívne skutkové okolnosti týkajúce sa súkromného a pracovného života dotknutej osoby (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia, T‑273/17 , EU:T:2018:480 , body a ). V prejednávanej veci je nesporné, že od 1. mája 2013 do 31. augusta 2019: – žalobca býval nepretržite v Belgicku, – v roku 2014 sa k nemu pripojila jeho žena, – uzavreli v Belgicku manželstvo, – jeho manželka v Belgicku pracovala na základe zmluvy na dobu neurčitú, – narodili sa im v Belgicku dve deti, – jedno z týchto detí v Belgicku chodilo do školy a druhé do škôlky. V tejto súvislosti Komisia v odpovedi na sťažnosť tvrdila, že vzhľadom na kritériá vyplývajúce z judikatúry, najmä na zárobkovú činnosť a osobné väzby, bolo potrebné vychádzať z toho, že žalobca mal zvyčajné bydlisko v Belgicku. Žalobca uvádza nasledujúce skutočnosti, aby preukázal, že napriek vyššie uvedeným skutočnostiam jeho zvyčajné bydlisko zostalo vo Francúzsku, pričom ho počas celého referenčného obdobia nepremiestnil do Belgicka: – býval vo Francúzsku počas svojho detstva, študoval a pracoval v tomto štáte a mal perspektívu zúčastniť sa výberového konania v rámci štátnej služby v tejto krajine, – jeho rodičia, ako aj jeho súrodenci majú bydlisko vo Francúzsku a tam spoznal svoju manželkou, francúzsku štátnu príslušníčku, – pred svojím odchodom do Belgicka kúpil nehnuteľnosť vo Francúzsku a ponechal si ju počas obdobia, keď pracoval pre Komisiu, pričom ju neprenajal; taktiež si vo Francúzsku ponechal mobilné telefónne číslo a bankový účet, – počas obdobia, keď pracoval pre Komisiu, mal len zmluvu na dobu určitú s možnosťou predĺženia, ktorej celkové trvanie nemohlo presiahnuť šesť rokov a ktorá ho teda stavala do neistého pracovného postavenia; navyše počas tohto istého obdobia poberal príspevok na expatriáciu. V tejto súvislosti treba uviesť, že dôkazy predložené žalobcom svedčia o tom, ako to zdôrazňuje, že mal s Francúzskom úzke väzby. Takéto väzby však samy osebe nemôžu znamenať, že žalobca si počas referenčného obdobia skutočne zachoval svoje zvyčajné bydlisko v tomto štáte. V prvom rade sa totiž zvyčajné bydlisko žalobcu nemôže nachádzať vo Francúzsku z dôvodu, že žil, študoval a pracoval v tomto štáte na začiatku svojej profesionálnej kariéry, t. j. pred začiatkom referenčného obdobia. Skutočnosť, že žalobca žil v určitom štáte a vykonával tam činnosti súvisiace s jeho vekom, je súčasťou jeho osobnej histórie, ale sama osebe nemohla znamenať, že si tam zachoval svoje zvyčajné bydlisko. V druhom rade to isté platí pre skutočnosť, že blízke osoby žalobcu žijú vo Francúzsku. Táto okolnosť nepreukazuje, že by si žalobca mimo tohto štátu nevytvoril trvalé vzťahy. V tejto súvislosti treba poznamenať, že vzťah medzi rodičom a dieťaťom nie je nevyhnutne rozhodujúci pre určenie zvyčajného bydliska osoby, ktorá si založila vlastnú rodinu. Bez toho, aby sa popieral význam tohto vzťahu, skutočnosť, že úradník alebo zamestnanec býva v určitom štáte so svojou manželkou a deťmi, pričom každý z nich vykonáva činnosti zodpovedajúce ich etape života (práca, škola, škôlka), možno považovať za významnú, pokiaľ ide o určenie zvyčajného bydliska v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. Je pravda, že žalobca tvrdí, že svoju manželku spoznal vo Francúzsku. Táto okolnosť jej však nebránila v tom, aby sa k nemu pripojila 25. augusta 2014 v Bruseli, ako to sám uviedol, na účely založenia rodiny, pričom tam uzatvorila pracovnoprávny vzťah na dobu neurčitú a stanovila svoj daňový domicil v tomto štáte. V priestore, kde sa občania Únie môžu slobodne pohybovať a kde je zakázaná diskriminácia na základe štátnej príslušnosti, sa určenie zvyčajného bydliska úradníka alebo iného zamestnanca nemôže zakladať na štátnej príslušnosti jeho manželského partnera. V tejto súvislosti žalobca v odpovedi na otázku položenú Všeobecným súdom dodal, že aj keď sa k nemu jeho manželka pripojila v Bruseli v roku 2014, teda viac ako rok po jeho nástupe do služby v Komisii, nebolo to preto, lebo sa rozhodli zriadiť hlavné centrum svojich záujmov v Belgicku, ale preto, že bola tehotná v treťom mesiaci a chcela žiť počas svojho tehotenstva so svojím manželom. Okrem toho si ponechala obchodnú spoločnosť vo Francúzsku, ktorá zostala počas zostávajúcej časti referenčného obdobia neaktívna. V tejto súvislosti treba uviesť, že žalobca tým, že uviedol túto skutočnosť, spresňuje osobné dôvody, ktoré viedli jeho manželku k tomu, aby sa k nemu pripojila v Bruseli v roku 2014. Takéto úvahy pritom vzhľadom na judikatúru nemožno zohľadniť na určenie miesta zvyčajného bydliska v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. Podľa judikatúry sa totiž Všeobecný súd nemôže vyjadriť k subjektívnym dôvodom, ktoré viedli osobu k tomu, aby sa usadila so svojou rodinou v určenej krajine (pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. septembra 2014, Grazyte/Komisia, T‑86/13 P , EU:T:2014:815 , body a ). V treťom rade ani vecné okolnosti, na ktoré poukazuje žalobca, neumožňujú domnievať sa, že jeho zvyčajné bydlisko zostalo počas celého referenčného obdobia vo Francúzsku. Skutočnosť, že si ponechal nehnuteľnosť v tomto štáte, tak nepreukazuje jeho úmysel zriadiť v tomto štáte trvalé alebo zvyčajné centrum svojich záujmov. Táto nehnuteľnosť v blízkosti bydliska jeho rodičov a súrodencov mohla byť investíciou alebo druhým domovom pre rodinu žalobcu počas víkendov a dovoleniek. V tejto súvislosti veľa odhaľuje to, že predmetná nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Compiègne (Francúzsko) nebola pri nástupe žalobcu do služby pre Komisiu v roku 2013 nahlásená ako miesto jeho pobytu. Rovnako nie je relevantné, že si ponechal mobilné telefónne číslo a bankový účet vo Francúzsku (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. novembra 2019, Wywiał‑Prząda/Komisia, T‑592/18 , EU:T:2019:820 , bod ). Žalobca mohol mať aj mobilné telefónne číslo v Belgicku alebo sa domnievať, že po zrušení poplatkov za medzinárodné spojenie bude lacnejšie ponechať si mobilný paušál u francúzskeho operátora. Okrem toho žalobca mal bankový účet v Belgicku. V tejto súvislosti treba uviesť, že dokumenty predložené žalobcom na preukázanie existencie platieb diaľničných poplatkov vo Francúzsku boli počas posudzovaného obdobia vykonané kartou pripojenou k účtu otvorenému v belgickej banke. V štvrtom rade skutočnosť, že pracoval pre Komisiu na základe zmluvy na dobu určitú, nebráni konštatovaniu, že aj keď táto zmluva nemohla byť predĺžená po uplynutí obdobia šiestich rokov, žalobca sa usadil v Bruseli s úmyslom zostať tam. Dôkazom toho je, že po skončení tejto zmluvy si hľadal prácu v rámci inštitúcií Únie v Belgicku, a nie vo Francúzsku, a že sa evidoval ako uchádzač o zamestnanie v Belgicku. Okrem toho skutočnosť, že žalobca poberal počas obdobia práce pre Komisiu príspevok na expatriáciu, nie je relevantná pre posúdenie nároku žalobcu na príspevok na expatriáciu pri jeho prijatí do zamestnania v rámci REA. Z článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku totiž vyplýva, že toto právo sa musí skúmať pri nástupe do služby. Keďže medzi ukončením zmluvy uzavretej s Komisiou a začiatkom zmluvy uzatvorenej s REA uplynuli štyri mesiace, nárok na príspevok na expatriáciu musel byť opätovne preskúmaný pri nástupe žalobcu do služby v tejto agentúre (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia, T‑273/17 , EU:T:2018:480 , bod ). Pokiaľ ide o obdobie po 30. apríli 2019, žalobca zdôrazňuje, že hoci zostal v Belgicku až do 31. augusta 2019, je to preto, že ukončil plnenie povinností na základe jeho zmluvy uzatvorenej s Komisiou a čakal na výsledky výberových konaní organizovaných Komisiou a REA, ktorých sa zúčastnil počas plnenia tejto zmluvy. Na podporu tejto argumentácie žalobca uvádza, že od 16. mája 2019, teda pätnásť dní po skončení platnosti zmluvy s Komisiou, dostal od REA povzbudivú informáciu, ktorá mu otvárala perspektívu prijatia do zamestnania v tejto agentúre, a že ponuka predložená touto agentúrou mu bola doručená 7. júna 2019, t. j. menej ako šesť týždňov po tomto skončení platnosti zmluvy. Veľmi rýchlo tak mal istotu, že bude môcť pokračovať vo svojej zárobkovej činnosti v agentúre Únie. Za týchto podmienok vzhľadom na krátkosť obdobia, ktoré ho oddeľovalo od jeho nástupu do služby v REA, t. j. obdobia, ktoré sa navyše z veľkej časti prekrývalo s letnými prázdninami, považoval za zbytočné presťahovať sa so svojou rodinou do Francúzska, aj keď si tam zachoval svoje zvyčajné bydlisko. Komisia sa domnieva, že počas obdobia štyroch mesiacov od 1. mája do 31. augusta 2019 sa zvyčajné bydlisko žalobcu nachádzalo v Belgicku. Žalobca totiž nepreukázal, že počas tohto obdobia sa jeho zvyčajné bydlisko nachádzalo mimo tejto krajiny. Navyše prejavil svoj zámer dať tomuto bydlisku kontinuitu vyplývajúcu zo životných zvyklostí tým, že naďalej býval v tom istom byte so svojou manželkou, ktorá tiež pracovala v Belgicku, a so svojimi deťmi, ktoré chodili do školy a škôlky. Nakoniec sa rozhodol evidovať sa ako uchádzač o zamestnanie v Belgicku a hľadať si tam zamestnanie. V tejto súvislosti treba poznamenať, že skutočnosti, na ktoré poukázal žalobca v súvislosti s obdobím, ktoré nasledovalo po plnení jeho povinností v rámci Komisie, nespochybňujú analýzu, ktorá bola rozvinutá v bodoch 80 až 93 vyššie, na konci ktorej sa dospelo k záveru, že počas referenčného obdobia, ktoré zahŕňalo obdobie, počas ktorého žalobca vykonával svoje úlohy v rámci Komisie, si žalobca zriadil svoje zvyčajné bydlisko v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku v Belgicku, t. j. v štáte výkonu práce, ktorého je aj štátnym príslušníkom. Tieto skutočnosti, ktoré vôbec nevyvracajú stanovisko, podľa ktorého si v období od 1. mája 2013 do 31. augusta 2019 zriadil svoje zvyčajné bydlisko v Belgicku, naopak posilňujú toto stanovisko tým, že z nich vyplýva, že si prácu nehľadal vo Francúzsku, ale v Belgicku, čím preukazujú jeho úmysel zostať v tomto poslednom uvedenom štáte. Z tejto analýzy skutkových okolností vyplýva, že skutočnosti, na ktoré sa žalobca odvoláva, spoločne alebo jednotlivo, nemajú vplyv na správnosť posúdenia miesta jeho zvyčajného bydliska Komisiou počas referenčného obdobia: skutočnosť, že žil v Belgicku so svojou manželkou a deťmi a každý z nich vykonával činnosti zodpovedajúce ich životnej etape, svedčí o tom, že ako uviedla Komisia, zvyčajné bydlisko žalobcu bolo v tomto štáte. Rozhodnutie Všeobecného súdu by bolo rovnaké, aj ak by, ako uviedol žalobca, bolo potrebné predpokladať, že služby vykonávané pre Komisiu v období od 1. mája 2013 do 30. apríla 2019 nemohli vytvoriť trvalé väzby s Belgickom. Za tohto predpokladu je totiž potrebné domnievať sa, ako to urobila Komisia, že skutočnosť, že žalobca zostal v Belgicku so svojou manželkou a deťmi po skončení platnosti zmluvy uzavretej s touto inštitúciou a zaevidoval sa tam ako uchádzač o zamestnanie, aj keď len na veľmi krátke obdobie, stačí na preukázanie toho, že jeho zvyčajné bydlisko bolo v tomto štáte. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry ponechanie svojho bydliska v štáte výkonu práce počas veľmi krátkeho obdobia v rámci desaťročného referenčného obdobia postačuje na stratu alebo odmietnutie nároku na príspevok na expatriáciu (pozri bod 40 vyššie). Domnienka, na ktorú sa odvoláva žalobca, pokiaľ by existovala, by sa tak ukázala ako neúčinná, keďže by nezmenila posúdenie vykonané Komisiou v napadnutom rozhodnutí vzhľadom na to, že skutočnosti, na ktoré sa odvoláva Komisia, sú dostatočné na to, aby sa dospelo k záveru, že jeho zvyčajné bydlisko sa počas časti referenčného obdobia nachádzalo v Belgicku. Na záver, keďže dôkazné bremeno o neexistencii trvalých väzieb v štáte výkonu práce nesie osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na expatriáciu (pozri bod 42 vyššie), je potrebné konštatovať, že v prejednávanej veci žalobca nepreukázal, že si počas celého referenčného obdobia zriadil zvyčajné bydlisko mimo Belgicka. – O porovnaní situácie žalobcu v prejednávanej veci so situáciou žalobcu vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia (T‑273/17) Žalobca tvrdí, že na rozdiel od toho, čo tvrdí Komisia, jeho situácia je odlišná od situácie žalobcu vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 ), ktorý Komisia uvádzala v napadnutom rozhodnutí. Na rozdiel od neho totiž žalobca v uvedenej veci uzavrel manželstvo s belgickou štátnu príslušníčku, študoval, býval a pracoval v Belgicku počas celého referenčného obdobia, pracoval počas tohto obdobia pre Komisiu na základe zmluvy o dočasnom zamestnaní, a teda na účet belgickej spoločnosti, a predtým neoprávnene poberal príspevok na expatriáciu. Komisia túto argumentáciu spochybňuje. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 , bod ), Všeobecný súd zamietol žalobu o neplatnosť rozhodnutia, ktorým bol žalobcovi pri nástupe do služby v agentúre Únie nachádzajúcej sa v Bruseli odmietnutý príspevok na expatriáciu stanovený v článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. Toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu, že v uvedenej veci mal žalobca belgickú štátnu príslušnosť, býval v Bruseli nepretržite počas celého desaťročného referenčného obdobia, uzavrel v Belgicku manželstvo s belgickou štátnou príslušníčkou, mal tam tri deti narodené v Bruseli a vykonával tam súkromnú zárobkovú činnosť počas prechodného obdobia medzi dvoma zmluvami uzavretými s inštitúciami Únie. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, jeho situácia je podobná situácii žalobcu vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 ), keďže obaja majú belgickú štátnu príslušnosť, bývali v Bruseli počas celého referenčného obdobia alebo jeho časti, uzavreli tam manželstvo, mali tam deti, mali uzavreté dočasné zmluvy s inštitúciami a agentúrami Únie a zostali tam v období medzi týmito dvomi zmluvami. Je pravda, že vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 ), žalobca spoznal svoju manželkou, ktorá je belgickou štátnou príslušníčkou, v Belgicku, zatiaľ čo v prejednávanej veci žalobca spoznal svoju manželku, francúzsku štátnu príslušníčku, vo Francúzsku predtým, ako odišiel pracovať do Komisie. V oboch prípadoch však dotknuté osoby žili počas celého alebo významnej časti referenčného obdobia v štáte výkonu práce so svojou manželkou a svojimi deťmi. Je tiež pravda, že vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 ), žalobca počas obdobia medzi dvomi zmluvami uzatvorenými s Úniou, pracoval pre belgické agentúry dočasného zamestnávania, zatiaľ čo v prejednávanej veci sa žalobca zaevidoval ako uchádzač o zamestnanie v Belgicku. Tento rozdiel však nie je relevantný na určenie zvyčajného bydliska žalobcu. Súd Únie totiž nemôže spájať právne dôsledky, pokiaľ ide o príspevok na expatriáciu, s rozhodnutím zamestnanca zaevidovať sa v tom istom štáte ako uchádzač o zamestnanie (ako žalobca v prejednávanej veci) alebo pracovať pre inštitúciu Únie prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania, keďže toto rozhodnutie sa môže riadiť subjektívnymi dôvodmi, ktoré patria do súkromného života, a z tohto dôvodu nemôžu byť zohľadnené na účely uplatnenia článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku (pozri bod 89 vyššie). Relevantná nie je ani skutočnosť, že vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 13. júla 2018, Quadri di Cardano/Komisia ( T‑273/17 , EU:T:2018:480 ), žalobca predtým poberal príspevok na expatriáciu protiprávne. Ako totiž bolo rozhodnuté v bode 112 tohto rozsudku, v prípade neexistencie kontinuity rôznych zmlúv medzi žalobcom a inštitúciami a agentúrami Únie musí byť nárok na túto náhradu opäť posúdený pri každom novom nástupe dotknutej osoby do služby. Skutočnosť, že predtým protiprávne poberal príspevok na expatriáciu, nemôže mať vplyv na rozhodnutia, ktoré boli následne prijaté v súvislosti s týmto príspevkom pre dotknutého úradníka alebo zamestnanca. Za týchto podmienok Všeobecný súd nerozumie, ako by táto okolnosť mohla byť tvrdením pre posúdenie, ktoré má vykonať orgán v inom prípade. Toto tvrdenie je teda potrebné odmietnuť. – O dôsledkoch, ktoré podľa žalobcu vyplývajú zo stanoviska prijatého Komisiou Podľa žalobcu stanovisko Komisie spočívajúce v tom, že mu odmietla príspevok na expatriáciu, viedlo k výsledkom, ktoré sú pre Úniu a jej úradníkov alebo zamestnancov neuspokojivé. Na podporu svojho stanoviska žalobca uvádza štyri nasledujúce tvrdenia: – stačilo by, aby Komisia svojvoľne odložila nástup zamestnanca, ktorý v súlade so zákonom poberal príspevok na expatriáciu v rámci predchádzajúcej zmluvy, aby ho zbavila tohto príspevku, – zamestnanci by boli povzbudzovaný k tomu, aby vynaložili náklady na presťahovanie do iného štátu, aby naďalej poberali príspevok na expatriáciu, na ktorý mali nárok pri predchádzajúcom prijatí do zamestnania, hoci už prijali ponuku zamestnania s účinnosťou o niekoľko mesiacov neskôr v agentúre nachádzajúcej sa na tom istom mieste, – článok 27 služobného poriadku, podľa ktorého majú byť úradníci prijatí na čo najširšom geografickom základe, by nebol dodržaný, keďže zmluvným zamestnancom so skúsenosťami v inštitúciách Únie by hrozilo, že sa vzdajú svojej profesijnej kariéry v rámci inštitúcií Únie, aby sa vrátili do svojich krajín pôvodu, – kontext, v ktorom bol vypracovaný článok 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku, sa uplynutím času podstatne zmenil; v súčasnosti je zriedkavejšie začať pracovať pre inštitúcie Únie hneď ako úradník. Komisia túto argumentáciu spochybňuje. Od Všeobecného súdu vyžaduje nasledujúce odpovede. Prvé dve tvrdenia sú založené na predpoklade, že žalobca nemohol nadviazať trvalé vzťahy so štátom výkonu práce počas obdobia, keď pracoval ako zmluvný zamestnanec pre Komisiu. Z bodov 75 až 93 vyššie pritom vyplýva, že v určitom okamihu počas obdobia, keď žalobca pracoval pre Komisiu, premiestnil svoje zvyčajné bydlisko do Belgicka. Keďže žalobcu treba považovať za osobu, ktorá mala zvyčajné bydlisko v Belgicku počas obdobia, keď bol v služobnom pomere v rámci Komisie, nemôže sa domáhať príspevku na expatriáciu, aj keby sa presťahoval do Francúzska v období od 1. mája 2019 do 31. augusta 2019. Za týchto podmienok inštitúcia alebo agentúra Únie nie je v podobných prípadoch povzbudzovaná k tomu, aby odložila nástup zamestnanca, ktorý v súlade so zákonom poberal príspevok na expatriáciu v rámci predchádzajúcej zmluvy, do služby, aby ho zbavila tohto príspevku. V každom prípade inštitúcia alebo agentúra, ktorá by takto konala len na tento účel, by nesplnila povinnosť starostlivosti, ktorou sa musia riadiť jej rozhodnutia. Táto povinnosť najmä znamená, že inštitúcia alebo agentúra musí pri rozhodovaní o situácii úradníka vziať do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu byť pre jeho rozhodnutie určujúce, a že pri tomto rozhodovaní musí prihliadať nielen na služobný záujem, ale aj na záujem dotknutého úradníka alebo zamestnanca (pozri v tomto zmysle rozsudky z 28. mája 1980, Kuhner/Komisia, 33/79 a 75/79 , EU:C:1980:139 , bod , a z 29. júna 1994, Klinke/Súdny dvor, C‑298/93 P , EU:C:1994:273 , bod ). Rovnako by bolo zbytočné, aby tento zamestnanec vynaložil náklady na presťahovanie do iného štátu, aby mohol naďalej poberať príspevok, na ktorý mal nárok pri predchádzajúcom prijatí do zamestnania. Pokiaľ ide o tretie tvrdenie uvádzané žalobcom, treba uviesť, že z dôvodov uvedených v súvislosti s prvými dvomi tvrdeniami neexistuje hrozba, že zamestnanci, ktorí majú skúsenosti v rámci týchto inštitúcií alebo agentúr, sa po prerušení medzi dvomi zmluvami vzdajú svojej profesijnej kariéry z jediného dôvodu, že v rámci nového zamestnania stratia nárok na príspevok na expatriáciu. V každom prípade článok 4 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku má za cieľ zabezpečiť medzinárodný charakter inštitúcií. Toto tvrdenie je teda potrebné odmietnuť. To isté platí aj pre štvrté tvrdenie žalobcu. Aj za predpokladu, že by toto tvrdenie bolo preukázané, zmeny konštatované v profesijnej kariére úradníkov nemôžu mať vplyv na uplatnenie pravidiel, ktorých zákonnosť nie je spochybnená, keďže súd Únie nemá právomoc z vlastnej iniciatívy zmeniť podmienky, za ktorých sa má príspevok na expatriáciu platiť. Tvrdenia žalobcu uvedené v bode 115 vyššie tak musia byť zamietnuté. Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba rozhodnúť, že žalobca nepreukázal, že mal počas celého rozhodujúceho obdobia zvyčajné bydlisko mimo štátu výkonu práce v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku. V dôsledku toho treba jediný žalobný dôvod a v dôsledku toho aj žalobu zamietnuť. O trovách Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku sa účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania Komisie v súlade s jej návrhmi. Z týchto dôvodov VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora) rozhodol takto: 1. Žaloba sa zamieta. 2. LF znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii. Gervasoni Nihoul Frendo Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. septembra 2021. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: francúzština.

61999CJ0028

sv

Domskäl 1 Rechtbank van eerste aanleg te Gent har genom beslut av den 27 januari 1999, som inkom till domstolens kansli den 5 februari 1999, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt tre frågor om tolkningen av artikel 6 i rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om insiderhandel (EGT L 334, s. 30; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 10). 2 Frågorna har uppkommit i brottmål mot J. Verdonck, R. Everaert och É. De Baedts (nedan kallade Verdonck m.fl.), vilka har åtalats med stöd av artiklarna 181, 182, 183 och 189 i lagen av den 4 december 1990 om finanstransaktioner och finansmarknader (Moniteur belge av den 22 december 1990, s. 23800, nedan kallad 1990 års lag). I dessa artiklar föreskrivs regler om och påföljder för insiderbrott. Den gemenskapsrättsliga lagstiftningen 3 I artikel 1 i direktiv 89/592 föreskrivs följande: "I detta direktiv avses med 1) insiderinformation: icke offentliggjord information av specifik natur, som hänför sig till en eller flera emittenter av överlåtbara värdepapper eller till ett eller flera överlåtbara värdepapper och som, om den offentliggjordes, skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset för det eller de ifrågavarande överlåtbara värdepapperen, ..." 4 I artikel 2 i direktiv 89/592 föreskrivs följande: "1. Varje medlemsstat skall förbjuda var och en som - genom sin ställning i emittentens administrations-, lednings- eller kontrollorgan, - genom sitt innehav av kapital i emittenten, eller - genom att han i sin anställning, i sin verksamhet eller under sina åligganden har tillgång till sådan information, förfogar över insiderinformation att, med full insikt i förhållandena, dra nytta av denna information vid direkt eller indirekt förvärv eller avyttring för egen eller tredje mans räkning av överlåtbara värdepapper, utgivna av den eller de emittenter som informationen gäller. 2. I fall den som avses i punkt 1 är ett bolag eller annan juridisk person, skall det i samma punkt föreskrivna förbudet gälla för de fysiska personer som deltar i ett beslut att genomföra transaktionen för den berörda juridiska personens räkning. ..." 5 I artikel 6 i direktiv 89/592 föreskrivs följande: "Varje medlemsstat får införa strängare bestämmelser än som föreskrivs i detta direktiv, eller ytterligare bestämmelser, allt förutsatt att sådana bestämmelser är allmänt tillämpliga. ..." Den belgiska lagstiftningen 6 Direktiv 89/592 har införlivats med belgisk lagstiftning genom artiklarna 181-189 i 1990 års lag. 7 I artikel 181 i 1990 års lag definieras begreppet insiderinformation enligt följande: "Vid tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning skall med insiderinformation förstås icke offentliggjord information av tillräckligt specifik natur, som hänför sig till en eller flera emittenter av överlåtbara värdepapper eller andra finansiella instrument eller till ett eller flera överlåtbara värdepapper eller andra finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, skulle kunna ha en väsentlig inverkan på priset för det eller de ifrågavarande överlåtbara värdepapperen eller andra finansiella instrumenten. Med insiderinformation menas inte den information som holdingbolagen förfogar över genom sin del i förvaltningen av bolag i vilka de äger en andel, såvida det inte rör sig om information som skall offentliggöras enligt bestämmelser i lagar och andra författningar avseende de skyldigheter som uppkommer i samband med börsnotering av överlåtbara värdepapper." 8 I artikel 182.1 i 1990 års lag föreskrivs följande: "Den som 1. genom sin ställning i emittentens administrations-, lednings- eller kontrollorgan, 2. genom sitt innehav av kapital i emittenten, eller 3. genom att han i sin anställning, i sin verksamhet eller under sina åligganden har tillgång till sådan information, förfogar över information som han inser eller borde inse är insiderinformation, får inte direkt eller indirekt förvärva eller avyttra för egen eller tredje mans räkning överlåtbara värdepapper eller andra finansiella instrument som berörs av informationen." 9 Definitionen av holdingbolag finns i artikel 1 i kunglig kungörelse nr 64 av den 10 november 1967, som fastställer ställningen för holdingbolag (Moniteur belge av den 14 november 1967, s. 11815). 10 Enligt denna bestämmelse menas med holdingbolag följande: "1. Belgiska företag som äger andelar i ett eller flera belgiska eller utländska dotterbolag och som därigenom enligt lag eller på grund av faktiska förhållanden har getts befogenhet att leda verksamheten i dessa bolag i det fall då a) företagen eller dotterbolagen, eller vissa av dotterbolagen eller dotterdotterbolagen, har vänt sig till den belgiska allmänheten i samband med en emission eller placering av sina aktier eller andelar, b) värdet av deras andelar uppgår totalt till minst 500 miljoner franc eller motsvarar minst hälften av deras eget kapital. 2. Belgiska företag, dotterbolag eller dotterdotterbolag, vilka har vänt sig till den belgiska allmänheten i samband med en emission eller placering av sina aktier eller andelar, och som är dotterbolag eller dotterdotterbolag till utländska bolag eller institutioner som direkt eller indirekt innehar andelar i belgiska bolag vars totala värde uppgår till minst 500 miljoner franc eller motsvarar minst hälften av deras eget kapital." Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna 11 Vid sammanträdena den 22 augusti och den 10 oktober 1995 diskuterade styrelsen i Ter Beke NV (nedan kallat Ter Beke) möjligheterna att förvärva Chilled Food Business, som är en del av Unilever Belgium NV (nedan kallat Unilever). Den 14 september 1995 gavs ett indikativt bud och den 19 december 1995 beslutade Ter Bekes styrelse att godkänna ett bud om att överta denna del. 12 Den 5 mars 1996 undertecknade Ter Beke och Unilever en gemensam viljeförklaring, som offentliggjordes samma dag, vari de tillkännagav sin avsikt att med ensamrätt fortsätta de påbörjade diskussionerna. Efter tillkännagivandet av viljeförklaringen steg Ter Bekes aktiekurs, från den 5 till den 18 mars 1996, från 2 800 BEF till 3 230 BEF, det vill säga en ökning med 15,3 procent. 13 Den 14 maj 1996 undertecknade Ter Beke och Unilever avtalet om förvärv av Chilled Food Business. 14 Det framgår av beslutet om hänskjutande att Verdonck m.fl. ingår i Ter Bekes styrelse och att J. Verdonck dessutom ingår i företagets ledningsgrupp. Mellan den 6 och den 8 februari 1996 lämnade Verdonck m.fl. in köporder och förvärvade därigenom aktier i Ter Beke till en kurs av 2 590 BEF. 15 Openbaar Ministerie (allmänna åklagarmyndigheten) har väckt åtal mot Verdonck m.fl. vid Rechtbank van eerste aanleg te Gent på den grunden att de, genom att köpa aktier i Ter Beke innan viljeförklaringen mellan detta bolag och Unilever hade offentliggjorts, olagligen skall ha utnyttjat insiderinformation i strid med artiklarna 181, 182, 183 och 189 i 1990 års lag. 16 Till sitt försvar har Verdonck m.fl. särskilt gjort gällande att 1990 års lag är oförenlig med direktiv 89/592. De anser nämligen att 1990 års lag strider mot artikel 6 i direktiv 89/592 genom att definitionen av insiderbrott är strängare än direktivets definition, samtidigt som det anges att sådan information som holdingbolag förfogar över inte utgör insiderinformation som kan bli föremål för insiderbrott. Enligt artikel 6 i direktiv 89/592 har medlemsstaterna rätt att införa strängare bestämmelser än vad som föreskrivs i direktivet endast för det fall sådana bestämmelser är allmänt tillämpliga. 17 Rechtbank van eerste aanleg te Gent anser att målets utgång är beroende av tolkningen av artikel 6 i direktiv 89/592 och har därför vilandeförklarat målet och ställt följande tre tolkningsfrågor till domstolen: "1) Är det förenligt med artikel 6 i direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om insiderhandel, enligt vilken varje medlemsstat får införa strängare bestämmelser än som föreskrivs i detta direktiv, eller ytterligare bestämmelser, allt förutsatt att sådana bestämmelser är allmänt tillämpliga, att det i en medlemsstats lagstiftning föreskrivs en strängare definition samtidigt som det medges ett särskilt undantag från denna för bolag som tillhör kategorin holdingbolag? 2) Har direktiv 89/592/EEG införlivats med belgisk rätt i överensstämmelse med artikel 6 i samma direktiv med hänsyn till att direktivet genomförts genom artikel 181 i lagen av den 4 december 1990 om finanstransaktioner och finansmarknader i den lydelse som anges nedan? Vid tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning skall med insiderinformation förstås icke offentliggjord information av tillräckligt specifik natur, som hänför sig till en eller flera emittenter av överlåtbara värdepapper eller andra finansiella instrument eller till ett eller flera överlåtbara värdepapper eller andra finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, skulle kunna ha en väsentlig inverkan på priset för det eller de ifrågavarande överlåtbara värdepapperen eller andra finansiella instrumenten. Med insiderinformation menas inte den information som holdingbolagen förfogar över genom sin del i förvaltningen av bolag i vilka de äger en andel, såvida det inte rör sig om information som skall offentliggöras enligt bestämmelser i lagar och andra författningar avseende de skyldigheter som uppkommer i samband med börsnotering av överlåtbara värdepapper. Bestämmelserna i denna avdelning är tillämpliga på de värdepapper och andra finansiella instrument som avses i artikel 1. 3) Om en medlemsstat har genomfört direktiv 89/592/EEG på det sätt som den belgiska lagstiftaren har gjort genom artikel 181 i lagen av den 4 december 1990 om finanstransaktioner och finansmarknader och om detta genomförande strider mot direktivet, medför då detta förhållande att den strängare bestämmelsen inte skall anses ingå i den nationella lagstiftningen, eller är det tvärtom så att den utan inskränkning skall gälla även för holdingbolagen?" De två första frågorna 18 Den hänskjutande domstolen har ställt de två första frågorna, som skall behandlas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 6 i direktiv 89/592 skall tolkas så att den inte utgör hinder för att tillämpa bestämmelser i en medlemsstats lagstiftning som är strängare än vad som föreskrivs i detta direktiv i fråga om förbud mot att utnyttja insiderinformation och som samtidigt innehåller en definition av insiderinformation, varigenom viss information som holdingbolag förfogar över undantas. 19 Verdonck m.fl., den belgiska och den portugisiska regeringen samt kommissionen är eniga om att 1990 års lag innehåller en strängare definition av vad som utgör otillåtet utnyttjande av insiderinformation än definitionen i artikel 2.1 i direktiv 89/592. Enligt definitionen i 1990 års lag krävs inte att den som har insynsställning drar nytta av den insiderinformation som han har tillgång till med full insikt i förhållandena, utan den är tillämplig även när sådan information utnyttjas oavsiktligen. 20 Det föreligger emellertid meningsskiljaktigheter beträffande huruvida 1990 års lag är förenlig med artikel 6 i direktiv 89/592. Enligt denna artikel är strängare bestämmelser än vad som föreskrivs i nämnda direktiv endast tillåtna om de är allmänt tillämpliga. 21 Verdonck m.fl. samt den portugisiska regeringen anser att 1990 års lag skall anses vara oförenlig med artikel 6 i direktiv 89/592. De anser att de bestämmelser i denna lag som är i fråga i målet vid den nationella domstolen är strängare och de har gjort gällande att dessa inte är tillämpliga på en bestämd kategori bolag och därför inte är allmänt tillämpliga i den mening som avses i artikel 6. 22 Den belgiska regeringen har hävdat att artikel 181 andra stycket i 1990 års lag i fråga om holdingbolag enbart preciserar vilken information som utgör insiderinformation bland den konfidentiella information som sådana bolag förfogar över, särskilt vad gäller deras dotterbolag. I artikel 181 i 1990 års lag anges att med insiderinformation menas sådan information som holdingbolag har tillgång till som skall offentliggöras enligt bestämmelser i nationella lagar och andra författningar avseende de skyldigheter som uppkommer i samband med börsnotering av överlåtbara värdepapper, och den belgiska regeringen anser därför att artikeln innehåller en definition som motsvarar den generella definitionen av insiderinformation i artikel 1 punkt 1 i direktiv 89/592. Den information som skall offentliggöras enligt nämnda nationella bestämmelser är just sådan information som skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset för de överlåtbara värdepapper som avses i artikel 1 punkt 1 i direktivet. 23 Den belgiska regeringen har i det avseendet angett att enligt artikel 4.1 första stycket i kunglig kungörelse nr 2331 av den 18 september 1990 avseende skyldigheter i samband med börsnotering av överlåtbara värdepapper på förstahandsmarknaden på en belgisk börs för överlåtbara värdepapper (Moniteur belge av den 22 september 1990, s. 18138), i dess lydelse vid tidpunkten för det agerande som läggs Verdonck m.fl. till last, var bolag vars värdepapper upptagits till officiell notering vid fondbörs skyldiga att "utan dröjsmål offentliggöra alla faktiska omständigheter eller beslut som de har kännedom om och som, om de offentliggjordes, skulle kunna ha väsentlig inverkan på aktiekursen". Den belgiska regeringen har uppgett att denna bestämmelse senare även har införts i kunglig kungörelse nr 1421 av den 3 juli 1996 om skyldigheter i fråga om tillfällig information från emittenter vars finansiella instrument har noterats på förstahandsmarknaden samt på den nya marknaden på en börs för överlåtbara värdepapper (Moniteur belge av den 6 juli 1996, s. 18700). 24 Den belgiska regeringen har tillagt att holdingbolag uppvisar vissa särdrag som har föranlett lagstiftaren att precisera definitionen av insiderinformation vad gäller sådana bolag. Nämnda regering har dock erinrat om att dessa preciseringar endast förtydligar den generella definitionen för en särskild kategori bolag. 25 I andra hand har den belgiska regeringen gjort gällande att det, för det fall definitionen av insiderinformation vad beträffar holdingbolag skall anses skilja sig från den definition som är tillämplig på andra bolag, inte medför att bestämmelserna i artikel 182 i 1990 års lag upphör att ha allmän giltighet. Bestämmelserna i fråga åsyftar nämligen ett förbud mot utnyttjande av all insiderinformation vid transaktioner med värdepapper eller finansiella instrument. 26 I tredje hand har den belgiska regeringen gjort gällande att om artikel 181 andra stycket, jämförd med artikel 182 i 1990 års lag, skall anses innebära ett undantag från en strängare bestämmelse än vad som föreskrivs i direktiv 89/592 är ett sådant undantag motiverat. I själva direktivet har nämligen hänsyn tagits till vissa specifika situationer och vissa kategorier av aktörer på finansmarknaderna för att dessa inte skall omfattas av direktivets bestämmelser, för att undvika att helt normala transaktioner förbjuds. Den belgiska regeringen har i det avseendet hänvisat till elfte och tolfte övervägandena i direktiv 89/592 samt till artikel 2.4 i direktivet. Enligt den belgiska regeringen skulle holdingbolagen inte kunna förvalta sina innehav om det inte fanns en sådan bestämmelse som artikel 181 andra stycket i 1990 års lag. Den nederländska regeringen delar den belgiska regeringens ståndpunkt i denna fråga. Båda regeringarna anser att holdingbolagen intar en särställning genom att de oundvikligen har tillgång till konfidentiell information på grund av sitt inflytande över dotterbolagen enligt lag eller på grund av faktiska förhållanden. Om all sådan information ansågs utgöra insiderinformation skulle det vara omöjligt för holdingbolagen att utöva sin verksamhet. 27 Kommissionen har gjort gällande att undantaget för holdingbolag medför att denna kategori av bolag inte bara undantas från förbudet mot att oavsiktligen utnyttja insiderinformation, utan också från förbudet mot att med full insikt i förhållandena utnyttja sådan information. Med andra ord medför undantaget för holdingbolag ett avsteg från såväl det strängare förbudet i 1990 års lag som själva förbudet i direktiv 89/592. Undantaget i artikel 181 andra stycket i 1990 års lag skiljer sig emellertid i juridiskt hänseende från den strängare definitionen av förbudet mot att utnyttja insiderinformation som infördes genom artikel 182 i 1990 års lag. Detta medför att denna nationella bestämmelse fortsätter att vara allmänt tillämplig i den mening som avses i artikel 6 i direktivet, trots undantaget för holdingbolag. 28 Inledningsvis påpekar domstolen att vid tillämpningen av artikel 177 i fördraget är domstolen inte behörig att avgöra om en nationell bestämmelse är förenlig med gemenskapsrätten eller att tolka nationella lagar eller andra författningar. Domstolen är dock behörig att tillhandahålla alla sådana uppgifter om gemenskapsrättens tolkning som gör det möjligt för den nationella domstolen att pröva en sådan fråga om förenlighet för att döma i det mål som anhängiggjorts vid den (se särskilt dom av den 30 april 1986 i de förenade målen 209/84-213/84, Asjes m.fl., REG 1986, s. 1425, punkt 12, svensk specialutgåva, volym 8, s. 549, och av den 25 juni 1997 i de förenade målen C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95, Tombesi m.fl., REG 1997, s. I-3561, punkt 36). 29 Enligt artikel 2.1 i direktiv 89/592 skall medlemsstaterna förbjuda var och en som genom sina åligganden, sin verksamhet eller sitt innehav av kapital i en emittent förfogar över insiderinformation att, med full insikt i förhållandena, dra nytta av denna information vid direkt eller indirekt förvärv eller avyttring för egen eller tredje mans räkning av överlåtbara värdepapper, utgivna av den eller de emittenter som informationen gäller. 30 Enligt artikel 6 i direktiv 89/592 får medlemsstaterna införa strängare bestämmelser än vad som föreskrivs i direktivet, förutsatt att sådana bestämmelser är allmänt tillämpliga. 31 Den belgiska regeringen har medgett att den nationella lagstiftaren använt sig av möjligheten att införa strängare bestämmelser vad gäller förbudet i artikel 2.1 i direktiv 89/592, genom att ta bort villkoret om att "med full insikt i förhållandena dra nytta av" insiderinformation. Artikel 182.1 i 1990 års lag förbjuder nämligen de personer som artikeln avser, och som förfogar över information som de inser eller borde inse är insiderinformation, att förvärva eller avyttra överlåtbara värdepapper vars pris skulle kunna påverkas väsentligt av sådan information. 32 Lagstiftaren har för övrigt infört ytterligare preciseringar i definitionen av insiderinformation i artikel 181 i 1990 års lag jämfört med definitionen av insiderinformation i artikel 1 i direktiv 89/592. Sistnämnda artikel avser icke offentliggjord information av specifik natur, som hänför sig till en eller flera emittenter av överlåtbara värdepapper eller till ett eller flera överlåtbara värdepapper och som, om den offentliggjordes, skulle kunna förväntas ha en "väsentlig inverkan på priset för det eller de ifrågavarande överlåtbara värdepapperen". De ytterligare preciseringarna i artikel 181 i 1990 års lag avser emellertid endast information som en viss kategori av aktörer på finansmarknaderna har tillgång till, nämligen holdingbolag. De avser inte allmänt sådan information som kan ha en inverkan på priset för överlåtbara värdepapper eller andra finansiella instrument, oavsett vilken ställning eller befattning som den fysiska eller juridiska person som har tillgång till informationen har. 33 En sådan bestämmelse kan följaktligen innebära att det införs specialregler för en kategori aktörer på finansmarknaderna. Det skulle strida mot artikel 6 i direktiv 89/592, såvida inte preciseringarna enbart förtydligar den generella definitionen av insiderinformation vad gäller denna kategori av aktörer utan att på något sätt ändra definitionens omfattning. 34 Det ankommer på den nationella domstolen att fastställa huruvida de preciseringar som lagstiftaren infört i artikel 181 i 1990 års lag om insiderinformation som holdingbolag har tillgång till, jämförda med samtliga nationella bestämmelser som reglerar tillämpningen av dessa preciseringar, medför att definitionen av den information som anses utgöra insiderinformation begränsas vad gäller holdingbolag jämfört med vad som anses utgöra insiderinformation enligt den generella definitionen av insiderinformation i samma bestämmelse. Den nationella domstolen kan på så sätt fastställa huruvida holdingbolag och de personer som har tillgång till holdingbolagens information omfattas av förmånligare regler än övriga aktörer på finansmarknaderna såvitt avser förbudet mot att utnyttja insiderinformation enligt definitionen i direktiv 89/592, och i synnerhet såvitt avser de bestämmelser som införts genom 1990 års lag, vilka är strängare än de bestämmelser som föreskrivs i direktivet. 35 De två första frågorna skall följaktligen besvaras så att artikel 6 i direktiv 89/592 inte utgör något hinder för att tillämpa bestämmelser i en medlemsstats lagstiftning som är strängare än vad som föreskrivs i detta direktiv i fråga om förbud mot att utnyttja insiderinformation, förutsatt att räckvidden av definitionen av insiderinformation för tillämpning av denna lagstiftning är densamma för samtliga fysiska eller juridiska personer som omfattas av lagstiftningen. Den tredje frågan 36 För det fall de nationella bestämmelser som är strängare än vad som föreskrivs i direktiv 89/592 är oförenliga med artikel 6 i direktivet, på grund av att de inte är allmänt tillämpliga, vill den nationella domstolen få klarhet i huruvida de strängare bestämmelserna inte skall anses ingå i den nationella lagstiftningen eller huruvida de skall tillämpas på samtliga aktörer på finansmarknaderna, inbegripet dem som undantas därifrån enligt den nationella lagstiftning som anses oförenlig. 37 Domstolen konstaterar i det avseendet endast att om de bestämmelser i en medlemsstats lagstiftning som är strängare än vad som föreskrivs i direktiv 89/592 är oförenliga med artikel 6 i direktivet, strider de mot gemenskapsrätten och kan därför inte tillämpas på någon aktör på finansmarknaderna. 38 Den tredje frågan skall därför besvaras så, att för det fall nationella bestämmelser strider mot artikel 6 i direktiv 89/592 på grund av att vissa fysiska eller juridiska personer särskilt undgår ett förbud mot att utnyttja insiderinformation som är strängare än det som föreskrivs i direktivet, skall den nationella domstolen inte tillämpa de strängare bestämmelserna på någon av de personer som de skulle kunna tillämpas på. Beslut om rättegångskostnader Rättegångskostnader 39 De kostnader som har förorsakats den belgiska, den nederländska och den portugisiska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. Domslut På dessa grunder beslutar DOMSTOLEN (sjätte avdelningen) - angående de frågor som genom beslut av den 27 januari 1999 har ställts av Rechtbank van eerste aanleg te Gent - följande dom: 1) Artikel 6 i rådets direktiv 89/592/EEG av den 13 november 1989 om samordning av föreskrifter om insiderhandel utgör inte något hinder för att tillämpa bestämmelser i en medlemsstats lagstiftning som är strängare än vad som föreskrivs i detta direktiv i fråga om förbud mot att utnyttja insiderinformation, förutsatt att räckvidden av definitionen av insiderinformation för tillämpning av denna lagstiftning är densamma för samtliga fysiska eller juridiska personer som omfattas av lagstiftningen. 2) För det fall nationella bestämmelser strider mot artikel 6 i direktiv 89/592 på grund av att vissa fysiska eller juridiska personer särskilt undgår ett förbud mot att utnyttja insiderinformation som är strängare än det som föreskrivs i direktivet, skall den nationella domstolen inte tillämpa de strängare bestämmelserna på någon av de personer som de skulle kunna tillämpas på.

62018CJ0708

et

Eelotsusetaotlus käsitleb seda, kuidas tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ( EÜT 1995, L 281, lk 31 ; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355) artikli 6 lõike 1 punkti e ja artikli 7 punkti f, samuti Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikleid 8 ja 52. Taotlus on esitatud kohtuvaidluses TK ja Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA (kortermaja M5A Scara A korteriühistu, Rumeenia; edaspidi „korteriühistu“) vahel TK nõude üle, kohustada korteriühistut desaktiveerima kortermaja videovalvesüsteemi ja eemaldama selle ühiskasutuses olevatesse ruumidesse paigaldatud kaamerad. Õiguslik raamistik Liidu õigus Direktiiv 95/46 tunnistati kehtetuks ja asendati alates 25. maist 2018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ( ELT 2016, L 119, lk 1 ). Põhikohtuasja asjaolude asetleidmise kuupäeva arvestades tuleb põhikohtuasja suhtes siiski kohaldada selle direktiivi sätteid. Direktiivi 95/46 artikli 1 kohaselt oli selle direktiivi eesmärk kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi ning eelkõige nende õigust eraelu puutumatusele ning kõrvaldada takistused selliste andmete liikumisel. Direktiivi artikli 3 lõikes 1 oli ette nähtud: „Käesolevat direktiivi kohaldatakse isikuandmete täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlemise suhtes ja isikuandmete automatiseerimata töötlemise suhtes, kui kõnealused isikuandmed kuuluvad kataloogi või kui nad kavatsetakse hiljem sellesse kanda.“ Direktiivi II peatükis oli I jagu „Põhimõtted andmete kvaliteedi kohta“, mis koosnes selle direktiivi artiklist 6, milles oli sätestatud: „1.   Liikmesriigid sätestavad selle, et a) isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult; b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ega töödelda hiljem viisil, mis on vastuolus kõnealuste eesmärkidega. Täiendavat töötlemist ajaloo, statistika või teadusega seotud eesmärkidel ei peeta vastuolus olevaks tingimusel, et liikmesriigid kannavad hoolt vajalike tagatiste eest; c) isikuandmed on piisavad, asjakohased ega ületa selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse; d) andmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud; võetakse kõik mõistlikud meetmed, et kustutada või parandada andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged või mittetäielikud andmed; e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte identifitseerida ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärkidega. Liikmesriigid kehtestavad vajalikud tagatised nende isikuandmete jaoks, mida säilitatakse pikema aja jooksul, et neid kasutada seoses ajaloo, statistika või teadusega. 2.   Lõike 1 järgimise tagab vastutav töötleja.“ Direktiivi 95/46 II peatüki II jaos „Andmetöötluse seaduslikkuse kriteeriumid“ oli artikkel 7 sõnastatud järgmiselt: „Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmeid võib töödelda ainult juhul, kui: a) andmesubjekt on selleks andnud oma ühemõttelise nõusoleku või b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osapool andmesubjekt on, või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele või c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks või d) töötlemine on vajalik andmesubjekti eluliste huvide kaitsmiseks või e) töötlemine on vajalik üldiste huvidega seotud ülesande täitmiseks või sellise avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks [vastutavale] töötlejale või andmeid saavale kolmandale isikule või f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või andmeid saava kolmanda isiku või kolmandate isikute õigustatud huvide elluviimiseks, kui selliseid huve ei kaalu üles artikli 1 lõike 1 kohaselt kaitstavate andmesubjekti põhiõiguste ja –vabadustega seotud huvid.“ Rumeenia õigus Seadusega nr 677/2001 isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (Legea nr 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date) ( Monitorul Oficial , I osa, nr 790, 12.12.2001), mida on muudetud seadusega nr 102/2005 ja valitsuse erakorralise määrusega nr 36/2007 – mis on ratione temporis kohaldatav põhikohtuasjale –, võeti direktiiv 95/46 Rumeenia õigusesse üle. Selle seaduse artiklis 5 oli sätestatud: „1.   Isikuandmeid võib mis tahes viisil töödelda ainult siis, kui andmesubjekt on selleks andnud otsesõnu ühemõttelise nõusoleku, välja arvatud juhul, kui see puudutab artikli 7 lõikes 1 ning artiklites 8 ja 10 nimetatud kategooriatesse kuuluvaid andmeid. 2.   Andmesubjekti nõusolek ei ole nõutav järgmistel juhtudel: a) kui töötlemine on vajalik sellise lepingu või eellepingu täitmiseks, mille pool andmesubjekt on, või lepingu või eellepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele; b) kui töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu ohtu sattunud isiku elu, füüsilise puutumatuse või tervise kaitseks; c) kui töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks; d) kui töötlemine on vajalik üldiste huvidega seotud ülesande täitmiseks või sellise avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks vastutavale töötlejale või andmeid saavale kolmandale isikule; e) kui töötlemine on vajalik vastutava töötleja või andmeid saava kolmanda isiku õigustatud huvi elluviimiseks, tingimusel et see huvi ei kahjusta andmesubjekti huve või põhiõigusi ja -vabadusi; f) kui töötlemine puudutab seaduse alusel üldsusele kättesaadavatest dokumentidest saadud andmeid; g) kui töötlemine toimub üksnes statistilisel eesmärgil, ajaloo- või teadusuuringute jaoks, ning andmed jäävad anonüümseks. 3.   Lõike 2 sätted ei piira nende õigusnormide kohaldamist, mis käsitlevad ametiasutuste kohustust järgida ja kaitsta intiimsfääri, perekonna- ja eraelu.“ Autoritate Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personali (riiklik isikuandmete töötlemise järelevalveasutus, Rumeenia; edaspidi „ANSPDCP“) otsuse nr 52/2012, mis käsitleb isikuandmete töötlemist videovalvesüsteemide kasutamisel – põhikohtuasjas kohaldatavas redaktsioonis –, artiklis 1 oli ette nähtud: „Isikuandmete töötlemisega, mis kuulub [seaduse nr 677/2001] kohaldamisalasse, on tegemist järgmistel juhtudel: videovalve seadmete abil videokujutiste kogumine, salvestamine, säilitamine, kasutamine, edastamine, avaldamine või muu töötlemistoiming, mis võimaldab otseselt või kaudselt tuvastada füüsilisi isikuid.“ Otsuse artiklis 4 oli sätestatud: „Videovalvet võib teostada peamiselt järgmistel eesmärkidel: a) kuritegude ennetamine ja nendega võitlemine; b) liiklusjärelevalve ja liiklusreeglite rikkumise tuvastamine; c) inimeste, vara ja varaliste väärtuste, üldkasutatavate hoonete ja rajatiste ning nende piirdeaedade turvalisus ja kaitse; d) avalikes huvides meetmete rakendamine või avaliku võimu volituste teostamine; e) õiguspäraste huvide teostamine, kui sellega ei kahjustata andmesubjektide põhiõigusi ja -vabadusi.“ Otsuse artikli 5 lõigetes 1–3 oli ette nähtud: „1.   Videovalvet võib teostada avalikes või üldkasutatavates kohtades ja ruumides, sealhulgas avalikel juurdepääsuteedel avalik-õiguslikule või eravaldusele seaduses sätestatud tingimustel. 2.   Turvakaamerad on paigaldatud nähtavatesse kohtadesse. 3.   Varjatud videovalve seadmete kasutamine on keelatud, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.“ Otsuse artiklis 6 oli ette nähtud: „Videovalvesüsteemide abil isikuandmete töötlemine toimub andmesubjekti sõnaselge ja ühemõttelise nõusoleku alusel või seaduse nr 677/2001 artikli 5 lõikes 2 sätestatud juhtudel […]“. Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused TK elab kortermajas M5A asuvas korteris, mille omanik ta on. Selle kortermaja mõne kaasomaniku taotlusel võttis korteriühistu 7. aprillil 2016 toimunud üldkoosolekul vastu otsuse, millega kiideti heaks majja turvakaamerate paigaldamine. Otsuse täitmiseks paigaldati kortermaja M5A ühiskasutatavatesse osadesse kolm turvakaamerat. Esimene kaamera oli suunatud maja fassaadi poole, teine ja kolmas olid paigaldatud vastavalt esimese korruse fuajeesse ja lifti. TK vaidles videovalvesüsteemi paigaldamisele vastu põhjendusel, et sellega rikutakse õigust eraelu puutumatusele. Pärast seda kui TK oli korduvalt korteriühistu poole pöördunud ja korteriühistu tunnistas kirjalikult, et paigaldatud videovalvesüsteem on õigusvastane, toimis see süsteem endiselt; seetõttu esitas TK eelotsusetaotluse esitanud kohtule hagi, et kohustada korteriühistut tsiviilsanktsioonina rahatrahvi hoiatusel neid kolme kaamerat eemaldama ja need lõplikult desaktiveerima. TK väitis kohtus, et see videovalvesüsteem rikub liidu esmast ja teisest õigust, eelkõige õigust eraelu puutumatusele, samuti riigisisese õiguse sätteid eraelu puutumatuse õiguse kohta. Lisaks märkis ta, et korteriühistu oli võtnud endale isikuandmete vastutava töötleja ülesanded, ilma et ta oleks järginud seaduses selleks ette nähtud registreerimiskorda. Korteriühistu märkis, et otsus paigaldada videovalvesüsteem võeti vastu kontrollimaks võimalikult tõhusalt seda, kes hoonesse siseneb ja hoonest väljub; nimelt on lift korduvalt langenud vandalismi ohvriks ja mitmest korterist samuti ühiskasutuses olevatest maja osadest on varastatud või neisse on sisse murtud. Ta täpsustas veel, et muud meetmed, mida ta oli varem võtnud, nimelt sisetelefoni ja magnetkaardiga hoonesse sisenemise süsteemi paigaldamine, ei hoidnud ära korduvaid sama laadi rikkumisi. Korteriühistu saatis TK‑le ka protokolli, mille ta oli koostanud videovalvesüsteemi jaoks kaameraid paigaldanud äriühinguga, märkides, et 21. oktoobril 2016 ühendati lahti süsteemi kõvaketas ja kustutati sellel leiduv, samuti, et süsteem desaktiveeriti ja salvestatud videokujutised kustutati. Samuti edastas ta TK‑le teise protokolli 18. maist 2017, millest nähtub, et kolm turvakaamerat desinstalleeriti. Protokollis oli täpsustatud, et korteriühistu on vahepeal läbinud menetluse, mis võimaldas tal end registreerida isikuandmete vastutava töötlejana. TK märkis eelotsusetaotluse esitanud kohtus siiski, et kolm turvakaamerat olid jätkuvalt alles. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et seaduse nr 677/2001 artiklis 5 on ette nähtud üldreegel, mille kohaselt võib isikuandmeid töödelda – näiteks salvestades videokujutisi videovalvesüsteemi abil – üksnes siis, kui andmesubjekt on selleks andnud otsesõnu ühemõttelise nõusoleku. Artikli lõikes 2 on siiski sätestatud rida erandeid sellest reeglist, mille hulka kuulub see, kui isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu ohtu sattunud isiku elu, füüsilise puutumatuse või tervise kaitseks. ANSPDCP otsuses nr 52/2012 on ette nähtud sarnane erand. Seejärel viitab eelotsusetaotluse esitanud kohus harta artikli 52 lõikele 1, milles on sätestatud põhimõte, et kodanike õiguste ja vabaduste riivamise eesmärgi ning selleks kasutatud vahendite vahel peab esinema proportsionaalne seos. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul ei ilmne siiski, et videovalvesüsteemi oleks kasutatud niisugusel viisil või sellise otstarbega, mis ei vasta korteriühistu väidetule, milleks on kaitsta puudutatud isikute elu, füüsilist puutumatust ja tervist, s.t selle kortermaja kaasomanikke, kuhu videovalvesüsteem oli paigaldatud. Neil asjaoludel otsustas Tribunalul Bucureşti (Bukaresti esimese astme kohus, Rumeenia) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: „1. Kas [põhiõiguste harta] artikleid 8 ja 52 ning direktiivi 95/46 […] artikli 7 punkti f tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, nimelt seaduse nr 677/2001 artikli 5 lõige 2 ja ANSPDCP […] otsuse nr 52/2012 artikkel 6, milles on ette nähtud võimalus kasutada videovalvet inimeste, vara ja varaliste väärtuste turvalisuse ja kaitse tagamiseks ning õigustatud huvide elluviimiseks ilma asjaomase isiku nõusolekuta? 2. Kas […] põhiõiguste harta artikleid 8 ja 52 tuleb tõlgendada nii, et videovalvega õiguste ja vabaduste piiramine järgib proportsionaalsuse põhimõtet, on vajalik ning vastab üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või vajadusele kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi, kui vastutav töötleja saab võtta kõnealuse õigustatud huvi kaitsmiseks muid meetmeid? 3. Kas direktiivi 95/46 […] artikli 7 punkti f tuleb tõlgendada nii, et vastutava töötleja „õigustatud huvi“ peab töötlemise hetkel olema tõendatav, olemasolev ja tegelik? 4. Kas direktiivi 95/46 […] artikli 6 lõike 1 punkti e tuleb tõlgendada nii, et andmete töötlemine (videovalve) on ülemäärane või sobimatu siis, kui vastutav töötleja saab võtta kõnealuse õigustatud huvi kaitsmiseks muid meetmeid?“ Eelotsuse küsimuste analüüs Kõigepealt tuleb esiteks märkida, et kuigi eelotsusetaotluse esitanud kohus viitab oma neljandas küsimuses direktiivi 95/46 artikli 6 lõike 1 punktile e, ei ole ta selgitanud, miks on see säte põhikohtuasjas käsitletava vaidluse lahendamiseks asjakohane. Viidatud sättes on käsitletud üksnes nõudeid, millele isikuandmete säilitamine peab vastama. Euroopa Kohtu käsutuses olevas toimikus puuduvad aga asjaolud, mis võimaldaks asuda seisukohale, et põhikohtuasjas käsitletakse seda aspekti. Kuivõrd selle küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus hoopis sisuliselt teada, kas sellise videovalvesüsteemi paigaldamine, nagu on kõne all põhikohtuasjas, on proportsionaalne taotletud eesmärkidega, tuleb tõdeda, et küsimus, kas selle süsteemiga kogutud isikuandmed vastavad proportsionaalsuse nõudele, on seotud direktiivi 95/46 artikli 6 lõike 1 punkti c tõlgendamisega. Viimati nimetatud sätet tuleb aga arvesse võtta siis, kui kontrollida direktiivi 95/46 artikli 7 punktis f sätestatud teist kohaldamistingimust, mille kohaselt peab isikuandmete töötlemine olema „vajalik“ taotletava õigustatud huvi elluviimiseks. Teiseks olgu sedastatud, et eelotsusetaotluse esitanud kohus osutab oma esimeses ja teises küsimuses harta artiklitele 8 ja 52 – kas eraldivõetuna või koostoimes direktiivi 95/46 artikli 7 punktiga f. Euroopa Kohus on aga juba täpsustanud, et selles sättes ette nähtud tingimuse hindamisel, mis käsitleb kaitstava andmesubjekti põhiõiguste ja -vabaduste olemasolu ja mis võiks kaaluda üles andmete vastutava töötleja või andmeid saava kolmanda isiku või kolmandate isikute õigustatud huvi, on vajalik kõnealuste vastanduvate õiguste ja huvide kaalumine, mis sõltub põhimõtteliselt asjaomase üksikjuhtumi konkreetsetest asjaoludest ning mille raames peab võtma arvesse harta artiklitest 7 ja 8 tulenevate andmesubjekti õiguste olulisust (24. novembri 2011. aasta kohtuotsus Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C‑468/10 ja C‑469/10 , EU:C:2011:777 , punkt ). Selle alusel tuleb teha järeldus, et artikleid 8 ja 52 ei saa käesoleval juhul kohaldada eraldiseisvatena. Eeltoodu alusel tuleb asuda seisukohale, et oma küsimustega, mida tuleb analüüsida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 95/46 artikli 6 lõike 1 punkti c ja artikli 7 punkti f koostoimes harta artiklitega 7 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad sellise videovalvesüsteemi paigaldamist nagu põhikohtuasjas kõne all olev süsteem, mis on andmesubjektide nõusolekuta installeeritud elumajana kasutatava kortermaja ühiskasutuses olevatesse ruumidesse, et viia ellu inimeste ja vara turvalisuse ja kaitse tagamise õigustatud huvi. Olgu sedastatud, et videovalve, mis seisneb isikutest pidevsalvestusseadmesse ehk kõvakettale videosalvestuse tegemises, on vastavalt direktiivi 95/46 artikli 3 lõikele 1 isikuandmete automatiseeritud töötlemine (11. detsembri 2014. aasta kohtuotsus Ryneš, C‑212/13 , EU:C:2014:2428 , punkt ). Seega tuleb kaameraga videovalvesüsteemi käsitada isikuandmete automatiseeritud töötlemisena kõnealuse sätte tähenduses, kui paigaldatud seade võimaldab salvestada ja säilitada niisuguseid isikuandmeid nagu füüsiliste isikute tuvastamist võimaldavaid videokujutisi. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab kontrollima, kas põhikohtuasjas kõne all oleval süsteemil on sellised tunnused. Peale selle tuleb isikuandmete töötlemisel ühelt poolt järgida põhimõtteid andmete kvaliteedi kohta, mis on sätestatud direktiivi 95/46 artiklis 6, ning teiselt poolt peab töötlemine vastama ühele direktiivi artiklis 7 loetletud andmetöötluse seaduslikkuse kriteeriumidest (13. mai 2014. aasta kohtuotsus Google Spain ja Google, C‑131/12 , EU:C:2014:317 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Direktiivi 95/46 artiklis 7 on ette nähtud ammendav ja piirav loetelu juhtudest, millal isikuandmete töötlemist võib pidada seaduslikuks. Liikmesriigid ei saa selles artiklis nimetatutele lisada uusi isikuandmete töötlemise seaduslikkuse kriteeriume ega kehtestada täiendavaid nõudeid, mis muudavad selles artiklis sätestatud kuuest kriteeriumist ühegi ulatust (19. oktoobri 2016. aasta kohtuotsus Breyer, C‑582/14 , EU:C:2016:779 , punkt ). Sellest tuleneb, et selleks, et isikuandmete töötlemine oleks seaduslik, peab see kuuluma direktiivi 95/46 artiklis 7 ette nähtud kuuest olukorrast ühe olukorra alla. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimused käsitlevad eelkõige direktiivi 95/46 artikli 7 punktis f ette nähtud andmetöötluse seaduslikkuse põhimõtet; nimetatud säte võeti Rumeenia õiguskorda üle seaduse nr 677/2001 artikli 5 lõike 2 punktiga e, millele viitab ka ANSPDCP otsuse nr 52/2012 artikkel 6 osas, mis käsitleb konkreetselt isikuandmete töötlemist videovalvesüsteemide kasutamisel. Direktiivi 95/46 artikli 7 punktis f on ette nähtud kolm kumulatiivset tingimust, mille täitmisel on isikuandmete töötlemine lubatud: esiteks, kui vastutaval töötlejal või andmeid saaval kolmandal isikul või kolmandatel isikutel on õigustatud huvi, teiseks, kui isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi teostamiseks ja kolmandaks tingimusel, et selliseid huve ei kaalu üles kaitstava andmesubjekti põhiõigused ja -vabadused (4. mai 2017. aasta kohtuotsus Rīgas satiksme, C‑13/16 , EU:C:2017:336 , punkt ). Tuleb rõhutada, et direktiivi 95/46 artikli 7 punkti f kohaselt ei ole andmesubjekti nõusolek nõutav. Niisugust nõusolekut on samas nimetatud isikuandmete töötlemise tingimusena ainult direktiivi artikli 7 punktis a. Käesoleval juhul võib eesmärki, mida taotleb andmete vastutav töötleja, kui ta paigaldab sellise videovalvesüsteemi, nagu on kõne all põhikohtuasjas – s.t eesmärki kaitsta kortermaja kaasomanike vara, tervist ja elu –, pidada „õigustatud huviks“ direktiivi 95/46 artikli 7 punkti f tähenduses. Seega tundub, et selles sättes ette nähtud esimene tingimus on põhimõtteliselt täidetud (vt analoogia alusel 11. detsembri 2014. aasta kohtuotsus Ryneš, C‑212/13 , EU:C:2014:2428 , punkt ). Eelotsusetaotluse esitanud kohus tõstatab siiski küsimuse, kas artikli 7 punktis f ette nähtud tingimustest esimesena nimetatut tuleb mõista nii, et vastutava töötleja taotletud huvi peab olema töötlemise hetkel esiteks „tõendatav“ ja teiseks „olemasolev ja tegelik“. Sellega seoses tuleb märkida – nagu väitsid ka Rumeenia ja Tšehhi valitsus, Iirimaa, Austria valitsus, Portugali valitsus ja komisjon –, et kuna vastavalt direktiivi 95/46 artikli 7 punktile f peab isikuandmete töötlemise eest vastutaval isikul või isikuandmeid saaval kolmandal isikul olema õigustatud huvi, mis töötlemist õigustab, peab see huvi olema töötlemise kuupäeval olemas ja tegelik ega tohi sel kuupäeval olla hüpoteetiline. Samas ei saa käesoleva juhtumi kõigi asjaolude hindamisel tingimata nõuda, et vara ja isikute turvalisust oleks juba varem kahjustatud. Antud juhul – niisuguses olukorras nagu on kõne all põhikohtuasjas – näib, et tingimus, mille kohaselt huvi peab olema olemas ja tegelik, on täidetud, sest eelotsusetaotluse esitanud kohus märkis, et enne videovalvesüsteemi paigaldamist toimusid vargused, sissemurdmised ja vandalismiaktid hoolimata sellest, et kortermaja sissepääsu juurde paigaldati sisetelefoni ja magnetkaardiga turvasüsteem. Direktiivi 95/46 artikli 7 punktis f ette nähtud teise tingimuse kohta, mis puudutab vajadust töödelda isikuandmeid taotletava õigustatud huvi elluviimiseks, on Euroopa Kohus märkinud, et isikuandmete kaitse erandite ja piirangute puhul tuleb piirduda tingimata vajalikuga (4. mai 2017. aasta kohtuotsus Rīgas satiksme, C‑13/16 , EU:C:2017:336 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). See tingimus kohustab eelotsusetaotluse esitanud kohut kontrollima, kas põhikohtuasjas kõne all oleva videovalve kaudu toimunud andmete töötlemise vastu esinev õigustatud huvi, mis seisneb sisuliselt vara ja isikute turvalisuse tagamises ja rikkumiste ärahoidmises, on võimalik mõistlikult ja sama tõhusalt ellu viia ka muude vahenditega, mis riivaksid vähem andmesubjektide põhivabadusi ja -õigusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, mis on tagatud harta artiklitega 7 ja 8. Lisaks, nagu väitis ka komisjon, tuleb töötlemise vajalikkuse tingimust hinnata koostoimes „võimalikult väheste andmete kogumise“ põhimõttega, mis väljendub direktiivi 95/46 artikli 6 lõike 1 punktis c ja mille kohaselt peavad isikuandmed olema „piisavad, asjakohased ega [või] ületa[da] selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja mille tarvis neid töödeldakse“. Euroopa Kohtu käsutuses olevast toimikust nähtub, et põhikohtuasjas kõne all olevate andmete töötlemise proportsionaalsusega seotud nõuded tunduvad olevat arvesse võetud. Vaidlust ei ole selles, et kõigepealt kasutati alternatiivseid meetmeid, mis seisnesid hoone sissepääsu juurde paigaldatud sisetelefoni ja magnetkaardiga turvasüsteemis, kuid need osutusid ebapiisavaks. Peale selle on kõne all oleva turvakaamera paigaldamisel piirdutud selle paigutamisega üksnes kortermaja ühiskasutuses olevatesse osadesse ja selle ligipääsuteede juurde. Siiski tuleb turvakaamera abil andmete töötlemise proportsionaalsust hinnata, võttes arvesse selle seadme paigaldamise ja toimimise konkreetseid üksikasju, mille mõju andmesubjektide õigustele ja vabadustele tuleb piirata, tagades samas kõnealuse videovalvesüsteemi tõhususe. Nagu väidab komisjon, tähendab töötlemise vajalikkuse tingimus niisiis, et vastutav töötleja peab näiteks hindama, kas piisab sellest, kui videovalve töötab üksnes öösel või väljaspool tavalist tööaega ning kui blokeerida või muuta ähmaseks videokujutised neis kohtades, kus videovalvet ei ole vaja. Direktiivi 95/46 artikli 7 punktis f ette nähtud kolmanda tingimusega seoses, mis käsitleb kaitstava andmesubjekti põhiõiguste ja -vabaduste olemasolu – mis võiks kaaluda üles andmete vastutava töötleja või andmeid saava kolmanda isiku või kolmandate isikute õigustatud huvi – tuleb silmas pidada, nagu on juba märgitud käesoleva kohtuotsuse punktis 32, et selle tingimuse hindamisel on vajalik kõnealuste vastanduvate õiguste ja huvide kaalumine, mis sõltub põhimõtteliselt asjaomase üksikjuhtumi konkreetsetest asjaoludest ning mille raames peab võtma arvesse harta artiklitest 7 ja 8 tulenevate andmesubjekti õiguste olulisust. Antud kontekstis on Euroopa Kohus juba sedastanud, et direktiivi 95/46 artikli 7 punktiga f on vastuolus, kui liikmesriik välistab kategooriliselt ja üldiselt teatud isikuandmete kategooriate töötlemise, ilma et oleks lubatud kaaluda konkreetsel juhtumil vastanduvaid õigusi ja huve. Liikmesriik ei saa seega nende kategooriate puhul lõplikult ette näha vastanduvate õiguste ja huvide kaalumise tulemust, ilma et oleks lubatud konkreetse juhtumi erilistest asjaoludest lähtuv erinev tulemus (19. oktoobri 2016. aasta kohtuotsus Breyer, C‑582/14 , EU:C:2016:779 , punkt ). Samuti nähtub Euroopa Kohtu praktikast, et kaalumisel on võimalik arvestada seda, et nimetatud töötlemisega andmesubjekti põhiõigustele kaasneva riive raskus võib sõltuda sellest, kas asjaomaste andmetega on võimalik tutvuda avalikkusele kättesaadavates allikates (vt selle kohta 4. mai 2017. aasta kohtuotsus Rīgas satiksme, C‑13/16 , EU:C:2017:336 , punkt ). Erinevalt üldsusele kättesaadavatest allikatest pärit andmete töötlemisest tähendab üldsusele mittekättesaadavatest allikatest pärit töötlemine, et vastutav töötleja ja teatud juhul ka andmeid saav kolmas isik või kolmandad isikud saavad teavet ka andmesubjekti eraelu kohta. Seda harta artiklites 7 ja 8 sätestatud andmesubjekti õiguste raskemat riivet tuleb võtta arvesse ja kaaluda vastutava töötleja või andmeid saava kolmanda isiku või kolmandate isikute õigustatud huviga (vt selle kohta 24. novembri 2011. aasta kohtuotsus Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C‑468/10 ja C‑469/10 , EU:C:2011:777 , punkt ). Andmesubjekti õiguste ja vabaduste riive raskuse kriteerium on üksikjuhtumil läbiviidava kaalumise või tasakaalustamise – mida nõuab direktiivi 95/46 artikli 7 punkt f – oluline osis. Sellega seoses tuleb eelkõige arvesse võtta kõnealuste isikuandmete laadi, eelkõige andmete võimalikku tundlikkust, samuti kõnealuste andmete töötlemise laadi ja konkreetseid üksikasju, eelkõige nende isikute hulka, kellel on võimalik andmetega tutvuda ja nende andmetega tutvumise üksikasjalikku viisi. Samuti on kaalumisel asjakohane andmesubjekti mõistlik ootus, et tema isikuandmeid ei töödeldaks juhul, kui käesolevat olukorda arvesse võttes ei või see isik mõistlikult arvata, et tema andmeid seejärel töödeldakse. Viimaks tuleb neid elemente kaaluda sellega, kui tähtis on kõigi selle kortermaja kaasomanike jaoks õigustatud huvi kõnesoleva videovalvesüsteemi vastu, kuivõrd sellega soovitada sisuliselt kaitsta nende kaasomanike vara, tervist ja elu. Eeltoodu alusel tuleb esitatud küsimustele vastata, et direktiivi 95/46 artikli 6 lõike 1 punkti c ja artikli 7 punkti f koostoimes harta artiklitega 7 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad sellise videovalvesüsteemi paigaldamist nagu põhikohtuasjas kõne all olev süsteem, mis on andmesubjektide nõusolekuta installeeritud elumajana kasutatava kortermaja ühiskasutuses olevatesse ruumidesse, et viia ellu inimeste ja vara turvalisuse ja kaitse tagamise õigustatud huvi, kui kõnealuse videovalvesüsteemi vahendusel toimuv isikuandmete töötlemine vastab artikli 7 punktis f ette nähtud tingimustele – seda peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus. Kohtukulud Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta artikli 6 lõike 1 punkti c ja artikli 7 punkti f koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 7 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad sellise videovalvesüsteemi paigaldamist nagu põhikohtuasjas kõne all olev süsteem, mis on andmesubjektide nõusolekuta installeeritud elumajana kasutatava kortermaja ühiskasutuses olevatesse ruumidesse, et viia ellu inimeste ja vara turvalisuse ja kaitse tagamise õigustatud huvi, kui kõnealuse videovalvesüsteemi vahendusel toimuv isikuandmete töötlemine vastab artikli 7 punktis f ette nähtud tingimustele – seda peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: rumeenia.

61991CJ0225

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 6 de Setembro de 1991, a Matra SA (a seguir "Matra") pediu, ao abrigo do disposto no segundo parágrafo do artigo 173. do Tratado CEE, a anulação de uma decisão da Comissão, que lhe foi comunicada em 30 de Julho de 1991, de não levantar objecções relativamente a um projecto de auxílio da República Portuguesa a favor de uma empresa comum entre a Ford of Europe Inc. (a seguir "Ford") e a Volkswagen AG (a seguir "VW") para a construção de uma fábrica de veículos para fins múltiplos em Setúbal (Portugal). 2 Resulta dos autos que, em 26 de Março de 1991, a República Portuguesa notificou à Comissão, nos termos do disposto no artigo 93. , n. 3, do Tratado e no enquadramento comunitário dos auxílios estatais no sector dos veículos automóveis (JO 1989, C 123, p. 3), um projecto de auxílio a favor da empresa Newco, criada, em partes iguais, pela Ford e pela VW, para a instalação de uma fábrica de veículos para fins múltiplos em Setúbal, para o período compreendido entre 1991 e 1995. 3 O auxílio notificado é do montante de 97,44 mil milhões de escudos, para um custo total do investimento de 454 mil milhões de escudos, dos quais 297 mil milhões de escudos podem ser objecto de auxílio. O auxílio abrange uma subvenção regional de 89,1 mil milhões de escudos, paga no quadro do Sistema de Incentivos de Base Regional (a seguir "SIBR"), regime português de auxílios com finalidade regional, aprovado pela Comissão em 1988, e benefícios fiscais no montante de 8,34 mil milhões de escudos, a conceder a partir de 1997. Estão ainda previstos um programa de formação dos trabalhadores, organizado conjuntamente pelo Governo português e pela Newco, num montante de 36 mil milhões de escudos, financiado em 90% pelo Governo português, e certos investimentos em infra-estruturas, ao nível da construção de estradas, de abastecimento de água e electricidade e de tratamento de resíduos. 4 Na sequência da apresentação pela Matra, em 26 de Junho de 1991, de uma denúncia por infracção, pela República Portuguesa, ao disposto nos artigos 92. e seguintes do Tratado, e, pelas Ford e VW, ao disposto no artigo 85. do mesmo diploma, realizou-se entre a Comissão e a Matra uma reunião, sendo esta última ouvida e tendo a Comissão exposto as razões por que não tinha dado início ao procedimento previsto no n. 2 do artigo 93. do Tratado. 5 Em 16 de Julho de 1991, a Comissão informou o Governo português de que não tinha objecções a levantar ao projecto de auxílio notificado. 6 Em 30 de Julho de 1991, a Comissão comunicou à Matra, para informação, a decisão de 16 de Julho de 1991. 7 Por despacho de 4 de Dezembro de 1991, Matra/Comissão (C-225/91 R, Colect., p. I-5823), o presidente do Tribunal indeferiu o pedido da Matra destinado a obter a suspensão da execução da decisão que é objecto do presente recurso de anulação. 8 Por despachos de 8 de Abril de 1992, a República Portuguesa e as sociedades Ford of Europe Inc., Ford-Werke AG e Volkswagen AG foram admitidas como intervenientes no processo, em apoio dos pedidos da Comissão. 9 Para mais ampla exposição da matéria de facto relativa ao litígio, da tramitação processual, bem como dos fundamentos e argumentos das partes, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal. Quanto à admissibilidade 10 As intervenientes Ford-Werke AG e República Portuguesa contestam a admissibilidade do recurso, invocando que a Matra não pode sustentar ser directa e individualmente afectada pela decisão impugnada. A Comissão, pelo contrário, explicando embora que a Matra não é destinatária da decisão, não contesta que a recorrente seja directa e individualmente afectada. 11 A este respeito, há que recordar que, nos termos do artigo 37. , terceiro parágrafo, do Estatuto CEE do Tribunal de Justiça, os pedidos do requerimento de intervenção não podem ter outro objecto que não seja o de sustentar os pedidos de uma das partes em litígio. Por outro lado, nos termos do disposto no n. 4 do artigo 93. do Regulamento de Processo, o interveniente aceita o processo no estado em que este se encontra no momento da sua intervenção. 12 De onde se conclui que as intervenientes não têm legitimidade para suscitar a questão prévia da admissibilidade e que o Tribunal não é, portanto, obrigado a examinar os fundamentos invocados por estas (v. acórdão de 24 de Março de 1993, CIRFS e o./Comissão, C-313/90, Colect., p. I-1125). 13 Todavia, visto que se trata de pressuposto processual de interesse e ordem pública, deve ser examinada oficiosamente a admissibilidade do recurso nos termos do artigo 92. , n. 2, do Regulamento de Processo (v., nomeadamente, o acórdão de 11 de Julho de 1990, Neotype Techmashexport/Comissão e Conselho, C-305/86 e C-160/87, Colect., p. I-2945, e o acórdão CIRFS e o./Comissão, já referido). 14 Há que recordar a este propósito que resulta de uma jurisprudência constante que os particulares que não sejam destinatários de uma decisão só podem afirmar que esta lhes diz individualmente respeito, na acepção do artigo 173. , segundo parágrafo, se os afectar devido a certas qualidades que lhes são próprias ou a uma situação de facto que os caracteriza em relação a qualquer outra pessoa e assim os individualiza de maneira análoga à do destinatário (acórdão de 15 de Julho de 1963, Plaumann/Comissão, 25/62, Colect. 1962-1964, p. 279). 15 Para verificar se estas condições estão preenchidas no presente processo, há que recordar o objectivo dos procedimentos previstos, respectivamente, nos n.os 2 e 3 do artigo 93. do Tratado. 16 Como o Tribunal já decidiu (v., por último, o acórdão de 19 de Maio de 1993, Cook, C-198/91, Colect., p. I-2487), é preciso distinguir, por um lado, entre a fase preliminar de exame dos auxílios, instituída pelo n. 3 do artigo 93. do Tratado, que tem apenas por objectivo permitir à Comissão formar uma primeira opinião sobre a compatibilidade parcial ou total do auxílio em causa, e, por outro, a fase de exame do n. 2 do mesmo artigo do Tratado. É apenas no âmbito desta fase de exame, que se destina a permitir à Comissão ter uma informação completa sobre todos os dados do caso, que o Tratado prevê a obrigação, para a Comissão, de dar aos interessados a oportunidade de apresentarem as suas observações. 17 Quando, sem iniciar o procedimento do n. 2 do artigo 93. , a Comissão concluir, com base no n. 3 do mesmo artigo, que um auxílio é compatível com o mercado comum, os beneficiários dessas garantias processuais só podem conseguir que elas sejam respeitadas se tiverem a possibilidade de impugnar perante o Tribunal de Justiça aquela decisão da Comissão. 18 Os interessados, na acepção do n. 2 do artigo 93. do Tratado, foram definidos pelo Tribunal como sendo as pessoas, empresas ou associações eventualmente afectadas nos seus interesses pela concessão do auxílio, isto é, designadamente, as empresas concorrentes e as organizações profissionais (v., nomeadamente, o acórdão de 14 de Novembro de 1984, Intermills/Comissão, 323/82, Recueil, p. 3809, n. 16, e o acórdão Cook, já referido, n. 24). 19 No caso ora em apreço, não se pode negar que a Matra, na sua qualidade de principal produtor comunitário de veículos para fins múltiplos e de futuro concorrente da empresa Newco, é afectada nos seus interesses pela concessão do auxílio litigioso e que, por conseguinte, tem a qualidade de interessada, na acepção do n. 2 do artigo 93. do Tratado. 20 De onde se conclui que o recurso interposto pela Matra deve ser julgado admissível. Quanto ao mérito 21 Para alicerçar o seu recurso, a Matra invoca três fundamentos baseados, o primeiro, na apreciação manifestamente errada do auxílio em causa, o segundo, na violação das normas processuais, e, o terceiro, no desrespeito de certos princípios gerais de direito. Quanto ao fundamento baseado no manifesto erro de apreciação 22 A Matra avança, no quadro deste fundamento de anulação, três críticas à Comissão, a quem censura uma apreciação manifestamente errada do risco da criação de excessos de capacidade de produção e da debilidade regional e a qualificação manifestamente errada dos auxílios para infra-estruturas e formação. 23 Para examinar estas críticas, há, liminarmente, que recordar que, no quadro de um recurso para a fiscalização da legalidade, ao Tribunal incumbe apenas verificar se a decisão impugnada está ferida de uma das causas de ilegalidade que o artigo 173. do Tratado prevê, não podendo o Tribunal substituir a sua apreciação quanto aos factos, nomeadamente no plano económico, à efectuada pelo autor da decisão. 24 Há ainda que referir ser de jurisprudência constante que, para a aplicação do n. 3 do artigo 93. do Tratado, a Comissão goza de um amplo poder discricionário cujo exercício envolve apreciações de ordem económica e social que devem ser efectuadas num contexto comunitário (v., nomeadamente, o acórdão de 21 de Março de 1991, Itália/Comissão, C-303/88, Colect., p. I-1433, n. 34). 25 No quadro desta fiscalização da legalidade, o Tribunal deve, portanto, limitar-se a examinar se a Comissão não excedeu os limites inerentes ao seu poder de apreciação por uma descaracterização ou um erro manifesto de apreciação dos factos, ou por um desvio de poder ou de processo. 26 Relativamente à avaliação do risco da criação de excessos de capacidade de produção, deve, como salientou o advogado-geral (n.os 13 a 15 das conclusões), dar-se como assente que a Comissão procedeu a um exame ponderado e detalhado desta questão antes de concluir pela não existência desse risco. No quadro desse exame, fez referência, nomeadamente, a análises de mercado, realizadas por peritos independentes, que prevêem uma expansão considerável do mercado dos veículos para fins múltiplos até meados dos anos 90, e às evoluções previsíveis relativas à produção dos diferentes fabricantes interessados, para considerar que o auxílio em causa não deveria afectar, de modo substancial, a adequação da oferta à procura. 27 Relativamente à avaliação da debilidade regional, deve sublinhar-se que a Comissão procedeu igualmente a um exame e a uma avaliação dos diferentes factores constitutivos das desvantagens decorrentes de um investimento na região de Setúbal. Referiu, nomeadamente, o afastamento geográfico da zona de Setúbal em relação aos principais mercados e o relativo atraso económico desta região, factores que contribuem para um aumento dos custos de transporte, de armazenagem, de destacamento de pessoal e de infra-estruturas e concluiu que esta debilidade só era parcialmente compensada por custos inferiores no que respeita à mão-de-obra e à construção. Deve acrescentar-se que a intensidade do auxílio concedido fica largamente aquém dos limites autorizados no quadro do SIBR aprovado pela Comissão. 28 Nestas condições, os argumentos da Matra, apoiados nas análises da evolução do mercado e na avaliação da debilidade regional por ela feitas, não constituem prova de que a Comissão baseou a sua decisão numa apreciação manifestamente errada dos dados económicos. 29 Relativamente aos investimentos em infra-estruturas e ao programa de formação, deve sublinhar-se que a Comissão concluiu, na decisão impugnada, que essas infra-estruturas e essa formação não iam beneficiar exclusivamente a empresa comum, o que lhe permitiu concluir que a assistência financeira concedida pela República Portuguesa não devia ser qualificada como um auxílio estatal. 30 Portanto, há que considerar assente que a Matra também não conseguiu provar que, nessa análise e na qualificação da assistência financeira que dela deduziu, a Comissão procedeu a uma apreciação manifestamente errada dos dados económicos. 31 O primeiro fundamento deve, assim, ser julgado improcedente. Quanto ao fundamento baseado na violação das normas processuais 32 A Matra defende que, tendo em conta as sérias dificuldades de apreciação da compatibilidade do auxílio litigioso com o mercado comum, a Comissão tinha a obrigação de dar início ao procedimento previsto no n. 2 do artigo 93. do Tratado e que a Comissão não podia adoptar uma decisão enquanto aguardava pelo resultado do procedimento instaurado, nos termos do Regulamento n. 17 do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1962, Primeiro Regulamento de execução dos artigos 85. e 86. do Tratado (JO 1962, 13, p. 204; EE 08 F1 p. 22), a propósito do acordo celebrado entre a Ford e a VW. A Matra acrescenta que a Comissão não fundamentou suficientemente a decisão impugnada. 33 Relativamente à crítica sobre a não instauração do procedimento previsto no artigo 93. , n. 2, do Tratado, há que recordar que é jurisprudência constante (v., por último, o acórdão de 19 de Maio de 1993, Cook, já referido, n. 29) que este procedimento reveste um carácter indispensável sempre que a Comissão se depare com dificuldades sérias para apreciar se um auxílio é compatível com o mercado comum. Portanto, a Comissão só se pode limitar à fase preliminar do n. 3 do artigo 93. para adoptar uma decisão favorável a um auxílio, se tiver a convicção, no termo de um primeiro exame, de que esse auxílio é compatível com o Tratado. Pelo contrário, se esse primeiro exame tiver levado a Comissão à convicção oposta, ou não tiver permitido ultrapassar todas as dificuldades suscitadas pela apreciação da compatibilidade desse auxílio com o mercado comum, a Comissão tem o dever de obter todos os pareceres necessários e dar início, para o efeito, ao procedimento do n. 2 do artigo 93. 34 É, pois, conveniente verificar se, no caso em apreço, as apreciações em que a Comissão se baseou apresentavam dificuldades susceptíveis de justificar a instauração desse procedimento. 35 Como dificuldades sérias de apreciação com que a Comissão se teria deparado, a Matra refere a envergadura do projecto e o montante elevado do auxílio, o risco da criação de excessos de capacidade de produção e a necessidade de solicitar à República Portuguesa que introduzisse modificações no projecto inicial de auxílio. 36 A este propósito, é de salientar que a importância de um investimento ou de um auxílio não pode, por si só, ser constitutiva de dificuldades sérias, sob pena de se obrigar a Comissão a dar início ao procedimento do n. 2 do artigo 93. , de cada vez que o investimento ou o auxílio exceder certos montantes, que deveriam, aliás, ser especificados. De resto, o factor determinante não é tanto o montante do auxílio, mas o seu impacto no comércio intracomunitário. Finalmente, deve sublinhar-se que a intensidade do auxílio fica, amplamente, aquém dos limites autorizados pela Comissão no quadro do SIBR. 37 Relativamente à apreciação do risco da criação de excessos de capacidade de produção, o Tribunal já deu como assente, no n. 26 do presente acórdão, que a Comissão procedeu a uma análise económica desta questão, com base, nomeadamente, num estudo de peritos independentes, e que não ultrapassou os limites do seu poder de apreciação dos dados económicos. 38 Relativamente ao desenrolar do processo, a Comissão refere, com razão, que o Governo português se limitou a acrescentar ao projecto inicialmente notificado alguns esclarecimentos e complementos de informação que não podem ser considerados como modificações substanciais introduzidas para preencher condições impostas pela Comissão. A Matra não conseguiu, portanto, provar que, como sustenta, a utilização das infra-estruturas por terceiros e a abertura do programa de formação a outras empresas para além da Newco foram introduzidas a pedido da Comissão. Finalmente, há que dar como assente que a apresentação, pela República Portuguesa, de um relatório anual de avaliação visa unicamente permitir à Comissão examinar se esse Estado-membro respeitou as modalidades de concessão do auxílio e não pode, em consequência, ser considerada como provando a existência de dificuldades sérias de apreciação. 39 Nestas condições, há que considerar assente que a Comissão não cometeu qualquer ilegalidade quando entendeu não ter dificuldades sérias para apreciar a compatibilidade do auxílio com o mercado comum e que, em consequência, não estava obrigada a instaurar o procedimento do artigo 93. , n. 2, do Tratado. 40 A Matra critica ainda à Comissão ter decidido não levantar objecções aos auxílios litigiosos, sem aguardar pelo resultado do procedimento instaurado nos termos do Regulamento n. 17 a propósito do acordo celebrado entre a Ford e a VW, não tendo, assim, em conta a conexão existente entre os artigos 85. e 92. do Tratado. 41 A este respeito, há que recordar que, embora o processo previsto nos artigos 92. e 93. deixe uma ampla margem de apreciação à Comissão e, em certas condições, ao Conselho, para julgar da compatibilidade de um regime de auxílios de Estado com as exigências do mercado comum, resulta do sistema geral do Tratado que este processo não deve nunca atingir um resultado que seja contrário às disposições específicas do Tratado (acórdão de 21 de Maio de 1980, Comissão/Itália, 73/79, Recueil, p. 1533, n. 11). O Tribunal decidiu ainda que as modalidades de um auxílio que contrariem disposições particulares do Tratado diversas das dos artigos 92. e 93. podem estar tão indissoluvelmente ligadas ao objecto do auxílio que não seja possível apreciá-las isoladamente (acórdão de 22 de Março de 1977, Iannelli/Meroni, 74/76, Recueil, p. 557). 42 Esta obrigação que a Comissão tem de respeitar a coerência entre os artigos 92. e 93. e outras disposições do Tratado impõe-se muito em especial quando essas outras disposições têm também como objectivo, como no presente caso, garantir uma concorrência não falseada no mercado comum. 43 Efectivamente, ao adoptar uma decisão sobre a compatibilidade de um auxílio com o mercado comum, a Comissão não pode ignorar o risco de a concorrência no mercado comum ser afectada por determinados operadores económicos. 44 Mas é também certo que o procedimento ao abrigo dos artigos 85. e seguintes, por um lado, e o dos artigos 92. e seguintes, por outro, são independentes e regulados por normas específicas. 45 Em consequência, ao tomar uma decisão sobre a compatibilidade de um auxílio estatal com o mercado comum, a Comissão não está obrigada a aguardar o resultado do procedimento paralelo iniciado ao abrigo do Regulamento n. 17, já referido, adquirida que esteja a convicção, baseada na análise económica da situação e não ferida de qualquer erro manifesto de apreciação, de que o beneficiário do auxílio não se encontra em situação de infringir os artigos 85. e 86. do Tratado. 46 Ora, no caso em apreço, deve salientar-se que a Comissão respeitou a coerência entre esses dois procedimentos. Assim, na decisão impugnada, examinou em que medida podia a concorrência no mercado comum ser afectada. Na comunicação (91/C 182/07) feita nos termos do artigo 19. , n. 3, do Regulamento n. 17 (JO 1991, C 182, p. 8), publicada antes da adopção da decisão impugnada, a Comissão anunciou a sua intenção de tomar uma decisão favorável nos termos do artigo 85. , n. 3, do Tratado, relativamente aos acordos celebrados entre a Ford e a VW. Por último, na carta que acompanhava o envio à Matra da decisão impugnada, a Comissão também considerou que a cooperação em causa preenchia as condições necessárias para beneficiar da isenção prevista no artigo 85. , n. 3, do Tratado. 47 Nestas condições, é sem razão que a Matra critica à Comissão ter adoptado a decisão impugnada sem aguardar pelo resultado do procedimento de inquérito instaurado nos termos do disposto no Regulamento n. 17. 48 Finalmente, no que toca à alegação da falta de fundamentação da decisão impugnada, basta referir que da decisão de não instaurar o procedimento previsto no n. 2 do artigo 93. do Tratado, decisão esta tomada em prazos curtos, devem apenas constar as razões pelas quais a Comissão considera não estar perante dificuldades sérias de apreciação da compatibilidade do auxílio litigioso com o mercado comum. Convém acrescentar que a fundamentação da decisão impugnada deve ser apreciada no quadro do SIBR e dos critérios fixados pelo enquadramento comunitário dos auxílios estatais no sector dos veículos automóveis. 49 Tendo em conta as considerações que precedem, a decisão impugnada deve considerar-se suficientemente fundamentada. 50 Em consequência, o segundo fundamento deve igualmente ser julgado improcedente. Quanto ao fundamento baseado no desrespeito de certos princípios gerais de direito 51 No quadro deste fundamento, a Matra avança duas críticas à Comissão: o desrespeito dos direitos da defesa e a violação do princípio da boa administração. 52 Relativamente à primeira, recorda-se que, como o Tribunal já esclareceu no n. 16 do presente acórdão, a Comissão só está obrigada a permitir às empresas interessadas apresentar as suas observações no quadro da fase de exame do n. 2 do artigo 93. do Tratado. 53 Pelo contrário, o Tratado não prevê essa obrigação quando, legalmente, a Comissão pode limitar-se a constatar a compatibilidade do auxílio no quadro da fase preliminar instituída pelo artigo 93. , n. 3, do Tratado. 54 Nestas condições, estando assente que a Comissão teve razão em não dar início ao procedimento do artigo 93. , n. 2, do Tratado, a Matra não pode invocar a violação dos direitos da defesa. 55 Relativamente à alegada violação do princípio da boa administração, a Matra reitera a crítica da não instauração do procedimento previsto no n. 2 do artigo 93. e, a este respeito, basta remeter para os n.os 32 e seguintes do presente acórdão. 56 Nestas condições, o terceiro fundamento deve também ser julgado improcedente. 57 Não tendo sido julgado procedente nenhum dos fundamentos invocados pela Matra, o recurso deve ser julgado improcedente na sua globalidade. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 58 Por força do artigo 69. , n. 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, incluindo as do processo de medidas provisórias. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA decide: 1) É negado provimento ao recurso. 2) A recorrente é condenada nas despesas, incluindo as do processo de medidas provisórias.

62006CJ0157

hu

Keresetével az Európai Közösségek Bizottsága annak megállapítását kéri a Bíróságtól, hogy az Olasz Köztársaság – mivel elfogadta a 2003. július 11-i 558/A/04/03/RR. sz. belügyminiszteri rendeletet (a továbbiakban: miniszteri rendelet), amely a könnyű helikoptereknek a rendőrség és a tűzoltóság szükségleteinek kielégítése céljából történő megvásárlása tekintetében anélkül teszi lehetővé az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések területén meglévő közösségi szabályzástól való eltérést, hogy bármilyen, ezen eltérést igazoló feltétel teljesülne – nem teljesítette az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelvből ( HL L 199., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 110. o.), különösen ennek 2. cikke (1) bekezdése b) pontjából, valamint 6. és 9. cikkéből eredő kötelezettségeit. Jogi háttér A közösségi szabályozás A 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében: „(1)   Ez az irányelv nem alkalmazható: […] b) azokra az árubeszerzésre irányuló szerződésekre, amelyeket titkosnak nyilvánítottak, sem azokra, amelyeket az érintett tagállamokban hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban lévő különleges biztonsági intézkedések mellett kell teljesíteni, sem azokra, amelyek esetében a tagállam alapvető biztonsági érdekeinek védelme azt indokolja.” Ugyanezen irányelv 3. cikke előírja: „A 2. és a 4. cikk, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül ez az irányelv minden olyan termékre kiterjed, amelyre az 1. cikk a) pontja vonatkozik, beleértve az ajánlatkérők által a védelem terén odaítélt szerződésekben foglalt termékeket is, kivéve azokat a termékeket, amelyekre az [EK 296]. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.” Ezen irányelv 6. cikke így rendelkezik: „(1)   Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésekor az ajánlatkérő az 1. cikk d), e) és f) pontjában meghatározott eljárásokat alkalmazza a következő esetekben. (2)   Az ajánlatkérő árubeszerzésre irányuló szerződéseit tárgyalásos eljárás útján ítélheti oda a nyílt vagy meghívásos eljárásra beadott érvénytelen ajánlatok esetében, illetve a IV. címben foglaltakkal összhangban lévő nemzeti rendelkezések szerint elfogadhatatlan ajánlatok esetében, annyiban, amennyiben a szerződés eredeti feltételei lényegesen nem változnak meg. Az ajánlatkérő az említett esetekben hirdetményt tesz közzé, kivéve, ha az említett tárgyalásos eljárásba mindazokat a vállalkozásokat bevonja, amelyek teljesítik a 20–24. cikk feltételeit, és amelyek az előző nyílt vagy meghívásos eljárás során az ajánlattételi eljárás alaki követelményeinek megfelelően nyújtottak be ajánlatot. (3)   Az ajánlatkérő a következő esetekben tárgyalásos eljárással, hirdetmény előzetes közzététele nélkül ítélheti oda árubeszerzésre irányuló szerződéseit: a) ha nem érkeznek be ajánlatok vagy megfelelő ajánlatok egy nyílt vagy meghívásos eljárásra, amennyiben a szerződés eredeti feltételei lényegesen nem változnak meg, és feltéve, hogy erről a Bizottságot jelentésben tájékoztatja; b) ha az adott termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő, ez a rendelkezés azonban nem terjed ki a termék piacképességét megalapozó, valamint a kutatási és fejlesztési költségek fedezését szolgáló előállításra; c) ha az árubeszerzés tárgyát képező termékeket műszaki vagy művészi jellegük következtében [helyesen: sajátosságaik miatt], vagy a kizárólagos jogok védelmével kapcsolatos okból csak egy meghatározott szállító gyárthatja vagy szállíthatja le; d) amennyiben feltétlenül szükséges, akkor, ha az érintett ajánlatkérő által előre nem látható események által előidézett rendkívüli sürgősségi okból a 2. cikkben említett nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra megállapított határidőt nem lehet betartani. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülményeket nem idézheti elő az ajánlatkérő; e) a korábbi nyertes ajánlattevő általi olyan kiegészítő szállítások esetén, amelyeknek célja vagy a szokásosan beszerzett áruk vagy felszerelések [helyesen: berendezések] részleges cseréje, vagy pedig a meglévő beszerzett áruk vagy felszerelések [helyesen: berendezések] bővítése, amennyiben az ajánlattevő személyének megváltozása miatt az ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy olyan, eltérő műszaki tulajdonságokkal rendelkező anyagot [helyesen: felszerelést] szerezzen be, amely a működésben és a fenntartásban összeférhetetlenséget vagy aránytalan műszaki nehézségeket okozna. Az ilyen szerződések, illetve a megújítható szerződések tartama főszabályként nem haladhatja meg a három évet. (4)   Minden egyéb esetben az ajánlatkérő az árubeszerzésre irányuló szerződéseit nyílt vagy meghívásos eljárás keretében ítéli oda.” A szóban forgó irányelv 9. cikke előírja: „(1)   Az ajánlatkérő a költségvetési éve kezdetét követően a lehető legkorábban előzetes hirdetményben ismerteti az elkövetkező 12 hónapra előirányzott közbeszerzései termékcsoportonkénti összmennyiségét, amelynek becsült összértéke, az 5. cikk rendelkezéseit figyelembe véve, legalább 750000 [euró]. Az ajánlatkérő a termékcsoportot a CPA-nómenklatúrára (Classification of Products According to Activities – »Tevékenységek szerinti termékosztályozási nómenklatúra«) történő hivatkozással határozza meg. A Bizottság a 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza, melyek a feltételei a hirdetményben a nómenklatúra konkrét pontjaira történő hivatkozásnak. (2)   Az az ajánlatkérő, amely egy árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződést nyílt, meghívásos vagy a 6. cikk (2) bekezdésében említett esetekben tárgyalásos eljárás útján kíván odaítélni, ezt a szándékát hirdetményben közli. (3)   Az az ajánlatkérő, amely szerződést ítélt oda, ennek eredményét hirdetményben ismerteti. Egyes, a szerződés odaítélésére vonatkozó adatokat azonban nem lehet közzétenni, amennyiben ezeknek az adatoknak a közzététele akadályozná a jogalkalmazást, egyéb módon ellentétes lenne a közérdekkel, sértené egyes magán- vagy közvállalkozások jogos üzleti érdekeit vagy sérthetné az ajánlattevők közötti tisztességes versenyt. (4)   A hirdetményt a IV. mellékletben foglalt minták szerint kell elkészíteni úgy, hogy az tartalmazza az említett mintákban kért adatokat. Az ajánlatkérő, amikor a kiválasztás céljából az ajánlattevőktől az általa megkövetelt gazdasági és műszaki feltételekre vonatkozó adatokat kér, nem követelhet a 22. és a 23. cikkben meghatározottakon kívül egyéb feltételt (IV. B. melléklet 11. pontja, IV. C. melléklet 9. pontja és IV. D. melléklet 8. pontja). (5)   Az ajánlatkérő a hirdetményt a lehető leggyorsabban és a legmegfelelőbb módon küldi meg az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatalának. A 12. cikkben említett gyorsított eljárás esetében a hirdetményt telexen, táviratban vagy telefaxon kell megküldeni. Az (1) bekezdésben említett hirdetményt a mindenkori költségvetési év kezdetét követő lehető legrövidebb időn belül kell megküldeni. A (3) bekezdésben említett hirdetményt legkésőbb az adott szerződés odaítélésétől számított 48 napon belül kell megküldeni. (6)   Az (1)-(3) bekezdésben említett hirdetményeket a Közösség hivatalos nyelvein teljes terjedelmükben közzé kell tenni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és a TED-adatbankban (Tenders electronic daily – Ajánlati felhívások elektronikus napilapja), azzal, hogy egyedül az eredeti nyelven készült szöveg hiteles. (7)   A (2) bekezdésben említett hirdetményt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában és a TED-adatbankban eredeti nyelven és teljes terjedelemben közzé kell tenni. Az egyes hirdetmények fontos elemeinek összefoglalását a Közösség hivatalos nyelvein is közzé kell tenni azzal, hogy egyedül az eredeti nyelven készült szöveg hiteles. (8)   Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala a hirdetményeket feladásuk után legkésőbb 12 nappal közzéteszi. A 12. cikkben említett gyorsított eljárás esetében ez az időszak öt napra csökken. (9)   A hirdetményt nem lehet az ajánlatkérő székhelye szerinti ország hivatalos közlönyében vagy sajtójában az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványai Hivatala részére történő feladása előtt közzétenni, a feladás időpontját pedig a hirdetményben közölni kell. A közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelentek. (10)   Az ajánlatkérőnek igazolnia kell a feladás időpontját. (11)   A hirdetményeknek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzététele költségeit a Közösség viseli. A hirdetmény terjedelme nem lehet több a Hivatalos Lap egy oldalánál, illetve körülbelül 650 szónál. A Hivatalos Lap minden olyan számának, amely egy vagy több hirdetményt tartalmaz, tartalmaznia kell azt a hirdetménymintát vagy hirdetménymintákat, amely(ek) alapján a közzétett hirdetmény(ek) készült(ek).” A nemzeti szabályozás A miniszteri rendelet értelmében: „1. A rendőrség és a tűzoltóság szükségleteinek kielégítése céljából történő könnyűhelikopter-beszerzések különleges biztonsági intézkedések mellett történnek, amelyeket a rendelkező részben hivatkozott műszaki értékelési csoport és tárcaközi bizottság aktusaira is alkalmazni kell. 2. A szóban forgó beszerzések odaítélése tekintetében el lehet térni az [1998. október 20-i] 402. sz. törvényerejű rendelettel módosított [1992. július 24-i] 358. sz. törvényerejű rendelet [a továbbiakban: a 358/1992. sz. törvényerejű rendelet] rendelkezéseitől, mivel fennállnak az e rendelet 4. cikkének c) [pontjában] előírt feltételek.” A miniszteri rendeletben hivatkozott 358/1992. sz. törvényerejű rendelet az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések közösségi szabályozását ülteti át a nemzeti jogba. A 358/1992. sz. törvényerejű rendelet 4. cikkének c) pontja megismétli a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának rendelkezéseit. A pert megelőző eljárás A Bizottság, miután értesült a miniszteri rendeletről, és mivel úgy ítélte meg, hogy az nem egyeztethető össze a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, valamint 6. és 9. cikkével, 2004. április 1-jén felszólító levelet küldött, amelyre az Olasz Köztársaság 2004. július 30-án válaszolt. Mivel a Bizottság nem volt elégedett e válasszal, 2004. december 14-én indokolással ellátott véleményt küldött az Olasz Köztársaságnak, amelyben felszólította, hogy az e vélemény átvételétől számított két hónapos határidőn belül tegye meg a véleményben foglaltaknak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. 2005. március 22-i levelében az Olasz Köztársaság tájékoztatta a Bizottságot, hogy részletesen még nem válaszolt a hivatkozott indokolással ellátott véleményre, de „megkezdte a tárgy elmélyült tanulmányozását”, aminek első eredményei „arra engednek következtetni, hogy a szóban forgó rendelet olvasata alkalmas arra, hogy némi bizonytalanságot keltsen az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai közösségi szintű szabályozásának való megfelelése vonatkozásában”. E levélben a Bizottság szervezeti egységeivel való technikai párbeszéd megkezdésének szándéka is szerepelt, amely párbeszéd „a szóban forgó tanulmányozás segítésére hivatott, és a hivatkozott rendelet olyan felülvizsgálatához is vezethet, amely ugyanakkor kellő figyelmet fordít a jogterület eltérést nem engedő szabályaira”. A Bizottság 2005. április 14-i és május 26-i levelei ellenére, amelyekben közölte az Olasz Köztársasággal, hogy hajlandó az érintett minisztériumi szervezeti egységekkel való párbeszédre, e technikai párbeszéd soha nem valósult meg. E körülményekre figyelemmel a Bizottság a jelen kereset benyújtása mellett döntött. A keresetről A felek érvei A Bizottság azt rója fel az Olasz Köztársaságnak, hogy a miniszteri rendelet által jogellenesen vonta ki a 93/36 irányelv hatálya alól a könnyű helikoptereknek a rendőrség és a tűzoltóság szükségletei kielégítése céljából történő beszerzését, mivel az ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt egyik feltételt sem tartotta tiszteletben. E tekintetben a Bizottság hangsúlyozza, hogy a szóban forgó helikoptereket a rendőrségnek és a tűzoltóságnak szánják, tehát polgári szervezeteknek, amelyek rendes körülmények között nem vesznek részt katonai műveletekben. Továbbá az a körülmény, hogy a könnyűfegyverzet felszerelése csak mint egyszerű lehetőség került előírásra, megerősíti a tényt, hogy a szóban forgó helikoptereket lényegében polgári használatra szánják. Végül az a tény, hogy e helikoptereknek rendelkezniük kell bizonyos, a katonai helikopterekéhez hasonló jellemzőkkel, nem elegendő ahhoz, hogy ezen árubeszerzéseket katonai jellegűeknek lehessen tekinteni. A Bizottság szerint legfeljebb esetlegesen kettős célra használható légi járművekről van szó. A Bizottság továbbá azt állítja, hogy még ha katonai árubeszerzésekről lenne is szó, a 93/36 irányelvet akkor is alkalmazni kell, és a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt eltérést igazoló körülmények fennállását azon tagállamnak kell bizonyítania, amely ezen eltérésre hivatkozik. Márpedig a Bizottság azt állítja, hogy a jelen ügyben az Olasz Köztársaság nem bizonyította, hogy jogszerűen alkalmazta a hivatkozott rendelkezésben előírt eltérést. Az Olasz Köztársaság azt állítja, hogy a jelenlegi nemzetközi körülmények között a háború és a hadianyagok fogalmai eredeti jelentésükhöz viszonyítva jelentősen módosultak, akárcsak a nemzetbiztonság alapvető érdekei védelmének fogalma. A miniszteri rendeletben előírt beszerzések tárgyát képező helikopterek katonai jellege nem vitatható, mivel e helikopterek alkalmasak arra, hogy nemzetbiztonsági feladatok ellátására alkalmazzák ezeket. Az e célból létrehozott tárcaközi bizottság által előírtaknak megfelelően ugyanis e helikoptereknek rendelkezniük kell bizonyos olyan műszaki jellemzőkkel, amelyek lehetővé teszik, hogy esetleg fegyveres és védelmi rendszerekként alkalmazzák őket, ily módon a helikopterekhez a védelmi minisztérium engedélye szükséges. Az Olasz Köztársaság azt állítja, hogy a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételek teljesültek. Állítását elsősorban arra az érvelésre alapozza, miszerint a szóban forgó árubeszerzéseket igen bizalmasan kell kezelni, tekintettel a helikopterek fegyverrendszerként való alkalmazhatóságára és egyéb katonai eszközökkel való interoperabilitásukra. Ez az oka annak, hogy a titkosság nem biztosítható a nyílt közbeszerzési eljárás keretében. Az Olasz Köztársaság ezenkívül azt állítja, hogy tekintettel arra, hogy a szóban forgó légi járművek korlátozás nélkül katonai eszköznek minősíthetők, még abban az esetben is, ha azt kellene megállapítani, hogy a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételek a jelen ügyben nem alkalmazhatók, a szóban forgó árubeszerzések az EK 296. cikkben előírt eltérés hatálya alá tartoznak, tehát ezeket ki kell vonni a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó közösségi szabályozás alól. Végül, az Olasz Köztársaság arra hivatkozik, hogy a jelen kereset elfogadhatatlan, mivel sérti a ne bis in idem elvét. Azt állítja ugyanis, hogy a jogvita tárgyát alkotó kérdést a Bíróság már megvizsgálta és értékelte a C-337/05. sz., Bizottság kontra Olaszország ügyben 2008. április 8-án hozott ítéletében (EBHT 2008., I-2173. o.). A Bíróság álláspontja Az elfogadhatóságról E tekintetben elegendő arra emlékeztetni, hogy lényeges különbség van a jelen ügy és az azon, Bizottság kontra Olaszország ügy között, amelyben a fent hivatkozott ítélet született. A jelen ügyben az Olasz Köztársaság belügyminiszteri rendelet értelmében járt el, míg a fent hivatkozott ítélet alapjául szolgáló ügy az olasz hatóságok által követett gyakorlat jogszerűségére vonatkozott. E megállapítás elegendő annak kijelentéséhez, hogy a jelen ügyben semmiképp nem lehet érvényesen hivatkozni a ne bis in idem elvére. Következésképpen az Olasz Köztársaság elfogadhatatlansági kifogását el kell utasítani. Az ügy érdeméről Előzetesen meg kell állapítani, hogy a felek egyetértenek abban, hogy a miniszteri rendeletben szereplő közbeszerzési szerződések értéke meghaladja a 93/36 irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában rögzített küszöbértéket, tehát e szerződések alkalmasak arra, hogy az irányelv hatálya alá tartozzanak. Arra is emlékeztetni kell, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a közbeszerzési szerződések területén az EK-Szerződés által biztosított jogok érvényesülését biztosító szabályoktól való eltéréseket szigorúan kell értelmezni (lásd ebben az értelemben a C-71/92. sz., Bizottság kontra Spanyolország ügyben 1993. november 17-én hozott ítélet [EBHT 1993., I-5923. o.] 36. pontját), és valamely eltérés alkalmazását megalapozó különleges körülmények tényleges fennállásának bizonyítása azt terheli, aki ezen eltérésre hivatkozik (lásd ebben az értelemben a C-328/92. sz., Bizottság kontra Spanyolország ügyben 1994. május 3-án hozott ítélet [EBHT 1994., I-1569. o.] 15. és 16. pontját, valamint a fent hivatkozott Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet 57. és 58. pontját). A jelen ügyben az Olasz Köztársaság arra hivatkozik, hogy a miniszteri rendelet megfelel az EK 296. cikk és a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt feltételeknek, elsősorban azon indokból, hogy az e rendeletben szereplő helikopterek kettős, tehát mind polgári, mind katonai célra használható áruk. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az EK 296. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket; azzal a feltétellel azonban, hogy ezek az intézkedések nem befolyásolják hátrányosan a közös piacon belüli versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében (lásd a fent hivatkozott Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet 46. pontját). Az említett rendelkezés szövegéből megállapítható, hogy a szóban forgó termékeknek kifejezetten katonai célokat kell szolgálniuk. Ebből következik, hogy az olyan felszerelések vásárlása során, amelyek katonai célú felhasználása bizonytalan, szükségképpen be kell tartani a közbeszerzési szerződések odaítélésének szabályait (lásd a fent hivatkozott Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet 47. pontját). Márpedig megállapítható, hogy a miniszteri rendelet – amint azt az Olasz Köztársaság is elismeri – olyan helikopterekre vonatkozik, amelyek polgári rendeltetése bizonyos, míg katonai alkalmazásuk csak esetleges. Következésképpen, az EK 296. cikk (1) bekezdésének b) pontjára, amelyre a 93/36 irányelv 36. cikke utal, az Olasz Köztársaság nem hivatkozhat érvényesen egy olyan nemzeti szabályozás igazolása céljából, amely a szóban forgó helikopterek vásárlása tekintetében lehetővé teszi a tárgyalásos eljárást. Az említett tagállam továbbá a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozik. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a titoktartási kötelezettség előírásának szükségessége egyáltalán nem zárja ki valamely versenyeztetési eljárás alkalmazását a szerződés odaítélése vonatkozásában (lásd a fent hivatkozott Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet 52. pontját). Ennélfogva a szóban forgó helikopterek tárgyalásos eljárás útján történő megvásárlását lehetővé tévő nemzeti szabályozás igazolására a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjára történő hivatkozás aránytalannak tűnik az ezek előállításához kapcsolódó bizalmas információk kiszivárgásának megakadályozására irányuló célhoz képest. Az Olasz Köztársaság ugyanis nem bizonyította, hogy e cél nem lett volna elérhető az ugyanezen irányelv által előírt versenyeztetési eljárás keretében (lásd a fent hivatkozott Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet 53. pontját). Ebből következik, hogy a jelen ügyben annak puszta kijelentése, hogy a szóban forgó árubeszerzéseket titkosnak minősítették, és ezeket speciális biztonsági intézkedések kísérik, illetve, hogy ezeket alapvető állambiztonsági érdekekből ki kell vonni a közösségi szabályozás alól, nem elegendő annak megállapítására, hogy a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt eltéréseket igazoló különleges körülmények ténylegesen fennállnak. Következésképpen, az Olasz Köztársaság a szóban forgó helikopterek tárgyalásos eljárás útján történő megvásárlását lehetővé tévő nemzeti szabályozás igazolása céljából nem hivatkozhat érvényesen a 93/36 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjára. A fenti megállapítások összességére figyelemmel meg kell állapítani, hogy az Olasz Köztársaság – mivel elfogadta azt a miniszteri rendeletet, amely a könnyű helikoptereknek a rendőrség és a tűzoltóság szükségleteinek kielégítése céljából történő megvásárlása tekintetében anélkül teszi lehetővé az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések területén meglévő közösségi szabályzástól való eltérést, hogy bármilyen, ezen eltérést igazoló feltétel teljesülne – nem teljesítette a 93/36 irányelvből, különösen ennek 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjából, valamint 6. és 9. cikkéből eredő kötelezettségeit. A költségekről Az eljárási szabályzat 69. cikkének 2. §-a alapján a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Az Olasz Köztársaságot, mivel pervesztes lett, a Bizottság kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére. A fenti indokok alapján a Bíróság (második tanács) a következőképpen határozott: 1) Az Olasz Köztársaság – mivel elfogadta a 2003. július 11-i 558/A/04/03/RR. sz. belügyminiszteri rendeletet, amely a könnyű helikoptereknek a rendőrség és a tűzoltóság szükségleteinek kielégítése céljából történő megvásárlása tekintetében anélkül teszi lehetővé az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések területén meglévő közösségi szabályzástól való eltérést, hogy bármilyen, ezen eltérést igazoló feltétel teljesülne – nem teljesítette az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelvből, különösen ennek 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjából, valamint 6. és 9. cikkéből eredő kötelezettségeit. 2) Az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: olasz.

61999CJ0276

en

Grounds 1 By application lodged at the Court Registry on 23 July 1999 the Federal Republic of Germany applied, under the second paragraph of Article 88 CS, for the annulment of Commission Decision 1999/597/ECSC of 21 April 1999 in proceedings under Article 88 of the ECSC Treaty concerning State aid granted by the Federal Republic of Germany to Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (OJ 1999 L 230, p. 4, the contested decision). Legal Background 2 Article 88 of the ECSC Treaty provides: If the Commission considers that a State has failed to fulfil an obligation under this Treaty, it shall record this failure in a reasoned decision after giving the State concerned the opportunity to submit its comments. It shall set the State a time-limit for the fulfilment of its obligation. The State may institute proceedings before the Court within two months of notification of the decision; the Court shall have unlimited jurisdiction in such cases. If the State has not fulfilled its obligation by the time-limit set by the Commission, or if it brings an action which is dismissed, the Commission may, with the assent of the Council acting by a two-thirds majority: (a) suspend the payment of any sums which it may be liable to pay to the State in question under this Treaty; (b) take measures, or authorise the other Member States to take measures, by way of derogation from the provisions of Article 4, in order to correct the effects of the infringement of the obligation. Proceedings may be instituted before the Court against decisions taken under subparagraphs (a) and (b) within two months of their notification; the Court shall have unlimited jurisdiction in such cases. If these measures prove ineffective, the Commission shall bring the matter before the Council. Facts 3 In the course of restructuring Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, established in Sulzbach-Rosenberg (Germany), which was declared insolvent in 1986, the Land of Bavaria took shares in Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (NMH), which was the successor in title to the first company, and granted it, inter alia, shareholder loans in the sum of DEM 49.895 million and DEM 24.1125 million during 1994 and 1995. By Decision 96/178/ECSC of 18 October 1995 and Decision 96/484/ECSC of 13 March 1996 on State aid that the Land of Bavaria granted to the ECSC steel undertaking Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (OJ 1996 L 53, p. 41 and OJ 1996 L 198, p. 40 respectively) the Commission decided that those shareholder loans were State aid incompatible with the common market, and ordered the Federal Republic of Germany to recover that aid. The Federal Republic of Germany and the company concerned brought actions challenging those decisions before, respectively, the Court of Justice and the Court of First Instance. The Court of Justice ordered a stay of proceedings pending judgment by the Court of First Instance. 4 Since actions do not have suspensory effect, the Federal Republic of Germany applied to the Court for an order suspending the operation of Decision 96/178, concerning the loan in the sum of DEM 49.895 million, on the ground that implementation of the request for recovery of that sum would result in the immediate liquidation of NMH. By order of the President of the Court of 3 May 1996 (Case C-399/95 R Germany v Commission [1996] ECR I-2441), that application was dismissed. 5 By letters dated 12 June and 20 August 1996 the Land of Bavaria demanded NMH to repay the sum of the loans which had been granted to it. Since NMH did not comply with that demand, the Land of Bavaria, in February 1997, applied to the Amtsgericht (Local Court) Regensburg (Germany) for an order for payment of part of that sum, namely DEM 14.8 million. After the debtor company had lodged an objection, the proceedings were transferred to the Landgericht (Regional Court) Amberg (Germany). On 5 March 1998 that court ordered a stay of proceedings pursuant to Paragraph 148 of the German Code of Civil Procedure, according to which such an order is to be made where the result of the case depends on the existence, or otherwise, of a legal relationship which is the subject of proceedings pending before another court. The Landgericht Amberg found that to be the case in the matter before it given the proceedings pending before the Court of First Instance. The Land of Bavaria did not lodge an appeal against that stay of proceedings. 6 On 14 July 1998 the Federal Republic of Germany notified the Commission of the stay of proceedings ordered by the Landgericht Amberg and, on 23 November 1998, forwarded to it a copy of the order of 5 March 1998. On the same date it also informed the Commission that, on 6 November 1998, NMH had lodged a petition for the initiation of composition proceedings. 7 The Commission maintains that it initiated the procedure under Article 88 CS against the Federal Republic of Germany on 16 December 1998, on the ground that that State had infringed Article 86 of the ECSC Treaty in failing to enforce the decisions requiring recovery of the sums paid to NMH. Apart from a press release of that same date, no written document has been produced of a nature such as to establish the initiation by the Commission of a procedure for failure to fulfil obligations. 8 On 31 December 1998 proceedings were initiated for the winding up of NHM and the liquidation of its assets. On 18 January 1999, the Land of Bavaria applied to register all of the loans granted to NMH in the list of creditors' claims in those proceedings. 9 By judgment of 21 January 1999 in Joined Cases T-129/95, T-2/96 and T-97/96 Neue Maxhütte Stahlwerke and Lech-Stahlwerke v Commission [1999] ECR II-17, the Court of First Instance dismissed the applications challenging, inter alia, the two decisions referred to at paragraph 3 of the present judgment, which required the Federal Republic of Germany, in particular, to order NMH to repay the sums paid to that company in the form of shareholder loans. By order of the Court of Justice of 25 January 2001 in Case C-111/99 P Lech-Stahlwerke v Commission [2001] ECR I-727), Lech-Stahlwerke GmbH's appeal against that judgment was dismissed. The Federal Republic of Germany discontinued its actions before the Court of Justice, referred to in paragraph 3 above, by letters dated 8 June 1999 and 27 February 2001. 10 By letter dated 1 February 1999 the Commission notified the German Government, in accordance with the first paragraph of Article 88 CS, of its reasoning as to the alleged infringement of the Treaty, and called on it to submit its comments within one month. The German Government replied by letter dated 3 March 1999 rejecting the Commission's complaints. 11 On 21 April 1999 the Commission adopted the contested decision, the operative part of which reads as follows: Article 1 Germany has failed to fulfil its obligations under Decisions 96/178/ECSC and 96/484/ECSC and Article 86 of the ECSC Treaty by failing to lodge a claim with the court for the recovery in full of the payments of aid incompatible with the Treaty and amounting to DEM 74 million, together with interest, that were granted to Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH or to have incorporated in a notarially authenticated agreement the reduction of the claim, thereby ensuring that the decisions could be immediately and fully implemented after the delivery of judgment by the court. Article 2 Germany has failed in its obligations under Decisions 96/178/ECSC and 96/484/ECSC and Article 86 of the ECSC Treaty by the failure, either on its part or on the part of the Bavarian authorities, to lodge an appeal against the order of the Amberg Regional Court of 5 March 1998 staying the proceedings before that court. Article 3 This Decision is addressed to the Federal Republic of Germany. 12 On 23 July 1999 the Federal Republic of Germany brought an action for annulment of the contested decision. The Commission contends that the Court should dismiss that action. Pleas in law and arguments of the parties 13 The Federal Republic of Germany advances three pleas in law in support of its action. The first is directed against Article 1 of the contested decision which, it is claimed, was adopted in breach of Community law in that, in the circumstances of the case, that Member State was required neither to bring proceedings for the recovery in full of the payments of aid incompatible with the ECSC Treaty that were granted to NMH, nor to sign a notarially authenticated agreement guaranteeing the repayment of that sum in full. 14 The second plea is directed against Article 2 of the decision. The Federal Republic of Germany claims that, having regard to the particular features of the case, it was under no obligation to lodge an appeal against the order of the Landgericht Amberg of 5 March 1998 staying the proceedings before it. 15 By its third plea, the Federal Republic of Germany argues that the contested decision is based on a misapplication of Article 88 CS in that, in any case, there was no failure to fulfil obligations at the time when the reasoned decision, within the meaning of the first paragraph of that provision, was adopted. It is appropriate to examine this plea first. 16 According to the German Government, the purpose of the action for failure to fulfil obligations is neither to rule on abstract questions of law nor to punish past conduct, but to ensure a uniform interpretation of the Treaty and to compel a Member State to put an end to existing breaches of that Treaty. 17 However, in the present case, when the Commission adopted the contested decision no infringement of the Treaty existed. The German Government claims that the Commission admitted as much itself because it did not set a time-limit for the fulfilment of the obligations incumbent on the Federal Republic of Germany. Since that Member State applied to register the full amount of the debts in NMH's list of creditors' claims on 18 January 1999, it did everything necessary and appropriate to recover the amount owed by that company. The German Government claims, on the basis of an analogy with the EC Treaty, that a failure to fulfil an obligation can be validly recorded only if it exists at the date on which the reasoned decision is adopted, which in the present case was 21 April 1999, or at least at the date of the letter of formal notice, which in the present case was 1 February 1999. However those two dates are subsequent to 18 January 1999. 18 The Commission disputes that Article 88 CS must be interpreted as being only intended to compel the Member State concerned to put an end to current and persistent failures to fulfil obligations. In the present case, it argues, the failure is unquestionably established, and the registration of the debts in NMH's list of creditors' claims does not alter that fact. 19 In its submission, the setting of a time-limit is not an indispensable pre-condition for the recording of a failure to fulfil an obligation in the context of a procedure initiated pursuant to Article 88 CS. That interpretation, it contends, is corroborated by the third paragraph of that provision, which provides for sanctions in two situations: first, in the case of failure to fulfil obligations within the time-limit set by the Commission, and second, where the action is dismissed, a situation which may arise even though no time-limit had been set for the fulfilment of those obligations. 20 The Commission contends, in particular, that a reasoned decision under Article 88 CS in relation to a failure to fulfil obligations cannot be compared to a reasoned opinion within the meaning of Article 226 EC. Such an opinion is a non-binding act, which is primarily of procedural importance, whilst the reasoned decision taken under Article 88 CS is binding and can become immune to review, with the consequence that it is for the Member State concerned to institute proceedings against such a decision. 21 Therefore, since under Article 226 EC an infringement of the Treaty by a Member State may be recorded even though the alleged failure to fulfil obligations has been remedied during the proceedings before the Court, there is no reason why the Commission, which in this respect finds itself in a position comparable to that of the Court, should not have that possibility where, during the procedure pending before it the obligation has already been fulfilled or, as in the present case, the fulfilment of the obligation is no longer objectively possible. Findings of the Court 22 It should first be noted that it follows from the express terms of the first paragraph of Article 88 CS that the Commission may only record the failure of a Member State to fulfil an obligation under the ECSC Treaty after having given that State the opportunity to submit its comments, and that the Commission must set a time-limit for that State to fulfil its obligation. 23 Second, the Court has already held that the procedure under Article 88 CS opens up means of implementation, and is the ultima ratio enabling the Community interests enshrined in the Treaty to prevail over the inertia and resistance of Member States (Case 20/59 Italy v High Authority [1960] ECR 325). 24 The purpose of the procedure is therefore, as the Advocate General pointed out at point 42 of his Opinion, to bring about a change in behaviour on the part of the recalcitrant State, and not to record in abstracto that a failure existed in the past (see, as regards the procedure for failure to fulfil obligations under Article 226 EC, Case C-362/90 Commission v Italy [1992] ECR I-2353, paragraphs 9 to 13). 25 Notwithstanding the fact that the procedure under Article 226 EC and that under Article 88 CS have different characteristics, their purpose is identical, that is to say, primarily, to put an end to the failure to comply with Community law. 26 As regards the procedure under Article 88 CS, that interpretation also follows from the wording of the second sentence of the first paragraph and the first sentence of the third paragraph of that provision, which expressly provide that the Member State in question must fulfil its obligation. 27 In the present case the Court finds that, on the date on which the Commission initiated the procedure, the failure to fulfil obligations which was alleged by the Commission had exhausted all its effects, with the result that the Federal Republic of Germany was no longer able to take effective action to put an end to that failure. 28 First, since the Commission has not produced any document dated 16 December 1998 of a nature such as to establish the initiation of a procedure, and since a press release does not constitute a formal act addressed to a Member State, that procedure was initiated only by the notification on 1 February 1999 of the Commission's letter of formal notice to the Federal Republic of Germany. 29 However, following the initiation on 31 December 1998 of the proceedings for the liquidation of NMH, it was no longer possible to remedy the behaviour complained of by the Commission, namely, the failure to lodge a claim with the court for the recovery of the amount of the loans in full (Article 1 of the contested decision) and the failure to lodge an appeal against the order of the Landgericht Amberg of 5 March 1998 staying the proceedings before that court (Article 2 of the contested decision). As the German Government stated, without being contradicted by the Commission on the point, the effect of commencing liquidation proceedings is, under German law, to suspend all pending proceedings, and any procedural steps taken by a party during that suspension have no legal effect on the other party. In any case, on 18 January 1999 the Land of Bavaria registered the full amount of the loans granted to NMH in the list of creditors' claims. 30 Second, the Commission admitted that in those circumstances it was no longer necessary to set a time-limit for the Federal Republic of Germany to put an end to the alleged failure to fulfil obligations. 31 It follows that the essential purpose of the Article 88 CS procedure, as referred to in paragraphs 23 to 25 of the present judgment, could not objectively be achieved at any stage of the procedure, even if the Member State had wished to put an end to the alleged failure to fulfil obligations. It follows that the contested decision, which was not taken in accordance with the purpose of Article 88 CS, is flawed. 32 Furthermore, the Commission has not pointed to an imminent risk that the Federal Republic of Germany may repeat the infringement, or to other specific reasons for which the recording of an infringement may, exceptionally, be necessary. Nor has the Commission indicated the reasons for which it could not have acted in good time in order to prevent, by means of the procedures available to it, the infringement complained of from producing its effects (see, as regards similar obligations of the Commission in the context of the infringement procedure under Article 226 EC, Commission v Italy, cited above, paragraph 12). 33 The contested decision was therefore taken in breach of Article 88 CS and must consequently be annulled, without there being any need to examine the other two pleas in law advanced by the Federal Republic of Germany. Decision on costs Costs 34 According to Article 69(2) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party's pleadings. Since the Commission's pleas have been unsuccessful and the Federal Republic of Germany has applied for costs, the Commission must be ordered to pay the costs. Operative part On those grounds, THE COURT (Fifth Chamber) hereby: 1. Annuls Commission Decision 1999/597/ECSC of 21 April 1999 in proceedings under Article 88 of the ECSC Treaty concerning State aid granted by the Federal Republic of Germany to Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH; 2. Orders the Commission to pay the costs.

62006CJ0381

sv

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen uppfylla samtliga skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen – Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om arbetstagarrepresentation (EGT L 80, s. 29). Domslut 1) Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen genom att inte inom föreskriven tidsfrist anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. 2) Republiken Grekland skall ersätta rättegångskostnaderna.

62013CJ0148

es

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 4 de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida ( DO L 304, p. 12 ), y de los artículos 3 y 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Dichas peticiones se han presentado en el marco de unos litigios entre A, B y C, nacionales de terceros Estados, y el Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Secretario de Estado de Seguridad y Justicia; en lo sucesivo, «Staatssecretaris») en relación con la desestimación de sus solicitudes de permisos de residencia temporal (asilo) en los Países Bajos. Marco jurídico Derecho internacional En virtud del artículo 1, sección A, apartado 2, párrafo primero, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y que entró en vigor el 22 de abril de 1954 [Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n o 2545 (1954); en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»], completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, que entró en vigor el 4 de octubre de 1967, el término «refugiado» se aplica a toda persona que, «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose […] fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él». Derecho de la Unión Directiva 2004/83 A tenor del tercer considerando de la Directiva 2004/83, la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados. Según el décimo considerando de dicha Directiva: «La presente directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la [Carta]. En especial, la presente directiva tiene por fin garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los solicitantes de asilo y los miembros de su familia acompañantes.» Conforme al considerando 16 de la misma Directiva, deben fijarse normas mínimas sobre la definición y el contenido del estatuto de refugiado para guiar a los organismos nacionales competentes de los Estados miembros en la aplicación de la Convención de Ginebra. Según el considerando 17 de la Directiva 2004/83, es necesario introducir criterios comunes para reconocer a los solicitantes de asilo la calidad de refugiados en el sentido del artículo 1 de la Convención de Ginebra. A tenor del artículo 2 de la misma Directiva, a efectos de ésta, se entenderá por: «[...] c) “refugiado”: nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país [...] [...]» El artículo 4 de la Directiva 2004/83, contenido en el capítulo II de ésta, que lleva por título «Evaluación de las solicitudes de protección internacional», establece los requisitos de la valoración de hechos y circunstancias y dispone lo siguiente: «1.   Los Estados miembros podrán considerar que es obligación del solicitante presentar lo antes posible todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional. Los Estados miembros tendrán el deber de valorar, con la cooperación del solicitante, los elementos pertinentes de la solicitud. 2.   Los elementos mencionados en la primera frase del apartado 1 consistirán en las declaraciones del solicitante y en toda la documentación de la que disponga sobre su edad, pasado, incluido el de parientes relacionados, identidad, nacionalidad(es) y lugares de anterior residencia, solicitudes de asilo previas, itinerarios de viaje, documentos de identidad y de viaje y motivos por los que solicita protección internacional. 3.   La evaluación de una solicitud de protección internacional se efectuará de manera individual e implicará que se tengan en cuenta: a) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud, incluidas la legislación y la reglamentación del país de origen y el modo en que se aplican; b) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, incluida la información sobre si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecución o daños graves; c) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría verse expuesto puedan constituir persecución o daños graves; d) si las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó su país de origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para presentar una solicitud de protección internacional, con el fin de evaluar si tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de que volviera a dicho país; e) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país del que pudiese reclamar la ciudadanía. [...] 5.   Cuando los Estados miembros apliquen el principio según el cual el solicitante ha de fundamentar la solicitud de protección internacional y si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así, y e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante.» El artículo 10 de la Directiva 2004/83, titulado «Motivos de persecución», dispone cuanto sigue: «1.   Al valorar los motivos de persecución, los Estados miembros tendrán en cuenta los siguientes elementos: [...] d) se considerará que un grupo constituye un determinado grupo social si, en particular: — los miembros de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y — dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea. En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, podría incluirse en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual. No podrá entenderse la orientación sexual en un sentido que comporte actos considerados delictivos por la legislación nacional de los Estados miembros. [...] [...]» Directiva 2005/85/CE La Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado ( DO L 326, p. 13 , y corrección DO 2006, L 236, p.35 ), indica en su octavo considerando que esta Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en especial, por la Carta. El artículo 13 de la Directiva 2005/85, que establece los requisitos de una audiencia personal, dispone en su apartado 3 lo siguiente: «Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para garantizar que las audiencias personales discurran en condiciones que permitan a los solicitantes exponer las razones de sus solicitudes de manera completa. Con este fin, los Estados miembros: a) asegurarán que la persona que vaya a celebrar la audiencia es suficientemente competente para tener en cuenta las circunstancias personales o generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante o su vulnerabilidad, en la medida en que sea posible hacerlo [...]» [...] Derecho neerlandés Las normas nacionales pertinentes están contenidas en el artículo 31 de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de extranjería de 2000), el artículo 3.111 del Vreemdelingenbesluit 2000 (Decreto sobre extranjería de 2000) y el artículo 3.35 del Voorschrift Vreemdelingen 2000 (Reglamento de extranjería de 2000). Dichas disposiciones fueron desarrolladas en los apartados C2/2.1, C2/2.1.1 y C14/2.1 a C14/2.4 de la Vreemdelingencirculaire 2000 (Circular sobre extranjería de 2000). A tenor del artículo 31, apartado 1, de la Ley de extranjería de 2000, en relación con el artículo 3.111, apartado 1, del Decreto sobre extranjería de 2000, corresponde al solicitante de asilo demostrar la verosimilitud de los motivos de la concesión de un permiso de residencia temporal (asilo) y está obligado a facilitar, por su cuenta, todos los datos pertinentes para que la autoridad pueda pronunciarse sobre su solicitud. El Staatssecretaris apreciará si la concesión de dicha autorización tiene una base jurídica sólida. Según el artículo 3.111, apartado 1, del Decreto sobre extranjería de 2000, cuando un solicitante de asilo solicite que se expida un permiso de residencia, contemplado en el artículo 28 de la Ley de extranjería de 2000, proporcionará todos los datos, incluida la documentación pertinente, sobre cuya base el Staatssecretaris pueda apreciar, en colaboración con el solicitante de asilo de que se trate, si existe base jurídica para conceder dicho permiso. De conformidad con el apartado C14/2.1 de la Circular sobre extranjería de 2000, la apreciación de la credibilidad de las declaraciones de un solicitante de asilo versa sobre los hechos o circunstancias que exponga. Las circunstancias fácticas son los datos relativos a la persona del solicitante de asilo de que se trate, en particular, la orientación sexual. Según el apartado C14/2.2 de dicha Circular, el solicitante de asilo está obligado a decir la verdad y a colaborar plenamente en la comprobación, tan completa como sea posible, de todos los hechos. Debe informar, cuanto antes, al Servicio de Inmigración y Naturalización de todos los acontecimientos y circunstancias fácticas importantes para la tramitación de su solicitud. Conforme al apartado C14/2.3 de la citada Circular, no se excluye que la falta de credibilidad de una parte de las declaraciones de un solicitante de asilo tache igualmente la credibilidad de todas las demás partes de sus declaraciones. A tenor del apartado C14/2.4 de la misma Circular, basta en principio con que el solicitante de asilo haya hecho verosímiles sus declaraciones. Con este fin, se espera de él que presente documentación en apoyo de su solicitud. Sin embargo, para apreciar la credibilidad de las declaraciones que el solicitante de asilo de que se trate realizó en apoyo de su solicitud, no se trata de saber si pueden ser probadas y en qué medida. En efecto, en muchos casos los solicitantes de asilo han hecho constar que no pueden probar sus declaraciones y no puede razonablemente exigírseles que aporten pruebas convincentes en apoyo de su versión. El Staatssecretaris puede considerar creíbles las declaraciones con arreglo al artículo 3.35, apartado 3, del Reglamento de extranjería de 2000 y, por consiguiente, no exigir su confirmación si se ha podido demostrar la credibilidad general del solicitante de asilo. Litigios principales y cuestión prejudicial A, B y C, nacionales de terceros países, presentaron sendas solicitudes de permisos de residencia temporal (asilo) en los Países Bajos. En apoyo de sus solicitudes, alegaron que temían ser perseguidos en sus respectivos países de origen debido, en concreto, a su homosexualidad. El Staatssecretaris desestimó por inverosímil la primera solicitud de asilo presentada por A. A no impugnó esta primera resolución de desestimación y presentó una segunda solicitud de asilo en la que indicaba su disposición a someterse a un «examen» que probase su homosexualidad o a practicar un acto homosexual para demostrar la realidad de la orientación sexual declarada. Mediante resolución de 12 de julio de 2011, el Staatssecretaris desestimó la segunda solicitud de A debido a que seguía sin demostrarse la verosimilitud de la orientación sexual afirmada por éste. El Staatssecretaris consideró que no cabía basarse únicamente en la orientación sexual declarada del solicitante de asilo sin llevar a cabo ninguna evaluación sobre su credibilidad. El 1 de agosto de 2012, el Staatssecretaris desestimó la solicitud de B debido a que las declaraciones sobre su homosexualidad eran vagas, superficiales y carentes de credibilidad. Por otra parte, según el Staatssecretaris, en la medida en que B es originario de un país donde no se acepta la homosexualidad, debería poder aportar más detalles sobre sus sentimientos y el proceso interior relativo a su orientación sexual. C presentó una primera solicitud de asilo por motivos distintos a la persecución por razón de su homosexualidad, que fue desestimada por el Staatssecretaris. C no impugnó esta primera resolución de desestimación y presentó una segunda solicitud de asilo basada, esta vez, en el temor a ser perseguido en su país de origen debido a su homosexualidad. En esta segunda solicitud, C sostuvo que sólo tras haber abandonado su país de origen había podido reconocer su atracción homosexual. En apoyo de su solicitud, C remitió también a las autoridades encargadas del examen de ésta una grabación en vídeo de actos íntimos practicados con una persona del mismo sexo. Mediante resolución de 8 de octubre de 2012, el Staatssecretaris desestimó la solicitud de asilo de C debido a que las declaraciones de éste sobre su homosexualidad no eran verosímiles. El Staatssecretaris consideró que C debió haber manifestado su orientación sexual en la primera solicitud de asilo, que no explicó claramente cómo había llegado a ser consciente de su homosexualidad y que fue incapaz de contestar a las preguntas relativas a las organizaciones neerlandesas que defienden los derechos de los homosexuales. Tras la desestimación de sus solicitudes de permisos de residencia temporal (asilo), A, B y C interpusieron recursos contra dichas resoluciones desestimatorias ante el Rechtbank ’s-Gravenhage. Mediante sentencias de 9 de septiembre de 2011 y de 30 de octubre de 2012, el Rechtbank ’s-Gravenhage desestimó por infundados los recursos de A y C, respectivamente. Dicho tribunal consideró que, por un lado, A y C debían haber impugnado, en sus respectivos recursos, las primeras resoluciones desestimatorias del Staatssecretaris y que, por otro lado, no demostraban, en el marco del segundo procedimiento de solicitud de asilo, la credibilidad de sus declaraciones sobre su homosexualidad. Mediante sentencia de 23 de agosto de 2012, fue desestimado también el recurso interpuesto por B contra la resolución desestimatoria del Staatssecretaris. El Rechtbank ’s-Gravenhage consideró que el Staatssecretaris había podido razonablemente concluir que las declaraciones de B sobre su homosexualidad no eran creíbles. A, B, y C apelaron dichas sentencias ante el Raad van State. En el marco de estos procedimientos de apelación, A, B y C alegan, en particular, que, debido a la imposibilidad de comprobar objetivamente la orientación sexual de los solicitantes de asilo, las autoridades encargadas del examen de una solicitud de asilo debían basar sus resoluciones únicamente en la declaración de tales solicitantes relativa a dicha orientación. Pues bien, según los demandantes en los litigios principales, en el marco de la evaluación de la credibilidad de las declaraciones realizadas por un solicitante de asilo, las referidas autoridades plantean cuestiones relativas a dicha orientación declarada, que menoscaban, en particular, el respeto de la dignidad del solicitante y su derecho al respeto de la vida privada, sin tener en cuenta, además, el embarazo que el solicitante puede sentir en las audiencias ni las barreras culturales que le impiden hablar abiertamente de dicha orientación. Por otra parte, estiman que el hecho de que el Staatssecretaris considere inverosímiles las versiones de los solicitantes de asilo no debe implicar la misma conclusión en cuanto a la credibilidad de la propia orientación sexual. El Staatssecretaris manifiesta que ni de la Directiva 2004/83 ni de la Carta se desprende que sea preciso pronunciarse basándose únicamente en la declaración de los solicitantes de asilo sobre su orientación sexual. Sin embargo, en su opinión, no hay que comprobar que los solicitantes de asilo poseen efectivamente la orientación sexual que alegan tener, sino más bien que hayan hecho verosímil su pertenencia a un grupo social, en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva 2004/83, o el hecho de que los agentes de la persecución los consideran como tales en el sentido del artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva. Por otra parte, según el Staatssecretaris, los solicitantes de asilo raramente pueden proporcionar una prueba de su homosexualidad distinta de sus propias declaraciones, de modo que, cuando se considera que éstas son coherentes y verosímiles y que ha quedado demostrada la credibilidad general del solicitante de asilo, a dichos solicitantes debe concedérseles el beneficio de la duda. Según el Staatssecretaris, la apreciación que debe efectuar de la credibilidad de la orientación sexual de los solicitantes de asilo no es diferente de la relativa a otros motivos de persecución. No obstante, dicha autoridad tiene en cuenta problemas específicos relacionados con las declaraciones relativas a la orientación sexual. En particular, se recomienda a los colaboradores encargados de las audiencias de los solicitantes de asilo que no planteen preguntas directas sobre cómo viven éstos su orientación. Por otra parte, no se atribuye importancia alguna a las imágenes de actos íntimos presentadas como prueba por los solicitantes de asilo, puesto que sólo demuestran la propia práctica de actos sexuales y no la realidad de la orientación sexual declarada. El Raad van State puntualiza que ni el artículo 4 de la Directiva 2004/83 ni las disposiciones invocadas de la Carta obligan al Staatssecretaris a considerar demostrada la orientación sexual declarada de los solicitantes de asilo basándose únicamente en sus declaraciones. Por otra parte, según dicho tribunal, la comprobación de la orientación sexual de los solicitantes de asilo no es diferente de la comprobación de otros motivos de persecución. No obstante, el Raad van State se pregunta sobre los posibles límites que imponen las disposiciones del artículo 4 de la Directiva 2004/83 y de los artículos 3 y 7 de la Carta en cuanto a la comprobación de la orientación sexual de los solicitantes de asilo. El juez remitente considera que el hecho de plantear preguntas al solicitante de asilo puede menoscabar, en cierto modo, los derechos garantizados por las citadas disposiciones de la Carta. Según dicho tribunal, el riesgo de menoscabar los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo, tal y como se recogen en los artículos 3 y 7 de la Carta, no queda excluido cualquiera que sea el método adoptado en el Estado miembro para llevar a cabo el examen de la realidad de la orientación sexual declarada. En estas circunstancias, el Raad van State decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial, formulada en idénticos términos en cada uno de los asuntos C‑148/13 a C‑150/13: «¿Qué límites establecen el artículo 4 de la [Directiva 2004/83] y la [Carta], en particular sus artículos 3 y 7, a las modalidades de apreciación de la verosimilitud de una orientación sexual declarada, y son distintos estos límites de los límites aplicables a la apreciación de la verosimilitud de otros motivos de persecución y, en caso de respuesta afirmativa, en qué medida?» Mediante resolución del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2013 se acumularon los asuntos C‑148/13 a C‑150/13 a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia. Sobre la cuestión prejudicial Observaciones preliminares De los considerandos tercero, decimosexto y decimoséptimo de la Directiva 2004/83 se desprende que la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de los refugiados y que las disposiciones de esta Directiva relativas a los requisitos de concesión del estatuto de refugiado y al contenido de éste se adoptaron para guiar a las autoridades competentes de los Estados miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes (sentencia H.N., C‑604/12, EU:C:2014:302 , apartado 27). Así pues, la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2004/83 debe efectuarse a la luz de su estructura general y de su finalidad, con observancia de la Convención de Ginebra y de los demás tratados pertinentes mencionados en el artículo 78 TFUE, apartado 1. Según se desprende del décimo considerando de dicha Directiva, tal interpretación debe realizarse respetando asimismo los derechos reconocidos por la Carta (sentencia X y otros, C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720 , apartado 40). Por otra parte, es preciso recordar que la Directiva 2004/83 no contiene normas de procedimiento aplicables al examen de una solicitud de protección internacional ni, por lo tanto, determina las garantías procedimentales que deben concederse al solicitante de asilo. La Directiva 2005/85 es la que establece normas mínimas relativas a los procedimientos de examen de las solicitudes y precisa los derechos de los solicitantes de asilo, que es preciso tener en cuenta en el marco del examen de los asuntos principales. Sobre la cuestión prejudicial Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 4 de la Directiva 2004/83, a la luz de las disposiciones de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que impone determinados límites a las autoridades nacionales competentes, que actúan bajo control judicial, cuando aprecian los hechos y circunstancias referentes a la orientación sexual declarada de un solicitante de asilo, cuya solicitud se basa en un temor a ser perseguido por razón de dicha orientación. Sobre este particular, es preciso señalar, de entrada, que, contrariamente a las alegaciones de los demandantes de los litigios principales —según las cuales las autoridades competentes encargadas del examen de una solicitud de asilo fundada en un temor a ser perseguido por razón de la orientación sexual del solicitante de asilo deben considerar su orientación declarada como un hecho probado basándose únicamente en las declaraciones de dicho solicitante—, dichas declaraciones sólo constituyen, habida cuenta del contexto particular en el que se inscriben las solicitudes de asilo, el punto de partida en el proceso de examen de los hechos y circunstancias previsto en el artículo 4 de la Directiva 2004/83. En efecto, del propio tenor del artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva resulta que, en el marco de dicho examen, los Estados miembros pueden considerar que es obligación del solicitante presentar lo antes posible todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional, teniendo el Estado miembro que valorar, con la cooperación del solicitante, los elementos pertinentes de la solicitud. Además, del artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2004/83 se desprende que si no se cumplen las condiciones recogidas en las letras a) a e) de esta disposición, las declaraciones de los solicitantes de asilo relativas a su orientación sexual pueden requerir confirmación. De lo anterior resulta que, aun cuando corresponde al solicitante de asilo identificar tal orientación, que constituye un factor relevante de su esfera personal, las solicitudes de concesión del estatuto de refugiado motivadas por un temor a ser perseguido por dicha orientación, al igual que las solicitudes basadas en otros motivos de persecución, pueden ser objeto de un proceso de evaluación, previsto en el artículo 4 de la misma Directiva. Sin embargo, los métodos de apreciación, por las autoridades competentes, de las declaraciones y de las pruebas documentales o de otro tipo presentadas para apoyar tales solicitudes deben ajustarse a las disposiciones de las Directivas 2004/83 y 2005/85 y, como resulta de los considerandos décimo y octavo de dichas Directivas, respectivamente, a los derechos fundamentales garantizados por la Carta, tales como el derecho al respeto de la dignidad humana, recogido en el artículo 1 de la Carta, y el derecho al respeto de la vida privada y familiar, garantizado en su artículo 7. Aun cuando lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva 2004/83 es aplicable a todas las solicitudes de protección internacional, cualesquiera que sean los motivos de persecución invocados para apoyar dichas solicitudes, no es menos cierto que corresponde a las autoridades competentes adaptar sus métodos de apreciación de las declaraciones y de las pruebas documentales o de otro tipo en función de las características propias de cada categoría de solicitud de asilo, respetando los derechos garantizados por la Carta. En lo referente a la valoración de los hechos y circunstancias prevista en el artículo 4 de la Directiva 2004/83, esta valoración se desarrolla —como se declaró en el apartado 64 de la sentencia M. (C‑277/11, EU:C:2012:744 )— en dos etapas distintas. El objeto de la primera etapa es establecer las circunstancias fácticas que puedan constituir elementos de prueba en apoyo de la solicitud, mientras que la segunda etapa se refiere a la valoración jurídica de estos elementos y consiste en decidir si, a la vista de los hechos que caracterizan un caso concreto, se cumplen los requisitos de fondo previstos en los artículos 9 y 10 o 15 de la Directiva 2004/83 para la concesión de la protección internacional. En el marco de esta primera etapa, en la que se inscriben precisamente las preguntas del tribunal remitente en cada uno de los asuntos principales, si bien los Estados miembros pueden considerar que normalmente es obligación del solicitante presentar todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud —al ser éste, por otra parte, el más capacitado para aportar elementos que puedan demostrar su propia orientación sexual—, no es menos cierto que corresponde al Estado miembro de que se trate cooperar con dicho solicitante en la fase de la determinación de los elementos pertinentes de dicha solicitud, conforme al artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia M., EU:C:2012:744 , apartado 65). A este respecto, es preciso señalar que, conforme al artículo 4, apartado 3, letra c), de la Directiva 2004/83, la evaluación de una solicitud debe ser individual y tener en cuenta la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas esas circunstancias, los actos a los cuales se haya visto o podría verse expuesto pueden constituir persecución o daños graves. Por otra parte, como se ha recordado en el apartado 51 de la presente sentencia, en el marco de las comprobaciones realizadas por las autoridades competentes, en virtud del artículo 4 de la citada Directiva, si las declaraciones de un solicitante de asilo presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación siempre que se cumplan las condiciones acumulativas establecidas en el artículo 4, apartado 5, letras a) a e), de la misma Directiva. En cuanto a los métodos de apreciación de las declaraciones y de las pruebas documentales o de otro tipo de que se trata en cada uno de los asuntos principales, es preciso, a fin de proporcionar una respuesta útil al tribunal remitente, limitar el presente análisis a la conformidad con las disposiciones de las Directivas 2004/83 y 2005/85 y con las de la Carta, por un lado, de las comprobaciones realizadas por las autoridades competentes mediante interrogatorios basados, en particular, en estereotipos sobre los homosexuales o interrogatorios detallados relativos a las prácticas sexuales de un solicitante de asilo, y de la posibilidad de que dichas autoridades acepten que el referido solicitante se someta a «exámenes» para demostrar su homosexualidad y/o que presente, por su propia voluntad, grabaciones en vídeo de sus actos íntimos y, por otro lado, de la posibilidad de que las autoridades competentes consideren que no existe credibilidad por el mero hecho de que el solicitante no invocó su orientación sexual en la primera ocasión que se le ofreció de exponer los motivos de persecución. Por lo que respecta, en primer lugar, a los exámenes basados en interrogatorios referentes al conocimiento, por el solicitante de asilo de que se trate, de asociaciones de defensa de los intereses de los homosexuales y de detalles relativos a tales asociaciones, implican, según el demandante del litigio principal en el asunto C‑150/13, que dichas autoridades basan sus apreciaciones en conceptos estereotipados relativos a los comportamientos de los homosexuales y no en las circunstancias concretas de cada solicitante de asilo. Sobre este particular, es necesario recordar que el artículo 4, apartado 3, letra c), de la Directiva 2004/83 obliga a las autoridades competentes a efectuar la evaluación de una solicitud teniendo en cuenta la situación particular y las circunstancias personales del solicitante y que el artículo 13, apartado 3, letra a), de la Directiva 2005/85 exige que esas mismas autoridades celebren la audiencia teniendo en cuenta las circunstancias personales o generales que rodean la solicitud de asilo. Si bien unos interrogatorios relativos a conceptos estereotipados pueden constituir un elemento útil a disposición de las autoridades competentes a efectos de dicha evaluación, la evaluación de las solicitudes de concesión del estatuto de refugiado basada únicamente en conceptos estereotipados asociados a los homosexuales no responde sin embargo a lo exigido en las disposiciones mencionadas en el apartado anterior, en la medida en que no permite que dichas autoridades tengan en cuenta la situación particular y las circunstancias personales del solicitante de asilo de que se trate. Por consiguiente, la incapacidad de un solicitante de asilo para responder a tales preguntas no constituye, per se , un motivo suficiente para llegar a la conclusión de que el solicitante carece de credibilidad, en la medida en que tal enfoque resulta contrario a lo exigido en el artículo 4, apartado 3, letra c), de la Directiva 2004/83 y en el artículo 13, apartado 3, letra a), de la Directiva 2005/85. En segundo lugar, si bien las autoridades nacionales pueden llevar a cabo, en su caso, interrogatorios destinados a apreciar los hechos y circunstancias relativos a la orientación sexual declarada de un solicitante de asilo, los interrogatorios sobre los detalles de las prácticas sexuales de dicho solicitante son contrarios a los derechos fundamentales garantizados por la Carta y, en concreto, al derecho al respeto de la vida privada y familiar, tal y como se consagra en su artículo 7. Por lo que respecta, en tercer lugar, a la posibilidad de que las autoridades nacionales acepten, como han propuesto varios demandantes en los litigios principales, la práctica de actos homosexuales, su sumisión a eventuales «exámenes» para demostrar su homosexualidad o incluso la presentación por dichos solicitantes de pruebas como grabaciones en vídeo de sus actos íntimos, es preciso subrayar que, aparte de que tales elementos no tienen necesariamente valor probatorio, pueden menoscabar la dignidad humana, cuyo respeto está garantizado en el artículo 1 de la Carta. Por lo demás, autorizar o aceptar tal tipo de pruebas supondría un efecto incentivador respecto de otros solicitantes y equivaldría, de facto , a imponerles a éstos tales pruebas. En cuarto lugar, por lo que respecta a la posibilidad de que las autoridades competentes consideren que no existe credibilidad cuando, en particular, el solicitante no invocó su orientación sexual en la primera ocasión que se le ofreció de exponer los motivos de persecución, es preciso señalar lo siguiente. De lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/83 resulta que los Estados miembros pueden considerar que es obligación del solicitante presentar «lo antes posible» todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional. Sin embargo, habida cuenta de que las preguntas relativas a la esfera personal de una persona, y en particular a su sexualidad, son delicadas, no cabe concluir que dicha persona carece de credibilidad por el mero hecho de que, debido a su reticencia a revelar aspectos íntimos de su vida, no haya declarado desde un primer momento su homosexualidad. Por otra parte, es preciso observar que la obligación establecida en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/83 de presentar todos los elementos necesarios para fundamentar la solicitud de protección internacional «lo antes posible» queda matizada por la exigencia que se impone a las autoridades competentes, con arreglo al artículo 13, apartado 3, letra a), de la Directiva 2005/85 y al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/83, de celebrar la audiencia teniendo en cuenta las circunstancias personales o generales que rodean la solicitud, incluida la vulnerabilidad del solicitante, y de efectuar de manera individual una evaluación de dicha solicitud teniendo en cuenta la situación particular y las circunstancias personales de cada solicitante. Por lo tanto, considerar que un solicitante de asilo no es creíble por el único motivo de que no reveló su orientación sexual en la primera ocasión que se le ofreció de exponer los motivos de persecución llevaría a ignorar la exigencia aludida en el apartado anterior. Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada en cada uno de los asuntos C‑148/13 a C‑150/13 lo siguiente: — El artículo 4, apartado 3, letra c), de la Directiva 2004/83 y el artículo 13, apartado 3, letra a), de la Directiva 2005/85 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en el marco del examen, por las autoridades nacionales competentes, que actúan bajo control judicial, de los hechos y circunstancias referentes a la orientación sexual declarada de un solicitante de asilo, cuya solicitud se basa en el temor a ser perseguido por razón de dicha orientación, las declaraciones de ese solicitante y las pruebas documentales o de otro tipo presentadas para apoyar su solicitud sean objeto de apreciación, por dichas autoridades, mediante interrogatorios basados únicamente en conceptos estereotipados relativos a los homosexuales. — El artículo 4 de la Directiva 2004/83, a la luz del artículo 7 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de dicho examen, las autoridades nacionales competentes lleven a cabo interrogatorios detallados sobre las prácticas sexuales de un solicitante de asilo. — El artículo 4 de la Directiva 2004/83, a la luz del artículo 1 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de dicho examen, las referidas autoridades acepten pruebas como la práctica de actos homosexuales por el solicitante de asilo de que se trate, su sumisión a «exámenes» para demostrar su homosexualidad o la presentación por dicho solicitante de grabaciones en vídeo de tales actos. — El artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/83 y el artículo 13, apartado 3, letra a), de la Directiva 2005/85 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en el marco de ese mismo examen, las autoridades nacionales competentes concluyan que carecen de verosimilitud las declaraciones del solicitante de asilo de que se trate por el único motivo de que éste no invocó su orientación sexual en la primera ocasión que se le ofreció de exponer los motivos de persecución. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: El artículo 4, apartado 3, letra c), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, y el artículo 13, apartado 3, letra a), de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en el marco del examen, por las autoridades nacionales competentes, que actúan bajo control judicial, de los hechos y circunstancias referentes a la orientación sexual declarada de un solicitante de asilo, cuya solicitud se basa en el temor a ser perseguido por razón de dicha orientación, las declaraciones de ese solicitante y las pruebas documentales o de otro tipo presentadas para apoyar su solicitud sean objeto de apreciación, por dichas autoridades, mediante interrogatorios basados únicamente en conceptos estereotipados relativos a los homosexuales. El artículo 4 de la Directiva 2004/83, a la luz del artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de dicho examen, las autoridades nacionales competentes lleven a cabo interrogatorios detallados sobre las prácticas sexuales de un solicitante de asilo. El artículo 4 de la Directiva 2004/83, a la luz del artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de dicho examen, las referidas autoridades acepten pruebas como la práctica de actos homosexuales por el solicitante de asilo de que se trate, su sumisión a «exámenes» para demostrar su homosexualidad o la presentación por dicho solicitante de grabaciones en vídeo de tales actos. El artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/83 y el artículo 13, apartado 3, letra a), de la Directiva 2005/85 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, en el marco de ese mismo examen, las autoridades nacionales competentes concluyan que carecen de verosimilitud las declaraciones del solicitante de asilo de que se trate por el único motivo de que éste no invocó su orientación sexual en la primera ocasión que se le ofreció de exponer los motivos de persecución. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: neerlandés.

62018CJ0502

bg

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 ( ОВ L 46, 2004 г., стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218). Запитването е отправено в рамките на спор между CS и др. (наричани по-нататък „въпросните пътници“) и České aerolinie a.s., въздушен превозвач, по повод на отказа на последния да обезщети тези пътници, чийто директно свързан полет е пристигнал с голямо закъснение. Правна уредба Член 2, букви б) и в) от Регламент № 261/2004 гласи следното: „За целите на настоящия регламент: […] б) „опериращ въздушен превозвач“ означава въздушен превозвач, който изпълнява или има намерение да изпълнява полет съгласно договор с пътник или от името на друго лице, юридическо или физическо, имащо договор с този пътник; в) „превозвач от Общността” означава въздушен превозвач с валиден лиценз за опериране, издаден от държава членка в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи [( ОВ L 240, 1992 г., стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 2, стр. 76)]“. Член 3 от посочения регламент, озаглавен „Приложно поле“, предвижда следното в параграфи 1 и 5: „1.   Настоящият регламент се прилага: a) за пътници, заминаващи от летище, намиращо се на територията на държава членка, към която Договорът се прилага; […] 5.   Настоящият регламент се прилага за всеки опериращ въздушен превозвач, предоставящ транспорт на пътниците, обхванати от параграфи 1 и 2. В случаите, когато опериращ въздушен превозвач, който няма никакъв договор с пътника, изпълнява задължения съгласно настоящия регламент, се счита, че той върши това от името на лицето, което има договор с този пътник“. Член 5, параграф 1, буква в) от посочения регламент гласи следното: „При отмяна на полет съответните пътници: […] в) имат право на обезщетение от опериращия въздушен превозвач по член 7, освен ако не са: i) информирани за отмяната минимум две седмици преди началото на полета по разписание; или ii) информирани за отмяната между две седмици и седем дни преди началото на полета по разписание и им е предложено премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от два часа преди началото на полета по разписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от четири часа след времето за пристигане по разписание; или iii) информирани за отмяната по-малко от седем дни преди началото на полета по разписание и им е предложено премаршрутиране, което им позволява да заминат не по-късно от един час преди началото на полета по разписание и да достигнат техния краен пункт на пристигане за по-малко от два часа след времето за пристигане по разписание“. Член 7, параграф 1 от посочения регламент има следния текст: „При прилагането на този член пътниците получават обезщетение, възлизащо на: […] в) 600 EUR за всички полети, непопадащи под букви а) или б). […]“. Член 13 от Регламент № 261/2004 гласи следното: „В случаите, когато опериращ въздушен превозвач плаща обезщетение или изпълнява други задължения, произтичащи от настоящия регламент, нито една разпоредба от този регламент не може да се тълкува като ограничаваща неговото право да търси обезщетение от всяко лице, в това число и трети лица, в съответствие с приложимото законодателство. По-специално, настоящият регламент по никакъв начин не ограничава опериращия въздушен превозвач да търси възстановяване от туроператор или друго лице, с което опериращият въздушен превозвач има договор. По същия начин, нито една разпоредба от този регламент не може да се тълкува като ограничаваща правото на туроператор или трето лице, различно от пътника, с когото опериращ въздушен превозвач има договор, да търси възстановяване или обезщетение от опериращия въздушен превозвач в съответствие с приложимото законодателство“. Спорът в главното производство и преюдициалният въпрос Всеки един от въпросните единадесет на брой пътници е направил чрез České aerolinie една резервация за полет от Прага (Чешка република) до Банкок (Тайланд) през Абу Даби (Обединени арабски емирства). Първият полет от този директно свързан полет, изпълняван от České aerolinie от Прага до Абу Даби, е извършен съгласно графика на полета и е пристигнал навреме в дестинацията си. За сметка на това вторият полет, от Абу Даби до Банкок, изпълняван в рамките на споразумение за съвместно опериране от Etihad Airways, което не е „въздушен превозвач от Общността“ по смисъла на член 2, буква в) от Регламент № 261/2004, е пристигнал с 488 минути закъснение. Тъй като České aerolinie е отказало да им изплати обезщетението, предвидено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 261/2004, въпросните пътници са подали пред компетентния първоинстанционен чешки съд иск срещу този превозвач. Посочената юрисдикция е уважила искането им за обезщетение, като по-специално е приела, че макар да не е извършило полета, който е имал голямо закъснение, České aerolinie е било длъжно да заплати посоченото обезщетение в приложение на член 3, параграф 5, последно изречение от Регламент № 261/2004. Запитващата юрисдикция Městský soud v Praze (Градски съд Прага, Чешка република) потвърждава това решение в рамките на производство по обжалване. С решението си от 26 април 2016 г. тя по-специално приема, че не е необходимо да сезира Съда с преюдициално запитване на основание член 267 ДФЕС, тъй като тълкуването на член 3, параграф 5 от Регламент № 261/2004 може ясно да се изведе от текста на този регламент, както и от решението от 28 февруари 2013 г., Folkerts ( C‑11/11 , EU:C:2013:106 ). В това отношение запитващата юрисдикция приема, че от тази разпоредба следва, че České aerolinie е пряко отговорно пред въпросните пътници за претърпяната от тях вреда в резултат от закъснението в частта от директно свързания полет, извършена от Etihad Airways, тъй като основният елемент на правното понятие за представителство е, че принципалът е пряко отговорен за действията на представителя. Освен това запитващата юрисдикция приема, че това тълкуване на посочения регламент е напълно адекватно спрямо разглежданото от нея фактическо положение и е справедливо, тъй като отговорността на превозвача по договор произтича от договора и превозвачът не може да бъде освободен от нея въз основа на довода, че частта от полета, при която възниква закъснението, е извършена от друго лице, като това положение е аналогично на всяка друга форма на възлагане на подизпълнение. С решение от 31 октомври 2017 г. Ústavní soud (Конституционен съд, Чешка република) обаче отменя това решение. С решението си Ústavní soud (Конституционен съд) дава указания на запитващата юрисдикция да разгледа доводите на České aerolinie, в които то се позовава на решение на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия), в което посоченият съд в подобен контекст е приел, че превозвачът по договора не може да носи отговорност, ако той не е бил опериращият въздушен превозвач. След като делото е върнато за ново разглеждане от Ústavní soud (Конституционен съд), запитващата юрисдикция констатира, че предявеният от въпросните пътници иск за обезщетение може да бъде уважен само ако превозвачът по договора, в случая České aerolinie, може да бъде отговорен за пристигането с голямо закъснение на полета, изпълняван извън Европейския съюз от въздушен превозвач, който е установен извън Съюза, а именно Etihad Airways. В подкрепа на това е изискването за високо равнище на защита на пътниците, по-конкретно когато, както в настоящия случай, става дума за директно свързан полет, едната част от който се извършва извън Съюза от въздушен превозвач извън Общността, което означава, че Регламент № 261/2004 не се прилага. От друга страна, аргумент против такова тълкуване е фактът, че в посочения регламент се предвижда, че лицето, което дължи предвиденото в член 7, параграф 1, буква в) от него обезщетение, е опериращият въздушен превозвач, което се потвърждава от съдебната практика на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд). При тези условия Městský soud v Praze (Градски съд Прага) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следния преюдициален въпрос: „Съществува ли задължение за превозвач от Общността да заплати обезщетение на пътници на основание член 3, параграф 5, второ изречение от [Регламент № 261/2004], когато превозвачът от Общността в качеството му на превозвач по договор извършва първата отсечка от директно свързан полет на летище на държава, която не е членка на Европейския съюз, откъдето съгласно споразумение за съвместно опериране […] въздушен превозвач, който не е превозвач от Общността, извършва втората отсечка от полета и има закъснение повече от три часа при пристигането на летището на крайния пункт на пристигане, което възниква изключително по време на втората отсечка от полета?“. По преюдициалния въпрос С въпроса си запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали член 5, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 1 от Регламент № 261/2004, във връзка с член 3, параграф 5 от същия трябва да се тълкуват в смисъл, че в рамките на директно свързан полет, съставен от два полета, за които е направена една-единствена резервация, започващ от летище, намиращо се на територията на държава членка, с краен пункт летище, намиращо се в трета държава, и с преминаване през летището на друга трета държава, пътник, който в своя краен пункт на пристигане е претърпял закъснение от три часа или повече, възникнало при втория полет, извършен в рамките на споразумение за съвместно опериране от превозвач, който е установен в трета държава, може да предяви своя иск за обезщетение на основание на посочения регламент срещу въздушния превозвач от Общността, който е извършил първия полет. В самото начало следва да се припомни, от една страна, че полет, който се състои от един или повече свързани полета, за които е направена една-единствена резервация, съставлява едно цяло за целите на правото на обезщетение на пътниците по Регламент № 261/2004 (вж. в този смисъл решение от 31 май 2018 г., Wegener, C‑537/17 , EU:C:2018:361 , т. и и цитираната съдебна практика), като това означава, че приложимостта на Регламент № 261/2004 се преценява с оглед на мястото на първоначалния пункт на излитане и крайния пункт на пристигане (вж. в този смисъл решение от 31 май 2018 г., Wegener, C‑537/17 , EU:C:2018:361 , т. ). Съгласно член 3, параграф 1, буква a) от Регламент № 261/2004 той по-конкретно се прилага към пътници, заминаващи от летище, намиращо се на територията на държава членка, към която Договорът се прилага. Следователно директно свързан полет като разглеждания по главното производство, започващ от Прага до Банкок през Абу Даби, извършен от летище, намиращо се на територията на държава членка, попада в приложното поле на Регламент № 261/2004. От друга страна, Съдът е постановил, че пътниците, чиито полети са закъснели, трябва да се счита, че имат право на обезщетение, предвидено в член 5, параграф 1, буква в) от Регламент № 261/2004 във връзка с член 7, параграф 1 от същия регламент, в случай че при пристигането си в крайния пункт са претърпели загуба на време, равна на или по-голяма от три часа (вж. в този смисъл решения от 19 ноември 2009 г., Sturgeon и др., C‑402/07 и C‑432/07 , EU:C:2009:716 , т. и от 23 октомври 2012 г., Nelson и др., C‑581/10 и C‑629/10 , EU:C:2012:657 , т. ). Що се отнася до лицето, което дължи обезщетение в случай на голямо закъснение при пристигане на директно свързан полет като разглеждания по главното производство, от текста на член 5, параграф 1, буква в) и параграф 3 от Регламент № 261/2004 е видно, че става дума само за „опериращ[ия] въздушен превозвач“ по смисъла на член 2, буква б) от посочения регламент. Следователно трябва да се определи дали в случай като разглеждания в главното производство въздушен превозвач като České aerolinie попада в обхвата на тази квалификация. Съгласно член 2, буква б) от Регламент № 261/2004 „опериращ въздушен превозвач“ означава „въздушен превозвач, който изпълнява или има намерение да изпълнява полет съгласно договор с пътник или от името на друго лице, юридическо или физическо, имащо договор с този пътник“. Така в това определение се поставят две кумулативни условия, за да може даден въздушен превозвач да бъде квалифициран като „опериращ въздушен превозвач“ — а именно, от една страна, относно осъществяването на съответния полет, и от друга страна, относно наличието на сключен с даден пътник договор (решение от 4 юли 2018 г., Wirth и др., C‑532/17 , EU:C:2018:527 , т. ). В случая и както е видно от акта за преюдициално запитване, е безспорно установено, че České aerolinie действително е извършило полет в рамките на договор за превоз, сключен с въпросните пътници. Следователно то следва да бъде квалифицирано като „опериращ въздушен превозвач“ и следователно дължи, при спазване на член 5, параграф 3 от Регламент № 261/2004, обезщетението, предвидено в член 5, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 1 от посочения регламент. Такова съображение не би могло да бъде поставено под въпрос от факта, който České aerolinie посочва в писменото си становище, че претърпяното от въпросните пътници по главното производство закъснение е възникнало не в рамките на извършения от този превозвач първи полет от директно свързания полет, а в рамките на втория полет от този директно свързан полет, който е извършен от друг въздушен превозвач. Във връзка с това най-напред следва да се отбележи, че съгласно съдебната практика, припомнена в точка 16 от настоящото решение, полети, състоящи се от един или повече свързани полети, за които е направена една-единствена резервация, трябва да се разглеждат като едно цяло, което означава, че в рамките на такива полети опериращият въздушен превозвач, извършил първия полет, не може да се оправдава с довода за лошо извършване на последващия полет, изпълнен от друг въздушен превозвач. На следващо място, член 3, параграф 5, второ изречение от Регламент № 261/2004 уточнява, че в случаите, когато опериращ въздушен превозвач, който няма никакъв договор с пътника, изпълнява задължения съгласно настоящия регламент, се счита, че той върши това от името на лицето, което има договор с този пътник. Така в положение като разглежданото по главното производство, при което в рамките на директно свързан полет, съставен от два полета, за които е направена една-единствена резервация, вторият полет е извършен съгласно споразумение за съвместно опериране от опериращ въздушен превозвач, различен от опериращия въздушен превозвач, който е сключил договора за превоз с съответните пътници и е извършил първия полет, последният превозвач остава обвързан от договорни отношения с пътниците, дори в рамките на изпълнението на втория полет. Освен това целта за гарантиране на високо равнище на защита на пътниците, посочена в съображение 1 от Регламент № 261/2004, също така може да бъде в подкрепа на извода, че в случай на директно свързан полет, за който е направена една-единствена резервация и който е извършен в рамките на споразумение за съвместно опериране, опериращият въздушен превозвач, който е извършил първия полет, дължи обезщетение дори в случай на закъснение, настъпило по време на втория полет, изпълняван от друг въздушен превозвач. Всъщност такова решение позволява да се гарантира, че превозените пътници ще бъдат обезщетени от опериращия въздушен превозвач, който е сключил договора за превоз с тях, без да трябва да се държи сметка за договореностите на посочения превозвач относно извършването на втория полет от директно свързания полет. Накрая, важно е да се припомни, че съгласно член 13 от Регламент № 261/2004 изпълнението на задълженията на опериращия въздушен превозвач по този регламент не засяга правото му да търси в съответствие с приложимото национално право обезщетение от всяко, в това число и трето лице, чието поведение е станало причина той да не изпълни задълженията си (решение от 11 май 2017 г., Krijgsman, C‑302/16 , EU:C:2017:359 , т. и цитираната съдебна практика). Следователно, и по-конкретно в случай на директно свързан полет, за който е направена една-единствена резервация и който е извършен в рамките на споразумение за съвместно опериране, опериращият въздушен превозвач, който трябва да плати предвиденото от Регламент № 261/2004 обезщетение поради голямо закъснение, свързано с полет, който самият той не е извършил, може при необходимост да предяви иск срещу опериращия въздушен превозвач, който е отговорен за това закъснение, за да получи обезщетение за тази финансова тежест. Предвид изложеното по-горе на поставения въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 1 от Регламент № 261/2004, във връзка с член 3, параграф 5 от същия трябва да се тълкуват в смисъл, че в рамките на директно свързан полет, съставен от два полета, за които е направена една-единствена резервация, започващ от летище, намиращо се на територията на държава членка, и с краен пункт летище, намиращо се в трета държава, и с преминаване през летището на друга трета държава, пътник, който в своя краен пункт на пристигане е претърпял закъснение от три часа или повече, възникнало при втория полет, извършен в рамките на споразумение за съвместно опериране от превозвач, който е установен в трета държава, може да предяви своя иск за обезщетение на основание на посочения регламент срещу въздушния превозвач от Общността, който е извършил първия полет. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (девети състав) реши: Член 5, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, във връзка с член 3, параграф 5 от Регламент № 261/2004 трябва да се тълкуват в смисъл, че в рамките на директно свързан полет, съставен от два полета, за които е направена една-единствена резервация, започващ от летище, намиращо се на територията на държава членка, и с краен пункт летище, намиращо се в трета държава, и с преминаване през летището на друга трета държава, пътник, който в своя краен пункт на пристигане е претърпял закъснение от три часа или повече, възникнало при втория полет, извършен в рамките на споразумение за съвместно опериране от превозвач, който е установен в трета държава, може да предяви своя иск за обезщетение на основание на посочения регламент срещу въздушния превозвач от Общността, който е извършил първия полет. Подписи ( *1 ) Език на производството: чешки.

62003CJ0451

lv

1       Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt EKL 4., 10., 82., 86. un 98. pantu par konkurenci, EKL 43., 48. un 49. pantu par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un par pakalpojumu sniegšanas brīvību un EKL 87. pantu par valsts atbalstu. 2       Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp sabiedrību Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl (turpmāk tekstā – “ ADC Servizi ”) un Kalafiori [ Calafiori ] kungu, notāru, par šā notāra atteikumu reģistrēt Milānas uzņēmumu reģistrā minētās sabiedrības kopsapulces lēmumu par grozījumiem tās statūtos. Atbilstošās valsts tiesību normas 3       Atbilstošās valsts tiesību normas saskaņā ar lēmumā par prejudiciālo jautājumu uzdošanu sniegtajām ziņām īsumā var izklāstīt šādi. 4       Saskaņā ar 1997. gada 9. jūlija Dekrētu–likumu Nr. 241, kurā papildinājumi izdarīti ar 1998. gada 28. decembra Dekrētu–likumu Nr. 490 (turpmāk tekstā – “Dekrēts–likums Nr. 241/97”), tikai fiskālās palīdzības centriem (turpmāk tekstā – “FPC”) ir tiesības veikt noteiktas darbības fiskālo konsultāciju un palīdzības jomā, tostarp darbības saistībā ar darbinieku un tiem pielīdzināmo personu gada ienākumu deklarēšanu. 5       Dekrēta–likuma Nr. 241/97 34. panta 4. punkts piešķir FPC ekskluzīvu kompetenci attiecībā uz ienākumu nodokļu deklarāciju noformēšanu saskaņā ar vienkāršotu formu (730. forma), tostarp aizpildītā deklarācijas eksemplāra un nodokļu nomaksas apliecības nodošanu nodokļu maksātājam, deklarēšanas rezultātu paziņošanu darba devējiem, kas ir atbildīgi par nodokļu piedziņu, lai koriģētu ienākumu gūšanas vietā samaksātus nodokļus, un deklarāciju nosūtīšanu nodokļu administrācijai. 6       Turklāt Dekrēta–likuma Nr. 241/97 35. panta 2. punkta b) apakšpunkts paredz, ka tikai FPC var kontrolēt deklarācijā sniegto ziņu atbilstību tās pielikumiem. 7       FPC ir jādibina akciju sabiedrības formā un tam jāveic savas darbības saskaņā ar Finanšu ministrijas izsniegto atļauju. Tos var dibināt tikai Dekrēta–likuma Nr. 241/97 32. un 33. pantā norādītie tiesību subjekti. Tie ir it īpaši darba devēju organizācijas, arodbiedrības vai to pilnvarotās teritoriālās organizācijas, kuru sastāvā ir vismaz 50 000 biedru, daži par nodokļu piedziņu atbildīgie darba devēji, kas nodarbina vismaz 50 000 darbinieku, vai arī darba devēju apvienības, kas nodibinājušas savstarpējas interešu aizsardzības institūcijas ( istituti di patronato ) un kuru sastāvā ir vismaz 50 000 biedru. Attiecībā uz dažiem Dekrētā–likumā Nr. 241/97 minētajiem tiesību subjektiem šķiet, ka FPC var nodibināt tikai Itālijā reģistrētie subjekti. 8       Turklāt Dekrēta–likuma Nr. 241/97 33. panta 2. punkts paredz, ka FPC izraugās vienu vai vairākas personas, kas atbild par fiskālo palīdzību, no grāmatvedības ekspertu kolēģijā vai grāmatvežu kolēģijā reģistrētajām personām. 9       Attiecīgie tiesību akti paredz, ka par darbībām, ko var veikt tikai FPC, tiem no valsts budžeta maksā atlīdzību, kas sākotnēji bija noteikta ITL 25 000 apmērā par katru aizpildīto un nosūtīto deklarāciju un vēlāk tika palielināta līdz aptuveni EUR 14. Pamata prāva 10 ADC Servizi , kas reģistrēta Milānā, mērķis ir sniegt palīdzību un konsultācijas grāmatvedības un vadības jautājumos. 11     2003. gada 25. februārī šīs sabiedrības ārkārtas kopsapulce nolēma apstiprināt jaunos statūtus, lai atspoguļotu faktu, ka sabiedrība sniedz arī fiskālās palīdzības pakalpojumus uzņēmumiem, darbiniekiem un tiem pielīdzināmām personām, kā arī pensionāriem. 12     Kalafiori kungs, notārs, kam bija jānoformē attiecīgais protokols, atteicās reģistrēt šo lēmumu Milānas uzņēmumu reģistrā, pamatojoties uz to, ka, pēc viņa domām, statūtu grozījumi, kas atļauj sabiedrībai veikt minētās fiskālās palīdzības darbības, ir pretrunā Dekrēta–likuma Nr. 241/97 34. pantam. 13 ADC Servizi lūdza Tribunale di Milano (Milānas tiesa) izdot rīkojumu par minētā lēmuma reģistrāciju Milānas uzņēmumu reģistrā. Ar 2003. gada 15. maija rīkojumu minētā tiesa noraidīja prasību. 14 ADC Servizi par šo rīkojumu iesniedza apelācijas sūdzību Corte d’appello di Milano (Milānas Apelācijas tiesa), pamatojoties uz to, ka, piešķirot FPC ekskluzīvās tiesības veikt noteiktas fiskālo konsultāciju un palīdzības darbības, Dekrēta–likuma Nr. 241/97 noteikumi ir pretrunā EK līgumam. 15 Corte d’appello di Milano uzskata, ka, lai izlemtu strīdu, ko tā izskata, ir jāatrisina jautājumi saistībā ar Kopienu tiesību interpretāciju. 16     Tā norāda, pirmkārt, ka darbiniekiem, pensionāriem un tiem pielīdzināmām personām nākas vērsties FPC arī ar jautājumiem, kas nav šo organizāciju ekskluzīvajā kompetencē saskaņā ar attiecīgo tiesisko regulējumu, un līdz ar to tiek traucēta konkurence šajā tirgū. Tātad šāda sistēma ir pretrunā EKL 10., 81., 82. un 86. pantam. 17     Turpinājumā Corte d’appello di Milano norāda, ka fakts, ka tiesības sniegt ienākumu deklarāciju noformēšanas un iesniegšanas pakalpojumus ir tikai zināmiem tiesību subjektiem, kas atbilst precīzi noteiktajiem kritērijiem, ir šķērslis ne tikai šīs valsts komersantiem, bet arī citās dalībvalstīs reģistrētajiem komersantiem veikt savu komercdarbību un tas varētu būt ar EKL 43., 48. un 49. pantu aizliegts ierobežojums. 18     Visbeidzot, šai valsts tiesai ir aizdomas, ka uz šā sprieduma 9. punktā minēto atlīdzību, ko paredzēts maksāt tikai FPC no valsts budžeta, attiecas EKL 87. un 88. pantā noteiktais aizliegums. Prejudiciālie jautājumi 19     Ņemot vērā šos apsvērumus, Corte d’appello di Milano nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: “1)      Vai EKL 4., 10., 82., 86. un 98. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie aizliedz piemērot valsts tiesību normas, tādas kā tās, kas izriet no [Dekrēta–likuma Nr. 241/97], to aplūkojot it īpaši kopā ar saskaņotajiem ienākumu nodokļu likumiem (1986. gada 22. decembra DPR [Republikas prezidenta dekrēts] Nr. 917) un 1991. gada 30. decembra Likumu Nr. 413, un kas piešķir ekskluzīvas tiesības veikt noteiktas fiskālo konsultāciju darbības tikai vienas kategorijas tiesību subjektiem, [..] FPC [..], un liedz citiem komersantiem šajā nozarē, pat ja tiem būtu atbilstoša kvalifikācija, lai veiktu profesionālo darbību fiskālo konsultāciju un grāmatvedības jomā (grāmatvedības eksperti, advokāti un citi konsultanti darba un nodarbinātības jautājumos), tiesības veikt tikai FPC paredzētās darbības saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un izpildes kārtību? 2)      Vai EKL 43., 48. un 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie aizliedz piemērot valsts tiesību normas, tādas kā tās, kas izriet no [Dekrēta–likuma Nr. 241/97], to aplūkojot it īpaši kopā ar saskaņotajiem ienākumu nodokļu likumiem ([..] DPR Nr. 917) un 1991. gada 30. decembra Likumu Nr. 413, un kas piešķir ekskluzīvas tiesības veikt noteiktas fiskālo konsultāciju darbības tikai vienas kategorijas tiesību subjektiem, FPC, un liedz citiem komersantiem šajā nozarē, pat ja tiem būtu atbilstoša kvalifikācija, lai veiktu profesionālo darbību fiskālo konsultāciju un grāmatvedības jomā (grāmatvedības eksperti, advokāti un citi konsultanti darba un nodarbinātības jautājumos), tiesības veikt tikai FPC paredzētās darbības saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un izpildes kārtību? 3)      Vai EKL 87. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds pasākums kā tas, kas noteikts ar Dekrētu–likumu Nr. 241/97 un it īpaši tā 38. pantu un kas paredz no valsts budžeta maksāt FPC atlīdzību par minētā dekrēta 34. panta 4. punktā un 37. panta 2. punktā norādīto darbību veikšanu, ir valsts atbalsts?” Par pirmo jautājumu 20     Vispirms ir jānorāda, ka EKL 4. un 98. pantā definēti Kopienu sistēmas ekonomikas politikas pamatprincipi un noteikts konteksts EKL 82. un 86. pantā izklāstītajiem konkurences noteikumiem. Līdz ar to valsts tiesas atsauce uz EKL 4. pantu un 98. pantu nekādi neietekmē atbildi, kas būs tāda pati kā atbilde uz jautājumu par EKL 82. panta un 86. panta interpretāciju. 21     Tātad ir jākonstatē, ka ar savu pirmo jautājumu iesniedzējtiesa būtībā vaicā, vai EKL 82. un 86. pants aizliedz piemērot valsts tiesību normas, tādas kā pamata prāvā, ar kurām FPC tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības veikt noteiktas fiskālo konsultāciju un palīdzības darbības. 22     Šajā sakarā ir jāatgādina, ka saskaņā ar EKL 82. pantu vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kam ir dominējošs stāvoklis kopējā tirgū vai būtiskā tā daļā, šāda stāvokļa ļaunprātīga izmantošana ir aizliegta. 23     Ir arī jāprecizē, ka dominējoša stāvokļa izveidošanās fakts, piešķirot īpašas vai ekskluzīvas tiesības EKL 86. panta 1. punkta izpratnē, pats par sevi vēl nav nesaderīgs ar EKL 82. pantu. Dalībvalsts pārkāpj šajos divos noteikumos paredzētos aizliegumus tikai tad, ja attiecīgais uzņēmums, tikai īstenojot tam piešķirtās īpašās vai ekskluzīvās tiesības, sāk ļaunprātīgi izmantot savu dominējošo stāvokli vai ja šīs tiesības var radīt situāciju, kad šis uzņēmums sāktu to ļaunprātīgi izmantot (2001. gada 25. oktobra spriedums lietā C‑475/99 Ambulanz Glöckner , Recueil , I‑8089. lpp., 39. punkts). 24     Tādējādi jautājums ir ne tikai par to, vai ar valsts tiesību normām FPC tiek piešķirtas īpašas vai ekskluzīvas tiesības EKL 86. panta 1. punkta izpratnē, bet arī par to, vai ar šo regulējumu var izraisīt dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. 25     Jānorāda, ka neatkarīgi no jautājuma, vai ar valsts tiesību normām FPC ir piešķirtas šādas īpašas vai ekskluzīvas tiesības, nedz lēmums par prejudiciālo jautājumu uzdošanu, nedz rakstveida apsvērumi nesniedz Tiesai ziņas par faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, kas tai ļautu noteikt, vai ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz dominējoša stāvokļa esamību vai tā ļaunprātīgu izmantošanu EKL 82. panta izpratnē. 26     Šādos apstākļos Tiesa nevar sniegt lietderīgu atbildi uz pirmo jautājumu. Par otro jautājumu 27     Ar savu otro jautājumu iesniedzējtiesa būtībā vaicā, vai EKL 43. un 49. pants aizliedz piemērot valsts tiesību normas, tādas kā pamata prāvā, ar kurām FPC tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības veikt noteiktas fiskālo konsultāciju un palīdzības darbības. 28     Pirmkārt, ir jānorāda, ka Itālijas valdība uzskata šo jautājumu par nepieņemamu, jo visi pamata prāvā aplūkojamās darbības posmi notiek vienā dalībvalstī. 29     Šajā sakarā ir jāatzīmē, ka atbilde iesniedzējtiesai tomēr var būt lietderīga, it īpaši gadījumā, ja tādā tiesvedībā kā pamata prāvā ar tās valsts tiesību normām tiek likts piešķirt Itālijas pilsonim tādas pašas tiesības, kādas būtu tādā pašā situācijā citas dalībvalsts pilsonim saskaņā ar Kopienu tiesisko regulējumu (skat. 2005. gada 17. februāra rīkojumu lietā C‑250/03 Mauri , Krājums, I‑1267. lpp., 21. punkts). 30     Tātad ir jāpārbauda, vai ar Līguma noteikumiem, kuru interpretācija ir lūgta, tiek aizliegts piemērot valsts tiesisko regulējumu, tādu kā pamata prāvā, ciktāl tas ir piemērojams personām, kas dzīvo citās dalībvalstīs. 31     Vispirms ir jāatgādina, ka ar EKL 43. un 49. pantu ir aizliegti ierobežojumi brīvībai veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvībai un ka par šādiem ierobežojumiem ir jāuzskata visi pasākumi, kas aizliedz, traucē vai padara mazāk pievilcīgu šīs brīvības izmantošanu (skat. it īpaši 2002. gada 15. janvāra spriedumu lietā C‑439/99 Komisija/Itālija, Recueil , I‑305. lpp., 22. punkts). 32     Šajā sakarā no lēmuma par prejudiciālo jautājumu uzdošanu izriet, ka Dekrēts–likums Nr. 241/97 noteic, ka FPC ir ekskluzīva kompetence sniegt nodokļu maksātājiem noteiktus fiskālo konsultāciju un palīdzības pakalpojumus, it īpaši fiskālās palīdzības pakalpojumus darbiniekiem un tiem pielīdzināmām personām saistībā ar nodokļu deklarāciju noformēšanu saskaņā ar vienkāršotu formu. 33     Saistībā ar pakalpojumu sniegšanas brīvību šāds valsts tiesiskais regulējums, ar ko tiek piešķirtas tiesības veikt šīs darbības tikai FPC, pilnībā liedz citās dalībvalstīs reģistrētajiem komersantiem pieeju attiecīgo pakalpojumu tirgum. 34     Saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību šāds tiesiskais regulējums, dodot iespēju dibināt FPC tikai noteiktiem tiesību subjektiem, kas atbilst stingriem kritērijiem, un, kā izriet no sniegtās informācijas, ar nosacījumu, ka dažiem no šiem subjektiem ir jābūt juridiskajai adresei Itālijā, var apgrūtināt vai pat pavisam liegt citu dalībvalstu komersantiem izmantot tiesības veikt uzņēmējdarbību Itālijā, lai sniegtu attiecīgos pakalpojumus. 35     Šādos apstākļos ekskluzīvas kompetences piešķiršana FPC sniegt noteiktus fiskālo konsultāciju un palīdzības pakalpojumus ir brīvības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojums, kas principā ir aizliegts ar EKL 43. un 49. pantu. 36     Valsts tiesību normas, kas paredz iespēju dibināt FPC tikai noteiktiem, Itālijā reģistrētiem tiesību subjektiem, ir diskriminējošas. Šādas normas var attaisnot tikai ar EKL 46. un 55. pantā paredzētajiem sabiedriskās kārtības, valsts drošības vai veselības aizsardzības apsvērumiem, kas šajā lietā nav minēti (2001. gada 29. maija spriedums lietā C‑263/99 Komisija/Itālija, Recueil , I‑4195. lpp., 15. punkts). 37     Savukārt attiecīgās valsts tiesību normas, kuras ir piemērojamas visām personām vai uzņēmumiem, kas darbojas uzņemošās dalībvalsts teritorijā, var būt pamatotas, ja tās atbilst primāriem vispārējo interešu iemesliem, ja ar tām tiek garantēta izvirzītā mērķa īstenošana un ja tās nepārsniedz to, kas ir nepieciešams tā sasniegšanai (skat. 2002. gada 17. oktobra spriedumu lietā C‑79/01 Payroll u.c., Recueil , I‑8923. lpp., 28. punkts, un tajā minēto judikatūru). 38     Šajā sakarā ir jānorāda, ka vispārējās intereses saistībā ar attiecīgo pakalpojumu izmantotāju aizsardzību pret kaitējumu, kas tiem var rasties gadījumā, ja pakalpojumus sniedz personas, kurām nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas vai kuras morāli nav atbilstošas, var attaisnot brīvības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumu (šajā sakarā skat. 1991. gada 25. jūlija spriedumu lietā C‑76/90 Säger , Recueil , I‑4221. lpp., 15.–17. punkts). 39     Tomēr, kā to ir uzsvēris ģenerāladvokāts savu secinājumu 49. punktā, daži tikai FPC paredzētie pakalpojumi – tādi kā deklarācijas eksemplāra un nodokļu nomaksas apliecības nodošana, nodokļu deklarāciju nosūtīšana nodokļu administrācijai, deklarēšanas rezultātu paziņošana darba devējiem, kas ir atbildīgi par nodokļu piedziņu – būtībā ir vienkārši, un to sniegšanai nav vajadzīga īpaša profesionālā kvalifikācija. 40     Ir skaidrs, ka šo pakalpojumu raksturs nevar attaisnot to, ka tos drīkst sniegt tikai personas, kam ir īpaša profesionālā kvalifikācija. 41     Savukārt, ja daži tikai FPC paredzētie uzdevumi izrādās sarežģītāki, it īpaši kontrole par nodokļu deklarācijā sniegto ziņu atbilstību tās pielikumiem, nešķiet, ka organizācijas, kas var dibināt FPC, sniedz īpašas, šo uzdevumu izpildei atbilstošās profesionālās kompetences garantijas. 42     Kā izriet no lēmuma par prejudiciālo jautājumu uzdošanu, saskaņā ar Dekrēta–likuma Nr. 241/97 33. panta 2. punktu FPC izraugās personas, kas atbild par šo uzdevumu izpildi, no grāmatvedības ekspertu kolēģijā vai grāmatvežu kolēģijā reģistrētajām personām, t.i., no speciālistiem, kas paši savā vārdā nevar piedāvāt sniegt tikai FPC paredzētos pakalpojumus. 43     Šie apstākļi ļauj secināt, ka Dekrēta–likuma Nr. 241/97 noteikumi, ar kuriem FPC piešķir ekskluzīvu kompetenci sniegt noteiktus fiskālo konsultāciju un palīdzības pakalpojumus, nav atbilstoši šā sprieduma 38. punktā minēto vispārējo interešu nodrošināšanai. 44     Tiesas sēdē Itālijas valdība norādīja, ka aplūkojamās valsts tiesību normas katrā ziņā ir attaisnotas saskaņā ar EKL 45. panta pirmo daļu un 55. pantu, kas paredz, ka brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība nav piemērojamas darbības jomās, kas ir saistītas ar valsts varas īstenošanu. 45     Šajā sakarā ir jāatgādina, ka EKL 45. un 55. pants kā izņēmumi no brīvības veikt uzņēmējdarbību pamatnoteikuma ir jāinterpretē tādējādi, ka tie tiktu piemēroti tikai tad, ja ir absolūti nepieciešams aizsargāt intereses, ko tie ļauj aizstāvēt dalībvalstīm (1988. gada 15. marta spriedums lietā 147/86 Komisija/Grieķija, Recueil , 1637. lpp., 7. punkts, un 1998. gada 29. oktobra spriedums lietā C‑114/97 Komisija/Spānija, Recueil , I‑6717. lpp., 34. punkts). 46     Turklāt saskaņā ar pastāvīgo judikatūru minētajos pantos paredzētais izņēmums ir piemērojams tikai darbībām, kas pašas par sevi ir tieša un konkrēta līdzdalība valsts varas īstenošanā (1974. gada 21. jūnija spriedums lietā 2/74 Reyners , Recueil , 631. lpp., 45. punkts; 1993. gada 13. jūlija spriedums lietā C‑42/92 Thijssen , Recueil , I‑4047. lpp., 8. punkts; iepriekš minētais spriedums lietā Komisija/Spānija, 35. punkts, un 2001. gada 31. maija spriedums lietā C‑283/99 Komisija/Itālija, Recueil , I‑4363. lpp., 20. punkts). 47     Jākonstatē, ka kontrole par nodokļu deklarācijā sniegto ziņu atbilstību tās pielikumiem, kaut arī praksē nodokļu administrācija reti to apšauba, nav tieša un konkrēta līdzdalība valsts varas īstenošanā, bet tikai līdzeklis, lai sagatavotu vai atvieglotu nodokļu administrācijas uzdevumu izpildi. 48     Tas pats attiecas uz citiem uzdevumiem, kas paredzēti Dekrēta–likuma Nr. 241/97 34. un 35. pantā un ko iesniedzējtiesa minēja lēmumā par prejudiciālo jautājumu uzdošanu, proti, aizpildītās nodokļu deklarācijas eksemplāra un nodokļu nomaksas apliecības nodošanu nodokļu maksātājam, nodokļu deklarēšanas rezultātu paziņošanu darba devējiem, kas ir atbildīgi par nodokļu piedziņu, un nodokļu deklarāciju nosūtīšanu nodokļu administrācijai. 49     Līdz ar to ir jāatzīst, ka EKL 45. un 55. pantā paredzētais izņēmums nav piemērojams tikai FPC paredzētajām darbībām, kas minētas lēmumā par prejudiciālo jautājumu uzdošanu. 50     Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, uz otro jautājumu ir jāatbild, ka EKL 43. un 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie aizliedz piemērot tādas valsts tiesību normas kā pamata prāvā, kuras FPC piešķir ekskluzīvas tiesības veikt noteiktas fiskālo konsultāciju un palīdzības darbības. Par trešo jautājumu 51     Vispirms ir jāatzīmē, ka savā trešajā jautājumā iesniedzējtiesa atsaucas gan uz Dekrēta–likuma Nr. 241/97 38. pantu par atlīdzības samaksu FPC, gan uz tā paša dekrēta 34. panta 4. punktu par FPC veicamām fiskālās palīdzības darbībām, gan uz šā dekrēta 37. panta 2. punktu par fiskālās palīdzības darbībām, ko veic citas struktūras. 52     Tomēr šīs iesniedzējtiesas lēmuma pamatojums attiecas tikai uz atlīdzības samaksu FPC. 53     Šādos apstākļos, atbildot uz trešo jautājumu, ir jāizskata tikai atlīdzības samaksa FPC saskaņā ar Dekrēta–likuma Nr. 241/97 34. panta 4. punktu un 38. panta 1. punktu. 54     Tātad ir jākonstatē, ka ar trešo jautājumu iesniedzējtiesa būtībā vaicā, vai tāda atlīdzība, ko saņem FPC par nodokļu deklarācijas sagatavošanu un pārsūtīšanu saskaņā ar Dekrēta–likuma Nr. 241/97 34. panta 4. punktu un 38. panta 1. punktu, ir valsts atbalsts EKL 87. panta 1. punkta izpratnē. 55     Vispirms ir jāatgādina, ka saskaņā ar pastāvīgo judikatūru atbalsta kvalifikācija ir atkarīga no visu šajā noteikumā paredzēto nosacījumu izpildes (skat. 1990. gada 21. marta spriedumu lietā C‑142/87 Beļģija/Komisija, t.s. “Tubemeuse”, Recueil , I‑959. lpp., 25. punkts; 1994. gada 14. septembra spriedumu apvienotajās lietās no C‑278/92 līdz C‑280/92 Spānija/Komisija, Recueil , I‑4103. lpp., 20. punkts; 2002. gada 16. maija spriedumu lietā C‑482/99 Francija/Komisija, Recueil , I‑4397. lpp., 68. punkts, un 2003. gada 24. jūlija spriedumu lietā C‑280/00 Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg , Recueil , I‑7747. lpp., 74. punkts). 56     Pirmkārt, tam jābūt saistītam ar valsts iejaukšanos vai jāizmanto valsts līdzekļi. Otrais nosacījums ir tāds, ka šī iejaukšanās var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. Treškārt, šim pasākumam jābūt tādam, ar ko tiek radīta priekšrocība tā saņēmējam. Ceturtkārt, ar to tiek traucēta konkurence vai arī pastāv draudi to traucēt. 57     Pirmais nosacījums ir izpildīts, jo Dekrēta–likuma Nr. 241/97 38. panta 1. punktā paredzēto atlīdzību maksā no valsts budžeta. 58     Attiecībā uz otro nosacījumu ir jānorāda, ka summas, kas maksājamas saskaņā ar Dekrēta–likuma Nr. 241/97 38. panta 1. punktu, var būt pietiekami lielas un ka citu dalībvalstu komersanti varētu saņemt atļauju dibināt FPC, kam ir tiesības saņemt šīs summas. Līdz ar to attiecīgais pasākums var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. 59     Saistībā ar trešo un ceturto nosacījumu ir jāatgādina, ka par atbalstu tiek uzskatīta tāda iejaukšanās, kas neatkarīgi no tās veida var dot tiešu vai netiešu labumu uzņēmumiem un kas uzskatāma par saimniecisko priekšrocību, ko saņēmējs uzņēmums negūtu parastos tirgus apstākļos (iepriekš minētais spriedums lietā Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg , 84. punkts). 60     Savukārt, ciktāl valsts iejaukšanās ir jāuzskata par kompensāciju par saņēmēju uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem, pildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu, tādējādi, ka faktiski šie uzņēmumi negūst finansiālu priekšrocību un ka minētā iejaukšanās šo uzņēmumu konkurences situāciju nepadara labvēlīgāku, salīdzinot ar konkurējošiem uzņēmumiem, uz šo iejaukšanos neattiecas EKL 87. panta 1. punkts (iepriekš minētais spriedums lietā Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg , 87. punkts). 61     Tomēr, lai konkrētajā gadījumā šāda kompensācija netiktu uzskatīta par valsts atbalstu, ir jābūt izpildītiem vairākiem nosacījumiem (iepriekš minētais spriedums lietā Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg , 88. punkts). 62     Pirmkārt, uzņēmumam, kas saņem šādu kompensāciju, tiešām ir jābūt apveltītam ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumiem, un šiem pienākumiem ir jābūt skaidri noteiktiem (iepriekš minētais spriedums lietā Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg , 89. punkts). 63     Šajā sakarā nav izslēgts, ka dalībvalsts var atzīt par sabiedriskajiem pakalpojumiem fiskālās palīdzības pakalpojumus, ko saskaņā ar Dekrēta–likuma Nr. 241/97 34. panta 4. punktu FPC sniedz darbiniekiem un tiem pielīdzināmām personām, lai palīdzētu nodokļu maksātājiem izpildīt to fiskālos pienākumus un atvieglotu nodokļu administrācijas uzdevumu izpildi. 64     Otrkārt, kompensācijas aprēķināšanas pamatā esošiem parametriem ir jābūt iepriekš noteiktiem objektīvā un pārskatāmā veidā, lai tā nesniegtu saņēmējam uzņēmumam saimniecisko priekšrocību, kas varētu tā situāciju salīdzinājumā ar konkurējošiem uzņēmumiem padarīt labvēlīgāku (iepriekš minētais spriedums lietā Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg , 90. punkts). 65     Šajā ziņā šķiet, ka kompensācija, kas noteikta EUR 14 apmērā par katru sagatavotu un nodokļu administrācijai nosūtīto deklarāciju, atbilst šim nosacījumam. 66     Treškārt, kompensācija nedrīkst pārsniegt to, kas nepieciešams, lai segtu visas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu izpildi saistītās izmaksas vai to daļu, ņemot vērā attiecīgus ieņēmumus un saprātīgu peļņu par šo pienākumu izpildi (iepriekš minētais spriedums lietā Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg , 92. punkts). 67     Ceturtkārt, kompensācija ir jānosaka, pamatojoties uz tādu ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu analīzi, kas rastos vidusmēra uzņēmumam, kas ir labi pārvaldīts un pietiekami nodrošināts ar nepieciešamajiem līdzekļiem, lai ievērotu attiecīgās sabiedriskajiem pakalpojumiem izvirzītās prasības, ņemot vērā attiecīgus ieņēmumus un saprātīgu peļņu par šo pienākumu izpildi (iepriekš minētais spriedums lietā Altmark Trans un Regierungspräsidium Magdeburg , 93. punkts). 68     Lai izskatītu pēdējos divus nosacījumus, kas attiecas uz šīs atlīdzības līmeni, ir jāizvērtē pamata prāvas faktiskie apstākļi. 69     Šajā sakarā ir jāatgādina, ka Tiesa nevar izvērtēt pamata prāvas faktiskos apstākļus vai attiecībā uz valsts pasākumiem vai situācijām piemērot Kopienu noteikumus, ko tā ir interpretējusi, jo šie jautājumi ir ekskluzīvā valsts tiesas jurisdikcijā (1968. gada 19. decembra spriedums lietā 13/68 Salgoil , Recueil , 661. un 672. lpp.; 1975. gada 23. janvāra spriedums lietā 51/74 Van der Hulst , Recueil , 79. lpp., 12. punkts; 1990. gada 8. februāra spriedums lietā C‑320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe , Recueil , I‑285. lpp., 11. punkts; 1999. gada 5. oktobra spriedums apvienotajās lietās C‑175/98 un C‑177/98 Lirussi un Bizzaro , Recueil , I‑6881. lpp., 38. punkts, un 2003. gada 15. maija spriedums lietā C‑282/00 RAR , Recueil , I‑4741. lpp., 47. punkts). 70     Līdz ar to, ņemot vērā pamata prāvas faktus, valsts tiesas kompetencē ir novērtēt, vai Dekrēta–likuma Nr. 241/97 38. panta 1. punktā paredzētā atlīdzība ir valsts atbalsts EKL 87. panta 1. punkta izpratnē. 71     Šajā sakarā ir arī jāatzīmē, ka valsts tiesa nav kompetenta novērtēt atbalsta pasākumu vai atbalsta režīma saderību ar kopējo tirgu. Šis novērtējums ietilpst ekskluzīvā Eiropas Kopienu Komisijas kompetencē, kuras izmantošanu kontrolē Kopienu tiesa (skat. 1991. gada 21. novembra spriedumu lietā C‑354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires un Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon , Recueil , I‑5505. lpp., 14. punkts; 1996. gada 11. jūlija spriedumu lietā C‑39/94 SFEI u.c., Recueil , I‑3547. lpp., 42. punkts, un 1999. gada 17. jūnija spriedumu lietā C‑295/97 Piaggio , Recueil , I‑3735. lpp., 31. punkts). 72     Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, uz trešo jautājumu ir jāatbild, ka pasākums, ar kuru dalībvalsts paredz maksāt no valsts budžeta kompensāciju noteiktiem uzņēmumiem, kam uzdots palīdzēt nodokļu maksātājiem nodokļu deklarāciju sagatavošanā un pārsūtīšanā nodokļu administrācijai, ir jāatzīst par valsts atbalstu EKL 87. panta 1. punkta izpratnē, ja: –       kompensācijas līmenis pārsniedz to, kas nepieciešams, lai segtu visas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu izpildi saistītās izmaksas vai to daļu, ņemot vērā ar to saistītos ieņēmumus un saprātīgu peļņu par šo pienākumu izpildi, un –       kompensācija nav noteikta, pamatojoties uz tādu ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu analīzi, kas rastos vidusmēra uzņēmumam, kurš ir labi pārvaldīts un pietiekami nodrošināts ar nepieciešamajiem līdzekļiem, lai ievērotu attiecīgās sabiedriskajiem pakalpojumiem izvirzītās prasības, ņemot vērā ar to saistītos ieņēmumus un saprātīgu peļņu par šo pienākumu izpildi. Par tiesāšanās izdevumiem 73     Attiecībā uz lietas dalībniekiem pamata prāvā šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Tiesāšanās izdevumi, kas radušies saistībā ar apsvērumu iesniegšanu Tiesai, izņemot tos, kuri radušies minētajiem lietas dalībniekiem, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (trešā palāta) nospriež: 1) EKL 43. un 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie aizliedz piemērot tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamata prāvā, kas FPC piešķir ekskluzīvas tiesības veikt noteiktas fiskālo konsultāciju un palīdzības darbības; 2) pasākums, ar kuru dalībvalsts paredz maksāt no valsts budžeta kompensāciju noteiktiem uzņēmumiem, kam uzdots palīdzēt nodokļu maksātājiem nodokļu deklarāciju sagatavošanā un pārsūtīšanā nodokļu administrācijai, ir jāatzīst par valsts atbalstu EKL 87. panta 1. punkta izpratnē, ja: – kompensācijas līmenis pārsniedz to, kas nepieciešams, lai segtu visas ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumu izpildi saistītās izmaksas vai to daļu, ņemot vērā ar to saistītos ieņēmumus un saprātīgu peļņu par šo pienākumu izpildi, un – kompensācija nav noteikta, pamatojoties uz tādu ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu analīzi, kas rastos vidusmēra uzņēmumam, kurš ir labi pārvaldīts un pietiekami nodrošināts ar nepieciešamajiem līdzekļiem, lai ievērotu attiecīgās sabiedriskajiem pakalpojumiem izvirzītās prasības, ņemot vērā ar to saistītos ieņēmumus un saprātīgu peļņu par šo pienākumu izpildi. [Paraksti] * Tiesvedības valoda – itāļu.

62019CJ0253

pt

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de insolvência ( JO 2015, L 141, p. 19 ). Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe MH e NI a OJ e à Novo Banco, SA, a propósito de um pedido de abertura de um processo de insolvência intentado pelos primeiros. Quadro jurídico Direito da União Regulamento (CE) n. o 1346/2000 O Regulamento (CE) n. o 1346/2000 do Conselho, de 29 de maio de 2000, relativo aos processos de insolvência ( JO 2000, L 260, p. 1 ), foi revogado e substituído pelo Regulamento 2015/848. O seu considerando 13 enunciava: «O “centro dos interesses principais” do devedor deve corresponder ao local onde o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses, pelo que é determinável por terceiros.» O artigo 3. o , n. o 1, do Regulamento n. o 1346/2000 dispunha: «Os órgãos jurisdicionais do Estado‑Membro em cujo território está situado o centro dos interesses principais do devedor são competentes para abrir o processo de insolvência. Presume‑se, até prova em contrário, que o centro dos interesses principais das sociedades e pessoas coletivas é o local da respetiva sede estatutária.» Regulamento 2015/848 Os considerandos 5, 23, 24 e 27 a 34 do Regulamento 2015/848 enunciam: «(5) Para o bom funcionamento do mercado interno, é necessário evitar incentivos que levem as partes a transferir bens ou ações judiciais de um Estado‑Membro para outro, no intuito de obter uma posição jurídica mais favorável em detrimento do interesse coletivo dos credores (seleção do foro). [...] (23) O presente regulamento permite que o processo de insolvência principal seja aberto no Estado‑Membro em que se situa o centro dos interesses principais do devedor. Esse processo tem alcance universal e visa abarcar todo o património do devedor. Para proteger a diversidade dos interesses, o presente regulamento permite que os processos secundários de insolvência eventualmente instaurados corram paralelamente ao processo principal de insolvência. Pode‑se instaurar um processo secundário de insolvência no Estado‑Membro em que o devedor tenha um estabelecimento. Os efeitos dos processos secundários de insolvência limitar‑se‑ão aos ativos situados no território desse Estado. A necessidade de manter a unidade dentro da União é garantida por normas imperativas de coordenação com o processo principal de insolvência. [...] (27) Antes de abrir o processo de insolvência, o órgão jurisdicional competente deverá verificar oficiosamente se o centro dos interesses principais ou o estabelecimento do devedor se situa de facto na sua área de competência. (28) Ao decidir se o centro dos interesses principais do devedor é cognoscível por terceiros, haverá que ter em especial consideração os credores е a sua perceção quanto ao local em que o devedor administra os seus interesses. [...] (29) O presente regulamento deverá conter uma série de salvaguardas destinadas a prevenir a seleção do foro fraudulenta ou abusiva. (30) Assim, a presunção de que a sede estatutária, o local de atividade principal е a residência habitual constituem o centro dos interesses principais deverá ser ilidível e o órgão jurisdicional competente de um Estado‑Membro deverá ponderar cuidadosamente se o centro dos interesses principais do devedor está verdadeiramente situado nesse Estado‑Membro. No caso de uma sociedade, essa presunção deverá poder ser ilidida se a administração central da sociedade se situar num Estado‑Membro diferente do da sede estatutária e se uma avaliação global de todos os fatores relevantes permitir concluir, de forma cognoscível por terceiros, que o centro efetivo da administração e supervisão da sociedade e da gestão dos seus interesses se situa nesse outro Estado‑Membro. No caso de uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente, essa presunção deverá poder ser ilidida, por exemplo, se a maior parte dos bens do devedor estiver situada fora do Estado‑Membro onde este tem a sua residência habitual, ou se puder ficar comprovado que o principal motivo para a sua mudança de residência foi o de requerer a abertura de um processo de insolvência na nova jurisdição e se tal pedido prejudicar significativamente os interesses dos credores cujas relações com o devedor tenham sido estabelecidas antes da mudança. (31) Com o mesmo objetivo de prevenir a seleção do foro fraudulenta ou abusiva, a presunção de que o centro dos interesses principais se situa no local da sede estatutária, no local de atividade principal da pessoa singular ou no seu local de residência habitual não deverá ser aplicável quando, tratando‑se respetivamente de uma sociedade, de uma pessoa coletiva ou de uma pessoa singular que exerça uma atividade comercial ou profissional independente, o devedor tiver transferido a sua sede estatutária ou o seu local de atividade principal para outro Estado‑Membro nos três meses anteriores ao pedido de abertura do processo de insolvência, ou, tratando‑se de uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente, o devedor tiver transferido a sua residência habitual para outro Estado‑Membro nos seis meses anteriores ao pedido de abertura do processo de insolvência. (32) Em todos os casos, se as circunstâncias específicas derem azo a dúvidas acerca da competência do órgão jurisdicional, este deverá requerer ao devedor a apresentação de elementos de prova adicionais justificativos das suas alegações e, se a lei aplicável ao processo de insolvência o permitir, dar aos credores do devedor a oportunidade de apresentarem as suas observações relativamente à questão da competência. (33) Caso o órgão jurisdicional ao qual foi apresentado o pedido de abertura de um processo de insolvência considere que o centro dos interesses principais não se situa no seu território, não deverá abrir um processo principal de insolvência. (34) Além disso, todos os credores do devedor deverão dispor de vias de recurso efetivas contra a decisão de abertura do processo de insolvência. As consequências da impugnação da decisão de abertura do processo de insolvência deverão reger‑se pela lei nacional.» O artigo 3. o deste regulamento, sob a epígrafe «Competência internacional», dispõe, no seu n. o 1: «Os órgãos jurisdicionais do Estado‑Membro em cujo território está situado o centro dos interesses principais do devedor são competentes para abrir o processo de insolvência (“processo principal de insolvência”). O centro dos interesses principais é o local em que o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses de forma habitual e cognoscível por terceiros. No caso de sociedades e pessoas coletivas, presume‑se, até prova em contrário, que o centro dos interesses principais é o local da respetiva sede estatutária. Esta presunção só é aplicável se a sede estatutária não tiver sido transferida para outro Estado‑Membro nos três meses anteriores ao pedido de abertura do processo de insolvência. No caso de pessoa singular que exerça uma atividade comercial ou profissional independente, presume‑se, até prova em contrário, que o centro dos interesses principais é o local onde exerce a atividade principal. Esta presunção só é aplicável se o local de atividade principal da pessoa singular não tiver sido transferido para outro Estado‑Membro nos três meses anteriores ao pedido de abertura do processo de insolvência. No caso de qualquer outra pessoa singular, presume‑se, até prova em contrário, que o centro dos interesses principais é o lugar de residência habitual. Esta presunção só é aplicável se a residência habitual não tiver sido transferida para outro Estado‑Membro nos seis meses anteriores ao pedido de abertura do processo de insolvência.» Nos termos do artigo 4. o , n. o 1, do referido regulamento: «Cabe ao órgão jurisdicional ao qual é apresentado o pedido de abertura de um processo de insolvência verificar oficiosamente a sua competência, nos termos do artigo 3. o A decisão de abertura do processo de insolvência indica os fundamentos que determinam a competência do órgão jurisdicional e, em especial, se a mesma decorre do artigo 3. o , n. os 1 ou 2.» O artigo 7. o , n. o 1, do mesmo regulamento dispõe: «Salvo disposição em contrário do presente regulamento, a lei aplicável ao processo de insolvência e aos seus efeitos é a lei do Estado‑Membro em cujo território é aberto o processo (“Estado de abertura do processo”).» Litígio no processo principal e questão prejudicial Os cônjuges MH e NI, que, desde 2016, residem em Norfolk (Reino Unido), onde exercem uma atividade por conta de outrem, pediram aos órgãos jurisdicionais portugueses a abertura de um processo destinado a obter a sua declaração de insolvência. O órgão jurisdicional de primeira instância ao qual foi apresentado o pedido declarou‑se internacionalmente incompetente para conhecer do mesmo, com o fundamento de que, por força do artigo 3. o , n. o 1, quarto parágrafo, do Regulamento 2015/848, o centro dos interesses principais dos recorrentes era o lugar da sua residência habitual, a qual estava situada no Reino Unido, e de que, por conseguinte, os órgãos jurisdicionais deste último Estado‑Membro eram competentes para abrir o processo de insolvência. MH e NI recorreram da sentença proferida em primeira instância para o órgão jurisdicional de reenvio, alegando que essa sentença se baseava numa interpretação errada das regras enunciadas no Regulamento 2015/848. Com efeito, segundo os recorrentes, o centro dos seus interesses principais não é o lugar da sua residência habitual, no Reino Unido, mas situa‑se antes em Portugal, Estado‑Membro em que se encontra o único bem imóvel de que são proprietários e onde foram realizados todos os negócios e celebrados todos os contratos que originaram a sua situação de insolvência. Além disso, não há nenhuma conexão entre a sua residência habitual e os factos que levaram à sua insolvência, estes inteiramente ocorridos em Portugal. MH e NI pedem, portanto, que os órgãos jurisdicionais portugueses sejam considerados internacionalmente competentes. O órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre a interpretação correta do artigo 3. o , n. o 1, do Regulamento 2015/848 e, mais especificamente, sobre os critérios suscetíveis de ilidir a presunção simples prevista nesta disposição para as pessoas singulares que não exerçam uma atividade comercial ou profissional independente. Esse órgão jurisdicional salienta, com efeito, que, no caso dessas pessoas singulares, o considerando 30 do referido regulamento expõe que essa presunção deverá poder ser ilidida, por exemplo, se a maior parte dos bens do devedor estiver situada fora do Estado‑Membro onde este tem a sua residência habitual. Nestas condições, o Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: «No âmbito do Regulamento [2015/848], o tribunal de um Estado‑Membro é competente para proceder à abertura de um processo principal de insolvência de um cidadão que aí tem o seu único bem imóvel, embora tenha residência habitual, juntamente com o seu agregado familiar, noutro Estado‑Membro, onde tem ocupação laboral por conta de outrem?» Quanto à questão prejudicial Com a sua única questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3. o , n. o 1, quarto parágrafo, do Regulamento 2015/848 deve ser interpretado no sentido de que a presunção nele prevista para determinar a competência internacional para efeitos da abertura de um processo de insolvência, segundo a qual o centro dos interesses principais de uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente é o lugar da sua residência habitual, é ilidida pelo simples facto de o único bem imóvel dessa pessoa estar situado fora do Estado‑Membro onde esta tem a sua residência habitual. Como resulta do artigo 3. o , n. o 1, primeiro parágrafo, do Regulamento 2015/848, o critério geral de conexão para determinar a competência internacional para efeitos da abertura de um processo de insolvência é o centro dos interesses principais do devedor. No caso particular de o devedor ser uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente, o artigo 3. o , n. o 1, quarto parágrafo, desse regulamento prevê uma presunção ilidível segundo a qual o centro dos interesses principais dessa pessoa é o lugar da sua residência habitual. A fim de responder ao órgão jurisdicional de reenvio, importa, em primeiro lugar, explicitar o sentido e o alcance do conceito de «centro dos interesses principais», na aceção do referido regulamento. A este respeito, há que recordar, primeiro, que, segundo jurisprudência constante, decorre das exigências tanto da aplicação uniforme do direito da União como do princípio da igualdade que os termos de uma disposição do direito da União que não comporte uma remissão expressa para o direito dos Estados‑Membros para determinar o seu sentido e o seu alcance devem normalmente ser objeto, em toda a União, de uma interpretação autónoma e uniforme, que deve ser procurada tendo em conta o contexto da disposição e o objetivo prosseguido pela regulamentação em causa (Acórdão de 20 de outubro de 2011, Interedil, C‑396/09 , EU:C:2011:671 , n. o 42 e jurisprudência referida). Deste modo, dado que o artigo 3. o , n. o 1, do Regulamento 2015/848 não comporta uma remissão para o direito dos Estados‑Membros, os conceitos que nele figuram devem ser objeto de uma interpretação autónoma e uniforme. Em particular, visto que o conceito de «centro dos interesses principais» é um conceito específico desse regulamento, deve ser interpretado de modo uniforme e independente das legislações nacionais (v., por analogia, Acórdão de 20 de outubro de 2011, Interedil, C‑396/09 , EU:C:2011:671 , n. o 43 e jurisprudência referida). Segundo, o Tribunal de Justiça declarou, a propósito do conceito de «centro dos interesses principais», que figura no artigo 3. o , n. o 1, do Regulamento n. o 1346/2000, que o alcance desse conceito é elucidado pelo considerando 13 desse regulamento, que indica que «[o] “centro dos interesses principais” do devedor deve corresponder ao local onde o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses, pelo que é determinável por terceiros». O Tribunal de Justiça deduziu daí que resulta dessa definição que o centro dos interesses principais deve ser identificado em função de critérios simultaneamente objetivos e determináveis por terceiros. Essa objetividade e essa possibilidade de determinação por terceiros são necessárias para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade relativamente à determinação do órgão jurisdicional competente para abrir o processo principal de insolvência (Despacho de 24 de maio de 2016, Leonmobili e Leone, C‑353/15 , não publicado, EU:C:2016:374 , n. o 33 e jurisprudência referida). A mesma interpretação deve ser acolhida para determinar o sentido e o alcance do conceito de «centro dos interesses principais» na aceção do Regulamento 2015/848. Com efeito, como salienta o advogado‑geral no n. o 29 das suas conclusões, no âmbito desse regulamento que revogou e substituiu o Regulamento n. o 1346/2000, o recurso a critérios objetivos continua a ser crucial para assegurar a segurança jurídica e a previsibilidade da determinação do foro competente. Além disso, as regras de competência internacional previstas pelo Regulamento 2015/848 destinam‑se a evitar, como enuncia o seu considerando 5, incentivos que levem as partes a transferir bens ou ações judiciais de um Estado‑Membro para outro, no intuito de obter uma posição jurídica mais favorável em detrimento do interesse coletivo dos credores. O considerando 28 desse regulamento fornece igualmente precisões úteis a este respeito, enunciando que, ao decidir se o centro dos interesses principais do devedor é cognoscível por terceiros, haverá que ter em especial consideração os credores e a sua perceção quanto ao local em que o devedor administra os seus interesses. Com efeito, o recurso a critérios objetivos que podem ser cognoscíveis por terceiros para determinar o centro dos interesses principais do devedor deve permitir determinar o foro com o qual o devedor tem uma verdadeira conexão e, assim, responder às expectativas legítimas dos credores. Por conseguinte, o centro dos interesses principais de um devedor deve ser determinado no termo de uma avaliação global do conjunto dos critérios objetivos e cognoscíveis por terceiros, particularmente pelos credores, suscetíveis de determinar o local efetivo em que o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses. Terceiro, decorre dos próprios termos do artigo 3. o , n. o 1, primeiro parágrafo, do Regulamento 2015/848 que as considerações que precedem são válidas indistintamente para qualquer devedor, quer se trate de sociedades, de pessoas coletivas ou de pessoas singulares. Este critério geral de conexão para determinar a competência internacional para efeitos da abertura de um processo de insolvência, bem como a abordagem baseada em critérios objetivos e cognoscíveis por terceiros, que importa adotar para o aplicar, são, portanto, válidos, a fortiori , para as pessoas singulares que não exerçam uma atividade comercial ou profissional independente. Não obstante, há que explicitar, como salientou, em substância, o advogado‑geral, nos n. os 45 e 49 das suas conclusões, que os critérios pertinentes para determinar o centro dos interesses principais de uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente são os relativos à sua situação patrimonial e económica, que corresponde ao local em que essa pessoa administra os seus interesses económicos e em que a maioria dos seus rendimentos são recebidos e despendidos ou ao local em que se situa a maior parte dos seus bens. Em segundo lugar, há que explicitar o alcance da presunção enunciada no artigo 3. o , n. o 1, quarto parágrafo, do Regulamento 2015/848. Decorre dos próprios termos dessa disposição, lida à luz do artigo 3. o , n. o 1, primeiro parágrafo, desse regulamento, que se presume, até prova em contrário, que uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente exerce habitualmente a administração dos seus interesses no lugar da sua residência habitual, visto que existe uma forte probabilidade de esse lugar corresponder ao centro dos seus interesses económicos principais. Daqui resulta que, enquanto esta presunção não for ilidida, os órgãos jurisdicionais do Estado‑Membro em que estiver situada essa residência são internacionalmente competentes para abrir um processo de insolvência em relação à referida pessoa singular. Todavia, o artigo 3. o , n. o 1, quarto parágrafo, do Regulamento 2015/848 prevê que essa presunção só é válida até prova em contrário, e o considerando 30 desse regulamento precisa que a referida presunção deverá poder ser ilidida, por exemplo, se a maior parte dos bens do devedor estiver situada fora do Estado‑Membro da sua residência habitual, ou se puder ficar comprovado que o principal motivo para a sua mudança de residência foi o de requerer a abertura de um processo de insolvência na nova jurisdição e se tal pedido prejudicar significativamente os interesses dos credores cujas relações com o devedor tenham sido estabelecidas antes da mudança. Todavia, como salientou o advogado‑geral no n. o 55 das suas conclusões, o simples facto de as circunstâncias mencionadas nesse considerando estarem reunidas não basta para ilidir a presunção enunciada no artigo 3. o , n. o 1, quarto parágrafo, do Regulamento 2015/848. Com efeito, embora a localização dos bens do devedor constitua um dos critérios objetivos e cognoscíveis por terceiros a tomar em conta para determinar o local em que o devedor exerce habitualmente a administração dos seus interesses, essa presunção só pode ser ilidida no termo de uma avaliação global do conjunto desses critérios. Daqui decorre que o facto de o único bem imóvel de uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente estar situado fora do Estado‑Membro da sua residência habitual não basta, por si só, para ilidir a referida presunção. No caso em apreço, os recorrentes no processo principal alegam, além disso, no órgão jurisdicional de reenvio, que Portugal é não apenas o Estado‑Membro em que está situado o seu único bem imóvel mas igualmente aquele onde foram realizados os negócios e celebrados os contratos que originaram a sua situação de insolvência. A este respeito, embora a situação de insolvência não seja, enquanto tal, um elemento pertinente para determinar o centro dos interesses principais de uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente, cabe, não obstante, ao órgão jurisdicional de reenvio tomar em consideração o conjunto dos elementos objetivos e cognoscíveis por terceiros, relacionados com a sua situação patrimonial e económica. Num caso como o que está em causa no processo principal, como foi recordado no n. o 24 do presente acórdão, esta situação encontra‑se no local em que os recorrentes no processo principal exercem habitualmente a administração dos seus interesses económicos e em que a maioria dos seus rendimentos é recebida ou despendida, ou no local em que se situa a maior parte dos seus bens. Tendo em conta o conjunto dos elementos que precedem, há que responder à questão que o artigo 3. o , n. o 1, primeiro e quarto parágrafos, do Regulamento 2015/848 deve ser interpretado no sentido de que a presunção nele prevista para determinar a competência internacional para efeitos da abertura de um processo de insolvência, segundo a qual o centro dos interesses principais de uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente é o lugar da sua residência habitual, não é ilidida pelo simples facto de o único bem imóvel dessa pessoa estar situado fora do Estado‑Membro onde esta tem a sua residência habitual. Quanto às despesas Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Nona Secção) declara: O artigo 3. o , n. o 1, primeiro e quarto parágrafos, do Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativo aos processos de insolvência, deve ser interpretado no sentido de que a presunção nele prevista para determinar a competência internacional para efeitos da abertura de um processo de insolvência, segundo a qual o centro dos interesses principais de uma pessoa singular que não exerça uma atividade comercial ou profissional independente é o lugar da sua residência habitual, não é ilidida pelo simples facto de o único bem imóvel dessa pessoa estar situado fora do Estado‑Membro onde esta tem a sua residência habitual. Assinaturas ( *1 ) Língua do processo: português.

62007TJ0498

sl

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 18. oktobra 2007 v zadevi Krcova proti Sodišču (F‑112/06, še neobjavljena v ZOdl. JU), na podlagi katere naj se ta sodba razveljavi. Odločitev: Pritožba se zavrne. Erika Krcova nosi svoje stroške in stroške, ki jih je na tej stopnji priglasilo Sodišče Evropskih skupnosti. Povzetek 1. Postopek – Obrazložitev sodb – Obseg – Obveznost izreči se o vsaki zatrjevani kršitvi prava (Statut Sodišča, člen 36 in Priloga I, člen 7(1)) 2. Uradniki – Zaposlovanje – Poskusno delo – Poročilo ob koncu obdobja poskusnega dela – Priprava poročila z zamudo (Kadrovski predpisi za uradnike, člen 34) 3. Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Pripravljalni akt – Poročilo ob koncu obdobja poskusnega dela – Nedopustnost (Kadrovski predpisi za uradnike, členi 34, 90 in  91) 1. Čeprav obveznost Sodišča za uslužbence, da obrazloži svoje odločitve, ne pomeni, da podrobno odgovori na vse trditve strank, predvsem če te niso dovolj jasne in natančne ter niso ustrezno podprte s podrobnimi dokazi, pa mu vsaj nalaga, da preuči vse zatrjevane kršitve prava. (Glej točko 35.) Napotitev na: Sodišče, 25. oktober 2007, Komninou in drugi proti Komisiji, C‑167/06 P, neobjavljena v ZOdl., točka 22. 2. Cilj člena 34 Kadrovskih predpisov je uradniku na poskusnem delu zagotoviti, da lahko poda svoja stališča glede ugotovitev ocenjevalca, in dati instituciji na voljo dovolj časa, da na datum, ki čim bolj sovpada z datumom izteka obdobja poskusnega dela, sprejme odločitev o imenovanju zadevne osebe v naziv. Čeprav neupoštevanje rokov iz člena 34 Kadrovskih predpisov pomeni neizpolnitev izrecnih zahtev iz Kadrovskih predpisov, pa ta neizpolnitev, čeprav obžalovanja vredna, vseeno ne more vzbuditi dvomov o veljavnosti odločbe o odpovedi zaradi nesposobnosti uradnika na poskusnem delu, če je bil upoštevan cilj člena 34 Kadrovskih predpisov. To ne posega v njegovo pravico, da od zadevne institucije zahteva odškodnino, če je zaradi navedene nepravilnosti utrpel škodo. (Glej točko 45.) Napotitev na: Sodišče, 12. julij 1973, di Pillo proti Komisiji, 10/72 in 47/72, Recueil, str. 763, točke od 23 do 25; Sodišče, 25. marec 1982, Munk proti Komisiji, 98/81, Recueil, str. 1155, točke od 8 do 10; Sodišče prve stopnje, 1. april 1992, Kupka-Floridi proti ESO, T‑26/01, Recueil, str. II‑1615, točka 20; Sodišče prve stopnje, 5. marec 1997, Rozand-Lambiotte proti Komisiji, T‑96/95, RecFP, str. I‑A‑35 in II‑97, točka 68; Sodišče prve stopnje, 21. september 1999, Trigari-Venturin proti Prevajalskemu centru, T‑98/98, RecFP, str. I‑A‑159 in II‑821, točka 74. 3. Poročilo ob koncu obdobja poskusnega dela ima naravo pripravljalnega akta, saj spada v okvir postopka, katerega edini namen je, da se organu, pristojnemu za imenovanja, omogoči sprejetje odločbe o zaposlitvi uradnika ob koncu njegovega poskusnega dela ali po potrebi o odpovedi delovnega razmerja zaradi nesposobnosti. Zadevna oseba zato lahko nepravilnost poročila ob koncu obdobja poskusnega dela izpodbija samo posredno, in sicer v podporo tožbi zoper odločitev, ki jo morebiti sprejme organ, pristojen za imenovanja, o odpovedi njene zaposlitve ob koncu obdobja poskusnega dela zaradi negativnih ocen v poročilu ob koncu obdobja poskusnega dela. (Glej točko 56.)