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62019CJ0016

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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación ( DO 2000, L 303, p. 16 ). Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre VL y el Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Hospital Clínico J. Babiński, Organismo Público Autónomo de Asistencia Sanitaria de Cracovia, Polonia) en relación con el pago de un complemento salarial. Marco jurídico Derecho de la Unión Los considerandos 11 y 12 de la Directiva 2000/78 son del siguiente tenor: «(11) La discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual puede poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado [FUE], en particular el logro de un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social, la solidaridad y la libre circulación de personas. (12) A tal fin, se deberá prohibir en toda la [Unión Europea] cualquier discriminación directa o indirecta por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos a que se refiere la presente Directiva. […]» A tenor del artículo 1 de dicha Directiva, con el epígrafe «Objeto»: «La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.» El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Concepto de discriminación», dispone: «1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1. 2.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1: a) existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1; b) existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda[n] ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que: i) dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios; o que ii) respecto de las personas con una discapacidad determinada, el empresario o cualquier persona u organización a la que se aplique lo dispuesto en la presente Directiva, esté obligado, en virtud de la legislación nacional, a adoptar medidas adecuadas de conformidad con los principios contemplados en el artículo 5 para eliminar las desventajas que supone esa disposición, ese criterio o esa práctica. […] 5.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas establecidas en la legislación nacional que, en una sociedad democrática, son necesarias para la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de infracciones penales, la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.» El artículo 3 de esta misma Directiva, que lleva por título «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente: «1.   Dentro del límite de las competencias conferidas a la [Unión], la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con: […] c) las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración; […] 4.   Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que la presente Directiva no se aplique a las fuerzas armadas por lo que respecta a la discriminación basada en la discapacidad y en la edad.» Derecho polaco El artículo 11 du Kodeks pracy (Código del Trabajo), en su versión aplicable a los hechos que son objeto del litigio principal, está redactado en los siguientes términos: «Se prohíbe toda discriminación en el empleo, directa o indirecta, especialmente por motivos de sexo, edad, discapacidad, raza, religión, nacionalidad, convicciones políticas, adscripción sindical, origen étnico, confesión, orientación sexual o en razón del tipo de contrato, ya sea por tiempo determinado o indefinido, ya a tiempo completo o a tiempo parcial.» El artículo 18 3a de este Código dispone lo siguiente: «§ 1.   Los trabajadores deberán recibir el mismo trato en lo relativo a la celebración y a la resolución de la relación laboral y a las condiciones de empleo, promoción y acceso a formación para mejorar las competencias profesionales, sin distinción, en particular, de sexo, edad, discapacidad, raza, religión, nacionalidad, convicciones políticas, adscripción sindical, origen étnico, confesión u orientación sexual, con independencia del tipo de contrato, ya sea por tiempo determinado o indefinido, ya a tiempo completo o a tiempo parcial. § 2.   Se entenderá por igualdad de trato en el empleo la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por los motivos establecidos en el apartado 1. § 3.   Existirá discriminación directa cuando el trabajador haya sido o pudiera ser tratado de manera menos favorable que otros trabajadores en situación análoga por uno o varios de los motivos mencionados en el apartado 1. § 4.   Existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasionen o puedan ocasionar una disparidad perjudicial o una situación de desventaja particular en lo relativo a la celebración o a la resolución de la relación laboral o a las condiciones de empleo, promoción y acceso a formación para mejorar las competencias profesionales, y ello respecto de todos o un número importante de trabajadores pertenecientes a un grupo diferenciado y por uno o varios de los motivos establecidos en el apartado 1, salvo que dicha disposición, criterio o práctica se justifiquen objetivamente con una finalidad legítima y los medios para la consecución de esa finalidad sean adecuados y necesarios. […]» El artículo 18 3b de dicho Código prevé: «§ 1.   Se considera que existe una violación del principio de igualdad de trato en materia de empleo, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 a 4, cuando el empresario establezca una distinción respecto de la situación del trabajador por uno o varios de los motivos contemplados en el artículo 18 3a , apartado 1, cuya consecuencia sea, en especial: 1) la denegación de la celebración o la resolución de la relación laboral, 2) la configuración desventajosa de la remuneración o de otras condiciones laborales o la exclusión de la promoción o de otras prestaciones relativas al trabajo, 3) […] – salvo que el empresario acredite que actuó sobre la base de razones objetivas. […]» El artículo 2a, apartado 1, de la ustawa o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Ley sobre la Readaptación Profesional y Social y el Empleo de Personas con Discapacidad), de 27 de agosto de 1997 (Dz. U. n. o 123, posición 776), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de 27 de agosto de 1997»), dispone: «Se considerará que una persona con discapacidad forma parte de la plantilla de trabajadores con discapacidad a partir de la fecha en la que presenta al empresario el certificado de discapacidad. […]» El artículo 21 de esta misma Ley dispone: «1.   […] el empresario que emplee a veinticinco o más trabajadores a tiempo completo debe abonar mensualmente al [Fondo Estatal para la Readaptación de Personas con Discapacidad (PFRON)] una cotización mensual de un importe equivalente al 40,65 % del salario medio multiplicado por un número igual a la diferencia entre el número de trabajadores que constituya la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad del 6 % de la plantilla y el número de personas con discapacidad realmente contratadas. 2.   Los empresarios cuyas plantillas estén constituidas, al menos en un 6 %, por trabajadores con discapacidad están exentos del pago de la cotización mencionada en el apartado 1. […]» Litigio principal y cuestión prejudicial VL prestó servicios como psicólogo en el hospital de que se trata en el litigio principal, por última vez, del 3 de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 2016. El 8 de diciembre de 2011, obtuvo un certificado de discapacidad, calificada como moderada y permanente, que entregó a su empresario el 21 de diciembre de 2011. En el segundo semestre del año 2013, tras una reunión con el personal, el director del hospital de que se trata en el litigio principal decidió conceder un complemento salarial mensual por importe de 250 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 60 euros) a los trabajadores que le entregasen, con posterioridad a dicha reunión, un certificado de discapacidad. Esta medida tenía por objeto reducir el importe de las cotizaciones del hospital de que se trata en el litigio principal al PFRON. Sobre la base de dicha decisión, el complemento salarial se concedió individualmente a trece trabajadores que presentaron su certificado de discapacidad tras dicha reunión. En cambio, dieciséis trabajadores que habían entregado su certificado al empresario antes de esa reunión, entre los que figuraba VL, no disfrutaron de dicho complemento. VL presentó un recurso contra su empresario ante el Sąd Rejonowy dla Krakowa — Nowej Huty w Krakowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Tribunal de Distrito de Cracovia-Nowa Huta, Sala Cuarta de lo Laboral y de lo Social, Polonia), en el que alegaba haber sufrido una discriminación en cuanto a sus condiciones de remuneración. Dado que dicho Tribunal desestimó su demanda, VL interpuso recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente, el Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunal Regional de Cracovia, Polonia). En el marco de su recurso de apelación, VL alega que su empresario concedió el complemento salarial a un grupo de trabajadores que comparten una característica común, a saber, una discapacidad, pero a condición de que hubieran presentado su certificado de discapacidad después de una fecha elegida por él, lo que tuvo como efecto excluir del disfrute del complemento salarial a los trabajadores que habían presentado su certificado antes de esa fecha. VL considera que tal práctica, cuya finalidad es incitar a los trabajadores discapacitados que aún no han presentado un certificado de discapacidad a hacerlo para reducir el importe de las contribuciones al PFRON del hospital de que se trata en el litigio principal, es contraria a la Directiva 2000/78, que prohíbe toda discriminación, directa o indirecta, por motivos de discapacidad. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si puede producirse una discriminación indirecta, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2000/78, cuando un empresario realiza una distinción dentro de un grupo de trabajadores definidos por una misma característica protegida, en este caso la discapacidad, sin que los trabajadores discapacitados de que se trata reciban un trato menos favorable que los trabajadores que no tengan discapacidad. En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunal Regional de Cracovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva [2000/78] en el sentido de que la distinción de las situaciones de ciertas personas que pertenecen a un grupo diferenciado en consideración a la característica protegida (discapacidad) constituye una forma de violación del principio de igualdad de trato cuando la distinción realizada por el empresario dentro del grupo tiene lugar sobre la base de un criterio aparentemente neutral y dicho criterio no puede justificarse objetivamente con una finalidad legítima y los medios adoptados para la consecución de esta finalidad no son adecuados ni necesarios?» Sobre la cuestión prejudicial Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2 de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que puede estar comprendida en el «concepto de discriminación», contemplado en dicha disposición, la práctica de un empresario consistente en que, a partir de una fecha elegida por él, excluye del disfrute de un complemento salarial abonado a los trabajadores discapacitados, por la presentación de un certificado de discapacidad, a aquellos que antes de esa fecha ya hubieran entregado a dicho empresario tal certificado. Con carácter preliminar procede recordar que, en virtud de su artículo 3, apartado 1, letra c), la Directiva 2000/78 se aplicará, dentro del límite de las competencias conferidas a la Unión, a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración. A efectos de esta última disposición, el concepto de «remuneración» debe interpretarse en sentido amplio y comprende, en particular, todas las gratificaciones en dinero o en especie, actuales o futuras, siempre que sean satisfechas, aunque sea indirectamente, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo de este último, independientemente de que sea en virtud de un contrato de trabajo o de disposiciones legales o de que tengan carácter voluntario (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de junio de 2016, C, C‑122/15 , EU:C:2016:391 , apartado y jurisprudencia citada). Por consiguiente, un complemento salarial como el controvertido en el litigio principal debe considerarse incluido en las condiciones de remuneración, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78. Para responder a la cuestión prejudicial es preciso determinar, en primer lugar, si una diferencia de trato que se produce dentro de un grupo de personas aquejadas de una discapacidad puede estar comprendida en el «concepto de discriminación» contemplado en el artículo 2 de la Directiva 2000/78. De conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16 , EU:C:2018:257 , apartado y jurisprudencia citada). En lo que atañe, en primer lugar, al tenor del artículo 2 de la Directiva 2000/78, el apartado 1 de este artículo define el principio de igualdad de trato a efectos de dicha Directiva como la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 de esa Directiva, entre los que figura la discapacidad. Ese mismo artículo 2 prevé, en su apartado 2, letra a), que existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de la discapacidad y, en su apartado 2, letra b), que, salvo en los supuestos contemplados en los incisos i) e ii) de esa letra b), existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas, en concreto, con una determinada discapacidad, respecto de otras personas. En relación con esto último, procede señalar que, al referirse, por una parte, a la discriminación «basada en» alguno de los motivos mencionados en el artículo 1 de la Directiva 2000/78 y, por otra parte, a un trato menos favorable «por» alguno de esos motivos, y al emplear los términos «otra» persona y «otras personas», el tenor del artículo 2, apartados 1 y 2, de dicha Directiva no permite concluir, por lo que respecta al motivo protegido que es la discapacidad y que está contemplado en el artículo 1, que la prohibición de la discriminación prevista por dicha Directiva se limite solamente a las diferencias de trato existentes entre personas aquejadas de una discapacidad y personas que no tienen esa discapacidad. En cambio, de la referida expresión «basada en» se desprende que solo puede constatarse una discriminación por motivos de discapacidad, en el sentido de esa misma Directiva, cuando el trato menos favorable o la desventaja particular de que se trate se sufren en función de la discapacidad. Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe el artículo 2 de la Directiva 2000/78, las demás disposiciones de esta Directiva tampoco ponen de manifiesto una limitación como la contemplada en el apartado anterior de la presente sentencia. En efecto, si bien el artículo 1 y el artículo 3, apartado 4, así como los considerandos 11 y 12 de dicha Directiva, se refieren genéricamente a la discriminación «por motivos de», en particular, la discapacidad, no contienen ninguna precisión en cuanto a la persona o al grupo de personas que pueden servir de referencia en la comparación para apreciar la posible existencia de tal discriminación. En tercer lugar, el objetivo perseguido por la Directiva 2000/78 aboga por una interpretación del artículo 2, apartados 1 y 2, de dicha Directiva en el sentido de que esta última no limita el círculo de personas con respecto a las cuales puede efectuarse una comparación para identificar una discriminación basada en la discapacidad, en el sentido de esa Directiva, a las que no tienen discapacidad. En efecto, según se desprende tanto de su título y preámbulo como de su contenido y finalidad, la Directiva 2000/78 tiene por objeto, conforme a su artículo 1, establecer un marco general para luchar contra la discriminación basada, en particular, en la discapacidad por lo que respecta al empleo y la ocupación, en aras de aplicar, en los Estados miembros, el principio de igualdad de trato, ofreciendo a toda persona una protección eficaz contra la discriminación basada, en particular, en este motivo (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C‑507/18 , EU:C:2020:289 , apartado y jurisprudencia citada). Con ello, la Directiva 2000/78 concreta, en el ámbito regulado por ella, el principio general de no discriminación consagrado actualmente en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, C‑507/18 , EU:C:2020:289 , apartado y jurisprudencia citada). Pues bien, como el Tribunal de Justicia ha declarado, la Directiva 2000/78 tiene por objeto, en lo que atañe al empleo y a la ocupación, combatir todas las formas de discriminación basadas en la discapacidad. En efecto, el principio de igualdad de trato que en esta materia consagra la citada Directiva no se aplica a una categoría determinada de personas, sino en función de los motivos contemplados en el artículo 1 de la misma, enumerados de forma exhaustiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de julio de 2008, Coleman, C‑303/06 , EU:C:2008:415 , apartados y , y de 21 de mayo de 2015, SCMD, C‑262/14 , no publicada, EU:C:2015:336 , apartado ). Si bien es cierto que los supuestos de discriminación por motivos de discapacidad, en el sentido de la Directiva 2000/78, son, por regla general, aquellos en los que las personas con discapacidad son objeto de un trato menos favorable o sufren una desventaja particular con respecto a personas que no tienen discapacidad, la protección conferida por dicha Directiva se vería mermada si se considerase que una situación en la que tal discriminación se produce dentro de un grupo de personas que presentan, todas ellas, una discapacidad no está comprendida, por definición, en la prohibición de discriminación que establece por el mero hecho de que la diferencia de trato se opera entre personas con discapacidad. En estas circunstancias, y según han alegado tanto la Comisión Europea en sus observaciones en la vista como los Gobiernos polaco y portugués en sus observaciones escritas, el principio de igualdad de trato consagrado por la Directiva 2000/78 tiene por objeto proteger a un trabajador con discapacidad en el sentido de esta Directiva frente a cualquier discriminación basada en esa discapacidad, y ello no solo respecto de los trabajadores que no tengan discapacidad, sino también respecto de los demás trabajadores con discapacidad. Partiendo de esta premisa, procede, en un segundo momento, apreciar si puede estar comprendida en el «concepto de discriminación», al que se refiere el artículo 2 de la Directiva 2000/78, la práctica de un empresario consistente en que, a partir de una fecha elegida por él, excluye del disfrute de un complemento salarial abonado a los trabajadores discapacitados, por la presentación de un certificado de discapacidad, a quienes antes de esa fecha ya hubieran entregado al empresario dicho certificado. Aunque corresponde, en definitiva, al órgano jurisdiccional nacional, que es el único competente para apreciar los hechos e interpretar la legislación nacional, determinar si la práctica controvertida en el litigio principal supone una discriminación prohibida por la Directiva 2000/78, el Tribunal de Justicia, que debe proporcionar al juez nacional respuestas útiles, es competente para dar indicaciones basadas en los autos del asunto principal y en las observaciones escritas y orales que se le han presentado, que permitan a dicho órgano jurisdiccional resolver el litigio concreto del que conoce (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de marzo de 2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15 , EU:C:2017:203 , apartado , y de 6 de marzo de 2018, SEGRO y Horváth, C‑52/16 y C‑113/16 , EU:C:2018:157 , apartado ). Por otra parte, si bien el órgano jurisdiccional remitente se refirió, en su cuestión prejudicial, a la existencia de una diferencia de trato basada en un criterio aparentemente neutro, a saber, la fecha de transmisión del certificado de discapacidad, este mero hecho no impide, según reiterada jurisprudencia, que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los criterios de interpretación que puedan serle útiles para resolver el asunto del que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de datos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de su resolución de remisión, los puntos de Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio (sentencia de 14 de marzo de 2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15 , EU:C:2017:203 , apartado y jurisprudencia citada). De conformidad con su artículo 2, apartado 1, en relación con su artículo 1, la Directiva 2000/78 prohíbe, en particular, toda discriminación directa o indirecta por motivos de discapacidad. Por lo que respecta, en primer lugar, a la cuestión de si una práctica como la controvertida en el litigio principal puede constituir una discriminación directa por motivos de discapacidad, del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78 se desprende, como se ha recordado en el apartado 28 de la presente sentencia, que existirá tal discriminación cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivos de discapacidad. Es preciso recordar, por un lado, que la exigencia de analogía entre las situaciones para determinar si existe una violación del principio de igualdad de trato debe apreciarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan (sentencia de 22 de enero de 2019, Cresco Investigation, C‑193/17 , EU:C:2019:43 , apartado y jurisprudencia citada). Más concretamente, no es necesario que las situaciones sean idénticas, sino que basta con que sean análogas, y el examen de su analogía no debe efectuarse de manera global y abstracta, sino de un modo específico y concreto, teniendo en cuenta la prestación de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2019, Cresco Investigation, C‑193/17 , EU:C:2019:43 , apartado y jurisprudencia citada). Por otro lado, no cabe considerar que una disposición o una práctica establece una diferencia de trato directa por motivos de discapacidad, en el sentido de lo dispuesto en los artículos 1 y 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78, cuando se basa en un criterio que no está indisociablemente ligado a la discapacidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 2017, Milkova, C‑406/15 , EU:C:2017:198 , apartado y jurisprudencia citada, y de 18 de enero de 2018, Ruiz Conejero, C‑270/16 , EU:C:2018:17 , apartado ). A este respecto, por lo que se refiere a los motivos mencionados en el artículo 1 de la citada Directiva distintos de la discapacidad, el Tribunal de Justicia ha declarado que una diferencia de trato basada en la situación matrimonial de los trabajadores, y no expresamente en su orientación sexual, constituía, no obstante, una discriminación directa basada en esa orientación, ya que, al estar reservado el matrimonio, en el momento de los hechos considerados y en los Estados miembros de que se trata, a las personas de distinto sexo, los trabajadores homosexuales no podían cumplir el requisito necesario para obtener la ventaja reclamada. En tales circunstancias, la situación matrimonial no podía considerarse un criterio aparentemente neutro (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de abril de 2008, Maruko, C‑267/06 , EU:C:2008:179 , apartado ; de 10 de mayo de 2011, Römer, C‑147/08 , EU:C:2011:286 , apartados y , y de 12 de diciembre de 2013, Hay, C‑267/12 , EU:C:2013:823 , apartados , y ). El Tribunal de Justicia también ha declarado que una diferencia de trato entre trabajadores basada en la concesión de una pensión de jubilación, y no expresamente en la edad, en las condiciones de concesión de una indemnización especial por despido, constituía una discriminación directa, en la medida en que, al estar la concesión de una pensión de jubilación supeditada a un requisito de edad mínima, dicha diferencia de trato se basaba en un criterio indisociablemente vinculado a la edad (sentencia de 12 de octubre de 2010, Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08 , EU:C:2010:600 , apartados y ). En esta misma línea, el Tribunal de Justicia ha declarado que una normativa nacional que permite a un empresario despedir a los trabajadores que han adquirido el derecho a una pensión de jubilación constituía una discriminación directa por razones de sexo, en la medida en que las mujeres adquirían el derecho a tal pensión a una edad inferior a aquella en que lo hacían los hombres (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2010, Kleist, C‑356/09 , EU:C:2010:703 , apartado ). De ello se deduce que, cuando un empresario trata a un trabajador de manera menos favorable de lo que otro de sus trabajadores sea, haya sido o pudiera ser tratado en situación análoga y ese trato desfavorable resulta haberse dispensado, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes del caso, sobre la base de la discapacidad de ese primer trabajador, tal trato es contrario a la prohibición de discriminación directa enunciada en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78, en la medida en que se apoya en un criterio indisociablemente vinculado a esa discapacidad. En el caso de autos, consta, en primer lugar, que la práctica controvertida en el litigio principal dio lugar a una diferencia de trato, puesto que los trabajadores discapacitados que habían entregado al hospital de que se trata en el litigio principal su certificado de discapacidad antes de la fecha de la reunión mencionada en el apartado 13 de la presente sentencia, entre los que figura VL, fueron tratados de manera menos favorable que los trabajadores discapacitados que, en esa fecha, aún no habían presentado su certificado, dado que solo estos últimos tenían la posibilidad de obtener el complemento salarial que les había ofrecido el empresario, presentándole, a partir de esa fecha, un certificado de discapacidad. En efecto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, se desprende que el empresario no parece haber dado a los trabajadores discapacitados que ya le hubieran entregado su certificado la posibilidad de presentarlo otra vez o de presentar uno nuevo para poder percibir tal complemento salarial. A continuación, debe señalarse que, habida cuenta de la finalidad de este complemento salarial, que fue establecido con el fin de reducir el importe de las cotizaciones al PFRON del hospital de que se trata en el litigio principal, incitando, como se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, a los trabajadores discapacitados ya empleados por dicho hospital y que aún no hubieran presentado su certificado de discapacidad a hacerlo, estas dos categorías de trabajadores discapacitados se encontraban en una situación análoga. En efecto, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 84 de sus conclusiones, tales trabajadores ya estaban prestando servicios en el hospital de que se trata en el litigio principal en el momento en que este decidió establecer el citado complemento salarial y todos ellos contribuyeron al ahorro económico perseguido por dicho empresario, con independencia de la fecha en la que hubieran presentado su certificado de discapacidad. Por último, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la luz de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos, en particular de la legislación nacional cuya interpretación es de su exclusiva competencia, si el requisito temporal impuesto por el empresario para percibir el complemento salarial controvertido en el litigio principal, a saber, la entrega del certificado de discapacidad con posterioridad a una fecha elegida por este, constituye un criterio indisociablemente vinculado a la discapacidad de los trabajadores a los que se ha denegado dicho complemento, en cuyo caso deberá declararse la existencia de una discriminación directa basada en esa discapacidad. Entre los indicios particularmente significativos a efectos de esta apreciación figura, por una parte, la circunstancia señalada por VL de que, según la legislación nacional, el certificado de discapacidad genera derechos específicos que el trabajador puede invocar ante el empresario, que se derivan directamente de su condición de trabajador discapacitado. Por otra parte, en la medida en que el empresario no parece haber dado a los trabajadores discapacitados que ya le hubieran entregado su certificado la posibilidad de presentarlo otra vez o de presentar uno nuevo, la práctica controvertida en el litigio principal, que no estaba prevista en la Ley de 27 de agosto de 1997 y para la cual no parece haberse fijado con carácter previo ningún criterio transparente para la concesión o no del complemento salarial controvertido en el litigio principal, podría haber hecho definitivamente imposible que cumpliera este requisito temporal un grupo de trabajadores netamente identificado, compuesto por el conjunto de trabajadores discapacitados cuyo empresario conocía necesariamente la situación de discapacidad cuando introdujo esa práctica. En efecto, estos habían oficializado previamente dicha situación mediante la presentación de un certificado de discapacidad. En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente concluya que existe una discriminación directa, dicha discriminación solo puede estar justificada por alguno de los motivos contemplados en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2000/78 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2013, Hay, C‑267/12 , EU:C:2013:823 , apartado ). En segundo lugar, en cuanto a la cuestión de si una práctica como la controvertida en el litigio principal constituye una discriminación indirecta en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78, de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se desprende que tal discriminación puede resultar de una medida que, aunque esté formulada de manera neutra, es decir, sirviéndose de criterios no fundados en la característica protegida, lleva a desfavorecer particularmente a las personas dotadas de esa característica (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14 , EU:C:2015:480 , apartado , y de 9 de marzo de 2017, Milkova, C‑406/15 , EU:C:2017:198 , apartado y jurisprudencia citada). En el caso de autos, si el órgano jurisdiccional remitente constatara, en definitiva, que la diferencia de trato controvertida en el litigio principal resulta de una práctica aparentemente neutra, aún deberá comprobar si esta diferencia de trato ha tenido como efecto desfavorecer especialmente a las personas con determinadas discapacidades con respecto a las personas que presentan otras discapacidades. En efecto, la Directiva 2000/78 se refiere a la discapacidad de manera general y, por tanto, sin distinción ni limitación, a todas las discapacidades, en el sentido de esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 2016, Daouidi, C‑395/15 , EU:C:2016:917 , apartado y jurisprudencia citada). En particular, incumbirá a dicho órgano jurisdiccional averiguar si, al supeditar el disfrute del complemento salarial al requisito de que el certificado de discapacidad se presente con posterioridad a una fecha que el hospital de que se trata en el litigio principal eligió, la práctica instaurada por este último tuvo como efecto perjudicar a determinados trabajadores discapacitados debido a la especial naturaleza de su discapacidad, en particular al carácter ostensible de esta o al hecho de que dicha discapacidad requería ajustes razonables como un puesto o un horario de trabajo adaptados. En efecto, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, podría considerarse que son principalmente trabajadores que presentan tal discapacidad quienes, en la práctica, se vieron obligados, antes de la fecha elegida por el hospital de que se trata en el litigio principal, a oficializar su estado de salud ante este, mediante la entrega de un certificado de discapacidad, mientras que otros trabajadores que presentan discapacidades de distinta naturaleza, por ejemplo, por ser menos graves o por no necesitar de forma inmediata ajustes razonables como los mencionados en el apartado precedente, conservan la posibilidad de realizar o no tal gestión. Con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i), de la Directiva 2000/78, una diferencia de trato que conduzca de hecho a una desventaja particular para las personas con discapacidad ostensible o que exija ajustes razonables no puede constituir, sin embargo, una discriminación indirecta si puede justificarse objetivamente por una finalidad legítima y si los medios para la consecución de esta finalidad son adecuados y necesarios. En el caso de autos, de la finalidad de la práctica controvertida en el litigio principal, consistente en ahorrar costes, parece desprenderse que no se cumplen los requisitos exigidos para tal justificación, extremo que, en su caso, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 2 de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que: – la práctica de un empresario consistente en abonar un complemento salarial a los trabajadores discapacitados que hayan presentado su certificado de discapacidad después de una fecha elegida por dicho empresario, y no a los trabajadores discapacitados que hubieran presentado dicho certificado antes de esa fecha, puede constituir una discriminación directa cuando resulte que dicha práctica se basa en un criterio indisolublemente vinculado a la discapacidad, en la medida en que puede hacer definitivamente imposible que cumpla este requisito temporal un grupo claramente identificado de trabajadores, integrado por el conjunto de los trabajadores discapacitados cuyo empresario conocía necesariamente la situación de discapacidad en el momento en el que estableció esa práctica; – la citada práctica, aunque aparentemente neutra, puede constituir una discriminación indirecta por motivos de discapacidad cuando resulte que ocasiona una desventaja particular a trabajadores discapacitados en función de la naturaleza de su discapacidad, en particular de su carácter ostensible o de que dicha discapacidad requiera ajustes razonables de las condiciones de trabajo, sin estar objetivamente justificada por una finalidad legítima y sin que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: El artículo 2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que: – la práctica de un empresario consistente en abonar un complemento salarial a los trabajadores discapacitados que hayan presentado su certificado de discapacidad después de una fecha elegida por dicho empresario, y no a los trabajadores discapacitados que hubieran presentado dicho certificado antes de esa fecha, puede constituir una discriminación directa cuando resulte que dicha práctica se basa en un criterio indisolublemente vinculado a la discapacidad, en la medida en que puede hacer definitivamente imposible que cumpla este requisito temporal un grupo claramente identificado de trabajadores, integrado por el conjunto de los trabajadores discapacitados cuyo empresario conocía necesariamente la situación de discapacidad en el momento en el que estableció esa práctica; – la citada práctica, aunque aparentemente neutra, puede constituir una discriminación indirecta por motivos de discapacidad cuando resulte que ocasiona una desventaja particular a trabajadores discapacitados en función de la naturaleza de su discapacidad, en particular de su carácter ostensible o de que dicha discapacidad requiera ajustes razonables de las condiciones de trabajo, sin estar objetivamente justificada por una finalidad legítima y sin que los medios para la consecución de esa finalidad sean adecuados y necesarios. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: polaco.

62020CJ0004

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Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 205 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem ( EUT 2006, L 347, s. 1 , berigtiget i EUT 2018, L 329, s. 53 ). Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem »ALTI« OOD og Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (direktøren for direktoratet »klager og skatte- og socialforsikringspraksis« med ansvar for Plovdiv, under centraladministrationen for det nationale agentur for offentlige indtægter, Bulgarien) (herefter »Direktor«) vedrørende pålæggelse af solidarisk hæftelse over for ALTI med henblik på betaling af merværdiafgift (moms) med tillæg af morarenter. Retsforskrifter EU-retten Artikel 193 i direktiv 2006/112 bestemmer: »Momsen påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer eller ydelser, bortset fra de tilfælde, hvor afgiften påhviler en anden person i medfør af artikel 194-199b og artikel 202.« Direktivets artikel 194-200 og 202-204 bestemmer i det væsentlige, at andre personer end den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer eller ydelser, kan eller skal anses for at være momspligtige. Direktivets artikel 205 fastsætter: »I de i artikel 193-200 samt artikel 202, 203 og 204 omhandlede tilfælde kan medlemsstaterne lade en anden end den betalingspligtige person hæfte solidarisk for momsens erlæggelse.« Bulgarsk ret Med overskriften »Personens ansvar ved misbrug« bestemmer artikel 177 i Zakon za danaka varhu dobavenata stoynost (lov om merværdiafgift) (DV nr. 63 af 4.8.2006) i den affattelse, der finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagen (herefter »momsloven«), følgende: »(1)   En registreret person, som modtager en momspligtig leverance, hæfter for den af en anden registreret person skyldige, men ikke betalte afgift, såfremt der er blevet gjort brug af retten til fradrag af indgående afgift i direkte eller indirekte forbindelse med den skyldige og ikke betalte afgift. (2)   Hæftelsen efter stk. 1 indtræder, såfremt den registrerede person vidste eller burde have vidst, at afgiften ikke ville blive betalt, og dette er blevet bevist af kontrolorganerne på den måde, der er fastsat i artikel 117-120 i Danachno-osiguritelnia protsesualen kodex (skatte-, afgifts- og socialforsikringsprocesloven). (3)   Det antages i forbindelse med stk. 2, at den pågældende person burde have haft kendskab til, at nævnte afgift ikke ville blive betalt, såfremt følgende kumulative betingelser er opfyldt: 1. Den skyldige afgift, jf. stk. 1, for en afgiftsperiode er reelt ikke blevet betalt af nogen af de forudgående leverandører for så vidt angår en afgiftspligtig levering af en vare eller en afgiftspligtig tjenesteydelse, uanset om denne foreligger i samme, en ændret eller forarbejdet form. 2. Den afgiftspligtige levering er alene proforma, udgør en omgåelse af loven eller sker til en pris, der adskiller sig væsentligt fra markedsprisen. (4)   Hæftelsen efter stk. 1 er ikke afhængig af opnåelsen af en præcis fordel som følge af den manglende indbetaling af den skyldige moms. (5)   Under de i stk. 2 og 3 omhandlede omstændigheder hæfter ligeledes leverandøren i et tidligere led end den afgiftspligtige person, som skylder den ikke-erlagte afgift. (6)   I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde indtræder hæftelsen mod den afgiftspligtige person, som er direkte modtager af den levering, for hvilken den skyldige afgift ikke er blevet indbetalt, og hvis inddrivelsen slår fejl, kan hæftelsen gøres gældende mod enhver efterfølgende modtager i leveringskæden. (7)   Stk. 6 finder anvendelse mutatis mutandis for efterfølgende leverandører.« Artikel 14 i skatte-, afgifts- og socialforsikringsprocesloven (DV nr. 105 af 29.12.2005) fastsætter: »Betalingspligtige personer er fysiske og juridiske personer, som 1. er afgiftsskyldnere eller skyldnere for obligatoriske sociale sikringsbidrag 2. har pligt til at opkræve og betale afgifter eller obligatoriske sociale sikringsbidrag 3. hæfter for de personer, der er omhandlet i nr. 1 og 2.« Denne lovs artikel 16 bestemmer: »(1)   Den betalingspligtige person, jf. artikel 14, nr. 3, er en person, som i de i loven fastsatte tilfælde har pligt til at betale [moms] eller det obligatoriske sociale sikringsbidrag for den person, der er betalingspligtig for denne afgift eller dette bidrag, eller en person, som har pligt til at opkræve eller betale afgifter eller obligatoriske sociale sikringsbidrag, som ikke er blevet betalt inden for den fastsatte frist. (2)   Betalingspligtige personer, jf. artikel 14, nr. 3, er underlagt de regler, der er bestemmende for et retssubjekts rettigheder og forpligtelser i sager som omhandlet i denne lov. (3)   Den betalingspligtige persons hæftelse, jf. artikel 14, nr. 3, dækker afgifter og obligatoriske sociale sikringsbidrag samt renter og omkostninger ved opkrævningen.« Artikel 121 i Zakon za zadalzheniata i dogovorite (lov om forpligtelser og kontrakter) (DV nr. 275 af 22.11.1950) har følgende ordlyd: »Medmindre andet er fastsat ved lov, indtræder den solidariske hæftelse mellem to eller flere skyldnere først, når dette er aftalt.« Lovens artikel 122 bestemmer: »Kreditor kan forlange, at den solidarisk hæftende skyldner, som han udpeger, skal betale den fulde fordring. Retsforfølgning mod en af de solidarisk hæftende skyldnere berører ikke kreditors krav mod de øvrige skyldnere.« Denne lovs artikel 126 fastsætter: »Hvis den manglende opfyldelse kun kan tilskrives én af skyldnerne, kan kreditor af denne forlange fuld erstatning for tabet. De øvrige skyldnere hæfter kun solidarisk for værdien af det oprindeligt skyldige beløb. En solidarisk hæftende skyldners mora har ingen virkning i forhold til de øvrige skyldnere.« Artikel 1 i Zakon za lihvite varhu danatsi, taksi i drugi podobni darzhavni vzemania (lov om renter af skatter, afgifter og andre lignende fordringer til staten) (DV nr. 91 af 12.11.1957) bestemmer: »Med tillæg af renter, der beregnes efter den lovbestemte sats, inddrives skatter, afgifter, fradrag af overskud, bidrag til staten og andre fordringer til staten af lignende art, uanset om de er genstand for indeholdelse, som ikke er blevet betalt inden for de fastsatte frister for frivillig indbetaling. Med tillæg af de samme renter opkræves bidrag til den obligatoriske forsikring af goder[, som ikke er betalt] inden for den frist, der er fastsat for frivillig betaling. Der beregnes ikke renters rente og renter af bøder.« Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål ALTI er et bulgarsk selskab med begrænset ansvar. I 2014 købte ALTI af »FOTOMAG« EOOD, som er et bulgarsk enkeltmandsselskab med begrænset ansvar, en mejetærsker, en traktor og en påhængsvogn (herefter »landbrugsmateriellet«), som havde været genstand for erhvervelse inden for Fællesskabet foretaget af FOTOMAG hos et selskab med hjemsted i Det Forenede Kongerige. På grundlag af leveringerne af landbrugsmateriellet til ALTI udfærdigede FOTOMAG tre fakturaer, der hver angav moms. Efter at have betalt disse fakturaer udøvede АLTI sin fradragsret for moms med angivelse af de pågældende fradrag i momsangivelserne for afgiftsperioderne april og juni 2014. Da FOTOMAG havde været genstand for en skatte- og afgiftsansættelse, fastslog de bulgarske skatte- og afgiftsmyndigheder ved en ændret skatte- og afgiftsansættelse af 27. juni 2016, at dette selskab ikke havde betalt hovedparten af den angivne moms for erhvervelser inden for Fællesskabet og beregnet på fakturaerne udstedt til ALTI. I forbindelse med ALTI’s ændrede skatte- og afgiftsansættelse konstaterede skatte- og afgiftsmyndighederne, at ALTI og FOTOMAG havde overdraget én og samme person ansvaret for deres bogføring, administration af bankkonti og indgivelse af momsangivelser, at FOTOMAG’s køb af landbrugsmateriellet var blevet finansieret af et tredje selskab, hvis selskabsdeltagere var direktører i FOTOMAG og ALTI, og at transporten af mejetærskeren fra Det Forenede Kongerige var blevet organiseret af en direktør og repræsentant for ALTI gennem et andet selskab. På grundlag af disse konstateringer konkluderede skatte- og afgiftsmyndighederne, at ALTI selv havde organiseret FOTOMAG’s erhvervelse af landbrugsmateriellet i form af en erhvervelse inden for Fællesskabet med henblik på en uretmæssig anvendelse af momsen, og at ALTI vidste, at FOTOMAG ikke ville betale moms af de tre pågældende fakturaer. Skatte- og afgiftsmyndighederne fandt endvidere, at eftersom transaktionen mellem FOTOMAG og ALTI havde til formål at omgå loven som omhandlet i momslovens artikel 177, stk. 3, nr. 2, burde ALTI have vidst, at momsen ikke ville blive betalt af FOTOMAG i denne bestemmelses forstand. Under disse omstændigheder pålagde de bulgarske skatte- og afgiftsmyndigheder i en ændret afgiftsansættelse af 23. februar 2018, der var rettet til ALTI, og korrigeret ved en ændret afgiftsansættelse af 6. marts 2018, dette selskab solidarisk hæftelse i henhold til momslovens artikel 177, stk. 3, nr. 2, for den moms, som FOTOMAG ikke havde betalt. ALTI indgav en administrativ klage til Direktor, idet selskabet bl.a. gjorde gældende, at det subjektive element, der kræves i momslovens artikel 177, stk. 3, nr. 2, nemlig den omstændighed, at ALTI burde have vidst, at FOTOMAG ikke ville betale momsen, ikke var opfyldt. Da Direktor ikke gav ALTI medhold i klagen, indbragte selskabet sagen for Administrativen sad – Plovdiv (forvaltningsdomstolen i Plovdiv, Bulgarien). Ved dom af 22. marts 2019 frifandt denne ret sagsøgte i ALTI’s søgsmål rettet mod den ændrede afgiftsansættelse. Administrativen sad – Plovdiv (forvaltningsdomstolen i Plovdiv) fandt, at det fremgik af de oplysninger, der var fremkommet under sagen, at ALTI burde have vidst, at FOTOMAG ikke ville opfylde sin forpligtelse til at betale moms. I denne henseende fastslog denne ret bl.a., at forholdet mellem ALTI og FOTOMAG reelt gik ud over rammerne for sædvanlige forretningsforbindelser, at FOTOMAG aldrig havde udøvet virksomhed, der havde forbindelse med salg af landbrugsmateriel, og at FOTOMAG ikke havde nogen erfaring på dette område, at den administrerende direktør og hovedaktionær i det tredje selskab, der havde lånt midlerne til FOTOMAG med henblik på køb af landbrugsmateriel, var direktør for henholdsvis ALTI og FOTOMAG, og at én og samme person havde foretaget bankoverførslerne mellem ALTI, FOTOMAG og dette tredje selskab, havde stået for bogføringen for ALTI, FOTOMAG og det selskab, der havde forhandlet transporten af landbrugsmateriellet fra Det Forenede Kongerige, og havde indgivet ALTI’s og FOTOMAG’s afgiftsangivelser. Den nævnte ret konkluderede på denne baggrund, at forholdet mellem ALTI og FOTOMAG havde til formål at omgå loven, og at ALTI i henhold til momslovens artikel 177, stk. 3, nr. 2, sammenholdt med skatte-, afgifts- og socialforsikringsproceslovens artikel 16, stk. 3, ikke blot var forpligtet til at betale selve afgiften, men også morarenter, der skyldtes som følge af den betalingspligtige persons manglende betaling af denne afgift. ALTI har iværksat appel af dommen fra Administrativen sad – Plovdiv (forvaltningsdomstolen i Plovdiv) for Varhoven administrativen sad (øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Bulgarien). ALTI har i forbindelse med appellen bl.a. gjort gældende, at selv om modtageren af en afgiftspligtig levering i henhold til de bulgarske retters praksis kan pålægges hæftelse på grundlag af momslovens artikel 177, stk. 3, nr. 2, når denne modtager har udøvet sin fradragsret med hensyn til den afgift, som skal betales, og som leverandøren ikke har betalt, dækker denne hæftelse ikke de morarenter, der skyldes som følge af, at den betalingspligtige person ikke har betalt denne afgift. Den forelæggende ret har anført, at modtageren af en afgiftspligtig levering i henhold til momslovens artikel 177, stk. 3, nr. 2, skal hæfte for den afgift, som skal betales og ikke er betalt af en anden person, når denne har gjort brug af retten til fradrag af indgående moms i direkte eller indirekte forbindelse med den skyldige og ikke betalte moms, idet en sådan solidarisk hæftelse finder anvendelse, når modtageren vidste eller burde have vidst, at den nævnte afgift ikke ville blive betalt. Denne bestemmelse er i overensstemmelse med artikel 205 i direktiv 2006/112, således som det fremgår af bl.a. dom af 11. maj 2006, Federation of Technological Industries m.fl. ( C-384/04 , EU:C:2006:309 ). Ved fastlæggelsen af omfanget af denne solidariske hæftelse angav den bulgarske lovgiver imidlertid ikke udtrykkeligt i momslovens artikel 177, at modtageren af leveringen ikke alene var betalingspligtig for den ikke-betalte afgift, men også for de morarenter, der skulle betales fra afgiftens forfald. Den forelæggende ret har anført, at en sådan forpligtelse dog kan udledes af skatte-, afgifts- og socialforsikringsproceslovens artikel 16, stk. 3, selv om der er afsagt modstridende domme herom af den øverste domstol i forvaltningsretlige sager i Bulgarien. Den forelæggende ret har i denne henseende anført, at den ønsker oplyst, om artikel 205 i direktiv 2006/112 og proportionalitetsprincippet er til hinder for, at morarenter, der skyldes som følge af, at den betalingspligtige person ikke har betalt den nævnte afgift, indgår i den pågældende ordning med solidarisk hæftelse, og dermed for en national lovgivning som den, der er omhandlet i denne lovs artikel 16, stk. 3. På denne baggrund har Varhoven administrativen sad (øverste domstol i forvaltningsretlige sager) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1) Skal artikel 205 i [direktiv 2006/112] og proportionalitetsprincippet fortolkes således, at den solidariske hæftelse for den af leverandøren ikke betalte moms, der påhviler en registreret person som modtager af en momspligtig leverance, foruden leverandørens hovedstol (den skyldige moms) også omfatter en accessorisk forpligtelse til at betale morarenter svarende til de lovpligtige renter af hovedstolen fra begyndelsen af skyldnerens forsinkelse med betalingen til tidspunktet for vedtagelsen af den afgiftskontrolafgørelse, med hvilken der blev truffet afgørelse om den solidariske hæftelse, henholdsvis til opfyldelsen af forpligtelsen? 2) Skal artikel 205 i [direktiv 2006/112] og proportionalitetsprincippet fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse som [skatte‑, afgifts- og socialforsikringsproceslovens] artikel 16, stk. 3, […] hvorefter en tredjemands hæftelse for en afgiftspligtig persons ikke betalte afgifter omfatter afgifterne og renterne?« Om de præjudicielle spørgsmål Med sine to spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 205 i direktiv 2006/112, sammenholdt med proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, hvorefter en person, som er udpeget som solidarisk hæftende i denne bestemmelses forstand, er forpligtet til, ud over at erlægge den moms, som ikke er blevet betalt af den person, der er betalingspligtig for denne afgift, at betale de morarenter, som den betalingspligtige person er skyldig at betale af dette beløb. Det bemærkes i denne henseende, at det følger af artikel 205 i direktiv 2006/112, at i de i dette direktivs artikel 193-200 samt artikel 202-204 omhandlede tilfælde kan medlemsstaterne lade en anden end den betalingspligtige person hæfte solidarisk for momsens erlæggelse. Artikel 193-200 og 202-204 i direktiv 2006/112 fastlægger, hvilke personer der er betalingspligtige for momsen i overensstemmelse med formålet med dette direktivs afdeling 1 i kapitel 1 under afsnit XI, som har overskriften »Personer, der er betalingspligtige over for statskassen«. Selv om direktivets artikel 193 som hovedregel fastsætter, at momsen påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer eller ydelser, fremgår det af ordlyden af denne bestemmelse, at andre personer kan eller skal være betalingspligtige for denne afgift i de situationer, der er omhandlet i direktivets artikel 194-199b og 202. Det fremgår af den kontekst, som artikel 193-205 i direktiv 2006/112 udgør, at dette direktivs artikel 205 indgår i en række bestemmelser, der tager sigte på at identificere, hvem der er betalingspligtig for momsen ud fra forskellige situationer. Herved har disse bestemmelser til formål at sikre statskassen en effektiv opkrævning af moms hos den person, der er bedst egnet med hensyn til den pågældende situation, navnlig når aftaleparterne ikke befinder sig i samme medlemsstat, eller når den momspligtige transaktion vedrører transaktioner, hvis særlige karakter gør det nødvendigt at identificere en anden person end den, der er omhandlet i dette direktivs artikel 193. Artikel 205 i direktiv 2006/112 gør det derfor principielt muligt for medlemsstaterne med henblik på en effektiv opkrævning af momsen at træffe foranstaltninger, i medfør af hvilke en anden person end den, der normalt er betalingspligtig for denne afgift, i medfør af dette direktivs artikel 193-200 og 202-204 hæfter solidarisk for betalingen af nævnte afgift. Denne fortolkning understøttes i øvrigt af dom af 21. december 2011, Vlaamse Oliemaatschappij ( C-499/10 , EU:C:2011:871 , præmis og den deri nævnte retspraksis), vedrørende fortolkningen af artikel 21, stk. 3, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag ( EFT 1977, L 145, s. 1 ), som ændret ved Rådets direktiv 2001/115/EF af 20. december 2001 ( EFT 2002, L 15, s. 24 ), hvilken bestemmelse svarede til artikel 205 i direktiv 2006/112. Da artikel 205 i direktiv 2006/112 imidlertid hverken præciserer de personer, som medlemsstaterne kan udpege som solidarisk hæftende skyldnere, eller de situationer, hvor en sådan udpegning kan foretages, tilkommer det medlemsstaterne at fastsætte betingelserne og de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af den solidariske hæftelse, der er fastsat i denne artikel. Det bemærkes i denne henseende, at medlemsstaterne i forbindelse med udøvelsen af en sådan beføjelse skal overholde de generelle retsprincipper, der er en del af EU’s retsorden, som bl.a. omfatter retssikkerhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (dom af 21.12.2011, Vlaamse Oliemaatschappij, C-499/10 , EU:C:2011:871 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Hvad nærmere bestemt angår proportionalitetsprincippet har Domstolen fastslået, at medlemsstaterne i overensstemmelse med dette princip skal anvende midler, som – idet de gør det muligt effektivt at nå det mål, der forfølges med national ret – gør det mindst mulige indgreb i de af den pågældende EU-lovgivning opstillede formål og principper. Mens det således er lovligt, at de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer, går ud på så effektivt som muligt at beskytte statskassens rettigheder, må de ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til dette formål (dom af 21.12.2011, Vlaamse Oliemaatschappij, C-499/10 , EU:C:2011:871 , præmis og og den deri nævnte retspraksis). Under disse omstændigheder skal medlemsstaternes udøvelse af muligheden for at udpege en anden solidarisk skyldner end den person, der er betalingspligtig for afgiften, med henblik på at sikre en effektiv opkrævning heraf, være begrundet i det faktiske og/eller retlige forhold mellem de to pågældende personer under hensyn til retssikkerhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Det tilkommer navnlig medlemsstaterne nærmere at angive de særlige omstændigheder, hvorunder en person såsom modtageren af den afgiftspligtige levering solidarisk skal hæfte for betaling af den afgift, som dennes medkontrahent skal betale, selv om vedkommende har betalt denne gennem transaktionsprisen. I denne sammenhæng bemærkes, at bekæmpelse af afgiftssvig, afgiftsunddragelse og muligt misbrug er et formål, som anerkendes og støttes i EU-lovgivningen om det fælles momssystem, og at princippet om forbud mod rettighedsmisbrug således medfører et forbud mod rent kunstige arrangementer, der ikke bygger på nogen økonomisk realitet, og som blot foretages med henblik på opnåelse af en afgiftsmæssig fordel (jf. i denne retning dom af 20.6.2013, Newey, C-653/11 , EU:C:2013:409 , præmis ). Domstolen har således fastslået, at medlemsstaterne i henhold til artikel 205 i direktiv 2006/112 kan anse en person for solidarisk betalingspligtig for moms, når han på tidspunktet for den til ham foretagne transaktion vidste eller burde have vidst, at afgiften af denne transaktion eller af en tidligere eller senere transaktion ikke ville blive betalt, og at medlemsstaten kan basere sig på formodninger herom, forudsat at sådanne formodninger ikke er formuleret således, at det bliver praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for den afgiftspligtige person at afkræfte formodningerne, og således skabe et system med ubetinget hæftelse, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at beskytte statskassens rettigheder. Erhvervsdrivende, som træffer enhver foranstaltning, som med rimelighed kan kræves af dem, for at sikre sig, at deres transaktioner ikke er et led i en kæde, hvori der indgår svig eller misbrug, skal kunne stole på lovligheden af disse transaktioner uden at risikere at hæfte solidarisk for erlæggelsen af moms, som skyldes af en anden afgiftspligtig person (jf. i denne retning dom af 11.5.2006, Federation of Technological Industries m.fl., C-384/04 , EU:C:2006:309 , præmis og og den deri nævnte retspraksis). Domstolen har ligeledes fastslået, at omstændigheder, som at den anden person, der ikke er betalingspligtig, har handlet i god tro ved at udvise almindelig agtpågivenhed for en erhvervsdrivende, at han har truffet enhver rimelig foranstaltning, der stod i hans magt, og at det er udelukket, at han har medvirket til svigen, således er elementer, der skal tages i betragtning ved vurderingen af muligheden for at forpligte denne person solidarisk til at betale moms (jf. i denne retning dom af 21.12.2011, Vlaamse Oliemaatschappij, C-499/10 , EU:C:2011:871 , præmis og den deri nævnte retspraksis). I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at momslovens artikel 177 med overskriften »Personens ansvar ved misbrug« bestemmer i stk. 2, at en person hæfter solidarisk for betalingen af den skyldige afgift, når denne person har udøvet sin fradragsret, selv om vedkommende vidste eller burde have vidst, at den afgiftspligtige person ikke havde til hensigt at betale afgiften, idet kontrolmyndigheden skal føre bevis for, at der foreligger sådanne oplysninger. Det fremgår ligeledes af forelæggelsesafgørelsen, at denne lovs artikel 177, stk. 3, nr. 2, bestemmer, at for at kunne antage, at den pågældende person burde have vidst, at den betalingspligtige person ikke havde til hensigt at betale den skyldige afgift, kræves det ikke alene, at denne afgift faktisk ikke er blevet betalt af nogen af leverandørerne i et tidligere led, men ligeledes, at den afgiftspligtige transaktion er proforma, at den udgør en omgåelse af loven eller sker til en pris, der adskiller sig væsentligt fra markedsprisen. Det fremgår både af forelæggelsesafgørelsen og af den bulgarske regerings skriftlige indlæg, at en sådan formodning er afkræftelig. Desuden fremgår det ikke af de sagsakter, som Domstolen råder over, at det i praksis ville være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at afkræfte en sådan formodning. Det tilkommer imidlertid den forelæggende ret at efterprøve, om den pågældende person med henblik herpå har mulighed for at godtgøre sin gode tro. Under disse omstændigheder må det fastslås, således som den forelæggende ret har anført, at en bestemmelse som momslovens artikel 177 opfylder anvendelsesbetingelserne for artikel 205 i direktiv 2006/112, således som de er gengivet i nærværende doms præmis 36 og 37. Den forelæggende ret har imidlertid anført, at selv om momslovens artikel 177 kun giver mulighed for at pålægge de personer, der er omhandlet i denne artikel, solidarisk hæftelse for betalingen af moms, kan disse personer ligeledes i medfør af skatte-, afgifts- og socialforsikringsproceslovens artikel 16, stk. 3, pålægges at betale morarenter som følge af den betalingspligtige persons manglende betaling af denne afgift. I denne henseende bemærkes, at selv om den solidariske hæftelse i artikel 205 i direktiv 2006/112 ifølge ordlyden af denne bestemmelse kun vedrører betaling af moms, udelukker denne ordlyd ikke, at medlemsstaterne kan pålægge den solidarisk hæftende skyldner at betale samtlige elementer af denne afgift, såsom morarenter, der skyldes som følge af, at den betalingspligtige person ikke har betalt den nævnte afgift. Det skal ikke desto mindre præciseres, at medlemsstaterne kun kan udvide ordningen med solidarisk hæftelse således, at den omfatter sådanne elementer, hvis en sådan udvidelse, henset til de formål, der forfølges med artikel 205 i direktiv 2006/112, er begrundet og er i overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, således som det fremgår af nærværende doms præmis 32. Det bemærkes i denne henseende, at når en national regel, der pålægger den solidarisk hæftende skyldner at betale morarenter af hovedgælden, gør det muligt at bekæmpe misbrug på momsområdet, bidrager den til at opfylde formålet om at sikre statskassen en effektiv opkrævning af momsen, som forfølges med artikel 205 i direktiv 2006/112. Eftersom anvendelsen af en sådan regel forudsætter, at det godtgøres, at medkontrahenten til den person, der er betalingspligtig for momsen, vidste eller burde have vidst, at denne sidstnævnte ikke ville betale denne afgift, samtidig med at vedkommende selv udøver sin fradragsret, synes det både at være forholdsmæssigt og i overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet, at der foreligger en forpligtelse for en sådan medkontrahent, som i kraft af sin frivillige deltagelse i et momsmisbrug anses for fra begyndelsen at have samtykket til den betalingspligtige persons ulovlige hensigt om ikke at betale den nævnte afgift, til at afhjælpe virkningerne af den forsinkede betaling heraf, for hvilket også medkontrahenten har et ansvar. En sådan tilgang er endvidere i overensstemmelse med det formål, der ligger til grund for artikel 205 i direktiv 2006/112, således som det er beskrevet i nærværende doms præmis 28 og 29, som består i at gøre det muligt for medlemsstaterne at sikre statskassen en effektiv opkrævning af moms hos de personer, der er bedst egnede med hensyn til den pågældende situation. I et tilfælde af momsmisbrug som det, der er omhandlet i den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning, skal statskassen imidlertid have mulighed for af effektivitetshensyn at få tilbagebetalt den afgift, som skal betales, og samtlige de hermed forbundne elementer fra hver af de medkontrahenter, der har deltaget i dette misbrug. Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 205 i direktiv 2006/112, sammenholdt med proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter en person, som anses for solidarisk hæftende i denne bestemmelses forstand, er forpligtet til, ud over at erlægge den moms, som ikke er blevet betalt af den person, der er betalingspligtig for denne afgift, at betale de morarenter, som den betalingspligtige person er skyldig at betale af dette beløb, når det er godtgjort, at denne person, samtidig med at vedkommende selv udøver sin fradragsret, vidste eller burde have vidst, at den nævnte betalingspligtige person ikke ville betale denne afgift. Sagsomkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret: Artikel 205 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter en person, som anses for solidarisk hæftende i denne bestemmelses forstand, er forpligtet til, ud over at erlægge den merværdiafgift (moms), som ikke er blevet betalt af den person, der er betalingspligtig for denne afgift, at betale de morarenter, som den betalingspligtige person er skyldig at betale af dette beløb, når det er godtgjort, at denne person, samtidig med at vedkommende selv udøver sin fradragsret, vidste eller burde have vidst, at den nævnte betalingspligtige person ikke ville betale denne afgift. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: bulgarsk.

62004TJ0191

mt

Il-fatti li wasslu għal-kawża 1       Fl-20 ta’ Marzu 1998, MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, li qabel kienet METRO Cash & Carry GmbH (iktar ‘il quddiem ir-"rikorrenti"), ippreżentat applikazzjoni għal trade mark Komunitarja lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern ( Trade marks u Disinni) (UASI) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 ta’ l-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it- trade mark Komunitarja (ĠU L 11, 1994 p. 1), kif emendat. 2       It- trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni hija s-sinjal figurattiv riprodott hawn taħt: 3       L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ġiet ippubblikata fil-fil0 Bullettin tat-Trade marks Komunitarji Nru 86/99, tat-2 ta’ Novembru 1999. 4       Fit-28 ta’ Jannar 2000, Tesco Stores Ltd (iktar ‘il quddiem l-"intervenjenti") ressqet oppożizzjoni, skond l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 40/94, għar-reġistrazzjoni tat- trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq it- trade mark verbali nazzjonali preċedenti METRO Nru 1543011, irreġistrata fir-Renju Unit fis-27 ta’ Lulju 1993, u li t-terminu inizjali tal-validità tagħha skada fis-27 ta’ Lulju 2000. 5       Permezz ta’ ittra tat-13 ta’ Ġunju 2000, l-UASI informa lill-intervenjenti li ngħatalha terminu ta’ erba’ xhur għas-sottomissjoni tal-fatti, provi u argumenti addizzjonali li hija kienet tqis utli sabiex issostni l-oppożizzjoni tagħha. F’nota ta’ informazzjoni annessa ma’ din l-ittra, l-UASI informa lill-intervenjenti li fil-każ li t-terminu ta’ validità tar-reġistrazzjoni tat- trade mark preċedenti jkun skada "fid-data li fiha l-provi tad-drittijiet preċedenti [kellhom] jingħataw" skond ir-Regola 20(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 tat-13 ta’ Diċembru 1995, li jimplementa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it- trade mark tal-Komunità (ĠU L 303, p. 1, iktar ‘il quddiem ir-"Regolament ta’ implementazzjoni"), l-intervenjenti kellha wkoll tippreżenta ċertifikat ta’ tiġdid, jew prova ekwivalenti, jew fin-nuqqas, il-prova li l-applikazzjoni għal tiġdid kienet ġiet debitament ippreżentata lill-awtoritajiet kompetenti. It-terminu ta’ erba’ xhur ġie sussegwentement ipprorogat u skada definittivament fit-13 ta’ Marzu 2003. 6       Il-prova tat-tiġdid tat- trade mark preċedenti ma ngħatatx fit-terminu fuq imsemmi. 7       Permezz ta’ ittra tat-30 ta’ April 2003, l-intervenjenti ġiet informata li, peress li ma kinitx tat il-prova tat-tiġdid tar-reġistrazzjoni tagħha, kienet ser tingħata deċiżjoni fuq l-oppożizzjoni abbażi tal-provi disponibbli. 8       Permezz ta’ deċiżjoni tat-12 ta’ Ġunju 2003 (iktar ‘il quddiem id-"deċiżjoni tad-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni"), id-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni ċaħdet l-oppożizzjoni għar-raġuni li l-intervenjenti, minkejja li kienet ġiet debitament mistiedna tagħmel dan, ma tatx il-prova li d-dritt preċedenti tagħha kien għadu fis-seħħ wara s-27 ta’ Lulju 2000, id-data li fiha skada t-terminu ta’ validità tar-reġistrazzjoni tat- trade mark tagħha skond id-dokumentazzjoni ppreżentata mill-intervenjenti. 9       Fil-11 ta’ Awwissu 2003, l-intervenjenti ressqet appell quddiem l-UASI, skond l-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament Nru 40/94, kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni. 10     Permezz ta’ deċiżjoni tat-23 ta’ Mejju 2004 (iktar ‘il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), l-Ewwel Bord ta’ l-Appell ta’ l-UASI laqa’ l-appell. Hu qies li, fid-data li fiha ġiet ippreżentata l-oppożizzjoni u anki fid-data li fiha l-provi kienu ġew mitluba (it-13 ta’ Ġunju 2000), id-dritt preċedenti kienu għadu validu u li, għalhekk, l-intervenjenti ma kellhiex għalfejn tipprova t-tiġdid tar-reġistrazzjoni tat- trade mark tagħha. It-talbiet tal-partijiet 11     Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha: –       tiddikjara r-rikors ammissibbli; –       tannulla d-deċiżjoni kkontestata; –       tikkundanna lill-UASI jbati l-ispejjeż. 12     L-UASI jitlob li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha: –       tilqa’ r-rikors tar-rikorrenti għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata; –       tikkundanna lill-intervenjenti tbati l-ispejjeż. 13     L-intervenjenti titlob li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha: –       tiċħad ir-rikors; –       tikkundanna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż ta’ l-intervenjenti. Fuq l-ammissibbiltà tat-talbiet ta’ l-UASI 14     F’dak li għandu x’jaqsam mal-pożizzjoni proċedurali ta’ l-UASI, għandu jiġi mfakkar li, filwaqt li l-UASI m’għandux il-kapaċità legali meħtieġa biex iressaq rikors kontra deċiżjoni ta’ Bord ta’ l-Appell, għall-kuntrarju, huwa lanqas ma jista’ jkun marbut li jiddefendi b’mod sistematiku d-deċiżjonijiet ta’ Bord ta’ l-Appell li jkunu kkontestati jew li neċessarjament jitlob li r-rikorsi kollha mressqa kontra tali deċiżjoni jiġu miċħuda [is-sentenzi tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-30 ta’ Ġunju 2004, GE Betz vs L-UASI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Ġabra p. II‑1845, punt 34; tal-15 ta’ Ġunju 2005, Spa Monopole vs L-UASI – Spaform (SPAFORM), T-186/04, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punt 20, u tal-25 ta’ Ottubru 2005, Peek & Cloppenburg vs L-UASI (Cloppenburg), T-379/03, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punt 22]. Mhemm xejn li jżomm lill-UASI milli jaqbel ma’ konklużjoni tar-rikorrenti jew milli jikkuntenta ruħu li jirrimetti ruħu għall-ġudizzju għaref tal-Qorti tal-Prim’Istanza, filwaqt li jressaq dawk l-argumenti li jidhrulu xierqa biex jispjega l-pożizzjoni tiegħu lill-Qorti tal-Prim’Istanza (is-sentenzi BIOMATE, iċċitata iktar ‘il fuq, punt 36 u Cloppenburg, iċċitata iktar ‘il fuq, punt 22). Mill-banda l-oħra, l-UASI ma jistax iressaq talbiet favur l-annullament jew favur il-bdil tad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-Appell abbażi ta’ punt li ma kienx imqajjem fir-rikors jew jippreżenta raġunijiet li ma kinux imqajma fir-rikors (is-sentenza Cloppenburg, iċċitata iktar ‘il fuq, punt 22; ara ukoll, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Ottubru 2004, Vedial vs L-UASI, C-106/03 P, Ġabra p. I‑9573, punt 34). 15     Minn dan isegwi li t-talbiet li permezz tagħhom l-UASI jaqbel mat-talbiet tar-rikorrenti favur l-annullament għandhom jiġu ddikjarati ammissibbli safejn huma u l-argumenti mressqa in sostenn tagħhom ma joħorġux mill-ambitu tat-talbiet u tar-raġunijiet imressqa mir-rikorrenti. Fuq il-mertu A – L-argumenti tal-partijiet 16     Ir-rikorrenti tressaq raġuni waħda in sostenn tat-talbiet tagħha għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata. Hija tqis li d-deċiżjoni kkontestata tikser ir-Regolament Nru 40/94, b’mod partikolari l-Artikolu 74 tiegħu, kif ukoll ir-Regolament ta’ implementazzjoni, b’mod partikolari r-Regoli 16 u 20 tiegħu. Jirriżulta minn dawn id-dispożizzjonijiet li d-data rilevanti li fiha d-dritt preċedenti għandu jkun fis-seħħ u li għaliha min jopponi għandu jġib il-prova tal-validità ta’ l-imsemmi dritt hija dik li fiha d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni tiddeċiedi jew, għallinqas, id-data ta’ l-iskadenza tat-terminu mogħti biex jingħataw provi oħra, u mhux dik tal-preżentata tat-talba ta’ oppożizzjoni. 17     Wara, hija ssostni li r- ratio legis tar-Regola 16 tar-Regolament ta’ implementazzjoni jitlob li l-applikant u d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni jkollhom il-possibbiltà li jeżaminaw il-validità tat- trade mark preċedenti invokata kontra l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja, billi hija biss trade mark valida li tista’ tifforma l-bażi ta’ oppożizzjoni. Id-Diviżjoni ta’ Oppożizzjoni hija awtorizzata mir-Regola 16(3) u mir-Regola 20(2) tar-Regolament ta’ implementazzjoni li tistabbilixxi terminu għall-produzzjoni ta’ provi jekk dawn ta’ l-aħħar ma jkunux ġew ipprovduti ma’ l-att ta’ oppożizzjoni. 18     Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-konstatazzjonijiet tad-deċiżjoni kkontestata, li skondhom id-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni ma tistax, minn naħa, tieħu in kunsiderazzjoni l-iskadenza tal-validità tad-drittijiet tat- trade mark preċedenti li sseħħ qabel ma hija tiddeċiedi fuq l-oppożizzjoni u, min-naħa l-oħra, teżiġi l-prova tat-tiġdid tat- trade mark preċedenti, imorru kontra d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regolament ta’ implementazzjoni, kif ukoll kontra l-iskema ġenerali ta’ l-evalwazzjoni tar-raġunijiet dwar ir-rifjut. 19     L-UASI jsostni l-argumentazzjoni tar-rikorrenti. Huwa jqis, b’mod partikolari, li d-deċiżjoni kkontestata hija inkompatibbli mad-direttivi interni tiegħu li jirregolaw il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni, li jiddisponu li "waqt it-terminu ta’ erba’ xhur mogħti sabiex jiġi kkompletat l-inkartament, min jopponi jrid jippreżenta l-prova li t- trade mark(s) li fuqha (fuqhom) jistrieħ għadha (għadhom) fis-seħħ. Fin-nuqqas ta’ prova tat-tiġdid, ir-reġistrazzjoni preċedenti m’għandhiex tittieħed in kunsiderazzjoni […] jew l-oppożizzjoni għandha tiġi miċħuda minħabba li mhijiex fondata. Madankollu, sabiex jiġi evitat li d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni tiddeċiedi fuq oppożizzjoni bbażata fuq reġistrazzjoni preċedenti li ma ġietx mġedda, jekk reġistrazzjoni li tkun ġiet validament ippruvata tiskadi bejn it-tmiem tat-terminu ta’ erba’ xhur u l-mument meta tingħata d-deċiżjoni, l-eżaminatur għandu jitlob lil min jopponi li jagħti l-prova tat-tiġdid tar-reġistrazzjoni, indipendentement minn jekk l-applikant ikunx qajjem oġġezzjoni jew le". 20     Min-naħa tagħha, l-intervenjenti tressaq sitt argumenti biex issostni l-pożizzjoni tagħha li skondha l-Bord ta’ l-Appell applika korrettament ir-Regolament Nru 40/94 u r-Regolament ta’ implementazzjoni. 21     L-ewwel nett, hija ssostni lili l-Artikolu 8(1) tar-Regolament Nru 40/94 juża l-preżent ("jekk issir oppożizzjoni") iktar milli l-futur. Barra minn hekk, l-Artikolu 8(2) ta’ l-imsemmi Regolament juża l-passat (" trade marks reġistrati"). Skond l-intervenjenti, meta ż-żewġ dispożizzjonijiet jinqraw flimkien, huwa ċar li hija d-data ta’ l-oppożizzjoni li hija determinanti. Konsegwentement mhemm l-ebda dispożizzjoni fl-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 40/94 li tobbliga lil min jopponi li jżomm dan l-istatus ta’ proprjetarju tat- trade mark preċedenti jew li jipprova li żamm dan l-istatus lil hinn mit-terminu għall-oppożizzjoni. 22     It-tieni nett, l-intervenjenti tikkunsidra li l-unika kundizzjoni stipulata mill-Artikolu 42(1) tar-Regolament Nru 40/94 hija li oppożizzjoni tkun magħmula għar-raġuni li t- trade mark ma tistax tiġi reġistrata skond l-Artikolu 8 ta’ l-imsemmi Regolament. Hija tosserva li dan ir-rekwiżit huwa wkoll espress fil-preżent. Minbarra dan, huwa meħtieġ li min jopponi jkun, fost l-oħrajn, il-proprjetarju tat- trade marks preċedenti li għalihom hemm referenza fl-Artikolu 8(2) ta’ l-imsemmi Regolament. F’din id-dispożizzjoni, il-preżent huwa wkoll użat. Minn dan hija tiddeduċi li mhemm l-ebda obbligu fuq min jopponi li juri li ser jibqa’ proprjetarju sa data indefinita fil-futur li tmur lil hinn mit-terminu għall- oppożizzjoni. Hija tqis li l-Artikolu 42(3) ta’ l-imsemmi Regolament jikkonferma din l-analiżi, billi jeżiġi li min jopponi jispeċifika r-raġunijiet li fuqhom hija bbażata l-oppożizzjoni, u billi juża mill-ġdid il-preżent. Barra minn hekk, hija tafferma li min jopponi jrid jindika r-raġunijiet eżistenti f’din id-data li jistgħu jiġu invokati kontra t- trade mark in kwistjoni. L-ebda persuna li topponi ma hija f’pożizzjoni li tindika b’ċertezza x’tista’ tkun is-sitwazzjoni f’data indefinita fil-futur li tmur lil hinn mit-terminu għall-oppożizzjoni. F’kull każ, dan imur kontra l-kliem ta’ l-Artikolu 42(3) tar-Regolament Nru 40/94. 23     It-tielet nett, l-intervenjenti ssostni li r-Regoli 15 u 16 tar-Regolament ta’ implementazzjoni huma deċiżament siekta fir-rigward tat-teżi, sostnuta mir-rikorrenti, li skondha l-validità tat- trade mark preċedenti għandha tiġi pprovata fid-data li fiha d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni tagħti d-deċiżjoni tagħha fuq il-mertu. Hi ssostni li l-fatt li l-leġiżlaturi stabbilew tali dispożizzjonijiet dettaljati, mingħajr madankollu ma speċifikaw li min jopponi għandu jipprova li d-drittijiet tiegħu jkunu għadhom jeżistu lil hinn mit-terminu għall-oppożizzjoni, għandu jiġi interpretat li jfisser li l-intenzjoni tal-leġiżlatur hija li ma jitlobx tali prova, skond il-prinċipju expressio unius est exclusio alterius . Barra minn hekk, l-intervenjenti tfakkar li d-dispożizzjonijiet in kwistjoni huma espressi fil-preżent jew fil-passat. 24     Hi tirreferi wkoll għar-Regola 15(2)(c)(i) tar-Regolament ta’ implementazzjoni, li jiddisponi li, "meta l-oppożizzjoni saret mill-proprjetarju ta[t- trade mark ] preċedenti jew tal-jedd preċedenti, [l-att ta’ oppożizzjoni għandu jinkludi] indikazzjoni li huwa l-proprjetarju ta’ dik i[t- trade mark ] jew jedd". Minn dan hija tiddeduċi li l-uniku element li, skond din ir-Regola, għandu jiġi pprovat, huwa li min jopponi huwa l-proprjetarju tat- trade mark preċedenti fid-data li fiha tkun saret l-oppożizzjoni. 25     Ir-raba’ nett, l-intervenjenti tfakkar li r-rekwiżit taċ-ċertezza legali jimplika li l-leġiżlazzjoni Komunitarja għandha tippermettu lill-persuni kkonċernati li jkunu jafu bi preċiżjoni l-portata ta’ l-obbligi li hija timponi fuqhom (is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-1 ta’ Ottubru 1998, Id-Danimarka vs Il-Kummissjoni, C-233/96, Ġabra p. I‑5759, punt 38). Hija tirrileva li s-soluzzjoni proposta mir-rikorrenti, jiġifieri li d-data li fiha l-UASI jevalwa l-validità tat- trade mark preċedenti tkun dik li fiha jagħti d-deċiżjoni tiegħu fuq l-oppożizzjoni, tistrieħ fuq bażi arbitrarja u inċerta. Hija ssostni li l-possibbiltà ta’ proċeduri mtawla teżiġi minn kull min jopponi li jaqta’ l-probabbli data li fiha tingħata deċiżjoni fuq il-mertu jew li kontinwament jagħti l-prova aġġornata tat- trade mark preċedenti. 26     Il-ħames nett, l-intervenjenti ssostni li jmur kontra l-prinċipju tad-dritt Komunitarju tan-non-retroattività li jiġi mitlub minn min jopponi li jipprova li t- trade mark preċedenti għadu jeżisti jew huwa validu lil hinn mit-terminu għall-oppożizzjoni. 27     Hija tispeċifika li meta ġiet ippreżentata l-oppożizzjoni, fit-28 ta’ Jannar 2000, intbagħtilha dokument, li jawtorizzaha sabiex sussegwentement tipprovdi kopja tar-reġistrazzjoni. Hija ppreżentat kopja taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni għat- trade mark preċedenti fl-24 ta’ Frar 2000. Hija tallega fil-punt 18 tar-risposta tagħha li din ir-reġistrazzjoni stabbiliet li t- trade mark kellha tibqa’ fis-seħħ sas-27 ta’ Lulju 2003, jiġifieri lil hinn mill-għeluq tat-terminu għall-oppożizzjoni. Fit-13 ta’ Ġunju 2000, l-UASI kitbilha biex jinformaha bil-bidu tal-fażi kontradittorja tal-proċedura u jitlobha tipprovdi l-fatti, il-provi u l-osservazzjonijiet in sostenn ta’ l-argumenti tagħha. Hija ssostni li, jekk, kif tippretendi r-rikorrenti, din l-ittra timponi fuqha li tagħti l-prova tat-tiġdid tar-reġistrazzjoni li ġa kienet ġiet ippreżentata waqt it-terminu għall-oppożizzjoni, tali eżiġenza tkun retrospettiva u, għaldaqstant, inammissibbli. 28     Is-sitt u l-aħħar nett, l-intervenjenti ssostni li l-Artikolu 74 tar-Regolament Nru 40/94 ma jsaħħaħx iktar it-teżi tar-rikorrenti. Skondha, l-għan ta’ dan l-Artikolu jikkorrispondi għat-titolu tiegħu, jiġifieri li jiddetermina l-portata ta’ eżami tal-fatti mill-UASI fuq inizjattiva tiegħu stess. Għalhekk hija tiċħad li din is-silta timplika li min jopponi għandu l-obbligu li jipprova lill-UASI li trade mark tibqa’ teżisti u tkun valida sad-data li fiha d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni tiddeċiedi. B – Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza 29     Ir-rikorrenti, sostnuta mill-UASI, essenzjalment tikkritika żewġ affermazzjonijiet li jinsabu fid-deċiżjoni kkontestata. L-ewwel nett, il-Bord ta’ l-Appell jagħmel żball meta jqis li l-iskadenza tat- trade mark li fuqha ġiet ibbażata l-oppożizzjoni ma tawtorizzawx lid-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni biex timmodifika retrospettivament l-istatus ta’ min jopponi u biex tiċħad l-oppożizzjoni. It-tieni nett, huwa jiżbalja meta jikkunsidra li min jopponi huwa obbligat jipprova darba għal dejjem ir-raġunijiet għall-oppożizzjoni tiegħu, u li, għalhekk, la d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni u lanqas il-Bordijiet ta’ l-Appell m’għandhom id-dritt li jeżiġu prova ulterjuri tal-fatt li t- trade mark preċedenti li fuqha l-oppożizzjoni ġiet ibbażata tkun għadha valida. Dawn l-affermazzjonijiet imorru kontra l-iskema ġenerali tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regolament ta’ implementazzjoni, billi jipperikolaw li jqiegħdu lid-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni f’pożizzjoni li tikkonstata konflitt bejn it- trade mark mitlub u trade mark preċedenti li t-terminu ta’ protezzjoni tiegħu jkun skada. 30     Għandu jiġi mfakkar li, skond ġurisprudenza stabbilita sewwa, il-funzjoni essenzjali tat- trade mark hija li tiggarantixxi lill-konsumatur jew lill-utent finali l-identità ta’ l-oriġini tal-prodott kopert mit- trade mark , billi tagħmilha possibli għalih li jiddistingwi, mingħajr possibbiltà ta’ konfużjoni, dak il-prodott minn dawk li għandhom provenjenza oħra (is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Mejju 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Ġabra p. 1139, punt 7; tad-29 ta’ April 2004, Henkel vs L-UASI, C-456/01 P u C-457/01 P, Ġabra p. I‑5089, punt 48, u tas-16 ta’ Settembru 2004, SAT.1 vs L-UASI, C-329/02 P, Ġabra p. I‑8317, punt 23). Mhemmx interess ġenerali biex tingħata xi protezzjoni prevista mir-Regolament Nru 40/94 lil trade mark li ma taqdix il-funzjoni essenzjali tagħha (is-sentenza Henkel vs L-UASI, iċċitata iktar ‘il fuq, punt 48). 31     Id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 8 u 42 tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regoli 15, 16 u 20 tar-Regolament ta’ implementazzjoni fir-rigward tar-raġunijiet għal rifjut u l-proċedimenti ta’ oppożizzjoni għandhom essenzjalment bħala għan li jiżguraw li trade mark preċedenti tista’ żżomm il-funzjoni tagħha ta’ identifikazzjoni ta’ oriġini, billi jipprovdu l-possibbiltà li tiġi rifjutata r-reġistrazzjoni ta’ trade mark ġdida li tkun f’konflitt mat- trade mark preċedenti minħabba fi probabbiltà ta’ konfużjoni bejniethom. 32     L-eventwalità ta’ tali konflitt għandha tiġi kkunsidrata minn żewġ aspetti differenti. Minn naħa, fir-rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae tad-dispożizzjonijiet fuq imsemmija, hemm bżonn li tkun teżisti identiċità jew xebh bejn it- trade mark preċedenti u t- trade mark mitluba u bejn il-prodotti jew servizzi koperti biż-żewġ trade marks , li jista’ jagħti lok għal konfużjoni bejn iż-żewġ sinjali. Min-naħa l-oħra, fir-rigward ta’ l-applikazzjoni ratione temporis ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, dawn iż-żewġ trade marks iridu jeżistu flimkien għal ċertu perijodu. Il-funzjoni ta’ identifikazzjoni ta’ l-oriġini ta’ trade mark preċedenti ma tistax tkun mhedda minn trade mark oħra li hija rreġistrata biss wara li tkun skadiet it- trade mark preċedenti. Fin-nuqqas ta’ perijodu li fih iż-żewġ trade marks jeżistu flimkien, ma jista’ jqum l-ebda konflitt. 33     Għalhekk, il-Qorti tal-Prim’Istanza tikkonstata li l-affermazzjoni fid-deċiżjoni kkontestata li "[x]ejn ma jawtorizza lid-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni li timmodifika retroattivament l-istatus ta’ min jopponi sempliċement għaliex waqt il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni, […] ir-reġistrazzjoni nazzjonali, […] tiskadi", ma tiħux in kunsiderazzjoni l-fatt li l-ebda konflitt ma jista’ jseħħ bejn it- trade mark mitluba u trade mark preċedenti li tkun skadiet waqt dan il-perijodu, billi t- trade mark mitluba tista’ biss tiġi rreġistrata wara l-għeluq tal-proċedimenti ta’ oppożizzjoni. Konsegwentement, il-protezzjoni li l-Bord ta’ l-Appell tat lit- trade mark preċedenti mhijiex iġġustifikata mill-protezzjoni tal-funzjoni essenzjali tat- trade mark , u tmur kontra l-ispirtu u l-iskema ġenerali tad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-evalwazzjoni tar-raġunijiet għal rifjut u l-proċedimenti ta’ oppożizzjoni. 34     Minbarra dan, ir-rikorrenti u l-UASI ġustament isostnu li d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni u l-Bord ta’ l-Appell għandhom jieħdu in kunsiderazzjoni l-bdil fiċ-ċirkustanzi li jseħħ fil-perijodu bejn meta tiġi ppreżentata l-oppożizzjoni u meta tingħata d-deċiżjoni fuq l-oppożizzjoni u li jirriżulta mill-provi ppreżentati mill-partijiet bi tweġiba għat-talba għal informazzjoni min-naħa ta’ l-UASI. 35     F’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li l-Qorti tal-Prim’Istanza ddeċidiet fis-sentenza tagħha tat-23 ta’ Settembru 2003, Henkel vs L-UASI – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Ġabra p. II‑3253, punt 26), li fil-kuntest ta’ l-eżami mill-ġdid tad-deċiżjoni ta’ oppożizzjoni mwettaq mill-Bordijiet ta’ l-Appell skond l-Artikolu 61(1) tar-Regolament Nru 40/94, l-eżitu ta’ l-appell jiddependi mill-kwistjoni jekk deċiżjoni ġdida li għandha l-istess dispożittiv bħad-deċiżjoni li hija suġġetta għall-appell tistax tkun legalment adottata fil-mument li jiġi deċiż l-appell jew le. 36     Fil-kuntest ta’ dan l-eżami mill-ġdid, il-Bordijiet ta’ l-Appell ta’ l-UASI jeżerċitaw, ħlief f’każ ta’ rinviju, il-kompetenzi ta’ l-istanza li tkun ħadet id-deċiżjoni appellata (is-sentenza KLEENCARE, punt 35 supra, punt 24). Konsegwentement, għandu jiġi kkonsidrat li l-prinċipju stabbilit minn din il-ġurisprudenza huwa applikabbli għall-evalwazzjoni magħmula mid-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni, b’mod li la d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni u lanqas il-Bordijiet ta’ l-Appell ma jistgħu jadottaw deċiżjoni li tkun illegali fil-mument li fih jiddeċiedu abbażi tal-provi prodotti mill-partijiet fil-kuntest tal-proċedura quddiemhom. 37     Madankollu l-intervenjenti tikkunsidra li d-deċiżjoni kkontestata ġustament stabbiliet li min jopponi għandu jesponi r-raġunijiet u l-provi in sostenn ta’ l-oppożizzjoni tiegħu darba għal dejjem. Id-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni ma tistax tistrieħ fuq in-nuqqas ta’ provi dwar it-tiġdid tat- trade mark preċedenti, ġaladarba t-talba tagħha għal informazzjoni dwar it-tiġdid tar-reġistrazzjoni ma kienet ġustifikata minn ebda dispożizzjoni tar-Regolament Nru 40/94 jew tar-Regolament ta’ implementazzjoni. 38     F’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li jirriżulta mill-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 30 iktar ‘il fuq li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 40/94 u dawk tar-Regolament ta’ implementazzjoni għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-funzjoni essenzjali tat- trade mark . Issa biex ikun f’pożizzjoni li jivverifika jekk it- trade mark preċedenti tistax titlef il-funzjoni tagħha ta’ identifikazzjoni ta’ oriġini minħabba fil-koeżistenza fiż-żmien mat- trade mark mitluba, li magħha hija tista’ tiġi mfixkla, l-UASI għandu jkun jaf bit-terminu ta’ validità tat- trade mark preċedenti. 39     Is-setgħa li tintalab informazzjoni f’dan ir-rigward mingħand min jopponi tista’ tiġi dedotta mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regolament ta’ implementazzjoni. Għalhekk, skond l-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 40/94, l-UASI jista’ jitlob informazzjoni u l-produzzjoni ta’ dokumenti f’kull proċedura mibdija quddiemu, b’mod partikolari l-informazzjoni u d-dokumenti li jqis neċessarji biex jiddeċiedi fuq l-oppożizzjoni. Barra minn hekk, jirriżulta mid-dispożizzjonijiet tar-Regoli 16 u 20 tar-Regolament ta’ implementazzjoni, meħudin flimkien, li l-UASI jista’ jistieden lil min jopponi sabiex jipprovdi fatti, provi u argumenti, b’mod partikolari ċ-ċertfikat ta’ reġistrazzjoni tat- trade mark preċedenti, li ma jinsabux fl-att ta’ oppożizzjoni. 40     L-intervenjenti tikkunsidra, min-naħa l-oħra, li min jopponi ma jistax ikun obbligat jipprova li ser jibqa’ l-proprjetarju tat- trade mark preċedenti sa data indefinita li tkun lil hinn mit-terminu għall-oppożizzjoni. 41     Għandu jiġi kkonstatat, f’dan ir-rigward, li l-intervenjenti tillimita ruħha li tafferma, fl-ewwel, fit-tieni, fit-tielet u fis-sitt argumenti tagħha, li tali obbligu għal min jopponi la jirriżulta mill-Artikoli 8, 42 u 74 tar-Regolament Nru 40/94 u lanqas mir-Regoli 15 u 16 tar-Regolament ta’ implementazzjoni. Hija ma tressaq l-ebda argument li jiċħad li l-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 40/94 jew il-qari flimkien tar-Regoli 16 u 20 tar-Regolament ta’ implementazzjoni jagħtu d-dritt lill-UASI li jitlob lil min jopponi li jipprova t-tiġdid tat- trade mark wara li jkun skada, meta l-iskadenza sseħħ wara d-data li fiha jiġi ppreżentat l-att ta’ l-oppożizzjoni. Minbarra dan, l-argumenti tagħha f’dan ir-rigward huma bbażati fuq interpretazzjoni li tistrieħ fuq it-tempi tal-verbi użati mid-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti fuq imsemmija meħuda separatament u b’ebda mod ma jirreferu għall-prinċipji li fuqhom huma bbażati r-raġunijiet għal rifjut u l-proċedimenti ta’ oppożizzjoni. 42     Għandu jiġi wkoll innotat li l-argumentazzjoni tagħha toħroġ ‘il barra mill-kuntest fattwali ta’ din il-kawża. Meta skada t-terminu għall-għoti ta’ l-informazzjoni (it-13 ta’ Marzu 2003) jew ukoll meta skada t-terminu inizjali stabbilit mid-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni (it-13 ta’ Ottubru 2000), il-validità tat- trade mark preċedenti ma kienet tiddependi minn l-ebda element futur, iżda mill-kwistjoni jekk l-intervenjenti kinitx ġeddet ir-reġistrazzjoni tat- trade mark tagħha li t-terminu ta’ validità inizjali tagħha skadiet fis-27 ta’ Lulju 2000, li għalhekk hija talba għal prova li tirrigwarda avveniment li għadda. Konsegwentement, il-Qorti tal-Prim’Istanza tikkunsidra li t-talba għal informazzjoni ma kinitx tikkonċerna l-validità tat- trade mark f’mument futur indefinit, kuntrarjament għal dak li ssostni l-intervenjenti. 43     Permezz tar-raba’ argument tagħha, l-intervenjenti tikkunsidra li tista’ tirriżulta inċertezza legali mill-fatt li min jopponi ma jkunx f’pożizzjoni li jkun jaf jekk għandux jagħti l-prova tat-tiġdid tar-reġistrazzjoni tat- trade mark preċedenti minn jeddu, b’mod kontinwu, jew fuq stedina ta’ l-UASI. L-eżiġenza ta’ prova dwar il-validità tat- trade mark preċedenti għalhekk tippresupponi li min jopponi jaqta’ d-data li fiha tkun ser tingħata d-deċiżjoni fuq l-oppożizzjoni. 44     Lanqas dan l-argument ma jista’ jintlaqa’. Fil-fatt b’ebda mod ma jirriżulta mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni li l-UASI jeżiġi li min jopponi jissottometti provi ta’ tiġdid b’mod kontinwu mingħajr talba ta’ l-UASI għal informazzjoni. Lanqas ma jirriżulta tali obbligu mill-atti ppreżentati mir-rikorrenti u mill-UASI. Fil-fatt, id-direttivi ta’ l-UASI dwar l-oppożizzjoni jaffermaw espliċitament il-kuntrarju, jiġifieri li "l-eżaminatur għandu jitlob lil min jopponi li jagħti l-prova tat-tiġdid tar-reġistrazzjoni". 45     Fir-rigward tal-ħames argument tagħha, li skondu r-rikonoxximent tas-setgħa li tintalab informazzjoni fuq it-tiġdid tat- trade mark preċedenti tmur kontra l-prinċipju tan-non-retroattività, huwa biżżejjed li jiġi speċifikat li l-intervenjenti ammettiet, bi tweġiba għal domanda bil-miktub tal-Qorti tal-Prim’Istanza, li hija kienet indikat bi żball, fil-punt 18 tar-risposta tagħha, li t- trade mark preċedenti baqgħet fis-seħħ sas-27 ta’ Lulju 2003 fuq il-bażi tad-dokumentazzjoni mogħtija lid-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni, filwaqt li d-data korretta kienet fil-fatt is-27 ta’ Lulju 2000. 46     Fid-dawl ta’ dak li ntqal, il-Qorti tal-Prim’Istanza tikkonstata li l-Bord ta’ l-Appell żbalja meta kkunsidra, minn naħa, li l-iskadenza tal-validità tat- trade mark preċedenti qabel il-mument meta d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni tiddeċiedi fuq l-oppożizzjoni ma tistax tittieħed in kunsiderazzjoni mid-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni u, min-naħa l-oħra, li d-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni m’għandhiex is-setgħa li titlob informazzjoni fuq it-tiġdid tat- trade mark preċedenti wara l-ippreżentar inizjali tal-provi. Meta għamel hekk, il-Bord ta’ l-Appell interpreta d-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 40/94 u tar-Regolament ta’ implementazzjoni li jirregolaw l-evalwazzjoni tar-raġunijiet għal rifjut u l-proċedimenti ta’ oppożizzjoni b’mod li jmur kontra l-prinċipji li fuqhom huma bbażati, u, b’mod partikolari, kiser l-Artikolu 76 tar-Regolament Nru 40/94 u r-Regola 20 tar-Regolament ta’ implementazzjoni. 47     Minn dan isegwi li l-unika raġuni tar-rikorrenti għandha tintlaqa’ u li d-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata. Fuq l-ispejjeż 48     Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-UASI tilef, billi d-deċiżjoni kkontestata hija annullata, hemm lok li huwa jiġi ordnat iħallas l-ispejjeż tar-rikorrenti, kif mitlub mir-rikorrenti. Peress li l-intervenjenti tilfet, hija għandha tbati l-ispejjeż tagħha. Għal dawn il-motivi, IL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA (It-Tielet Awla) taqta’ u tiddeċiedi: 1) Id-deċiżjoni ta’ l-Ewwel Bord ta’ l-Appell ta’ l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern ( Trade marks u Disinni) tat-23 ta’ Marzu 2004 (Każ R 486/2003‑1) hija annullata. 2) L-UASI għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk li saru mir-rikorrenti. 3) L-intervenjenti għandha tbati l-ispejjeż tagħha. Jaeger Tiili Czúcz Mogħtija fil-Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-13 ta’ Settembru 2006. E. Coulon M. Jaeger Reġistratur President * Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

62019CJ0294

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These requests for a preliminary ruling concern the interpretation of Article 2 and Article 34(2) of Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, amending Regulations (EC) No 1290/2005, (EC) No 247/2006, (EC) No 378/2007 and repealing Regulation (EC) No 1782/2003 ( OJ 2009 L 30, p. 16 ), Article 2 of Commission Regulation (EC) No 1120/2009 of 29 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Title III of Council Regulation (EC) No 73/2009 ( OJ 2009 L 316, p. 1 ) and Article 4(1)(a) to (c), (e) and (f), Article 10, Article 21(1) and Article 32(2) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Regulation No 73/2009 ( OJ 2013 L 347, p. 608 , corrigendum OJ 2016 L 130, p. 8 ). The requests have been made in two sets of proceedings between, first, the Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Tulcea (Paying and Intervention Agency for Agriculture – Tulcea Provincial Centre, Romania) (‘the APIA’) and SC Piscicola Tulcea SA and, second, Ira Invest SRL and the APIA, concerning single area payments for use as arable land of areas registered for aquaculture use. Legal context European Union law Regulation No 73/2009 Regulation No 73/2009 was repealed by Regulation No 1307/2013. Recital 3 of Regulation No 73/2009 stated: ‘[Council] Regulation (EC) No 1782/2003 [of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001 ( OJ 2003 L 270, p. 1 , corrigendum OJ 2004 L 94, p. 70 )] established the principle that farmers who do not comply with certain requirements in the areas of public, animal and plant health, environment and animal welfare are subject to reductions of or exclusion from direct support. This “cross compliance” system forms an integral part of Community support under direct payments and should therefore be maintained. However, experience has shown that a number of the requirements within the scope of cross compliance are not sufficiently relevant to farming activity or farm land or concern national authorities rather than farmers. It is therefore appropriate to adjust the scope of cross compliance.’ Article 2 of Regulation No 73/2009 provided: ‘For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: … (c) “agricultural activity” means the production, rearing or growing of agricultural products including harvesting, milking, breeding animals and keeping animals for farming purposes, or maintaining the land in good agricultural and environmental condition as established in Article 6; … (h) “agricultural area” means any area taken up by arable land, permanent pasture or permanent crops.’ Article 34 of that regulation provided: ‘1.   Support under the single payment scheme shall be granted to farmers upon activation of a payment entitlement per eligible hectare. Activated payment entitlements shall give a right to the payment of the amounts fixed therein. 2.   For the purposes of this Title, “eligible hectare” shall mean: (a) any agricultural area of the holding, and any area planted with short rotation coppice (CN code ex06029041) that is used for an agricultural activity or, where the area is used as well for non-agricultural activities, predominantly used for agricultural activities … …’ Regulation No 1120/2009 Article 2 of Regulation No 1120/2009, repealed by Commission Delegated Regulation (EU) No 639/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation No 1307/2013 and amending Annex X to that Regulation ( OJ 2014 L 181, p. 1 ), was worded as follows: ‘For the purposes of Title III of Regulation … No 73/2009 and of this Regulation, the following definitions shall apply: (a) “arable land” means land cultivated for crop production or maintained in good agricultural and environmental condition in accordance with Article 6 of Regulation … No 73/2009, irrespective of whether or not that land is under greenhouses or under fixed or mobile cover; …’ Regulation (EC) No 1122/2009 Article 80 of Commission Regulation (EC) No 1122/2009 of 30 November 2009 laying down detailed rules for the implementation of Regulation No 73/2009 as regards cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system, under the direct support schemes for farmers provided for [by] that Regulation, as well as for the implementation of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards cross-compliance under the support scheme provided for the wine sector ( OJ 2009 L 316, p. 65 ), and repealed by Commission Delegated Regulation (EU) No 640/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross compliance ( OJ 2014 L 181, p. 48 ), provided: ‘1.   If undue payment is made, the farmer shall repay the amount in question plus interest calculated in accordance with paragraph 2. … 3.   The repayment obligation referred to in paragraph 1 shall not apply if the payment was made by error of the competent authority or of another authority and if the error could not reasonably have been detected by the farmer. However, where the error relates to factual elements relevant for the calculation of the payment concerned, the first subparagraph shall only apply if the decision to recover was not communicated within 12 months of the payment.’ Regulation (EU) No 1306/2013 Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and No 485/2008 ( OJ 2013 L 347, p. 549 ) states in recitals 53 and 54 that, under the cross-compliance system which should be maintained, Member States are to impose penalties in the form of the reduction or exclusion of support received under the common agricultural policy (CAP) in whole or in part. Regulation No 1307/2013 Recital 4 of Regulation No 1307/2013 states: ‘It is necessary to clarify that Regulation [No 1306/2013] and the provisions adopted pursuant to it are to apply in relation to the measures set out in this Regulation. For the sake of consistency with other legal instruments relating to the CAP, some rules currently provided for in Regulation … No 73/2009 are now laid down in Regulation … No 1306/2013, in particular the rules to guarantee compliance with the obligations laid down by direct payment provisions, including checks and the application of administrative measures and administrative penalties in the case of non-compliance, the rules related to cross-compliance such as the statutory management requirements, the good agricultural and environmental condition, the monitoring and evaluation of relevant measures and the rules related to the payment of advances and the recovery of undue payments.’ Article 4(1) of Regulation No 1307/2013 provides: ‘For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: … (b) “holding” means all the units used for agricultural activities and managed by a farmer situated within the territory of the same Member State; (c) “agricultural activity” means: (i) production, rearing or growing of agricultural products, including harvesting, milking, breeding animals, and keeping animals for farming purposes, (ii) maintaining an agricultural area in a state which makes it suitable for grazing or cultivation without preparatory action going beyond usual agricultural methods and machineries, based on criteria established by Member States on the basis of a framework established by the Commission, or (iii) carrying out a minimum activity, defined by Member States, on agricultural areas naturally kept in a state suitable for grazing or cultivation; (d) “agricultural products” means the products, with the exception of fishery products, listed in Annex I to the Treaties as well as cotton; (e) “agricultural area” means any area taken up by arable land, permanent grassland and permanent pasture, or permanent crops; (f) “arable land” means land cultivated for crop production or areas available for crop production but lying fallow, including areas set aside in accordance with Articles 22, 23 and 24 of [Council] Regulation (EC) No 1257/1999 [of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations ( OJ 1999 L 160, p. 80 )], with Article 39 of [Council] Regulation (EC) No 1698/2005 [of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) ( OJ 2005 L 277, p. 1 )] and with Article 28 of Regulation (EU) No 1305/2013 [of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation No 1698/2005 ( OJ 2013 L 347, p. 487 )], irrespective of whether or not that land is under greenhouses or under fixed or mobile cover …’ Article 10 of Regulation No 1307/2013 provides: ‘1.   Member States shall decide in which one of the following cases not to grant direct payments to a farmer: (a) where the total amount of direct payments claimed or due to be granted before the application of Article 63 of Regulation … No 1306/2013 in a given calendar year is less than EUR 100; (b) where the eligible area of the holding for which direct payments are claimed or due to be granted before the application of Article 63 of Regulation … No 1306/2013 is less than one hectare. 2.   In order to take account of the structure of their agricultural economies, Member States may adjust the thresholds set out in points (a) and (b) of paragraph 1 within the limits set out in Annex IV. 3.   Where a Member State has decided to apply an area threshold pursuant to point (b) of paragraph 1, it shall nevertheless apply point (a) of that paragraph to those farmers receiving the animal-related coupled support referred to in Title IV who hold fewer hectares than the area threshold. 4.   The Member States concerned may decide not to apply paragraph 1 to the outermost regions and to the smaller Aegean Islands. 5.   In Bulgaria and Romania, for the year 2015, the amount claimed or due to be granted as referred to in point (a) of paragraph 1 shall be calculated on the basis of the relevant amount set out in point A of Annex V. In Croatia, for the years 2015-2021, the amount claimed or due to be granted as referred to in point (a) of paragraph 1 shall be calculated on the basis of the amount set out in point A of Annex VI.’ Article 21(1) of Regulation No 1307/2013 provides: ‘1.   Support under the basic payment scheme shall be available to farmers: (a) who obtain payment entitlements under this Regulation through allocation pursuant to Article 20(4), through first allocation pursuant to Article 24 or Article 39, through allocation from the national reserve or regional reserves pursuant to Article 30 or through transfer pursuant to Article 34; or (b) who comply with Article 9 and hold owned or leased-in payment entitlements in a Member State which has decided, in accordance with paragraph 3, to keep its existing payment entitlements.’ Article 32 of that regulation provides: ‘1.   Support under the basic payment scheme shall be granted to farmers, by means of [a] declaration …, upon activation of a payment entitlement per eligible hectare in the Member State where it has been allocated. … 2.   For the purposes of this Title, “eligible hectare” means: (a) any agricultural area of the holding, including areas that were not in good agricultural condition on 30 June 2003 in Member States acceding to the Union on 1 May 2004 that opted upon accession to apply the single area payment scheme, that is used for an agricultural activity or, where the area is also used for non-agricultural activities, is predominantly used for agricultural activities; or … 3.   For the purposes of point (a) of paragraph 2: (a) where an agricultural area of a holding is also used for non-agricultural activities, that area shall be considered to be used predominantly for agricultural activities provided that those agricultural activities can be exercised without being significantly hampered by the intensity, nature, duration and timing of the non-agricultural activities; …’ Under the second paragraph of Article 74 of Regulation No 1307/2013, that regulation is to apply from 1 January 2015. Romanian law Law No 18/1991 Article 2 of Legea nr. 18/1991 a fondului funciar (Law No 18/1991 on land ownership, Monitorul Oficial al României , Part I, No 1 of 5 January 1998), in the version applicable to the disputes in the main proceedings, is worded as follows: ‘Depending on its use, land is: (a) agricultural land, that it is to say, productive agricultural land – arable land, vineyards, orchards, vine and tree nurseries, hops and mulberry plantations, pasture, grassland, greenhouses, photovoltaic greenhouses, seedbeds and similar – land with coppice vegetation where it does not form part of silvicultural operations (silvicultural undertakings), afforested pasture, land occupied by agriculture and livestock constructions and facilities, aquaculture and soil improvement facilities, roads of the rural road network, farm/agricultural roads and those connecting estates, platforms and storage areas necessary for agricultural production, and non-productive land which can be given over to, and used for, agricultural production; … (c) permanently submerged land, that is to say: the lower riverbed of water courses, the basins of lakes at maximum levels of flooding, the bottom of inland maritime waters and the territorial sea’. Order No 534/2001 The Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general (technical standards for the introduction of the general land register), approved by the Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001 (order of the Minister for Public Administration No 534/2001) ( Monitorul Oficial al României , Part I, No 744 of 21 November 2001), provide: ‘7. The criteria for subdividing land by use … 7.2. Agricultural land 7.2.1. The following shall belong to the category of agricultural land: arable land, … aquaculture facilities, … … 8. Criteria for classifying and identifying categories of use of land and constructions 8.1. General provisions 8.1.1. The category of land use, individually identified by a code, shall constitute one of the attributes of the parcel. Showing the use category, together with the other attributes, in the technical part of the general land register is necessary for … drawing up the land register … … 8.2. Criteria for identifying the categories of land use 8.2.1. Arable land (A). This category includes land which is ploughed … and used to grow annual or perennial plants, such as: cereals, … …’ Government Emergency Decree No 125/2006 Article 5 of the Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 125/2006 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Government Emergency Decree No 125/2006 of 21 December 2006 approving the scheme of direct payments and complementary national direct payments granted for agriculture as from 2007 and amending Article 2 of Law No 36/1991 on agricultural companies and other forms of association in agriculture) ( Monitorul Oficial al României , Part I, No 1043 of 29 December 2006,), in the version applicable to 2007-2014: ‘(1) The single area payment scheme shall consist of the grant of an equal amount per hectare, payable once a year, altogether unconnected with production. … (3) The eligible agricultural area may have the following categories of use: (a) arable land – land cultivated for the production of cereals, …’ Article 7(1) of that Government Emergency Decree provides: ‘To receive payments under the single area payment schemes, applicants must be registered in the Register of Farmers, managed by the [APIA], must submit an application for payment within the time limit, and must satisfy the following general conditions: (a) agricultural land with an area of at least 1 hectare must be used …; (b) all the agricultural parcels must be declared; … (e) good agricultural and environmental conditions governed by national law over the whole agricultural area of the holding must be complied with; (f) the necessary documents demonstrating the right of use must be submitted and it must be possible to demonstrate that the land in respect of which the application has been submitted is used; …’ Law No 122/2014 Article 3 of Legea nr. 122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei « Delta Dunării » (Law No 122/2014 supplementing Law No 82/1993 on the establishment of the ‘Danube Delta’ Biosphere Reserve) ( Monitorul Oficial al României , Part I, No 541 of 22 July 2014) provides as follows: ‘From 15 September 2014, no agricultural grant shall be granted for land relating to former aquaculture facilities situated in the Danube Delta Biosphere Reserve.’ GED No 3/2015 Article 2 of the Ordonanța de urgență a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Government Emergency Decree No 3/2015 approving the payment schemes applicable to agriculture in the period 2015-2020 and amending Article 2 of Law No 36/1991 on agricultural companies and other forms of associations in agriculture), of 18 March 2015 ( Monitorul Oficial al României , Part I, No 191 of 23 March 2015, ‘GED No 3/2015’), in the version applicable to one of the disputes in the main proceedings (C‑304/19), provides: ‘1.   For the purposes of the present emergency decree, the following terms are defined as follows … (n) “agricultural area” means any area taken up by arable land, permanent grassland and permanent pasture, or permanent crops; (o) “arable land” means land cultivated for crop production or areas available for crop production but lying fallow, irrespective of whether or not that land is taken up by crops under greenhouses, photovoltaic greenhouses or under other fixed or mobile protective devices; … (r) “land use” means use for agricultural activities of the area of agricultural land within the holding which is available to the farmer at the time the application is submitted, in the year of the application’. Under Article 8(1)(n) of GED No 3/2015, in order to receive direct payments, farmers must produce, when submitting an application for a single payment or the amendments made thereto, the necessary documents proving that the agricultural land, including ecological focus areas, is available to them. Order No 619/2015 Article 5(2) of Ordinul nr. 619/2015 ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea No 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Order No 619/2015 of the Minister for Agriculture and Rural Development approving the eligibility criteria, specific conditions and detailed rules for the application of the payment schemes set out in Article 1(2) and (3) of Government Emergency Decree No 3/2015 approving the payment schemes applicable to agriculture in the period 2015-2020 and the specific conditions for implementing the rural development countervailing measures applicable to agricultural land set out in the National Rural Development Plan 2014-2020), in the version applicable to one of the disputes in the main proceedings (C‑304/19), provides: ‘As from the claim year 2015, documents which show the lawful use of the land and which are submitted to the APIA, pursuant to Article 8(1)(n) of the order shall be those which concern: (a) the holding in which the agricultural activity is exercised: the attesting document must be completed in accordance with the framework model … and be accompanied by a certified copy of the original pages on which the data were entered … in the 2015-2019 agricultural register, in accordance with the framework model … (b) the agricultural land which is available to the farmer: certified copies of the title to the property or other acts proving ownership of the land or other documents … such as the lease agreement relating to the land, the concession contract …; (c) unequivocal identification of the agricultural parcels used …’ Article 10(5) of that order provides: ‘The following areas are not eligible for the payments: … (o) the surfaces occupied by aquaculture facilities as set out in Article 23(20) of the technical rules supplementing the agricultural register for 2015-2019 …’ The disputes in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling Case C‑294/19 Piscicola Tulcea is a company governed by Romanian law whose main activity in the period 2007-2014 consisted of freshwater aquaculture and whose authorised secondary activities included, inter alia, the growing of cereals. Pursuant to a series of concession contracts concluded with the Consiliul Județean Tulcea (Tulcea Provincial Council, Romania) in 2004, 2005 and 2010, Piscicola Tulcea used a total area of 1 888 hectares (ha) of land for the aquaculture facilities of Rusca (Romania) and Litcov (Romania) situated in the Danube Delta Biosphere Reserve. Although the concession contracts provide for the land to be used ‘for the purposes of aquaculture’, the parties agreed by the 2004 and 2005 addenda to the contracts to amend the initial price of the concession in the light of the fact that ‘in connection with the programmes of aquaculture crop rotation required by aquaculture technology or outside of those programmes, the land within the aquaculture facilities [was] being used as agricultural land’. Similarly, the parties agreed by a 2010 addendum that Piscicola Tulcea was to carry out aquaculture crop rotation activities to mineralise the soil in respect of an area of 570 ha. By a decision taken in 2005, Piscicola Tulcea was also authorised by the Tulcea Provincial Council to carry out agricultural cultivation activities at the Rusca aquaculture facility. For the period from 2007 to 2014, Piscicola Tulcea submitted payment applications to the APIA in respect of, inter alia, the single area payment scheme. Those applications were accompanied by documents showing the right to use the areas in respect of which support had been applied for, namely the concession contracts and the addenda and a certificate issued by the territorial administrative unit within whose territory the land is situated, stating that the land is entered in the agricultural register of the municipality as agricultural land. The inspection reports drawn up in 2008 and 2009 by the Tulcea Provincial Council certified that the land covered by the concession was used exclusively for agriculture, with no areas being used for aquaculture. In respect of each of the marketing years from 2007 to 2014, the APIA gave decisions granting payments under the area schemes. In 2009, the APIA carried out an on-the-spot check. The irregularities found related to an incorrect declaration for 2007 of an uncultivated parcel of an insignificant area (80.56 ha). In respect of the marketing years from 2010 to 2014 there was a visual check prior to the approval of the payment applications which established that the applications were complete and valid. In respect of the 2015 marketing year, the payment application submitted by Piscicola Tulcea was rejected by the APIA on the ground that Article 3 of Law No 122/2014 provided that no agricultural subsidies would be granted for land relating to former aquaculture facilities situated in the Danube Delta Biosphere Reserve, from 15 September 2014. Piscicola Tulcea appealed against a decision of the competent court at first instance before the Curtea de Apel Constanța (Court of Appeal, Constanța, Romania) which, by a decision of 31 October 2016 which has since become final, ordered the APIA to grant the payments claimed under the area support schemes in respect of the 2015 marketing year, relying on, inter alia, the definitions of ‘agricultural activity’, ‘agricultural products’ and ‘arable land’ in Regulation No 1307/2013. During the period from 27 October 2015 to 13 April 2016, the APIA’s Anti-Fraud and Internal Control Directorate carried out a documentary inspection concerning the manner in which financial support had been granted to Piscicola Tulcea in respect of the marketing years from 2007 to 2014. That control agency found that, in the light of national law and the documents submitted by Piscicola Tulcea, the latter did not meet the eligibility conditions for obtaining the direct payments concerned. Following that inspection, the APIA re-examined the payment applications submitted for the marketing years from 2007 to 2014. On 23 December 2016, it issued, in respect of each of those marketing years, reports finding that Piscicola Tulcea had received sums to which it was not entitled and setting the amount due to the State as a result of the irregularities found which was to be repaid to the APIA in respect of each marketing year. By civil judgment of 1 February 2018, the Tribunalul Tulcea (Regional Court, Tulcea, Romania) upheld the action brought by Piscicola Tulcea on 15 March 2017 and annulled the contested acts. According to that judgment, although the concession contracts expressly stated that the land covered by the concession was occupied by an aquaculture facility and that that company was required to use it for the purposes of aquaculture, the non-compliance for which recovery of the amounts granted to that company had been ordered was not due to its negligence or intentional action. On the contrary, Piscicola Tulcea had provided sufficient specific factual information enabling the APIA employees to verify the eligibility conditions for obtaining the aid in question. That court therefore inferred that, in the present case, the rules of EU law excluding the reimbursement of payments made following an error of the authority, Article 80(3) of Regulation No 1122/2009 in particular, were applicable. On 29 March 2018, an appeal was brought by the APIA before the Curtea de Apel Constanța (Court of Appeal, Constanța) claiming that the judgment under appeal should be varied in its entirety and that the action brought by Piscicola Tulcea should be dismissed. The referring court is uncertain whether, in order to ascertain whether the farmer has the right to benefit from area support measures, the national court must take account only of the way in which the areas are actually used by the farmer or whether, on the contrary, it is necessary to take account of the characteristics of the areas as stated in the property advertising or documents by which the farmer demonstrates his right of use with regard to the land in respect of which a payment application has been submitted and the conformity of the land use with those characteristics. In those circumstances, the Curtea de Apel Constanța (Court of Appeal, Constanța) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘Must Articles 2 and 34(2) of … Regulation … No 73/2009 … and Article 2 of … Regulation … No 1120/2009 … be interpreted as precluding national legislation which, in the circumstances such as those in the main proceedings, excludes a farmer from payment of the entitlements on the ground that the aquaculture facilities used as arable land do not constitute an “agricultural area” for the purposes of Article 2 of Regulation No 1120/2009 and are not therefore regarded as eligible land under Article 34(2) of Regulation No 73/2009?’ Case C‑304/19 Ira Invest is a company governed by Romanian law which engages in, as its principal activity, aquaculture and, as a secondary activity, inter alia, the growing of cereals, leguminous plants, oilseed-producing plants, rice and vegetables and auxiliary activities relating to the growing of crops. In a single payment application submitted to the APIA, it declared, for the purposes of the support requested for 2016, the total agricultural parcels used, that is, 757.04 ha. Ira Invest attached to that application the concession contract of 18 March 2002 concluded with the Tulcea Provincial Council under which it was entitled as concessionaire to use land with an overall surface of 1344 ha for aquaculture purposes. Ira Invest also submitted an addendum of 15 May 2014 to that concession contract, by which the parties agreed that the concessionaire would perform aquaculture crop rotation works to mineralise the soil on a surface of 950 ha of aquaculture land. That addendum specifies that aquaculture crop rotation consists in the temporary set-aside of aquaculture production to ensure the restoration of soil productivity by growing cereals and industrial plants. By a decision of 27 March 2017, the APIA refused to grant the single payment application concerned, on the ground that there was no document qualifying as a certificate conforming with the agricultural register in the system, in particular no document proving legal use of the land in accordance with Article 5(2) of Order No 619/2015. Ira Invest brought an initial complaint against that administrative decision, claiming, inter alia, that the ground for the rejection of its application based on the absence of a certificate conforming with the agricultural register was unlawful. In that regard, it submitted that Article 5(2)(a) of Order No 619/2015 did not comply with Article 8(1)(n) of GED No 3/2015, a higher-ranking legal instrument adopted in accordance with Regulation No 1307/2013, which did not provide for the submission of a certificate but merely required proof of use of the agricultural land concerned. By decision of 8 May 2017, the APIA informed Ira Invest that the latter had not attached to the payment application file for the 2016 marketing year any document proving its status as an active farmer. That decision refers to Article 8(1)(n) of GED No 3/2015 relating to the farmer’s obligation to produce, when submitting an application for a single payment, the necessary documents proving that the agricultural land is available to him or her, including the certificate conforming with the agricultural register in the year of the application. By judgment of 27 February 2018, the Tribunalul Tulcea (Regional Court, Tulcea) rejected Ira Invest’s action seeking the annulment of the contested administrative acts as unfounded. That court found that the decision to reject was based on the absence of a certificate conforming with the agricultural register pursuant to Article 5 of Order No 619/2015 and the absence of proof of that company’s status as an active farmer. Given that, under Romanian law, change in use of land is carried out according to a specific procedure – which was, allegedly, not followed by Ira Invest – the mere use of the land for agricultural purposes during a specific period does not allow it to be regarded as eligible hectares, since the mere intention of the concessionaire cannot transform an aquaculture facility into an agricultural holding. Ira Invest brought an appeal against that judgment before the referring court, the Curtea de Apel Constanța (Court of Appeal, Constanța), on 29 March 2018. In the context of those proceedings, Ira Invest claimed, in essence, that, in the light of Regulation No 1307/2013, the relevant factor is only the use of the land for agricultural purposes, not the category of use of the land. Thus, pursuant to that regulation, it is irrelevant that the land belongs to a particular category of use, provided that the land is used for the purpose of harvesting crops during a calendar year. According to the referring court, the particular circumstances of the present case consist of the fact that the applicant in the main proceedings uses, for agricultural purposes, land entered in the administrative registers as falling within another use category and thus expressly excluded from the grant of financial support under national law. This raises, more specifically, the question of the interpretation of Article 32(2) of Regulation No 1307/2013 regarding the definition of ‘eligible hectare’, which refers to any agricultural area of the holding. The referring court is uncertain as to the application, in the present circumstances, of the case-law resulting from the judgments of 2 July 2015, Wree, C‑422/13 , EU:C:2015:438 , and of 2 July 2015, Demmer, C‑684/13 , EU:C:2015:439 , in which the Court held that, in order to be eligible for the aid in question, the area at issue in the main proceedings had to be an agricultural area, be part of a farmer’s holding and be used for agricultural activities or, where the area is used as well for non-agricultural activities, predominantly used for agricultural activities. In those circumstances, the Curtea de Apel Constanța (Court of Appeal, Constanța) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘Must Article 4(1)(b), (c), (e) and (f), Article 10, Article 21(1) and Article 32(1) to (5) of [Regulation No 1307/2013] be interpreted as precluding national legislation which, in the circumstances of the main proceedings, excludes a farmer from payment of entitlements on the ground that land with aquaculture facilities used as arable land does not constitute an “agricultural area” within the meaning of Article 4 of the regulation?’ Procedure before the Court By decision of the President of the Court of Justice of 12 June 2019, Cases C‑294/19 and C‑304/19 were joined for the purposes of the written procedure and the judgment. Consideration of the questions referred Regarding Case C‑294/19, it should be noted at the outset that the relevant period relating to the facts in the main proceedings is from 2007 to 2014 and, before 1 January 2009, the applicable regulation during the period from 2007 to that date was Regulation No 1782/2003 (see, to that effect, judgment of 2 July 2015, Demmer, C‑684/13 , EU:C:2015:439 , paragraphs and ). Nevertheless, the Court held that the concept of ‘eligible hectare’ as defined in Article 34(2)(a) of Regulation No 73/2009 is the same as that of ‘eligible hectare’ within the meaning of Article 44(2) of Regulation No 1782/2003 and that, therefore, the interpretation of that first provision also applies to the second (see, to that effect, judgment of 2 July 2015, Demmer, C‑684/13 , EU:C:2015:439 , paragraphs and ). As a result, it is sufficient, in the context of Case C‑294/19, to examine the question referred in the light of Article 34(2)(a) and Article 2(h) of Regulation No 73/2009 for the whole of the period from 2007 to 2014. It follows that, by its questions, which it is appropriate to examine together, the referring court asks, in essence, whether Article 2(h) and Article 34(2) of Regulation No 73/2009 and Article 4(1)(e) and Article 32(2) of Regulation No 1307/2013 must be interpreted as meaning that areas categorised under national law as intended for aquaculture activities, but that are or have been actually used for agricultural purposes, are agricultural areas. As specified in Article 34(2)(a) of Regulation No 73/2009 and Article 32(2)(a) of Regulation No 1307/2013, the concept of ‘eligible hectare’ includes any agricultural area of the holding that is used for an agricultural activity or, where the area is used as well for non-agricultural activities, predominantly used for agricultural activities. The concept of ‘agricultural area’ as defined in Article 2(h) of Regulation No 73/2009 and Article 4(1)(e) of Regulation No 1307/2013 includes, inter alia, ‘any area taken up by arable land’. In the cases in the main proceedings, it is apparent from the orders for reference that, although they are entered in the property register as aquaculture facilities, the areas concerned have been, in the context of agricultural and aquaculture works, used as arable land for obtaining agricultural products. ‘Arable land’ is defined in Article 2(a) of Regulation No 1120/2009 as, inter alia, land which is cultivated for crop production or maintained in good agricultural and environmental conditions. In Article 4(1)(f) of Regulation No 1307/2013, it is defined as, inter alia, land cultivated for crop production or areas available for crop production but lying fallow. It is settled case-law that classification as ‘arable land’ and, consequently, as an ‘agricultural area’, for the purposes of those provisions, depends on the actual use of the land in question (see, to that effect, judgments of 14 October 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09 , EU:C:2010:606 , paragraph ; of 2 July 2015, Wree, C‑422/13 , EU:C:2015:438 , paragraph ; and of 2 July 2015, Demmer, C‑684/13 , EU:C:2015:439 , paragraph ). It follows that an area must be classified as ‘agricultural’ where it is actually used as ‘arable land’ within the meaning of the provisions recalled in paragraph 61 of the present judgment (see, by analogy, judgment of 14 October 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09 , EU:C:2010:606 , paragraph ) and that that classification cannot be called into question on the sole ground that such an area has been used as arable land contrary to national law relating to the classification of land. In addition, it should be borne in mind that, in order to be eligible for the aid in question, the areas at issue in the main proceedings must be agricultural areas, be part of a farmer’s holding and be used for agricultural activities or, where the areas are used as well for non-agricultural activities, predominantly used for agricultural activities (see, to that effect, judgment of 2 July 2015, Demmer, C‑684/13 , EU:C:2015:439 , paragraph ). The fact remains that, as stated in essence by the Commission in its submissions and as is apparent from recital 3 of Regulation No 73/2009, recitals 53 and 54 of Regulation No 1306/2013 and recital 4 of Regulation No 1307/2013, it is for the competent national authorities to determine whether the recipient has complied with the requirements related to cross-compliance and to apply any administrative penalties in the case of non-compliance with those requirements, which can consist in a reduction or exclusion of the amount of the aid concerned. Having regard to all the foregoing considerations, the answer to the questions referred is that Article 2(h) and Article 34(2) of Regulation No 73/2009 and Article 4(1)(e) and Article 32(2) of Regulation No 1307/2013 must be interpreted as meaning that areas categorised under national law as intended for aquaculture activities, but that are or have been actually used for agricultural purposes, are agricultural areas. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Sixth Chamber) hereby rules: Article 2(h) and Article 34(2) of Council Regulation (EC) No 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, amending Regulations (EC) No 1290/2005, (EC) No 247/2006, (EC) No 378/2007 and repealing Regulation (EC) No 1782/2003 and Article 4(1)(e) and Article 32(2) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Regulation No 73/2009 must be interpreted as meaning that areas categorised under national law as intended for aquaculture activities, but that are or have been actually used for agricultural purposes, are agricultural areas. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: Romanian.

61992CJ0376

da

1 Ved kendelse af 22. september 1992, indgaaet til Domstolen den 12. oktober s.aa., har Oberlandesgericht Duesseldorf i medfoer af EOEF-traktatens artikel 177 forelagt et praejudicielt spoergsmaal vedroerende et selektivt distributionssystems "taethed" som betingelse for, at det er gyldigt i henhold til EOEF-traktatens artikel 85. 2 Spoergsmaalet er stillet under en sag, som selskabet Metro har anlagt mod selskabet Cartier med paastand om, at det fastslaas, at Cartier er forpligtet til gratis at yde garanti paa de Cartier-ure, der saelges af Metro. 3 Metro SB-Grossmaerkte GmbH (herefter benaevnt "Metro"), der har hjemsted i Duesseldorf, er et datterselskab af Metro-koncernen, som i Forbundsrepublikken Tyskland og andre europaeiske lande driver en raekke selvbetjenings-engrosforretninger efter "cash and carry"-princippet. 4 Selskabet Cartier SA (baade dette selskab og Cartier-koncernen benaevnes herefter "Cartier"), der har hjemsted i Paris, er datterdistributionsselskab for selskabet Cartier Monde, som har hjemsted i Luxembourg, og som i en raekke lande har tilsvarende distributionsselskaber. Cartier-produkter betragtes i almindelighed som luksusvarer. 5 Cartier fremstiller ikke selv ure, men koeber dem hos en fabrikant i Schweiz. Selskabet saelger dem gennem et selektivt distributionssystem. Inden for Faellesmarkedet bygger systemet paa aftaler, som i de forskellige medlemsstater indgaas mellem Cartier-datterselskaberne eller, hvis der ikke findes saadanne selskaber, grossist-importvirksomheder, som er udvalgt af moderselskabet, og detailhandlere, benaevnt "autoriserede forhandlere", som udvaelges paa grundlag af kvalitative kriterier. Disse distributionsaftaler indgaas paa grundlag af en standardaftale. 6 Standardaftalen blev i 1983 anmeldt til Kommissionen, som tog stilling til, om den var forenelig med traktatens artikel 85, stk. 1, og havde indvendinger mod visse af dens bestemmelser. Efter at Cartier havde ophaevet disse bestemmelser og tilstillet Kommissionen en aendret version af aftalen, meddelte denne ved skrivelse af 21. december 1988, at sagen var afsluttet. 7 I henhold til aftalen forpligter Cartier sig til inden for Faellesskabet kun at levere Cartier-produkter til autoriserede forhandlere, som til gengaeld forpligter sig til kun at saelge de naevnte varer inden for Faellesskabet til endelige forbrugere eller til andre autoriserede forhandlere inden for Faellesskabet. 8 Metro er ikke autoriseret Cartier-forhandler. I flere aar har Metro imidlertid kunnet skaffe sig Cartier-ure paa markedet i tredjelande, f.eks. Schweiz, hvor der er huller i Cartier' s selektive distributionssystem. Metro koeber her urene af uafhaengige mellemmaend, som tilsyneladende selv skaffer sig dem hos forhandlere, som indgaar i Cartier' s internationale salgsnet, og som efter schweizisk ret ikke kan paalaegges kun at videresaelge til autoriserede Cartier-forhandlere. Metro videresaelger de saaledes indkoebte ure inden for Faellesmarkedet. 9 Cartier-ure saelges med en garanti fra fabrikanten. Den fremgaar af en garantierklaering, som skal udfyldes ved koebet. I henhold til en bestemmelse i den internationale garanti, der foelger det enkelte ur, er Cartier' s garantitilsagn betinget af, at garantierklaeringen er stemplet og underskrevet af en autoriseret Cartier-forhandler. 10 Cartier leverede imidlertid i en vis periode garantiydelser vedroerende ure, som Metro havde solgt. Siden 1984 har Cartier dog uden undtagelse naegtet at honorere garantien vederlagsfrit paa ure, der ikke er koebt hos autoriserede forhandlere. Metro besluttede derfor at indfoere sin egen garantiordning, hvilket paafoerer Metro betydelige udgifter. 11 Metro var af den opfattelse, at begraensningen af garantien var uforenelig med traktatens artikel 85, stk. 1, og anlagde derfor i 1984 sag ved Landgericht Duesseldorf med paastand om, at Cartier tilpligtedes at anerkende sin forpligtelse til at yde garanti paa de Cartier-ure, som ledsages af en garantierklaering, som Metro har udfyldt og underskrevet. 12 I foerste instans frifandt Landgericht Duesseldorf Cartier for det af Metro anlagte anerkendelsessoegsmaal. 13 Metro appellerede dommen til Oberlandesgericht Duesseldorf (herefter benaevnt "OLG"), som stadfaestede dommen. OLG bemaerkede blandt andet, at spoergsmaalet om, hvorvidt Cartier' s begraensning af garantien var i strid med traktatens artikel 85, savnede relevans. 14 Ved dom af 10. november 1987 ophaevede Bundesgerichtshof (herefter benaevnt "BGH") dommen, idet OLG ikke fandtes at have klarlagt faktum tilstraekkeligt. BGH bemaerkede blandt andet, at spoergsmaalet om, hvorvidt Cartier' s selektive distributionssystem var lovligt, maatte besvares. Saafremt Cartier' s garantiordning ikke var et led i et lovligt, selektivt distributionssystem, men fremstod som en saerlig ordning, ville den ifoelge BGH vaere i strid med traktatens artikel 85, stk. 1. 15 I den anden ankedom gav OLG Metro medhold i anerkendelsespaastanden. OLG tog i dommen stilling til visse bestemmelser i standarddistributionsaftalen, hvorefter krydsleverancer mellem autoriserede forhandlere, uanset om de finder sted inden for en enkelt stat eller er graenseoverskridende, er betinget af en saerlig tilladelse fra Cartier-datterselskaberne. OLG fastslog, at Cartier' s selektive distributionssystem paa grund af de naevnte bestemmelser var i strid med traktatens artikel 85, stk. 1. Da Cartier' s selektive distributionssystem efter OLG' s opfattelse var ulovligt, kunne Cartier' s begraensning af garantien heller ikke vaere begrundet. 16 Som afslutning paa en ny revisionsankesag ophaevede BGH den 19. december 1989 OLG' s anden dom. BGH bemaerkede, at OLG' s fortolkning af bestemmelserne om krydsleverancer mellem autoriserede forhandlere ikke var korrekt, og at de omtvistede bestemmelser ikke var i strid med traktatens artikel 85, stk. 1. BGH understregede i oevrigt, at Cartier' s begraensning af garantien var aftalt i kontrakten mellem Cartier og dennes forhandlere og derfor var omfattet af traktatens artikel 85, stk. 1. Endelig og navnlig praeciserede BGH, at begraensningen af garantien kun var lovlig, for saa vidt som Cartier' s selektive distributionssystem for ure inden for Faellesmarkedet er "taet" (lueckenlos). BGH hjemviste derfor sagen til OLG, for at denne kunne tage stilling til, om Cartier' s selektive distributionssystem inden for Faellesmarkedet er "taet". 17 Under den tredje appelsag for OLG har tvisten saaledes i det vaesentlige drejet sig om, hvorvidt Cartier' s distributionssystem er "taet". I forelaeggelseskendelsen har OLG lagt til grund, at der i tredjelande ikke findes et kontraktligt sikret, selektivt distributionssystem for Cartier-ure, som kraeves respekteret i praksis, og at store maengder Cartier-ure derfor legalt kan komme ind paa Faellesskabets omraade, hvor Metro frit kan saelge dem. OLG har videre bemaerket, at hvis man - saaledes som det synes at maatte foelge af BGH' s dom - naar frem til, at den omstaendighed, at udenforstaaende faktisk skaffer sig varen og derefter frit saelger den, og endda den blotte mulighed, for at de kan foretage sig noget saadant, er tilstraekkelig til, at salgssystemet ikke laengere anses for at bestaa, maatte Metro gives medhold, eller der var i det mindste mulighed herfor. Hvis det derimod antages, at indfoersler fra tredjelande, hvor distributionssystemet teoretisk eller i det mindste i praksis ikke er "taet", ikke har vaesentlig betydning, maa sagsoegte frifindes, saafremt Cartier' s kontraktkompleks med hensyn til udvaelgelsen af forhandlerne er i overensstemmelse med de principper, Kommissionen og De Europaeiske Faellesskabers Domstol har opstillet, hvilket der ifoelge OLG naeppe er tvivl om. 18 I kendelse af 22. september 1992 har OLG behandlet spoergsmaalet, om systemets "taethed" i lande uden for Faellesskabet er en betingelse for gyldigheden af det selektive distributionssystem inden for EF, og har derfor forelagt foelgende praejudicielle spoergsmaal for Domstolen: "Maa et selektivt distributionssystem inden for EF for eksklusive produkter (ure i den hoejere prisklasse og luksusklassen), som udelukker anvendelsen af EOEF-traktatens artikel 85, stk. 1 og 2, naegtes anerkendt allerede af den grund, at der i lande uden for Det Europaeiske Faellesskab ikke eller ikke fuldt ud i kraft af aftaler herom er selektiv distribution, saaledes at de varer, der i EF er omfattet af systemet, frit kan erhverves i ovennaevnte lande af uafhaengige forhandlere og af disse lovligt bringes i omsaetning paa det faelles marked?" 19 Indledningsvis bemaerkes, at det, som Kommissionen har understreget, foerst paa baggrund af bestemmelserne i tysk ret fremgaar, hvorfor den forelaeggende retsinstans har rejst det spoergsmaal, om et selektivt distributionssystems "taethed" overalt i verden i henhold til faellesskabsretten er en gyldighedsbetingelse for et selektivt distributionssystem, der findes inden for Faellesskabet. 20 Begrebet "taethed" er udviklet i Forbundsrepublikken Tyskland i forbindelse med sager vedroerende illoyal konkurrence (forbuds- eller erstatningssager) anlagt mod udenforstaaende, som markedsfoerer produkter, der er omfattet af en eksklusiv salgsaftale, eller som afsaetter varer til priser, som er lavere end dem, der ved aftale er fastsat af fabrikanten. Begrebet er siden udvidet til ogsaa at omfatte sager anlagt mod personer, som staar uden for et selektivt distributionssystem. 21 Et selektivt distributionssystem er "taet" (lueckenlos), naar en ikke-autoriseret forhandler kun kan skaffe sig varer, der er omfattet af systemet, ved at medvirke til, at en autoriseret forhandler tilsidesaetter sine kontraktlige forpligtelser. "Taetheden" skal vaere reel, saavel teoretisk som i praksis. Begrebet teoretisk "taethed" forudsaetter, at fabrikanten har indgaaet et system af aftaler med de forhandlere, han har udvalgt, hvorved det sikres, at de produkter, der er omfattet af det selektive distributionssystem, kun leveres til forbrugerne gennem autoriserede forhandlere. Begrebet "taethed" i praksis indebaerer, at fabrikanten skal foere bevis for, at han haandhaever systemet ved at skride ind over for medkontrahenter i tilfaelde af misligholdelse eller over for virksomheder uden for systemet, som eventuelt skaffer sig varerne hos forhandlere, der herved tilsidesaetter deres kontraktlige forpligtelser. 22 Begrebet har for det foerste betydning i forbindelse med bevisfoerelsen. Saafremt en fabrikant beviser, at hans distributionssystem saavel teoretisk som i praksis er "taet", betyder det, at bevisbyrden vendes om i sager, han anlaegger mod virksomheder, som haevdes at konkurrere illoyalt: Der vil herefter vaere formodning for, at de har handlet illoyalt, idet de kun ad bagveje kan have skaffet sig de omtvistede varer, nemlig ved at tilskynde en autoriseret forhandler til at goere sig skyldig i kontraktbrud eller ved blot at udnytte et saadant kontraktbrud. 23 "Taethed" har dernaest materielretlig betydning. Efter tysk ret er den saaledes en betingelse for, at et selektivt distributionssystem kan haandhaeves over for dem, der har paataget sig kontraktlige forpligtelser. Kun saafremt systemet er "taet", kan fabrikanten skride ind over for en autoriseret forhandler og faa ham paalagt at overholde sine kontraktlige forpligtelser. Saafremt systemets manglende "taethed" medfoerer, at de autoriserede forhandlere udsaettes for konkurrence fra uafhaengige forhandlere, kan producenten ikke laengere kraeve, at deltagerne i hans distributionssystem overholder aftalerne. 24 Ved besvarelsen af det praejudicielle spoergsmaal paa den anfoerte baggrund skal det foerst understreges, at begrebet "taethed" er udviklet i forbindelse med sager vedroerende illoyal konkurrence, der er anlagt mod virksomheder, der staar uden for eksklusive salgsaftaler, bindende prisaftaler eller aftaler om selektive distributionssystemer. Under saadanne sager om illoyal konkurrence maa der foerst tages stilling til, om aftalen er gyldig i relation til traktatens artikel 85. En producent kan saaledes kun gaa i rette med udenforstaaende virksomheder for at have medvirket til at tilsidesaette en kontraktlig forpligtelse, saafremt forpligtelsen i sig selv er gyldig i henhold til traktatens artikel 85. Dette indebaerer ikke, at det ved bedoemmelsen af, om en aftale er lovlig i relation til traktatens artikel 85, omvendt er noedvendigt at tage hensyn til, om betingelserne er opfyldt, for at aftalen kan goeres gaeldende over for udenforstaaende under en sag om illoyal konkurrence. 25 Endvidere bemaerkes, at anvendelsen af det faellesskabsretlige kartelforbud ikke kan afhaenge af en betingelse, der er saeregen for en national retsorden. Som Kommissionen med rette har fremhaevet, er den betingelse om "taethed", som er udviklet i tysk ret, ukendt i naesten alle de oevrige medlemsstaters retssystemer. F.eks. har Frankrigs Cour de cassation fastslaaet, at den omstaendighed, at en uautoriseret mellemmand udbyder varer, hvis emballage er paafoert betegnelsen "vente exclusive par des distributeurs agréés" ("maa kun saelges af autoriserede forhandlere"), i sig selv er en adfaerd, der er udtryk for illoyal konkurrence (Cour de cassation française, chambre commerciale, dom af 27.10.1992 i Rochas-sagen, Dalloz 1992, jurisprudence 505). Efter fransk ret skal der saaledes end ikke foeres bevis for, at den uautoriserede handlende har faaet sine forsyninger fra en autoriseret forhandler, der har misligholdt sin kontrakt, og at han medvirkede til forhandlerens misligholdelse. 26 Endvidere bemaerkes - som Kommissionen med rette har fremhaevet - at saafremt gyldigheden af et selektivt distributionssystem under hensyn til traktatens artikel 85, stk. 1, goeres betinget af, at det er "taet", ville det have den paradoksale foelge, at de snaevreste og mest lukkede distributionssystemer behandles lempeligere efter traktatens artikel 85, stk. 1, end distributionssystemer, der er mere fleksible og i hoejere grad aabner mulighed for parallelle transaktioner. 27 Endelig kan en anerkendelse af gyldigheden af et selektivt distributionssystem paa det faelles marked ikke afhaenge af, hvorvidt den enkelte fabrikant er i stand til overalt at sikre systemets "taethed", eftersom lovgivningen i visse tredjelande kan begraense mulighederne for eller endog forhindre, at dette maal naas. 28 Det fremgaar af det anfoerte, at det ikke er en betingelse for, at et selektivt distributionssystem er gyldigt i henhold til faellesskabsretten, at det er "taet". 29 Det praejudicielle spoergsmaal maa herefter besvares med, at et selektivt distributionssystem inden for EF for eksklusive produkter (ure i den hoejere prisklasse og luksusklassen), som udelukker anvendelsen af traktatens artikel 85, stk. 1 og 2, ikke maa naegtes anerkendt allerede af den grund, at der i lande uden for Det Europaeiske Faellesskab ikke eller ikke fuldt ud i kraft af aftaler herom er selektiv distribution, saaledes at de varer, der i EF er omfattet af systemet, frit kan erhverves i ovennaevnte lande af uafhaengige forhandlere og af disse lovligt bringes i omsaetning paa det faelles marked. 30 Som fremhaevet ovenfor (i praemis 17) har OLG i forelaeggelseskendelsen bemaerket, at retten ville kunne afgoere sagen paa grundlag af besvarelsen af spoergsmaalet om "taethed". Retten bemaerkede naermere, at saafremt systemets manglende "taethed" indebar, at det var ugyldigt i henhold til traktatens artikel 85, ville begraensningen af garantien vaere ulovlig, og der maatte gives Metro medhold. Hvis den manglende "taethed" derimod ikke havde en saadan retsvirkning, ville begraensningen af garantien efter rettens opfattelse vaere lovlig, og sagsoegte maatte frifindes for Metro' s paastande. 31 Det foelger af svaret paa det praejudicielle spoergsmaal, at det ikke er en gyldighedsbetingelse for et selektivt distributionssystem, at det er "taet", og det maa herefter undersoeges, paa hvilke betingelser en begraensning af garantien til kun at omfatte ure, der er koebt hos autoriserede forhandlere, kan antages at vaere lovlig i henhold til traktatens artikel 85. I anledning af en begaering fra Metro til OLG om at tydeliggoere det praejudicielle spoergsmaal, saaledes at det vedroerer dette punkt, har OLG i kendelse af 9. november 1992 bemaerket, at "spoergsmaalet allerede (var) omhandlet i forelaeggelseskendelsen". Under retsforhandlingerne for Domstolen har parterne droeftet spoergsmaalet indgaaende, baade i de skriftlige indlaeg og under den mundtlige forhandling. 32 Det bemaerkes, at en kontraktlig forpligtelse om at begraense garantien til de handlende, der hoerer til distributionssystemet, og naegte at yde garanti for varer, der er afsat af andre, giver samme resultat og affoeder samme retsvirkning som kontraktbestemmelser, hvorefter det kun er forhandlere i distributionssystemet, der maa saelge varerne. Ligesom saadanne kontraktbestemmelser er en begraensning af garantien et middel, hvorved producenten kan forhindre, at forhandlere uden for systemet handler med varer, der er omfattet af systemet. 33 Da kontraktbestemmelser, hvorved en producent forpligter sig til kun at saelge gennem autoriserede forhandlere, og hvorved disse selv forpligter sig til kun at videresaelge til andre autoriserede forhandlere eller til forbrugere, er lovlige, er der intet hensyn, der taler for at anlaegge en strengere bedoemmelse af en ordning, hvorefter garantien i henhold til kontrakten er begraenset til produkter, der saelges gennem autoriserede forhandlere. I relation til traktatens artikel 85 er det alene formaalet med begraensningen og den virkning, den har, der er relevant. 34 Med henblik paa det spoergsmaal, som den nationale retsinstans skal tage stilling til, maa det derfor fastslaas, at naar et selektivt distributionssystem opfylder gyldighedskriterierne i henhold til traktatens artikel 85, saaledes som de er praeciseret i Domstolens praksis (jf. dom af 11.12.1980, sag 31/80, L' Oréal, Sml. s. 3775), er en begraensning af fabrikantens garanti til kun at omfatte de aftalevarer, der er koebt hos autoriserede forhandlere, ogsaa gyldig. Afgørelse om sagsomkostninger Sagens omkostninger 35 De udgifter, der er afholdt af den graeske regering, den franske regering og af Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber, som har afgivet indlaeg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger. Afgørelse Paa grundlag af disse praemisser kender DOMSTOLEN (Femte Afdeling) vedroerende det spoergsmaal, der er forelagt af Oberlandesgericht Duesseldorf ved kendelse af 22. september 1992, for ret: 1) Et selektivt distributionssystem inden for EF for eksklusive produkter (ure i den hoejere prisklasse og luksusklassen), som udelukker anvendelsen af EOEF-traktatens artikel 85, stk. 1 og 2, maa ikke naegtes anerkendt allerede af den grund, at der i lande uden for Det Europaeiske Faellesskab ikke eller ikke fuldt ud i kraft af aftaler herom er selektiv distribution, saaledes at de varer, der i EF er omfattet af systemet, frit kan erhverves i ovennaevnte lande af uafhaengige forhandlere og af disse lovligt bringes i omsaetning paa det faelles marked. 2) Naar et selektivt distributionssystem opfylder gyldighedskriterierne i henhold ntil traktatens artikel 85, saaledes som de er praeciseret i Domstolens praksis, er en begraensning af fabrikantens garanti til kun at omfatte de aftalevarer, der er koebt hos autoriserede forhandlere, ogsaa gyldig.

62016TJ0244

es

Antecedentes del litigio Los presentes asuntos se inscriben en el marco de las medidas restrictivas adoptadas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, a raíz de la represión de las manifestaciones llevadas a cabo en la plaza de la Independencia en Kiev (Ucrania) en febrero de 2014. El demandante, el Sr. Viktor Fedorovych Yanukovych, es el antiguo presidente de Ucrania. El 5 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión 2014/119/PESC, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania ( DO 2014, L 66, p. 26 ). En la misma fecha, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n. o 208/2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania ( DO 2014, L 66, p. 1 ). Los considerandos 1 y 2 de la Decisión 2014/119 exponen lo siguiente: «(1) El 20 de febrero de 2014, el Consejo condenó de la manera más enérgica todo recurso a la violencia en Ucrania. Pidió el fin inmediato de la violencia en Ucrania y el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Hizo un llamamiento al Gobierno ucraniano para que actuase con la máxima contención y a los dirigentes de la oposición para que se distanciasen de quienes recurren a la acción radical, incluida la violencia. (2) El Consejo acordó el 3 de marzo de 2014 que había que concentrar las medidas restrictivas en la inmovilización y recuperación de activos de personas identificadas como responsables de la apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano y de personas responsables de violaciones de los derechos humanos con vistas a la consolidación y apoyo del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en Ucrania.» El artículo 1, apartados 1 y 2, de la Decisión 2014/119 dispone lo siguiente: «1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia correspondan a personas que hayan sido identificadas como responsables de la apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano y a personas responsables de violaciones de los derechos humanos en Ucrania, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados con ellas, enumeradas en el anexo. 2.   En ningún caso se pondrán fondos o recursos económicos a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo.» Las modalidades de esa inmovilización de fondos se definen en el artículo 1, apartados 3 a 6, de la Decisión 2014/119. Con arreglo a la Decisión 2014/119, el Reglamento n. o 208/2014 exige la adopción de medidas de inmovilización de fondos y define las modalidades de dicha inmovilización en términos sustancialmente idénticos a los de la citada Decisión. Los nombres de las personas sujetas a tales actos se enunciaban en la lista, idéntica, que figuraba en el anexo de la Decisión 2014/119 y en el anexo I del Reglamento n. o 208/2014 (en lo sucesivo, «lista») junto con, entre otras cosas, la motivación de su inclusión. El nombre del demandante aparecía en la lista con la información de identificación «antiguo presidente de Ucrania» y la siguiente motivación: «Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con [la apropiación indebida] de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania.» Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 14 de mayo de 2014, el demandante interpuso un recurso, registrado con el número T‑346/14, en el que solicitaba la anulación de la Decisión 2014/119 y del Reglamento n. o 208/2014, en la medida en que le concernían. El 29 de enero de 2015, el Consejo adoptó tanto la Decisión (PESC) 2015/143, por la que se modifica la Decisión 2014/119 ( DO 2015, L 24, p. 16 ), como el Reglamento (UE) 2015/138, por el que se modifica el Reglamento n. o 208/2014 ( DO 2015, L 24, p. 1 ). La Decisión 2015/143 precisó, a partir del 31 de enero de 2015, los criterios de designación de las personas sujetas a la inmovilización de fondos. En particular, el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119 fue sustituido por el texto siguiente: «1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas que hayan sido identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano o de violaciones de los derechos humanos, y a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas que figuren en el anexo. A los efectos de la presente Decisión, entre las personas que hayan sido identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano se incluirá a aquellas personas sujetas a investigación por parte de las autoridades ucranianas: a) por apropiación indebida de fondos o activos públicos ucranianos, o por su complicidad en dicha apropiación, o b) por abuso de cargo ejercido como titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los fondos o activos públicos ucranianos, o por su complicidad en dicho abuso.» El Reglamento 2015/138 modificó el Reglamento n. o 208/2014 de conformidad con la Decisión 2015/143. El 5 de marzo de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/364, por la que se modifica la Decisión 2014/119 ( DO 2015, L 62, p. 25 ), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357, por el que se aplica el Reglamento n. o 208/2014 ( DO 2015, L 62, p. 1 ) (en lo sucesivo, designados conjuntamente, «actos de marzo de 2015»). La Decisión 2015/364, por un lado, sustituyó el artículo 5 de la Decisión 2014/119, ampliando la aplicación de las medidas restrictivas, en lo que concernía al demandante, hasta el 6 de marzo de 2016 y, por otro lado, modificó el anexo de esa última Decisión. El Reglamento de Ejecución 2015/357 modificó en consecuencia el anexo I del Reglamento n. o 208/2014. En virtud de los actos de marzo de 2015, el nombre del demandante se mantuvo en la lista con la información identificativa «antiguo presidente de Ucrania» y la nueva motivación siguiente: «Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos de ese país.» El 8 de abril de 2015, el demandante adaptó sus pretensiones, en el marco del asunto T‑346/14, de modo que estas también tenían por objeto la anulación de la Decisión 2015/143, del Reglamento 2015/138 y de los actos de marzo de 2015, en la medida en que dichos actos le concernían. Mediante carta de 6 de noviembre de 2015, el Consejo comunicó al demandante un escrito de 3 de septiembre de 2015 de la Fiscalía General de Ucrania (en lo sucesivo, «Fiscalía General») dirigido a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Mediante escrito de 26 de noviembre de 2015, el demandante presentó sus observaciones. Mediante escrito de 15 de diciembre de 2015, el Consejo comunicó al demandante un escrito de la Fiscalía General de 30 de noviembre de 2015. En aquel escrito, el Consejo informó al demandante de que tenía la intención de mantener las medidas restrictivas dictadas en su contra, señalándole cuál era el plazo previsto para que presentase observaciones con vistas a la revisión anual. Mediante escrito de 4 de enero de 2016, el demandante presentó sus observaciones. El 4 de marzo de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/318, por la que se modifica la Decisión 2014/119 ( DO 2016, L 60, p. 76 ), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311, por el que se aplica el Reglamento n. o 208/2014 ( DO 2016, L 60, p. 1 ) (en lo sucesivo, designados conjuntamente, «actos de marzo de 2016»). Mediante los actos de marzo de 2016, la aplicación de las medidas restrictivas se prorrogó hasta el 6 de marzo de 2017, y ello sin que la motivación de la designación del demandante sufriera modificación alguna en relación con la prevista en los actos de marzo de 2015. Mediante escrito de 7 de marzo de 2016, el Consejo informó al demandante del mantenimiento de las medidas restrictivas adoptadas en su contra y a continuación respondió a las observaciones formuladas por este último en la correspondencia anterior y le remitió los actos de marzo de 2016. Por otro lado, el Consejo indicó al demandante el plazo previsto para que presentase observaciones antes de la adopción de la decisión relativa al posible mantenimiento de su nombre en la lista. Mediante sentencia de 15 de septiembre de 2016, Yanukovych/Consejo ( T‑346/14 , EU:T:2016:497 ), el Tribunal anuló la Decisión 2014/119 y el Reglamento n. o 208/2014, en la medida en que se referían al demandante, y desestimó la pretensión de anulación, contenida en la adaptación de la demanda, relativa, por una parte, a la Decisión 2015/143 y al Reglamento 2015/138 y, por otra parte, a los actos de marzo de 2015. El 23 de noviembre de 2016, el demandante interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, registrado con el número C‑598/16, contra la sentencia de 15 de septiembre de 2016, Yanukovych/Consejo ( T‑346/14 , EU:T:2016:497 ). Mediante escrito de 12 de diciembre de 2016, el Consejo informó a los representantes del demandante de que tenía la intención de renovar las medidas restrictivas contra este último y adjuntó dos escritos emanados de la Fiscalía General, uno con fecha de 10 de agosto de 2016 y el otro con fecha de 16 de noviembre de 2016, recordando cuál era el plazo para presentar observaciones con vistas a la revisión anual de las medidas restrictivas. El demandante presentó tales observaciones al Consejo mediante escrito de 11 de enero de 2017. El 3 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/381, por la que se modifica la Decisión 2014/119 ( DO 2017, L 58, p. 34 ), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374, por el que se aplica el Reglamento n. o 208/2014 ( DO 2017, L 58, p. 1 ) (en lo sucesivo, designados conjuntamente, «actos de marzo de 2017»). Mediante los actos de marzo de 2017, la aplicación de las medidas restrictivas se prorrogó hasta el 6 de marzo de 2018, y ello sin que la motivación de la designación del demandante sufriera modificación alguna en relación con la prevista en los actos de marzo de 2015 y de marzo de 2016. Mediante escrito de 6 de marzo de 2017, el Consejo informó al demandante del mantenimiento de las medidas restrictivas dictadas en su contra. Asimismo, respondió a las observaciones del demandante formuladas en la correspondencia anterior y le transmitió los actos de marzo de 2017. Por otro lado, el Consejo indicó al demandante el plazo previsto para que presentase observaciones antes de la adopción de la decisión relativa al posible mantenimiento de su nombre en la lista. Procedimiento y pretensiones de las partes Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 13 de mayo de 2016, el demandante interpuso recurso de anulación, registrado con el número T‑244/16, contra los actos de marzo de 2016. El 12 de septiembre de 2016, el Consejo presentó el escrito de contestación en el asunto T‑244/16. El 19 de septiembre de 2016, en el marco de este asunto, el Consejo presentó, de conformidad con el artículo 66 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, una solicitud motivada para que tanto el contenido de determinados documentos anexos a la demanda como el contenido de determinados apartados del escrito de contestación no se citaran en los documentos relativos al asunto a los que el público tuviera acceso. Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta, a la que se atribuyó en consecuencia el asunto T‑244/16. En el asunto T‑244/16, la réplica y la dúplica se presentaron en la Secretaría del Tribunal el 28 de octubre de 2016 y el 13 de enero de 2017, respectivamente. El 13 de enero de 2017, se declaró concluida la fase escrita del procedimiento en el asunto T‑244/16. El 20 de enero de 2017, el Consejo presentó una solicitud análoga a la que figura en el anterior apartado 29 para que el contenido de determinados documentos anexos a la dúplica en el asunto T‑244/16 no se citara en los documentos relativos al asunto a los que el público tuviera acceso. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 3 de febrero de 2017, el demandante solicitó la celebración de una vista oral en el asunto T‑244/16. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de marzo de 2017, el demandante, con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, aportó nuevas pruebas a los autos en el asunto T‑244/16. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 3 de abril de 2017, el Consejo presentó sus observaciones sobre estas nuevas pruebas. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 12 de mayo de 2017, el demandante interpuso recurso de anulación, registrado con el número T‑285/17, contra los actos de marzo de 2017. Mediante sentencia de 19 de octubre de 2017, Yanukovych/Consejo ( C‑598/16 P , no publicada, EU:C:2017:786 ), el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación por el que el demandante solicitaba la anulación parcial de la sentencia de 15 de septiembre de 2016, Yanukovych/Consejo ( T‑346/14 , EU:T:2016:497 ). El 27 de octubre de 2017, el Tribunal requirió a las partes para que definieran su posición, por un lado, sobre la incidencia que la sentencia de 19 de octubre de 2017, Yanukovych/Consejo ( C‑598/16 P , no publicada, EU:C:2017:786 ), pudiera tener en el asunto T‑244/16 y en el asunto T‑285/17 y, por otro lado, sobre la eventual acumulación de ambos asuntos a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia. Las respuestas de las partes a las mencionadas diligencias de ordenación del procedimiento fueron presentadas, respectivamente, el 9 de noviembre de 2017 por el demandante y el 10 de noviembre de 2017 por el Consejo. En cuanto a la eventual acumulación de los asuntos T‑244/16 y T‑285/17, el demandante estima que únicamente podría estar justificada, en su caso, a efectos de la fase oral del procedimiento. El Consejo se remite al buen criterio del Tribunal. El 9 de noviembre de 2017, el Consejo presentó el escrito de contestación en el asunto T‑285/17. En el marco de este asunto, el 20 de noviembre de 2017, el Consejo presentó una solicitud análoga a la mencionada en el anterior apartado 29, dirigida a que tanto el contenido de determinados documentos anexos a la demanda como algunos puntos del escrito de contestación no se citaran en los documentos relativos al asunto a los que el público tuviera acceso. El 24 de noviembre de 2017, el Tribunal decidió que en el asunto T‑285/17 no era necesario un segundo turno de escritos de alegaciones. Mediante escrito de 6 de diciembre de 2017, el demandante presentó una solicitud motivada, con arreglo al artículo 83, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, dirigida a que el Tribunal autorizase a las partes a completar el contenido de los autos con un escrito de réplica y un escrito de dúplica. Mediante decisión de 19 de diciembre de 2017, el Tribunal dio curso favorable a esta solicitud y fijó la fecha de presentación de la réplica. De este modo, la réplica y la dúplica en el asunto T‑285/17 se presentaron en la Secretaría del Tribunal el 22 de enero de 2018 y el 8 de marzo de 2018, respectivamente. El 8 de marzo de 2018, se declaró concluida la fase escrita del procedimiento en el asunto T‑285/17. El 16 de marzo de 2018, el Consejo presentó una solicitud análoga a la que figura en el anterior apartado 29 para que el contenido de determinados documentos anexos a la dúplica en el asunto T‑285/17 no se citara en los documentos relativos al asunto a los que el público tuviera acceso. Mediante decisión del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal de 10 de julio de 2018, se acordó la acumulación del asunto T‑244/16, Yanukovych/Consejo, y del asunto T‑285/17, Yanukovych/Consejo, a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que pusiera fin al proceso, sobre la base del artículo 68 del Reglamento de Procedimiento, tras oír a las partes a este respecto. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de septiembre de 2018, el demandante presentó observaciones sobre el informe para la vista. Se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal en la vista celebrada el 3 de octubre de 2018, la cual, a petición del Consejo, oído el demandante, se desarrolló parcialmente a puerta cerrada. Durante la vista, el Consejo formuló observaciones acerca del informe para la vista, que se hicieron constar en acta. Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo ( C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 ), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia de 7 de julio de 2017, Azarov/Consejo ( T‑215/15 , EU:T:2017:479 ), y los actos de marzo de 2015, en la medida en que se referían a la parte demandante en el asunto en el que recayó dicha sentencia. Debido a las posibles repercusiones en los presentes asuntos de la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo ( C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 ), el Tribunal General (Sala Sexta), mediante auto de 7 de enero de 2019, decidió la reapertura de la fase oral del procedimiento con arreglo al artículo 113, apartado 2, letra b), del Reglamento de Procedimiento con el fin de permitir a las partes pronunciarse a este respecto. Así, el 10 de enero de 2019, el Tribunal requirió a las partes, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento, para que presentaran sus observaciones sobre las consecuencias que, en los presentes asuntos, debían deducirse de la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo ( C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 ). Las partes cumplimentaron tales requerimientos dentro del plazo señalado. En el asunto T‑244/16 y en el asunto T‑285/17, el demandante solicita al Tribunal que: – Anule los actos de marzo de 2016 y los actos de marzo de 2017 (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos impugnados»), en la medida en que le conciernen. – Condene en costas al Consejo. A raíz de las precisiones aportadas en la vista, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal, el Consejo solicita a este que: – Desestime los recursos. – Condene en costas al demandante. Fundamentos de Derecho Sobre la admisibilidad de la remisión a otros escritos Procede observar que el demandante se remite, en los escritos procesales relativos al recurso de anulación de los actos de marzo de 2016, a los escritos presentados ante el Tribunal en el marco del asunto en el que recayó la sentencia de 15 de septiembre de 2016, Yanukovych/Consejo ( T‑346/14 , EU:T:2016:497 ), y, en los escritos procesales relativos al recurso de anulación de los actos de marzo de 2017, tanto a aquellos mismos escritos como a los escritos procesales presentados en el marco del recurso de anulación de los actos de marzo de 2016, que adjunta en anexo. Pues bien, tal como subraya fundadamente el Consejo, es preciso recordar que, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la recta administración de la justicia, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, es necesario que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten en el propio texto de la demanda. Según jurisprudencia reiterada, si bien ciertos extremos específicos del texto de la demanda pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos no puede paliar la falta de los elementos esenciales que, en virtud del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 76, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento, deben figurar en la propia demanda (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de junio de 2017, Al-Faqih y otros/Comisión, C‑19/16 P , EU:C:2017:466 , apartado y jurisprudencia citada, y de 18 de enero de 2012, Djebel — SGPS/Comisión, T‑422/07 , no publicada, EU:T:2012:11 , apartado y jurisprudencia citada). Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la remisión global realizada por el demandante a los escritos procesales que ha presentado bien en el marco de asuntos anteriores, bien en el marco del asunto T‑244/16, por lo que respecta al asunto T‑285/17. Sobre el fondo En apoyo de sus recursos de anulación de los actos impugnados, el demandante invoca siete motivos, basados, el primero de ellos, en la falta de base jurídica; el segundo, en la desviación de poder; el tercero, en la falta de motivación; el cuarto, en la inobservancia de los criterios para la inclusión en la lista; el quinto, en un error manifiesto de apreciación; el sexto, en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, y, el séptimo, en la vulneración del derecho de propiedad. Procede examinar, en primer lugar, el cuarto motivo, basado en la inobservancia de los criterios para la inclusión del nombre del demandante en la lista. En el marco de este motivo, el demandante sostiene, en lo sustancial, que las razones para la inclusión de su nombre en la lista no se atienen a los criterios de aplicación de las medidas restrictivas definidos por los actos impugnados. En particular, el demandante alega que la incoación de diligencias fundadas en indicios o sospechas o la apertura de una mera investigación preliminar con respecto a él no son suficientes para considerar que sea responsable del comportamiento imputado. En la medida en que el cumplimiento del Derecho procesal por las investigaciones preliminares depende de la Fiscalía General, que, según el demandante, no presenta las garantías de independencia e imparcialidad exigidas, el Consejo debería haber realizado también comprobaciones adicionales a este respecto. Por otro lado, el demandante pone de relieve que no se han producido progresos en las investigaciones preliminares de las que ha sido objeto desde la adopción de las controvertidas medidas restrictivas y refuta la alegación del Consejo de que la inexistencia de progresos sea consecuencia de su propio comportamiento. En efecto, concluye el demandante, a pesar de la existencia de una autorización para iniciar una investigación en rebeldía en su contra en una de las causas penales que le conciernen, no se ha verificado ningún progreso ni se ha recabado prueba alguna en su contra. El demandante añade que los escritos de la Fiscalía General en los que se basó el Consejo tampoco demuestran que esté incluido en una de las categorías de personas identificadas en la sentencia de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros/Consejo ( T‑256/11 , EU:T:2014:93 ). Aun suponiendo que en el caso de autos haya habido una intervención judicial de un nivel suficiente, en particular por lo que respecta a los embargos de bienes del demandante y a la autorización de las medidas de prisión preventiva contra él, tal intervención judicial no puede considerarse fiable y adecuada en el sentido de la citada jurisprudencia, en la medida en que el sistema judicial ucraniano no presenta las garantías de independencia e imparcialidad exigidas, ni siquiera a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según el demandante, la circunstancia de que el Consejo no esté en condiciones de determinar su culpabilidad o el fundamento de las investigaciones que le conciernen no exime a dicha institución de la obligación de respetar, en el marco del ejercicio de sus competencias, los derechos y principios garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por consiguiente, de verificar si sus derechos fundamentales han estado o están protegidos en Ucrania y en qué medida. El demandante sostiene que el cumplimiento por el Consejo de la obligación de proceder a un control completo y riguroso y de garantizar que toda decisión que imponga una medida restrictiva se adopte apoyándose en un fundamento fáctico suficientemente sólido es más crucial, si cabe, en el caso de autos, habida cuenta del hecho de que Ucrania no es un Estado miembro de la Unión Europea, de la motivación política de las acusaciones formuladas contra el propio demandante, de la falta de progresos significativos en los procedimientos penales en los que se basa la inclusión de su nombre en la lista, de la inexistencia de un procedimiento decisorio equilibrado o justo anterior a la formulación de las acusaciones en Ucrania y del plazo del que dispuso el Consejo para verificar las pruebas y la información que justificaran volver a incluir en la lista el nombre del demandante. En respuesta a una pregunta escrita formulada por el Tribunal (véase el apartado 52 anterior), el demandante precisa que el razonamiento desarrollado y la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo ( C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 ), revisten una importancia crucial en el caso de autos, toda vez que las circunstancias que dieron lugar al nacimiento de la obligación de verificación del Consejo en el asunto en el que recayó la citada sentencia son sustancialmente idénticas a las que caracterizaron la adopción de los actos impugnados. Así, en primer lugar, el demandante reprocha al Consejo no haber comprobado, al estimar que no estaba obligado a hacerlo, si la decisión de las autoridades ucranianas en la que dicha institución pretendía basarse para mantener su nombre en la lista había sido adoptada respetando su derecho de defensa y su derecho a una tutela judicial efectiva. En segundo lugar, el demandante reprocha al Consejo no haber indicado, en los motivos que justificaban el mantenimiento de su nombre en la lista, las razones por las cuales dicha institución consideraba que la referida decisión de las autoridades ucranianas había sido adoptada respetando los mencionados derechos. Por lo demás, concluye el demandante, los escritos del Consejo de 7 de marzo de 2016 y de 6 de marzo de 2017, mediante los que se le notificó la renovación de las medidas restrictivas que le conciernen, no mencionaban tales razones. El Consejo responde que la decisión de incluir el nombre del demandante en la lista —y de mantenerlo posteriormente en ella—, sobre la base de la información contenida en los escritos de la Fiscalía General, se atiene a los criterios para la inclusión en la lista y se basa en unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos que permiten demostrar que se han incoado contra el demandante procedimientos penales por apropiación indebida de fondos públicos. Por lo que se refiere a la alegación de que la Fiscalía General no presenta las características judiciales de independencia e imparcialidad requeridas, el Consejo replica que la investigación preliminar, llevada a cabo por la Fiscalía General bajo el control de la autoridad judicial, constituye una fase del proceso penal. Por lo demás, la finalidad de las medidas restrictivas no se alcanzaría si no fuera posible adoptarlas contra personas que fueran objeto de una investigación preliminar por participación en infracciones, tales como las investigaciones de las que es objeto el demandante. En respuesta a la alegación de que no puede basarse válidamente en un procedimiento penal sin haber comprobado previamente en qué medida estaban protegidos en Ucrania los derechos fundamentales del demandante, el Consejo alega, en primer lugar, que este último no ha demostrado que sus derechos hayan sido efectivamente vulnerados; en segundo lugar, que de la jurisprudencia no se desprende que el Consejo esté obligado a comprobar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva por parte del tercer Estado al que pertenece la autoridad judicial que ha expedido las certificaciones en las que dicha institución se basa para adoptar medidas restrictivas, como las controvertidas en el presente litigio, y, en tercer lugar, que el demandante tiene siempre derecho a defenderse en los procedimientos penales incoados contra él y en el procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo cual no impide que el propio Consejo, a la espera del resultado de tales procedimientos, se base en la existencia de procedimientos en curso cuando decide imponer medidas restrictivas. Por último, en cuanto a la alegación del demandante basada en la falta de progresos significativos en los procedimientos penales que le conciernen, el Consejo replica que lo que importa es que los procedimientos penales estén en curso en el momento de la adopción de los actos impugnados y afirma que, por lo demás, el que no haya habido progresos significativos es imputable al demandante, que eludió la acción de la justicia. Con carácter más general, el Consejo recuerda que, según la jurisprudencia, no está obligado a emprender de oficio y sistemáticamente sus propias investigaciones o a efectuar comprobaciones a fin de obtener precisiones adicionales cuando se basa en datos facilitados por las autoridades de un tercer Estado para adoptar medidas restrictivas frente a personas que proceden de ese Estado, en el que están sometidas a procedimientos penales. Tales comprobaciones solo son necesarias cuando la información recibida resulte insuficiente o incoherente. En el caso de autos, el Consejo considera haber comprobado efectivamente la fundamentación de la decisión de inmovilización de fondos relativa al demandante teniendo en cuenta los procedimientos penales ucranianos incoados por apropiación indebida de fondos. En respuesta a una pregunta escrita formulada por el Tribunal (véase el apartado 52 anterior), el Consejo alega que, aunque en su exposición de motivos no precisara este extremo, tenía conocimiento del control judicial que se había ejercido en Ucrania en el marco de las investigaciones penales realizadas en relación con el demandante. En efecto, de los escritos de la Fiscalía General mencionados en los anteriores apartados 17, 18 y 24 resulta que se han adoptado en Ucrania varias resoluciones judiciales con respecto al demandante, como es el caso de los embargos de bienes de su propiedad que acordó el Tribunal de Primera Instancia de Petschersk (Kiev), así como de la orden de detención preventiva que emitió el Tribunal de Apelación de Kiev. El hecho de que se hayan respetado el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva —y de que el demandante haya ejercido efectivamente tales derechos— queda demostrado, además, según el Consejo, por la resolución del citado Tribunal de Petchersk de 27 de julio de 2015 según la cual, en el marco de uno de los procedimientos penales incoados contra el demandante, el juez de instrucción resolvió, en audiencia pública y con la participación de los abogados del propio demandante, dar curso favorable a la petición del Ministerio Público dirigida a que se autorizara al fiscal correspondiente a llevar a cabo una investigación preliminar especial en rebeldía. Lo mismo cabe decir en lo que atañe a la resolución del mismo Tribunal, adoptada el 22 de abril de 2016, de estimar parcialmente el recurso presentado por la defensa del demandante en relación con el hecho de que la Fiscalía General se hubiera abstenido supuestamente de examinar una solicitud dirigida a que se adoptara una medida procesal en el marco del procedimiento en cuestión. Según el Consejo, estos ejemplos demuestran que, cuando se basó en las resoluciones de las autoridades ucranianas mencionadas en los escritos de la Fiscalía General, pudo comprobar que habían sido adoptadas respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante. Sin embargo, según jurisprudencia reiterada, cuando los tribunales de la Unión examinan las medidas restrictivas, deben llevar a cabo un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión desde el punto de vista de los derechos fundamentales que forman parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión, entre los que se encuentran, en particular, el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 , apartados y y jurisprudencia citada). La efectividad del control judicial garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales exige que, al controlar la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de incluir o de mantener el nombre de una persona en la lista de las personas sujetas a medidas restrictivas, el juez de la Unión se asegure de que dicha decisión, que constituye un acto de alcance individual para esa persona, disponga de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica comprobar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa la decisión, de tal modo que el control judicial no se vea limitado a la apreciación de la verosimilitud en abstracto de los motivos invocados, sino que recaiga sobre si tales motivos —o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar la decisión— han sido suficientemente acreditados (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 , apartado y jurisprudencia citada). La adopción y el mantenimiento de medidas restrictivas, tales como las previstas en la Decisión 2014/119 y en el Reglamento n. o 208/2014, en su versión modificada, tomadas frente a una persona que ha sido identificada como responsable de una apropiación indebida de fondos pertenecientes a un Estado tercero, se basan sustancialmente en la decisión de una autoridad de ese mismo Estado, competente para ello, de incoar y tramitar un procedimiento penal contra esa persona relativo a un ilícito de apropiación indebida de fondos públicos (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 , apartado ). En este sentido, si bien es cierto que, en virtud de un criterio para la inclusión en la lista, como el recordado en el anterior apartado 12, el Consejo puede adoptar medidas restrictivas basándose en una decisión de un Estado tercero, no es menos verdad que la obligación de dicha institución de respetar el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva supone la obligación de asegurarse de que las autoridades del Estado tercero que adoptaron la decisión de que se trate respetaron esos mismos derechos (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 , apartados , y ). A este respecto, el Tribunal de Justicia precisa que la exigencia de que el Consejo compruebe que el hecho de que las decisiones de Estados terceros en las que pretende basarse se han tomado respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva tiene por objeto garantizar que la adopción o el mantenimiento de las medidas de inmovilización de fondos solamente tenga lugar cuando exista para ello una base fáctica suficientemente sólida y, con ello, proteger a las personas o entidades de que se trate. Así pues, el Consejo únicamente puede considerar que la adopción o el mantenimiento de tales medidas tiene una base fáctica lo suficientemente sólida una vez haya comprobado por sí mismo que el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva se respetaron en la adopción de la decisión del Estado tercero de que se trate en la que pretende basarse (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 , apartados y y jurisprudencia citada). Por otra parte, si bien es cierto que la circunstancia de que el Estado tercero figure entre los Estados que se han adherido al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), supone que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos procede a un control de los derechos fundamentales garantizados por el CEDH, derechos que, de conformidad con el artículo 6 TUE, apartado 3, forman parte del Derecho de la Unión como principios generales, no es menos verdad que tal circunstancia no hace que resulte superflua la exigencia de la comprobación recordada en el anterior apartado 77 (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 , apartado ). El Tribunal de Justicia considera asimismo que el Consejo está obligado a mencionar, en la exposición de motivos relativos a la adopción o al mantenimiento de medidas restrictivas contra una persona o entidad, aunque solo sea de manera sucinta, las razones por las que considera que la resolución del Estado tercero sobre la que pretende basarse se ha adoptado respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. Así pues, incumbe al Consejo, para cumplir con su obligación de motivación, hace constar en la decisión mediante la que se imponen medidas restrictivas que ha comprobado que la decisión del Estado tercero en que basa dichas medidas fue adoptada respetando los derechos mencionados (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 , apartados y y jurisprudencia citada). En definitiva, cuando el Consejo basa la adopción o el mantenimiento de medidas restrictivas, como las controvertidas en el caso de autos, en la decisión de un Estado tercero de incoar y tramitar un procedimiento penal por apropiación indebida de fondos o activos públicos por parte de la persona implicada, dicha institución, por un lado, habrá de asegurarse de que, en el momento de la adopción de aquella decisión, las autoridades del Estado tercero respetaron el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la persona contra la que se incoó el procedimiento penal en cuestión y, por otro lado, deberá mencionar, en la decisión mediante la que imponga medidas restrictivas, las razones por las que considera que la referida decisión del Estado tercero se adoptó respetando tales derechos. Procede examinar si el Consejo cumplió las referidas obligaciones a la luz de estos principios jurisprudenciales. Con carácter preliminar, procede recordar que el demandante es objeto de nuevas medidas restrictivas, adoptadas por los actos impugnados sobre la base del criterio de inclusión enunciado en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119, tal como fue precisado en la Decisión 2015/143, y en el artículo 3 del Reglamento n. o 208/2014, tal como fue precisado en el Reglamento 2015/138 (véanse los apartados 12 y 13 anteriores). Dicho criterio prevé la inmovilización de los fondos de las personas que hayan sido identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos públicos, incluidas las que estén sujetas a investigación por parte de las autoridades ucranianas. Es pacífico entre las partes que el Consejo se basó, para decidir mantener el nombre del demandante en la lista, en la circunstancia de que este último estaba sujeto a un «procedimiento penal por parte de las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o de activos públicos», extremo que se pone de relieve en los escritos de la Fiscalía General de 3 de septiembre y de 30 de noviembre de 2015, por lo que se refiere a los actos de marzo de 2016, y en los escritos de 10 de agosto y de 16 de noviembre de 2016, por lo que se refiere a los actos de marzo de 2017. Así pues, al igual que sucedía en el asunto que dio lugar a la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo ( C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 ), el mantenimiento de las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante se basaba en la decisión de la Fiscalía General de incoar y tramitar procedimientos de investigación penales en relación con una infracción de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano. Pues bien, en primer lugar, es preciso hacer constar que la motivación de los actos impugnados en lo relativo al demandante (véanse los apartados 15, 20 y 26 anteriores) no incluye la más mínima referencia al hecho de que el Consejo haya comprobado el respeto, por parte de la Administración de justicia ucraniana, del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante y que, por lo tanto, tal inexistencia de motivación constituye un primer indicio de que el Consejo no llevó a cabo la referida comprobación. En segundo lugar, es preciso poner de relieve que ninguna información contenida en los escritos, casi idénticos, de 7 de marzo de 2016 (véase el apartado 21 anterior), en relación con el asunto T‑244/16, y de 6 de marzo de 2017 (véase el apartado 27 anterior), en relación con el asunto T‑285/17, permite considerar que el Consejo dispusiera de datos relativos al respeto por las autoridades ucranianas del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva en lo que atañe a los procedimientos penales que se refieren al demandante y, menos aún, que el Consejo haya examinado tales datos a fin de comprobar si la Administración de justicia ucraniana había respetado suficientemente los mencionados derechos al adoptar la decisión de incoar y tramitar un procedimiento de investigación penal relativo a una infracción por apropiación indebida de fondos o de activos públicos por parte del demandante. En efecto, al igual que había ocurrido en el asunto en el que recayó la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo ( C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 ), apartado , en los escritos citados el Consejo se limitó a indicar que los escritos de la Fiscalía General, notificados previamente al demandante (véanse los apartados 18 y 24 anteriores), hacían constar que este último continuaba estando sujeto a procedimientos penales por apropiación indebida de fondos o de activos públicos. Por lo demás, la circunstancia de que Ucrania se encuentre entre los Estados que se han adherido al CEDH, circunstancia que el Consejo menciona expresamente en su correspondencia y en los escritos procesales, no hace superflua la comprobación del respeto del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante (véase el apartado 78 anterior). En tercer lugar, es preciso observar que el Consejo estaba obligado, contrariamente a lo que él mismo afirma, a llevar a cabo la referida comprobación con independencia de toda prueba aportada por el demandante para demostrar que, en el caso de autos, su situación personal se había visto afectada por los problemas que él mismo identificaba en relación con el funcionamiento del sistema judicial en Ucrania. En cualquier caso, pese a que el demandante haya alegado en numerosas ocasiones, aportando pruebas específicas al respecto, que la Administración de justicia ucraniana no había respetado su derecho de defensa y su derecho a una tutela judicial efectiva y que la situación imperante en Ucrania era en general incompatible con la existencia de garantías suficientes a este respecto, el Consejo no manifestó que hubiera comprobado el respeto de tales derechos. Por el contrario, en sus escritos procesales afirmó reiteradamente que no estaba sujeto a obligación alguna en este sentido y que tal obligación tampoco se derivaba de los principios jurisprudenciales establecidos en la sentencia de 26 de julio de 2017, Consejo/LTTE ( C‑599/14 P , EU:C:2017:583 ), invocados por el demandante. En cuarto lugar, en la respuesta a la cuestión relativa a la incidencia en los presentes asuntos de la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo ( C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 ), el Consejo se limitó a exponer las alegaciones resumidas en el anterior apartado 71. A este respecto, en primer término, debe señalarse que el Consejo reconoce que la motivación de los actos impugnados no aborda la cuestión del respeto del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la decisión de incoar y tramitar los procedimientos penales que justificaron la inclusión y el mantenimiento del nombre del demandante en la lista. En segundo término, procede hacer constar que el Consejo afirma que de los autos se desprende claramente que en Ucrania se ejercía un control judicial durante la instrucción de las investigaciones penales. Más concretamente, según el Consejo, la existencia de varias resoluciones judiciales adoptadas en el contexto de los procedimientos penales incoados contra el demandante demuestra que, cuando se basó en la decisión de las autoridades ucranianas mencionada en los escritos de la Fiscalía General, por un lado, pudo comprobar que esa decisión se había adoptado respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva y, por otro lado, se aseguró de que en el marco de los mencionados procedimientos penales se habían adoptado una serie de resoluciones judiciales respetando tales derechos. Pues bien, todas las resoluciones judiciales mencionadas por el Consejo se inscriben en el marco de los procesos penales que justificaron la inclusión y el mantenimiento del nombre del demandante en la lista y no son sino incidentes en el marco de esos procesos penales, en la medida en que tienen o bien naturaleza cautelar, o bien naturaleza procesal. Es cierto que las mencionadas resoluciones judiciales pueden corroborar la tesis del Consejo sobre la existencia de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos, a saber, el hecho de que, de conformidad con el criterio para la inclusión en la lista, el demandante estaba sujeto a procedimientos penales relativos, en particular, a una infracción de apropiación indebida de fondos o activos del Estado ucraniano. No obstante, contrariamente a lo que defiende el Consejo, tales resoluciones judiciales no pueden ontológicamente demostrar por sí solas que la decisión de la Administración de justicia ucraniana de incoar y tramitar los mencionados procedimientos penales, en la que se basa sustancialmente el mantenimiento de las medidas restrictivas contra el demandante, se adoptó respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de este último. En cualquier caso, el Consejo no ha sido capaz de mencionar ni un solo documento incluido en el expediente del procedimiento que concluyó con la adopción de los actos impugnados del que resulte que examinó las resoluciones de los órganos judiciales ucranianos que ahora invoca y del que pudiera haber deducido que se respetó el contenido esencial del derecho de defensa del demandante y de su derecho a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, no puede concluirse que los elementos de que disponía el Consejo en el momento de la adopción de los actos impugnados le permitieron comprobar que la decisión de la Administración de justicia ucraniana se había adoptado respetando los mencionados derechos del demandante. Por otra parte, a este respecto, cabe señalar asimismo que, como se precisó en la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo ( C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 ), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, en particular, en caso de adopción de una decisión de inmovilización de fondos como la que se refiere al demandante, no corresponde al Consejo o al Tribunal comprobar la procedencia de las investigaciones a las que estaba sujeta en Ucrania la persona contra las que se dirigen tales medidas, sino únicamente la de la decisión de inmovilización de los fondos a la vista del documento o de los documentos en los que se basó tal decisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 2015, Ezz y otros/Consejo, C‑220/14 P , EU:C:2015:147 , apartado ; de 19 de octubre de 2017, Yanukovych/Consejo, C‑599/16 P , no publicada, EU:C:2017:785 , apartado , y de 19 de octubre de 2017, Yanukovych/Consejo, C‑598/16 P , no publicada, EU:C:2017:786 , apartado ), no puede interpretarse en el sentido de que el Consejo no esté obligado a comprobar si la decisión del Estado tercero en que pretenda basar la adopción de medidas restrictivas se tomó respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, C‑530/17 P , EU:C:2018:1031 , apartado y jurisprudencia citada). Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no se ha acreditado que, antes de adoptar los actos impugnados, el Consejo haya comprobado el respeto, por parte de la Administración de justicia ucraniana, del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva del demandante. En tales circunstancias, procede anular los actos impugnados en la medida en que se refieren al demandante, sin que sea necesario examinar los demás motivos y alegaciones formulados por este último, así como tampoco las solicitudes de tratamiento confidencial presentadas por el Consejo. Costas A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por el Consejo, procede condenarlo en costas, conforme a lo solicitado por el demandante. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta), decide: 1) Anular la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n. o 208/2014 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, así como la Decisión (PESC) 2017/381 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n. o 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que se mantuvo el nombre del Sr. Viktor Fedorovych Yanukovych en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican tales medidas restrictivas. 2) El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las del Sr. Yanukovych. Berardis Spielmann Csehi Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 2019. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: inglés.

61998TJ0046

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για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων Στην υπόθεση T-46/98 85 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. 86 Εν προκειμένω, τα ακυρωτικά αιτήματα του προσφεύγοντος διαδίκου, ο οποίος ζήτησε την καταδίκη της Επιτροπής στα δικαστικά έξοδα της παρούσας δίκης, κρίθηκαν εν μέρει βάσιμα. Το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι, μολονότι το προσφεύγον ηττήθηκε εν μέρει, επιβάλλεται, ωστόσο, να ληφθεί επίσης υπόψη, για τον διακανονισμό των εξόδων, η συμπεριφορά της Επιτροπής που ανέμενε την άσκηση προσφυγής για να δεχθεί εν μέρει την αίτηση του προσφεύγοντος και, ως εκ τούτου, να αναθεωρήσει την άποψή της. 87 Επιβάλλεται, επομένως, να εφαρμοστεί, πέραν του προαναφερθέντος άρθρου 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, η παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της διατάξεως αυτής, κατά την οποία το Πρωτοδικείο μπορεί να καταδικάσει ακόμη και τον νικήσαντα διάδικο να καταβάλει στον αντίδικό του τα έξοδα μιας διαδικασίας η οποία προκλήθηκε λόγω της δικής του συμπεριφοράς (βλ., mutatis mutandis, την προαναφερθείσα απόφαση Interhotel κατά Επιτροπής, σκέψη 82, και την εκεί παρατεθείσα νομολογία). 88 Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να υποχρεωθεί να φέρει, πέραν των δικών της εξόδων, το σύνολο των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε το προσφεύγον. Στην υπόθεση T-151/98 89 Σε περίπτωση καταργήσεως της δίκης, το άρθρο 87, παράγραφος 6, του Κανονισμού Διαδικασίας ορίζει ότι το Πρωτοδικείο κανονίζει τα έξοδα κατά την κρίση του. 90 Το Πρωτοδικείο φρονεί ότι η Επιτροπή ευνόησε, με τη συμπεριφορά της, την άσκηση προσφυγής εν προκειμένω επικαλούμενη την κατάργηση της δίκης στην υπόθεση Τ-46/98 και υποχρεώνοντας με τον τρόπο αυτό το προσφεύγον να ασκήσει νέα προσφυγή κατά της διορθωμένης αποφάσεως, παρά την πάγια νομολογία επί του ζητήματος αυτού. 91 Δεδομένου ότι η άσκηση της παρούσας προσφυγής εδικαιολογείτο από τη στάση της καθής, πρέπει να υποχρεωθεί αυτή να φέρει, πέραν των δικών της εξόδων, και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το προσφεύγον. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (τέταρτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής που περιέχει το υπ' αριθ. 97009405 F χρεωστικό σημείωμα σχετικά με το υπ' αριθ. 91/00/29/003 πρόγραμμα European city cooperation system που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 και τροποποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 1998, όσον αφορά την άρνηση της Επιτροπής να συγχρηματοδοτήσει τις δαπάνες που κήρυξε μη επιλέξιμες, πλην εκείνων που συνδέονταν με τη συνέλευση του Στρασβούργου για τα ποσά των 101 598 και 256 882 ECU. 2) Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή στην υπόθεση Τ-46/98. 3) Καταργείται η δίκη ως προς την προσφυγή στην υπόθεση Τ-151/98. 4) Καταδικάζει την Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

61995CJ0225

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Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por decisões de 30 de Março de 1995, que deram entrada no Tribunal de Justiça em 28 de Junho seguinte, o Dioikitiko Protodikeio Athinon apresentou, nos termos do artigo 177._ do Tratado CE, três questões prejudiciais sobre a interpretação da Directiva 89/48/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a um sistema geral de reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam formações profissionais com uma duração mínima de três anos (JO 1989, L 19, p. 16, a seguir «directiva»). 2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe A. Kapasakalis, D. Skiathitis e A. Kougiagkas ao Estado helénico para reparação dos prejuízos alegadamente sofridos devido à não adopção, por este último, dos decretos presidenciais previstos pelas disposições do direito nacional como do direito comunitário para salvaguarda dos interesses profissionais dos diplomados pelos estabelecimentos de ensino técnico. O direito comunitário 3 A directiva enuncia as circunstâncias nas quais um Estado-Membro deve reconhecer a equivalência entre formações profissionais com uma duração mínima de três anos sancionadas por diplomas de ensino superior emitidos por uma autoridade competente de um outro Estado-Membro e os diplomas de ensino superior que sancionam formações adquiridas no seu próprio território. 4 Nos termos do seu décimo considerando, o sistema geral de reconhecimento de diplomas do ensino superior não tem por objectivo nem alterar as regras profissionais, inclusive as deontológicas, que são aplicáveis a qualquer pessoa que exerça uma profissão no território de um Estado-Membro, nem subtrair os migrantes à aplicação dessas regras; esse sistema limita-se a prever medidas apropriadas que permitam assegurar que o migrante cumpre as regras profissionais do Estado-Membro de acolhimento. 5 O artigo 1._, alínea b), da directiva prevê que se entende por «Estado-Membro de acolhimento» o Estado-Membro em que um nacional de um Estado-Membro pede autorização para exercer uma profissão regulamentada nesse Estado, sem nele ter obtido o diploma de que é titular ou sem aí ter exercido pela primeira vez a profissão em causa. A alínea d) do mesmo artigo define «actividade profissional regulamentada» como a actividade profissional cujo acesso ou exercício, ou uma das modalidades de exercício, num Estado-Membro, se encontrem subordinados, directa ou indirectamente, por força de disposições legislativas, regulamentares ou administrativas, à posse de um diploma. 6 Nos termos do seu artigo 2._, primeiro parágrafo, a directiva aplica-se aos nacionais de um Estado-Membro que desejem exercer, como independentes ou assalariados, uma profissão regulamentada num Estado-Membro de acolhimento. 7 Em conformidade com o artigo 12._, primeiro parágrafo, os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para dar cumprimento à directiva num prazo de dois anos a contar da sua notificação e do facto informarão imediatamente a Comissão. O direito nacional 8 Conclui-se das observações apresentadas ao Tribunal de Justiça que os estabelecimentos de ensino técnico (a seguir «TEI») são pessoas colectivas de direito público criadas pela Lei 1404/1983 relativa à estrutura e ao funcionamento dos TEI. Pertencem ao ensino profissional superior, estão sob a tutela do ministro da Educação Nacional e dos Cultos, e têm por missão prestar um ensino teórico e prático suficiente para a aplicação à profissão de conhecimentos e aptidões científicas, técnicas, artísticas ou outras. 9 O artigo 25._, n._ 2, alínea c), da Lei 1404/1983 determina que são reconhecidos aos diplomados pelos TEI os direitos profissionais definidos em decretos presidenciais, a serem adoptados, para as especialidades existentes, o mais tardar seis meses antes de os primeiros estudantes dos TEI terminarem os seus estudos e, paras as novas especialidades, no momento da sua criação ou da abertura das secções correspondentes. Os mesmos decretos presidenciais definirão as condições e outras modalidades da concessão da autorização de exercício da profissão quando esta seja exigida. 10 Antes da sua supressão pela Lei 1404/1983, os centros de ensino técnico e profissional superior (a seguir «KATEE») eram regidos pela Lei 576/1977. Eram constituídos por várias escolas superiores técnicas e profissionais públicas, que visavam dar aos seus estudantes os conhecimentos teóricos e práticos exigidos para se tornarem quadros superiores capazes de contribuírem para o desenvolvimento de um determinado sector da economia nacional. 11 O artigo 5._, n._ 1, da Lei 1865/1989 determina que os diplomas dos KATEE obtidos após estudos com uma duração de três anos (seis semestres) são equivalentes aos diplomas das especialidades correspondentes dos TEI. O litígio no processo principal 12 A. Kapasakalis, D. Skiathitis e A. Kougiagkas são nacionais gregos, diplomados dos TEI e dos KATEE, que exercem a profissão de engenheiro técnico na Grécia, sendo os dois primeiros especializados em mecânica e o terceiro em construção. 13 Por actos de 12 de Junho de 1993, os três intentaram no Dioikitiko Protodikeio Athinon uma acção de indemnização contra o Estado helénico devido à não adopção dos decretos presidenciais para a salvaguarda dos seus interesses profissionais, previstos pelo artigo 25._, n._ 2, alínea c), da Lei 1404/1983, e ao não respeito da obrigação de adoptar as medidas necessárias para dar cumprimento à directiva no prazo de dois anos. Este incumprimento foi declarado pelo Tribunal de Justiça no acórdão de 23 de Março de 1995, Comissão/Grécia (C-365/93, Colect., p. I-499). 14 Em apoio das suas acções, os interessados defendem que esta omissão teve por consequência privá-los, em substância, do direito de trabalhar no território grego na sua especialidade ou de utilizar em seu benefício os diplomas. As questões prejudiciais 15 Por decisão de 30 de Março de 1995, o Dioikitiko Protodikeio Athinon negou provimento aos recursos por não terem fundamento na medida em que se referiam à violação de uma obrigação decorrente das disposições do direito nacional. 16 Quanto ao restante, considerando que a solução dos litígios nos processos principais dependia da interpretação das disposições comunitárias e, em especial, das da directiva, o órgão jurisdicional nacional decidiu suspender a instância e apresentar ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes: «1) O resultado pretendido pela Directiva 89/48/CEE do Conselho tem por efeito o reconhecimento de direitos aos particulares em causa? 2) O conteúdo desses direitos é determinado com precisão, a ponto de ser possível deduzi-lo apenas do quadro definido pelas disposições da directiva? 3) Existe um nexo de causalidade entre o não respeito pelo Estado helénico da obrigação que lhe é imposta pelo disposto no artigo 12._ da directiva e o prejuízo que o recorrente pretende ter sofrido?» Quanto à primeira questão 17 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional nacional pretende em substância saber se um nacional de um Estado-Membro que se encontra na mesma situação que os recorrentes nos processos principais pode invocar os direitos conferidos pela directiva. 18 Quanto a isto, importa recordar que a directiva, que se baseia nos artigos 49._, 57._, n._ 1 e 66._ do Tratado, visa facilitar a livre circulação de pessoas e de serviços permitindo que os nacionais dos Estados-Membros exerçam uma profissão, a título independente ou assalariado, num outro Estado-Membro que não aquele onde adquiriram as suas qualificações profissionais. 19 Em seguida, conclui-se claramente do décimo considerando e do artigo 2._, primeiro parágrafo, que a directiva só se aplica aos nacionais de um Estado-Membro que pretendam exercer, como independentes ou assalariados, uma profissão regulamentada num Estado-Membro que não o seu Estado-Membro de origem e que não pretende modificar as disposições aplicáveis às pessoas que exercem uma profissão no território de um Estado-Membro. 20 No caso concreto, conclui-se das decisões de reenvio e das observações apresentadas no Tribunal de Justiça que os litígios nos processos principais se referem a nacionais gregos que trabalham na Grécia. 21 Além disso, como o advogado-geral observou no n._ 2 das suas conclusões, os recorrentes nos processos principais não trabalharam, não estudaram, nem obtiveram um diploma sancionando uma formação universitária ou profissional num Estado-Membro da Comunidade que não o seu país de origem. 22 Por fim, há que recordar que, em conformidade com jurisprudência constante, as regras do Tratado em matéria de livre circulação e os actos adoptados em execução dessas regras não podem ser aplicados a actividades que não apresentem qualquer conexão com uma das situações previstas pelo direito comunitário e de que todos os elementos pertinentes se situam no interior de um só Estado-Membro (acórdãos de 5 de Junho de 1997, Uecker e Jacquet, C-64/96 e C-65/96, Colect., p. I-3171, n._ 16; de 16 de Janeiro de 1997, USSL n._ 47 di Biella, C-134/95, Colect., p. I-195, n._ 19, e de 28 de Janeiro de 1992, Steen, C-332/90, Colect., p. I-341, n._ 9). 23 Ora, resulta do que precede que a situação dos recorrentes nos processos principais não apresenta nenhum elemento de conexão com uma das situações previstas pelo direito comunitário no domínio da livre circulação de pessoas e de serviços nem com o âmbito de aplicação da directiva. 24 Nestas circunstâncias, há que responder à primeira questão prejudicial que um nacional de um Estado-Membro que se encontre numa situação em que todos os elementos se situam apenas no interior desse Estado-Membro não pode invocar os direitos conferidos pela directiva. Quanto às segunda e terceira questões 25 Tendo em conta a resposta dada à primeira questão prejudicial, não cabe responder às segunda e terceira questões. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 26 As despesas efectuadas pelo Governo helénico, bem como pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção), pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Dioikitiko Protodikeio Athinon, por decisões de 30 de Março de 1995, declara: Um nacional de um Estado-Membro que se encontre numa situação em que todos os elementos se situam apenas no interior desse Estado-Membro não pode invocar os direitos conferidos pela Directiva 89/48/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa a um sistema geral de reconhecimento dos diplomas de ensino superior que sancionam formações profissionais com uma duração mínima de três anos.

62020TJ0022

sk

) [ omissis ] Konanie a návrhy účastníkov konania Žalobca návrhom predloženým do kancelárie Všeobecného súdu 13. januára 2020 podal túto žalobu. Samostatným podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 16. januára 2020 žalobca požiadal o utajenie jeho totožnosti a dôvernosť niektorých údajov vo vzťahu k verejnosti v súlade s článkom 66 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. Jeho žiadosti o utajenie totožnosti bolo vyhovené 30. marca 2020. EUIPO predložil svoje vyjadrenie k žalobe 26. marca 2020. Žalobca predložil repliku 20. júla 2020. Písomná časť konania sa skončila po predložení dupliky 1. septembra 2020. EUIPO a žalobca požiadali 9. a 22. septembra 2020 o nariadenie pojednávania podľa článku 106 rokovacieho poriadku. Všeobecný súd (prvá komora) 29. januára 2021 podľa článku 89 rokovacieho poriadku rozhodol o predložení otázok žalobcovi na účely písomnej odpovede, na ktoré tento odpovedal v stanovenej lehote. Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na ústne otázky predložené Všeobecným súdom boli vypočuté na pojednávaní 9. marca 2021. Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd: – zrušil napadnuté rozhodnutie „v rozsahu, v akom [ho] odvoláva z funkcie… a definitívne ukončuje akýkoľvek pracovnoprávny vzťah so žalobcom, vrátane jeho dôsledkov, pokiaľ ide o definitívne ukončenie konania o odchode do invalidného dôchodku“, – uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania. Žalobca ďalej v replike žiada, aby Všeobecný súd prípadne uložil EUIPO povinnosť predložiť štatistický výpis rozhodnutí a sankcií, ktoré tento úrad prijal v rámci disciplinárnych konaní vedených proti jeho zamestnancom. EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd: – zamietol žalobu, – uložil žalobcovi povinnosť nahradiť trovy konania. Právne posúdenie O predmete žaloby a jej prípustnosti v rozsahu, v akom je namierená proti definitívnemu ukončeniu konania o invalidite Na účely posúdenia dôvodnosti žaloby treba najskôr spresniť jej predmet, keďže účastníci konania sa v tomto bode nezhodujú. Ako vyplýva z bodu 30 vyššie a zo žaloby, žalobca v podstate navrhuje zrušiť napadnuté rozhodnutie nielen v rozsahu, v akom ho odvoláva z funkcie, ale aj v rozsahu, v akom definitívne ukončuje konanie o invalidite. EUIPO tvrdí, že predmetom napadnutého rozhodnutia je výlučne odvolanie žalobcu z funkcie a netýka sa ukončenia konania o invalidite, ktoré po takomto odvolaní z funkcie stratilo svoj význam. Keďže má konanie o invalidite samostatnú povahu vo vzťahu k disciplinárnemu konaniu, nie je predmetom napadnutého rozhodnutia, a teda ani predmetom tejto žaloby o neplatnosť, v dôsledku čoho musí byť každá výhrada proti konaniu o invalidite zamietnutá ako neprípustná. Takýto prípad predstavuje najmä prvý žalobný dôvod založený na nezákonnosti prerušenia konania o invalidite, ako aj prvá časť druhého žalobného dôvodu založená na nedodržaní primeranej lehoty disciplinárneho konania. Presnejšie podľa EUIPO po prvé z ustálenej judikatúry vyplýva, že len samotné mlčanie inštitúcie nemožno považovať za rozhodnutie, pokiaľ neexistujú výslovné ustanovenia určujúce lehotu, po ktorej uplynutí sa uplatní fikcia prijatia rozhodnutia inštitúciou, ktorá bola povinná vo veci zaujať stanovisko, a ktoré definujú obsah tohto rozhodnutia, čo však nie je prípad prejednávanej veci, pretože žiadny právny predpis nestanovuje, že rozhodnutie o odvolaní z funkcie sa implicitne spája aj s rozhodnutím o ukončení predbežne prerušeného konania o invalidite. Po druhé EUIPO na pojednávaní uviedol, že žalobca mal prípadne napadnúť list zo 16. februára 2018, v ktorom MO oznámil svoj úmysel začať administratívne vyšetrovanie s cieľom doplnenia skutočností preukázaných OLAF‑om. Keďže toto vyšetrovanie nadväzuje na vyšetrovanie OLAF‑u a mohlo vyústiť do disciplinárneho konania, z predmetného listu implicitne vyplynulo, že prerušenie konania o invalidite nebude trvať len počas uvedeného vyšetrovania, ale predĺži sa aj na obdobie následného disciplinárneho konania. Po tretie sa EUIPO domnieva, že aj keby žalobca predložil administratíve spolu so sťažnosťou zo 14. júna 2019 v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku žiadosť o pokračovanie v konaní o invalidite, a táto na ňu neodpovedala, bola by uvedená žiadosť neprípustná jednak z dôvodu, že v čase jej podania už žalobca nebol úradníkom, a jednak preto, že táto žiadosť bola podaná po uplynutí primeranej lehoty s ohľadom na dátum ukončenia vyšetrovania OLAF‑om v novembri 2017. Okrem toho, aj keby bola uvedená žiadosť prípustná, odmietnutie administratívy obsiahnuté v rozhodnutí o zamietnutí sťažnosti by nebolo možné napadnúť v rámci tohto sporu, pretože žalobca nepodal sťažnosť proti takémuto implicitnému zamietnutiu, ktoré následne nadobudlo právoplatnosť. Žalobca s týmito tvrdeniami nesúhlasí. V prvom rade namieta, že ako vyplýva z interného oznámenia z 26. apríla 2019, konanie o invalidite sa skončilo v rovnakom čase, ako bolo prijaté napadnuté rozhodnutie. Ďalej vzhľadom na to, že definitívne ukončenie konania o invalidite nemá z hmotnoprávneho hľadiska samostatnú povahu vo vzťahu k napadnutému rozhodnutiu, ktorým sa o takomto ukončení rozhodlo, aj o postavení žalobcu v konaní o invalidite by sa s konečnou platnosťou rozhodlo v rámci tohto rozhodnutia. Uvedené rozhodnutie mu preto spôsobuje ujmu v rozsahu, v akom ho odvoláva z funkcie, definitívne ho vylučuje z konania o invalidite a zbavuje ho akejkoľvek odmeny alebo podpory. Podľa názoru žalobcu teda ide v podstate o akt, ktorého pôsobnosť zahŕňa viaceré rozhodnutia. Napokon žalobca spresňuje na jednej strane, že aj odmietnutie prijať rozhodnutie možno považovať za akt spôsobujúci ujmu, a na druhej strane, že sa takáto situácia podobá situácii, ktorá patrí do sporovej agendy v oblasti povyšovania. Okrem iného, čo sa týka tvrdenia uvedeného na pojednávaní, žalobca odpovedá, že nemohol napadnúť list zo 16. februára 2018, keďže tento list mal len povahu dočasného opatrenia. Za týchto okolností musí Všeobecný súd preskúmať, či tak, ako tvrdí žalobca, sa EUIPO v napadnutom rozhodnutí vyjadril aj ku konaniu o invalidite. V tomto ohľade treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry sa za akt spôsobujúci ujmu považuje akt, ktorý vyvoláva záväzné právne účinky spôsobilé priamo a bezprostredne ovplyvniť záujmy žalobcu tým, že významne mení jeho právne postavenie, pričom takýto akt musí byť vydaný príslušným orgánom a musí obsahovať konečné stanovisko administratívy (pozri uznesenie z 20. decembra 2019, ZU/ESVČ, T‑154/19 , neuverejnený, EU:T:2019:901 , bod a citovanú judikatúru). Tieto účinky treba posúdiť s ohľadom na objektívne kritériá, akým je obsah tohto aktu, prípadne zohľadniť okolnosti, za akých bol tento akt prijatý, ako aj právomoci inštitúcie, ktorá je jeho autorom (pozri uznesenie z 13. mája 2020, Lucaccioni/Komisia, T‑308/19 , neuverejnené, EU:T:2020:207 , bod a citovanú judikatúru). Okrem toho posúdenie opatrenia ako aktu spôsobujúceho ujmu nezávisí od jeho formy alebo jeho názvu, ale určuje sa na základe jeho obsahu a najmä s ohľadom na otázku, či vyvoláva záväzné právne účinky, ktoré môžu priamo a bezprostredne ovplyvniť záujmy žalobcu tým, že podstatným spôsobom zmenia jeho právne postavenie (pozri uznesenie zo 17. decembra 2019, AG/Europol, T‑756/18 , neuverejnené, EU:T:2019:867 , bod a citovanú judikatúru). V prvom rade EUIPO uviedol, jednak počas konania pred podaním žaloby a jednak v sporovom konaní, že konanie o invalidite stratilo svoj význam z dôvodu prijatia rozhodnutia o odvolaní z funkcie, o čom svedčí okrem iného aj interný záznam z 26. apríla 2019. MO predovšetkým v rozhodnutí o zamietnutí sťažnosti v zásade konštatoval, že keďže už žalobca nebol v službách Európskej únie, nemal právo podať návrh na začatie konania o invalidite. Vzhľadom na to, že prestal vykonávať svoju funkciu, už totiž nebolo potrebné začať takéto konanie s cieľom preskúmať, či bol alebo nebol spôsobilý vykonávať tieto funkcie. Záver, v zmysle ktorého rozhodnutie o odvolaní z funkcie vedie k tomu, že konanie o invalidite stratí svoj význam, však vyjadruje konečné rozhodnutie o výsledku tohto konania. V druhom rade treba zdôrazniť, ako správne tvrdí žalobca, že list zo 16. februára 2018 bol len predbežným opatrením, v ktorom sa neuvádzalo konečné stanovisko administratívy ku konaniu o invalidite. Podľa ustálenej judikatúry totiž v prípade, ak ide o akty alebo rozhodnutia, ktorých vypracovanie prebieha vo viacerých štádiách a najmä po skončení interného postupu, sa za napadnuteľné akty v zásade považujú len také opatrenia, ktoré obsahujú konečné stanovisko inštitúcie po skončení takéhoto konania s výnimkou predbežných opatrení, ktorých cieľom je pripraviť konečné rozhodnutie (pozri uznesenie z 13. mája 2020, Lucaccioni/Komisia, T‑308/19 , neuverejnené, EU:T:2020:207 , bod a citovanú judikatúru). Treba však konštatovať, že v uvedenom liste bolo jasne spresnené, že OLAF nemal právomoc vyjadriť sa ku skutočnostiam lekárskeho pôvodu, a preto sa časť vyšetrovania týkajúca sa tejto otázky môže uzavrieť až po uskutočnení vhodného lekárskeho vyšetrenia. Navyše aj z bodu 54 zápisnice z výsluchu pred disciplinárnou komisiou vyplýva, že samotný MO potvrdil, že každé lekárske rozhodnutie týkajúce sa žalobcu museli prijať lekári na základe vhodného lekárskeho vyšetrenia a postupu, z čoho vyplýva, že EUIPO nevylúčil možnosť podrobiť žalobcu ďalšiemu lekárskemu vyšetreniu s cieľom overiť, či sa potvrdí choroba, ktorou údajne trpel. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa preto musí vychádzať z predpokladu, že list zo 16. februára 2018 mal v konaní o invalidite len povahu predbežného opatrenia. Okrem toho treba odmietnuť tvrdenie EUIPO, podľa ktorého sťažnosť žalobcu zo 14. júna 2019 zahŕňala žiadosť v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku, ktorej predmetom bol návrh na pokračovanie v konaní o invalidite, t. j. žiadosť, ktorú mal EUIPO implicitne zamietnuť a ktorú žalobca riadne nenapadol. Ako totiž žalobca potvrdil v replike a na pojednávaní, jeho argumentácia, ktorú v tejto súvislosti uviedol, mala za cieľ spochybniť len ukončenie konania o invalidite, o ktorom sa už rozhodlo v napadnutom rozhodnutí. Z vyššie uvedených skutočností a najmä opísaného kontextu, v rámci ktorého bolo prijaté rozhodnutie o odvolaní z funkcie, vyplýva, že toto rozhodnutie zahŕňa konečné stanovisko administratívy vo vzťahu k disciplinárnemu konaniu a implicitne, avšak bez akýchkoľvek pochybností, aj vo vzťahu ku konaniu o invalidite. Keďže proti napadnutému rozhodnutiu bola z hľadiska týchto dvoch aspektov podaná predchádzajúca sťažnosť, musí byť žaloba vyhlásená za prípustnú aj v rozsahu, v akom sa týka definitívneho skončenia konania o invalidite. O dôvodnosti žaloby Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je v podstate založený na nezákonnosti skončenia konania o invalidite, druhý sa týka vád disciplinárneho konania a tretí porušenia článku 10 prílohy IX služobného poriadku. O prvom žalobnom dôvode založenom v zásade na nezákonnosti skončenia konania o invalidite [ omissis ] Všeobecný súd zdôrazňuje, že prvý žalobný dôvod sa v podstate delí na dve časti, z ktorých prvá je založená na porušení zásady riadnej správy vecí verejných a povinnosti starostlivosti a druhá na zneužití právomoci. – O prvej časti prvého žalobného dôvodu založeného na porušení zásady riadnej správy vecí verejných a povinnosti starostlivosti V rámci prvej časti žalobca namieta, že od okamihu prerušenia konania o invalidite sa v tomto konaní nikdy nepokračovalo ani sa opätovne nezačalo, a že jeho definitívne ukončenie v čase jeho odvolania z funkcie sa líšilo od jednoduchého prerušenia konania, ku ktorému sa administratíva zaviazala. V tomto ohľade žalobca tvrdenie EUIPO, v zmysle ktorého majú disciplinárne konania a konania o invalidite samostatnú povahu a navzájom sa neovplyvňujú, nepovažuje za relevantné a podľa jeho názoru ním nemožno odôvodniť jasné a jednoduché prerušenie konania o invalidite. Z dôvodu definitívneho ukončenia konania o invalidite sa však žalobca v súčasnosti ocitá bez príjmu na úrovni životného minima a bez dôchodku. Administratíva, ktorá mu neumožnila zúčastniť sa na konaní o invalidite, teda zjavne nekonala v súlade so svojou povinnosťou starostlivosti, pomoci a riadnej správy vecí verejných. V prvom rade bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o námietke neprípustnosti vznesenej EUIPO, treba zamietnuť výhradu žalobcu týkajúcu sa nesprávneho služobného postupu v rozsahu, v akom toto tvrdenie nie je dostatočne podložené, keďže žalobca sa v bode 67 žaloby obmedzil len na tvrdenie o existencii takéhoto pochybenia bez toho, aby uviedol akékoľvek tvrdenie na jeho podporu. Čo sa týka povinnosti starostlivosti, v tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa judikatúry uvedená povinnosť odráža rovnováhu medzi vzájomnými právami a povinnosťami vo vzťahoch medzi verejným orgánom a zamestnancami verejnej služby. Táto rovnováha znamená najmä to, že orgán pri rozhodovaní o postavení úradníka prihliada na všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodnutie, a zohľadňuje pritom nielen záujmy služby, ale predovšetkým aj záujmy dotknutého úradníka. Táto posledná uvedená povinnosť administratívy vyplýva aj zo zásady riadnej správy vecí verejných zakotvenej v článku 41 Charty základných práv Európskej únie (pozri rozsudok zo 16. októbra 2019Palo/Komisia, T‑432/18 , EU:C:2019:749 , bod a citovanú judikatúru). Okrem toho treba zdôrazniť, že povinnosti, ktoré správnemu orgánu vyplývajú z povinnosti starostlivosti sú omnoho prísnejšie v situácii, keď sa u úradníka preukázalo porušenie alebo hrozba porušenia jeho fyzického alebo psychického zdravia. V takom prípade musí administratíva preskúmať žiadosti takéhoto úradníka obzvlášť ústretovým spôsobom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 30. júna 2021, GW/Dvor audítorov, T‑709/19 , neuverejnený, EU:T:2021:389 , bod a citovanú judikatúru). Aj keď je napriek tomu možné, že povinnosť starostlivosti určitých okolností povedie MO k zníženiu, či dokonca k odpusteniu predpokladanej sankcie, zohľadnenie záujmov úradníka, vrátane jeho zdravotného stavu, nemôže naopak viesť až k tomu, že sa tomuto orgánu znemožní uložiť sankciu, a to aj najprísnejšiu sankciu odvolania z funkcie, v prípade mimoriadne závažných skutkových okolností, ktoré nemožno pripísať výlučne a ani prevažne zdravotnému stavu dotknutého úradníka (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. júla 1998, Y/Parlament, T‑144/96 , EU:F:1998:173 , bod ). Napokon treba poznamenať, že žiadne ustanovenie služobného poriadku nestanovuje, že prijatím rozhodnutia o definitívnom skončení služobného pomeru, akým je odvolanie z funkcie, stráca konanie o invalidite začaté v čase, keď bol úradník ešte v službe, svoj význam. V tejto súvislosti Súdny dvor spresnil, že vypovedanie pracovnej zmluvy dočasného zamestnanca nemôže byť na ujmu ukončeniu práce posudkovej komisie a prípadnému uznaniu invalidity, ku ktorej došlo pred vypovedaním pracovnej zmluvy, ani ovplyvniť práva dotknutého zamestnanca po skončení konania, ktoré sa na neho vzťahuje (rozsudok z 19. júna 1992, V./Parlament, C‑18/91 P , EU:C:1992:269 , bod ). V prejednávanej veci je nesporné, že konanie o invalidite bolo prerušené po dobu vyšetrovania OLAF‑om a ďalej sa v ňom nepokračovalo a že podľa EUIPO stratilo konanie o invalidite svoj význam vzhľadom na rozhodnutie o odvolaní z funkcie, pretože po odvolaní žalobcu z funkcie už nebolo možné v tomto konaní pokračovať. V prvom rade však treba uviesť, že ako vyplýva z judikatúry citovanej v bode 69 vyššie, žiadne ustanovenie služobného poriadku nestanovuje, že v prípade, ak inštitúcia rozhodla o prerušení konania o invalidite začatého v čase, keď bol žalobca ešte vo funkcii, nemožno v tomto konaní pokračovať po zániku funkcie dotknutej osoby na základe rozhodnutia o jej odvolaní. Ďalej treba konštatovať, že Všeobecný súd v bode 53 rozsudku [ dôverné ] spresnil, že hoci EUIPO nemal povinnosť automaticky prevziať závery formulované posudkovou komisiou, voľná úvaha, ktorou disponuje pri posudzovaní vyjadrenia posudkovej komisie, mu neumožňuje, aby bez časového obmedzenia a bez odôvodnenia odmietal vydať rozhodnutie založené na posudku uvedenej komisie. Administratíva teda nemôže namietať, že v konaní o invalidite, ktoré sa začalo v dobe, keď bol žalobca vo funkcii, nebolo možné pokračovať z dôvodu, že žalobca je už odvolaný z funkcie. Naopak EUIPO si tým, že definitívne ukončil konanie o invalidite a pritom nezohľadnil záujem žalobcu na pokračovaní v uvedenom konaní, nesplnil svoju povinnosť starostlivosti a porušil zásadu riadnej správy vecí verejných. Ako už bolo totiž uvedené v bode 66 vyššie, verejný orgán pri rozhodovaní o postavení úradníka prihliada na všetky skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodnutie, a zohľadňuje pritom nielen záujmy služby, ale predovšetkým záujmy dotknutého úradníka. V priebehu konania o invalidite preto administratíva mala zohľadniť existenciu disciplinárneho konania, ktorého výsledok mohol prípadne viesť k odvolaniu žalobcu z funkcie, a s prihliadnutím na jeho záujem buď ukončiť konanie o invalidite pred prijatím rozhodnutia o odvolaní z funkcie, alebo umožniť jeho ďalšie pokračovanie. Na záver treba poznamenať, že aj samotný normotvorca Únie chcel v rámci článku 9 prílohy IX služobného poriadku úradníkom, resp. bývalým úradníkom, ktorí už vzhľadom na svoj vek alebo svoj zdravotný stav ďalej nemôžu pracovať, poskytnúť istotu, že aj v prípade najzávažnejšieho disciplinárneho postihu, t. j. odvolania z funkcie, sa im poskytne aspoň životné minimum. Tento záver, v zmysle ktorého si EUIPO nesplnil svoju povinnosť starostlivosti a porušil zásadu riadnej správy vecí verejných, nevyvracia ani jeho tvrdenie, v zmysle ktorého bol žalobca povinný administratíve predložiť v primeranej lehote žiadosť o pokračovanie v konaní o invalidite. Na jednej strane, ako vyplýva aj z bodu 53 rozsudku [ dôverné ], takáto iniciatíva mala vychádzať od inštitúcie, a nie od žalobcu. Na druhej strane zo všeobecnej štruktúry článku 59 ods. 4 služobného poriadku vyplýva, že v situácii, keď konanie o invalidite začne MO predložením prípadu úradníka, ktorého nemocenská dovolenka v období troch rokov presiahla 12 mesiacov, posudkovej komisii, je o to dôležitejšie, aby práve tento orgán pokračoval v prerušenom konaní a ukončil ho. Na základe vyššie uvedených úvah treba vyhovieť prvej časti tohto žalobného dôvodu a následne bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o druhej časti založenej na zneužití právomoci, zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom definitívne ukončuje konanie o invalidite. [ omissis ] Z týchto dôvodov VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora) rozhodol takto: 1. Rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. marca 2019 sa zrušuje v rozsahu, v akom definitívne ukončuje konanie o invalidite IB. 2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. 3. Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania. Kanninen Półtorak Stancu Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. októbra 2021. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: francúzština. ( ) Uvádzajú sa iba tie body tohto rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.

62006CJ0280

et

Eelotsusetaotlus puudutab EÜ artikli 81 ja sellele järgnevate artiklite ning ühenduse õiguse üldpõhimõtete tõlgendamist. Taotlus esitati Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Itaalia konkurentsiasutus, edaspidi „konkurentsiasutus”) ja Ente tabacchi italiani – ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. ja Philip Morris International Management SA (edaspidi kõik need äriühingud koos „Philip Morris kontserni äriühingud”) ning Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Itaalia riiklike monopolide sõltumatu haldusorgan, edaspidi „AAMS”) vahelises menetluses seoses sigarettide hinnakokkulepetega. Õiguslik raamistik Itaalia õigus sisaldab 10. oktoobri 1990. aasta seaduse nr 287 norme per la tutela della concorrenza e del mercato (seadus konkurentsi ja turu kaitse kohta; GURI nr 240, , lk 3; edaspidi „seadus nr 287/90”) I jaotises eelkõige järgmisi sätteid: „Artikkel 1 […] 1.   Käesoleva seaduse sätteid, mis on vastu võetud põhiseaduse artikli 41 alusel eesmärgiga kaitsta ja tagada ettevõtlusvabadust, kohaldatakse kõigi kartellikokkulepete, turgu valitseva seisundi kuritarvitamiste ja ettevõtjate koondumiste suhtes, mis ei kuulu Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu artiklite 65 ja/või 66, Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) asutamislepingu artiklite 85 ja/või 86, EMÜ määruste ega samaväärse õigusliku mõjuga ühenduse meetmete kohaldamisalasse. […] 4.   Käesoleva jaotise sätete tõlgendamisel tuleb juhinduda ühenduse õiguse põhimõtetest konkurentsiõiguse valdkonnas. Artikkel 2 […] 1.   Kartellikokkulepetena käsitatakse ettevõtjatevahelisi leppeid ja/või kooskõlastatud tegevust ning ka konsortsiumide, ettevõtjate ühenduste ja muude samalaadsete organisatsioonide otsuseid, isegi kui need on vastu võetud põhikirja või muu äritegevust reguleeriva dokumendi alusel. 2.   Keelatud on ettevõtjatevahelised kokkulepped, mille eesmärk või tagajärg on püsivalt takistada, piirata või kahjustada siseturu või selle olulise osa konkurentsi, sh tegevus, millega: a) määratakse otseselt või kaudselt kindlaks ostu- või müügihinnad või mis tahes muud tehingutingimused; b) takistatakse või piiratakse tootmist, turustamist, turule pääsu, investeeringuid, tehnilist arengut või tehnoloogia edendamist; c) jagatakse turge või tarneallikaid; d) rakendatakse võrdväärsete tehingute puhul objektiivselt erinevaid tingimusi, pannes kaubanduspartnerid sellega põhjendamatult ebasoodsasse konkurentsiolukorda; e) seatakse lepingu sõlmimise eeltingimuseks teise poole nõusolek võtta endale lisakohustusi, mis ei ole oma laadilt ega kaubandustavade poolest seotud sellise lepingu objektiga. 3.   Kõik keelatud kokkulepped on tühised.” Selle seaduse II jaotis käsitleb konkurentsiasutust, mille asutamine nähakse ette artikli 10 lõikes 1. Nimetatud seaduse II jaotises asuva artikli 15 lõige 1 sätestab: „Kui […] konkurentsiasutus tuvastab artiklite 2 või 3 rikkumise, siis määrab ta asjaomastele ettevõtjatele ja asutustele tähtaja rikkumiste kõrvaldamiseks. Raskuse ja kestuse poolest olulise rikkumise korral on tal lisaks õigus määrata trahv summas kuni 10% teate kättetoimetamisele eelnenud asjaomase ettevõtja või asutuse majandusaasta käibest, samuti määrata tähtajad nimetatud trahvi tasumiseks.” Seaduse nr 287/90 VI jaotise artikkel 31 näeb ette: „Käesoleva seaduse sätete rikkumise eest määratud trahvidele kohaldatakse vastavas ulatuses 24. novembri 1981. aasta seaduse nr 689 I peatüki I ja II jao sätteid.” AAMS loodi 8. detsembri 1927. aasta kuningliku dekreetseadusega nr 2258 istitutivo dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (seadus riiklike monopolide sõltumatu haldusorgani asutamise kohta; GURI nr 288, ). See riigi haldusorgan, mis allub majandus- ja rahandusministeeriumile, haldas kuni 1999. aasta veebruarini tubakamonopoli. Pärast seda AAMS jätkas avalik-õiguslike ülesannete täitmist tubakasektoris. Lisaks tegeleb ta äritegevusega hasartmängude, eelkõige loteriisektoris. AAMS on nii haldustehniliselt kui ka rahastamise ja raamatupidamise seisukohalt sõltumatu, kuid ei ole eraldiseisev juriidiline isik. Alates 1. märtsist 1999 kujundati tubakasektoris kuni selle ajani kogu tootmise ja müügitegevusega tegelenud AAMS ümber uueks avalik-õiguslikuks asutuseks, mis asutati . aasta seadusandliku dekreediga nr 283 istituzione dell’Ente tabacchi italiani (seadus Itaalia tubakaameti asutamise kohta, GURI nr 190, , lk 3; edaspidi „seadusandlik dekreet nr 283/98”). Sellele asutusele anti üle kõik AAMS-ile kuulunud varad ja kohustused AAMS-i tegevusvaldkondades. Selle asutuse nõukogu . aasta otsusega kujundati ta ümber aktsiaseltsiks Ente Tabacchi Italiani – ETI SpA (edaspidi „ETI”). Selle aktsiaseltsi kogu aktsiakapitali omas esialgu majandus- ja rahandusministeerium. Ministeeriumi poolt 2003. aastal väljakuulutatud riigihanke tulemusena ETI erastati ja selle ainuomanik on British American Tobacco plc (edaspidi „BAT”), Inglise õiguse alusel asutatud valdusäriühing, kes kuulub BAT-British American Tobacco kontserni. Põhikohtuasjad ja eelotsuse küsimused 13. märtsi 2003. aasta otsusega, mis tehti pärast konkurentsiasutuse poolt 2001. aasta juunikuus algatatud uurimist, tuvastas konkurentsiasutus, et Philip Morrise kontserni äriühingud koos AAMS-iga, hiljem Ente tabacchi italianiga ja lõpuks ETI-ga sõlmisid ja viisid ellu kartellikokkuleppe, mille eesmärk ja tagajärg oli konkurentsi kahjustamine seoses sigarettide jaemüügihinnaga Itaalia siseturul aastatel 1993–2001, millega nad rikkusid seaduse nr 287/90 artikli 2 lõike 2 punkte a ja b. Konkurentsiasutus määras trahvid, mis moodustasid Philip Morrise kontserni äriühingute osas kokku 50 miljonit eurot ja ETI osas 20 miljonit eurot. Konkurentsiasutus leidis, et ETI vastutab ka AAMS-i tegevuse eest enne 1. märtsi 1999, põhjendades oma otsust sellega, et kui AAMS-i majandustegevus tubakatoodete valmistamise ja turustamise valdkonnas lõppes, võeti kõnealune majandustegevus üle Ente tabacchi italiani (nüüd ETI) poolt. Neil põhjustel on ETI, hoolimata sellest, et AAMS-i ei lõpetatud, majandusliku järjepidevuse tingimuse alusel AAMS-i õigusjärglane. Selle otsuse peale esitasid kõik asjaomased ettevõtjad kaebuse Tribunale amministrativo regionale del Lazio’le (Lazio piirkondlik halduskohus). Nimetatud kohus jättis Philip Morrise kontserni äriühingute esitatud kaebuse rahuldamata ja rahuldas osaliselt ETI kaebuse ning tühistas viidatud otsuse osas, milles nähti ette, et ETI vastutab AAMS-i tehtu eest. Nimetatud kohus põhjendas oma hinnangut isikliku vastutuse tingimusega. ETI ja Philip Morrise kontserni äriühingute poolt Tribunale amministrativo regionale del Lazio otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse jättis Consiglio di Stato (kõrgeim halduskohus) oma esimeses, 8. novembri 2005. aasta otsuses rahuldamata osas, milles nad vaidlustasid konkurentsieeskirjade rikkumise. Consiglio di Stato märkis eelotsusetaotluses ETI vastutuse kohta AAMS-i rikkumise eest, et AAMS-i tegevuse üleandmine Ente tabacchi italianile tähistas selgelt eelneva korraldus- ja haldusmudeli järjepidevuse katkemist. Enne asjaomase tegevuse üleandmist Ente tabacchi italianile, mis on nüüd ETI, kirjeldas seda mudelit riigist sõltumatu haldamisega AAMS-ile hulga avalike majanduslike ja haldusülesannete üleandmine, mis seadis selle sõltuvusse poliitilisest võimust. Seda seost ei esine uue üksuse puhul, mille tegevus on puhtalt äriline. Pealegi märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et kuigi AAMS ei tegele enam äritegevusega tubakasektoris, jätkab ta siiski konkurentsiõigusele alluvat majandustegevust. Consiglio di Stato arvates räägivad need üksikasjad majandusliku järjepidevuse tingimuse kohaldamise vastu. Consiglio di Stato otsustas siiski pöörduda Euroopa Kohtu poole ühenduse konkurentsiõiguse tingimuste – millele viitab seaduse nr 287/90 artikli 1 lõige 4 – kohaldamise küsimuses. Seetõttu otsustas ta menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: „1. Milline on asutamislepingu [EÜ] artikli 81 ja järgnevate artiklite ning ühenduse õiguse üldpõhimõtete kohaselt tingimus, mida tuleb kohaldada selle ettevõtja kindlakstegemiseks, keda konkurentsieeskirjade rikkumise eest karistada, kui tegudest, mis on karistatavad kui tervik, pani viimase osa toime ettevõtja, kes on asjaomases majandussektoris varasema ettevõtja õigusjärglane, ja kui [varasem ettevõtja], olgugi et ta pole veel lõpetatud, ei tegutse enam äriühinguna vähemalt selles majandussektoris, mida karistus puudutab? 2. Kas selleks, et vältida konkurentsieeskirjade kasuliku mõju kahjustamist ettevõtjate õigusliku vormi muutumise tõttu, peab konkurentsiõiguse kohaldamise eest vastutav ametiasutus karistatava isiku kindlakstegemisel hindama kaalutlusõiguse alusel nende asjaolude olemasolu, mis õigustavad juriidilise isiku poolt toime pandud konkurentsieeskirjade rikkumise eest tema õigusjärglase vastutusele võtmist, isegi siis, kui see juriidiline isik on otsuse tegemise ajal veel olemas?” Euroopa Kohtu pädevus Kuna Euroopa Ühenduste Komisjon on väljendanud kahtlust Euroopa Kohtu pädevuse osas, tuleb kõigepealt hinnata seda. Euroopa Kohtule esitatud märkused Komisjon toob esile, et vaidlus põhikohtuasjas käsitleb sellise siseriikliku konkurentsiasutuse otsuse kehtivust, kes kohaldas enne nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (ELT 2003, lk 1, punkt 1; ELT eriväljaanne 02/08, lk 205) jõustumist ainult siseriiklikke õigusnorme, mis keelavad kartellikokkulepped, mitte EÜ artiklit 81. Komisjon leiab, et seaduse nr 287/90 artikli 1 lõige 4, mille kohaselt tuleb selle seaduse I jaotise sätete tõlgendamisel juhinduda ühenduse konkurentsiõiguse põhimõtetest, ei ole selles osas asjakohane. Komisjoni arvates oli põhikohtuasjas tegemist hoopis selle määratlemisega, millised on „asjaomased ettevõtjad ja asutused” vastavalt selle seaduse II ja VI jaotisse kuuluva artikli 15 ja selles seaduses trahvirežiimi käsitleva artikli 31 tähenduses. Nimetatud artikli 1 lõiget 4 võib võtta arvesse, kui tõlgendatakse ettevõtja mõistet, mis on ühesugune EÜ artikli 81 ja seaduse nr 287/90 lõikes 2, kuid mitte siis, kui määratakse kindlaks, milline on karistatav ettevõtja. Komisjon lisab, et isegi kui põhikohtuasjas oli lubatav kohaldada seaduse nr 287/90 viidet ühenduse õiguse põhimõtetele, tuleneb Euroopa Kohtu praktikast siiski, et eelotsuse küsimused on vastuvõetamatud. Komisjon viitab selles suhtes 28. märtsi 1995. aasta otsusele kohtuasjas C-346/93: Kleinwort Benson (EKL 1995, lk I-615) ja märgib, et asjaomane seadus ei täpsusta seda, et siseriiklikud kohtud peavad täielikult ja tingimusteta kohaldama Euroopa Kohtu tõlgendusi. Viimati nimetatuga seoses märgib komisjon, et Tribunale amministrativo regionale del Lazio põhjendas oma otsust Itaalia õigusnormidega trahvide valdkonnas, millele viitab seaduse nr 287/90 artikkel 31. Samuti arvestas Consiglio di Stato konkurentsiasutuse argumentidega, mis tuginevad Itaalia õigusele vastutuse valdkonnas. See tõendab, et Itaalia kohtunike ja juristide jaoks moodustab ühenduse konkurentsiõigus ainult ühe elemendi teiste hulgas, mida arvestatakse kohaldatavate siseriiklike õigusnormide tõlgendamisel. ETI ja Philip Morrise kontserni äriühingud leiavad seevastu, et Euroopa Kohus on pädev eelotsusetaotlust lahendama. Euroopa Kohtu pädevuse osas seisukohta võtmata rõhutab Itaalia valitsus, et Euroopa Kohtu vastus on Consiglio di Statole tarvilik seaduse nr 287/90 artikli 1 lõikes 4 esineva viite tõttu ühenduse õigusele. Euroopa Kohtu hinnang EÜ artikkel 234 on õigusalase koostöö vahend, mille abil Euroopa Kohus saab siseriiklikele kohtutele anda juhiseid ühenduse õiguse tõlgendamiseks, mis võivad olla nende lahendatavas kohtuasjas kasulikud siseriikliku õigusnormi mõju hindamisel (15. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C-300/01: Salzmann, EKL 2003, lk I-4899 , punkt 28 ja seal viidatud kohtupraktika, ning . aasta otsus kohtuasjas C-448/01: EVN ja Wienstrom, EKL 2003, lk I-14527 , punkt 77). Kui eelotsuse küsimused puudutavad ühenduse õiguse tõlgendamist, on Euroopa Kohus reeglina kohustatud otsuse langetama (eespool viidatud kohtuotsus Salzmann, punkt 29, ja 18. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas C-119/05: Lucchini, EKL 2007, lk I-6199 , punkt 43). Lahendades seda laadi eelotsusetaotlusi, kus ühenduse õigusnormid, mille tõlgendamist taotletakse, on kohaldatavad ainult seoses siseriiklikust õigusest tuleneva viite tõttu, on Euroopa Kohus järjepidevalt leidnud, et kui siseriiklikus õiguses järgitakse puhtalt siseriiklikku laadi olukordade reguleerimisel ühenduse õiguses sätestatut, on lahknevate tõlgenduste vältimiseks tulevikus ilmselgelt ühenduse huvides anda ühenduse õigusest tulenevatele sätetele ja mõistetele ühtne tõlgendus, olenemata nende kohaldamise asjaoludest (vt selle kohta eelkõige 18. oktoobri 1990. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-297/88 ja C-197/89: Dzodzi, EKL 1990, lk I-3763 , punkt 37; . aasta otsus kohtuasjas C-28/95: Leur-Bloem, EKL 1997, lk I-4161 , punkt 32; . aasta otsus kohtuasjas C-1/99: Kofisa Italia, EKL 2001, lk I-207 , punkt 32; . aasta otsus kohtuasjas C-222/01: British American Tobacco, EKL 2004, lk I-4683 , punkt 40, ja . aasta otsus kohtuasjas C-3/04: Poseidon Chartering, EKL 2006, lk I-2505 , punkt 16). Tegelikult ei nähtu ei EÜ artikli 234 sõnastusest ega selle artikliga kehtestatud menetluse esemest, et EÜ asutamislepingu loojad oleksid kavatsenud Euroopa Kohtu pädevusest välistada eelotsusetaotlused, mis käsitlevad ühenduse õigusnormi sellistel erijuhtudel, mil liikmesriigi õiguses viidatakse ühenduse sätte sisule, et määrata kindlaks puhtalt siseriiklikku laadi olukorra suhtes kohaldatavad õigusnormid (eespool viidatud kohtuotsus Dzodzi, punkt 36; eespool viidatud kohtuotsus Leur-Bloem, punkt 25, ja 14. detsembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-217/05: Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, EKL 2006, lk I-11987 , punkt 19). Eespool viidatud kohtupraktika kohaldamise osas käesoleva eelotsusetaotluse lahendamisel tuleb sedastada, et siseriiklikku laadi olukordade reguleerimisel järgivad seaduse nr 287/90 I jaotise sätted puhtalt ühenduse õiguses sätestatut. Nimelt näeb seaduse nr 287/90 artikli 1 lõige 4 ette, et I jaotise sätteid tõlgendatakse lähtudes ühenduse konkurentsiõiguse põhimõtetest. Selle seaduse artiklid 2 ja 3, mis kuuluvad samasse jaotisse, kordavad mutatis mutandis EÜ artiklite 81 ja 82 sõnastust. Lisaks sellele ei anna seaduse nr 287/90 artikli 1 lõige 4, eelotsusetaotlus ega muud Euroopa Kohtule esitatud toimikumaterjalid alust arvata, et selles sättes esitatud viide ühenduse õigusele, mida asjaomane õigusnorm sisaldab, oleks tingimuslik. Vastavalt eespool viidatud kohtupraktikale on seega ilmselgelt ühenduse huvides anda ühtne Euroopa Kohtu otsustel põhinev ühenduse õigusnormide tõlgendus eelotsusetaotluse kohta juhul, kui tõusetub kahtlus nende kohaldamise suhtes siseriiklikus õiguses ühenduse õigusnormidele viitamise tõttu. Komisjoni argumendi osas, mille kohaselt vaidlused põhikohtuasjas kuuluvad ainuüksi seaduse nr 287/90 II ja VI jaotise kohaldamisalasse, kuna selle seaduse I jaotisesse kuuluva artikli 1 lõige 4 ei ole asjakohane, tuleb sedastada, et seda hinnangut ei toetanud Consiglio di Stato, kes põhjendas eelotsusetaotlust nimetatud artikli 1 lõikele 4 otsesõnu viidates. Selles osas tuleb meenutada, et Euroopa Kohtu ülesanne ei ole kontrollida õigusliku raamistiku õigsust, mille on omal vastutusel määratlenud siseriiklik kohus (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Salzmann, punkt 31; 1. detsembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-213/04: Burtscher, EKL 2005, lk I-10309 , punkt 35, ja . aasta otsus liidetud kohtuasjades C-222/05–C-225/05: van der Weerd jt, EKL 2007, lk I-4233 , punkt 22). Mis lõpuks puudutab komisjoni argumenti, mille kohaselt ühenduse õigus on ainult üks element teiste hulgas, mida võetakse arvesse seaduse nr 287/90 I jaotise sätete tõlgendamisel, ning mille kohaselt Itaalia kohtud ei pea absoluutselt ja tingimusteta kohaldama Euroopa Kohtu tõlgendusi, siis piisab, kui märkida, et konkurentsiasutus ja Tribunale amministrativo regionale del Lazio on põhjendanud oma otsust ja kohtuotsust ühenduse õiguse ja kohtupraktikaga ja et Consiglio di Stato põhjendas oma eelotsusetaotlust kaalutlusega, et talle on seda tõlgendust vaja, et teada, millist tingimust ta peab võtma arvesse kooskõlas ühenduse konkurentsiõiguse põhimõtetega vastavalt seaduse nr 287/90 artikli 1 lõike 4 viitele. Kõigist eespool esitatud põhjendustest tulenevalt on Euroopa Kohus pädev asjaomast eelotsusetaotlust lahendama. Eelotsuse küsimused Oma kahe eelotsuse küsimusega, mida tuleb uurida koos, soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, millised on EÜ artikli 81 ja järgnevate artiklite ning vajadusel kõikide teiste asjaomaste ühenduse õigusnormide kohaselt tingimused, mida tuleb kohaldada selle ettevõtja kindlakstegemiseks, keda konkurentsieeskirjade rikkumise eest karistada ettevõtjate õigusjärgluse puhul, eelkõige siis, kui sellisest rikkumisest viimase osa pani toime rikkumist alustanud üksuse õigusjärglane ja kui rikkumist alustanud üksus, kes ei tegutse enam majandussektoris, mida karistus puudutab, pole veel lõpetatud. Euroopa Kohtule esitatud märkused ETI on seisukohal, et ajaomaseks kriteeriumiks on isikliku vastutuse tingimus. Sellest tingimusest kõrvalekaldumine on võimalik ainult erandjuhtudel selleks, et kaitsta konkurentsieeskirjade kasulikku mõju. Sellistel juhtudel võib rikkumiste eest vastutusele võtta ka mõne teise isiku kui selle, kes omas rikkumise hetkel kontrolli ettevõtja üle, isegi juhul, kui viimati nimetatu ei ole lõpetatud. Selliseid erandlikke asjaolusid ei esine siiski siis, kui – nagu põhikohtuasjas – rikkumise eest on võimalik vastutusele võtta isik, kes juhtis ettevõtjat hetkel, kui rikkumine toime pandi. Philip Morrise kontserni äriühingud leiavad, et isikliku vastutuse tingimust kohaldatakse kõigil juhtudel, kui isik, kes on faktiliselt toime pannud rikkumise, eksisteerib edasi, tegeleb äritegevusega ja võib täita karistuse määranud konkurentsiasutuse otsuse. Nimetatud äriühingud märgivad, et ühenduse õigussüsteem ei võimalda kõrvale kalduda isikliku vastutuse tingimusest, välja arvatud olukorras, kui õigussubjekti enam ei eksisteeri ja kui seetõttu ei ole talle võimalik määrata karistusi. Tuginemine majandusliku järjepidevuse tingimusele on õigustatud ainult juhul, kui on vaja tagada konkurentsieeskirjade tõhus kohaldamine. Itaalia valitsuse arvates toob majandusliku järjepidevuse tingimus kaasa selle isiku vastutuse, kes jätkas ja viis lõpule teise isiku alustatud konkurentsieeskirjade vastase käitumise, kõigil juhtudel, kui rikkumisega seotud ja teiseks juriidiliseks isikuks ümber kujundatud ettevõtja on majanduslikus mõttes ja ülesehituse ning ülesannete poolest identne eelmisega. Selles osas ei ole oluline see, kas isik, kes loovutas selle ettevõtja, veel formaalselt eksisteerib ning kas ta tegutseb edasi teistel tegevusaladel või mitte. Käesoleval juhul tuleneb seadusandlikust dekreedist nr 283/98, et AAMS-i hallatav ettevõte ja see ettevõte, mida haldab Ente tabacchi italiani, nüüd ETI, on samad. Lisaks on AAMS-i ja ETI ülesehituselt omavahel seotud, kuna mõlemad asutas majandus- ja rahandusministeerium. Komisjon on seisukohal, et juhtudel, kui rikkumise pani toime ettevõtja, mida haldab liikmesriigi asutus, millel on iseseisva otsustamise õigus ja mille asjaomane majandustegevus on antud üle teisele õigussubjektile, määratakse selle käitumise eest karistused asjaomasele riigiasutusele isegi siis, kui see pärast loovutamist jätkas äritegevust mõnes muus majandussektoris kui see, mida selline käitumine puudutas. Seevastu juhul, kui asjaomane riigiasutus pärast loovutamist lõpetab äritegevuse, tuleb määrata karistused õigussubjektile, millele anti üle asjaomane majandustegevus. Euroopa Kohtu vastus Kohtupraktika kohaselt viitab ühenduse konkurentsiõigus ettevõtjate tegevusele (7. jaanuari 2004. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P: Aalborg Portland jt vs. komisjon, EKL 2004, lk I-123 , punkt 59) ja sellele, et ühenduse konkurentsiõiguse valdkonnas hõlmab ettevõtja mõiste mis tahes majandustegevusega tegelevat üksust, sõltumata selle üksuse õiguslikust vormist ja rahastamisviisist (vt eelkõige . aasta otsus liidetud kohtuasjades C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P–C-208/02 P ja C-213/02 P: Dansk Rørindustri jt vs. komisjon, EKL 2005, lk I-5425 , punkt 112; . aasta otsus kohtuasjas C-222/04: Cassa di Risparmio di Firenze jt, EKL 2006, lk I-289 , punkt 107, ja . aasta otsus kohtuasjas C-205/03 P: FENIN vs. komisjon, EKL 2006, lk I-6295 , punkt 25). Juhul kui selline üksus rikub konkurentsieeskirju, tuleb tal isikliku vastutuse põhimõtte alusel ka selle rikkumise eest vastutada (vt selle kohta 8. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas C-49/92 P: komisjon vs. Anic Partecipazioni, EKL 1999, lk I-4125 , punkt 145, ja . aasta otsus kohtuasjas C-279/98 P: Cascades vs. komisjon, EKL 2000, lk I-9693 , punkt 78). Seevastu vastuseks küsimusele, millistel asjaoludel võib üksust, kes ei ole rikkumist toime pannud, siiski selle eest karistada, tuleb esmalt tõdeda, et selline eeldus tekib olukorras, kus üksus, kes pani rikkumise toime, on lõpetatud õiguslikus (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus komisjon vs. Anic Partecipazioni, punkt 145) või majanduslikus mõttes. Viimati nimetatud olukorra kohta tuleb sedastada, et karistus, mis on määratud ettevõtjale, kelle olemasolu õiguslikult säilib, kuid kes ei tegele enam äritegevusega, võib kaotada oma hoiatava mõju. Järgnevalt tuleb märkida, et juhul, kui ei oleks ette nähtud ühtegi võimalust määrata karistust muule üksusele kui see, kes rikkumise toime pani, võiksid ettevõtjad hoida kõrvale karistustest ainuüksi selle asjaolu abil, et nende identiteeti muudetakse restruktureerimise, loovutamise või teiste õiguslike või organisatsiooniliste muudatuste teel. Sellega kahjustataks konkurentsieeskirjadega vastuolus oleva tegevuse eest karistamise ja hoitavate karistuste abil sellise tegevuse kordumise ärahoidmise eesmärki (15. juuli 1970. aasta otsus kohtuasjas 41/69: ACF Chemiefarma vs. komisjon, EKL 1970, lk 661 , punkt 173; . aasta otsus kohtuasjas C-289/04 P: Showa Denko vs. komisjon, EKL 2006, lk I-5859 , punkt 61, ja . aasta otsus kohtuasjas C-76/06 P Britannia Alloys & Chemicals vs. komisjon, EKL 2007, lk I-4405 , punkt 22). Seega, nagu Euroopa Kohus on juba sedastanud, juhul kui üksus, mis on toime pannud konkurentsieeskirjade rikkumise, kujundatakse ümber õiguslikult või organisatsiooniliselt, ei too selline ümberkujundamine ilmtingimata kaasa uue ettevõtja asutamist, kes ei vastuta eelneva üksuse konkurentsieeskirjade vastase käitumise eest, juhul kui need kaks üksust on majanduslikus mõttes identsed (vt selle kohta 28. märtsi 1984. aasta otsus liidetud kohtuasjades 29/83 ja 30/83: Compagnie royale asturienne des mines ja Rheinzink vs. komisjon, EKL 1984, lk 1679 , punkt 9, ja eespool viidatud kohtuotsus Aalborg Portland jt vs. komisjon, punkt 59). Vastavalt viidatud kohtupraktikale ei oma rikkumise toime pannud üksuste ja nende õigusjärglaste õiguslik vorm tähtsust. Õigusjärglasele rikkumise eest karistuse määramine ei saa seega olla välistatud üksnes seetõttu, et – nagu põhikohtuasjades – tal on teine õiguslik vorm ja ta tegutseb teisel alusel kui üksus, mille õigusjärglane ta on. Samuti ei oma tähtsust asjaolu, et tegevust ei otsustanud üle anda mitte eraisikud, vaid seadusandja erastamise eesmärgil. Nimelt ei saa liikmesriigi ametiasutuste võetud ettevõtja restruktureerimis- või reorganiseerimismeetmed tuua õiguspäraselt kaasa ühenduse konkurentsiõiguse kasuliku mõju kahjustamist (vt selle kohta 12. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas C-415/03: komisjon vs. Kreeka, EKL 2005, lk I-3875 , punktid 33 ja 34). Eelotsusetaotlusest ja Euroopa Kohtule esitatud toimikust tuleneb, et põhikohtuasjades jätkas Ente tabacchi italiani ehk nüüd ETI AAMS-i majandustegevust kartellikokkuleppega hõlmatud turul. Isegi kui AAMS jätkas majandustegevust teistel turgudel, võib ETI-t neil asjaoludel pidada sigarettide hinnakokkuleppega seotud menetluste raames AAMS-i majandustegevuse jätkajaks. Vastuseks küsimusele, kas selline juhtum, millega on tegemist põhikohtuasjas, vastab asjaoludele, mille puhul üht majandusüksust saab karistada teise üksuse poolt toimepandud rikkumise eest, tuleb esmalt sedastada, et asjaolu, et AAMS ei ole juriidiline isik (vt käesoleva kohtuotsuse punkt 6), ei õigusta karistuse määramist tema õigusjärglasele rikkumise eest, mille pani toime AAMS Seevastu AAMS-i toimepandud rikkumise eest karistuse määramist ETI-le võib õigustada asjaolu, et viimati nimetatut ja AAMS-i kontrollib sama ametiasutus. Selles osas tuleb meenutada, et juhul, kui kaks üksust moodustavad ühe majandusüksuse, ei takista asjaolu, et rikkumise toimepannud üksust enam ei eksisteeri, iseenesest karistamast üksust, millele anti üle tema majandustegevus (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Aalborg Portland jt vs. komisjon, punktid 355–358). Eelkõige on selline karistamine lubatav juhul, kui üksuseid kontrollib sama isik ning nende tihedate majanduslike ja organisatsiooniliste seoste tõttu kohaldatakse nende suhtes sisuliselt samu ettevõtlusalaseid eeskirju. Põhikohtuasjades ei ole vaidlust küsimuses, et AAMS ja ETI kuulusid nende õigusvastase käitumise ajal samale avalik-õiguslikule asutusele, st majandus- ja rahandusministeeriumile. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas sigarettide hinnakokkulepetes osalemise ajal see avalik-õiguslik asutus neid kontrollis. Juhul kui see oli nii, siis tuleks järeldada, et isikliku vastutuse põhimõte ei takista AAMS-i poolt alustatud ja ETI poolt jätkatud rikkumise eest kogu karistuse määramist viimati nimetatule. Eespool toodud põhjendustest lähtudes tuleb esitatud küsimustele vastata, et EÜ artiklit 81 ja järgnevaid artikleid tuleb tõlgendada nii, et kui üksuste puhul, mida kontrollib sama ametiasutus, esines käitumine, mis kujutab endast konkurentsieeskirjade ühte ja sama rikkumist, mida esialgu teostas üks üksus ja mille seejärel viis lõpule teine üksus, mis on selle esimese üksuse õigusjärglane nii, et esimene üksus ei ole lõpetatud, saab seda teist üksust karistada kogu selle rikkumise eest tervikuna juhul, kui on tõendatud, et neid mõlemaid üksusi kontrollis sama ametiasutus. Kohtukulud Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab: EÜ artiklit 81 ja järgnevaid artikleid tuleb tõlgendada nii, et kui üksuste puhul, mida kontrollib sama ametiasutus, esines käitumine, mis kujutab endast konkurentsieeskirjade ühte ja sama rikkumist, mida esialgu teostas üks üksus ja mille seejärel viis lõpule teine üksus, mis on selle esimese üksuse õigusjärglane nii, et esimene üksus ei ole lõpetatud, saab seda teist üksust karistada kogu selle rikkumise eest tervikuna juhul, kui on tõendatud, et neid mõlemaid üksusi kontrollis sama ametiasutus. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: itaalia.

61996TJ0220

it

Motivazione della sentenza Fatti all'origine del ricorso 1 La ricorrente, Elliniki Viomichania Oplon AE (EVO), è una società di diritto ellenico che produce e commercializza armi e munizioni a livello nazionale ed internazionale. 2 Il 12 gennaio 1987 la ricorrente ha concluso un contratto con il Ministero della Difesa della Repubblica dell'Iraq (in prosieguo il «contratto»), avente ad oggetto la fornitura di vari lotti di munizioni, per il corrispettivo di un prezzo, calcolato al pezzo franco bordo, pari ad un totale di 65 124 000 dollari USA (USD). Il 25 settembre 1987 i contraenti hanno firmato un allegato in virtù del quale la ricorrente s'impegnava a fornire un quantitativo supplementare di munizioni per un prezzo di USD 18 090 000. In base alle modalità di pagamento stabilite dall'art. 3 del contratto, il 10% del prezzo di ciascun lotto di munizioni doveva essere pagato al momento dell'imbarco, dietro presentazione dei documenti di carico e di una fattura commerciale. Il resto, vale a dire il 90%, doveva essere versato 24 mesi dopo la data di ciascun imbarco, con l'aggiunta degli interessi ad un tasso convenzionale del 4% annuo. Il pagamento doveva essere effettuato mediante l'apertura, tramite la Central Bank of Iraq, di una lettera di credito a favore della ricorrente, per mezzo della Commercial Bank of Greece. Con telex 21 gennaio 1987 la Central Bank of Iraq ha informato la Commercial Bank of Greece che era stata aperta una lettera di credito a favore della ricorrente, con scadenza in data 25 marzo 1990. La validità di tale lettera è stata più volte prorogata; l'ultima proroga, valida fino al 30 maggio 1991, è stata comunicata alla Commercial Bank of Greece mediante telex 23 aprile 1989 della Central Bank of Iraq. 3 L'art. 12, n. 1, del contratto dispone che qualsiasi controversia relativa al contratto dev'essere decisa in maniera definitiva dalla Camera di commercio internazionale di Ginevra. 4 In esecuzione del contratto, tra il 25 ottobre 1987 ed il 30 maggio 1989 la ricorrente ha inviato dieci lotti di munizioni, ottenendo dopo ciascun imbarco il pagamento del 10% del prezzo di ogni lotto. Il restante 90%, a termini del contratto, doveva essere versato 24 mesi dopo la data di ogni imbarco. 5 Il 2 agosto 1990 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 660 (1990), con la quale constatava una rottura della pace e della sicurezza internazionali in seguito all'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq e chiedeva il ritiro immediato ed incondizionato delle forze irachene dal territorio del Kuwait. 6 Il 6 agosto 1990 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 661 (1990), con la quale, dichiarandosi «consapevole delle responsabilità che ad esso incombono in forza della Carta delle Nazioni Unite per quanto riguarda il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali», e constatando che la Repubblica dell'Iraq non aveva rispettato la risoluzione n. 660 (1990), decideva l'istituzione di un embargo commerciale contro l'Iraq e il Kuwait. L'embargo è stato in seguito confermato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con le risoluzioni 25 settembre 1990, n. 670 (1990), e 3 aprile 1991, n. 687 (1991). 7 L'8 agosto 1990 il Consiglio, facendo riferimento alla «grave situazione risultante dall'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq» e alla risoluzione n. 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottava, su proposta della Commissione, il regolamento (CEE) n. 2340/90, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Iraq ed il Kuwait (GU L 213, pag. 1). 8 L'art. 1 del regolamento n. 2340/90 ha vietato, a decorrere dal 7 agosto 1990, l'introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi prodotto originario dell'Iraq o del Kuwait o proveniente dall'Iraq o dal Kuwait, nonché l'esportazione verso tali paesi di qualsiasi prodotto originario della Comunità o proveniente dalla Comunità. L'art. 2 dello stesso regolamento ha vietato, a decorrere dal 7 agosto 1990: a) qualsiasi attività o transazione commerciale, compresa qualsiasi operazione relativa a transazioni già concluse o parzialmente eseguite, le quali avessero per scopo o per effetto di favorire l'esportazione di qualsiasi prodotto originario dell'Iraq o del Kuwait o proveniente dall'Iraq o dal Kuwait; b) la vendita o la fornitura di qualsiasi prodotto, indipendentemente dall'origine o dalla provenienza dello stesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovasse in Iraq o in Kuwait o a qualsiasi altra persona fisica o giuridica per qualsiasi attività commerciale condotta nel o a partire dal territorio dell'Iraq o del Kuwait; c) qualsiasi attività che avesse per effetto di favorire tali vendite o forniture. 9 Come risulta dal fascicolo, la Central Bank of Iraq si è rifiutata di versare alla ricorrente il saldo del 90% del prezzo delle merci oltre agli interessi convenzionali, per un totale di USD 75 451 500, che le erano dovuti in virtù del contratto, richiamando le risoluzioni nn. 661 (1990), 670 (1990) e 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 10 Non avendo ottenuto il pagamento del proprio credito, la ricorrente, agendo congiuntamente ad un'altra società greca creditrice della Repubblica dell'Iraq, ha domandato e ottenuto, il 30 agosto 1990, il sequestro conservativo delle petroliere irachene Alfarahidi e Jambur che erano ancorate nel porto del Pireo. 11 Il 28 maggio 1991 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale di Atene) contro la Central Bank of Iraq. Il 12 novembre 1992 tale giudice ha pronunciato una sentenza con cui ingiungeva alla Central Bank of Iraq di versare alla ricorrente la somma di USD 75 451 500, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. Tale sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva per la cifra di USD 35 000 000. La ricorrente avrebbe provato a procedere all'esecuzione forzata in Iraq, venendo però ostacolata dalle misure di ritorsione adottate da tale paese in seguito all'embargo. La sentenza 12 novembre 1992 è stata confermata dall'Efeteio Athinon (Corte d'appello di Atene) il 19 giugno 1996. 12 In due occasioni, dal 10 al 14 luglio 1994 e dal 22 al 24 luglio 1995, i rappresentanti della ricorrente e del governo iracheno si sono incontrati allo scopo di chiarire qualsiasi questione pendente tra le parti in relazione al contratto. Nella prima riunione, il governo iracheno ha proposto di pagare il suo debito nei confronti della ricorrente per mezzo dei depositi finanziari iracheni bloccati presso le banche degli Stati Uniti d'America, a condizione che fosse revocato il sequestro delle petroliere irachene ancorate nel porto del Pireo e che la ricorrente rinunciasse a tutti i procedimenti avviati davanti ai tribunali ellenici e alla camera di commercio internazionale di Ginevra. In occasione della seconda riunione, i rappresentanti della ricorrente e del governo iracheno hanno considerato l'eventualità che il pagamento del credito fosse effettuato sotto forma di petrolio greggio e di prodotti derivati dal petrolio e hanno deciso di incontrarsi nuovamente per definire le date e le modalità di pagamento. Procedimento 13 E' in tali circostanze che, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 1996, la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto. 14 La fase scritta del procedimento si è conclusa il 23 luglio 1997. 15 Il 28 aprile 1998 il Tribunale (Seconda Sezione) ha pronunciato la sentenza nella causa T-184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-667), avente ad oggetto un ricorso per risarcimento analogo al ricorso in oggetto. Poiché tale ricorso è stato respinto, la ricorrente in quell'altra causa ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte, registrata con il numero C-237/98 P. 16 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 29 ottobre 1998, sentite le parti a tal riguardo, il procedimento nella causa in oggetto è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-237/98 P. 17 Il 15 giugno 2000 la Corte ha pronunciato la sentenza, rigettando il ricorso (causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4549). 18 Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente è stata invitata ad esprimersi sulla sentenza 28 aprile 1998 e su un'eventuale rinuncia agli atti. Con lettera 19 luglio 2000 la ricorrente si è riservata di rispondere in udienza. 19 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell'udienza svoltasi il 12 luglio 2001. La ricorrente, in particolare, ha precisato di voler mantenere il proprio ricorso. Conclusioni delle parti 20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: - condannare la Comunità a corrisponderle l'importo di USD 75 451 500 o, in subordine, il relativo controvalore in euro al tasso di cambio più elevato tra USD ed euro alla data del pagamento o, in ulteriore subordine, l'importo di euro 60 478 770, oltre agli interessi calcolati al saggio dell'8% annuo, a decorrere dalla data di deposito del ricorso dinanzi al Tribunale, a fronte della cessione del credito dello stesso importo di cui essa è titolare nei confronti della Central Bank of Iraq; - condannare i convenuti alle spese. 21 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile; - in subordine, respingerlo; - condannare la ricorrente alle spese. 22 La Commissione chiede che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile; - in subordine, respingerlo; - condannare la ricorrente alle spese. Sulla ricevibilità 23 Il Consiglio e la Commissione eccepiscono l'irricevibilità del ricorso per risarcimento a causa della sua presentazione fuori dai termini. Essi adducono la prescrizione quinquennale di cui all'art. 43 dello Statuto CE della Corte, ai sensi del quale «le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine». 24 Riguardo ai motivi e argomenti addotti dalle parti nel merito, occorre constatare che tra questi e la prescrizione esiste uno stretto legame e che l'analisi di quest'ultima non può essere affrontata se non dopo aver esaminato la fondatezza della pretesa responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE). Nel merito Argomenti delle parti 25 La ricorrente sostiene che la Comunità dev'essere riconosciuta responsabile per il danno subìto in seguito all'impossibilità di recuperare il suo credito in base al principio della responsabilità per atto illecito. Nella fattispecie, l'illecito consisterebbe nella mancata previsione da parte del legislatore comunitario, al momento dell'adozione del regolamento n. 2340/90, di un indennizzo per i danni cagionati da tale regolamento alle imprese che si trovavano nella situazione della ricorrente. 26 In particolare la ricorrente ritiene che, adottando il regolamento n. 2340/90, le istituzioni comunitarie abbiano violato certi principi e diritti fondamentali stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Trattato CE e dal Trattato sull'Unione europea. 27 In primo luogo, le istituzioni comunitarie avrebbero leso il diritto di proprietà della ricorrente in violazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale allegato alla summenzionata Convenzione europea, in virtù del quale «[n]essuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale». L'adozione del regolamento n. 2340/90 avrebbe avuto l'effetto di privare la ricorrente di un elemento del suo patrimonio. Secondo la ricorrente, tale privazione, che costituisce una violazione del suo diritto di proprietà equivalente ad un'espropriazione, era consentita solo a condizione di un integrale indennizzo. 28 In secondo luogo, le istituzioni convenute avrebbero violato il divieto di discriminazione, in quanto le conseguenze dell'embargo contro l'Iraq e il Kuwait sono state sopportate solamente da una categoria determinata e ristretta di imprese che, al momento dell'adozione del regolamento in questione, avevano già allacciato legami commerciali con questi due paesi. Le istituzioni convenute avrebbero inoltre violato il divieto di discriminazione adottando il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1990, n. 3155, che amplia e modifica il regolamento n. 2340/90 (GU L 304, pag. 1), e il regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3541, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano (GU L 361, pag. 1). Tali regolamenti avrebbero introdotto deroghe al divieto decretato ai fini dell'embargo a favore di alcune situazioni e non di altre. 29 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, omettendo di adottare misure volte a risarcire il danno subìto dalle imprese creditrici della Repubblica dell'Iraq al momento dell'istituzione dell'embargo, le istituzioni convenute hanno violato i limiti fissati dall'art. 113 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 133 CE), che ha costituito il fondamento normativo per l'adozione del regolamento n. 2340/90. 30 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che le istituzioni convenute hanno violato il principio di proporzionalità in quanto le misure adottate con l'embargo non sarebbero le meno onerose possibili per le imprese europee interessate, tenuto conto in particolare dell'assenza di qualsiasi misura che assicuri un risarcimento, anche solo parziale, dei danni subiti da queste ultime. 31 In subordine, la ricorrente aggiunge che, adottando il regolamento n. 2340/90, le istituzioni convenute hanno violato il principio di tutela della libertà economica, in dispregio del legittimo affidamento degli operatori economici sul rispetto di tale principio da parte delle istituzioni comunitarie. 32 Per quanto concerne l'effettività del danno, la ricorrente afferma che, in virtù del principio di buona fede ed equità riconosciuto dal diritto civile degli Stati membri, l'impossibilità temporanea di recuperare un credito deve essere considerata definitiva qualora sia prevedibile che essa persista a tempo indeterminato e oltre ogni ragionevole limite temporale. Essa sostiene di aver tentato, nei limiti del possibile, di recuperare i propri crediti prima di rivolgersi alle istituzioni per ottenere un indennizzo. Quanto alla possibilità di giungere ad un accordo proseguendo i negoziati con il governo iracheno, la ricorrente sottolinea che qualsiasi soluzione proposta da quest'ultimo presupporrebbe la revoca dell'embargo, o sarebbe comunque impedita dalla sua esistenza. A tal riguardo, la ricorrente si dichiara disposta ad accettare il pagamento del suo credito sotto forma di petrolio, a condizione però che il Tribunale riconosca che l'esportazione di petrolio dall'Iraq verso la Comunità, al fine di assicurare il pagamento di un debito dell'Iraq che deriva da un contratto anteriore all'istituzione dell'embargo, non infrange i divieti stabiliti dal regolamento n. 2340/90. D'altra parte, la ricorrente fa notare che il danno che essa ha subìto è notevole, in particolare riguardo al suo volume d'affari, e che esso supera i limiti del normale rischio finanziario inerente al settore economico in questione. 33 Infine, per quanto riguarda l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno fatto valere ed il comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la ricorrente afferma che il rifiuto di pagare da parte dell'Iraq è la conseguenza dell'adozione, da parte di quest'ultimo, di misure di ritorsione contro l'embargo. Essa sostiene inoltre che il mancato pagamento da parte del governo iracheno è dovuto esclusivamente all'embargo poiché, al momento dell'istituzione dello stesso, l'Iraq era solvibile e non poteva essergli imputato alcun ritardo nel pagamento in quanto la durata del credito garantito era stata prorogata fino al 30 maggio 1991. 34 Il Consiglio e la Commissione ritengono che nel caso di specie non sussistano i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità. 35 Per quanto riguarda, in primo luogo, la presenza di un comportamento illecito delle istituzioni, il Consiglio e la Commissione ricordano che, trattandosi di atti normativi che implicano scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità può essere ravvisata solo in presenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica comunitaria di rango superiore intesa a tutelare i singoli. Orbene, nella giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali la cui violazione è stata lamentata da parte della ricorrente non sembrano, secondo i convenuti, prerogative assolute, per cui il loro esercizio può essere oggetto di limitazioni giustificate da finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità. La Commissione aggiunge che, in generale, in virtù della giurisprudenza della Corte, le omissioni implicano la responsabilità della Comunità solo se le istituzioni hanno violato un obbligo legale d'agire stabilito da una norma comunitaria. Nella fattispecie non vi è alcuna disposizione comunitaria che preveda l'obbligo, da parte delle istituzioni, di adottare misure di tutela degli operatori economici contro i rischi di rappresaglie da parte di uno Stato terzo destinatario di sanzioni imposte a livello internazionale. Infine il Consiglio sottolinea che, adottando il regolamento n. 2340/90, esso non ha esercitato alcun potere discrezionale né in relazione all'imposizione dell'embargo, né sulla definizione delle condizioni e della portata dello stesso. In effetti, poiché ai sensi degli artt. 25 e 103 della Carta delle Nazioni unite e dell'art. 224 del Trattato CE (divenuto art. 297 CE), le decisioni obbligatorie adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vincolano gli Stati membri, la Comunità sarebbe stata obbligata a conformarsi alla risoluzione n. 661 (1990) e alle risoluzioni collegate. 36 In secondo luogo, il Consiglio e la Commissione ritengono che nella fattispecie manchi un danno effettivo e attuale. In particolare, il danno derivante dal fatto di essere titolare di un credito che ha poche probabilità di essere rimborsato per un periodo indeterminato non possederebbe tali caratteristiche. Peraltro, dal momento che la ricorrente non ha adito la Camera di commercio internazionale di Ginevra, come previsto dall'art. 12 del contratto, essa non avrebbe esaurito i mezzi giuridici a sua disposizione per recuperare il suo credito e, di conseguenza, il danno subìto non potrebbe considerarsi realizzato. Infine, secondo i convenuti, il danno lamentato rientrerebbe nell'ambito dei normali rischi economici inerenti all'attività della ricorrente. 37 In terzo luogo, le istituzioni convenute ritengono che nella fattispecie faccia difetto il nesso di causalità tra il danno lamentato e un atto della Comunità. A tal riguardo, il Consiglio e la Commissione precisano in primo luogo che il regolamento n. 2340/90 non si applica ai pagamenti provenienti dall'Iraq a favore di cittadini comunitari e quindi il credito della ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione di tale atto. Inoltre esse sottolineano che il rifiuto opposto dalla Central Bank of Iraq è la conseguenza delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e non dell'applicazione del regolamento. Infine esse fanno notare che, al momento dell'istituzione dell'embargo, la Central Bank of Iraq era già inadempiente e che l'impossibilità di incassare il credito della ricorrente deriva dalle difficoltà amministrative, giuridiche o pratiche, di esecuzione del contratto in Iraq. Giudizio del Tribunale 38 Con il ricorso per risarcimento in oggetto, la ricorrente mira ad ottenere il risarcimento del danno che risulterebbe dall'adozione da parte del Consiglio del regolamento n. 2340/90, che istituisce un embargo commerciale contro l'Iraq ed il Kuwait. Il danno che la ricorrente lamenta consiste, in particolare, nella pretesa temporanea impossibilità, dovuta alla durata dell'embargo, di recuperare il credito che le è dovuto dal governo iracheno. La ricorrente sostiene che, in occasione dell'adozione del regolamento in questione, il Consiglio e la Commissione hanno agito in maniera illegale poiché non hanno previsto una procedura di indennizzo a favore degli operatori economici i cui crediti verso l'Iraq diventavano irrecuperabili in seguito all'istituzione dell'embargo. 39 Secondo una costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, è subordinato alla sussistenza di un insieme di presupposti riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato (sentenze della Corte 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta/Comunità europee, Racc. pag. I-6983, punto 65, e del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-1975, punto 131). Dal momento che questi tre requisiti devono essere cumulativamente presenti, quando anche uno solo di essi non sussiste, il ricorso dev'essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare gli altri (sentenze della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 81, e Atlanta/Comunità europee, cit., punto 65). 40 Poiché il giudice comunitario non è tenuto ad esaminare i presupposti della responsabilità di un'istituzione in un determinato ordine (sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C-257/98 P, Lucaccioni/Commissione, Racc. pag. I-5251, punto 13), è opportuno esaminare in primo luogo il presupposto relativo all'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e l'adozione del regolamento n. 2340/90. 41 Secondo la giurisprudenza costante, la presenza di un nesso di causalità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è ammessa quando esiste un nesso di causalità diretta fra l'illecito asseritamente commesso dall'istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta al ricorrente fornire la prova (sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-168/94, Blackspur e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2627, punto 40, e 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 98). 42 Orbene, emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo, ed in particolare dagli atti relativi al procedimento davanti al Polymeles Protodikeio e all'Efeteio Athinon, che la Central Bank of Iraq si è rifiutata di pagare la somma dovuta alla ricorrente adducendo il rispetto delle risoluzioni nn. 661 (1990), 670 (1990) e 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. Ritenendosi vincolata da tali risoluzioni, la Central Bank of Iraq ha in effetti giustificato il suo rifiuto con l'impossibilità di effettuare il suddetto pagamento senza violare il blocco dei capitali iracheni deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. 43 In tali circostanze, il mancato pagamento del credito della ricorrente non può essere considerato conseguenza dell'adozione da parte del governo iracheno di una qualsiasi misura di ritorsione contro il regolamento n. 2340/90 ed il mantenimento dell'embargo comunitario. Tale conclusione, confermata peraltro dal rappresentante della ricorrente in udienza, è rafforzata dalla disponibilità del governo iracheno a negoziare con la medesima la soluzione alla loro controversia nonostante la permanenza dell'embargo comunitario, come emerge dai resoconti degli incontri tra i rappresentanti dei contraenti avvenuti nel luglio 1994 e nel luglio 1995. In effetti, nel primo resoconto la revoca dell'embargo non è menzionata tra le condizioni alle quali l'Iraq ha dichiarato di subordinare il pagamento dei suoi debiti nei confronti della ricorrente per mezzo dei depositi iracheni bloccati presso le banche degli Stati Uniti. Nel resoconto del secondo incontro, l'embargo viene menzionato nei seguenti termini: «Le due parti si incontreranno nuovamente ad Atene o a Bagdad entro tre mesi al fine di stabilire la procedura e lo scadenzario dei pagamenti da effettuare o sotto forma di petrolio e prodotti derivati dal petrolio o con altri mezzi, tenendo conto della continuazione o della revoca dell'embargo, ed esse dovranno trovare la soluzione definitiva delle questioni giuridiche tra esse pendenti». Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da questo resoconto non risulta che le autorità irachene intendessero subordinare qualsiasi soluzione negoziata alla revoca dell'embargo. Ne emerge piuttosto che la volontà dei rappresentanti dei contraenti era di sottolineare la necessità di prendere in considerazione, nella scelta della modalità di pagamento, i limiti imposti dall'embargo. Del resto, tale interpretazione è confermata dalla dichiarazione della ricorrente secondo cui essa sarebbe disposta ad accettare, da parte del governo iracheno, un pagamento mediante compensazione sotto forma di petrolio o prodotti derivati dal petrolio, a condizione che il Tribunale confermi che, facendo ciò, essa non infrange le disposizioni stabilite con l'embargo (si veda sopra, punto 32). Tale dichiarazione implica evidentemente che la ricorrente considera sempre realizzabile un accordo in tal senso con l'Iraq. 44 D'altra parte, anche se la Central Bank of Iraq avesse addotto il regolamento n. 2340/90 per giustificare il mancato pagamento del credito della ricorrente, occorre rilevare, come ha fatto la Commissione, che il negozio in questione non rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento. In effetti, l'art. 2, nn. 2 e 3, di tale regolamento, vieta «la vendita o la fornitura di qualsiasi prodotto, indipendentemente dall'origine o dalla provenienza dello stesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovi in Iraq o in Kuwait» e «qualsiasi attività che abbia per oggetto o per effetto di favorire tali vendite o forniture». Orbene, occorre considerare che tale divieto non si applica alle operazioni finanziarie relative a forniture che, come nel caso di specie, sono state eseguite interamente più di un anno prima della data di entrata in vigore del regolamento e che non hanno per oggetto o per effetto di favorire forniture dopo tale data. L'embargo comunitario deciso con il regolamento n. 2340/90 non avrebbe quindi potuto, in nessun caso, costituire un ostacolo al pagamento, da parte della Central Bank of Iraq, della somma di cui la ricorrente è creditrice nei confronti del governo iracheno. 45 In tali circostanze è privo di rilevanza il fatto che, come sostiene la ricorrente, il mantenimento dell'embargo comunitario possa eventualmente impedire il pagamento del credito mediante compensazione sotto forma di petrolio o di prodotti derivati dal petrolio. In effetti, la modalità di pagamento originariamente scelta dai contraenti era il credito bancario garantito con l'apertura di una lettera di credito presso la Central Bank of Iraq. Orbene, la circostanza che tale modalità di pagamento sia divenuta di fatto inefficace a causa del rifiuto opposto dalla Central Bank of Iraq - rifiuto motivato con l'adozione delle summenzionate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e con l'attuazione delle misure di ritorsione contro l'embargo comunitario - di per sé è sufficiente ad escludere un nesso di causalità diretto tra l'adozione del regolamento n. 2340/90 ed il danno lamentato dalla ricorrente, consistente nella temporanea impossibilità di ottenere il pagamento del suo credito da parte del governo iracheno. 46 Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno lamentato e l'adozione del regolamento n. 2340/90. 47 In mancanza di un tale nesso di causalità, la ricorrente non può affermare che il legislatore comunitario ha omesso di esercitare il suo potere discrezionale per adottare misure di indennizzo a favore delle imprese poste nella stessa situazione della ricorrente. 48 Poiché uno dei presupposti necessari della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, non è soddisfatto, la domanda di risarcimento della ricorrente deve essere respinta senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti di tale responsabilità. 49 Tuttavia, considerate le circostanze particolari del caso di specie, è opportuno esaminare separatamente il motivo relativo alla violazione del divieto di discriminazione da parte delle istituzioni convenute. 50 La ricorrente ritiene che le istituzioni avrebbero violato il suddetto divieto adottando i regolamenti n. 3155/90 e n. 3541/92, i quali avrebbero introdotto deroghe, valide per determinate situazioni, al divieto istituito dall'embargo. Il regolamento n. 3155/90, che, in applicazione della risoluzione n. 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, estende l'embargo alla prestazione di servizi non finanziari aventi l'obiettivo o l'effetto di favorire l'economia dell'Iraq e del Kuwait, sancisce, all'art. 1, n. 2, che il divieto stabilito al n. 1 non si applica ai servizi non finanziari risultanti da contratti o clausole addizionali conclusi anteriormente all'entrata in vigore del divieto stabilito dal regolamento n. 2340/90, la cui esecuzione abbia avuto inizio prima di tale data. Il regolamento n. 3541/92, adottato per dare esecuzione alla risoluzione n. 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, vieta di soddisfare le richieste presentate da qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovi o risieda in Iraq o che sia controllata da tali soggetti, che derivano o che si riferiscono ad un negozio la cui esecuzione è stata colpita, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, dalle misure decise ai sensi della risoluzione n. 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano. 51 Secondo una giurisprudenza costante, la trasgressione del divieto di discriminazione da parte delle istituzioni comunitarie presuppone, in particolare, che queste ultime abbiano trattato in modo diverso situazioni paragonabili, causando uno svantaggio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che tale differenza di trattamento sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive di una certa rilevanza (v., in particolare, sentenza del Tribunale 12 maggio 1999, cause riunite da T-164/96 a T-167/96, T-122/97 e T-130/97, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. II-1477, punto 188). 52 A tal riguardo è sufficiente rilevare che, come stabilito supra al punto 44, la situazione della ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2340/90, quindi non può essere equiparata alle situazioni considerate nei regolamenti n. 3155/90 e n. 3541/93. Date le circostanze, la ricorrente non può contestare al legislatore comunitario di aver violato il divieto di discriminazione per non aver previsto una procedura di indennizzo a favore delle imprese che si trovavano nella stessa situazione della ricorrente. 53 Da tutto quanto precede discende che il ricorso dev'essere integralmente respinto. 54 Alla luce di quanto sopra esposto, non occorre più prendere in esame la prescrizione addotta dal Consiglio e dalla Commissione. Decisione relativa alle spese Sulle spese 55 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i convenuti ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Dispositivo Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

62013CJ0032

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Ennakkoratkaisupyyntö koskee sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97 ( EYVL 1997, L 28, s. 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna 17.6.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008 ( EUVL L 177, s. 1 ; jäljempänä asetus N:o 1408/71), 77 ja 78 artiklan tulkintaa sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ( EUVL L 166, s. 1 ja oikaisu EUVL 2004, L 200, s. 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna 16.9.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 988/2009 ( EUVL L 284, s. 43 ; jäljempänä asetus N:o 883/2004), 67 artiklan tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Petra Würker ja Familienkasse Nürnberg (Nürnbergin perheavustuskassa) ja jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu kieltäytyi maksamasta Würkerille lapsilisää. Asiaa koskevat oikeussäännöt Unionin oikeus Asetus N:o 1408/71 Asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan u alakohdan mukaan kyseisessä asetuksessa ”i) ’perhe-etuuksilla’ tarkoitetaan kaikkia luontois- tai rahaetuuksia, jotka on tarkoitettu korvaamaan perhekustannuksia 4 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti, lukuun ottamatta liitteessä II mainittuja erityisiä syntymä- tai adoptioavustuksia ii) ’perheavustuksilla’ tarkoitetaan yksinomaan perheenjäsenten lukumäärän ja tapauksen mukaan iän perusteella määräajoin suoritettavia rahaetuuksia.” Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaan asetusta sovelletaan kaikkeen perhe-etuuksia koskevilla sosiaaliturvan aloilla annettuun lainsäädäntöön. Asetuksen III osastossa, jonka otsikko on ”Eri etuusryhmiä koskevia erityissäännöksiä”, oleva 3 luku, johon sisältyvät 44–51 a artikla, on otsikoitu ”Vanhuus ja kuolema (eläkkeet), kun taas 8 luku, johon sisältyvät 77–79 a artikla, on otsikoitu ”Etuudet eläkeläisten huollettaville lapsille ja orvoille”. Asetuksen N:o 1408/71 77 artiklassa, jonka otsikko on ”Eläkeläisten huollettavat lapset”, säädetään seuraavaa: ”1.   Ilmaisulla ’etuudet’ tarkoitetaan tässä artiklassa perheavustuksia henkilöille, jotka saavat vanhuus-, työkyvyttömyys- tai tapaturma- tai ammattitautieläkettä ja tällaisiin eläkkeisiin maksettavia korotuksia tai lisiä tällaisten eläkeläisten lasten suhteen, poikkeuksena lisät, jotka myönnetään työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmistä. 2.   Etuudet myönnetään seuraavien sääntöjen mukaisesti riippumatta jäsenvaltiosta, jonka alueella eläkeläinen tai lapset asuvat: a) eläkeläiselle, joka saa eläkettä vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, joka on vastuussa eläkkeestä; – –” Asetuksen 78 artiklassa, jonka otsikko on ”Orvot”, säädetään seuraavaa: ”1.   Ilmaisulla ’etuudet’ tarkoitetaan tässä artiklassa perheavustuksia ja tietyissä tapauksissa orpojen lisä- tai erityisavustuksia. 2.   Orvon etuudet myönnetään seuraavien sääntöjen mukaisesti riippumatta jäsenvaltiosta, jonka alueella orpo tai hänestä tosiasiallisesti huolehtiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö asuu: a) sellaisen kuolleen palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan, joka on vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön alainen, orvolle tämän valtion lainsäädännön mukaisesti b) sellaisen kuolleen palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan orvolle, joka on usean jäsenvaltion lainsäädännön alainen: – – – –” Asetuksen N:o 1408/71 79 artiklan, joka on otsikoitu ”Eläkeläisten huollettavien lapsien ja orpojen etuuksia koskevia yhteisiä säännöksiä”, 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään seuraavaa: ”Edellä 77, 78 ja 78 a artiklassa tarkoitetut etuudet annetaan sen lainsäädännön mukaisesti, joka määräytyy noiden artiklojen säännöksiä soveltamalla, laitoksesta, joka on vastuussa tämän lainsäädännön soveltamisesta, ja sen kustannuksella, niin kuin eläkeläiseen tai vainajaan olisi sovellettu vain toimivaltaisen valtion lainsäädäntöä.” Asetus N:o 883/2004 Asetus N:o 1408/71 korvattiin asetuksella N:o 883/2004, joka viimeksi mainitun asetuksen 91 artiklan ja asetuksen N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16.9.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 ( EUVL L 284, s. 1 ) 97 artiklan mukaisesti tuli voimaan 1.5.2010, mistä lukien asetus N:o 1408/71 kumottiin. Asetuksen N:o 883/2004 johdanto-osan 34 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”Koska perhe-etuudet ulottuvat hyvin laajalle ja tarjoavat suojelua sekä tilanteissa, joita voitaisiin nimittää perinteisiksi, että erityistilanteissa, – – sääntelyn piiriin on syytä sisällyttää kaikki kyseiset etuudet.” Kyseisen asetuksen 1 artiklassa säädetään seuraavaa: ”Tässä asetuksessa tarkoitetaan: – – w) ’eläkkeellä’ – – eläkkeiden lisäksi myös niiden sijasta maksettavia kertasuoritteisia etuuksia ja maksujen palauttamisen muodossa annettavia rahasuorituksia sekä, jollei III osaston säännöksistä muuta johdu, nykyarvoon muuntavia korotuksia tai lisäavustuksia; – – z) ’perhe-etuudella’ luontois- tai rahaetuuksia, jotka on tarkoitettu korvaamaan perheestä aiheutuvia kustannuksia, lukuun ottamatta liitteessä I mainittuja elatustukia sekä erityisiä synnytys- ja adoptioavustuksia.” Asetuksen 67 artiklassa säädetään seuraavaa: ”Henkilöllä on oikeus perhe-etuuksiin toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, myös toisessa jäsenvaltiossa asuvien perheenjäsentensä osalta, ikään kuin he asuisivat ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa. Eläkkeensaajalla on kuitenkin oikeus perhe-etuuksiin hänen eläkkeensä osalta toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.” Saksan oikeus Oikeus lapsilisään perustuu liittovaltion lapsilisälakiin (Bundeskindergeldgesetz). Tuloverolaissa (Einkommensteuergesetz) asetetaan lapsilisän maksamisen edellytykseksi, että edunsaaja on yleisesti verovelvollinen Saksassa, ja siis – ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan – se, että hänen asuinpaikkansa on myös tässä jäsenvaltiossa. Sosiaaliturvalain VI osan (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch, jäljempänä SGB VI) 47 §:n 1 momentin mukaan vakuutetulla on säännönmukaisen eläkeiän saavuttamiseen asti oikeus kasvatuseläkkeeseen (Erziehungsrente) silloin, kun — vakuutetun avioliitto on purkautunut avioerolla 30.6.1977 jälkeen ja entinen aviopuoliso on kuollut — vakuutettu hoitaa omaa lastaan tai entisen aviopuolisonsa lasta (ikäraja 18 vuotta) — hän ei ole avioitunut uudelleen ja — yleinen odotusaika oli täyttynyt hänen osaltaan entisen aviopuolison kuollessa. Ennakkoratkaisupyynnössä todetaan, että Saksan lainsäädännön mukaan kasvatuseläke on luonteeltaan perhe-eläke (kuoleman johdosta maksettava eläke). Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset Saksan kansalainen Petra Würker, joka on syntynyt 24.2.1963 ja jolla on lapsi Diana entisen aviopuolisonsa kanssa, saa entisen aviopuolisonsa 4.12.1991 tapahtuneen kuoleman jälkeen kasvatuseläkettä SGB VI:n 47 §:n 1 momentin nojalla. Würker on asunut 1.9.2008 lähtien Ruotsissa kahden muun lapsensa Lauran ja Chrisin sekä näiden isän kanssa, jonka kanssa hän ei ole avioliitossa. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan Würkerillä on, vaikka Diana on täyttänyt 18 vuotta, SGB VI:n 47 §:n 1 momentin mukaan oikeus kasvatuseläkkeeseen lapsistaan Laurasta, joka on syntynyt 24.3.1995, ja Chrisistä, joka on syntynyt 15.11.1997. Unionin tuomioistuimen käytettävissä olevasta asiakirja-aineistosta käy ilmi, että Ruotsin viranomaiset ovat, ottaen huomioon muun muassa sen, että Würker saa SGB VI:n mukaista kasvatuseläkettä, hylänneet Würkerin Ruotsin lainsäädännön mukaisia perhe-etuuksia koskevan hakemuksen. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan pääasian asianosaisten kesken on lisäksi riidatonta, että Würker ei voi enää 1.9.2008 lähtien vedota lapsilisää koskevaan oikeuteen tuloverolain mukaisesti. Plauenin (Saksa) perheavustuskassa hylkäsi 11.1.2010 tekemällään päätöksellä Würkerin tällaista etuutta koskevan hakemuksen sen vuoksi, että hän ei asu Saksassa eikä ole siellä tuloverovelvollinen. Päätös on lainvoimainen. Familienkasse pysytti 7.9.2010 tekemällään päätöksellä 22.2.2010 tehdyn päätöksen, jolla oli hylätty Würkerin hakemus, joka koski lapsilisää hänen lastensa Lauran ja Chrisin osalta hänen Ruotsiin muutostaan lukien. Päätöksen perusteluna oli yhtäältä, että Würker ei saanut asetuksen N:o 1408/71 77 artiklassa mainittujen eläkelajien mukaista eläkettä, ja toisaalta, että hänellä ei ollut oikeutta tähän etuuteen kyseisistä lapsista myöskään asetuksen N:o 1408/71 78 artiklan nojalla, koska he eivät ole Würkerin edesmenneen entisen aviopuolison lapsia. Pääasian kanne on nostettu tästä päätöksestä. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan sen käsiteltävänä oleva riita koskee oikeutta liittovaltion lapsilisälain, kun sitä luetaan yhdessä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista unionissa koskevien sääntöjen kanssa, mukaan myönnettävään lapsilisään. Familienkasse katsoi kyseisen tuomioistuimen sille esittämän kysymyksen johdosta, että Würker ei voinut vaatia lapsilisää myöskään asetuksen N:o 883/2004 nojalla, jolla asetus N:o 1408/71 oli korvattu 1.5.2010 lukien. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että se yhtyy syyskuun 2008 ja huhtikuun 2010 välisen ajan osalta Familienkassen näkemykseen. Kyseinen tuomioistuin katsoo sen sijaan 1.5.2010 alkavan ajanjakson osalta, että oikeus Saksan lainsäädännön mukaisiin perhe-etuuksiin voidaan perustella asetuksen N:o 883/2004 67 artiklan perusteella. Näissä olosuhteissa Sozialgericht Nürnberg päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1) Onko asetuksen – – N:o 1408/71 77 tai 78 artiklaa tulkittava siten, että kasvatuseläkkeen (Erziehungsrente) saaminen antaa oikeuden eläkettä maksavaa jäsenvaltiota kohtaan? 2) Onko tilanne muuttunut jotenkin 1.5.2010 voimaan tulleen asetuksen – – N:o 883/2004 myötä ja onko asetuksen N:o 883/2004 67 artiklaa tulkittava siten, että oikeus syntyy kaikkien eläkelajien (myös saksalaisen kasvatuseläkkeen) perusteella?” Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Ensimmäinen kysymys On muistettava, että asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 78 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään, että kun henkilö, joka saa vanhuus-, työkyvyttömyys- tai tapaturma- tai ammattitautieläkettä, taikka kuollut työntekijä on ollut vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön alainen, perheavustukset myönnetään kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Asetuksen 79 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan etuudet annetaan tämän lainsäädännön mukaisesti laitoksesta, joka on vastuussa tämän lainsäädännön soveltamisesta, ja sen kustannuksella. Oikeuskäytännön mukaan ”perheavustukset”, joiden maksamisesta asetuksen N:o 1408/71 77 ja 78 artiklassa säädetään, ovat ainoastaan etuuksia, jotka vastaavat asetuksen 1 artiklan u alakohdan ii alakohdassa olevaa määritelmää, eivätkä niihin kuulu muut huollettavien lasten hyväksi tarkoitetut perhe-etuudet (ks. vastaavasti asia C-225/10, Pérez Garcia ym., tuomio 20.10.2011, Kok., s. I-10111 , 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Käsiteltävässä asiassa on riidatonta, että Saksan lainsäädännön mukaiset lapsilisät ovat tämän määritelmän mukaisia ja että ne voivat siis kuulua asetuksen N:o 1408/71 77 ja 78 artiklan soveltamisalaan (ks. vastaavasti em. asia Pérez Garcia ym., tuomion 33 kohta). Tältä osin on kuitenkin palautettava mieleen, että asetuksen N:o 1408/71 78 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja b alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säännellään sanamuodon mukaan ainoastaan ”kuolleen työntekijän orvon” oikeutta etuuksiin (ks. asia 1/88, Baldi, tuomio 14.3.1989, Kok., s. 667 , 15 kohta ja asia C-619/11, Dumont de Chassart, tuomio 21.2.2013, 35 kohta). Unionin tuomioistuimelle esitetyistä seikoista käy ilmi, että vaikka Würker saa edelleen SGB VI:ssa säädettyä kasvatuseläkettä lastensa Lauran ja Chrisin osalta, nämä eivät ole edesmenneen lapsia. Tästä seuraa, että kyseinen eläke ei kuulu asetuksen N:o 1408/71 78 artiklan soveltamisalaan. Asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 1 kohdan sanamuodosta puolestaan käy ilmi, että kyseinen säännös koskee pelkästään henkilöitä, jotka saavat ”vanhuus-, työkyvyttömyys- tai tapaturma- tai ammattitautieläkettä”. Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa asiassa on niin, että vain silloin, kun SGB VI:ssa säädetyn kaltainen kasvatuseläke voidaan sen nimityksestä riippumatta rinnastaa johonkin mainitun 77 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista eläkkeen lajeista, Saksan viranomaisten on tämän eläkkeen maksamiseen toimivaltaisina viranomaisina myönnettävä Würkerille perheavustuksia tämän lapsista Laurasta ja Chrisistä. Näin ollen on katsottava, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy ensimmäisellä kysymyksellään, onko asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että SGB VI:n 47 §:n 1 momentissa säädetyn kaltainen kasvatuseläke, joka kuolemantapauksessa myönnetään edesmenneen entiselle puolisolle tämän edesmenneen lasten kasvatusta varten, voidaan rinnastaa asetuksen tässä säännöksessä tarkoitettuun ”vanhuus-, työkyvyttömyys- tai tapaturma- tai ammattitautieläkkeeseen”. Oikeuskäytännössä on katsottu, että määrätyn etuuden luokittelu asetuksen N:o 1408/71 yleisessä rakenteessa tehdään pääasiallisesti kunkin etuuden tunnusomaisten osatekijöiden, erityisesti sen tarkoituksen ja myöntämisedellytysten, perusteella eikä suinkaan sillä perusteella, miten etuus luokitellaan kansallisessa lainsäädännössä (ks. analogisesti asetuksen N:o 1408/71 soveltamisalan ulkopuolelle jäävien ja soveltamisalaan kuuluvien etuuksien välille tehtävästä erosta erityisesti asia 9/78, Directeur régional de la Sécurité sociale de Nancy, tuomio 6.7.1978, Kok., s. 1661 , 12 kohta; asia C-160/96, Molenaar, tuomio 5.3.1998, Kok., s. I-843 , 19 kohta ja asia C-177/12, Lachheb, tuomio 24.10.2013, 28 kohta). On aivan ensiksi todettava, että – kuten edellä 15 kohdasta ilmenee – SGB VI:n 47 §:n 1 momentissa tarkoitettu kasvatuseläke ei edellytä työtapaturmaa, ammattitautia tai fyysistä, henkistä tai psyykkistä vammaa, joka on esteenä etuuteen oikeutetun ammattitoiminnan harjoittamiselle. Unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta, erityisesti Saksan hallituksen esittämistä huomautuksista, käy ilmi, että 1.7.1977 käyttöön otetun kasvatuseläkkeen synty liittyy Saksan avioliitto- ja perhelainsäädännön uudistukseen, jonka yhteydessä yhtäältä avioerossa syyllisyysperiaate korvattiin avioliiton epäonnistumisen periaatteella, ja toisaalta avioeron jälkeinen oikeus elatukseen erotettiin lähtökohtaisesti avioliiton epäonnistumiseen liittyvästä vastuukysymyksestä. Tässä uudistuksessa kasvatuseläkkeellä pyrittiin täyttämään eloonjääneelle entiselle puolisolle haitalliset turvan aukot, joita saattoi esiintyä korvaavan eläkeoikeuksien jakamisen, jonka myötä eloon jääneelle entiselle puolisolle siihen asti myönnetty perhe-eläke kävi tarpeettomaksi, ja eronneen puolison elatuksen välillä. Kuten edellä 15 kohdasta käy ilmi, tämän kasvatuseläkkeen edellytyksenä on, että entinen puoliso on kuollut. Saksan hallituksen esittämien selvitysten mukaan kyseisellä eläkkeellä pyritään kompensoimaan lapsen huoltoon liittyvä elatussaatavaa koskeva oikeus, joka on päättynyt kyseisen kuoleman yhteydessä, ja välttämään se, että eloonjääneen vanhemman olisi harjoitettava ammattitoimintaa, joka ei ole lapsen edun mukaista. Unionin tuomioistuimelle esitetyistä seikoista käy ilmi myös, että vuoteen 1991 saakka oikeus kasvatuseläkkeeseen syntyi vain silloin, kun eloonjäänyt puoliso kasvatti lasta, jolla oli oikeus orvon eläkkeeseen. Vuodesta 1992 lähtien tähän eläkkeeseen oikeutettujen henkilöiden piiri kuitenkin laajeni siten, että oikeus kyseiseen eläkkeeseen entisen puolison kuoleman perusteella saattoi olla olemassa myös silloin, kun lapsi oli syntynyt etuuteen oikeutetun uudesta suhteesta, kuten pääasiassa. Saksan hallituksen esittämistä selvityksistä käy lisäksi ilmi, että kasvatuseläkettä koskevaan oikeuteen ei liity etuuteen oikeutetun vähimmäisikää koskevaa edellytystä ja että Saksan lainsäädännön mukaisen säännönmukaisen eläkeiän saavuttaminen merkitsee tätä eläkettä koskevan oikeuden lakkaamista; se korvataan tällöin vanhuuseläkkeellä. Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että SGB VI:ssa säädetyn kaltaisella kasvatuseläkkeellä on enemmän perhe-eläkkeen kaltaisen kuolemantapauksessa maksettavan eläkkeen ominaispiirteitä kuin jonkin asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 1 kohdassa luetelluista eläkkeen lajeista – eli ”vanhuus-, työkyvyttömyys- tai tapaturma- tai ammattitautieläkkeen” – ominaispiirteitä. Tästä seuraa, että SGB VI:n 47 §:n 1 momentissa säädetyn kasvatuseläkkeen kaltaista etuutta ei voida rinnastaa johonkin mainitun 77 artiklan 1 kohdassa luetelluista eläkkeen lajeista. Se ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsema seikka, että kasvatuseläkkeeseen sisältyy sellaisen eläkkeen olennaisia osatekijöitä, jonka henkilö on saavuttanut kuulumalla itse vakuutettuna palkattuna työntekijänä Saksan sosiaaliturvajärjestelmään, ei voi saattaa tätä päätelmää kyseenalaiseksi (ks. analogisesti asia C-43/99, Leclere ja Deaconescu, tuomio 31.5.2001, Kok., s. I-4265 , 50 kohta). Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että SGB VI:n 47 §:n 1 momentissa tarkoitetun kasvatuseläkkeen kaltaista etuutta, joka kuolemantapauksessa myönnetään edesmenneen entiselle puolisolle kyseisen entisen puolison lasten kasvatusta varten, ei voida rinnastaa mainitun asetuksen kyseisessä säännöksessä tarkoitettuun ”vanhuus-, työkyvyttömyys- tai tapaturma- tai ammattitautieläkkeeseen”. Toinen kysymys Kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, toinen kysymys on ymmärrettävä siten, että sillä pyritään ratkaisemaan, onko asetuksen N:o 883/2004 67 artiklaa tulkittava siten, että SGB VI:n 47 §:n 1 momentissa säädetyn kasvatuseläkkeen kaltainen etuus kuuluu kyseisessä artiklassa tarkoitetun eläkkeen käsitteen alaan. Tältä osin on todettava, että viimeksi mainittu säännös sisältyy asetuksen N:o 883/2004 III osastossa olevaan 8 lukuun, jonka otsikko on ”Perhe-etuudet”. Luku koskee etuuksia, jotka aiemmin sisältyivät asetuksen N:o 1408/71 III osaston 7 ja 8 lukuun. Sen vuoksi, että asetuksen N:o 883/2004 1 artiklan z alakohtaan sisältyy uusi ilmaisun ”perhe-etuudet” määritelmä, edellä 29 kohdassa mainittua, asetusta N:o 1408/71 sovellettaessa tehtyä eroa perheavustusten ja perhe-etuuksien välillä ei ole tarkoitus soveltaa tilanteisiin, jotka kuuluvat asetuksen N:o 883/2004 soveltamisalaan, koska viimeksi mainitun asetuksen tarkoituksena on sen johdanto-osan 34 perustelukappaleen mukaisesti kaikkien perhe-etuuksien sääntely, koska perhe-etuudet ulottuvat hyvin laajalle. Kuten asetuksen N:o 883/2004 67 artiklan otsikosta käy ilmi, se koskee perhe-etuuksien maksamista muun muassa tilanteessa, jossa ”[perheenjäsenet asuvat] toisessa jäsenvaltiossa”. Artiklan viimeiseen virkkeeseen sisältyy tältä osin erityissääntö, jonka mukaan tällaisessa tapauksessa ”eläkkeensaajalla on – – oikeus perhe-etuuksiin hänen eläkkeensä osalta toimivaltaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti”. On huomattava, että tämän säännöksen, toisin kuin asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 1 kohdan soveltaminen, ei rajoitu tietynlajisten eläkkeiden saajiin. Asetuksen N:o 883/2004 1 artiklan w alakohtaan sisältyvä eläkkeen määritelmä kattaa asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kaltaisten aiempaan palkattuun työntekoon tai itsenäiseen ammatinharjoittamiseen liittyvien eläkkeiden lisäksi SGB VI:ssa säädetyn kasvatuseläkkeen kaltaiset kuolemantapauksessa maksettavat eläkkeet. Tästä seuraa, että sen kaltainen tilanne, jossa kasvatuseläkettä saava Würker on, kuuluu asetuksen N:o 883/2004 67 artiklan soveltamisalaan. Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 883/2004 67 artiklaa on tulkittava siten, että SGB VI:n 47 §:n 1 momentissa tarkoitetun kasvatuseläkkeen kaltainen etuus kuuluu kyseisessä 67 artiklassa tarkoitetun eläkkeen käsitteen alaan. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 17.6.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 592/2008, 77 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sosiaaliturvalain VI osan (Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch) 47 §:n 1 momentissa tarkoitetun kasvatuseläkkeen kaltaista etuutta, joka kuolemantapauksessa myönnetään edesmenneen entiselle puolisolle kyseisen entisen puolison lasten kasvatusta varten, ei voida rinnastaa mainitun asetuksen kyseisessä säännöksessä tarkoitettuun ”vanhuus-, työkyvyttömyys- tai tapaturma- tai ammattitautieläkkeeseen”. 2) Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 67 artiklaa on tulkittava siten, että sosiaaliturvalain VI osan 47 §:n 1 momentissa tarkoitetun kasvatuseläkkeen kaltainen etuus kuuluu kyseisessä 67 artiklassa tarkoitetun eläkkeen käsitteen alaan. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62013CJ0056

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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektyw Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu [ptasiej grypy] ( Dz.U. L 167, s. 1 ) oraz 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków [ptasiej grypy] i uchylającej dyrektywę 92/40/EWG ( Dz.U. L 10, s. 16 ), decyzji Komisji 2006/105/WE z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej [zaraźliwej] grypy ptaków [ptasiej grypy] u dzikiego ptactwa na Węgrzech ( Dz.U. L 46, s. 59 ) oraz decyzji Komisji 2006/115/WE dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej [zaraźliwej] grypy ptaków [ptasiej grypy] wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylającej decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE ( Dz.U. L 48, s. 28 ), a także art. 16, 17 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej „kartą”). Wniosek ten został złożony w ramach postępowania pomiędzy Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt, rolniczą spółką hodowlaną, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (służbami administracyjnymi departamentu Bács-Kiskun) w przedmiocie odmowy przyznania przez ową służbę skarżącej w postępowaniu głównym odszkodowania z tytułu naprawy szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władztwa administracyjnego, odpowiadającego utraconemu przez rzeczoną skarżącą zyskowi. Ramy prawne Prawo Unii Artykuł 1 akapit pierwszy dyrektywy 92/40 stanowi: „Niniejsza dyrektywa określa wspólnotowe środki zwalczania, które mają być stosowane w razie ogniska influenzy drobiu [grypy ptasiej] bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych regulujących handel wewnątrzwspólnotowy”. Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy 2005/94 przewiduje: „Niniejsza dyrektywa ustanawia: a) niektóre środki zapobiegawcze, odnoszące się do nadzorowania i wczesnego wykrywania grypy ptaków [ptasiej grypy] oraz podniesienia poziomu świadomości i przygotowania właściwych organów i środowiska rolniczego na zagrożenie tą chorobą; b) minimalne środki zwalczania do stosowania w przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków [ptasiej grypy] u drobiu lub innych utrzymywanych ptaków i wczesnego wykrycia ewentualnego przeniesienia wirusów grypy ptaków [ptasiej grypy] na ssaki; c) inne pomocnicze środki w celu uniknięcia przenoszeniu się wirusów grypy pochodzących od ptaków na inne gatunki”. Zgodnie z art. 67 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2005/94: „Przed dniem 1 lipca 2007 r. państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję”. Artykuł 2 decyzji 2006/105, zatytułowany „Ustanowienie stref ochrony i nadzoru”, stanowi w ust. 1: „Na obszarach, gdzie potwierdzono występowanie u dzikiego ptactwa wysoce zjadliwej [zaraźliwej] grypy ptaków [ptasiej grypy] wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 oraz podejrzewa się lub stwierdzono typ neuraminidazy N1, Węgry ustanawiają: a) strefę ochrony o promieniu co najmniej 3 kilometrów, oraz b) strefę nadzoru o promieniu co najmniej 10 kilometrów, w tym także strefa ochrony”. Artykuł 3 ust. 2 lit. a) i c) tej decyzji przewiduje: „Węgry zapewniają, aby w strefie ochrony zakazano: a) usuwania drobiu lub innych ptaków z gospodarstw, w których są trzymane; [...] c) przewożenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli przez tę strefę, z wyjątkiem tranzytu drogami głównymi lub koleją, oraz przewożenia do bezpośredniego uboju w ubojni; [...]”. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 rzeczonej decyzji: „W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. a) Węgry zezwalają na przewożenie młodych niosek i indyków przeznaczonych do tuczu do gospodarstw objętych urzędową kontrolą znajdujących się w strefie ochrony albo w strefie nadzoru”. Artykuł 11 decyzji nr 2006/105 przewiduje: „Węgry natychmiast podejmują niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Węgry niezwłocznie informują o tym Komisję”. Artykuł 2 decyzji 2006/115, zatytułowany „Ustanawianie stref ochrony i stref nadzoru”, w ust. 1 stanowi: „Na obszarach, gdzie potwierdzono występowanie u dzikiego ptactwa wysoce zjadliwej [zaraźliwej] grypy ptaków [ptasiej grypy] wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 oraz podejrzewa się lub stwierdzono typ neuraminidazy N1, państwo członkowskie dotknięte chorobą ustanawia: a) strefę ochrony o promieniu co najmniej 3 kilometrów, oraz b) strefę nadzoru o promieniu co najmniej 10 kilometrów, w tym także strefa ochrony”. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 tej decyzji dotyczącego środków w owej strefie ochrony: „Państwo członkowskie dotknięte chorobą zapewnia wprowadzenie na obszarze kontroli zakazu następujących czynności: a) usuwania drobiu lub innych ptaków z gospodarstw, w których są trzymane; [...] c) przewożenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli przez tę strefę, z wyjątkiem tranzytu drogami głównymi lub koleją, oraz przewożenia do bezpośredniego uboju w ubojni; [...]”. Zgodnie z art. 6 ust. 1 rzeczonej decyzji: „W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. a) państwo członkowskie dotknięte chorobą zezwala na przewożenie młodych niosek, indyków przeznaczonych do tuczu, innego drobiu i dzikiego ptactwa hodowlanego do gospodarstw objętych urzędową kontrolą znajdujących się w strefie ochrony albo w strefie nadzoru”. Artykuł 11 akapit pierwszy decyzji 2006/115 stanowi: „Państwa członkowskie niezwłocznie uchwalają i publikują środki niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją. Niezwłocznie informują o tym Komisję”. Prawo węgierskie Állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. Törvény (ustawa nr CLXXVI z 2005 dotycząca zdrowia zwierząt), w brzmieniu obowiązującym w dniu zaistnienia okoliczności faktycznym w postępowaniu głównym, zawiera przepisy dotyczące środków epidemiologicznych. Zgodnie z § 7 ust. 4 tej ustawy: „W celu prewencji, stwierdzenia i unikania rozpowszechniania się chorób odzwierzęcych, o których należy zawiadamiać, oraz w celu zmniejszenia i naprawienia szkód organy właściwe w dziedzinie policji sanitarnej mogą przyjmować w zależności od charakteru i rozpowszechnienia choroby następujące środki epidemiologiczne w przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych: [...] f) ustanawianie stref ochronnych (stref nadzoru), [...] q) obowiązek współpracy podmiotów gospodarczych (np. rzeźników, fabryk, które zajmują się przetwarzaniem półproduktów pochodzenia zwierzęcego) w celu skutecznego stosowania środków epidemiologicznych w zakresie i na czas, jaki jest konieczny dla wyeliminowania niebezpieczeństwa, za późniejszą rekompensatą w zależności od stopnia współpracy”. Zgodnie z § 8 ust. 1 tej ustawy: „Jednocześnie może zostać ustanowionych kilka środków epidemiologicznych. Decyzje postanawiające o środkach podlegają natychmiastowej wykonalności, niezależnie od środków zaskarżenia. Ponadto § 10 tej ustawy stanowi: „1.   W przypadku ustanowienia środków epidemiologicznych, o których mowa w § 7 ust. 4 lit. i)–q), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 4, prawo do odszkodowania ze strony państwa przysługuje: [...] c) podmiotom gospodarczym, o których mowa w § 7 ust. 4 lit. q). [...] 3.   Wysokość odszkodowania stanowi wartość handlowa zwierząt, materiałów, narzędzi lub przedmiotów, a w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 4 lit. p) i q), obliczana jest z uwzględnieniem szkód (bez utraconego zysku) wyrządzonych w związku z użyciem dóbr w celu współpracy. Przepisy szczególne uregulują w szczegółowy sposób ocenę szkód i wypłatę odszkodowań. Sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony w decyzji przyznającej to odszkodowanie. [...]”. Zgodnie z § 14 zarządzenia nr 44 ministra ds. rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 maja w sprawie ochrony przed ptasią grypą i chorobą Newcastle, w brzmieniu obowiązującym na dzień zaistnienia okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym: „1.   Jeżeli szef okręgu weterynaryjnego stwierdzi u przedsiębiorcy lub w innym gospodarstwie rolnym przypadki ptasiej grypy lub choroby Newcastle, służby policji sanitarnej zarządzą ustanowienie strefy ochronnej na określonym terytorium w maksymalnym promieniu trzech kilometrów od danego przedsiębiorstwa. Przy ustanawianiu strefy ochronnej należy brać pod uwagę miejscowe fermy drobiu, położenie rzeźni, naturalne granice geograficzne, a także możliwości nadzoru”. [...]”. Artykuł 339 ust. 1 Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény (kodeksu cywilnego ustanowionego przez ustawę nr IV z 1959 r.), dotyczący naprawy szkody, przewiduje: „Każdy, kto bezprawnie wyrządza szkodę innej osobie, jest zobowiązany do jej naprawienia. Zostaje on zwolniony z tego obowiązku, gdy udowodni, że działał w sposób, którego należy oczekiwać w podobnych okolicznościach”. Paragraf 349 ust. 1 tego kodeksu stanowi: „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu funkcji publicznych wchodzi w grę jedynie wówczas, gdy szkody można było uniknąć za pomocą zwykłych środków (zaskarżenia) lub gdy poszkodowany skorzystał z możliwości wniesienia zwykłych środków zaskarżenia w celu uniknięcia szkody”. Postępowanie główne i pytania prejudycjalne Skarżąca w postępowaniu głównym, która jest rolniczym przedsiębiorstwem hodowlanym i zajmuje się między innymi tuczeniem indyków, podpisała ze spółdzielnią rolną na okres od dnia 6 lutego do dnia 31 grudnia 2006 r. umowę dzierżawy dotyczącą fermy indyków położonej na peryferiach gminy Nagybaracska (Węgry). Zamiarem skarżącej było przeprowadzenie na fermie dwóch tur tuczenia wcześniej wyhodowanych indyków. W dniu 10 lutego 2006 r. znaleziono w obrębie gminy Nagybaracska, w odległości około 50 m od wydzierżawionej fermy, nieżywego łabędzia pospolitego zakażonego wirusem H5N1. W związku z tym w celu przyjęcia środków zwalczania szczególnie zakaźnej ptasiej grypy Komisja przyjęła odpowiednio w dniach 15 i 17 lutego 2006 r. decyzje 2006/105 i 2006/115. Decyzjami administracyjnymi 945‑0/BACSK/2006 i 945‑1/BACSK/2006 odpowiednio z dnia 15 i 21 lutego 2006 r., zgodnie z istniejącymi krajowymi ramami prawnymi, pozwana w postępowaniu głównym zarządziła ustanowienie strefy ochronnej, która rozciągała się również na obszar administracyjny Csátalja, i ustanowiła inne środki, takie jak zakaz przewozu drobiu w obrębie owej strefy ochronnej. Zakaz ten został zniesiony w dniu 21 kwietnia 2006 r. W dniu 23 lutego 2006 r. niepodlegającą zaskarżeniu decyzją administracyjną 1011‑5/BACSK/2006 pozwana w postępowaniu głównym oddaliła przedstawiony przez skarżącą w postępowaniu głównym wniosek o zezwolenie na chów indyków na fermie położonej w Nagybaracska z powodu ograniczeń mających zastosowanie do ustanowionej strefy ochronnej, a także z tego powodu, że rzeczona skarżąca i jej partnerzy posiadali kilka ferm, w których w zakresie możliwości każdej z nich mogły zostać jej zdaniem zostać umieszczone indyki. W dniu 16 marca 2006 r. powódka złożyła do pozwanej w postępowaniu głównym wniosek o odszkodowanie za wszystkie szkody poniesione w wyniku ustanowienia strefy ochronnej i odmówienia jej zezwolenia na ulokowanie indyków w owej strefie ochronnej. W wyniku decyzji administracyjnych podlegających kontroli sądowej łączna kwota 3509879 forintów węgierskich (HUF) (około 12000 EUR) została przysądzona i zapłacona na rzecz skarżącej w postępowaniu głównym z tytułu odszkodowania, przy czym jej wniosek został oddalony w zakresie kwoty odpowiadającej utraconemu zyskowi. W związku z tym skarżąca w postępowaniu głównym wniosła skargę przeciwko Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, podnosząc, że pozwana w postępowaniu głównym nie mogła zakazać dostawy indyków do wynajmowanego lokalu, w taki sposób, że rzeczona pozwana miała obowiązek przyznania odszkodowania obejmującego utracony zysk, który nie został przyznany w ramach administracyjnego postępowania odszkodowawczego. W dniu 13 maja 2012 r. Kecskeméti törvényszék (rejonowy sąd w Kecskemét) oddalił skargę skarżącej w postępowaniu głównym na tej podstawie, że decyzje wydane przez pozwaną w postępowaniu głównym w ramach jej swobodnego uznania nie były sprzeczne z prawem, a w każdym wypadku nie zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w ramach wykonywania władztwa administracyjnego. Skarżąca w postępowaniu głównym wniosła odwołanie od tego wyroku do Szegedi ítélőtábla (okręgowego sądu w Szeged). W tych okolicznościach Szegedi ítélőtábla postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: 1) Czy zgodna z prawem Unii – dyrektywami [92/40/ i 2005/94] i decyzją 2006/115 [...] – jest decyzja wydana przez węgierskie organy administracyjne w ramach tymczasowych środków ochronnych przeciwko wysoce zaraźliwej ptasiej grypie, przez którą ustanowiono strefę ochronną, w ramach której zakazano między innymi transportu drobiu? Czy zgodne z prawem Unii – dyrektywami [92/40/ i 2005/94] i decyzją 2006/115 [...] – są decyzja wydana przez węgierskie organy administracyjne w ramach tymczasowych środków ochronnych przeciwko wysoce zaraźliwej ptasiej grypie, którą częściowo zostały zmienione przepisy dotyczące obszaru ochrony i w tych ramach zakazano między innymi transportu drobiu przez tę strefę, jak również środek zastosowany w odniesieniu do skarżącej w formie decyzji właściwego organu (decyzja niepodlegająca zaskarżeniu), którą zakazano transportu (dla celów hodowlanych) indyków do fermy znajdującej się w obrębie strefy ochronnej, dokładnie w centrum wykrytej infekcji? 2) Czy jeden z celów dyrektyw [92/40/ i 2005/94], jako źródeł prawa Unii, polega na ustanawianiu prawa Unii zmierzającego do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom prywatnym w wyniku przepisów tymczasowych wydanych w imieniu ochrony przed wysoce zaraźliwą ptasią grypą w Unii? Czy podstawa prawna prawa Unii wskazana w dyrektywach [92/40/ i 2005/94] i decyzjach [2006/115 i 2006/115] przyznaje wystarczającą kompetencję do przyjęcia prawa Unii zmierzającego do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom prywatnym w wyniku tymczasowych przepisów ochronnych przed wysoce zaraźliwą ptasią grypą? 3) W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie – czy zgodne z prawem i prawem Unii jest ograniczenie prawa do odszkodowania za szkody wynikające z przepisów tymczasowych wydanych w wykonaniu wspomnianych źródeł prawa? Czy można uznać, że przepis krajowy, który ogranicza odszkodowanie ze strony państwa do rzeczywiście poniesionych szkód i wydatków i wyłącza możliwość odszkodowania za utracony zysk, stanowi konieczne i proporcjonalne ograniczenie prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone osobom prywatnym? 4) W przypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie drugie – czy powódka może opierać swoje prawo do uzyskania odszkodowania za utracony zysk bezpośrednio na postanowieniach karty [...] (art. 16 dotyczący wolności prowadzenia działalności gospodarczej, art. 17 dotyczący prawa własności, art. 47 dotyczący prawa do rzeczywistej ochrony prawnej), jeżeli przepisy tymczasowe wydane przez państwo członkowskie w wykonaniu prawa Unii w ramach ochrony przed wysoce zaraźliwą ptasią grypą wyrządziły szkodę skarżącej, jednakże w związku z odszkodowaniem za powstałe szkody uregulowanie krajowe ogranicza dochodzenie takiego odszkodowania, wyłączając możliwość dochodzenia odszkodowania za utracony zysk? 5) Jeżeli można by było powoływać się na prawo do pełnego odszkodowania za szkody na podstawie jednej z podstaw prawa Unii, to czy można powoływać się na to prawo wyłącznie wobec państwa, czy też posługując się szeroką wykładnią pojęcia państwa na takie prawo można powoływać się również wobec organu administracji publicznej w postępowaniu zmierzającym do uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych? Jeżeli można powoływać się na takie prawo wobec organów administracji, to czy prawo krajowe może wymagać w odniesieniu do dochodzenia roszczeń za szkody wykazania spełnienia dodatkowych przesłanek powstania prawa do odszkodowania? 6) Jeżeli prawo Unii nie przyznaje skarżącej możliwości uzyskania bezpośrednio na podstawie prawa Unii pełnego odszkodowania za wyrządzone jej szkody, to czy zasada równorzędności procesowej nakazuje stosowanie tych samych przepisów w celu rozstrzygania roszczeń, które powinny być oceniane na podstawie prawa Unii, i podobnych roszczeń, które powinny być oceniane na podstawie prawa węgierskiego? 7) Czy w podobnych okolicznościach do niniejszego przypadku – z uwagi na przepisy ustawowe i wykonawcze wydane przez państwa członkowskie w ramach ochrony przed wysoce zaraźliwą grypą u dzikich ptaków w Unii wpływają w sposób nieuchronny na funkcjonowanie wewnętrznego rynku – możliwe jest w postępowaniu sądowym dotyczącym przepisów wykonujących prawo Unii zwrócenie się do Komisji Europejskiej w celu wydania opinii jako amicus curiae, w szczególności w tych przypadkach, gdy wiadomo, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące kwestii prawnych mających znaczenie dla rozpatrywanego przypadku? 8) Jeżeli istnieje możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej w celu wydania opinii jako amicus curiae lub w celu uzyskania zwykłej informacji, to czy Komisja Europejska jest zobowiązana do wydania opinii jako amicus curiae lub udzielenia wnioskowanej [żądanej] informacji odnośnie do danych, dokumentów i oświadczeń uzyskanych w trakcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i praktyki stosowanej w tej dziedzinie przez Komisję Europejską – w szczególności w przypadku gdy chodzi o dane niejawne, które zostały uzyskane na etapach poprzedzających postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości? Czy można publicznie wykorzystać takie dane w konkretnym postępowaniu toczącym się przed sądem państwa członkowskiego?”. W przedmiocie pytań prejudycjalnych Uwagi wstępne Należy podkreślić, że w świetle okoliczności opisanych w postanowieniu odsyłającym stwierdzono istnienie ogniska grypy zakaźnej w postępowaniu głównym u dzikiego ptaka. W niniejszej sprawie chodzi łabędzia, który zmarł w wyniku zarażenia ptasią grypą. Otóż jeżeli chodzi o dyrektywy 92/40 i 2005/94, to z ich art. 1 wynika, że ich zakres zastosowania rozciąga się wyłącznie na ustanowienie środków zapobiegawczych i środków zwalczania w przypadku podejrzenia lub rzeczywistego wystąpienia w ramach danego gospodarstwa ogniska ptasiej grypy u drobiu lub innego ptactwa utrzymywanego w niewoli. W związku z tym rzeczone dyrektywy nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż ich zakres zastosowania nie obejmuje przypadków pojawienia się ogniska grypy ptasiej u ptactwa dzikiego, którego odosobniony przypadek wymaga mniej restrykcyjnych środków. Zatem to w świetle powyższych informacji należy ocenić pytania przedstawione przez sąd odsyłający. W przedmiocie pytań siódmego i ósmego Przez pytania siódme i ósme, które należy rozpatrywać łącznie, sąd odsyłający zmierza do ustalenia, w jakim zakresie sąd krajowy może zwrócić się do Komisji o dostarczenie wyjaśnień w ramach sporu dotyczącego środków mających na celu wykonanie prawa Unii, w szczególności jeżeli zostało wszczęte przez Komisję postępowanie o uchybienie dotyczące transpozycji dyrektywy 2005/94, i w jaki sposób zebrane informacje mogą zostać wykorzystane. W tym zakresie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, Trybunał może odmówić orzekania co do pytania prejudycjalnego przedstawionego przez sąd krajowy, gdy żądana wykładnia prawa Unii w sposób oczywisty nie ma żadnego związku z rzeczywistością lub przedmiotem sporu w postępowaniu głównym lub też gdy problem ma charakter hipotetyczny albo gdy Trybunał nie posiada wystarczającej wiedzy na temat okoliczności faktycznych i prawnych, aby odpowiedzieć na przedstawione mu pytania w użyteczny sposób (zob. wyrok PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160 , pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie, ponieważ dyrektywa 2005/94 nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, żądana wykładania prawa Unii, mająca na celu ustalenie, czy Komisja powinna udzielić wyjaśnień w odniesieniu do skargi o uchybienie wniesionej przez Węgry dotyczącej transpozycji tej dyrektywy, nie ma znaczenia dla orzeczenia, jakie ma wydać sąd odsyłający. Z powyższego wynika, że przedstawione przez sąd odsyłający pytania siódme i ósme są niedopuszczalne. W przedmiocie pytania pierwszego Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy decyzje 2006/105 i 2006/115 powinny być interpretowane w ten sposób, że sprzeciwiają się one, po pierwsze, środkom krajowym takim jak decyzje administracyjne z dnia 15 i 21 lutego 2006 r., które nakazują ustanowienie strefy ochrony na obszarze administracyjnym gmin Csátalja i Nagybaracska i zakazują przewozu drobiu w tym obszarze, i po drugie, decyzji administracyjnej takiej jak decyzja z dnia 23 lutego 2006 r., odmawiającej przedsiębiorcy takiemu jak skarżąca w postępowaniu głównym umieszczenia indyków na farmie położonej w Nagybaracska. Po pierwsze, art. 2 ust. 1 lit. a) i art. 3 ust. 2 lit. c) decyzji 2006/115 z jednej strony zobowiązują dane państwo członkowskie do ustanowienia na obszarze, gdzie stwierdzono istnienie szczególnie zaraźliwej ptasiej grypy u dzikiego ptactwa, strefy ochronnej o promieniu trzech kilometrów i z drugiej strony zakazują transportu drobiu i innego ptactwa trzymanego w niewoli przez ową strefę, z wyjątkiem przewożenia tranzytu drogami głównymi lub koleją oraz przewożenia do bezpośredniego uboju w ubojni W niniejszej sprawie z treści przywołanych przepisów wynika, że sporne w postępowaniu głównym środki krajowe, to znaczy ustanowienie strefy ochrony i zakaz transportu drobiu przez tę strefę, przyjęte jako decyzje administracyjne przez węgierskie organy odpowiednio w dniach 15 i 21 lutego 2006 r., są zgodne z tymi przepisami, czemu nie zaprzeczyła żadna ze stron postępowania głównego. Po drugie, w zakresie, w jakim art. 3 ust. 2 lit. c) decyzji 2006/105 zakazuje przewozu drobiu przez strefę ochrony, to znaczy przewozu, z którym nie wiąże się żadne ładowanie lub rozładowywanie zwierząt, wynika z niego a fortiori, iż przewóz drobiu do fermy położonej w tej strefie, tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie, jest również zakazany. Ponadto, tak jak twierdzi Komisja, wyjątki przewidziane w art. 6 tej decyzji mają zastosowanie wyłącznie do transportu dokonywanego w obrębie strefy ochrony lub rozpoczynającego się w tej strefie. Wyjątki te nie mają zastosowania zatem do przewozu dokonywanego spoza tej strefy z przeznaczeniem do tej strefy, tak jak to ma miejsce w postępowaniu głównym. Z powyższego wynika, że odmówienie przez węgierskie organy w drodze decyzji administracyjnej z dnia 23 lutego 2006 r. zezwolenia na przewóz drobiu do strefy ochrony jest zgodne z art. 3 ust. 2 lit. c) decyzji 2006/105 i 2006/115. Wybór formy decyzji administracyjnej nie ma żadnego wpływu na tę ocenę, ponieważ decyzje te nie przewidują żadnych szczególnych warunków ich wykonania. Ze względu na powyższe rozważania na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że decyzje 2006/105 i 2006/115 powinny być interpretowane w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, po pierwsze, środkom krajowym takim jak decyzje administracyjne z dnia 15 i 21 lutego 2006 r. zarządzające ustanowienie strefy ochrony na terytorium administracyjnym Csátalja i Nagybaracska oraz zakazujące przewozu drobiu przez tą strefę, oraz po drugie, decyzji administracyjnej takiej jak decyzja z dnia 23 lutego 2006 r. odmawiająca przedsiębiorstwu takiemu jak skarżąca w postępowaniu głównym umieszczenia indyków na fermie położonej w Nagybaracska. W przedmiocie pytań drugiego i czwartego Poprzez pytania drugie i czwarte, które należy rozpatrywać łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy decyzje 2006/105 i 2006/115 ustanawiające środki zwalczania ptasiej grypy powinny być interpretowane w ten sposób, że zawierają one przepisy lub odsyłają do przepisów zmierzających do ustanowienia systemu naprawy szkód spowodowanych przez przewidziane przez nie środki, a w razie odpowiedzi przeczącej – czy okoliczność, że prawo krajowe wyłącza utracone zyski z naprawy szkód spowodowanych przez krajowe środki ochronne takie jak w postępowaniu głównym, przyjęte zgodnie z decyzjami 2006/105 i 2006/115, stanowi naruszenie swobody przedsiębiorczości, prawa własności i prawa do skutecznego środka prawnego, wpisanych odpowiednio w art. 16 i 17 oraz 47 karty. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, do czego zmierzają również strona pozwana w postępowaniu głównym, rząd węgierski oraz Komisja, że decyzje 2006/105 i 2006/115 nie zawierają żadnego przepisu mającego na celu ustanowienie systemu odszkodowań za szkody wyrządzone podmiotom prywatnym w wyniku wdrożenia przepisów zwalczania ptasiej grypy przewidziane w tych decyzjach. Ponadto o ile rzeczone decyzje stanowią akty wykonawcze przyjęte na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 dyrektywy 89/662/EWG Rady z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego ( Dz.U. L 395, s. 13 ) oraz art. 10 ust. 3 i 4 dyrektywy 90/425/EWG Rady z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącej kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego ( Dz.U. L 224, s. 29 ), to jednak żadna kompetencja przyznana Komisji do ustanowienia systemu odszkodowania nie wynika ani z treści ani z celu owych dyrektyw, które stanowiły podstawę wydania decyzji 2006/105 i 2006/115. W każdym wypadku należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału prawodawca Unii może co prawda w ramach szerokiego zakresu swobodnego uznania w dziedzinie polityki rolnej uznać, iż wskazane jest częściowe lub całkowite odszkodowanie na rzecz właścicieli gospodarstw, w których zwierzęta poddano utylizacji lub ubiciu, niemniej nie można stąd wywieść istnienia w prawie Unii ogólnej zasady, która nakazywałaby przyznawanie odszkodowania we wszelkich okolicznościach. (zob wyrok Booker Aquaculture i Hydro Seafood, C‑20/00 i C‑64/00, EU:C:2003:397 , pkt 85). Orzecznictwo to ma również zastosowanie w sprawie głównej w szczególności z uwagi na to, że sporne środki krajowe są mniej surowe niż środki polegające na utylizacji i uboju, o których mowa w ww. wyroku Booker Aquaculture i Hydro Seafood ( EU:C:2003:397 ). Z powyższego wynika, że decyzje 2006/105 i 2006/115 ustanawiające środki zwalczania ptasiej grypy nie zawierają ani nie odsyłają do przepisów zmierzających do ustanowienia systemu naprawy szkód wyrządzonych przez przewidziane przez nie środki. W związku z tym decyzje te nie ustanawiają obowiązku odszkodowania ciążącego na państwach członkowskich. Po drugie, w zakresie, w jakim sąd odsyłający zastanawia się nad zgodnością systemu naprawy szkód wyrządzonych w związku z przyjęciem środków spornych w postępowaniu głównym, takich jak ustanowione przez ustawodawcę krajowego, ze swobodą przedsiębiorczości, prawem własności i prawem do skutecznego środka prawnego, które są zagwarantowane przez kartę, należy na wstępie podkreślić, że zgodnie z prawem krajowym spornym w postępowaniu głównym podmiot gospodarczy zobowiązany do współpracy w ramach środków epidemiologicznych ma prawo do odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku tej współpracy, z wyłączeniem utraconych zysków. Tymczasem należy stwierdzić, że ponieważ obowiązku naprawy szkody nie można oprzeć na prawie Unii, środek krajowy taki jak w postępowaniu głównym, przewidujący wypłatę przez dane państwo odszkodowania odpowiadającego szkodzie i rzeczywistym kosztom z wyłączeniem utraconych zysków, nie należy do zakresu zastosowania prawa Unii, lecz zależy wyłącznie od wyboru prawodawcy krajowego. W tym względzie należy przypomnieć, że tryb postępowania przewidziany w art. 267 TFUE zgodnie z utrwalonym orzecznictwem opiera się na całkowitym rozdziale zadań sądów krajowych i Trybunału, gdzie Trybunał jest wyłącznie właściwy do rozstrzygania w przedmiocie wykładni lub ważności aktów prawa Unii wymienionych w tym artykule. W tym kontekście do Trybunału nie należy ocena wykładni przepisów krajowych czy też rozstrzyganie, czy wykładnia nadana im przez sąd odsyłający jest prawidłowa (wyrok Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588 , pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo). Ponadto zgodnie z art. 51 ust. 1 karty, regulującym jej zakres zastosowania, jej przepisy znajdują zastosowanie do państw członkowskich, wyłącznie gdy wdrażają one prawo Unii. Przepis ten potwierdza utrwalone orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym zagwarantowane przez porządek prawny Unii prawa podstawowe znajdują zastosowanie we wszystkich sytuacjach regulowanych przez prawo Unii, lecz nie mogą być stosowane poza tymi sytuacjami. Jeżeli sytuacja prawna nie należy do zakresu zastosowania prawa Unii, to Trybunał nie jest właściwy do rozpoznania tej sprawy, a ewentualnie przywołane przepisy karty nie mogą same w sobie uzasadniać tej właściwości (zob. podobnie wyrok Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105 , pkt 17, 19, 22; a także postanowienie Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, C‑258/13, EU:C:2013:810 , pkt 18–20). W związku z tym ocena zgodności prawa krajowego takiego jak w postępowaniu przed sądem krajowym, które nie przewiduje całego odszkodowania, obejmującego utracone zyski, za szkody poniesione w związku z przyjęciem na podstawie prawa Unii krajowych środków ochrony przed ptasią grypą, z prawem do skutecznego środka prawnego i do własności oraz ze swobodą przedsiębiorczości nie należy do właściwości Trybunału. W rzeczywistości bowiem, o czym mowa w pkt 48 i 49 niniejszego wyroku, brak jest w prawie Unii ogólnej zasady, która nakładałaby na państwa członkowskie obowiązek naprawy szkody wynikający z takich środków. Z uwagi na ogół powyższych rozważań na pytania drugie i czwarte należy odpowiedzieć, po pierwsze, że decyzje 2006/105 i 2006/115 ustanawiające środki zwalczania ptasiej grypy powinny być interpretowane w ten sposób, że nie zawierają one ani nie odsyłają do przepisów zmierzających do ustanowienia systemu naprawy szkód wyrządzonych przez przewidziane przez nie środki, oraz po drugie, że ocena zgodności z prawem przepisów krajowych, takich jak w postępowaniu głównym, które nie przewidują pełnego odszkodowania, w tym utraconych zysków, za szkody poniesione w wyniku przyjęcia zgodnie z prawem Unii krajowych środków ochrony przed ptasią grypą, w świetle prawa do skutecznego środka prawnego i prawa własności, a także swobody przedsiębiorczości, nie należy do właściwości Trybunału. W przedmiocie pytań trzeciego i piątego Zgodnie z postanowieniem odsyłającym odpowiedź na pytania trzecie i piąte jest konieczna w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzących na pytania drugie i czwarte. Z uwagi na odpowiedź udzieloną na pytania drugie i czwarte nie ma konieczności udzielania odpowiedzi na pytanie trzecie i piąte. W przedmiocie pytania szóstego Poprzez pytanie szóste sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy zasada równoważności powinna być interpretowana w ten sposób, że w przypadku gdy prawo do odszkodowania za szkody poniesione przez przedsiębiorcę takiego jak skarżąca w postępowaniu głównym nie wynika z prawa Unii, zasada ta może być stosowana w celu umożliwienia zastosowania tych samych przepisów proceduralnych dotyczących rozpoznawania z jednej strony roszczeń, które mogą zostać przysądzone na podstawie prawa Unii, a z drugiej strony podobnych roszczeń, które mogą zostać przysądzone na podstawie przepisów prawa węgierskiego. Jeżeli chodzi o zasadę równoważności, to z orzecznictwa Trybunału wynika, że jej poszanowanie zakłada, że rozpatrywany przepis krajowy znajduje zastosowanie bez różnicy do środków prawnych opartych na prawach, które jednostki wywodzą z prawa Unii, oraz do środków prawnych opartych na naruszeniu prawa wewnętrznego, mających podobny przedmiot i podstawę. Do sądu odsyłającego, który ma bezpośrednią znajomość szczegółowych zasad postępowania mających zastosowanie, należy zbadanie podobieństwa danych skarg pod kątem ich przedmiotu, podstawy oraz istotnych elementów (zob. wyrok Agrokonsulting‑04, C‑93/12, EU:C:2013:432 , pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo). W świetle odpowiedzi udzielonej na pytania drugie i czwarte żaden przepis prawa Unii nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku ustanowienia systemu naprawy szkód wyrządzonych przez krajowe środki ochrony takie jak w postępowaniu głównym. Przeciwnie, możliwość ustanowienia takiego systemu zależy wyłącznie od wyboru prawodawcy krajowego. Z powyższego wynika, że o ile przestrzeganie zasady równoważności oznacza stosowania bez rozróżnienia przepisu krajowego w sytuacjach wynikających z jednej strony z zastosowania prawa Unii, a z drugiej strony – z prawa krajowego, to jednak zasada ta nie może być stosowana w sytuacjach, które nie są objęte zakresem prawa Unii, tak jak sytuacja w postępowaniu głównym. W każdym wypadku z postanowienia odsyłającego wynika, że jeżeli chodzi o roszczenie o naprawienie szkód wyrządzonych przez krajowy środek ochrony w postępowaniu głównym, nic nie wskazuje na zróżnicowane traktowanie przez krajowe przepisy proceduralne praw zagwarantowanych przez prawo Unii oraz praw przewidzianych przez prawo krajowe. Z uwagi na powyższe zasada równoważności nie ma zastosowania do sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym. W przedmiocie kosztów Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (szósta izba) orzeka, co następuje: 1) Decyzja Komisji 2006/105/WE z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej [zaraźliwej] grypy ptaków [ptasiej grypy] u dzikiego ptactwa na Węgrzech oraz decyzja Komisji 2006/115/EWG dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków [ptasiej grypy] wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylającą decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE powinny być interpretowane w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one, po pierwsze, środkom krajowym takim jak decyzje administracyjne z dnia 15 i 21 lutego 2006 r., zarządzające ustanowienie strefy ochrony na terytorium administracyjnym Csátalja i Nagybaracska oraz zakazujące przewozu drobiu przez tą strefę, oraz po drugie, decyzji administracyjnej takiej jak decyzja z dnia 23 lutego 2006 r., odmawiająca przedsiębiorstwu takiemu jak skarżąca w postępowaniu głównym umieszczenia indyków na fermie położonej w Nagybaracska. 2) Po pierwsze, decyzje 2006/105 i 2006/115 powinny być interpretowane w ten sposób, że nie zawierają one ani nie odsyłają do przepisów zmierzających do ustanowienia systemu naprawy szkód wyrządzonych przez przewidziane przez nie środki, a po drugie, ocena zgodności z prawem przepisów krajowych takich jak w postępowaniu głównym, które nie przewidują pełnego odszkodowania, w tym utraconych zysków, za szkody poniesione w wyniku przyjęcia zgodnie z prawem Unii krajowych środków ochrony przed ptasią grypą, z punktu widzenia prawa do skutecznego środka prawnego i prawa własności, a także swobody przedsiębiorczości, nie należy do właściwości Trybunału. Podpisy ( *1 )   Język postępowania: węgierski

62010TJ0509

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A jogvita előzményei A felperes Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, egy olyan iráni társaság, amely a National Iranian Oil Company tulajdonában áll, és amelynek feladata ez utóbbi cégcsoportjának beszerző szerveként eljárni a kőolaj‑ és földgázipari, valamint petrolkémiai tevékenységek területén. Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben elfogadott korlátozó intézkedések A jelen ügy azon, az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben nyomásgyakorlás céljából bevezetett korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos, amelyek célja, hogy ez utóbbi megszüntesse az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységét és az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését (a továbbiakban: atomfegyverek elterjedése). Az Európai Unióban elfogadták az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. február 27‑i 2007/140/KKBP tanácsi közös álláspontot ( HL L 61., 49. o. ) és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. április 19‑i 423/2007/EK tanácsi rendeletet ( HL L 103., 1. o. ). A 2007/140 közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja elrendelte bizonyos személyek és szervezetek valamennyi pénzeszközének és gazdasági erőforrásának befagyasztását. E személyek és szervezetek listája a 2007/140 közös álláspont II. mellékletében szerepelt. Ami az Európai Közösség hatásköreit illette, a 423/2007 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése elrendelte az Európai Unió Tanácsa által akként minősített személyek, szervezetek és szervek pénzeszközeinek befagyasztását, akik, illetve amelyek a 2007/140 közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében atomfegyverek elterjedésével járó tevékenységekben részt vesznek. A 423/2007 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján pénzeszközök befagyasztásával érintett személyek, szervezetek és szervek listája a rendelet V. mellékletét képezte. A 2007/140 közös álláspontot hatályon kívül helyezte az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. július 26‑i 2010/413/KKBP tanácsi határozat ( HL L 195., 39. o. , helyesbítés: HL L 197., 2010.7.29., 19. o. ). A 2010/413 határozat 20. cikkének (1) bekezdése elrendeli a jogalanyok több kategóriája pénzeszközeinek befagyasztását. E rendelkezés érinti különösen azokat a „[…]személyek[et] és szervezetek[et], akik [az atomfegyverek elterjedésében] közreműködnek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy ahhoz támogatást biztosítanak, vagy olyan személyek[et] vagy szervezetek[et], akik az előbb említettek nevében vagy irányításuk szerint járnak el, vagy az említettek tulajdonában álló vagy – akár törvénytelen módon is – ellenőrzésük alá tartozó szervezetek[et], ezek felsorolását a II. melléklet tartalmazza”. A 2010/413 határozat 24. cikkének (2)–(4) bekezdése szerint: „(2)   Ha a Tanács úgy határoz, hogy egy személyt vagy szervezetet a 19. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II. mellékletet. (3)   A Tanács közli döntését és a jegyzékbe vétel okait – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – a (2) bekezdésben említett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve az adott személy vagy szervezet számára, hogy észrevételeket tegyen. (4)   Amennyiben észrevételt tesznek vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt vagy szervezetet.” A 2010/413 határozat II. mellékletében szereplő listát egy új lista váltotta fel a 2010/413/KKBP határozat módosításáról szóló, 2010. október 25‑i 2010/644/KKBP tanácsi határozatban ( HL L 281., 81. o. ). A 423/2007 rendeletet hatályon kívül helyezte az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. október 25‑i 961/2010/EU tanácsi rendelet ( HL L 281., 1. o. ). A 961/2010 rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerint: „(2)   A VIII. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A VIII. melléklet azon természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, […] amelyek a [2010/413] határozat 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően úgy minősülnek, mint amelyek: a) [az atomfegyverek elterjedésében] […] közreműködnek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy ahhoz támogatást biztosítanak, illetve ilyen személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek – akár törvénytelen módon is – a tulajdonában vagy az ellenőrzése alatt állnak, vagy ezek nevében vagy utasítására járnak el; […]” A 961/2010 rendelet 36. cikke szerint: „(2)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy [jogalanyt] a 16. cikk (2) bekezdésének a hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a VIII. mellékletet. (3)   A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – [a (2) bekezdésben] említett [jogalannyal], lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen. (4)   Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett [jogalanyt].” A felperest érintő korlátozó intézkedések 2010. július 26‑tól, a 2010/413 határozat elfogadásától a Tanács felvette a felperes nevét az említett határozat II. melléklete I. táblázatában szereplő, személyek, szervezetek és szervek listájára. Következésképpen a 423/2007 rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2010. július 26‑i 668/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet ( HL L 195., 25. o. ) felvette a felperes nevét a 423/2007 rendelet V. melléklete I. táblázatában szereplő, személyek, szervezetek és szervek listájára. A 668/2010 végrehajtási rendelet elfogadásának következménye a felperes pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása volt. A 2010/413 határozatban a Tanács a következőkkel indokolta döntését: „Olaj‑ és földgázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik, amelyek felhasználhatók Irán nukleáris programjában. Olyan berendezés beszerzésére tett kísérletet (nagyon tartós ötvözetből készült tolózár), amely csak a nukleáris iparban használható. Kapcsolatban áll Irán nukleáris programjában részt vevő vállalatokkal.” A 668/2010 végrehajtási rendeletben a Tanács a következő megfogalmazást használta: „Olaj‑ és földgázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik, amelyek felhasználhatók Irán nukleáris programjában. Olyan berendezés beszerzésére tett kísérletet (nagyon tartós ötvözetből készült tolózár), amely csak a nukleáris iparban használható. Kapcsolatban áll Irán nukleáris programjában részt vevő vállalatokkal.” A Tanács a felperest nevének a 2010/413 határozat II. mellékletének és a 423/2007 rendelet V. mellékletének listájára való felvételéről a 2010. július 29‑i levéllel tájékoztatta, melyet a felperes állítása szerint 2010. augusztus 25‑én kapott meg. A felperes a 2010. szeptember 12‑i levelében kérte a Tanácstól, hogy vizsgálja felül nevének a 2010/413 határozat II. mellékletében és a 423/2007 rendelet V. mellékletében szereplő listára való felvételéről szóló döntését. A Tanácsot arra is kérte, hogy közölje azokat a bizonyítékokat, amelyekre a vele szembeni korlátozó intézkedések elfogadását alapította. A felperesek nevének a 2010/413 határozat II. mellékletébe történő felvételét nem érintette a 2010/644 határozat elfogadása. Mivel a 961/2010 rendelet hatályon kívül helyezte a 423/2007 rendeletet, a felperes nevét a Tanács átvette a 961/2010 rendelet VIII. melléklete B. táblázata 29. pontjába. Következésképpen a felperes pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait az említett rendelet 16. cikkének (2) bekezdése alapján fagyasztották be. A felperes felvételével kapcsolatban a 961/2010 rendelet indokolása a következő: „Olaj‑ és gázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik, amelyek felhasználhatók Irán nukleáris programjában. Olyan berendezés beszerzésére tett kísérletet (nagyon tartós ötvözetből készült tolózár), amely csak a nukleáris iparban használható. Kapcsolatban áll Irán nukleáris programjában részt vevő vállalatokkal.” A 2010. október 28‑i levelében a Tanács válaszolt a felperes 2010. szeptember 12‑i levelére, amelyben jelezte, hogy a felülvizsgálatot követően elutasítja a felperes kérelmét, amely arra irányult, hogy nevét töröljék a 2010/413 határozat II. mellékletében és a 961/2010 rendelet VIII. mellékletében a listáról. E tekintetben kifejtette, hogy mivel helyzetének megváltozását igazoló új elemet nem tartalmazott az iratanyag, a felperes továbbra is az említett jogszabályok korlátozó intézkedéseinek hatálya alatt marad. Az eljárás és a felek kérelmei A Törvényszék Hivatalához 2010. október 20‑án benyújtott keresetlevelével a felperes előterjesztette a jelen keresetet. A Törvényszék Hivatalához 2011. február 3‑án benyújtott beadványában az Európai Bizottság kérelmezte, hogy a jelen eljárásban beavatkozóként részt vehessen a Tanács kérelmeinek támogatása végett. 2011. március 11‑i végzésével a Törvényszék negyedik tanácsának elnöke megengedte e beavatkozást. Keresetében a felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: — semmisítse meg a 2010/413 határozatot és a 668/2010 végrehajtási rendeletet; — a Tanácsot kötelezze a költségek viselésére. 2011. december 6‑i észrevételeiben, a Törvényszék által írásban feltett kérdésre válaszul a felperes kiterjesztette első kérelmét, kérve, hogy a Törvényszék semmisítse meg a 2010/644 határozatot és a 961/2010 rendeletet, amennyiben e jogi aktusok őt érintik. A Tanács és a Bizottság azt kéri, hogy a Törvényszék: — utasítsa el a keresetet; — a felperest kötelezze a költségek viselésére. A jogkérdésről A felperes kilenc jogalapra hivatkozik. Az első jogalap a 2010/413 határozat hatálybalépéséhez kapcsolódó jogellenességeken alapul. E jogalap lényegében két részből áll. Az első rész a 2010/413 határozat visszaható hatályú hatálybalépésén alapul. A második rész a 2010/413 határozat 4. cikkének jogellenességén alapul a 28. cikkel összefüggésben. A második jogalap az indokolási kötelezettség megsértésén alapul. A harmadik jogalap a védelemhez való joga és a hatékony bírói jogvédelemhez való joga megsértésén alapul. A negyedik jogalap az arányosság elvének megsértésén alapul. Az ötödik jogalap a Tanács hatáskörének hiányán alapul a megtámadott jogi aktusok elfogadása tekintetében. A hatodik jogalap a hatáskörrel való visszaélésen alapul. A hetedik jogalap az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalmának téves jogalkalmazásán alapul. A nyolcadik jogalap a tevékenységeit illető tényekkel kapcsolatos értékelési hibán alapul. A másodlagosan előterjesztett kilencedik jogalap nyilvánvaló értékelési hibán és az arányosság elvének megsértésén alapul. A Tanács és a Bizottság vitatja a felperes által előterjesztett jogalapok megalapozottságát. Ezenkívül egyrészt a Tanács és a Bizottság álláspontja szerint a Törvényszék nem rendelkezik hatáskörrel az első jogalap második részéről való döntésre. Másrészt a tárgyaláson arra hivatkoztak, hogy a kereset elfogadhatatlan annyiban, amennyiben az a felperes alapvető jogainak állítólagos megsértésén alapul. Előzetesen először meg kell vizsgálni a Tanácsnak és a Bizottságnak a Törvényszék hatáskörére vonatkozó érveit, majd a bizonyos jogalapok elfogadhatóságára vonatkozó érveiket, végül a 2010/644 határozat és a 961/2010 rendelet megsemmisítése iránti kérelem elfogadhatóságát, mely utóbbit a felperes 2011. december 6‑i észrevételeiben terjesztett elő. A Törvényszéknek az első jogalap második részéről való döntésre vonatkozó hatásköréről Az első jogalap második részében a felperes lényegében azt állítja, hogy a 2010/413 határozat 4. cikke jogellenes, mivel olyan tilalmi intézkedéseket ír elő, melyek hatálya nem került kellő pontossággal meghatározásra. Határozni kell a Törvényszék azon hatásköréről, hogy e jogalapról dönthessen. Az EUMSZ 275. cikk szerint: „Az Európai Unió Bírósága nem rendelkezik hatáskörrel a közös kül‑ és biztonságpolitikára vonatkozó rendelkezések, valamint az azok alapján elfogadott jogi aktusok tekintetében. Mindazonáltal az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az Európai Unióról szóló szerződés 40. cikke betartásának ellenőrzése, valamint a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete alapján a természetes vagy jogi személyekre vonatkozóan elfogadott korlátozó intézkedéseket előíró határozatok jogszerűségének felülvizsgálatára irányuló, e szerződés 263. cikkének negyedik albekezdése alapján hozzá benyújtott keresetek tekintetében.” A 2010/413 határozat 4. cikke alapján: „(1)   Tilos az iráni kőolaj‑ és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai, illetve az ezen ágazatokban Iránon kívül működő iráni vagy iráni tulajdonban lévő vállalatok számára nagy fontosságú berendezéseknek és technológiáknak a tagállamok állampolgárai általi, vagy a tagállamok területéről történő, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó vízi vagy légi járművek felhasználásával való eladása, szállítása vagy átadása, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik‑e: a) finomítás; b) folyékony földgáz; c) feltárás; d) kitermelés. Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét. (2)   Tilos az Iránban a kőolaj‑ és földgázipar (1) bekezdésben említett kulcsfontosságú ágazataiban működő vállalatok, illetve az ezen ágazatokban Iránon kívül működő iráni vagy iráni tulajdonban lévő vállalatok számára az alábbiak nyújtása: a) az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiákkal kapcsolatos technikai segítség, képzés, valamint egyéb szolgáltatás; b) finanszírozás vagy pénzügyi támogatás az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kulcsfontosságú berendezések és technológiák eladása, szállítása, átadása vagy exportja, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés számára. (3)   Tilos olyan tevékenységben tudatosan vagy szándékosan részt venni, amelynek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett tilalmak megkerülése.” A 2010/413 határozatot az EU 29. cikk alapján fogadták el, amely az EUMSZ 275. cikk értelmében a közös kül‑ és biztonságpolitikára vonatkozó rendelkezés. Ellenőrizni kell tehát, hogy 4. cikke teljesíti‑e az EUMSZ 275. cikk második bekezdésében meghatározott feltételeket. Márpedig egyrészt a 2010/413 határozat 4. cikke alapján elfogadott tilalmi intézkedések általános természetűek, mivel alkalmazási körük objektív kritériumokra és nem azonosított természetes vagy jogi személyekre utalással került meghatározásra. Következésképpen, ahogy arra a Tanács és a Bizottság hivatkozik, a 2010/413 határozat 4. cikke nem egy, természetes vagy jogi személyekkel szemben korlátozó intézkedéseket előíró határozat az EUMSZ 275. cikk második bekezdése értelmében. Másrészt a felperessel szemben elfogadott korlátozó intézkedések a 2010/413 határozat 20. cikkének végrehajtásából erednek, nem pedig a határozat 4. cikkéből. Ennélfogva a jelen esetben ez utóbbi rendelkezésre nem vonatkozhat az EUMSZ 263. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 277. cikk alapján jogellenességi kifogás. Ilyen körülmények között az EUMSZ 275. cikk első bekezdése alapján azt kell megállapítani, hogy a Törvényszék nem rendelkezik hatáskörrel a 2010/413 határozat 4. cikke jogszerűségének értékelésére irányuló kereset elbírálására és így az első jogalap második részéről való döntésre. A 2010/644 határozat és a 961/2010 rendelet megsemmisítése iránti kérelem elfogadhatóságáról Amint kitűnik a fenti 9 és 10. pontból, a keresetlevél benyújtása óta a 2010/413 határozat II. mellékletében szereplő listát felváltotta egy új, a 2010/644 határozatban megállapított lista, a 423/2007 rendeletet hatályon kívül helyezték, és annak helyébe a 961/2010 rendelet lépett. A felperes azt kérte, hogy eredeti kereseti kérelmét akként módosíthassa, hogy a keresete ennek a négy jogi aktusnak a megsemmisítésére terjedjen ki (a továbbiakban együttesen: megtámadott jogi aktusok). E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy ha valamely magánszemélyt közvetlenül és személyében érintő határozat vagy rendelet helyébe az eljárás során azonos tárgyú jogi aktus lép, azt olyan új ténynek kell tekinteni, amely lehetővé teszi a felperes számára kereseti kérelmeinek és jogalapjainak megfelelő módosítását. Ellentétes lenne ugyanis a gondos igazságszolgáltatás és a pergazdaságosság követelményével a felperes új kereset benyújtására való kötelezése. Ezenkívül igazságtalan lenne, ha az érintett intézmény, valamely jogi aktus ellen az uniós bíróság elé terjesztett keresetlevélben található bírálatokkal való szembenézés jegyében, a megtámadott jogi aktust megfelelően módosíthatná, vagy helyébe egy másikat léptethetne, és az eljárás során hivatkozhatna erre a módosításra vagy jogszabályváltásra annak érdekében, hogy a másik felet megfossza eredeti kérelmeinek és jogalapjainak a későbbi határozatra való kiterjesztésének vagy az e határozat elleni további kérelmek vagy jogalapok előterjesztésének lehetőségétől (lásd analógia útján a Törvényszék T-256/07. sz., People’s Mojahedin Organization of Iran kontra Tanács ügyben 2008. október 23-án hozott ítéletének [EBHT 2008., II-3019. o.] 46. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Ezen ítélkezési gyakorlatnak megfelelően tehát a jelen esetben helyt kell adni a felperes kérelmeinek, és a keresetét a szóbeli szakasz befejezésének időpontjában a 2010/644 határozat és a 961/2010 rendelet megsemmisítésére is irányulónak kell tekinteni ezen jogi aktusok őt érintő részében, és lehetővé kell tenni a feleknek, hogy ezen új tények ismeretében kérelmeiket, jogalapjaikat és érveiket módosíthassák, ami számukra a további kérelmek, jogalapok és érvek benyújtásának jogával jár (lásd analógia útján a fenti 41. pontban hivatkozott People’s Mojahedin Organization of Iran kontra Tanács ügyben hozott ítélet 47. pontját). A Tanácsnak és a Bizottságnak a felperes alapvető jogai állítólagos megsértésére alapított jogalapok elfogadhatóságára vonatkozó érveiről A tárgyaláson a Tanács és a Bizottság azzal érveltek, hogy a felperest kormányzati szervnek kell tekinteni, ennélfogva az iráni államhoz tartozónak, amely nem hivatkozhat az alapvető jogokhoz kötődő védelemre és garanciákra. Következésképpen úgy vélik, hogy az említett jogok állítólagos megsértésére alapított jogalapokat elfogadhatatlannak kell tekinteni. E tekintetben először is meg kell jegyezni, hogy a Tanács és a Bizottság nem vitatja magát azt a felperesi jogot, hogy a megtámadott jogi aktusok megsemmisítését kérje. Csak azt vitatják, hogy a felperes bizonyos olyan jogok jogosultja legyen, amelyekre a megsemmisítés érdekében hivatkozik. Márpedig másodszor azon kérdés, hogy a felperes jogosultja‑e a vaalmely megsemmisítési jogalap alátámasztása érdekében hivatkozott jognak, nem e jogalap elfogadhatóságát, hanem annak megalapozottságát érinti. Következésképpen a Tanács és a Bizottság arra alapított érvelését, hogy a felperes kormányzati szerv lenne, el kell utasítani, amennyiben az a kereset részleges elfogadhatatlansága megállapítására vonatkozik. Harmadszor az említett érvelést első alkalommal a tárgyaláson terjesztették elő anélkül, hogy a Tanács vagy a Bizottság hivatkozott volna arra a tényre, hogy az olyan jogi vagy ténybeli helyzetből származik, amely az eljárás során merült fel. A jogvita érdemét illetően az érvelés így a Törvényszék eljárási szabályzata 48. cikke 2. §‑a első bekezdése alapján új jogalapnak minősül, így azt elfogadhatatlannak kell nyilvánítani. Az ügy érdeméről A Törvényszék úgy véli, hogy a felperes által előterjesztett jogalapokat a következő sorrendben kell megvizsgálni: — ötödik jogalap, amely a Tanács hatáskörének hiányán alapul a megtámadott jogi aktusok elfogadása tekintetében; — hatodik jogalap, amely a hatáskörrel való visszaélésen alapul; — az első jogalap első része, amely a 2010/413 határozat visszaható hatályú hatálybalépésén alapul; — második jogalap, amely az indokolási kötelezettség megsértésén alapul; — harmadik jogalap, amely a felperes védelemhez való joga és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértésén alapul; — hetedik jogalap, amely az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalmával kapcsolatos téves jogalkalmazáson alapul; — nyolcadik jogalap, amely a felperes tevékenységeit illető tényekkel kapcsolatos értékelési hibán alapul; — negyedik jogalap, amely az arányosság elvének megsértésén alapul; — a másodlagos benyújtott kilencedik jogalap, amely nyilvánvaló értékelési hibán és az arányosság elvének megsértésén alapul. A Tanácsnak a megtámadott jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörének hiányára alapított ötödik jogalapról A felperes azt állítja, hogy a Tanács nem rendelkezett hatáskörrel a megtámadott jogi aktusok elfogadására. Először is arra hivatkozik, hogy a megtámadott jogi aktusok jogalapja az Európai Tanács 2010. június 17‑i Iránról szóló nyilatkozata (a továbbiakban: 2010. június 17‑i nyilatkozat). Másodszor a felperes szerint ez a nyilatkozat csupán az Egyesült Nemzetel Biztonsági Tanácsa 1929. (2010) számú határozatának (a továbbiakban: 1929. (2010) számú határozat) Tanács általi végrehajtásáról valamint kísérő intézkedések elfogadásáról rendelkezik, pénzeszközök befagyasztásával kapcsolatos önálló intézkedések elfogadásáról azonban nem. Harmadszor az 1929. (2010) számú határozat nem tartalmaz intézkedéseket az iráni kőolaj‑ és földgáziparra vagy a felperesre vonatkozóan. Ebből a felperes azt a következtetést vonja le, hogy a Tanácsnak nincs hatásköre vele szemben korlátozó intézkedéseket elfogadni a 2010. június 17‑i nyilatkozat alapján. A Tanács, a Bizottság által támogatva, vitatja a felperes érveinek megalapozottságát. Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a Tanács a felperessel szemben az atomfegyverek elterjedéséhez való állítólagos támogatásnyújtás miatt fogadott el korlátozó intézkedéseket, és nemcsak a kőolaj‑, földgáz‑ és petrolkémiai ágazatban folytatott aktív szerepe miatt. Ennélfogva irreleváns az a körülmény, hogy az 1929. (2010) számú határozat nem tartalmaz ez utóbbi ágazatot érintő különleges intézkedéseket. Az 1929. (2010) számú határozat végeredményben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását célozza, különösen az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a tárgyban korábban hozott határozatai betartásának biztosításával. E célkitűzésre tekintettel végrehajtását az atomfegyverek elterjedéséhez támogatást biztosító jogalanyokkal szembeni korlátozó intézkedések elfogadása kísérheti. Következésképpen a 2010. június 17‑i nyilatkozat 4. pontjának megfogalmazása, amely szerint a Külügyek Tanácsát felkérték, hogy „fogadjon el [...] olyan intézkedéseket, amelyek az [1929. (2010) számú határozatban] szereplőket hajtják végre, valamint kísérő intézkedéseket”, olyan korlátozó intézkedések elfogadását foglalja magában, amelyek a felperest is érintik. Ezenkívül a 2010. június 17‑i nyilatkozat 4. pontja olyan fordulatot is tartalmaz, amely szerint „szükséges lenne ezenkívül kiterjeszteni a vízumok és a vagyon befagyasztásának tilalmi hatályát különösen az Iszlám Forradalmi Gárda tagjaira”. A felperes állításával ellentétben ez a megfogalmazás lehetőséget nyújt korlátozó intézkedések elfogadására, önálló intézkedéseket is beleértve. Ennélfogva úgy kell tekinteni, hogy a Tanács, azáltal, hogy a felperessel szemben korlátozó intézkedéseket fogadott el, az EU 26. cikk (2) bekezdése első albekezdésének megfelelően járt el, amely szerint „az Európai Tanács által meghatározott általános iránymutatások és stratégiai irányvonalak alapján” kell cselekednie. Meg kell állapítani, hogy a Tanács rendelkezett hatáskörrel a felperessel szembeni korlátozó intézkedések elfogadására, következésképpen az ötödik jogalapot mint megalapozatlant el kell utasítani. A hatáskörrel való visszaélésre alapított hatodik jogalapról A felperes azt állítja, hogy a Tanács visszaélt hatáskörével. Ebben a tekintetben azzal érvel, hogy a Tanács anélkül fogadott el vele szemben korlátozó intézkedéseket, hogy rendelkezett volna az atomfegyverek elterjedésében való közreműködésével kapcsolatos bizonyítékokkal, valamint hogy tiszteletben tartotta volna eljárási jogait. A felperes szerint ezek a körülmények azt vonják maguk után, hogy a Tanács ténylegesen igyekezett az atomfegyverek elterjedésével összefüggő korlátozó intézkedések rendszerét megkerülni annak érdekében, hogy megcélozza az iráni kőlaj‑ és földgázipari, valamint petrolkémiai ipart. A Tanács, a Bizottság által támogatva, vitatja a felperes érveinek megalapozottságát. Az ítélkezési gyakorlat szerint valamely jogi aktus csak akkor jogellenes hatáskörrel való visszaélés miatt, ha objektív, releváns és egybehangzó bizonyítékok alapján nyilvánvaló, hogy azt kizárólag vagy legalábbis elsősorban a hivatkozott céltól eltérő cél elérése, vagy a konkrét tényállás kezelésére a Szerződés által kifejezetten előírt eljárás megkerülése érdekében fogadták el (lásd a Törvényszék T-390/08. sz., Bank Melli kontra Tanács ügyben 2009. október 14-én hozott ítéletének [EBHT 2009., II-3967. o.] 50. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Márpedig a jelen esetben a felperes nem bizonyította ilyen ténykörülmények létezését. Ugyanis nem terjesztett elő olyan bizonyítékokat, amelyek alapján arra lehetne következtetni, hogy az általa hivatkozott körülmények – feltéve, hogy bizonyítást nyernek – nem a Tanács egyszerű hibájából erednek, hanem utóbbi azon szándékából, hogy az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásától eltérő célok kerüljenek megvalósításra. Következésképpen a hatodik jogalapot mint megalapozatlant el kell utasítani. Az első jogalapnak a 2010/413 határozat visszaható hatályú hatálybalépésére alapított első részéről A felperes azt állítja, hogy a 2010/413 határozat jogellenes, mivel 28. cikke értelmében a határozat az elfogadásának napján lépett hatályba, amely megelőzte az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napját. A Tanács és a Bizottság vitatja a felperes által hivatkozott érvek megalapozottságát. Az EUMSZ 297. cikkének (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „A valamennyi tagállamnak címzett rendeleteket és irányelveket, valamint a külön címzetti kört nem tartalmazó határozatokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Ezek a bennük megjelölt napon, illetve ennek hiányában a kihirdetésüket követő huszadik napon lépnek hatályba.” Egyrészt emlékeztetni kell arra, hogy az Unió jogrendjének egyik alapelve megköveteli, hogy a közigazgatási szervek jogi aktusait ne lehessen a jogalanyokra alkalmazni addig, amíg a jogalanyoknak nincs lehetőségük a jogi aktusról tudomást szerezni. Másrészt jóllehet főszabály szerint a jogbiztonság elvével ellentétes, hogy valamely uniós aktus időbeli hatályának kezdő időpontját az aktus megjelenése előtti időpontban állapítsa meg, kivételes esetben lehetséges, ha azt közérdekű cél követeli meg, és ha az érdekeltek jogos bizalmát megfelelően tiszteletben tartják (a Bíróság 99/78. sz. Weingut Decker-ügyben 1979. január 25-én hozott ítélete [EBHT 1979., 101. o.] 3. és 8. pontja). A jelen esetben nem vitatott, hogy míg a 2010/413 határozatot, amely nem jelöl meg címzettet, 2010. július 26‑án fogadták el, az Európai Unió Hivatalos Lapjában csak másnap hirdették ki. Másfelől a Tanács még olyan okokra sem hivatkozik, amelyek igazolnák, hogy a 2010/413 határozathoz visszaható hatály kapcsolódik. Ilyen körülmények között meg kell semmisíteni a 2010/413 határozat 28. cikkét a felperest érintő részében, és következésképpen úgy kell tekinteni, hogy a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lépett hatályba. Minazonáltal a felperes nem hivatkozik olyan bizonyítékokra, amelyek bizonyítanák, hogy e körülmények olyan jellegűek, hogy érintik a 2010/413 határozat más rendelkezéseinek jogszerűségét, amennyiben azok rá vonatkoznak. Következésképpen az első jogalap első részének helyt kell adni annyiban, amennyiben az a 2010/413 határozat 28. cikkének megsemmisítésére irányul, az azt meghaladó részében pedig mint hatástalant el kell utasítani. Az indokolási kötelezettség megsértésére alapított második jogalapról A felperes azt állítja, hogy a Tanács a megtámadott jogi aktusokat nem jogilag megkövetelt módon indokolta meg, ezért a felperes nem tudta azonosítani a neki felróható tényeket, és ellenőrizni vagy cáfolni a szolgáltatott indokolás megalapozottságát. A Tanács, a Bizottság által támogatva, vitatja a felperes érveinek megalapozottságát. Azzal érvel, hogy a szolgáltatott okok a felperes által az atomfegyverek elterjedéséhez biztosított támogatásra utalnak. Hozzáteszi, hogy a megtámadott jogi aktusokat a felperes által ismert összefüggésben fogadták el. A sérelmet okozó jogi aktus indokolására vonatkozóan az EUMSZ 296. cikk második bekezdésében és a jelen esetben különösen a 2010/413 határozat 24. cikkének (3) bekezdésében, a 423/2007 rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében, valamint a 961/2010 rendelet 36. cikke (3) bekezdésében előírt kötelezettség célja egyrészt az érdekeltnek elegendő tájékoztatás nyújtása annak eldöntéséhez, hogy a jogi aktus megalapozott‑e, vagy hogy tartalmaz‑e esetleg az érvényességének az uniós bíróság előtt történő vitatását lehetővé tévő valamilyen hibát, másrészt annak lehetővé tétele, hogy az uniós bíróság felülvizsgálhassa e jogi aktus jogszerűségét. Az így megfogalmazott indokolási kötelezettség az uniós jog alapvető elvének minősül, amelytől csak kényszerítő megfontolások miatt lehet eltérni. Az indokolást tehát főszabály szerint ugyanakkor kell közölni az érdekelttel, mint a számára sérelmet okozó aktust, mivel a közlés hiányát nem teheti szabályossá azon tény, hogy az érdekelt az uniós bíróság előtti eljárás során megismeri a jogi aktus indokait (lásd ebben az értelemben a fenti 58. pontban hivatkozott Bank Melli Irán kontra Tanács ügyben hozott ítélet 80. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Következésképpen, hacsak bizonyos részek közlése nem ellentétes az Unió és a tagállamai biztonságát vagy a nemzetközi kapcsolataik irányítását érintő kényszerítő megfontolásokkal, a Tanács a 2010/413 határozat 24. cikkének (3) bekezdése, a 423/2007 rendelet 15. cikkének (3) bekezdése és a 961/2010 rendelet 36. cikkének (3) bekezdése alapján köteles az adott esetben a 2010/413 határozat 24. cikkének (3) bekezdése, a 423/2007 rendelet 15. cikkének (3) bekezdése vagy a 961/2010 rendelet 16. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedéssel érintett jogalany tudomására hozni azon különös és konkrét okokat, amelyek alapján úgy tekinti, hogy e rendelkezés alkalmazható az érdekeltre. Így meg kell említenie azon ténybeli és jogi elemeket, amelyektől a határozata jogszerű indokolása függ, valamint azon megállapításokat, amelyek a határozat meghozatalára indították (lásd ebben az értelemben a fenti 58. pontban hivatkozott Bank Melli Irán kontra Tanács ügyben hozott ítélet 81 pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Az indokolásnak ugyanakkor a szóban forgó jogi aktus jellegéhez és elfogadási körülményeihez kell igazodnia. Az indokolási kötelezettséget az eset összes körülményeire, így különösen a jogi aktus tartalmára, a felhívott indokok jellegére, és a címzettek vagy a jogi aktus által közvetlenül és személyükben érintett egyéb személyek magyarázathoz fűződő érdekére tekintettel kell vizsgálni. Nem követelmény, hogy az indokolás az összes releváns ténybeli és jogi elemet tartalmazza, minthogy azt a kérdést, hogy egy jogi aktus indokolása megfelel‑e követelményeknek, nemcsak szövegére, hanem körülményeire, valamint az adott tárgyra vonatkozó jogszabályok összességére is figyelemmel kell vizsgálni. Különösen valamely sérelmet okozó aktus akkor kellően indokolt, ha az érintett előtt ismert összefüggésben került sor az elfogadására, amely lehetővé teszi a vele szemben hozott intézkedés jelentőségének megértését (lásd a fenti 58. pontban hivatkozott Bank Melli Irán kontra Tanács ügyben hozott ítélet 82 pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). A jelen esetben a megtámadott jogi aktusok indokolásából kitűnik, hogy a Tanács három olyan önálló okra hivatkozik, amelyek igazolják a felperessel szembeni korlátozó intézkedések elfogadását. Következésképpen egyenként kell őket megvizsgálni. Az első okot tekintve, mely szerint a felperes olaj‑ és földgázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik, amelyek felhasználhatók Irán nukleáris programjában, el kell ismerni, hogy – amint arra a felperes hivatkozik – a szolgáltatott indokolás nagyon általános, ugyanis nem pontosítja az érintett berendezések természetét és kategóriáit, valamint a felperesnek felrótt tevékenységek természetét. Mindazonáltal, figyelembe véve a tárgyaláson szolgáltatott magyarázatokat, ezen indokolás elégségesnek tekintendő. Ugyanis a Tanácsnak a Törvényszék egyik kérdésére adott válaszából kiderül, hogy az első ok nem az atomfegyverek elterjedése céljából ténylegesen használható áruk konkrét vásárlásán alapul, hanem azon az általános körülményen, hogy a felperes által megszerzett, az olaj, földgáz‑ és petrolkémiai ágazatba tartozó áruk alkalmasak ilyen használatra. Márpedig a felperes előtt ismert e körülmény, amelyet beadványaiban kifejezetten el is ismert, azonban különösen a hetedik jogalap keretében vitatja annak relevanciáját az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalmával összefüggésben. Így meg kell állapítani, hogy a szolgáltatott indokolás lehetővé tette a felperes számára a megtámadott jogi aktusok megalapozottságának vizsgálatát, a Törvényszék előtti védekezést, a Törvényszék számára pedig, hogy gyakorolja felülvizsgálati jogkörét. A második okot illetően, amely azon alapul, hogy a felperes olyan, nagyon tartós ötvözetből készült tolózár beszerzésére tett kísérletet, amely csak a nukleáris iparban használható, meg kell jegyezni, hogy a szolgáltatott indokolás azonosítja az érintett cikkek fajtáját, és így lehetővé teszi a felperesnek, hogy vitassa az állítólagos beszerzésre tett kísérlet ténylegességét, és hivatkozhasson arra, hogy az általa használt nagyon tartós ötvözetből készült tolózárat nem csak a nukleáris iparban használják. Ezzel ellentétben a harmadik ok, amely szerint a felperes kapcsolatban áll az iráni nukleáris programban részt vevő társaságokkal, elégtelen, mivel nem teszi számára érthetővé, hogy mely jogalanyokkal milyen típusú kapcsolat róható fel ténylegesen a számára, ezért nincs lehetősége ezen állítás megalapozottságát ellenőrizni és azt a lehető legaprólékosabban vitatni. Ilyen körülmények között egyrészt el kell utasítani a második jogalapot mint megalapozatlant annyiban, amennyiben az a Tanács által szolgáltatott első és második okot érinti. Másrészt, a második jogalapnak helyt kell adni és így a megtámadott jogi aktusokat meg kell semmisíteni, amennyiben azok a harmadik okot érintik. Amennyiben az érintett három ok önálló, ebből a megállapításból nem következik a megtámadott jogi aktusok megsemmisítése, amennyiben korlátozó intézkedéseket határoznak meg a felperessel szemben. Mindazonáltal a harmadik okot nem lehet figyelembe venni a többi jogalap, különösen pedig a nyolcadik, a tények hibás értékelésére vonatkozó jogalap vizsgálatakor. A harmadik, a felperes védelemhez való joga és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértésére alapított jogalapról A felperes arra hivatkozik, hogy a 2010/413 határozat és a 668/2010 végrehajtási rendelet elfogadásával a Tanács megsértette a védelemhez való jogát, ami magában foglalja a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértését is. A Tanács, a Bizottság által támogatva, vitatja a felperes érveinek megalapozottságát. Egyrészt azt állítja, hogy a felperes nem hivatkozhat a védelemhez való jog tiszteletben tartásának elvére. Másrészt úgy véli, hogy az elvet mindazonáltal tiszteletben tartotta, mint ahogy a felperes hatékony bírói jogvédelemhez való jogát is. – A védelemhez való jogról Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a védelemhez való jog és különösen a meghallgatáshoz való jog minden olyan eljárásban történő tiszteletben tartása, amely valamely jogalannyal szemben indult, és e jogalanyra nézve hátrányos intézkedéshez vezethet, az uniós jog alapelvei közé tartozik, és ezt a jogot még a szóban forgó eljárásra vonatkozó szabályozás teljes hiánya esetén is biztosítani kell (a fenti 58. pontban hivatkozott Bank Melli Iran kontra Tanács ügyben hozott ítélet 91. pontja). A védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve megköveteli egyrészt, hogy az érdekelt jogalannyal közöljék a számára sérelmet okozó jogi aktust megalapozó, őt terhelő bizonyítékokat. Másrészt lehetőséget kell adni számára arra, hogy az e bizonyítékokkal kapcsolatos álláspontját megfelelően kifejthesse (lásd analógia útján a Törvényszék T-228/02. sz., Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran kontra Tanács ügyben 2006. december 12-én hozott ítéletének [EBHT 2006., II-4665. o.] 93. pontját). Elöljáróban a Tanács és a Bizottság vitatja a védelemhez való jog tiszteletben tartása elvének az adott esetre történő alkalmazhatóságát. A Törvényszék T-181/08. sz., Tay Za kontra Tanács ügyben 2010. május 19-én hozott ítéletének (EBHT 2010., II-1965. o.) 121–123. pontjára hivatkozva úgy érvelnek, hogy a felperesre a korlátozó intézkedések nem saját tevékenysége miatt vonatkoznak, hanem személyek és szervezetek egy általános kategóriájához való tartozása okán. Következésképpen a korlátozó intézkedések meghozatalára vonatkozó eljárás nem a fenti 84. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlat értelmében indult a felperes ellen, és ennélfogva nem hivatkozhat a védelemhez való jogára, vagy csak korlátozott mértékben hivatkozhat rá. Ennek az érvelésnek nem lehet helyt adni. Egyrészt ugyanis kitűnik a megtámadott jogi aktusok indokolásából, hogy a korlátozó intézkedések felperessel szembeni meghozatalát különösen az általa megkísérelt műveletek és bizonyos jogalanyokkal fenntartott kapcsolatok igazolják. Így a fenti 86. pontban hivatkozott Tay Za kontra Tanács ügyben érintett személyektől eltérően a felperesre azért vonatkoznak a korlátozó intézkedések, mert feltehetően ő maga működött közre az atomfegyverek elterjedésében, nem pedig az Iráni Iszlám Köztársasággal kapcsolatban álló személyek és szervezetek egy általános kategóriájához való tartozása okán. Következésképpen a fenti 86. pontban hivatkozott Tay Za kontra Tanács ügyben hozott ítélet 121–123. pontjában szereplő érvelés nem alkalmazható az adott ügyre. Másrészt mindenesetre a 2010/413 határozat 24. cikkének (3) és (4) bekezdése, a 423/2007 rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, valamint a 961/2010 rendelet 36. cikkének (3) és (4) bekezdése olyan rendelkezéseket ír elő, amelyek biztosítják az e jogszabályok alapján elfogadott korlátozó intézkedésekkel érintett jogalanyok védelemhez való jogát. E jog tiszteletben tartásának az uniós bíróság felülvizsgálata alá kell tartoznia (a fenti 58. pontban hivatkozott Bank Melli Iran kontra Tanács ügyben hozott ítélet 37. pontja). Ilyen körülmények között arra kell következtetni, hogy a jelen esetben a felperes hivatkozhat a védelemhez való jog tiszteletben tartásának elvére. Az ítélkezési gyakorlat szerint, ami azt az első jogi aktust illeti, amellyel valamely jogalany pénzeszközeit befagyasztották, a terhelő bizonyítékok közlésének vagy a szóban forgó aktus elfogadásával egyidejűleg, vagy az elfogadást követően a lehető leghamarabb kell történnie. Az érintett jogalanynak – kérelmére – joga van arra is, hogy megfelelően kifejthesse álláspontját e bizonyítékokkal kapcsolatban az aktus elfogadását követően (lásd ebben az értelemben és analógia útján a Bíróság C‑402/05. P. és C-415/05. P. sz., Kadi és Al Barakaat International Foundation kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben 2008. szeptember 3-án hozott ítéletének [EBHT 2008., I-6351. o.] 342. pontját, és a fenti 85. pontban hivatkozott Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran kontra Tanács ügyben hozott ítélet 137. pontját). Ezenkívül meg kell megjegyezni, hogy ha közölték azokat a kellően pontos információkat, amelyek alapján az érdekelt jogalany megfelelően ismertetheti az álláspontját azokról a tényekről, amelyeket a Tanács a terhére ró, a védelemhez való jog tiszteletben tartásának elve alapján ezen intézmény nem köteles önként biztosítani az iratokba való betekintést. Csak az érdekelt fél kérelmére köteles a Tanács biztosítani az azokba a nem bizalmas jellegű adminisztratív iratokba való betekintést, amelyek a szóban forgó intézkedésre vonatkoznak (lásd a fenti 58. pontban hivatkozott Bank Melli Iran kontra Tanács ügyben hozott ítélet 97. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). A jelen esetben először is a terhére rótt bizonyítékok közlését illetően a 2010/413 határozat és a 668/2010 végrehajtási rendelet elfogadását a felperessel egyénileg, 2010. július 29‑i levéllel közölték. A közlemény tartalmával kapcsolatban a felperes a szolgáltatott indokolás nem kellően körülhatárolt jellegét kifogásolja, aminek következménye, hogy köteles lenne cáfoló bizonyítékkal szolgálni. Mindazonáltal a második jogalap fenti vizsgálatából az következik, hogy a megtámadott jogi aktusokat a Tanács által szolgáltatott első és második okot illetően jogilag megkövetelt módon indokolták meg. Ennélfogva meg kell állapítani, hogy a Tanács a felperes terhére rótt bizonyítékok eredeti közlésével kapcsolatban nem sértette meg a védelemhez való jogot. Másodszor a felperes azt állítja, hogy a 2010. szeptember 12‑i levélben megfogalmazott kifejezett kérése ellenére sem tudott hozzáférni az őt érintő, a Tanács iratanyagában szereplő bizonyítékokhoz és információkhoz. A Tanács vitatja ilyen kérés létezését. A 2010. szeptember 12‑i levél a következő fordulatot tartalmazza: „Ezenkívül annak érdekében, hogy [a felperes] gyakorolhassa jogait, kérik a Tanácsot, hogy szolgáltasson a társaság részére ésszerű mértékben részleteket a következőkről: i) nagyon tartós ötvözetből készült tolózár beszerzésére tett állítólagos kísérletről; ii) a nukleáris programhoz kötődő társaságokkal, szervezetekkel és intézményekkel fennálló állítólagos kapcsolatokról, iii) az iráni nukleáris programhoz használható berendezések természetéről.” (nem hivatalos fordítás) A Tanács a 2010. október 28‑i levelében nem válaszolt erre a kérésre. Ilyen körülmények között arra kell következtetni, hogy a Tanács megsértette a felperes védelemhez való jogát, azáltal, hogy nem válaszolt az iratokhoz való hozzáférés iránti kérelmére, amelyet a felperes megfelelő időben terjesztett elő. Harmadszor a felperes azon jogát illetően, hogy álláspontját az őt terhelő bizonyítékok tárgyában megfelelően kifejthesse, meg kell állapítani, hogy a 2010. július 26‑i első, pénzeszközei befagyasztását elrendelő jogi aktusok elfogadása után a Tanácshoz címzett 2010. szeptember 12‑i levelében kifejtette álláspontját, és kérte, hogy a vele szemben elfogadott korlátozó intézkedéseket töröljék. A Tanács 2010. október 28‑án válaszolt erre a levélre. A felperes ezzel összefüggésben még azt kifogásolja, hogy csak rendkívül rövid határidő állt rendelkezésére a felülvizsgálati kérelem Tanácshoz történő benyújtására, figyelemmel a vele szemben elfogadott korlátozó intézkedésekről tájékoztató levél kézbesítési határidejére. Márpedig egyrészt az érintett határidő 2010. augusztus 25. és szeptember 15. között majdnem három hét volt. Egy ilyen határidőt elégségesnek kell tekinteni, figyelemmel a jelen körülményekre és különösen a Tanács által hivatkozott bizonyítékok korlátozott mennyiségére. Másrészt mindenesetre a felperes csak egy általános állításra hivatkozik anélkül, hogy kifejtené a védelméhez rendelkezésre álló idő csökkentéséből eredő konkrét hatást. Következésképpen érvelése ezt a pontot tekintve nem fogadható el. A fentiekre figyelemmel meg kell állapítani, hogy tiszteletben tartották az álláspont megfelelő kifejtéséhez kapcsolódó felperesi jogot. – A hatékony bírói jogvédelemhez való jogról Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a hatékony bírói jogvédelem elve olyan általános uniós jogelv, amely a tagállamok közös alkotmányos hagyományain nyugszik, és amelyet az 1950. november 4‑én Rómában aláírt, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. és 13. cikke állapított meg. A bírósági felülvizsgálat hatékonysága azt jelenti, hogy a szóban forgó uniós hatóság köteles közölni a korlátozó intézkedés indokait az érintett jogalannyal, amennyiben lehetséges, vagy az említett intézkedés elfogadásának időpontjában, vagy legalábbis, azután hogy arra sor került, a lehető leghamarabb, hogy lehetővé tegye az érintett jogalanynak a jogorvoslathoz való joga határidőn belül történő gyakorlását. Az említett indokok közlésére vonatkozó ezen kötelezettség tiszteletben tartása ugyanis egyaránt szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegye a korlátozó intézkedések címzettjeinek a jogaiknak a lehető legjobb feltételek mellett történő védelmét, és az ügy teljes ismeretében annak eldöntését, hogy hasznos‑e az uniós bírósághoz fordulni, valamint ahhoz, hogy utóbbinak teljes mértékben lehetővé tegye a szóban forgó jogi aktus jogszerűségére vonatkozó, őt megillető felülvizsgálat gyakorlását (lásd ebben az értelemben és analógia útján a fenti 92. pontban hivatkozott Kadi és Al Barakaat International Foundation kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 335–337. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). A jelen esetben a második jogalap vizsgálatából az következik, hogy a felperes megfelelő időben elegendően pontos információkkal rendelkezett a Tanács által a vele szemben korlátozó intézkedések elfogadásának igazolása érdekében figyelembe vett első két okot illetően. Mindazonáltal, ahogy a fenti 98–101. pontban megállapításra került, a Tanács nem válaszolt a felperesnek az iratanyag bizonyítékaihoz való hozzáférésre irányuló kérelmére, amelyet az a keresetindítási határidő lejárta előtt terjesztett elő. Márpedig ez a körülmény a priori befolyásolhatta volna a felperes Törvényszék előtti védekezését, következésképpen sérti a hatékony bírói jogvédelemhez való jogát. A fentiekre figyelemmel helyt kell adni a harmadik jogalapnak, és így a megtámadott jogi aktusokat meg kell semmisíteni a felperest érintő részükben. Mindazonáltal a Törvényszék előtti beadványaiban a Tanács lényegében megerősítette, hogy iratanyaga nem tartalmazott más bizonyítékokat vagy információt, mint amelyek a megtámadott jogi aktusok indokolásában szerepeltek. Ilyen körülmények között meg kell vizsgálni a pergazdaságosság és a gondos igazságszolgáltatás szempontjából a hetedik és nyolcadik jogalapot, amelyek az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalmával kapcsolatos téves jogalkalmazáson és a felperes tevékenységeivel kapcsolatos tények értékelésére vonatkozó hibán alapulnak. Ugyanis egy ilyen vizsgálat kizárhat adott esetben a Törvényszék előtt egy olyan újabb keresetet, mely a jelen ügyben hivatkozottal megegyező érveken alapul. Az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalmával kapcsolatos téves jogalkalmazásra alapított hetedik jogalapról A felperes – az első jogalapra támaszkodva, mely azon alapul, hogy Irán nukleáris programjában felhasználható olaj‑ és földgázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik – azzal érvel, hogy a Tanács tévesen alkalmazta a jogot. Ugyanis, e körülmény önmagában nem igazolja korlátozó intézkedések elfogadását. A Tanács, a Bizottság által támogatva, vitatja a felperes érveinek megalapozottságát. Állítása szerint az a körülmény, hogy a felperes a National Iranian Oil Company csoport tagjai számára az iráni nukleáris programban felhasználható berendezéseket szerezhet meg, az atomfegyverek elterjedése támogatásának minősül. Így a fenti 77. pontból következően a Tanács által szolgáltatott első ok nem a felperes konkrét viselkedésén, azaz az atomfegyverek elterjedésében való közreműködésén alapul. Valójában azon a megállapításon alapul, amely szerint a felperes a National Iranian Oil Company csoport beszerző szerveként különleges kockázatot jelent a közreműködésre vonatkozóan. Márpedig a 2010/413 határozat 20. cikkének (1) bekezdése elrendeli az olyan „személyek és szervezetek” […] pénzeszközei befagyasztását, akik, illetve amelyek az atomfegyverek elterjedéséhez „támogatást biztosítanak”. Ugyanígy a 423/2007 rendelet 7. cikkének (2) bekezdése és a 961/2010 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének a) pontja különösen azokat a jogalanyokat érinti, amelyek az atomfegyverek elterjedéséhez „támogatást biztosítanak”. A jogalkotó által használt megfogalmazás azt vonja maga után, hogy a valamely jogalannyal szembeni korlátozó intézkedések elfogadása az atomfegyverek elterjedéséhez biztosított támogatása miatt feltételezi, hogy a jogalany korábban e kritériumhoz illeszkedő magatartást tanúsított. Ezzel ellentétben ilyen tényleges magatartás hiányában önmagában azon kockázat, hogy az érintett jogalany a jövőben atomfegyverek elterjedéséhez biztosít támogatást, nem elégséges. Ennélfogva meg kell állapítani, hogy a 2010/413 határozat 20. cikke (1) bekezdésével, a 423/2007 rendelet 7. cikke (2) bekezdésével és a 961/2010 rendelet 16. cikke (2) bekezdésének a) pontjával ellentétes értelmezés elfogadásával a Tanács tévesen alkalmazta a jogot. A Tanács e tekintetben azzal érvel, hogy az EUMSZ 215. cikk (1) bekezdése alapján felhatalmazással rendelkezik, hogy az egy harmadik országgal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatokat teljesen megszakítsa vagy vele szemben ágazati korlátozó intézkedéseket fogadjon el. Mindazonáltal e körülmény a jelen esetben hatástalan. Ugyanis a fenti 116. pontban felsorolt azon rendelkezések, amelyeken a felperessel szemben elfogadott korlátozó intézkedések alapulnak, nem ilyen általános vagy ágazati intézkedésekről rendelkeznek, hanem egyedi intézkedésekről. A fentiekre figyelemmel helyt kell adni a hetedik jogalapnak, következésképpen meg kell semmisíteni a megtámadott jogi aktusokat annyiban, amennyiben azok az első okot érintik. A nyolcadik jogalapról, amely a felperes tevékenységeit illető tényekkel kapcsolatos értékelési hibán alapul Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy figyelemmel a második és hetedik jogalap fenti vizsgálatának eredményére, a jelen jogalap vizsgálata a Tanács által szolgáltatott második okra korlátozódik, amely azon alapul, hogy a felperes olyan nagyon tartós ötvözetből készült tolózár beszerzésére tett kísérletet, amely csak a nukleáris iparban használatos. E vonatkozásban a felperes azzal érvel, hogy ellentétben a Tanács által a megtámadott jogi aktusok indokolásában előadottakkal, az általa beszerzett tolózárakat nem kizárólag a nukleáris iparban, hanem a kőolaj‑, a földgáz‑ és a petrolkémiai ágazatban is használják. A Tanács, a Bizottság által támogatva, vitatja a felperes érveinek megalapozottságát.. Azzal érvel, hogy utóbbi nem bizonyította, hogy soha nem tett kísérletet a csak a nukleáris iparban használatos tolózár beszerzésére. Az ítélkezési gyakorlat szerint azon jogi aktus jogszerűségének bírósági felülvizsgálata, amellyel korlátozó intézkedéseket fogadtak el valamely jogalany tekintetében, kiterjed az aktus indokolásaként felhozott tények és körülmények megítélésére, valamint azon bizonyítékok és információk vizsgálatára, amelyeken e megítélés alapszik. Vitatás esetén a Tanács feladata e bizonyítékok előterjesztése azoknak az uniós bíróság általi felülvizsgálata céljából (lásd ebben az értelemben a fenti 58. pontban hivatkozott Bank Melli Iran kontra Tanács ügyben hozott ítélet 37. és 107. pontját). A jelen ügyben a Tanács nem terjesztett elő a második okra vonatkozó semmilyen információt vagy bizonyítékot a megtámadott jogi aktusok indokolásán kívül. Amint azt lényegében ő maga is elismeri, egyszerű, semmilyen bizonyítékkal alá nem támasztott állításokra hivatkozott, mely szerint a felperes olyan nagyon tartós ötvözetből készült tolózár beszerzésére tett kísérletet, amely csak a nukleáris iparban használatos. Ilyen körülmények között arra kell következtetni, hogy a Tanács nem bizonyította a második ok keretében hivatkozott állításokat. Ennélfogva helyt kell adni a nyolcadik jogalapnak, amennyiben a Tanács által szolgáltatott második okot érinti, és meg kell semmisíteni a megtámadott jogi aktusokat annyiban, amennyiben ugyanezt az okot érintik. A fentiekre figyelemmel helyt kell adni a keresetnek és a megtámadott jogi aktusokat meg kell semmisíteni a felperest érintő részükben. Ami a megtámadott jogi aktusok megsemmisítésének időbeli hatályát illeti, először is meg kell jegyezni, hogy a 668/2010 végrehajtási rendelet – amely módosította a 423/2007 rendelet V. mellékletének listáját – már nem fejt ki joghatásokat az utóbbi rendeletnek a 961/2010 rendelet által történt hatályon kívül helyezését követően. Következésképpen a 668/2010 végrehajtási rendelet megsemmisítése csak a hatálybalépése és a hatályon kívül helyezése között bekövetkező joghatásokat érinti. Továbbá a 961/2010 rendeletet illetően emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Unió Bírósága alapokmánya 60. cikkének második bekezdése értelmében az EUMSZ 280. cikktől eltérve a Törvényszék valamely rendeletet semmissé nyilvánító határozata csak a hivatkozott alapokmány 56. cikkének első bekezdésében említett fellebbezési határidő lejártának napjától vagy – ha e határidőn belül fellebbezést nyújtottak be – a fellebbezés elutasításának napjától lép hatályba. A Tanácsnak tehát a jelen ítélet kihirdetésétől számítva a távolságra tekintettel tíznapos átalány‑határidővel meghosszabbított két hónapos határidő áll rendelkezésére ahhoz, hogy orvosolja a megállapított jogsértést, adott esetben újabb korlátozó intézkedéseket hozva a felperessel szemben. Azon kockázat, hogy a 961/2010 rendelet által előírt korlátozó intézkedések hatékony érvényesülése súlyos és helyrehozhatatlan kárt szenvedhet, a jelen ügyben nem tűnik elég súlyosnak az említett rendelet hatályának a Bíróság alapokmánya 60. cikkének második bekezdésében meghatározott időtartamon felüli fenntartásához, figyelembe véve az ezen intézkedéseknek a felperes jogaira és szabadságaira gyakorolt jelentős hatását (lásd analógia útján a Törvényszék T‑316/11. sz., Kadio Morokro kontra Tanács ügyben 2011. szeptember 16‑án hozott ítéletének [az EBHT‑ban nem tették közzé] 38. pontját). Végül, ami a 2010/644 határozattal módosított 2010/413 határozat megsemmisítésének időbeli hatályát illeti, emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 264. cikk második bekezdése alapján a Törvényszék, ha azt szükségesnek ítéli, megjelöli a semmisnek nyilvánított jogi aktus azon joghatásait, amelyek továbbra is fennmaradnak. A jelen esetben a 961/2010 rendelet megsemmisítése és a 2010/644 határozattal módosított 2010/413 határozat megsemmisítése hatálybalépésének időpontja közötti különbség fennállása súlyosan sértheti a jogbiztonságot, mivel e két jogi aktus azonos intézkedéseket szab ki a felperessel szemben. A 2010/644 határozattal módosított 2010/413 határozat joghatásait tehát a felperes tekintetében a hatálybalépésétől, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő huszadik naptól a 961/2010 rendelet megsemmisítésének hatálybalépéséig fenn kell tartani (lásd analógia útján ez utóbbi pontot illetően a fenti 129. pontban hivatkozott Kadio Morokro kontra Tanács ügyben hozott ítélet 39. pontját. A költségekről Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §‑a értelmében a Törvényszék a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Tanács pervesztes lett, a felperes kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére. Az említett szabályzat 87. cikke 4. §‑ának első albekezdése alapján az eljárásba beavatkozó intézmények maguk viselik saját költségeiket. Ebből következően a Bizottság maga viseli saját költségeit. A fenti indokok alapján A TÖRVÉNYSZÉK (negyedik tanács) a következőképpen határozott: 1) A Törvényszék nem rendelkezik hatáskörrel az első jogalap második részéről való döntésre. 2) A Törvényszék a Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehrant érintő részében megsemmisíti: — az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26‑i 2010/413/KKBP tanácsi határozatot; — az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2010. július 26‑i 668/2010/EU tanácsi végrehajtási rendeletet; — a 2010/413 határozat módosításáról szóló, 2010. október 25‑i 2010/644/KKBP tanácsi határozatot; — az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 423/2007 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 25‑i 961/2010/EU tanácsi rendeletet. 3) A Törvényszék a 2010/644 határozattal módosított 2010/413 határozat joghatásait a Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran tekintetében a 961/2010 rendelet megsemmisítésének hatálybalépéséig, az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napig fenntartja. 4) Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit, valamint a Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran részéről felmerült költségeket. 5) Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit. Pelikánová Jürimäe Van der Woude Kihirdetve Luxembourgban, a 2012. április 25‑i nyilvános ülésen. Aláírások Tartalomjegyzék A jogvita előzményei Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben elfogadott korlátozó intézkedések A felperest érintő korlátozó intézkedések Az eljárás és a felek kérelmei A jogkérdésről A Törvényszéknek az első jogalap második részéről való döntésre vonatkozó hatásköréről A 2010/644 határozat és a 961/2010 rendelet megsemmisítése iránti kérelem elfogadhatóságáról A Tanácsnak és a Bizottságnak a felperes alapvető jogai állítólagos megsértésére alapított jogalapok elfogadhatóságára vonatkozó érveiről Az ügy érdeméről A Tanácsnak a megtámadott jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörének hiányára alapított ötödik jogalapról A hatáskörrel való visszaélésre alapított hatodik jogalapról Az első jogalapnak a 2010/413 határozat visszaható hatályú hatálybalépésére alapított első részéről Az indokolási kötelezettség megsértésére alapított második jogalapról A harmadik, a felperes védelemhez való joga és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértésére alapított jogalapról – A védelemhez való jogról – A hatékony bírói jogvédelemhez való jogról Az atomfegyverek elterjedésében való közreműködés fogalmával kapcsolatos téves jogalkalmazásra alapított hetedik jogalapról A nyolcadik jogalapról, amely a felperes tevékenységeit illető tényekkel kapcsolatos értékelési hibán alapul A költségekről ( *1 ) Az eljárás nyelve: francia.

61976CJ0025

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1 VED KENDELSE AF 18 . FEBRUAR 1976 , INDGAAET TIL DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 11 . MARTS 1976 , HAR BUNDESGERICHTSHOF I HENHOLD TIL PROTOKOLLEN AF 3 . JUNI 1971 VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER ( HEREFTER BENAEVNT ' KONVENTIONEN ' ) STILLET TO SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF KONVENTIONENS ARTIKEL 17 . 2 DET FREMGAAR AF FORELAEGGELSESKENDELSEN , AT RETSSAGEN , DER ER INDBRAGT FOR BUNDESGERICHTSHOF UNDER ANKE , PAA SIT NUVAERENDE TRIN ANGAAR SPOERGSMAALET , OM LANDGERICHT HAMBURG HAR KOMPETENCE TIL AT PAAKENDE EN SAG , SOM EN I LANDGERICHTS ' S RETSKREDS BELIGGENDE HANDELSVIRKSOMHED HAR ANLAGT MOD ET HANDELSSELSKAB I BRUXELLES MED PAASTAND OM BETALING AF RESTKOEBESUMMEN FOR ET PARTI TAEPPER , SOM BRUXELLES-FIRMAET HAR KOEBT I HAMBURG ; DEN AF SAGENS PARTER MUNDTLIGT INDGAAEDE AFTALE BLEV SAMME DAG OPFYLDT AF SAELGEREN MOD ET A KONTO-BELOEB FRA KOEBER ; VED VARENS LEVERING HAVDE SAELGEREN OVERGIVET KOEBEREN EN SKRIVELSE , BETEGNET SOM ' ORDREBEKRAEFTELSE OG FAKTURA ' , HVOREFTER SALGET OG LEVERINGEN SKETE ' I HENHOLD TIL OMSTAAENDE BETINGELSER ' ; DE PAA BAGSIDEN AF DENNE SKRIVELSE TRYKTE ' SALGS- , LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER ' INDEHOLDT BLANDT ANDET EN KLAUSUL , HVOREFTER RETTERNE I HAMBURG VAR KOMPETENTE TIL AT AFGOERE ENHVER TVIST , DER MAATTE OPSTAA ; DENNE SKRIVELSE ER IKKE BEKRAEFTET AF KOEBER ; 3 DA KOEBER IKKE HAVDE BETALT RESTKOEBESUMMEN , ANLAGDE SAELGER SAG VED LANDGERICHT HAMBURG , SOM VED UDEBLIVELSESDOM AF 16 . MAJ 1973 DOEMTE KOEBER TIL AT BETALE RESTSUMMEN MED RENTER ; PAA GRUNDLAG AF KOEBERS SENERE INDSIGELSE OPHAEVEDE LANDGERICHT VED DOM AF 17 . DECEMBER 1973 UDEBLIVELSESDOMMEN OG ERKLAEREDE SIG FOR INKOMPETENT UNDER HENVISNING TIL , AT PARTERNE IKKE HAVDE TRUFFET NOGEN VAERNETINGSAFTALE I DEN I KONVENTIONENS ARTIKEL 17 , STK . 1 NAEVNTE FORSTAND ; SAELGER APPELLEREDE DENNE DOM TIL HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT , SOM FANDT , AT PARTERNE HAVDE INDGAAET EN GYLDIG VAERNETINGSAFTALE EFTER KONVENTIONENS ARTIKEL 17 , HVORFOR DEN OPHAEVEDE DOMMEN FRA LANDGERICHT OG HJEMVISTE SAGEN HERTIL ; 4 KOEBER HAR APPELLERET DENNE DOM TIL BUNDESGERICHTSHOF ; BUNDESGERICHTSHOF HAR HEREFTER FORELAGT TO SPOERGSMAAL OM FORTOLKNINGEN AF ARTIKEL 17 , STK . 1 . VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF KONVENTIONENS ARTIKEL 17 I ALMINDELIGHED 5 KONVENTIONENS ARTIKEL 17 , STK . 1 LYDER SAALEDES : ' SAAFREMT PARTERNE I TILFAELDE , HVOR MINDST EN AF DEM HAR BOPAEL PAA EN KONTRAHERENDE STATS OMRAADE , VED EN SKRIFTLIG AFTALE ELLER VED EN MUNDTLIG AFTALE , DER ER SKRIFTLIGT BEKRAEFTET , HAR VEDTAGET , AT EN RET ELLER RETTERNE I EN KONTRAHERENDE STAT SKAL VAERE KOMPETENT TIL AT PAAKENDE ALLEREDE OPSTAAEDE TVISTER ELLER FREMTIDIGE TVISTER I ANLEDNING AF ET BESTEMT RETSFORHOLD , ER ALENE DENNE RET ELLER RETTERNE I DEN PAAGAELDENDE STAT KOMPETENTE ' ; 6 FORTOLKNINGEN AF , UNDER HVILKE BETINGELSER DENNE BESTEMMELSE FINDER ANVENDELSE , MAA SKE UNDER HENSYNTAGEN TIL VIRKNINGEN AF KOMPETENCEVEDTAGELSEN , DER BAADE UDELUKKER VAERNETINGET IFOELGE DET ALMINDELIGE PRINCIP I KONVENTIONENS ARTIKEL 2 OG DE SPECIELLE VAERNETING , SOM NAEVNES I ARTIKLERNE 5 OG 6 ; I BETRAGTNING AF DE FOELGER , SOM EN SAADAN KOMPETENCEVEDTAGELSE KAN HAVE FOR KONTRAHENTERNES STILLING I RETSSAGEN , MAA DE I ARTIKEL 17 NAEVNTE BETINGELSER FOR VAERNETINGSKLAUSULERS GYLDIGHED FORTOLKES SNAEVERT ; DA ARTIKEL 17 SOM GRUNDLAG FOR KOMPETENCEVEDTAGELSEN KRAEVER EN ' AFTALE ' MELLEM PARTERNE , MAA DEN RET , FOR HVILKEN SAGEN ER FORELAGT , FOERST OG FREMMEST PROEVE , OM DEN BESTEMMELSE , SOM TILLAEGGER RETTEN KOMPETENCE , FAKTISK HAR VAERET GENSTAND FOR PARTERNES SAMSTEMMENDE VILJE , SOM SKAL VAERE UDTRYKT KLART OG PRAECIST ; FORMKRAVENE I ARTIKEL 17 SKAL SIKRE , AT PARTERNES SAMSTEMMENDE VILJE FAKTISK HAR VAERET TIL STEDE ; DET ER UD FRA DISSE BETRAGTNINGER , AT SPOERGSMAALENE FRA BUNDESGERICHTSHOF VIL VAERE AT UNDERSOEGE . VEDROERENDE SPOERGSMAALENE FRA BUNDESGERICHTSHOF 7 DET FOERSTE SPOERGSMAAL ER , OM KRAVENE I KONVENTIONENS ARTIKEL 17 ER OPFYLDT , NAAR EN SAELGER VED EN MUNDTLIG INDGAAELSE AF EN KOEBEAFTALE HAR HENVIST TIL , AT HAN VIL INDGAA AFTALEN I HENHOLD TIL SINE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER , OG NAAR HAN DEREFTER SKRIFTLIGT BEKRAEFTER DEN INDGAAEDE AFTALE OVER FOR KOEBER OG VEDLAEGGER DENNE BEKRAEFTELSE SINE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER , DER INDEHOLDER EN VAERNETINGSKLAUSUL . 8 DET FOELGER AF DE OVENSTAAENDE ALMINDELIGE BETRAGTNINGER , AT DET IKKE KAN ANTAGES , AT EN KONTRAHENT SKULLE GIVE AFKALD PAA DE FORDELE , SOM KONVENTIONENS VAERNETINGSREGLER GIVER ; DET KAN DERFOR IKKE ANTAGES , AT KOEBEREN , SELV OM HAN I EN MUNDTLIGT INDGAAET AFTALE HAR ACCEPTERET AT KONTRAHERE I HENHOLD TIL SAELGERENS ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER , OGSAA HAR ACCEPTERET EN EVENTUEL VAERNETINGSKLAUSUL I DISSE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ; HERAF FOELGER , AT SAELGERS SKRIFTLIGE BEKRAEFTELSE AF AFTALEN MED MEDDELELSE AF HANS ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ER VIRKNINGSLOES , FOR SAA VIDT ANGAAR EN EVENTUEL VAERNETINGSKLAUSUL , NAAR KOEBEREN IKKE SKRIFTLIGT HAR BEKRAEFTET . 9 DET ANDET SPOERGSMAAL ER , OM KRAVENE I KONVENTIONENS ARTIKEL 17 ER OPFYLDT , NAAR SAELGER OG KOEBER BEGGE ER HANDLENDE , OG SAELGER EFTER DEN MUNDTLIGE INDGAAELSE AF EN KOEBEAFTALE SKRIFTLIGT OVER FOR KOEBEREN BEKRAEFTER INDGAAELSEN I HENHOLD TIL SINE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER OG VEDLAEGGER DENNE SKRIVELSE DISSE FORRETNINGSBETINGELSER , DER INDEHOLDER EN VAERNETINGSKLAUSUL , OG NAAR KOEBER IKKE REJSER INDVENDINGER MOD DENNE SKRIFTLIGE BEKRAEFTELSE . 10 DET FREMGAAR AF EN SAMMENLIGNING MELLEM DE TO SPOERGSMAALS FORMULERINGER OG AF FORKLARINGER AFGIVET UNDER SAGENS BEHANDLING , AT DET ANDET SPOERGSMAAL OMHANDLER DEN SITUATION , HVOR AFTALEN INDGAAS UDEN NOGEN HENVISNING TIL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ; DET ER I SAA TILFAELDE AABENBART , AT EN VAERNETINGSKLAUSUL , SOM EVENTUELT INDGAAR I DISSE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER , IKKE ER OMFATTET AF DEN AF KONTRAHENTERNE MUNDTLIGT INDGAAEDE AFTALE ; DEN EFTERFOELGENDE TILSTILLELSE AF DE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER INDEHOLDENDE EN SAADAN KLAUSUL MEDFOERER DERFOR IKKE , AT KONTRAHENTERNES AFTALE AENDRES , MEDMINDRE KOEBEREN UDTRYKKELIGT OG SKRIFTLIGT GODKENDER DISSE BETINGELSER . 11 AF DET ANFOERTE FREMGAAR , AT EN ENSIDIG , SKRIFTLIG ERKLAERING SOM DEN I DENNE SAG FORELIGGENDE I INTET AF DE AF BUNDESGERICHTSHOF NAEVNTE TILFAELDE KAN OPFYLDE KRAVENE TIL EN VAERNETINGSAFTALE ; DET FORHOLDER SIG IMIDLERTID ANDERLEDES , SAAFREMT EN AFTALE AFSLUTTES MUNDTLIGT INDEN FOR RAMMERNE AF KONTRAHENTERNES LOEBENDE FORRETNINGSFORHOLD , OG DET YDERLIGERE ER GODTGJORT , AT DETTE FORHOLD I SIN HELHED REGULERES AF DEN BEKRAEFTENDE KONTRAHENTS ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER , SOM INDBEHOLDER EN VAERNETINGSKLAUSUL ; UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER VILLE DET NEMLIG STRIDE MOD GOD FORRETNINGSSKIK , SAAFREMT DEN , DER MODTAGER BEKRAEFTELSEN , BENAEGTEDE VAERNETINGSKLAUSULENS EKSISTENS , OGSAA I DET TILFAELDE HVOR DER IKKE FORELIGGER NOGEN SKRIFTLIG GODKENDELSE FRA HANS SIDE ; 12 DE TO SPOERGSMAAL KAN HEREFTER UNDER ET BESVARES SAALEDES , AT ER EN AFTALE INDGAAET MUNDTLIGT , ER FORMKRAVENE I ARTIKEL 17 , STK . 1 KUN OPFYLDT , SAAFREMT SAELGERS SKRIFTLIGE BEKRAEFTELSE MED MEDDELELSE AF HANS ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SKRIFTLIGT ER ACCEPTERET AF KOEBER ; DET FORHOLD , AT KOEBER IKKE HAR GJORT INDSIGELSE MOD MEDKONTRAHENTENS ENSIDIGE BEKRAEFTELSE , KAN KUN SIDESTILLES MED ACCEPT AF VAERNETINGSKLAUSULEN , SAAFREMT DEN MUNDTLIGE AFTALE INDGAAR I KONTRAHENTERNES LOEBENDE FORRETNINGSFORHOLD , SOM ER OPRETTET PAA GRUNDLAG AF EN AF KONTRAHENTERNES ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER , SOM INDEHOLDER EN VAERNETINGSKLAUSUL . Afgørelse om sagsomkostninger VEDROERENDE SAGSOMKOSTNINGERNE 13 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER , SOM HAR INDGIVET INDLAEG TIL DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES ; DA RETSFORHANDLINGERNE I FORHOLD TIL HOVEDSAGENS PARTER UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR BUNDESGERICHTSHOF , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGSOMKOSTNINGERNE . Afgørelse PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER , KENDER DOMSTOLEN VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , DER ER FORELAGT DEN AF BUNDESGERICHTSHOF VED KENDELSE AF 14 . FEBRUAR 1976 , FOR RET : ER EN AFTALE INDGAAET MUNDTLIGT , ER FORMKRAVENE I ARTIKEL 17 , STK . 1 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , KUN OPFYLDT , SAAFREMT SAELGERS SKRIFTLIGE BEKRAEFTELSE MED MEDDELELSE AF HANS ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SKRIFTLIGT ER ACCEPTERET AF KOEBER . DET FORHOLD , AT KOEBER IKKE HAR GJORT INDSIGELSE MOD MEDKONTRAHENTENS ENSIDIGE BEKRAEFTELSE , KAN KUN SIDESTILLES MED ACCEPT AF VAERNETINGSKLAUSULEN , SAAFREMT DEN MUNDTLIGE AFTALE INDGAAR I KONTRAHENTERNES LOEBENDE FORRETNINGSFORHOLD , SOM ER OPRETTET PAA GRUNDLAG AF EN AF KONTRAHENTERNES ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER , SOM INDEHOLDER EN VAERNETINGSKLAUSUL .

62020CJ0708

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Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ( OL L 351, 2012, p. 1 ) 13 straipsnio 3 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant BT ginčą su Seguros Catalana Occidente ir EB dėl BT pateikto prašymo atlyginti žalą, patirtą dėl nelaimingo atsitikimo, įvykusio EB priklausančiame nekilnojamojo turto objekte. Teisinis pagrindas Reglamento Nr. 1215/2012 16, 18 ir 34 konstatuojamosiose dalyse nurodyta: „(16) jurisdikcija turėtų būti nustatoma ne tik pagal atsakovo nuolatinę gyvenamąją (buveinės) vietą, bet ir pagal kitą alternatyvų jurisdikcijos pagrindą, atsižvelgiant į glaudų ryšį tarp teismo ir bylos arba siekiant padėti tinkamai vykdyti teisingumą. Glaudaus ryšio reikalavimas turėtų užtikrinti teisinį tikrumą ir padėti išvengti galimybės pareikšti atsakovui ieškinį valstybės narės, kurios jis negalėjo pagrįstai numatyti, teisme. Tai ypač svarbu sprendžiant ginčus, susijusius su nesutartinėmis prievolėmis, kylančiomis iš privatumo ir asmeninių teisių, įskaitant šmeižtą, pažeidimų; <…> (18) kalbant apie draudimo, vartotojų ir darbo sutartis, silpnesnioji šalis turėtų būti ginama pagal jurisdikcijos taisykles, kurios yra palankesnės tokios šalies interesams negu bendrosios taisyklės; <…> (34) turėtų būti užtikrintas 1968 m. [rugsėjo 27 d. K]onvencijos [dėl jurisdikcijos ir sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo ( OL L 299, 1972, p. 32 ) (toliau – Briuselio konvencija)], [2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos r]eglamento (EB) Nr. 44/2001 [dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ( OL L 12, 2001, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42)] ir šio reglamento tęstinumas ir tuo tikslu nustatytos pereinamosios nuostatos. Tęstinumą taip pat turi užtikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, aiškindamas [Briuselio konvenciją] ir ją pakeičiančius reglamentus[.]“ Reglamento Nr. 1215/2012 II skyriaus 3 skirsnyje „Jurisdikcija dėl bylų, susijusių su draudimu“ yra 10–16 straipsniai. Šio reglamento 10 straipsnyje nustatyta: „Jurisdikcija dėl bylų, susijusių su draudimu, nustatoma pagal šį skirsnį, nedarant poveikio 6 straipsniui ir 7 straipsnio 5 punktui.“ Minėto reglamento 11 straipsnyje nurodyta: „1.   Draudikui, kurio nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta yra valstybėje narėje, ieškinys gali būti pareikštas: a) valstybės narės, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta, teismuose; b) jeigu ieškinius pareiškia draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas – kitoje valstybėje narėje ieškovo nuolatinės gyvenamosios (buveinės) vietos teismuose; arba; c) kai draudikai yra keli – valstybės narės, kurioje yra iškelta byla pagrindiniam draudikui, teismuose. 2.   Draudiko, kurio nuolatinė gyvenamoji (buveinės) vieta nėra valstybėje narėje, tačiau kuris turi filialą, atstovybę arba kitokį padalinį vienoje iš valstybių narių, ginčuose, susijusiuose su filialo, atstovybės arba padalinio veikla, tokia valstybė narė yra laikoma draudiko nuolatine gyvenamąja (buveinės) vieta.“ To paties reglamento 13 straipsnyje nustatyta: „1.   Atsakomybės draudimo atvejais, kai žalą patyręs asmuo pareiškia ieškinį apdraustajam, draudikas taip pat gali būti įtrauktas į procesą, jeigu tai leidžiama pagal teismo vietos teisę. 2.   10, 11 ir 12 straipsniai taikomi žalą patyrusios šalies tiesiogiai draudikui pareikštiems ieškiniams, jeigu tokie tiesioginiai ieškiniai yra leidžiami. 3.   Jeigu pagal pirmiau nurodytiems tiesioginiams ieškiniams taikomą teisę numatyta, kad draudėjas arba apdraustasis gali būti įtraukti į bylą kaip šalys, šie ieškiniai priskiriami to paties teismo jurisdikcijai.“ Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai BT, kurios nuolatinė gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje, 2018 m. atostogaudama Ispanijoje patyrė nelaimingą atsitikimą. Šis nelaimingas atsitikimas įvyko EB, kurios nuolatinė gyvenamoji vieta (buveinė) yra Airijos Respublikoje, priklausančiame nekilnojamojo turto objekte. Seguros Catalana Occidente yra EB civilinės atsakomybės už šį turtą draudikas, kurio buveinė yra Ispanijoje. BT teigia, kad pagal sutartį, kurią jos vardu sudarė šeimos narys, EB sutiko nuo 2018 m. kovo 31 d. ją ir jos šeimą apgyvendinti aptariamame nekilnojamojo turto objekte. 2018 m. balandžio 3 d. to nekilnojamojo turto vidiniame kieme BT pargriuvo ir patyrė sužalojimų. BT nusprendė pareikšti ieškinį EB ir Seguros Catalana Occidente , siekdama prisiteisti dėl šio kritimo patirtos žalos ir nuostolių atlyginimą. Ji tvirtina, kad remiantis sutartinėmis ir deliktinėmis prievolėmis („duty in contract and tort“) EB, elgdamasi rūpestingai ir apdairiai, turėjo užtikrinti, kad nekilnojamąjį turtą bus pakankamai saugu naudoti, o ši prievolė buvo pažeista. BT teigimu, EB prie laiptelio privalėjo įrengti turėklus ir (arba) pritvirtinti įspėjamąjį ženklą, ir (arba) kaip nors kitaip pažymėti tą laiptelį. Byla buvo iškelta 2019 m. balandžio 14 d. County Court Money Claims Centre ( England & Wales ) ((apygardos teismai) piniginių reikalavimų centras (Anglija ir Velsas), Jungtinė Karalystė). Paskui atsakovėms, t. y. Seguros Catalana Occidente ir EB, buvo išsiųstas pranešimas apie joms iškeltą bylą, o vėliau byla perduota County Court at Birkenhead (Berkenhedo apygardos teismas, Jungtinė Karalystė). BT teigia, kad Anglijos ir Velso teismai turi tarptautinę jurisdikciją dėl Seguros Catalana Occidente pagal Reglamento Nr. 1215/2012 11 straipsnio 1 dalies b punktą ir 13 straipsnio 2 dalį. BT dėl EB teigia, kad pagal šio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ieškovė kartu su ieškiniu užsienyje įsikūrusiam draudikui gali pareikšti reikalavimus užsienyje buveinę turinčiam apdraustajam. Jos teigimu, draudikui ir apdraustajam šiuo aspektu nebūtina „ginčytis“ dėl draudimo sutarties sąlygų galiojimo ir veikimo. Vienintelė sąlyga, kuri turi būti įvykdyta pagal 13 straipsnio 3 dalį, yra ta, kad toks apdraustojo įtraukimas į bylą pareiškiant šį tiesioginį ieškinį būtų numatytas pagal teisę, reglamentuojančią tiesioginių ieškinių pareiškimą draudikui, šiuo atveju – pagal Ispanijos teisę. Seguros Catalana Occidente neginčijo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo jurisdikcijos ir pateikė atsiliepimą į ieškinį. 2020 m. sausio 29 d. EB pateikė prieštaravimą, grįsdama jį tuo, kad Anglijos ir Velso teismai neturi jurisdikcijos nagrinėti jai pareikštų reikalavimų pagal Reglamento Nr. 1215/2012 13 straipsnio 3 dalį. EB nuomone, ši nuostata taikoma tik reikalavimams, susijusiems su draudimu. Jos teigimu, BT ieškinyje reiškiami reikalavimai dėl sužalojimo ir dėl tolesnių jo pasekmių patirtai žalai, kylančiai iš tariamo neatsargumo teikiant apgyvendinimo atostogų būste paslaugas, atlyginti. Šie reikalavimai nesusiję su draudimu ir tokie netampa vien dėl to, kad yra pareikšti toje pačioje byloje kaip tiesioginis ieškinys draudikui. Prieš nagrinėjant EB reikalavimą, kuriuo ginčijama Anglijos ir Velso teismų jurisdikcija, Seguros Catalana Occidente paaiškino savo poziciją dėl esmės ir teigė, kad draudimo sutartyje numatyti draudimai ir apribojimai reiškė, kad ji nesitikėjo, jog EB naudos nekilnojamąjį turtą atostogaujantiems tretiesiems asmenims apgyvendinti ir ims už tai atlygį. Todėl Seguros Catalana Occidente neigė, kad ji turi prievolę atlyginti EB patirtą žalą, susijusią su aptariamu nelaimingu atsitikimu, ir prašė atmesti atitinkamą BT jai pareikštą reikalavimą. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas atidėjo Seguros Catalana Occidente prašymo atmesti BT pareikštą reikalavimą nagrinėjimą, kol bus priimtas sprendimas dėl šio prašymo priimti prejudicinį sprendimą. Šis teismas mano, kad pirmiausia jis turi išnagrinėti EB užginčytos tarptautinės jo jurisdikcijos klausimą. Jis pažymi, kad, kiek tai susiję su šiuo aspektu, Seguros Catalana Occidente procese nedalyvauja. Tokiomis aplinkybėmis County Court at Birkenhead (Berkenhedo apygardos teismas, Jungtinė Karalystė) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1. Ar pagal Reglamento Nr. 1215/2012 13 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad ieškinio pagrindas, kuriuo žalą patyręs asmuo remiasi reikšdamas ieškinį draudėjui (apdraustajam), yra susijęs su draudimu? 2. Jeigu atsakymas į [pirmąjį] klausimą būtų teigiamas: ar to, kad ieškinys, kurį žalą patyręs asmuo siekia pareikšti draudėjui (apdraustajam), yra grindžiamas tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pareiškiamas toje pačioje byloje kaip tiesioginis ieškinys draudikui, pakanka pagrįsti išvadą, kad žalą patyrusio asmens ieškinys yra susijęs su draudimu, net jei žalą patyrusio asmens ieškinio pagrindas draudėjui (apdraustajam) nėra susijęs su draudimu? 3. Be to (ir alternatyviai), jeigu atsakymas į [pirmąjį] klausimą būtų teigiamas: ar to, kad draudikas ir žalą patyręs asmuo ginčijasi dėl draudimo sutarties sąlygų galiojimo ir veikimo, pakanka pagrįsti išvadą, kad žalą patyrusio asmens ieškinys yra susijęs su draudimu? 4. Jeigu atsakymas į [pirmąjį] klausimą būtų neigiamas: ar pakanka to, kad draudėjo (apdraustojo) įtraukimas reiškiant tiesioginį ieškinį draudikui yra leidžiamas pagal teisę, taikomą tiesioginiam ieškiniui, kurį galima pareikšti draudikui?“ Dėl prejudicinių klausimų Dėl trijų pirmųjų klausimų Pirmaisiais trimis klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar Reglamento Nr. 1215/2012 13 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, kai žalą patyręs asmuo pareiškia ieškinį tiesiogiai draudikui pagal šio 13 straipsnio 2 dalį, valstybės narės, kurioje yra šio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, teismas, remdamasis minėto 13 straipsnio 3 dalimi, taip pat gali pripažinti savo jurisdikciją priimti sprendimą dėl ieškinio dėl žalos atlyginimo, kurį minėtas asmuo tuo pat metu pareiškė draudėjui arba apdraustajam, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta (buveinė) yra kitoje valstybėje narėje ir kuriam draudikas nepareiškė reikalavimų. Pirmiausia reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 1215/2012 34 konstatuojamąją dalį šiuo reglamentu panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentas Nr. 44/2001, kuris savo ruožtu pakeitė Briuselio konvenciją, todėl Teisingumo Teismo pateiktas šių teisės aktų nuostatų išaiškinimas taikomas ir Reglamento Nr. 1215/2012 nuostatoms, kai šias nuostatas galima laikyti „lygiavertėmis“ (2020 m. liepos 9 d. Sprendimo Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19 , EU:C:2020:534 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Taip yra, pirma, Briuselio konvencijos 10 straipsnio 3 dalies ir Reglamento Nr. 44/2001 11 straipsnio 3 dalies ir, antra, Reglamento Nr. 1215/2012 13 straipsnio 3 dalies atveju. Aiškindamas Sąjungos teisės nuostatą Teisingumo Teismas turi atsižvelgti ne tik į jos formuluotę, bet ir į kontekstą, taip pat į teisės akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus (žr. 2021 m. kovo 24 d. Sprendimo MCP, C‑603/20 PPU , EU:C:2021:231 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Pirma, dėl Reglamento Nr. 1215/2012 13 straipsnio 3 dalies, siejamos su šio straipsnio 2 dalimi, formuluotės reikia priminti, kad šioje nuostatoje nustatyta: jeigu pagal tiesioginiam ieškiniui, kurį žalą patyręs asmuo pareiškia draudikui, taikomą teisę numatyta, kad draudėjas arba apdraustasis gali būti įtraukti į bylą kaip šalys, šis ieškinys priskiriamas to paties teismo jurisdikcijai. Reikia konstatuoti, kad šioje formuluotėje nėra atsakymo į tris pirmuosius šioje byloje pateiktus klausimus. Antra, dėl Reglamento Nr. 1215/2012 bendros struktūros reikia pažymėti, kad šio reglamento 13 straipsnio 3 dalis priklauso šio reglamento II skyriaus 3 skirsniui. Šiame skirsnyje, kuriame, remiantis jo pavadinimu ir minėto reglamento 10 straipsniu, nustatoma jurisdikcija dėl „bylų, susijusių su draudimu“, įtvirtinta savarankiška jurisdikcijos, susijusios su draudimo bylomis, nustatymo sistema (šiuo klausimu žr. 2017 m. liepos 20 d. Sprendimo MMA IARD, C‑340/16 , EU:C:2017:576 , punktą). Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos dėl sąvokos „bylos, susijusios su draudimu“ apimties matyti, kad žalą patyrusio asmens draudikui pareikšto ieškinio kvalifikavimas pagal nacionalinę teisę neturi jokios reikšmės taikant Reglamento Nr. 1215/2012 II skyriaus 3 skirsnio nuostatas, kuriose nustatoma jurisdikcija „bylose, susijusiose su draudimu“ (šiuo klausimu žr. 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06 , EU:C:2007:792 , punktą). Šiomis aplinkybėmis EB, Vokietijos vyriausybė ir Europos Komisija savo rašytinėse pastabose teigia, kad ieškinys dėl žalos atlyginimo, kurį žalą patyręs asmuo pareiškia apdraustajam, nepatenka į šio reglamento 13 straipsnio 3 dalies taikymo sritį, nes jis grindžiamas ne „draudimo teisiniais santykiais“, o iš esmės susijęs su byla dėl delikto. Kaip nurodyta Reglamento Nr. 1215/2012 10 straipsnyje, savarankiška „bylų, susijusių su draudimu“ sąvoka leidžia atskirti jurisdikciją, numatytą šio reglamento II skyriaus 3 skirsnyje minėtoje srityje, ir to paties skyriaus 2 skirsnyje numatytą specialią jurisdikciją sutartinėje ir deliktinėje srityse (šiuo klausimu žr. 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06 , EU:C:2007:792 , punktą). Taigi manytina, kad, siekiant pateisinti šiame 3 skirsnyje numatytų specialių jurisdikcijos taisyklių taikymą, ieškinyje, kuris pateikiamas teismui, būtinai turi būti keliamas klausimas dėl teisių ir pareigų, kylančių iš draudimo teisinių santykių tarp šio ieškinio šalių. Šis sąvokos „draudimo teisiniai santykiai“ aiškinimas reiškia, kad negalima laikyti, jog žalą patyrusio asmens pareikštas ieškinys draudėjui arba apdraustajam yra susijęs su draudimu vien dėl to, kad jis grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir tiesiogiai draudikui pareikštas ieškinys, arba kad egzistuoja draudiko ir žalą patyrusio asmens ginčas dėl draudimo sutarties sąlygų galiojimo ir veikimo. Trečia, kiek tai susiję su teleologiniu aiškinimu, reikia priminti, kad pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją iš Reglamento Nr. 1215/2012 18 konstatuojamosios dalies matyti, jog byloms, susijusioms su draudimu, būdingas tam tikras šalių padėties skirtumas, kurį šio reglamento II skyriaus 3 skirsnio nuostatomis siekiama pakoreguoti, numatant galimybę silpnesnei šaliai pasinaudoti jos interesams palankesnėmis jurisdikcijos nustatymo taisyklėmis nei bendrosios taisyklės (šiuo klausimu žr. 2017 m. liepos 20 d. Sprendimo MMA IARD, C‑340/16 , EU:C:2017:576 , punktą ir 2020 m. vasario 27 d. Sprendimo Balta, C‑803/18 , EU:C:2020:123 , ir punktus). Šio skirtumo paprastai nėra, kai ieškinys nesusijęs su draudiku, kurio atžvilgiu ir apdraustasis, ir žalą patyręs asmuo laikomi silpnesniais (šiuo klausimu žr. 2005 m. gegužės 26 d. Sprendimo GIE Réunion européenne ir kt., C‑77/04 , EU:C:2005:327 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją ir 2009 m. rugsėjo 17 d. Sprendimo Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08 , EU:C:2009:561 , punktą). Be to, reikia pažymėti, kad, kaip matyti iš P. Jenard parengto pranešimo dėl Briuselio konvencijos ( OL C 59, 1979, p. 1 ) 32 puslapio, nagrinėjant bylą tarp draudiko ir žalą patyrusio asmens, Reglamento Nr. 1215/2012 13 straipsnio 3 dalimi siekiama suteikti draudikui teisę įtraukti į bylą apdraustąjį kaip trečiąją proceso šalį, kad jis galėtų apsiginti nuo sukčiavimo ir užtikrinti, kad skirtingi teismai nepriimtų nesuderinamų sprendimų. Iš to matyti, kad, kai žalą patyręs asmuo ieškinį dėl žalos atlyginimo pareiškė tiesiogiai draudikui, o šis atitinkamo apdraustojo neįtraukė į bylą, teismas, į kurį kreiptasi, negali remtis šia nuostata, kad pripažintų savo jurisdikciją pastarojo atžvilgiu. Kita vertus, žinoma, tiesa, kad Reglamento Nr. 1215/2012 nuostatos pagal šio reglamento 16 konstatuojamąją dalį turi būti aiškinamos atsižvelgiant į siekį tinkamai vykdyti teisingumą ir kad kai žalą patyręs asmuo į teismo, į kurį kreiptasi, nagrinėjamą bylą įtraukia apdraustąjį kaip trečiąją šalį, tai leidžia išvengti dviejų paraleliai vykdomų teisminių ginčų nagrinėjimo procedūrų. Vis dėlto reikia pažymėti, jog tai, kad Reglamento Nr. 1215/2012 13 straipsnio 3 dalis suteikia teisę žalą patyrusiam asmeniui į bylą įtraukti apdraustąjį, leidžia apeiti šio reglamento taisykles, susijusias su jurisdikcija dėl deliktinės atsakomybės, kaip jos apibrėžtos jo II skyriaus 2 skirsnyje. Iš tiesų siekdamas pasinaudoti palankesnėmis minėto reglamento 10–12 nuostatomis kiekvienas žalą patyręs asmuo pagal šio 13 straipsnio 2 dalį gali pareikšti ieškinį draudikui, o paskui pagal šio 13 straipsnio 3 dalį įtraukti į bylą apdraustąjį kaip trečiąją šalį šiame procese. Bet kuriuo atveju tinkamo teisingumo vykdymo tikslas paprastai yra pakankamai pasiektas, jeigu, kaip numatyta to paties 13 straipsnio 1 dalyje, apdraustasis gali pareikšti ieškinį draudikui tame pačiame teisme, kuriame žalą patyręs asmuo bylinėjasi su šiuo draudiku, su sąlyga, kad tai leidžiama pagal šio teismo valstybės narės teisę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmuosius tris klausimus reikia atsakyti: Reglamento Nr. 1215/2012 13 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, kai žalą patyręs asmuo pareiškia draudikui tiesioginį ieškinį pagal šio 13 straipsnio 2 dalį, valstybės narės, kurioje yra ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta (buveinė), teismas negali pagal minėto 13 straipsnio 3 dalį taip pat pripažinti savo jurisdikcijos nagrinėti ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurį minėtas asmuo tuo pačiu metu pareiškė draudėjui arba apdraustajam, turinčiam nuolatinę gyvenamąją vietą (buveinę) kitoje valstybėje narėje, kuriam draudikas nepareiškė reikalavimų. Dėl ketvirtojo klausimo Atsižvelgiant į pirmesniame punkte pateiktą atsakymą, į ketvirtąjį klausimą atsakyti nereikia. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) nusprendžia: 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 13 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad tuo atveju, kai žalą patyręs asmuo pareiškia draudikui tiesioginį ieškinį pagal šio 13 straipsnio 2 dalį, valstybės narės, kurioje yra ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta (buveinė), teismas negali pagal minėto 13 straipsnio 3 dalį taip pat pripažinti savo jurisdikcijos nagrinėti ieškinį dėl žalos atlyginimo, kurį minėtas asmuo tuo pačiu metu pareiškė draudėjui arba apdraustajam, turinčiam nuolatinę gyvenamąją vietą (buveinę) kitoje valstybėje narėje, kuriam draudikas nepareiškė reikalavimų. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: anglų.

62012CJ0164

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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 49 TFUE. Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy DMC Beteiligungsgesellschaft mbH, spółką prawa austriackiego z siedzibą w Wiedniu (Austria) oraz następcą prawnym Schillhuber Beteiligungsgesellschaft mbH (zwanej dalej „S‑GmbH”) i Klausnitzer Ges.mbH (zwanej dalej „K‑GmbH”), a Finanzamt Hamburg‑Mitte (zwanym dalej „Finanzamt”) dotyczącego ustalenia zysku z tytułu zbycia w ramach określenia podatku dochodowego niemieckiej spółki komandytowej w roku podatkowym 2000. Ramy prawne Prawo niemieckie Paragraf 6 ust. 1 pkt 1 zdanie trzecie Einkommensteuergesetz (ustawy o podatku dochodowym) definiuje pojęcie szacunkowej wartości dobra ekonomicznego jako oznaczające kwotę, którą nabywca całego przedsiębiorstwa przeznaczyłby na to dobro ekonomiczne ujęte indywidualnie w ramach całkowitej wartości tegoż przedsiębiorstwa. Wartość szacunkową należy odróżnić od wartości księgowej, która jest wartością składnika aktywów widniejącą w bilansie przedsiębiorstwa, pomniejszoną w szczególności o kwotę amortyzacji. Wartość księgowa nie jest nigdy wyższa od wartości szacunkowej. Paragraf 20 Umwandlungssteuergesetz (ustawy w sprawie opodatkowania przekształceń spółek) z dnia 11 października 1995 r. (BGBl. 1995 I, s. 1250), w brzmieniu znajdującym zastosowanie w postępowaniu głównym (zwanej dalej „UmwStG 1995”), miał następujące brzmienie: „(1)   W sytuacji gdy przedsiębiorstwo, część przedsiębiorstwa lub udział wspólnika zostają wniesione jako wkład do spółki kapitałowej objętej w nieograniczonym zakresie podatkiem od osób prawnych [§ 1 ust. 1 pkt 1 Körperschaftsteuergesetz (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)], a przekazujący przejmuje w zamian nowe udziały w spółce (wkład), wartość przekazanego majątku spółki oraz nowych udziałów jest określona zgodnie z następującymi ustępami […]. (2)   Spółka kapitałowa może przypisać przekazanym jej składnikom majątku ich wartość księgową bądź wyższą […]. (3)   Spółka kapitałowa przypisuje szacunkową wartość przekazanym składnikom majątku, w sytuacji gdy w chwili wniesienia wkładu Republika Federalna Niemiec nie może opodatkować zysku wynikającego ze zbycia udziałów w spółce przekazanych przekazującemu. (4)   Wartość, którą spółka kapitałowa przypisała przekazanym składnikom majątku, uważa się, w odniesieniu do przekazującego, za cenę zbycia i koszt nabycia udziałów spółki. […] (6)   W przypadkach, o których mowa w ust. 3, § 21 ust. 2 zdania od trzeciego do szóstego stosuje się na drodze analogii w odniesieniu do odroczenia zapłaty należnego podatku dochodowego lub podatku od osób prawnych”. Paragraf 21 ust. 2 zdania od trzeciego do szóstego UmwStG 1995 stanowił: „W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt 1, 2 i 4, podatek dochodowy lub podatek od osób prawnych przypadający na zysk z tytułu zbycia może być uiszczony w rocznych ratach w wysokości minimum piątej części kwoty podatku, pod warunkiem że uiszczenie tych rat jest zagwarantowane. W przypadku odroczenia płatności nie są należne żadne odsetki. Zbycie udziałów w okresie odroczenia powoduje jego bezzwłoczne zakończenie. Zdanie piąte znajduje zastosowanie analogicznie, jeżeli w ramach odroczenia spółka kapitałowa, której udziały zostały nabyte, zostaje rozwiązana i postawiona w stan likwidacji lub jeżeli kapitał tej spółki został obniżony i wypłacony akcjonariuszom, lub w sytuacji gdy spółka ta była przedmiotem przekształcenia w rozumieniu drugiej lub czwartej części ustawy”. Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania Artykuł 1 ust. 2 i 3 konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w dziedzinie podatku dochodowego i majątkowego oraz podatku od działalności gospodarczej i nieruchomości zawartej pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Republiką Austrii w dniu 4 października 1954 r. (BGBl. 1955 II, s. 750, zwanej dalej „DBA 1954”) miał następujące brzmienie: „(2)   Osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania w rozumieniu niniejszej umowy w umawiającym się państwie, w którym zajmuje lokal mieszkaniowy na warunkach pozwalających przyjąć, iż pozostanie w nim i będzie z niego korzystać. Jeśli nie posiada miejsca zamieszkania w jednym z umawiających się państw, za miejsce zamieszkania przyjmuje się zwykłe miejsce zamieszkania. (3)   W przypadku osoby prawnej za miejsce siedziby w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się miejsce, w którym prowadzi ona swą działalność. Jeżeli miejsce to nie znajduje się w żadnym z umawiających się państw, za miejsce siedziby uznaje się miejsce, w którym osoba prawna posiada swoją statutową siedzibę”. Artykuł 4 DBA 1954 przewidywał: „(1)   Jeżeli osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z umawiających się państw uzyskuje jako przedsiębiorca lub wspólnik dochody z przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego, którego działalność rozciąga się na terytorium drugiego państwa, państwo to może opodatkować te dochody wyłącznie w zakresie, w jakim pochodzą z zakładu przedsiębiorstwa znajdującego się na jego terytorium. (2)   W tym celu należy przypisać zakładowi dochody, jakie uzyskałby jako niezależne przedsiębiorstwo w wyniku takiej samej lub podobnej działalności w takich samych lub podobnych warunkach, bez żadnego stosunku zależności wobec przedsiębiorstwa, którego zakład stanowi. (3)   Zakładem w rozumieniu niniejszej konwencji jest każdy stały oddział przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego wykonujący w całości lub w części działalność tego przedsiębiorstwa. (4)   Ustęp 1 stosuje się do dochodów uzyskanych w wyniku bezpośredniego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym lub przemysłowym lub bezpośredniego wykorzystania takiego przedsiębiorstwa, dochodów uzyskanych z jego najmu, udostępnienia lub jakiejkolwiek formy jego użytkowania oraz dochodów ze sprzedaży całego przedsiębiorstwa, udziału w nim, części przedsiębiorstwa lub wykorzystywanego w nim dobra gospodarczego”. Artykuł 7 DBA 1954 stanowił: „(1)   W sytuacji gdy osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z umawiających się państw uzyskuje dochody ze zbycia istotnego udziału w spółce kapitałowej, której siedziba zarządu znajduje się w drugim z tych państw, to państwo siedziby jest uprawnione do opodatkowania tych dochodów. (2)   Ustępu 1 nie stosuje się, w sytuacji gdy osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z umawiających się państw posiada zakład w drugim państwie oraz uzyskuje dochód za pośrednictwem tego zakładu. W takim przypadku to drugie państwo jest uprawnione do opodatkowania tych dochodów (art. 4)”. Postępowanie główne i pytania prejudycjalne Do dnia 28 sierpnia 2001 r. DMC Design for Media and Communication GmbH & Co. KG (zwana dalej „DMC KG”) była spółką komandytową z siedzibą w Hamburgu (Niemcy). Komandytariuszami tej spółki osobowej były wówczas K‑GmbH i S‑GmbH, dawniej Hubert Schillhuber (zwany dalej „HS”). Komplementariuszem spółki była DMC Design for Media and Communication GmbH (zwana dalej „DMC GmbH”), spółka prawa niemieckiego. Udziały w tej ostatniej spółce kapitałowej, każdy o wartości 50000 marek niemieckich (DEM), posiadali do dnia 28 listopada 2000 r. po połowie K‑GmbH oraz HS. W dniu 28 listopada 2000 r. HS wniósł udziały posiadane w DMC GmbH i DMC KG do S‑GmbH. Aktem notarialnym z dnia 28 sierpnia 2001 r. kapitał zakładowy DMC GmbH został podwyższony o 100000 DEM i wynosił 200000 DEM. Podwyższenie to nastąpiło poprzez wkład rzeczowy udziałów, jakie K‑GmbH i S‑GmbH posiadały w DMC KG. W zamian za wniesienie tych udziałów K‑GmbH i S‑GmbH uzyskały udziały w kapitale DMC GmbH w charakterze przejmującej spółki. Wartość księgowa udziałów każdej z tych przekazujących spółek została określona odpowiednio na 50000 DEM. Przeniesienie udziałów do DMC GmbH nastąpiło w sposób retroaktywny z dniem 1 stycznia 2001 r., to znaczy w podatkowym terminie 31 grudnia 2000 r. Z uwagi na przeniesienie wszystkich udziałów DMC KG do DMC GmbH spółka komandytowa została rozwiązana. Przekazane przez K‑GmbH i S‑GmbH składniki majątku zostały uwzględnione w bilansie przejęcia DMC GmbH w oparciu o ich wartość księgową. W toku kontroli podatkowej Finanzamt miał określić podstawę opodatkowania DMC KG w roku podatkowym 2000. Stwierdziwszy, że komandytariusze DMC KG, jako wspólnicy podlegający podatkowi dochodowemu, nie posiadają już zakładu na terytorium niemieckim w wyniku rozwiązania DMC KG, Finanzamt uznał, że na mocy art. 7 DBA 1954 Republika Federalna Niemiec nie posiada już prawa opodatkowania zysków, jakie uzyskały K‑GmbH i S‑GmbH z tytułu zbycia udziałów w DMC GmbH przyznanych w zamian za wniesienie udziałów, jakie spółki te posiadały w DMC KG. Na podstawie § 20 ust. 3 UmwStG 1995 Finanzamt wycenił udziały wniesione przez K‑GmbH i S‑GmbH do DMC GmbH w oparciu o ich szacunkową, a nie księgową wartość, co spowodowało opodatkowanie cichych rezerw związanych z udziałami w DMC KG. Wynikający z tego zysk z tytułu zbycia wynosił 194172,70 DEM w odniesieniu do wkładu K‑GmbH oraz 9051,77 DEM w odniesieniu do wkładu S‑GmbH. Te zyski z tytułu zbycia zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych za rok 2000. Skarżąca w postępowaniu głównym, jako następca prawny K‑GmbH i S‑GmbH, wniosła do sądu odsyłającego skargę na skierowaną do niej decyzję podatkową dotyczącą 2000 r., powołując się na niezgodność § 20 ust. 3 UmwStG 1995 z prawem Unii. Sąd odsyłający zauważa, że Finanzamt w niniejszym przypadku prawidłowo zastosował prawo krajowe. DMC GmbH była zobowiązana określić wartość majątku wniesionego przez K‑GmbH i S‑GmbH w oparciu o jego wartość szacunkową. To bowiem Republika Austrii na mocy DBA 1954, jako państwo, w którym znajduje się zakład przekazujących spółek, posiada prawo opodatkowania zysku z tytułu zbycia udziałów przyznanych K‑GmbH i S‑GmbH w zamian za udziały posiadane w DMC KG. Jednakże sąd ten wyraża wątpliwości co do zgodności z prawem Unii mechanizmu przewidzianego w § 20 ust. 3 UmwStG 1995, który to mechanizm prowadzi do bezpośredniego opodatkowania cichych rezerw uzyskanych na terytorium niemieckim, w sytuacji gdy posiadacz aktywów nie podlega już w Niemczech podatkowi od dochodów uzyskanych z tytułu ich późniejszego zbycia. Po pierwsze, takie nierówne traktowanie może zniechęcać spółki z siedzibą w Austrii do obejmowania udziałów w spółkach z siedzibą w Niemczech. Po drugie, takie ograniczenie nie może być uzasadnione celem w postaci wyważonego podziału władztwa podatkowego pomiędzy zainteresowanymi państwami członkowskimi, ponieważ w żadnej chwili Republika Federalna Niemiec nie posiadała kompetencji podatkowych w odniesieniu do udziałów posiadanych przez K‑GmbH i S‑GmbH w DMC GmbH. W tej sytuacji Finanzgericht Hamburg postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytania prejudycjalne: „1) Czy jest zgodna z art. 43 WE [obecnie art. 49 TFUE] sytuacja, gdy przepisy krajowe w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej udziałów w spółce osobowej przewidują, że wniesiony majątek zakładowy podlega obligatoryjnie oszacowaniu według wartości [szacunkowej] (i w ten sposób poprzez ujawnienie cichych rezerw powstaje dla podmiotu dokonującego wkładu zysk z tytułu zbycia), o ile […] Republik[a] Federaln[a] Niemiec […] w chwili dokonania wkładu rzeczowego [nie może opodatkować] zysków z tytułu zbycia nowych udziałów w spółce, przyznanych podmiotowi dokonującemu wniesienia wkładu w zamian za ten wkład? 2) Na wypadek gdyby na pytanie pierwsze należało udzielić odpowiedzi przeczącej: czy są zgodne z art. 43 WE […] przepisy krajowe, w sytuacji gdy podmiotowi dokonującemu wkładu przyznaje się prawo do wystąpienia o bezodsetkowe odroczenie płatności podatku powstałego wskutek ujawnienia cichych rezerw w tym sensie, że podatek przypadający na zysk z tytułu zbycia może być uiszczony w rocznych ratach w wysokości minimum piątej części kwoty podatku przy założeniu, że uiszczenie tych rat jest zagwarantowane?”. W przedmiocie pytań prejudycjalnych W przedmiocie dopuszczalności pytań Na wstępie Finanzamt w uwagach na piśmie podniósł zarzut niedopuszczalności przedłożonych pytań. Podnosi on, że na mocy niemieckiego prawa proceduralnego skarga do sądu odsyłającego jest niedopuszczalna, co oznacza, iż przedłożone pytania mają charakter hipotetyczny. W tej kwestii należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pytania dotyczące wykładni prawa Unii, z którymi zwrócił się sąd krajowy w ramach stanu prawnego i faktycznego, za którego ustalenie jest on odpowiedzialny, przy czym prawidłowość tych ustaleń nie podlega ocenie przez Trybunał, korzystają z domniemania, iż mają one znaczenie dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o które wnioskował sąd krajowy, jest możliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą zwrócono się do Trybunału, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu przed sądem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione (wyrok z dnia 8 września 2011 r. w sprawach połączonych od C-78/08 do C-80/08 Paint Graphos i in., Zb.Orz. s. I-7611 , pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo). Co się tyczy niniejszego odwołania prejudycjalnego, wbrew temu, co twierdzi Finanzamt, nie wydaje się, aby problem postawiony w postępowaniu głównym miał hipotetyczny charakter z uwagi na podnoszoną niedopuszczalność skargi w postępowaniu głównym. Finanzgericht Hamburg wskazał bowiem w szczególności w postanowieniu odsyłającym, że w przypadku gdyby § 20 ust. 3 i 4 UmwStG 1995 był niezgodny z prawem Unii, rzeczona skarga jest w sposób automatyczny dopuszczalna. W związku z powyższym pytania prejudycjalne są dopuszczalne. W przedmiocie pytania pierwszego W pytaniu pierwszym sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom państwa członkowskiego, które nakazują określenie wartości aktywów wniesionych przez spółkę osobową do kapitału zakładowego spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium tego państwa członkowskiego w oparciu o ich wartość szacunkową, prowadząc do opodatkowania – przed ich rzeczywistym zrealizowaniem – cichych rezerw związanych z tymi aktywami uzyskanych na tym terytorium, w sytuacji gdy rzeczone państwo nie może wykonywać swej kompetencji podatkowej w odniesieniu do tych rezerw w chwili rzeczywistej ich realizacji. W przedmiocie swobody będącej przedmiotem postępowania głównego Podczas gdy wszystkie inne zainteresowane strony, które przedstawiły uwagi przed Trybunałem, zgadzają się, podzielając stanowisko sądu odsyłającego, co do tego, że okoliczności faktyczne w postępowaniu głównym są powiązane ze swobodą przedsiębiorczości, Komisja Europejska uważa, że § 20 ust. 3 i 4 UmwStG 1995 dotyczy swobody przepływu kapitału. Co się tyczy ustalenia, czy ustawodawstwo krajowe wchodzi w zakres tej lub innej swobody przepływu, należy wziąć pod uwagę – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – przedmiot danego ustawodawstwa (zob. wyroki: z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie C-157/05 Holböck, Zb.Orz. s. I-4051 , pkt 22; z dnia 17 września 2009 r. w sprawie C-182/08 Glaxo Wellcome, Zb.Orz. s. I-8591 , pkt 36). Z orzecznictwa wynika również, że Trybunał bada dany przepis zasadniczo jedynie w świetle jednej z tych dwóch swobód, jeżeli okaże się, że w okolicznościach postępowania głównego jedna z nich jest całkowicie drugorzędna względem drugiej i może być z nią połączona (wyrok z dnia 3 października 2006 r. w sprawie C-452/04 Fidium Finanz, Zb.Orz. s. I-9521 , pkt 34; ww. wyrok w sprawie Glaxo Wellcome, pkt 37). Trybunał orzekł w tym względzie, że ustawodawstwo krajowe, które znajduje zastosowanie nie tylko do udziałów pozwalających wywierać niewątpliwy wpływ na decyzje spółki i determinować jej działalność, lecz które stosuje się niezależnie od wielkości udziału, jaki posiada akcjonariusz w spółce, może podlegać zarówno art. 49 TFUE, jak i art. 63 TFUE (wyrok z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie C-543/08 Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz. s. I-11241 , pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo). Jeśli chodzi o cel przepisów UmwStG 1995 będących przedmiotem postępowania głównego, z postanowienia odsyłającego wynika, że dążą one do zachowania fiskalnych interesów Republiki Federalnej Niemiec w przypadku rezerw uzyskanych na terytorium niemieckim, jeżeli międzynarodowy rozdział kompetencji podatkowych może zagrażać tym interesom. W szczególności dotyczy to rezerw związanych z aktywami przekazanymi przez inwestorów, którzy nie podlegają już na terytorium niemieckim podatkowi dochodowemu w wyniku przeniesienia tych aktywów ze spółki komandytowej do spółki kapitałowej. Wynika stąd w pierwszej kolejności, że stosowanie przepisów będących przedmiotem postępowania głównego do szczególnego przypadku nie jest uzależnione od wysokości udziału inwestora w spółce komandytowej, której udziały są wnoszone do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały. Na mocy tych przepisów nie jest wymagane, aby inwestor posiadał udział gwarantujący mu wywieranie niewątpliwego wpływu na decyzje spółki komandytowej czy też na decyzje spółki kapitałowej. Ograniczenie stosowania przepisów będących przedmiotem postępowania głównego do przypadków, w których przekazane udziały w spółce komandytowej są w posiadaniu inwestora mającego niewątpliwy wpływ na decyzje tej spółki, byłoby niespójne w świetle celu, jakim jest zachowanie fiskalnych interesów Republiki Federalnej Niemiec. W drugiej kolejności należy stwierdzić, że w postępowaniu głównym obowiązek określenia przez spółkę kapitałową wartości udziałów wniesionych w zamian za jej udziały w oparciu o ich szacunkową wartość jest uzasadniony faktem, że przekazujące spółki nie podlegają już opodatkowaniu w nieograniczony sposób na terytorium niemieckim z tytułu uzyskanych tam dochodów, gdyż spółka, której były komandytariuszami, została rozwiązana. W rezultacie przepisy będące przedmiotem postępowania głównego oddziałują mniej na proces prowadzenia działalności gospodarczej niż na proces przekazywania aktywów między spółką komandytową a spółką kapitałową. Z ogółu powyższych uwag wynika, że przepisy będące przedmiotem postępowania głównego powinny być badane wyłącznie w świetle swobodnego przepływu kapitału, przewidzianego w art. 63 TFUE. W przedmiocie istnienia ograniczenia swobodnego przepływu kapitału Zgodnie z przepisami będącymi przedmiotem postępowania głównego, w sytuacji gdy z uwagi na fakt zamiany udziałów w spółce komandytowej posiadanych przez spółkę niemającą siedziby do celów podatkowych w Niemczech na udziały spółki kapitałowej z siedzibą w Niemczech ciche rezerwy związane z tymi udziałami, uzyskane na terytorium tego państwa członkowskiego, nie mogą zostać już opodatkowane w tym państwie, rzeczone rezerwy powinny być ujawnione, a kwota należnego podatku od dochodów w przypadku zbycia udziałów, które były przedmiotem transakcji wymiany, jest ustalona przy wniesieniu udziałów spółki komandytowej oraz pobrana na zasadach przewidzianych w § 20 ust. 6 i § 21 ust. 2 zdania od trzeciego do szóstego UmwStG 1995. Jednakże jeśli przekazująca spółka podlega nadal opodatkowaniu na terytorium niemieckim, określenie kwoty podatku od cichych rezerw związanych z aktywami spółki komandytowej, które znajdują się w przyznanych udziałach, a także odprowadzenie tego podatku będzie miało miejsce w chwili rzeczywistej realizacji tych rezerw, czyli zasadniczo w chwili zbycia danych udziałów. Okoliczność, że ciche rezerwy są związane z udziałami posiadanymi przez inwestora, który nie podlega już opodatkowaniu na terytorium niemieckim w odniesieniu do dochodów, które przynoszą mu te aktywa, pociąga za sobą niekorzystne dla niego skutki w zakresie płynności finansowej w stosunku do inwestorów, którzy podlegają nadal opodatkowaniu na tym terytorium, w zakresie, w jakim zamiana udziałów w spółce komandytowej na udziały w spółce kapitałowej powoduje w pierwszej kolejności natychmiastowe opodatkowanie rezerw związanych z danymi udziałami, podczas gdy w drugim przypadku takie rezerwy są opodatkowane wyłącznie w chwili ich rzeczywistej realizacji. Taka różnica traktowania, jeśli chodzi o opodatkowanie rezerw, może zniechęcać inwestorów, którzy nie mają siedziby do celów podatkowych w Niemczech, do inwestowania kapitału w spółkę komandytową prawa niemieckiego w zakresie, w jakim zamiana udziałów w tej spółce na udziały w spółce kapitałowej pociąga za sobą wyżej wspomniane niekorzystne skutki podatkowe (zob. podobnie wyrok z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie C-371/10 National Grid Indus, Zb.Orz. s. I-12273 , pkt 37). W rezultacie przepisy będące przedmiotem postępowania głównego mogą zniechęcać rzeczonych inwestorów do posiadania udziałów w spółce komandytowej prawa niemieckiego, ponieważ inwestorzy ci w przypadku późniejszej zamiany ich udziałów na udziały w spółce kapitałowej powinni natychmiast uiścić podatek dochodowy w odniesieniu do cichych rezerw uzyskanych na terytorium niemieckim, w sytuacji gdy inwestorzy ci, z uwagi na zamianę ich udziałów, nie podlegają już takiemu podatkowi w przyszłości na wskazanym terytorium. Stwierdzonego w ten sposób odmiennego traktowania nie można tłumaczyć różnicą w obiektywnej sytuacji, wbrew temu, co twierdzą Finanzamt i rząd niemiecki. W świetle przepisów państwa członkowskiego dotyczących opodatkowania rezerw uzyskanych na jego terytorium sytuacja inwestora, który zbywa swe udziały w spółce komandytowej mającej siedzibę na tym terytorium w zamian za udziały w spółce kapitałowej również mającej siedzibę na wskazanym terytorium i który wobec tego nie podlega już opodatkowaniu w odniesieniu do zysków, jakie może osiągnąć w wyniku sprzedaży tych udziałów, jest bowiem podobna do sytuacji inwestora dokonującego takiej samej transakcji, lecz który nadal podlega podatkowi od dochodów uzyskanych przez niego, w odniesieniu do opodatkowania rezerw związanych z udziałami w spółce komandytowej i wypracowanych na terytorium tego państwa członkowskiego przed zamianą tych udziałów (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie National Grid Indus, pkt 38). Wynika stąd, że odmienne traktowanie, któremu podlegają w ramach przepisów będących przedmiotem postępowania głównego inwestorzy posiadający udziały w spółce komandytowej zamienione na udziały w spółce kapitałowej, którzy z tego względu nie podlegają już w Niemczech podatkowi od dochodów uzyskanych w tym państwie członkowskim w stosunku do inwestorów, którzy w takich samych okolicznościach podlegają nadal takiemu podatkowi, stanowi zasadniczo ograniczenie zakazane na mocy przepisów traktatu FUE dotyczących swobody przepływu kapitału. W przedmiocie uzasadnienia ograniczenia swobodnego przepływu kapitału Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że ograniczenie swobody przepływu kapitału może być dopuszczalne jedynie wtedy, gdy jest uzasadnione nadrzędnymi względami interesu ogólnego (wyroki: z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-446/03 Marks & Spencer, Zb.Orz. s. I-10837 , pkt 35; z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes i Cadbury Schweppes Overseas, Zb.Orz. s. I-7995 , pkt 47; z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Zb.Orz. s. I-2107 , pkt 64; a także z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-303/07 Aberdeen Property Fininvest Alpha, Zb.Orz. s. I-5145 , pkt 57). Zdaniem sądu odsyłającego przepisy będące przedmiotem postępowania głównego mają zapewnić wyważony podział władztwa podatkowego pomiędzy państwami członkowskimi, zgodnie z zasadą terytorialności. Republika Federalna Niemiec wykonuje zatem swoje uprawnienie w zakresie opodatkowania rezerw wypracowanych na swoim terytorium, które z uwagi na zamianę aktywów związanych z nimi w połączeniu z konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będą mogły być opodatkowane przez to państwo członkowskie w chwili ich rzeczywistej realizacji. W tym względzie należy przypomnieć, że po pierwsze, zachowanie podziału władztwa podatkowego pomiędzy państwami członkowskimi jest uzasadnionym celem uznawanym przez Trybunał (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Marks & Spencer, pkt 45; wyroki: z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-470/04 N, Zb.Orz. s. I-7409 , pkt 42; z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-231/05 Oy AA, Zb.Orz. s. I-6373 , pkt 51; a także z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie C-414/06 Lidl Belgium, Zb.Orz. s. I-3601 , pkt 31). Po drugie, z utrwalonego orzecznictwa wynika, że w braku przepisów ujednolicających lub harmonizujących na szczeblu Unii Europejskiej państwa członkowskie zachowują uprawnienia do określania, w drodze umów lub w sposób jednostronny, kryteriów podziału przysługujących im uprawnień podatkowych, w szczególności w celu unikania podwójnego opodatkowania (wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-540/07 Komisja przeciwko Włochom, Zb.Orz. s. I-10983 , pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo; ww. wyrok w sprawie National Grid Indus, pkt 45). W tym kontekście zamiana udziałów w spółce komandytowej na udziały w spółce kapitałowej nie może oznaczać, że państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba tych spółek, powinno zrezygnować z prawa opodatkowania rezerw uzyskanych na jego terytorium i objętych kompetencją podatkową tego państwa przed rzeczoną zamianą z uwagi na fakt, że rezerwy te nie zostały rzeczywiście zrealizowane. Trybunał orzekł zatem w ramach przeniesienia siedziby faktycznego zarządu spółki z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, że pierwsze państwo członkowskie zgodnie z zasadą terytorialności podatkowej powiązanej z czynnikiem czasowym, to jest rezydencją podatkową podatnika na terytorium kraju w okresie, w którym pojawiły się ciche rezerwy, jest uprawnione do opodatkowania rzeczonych rezerw w chwili emigracji tego podatnika (zob. ww. wyrok w sprawie N, pkt 46). Środek taki służy bowiem zapobieganiu sytuacjom, które mogłyby zagrażać prawu wykonywania przez państwo członkowskie pochodzenia przysługującej mu kompetencji podatkowej w związku z działalnością prowadzoną na jego terytorium, a zatem może być uzasadniony względami związanymi z zachowaniem podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi (zob. ww. wyroki: w sprawie Marks & Spencer, pkt 46; w sprawie Oy AA, pkt 54; wyrok z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-311/08 SGI, Zb.Orz. s. I-487 , pkt 60; ww. wyrok w sprawie National Grid Indus, pkt 46). Z postanowienia odsyłającego wynika, że K‑GmbH i S‑GmbH nie posiadają już, w wyniku wniesienia wszystkich udziałów posiadanych w DMC KG do DMC GmbH, stałego zakładu na terytorium niemieckim w rozumieniu art. 4 ust. 3 i art. 7 ust. 2 DBA 1954. W sytuacji gdy na mocy art. 7 ust. 1 DBA 1954 K‑GmbH i S‑GmbH nie podlegały już w Niemczech podatkowi od dochodu, jaki uzyskają z przyszłego zbycia udziałów w kapitale DMC GmbH przyznanych w zamian za ich wkład, wniesione udziały zostały wycenione, zgodnie z § 20 ust. 3 i 4 UmwStG 1995, w oparciu o ich szacunkową wartość, a związane z tym rezerwy zostały objęte podatkiem. W celu zachowania kompetencji podatkowej Republiki Federalnej Niemiec w odniesieniu do dochodów wypracowanych na terytorium tego państwa członkowskiego przepisy będące przedmiotem postępowania głównego nakazują ujawnienie cichych rezerw związanych z udziałami w spółce komandytowej, jeżeli udziały te zostały zamienione na udziały w spółce kapitałowej. W tym kontekście w pierwszej kolejności okoliczność, że przepisy będące przedmiotem postępowania głównego powodują opodatkowanie niezrealizowanych rezerw, nie może sama w sobie podważać zgodności z prawem celu w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między danymi państwami członkowskimi. Po pierwsze, jak orzekł bowiem Trybunał, państwo członkowskie jest uprawnione do opodatkowania wartości gospodarczej wypracowanej w związku z cichymi rezerwami na jego terytorium, nawet jeśli dane rezerwy nie zostały jeszcze rzeczywiście zrealizowane (ww. wyrok w sprawie National Grid Indus, pkt 49). Po drugie, skoro państwa członkowskie są uprawnione do opodatkowania rezerw wypracowanych, gdy dane aktywa znajdowały się na ich terytorium, mogą przewidzieć w odniesieniu do tego opodatkowania inne powodujące powstanie obowiązku podatkowego zdarzenie niż rzeczywista realizacja tych rezerw w celu zagwarantowania opodatkowania tych aktywów (zob. podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C‑261/11 Komisja przeciwko Danii, pkt 37). W drugiej kolejności z punktu widzenia zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi nie jest rozstrzygające, że rezerwy opodatkowane na mocy § 20 ust. 3 i 4 UmwStG 1995 są związane, w wyniku zmiany odnośnych udziałów, z różnego rodzaju aktywami, to jest przede wszystkim z udziałem w spółce komandytowej, a następnie z udziałem w spółce kapitałowej. Rezerwy związane z udziałami w spółce komandytowej znajdują się bowiem koniecznie w udziałach spółki kapitałowej przyznanych w zamian za wkład obejmujący te pierwsze udziały. W rezultacie sama okoliczność, że zamiana udziałów w spółce komandytowej na udziały w spółce kapitałowej prowadzi do wyłączenia dochodu spod kompetencji podatkowej państwa członkowskiego, na terytorium którego wskazany dochód został osiągnięty, wystarcza do uzasadnienia przepisu takiego jak ten będący przedmiotem postępowania głównego, w zakresie, w jakim przewiduje on określenie kwoty podatku od tego dochodu w chwili wskazanej zamiany. Jednakże cel w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi może uzasadniać przepisy takie jak te będące przedmiotem postępowania głównego wyłącznie w zakresie, w jakim w szczególności państwo członkowskie, na terytorium którego dochody zostały osiągnięte, rzeczywiście nie może wykonywać kompetencji podatkowej w odniesieniu do rzeczonych dochodów. Tymczasem w niniejszym przypadku z okoliczności faktycznych w postępowaniu głównym nie wynika w niewątpliwy sposób, że Republika Federalna Niemiec traci rzeczywiście wszelkie prawo nałożenia podatków w odniesieniu do cichych rezerw związanych z udziałami w spółce osobowej, w sytuacji gdy udziały te zostały zamienione na udziały w spółce kapitałowej. Nie wydaje się bowiem wykluczone, że rzeczone ciche rezerwy związane z udziałami wniesionymi do majątku spółki kapitałowej mogą być uwzględnione przy określaniu podatku dochodowego od osób prawnych, który jest należny w Niemczech od przejmującej spółki kapitałowej, w niniejszym przypadku DMC GmbH, co powinien ustalić sąd krajowy. W świetle powyższych okoliczności na pierwsze pytanie należy odpowiedzieć, że art. 63 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż cel w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi może uzasadniać przepisy państwa członkowskiego, które nakazują określenie wartości aktywów spółki komandytowej wniesionych do kapitału spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium tego państwa członkowskiego w oparciu o ich wartość szacunkową, prowadząc do opodatkowania przed ich rzeczywistym zrealizowaniem cichych rezerw związanych z tymi aktywami uzyskanych na tym terytorium, w sytuacji gdy rzeczone państwo członkowskie rzeczywiście nie może wykonywać swej kompetencji podatkowej w odniesieniu do tych cichych rezerw w chwili rzeczywistej ich realizacji, co powinien ustalić sąd krajowy. W przedmiocie pytania drugiego W pytaniu drugim sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy przepisy będące przedmiotem postępowania głównego oraz ograniczenie, które z nich wynika, nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi w świetle w szczególności zasad pobierania podatku dochodowego, przewidzianych w § 20 ust. 6 i § 21 ust. 2 zdania od trzeciego do szóstego UmwStG 1995. Na wstępie należy przypomnieć, że jest proporcjonalne – w odniesieniu do państwa członkowskiego w celu zachowania jego kompetencji podatkowej – ustalenie podatku należnego z tytułu cichych rezerw uzyskanych na jego terytorium, w chwili gdy uprawnienie w zakresie opodatkowania względem danego inwestora przestaje istnieć, w niniejszym przypadku w chwili gdy rzeczony inwestor dokonuje zamiany udziałów, jakie posiada w spółce komandytowej, na udziały w spółce kapitałowej (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie National Grid Indus, pkt 52). Jeśli chodzi o pobór podatku z tytułu cichych rezerw, Trybunał orzekł, że należy zostawić podatnikowi wybór między natychmiastową zapłatą kwoty podatku z tytułu cichych rezerw związanych z aktywami, które posiada, a odroczoną zapłatą kwoty rzeczonego podatku, stosownie do okoliczności, wraz z odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie National Grid Indus, pkt 73; wyrok z dnia 6 września 2012 r. w sprawie C‑38/10 Komisja przeciwko Portugalii, pkt 31, 32). W tym kontekście w świetle faktu, że ryzyko niepobrania podatku wzrasta wraz z upływem czasu, rozłożenie zapłaty należnego podatku przed rzeczywistą realizacją cichych rezerw na pięć rocznych rat stanowi odpowiedni i proporcjonalny środek służący realizacji celu w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi. W niniejszym przypadku § 20 ust. 6 w związku z § 21 ust. 2 zdania od trzeciego do szóstego UmwStG 1995 umożliwiają podatnikowi rozłożenie na pięć rocznych rat, bez konieczności uiszczenia odsetek, zapłaty podatku należnego z tytułu zysku ze zbycia udziałów, które podatnik ten posiada. Pozostawiając podatnikowi wybór między natychmiastowym poborem a rozłożeniem na pięć rocznych rat, przepisy będące przedmiotem postępowania głównego nie wykraczają poza to, co konieczne do realizacji celu w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi. Jeśli chodzi wreszcie o obowiązek ustanowienia gwarancji bankowych, Trybunał orzekł, że państwo członkowskie może uwzględnić ryzyko niepobrania podatku w ramach przepisów krajowych tego państwa członkowskiego znajdujących zastosowanie do odroczonej zapłaty długów podatkowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie National Grid Indus, pkt 74). Jednakże takie gwarancje mają same w sobie skutek ograniczający, jako że pozbawiają podatnika możliwości korzystania z majątku objętego zabezpieczeniem (wyrok z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C-9/02 de Lasteyrie du Saillant, Rec. s. I-2409 , pkt 47; ww. wyrok w sprawie N, pkt 36). W rezultacie taki wymóg nie może co do zasady zostać ustanowiony bez dokonania uprzedniej oceny ryzyka niepobrania podatku. W postępowaniu głównym należy dokonać oceny tego ryzyka, w szczególności w świetle, po pierwsze, faktu, że ciche rezerwy, będące przedmiotem spornego opodatkowania, są związane wyłącznie z określoną formą aktywów, to jest z udziałami posiadanymi jedynie przez dwie spółki, mające siedzibę w Austrii, a po drugie, faktu, że są to udziały w spółce kapitałowej, której siedziba znajduje się na terytorium niemieckim. W rezultacie na drugie pytanie należy odpowiedzieć w ten sposób, że przepisy państwa członkowskiego przewidujące natychmiastowe opodatkowanie cichych rezerw uzyskanych na jego terytorium nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi, o ile, w sytuacji gdy podatnik wybierze odroczenie zapłaty, obowiązek ustanowienia gwarancji bankowej został nałożony w zależności od rzeczywistego ryzyka niepobrania podatku. W przedmiocie kosztów Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje: 1) Artykuł 63 TFUE należy interpretować w ten sposób, że cel w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi może uzasadniać przepisy państwa członkowskiego, które nakazują określenie wartości aktywów spółki komandytowej wniesionych do kapitału spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium tego państwa członkowskiego w oparciu o ich wartość szacunkową, prowadząc do opodatkowania przed ich rzeczywistym zrealizowaniem cichych rezerw związanych z tymi aktywami uzyskanych na tym terytorium, w sytuacji gdy rzeczone państwo członkowskie rzeczywiście nie może wykonywać swej kompetencji podatkowej w odniesieniu do tych cichych rezerw w chwili rzeczywistej ich realizacji, co powinien ustalić sąd krajowy. 2) Przepisy państwa członkowskiego przewidujące natychmiastowe opodatkowanie cichych rezerw uzyskanych na jego terytorium nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu w postaci zachowania podziału władztwa podatkowego między państwami członkowskimi, o ile, w sytuacji gdy podatnik wybierze odroczenie zapłaty, obowiązek ustanowienia gwarancji bankowej jest nałożony w zależności od rzeczywistego ryzyka niepobrania podatku. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: niemiecki.

62012FJ0122

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B. Arguelles Arias palub Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse 22. oktoobril 2012 saabunud hagiavalduses sisuliselt tühistada Euroopa Liidu Nõukogu teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 12. jaanuari 2012. aasta otsus lõpetada tema lepingulise töötaja leping alates 31. maist 2012, millest anti teada 16. jaanuaril 2012, ning hüvitada talle väidetavalt tekitatud varaline ja mittevaraline kahju, mille ta hindas vastavalt 160181,85 eurole ja 25 000 eurole. Õiguslik raamistik Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste (edaspidi „teenistustingimused”) artikkel 3a sätestab: „1.   Nende teenistustingimuste kohaldamisel on „lepingulised töötajad” sellised töötajad, keda ei ole nimetatud ametikohale, mis on lisatud eelarve asjaomast institutsiooni käsitleva osa ametikohtade loetelusse, ja kes on võetud tööle täis‑ või osaajalise tööajaga: a) institutsiooni, et teha füüsilist tööd või anda haldusabi, […]”. Teenistustingimuste artikli 119 järgi kohaldatakse nende artikleid 47‐50a, mis käsitlevad ajutiste teenistujate töösuhte lõpetamise korda, analoogia alusel lepinguliste töötajate suhtes. Teenistustingimuste artiklis 47 on sätestatud: „Ajutise töötaja töösuhe lõpeb surma korral ning alljärgnevatel juhtudel: […] c) kui leping on tähtajatu: i) lepingus määratud etteteatamistähtaja lõppemisel; etteteatamistähtaeg vähemalt üks kuu iga täitunud teenistusaasta kohta ning kõige vähem kolm kuud ja kõige rohkem kümme kuud. […] […]”. Nõukogu võttis 16. juuni 2011. aasta otsusega Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad”) artikli 110 ning teenistustingimuste artikli 79 lõike 2 ja artikli 85 lõike 2 alusel vastu üldised rakendussätted, mis käsitlevad nõukogu peasekretariaadi lepinguliste töötajate töölevõtmise ja töötingimusi (edaspidi „üldised rakendussätted”), mida kohaldatakse eelkõige teenistustingimuste artikli 3a alusel tööle võetud lepinguliste töötajate suhtes. Üldiste rakendussätete artiklis 5, mis käsitleb juurdepääsuluba, on nähtud ette: „1.   Kui nõukogu peasekretariaadi hinnangul eeldab lepingulise töötaja ülesannete laad julgeolekualaste ettevaatusabinõude rakendamist, on nõutav julgeolekukontrolli läbiviimine vastavalt otsusele, millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad […]. 2.   [Teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus] võib lepingu lõpetada, juhul kui: a) töötaja keeldub julgeolekukontrolli läbimisest; b) töötaja uuringu tulemusena julgeolekukontrolli ei läbi; c) tühistatakse töötaja julgeolekusertifikaat. 3.   Lõike 2 punktides b ja c osutatud juhtudel peab [teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus] kõigepealt kontrollima, kas on võimalik lepinguline töötaja üle viia teisele ametikohale, mille puhul julgeolekukontrolli läbimine ei ole nõutav, võttes samal ajal arvesse julgeolekukontrolli mitteläbimise põhjuseid. […]”. [täpsustatud tõlge] Üldiste rakendussätete artiklis 8, mis käsitleb tegevusüksusi, on sätestatud: „Nõukogu peasekretariaat võtab tööle [teenistustingimuste artikli] 3a [osundatud] lepingulised töötajad ametikohtade loetelus mittesisalduvatel ametikohtadel füüsilise töö või haldusalaste abitööde tegemiseks I tegevusüksuses.” Nõukogu võttis 31. märtsil 2011 vastu otsuse 2011/292/EL EL‑i salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta ( ELT L 141, lk 17 ), millega loodi salastatud teabe kaitseks ulatuslik julgeolekusüsteem, mis hõlmab nõukogu, selle peasekretariaati (edaspidi „peasekretariaat”) ja liikmesriike. Otsuse 2011/292 artikli 2 lõige 1 on sõnastatud järgmiselt: „[Euroopa Liidu (EL)] salastatud teave” – teave või materjal, mis on tähistatud [liidu] salastusmärkega ja mille loata avaldamine võib eri määral kahjustada Euroopa Liidu või ühe või mitme liikmesriigi huve.” Otsuse 2011/292 artikli 2 lõikest 2 ilmneb, et liidu salastatud teave liigitatakse ühte järgmistest tasemetest: „[très secret] UE / EU [top secret]”, „[secret UE / EU secret]”, „confidentiel UE / EU confidential” ja „restreint UE / EU restricted”. Otsuse 2011/292 artiklis 7, mis käsitleb töötajatega seotud julgeolekut, on sätestatud: „1.   Töötajatega seotud julgeolek tähendab selliste meetmete kohaldamist, millega tagatakse juurdepääs EL‑i salastatud teabele ainult isikutele: — […] — kes on läbinud vajalikul tasemel julgeolekukontrolli, kui see on asjakohane, ning — […] 2.   Töötajatega seotud julgeolekukontrolli kord on selline, et selle alusel on võimalik kindlaks teha, kas isikule võib tema lojaalsust ja usaldusväärsust arvesse võttes lubada juurdepääsu [liidu] salastatud teabele. […]”. Otsuse 2011/292 artiklis 15, mis käsitleb julgeolekukorraldust nõukogus, on nähtud ette: „[…] 2.   [P]easekretariaadi julgeolekuasutuseks on peasekretär. Seoses sellega täidab peasekretär järgmisi kohustusi: […] c) annab vastavalt artikli 7 lõikele 3 [liidu] juurdepääsuloa [...] peasekretariaadi ametnikele ja muudele teenistujatele enne, kui neile tohib anda loa juurdepääsuks [confidentiel] UE / EU [confidential] või kõrgemal tasemel salastatud teabele; […]”. Otsuse 2011/292 I lisas on ette nähtud sätted otsuse artikli 7 rakendamise kohta. Otsuse 2011/292 I lisa II jaotises „[Liidu salastatud teabele juurdepääsu lubamine]” on sätestatud: „3. Isikule antakse luba juurdepääsuks [confidentiel] UE / EU [confidential] või kõrgemal tasemel salastatud teabele üksnes pärast seda, kui: […] b) talle on antud asjakohase tasemega juurdepääsuluba või tal on ametiülesannetest tulenev juurdepääsuõigus vastavalt riigisisestele õigusaktidele […] […] 4. Kõik liikmesriigid ja […] peasekretariaat määravad oma struktuurides kindlaks need ametikohad, mis eeldavad juurdepääsu [confidentiel] UE / EU [confidential] või kõrgemal tasemel salastatud teabele ja seetõttu asjakohase tasemega juurdepääsuloa olemasolu.” Otsuse 2011/292 I lisa III jaotises „J[uurdepääsuloa andmise nõuded]” on nähtud ette: „5. Pärast nõuetekohase taotluse saamist vastutavad riiklikud julgeolekuasutused või muud pädevad riiklikud asutused julgeolekukontrolli läbiviimise tagamise eest oma riigi kodanike suhtes, kes vajavad juurdepääsu [confidentiel] UE / EU [confidential] või kõrgemal tasemel salastatud teabele. Uurimise standardid peavad vastama riigisisestele õigusaktidele. […] Juurdepääsulubade andmise kord […] peasekretariaadis 17. [P]easekretariaadi ametnike ja muude teenistujate puhul edastab […] peasekretariaadi julgeolekuasutus täidetud julgeolekuankeedi selle liikmesriigi riiklikule julgeolekuasutusele, mille kodanik asjaomane isik on, taotledes sellele [liidu] salastatud teabe tasemele vastava julgeolekukontrolli läbiviimist, millele asjaomane isik juurdepääsu vajab. 18. Kui nõukogu [peasekretärile] saab teatavaks [liidu] juurdepääsuluba taotlevat isikut puudutav julgeolekukontrolli seisukohast oluline teave, teatab nõukogu [peasekretär] asjaomaste õigusaktide kohaselt toimides sellest asjaomasele riiklikule julgeolekuasutusele. 19. Pärast julgeolekukontrolli läbiviimist teatab asjaomane riiklik julgeolekuasutus […] peasekretariaadi julgeolekuasutusele kõnealuse kontrolli tulemusest, kasutades selleks julgeolekukomitee poolt kirjavahetuseks ette nähtud standardvormi. a) Juhul kui julgeolekukontrolli tulemus kinnitab, et ei ole ilmnenud asjaolusid, mis võiksid isiku lojaalsuse ja usaldusväärsuse kahtluse alla seada, võib nõukogu peasekretariaadi ametisse nimetav asutus anda asjaomasele isikule [liidu] juurdepääsuloa ning lubada talle juurdepääsu vastaval salastatuse tasemel [liidu] salastatud teabele kuni kindlaksmääratud kuupäevani; b) juhul kui julgeolekukontrolli tulemus sellist kinnitust ei anna, teavitab […] peasekretariaadi ametisse nimetav asutus sellest asjaomast isikut, kes võib paluda, et ametisse nimetav asutus kuulaks ära tema selgitused. Ametisse nimetav asutus võib paluda, et pädev riiklik julgeolekuasutus annaks täiendavaid selgitusi, kui see on riigisiseste õigusaktide kohaselt võimalik. Tulemuse kinnitamise korral [liidu] juurdepääsuluba ei anta. 20. Julgeolekukontrolli, sealhulgas selle tulemuste suhtes kohaldatakse kõnealuses liikmesriigis kehtivaid asjaomaseid õigusakte, sealhulgas edasikaebamise kohta. [P]easekretariaadi ametisse nimetava asutuse otsuseid võib edasi kaevata vastavalt määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 […] kehtestatud […] personalieeskirjadele ja […] teenistustingimustele […]. […]”. Belgia 11. detsembri 1998. aasta loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (seadus salastamise ning juurdepääsulubade, ‑tõendite ja ‑teadete kohta) ( Moniteur belge , 7.5.1999, lk 15752), muudetud 3. mai 2005. aasta seadusega ( Moniteur belge , 27.5.2005, lk 24993) (edaspidi „juurdepääsulubade seadus”), sätestab: „[…] Artikkel 12. Käesolevat seadust kohaldatakse siis, kui riigi territooriumi terviklikkuse kaitsmise, sõjandusalaste kaitsekavade, relvajõudude missioonide täitmise, riigi sisejulgeoleku – sh tuumaenergia valdkonnas –, demokraatliku ja põhiseadusliku korra püsimajäämise, riigi välisjulgeoleku ja rahvusvaheliste suhete, riigi teadus‑ ja majanduspotentsiaali või selle ükskõik missuguse muu põhihuvi, Belgia kodanike julgeoleku huvides välismaal, riigi otsustusorganite töö või Belgiale siduvate lepingute kohaldamise huvides kehtestab asutus, mis on pädev reguleerima juurdepääsu ametikohale, ametikohustusele või auastmele, teabele, dokumentidele või andmetele, varustusele, materjalidele või salastatud materjalidele, ruumidele, hoonetele või objektidele või korraldama lepingu või riigihankelepingu sõlmimist ja täitmist, kohustuse saada juurdepääsuluba. […] Artikkel 22. Julgeolekuasutus teeb julgeolekukontrolli järel kuninga kehtestatud tähtaja jooksul põhjendatud otsuse vormis otsuse, kas anda kontrolliaruande põhjal, mille selle läbi viinud info‑ ja julgeolekutalitus talle esitab, nõutav juurdepääsuluba. Kui julgeolekuasutus peab seda kontrolliaruande läbivaatamise huvides vajalikuks, nõuab ta sellelt talituselt terve kontrollitoimiku ärakirja. Ta võib sellelt talituselt ka nõuda, et viimane edastaks kogu täiendava teabe, mida ta peab kontrolliaruande läbivaatamise huvides vajalikuks. Otsus tehakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kellele luba taotletakse, julgeolekutöötaja kaudu teatavaks kuninga kehtestatud tähtaja jooksul. […]”. 11. detsembri 1998. aasta loi portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité (seadus, millega luuakse apellatsiooniorgan juurdepääsulubade, ‑tõendite ja ‑teadete alal) ( Moniteur belge , 7.5.1999, lk 15758), muudetud 3. mai 2005. aasta seadusega ( Moniteur belge , 27.5.2005, lk 24989),(edaspidi „seadus, millega luuakse apellatsiooniorgan”), sätestab: „[…] Artikkel 4 [1].   Kui juurdepääsuloa andmisest keeldutakse vastavalt [juurdepääsulubade] seaduse artiklile 22, [...] võib isik, kellele juurdepääsuluba taotleti, 30 päeva jooksul [...] alates otsuse teatavakstegemisest [...] esitada kaebuse [...] apellatsiooniorganile. […] Artikkel 6. […] Apellatsiooniorgan kuulab kaebaja tema taotlusel või iseenda algatusel ära. Kaebajat võib abistada advokaat. […] Artikkel 9. […] Apellatsiooniorgani otsused peavad olema põhjendatud. Nendest antakse tähtkirjaga teada kaebajale, julgeolekuasutusele ning info‑ ja julgeolekutalitusele sõltuvalt sellest, kes viis läbi julgeolekukontrolli või koostas julgeolekukontrolli toimiku. Teatavakstegemisest alates on need otseselt täitmisele pööratavad. […] Apellatsiooniorgani otsuseid ei saa edasi kaevata. […] Artikkel 11. Kui kaebus esitatakse otsuse peale, millega keelduti andmast […] juurdepääsutõendit, võib apellatsiooniorgan juhul, kui ta leiab pärast kaebaja või tema advokaadi ärakuulamist, et vaidlustatud otsuse põhjendused on alusetud ja asjakohatud, paluda asutusel juurdepääsutõend välja anda. […] Artikkel 12. […] [6]   Apellatsiooniorgani otsused on täitmisele pööratavad nende teatavakstegemisest alates ja neid ei saa edasi kaevata. [7]   Menetlusel apellatsiooniorganis ei ole edasilükkavat toimet. […]”. Vaidluse aluseks olevad asjaolud Nõukogu võttis hageja tööle lepingulise töötajana teenistustingimuste artikli 3a tähenduses I tegevusüksuse palgaastme 1 järku 1 ajavahemikuks 1. oktoobrist 2007 kuni 30. septembrini 2010. Ta määrati peasekretariaadi personali ja halduse peadirektoraadi konverentside, korralduse ja infrastruktuuride direktoraadi konverentside üksuse konverentsiteenindajate talitusse, et ta täidaks füüsilise töö tegemise ja/või haldusabi andmisega seotud ülesandeid teenistustingimuste artikli 80 lõike 2 tähenduses. Hageja teenistuslepingu artiklis 7 on sätestatud, et „[t]öötaja, kes peab tegema oma tööd tegevussektoris, mille puhul on nõutav suur konfidentsiaalsus, peab läbima julgeolekukontrolli vastavalt nõukogu 19. märtsi 2001. aasta otsusele [2001/264/EÜ, millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad ( EÜT L 101, lk 1 ; ELT eriväljaanne 01/03, lk 263)]”. Peasekretariaadi 11. märtsi 2009. aasta personaliteatest nr 58/09, millega tühistati ja asendati personaliteated nr 14/09 ja nr 91/05, ilmneb eelkõige, et kõikidel nõukogu töötajatel, kes on määratud tööle personali ja halduse peadirektoraadi konverentside, korralduse ja infrastruktuuride direktoraati, võib olla tarvis pääseda ligi liidu salastatud teabele ning et teataval saalipersonalil peab olema minimaalselt juurdepääsuluba „[secret UE / EU secret]” ja kogu ülejäänud saalipersonalil minimaalset „[confidentiel UE / EU confidential]”. Nõukogu ja hageja sõlmisid lepingu, millega viimase teenistuslepingut pikendati veel kolmeks aastaks, s.o ajavahemikuks 1. oktoobrist 2010 kuni 30. septembrini 2013. Algatati juurdepääsuloa taotlemise menetlus. Hageja tagastas vastava vormi 8. detsembril 2010 ja taotlus kinnitati järgmisel päeval. Alates 16. maist 2011 määrati hageja tööle personali ja halduse peadirektoraadi protokolli ja konverentside direktoraadi toimingute ja tehnilise varustuse üksuse saalivastuvõtu talitusse. Kui nõukogu võttis 16. juunil 2011 vastu üldised rakendussätted, pikendati hageja lepingulise töötaja teenistuslepingut 1. oktoobril 2011 tähtajatult selle lepingu pikendamise lepingu lisaga 1. Autorité nationale de sécurité de Belgique’i (Belgia riiklik julgeolekuamet, edaspidi „julgeolekuamet”) president teatas 17. novembri 2011. aasta kirjaga nõukogu julgeolekutöötajale, et pärast hageja toimiku läbivaatamist otsustati, et talle ei anta juurdepääsuluba tasemel „secret”. Nõukogu julgeolekutöötaja kutsus hageja 5. detsembril 2011 vestlusele ja edastas talle ametlikult juurdepääsuloa andmisest keeldumise otsuse. Dokumentidest, mille nõukogu on oma menetlust korraldavatele meetmetele antud vastusele lisanud, ilmneb, et samal päeval allkirjastas hageja julgeolekuameti presidendi 17. novembri 2011. aasta kirja ärakirja „selle märgiks, et ta on selle kirjaga tutvunud”. Ka hageja üksuse juhataja, kellele oli julgeolekuameti otsusest teatatud, vestles 5. detsembril 2011 hagejaga. See üksuse juhataja täpsustas Avaliku Teenistuse Kohtu palvel kohtuistungil, et vestluse peaeesmärk oli informeerida hagejat, et ta viiakse saalivastuvõtu talitusest üle Justus Lipsiuse hoone postiteenindajate talitusse, kus nõutakse madalama taseme juurdepääsuluba. Hageja üksuse juhataja lisas, et see meede oli peasekretariaadi ettevaatuskohustuse tõttu kavas ellu viia otsekohe. Hageja esitas 8. detsembril 2011 kaebuse Belgia apellatsiooniorganile juurdepääsulubade, ‑tõendite ja ‑teadete alal (edaspidi „apellatsiooniorgan”). Üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 3 kohaselt, mis kohustab teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutust enne lepingu lõpetamist kontrollima, kas asjaomase isiku saab viia üle teisele ametikohale, mille puhul ei nõuta julgeolekukontrolli läbimist, võttes siiski arvesse julgeolekukontrolli mitteläbimise põhjust, töötas personali ja halduse peadirektoraadi juhtkonna nõunike direktoraat 11. jaanuaril 2012 välja märgukirja (edaspidi „11. jaanuari 2012. aasta märgukiri”). Selles märgukirjas oli järeldatud, et asjaomast isikut ei ole võimalik üle viia mõnele teisele ametikohale, võttes arvesse tema profiili, valikumenetlust, mille tulemusena ta tööle võeti, st lepinguliste töötajate valimist konverentsiteenindaja ametikohale, faktilisi asjaolusid, millele julgeolekuamet viitab, ja nõukogu kohustust võtta julgeoleku valdkonnas tarvitusele eriettevaatusabinõud. Isiklike õiguste üksuse juhataja kutsus hageja 16. jaanuaril 2012 vestlusele ja andis 12. jaanuari 2012. aasta märgukirja talle isiklikult üle, tehes talle teatavaks teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsuse ütelda tema leping üles alates 31. maist 2012 neljakuulise etteteatamistähtajaga, mida hakatakse arvestama 1. veebruaril 2012 (edaspidi „vaidlusalune otsus”). Vaidlusaluse otsuse põhjendustest ilmneb, et see põhineb üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 2 punktil b – sätted, milles on nähtud ette teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse võimalus lõpetada töötaja leping juhul, kui julgeolekukontrolli tulemusena ei anta talle juurdepääsuluba. Sama otsusega paluti hagejal võtta oma puhkus välja enne etteteatamistähtaja algust ja ta vabastati oma ametikohustustest alates 16. jaanuarist 2012. Nõukogu jättis hageja 17. jaanuari 2012. aasta taotluse, et ta jäetaks esiteks oma ametikohale kuni tema algatatud apellatsioonimenetluse lõpuni ja teiseks tema töölepingut ei öeldaks üles seni, kui apellatsiooniorgan ei ole oma otsust teinud, 26. jaanuari 2012. aasta kirjaga rahuldamata. See taotlus jäeti rahuldamata esiteks seetõttu, et hageja ei saanud jääda oma ametikohale, kui tal ei ole juurdepääsuluba; teiseks sellepärast, et menetlusel apellatsiooniorganis ei ole edasilükkavat toimet; kolmandaks faktiliste asjaolude tõttu, millega põhjendati julgeolekuameti otsust, ning neljandaks nõukogu peasekretäri kohustuse tõttu tagada kõikide nende isikute lojaalsus, usaldusväärsus ja tõsiseltvõetavus, kellel on lubatud pääseda ligi liidu salastatud teabele. Apellatsiooniorgan muutis 8. märtsil 2012 julgeolekuameti otsuse ära ja kohustas viimast andma hagejale juurdepääsuluba tasemel „secret”. Selle organi otsus oli sõnastatud järgmiselt: „[...] Oma kaebuses ja kohtuistungil [...] vaidlustas [hageja] faktilised asjaolud, mis otsust põhjendasid, välja arvatud süüdimõistmiste politseikohtu poolt liikluseeskirjade rikkumiste eest. Ta teatab, et teda ei ole kunagi süüdi mõistetud toimikus nimetatud faktiliste asjaolude eest ja et tema karistusregister on puhas, seal on ainult liikluseeskirjade rikkumised. Ta esitab selle kohta erinevate otsuses nimetatud kohtutoimikute protokollide ärakirju. Kõige tõsisemaid faktilisi asjaolusid käsitlevas toimikus [...] leiab föderaalpolitsei ise kokkuvõtlikus protokollis, et [hagejat] puudutavad faktilised asjaolud, millest on teatatud, ei ole tõendatud ning et tema etendas ainult kõrvalist rolli. Teiste viidatud protokollide kohta teatab ta, et tema üle ei ole kunagi kohut mõistnud kriminaalkohus ja viitab oma karistusregistrile. [...] [Hageja] ei eita, et tal on mõned võlad, kuid need ei ole suured. [...]. Apellatsiooniorganil jääb üle tõdeda, et asjaomane isik on oma ammuste tegudega politseiteenistustele tuntud, kuid teda ei ole nende tõttu tunnistatud kahtlustatavaks ning tal ei ole suuri võlgu, mis võiksid tuua kaasa ohu, et asjaomase isiku maine saab kannatada.” [...] Hageja esitas 30. märtsil 2012 personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel vaidlusaluse otsuse peale kaebuse. Nõukogus korraldati 24. mail 2012 koosolek, et arutada hageja kaebust ja küsimust, kuidas peaks sellele reageerima – koosolek, millest võtsid osa hageja ja tema advokaat. Nõukogu 11. juuni 2012. aasta kirjast, mis saadeti hageja advokaadile, ilmneb, et sellel koosolekul lepiti kokku, et ta saadab nõukogule apellatsiooniorganile esitatud dokumentide ärakirjad, mis võivad näidata, et hageja ei osalenud kuidagi, isegi mitte kaudselt julgeolekuameti juurdepääsuloa andmisest keeldumise otsuses ja apellatsiooniorgani otsuses, millega see otsus tühistati, viidatud faktilistes asjaoludes. Hageja advokaat vastas 12. juunil 2012 nõukogu 11. juuni 2012. aasta kirjale eelkõige järgmist: „Vastupidi sellele, mida arvasin, ei saa ma teile saata lubade valdkonna apellatsiooniorganile esitatud dokumentide ärakirju. Need dokumendid on konfidentsiaalsed ja neid ei saa nõukogule esitada. Need käsitlevad minu kliendi eraelu ja nõukogul [...] ei ole õigust nendega tutvuda.” Nõukogu jättis hageja kaebuse 20. juuli 2012. aasta otsusega rahuldamata. Peamiselt tehti seda eelkõige põhjendusel, et ametikohal, millel hageja töötab, on vaja pääseda ligi liidu salastatud teabele – põhjus, miks ta ei saa oma ametikohustusi täita ilma juurdepääsuloata; sellepärast, et nõukogu peasekretäril on ettevaatuskohustus ja ta peab veenduma, et kõik isikud, kellel on lubatud pääseda ligi liidu salastatud teabele, on lojaalsed, usaldusväärsed ja tõsiseltvõetavad, samuti faktiliste asjaolude tõttu, mille tõttu tehti julgeolekuameti 17. novembri 2011. aasta otsus. Täiendavalt on nõukogu otsuses meenutatud, et apellatsiooniorgani otsuse sõnastus ei saa taastada konkreetset usalduslikku suhet, mis on hageja ja tema institutsiooni vahel kadunud, sest isegi kõrvalisest rollist nii tõsistes faktilistes asjaoludes nagu võlad piisab, et seada kahtluse alla lojaalsus, usaldusväärsus ja haavamatus, mida hagejalt tema ametikohustuste täitmisel nõutakse, ja moraalsed omadused, mida on nende ametikohustuste täitmiseks peasekretariaadis vaja. Poolte nõuded Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul: — tühistada vaidlusalune otsus ja vajalikus ulatuses selle otsuse peale esitatud kaebuse rahuldamata jätmise otsus; — mõista nõukogult välja hüvitis varalise kahju eest, mille ta esialgu hindab summale 160181,85 eurot; — mõista nõukogult välja hüvitis mittevaralise kahju eest, mille ta esialgu hindab summale 25000 eurot; — mõista kohtukulud välja nõukogult. Nõukogu palub Avaliku Teenistuse Kohtul: — jätta hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata; — mõista kohtukulud välja hagejalt. Õiguslik käsitlus Esimene nõue, et tühistataks vaidlusalune otsus ja vajalikus ulatuses kaebuse rahuldamata jätmise otsus Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleneb personalieeskirjade artiklitest 90 ja 91, et personalieeskirjade kohaldamisalasse kuuluva isiku hagi ametisse nimetava asutuse otsuse peale või selle asutuse poolt personalieeskirjade kohase meetme võtmatajätmise peale on vastuvõetav üksnes siis, kui asjaomane isik on eelnevalt esitanud ametisse nimetavale asutusele kaebuse ja see kaebus on vähemalt osaliselt otseselt või kaudselt tagasi lükatud. Teenistustingimuste artikli 117 kohaselt kohaldatakse seda kohtupraktikat analoogia alusel ka hagi suhtes, mille töötaja on esitanud teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsuse peale või selle peale, et see asutus ei võtnud teenistustingimustes ette nähtud meedet. Niisiis moodustavad halduskaebus ja selle otsene või kaudne tagasilükkamine lahutamatu osa keerulisest menetlusest ning on vaid hagi esitamise eeltingimuseks. Seda arvestades toob hagi, mis võib formaalselt küll olla esitatud kaebuse rahuldamata jätmise otsuse peale, kaasa kohtu poole pöördumise selle huve kahjustava otsuse suhtes, mille peale kaebus esitati, v.a juhul, kui kaebuse rahuldamata jätmise otsusel on teistsugune ulatus kui aktil, mille peale esitati kaebus. Korduvalt on leitud, et otsus, millega kaebus jäetakse sõnaselgelt rahuldamata, võib oma sisu tõttu olla otsus, mis ei kinnita hageja poolt vaidlustatud meedet. Nii on juhul, kui kaebuse rahuldamata jätmise otsusega vaadati hageja olukord uusi õiguslikke ja faktilisi asjaolusid arvesse võttes uuesti läbi või kui see muudab või täiendab esialgset otsust. Niisugustel juhtudel kujutab kaebuse rahuldamata jätmine endast akti, mida kontrollib kohus, kes võtab seda vaidlustatud akti õiguspärasuse hindamisel arvesse või peab seda isegi huve kahjustavaks aktiks, mis viimase asendab (Euroopa Liidu Üldkohtu 21. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas T‑325/09 P: Adjemian jt vs . komisjon, punkt 32). Arvestades, et personalieeskirjade või teenistustingimuste süsteemis tuleb asjaomasel isikul esitada vaidlustatava otsuse peale kaebus ja esitada hagi selle kaebuse rahuldamata jätmise otsuse peale, on Euroopa Kohus tunnistanud hagi vastuvõetavaks sõltumata sellest, kas see on esitatud üksnes kaebuse esemeks olnud otsuse, kaebust rahuldamata jätmise otsuse või ühiselt nende kahe otsuse peale, kui kaebus ja hagi on esitatud personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ette nähtud tähtaegade jooksul. Sellegipoolest võib kohus vastavalt menetlusökonoomia põhimõttele sedastada, et konkreetselt kaebuse rahuldamata jätmise otsuse vastu esitatud nõuete üle ei ole vaja otsust teha, kui ta tuvastab, et neil ei ole autonoomset sisu ja need kattuvad tegelikkuses selle otsusega seonduvate nõuetega, mille peale kaebus on esitatud (vt selle kohta Euroopa Kohtu 17. jaanuari 1989. aasta otsus kohtuasjas 293/87: Vainker vs . parlament, punktid 7 ja 8). Nii võib eelkõige olla juhul, kui kohus tuvastab, et kaebuse rahuldamata jätmise otsus vaid kinnitab – mõnikord seetõttu, et on kaudne – otsust, mille peale kaebus esitati, ja sellest tulenevalt ei tooks kaebuse rahuldamata jätmise otsuse tühistamine asjaomase isiku õiguslikus olukorras kaasa ühtegi muud tagajärge lisaks kaebuse esemeks olnud otsuse tühistamise tagajärgedele (eespool viidatud kohtuotsus Adjemian jt vs . komisjon, punkt 33). Käesoleval juhul öeldi hageja tähtajatu leping üles 2012. aasta jaanuaris alates sama aasta 31. maist, võttes arvesse julgeolekuameti läbi viidud kontrolli tulemusi, kusjuures selle kontrolli tulemused said teatavaks 2011. aasta novembris. Apellatsiooniorgani otsus, millega julgeolekuameti otsus ära muudeti, kannab 8. märtsi 2012. aasta kuupäeva ja hageja kaebus, millega ta vaidlusaluse otsuse vaidlustas, 30. märtsi 2012. aasta kuupäeva. Käesoleva kohtuotsuse punktist 32 ilmneb, et 2012. aasta mais korraldas nõukogu koosoleku hageja osavõtul ja et sama aasta 11. juunil palus nõukogu hageja advokaadil saata endale täiendavaid dokumente, millest viimane keeldus. Selles olukorras sisaldab 20. juuli 2012. aasta kaebuse rahuldamata jätmise otsus endast hageja olukorra uuesti läbivaatamist, võttes arvesse uusi õiguslikke ja faktilisi asjaolusid, käesoleval juhul apellatsiooniorgani 8. märtsi 2012. aasta otsust ja hageja keeldumist esitada nõukogu nõutud dokumendid. Sellest järeldub, et kaebuse rahuldamata jätmise otsus kujutab endast akti, mida kontrollib Avaliku Teenistuse Kohus, kes võtab seda vaidlusaluse otsuse õiguspärasuse hindamisel arvesse. Hageja põhjendab oma vaidlusaluse otsuse tühistamise nõuet viie väitega. Esimese kohaselt rikuti otsust 2011/292 ja üldisi rakendussätteid ning juurdepääsulubade seadust ja seadust, millega luuakse apellatsiooniorgan, ja nende kuninglikke rakendusmäärusi. Teise väite kohaselt on huve kahjustav akt põhjendamata. Kolmanda väite kohaselt on rikutud kaitseõigusi, ei ole järgitud võistlevat menetlust ja on rikutud õigust olla eelnevalt ära kuulatud. Neljanda väite kohaselt tehti ilmne hindamisviga. Viienda väite kohaselt oli töölepingu ülesütlemine ebaproportsionaalne ja teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus ei järginud kohustust kaaluda võimalikku teisele ametikohale üleviimist või esialgsete ametikohustuste säilitamist. Avaliku Teenistuse Kohus analüüsib väiteid selles järjekorras. Esimene väide, et on rikutud otsuse 2011/292 artiklit 7 ja I lisa, eelkõige selle punkti 20, üldisi rakendussätteid ning juurdepääsulubade seadust ja seadust, millega luuakse apellatsiooniorgan, ja nende kuninglikke rakendusmäärusi Hageja jagab selle väite kaheks osaks: esimese osa kohaselt puudus õiguslik alus töölepingu ülesütlemiseks, mis on õigusvastane. Teise väiteosa kohaselt kuritarvitas nõukogu võimu, kui püüdis asendada julgeolekuameti ja apellatsiooniorgani hinnangu enda omaga. – Poolte argumendid esimese väite esimese osa kohta Hageja leiab, et tema töölepingu ülesütlemine on vastuolus otsuse 2011/292 artikli 7 ja I lisaga, eelkõige selle punktiga 20 ning juurdepääsulubade seaduse ja seadusega, millega luuakse apellatsiooniorgan, ja nende kuninglike rakendusmäärustega, samuti üldiste rakendussätetega. Ta väidab, et kuna seadusandja on näinud juurdepääsulubade andmise menetluse raames ette edasikaebamise võimaluse, on vähe tähtsust sellel, et kaebuse esitamisel ei ole edasilükkavat toimet. Et käesoleval juhul võidi julgeolekuameti otsus apellatsiooniastmes ära muuta, ei saanud nõukogu vaidlusalust otsust täitmisele pöörata, ootamata ära menetluse tulemust. Et hageja sai käesoleval juhul oma juurdepääsuloa, ei olnud õiguslikku alust tema lepingut üles öelda ja see ülesütlemine on seega õigusvastane. Hageja lisab, et üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 2 punkt b võimaldab institutsioonil üles öelda niisuguse töötaja lepingu, kellele keeldutakse andmast juurdepääsuluba, kuid ei sisalda mingit niisugust kohustust – vastupidi sellele, mida püüab väita nõukogu. Nõukogu palub esimese väite esimene osa tagasi lükata. – Avaliku Teenistuse Kohtu hinnang Avaliku Teenistuse Kohus meenutab kõigepealt, et kodukorra artikli 35 lõike 1 punkti e kohaselt peab hagiavaldus sisaldama ülevaadet fakti‑ ja õigusväidetest. Et tagada õiguskindlus ja hea õigusemõistmine, peavad peamised fakti‑ ja õigusväited, millele hageja tugineb, selleks et väide või etteheide oleks vastuvõetav, selgelt ja arusaadavalt ilmnema hagiavalduse tekstist endast, mis võimaldab kostjal ette valmistada oma kaitse ja Avaliku Teenistuse Kohtul teha hagi kohta vajadusel otsuse ilma täiendava teabeta (Avaliku Teenistuse Kohtu 10. novembri 2011. aasta otsus kohtuasjas F‑18/09: Merhzaoui vs . komisjon, punktid 42 ja 43). Kuigi hageja heidab esimese väite esimese osa raames tõesti nõukogule ette, et vaidlusaluse otsuse tegemisega rikkus nõukogu otsuse 2011/292 artiklit 7 ning juurdepääsulubade seadust ja seadust, millega luuakse apellatsiooniorgan, ja nende kuninglikke rakendusmäärusi, on need etteheited sellegipoolest lihtsalt ära toodud, kuid neid ei ole põhjendatud ühegi argumendiga – vastupidi kodukorra artikli 35 lõike 1 punktis e nõutule. Seega tuleb need etteheited vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata. Et hageja ei selgita, kuidas on käesoleval juhul rikutud otsuse 2011/292 I lisa punkti 20, tuleb ka etteheide, mille kohaselt on seda punkti väidetavalt rikutud, vastuvõetamatuse tõttu tagasi lükata. Ülejäänu osas tuleb tõdeda, et selle punkti ainus eesmärk on määrata kindlaks õigusaktid, mida kohaldatakse esiteks liikmesriikide läbi viidava julgeolekukontrolli suhtes, sh tulemuste peale esitatud kaebused, st asjaomases liikmesriigis kehtivad õigusaktid, ja teiseks peasekretariaadi ametisse nimetava asutuse või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsuste peale esitatavate kaebuste suhtes, milleks käesoleval juhul on personalieeskirjad. Esimese väite esimese osa raames on vaja seega veel analüüsida, kas vaidlusalune otsus tehti – nagu väidab hageja – esiteks rikkudes üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 2 punkti b, milles on nähtud ette üksnes teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse võimalus, mitte kohustus ütelda töötaja leping üles juhul, kui talle ei anta kontrolli tulemusena juurdepääsuluba, ning teiseks kas sel otsusel ei ole õiguslikku alust, sest apellatsiooniorgan kohustas julgeolekuametit andma hagejale juurdepääsuluba tasemega „secret”. Kõigepealt ilmneb otsuse 2011/292 artikli 7 lõikest 1, et töötajatega seotud julgeolek tähendab selliste meetmete kohaldamist, millega juurdepääs liidu salastatud teabele tagatakse ainult isikutele, kellel on teadmisvajadus, kes on läbinud vajalikul tasemel julgeolekukontrolli, kui see on asjakohane, ning keda on teavitatud nende vastutusest. Seejärel tuleb märkida, et otsuse 2011/292 artikli 15 lõike 2 punkti c kohaselt on peasekretariaadi julgeolekuasutuseks peasekretär ja seoses sellega annab peasekretär vastavalt selle otsuse artikli 7 lõikele 3 liidu juurdepääsuloa ametnikele ja muudele teenistujatele enne, kui neile tohib anda loa juurdepääsuks „confidentiel UE / EU confidential” või kõrgemal tasemel salastatud teabele. Lõpuks tuleb juhtida tähelepanu, et liidu juurdepääsuluba, mis tagab juurdepääsu liidu salastatud teabele, on määratletud otsuse 2011/292 A‑liites nii, et see on „peasekretariaadi ametisse nimetava asutuse luba, mis antakse käesoleva otsuse kohaselt pärast julgeolekukontrolli lõpuleviimist liikmesriigi pädevate asutuste poolt ja mis kinnitab, et isikule võib lubada kindlaksmääratud kuupäevani juurdepääsu kuni teatud salastatuse tasemel [liidu] salastatud teabele [...], tingimusel et tema teadmisvajadus on kindlaks tehtud; sellist isikut loetakse „julgeolekukontrolli läbinuks””. Eespool viidatud õigusnormidest tuleneb seega, et otsuse selle kohta, kas anda peasekretariaadi töötajatele liidu juurdepääsuluba või keelduda selle andmisest, teeb ainult nõukogu peasekretär. Otsuse 2011/292 I lisa III jaotise punkti 5 kohaselt vastutavad julgeolekukontrolli läbiviimise tagamise eest oma riigi kodanike suhtes riiklikud julgeolekuasutused või muud pädevad riiklikud asutused, sest nendel asutustel on lihtsam teabele erinevates liikmesriikides ligi pääseda kui nõukogu peasekretäril. Sellegipoolest on otsuse 2011/292 I lisa III jaotise punkti 19 alapunktis a ette nähtud, et juhul kui julgeolekukontrolli tulemus kinnitab, et ei ole ilmnenud halba valgust heitvaid asjaolusid, mis võiksid isiku lojaalsuse, terviklikkuse ja usaldusväärsuse kahtluse alla seada, võib peasekretariaadi ametisse nimetav asutus või lepinguliste töötajate puhul teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus anda asjaomasele isikule liidu juurdepääsuloa ning lubada talle juurdepääsu vastaval salastatuse tasemel liidu salastatud teabele kuni kindlaksmääratud kuupäevani. Eelmises punktis viidatud õigusnormi sõnastusest ilmneb, et siseriiklike asutuste julgeolekukontrolli tulemused või isegi apellatsiooniorgani järeldused ei ole peasekretariaadi ametisse nimetavale asutusele või muude teenistujate puhul teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusele siduvad ning et isegi siis, kui tulemus on asjaomasele isikule soodne, ei ole sellel asutusel kohustust anda talle liidu juurdepääsuluba ning tal on endiselt õigus selle andmisest keelduda. Võttes arvesse julgeolekukontrolli eesmärki ‐ niisugusena, nagu see on määratletud otsuse 2011/292 artikli 7 lõikes 2 ‐, milleks on kindlaks teha, kas isikule võib tema lojaalsust, terviklikkust ja usaldusväärsust arvesse võttes lubada juurdepääsu liidu salastatud teabele, võis teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusel olla hagejale halba valgust heitva teabe põhjal, mis ilmnes julgeolekuameti kontrolli käigus ja edastati nõukogule 17. novembri 2011. aasta kirjaga, kahtlus eelkõige selles osas, kas hageja haavatavuse oht puudub, ning ta võis otsustada, et hagejale ei tuleks anda juurdepääsuluba, mida ta vajab. Käesoleval juhul ei ole vaidlustatud, et hageja töötas peasekretariaadis ametikohal, mis eeldab juurdepääsuloa olemasolu. Analüüsinud üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 3 kohaselt, kas hageja saab viia üle teisele ametikohale, millel töötades ei ole juurdepääsuluba vaja, ja leidnud 11. jaanuari 2012. aasta märgukirja järgi ‐ mille sisu on ära toodud käesoleva kohtuotsuse punktis 27 ‐, et see ei ole võimalik, võis teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus teha otsuse, et ütleb hageja lepingu vastavalt teenistustingimuste artikli 47 punkti c alapunktile i neljakuulise etteteatamistähtaja lõpul üles, ilma et ta oleks rikkunud üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 2 punkti b. Seda seisukohta ei lükka ümber hageja argument, et apellatsiooniorgan kohustas julgeolekuametit andma hagejale juurdepääsuluba tasemel „secret” – asjaolu, mis võib võtta lepingulise töötaja lepingu ülesütlemise otsuselt õigusliku aluse. Otsuse 2011/292 I lisa III jaotise punkti 20 sõnastusest ilmneb nimelt, et julgeolekukontrolli, sealhulgas selle tulemuste suhtes kohaldatakse kõnealuses liikmesriigis kehtivaid asjaomaseid õigusakte, sealhulgas edasikaebamise kohta. Belgia õiguses on seaduses, millega luuakse apellatsiooniorgan, artikli 11 esimeses lõigus nähtud ette, et apellatsiooniorgan võib, kui ta leiab pärast kaebaja või tema advokaadi ärakuulamist, et põhjendused, millega juurdepääsuloa andmisest keeldumise otsust põhjendatakse, on alusetud ega ole asjakohased, nõuda siseriiklikult julgeolekuasutuselt juurdepääsutõendi väljaandmist. Käesoleval juhul otsustas julgeolekuamet anda hagejale juurdepääsuloa tasemel „secret” apellatsiooniorgani otsuse tulemusena juurdepääsulubade seaduse alusel ja see luba on kehtiv, et pääseda ligi teabele, mis kuulub selle seaduse kohaldamisalasse, samuti liidu salastatud teabele, mis puudutab otsuse 2011/292 artikli 14 lõikes 3 osutatud liimesriikide töötajaid. Seevastu, mis puudutab peasekretariaadi töötajate juurdepääsu liidu salastatud teabele, siis ‐ nagu ilmneb käesoleva kohtuotsuse punktidest 56 ja 59 – liidu juurdepääsuloa andmise või selle andmisest keeldumise üle otsustamise ainuõigus on siseriiklike ametiasutuste läbi viidud kontrolli järel ametisse nimetaval asutusel või lepinguliste töötajate puhul teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusel, ilma et selle kontrolli, käesoleval juhul apellatsiooniorgani järeldused oleksid talle siduvad. Seetõttu tuleb esimese väite esimene osa tagasi lükata. – Hageja argumendid esimese väite teise osa kohta Hageja väidab, et nõukogu püüab asendada julgeolekuameti ja apellatsiooniorgani hinnangu enda omaga, kasutades mõistet „usaldussuhe”. Seda tehes kuritarvitas ta hageja sõnul võimu. Apellatsiooniorgan tuvastas julgeolekuameti tehtud vead selles mõttes, et hageja ei võlgnenud mingit summat ja oma karistusregistri väljavõtet esitades tõendas ta, et julgeolekuameti järeldused on valed. Et hagejale anti juurdepääsuluba, peab nõukogu seda otsust järgima. – Avaliku Teenistuse Kohtu hinnang Sellega seoses tuleb esiteks tõdeda, et julgeolekukontrolli eesmärk on kindlaks teha, kas isikule võib tema lojaalsust, terviklikkust ja usaldusväärsust arvesse võttes lubada juurdepääsu liidu salastatud teabele, ning teiseks, et kontrolli käigus arvesse võetavate kriteeriumide loetelu, mis on toodud otsuse 2011/292 I lisa III jaotise punktis 8, ei ole ammendav. Selle punkti 8 alapunktides a‐k nimetatud kriteeriumidele lisanduvad vastavalt punktides 9 ja 10 nimetatud majanduslik olukord ja tervise seisund ning abikaasa, elukaaslase või lähedase pereliikme iseloom, käitumine ja nendega seotud asjaolud kui kriteeriumid, mida võidakse samuti arvesse võtta. Avaliku Teenistuse Kohus märgib, et vaidlusaluse otsuse tegemise ajal olid nõukogu käsutuses ainult julgeolekuameti järeldused ning et võttes arvesse halba valgust heitvat infot hageja kohta, mille julgeolekukontroll ilmsiks tõi, ei olnud eelkõige tõendatud viimase haavatavuse ohu puudumine. Seega võis teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus 2012. aasta jaanuaris – nagu ilmneb käesoleva kohtuotsuse punktist 61 – keelduda andmast hagejale liidu juurdepääsuluba ning otsustada, et ta ütleb viimase lepingu üles. Võttes arvesse apellatsiooniorgani 8. märtsi 2012. aasta otsust, arutas nõukogu hageja kaebuse raames uuesti võimalust anda talle liidu juurdepääsuluba, korraldas selleks eelkõige 24. mai 2012. aasta koosoleku hageja osavõtul, keda abistas tema advokaat, ja palus viimaselt apellatsiooniorganile esitatud dokumentide ärakirju, mille viimane lubas esialgu edastada, kuid seejärel keeldus seda tegemast põhjendusel, et need on konfidentsiaalsed ja puudutavad tema kliendi eraelu. Kuigi apellatsiooniorgan muutis julgeolekuameti otsuse tõesti hagejale soodsalt ära, tuleb seda, mida see organ lõpuks tuvastas, st et „asjaomane isik on oma ammuste tegudega politseiteenistustele tuntud, kuid teda ei ole nende tõttu tunnistatud kahtlustatavaks ning tal ei ole suuri võlgu, mis võiksid tuua kaasa ohu, et asjaomase isiku maine saab kannatada”, sellegipoolest kaaluda, võttes arvesse muud, mis samas otsuses tuvastati ja mis on negatiivsem, st et „[hageja] ei eita, et tal on mõned võlad”, või et „[k]õige tõsisemaid faktilisi asjaolusid käsitlevas toimikus [...] leiab föderaalpolitsei ise kokkuvõtlikus protokollis, et [hagejat] puudutavad faktilised asjaolud, millest on teatatud, ei ole tõendatud ning et tema etendas ainult kõrvalist rolli”. Kohtuistungil ilmnes, et järeldust, et hageja etendas kõige tõsisemate faktiliste asjaolude puhul „kõrvalist rolli”, julgeolekuameti otsuses tõlgendas nõukogu nii, et hagejat seostati siiski nende kõige tõsisemate faktiliste asjaoludega, kas või teisejärgulises rollis, või isegi nii, et ta käis läbi kahtlaste ringkondadega – asjaolud, mis nõukogul lasuvat ettevaatuskohustust arvestades õigustavad juba iseenesest keeldumist anda hagejale juurdepääsuluba. Seevastu hageja kinnitas, et see järeldus näitab, et föderaalpolitsei kuulas ta lihtsalt tunnistajana üle asjas, milles uurimine oli algatatud kolmandate isikute suhtes, ning et nende ülekuulamiste protokollidest ei ilmne, et ta oleks aidanud uuritavatele faktilistele asjaoludele kuidagi kaasa. Arvestades seda hageja esitatud teavet, mida ei ole kohtutoimikus, küsis Avaliku Teenistuse Kohus esiteks nõukogult, kas ta on nõus vaatama vaidlusaluse otsuse uuesti läbi, võttes arvesse eespool nimetatud apellatsiooniorganile esitatud ülekuulamisprotokolle, mille hageja peaks nõukogule saatma, sest muidu viimane neile ligi ei pääse. Teiseks küsis Avaliku Teenistuse Kohus hagejalt, kas ta on nüüd valmis esitama need protokollid nõukogule, mida ta 2012. aasta mais teha ei tahtnud. Nõukogu vastas jaatavalt, kuid hageja keeldus endiselt ning märkis, et ta ei ole huvitatud enda ennistamisest oma endisele ametikohale nõukogus, et nüüd soovib ta oma hagiga saavutada üksnes seda, et talle hüvitataks tema varaline ja mittevaraline kahju. Selles olukorras tuleb tõdeda, et võttes arvesse dokumente, mis olid tema käsutuses, ja hageja suhtumist – kusjuures hageja oli ainus isik, kes sai edastada nõukogule apellatsiooniorganile esitatud dokumendid –, tegutses peasekretariaadi teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus oma volituste piires ega astunud apellatsiooniorgani asemele, kui keeldus kaebuse rahuldamata jätmise otsuses vaidlusalust otsust uuesti läbi vaatamast. Niisiis tuleb esimese väite teine osa ja seega ka see väide tervikuna tagasi lükata. Teine väide, et huve kahjustavas otsuses puuduvad põhjendused – Poolte argumendid Hageja väidab, et vaidlusalune otsus ei ole põhjendatud ning selles ei ole viidatud ühelegi dokumendile, mis võimaldaks mõista, miks tema leping üles öeldi. Nii toimides ei järginud nõukogu oma otsuste põhjendamise kohustust, mis tuleneb Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklist 41. Nõukogu palub lükata see väide tagasi. – Avaliku Teenistuse Kohtu hinnang Kohustuse kohta põhjendada huve kahjustavaid otsuseid meenutab Avaliku Teenistuse Kohus, et liidu õigusega haldusmenetlustes antavate tagatiste hulgas on eelkõige hea halduse põhimõte, mis on sätestatud harta artiklis 41 ja mis hõlmab eriti „administratsiooni kohustust oma otsuseid põhjendada” (Avaliku Teenistuse Kohtu 11. juuli 2013. aasta otsus kohtuasjas F‑46/11: Tzirani vs . komisjon, punkt 136 ja seal viidatud kohtupraktika). Lisaks on kohustus põhjendada huve kahjustavaid otsuseid liidu õiguse üldpõhimõte, millest võib kõrvale kalduda üksnes ülekaalukatel põhjustel (eespool viidatud kohtuotsus Tzirani vs . komisjon, punkt 137 ja seal viidatud kohtupraktika). Lisaks peab ELTL artiklis 296 nõutavatest põhjendustest väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ilmnema selgelt ja arusaadavalt akti andja arutluskäik (eespool viidatud kohtuotsus Tzirani vs . komisjon, punkt 138 ja seal viidatud kohtupraktika). Personalieeskirjade artikli 25 teises lõigus ette nähtud huve kahjustava akti põhjendamise kohustuse eesmärk on esiteks anda asjaomasele isikule piisavalt teavet, et tal oleks võimalik kindlaks teha, kas akt on põhjendatud või on selles tehtud viga, mis võimaldab kohtus selle kehtivuse vaidlustada, ning teiseks võimaldada kohtul kontrollida selle akti õiguspärasust. Seetõttu tuleb põhjendused asjaomasele isikule edastada põhimõtteliselt samal ajal tema huve kahjustava aktiga; põhjenduste puudumist ei muuda õiguspäraseks asjaolu, et asjaomane isik saab akti põhjendustest teada liidu kohtus algatatud kohtumenetluse raames (vt selle kohta Euroopa Liidu Üldkohtu 7. detsembri 2011. aasta otsus kohtuasjas T‑562/10: HTTS vs . nõukogu, punkt 32). Tuleb täpsustada, et ükski ülekaalukas põhjus ei luba jätta ajutisi teenistujaid kaitseta põhjendamatu lepingu ülesütlemise eest, eriti kui nad on seotud tähtajatu töölepinguga või kui tähtajalise töölepingu korral lõpetatakse nende leping enne lepingu kestuse lõppu. Et tagada aga piisav kaitse selles osas, tuleb asjaomastel isikutel esiteks võimaldada kontrollida, kas nende õiguspäraseid huve on järgitud või kahjustatud, ja hinnata võimalust kohtusse pöörduda, teiseks võimaldada kohtul teostada oma kontrolli, mille tõttu tuleb nõustuda, et pädeval ametiasutusel on põhjendamiskohustus (vt selle kohta Avaliku Teenistuse Kohtu 24. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas F‑74/06: Longinidis vs . Cedefop, punkt 49). Kohtupraktikast ilmneb ka, et põhjendamiskohustuse ulatust hinnates tuleb arvestada konkreetseid asjaolusid, eelkõige akti sisu, põhjenduste olemust ja huvi, mis akti adressaadil võib olla selgituste saamiseks. Et hinnata, kas põhjendused on piisavad, tuleb need asetada konteksti, milles vaidlustatud akt anti (eespool viidatud kohtuotsus Longinidis vs . Cedefop, punkt 50 ja seal viidatud kohtupraktika). Tähtajatu lepinguga tööle võetud töötaja lepingu ülesütlemise korral on eriti tähtis, et sellise abinõu aluseks olevad põhjused esitataks üldreeglina selgelt kirjalikult, eelistatavalt asjaomase otsuse tekstis. Ainult see akt, mille õiguspärasust hinnatakse akti andmise kuupäeval, väljendabki tegelikult institutsiooni otsust. Lepingu ülesütlemise põhjuste esitamise kohustust võib siiski lugeda täidetuks ka juhul, kui asjaomast isikut on ülemustega peetud vestlustel nendest põhjustest nõuetekohaselt teavitatud ja kui teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus teeb oma otsuse lähema aja jooksul pärast neid vestlusi. Teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus võib vajadusel neid põhjendusi täiendada ka asjaomase isiku esitatud kaebusele vastamise etapis (eespool viidatud kohtuotsus Longinidis vs . Cedefop, punkt 51). Käesoleval juhul tuleb esiteks märkida, et vaidlusalune otsus põhineb üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 2 punktil b, milles on nähtud ette, et teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus võib töötaja lepingu lõpetada, kui viimasele ei anta kontrolli tulemusena juurdepääsuluba, teiseks, et hageja oli teadlik julgeolekuameti poolt tema suhtes läbi viidud julgeolekukontrolli talle halba valgust heitvast tulemusest, sest 8. detsembril 2011 vaidlustas ta selle järeldused apellatsiooniorganis, ning kolmandaks, et 5. detsembril 2011 olid hagejal vestlused kõigepealt nõukogu julgeolekutöötajaga, tema üksuse juhatajaga, kes teatas talle, et ta määratakse ametikohale, kus on vaja madalama taseme juurdepääsuluba, ja 16. jaanuaril 2012 oli tal vestus isiklike õiguste üksuse juhatajaga, mille käigus edastas viimane talle tema lepingu ülesütlemise otsuse. Põhjused, miks teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus vaidlusaluse otsuse tegi, ei saanud hagejal seega teadmata olla. Seda seisukohta kinnitab selle kirja sisu, mille hageja 17. jaanuaril 2012 nõukogule saatis ja milles ta heitis institutsioonile ette, et viimane ei oodanud apellatsiooniastmes algatatud menetluse tulemust ära enne, kui lepingu üles ütles. Nõukogu vastas sellele kirjale 26. jaanuari 2012. aasta kirjaga, milles ta lükkas hageja argumendid ümber. Lõpuks tuleb märkida, et vastus kaebusele, milles vaidlusalune otsus vaadati uuesti läbi mitte üksnes julgeolekuameti järeldustest lähtudes, vaid võttes arvesse ka apellatsiooniorgani otsust, võimaldas hagejal hinnata selle otsuse põhjendatust ja otsustada, kas tuleks esitada hagi Avaliku Teenistuse Kohtule. Eelnevast tuleneb, et teine väide tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata. Kolmas väide, et on rikutud kaitseõigusi ega ole järgitud võistlevat menetlust ja õigust olla eelnevalt ära kuulatud – Poolte argumendid Hageja väidab, et tema õigust olla ära kuulatud harta artikli 41 lõike 2 tähenduses rikuti, sest enne 12. jaanuari 2012, mil vaidlusalune otsus tehti, ei kuulatud teda ära. Nõukogu palub see väide tagasi lükata. Hageja ülemused kuulasid ta nimelt mitu korda ära enne, kui andsid talle teada otsusest tema leping üles öelda. Nõukogu nimetab hageja 5. detsembri 2011. aasta vestlusi nõukogu julgeolekutöötajaga ja oma üksuse juhatajaga ning 16. jaanuari 2012. aasta vestlust isiklike õiguste üksuse juhatajaga. – Avaliku Teenistuse Kohtu hinnang Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on kaitseõiguste tagamine kõigis isiku vastu algatatud menetlustes, mille tulemusena võidakse anda tema huve kahjustav akt, ühenduse õiguse aluspõhimõte ja see tuleb tagada ka siis, kui asjaomast menetlust ei ole kuidagi reguleeritud. Selle põhimõtte kohaselt, mis teenib hea halduse huve, tuleb asjaomasel isikul võimaldada esitada tõhusalt oma seisukoht asjaolude kohta, mida võidakse tehtavas aktis talle süüks panna (Esimese Astme Kohtu 8. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T‑277/03: Vlachaki vs . komisjon, punkt 64). Käesoleval juhul ei ole nõukogu tõendanud, näiteks hageja ülemuste kutse abil, et hageja kuulati enne vaidlusaluse otsuse tegemist ära. Seevastu hageja esitas Avaliku Teenistuse Kohtule julgeolekuameti 17. novembri 2011. aasta kirja nõukogu julgeolekutöötajale, mis näitab, et talle teatati õigeaegselt julgeolekuameti otsusest ning et tal oli seega võimalik esitada enne vaidlusaluse otsuse tegemist tõhusalt oma seisukoht. Esiteks palutakse selles kirjas adressaati informeerida asjaomast isikut esiteks julgeolekuameti otsusest ja teiseks tema võimalusest esitada selle vaidlustamiseks kaebus ning kolmandaks palutakse saata julgeolekuametile kättetoimetatud ja kuupäevaga varustatud kirja ärakiri. On aga teada, et seda tehti, sest nõukogu esitas Avaliku Teenistuse Kohtule vastuseks Avaliku Teenistuse Kohtu võetud menetlust korraldavatele meetmetele eespool viidatud kirja ärakirja, mille hageja oli allkirjastanud 5. detsembril 2011 käsitsi kirjutatud märkega „olen tutvunud”, ning hageja esitas 8. detsembril 2011 apellatsiooniorganile kaebuse. Teiseks oleks hageja saanud taotleda otsuse 2011/292 I lisa III jaotise punkti 19 alapunkti b alusel, et teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus kuulaks ta ära. Nõukogu kinnitab oma menetlusdokumentides, et seda teatas talle julgeolekutöötaja, kui edastas talle 5. detsembril 2011 julgeolekuameti kontrolli järeldused, mida kinnitas see töötaja ise kohtuistungil vastuseks Avaliku Teenistuse Kohtu küsimustele. Oma kirjalikus vastuses Avaliku Teenistuse Kohtu võetud menetlust korraldavatele meetmetele kinnitas hageja, et tal ei olnud aega seda teha, enne öeldi tema tööleping juba üles, ning kohtuistungil märkis ta, et võttes arvesse julgeolekuameti kontrolli tulemusi, soovis ta keskenduda apellatsiooniorganile esitatavale kaebusele, uskudes, et kui julgeolekuameti otsus ära muudetakse, on nõukogu kohustatud tema lepingu ülesütlemise otsuse uuesti läbi vaatama. Et teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus vaatas vaidlusaluse otsuse uuesti läbi, võttes arvesse apellatsiooniorgani otsust, tuleb seejärel kontrollida, kas hageja kaitseõigusi järgiti enne kaebuse rahuldamata jätmise otsuse tegemist. Selles küsimuses tuleb märkida, et – nagu ilmneb käesoleva kohtuotsuse punktist 32 – korraldati nõukogus koosolek hageja osavõtul, kusjuures teda abistas tema advokaat, et arutada kaebust ja seda, kuidas peaks sellele reageerima, ning 11. juuni 2012. aasta kirjaga võimaldati hagejal esitada nõukogule erinevate julgeolekuameti otsuses viidatud kohtutoimikute protokollid ja föderaalpolitsei kokkuvõtlik protokoll, mille ta oli esitanud apellatsiooniorganile – dokumendid, mis võivad tõendada, et ta kuulati üle üksnes tunnistajana, nagu ta kohtuistungil märkis, ega olnud isiklikult segatud kõige tõsisematesse julgeolekuameti läbi viidud kontrolli tulemustes nimetatud faktilistesse asjaoludesse. On aga teada, et alguses lubas hageja need dokumendid nõukogule esitada ja seejärel keeldus seda tegemast. Hageja niisugune käitumine siis, kui nõukogu arutas tema 30. märtsi 2012. aasta kaebust, millega ta palus tühistada vaidlusaluse otsuse, võttes arvesse asjaolu, et apellatsiooniorgan muutis julgeolekuameti otsuse 8. märtsil 2012 ära, näib aga olevat vastuolus põhikohustusega olla lojaalne teda tööle võtnud institutsioonile ja teha viimasega koostööd, mis on igal ametnikul personalieeskirjade artikli 11 kohaselt, mida kohaldatakse teenistustingimuste artikli 81 järgi analoogia alusel lepinguliste töötajate suhtes. See lojaalsus‑ ja koostöökohustus ei lasu töötajal mitte üksnes talle usaldatud konkreetsete ülesannete täitmisel, vaid laieneb ka kogu tema ja asjaomase institutsiooni vaheliste suhete sfäärile (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 26. novembri 1991. aasta otsus kohtuasjas T‑146/89: Williams vs . kontrollikoda, punkt 72). Avaliku Teenistuse Kohus tõdeb niisiis, et kuigi nõukogu ei korraldanud enne vaidlusaluse otsuse tegemist koosolekut teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse ja hageja osavõtul, mis oleks mõeldud eranditult selleks, et viimane saaks esitada oma seisukohad tema lepingu plaanitava ülesütlemise kohta, võimaldasid selle otsuse tegemise ja edastamise asjaolud ning menetlus, mida nõukogu järgis vastamisel kaebusele ‐ mille läbivaatamise ajal vaatas teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus uuesti läbi ka vaidlusaluse otsuse, võttes arvesse uusi õiguslikke ja faktilisi asjaolusid –, hagejal esitada tõhusalt oma seisukoha asjaolude kohta, mida talle süüks pandi. Seetõttu tuleb kolmas väide tagasi lükata. Neljas väide, et on tehtud ilmne hindamisviga – Poolte argumendid Hageja põhjendab seda väidet nii, et nõukogu tegi ilmse hindamisvea, kui ütles tema töölepingu üles, võtmata arvesse võimalust, et julgeolekuameti otsus muudetakse ära. Nõukogu oleks pidanud säilitama hageja olukorra kuni apellatsiooniorganile esitatud kaebuse menetlemise lõpuni. Lisaks tegi nõukogu ilmse hindamisvea ka siis, kui leidis, et leping tuli tingimata üles öelda, samas kui üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 2 punkti b kohaselt on tal ainult niisugune võimalus. Nõukogu palub see väide tagasi lükata. – Avaliku Teenistuse Kohtu hinnang Teenistustingimuste artikli 47 punktist c, mida teenistustingimuste artikli 119 järgi kohaldatakse analoogia alusel lepinguliste töötajate suhtes, ilmneb, et tähtajatu lepingu ülesütlemisel on pädeval asutusel kaalutlusõigus, kui ta tegutseb selles lepingus ette nähtud tähtaja jooksul ja vastavalt selles artiklis sätestatule. Avaliku Teenistuse Kohus ei saa niisuguse hinnangu põhjendatust kontrollida, v.a siis, kui on tehtud ilmne hindamisviga või kuritarvitatud võimu (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 14. juuli 1997. aasta otsus kohtuasjas T‑123/95: B vs . parlament, punkt 70). Avaliku Teenistuse Kohus peab hageja esitatud väidete raames kontrollima, ega nõukogu ei teinud ilmselt hindamisviga, kui hindas asjaolusid, mille põhjal vaidlusalune otsus tehti. Selleks aga, et administratsiooni ulatusliku kaalutlusõiguse olemasolul nagu käesolevas vaidluses teha kindlaks, kas administratsioon on teinud asjaolude hindamisel ilmselge vea, mis õigustaks niisuguse hinnangu alusel tehtud otsuse tühistamist, peavad tõendid, mille esitamise kohustus on hagejal, olema piisavad, et administratsiooni antud hinnang muutuks ebausutavaks. (Avaliku Teenistuse Kohtu 19. veebruari 2013. aasta otsus kohtuasjas F‑17/11: BB vs . komisjon, punkt 60). Mis puudutab mõiste „ilmne hindamisviga” määratlust, siis Avaliku Teenistuse Kohus on olukorras, kus teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusel on kaalutlusruum, juba täpsustanud, et viga on ilmne siis, kui see on kergesti äratuntav ja selle saab hõlpsalt tuvastada (Avaliku Teenistuse Kohtu 24. märtsi 2011. aasta otsus kohtuasjas F‑104/09: Canga Fano vs . nõukogu, punkt 35). Seda, kas vaidlusaluse otsuse puhul tehti ilmne hindamisviga, tulebki analüüsida, lähtudes sellest määratlusest. Selles küsimuses tõdeb Avaliku Teenistuse Kohus kõigepealt, et julgeolekuameti kontrolli tulemusi arvestades ei saanud hageja oma ametikohal edasi töötada. Teiseks ilmneb 11. jaanuari 2012. aasta märgukirjast, mille sisu on toodud käesoleva kohtuotsuse punktis 27, et hagejat ei olnud võimalik üle viia teisele ametikohale. Kolmandaks tuleneb seaduse, millega luuakse apellatsiooniorgan, artikli 12 lõike 7 sõnastusest, et menetlusel apellatsiooniorganis ei ole edasilükkavat toimet. Neljandaks tuleb märkida, et kuna julgeolekuameti läbi viidud kontrolli tulemused ei olnud nõukogu peasekretärile siduvad, ei olnud talle siduv ka apellatsiooniorgani otsus, sest viimase otsused on siduvad ainult juurdepääsulubade seaduse kohaldamisalas ega sea kahtluse alla vaidlusaluse otsuse õiguspärasust. Selles olukorras ei teinud nõukogu ilmset hindamisviga, kui otsustas pöörata vaidlusaluse otsuse täitmisele ilma, et oleks oodanud ära apellatsioonimenetluse tulemust. Tuleb lisada, et hageja väide, et nõukogu tegi tõsise ilmse hindamisvea, kui leidis, et leping tuli üldiste rakendussätete artikli 5 lõike 2 punkti b kohaselt kindlasti üles öelda, põhineb kohtutoimiku dokumentide ekslikul tõlgendusel. Esiteks analüüsis teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus enne hageja lepingu ülesütlemise otsuse tegemist, kas teda on võimalik üle viia teisele ametikohale, mis ei eelda liidu juurdepääsuloa olemasolu. Teiseks kutsus teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus hageja apellatsiooniorgani järeldusi arvestades 2012. aasta mais koosolekule, kus hagejat abistas tema advokaat, ning andis talle võimaluse tõendada, et talle halba valgust heitev teave, mis ilmnes julgeolekuameti kontrolli käigus, ei ole absoluutselt põhjendatud. Seega tuleb ka neljas väide tagasi lükata. Viies väide, et lepingu ülesütlemine oli ebaproportsionaalne ja teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus ei järginud kohustust arutada, kas on võimalik määramine teisele ametikohale või tema esialgsete ametikohustuste säilitamine – Poolte argumendid Hageja väidab, et tema viimases hindamisaruandes on antud märkimisväärne hinnang, sest ta on üks saalipersonali parematest – 13 hindamiskriteeriumi osas on ta kõigis saanud hinde „hea” või „väga hea”, samuti oma keeleoskuse eest. Arvestades apellatsiooniorgani otsust, millega julgeolekuametit kohustati andma hagejale juurdepääsuluba, oleks nõukogu pidanud vaidlusaluse otsuse uuesti läbi vaatama, sest hageja puhul on olemas kõik tagatised, et talle jääks tema ametikoht või et talle antaks vähemalt tema endised, postiteenindaja ametikohustused, sest see ametikoht ei eelda juurdepääsuloa olemasolu ega julgeolekukontrolli läbimist. Nõukogu palub lükata see väide tagasi. – Avaliku Teenistuse Kohtu hinnang Tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt eeldavad hoolitsemiskohustus ja hea halduse põhimõte peamiselt seda, et kui pädev asutus teeb otsuse ametniku või teenistuja olukorra kohta, peab ta arvestama kõikide asjaoludega, mis võivad seda otsust mõjutada, ja seda tehes ei arvesta ta mitte üksnes teenistuse, vaid ka asjaomase ametniku või teenistuja huvidega. Võttes just arvesse institutsioonide kaalutlusõiguse ulatust teenistuse huvide hindamisel, peab liidu kohtu kontroll siiski piirduma küsimusega, kas pädev asutus jäi mõistlikkuse piiresse ega kasutanud oma kaalutlusõigust ilmselgelt vääralt (Avaliku Teenistuse Kohtu 13. juuni 2012. aasta otsus kohtuasjas F‑63/11: Macchia vs . komisjon, punkt 50 ja seal viidatud kohtupraktika, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑368/12 P). Otsustades, kas hageja leping üles öelda või mitte, oli teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus kohustatud analüüsima mitte ainult hageja ilmset huvi jätkata oma töösuhet institutsiooniga, vaid ka teenistuse huve, mille määrab ära liidu salastatud teabe eest vastutava nõukogu vajadus tagada töölevõetud töötajate lojaalsus, terviklikkus ja usaldusväärsus. Käesoleval juhul mängutulevate huvide kaalumise küsimuses ilmneb 11. jaanuari 2012. aasta märgukirjast, mille sisu on ära toodud käesoleva kohtuotsuse punktis 27, et nõukogu peasekretär analüüsis ‐ nagu näeb ette üldiste rakendussätete artikli 5 lõige 3 ‐, kas hageja saab viia üle teisele ametikohale. Hagejat ei viidud siiski üle, võttes arvesse tema profiili, valikumenetlust, mille tulemusena ta tööle võeti, talle halva valgust heitvat teavet, mille julgeolekuameti kontroll ilmsiks tõi, ja nõukogu peasekretäri kohustust võtta julgeoleku valdkonnas tarvitusele eriettevaatusabinõud. Seega ei saa nõustuda sellega, kuidas hageja 11. jaanuari 2012. aasta märgukirja tõlgendab, st tõlgendusega, et võttes arvesse tema viimast hindamisaruannet, on tema profiil sobiv, et ta jääks edasi saalipersonaliks või vähemalt tööle tema endistes, postiteenindaja ülesannetes. Võimaluse osas jätta ta oma ametikohale või viia üle endisele tööle ilmneb otsuse 2011/292 artikli 7 lõikest 3 koostoimes personaliteatega nr 58/09 ‐ mille käesolevas kohtuasjas asjakohane sisu on toodud ära käesoleva kohtuotsuse punktis 20 ‐, et peasekretariaadi kogu saalipersonalil võib nende ametikohustuste tõttu olla vaja pääseda ligi liidu salastatud teabele tasemel „[confidentiel UE / EU confidential]” või „[secret UE / EU secret]” ning neil peab seega olema juurdepääsuluba. Et hagejal ei ole juurdepääsuluba, ei saanud ta täita ametikohustusi, milleks ta oli 2007. aastal tööle võetud ja mis olid sama laadi nagu need, mida ta täitis enne tema lepingu ülesütlemist nii, et ülemused olid temaga rahul, nagu ilmneb tema viimasest hindamisaruandest. Võimaluse kohta viia hageja üle teisele ametikohale pidi teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus enne vaidlusaluse otsuse tegemist arvesse võtma nõudeid, mis võimalik ametikoht esitab hageja kvalifikatsioonidele ja potentsiaalile. Et ta oli võetud tööle lepinguliste töötajate konverentsiteenindaja ametikohale valimise menetluse tulemusena, et teha füüsilist tööd või anda haldusabi, mis vastab I tegevusüksusele, oleks hageja saanud viia üle ainult samade omadustega ametikohale, mis oleks pidanud üldiste rakendussätete artikli 8 kohaselt olema mõni ametikoht, mida ei ole ametikohtade loetelus. Personaliteatest nr 58/09 ilmneb aga, et nende omadustega ametikohtadele omaste ametikohustuste täitmiseks peab töötajatel olema juurdepääsuluba tasemel „confidentiel UE / EU confidential”. Hageja argumendiga, et hoolimata sellest, et tal ei ole liidu juurdepääsuluba, oleks ta saanud töötada nagu tema kolleegidki konverentsiteenindaja ametikohal, ei saa samuti nõustuda. Kuigi kohtuistungil märkis nõukogu tõesti, et 120 isikust, kes töötavad konverentsiteenindajate talituses, sh 88 saalipersonali ametikohal, ei ole kolmel juurdepääsuluba, on need kolm isikut ‐ kelle suhtes kohaldatakse andmete kohaselt, mille esitas kohtuistungi kestel hageja üksuse juhataja, nõukogu peasekretäri tehtud erandit – siiski alati üles näidanud terviklikkust, lähenevad pensionieale, nad on määratud mittetundlikesse sektoritesse ning on väljaspool töötajate liikuvust. Nõukogu lisas, et kõnesolevas talituses ei ole igatahes ühtegi lepingulist töötajat, kellel ei oleks juurdepääsuluba. Mis puudutab nende põhjuste arvessevõtmist, mille tõttu keeldus teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus hagejale liidu juurdepääsuluba andmast, siis piisab, kui tõdeda, et faktilised asjaolud, mille tõttu julgeolekuamet oma otsuse tegi, võisid nõukogul lasuvat ettevaatuskohustust arvestades tõesti õigustada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse kartusi, et hageja puhul esineb haavatavusoht. Ei saa nõustuda ka hageja esitatud tõlgendusega, et apellatsiooniorgan lükkas ümber talle halba valgust heitva teabe, mille tõi ilmsiks julgeolekuameti kontroll. Selles küsimuses piisab, kui tõdeda, et kuna nõukogu ei saanud apellatsiooniorganile esitatud ülekuulamisprotokollide ärakirju, ei olnud apellatsiooniorgani 8. märtsi 2012. aasta otsuse põhjendused niisugused, mis oleksid hajutanud ebakindluse, mille julgeolekuameti otsuse järeldused olid nõukogus hageja võimaliku haavatavuse suhtes tekitanud. Selles olukorras võis teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus vaatamata sellele, et apellatsiooniorgan kohustas julgeolekuametit andma hagejale juurdepääsuloa tasemel „secret”, otsustada esiteks, et viimasel ei saa lubada pääseda ligi liidu salastatud teabele ‐ ilma et ta oleks rikkunud enda kui tööandja kohustusi hageja ees ‐, ja teiseks hageja lepingu üles öelda, sest tal ei olnud ametikohta, millele oleks saanud hageja üle viia, ning lõpuks apellatsiooniorgani otsust arvesse võttes jätta rahuldamata vaidlusaluse otsuse peale esitatud kaebuse. Niisiis tuleb tagasi lükata ka viies väide ja seega kogu esimene nõue, milles palutakse tühistada vaidlusalune otsus ja vajalikus ulatuses kaebuse rahuldamata jätmise otsus. Teine ja kolmas nõue, milles palutakse mõista välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest Poolte argumendid Hageja arvab, et varalise kahju, mille vaidlusalune otsus talle tekitas, hüvitab see, kui nõukogu tasub 160181,85 eurot koos intressiga, ilma et see piiraks selle summa suurendamist või vähendamist menetluse käigus. Mittevaralise kahjuga seoses leiab ta, et ainuüksi vaidlusaluse otsuse tühistamisest selle hüvitamiseks ei piisa, ning palub nõukogult ex aequo et bono välja mõista 25000 euro suurune summa, ilma et see piiraks selle summa suurendamist või vähendamist menetluse käigus. Nõukogu palub jätta kahju hüvitamise nõuded rahuldamata. Avaliku Teenistuse Kohtu hinnang Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt toob tühistamisnõude rahuldamata jätmine siis, kui kahju, mida hageja väidab end olevat kandnud, tekkis otsuse tõttu, mis palutakse tühistada, põhimõtteliselt kaasa tühistamisnõudega seotud kahju hüvitamise nõude rahuldamata jätmise (Avaliku Teenistuse Kohtu 29. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas F‑121/10: Heath vs . EKP, punkt 129). Seevastu siis, kui kahju ei tekkinud otsuse tõttu või kui tühistamisnõuet ei jäeta rahuldamata, eeldab administratsiooni vastutuse kohaldamine, et hageja tõendaks rikkumist, tegelikku kahju ja põhjuslikku seost käitumise ja väidetava kahju põhjal. Kuna need tingimused peavad olema üheaegselt täidetud, piisab kahju hüvitamise nõude rahuldamata jätmiseks asjaolust, et üks nendest tingimustest on täitmata (eespool viidatud kohtuotsus BB vs. komisjon, punkt 82 ja seal viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul tuleb märkida, et varaline ja mittevaraline kahju, mida hageja väidab end olevat kandnud, tekkis nõukogu käitumisest otsuste tegemisel, kui viimane ütles üles tema tähtajatu lepingu. Et nõue tühistada vaidlusalune otsus jäeti aga rahuldamata ning Avaliku Teenistuse kohus ei tuvastanud teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse käitumises otsuse tegemisel rikkumist, tuleb hageja kahju hüvitamise nõuded jätta rahuldamata. Kõigest eelnevast tuleneb, et hagi tuleb jätta tervikuna rahuldamata. Kohtukulud Kodukorra artikli 87 lõike 1 alusel, ilma et see piiraks kodukorra teise osa kaheksanda peatüki teiste sätete kohaldamist, kannab kaotaja pool kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Sama artikli lõige 2 sätestab, et kui õiglus seda nõuab, võib Avaliku Teenistuse Kohus otsustada, et kaotaja pool kannab vaid osa kohtukuludest või et ta ei kanna neid üldse. Käesolevas kohtuotsuses esitatud põhjendustest ilmneb, et hageja on kohtuvaidluse kaotanud. Lisaks on nõukogu oma nõuetes sõnaselgelt nõudnud kohtukulude väljamõistmist hagejalt. Et käesoleva juhtumi asjaolud ei õigusta kodukorra artikli 87 lõike 2 kohaldamist, peab hageja kandma enda kohtukulud ja temalt mõistetakse välja nõukogu kohtukulud. Esitatud põhjendustest lähtudes AVALIKU TEENISTUSE KOHUS (teine koda) otsustab: 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Jätta B. Arguelles Ariase kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud. Rofes i Pujol Barents Bradley Kuulutatud avalikul kohtuistungil 21. novembril 2013 Luxembourgis. Kohtusekretär W. Hakenberg Koja esimees M. I. Rofes i Pujol ( *1 ) Kohtumenetluse keel: prantsuse.

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Περιστατικά Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η εξέλιξη της διαδικασίας, τα αιτήματα καθώς και οι λόγοι και τα επιχειρήματα των διαδίκων συνοψίζονται ως εξής: Ι — Πραγματικά περιστατικά 1. Το 1977 ο προσφεύγων έπεσε θύμα επίθεσης λόγω της οποίας υπέστη βλάβη της όρασης, τραυματισμό του κρανίου και βλάβη του αριστερού γόνατου, με επακόλουθο τη μόνιμη μερική αναπηρία η οποία τον περιήγαγε σε αδυναμία να ασκεί τα καθήκοντά του. Από 1ης Δεκεμβρίου 1979 χορηγήθηκε στον προσφεύγοντα σύνταξη αναπηρίας. Προκειμένου η Επιτροπή να προσδιορίσει τις παροχές, ως ασφάλιση κατά κινδύνων ατυχήματος, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 73 του Κανονισμού στην περίπτωση αναπηρίας, διόρισε — σύμφωνα με το άρθρο 19, πρώτη περίπτωση, των κανόνων για την κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής «οι κανόνες») — τον ιατρό de Meersman για να συντάξει έκθεση περί των συνεπειών της επίθεσης. Ο ιατρός αυτός, με την από 25 Μαΐου 1979 έκθεση του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διάφορες αναπηρίες έπρεπε να υπολογιστούν ως εξής: — από οφθαλμολογική άποψη: 25 ο/ο, — από νευρολογική άποψη: 10 ο/ο, — όσον αφορά το γόνατο: 2,25 ο/ο. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, βάσει αναλογικού υπολογισμού, προκύπτει συνολικό ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας 34 ο/ο. Στις 24 Ιουλίου 1979, σύμφωνα με το άρθρο 21 των κανόνων, η Επιτροπή απέστειλε στον προσφεύγοντα σχέδιο απόφασης, βάσει αυτών των πορισμάτων του ιατρού de Meersman, με το οποίο του αναγγέλθηκε αποζημίωση για ποσοστό 34 ο/ο, ίση προς κεφάλαιο 3187129 βελγικών φράγκων. Στις 7 Σεπτεμβρίου 1979, σύμφωνα με το άρθρο 21 των κανόνων, ο προσφεύγων ζήτησε να γνωματεύσει η υγειονομική επιτροπή του άρθρου 23 των κανόνων, ενόψει του γεγονότος ότι οι ιατροί οι οποίοι τον είχαν εξετάσει διαπίστωσαν υψηλότερα ποσοστά αναπηρίας. Ο προσφεύγων ζήτησε συγχρόνως να του καταβληθεί ως προσωρινή αποζημίωση το κεφάλαιο των 3187129 βελγικών φράγκων δυνάμει του άρθρου 20 των κανόνων. Με έγγραφο της 22ας Οκτωβρίου 1979, η Επιτροπή απάντησε ότι το συνολικό ποσοστό 34 ο/ο μόνιμης μερικής αναπηρίας δεν μπορούσε να αποτελέσει ποσοστό ανεπίδεκτο αμφισβήτησης, διότι το ποσοστό αυτό επικάλυπτε τρεις ξεχωριστές αναπηρίες, η καθεμία από τις οποίες ήταν συζητήσιμη, εκτός του ποσοστού 25 ο/ο για τη βλάβη της όρασης. Κατά συνέπεια, καταβλήθηκε προσωρινά στον προσφεύγοντα κεφάλαιο 2343478 βελγικών φράγκων, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό αναπηρίας 25 ο/ο. Στη συνέχεια ο προσφεύγων άσκησε προσφυγή αντικείμενο της οποίας ήταν ιδίως η σύνθεση της υγειονομικής επιτροπής, η καταβολή συμπληρωματικής προσωρινής αποζημίωσης 12 ο/ο, καθώς και την καθυστέρηση στην καταβολή της αποζημίωσης. Μετά την άσκηση της προσφυγής, η Επιτροπή του κατέβαλε συμπληρωματική προσωρινή αποζημίωση 12 ο/ο. Με την απόφαση, της 14ης Ιουλίου 1981 ( 186/80, Συλλογή σ. 2041 ), το Δικαστήριο αφενός μεν αναγνώρισε την καταβολή αυτή, αφετέρου δε απέρριψε την προσφυγή. 2. Στην υγειονομική επιτροπή μετείχαν ο ιατρός Jacques de Meersman, χειρούργος στο Arion, διορισθείς από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, ο ιατρός Jules Weber, γενικός παθολόγος στο Λουξεμβούργο, διορισθείς από τον προσφεύγοντα, και ο ιατρός Norbert Ketter, οφθαλμίατρος στο Λουξεμβούργο, διορισθείς με κοινή συμφωνία των δύο άλλων ιατρών. Οι τρεις αυτοί ιατροί ζήτησαν ομόφωνα τη γνωμάτευση του ιατρού François Daro, χειρούργου στο Λουξεμβούργο. Στις 13 Ιουλίου 1982, οι τέσσερις αυτοί ιατροί εξέτασαν από κοινού τον προσφεύγοντα. Αυθημερόν συνέταξαν έκθεση την οποία απέστειλαν στην Επιτροπή. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι η υγειονομική επιτροπή αποτελείται από τους ιατρούς δε Meersman, Weber και Ketter και ότι ο ιατρός Daro κλήθηκε ως σύμβουλος. Η έκθεση υπογράφηκε και από τους τέσσερις ιατρούς. Στην έκθεση αναφέρεται ότι εξέτασαν τον προσφεύγοντα και μελέτησαν τις διάφορες εκθέσεις και πιστοποιητικά που περιείχε ο φάκελος. Οι ιατροί θεωρούν ως ημερομηνία σταθεροποίησης των βλαβών την 1η Απριλίου 1979. Από τις βλάβες προκύπτει ποσοστό μόνιμης αναπηρίας — για την απώλεια της όρασης του αριστερού οφθαλμού 25 ο/ο, — για την αναπηρία όσον αφορά το αριστερό γόνατο 8 °/ο, — για την αισθητική βλάβη 1 °/ο. Αντίθετα, δεν υπήρχε καμιά αναπηρία από νευρολογική άποψη. Δεν συνέτρεχε καμιά ανάγκη για ειδική θεραπεία, παρατεταμένες μαλάξεις, ηλεκτροθεραπεία, λουτροθεραπεία κλπ. Προφανής και αισθητή βλετίωση δεν είναι δυνατό να επέλθει με καμιά περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Συνεπώς, η συνολική αναπηρία του προσφεύγοντα καθορίστηκε σε 34 ο/ο, «με ομοφωνία των τεσσάρων παρόντων ιατρών». Στις 3 Φεβρουαρίου 1983, η Επιτροπή πληροφόρησε τον προσφεύγοντα ότι υιοθετούσε τα πορίσματα της ιατρικής έκθεσης. Κατά συνέπεια, — κάλεσε τον προσφεύγοντα να επιστρέψει το ποσό των 281218 βελγικών φράγκων, που αντιπροσώπευε τη διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου των 3468347 βελγικών φράγκων, που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου ως προσωρινή αποζημίωση για ποσοστό αναπηρίας 37 ο/ο, και της οφειλόμενης αποζημίωσης για ποσοστό αναπηρίας 34 ο/ο που έγινε οριστικά δεκτό — πληροφόρησε τον προσφεύγοντα ότι αχρεωστήτως του αποδόθηκε το 100 ο/ο των εξόδων θεραπείας, βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 3, του Κανονισμού, μετά την 1η Απριλίου 1979, δηλαδή ποσό 24992 βελγικών φράγκων, και ότι το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί επομένως από μελλοντικά ιατρικά έξοδα που θα ζητήσει να του αποδοθούν — πληροφόρησε τον προσφεύγοντα ότι, στο μέτρο που η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής δεν ήταν σύμφωνη προς το σχέδιο απόφασης της αρχής η οποία του είχε αναγνωρίσει αρχικά ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας 37 0/0, δεν θα επιβαρυνόταν με την αμοιβή του ιατρού που τον εκπροσώπησε καθώς και με το ήμισυ της αμοιβής του τρίτου ιατρού. 3. Με έγγραφο που περιήλθε στην Επιτροπή στις 25 Απριλίου 1983, ο προσφεύγων υπέβαλε ένσταση δυνάμει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, με την οποία ζήτησε την ακύρωση της παραπάνω απόφασης της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής καθώς και της ιατρικής έκθεσης στην οποία στηρίζεται η απόφαση αυτή. Με έγγραφο της 3ης Οκτωβρίου 1983, η ένσταση αυτή απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι η ιατρική έκθεση δεν μπορούσε να προσβληθεί με ένσταση και ότι ήσαν αβάσιμες οι αιτιάσεις που διατύπωσε ο προσφεύγων κατά της σύνθεσης και της διαδικασίας της υγειονομικής επιτροπής, καθώς και κατά του περιεχομένου της έκθεσης της. ΙΙ — Έγγραφη διαδικασία και αιτήματα 1. Με δικόγραφο που πρωτοκολλήθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 28 Νοεμβρίου 1983, ο προσφεύγων άσκησε την υπό κρίση προσφυγή. Με την προσφυγή του ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο: — να αναγνωρίσει την ακυρότητα της έκθεσης της υγειονομικής επιτροπής — να ακυρώσει τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, δηλαδή την απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 1983 και, καθόσον παρίσταται ανάγκη, τη σιωπηρή απόφαση της 25ης Αυγούστου 1983 — να κρίνει ότι δικαιούται σύνταξης αναπηρίας υπολογιζόμενης σε ποσοστό 56 % — να ορίσει ως ημέρα σταθεροποίησης για μεν τις νευρολογικές και οφθαλμολογικές βλάβες την 1η Απριλίου 1979, για δε τις βλάβες του μηνίσκου τις 4 Μαΐου 1982 — εν πάση περιπτώσει, να κρίνει ότι τα ποσοστά αναπηρίας που είχαν γίνει δεκτά κατά την καταβολή της προσωρινής αποζημίωσης είναι οριστικά και να διατάξει νέα πραγματογνωμοσύνη για τις αμφισβητούμενες ακόμη βλάβες — να κρίνει ότι απαιτείται λουτροθεραπεία, αν όχι για να παύσει, τουλάχιστον για να επιβραδυνθεί η δημιουργία αρθρίτιδας και βλάβης του μηνίσκου — να καταδικάσει την Επιτροπή στο σύνολο των δικαστικών εξόδων. Με την απάντηση του ο προσφεύγων ζητεί επιπλέον από το Δικαστήριο : — να υποχρεώσει την Επιτροπή να του καταβάλει το ποσό των 50000 βελγικών φράγκων βάσει των διατάξεων του άρθρου 73 του κανονισμού διαδικασίας του Δικαστηρίου, — να του επιδικάσει ως αποζημίωση τόκους επί της απαίτησης του, διότι η Επιτροπή καταχρηστικά καθυστερεί να του καταβάλει το ποσό αυτό. 2. Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο : — να απορρίψει την προσφυγή ως εν μέρει απαράδεκτη και ως αβάσιμη κατά τα λοιπά' — να κρίνει κατά νόμο ως προς τα δικαστικά έξοδα. 3. Η έγγραφη διαδικασία διεξήχθη κανονικά. Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και μετά από ακρόαση του γενικού εισαγγελέα, το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφάσισε να προχωρήσει στην προφορικήδιαδι-κασία χωρίς προηγούμενη διεξαγωγή αποδείξεων. III — Λόγοι και επιχειρήματα των διαδίκων Α — Επί τov παραδεκτού Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή μόνο στο μέτρο που ζητείται η ακύρωση της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής και της σύμφωνης απόφασης της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής, καθώς επίσης και στο μέτρο που ζητείται να αναγνωριστεί ότι το ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 34 %. Κατά τα λοιπά η προσφυγή είναι απαράδεκτη διότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υγειονομική επιτροπή και την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, διατυπώνοντας ιατρικές κρίσεις για τη φύση και τη βαρύτητα των σωματικών βλαβών του προσφεύγοντος, το βαθμό αναπηρίας που προκύπτει, την ημερομηνία που σταθεροποιήθηκαν οι εν λόγω βλάβες, συνιστώντας θεραπείες και αποφασίζοντας για τις διοικητικής φύσης συνέπειες μιας τέτοιας ιατρικής γνωμάτευσης. Η Επιτροπή αναφέρεται συγκεκριμένα στην απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Μαΐου 1981 (Morbelli, 156/80, Συλλογή σ. 1357 ) και τονίζει ότι ο έλεγχος που ασκεί το Δικαστήριο επί των κρίσεων της υγειονομικής επιτροπής πρέπει να περιορίζεται σε θέματα που αφορούν τη σύνθεση της και την κανονική της λειτουργία. Ο προσφεύγων φρονεί ότι η ορθή απονομή της δικαιοσύνης επιβάλλει σε κάθε δικαιο-δοτικό όργανο να ελέγχει τουλάχιστον την προφανή πλάνη των ιατρικών κρίσεων που εξετάζει και οι οποίες προκαθορίζουν την έκβαση της δίκης. Το αρμόδιο δικαστήριο για διαφορά από καταβολή αποζημίωσης, πλην της περίπτωσης που δεν εκδίδει οριστική απόφαση επί της διαφοράς, δεν μπορεί παρά να προσδιορίσει το ύψος της αποζημίωσης που οφείλεται στον προσφεύγοντα. Εναπόκειται επομένως στο Δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση να καθορίσει το ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας, καθώς επίσης και τα αναγκαία χρηματικά επακόλου9ά του. Β — Επί της ουσίας 1. Ως προς τη σύνθεση της υγειονομικής επιτροπής Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι τόσο η έκθεση της υγειονομικής επιτροπής όσο και η απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 1983 φέρουν το στίγμα διαδικαστικής πλημμέλειας καθόσον τέσσερις ιατροί υπέγραψαν την έκθεση της υγειονομικής επιτροπής και συγκεκριμένα ο ιατρός Daro, ο οποίος κλήθηκε ως σύμβουλος. Το άρθρο 23 των κανόνων αναφέρει περιοριστικά όχι μόνο τον αριθμό των ιατρών, που μπορούν να μετάσχουν στην υγειονομική επιτροπή, αλλά ακόμη και την αποκλειστική αρμοδιότητα των ιατρών αυτών προς σύνταξη της έκθεσης. Σε περίπτωση που τέταρτος ιατρός, καλούμενος ως σύμβουλος, υπογράφει την έκθεση, τότε υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του ως σύμβουλος. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό ένας ιατρός σύμβουλος να μετέχει ουσιαστικά και ενεργητικά στη λήψη οριστικής απόφασης και στη σύνταξη έκθεσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ήταν κανονική η σύνθεση της υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1, των κανόνων. Δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως ελάττωμα της διαδικασίας το γεγονός ότι ο ιατρός που κλήθηκε ως σύμβουλος συμφώνησε με την έκθεση της υγειονομικής και την υπέγραψε. Η σύμφωνη γνώμη του ιατρού συμβούλου όχι μόνο δεν προκαλεί βλάβη στον προσφεύγοντα, αλλά απεναντίας αποτελεί γι' αυτόν συμπληρωματική εγγύηση. Η Επιτροπή τονίζει επιπλέον ότι η υγειονομική επιτροπή δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο και ότι δεν έχουν εν προκειμένω εφαρμογή οι κανόνες που αφορούν τη σύνθεση και τη λειτουργία δικαιοδοτικών οργάνων. 2. Ως προς την απόρριψη του ποσοστού αναπηρίας που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως ως οριστικό Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η Επιτροπή είχε την υποχρέωση, εν πάση περιπτώσει, να υιοθετήσει το ποσοστό αναπηρίας που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως ως οριστικό. Η Επιτροπή του είχε καταβάλει προσωρινή αποζημίωση για ποσοστό 37 ο/ο. Με τον τρόπο αυτό αναγνώρισε ότι ο προσφεύγων τη δικαιούνταν. Η μεταγενέστερη μείωση του ποσοστού αυτού αναπηρίας συνιστά παράβαση του άρθρου 20, τρίτη παράγραφος, των κανόνων, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή χορηγεί προσωρινή αποζημίωση για το «μη αμφισβητούμενο τμήμα του ποσοστού μόνιμης αναπηρίας». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η υγειονομική επιτροπή όφειλε να περιοριστεί μόνο στην εξέταση του αμφισβητούμενου τμήματος και ότι το κοινοτικό όργανο δεν μπορεί να μειώσει το προσοστό στο οποίο έχει συναινέσει, καταβάλλοντας την προσωρινή αποζημίωση. Επειδή η υγειονομική επιτροπή δεν τήρησε τα όρια αυτά, ενήργησε υπό αντικανονικές συνθήκες, οπότε το Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει πλήρη έλεγχο για το βάσιμο των εν λόγω εκτιμήσεων. Έπεται ότι η υγειονομική επιτροπή όφειλε να δεχτεί ως οριστικό, τουλάχιστον, το ποσοστό 25 ο/ο για την απώλεια της όρασης του αριστερού οφθαλμού και 10 ο/ο για το νευρολογικό σύνδρομο, ποσοστά τα οποία έγιναν δεκτά με την έκθεση της 25ης Μαΐου 1979. Προσθέτοντας το ποσοστό 8 % που αναγνώρισε η υγειονομική επιτροπή ως βλάβη του αριστερού γόνατου και 1 ο/ο ως αισθητική βλάβη, η υγειονομική επιτροπή όφειλε να καταλήξει στο ελάχιστο ποσοστό 44 %. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η άποψη αυτή του προσφεύγοντος έρχεται σε αντίθεση προς το περιεχόμενο του άρθρου 20, τρίτη παράγραφος, των κανόνων. Περίπτωση για χορήγηση προσωρινής αποζημίωσης συντρέχει όταν αναμένεται η σταθεροποίηση των σωματικών 6λα6ών και όταν οι ιατροί δεν είναι σε θέση ακόμη να προσδιορίσουν οριστικά το βαθμό αναπηρίας, θεωρούν όμως ότι θα είναι τουλάχιστον 20 ο/ο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ιατρός που ορίστηκε υπολόγισε το ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας σε 34 ο/ο. Το σχέδιο απόφασης δυνάμει του άρθρου 19 των κανόνων, το οποίο απηύθυνε μ' αυτή τη βάση η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή στον προσφεύγοντα, εξηρτάτο ρητά από την αποδοχή εκ μέρους του ενδιαφερομένου της πρότασης αυτής. Εφόσον ο προσφεύγων δεν την αποδέχτηκε, η πρόταση κατέστη ανενεργής. Τότε, το μη αμφισβητούμενο τμήμα αποτελούνταν μόνο από ποσοστό 25 ο/ο. Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι η υγειονομική επιτροπή δεσμεύεται από τις γνωματεύσεις των ιατρών που όρισε το κοινοτικό όργανο, υπό την έννοια ότι μπορεί να τις τροποποιήσει μόνον αν είναι ευνοϊκότερες για τον υπάλληλο. Η υγειονομική επιτροπή διαθέτει πλήρη ελευθερία εκτιμήσεως και δεν δεσμεύεται καθόλου από τα πορίσματα του ιατρού που όρισε το κοινοτικό όργανο. Με την απόφαση του της 21ης Μαΐου 1981 (Morbelli, η οποία έχει προαναφερθεί), το Δικαστήριο απέδωσε μεγάλη σημασία στην επιστημονική ελευθερία των ιατρών που απαρτίζουν την υγειονομική επιτροπή. Αν η Επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή της προηγούμενης δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου μεταξύ των διαδίκων, συνήνεσε στο να καταβάλει στον προσφεύγοντα συμπληρωματική προσωρινή αποζημίωση 12 %.αυτό έγινε από πνεύμα συνδιαλλαγής, χωρίς καμιά αναγνώριση ζημιογόνο για την Επιτροπή και με κάθε γενική επιφύλαξη, ιδίως δε υπό την επιφύλαξη της μελλοντικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής και της απόφασης που θα ελάμβανε η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, με βάση τη γνωμάτευση αυτή. Υπότις προϋποθέσεις αυτές, αποτελεί παραποίηση της αλήθειας ο ισχυρισμός ότι η Επιτροπή είχε αποφασίσει ότι ο ενδιαφερόμενος είχε υποστεί μόνιμη μερική αναπηρία τουλάχιστον ποσοστού 34 ο/ο και δικαιούνταν συνεπώς αντίστοιχη προσωρινή αποζημίωση. Όσον αφορά τη συμπληρωματική αυτή καταβολή του 12 ο/ο, ο προσφεύγων τονίζει ότι εισέπραξε το ποσό αυτό, αφού είχε ήδη προσφύγει σχετικά ενώπιον του Δικαστηρίου. Με την απόφαση του της 14ης Ιουλίου 1981, το Δικαστήριο έκρινε ρητά ότι ο προσφεύγων είχε ικανοποιηθεί ως προς το σημείο αυτό. Με τον πρόπο αυτό, το Δικαστήριο διαπίστωσε κατ' ανάγκη ότι είχαν οριστικό χαρακτήρα τόσο η προσωρινή αποζημίωση που καταβλήθηκε όσο και το μη αμφισβητούμενο ποσοστό αναπηρίας βάσει του οποίου καταβλήθηκε η αποζημίωση αυτή. 3. Ως προς τον υπολογισμό εκ μέρους της υγειονομικής επιτροπής του ποσοστού αναπηρίας λόγω των βλαβών στα γόνατα Ο προσφεύγων αμφισβητεί στη συνέχεια τις εκτιμήσεις της υγειονομικής επιτροπής όσον αφορά τις βλάβες των γονάτων. Θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η διαπίστωση ότι οι βλάβες περιορίζονται στο 8 ο/ο για το αριστερό γόνατο και ότι είναι ανύπαρκτες για το δεξιό. Η κρίση αυτή βασίζεται σε ιατρική εξέταση η οποία ήταν συνοπτικότατη, καθόσον οι ιατροί περιορίστηκαν να εξετάσουν τον προσφεύγοντα καθιστό, να μετρήσουν την περιφέρεια των γονάτων και του ζήτησαν να ανασηκώσει το κάτω μέρος της περισκελίδας του. Από μια τέτοια «εξέταση» αποδεικνύεται ότι οι ιατροί δεν επέδειξαν την ελάχιστη απαιτούμενη επιμέλεια. Ο προσφεύγων επικαλείται κατά της έκθεσης της υγειονομικής επιτροπής δυο ιατρικές πραγματογνωμοσύνες που ζήτησε ο ίδιος από τον καθηγητή Chaumont, διευθυντή του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και τον καθηγητή Schmitt της Ιατρικής Σχολής του Nancy. Ο πρώτος βεβαίωσε ποσοστό αναπηρίας 12 % για τις βλάβες του αριστερού γόνατου και 8 % για τις βλάβες του δεξιού. Ο δεύτερος, αφού διαπίστωσε προσοστό αναπηρίας 15 % για το αριστερό γόνατο, με δεύτερη γνωματευση του έκρινε ότι οι βλάβες για τα δυο γόνατα έπρεπε να υπολογιστούν σε 20 %, σύμφωνα με τον πίνακα αναπηρίας της ασφάλισης κατά ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ενόψει σοβαρών κενών και ανεπαρκειών της έκθεσης της υγειονομικής επιτροπής, το Δικαστήριο θα μπορούσε να δεχτεί τα πορίσματα των δυο ιατρών, των οποίων δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί ούτε η ηθική ακεραιότητα ούτε η άριστη κατάρτιση. Από τα παραπάνω προκύπτει συνολικό ποσοστό αναπηρίας 56 %, δηλαδή 25 % για την απώλεια της όρασης, 10 % για το νευρολογικό σύνδρομο, 20 % για τις βλάβες των γονάτων και 1 % για αισθητική βλάβη. Το ποσοστό αυτό αναπηρίας είχε άλλωστε αναγνωριστεί στον προσφεύγοντα από τις εθνικές αρχές του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Ενόψει τέτοιων πλημμελειών, η έκθεση της υγειονομικής επιτροπής δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμεύσει ως βάση για τη διοικητική απόφαση. Η Επιτροπή τονίζει τα όρια που επιβάλλονται για τον έλεγχο του Δικαστηρίου, όσον αφορά τις κατ' εξοχήν ιατρικές κρίσεις, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ως οριστικές υπό κανονικές συνθήκες. Στην προκειμένη περίπτωση, η υγειονομική επιτροπή είχε κανονική σύνθεση. Η έκθεση της έφερε τις υπογραφές τεσσάρων διακεκριμένων ιατρών, οι οποίοι γνωμάτευσαν μετά από ακρόαση του ασθενούς, οφθαλμολογική εξέταση, εξέταση του μετακινη-τήριου μηχανήματος, καθώς και μετά από εξέταση και συζήτηση του ιατρικού φακέλου, στον οποίο συμπεριελαμβάνοντο οι εκθέσεις των ιατρών Schmitt και Chaumont, οι οποίοι γνωμάτευσαν προσωπικά κατόπιν πρωτοβουλίας του προσφεύγοντος. Ο ιατρός που όρισε ο προσφεύγων μετέσχε σε όλες τις εργασίες της υγειονομικής επιτροπής και συμφώνησε με τα πορίσματα της. Δεν συντρέχει κανείς λόγος να τεθεί υπό αμφισβήτηση η σοβαρότητα των εργασιών αυτών και να αποδοθεί μεγαλύτερη πίστη στις εκθέσεις ιατρών που συμβουλεύθηκε προσωπικά ο προσφεύγων. IV — Προφορική διαδικασία Κατά τη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 1984 η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από το δικηγόρο Andersen, ανέπτυξε προφορικά τις παρατηρήσεις της και απάντησε στις προφορικές ερωτήσεις που έθεσε το Δικαστήριο στη συνεδρίαση αυτή δεν παρέστη εκπρόσωπος του προσφεύγοντος. Ο γενικός εισαγγελέας ανέπτυξε τις προτάσεις του στη συνεδρίαση της 25ης Οκτωβρίου 1984. Σκεπτικό Με δικόγραφο που κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 28 Νοεμβρίου 1983, ο Benoît Suss, συνταξιούχος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, άσκησε προσφυγή με την οποία ζητεί στην ουσία την ακύρωση έκθεσης της υγειονομικής επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 1982, και εγγράφου της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 1983, περί του καθορισμού του ποσοστού μόνιμης μερικής αναπηρίας του προσφεύγοντος και περί του προσδιορισμού των παροχών που του οφείλονται, δυνάμει του άρθρου 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, λόγω της αναπηρίας αυτής. Το 1977 ο προσφεύγων έπεσε θύμα επίθεσης και υπέστη σωματικές βλάβες με συνέπεια τη μόνιμη μερική αναπηρία, που τον περιήγαγε σε αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων του και της οποίας το ποσοστό αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας δίκης. Λόγω της αναπηρίας αυτής, χορηγείται στον προσφεύγοντα σύνταξη αναπηρίας. Το άρθρο 73 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του παρέχει επίσης δικαίωμα αποζημίωσης υπό μορφήν καταβολής κεφαλαίου, που υπολογίζεται βάσει του ποσοστού αναπηρίας, καθώς και κάλυψη κατά 100 ο/ο των εξόδων ιατρικής περίθαλψης λόγω του ατυχήματος. Σε έκθεση της 25ης Μαΐου 1979, ο ιατρός που όρισε η Επιτροπή για τον καθορισμό των παροχών που οφείλονται στον προσφεύγοντα δυνάμει του άρθρου 73 του Κανονισμού, υπολόγισε την αναπηρία σε 25 ο/ο για την όραση, σε 10 ο/ο για νευρολογική βλάβη και σε 2,25 ο/ο για τις βλάβες στο γόνατο, δηλαδή συνολικό ποσοστό αναπηρίας 34 ο/ο, σύμφωνα με αναλογικό υπολογισμό γνωστό ως «κανόνα του Balthazar». Βάσει αυτής, η Επιτροπή απέστειλε στον προσφεύγοντα στις 24 Ιουλίου 1979 σχέδιο απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 των κανόνων για την κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής «οι κανόνες»). Ο προσφεύγων δεν αποδέχτηκε το σχέδιο αυτό και αμφισβήτησε τις ιατρικές κρίσεις του ιατρού και την εφαρμογή του «κανόνα του Balthazar». Ζήτησε να γνωματεύσει η υγειονομική επιτροπή του άρθρου 23 των κανόνων. Συγχρόνως ζήτησε να του χορηγηθεί προσωρινή αποζημίωση δυνάμει του άρθρου 20 των κανόνων για το μη αμφισβητούμενο τμήμα του ποσοστού αναπηρίας η αίτηση του έγινε δεκτή από την Επιτροπή μόνο για ποσοστό αναπηρίας 25 ο/ο. Στη συνέχεια η Επιτροπή, με έγγραφο της 30ής Ιανουαρίου 1980, αναγνώρισε ότι οι κανόνες αποκλείουν οιαδήποτε μείωση σύμφωνα με τον «κανόνα του Balthazar» και ότι το συνολικό ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας προκύπτει από την πρόσθεση των διαφόρων επί μέρους ποσοστών. Η σύνδεση της υγειονομικής επιτροπής και η χορήγηση πρόσθετης προσωρινής αποζημίωσης 12 ο/ο αποτέλεσαν αντικείμενο της προσφυγής 168/80 ενώπιον του Δικαστηρίου. Μετά την άσκηση της προσφυγής αυτής, η Επιτροπή κατέβαλε στον προσφεύγοντα, ως πρόσθετη προσωρινή αποζημίωση, ποσό αντιστοιχούν σε ποσοστό αναπηρίας 12 ο/ο, το οποίο προστέθηκε στο ποσό που είχε ήδη καταβληθεί για ποσοστό 25 ο/ο. Από τις σχετικές δηλώσεις της Επιτροπής προκύπτει ότι το ποσό αυτό καταβλήθηκε «αναμένοντας τα πορίσματα της υγειονομικής επιτροπής». Με την απόφαση του της 14ης Ιουλίου 1981 (Συλλογή σ. 2041), το Δικαστήριο έκρινε ότι αυτός ο λόγος της προσφυγής είχε καταστεί άνευ αντικειμένου. Η υγειονομική επιτροπή, συγκείμενη από τρεις ιατρούς, συνεδρίασε στις 13 Ιουλίου 1982 παρουσία τέταρτου ιατρού, του ιατρού Daro, χειρούργου στο Λουξεμβούργο, ο οποίος κλήθηκε ως σύμβουλος με ομόφωνη γνώμη των τριών μελών της υγειονομικής επιτροπής. Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η υγειονομική επιτροπή, αφού εξέτασε τον προσφεύγοντα και μελέτησε τα διάφορα πιστοποιητικά και εκθέσεις που περιέχονται στο φάκελο, το συνολικό ποσοστό αναπηρίας υπολογίστηκε σε 34 ο/ο, δηλαδή 25 ο/ο για την απώλεια της όρασης του αριστερού οφθαλμού, 8 ο/ο για τις βλάβες στο αριστερό γόνατο και 1 1% για την αισθητικής φύσεως βλάβη. Επιπλέον η επιτροπή όρισε την 1η Απριλίου ως ημέρα σταθεροποίησης των σωματικών βλαβών και έκρινε ότι δεν συνέτρεχε καμιά ανάγκη περαιτέρω θεραπείας. Σύμφωνα με την ιατρική έκθεση, στο πόρισμα αυτό κατέληξαν «ομόφωνα οι τέσσερις παρόντες ιατροί από τους οποίους συντίθεται εγκύρως η υγειονομική επιτροπή». Η έκθεση υπογράφεται από τα τρία μέλη της υγειονομικής επιτροπής και τον ιατρό Daro. Στις 3 Φεβρουαρίου 1983, η Επιτροπή γνωστοποίησε στον προσφεύγοντα ότι υιοθέτησε τα πορίσματα της έκθεσης αυτής και, συνεπώς, ο προσφεύγων όφειλε να επιστρέψει ποσό 281218 βελγικών φράγκων, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της προσωρινής αποζημίωσης που είχε εισπράξει βάσει ποσοστού αναπηρίας 37 ο/ο και του κεφαλαίου που προκύπτει από το ποσοστό που ορίστηκε σε 34 0/0. Η Επιτροπή έκρινε επιπλέον ότι αχρεωστήτως είχε αποδοθεί στον προσφεύγοντα το 100 ο/ο των ιατρικών εξόδων βάσει του άρθρου 73, παράγραφος 3, του κανονισμού, από 1ης Απριλίου 1979, δηλαδή ποσό 24 992 βελγικών φράγκων, το ποσό δε αυτό επομένως θα αφαιρούνταν από προσεχείς αποδόσεις ιατρικών εξόδων. Στις 25 Απριλίου 1983, ο προσφεύγων υπέβαλε διοικητική ένσταση βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του κανονισμού κατά της έκθεσης της υγειονομικής επιτροπής και κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε με απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 1983, οπότε ο προσφεύγων άσκησε την υπό κρίση προσφυγή με την οποία ζητεί: — να ακυρωθεί η έκθεση της υγειονομικής επιτροπής και η απόφαση της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1983 · — να καταβληθεί αποζημίωση για ποσοστό αναπηρίας 56 ο/ο* — να οριστεί ως ημέρα σταθεροποίησης των νευρολογικών και οφθαλμολογικών βλαβών η 1η Απριλίου 1979, των δε βλαβών του μηνίσκου η 4η Μαΐου 1982 και να κριθεί ότι συντρέχει ανάγκη λουτροθεραπείας· — εν πάση περιπτώσει, να αναγνωριστούν ως οριστικά τα ποσοστά ανικανότητας που έγιναν δεκτά κατά την καταβολή της προσωρινής αποζημίωσης και να διαταχτεί νέα πραγματογνωμοσύνη για τις αμφισβητούμενες βλάβες· — να καταβληθεί επιπλέον ποσό 50000 βελγικών φράγκων και τόκοι υπερημερίας επί του ποσού της αποζημίωσης, λόγω της καταχρηστικής βραδύτητας για την εκκαθάριση της. Ως προς την υγειονομική επιτροπή Προς υποστήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλειότι η έκθεση της υγειονομικής επιτροπής πάσχει διαδικαστική πλημμέλεια, καθόσον ένας ιατρός που δεν μετείχε στη σύνθεση της επιτροπής έλαβε εντούτοις μέρος στις συσκέψεις της και υπέγραψε την έκθεση της. Η υγειονομική επιτροπή όφειλε να δεχτεί τουλάχιστον τα ποσοστά αναπηρίας που είχε προηγουμένως αναγνωρίσει ο ιατρός τον οποίο διόρισε η Επιτροπή καθώς και η ίδια η Επιτροπή κατά την καταβολή της προσωρινής αποζημίωσης. Επιπλέον, η υγειονομική επιτροπή, υποβάλλοντας τον προσφεύγοντα σε υπερβολικά συνοπτική εξέταση, υπολόγισε κακώς τις σωματικές βλάβες που υπέστη στα δυο γόνατα, οι οποίες έπρεπε να υπολογιστούν σε ποσοστό αναπηρίας 20 ο/ο, ποσοστό το οποίο αναγνώρισαν δυο διακεκριμένοι ιατροί τους οποίους συμβουλεύτηκε. Η Επιτροπή φρονεί ότι η προσφυγή είναι απαράδεκτη κατά το μέτρο που ο προσφεύγων ζητεί να υποκαταστήσει το Δικαστήριο τη δική του κρίση με τις κρίσεις της υγειονομικής επιτροπής και της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Υποστηρίζει εξάλλου ότι η σύμφωνη γνώμη ενός τέταρτου ιατρού δεν συνιστά πλημμέλεια της έκθεσης της υγειονομικής επιτροπής. Η ελεύθερη ιατρική κρίση της υγειονομικής επιτροπής δεν μπορεί να περιοριστεί από προηγούμενες κρίσεις. Κανένα στοιχείο δεν επιτρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση η σοβαρότητα των εργασιών της υγειονομικής επιτροπής, η οποία έλαβε υπόψη στην έκθεση της ιατρικά πιστοποιητικά που προσκόμισε ο προσφεύγων. Πρέπει κατ' αρχάς να σημειωθεί, όπως δέχτηκε το Δικαστήριο με την απόφαση του της 21ης Μαΐου 1981 (Morbelli κατά Επιτροπής, 156/80, Συλλογή σ. 1357 ), ότι τα άρθρα 19 έως 20 των κανόνων αποβλέπουν στο να ανατίθεται σε ιατρικούς πραγματογνώμονες η κρίση του συνόλου των ιατρικών ζητημάτων που αναφέρονται στη λειτουργία του συστήματος ασφάλισης που θεσπίζεται από τους κανόνες. Η πρόθεση να διευθετούνται οριστικά όλα τα ζητήματα ιατρικής φύσης στο στάδιο αυτό, σε περίπτωση διαφωνίας, υλοποιείται με την οργάνωση της διαδικασίας αυτής για υποβολή ενστάσεων και τη μέριμνα των διατάξεων αυτών για να εξασφαλίσουν την ισορροπία και την αντικειμενικότητα των υγειονομικών επιτροπών. Υπό τις συνθήκες αυτές, τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο κανονισμός δεν μπορούν κατ' αρχήν να ασκηθούν παρά μόνο για να επιτευχθεί περιορισμένος έλεγχος του Δικαστηρίου επί των ζητημάτων που αναφέρονται στη συγκρότηση και την κανονική λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών. Ο έλεγχος του Δικαστηρίου δεν μπορεί να επεκταθεί στις καθαυτό ιατρικές κρίσεις. Υπό το φως των σκέψεων αυτών, πρέπει να γίνει δεκτό ότι εν προκειμένω η σύνθεση της υγειονομικής επιτροπής ήταν η προσήκουσα, σύμφωνα με το άρθρο 23 των κανόνων, με τη συμμετοχή δυο ιατρών που όρισαν τα δυο ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτου ιατρού που όρισαν με κοινή συμφωνία αυτοί οι δυο. Δεν απαγορεύεται στην υγειονομική επιτροπή να συμβουλεύεται, με κοινή συμφωνία, άλλους ιατρούς αν το κρίνει ενδεδειγμένο, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση η φύση των κρινόμενων σωματικών βλαβών απαιτεί τη γνωμάτευση ειδικού. Συνεπώς, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως διαδικαστική πλημμέλεια το γεγονός ότι ο ιατρός που κλήθηκε κατά τον τρόπο αυτό ως σύμβουλος ήταν παρών, υπό την ιδιότητά του αυτή, στη σύσκεψη της υγειονομικής επιτροπής και υπέγραψε την έκθεση της. Καμιά διάταξη των κανόνων δεν επιβάλλει στην υγειονομική επιτροπή να θεωρήσει ως οριστικό το περιεχόμενο των ιατρικών εκθέσεων ή άλλων προηγούμενων γνωματεύσεων. Πράγματι, η αποστολή με την οποία είναι επιφορτισμένη η επιτροπή αυτή, δηλαδή να εκφέρει την κρίση της επί ιατρικών ζητημάτων με κάθε αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, επιβάλλει να διαθέτει πλήρη ελευθερία κρίσης. Δεν είναι συνεπώς δυνατό να προσαφθεί στην υγειονομική επιτροπή ότι, όσον αφορά ορισμένες σωματικές βλάβες του προσφεύγοντος, κατέληξε σε πορίσματα διαφορετικά από εκείνα του ιατρού που είχε ορίσει προηγουμένως η Επιτροπή, της ίδιας της Επιτροπής στο σχέδιο αποφάσεως της η άλλων ιατρών που συμβουλεύτηκε ο προσφεύγων. Όσον αφορά τις βλάβες στα γόνατα, από την έκθεση της υγειονομικής επιτροπής προκύπτει ότι αυτή εξέτασε τις σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις που προσκόμισε ο προσφεύγων. Κανένα στοιχείο εξάλλου δεν επιτρέπει να υποτεθεί ότι τα σχετικά πορίσματα στα οποία κατέληξε η υγειονομική επιτροπή επί του σημείου αυτού είναι αποτέλεσμα παρατυπίας που μπορεί να θίξει το κύρος των εργασιών της. Από το παραπάνω προκύπτει ότι η προσφυγή δεν είναι βάσιμη κατά το μέτρο που ζητεί από το Δικαστήριο να ακυρώσει τις ιατρικές κρίσεις της υγειονομικής επιτροπής ή να αποφανθεί επί ζητημάτων ιατρικής φύσης που έχει εξετάσει η υγειονομική επιτροπή ή να διατάξει νέα πραγματογνωμοσύνη. Ως προς την απόφαση της Επιτροπής για το ποσοστό αναπηρίας και την ημέρα σταθεροποίησης των βλαβών Ο προσφεύγων υποστηρίζει επιπλέον ότι η Επιτροπή δεσμεύεται από το ποσοστό αναπηρίας που αναγνώρισε αρχικά ο ιατρός τον οποίο όρισε η Επιτροπή, καθώς και η ίδια η Επιτροπή με το σχέδιο απόφασης της της 24ης Ιουλίου 1979 και κατά την καταβολή της πρόσθετης προσωρινής αποζημίωσης 12 %. Η Επιτροπή δεν δικαιούται να μεταβάλει εις 6άρος του προσφεύγοντος την αρχική της κρίση μετά τη διοικητική ένσταση και αφότου επελήφθη του θέματος η υγειονομική επιτροπή. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το συνολικό ποσοστό, αλλά και για καθένα από τα διάφορα στοιχεία που το αποτελούν. Προσθέτοντας τα ευνοϊκότερα επιμέρους ποσοστά που έγιναν δεκτά αφενός από ιατρική έκθεση της 25ης Μαΐου 1979 και αφετέρου από την υγειονομική επιτροπή, ο προσφεύγων δικαιούται τουλάχιστον ποσοστό 44 %. Σε καμιά περίπτωση η Επιτροπή δεν δικαιούται να ζητήσει την απόδοση του ποσού που κατέβαλε ως προσωρινή αποζημίωση. Η Επιτροπή αντιτάσσει τον ισχυρισμό ότι στην απόφαση της ουδόλως δεσμεύεται από προηγούμενες κρίσεις. Το σχέδιο απόφασης της το οποίο ο προσφεύγων δεν αποδέχτηκε, καθώς και η καταβολή προσωρινής αποζημίωσης, υπό την επιφύλαξη μεταγενέστερων αποφάσεων δεν έχουν κανένα οριστικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενό τους επομένως δεν μπορεί να δεσμεύει την τελική απόφαση της Επιτροπής. Σχετικά πρέπει να γίνει δεκτό ότι, δυνάμει των κανόνων και ιδίως των άρθρων 16 έως 18, στη διοίκηση εναπόκειται σε πρώτη φάση να διεξαγάγει έρευνα και ιδίως να ζητήσει οποιαδήποτε ιατρική πραγματογνωμοσύνη αναγκαία για την εφαρμογή των κανόνων. Σ' αυτό το στάδιο της διαδικασίας, η διοίκηση δεν δεσμεύεται από τα πορίσματα ιατρού που όρισε η ίδια- είναι ελεύθερη να υιοθετήσει ή όχι τα πορίσματα αυτά ή να ζητήσει περαιτέρω πραγματογνωμοσύνη. Ο υπάλληλος ή οι έλκοντες εξ αυτού δικαιώματα δεν μπορούν να επηρεάσουν τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής και να επιβάλουν ιατρικές πραγματογνωμοσύνες. Κατά τη λήξη της πρώτης αυτής φάσης της διαδικασίας, η διοίκηση καθορίζει τη στάση που κρίνει αντικειμενικά εύλογη και εκθέτει τα πορίσματά της σε σχέδιο απόφασης που κοινοποιεί στον υπάλληλο ή τους έλκοντες εξ αυτού δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 21 των κανόνων. Μετά την κοινοποίηση αυτή, το άρθρο 21, δεύτερο εδάφιο, των κανόνων παρέχει στον υπάλληλο ή στους έλκοντες εξ αυτού δικαιώματα τη δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά των πορισμάτων στα οποία κατέληξε η διοίκηση με το σχέδιο απόφασης της, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην υγειονομική επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρου 23 των κανόνων. Η διαδικασία αυτή αποβλέπει να διασφαλίζει τα συμφέροντα του υπαλλήλου και των ελκόντων εξ αυτού δικαιώματα και να τους παρέχει τη δυνατότητα προβολής της άποψης τους επί των ιατρικών κρίσεων. Η διοίκηση δεν μπορεί να απευθυνθεί στην υγειονομική επιτροπή. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, σύμφωνα με μια αρχή που γίνεται ευρέως δεκτή στα νομικά συστήματα των κρατών μελών για διαδικασίες ένστασης ή έφεσης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, εκδίδοντας την οριστική της απόφαση δεν μπορεί να παρεκκλίνει εις βάρος του υπαλλήλου ή των εξ αυτού ελκόντων δικαίωμα από τα πορίσματα στα οποία είχε καταλήξει με το σχέδιο απόφασης της που κοινοποίησε σύμφωνα με το άρθρο 21, εδάφιο 1, των κανόνων. Η αρχή αυτή βέβαια έχει εφαρμογή μόνο ως προς το ίδιο το σχέδιο απόφασης, που αφορά το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και την αποζημίωση που έχει υπολογιστεί με τη βάση αυτή και όχι ως προς τα διάφορα στοιχεία της έκθεσης του ιατρού τον οποίο όρισε το θεσμικό όργανο. Η έκθεση αυτή έχει στην πραγματικότητα ισχύ απλής γνωμάτευσης, η οποία δεν δεσμεύει την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και δεν ενσωματώνεται στην απόφαση που εκδίδει. Εν προκειμένω, η έκθεση του ιατρού που όρισε η Επιτροπή και το σχέδιο απόφασης της κατέληξαν σε συνολικό ποσοστό 34 ο/ο, το οποίο, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής του αναλογικού υπολογισμού του «κανόνα του Balthazar», απαρτίζεται από διάφορα επιμέρους ποσοστά τα οποία συμποσούνται σε 37,25 ο/ο. Η Επιτροπή, με το έγγραφό της της 30ής Ιανουαρίου 1980, αναγνώρισε ρητά ότι το σύνολο των επιμέρους ποσοστών δεν μπορούσε να μειωθεί σύμφωνα με τον «κανόνα του Balthazar», διότι ο κανόνας αυτός δεν έχει εφαρμογή δυνάμει των σχετικών κοινοτικών διατάξεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, επομένως, η Επιτροπή όρισε σε 37,25 ο/ο το συνολικό ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας, το οποίο δέχτηκε με το σχέδιο απόφασης της. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Επιτροπή, ενόσω εκκρεμούσε η υπόθεση 186/80, κατέβαλε πρόσθετη προσωρινή αποζημίωση, αναγνωρίζοντας έτσι ότι το εν λόγω ποσοστό αποτελούσε «το μη αμφισβητούμενο τμήμα του ποσοστού μόνιμης αναπηρίας» υπό την έννοια του άρθρου 20, παράγραφος 3. Η οριστική απόφαση της Επιτροπής επομένως δεν μπορούσε να παρεκκλίνει, εις βάρος του προσφεύγοντος, από το εν λόγω ποσοστό 37,25 ο/ο που είχε προηγουμένως η ίδια αναγνωρίσει. Όσον αφορά τον καθορισμό της 1ης Απριλίου 1979 ως ημέρας σταθεροποίησης των βλαβών του ατυχήματος, τον οποίο προσβάλλει επίσης ο προσφεύγων, παρατηρείται ότι στο σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1979 ορίστηκε, βάσει της πραγματογνωμοσύνης του ιατρού που όρισε η ίδια, ως ημέρα σταθεροποίησης των βλαβών η ημέρα που διενεργήθηκε η πραγματογνωμοσύνη αυτή, δηλαδή η 18η Μαΐου 1979. Για τους προεκτιθέμενους λόγους, η Επιτροπή δεν μπορούσε με την οριστική της απόφαση να ορίσει προγενέστερη ημερομηνία για τη σταθεροποίηση των 6λα6ών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Επιτροπή, ορίζοντας ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας κατώτερο του 37,25 ο/ο και ημέρα σταθεροποίησης των σωματικών βλαβών λόγω του ατυχήματος προγενέστερη της 18ης Μαΐου 1979, υπερέβη τα όρια της διακριτικής ευχέρειας που της επιβάλλουν οι κανόνες, λαμδανομένων υπόψη των πορισμάτων στα οποία είχε καταλήξει με το σχέδιο απόφασης της. Η απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 1983 πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέτρο που δεν έλαβε υπόψη τα όρια αυτά. Επί των αιτημάτων για πρόσθετη αποζημίωση και τόκους υπερημερίας Προς υποστήριξη του αιτήματος του να υποχρεωθεί η Επιτροπή να του καταβάλλει πρόσθετη αποζημίωση 50000 βελγικών φράγκων, ο προσφεύγων παραπέμπει μόνο στο άρθρο 73 του κανονισμού διαδικασίας και δεν επικαλείται κανέναν άλλο πραγματικό ή νομικό ισχυρισμό που να μπορεί να στηρίξει τέτοιο αίτημα. Σχετικά, αρκεί η παρατήρηση ότι η διάταξη αυτή αφορά τα έξοδα που μπορούν να αναζητηθούν και ότι αυτά αποτελούν αντικείμενο της κρίσης του Δικαστηρίου επί των δικαστικών εξόδων. 'Οσον αφορά την καταβολή τόκων υπερημερίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το αίτημα αυτό δεν έχει πλέον αντικείμενο, εφόσον η αποζημίωση που αναγνωρίστηκε οριστικά δεν διαφέρει καθόλου από την αποζημίωση που καταβλήθηκε προσωρινά και ότι με την προαναφερθείσα απόφαση της 14ης Ιουλίου 1981 έχει ήδη απορριφθεί αίτημα περί τόκων υπερημερίας προς αποκατάσταση της ζημίας. Από το σύνολο των προηγουμένων σκέψεων προκύπτει ότι η προσφυγή είναι βάσιμη κατά το μέτρο που η Επιτροπή, με την απόφαση της της 3ης Φεβρουαρίου 1983, καθόρισε το συνολικό ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας κάτω του 37,25 ο/ο, ως ημέρα δε σταθεροποίησης των σωματικών βλαβών λόγω του ατυχήματος ημερομηνία προγενέστερη της 18ης Μαΐου 1979 και αξίωσε την επιστροφή των σχετικών παροχών κατά τα λοιπά, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Επί των δικαστικών εξόδων Σύμφωνα με το άρθρο 69, παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Επειδή η Επιτροπή ηττήθηκε κατά τους ουσιώδεις ισχυρισμούς της, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Για τους λόγους αυτούς ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 1983 κατά το μέτρο που η απόφαση αφενός μεν ορίζει το συνολικό ποσοστό μόνιμης μερικής αναπηρίας κάτω του 37,25 ο/ο και ως ημέρα σταθεροποίησης των σωματικών βλαβών λόγω του ατυχήματος ημερομηνία προγενέστερη της 18ης Μαΐου 1979, αφετέρου δε ζητεί την επιστροφή των σχετικών παροχών. 2) Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά. 3) Καταδικάζει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα. Κακούρης Everling Galmot Δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 29 Νοεμβρίου 1984. Κατ' εντολή του γραμματέα Η. Α. Rühl Κύριος υπάλληλος διοικήσεως Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος Κ. Κακούρης

62007CJ0478

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Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 28 EG en 30 EG, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (PB 2003, L 236, blz. 33; hierna: „toetredingsakte”), van verordening (EG) nr. 918/2004 van de Commissie van 29 april 2004 betreffende overgangsbepalingen voor de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen ingevolge de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije ( PB L 163, blz. 88 ), alsmede van verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen ( PB L 93, blz. 12 ). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Budějovický Budvar, národní podnik (hierna: „Budvar”), een in de stad Česke Budějovice (Tsjechië) gevestigde brouwerij, en Rudolf Ammersin GmbH (hierna: „Ammersin”), een te Wenen (Oostenrijk) gevestigde drankhandel, dat is ontstaan naar aanleiding van de vordering van Budvar om Ammersin te verbieden, bier van de te Saint Louis (Verenigde Staten) gevestigde brouwerij Anheuser-Busch Inc. (hierna: „Anheuser-Busch”) onder het merk American Bud in de handel te brengen, op grond dat krachtens bilaterale verdragen tussen de Tsjechische Republiek en de Republiek Oostenrijk de naam „Bud” in laatstgenoemde lidstaat uitsluitend voor in Tsjechië gebrouwen bier mag worden gebruikt. Rechtskader Internationaal recht Artikel 1 van de Overeenkomst van Lissabon van 31 oktober 1958 betreffende de bescherming en de internationale registratie van benamingen van oorsprong, zoals herzien te Stockholm op en gewijzigd op ( Recueil des traités des Nations unies , deel 828, nr. 13172, blz. 205; hierna: „Overeenkomst van Lissabon”), luidt als volgt: „1.   De landen waarop deze Overeenkomst van toepassing is, vormen een specifieke Unie in het kader van de Unie voor de bescherming van de industriële eigendom. 2.   Zij verbinden zich ertoe om op hun grondgebied volgens de bepalingen van deze Overeenkomst de benamingen van oorsprong te beschermen van de producten van andere landen van de specifieke Unie die in het land van oorsprong als zodanig zijn erkend en beschermd en die zijn geregistreerd bij het Internationaal Bureau voor de Intellectuele Eigendom […] als bedoeld in het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom [WIPO].” Artikel 2 van de Overeenkomst van Lissabon luidt als volgt: „1.   Onder benaming van oorsprong in de zin van deze Overeenkomst dient te worden verstaan de geografische benaming van een land, een streek of een plaats die wordt gebruikt om een product aan te duiden dat daaruit afkomstig is en waarvan de kwaliteit of de kenmerken uitsluitend of hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat. 2.   Het land van oorsprong is het land waarvan de naam, of het land waarin de streek of plaats is gelegen waarvan de naam de benaming van oorsprong vormt die het product zijn bekendheid heeft gegeven.” De oorsprongsbenaming BUD (oorsprongsbenaming nr. 598) werd op 10 maart 1975 krachtens de Overeenkomst van Lissabon bij de WIPO geregistreerd voor bier. Gemeenschapsrecht Toetredingsakte Artikel 20 van de Toetredingsakte luidt als volgt: „In de besluiten genoemd in bijlage II van deze akte worden de aanpassingen aangebracht die in die bijlage worden omschreven.” In bijlage II bij de toetredingsakte, met als titel „Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte”, bepaalt hoofdstuk 6, A, punt 18: „31996 R 1107: Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (PB L 148 […], blz. 1), als gewijzigd bij: […] — 32002 R 1829: Verordening (EG) nr. 1829/2002 van de Commissie van 14 [oktober] 2002 (PB L 277 […], blz. 10). a) Aan artikel 1 wordt de volgende alinea toegevoegd: „De benamingen ‚Budějovické pivo’„Českobudějovické pivo’ en ‚Budějovický měšťanský var’ worden geregistreerd als beschermde geografische aanduiding (BGA) en opgenomen in de bijlage overeenkomstig de aan de Commissie meegedeelde specificaties. Dit laat evenwel handelsmerken voor bier of andere rechten die in de Europese Unie op de datum van toetreding bestaan, onverlet.” b) In de bijlage, deel B, wordt onder ‚Bier’ het volgende ingevoegd: ‚TSJECHIË: — Budějovické pivo (BGA) — Českobudějovické pivo (BGA) — Budějovický měšťanský [var] (BGA)’.” Verordening (EEG) nr. 2081/92 In de zevende overweging van de considerans van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen ( PB L 208, blz. 1 ) wordt verklaard: „[…] dat de gebruiken met betrekking tot de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de lidstaten thans nog uiteenlopen; dat een communautaire benadering moet worden overwogen; dat immers met een communautair kader in de vorm van een beschermingsregeling het gebruik van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen verder zou kunnen worden ontwikkeld, aangezien een dergelijk kader, dankzij een meer uniforme aanpak, aan producenten van producten met dergelijke vermeldingen gelijke mededingingsvoorwaarden garandeert en deze producten voor de consumenten geloofwaardiger maakt”. In de artikelen 5 tot en met 7 van verordening nr. 2081/92 wordt de procedure vastgesteld voor de registratie van de in artikel 2 van deze verordening bedoelde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, de zogeheten „normale procedure”. Volgens artikel 5, lid 4, van deze verordening moet de registratieaanvraag worden ingediend bij de lidstaat waarin het betrokken geografische gebied is gelegen. Volgens artikel 5, lid 5, eerste alinea, van deze verordening gaat deze lidstaat na of de aanvraag gerechtvaardigd is en zendt hij die toe aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Omdat de behandeling van een registratieaanvraag door de Commissie enige tijd vergt, moest het worden toegestaan dat de lidstaat een voorlopige nationale bescherming verleent in afwachting van een besluit betreffende de registratie van een benaming. Daartoe is bij verordening (EG) nr. 535/97 van de Raad van 17 maart 1997 tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2081/92 ( PB L 83, blz. 3 ) na de eerste alinea van artikel 5, lid 5, van verordening nr. 2081/92 de volgende tekst ingevoegd: „Op nationaal niveau, mogen door deze lidstaat slechts voorlopig een bescherming in de zin van onderhavige verordening, alsook in voorkomend geval een aanpassingsperiode voor de aldus toegezonden benaming worden toegestaan vanaf de datum van de toezending ervan; […] De voorlopige nationale bescherming houdt op te bestaan vanaf de datum waarop een besluit inzake de registratie overeenkomstig deze verordening wordt genomen. […] Alleen de betrokken lidstaat is verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke nationale bescherming, ingeval de benaming niet zou worden geregistreerd in de zin van deze verordening. De door de lidstaten krachtens de tweede alinea getroffen maatregelen hebben alleen op nationaal vlak uitwerking en mogen het intracommunautaire handelsverkeer niet belemmeren.” Artikel 17 van verordening nr. 2081/92 voert een zogeheten „vereenvoudigde procedure” in voor de registratie van benamingen die reeds bestonden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening. Dit artikel bepaalt onder meer dat de lidstaten de Commissie binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van verordening nr. 2081/92 meedelen welke van hun benamingen zij uit dien hoofde willen laten registreren. Teneinde onder meer rekening te houden met het feit dat het eerste voorstel tot registratie van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, dat de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 2, van verordening nr. 2081/92 moest opstellen, eerst in maart 1996 aan de Raad van de Europese Unie is voorgelegd, terwijl de in artikel 13, lid 2, van die verordening voorgeschreven overgangsperiode van vijf jaar grotendeels was verstreken, is laatstgenoemd lid 2 bij de op 28 maart 1997 in werking getreden verordening nr. 535/97 vervangen door de volgende tekst: „In afwijking van lid 1, punten a) en b), mogen de lidstaten de nationale regelingen waarmee het gebruik van overeenkomstig artikel 17 geregistreerde benamingen wordt toegelaten, handhaven gedurende een tot maximaal vijf jaar beperkte periode na de datum van bekendmaking van de registratie op voorwaarde dat: — de producten wettelijk onder vermelding van deze benamingen in de handel zijn gebracht gedurende ten minste vijf jaar vóór de datum van bekendmaking van deze verordening, — de ondernemingen de betrokken producten legaal in de handel hebben gebracht en gedurende de in het eerste streepje bedoelde periode de benamingen zonder onderbreking hebben gebruikt, — uit de etikettering van de producten duidelijk de werkelijke oorsprong ervan blijkt. Deze afwijking mag er evenwel niet toe leiden dat de producten vrijelijk in de handel worden gebracht op het grondgebied van een lidstaat waarvoor deze benamingen verboden waren.” Artikel 1, punt 15, van verordening (EG) nr. 692/2003 van de Raad van 8 april 2003 houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 2081/92 ( PB L 99, blz. 1 ) bepaalt: „Artikel 13, lid 2, en artikel 17 worden geschrapt. Het bepaalde in die artikelen blijft evenwel van toepassing op geregistreerde benamingen of op benamingen waarvoor uit hoofde van de procedure van artikel 17 een registratieaanvraag is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening.” Verordening nr. 510/2006 Verordening nr. 2081/92, zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van 14 april 2003 ( PB L 122, blz. 1 ), werd krachtens artikel 19 van verordening nr. 510/2006 ingetrokken. Laatstgenoemde verordening is in werking getreden op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie , namelijk . In punt 6 van de considerans van verordening nr. 510/2006 wordt verklaard: „Het is zaak oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen communautair te benaderen. Met een communautair kader in de vorm van een beschermingsregeling zou het gebruik van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen verder kunnen worden ontwikkeld, aangezien een dergelijk kader, dankzij een meer uniforme aanpak, aan producenten van producten met dergelijke vermeldingen gelijke mededingingsvoorwaarden garandeert en deze producten voor de consumenten geloofwaardiger maakt.” In punt 19 van de considerans van deze verordening staat te lezen: „De benamingen die al uit hoofde van verordening […] nr. 2081/92 […] zijn geregistreerd op de datum waarop deze verordening in werking treedt, moeten de door deze verordening gewaarborgde bescherming genieten en automatisch in het register worden opgenomen. […]” Artikel 1 van deze verordening, met als titel „Toepassingsgebied”, bepaalt in de leden 1 en 2: „1.   In deze verordening worden de voorschriften vastgesteld voor de bescherming van de oorsprongsbenamingen en de geografische aanduidingen van de voor menselijke voeding bestemde landbouwproducten die vermeld staan in bijlage I bij het Verdrag, van de levensmiddelen die vermeld staan in bijlage I bij deze verordening, alsmede van de landbouwproducten die vermeld staan in bijlage II bij deze verordening. […] 2.   Deze verordening geldt onverminderd andere bijzondere communautaire bepalingen.” In bijlage I bij deze verordening, „Levensmiddelen bedoeld in artikel 1, lid 1”, wordt bij het eerste streepje „Bier” vermeld. Artikel 2 van verordening nr. 510/2006, met als titel „Oorsprongsbenaming en geografische aanduiding”, bepaalt in de leden 1 en 2: „1.   In deze verordening wordt verstaan onder: a) ‚oorsprongsbenaming’: de naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwproduct of levensmiddel: — dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land, — waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische milieu, dat factoren van natuurlijke en menselijke aard omvat, zijn toe te schrijven, en — waarvan de productie, de verwerking en de bereiding in het geografische gebied geschieden; b) ‚geografische aanduiding’: de naam van een streek, van een bepaalde plaats of, in uitzonderlijke gevallen, van een land, die wordt gebruikt in de benaming van een landbouwproduct of levensmiddel: — dat afkomstig is uit die streek, die bepaalde plaats of dat land, en — waarvan een bepaalde hoedanigheid, de faam of ander kenmerk aan deze geografische oorsprong kan worden toegeschreven, en — waarvan de productie en/of de verwerking en/of de bereiding in het geografische gebied geschieden. 2.   Als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding worden eveneens traditionele — al dan niet geografische — benamingen beschouwd, indien zij een landbouwproduct of levensmiddel van oorsprong uit een streek of een bepaalde plaats aanduiden dat aan de voorwaarden van lid 1 voldoet.” Artikel 4, lid 1, van deze verordening luidt als volgt: „Om voor een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of een beschermde geografische aanduiding (BGA) in aanmerking te komen, moet een product in overeenstemming zijn met een productdossier.” De artikelen 5 tot en met 7 van verordening nr. 510/2006 leggen de procedure vast voor registratie van de in artikel 2 ervan bedoelde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Volgens artikel 5, lid 4, van deze verordening wordt een registratieaanvraag met betrekking tot een geografisch gebied in een lidstaat ingediend bij de lidstaat waarin het gebied zich bevindt. Overeenkomstig artikel 5, lid 5, van deze verordening voorziet deze lidstaat in een nationale bezwaarprocedure en neemt hij vervolgens een besluit inzake de aanvraag. Bij een gunstig besluit zendt deze lidstaat de in lid 7 van dit artikel 5 bedoelde documenten door aan de Commissie met het oog op een definitief besluit dat wordt genomen na de in de artikelen 6 en 7 van verordening nr. 510/2006 geregelde procedure, die onder meer een bezwaarprocedure omvat. Artikel 5, lid 6, van deze verordening luidt als volgt: „Op nationaal niveau mag door deze lidstaat slechts voorlopig een bescherming in de zin van deze verordening, alsook in voorkomend geval een aanpassingsperiode voor de benaming worden toegestaan vanaf de datum waarop de aanvraag bij de Commissie wordt ingediend. De in de eerste alinea vermelde aanpassingsperiode wordt alleen toegestaan als de betrokken ondernemingen de producten legaal in de handel hebben gebracht en daarbij de betreffende benamingen minstens tijdens de vijf voorgaande jaren continu hebben gebruikt en zij dit punt tijdens de in lid 5, eerste alinea, vermelde nationale bezwaarprocedure aan de orde hebben gesteld. De voorlopige nationale bescherming houdt op te bestaan vanaf de datum waarop een besluit inzake de registratie overeenkomstig deze verordening wordt genomen. Alleen de betrokken lidstaat is verantwoordelijk voor de gevolgen van een voorlopige nationale bescherming, ingeval de benaming niet zou worden geregistreerd in de zin van deze verordening. De door de lidstaten krachtens de eerste alinea getroffen maatregelen hebben alleen op nationaal vlak rechtswerking en mogen het intracommunautaire noch het internationale handelsverkeer belemmeren.” Artikel 13, lid 1, van deze verordening bepaalt: „Geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen: a) elk rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik door de handel van een geregistreerde benaming voor producten die niet onder de registratie vallen, voor zover deze producten vergelijkbaar zijn met de onder deze benaming geregistreerde producten, of voor zover het gebruik van de benaming betekent dat van de reputatie van deze beschermde benaming wordt geprofiteerd; b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven, of indien de beschermde benaming is vertaald, of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals „soort’,„type’,„methode’,„op de wijze van’,„imitatie’ en dergelijke; […]” Verordening nr. 918/2004 In de punten 2 tot en met 4 van de considerans van verordening nr. 918/2004 wordt verklaard: „(2) Op grond van artikel 5, lid 5, van verordening (EEG) nr. 2081/92 mogen de lidstaten een voorlopige nationale bescherming voor oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen toestaan vanaf de datum waarop zij hiervoor een registratieaanvraag bij de Commissie indienen. Alleen de betrokken lidstaat is verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke nationale bescherming wanneer de benaming niet op gemeenschapsniveau zou worden geregistreerd. (3) De in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna,nieuwe lidstaten’ te noemen) geldende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen kunnen na de toetreding overeenkomstig artikel 5 van verordening (EEG) nr. 2081/92 geregistreerd worden en overeenkomstig artikel 13 van die verordening op gemeenschapsniveau beschermd worden. (4) Met het oog op een vlottere indiening van de aanvragen van nieuwe lidstaten bij de Commissie en de verdere bescherming van de betrokken oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen moet worden bepaald dat de op 30 april 2004 geldende nationale bescherming door deze lidstaten gehandhaafd mag worden tot een besluit overeenkomstig artikel 6 van verordening (EEG) nr. 2081/92 wordt genomen, voor zover vóór in het kader van die verordening een registratieaanvraag aan de Commissie wordt toegezonden.” Artikel 1 van verordening nr. 918/2004 luidt als volgt: „De op 30 april 2004 in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije geldende nationale bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de zin van verordening (EEG) nr. 2081/92 mag door deze lidstaten tot en met worden gehandhaafd. Wanneer vóór 31 oktober 2004 een registratieaanvraag op grond van verordening (EEG) nr. 2081/92 bij de Commissie wordt ingediend, mag deze bescherming worden gehandhaafd totdat overeenkomstig artikel 6 van die verordening een besluit genomen wordt. Alleen de betrokken lidstaat is verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke nationale bescherming wanneer de benaming niet op gemeenschapsniveau zou worden geregistreerd.” Nationaal recht Bilaterale overeenkomst Op 11 juni 1976 hebben de Republiek Oostenrijk en de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek een overeenkomst gesloten inzake de bescherming van herkomstaanduidingen, oorsprongsbenamingen en andere benamingen die de herkomst van landbouw- en industriële producten aanduiden (hierna: „bilaterale overeenkomst”). Na goedkeuring en ratificatie is de bilaterale overeenkomst bekendgemaakt in het Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich van 19 februari 1981 (BGBl. 75/1981). De bilaterale overeenkomst is krachtens artikel 16, lid 2, ervan op voor onbepaalde tijd in werking getreden. Artikel 1 van de bilaterale overeenkomst bepaalt: „Elk van de verdragsluitende staten verbindt zich ertoe, alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de herkomstaanduidingen, oorsprongsbenamingen en andere benamingen die de herkomst van landbouw- en industriële producten aanduiden, die tot de in artikel 5 genoemde categorieën behoren en in de overeenkomst bedoeld in artikel 6 nader zijn omschreven, alsmede de in de artikelen 3, 4, en 8, lid 2, genoemde namen en afbeeldingen, doeltreffend tegen oneerlijke mededinging in de handel te beschermen.” Artikel 2 van de bilaterale overeenkomst luidt: „Onder herkomstaanduidingen, oorsprongsbenamingen en andere benamingen die de herkomst in de zin van deze overeenkomst aanduiden, worden alle aanduidingen verstaan die, al dan niet rechtstreeks, betrekking hebben op de herkomst van een product. Een dergelijke aanduiding bestaat in het algemeen uit een geografische benaming. Zij kan echter ook uit andere vermeldingen bestaan wanneer de betrokken kringen in het land van oorsprong daarin, in combinatie met het aldus benoemde product, een aanduiding van het productieland zien. Genoemde benamingen kunnen buiten de aanduiding van een bepaald gebied van geografische herkomst, vermeldingen met betrekking tot de kwaliteit van het betrokken gebied bevatten. Deze bijzondere eigenschappen moeten uitsluitend of in hoofdzaak het gevolg van geografische of menselijke invloeden zijn.” Artikel 3, lid 1, van de bilaterale overeenkomst bepaalt dat: „[…] de in een krachtens artikel 6 gesloten akkoord genoemde Tsjecho-Slowaakse benamingen in de Republiek Oostenrijk uitsluitend zijn voorbehouden aan Tsjecho-Slowaakse producten.” Artikel 5, lid 1, sub B, punt 2, van de bilaterale overeenkomst vermeldt bier onder de categorieën Tsjechische producten waarop de door deze overeenkomst geboden bescherming van toepassing is. Artikel 6 van de bilaterale overeenkomst bepaalt: „De benamingen van producten waarop de voorwaarden van de artikelen 2 en 5 van toepassing zijn en die de bescherming van de overeenkomst genieten en derhalve geen soortnamen zijn, zullen in een tussen de regeringen van de twee overeenkomstsluitende staten te sluiten akkoord worden vermeld.” Artikel 7 van de bilaterale overeenkomst luidt als volgt: „1.   Indien de krachtens de artikelen 3, 4, 6 en 8, lid 2, van deze overeenkomst beschermde namen en benamingen in strijd met de onderhavige bepalingen in het kader van een commerciële activiteit worden gebruikt om producten aan te duiden, onder meer ten behoeve van hun presentatie of hun verpakking, of op rekeningen, vrachtbrieven of andere handelsdocumenten dan wel in reclame, worden alle rechterlijke en bestuurlijke maatregelen toegepast waarin de wetgeving van de overeenkomstsluitende staat waar om bescherming wordt verzocht, voorziet ter bestrijding van oneerlijke mededinging of het anderszins beteugelen van onrechtmatige benamingen, onder de bij deze wetgeving vastgestelde voorwaarden en met inachtneming van artikel 9. 2.   Voor zover er in het kader van handelsactiviteiten gevaar voor verwarring bestaat, wordt lid 1 eveneens toegepast wanneer de krachtens de overeenkomst beschermde benamingen worden gebruikt in gewijzigde vorm of voor andere producten dan die waaraan zij door het in artikel 6 bedoelde akkoord zijn toebedeeld. 3.   Lid 1 wordt eveneens toegepast wanneer de krachtens de overeenkomst beschermde benamingen in de vorm van een vertaling worden gebruikt dan wel met een aanduiding van de daadwerkelijke herkomst, of vergezeld van vermeldingen als ‚soort’, ‚type’, ‚wijze’, ‚imitatie’ en dergelijke. 4.   Lid 1 is niet van toepassing op vertalingen van benamingen van een van de overeenkomstsluitende staten wanneer de vertaling een term is uit de spreektaal van de andere overeenkomstsluitende staat.” Bilateraal akkoord Overeenkomstig artikel 6 van de bilaterale overeenkomst is op 7 juni 1979 een akkoord over de toepassing daarvan gesloten (hierna: „bilateraal akkoord”). Bijlage B bij het bilaterale akkoord vermeldt het volgende: „Tsjecho-Slowaakse benamingen voor landbouw- en industrieproducten […] B. Voedingsmiddelen en landbouwproducten (andere dan wijn) […] 2. Bier Tsjechische Socialistische Republiek […] Bud Budějovické pivo Budějovické pivo Budvar Budějovické Budvar […]” Hoofdgeding en prejudiciële vragen Het hoofdgeding heeft reeds geleid tot het arrest van 18 november 2003, Budějovický Budvar ( C-216/01, Jurispr. blz. I-13617 ), waarbij het Hof, dat uitspraak moest doen op een verzoek om een prejudiciële beslissing van dezelfde verwijzende rechter als in de onderhavige zaak, voor recht heeft verklaard: „1) Artikel 28 EG en verordening […] nr. 2081/92 […], zoals gewijzigd bij verordening […] nr. 535/97 […], verzetten zich niet tegen de toepassing van een bepaling van een tussen een lidstaat en een derde staat gesloten bilateraal verdrag, die aan een eenvoudige en indirecte geografische herkomstaanduiding van dit derde land in de invoerende lidstaat een van elk gevaar voor misleiding onafhankelijke bescherming verleent die het mogelijk maakt de invoer van een goed dat in een andere lidstaat rechtmatig in de handel is gebracht, te verhinderen. 2) Artikel 28 EG verzet zich tegen de toepassing van een bepaling van een tussen een lidstaat en een derde land gesloten bilateraal verdrag, die aan een benaming die in dit land noch direct noch indirect verwijst naar de geografische herkomst van het product dat zij aanduidt, in de invoerende lidstaat een van elk gevaar voor misleiding onafhankelijke bescherming verleent die het mogelijk maakt de invoer van een goed dat in een andere lidstaat rechtmatig in de handel is gebracht, te verhinderen. 3) Artikel 307, eerste alinea, EG moet aldus worden uitgelegd dat het een rechter van een lidstaat toestaat, behoudens het door hem aan de hand van onder meer de gegevens uit dit arrest te verrichten onderzoek, bepalingen toe te passen van bilaterale verdragen als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, die zijn gesloten tussen deze staat en een derde land en een benaming van dit derde land beschermen, ook al blijken deze bepalingen in strijd te zijn met het Verdrag, op grond dat het gaat om een verplichting die voortvloeit uit verdragen die zijn gesloten vóór de datum van toetreding van de betrokken lidstaat tot de Europese Unie. Totdat met een van de in artikel 307, tweede alinea, EG bedoelde middelen eventuele onverenigbaarheden tussen een vóór die toetreding gesloten verdrag en het EG-Verdrag kunnen worden opgeheven, machtigt de eerste alinea van genoemd artikel deze staat, een dergelijk verdrag te blijven toepassen voor zover dit verplichtingen omvat waaraan hij volkenrechtelijk nog steeds gebonden is.” In de punten 28 tot en met 42 van het arrest Budějovický Budvar werd het hoofdgeding samengevat als volgt: „28 Budvar brengt, onder meer onder de merken Budějovický Budvar en Budweiser Budvar, bier in de handel en exporteert bier met de benaming „Budweiser Budvar”, inzonderheid naar Oostenrijk. Ammersin brengt onder meer door de brouwerij Anheuser-Busch geproduceerd bier van het merk American Bud in de handel dat zij inkoopt bij de te Obertrum (Oostenrijk) gevestigde onderneming Josef Sigl KG (hierna:,Josef Sigl’), de exclusieve importeur van genoemd bier in Oostenrijk. Bij inleidend verzoekschrift van 22 juli 1999 heeft Budvar de verwijzende rechter verzocht Ammersin te gelasten, zich in het kader van zijn handelsactiviteiten op Oostenrijks grondgebied te onthouden van het gebruik van de benaming Bud of vergelijkbare benamingen die tot verwarring kunnen leiden, voor bier of vergelijkbare waren dan wel in verband met deze producten, tenzij het om producten van Budvar gaat. Budvar heeft bovendien geconcludeerd tot het staken van het gebruik van alle benamingen die met dit verbod in strijd zijn alsook tot het afleggen van rekening en verantwoording en bekendmaking van het vonnis. Het beroep ging vergezeld van een verzoek om voorlopige maatregelen. Het beroep van Budvar in de hoofdzaak berust in wezen op twee verschillende rechtsgrondslagen. In de eerste plaats merkt Budvar op dat het ten behoeve van Anheuser-Busch geregistreerde merk American Bud gelijkenis vertoont met zijn eigen, in Oostenrijk beschermde prioritaire merken, te weten Budweiser, Budweiser Budvar en Bud, welke tot verwarring kan leiden in de zin van de wetgeving ter bestrijding van oneerlijke mededinging. In de tweede plaats is Budvar van mening dat het gebruik van de benaming American Bud voor bier van herkomst uit een andere staat dan de Tsjechische Republiek in strijd is met de bepalingen van het bilaterale verdrag, aangezien de in bijlage B bij het bilaterale verdrag genoemde benaming Bud een krachtens artikel 6 van genoemd verdrag beschermde benaming is, die derhalve uitsluitend aan Tsjechische producten is voorbehouden. Op 15 oktober 1999 heeft de verwijzende rechter de voorlopige maatregelen gelast waarom Budvar had verzocht. Het beroep dat Ammersin bij het Oberlandesgericht Wien (Oostenrijk) had ingesteld tegen deze maatregelen werd afgewezen, evenals het bij het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) ingestelde beroep in ‚Revision’. Nu de procedure in kort geding is afgesloten, dient het Handelsgericht Wien thans in de hoofdzaak te beslissen. De verwijzende rechter merkt op dat Budvar, alvorens het beroep in het hoofdgeding in te stellen, bij het Landesgericht Salzburg (Oostenrijk) al een beroep had ingesteld dat zowel wat het voorwerp als de rechtsgrondslag betreft identiek was aan dat in het hoofdgeding, maar gericht was tegen Josef Sigl. In deze parallelle zaak heeft het Landesgericht Salzburg de voorlopige maatregelen gelast waarom was verzocht, waarna het Oberlandesgericht Linz (Oostenrijk) het tegen deze beschikking ingestelde hoger beroep heeft afgewezen. Bij beschikking van 1 februari 2000 heeft het Oberste Gerichtshof het beroep in ‚Revision’ tegen deze in hoger beroep gegeven beschikking verworpen en de voorlopige maatregelen bevestigd. De verwijzende rechter merkt op dat deze beschikking van het Oberste Gerichtshof in hoofdzaak op de volgende overwegingen is gebaseerd. Het Oberste Gerichtshof, dat zijn onderzoek heeft beperkt tot het middel betreffende het bilaterale verdrag, heeft geoordeeld dat het verbod waarom ten aanzien van Josef Sigl was verzocht, een belemmering van het vrije verkeer van goederen in de zin van artikel 28 EG kan vormen. Het heeft deze belemmering evenwel verenigbaar geacht met artikel 28 EG, omdat de bescherming van de benaming Bud overeenkomstig het bilaterale verdrag onder de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG valt. Volgens de verwijzende rechter heeft het Oberste Gerichtshof kennelijk geoordeeld dat de benaming Bud,een eenvoudige geografische aanduiding dan wel een indirecte herkomstaanduiding’ is, te weten een aanduiding die niet vooronderstelt dat daaraan de aan de oorsprongsbenaming verbonden garanties, zoals de productie met inachtneming van vaststaande en door de overheid gecontroleerde kwaliteits- of fabricagenormen, of bijzondere kenmerken van het product, verbonden zijn. De benaming Bud geniet bovendien een ‚absolute bescherming’, dat wil zeggen ongeacht of er enig gevaar voor verwarring of misleiding is. Gelet op de argumenten die tegenover hem zijn uiteengezet, is de verwijzende rechter van mening dat er redelijke twijfel blijft bestaan ten aanzien van de antwoorden op de door het hoofdgeding opgeworpen vragen van gemeenschapsrecht, onder meer omdat de rechtspraak van het Hof het niet mogelijk maakt te bepalen of de zogenaamde ‚eenvoudige’ geografische herkomstaanduidingen, die geen gevaar van misleiding met zich brengen, eveneens onder de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG vallen.” In de verwijzingsbeslissing vat de verwijzende rechter de gebeurtenissen sinds de uitspraak van het arrest Budějovický Budvar samen als volgt: Bij vonnis van 8 december 2004 heeft de verwijzende rechter de vordering van Budvar afgewezen op grond van de vaststelling dat de benaming „Bud” geen herkomstaanduiding is aangezien de Tsjechische bevolking deze benaming niet met een welbepaalde plaats in Tsjechië associeert en deze benaming in dit land nooit als plaatsnaam is gebruikt. Daaruit heeft de verwijzende rechter geconcludeerd dat bescherming van deze benaming door de betrokken bilaterale verdragen onverenigbaar met artikel 28 EG was. Dit vonnis werd bevestigd door een arrest van het Oberlandesgericht Wien van . Bij beschikking van 29 november 2005 heeft het Oberste Gerichtshof de uitspraken van de lagere rechterlijke instanties evenwel vernietigd en de zaak na een aanvulling van de procedure terug naar de verwijzende rechter gewezen voor een nieuwe uitspraak. Volgens het Oberste Gerichtshof moet de vraag of de benaming „Bud” een streek of een plaats op het Tsjechische grondgebied aanduidt, worden getoetst aan de criteria voor een eenvoudige en indirecte herkomstaanduiding. Gelet op de punten 54 en 101 van het arrest Budějovický Budvar moet worden onderzocht of de benaming „Bud” op zijn minst geschikt is om de consument erop te wijzen dat het met deze benaming aangeduide product afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of een bepaald land. Er dient te worden nagevraagd of de consument deze benaming, geassocieerd met bier, opvat als een eenvoudige of indirecte aanduiding van geografische herkomst. De verwijzende rechter heeft dit echter nog niet onderzocht. Vervolgens heeft de verwijzende rechter bij vonnis van 23 maart 2006 voornamelijk op basis van door Anheuser-Busch overgelegde resultaten van een consumentenenquête de vordering van Budvar opnieuw afgewezen op grond dat de Tsjechische consument de benaming „Bud”, geassocieerd met bier, niet opvat als een herkomstaanduiding. Het Oberlandesgericht Wien heeft dit vonnis bij arrest van 10 juli 2006 echter vernietigd en de zaak teruggewezen naar de verwijzende rechter in wezen op grond dat de verwijzende rechter de procedure moest aanvullen aangezien hij niet was ingegaan op het verzoek van Budvar om een deskundigenadvies na een consumentenenquête bij de relevante bevolkingsgroep. Dit deskundigenadvies moest zich beperken tot de volgende vragen: — Associeert de Tsjechische consument de benaming „Bud” met bier? — Vat de Tsjechische consument bij een — door hemzelf gelegd of door de deskundige gesuggereerd — verband van de benaming „Bud” met bier deze benaming op als een aanwijzing dat het bier uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of een bepaald land komt? — Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, aan welke plaats, welke streek of welk land denkt hij bij de benaming „Bud” in verband met bier? De verwijzende rechter is van oordeel dat een nieuw verzoek om een prejudiciële beslissing noodzakelijk is. In de eerste plaats blijft, zoals wordt aangetoond door het verloop van de procedure na de uitspraak van het arrest Budějovický Budvar, onzekerheid bestaan over de draagwijdte van dit arrest. Om te beginnen rijst de vraag of de punten 54 en 101 van dit arrest aldus moeten worden uitgelegd dat om uit te maken of een benaming kan worden beschouwd als een met artikel 28 EG verenigbare eenvoudige en indirecte herkomstaanduiding, uitsluitend van belang is dat de benaming „Bud” volgens de feitelijke omstandigheden en de heersende opvattingen in Tsjechië een streek of een plaats op het grondgebied van deze staat aanduidt dan wel daartoe veeleer dient te worden onderzocht of deze benaming, geassocieerd met het daarmee aangeduide product (in casu bier), geschikt is om de consument erop te wijzen dat het daarmee aangeduide product afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of een bepaald land zonder dat vereist is dat deze benaming, volgens deze omstandigheden en opvattingen, als zodanig een dergelijke plaats, een dergelijke streek of een dergelijk land aanduidt. Vervolgens blijft in het ongewisse volgens welke methode de verwijzende rechter moet bepalen of de betrokken benaming, volgens de door hem te hanteren criteria, een eenvoudige en indirecte herkomstaanduiding vormt. Met name rijst de vraag of een consumentenenquête noodzakelijk is en welk percentage van de ondervraagden positief moet antwoorden. Ten slotte is volgens de verwijzende rechter vraag of, gelet op de verwijzing in punt 101 van het arrest Budějovický Budvar naar de feitelijke omstandigheden in Tsjechië, concrete vereisten gelden zowel voor de kwaliteit als voor de duur van het gebruik van de benaming „Bud”. Het is met name de vraag of deze benaming als aanduiding van geografische herkomst dan wel als merk is gebruikt. Volgens de verwijzende rechter staat in dit verband vast dat geen van de in Tsjechië gevestigde ondernemingen behalve Budvar de benaming „Bud” heeft gebruikt en dat Budvar deze benaming heeft gebruikt als merk en niet als herkomstaanduiding. In de tweede plaats is de feitelijke en juridische context van het hoofdgeding volgens de verwijzende rechter wezenlijk veranderd vergeleken met het tijdstip waarop hij het Hof de prejudiciële vragen heeft gesteld in de zaak die heeft geleid tot het arrest Budějovický Budvar. Volgens de situatie in het land van oorsprong, Tsjechië, wordt de benaming „Bud” beschermd als oorsprongsbenaming. Nadat deze benaming bij de WIPO was geregistreerd krachtens de Overeenkomst van Lissabon, werd deze bescherming uitgebreid tot andere staten die eveneens overeenkomstsluitende partijen waren. De voorwaarden voor bescherming van deze oorsprongsbenaming stemmen echter overeen met die voor de oorsprongsbenamingen bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a, van verordening nr. 510/2006. Men kan zich dus niet langer baseren op de veronderstelling dat de benaming „Bud” een eenvoudige en indirecte herkomstaanduiding is die buiten de werkingssfeer van deze verordening valt. Dat wordt bevestigd door de toetredingsakte aangezien daarin drie herkomstaanduidingen voor in de stad Česke Budějovice gebrouwen bier worden beschermd, namelijk „Budějovické pivo”, „Českobudějovické pivo” en „Budějovický měšťanský [var]”, die een zwaar bier met de naam „Bud Super Strong” aanduiden. Deze nieuwe situatie doet twee vragen rijzen. De eerste vraag, waarop het Hof zich nog niet heeft uitgesproken, is of verordening nr. 510/2006 definitief is in die zin dat zij zich verzet tegen bescherming die op grond van nationale rechtsregels of van een bilaterale overeenkomst wordt verleend aan benamingen, zoals de oorsprongsbenaming „Bud”, waarvan registratie niet op grond van deze verordening werd aangevraagd, maar die in beginsel binnen de werkingssfeer ratione materiae van deze verordening vallen (hierna: „uitputtende werking” van verordening nr. 510/2006). Volgens de verwijzende rechter heeft verordening nr. 918/2004, die voorziet in een overgangsperiode waarin de nationale bescherming voor oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen mag worden gehandhaafd, kennelijk uitputtende werking. Zelfs indien wordt geoordeeld dat verordening nr. 510/2006 geen uitputtende werking heeft, dan moet volgens de verwijzende rechter echter toch nog worden onderzocht of deze verordening zich in elk geval verzet tegen uitbreiding van de bescherming voor een oorsprongsbenaming tot andere lidstaten aangezien deze verordening alsdan uitputtend zou zijn wat de grensoverschrijdende bescherming binnen de Europese Unie betreft. De tweede vraag is of de bescherming die de toetredingsakte verleent aan bier uit Česke Budějovice via de op grond van verordening nr. 510/2006 beschermde geografische aanduidingen „Budějovické pivo”, „Českobudějovické pivo” en „Budějovický měšťanský [var]”, uitputtende werking heeft. Is dit het geval, dan verzet deze bescherming zich tegen de handhaving van een andere benaming zoals „Bud”, die eveneens bier uit deze stad aanduidt, die op grond van het nationale recht als oorsprongsbenaming wordt beschermd. Zelfs indien niet wordt erkend dat deze bescherming uitputtend is, dan nog dient te worden onderzocht of de bescherming van deze drie benamingen zich op zijn minst verzet tegen uitbreiding van de nationale bescherming van een andere geografische aanduiding zoals „Bud” tot andere lidstaten op grond van bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten. Om deze redenen heeft het Handelsgericht Wien, van oordeel dat de beslechting van het bij hem aanhangige geding afhangt van de uitlegging van het gemeenschapsrecht, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Het Hof heeft bij [het reeds aangehaalde] arrest [Budějovický Budvar] voor de verenigbaarheid met artikel 28 EG van de bescherming van een benaming als geografische aanduiding die in het land van oorsprong noch de naam van een plaats noch de naam van een streek is, als vereisten gesteld dat een dergelijke benaming, — gelet op de feitelijke omstandigheden en — de in het land van oorsprong heersende opvattingen, een streek of een plaats op het grondgebied van deze staat aanduidt — en bescherming volgens de criteria van artikel 30 EG gerechtvaardigd is. Betekenen deze vereisten dat: — de benaming als zodanig een concrete geografische indicatiefunctie vervult, verwijzend naar een bepaalde plaats of streek, of is het voldoende dat de benaming in verbinding met het daarmee aangeduide product geschikt is om de consument erop te wijzen dat het daarmee aangeduide product uit een bepaalde plaats of bepaalde streek in het land van oorsprong afkomstig is? — de drie vereisten elk afzonderlijk moeten worden getoetst en dat daaraan cumulatief moet zijn voldaan? — voor het onderzoek van de heersende opvattingen in het land van oorsprong een consumentenenquête moet worden uitgevoerd en — zo ja — dat een geringe, gemiddelde of grote mate van bekendheid en herkenning vereist is voor bescherming? — de benaming door verschillende en niet door slechts één onderneming in het land van oorsprong werkelijk is gebruikt als geografische aanduiding en dat het gebruik als merk door een enkele onderneming zich verzet tegen de bescherming? 2) Brengt de omstandigheid dat een benaming noch binnen de in verordening nr. 918/2004 gestelde termijn van zes maanden, noch in het kader van verordening nr. 510/2006 is meegedeeld of aangemeld, mee dat een bestaande nationale bescherming, of in ieder geval een bilateraal tot een andere lidstaat uitgebreide bescherming, ongeldig wordt wanneer de benaming naar het nationale recht van het land van oorsprong een gekwalificeerde geografische aanduiding in de zin van verordening nr. 510/2006 is? 3) Heeft de omstandigheid dat in het kader van het toetredingsverdrag [een] lidstaat aanspraak heeft gemaakt op bescherming van verschillende gekwalificeerde geografische aanduidingen voor een levensmiddel overeenkomstig verordening nr. 510/2006, tot gevolg dat een nationale of in ieder geval een bilateraal tot een andere lidstaat uitgebreide bescherming van een andere benaming voor dezelfde waar, niet meer mag worden gehandhaafd en dat verordening nr. 510/2006 in zoverre uitputtende werking heeft?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste vraag Ontvankelijkheid Volgens Budvar moet worden nagegaan of de eerste vraag hypothetisch en dus niet-ontvankelijk is, aangezien volgens de verwijzende rechter niet langer kan worden vertrokken van de veronderstelling waarop deze vraag is gebaseerd, namelijk dat het woord „Bud” zoals op grond van de betrokken bilaterale verdragen beschermd, een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst is die buiten de werkingssfeer van verordening nr. 2018/92 valt, nu het Oberste Gerichtshof deze zienswijze trouwens heeft aanvaard en het Hof deze zienswijze dus heeft overgenomen als hypothese naar nationaal recht in de eerste vraag die is gesteld in de zaak die heeft geleid tot het arrest Budějovický Budvar (zie punten 41, 54 en 77 van dit arrest). Zoals reeds is opgemerkt in de punten 51 en 52 van het onderhavige arrest, is de verwijzende rechter immers van oordeel dat thans dient te worden uitgegaan van de premisse dat de benaming „Bud” in Tsjechië wordt beschermd als een gekwalificeerde herkomstbenaming, zijnde een herkomstbenaming die binnen de werkingssfeer van verordening nr. 510/2006 valt, welke op dit punt dezelfde is als de werkingssfeer van verordening nr. 2018/92, aangezien deze benaming uit dien hoofde bij de WIPO is geregistreerd op grond van de Overeenkomst van Lissabon en deze registratie alleen voor gekwalificeerde herkomstbenamingen kan worden aangevraagd. Volgens vaste rechtspraak rust er een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende de uitlegging van het gemeenschapsrecht die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen verantwoordelijkheid geschetste feitelijke en wettelijke kader, ten aanzien waarvan het niet aan het Hof is de juistheid te onderzoeken. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het gemeenschapsrecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (zie met name arrest van 22 december 2008, Regie Networks, C-333/07, Jurispr. blz. I-10807 , punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De geest van samenwerking die in de loop van de verwijzingsprocedure moet heersen, houdt namelijk in dat de nationale rechter zijnerzijds oog dient te hebben voor de aan het Hof opgedragen taak, welke bestaat in het bijdragen tot de rechtsbedeling in de lidstaten en niet in het geven van rechtsgeleerde adviezen over algemene of hypothetische vragen (zie met name arrest van 5 maart 2009, Kattner Stahlbau, C-350/07, Jurispr. blz. I-1513 , punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In dit verband dient te worden vastgesteld dat het nieuwe oordeel van de verwijzende rechter, namelijk dat de benaming „Bud”, zoals beschermd door de betrokken bilaterale overeenkomsten, moet worden gekwalificeerd als een oorsprongsbenaming — een premisse naar nationaal recht op basis waarvan de tweede en de derde vraag in het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing zijn gesteld — weliswaar aanzienlijk verschilt van de hypothese die als uitgangspunt heeft gediend voor de eerste vraag in het verzoek om een prejudiciële beslissing die tot het arrest Budějovický Budvar heeft geleid en eveneens voor de eerste vraag in het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing, namelijk dat het gaat om een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst. Toch valt niet uit te sluiten dat het in feite gaat om twee afzonderlijke en a priori in overweging te nemen hypotheses en dat de verwijzende rechter in dit stadium de hypothese van een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst niet definitief buiten beschouwing wil laten, zodat hij de eerste vraag heeft gesteld voor het geval hij niettemin deze hypothese in overweging zou nemen. Bovendien is de kwalificatie als oorsprongsbenaming van de benaming „Bud” zoals beschermd op grond van de betrokken bilaterale verdragen, een zaak van nationaal recht die kan worden bestreden bij de hogere rechterlijke instanties, die trouwens in het verleden reeds uitspraak hebben gedaan en daarbij in bepaalde uitspraken uitdrukkelijk van een andere kwalificatie zijn uitgegaan. De conclusie luidt derhalve dat niet is aangetoond dat de eerste vraag hypothetisch is. Het vermoeden van relevantie dat op verzoeken om een prejudiciële beslissing rust, wordt door de twijfels van Budvar dus niet weerlegd. Bijgevolg is de eerste prejudiciële vraag ontvankelijk. Ten gronde Met zijn eerste vraag verzoekt de verwijzende rechter in wezen om verduidelijking van punt 101 van het arrest Budějovický Budvar. Vooraf zij opgemerkt dat deze eerste vraag ziet op de bescherming van de benaming „Bud” als eenvoudige geografische herkomstaanduiding krachtens de betrokken bilaterale verdragen die op 11 juni 1976 en zijn gesloten tussen de Republiek Oostenrijk en de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek. Deze bilaterale verdragen zijn dus ruim vóór de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de Europese Unie gesloten. Het hoofdgeding ziet dus niet op bilaterale verdragen die zijn gesloten toen de betrokken staten daadwerkelijk lidstaten waren. Voor het antwoord op deze vraag is het nodig dit punt 101 opnieuw te situeren in de analyse van het Hof waarvan dit punt integrerend deel uitmaakt. In punt 54 van het arrest Budějovický Budvar heeft het Hof opgemerkt dat de eerste vraag in die zaak zag op de benaming „Bud” als eenvoudige en indirecte geografische herkomstaanduiding, te weten een benaming waarbij geen rechtstreekse band bestaat tussen enerzijds een bepaalde kwaliteit, de reputatie of een ander kenmerk van het product, en anderzijds zijn specifieke geografische oorsprong, en waarop derhalve artikel 2, lid 2, sub b, van verordening nr. 2081/92 niet van toepassing is (zie arrest van 7 november 2000, Warsteiner Brauerei, C-312/98, Jurispr. blz. I-9187, punten 43 en 44), welke benaming bovendien niet als zodanig een geografische naam is, maar wel op zijn minst geschikt is om de consument erop te wijzen dat het product waarop zij is aangebracht, uit een bepaalde plaats of streek dan wel uit een bepaald land afkomstig is (zie arrest van , Exportur, C-3/91, Jurispr. blz. I-5529, punt 11). Op basis van dit uitgangspunt heeft het Hof onderzocht of de absolute bescherming, zijnde een van elk gevaar voor misleiding onafhankelijke bescherming, van een eenvoudige en indirecte geografische aanduiding zoals die welke aan de benaming „Bud” is verleend krachtens de betrokken bilaterale verdragen kan zijn gerechtvaardigd uit gemeenschapsrechtelijk oogpunt voor zover zij een beperking van het vrije verkeer van goederen kan vormen (zie reeds aangehaald arrest Budějovický Budvar, punt 97). In punt 99 van het arrest Budějovický Budvar heeft het Hof, met betrekking tot bescherming die wordt verleend door een bilateraal verdrag van in wezen dezelfde aard als het thans in geding zijnde, eraan herinnerd dat het reeds heeft geoordeeld dat het doel van een dergelijk verdrag, dat erin bestaat te verhinderen dat producenten uit een verdragsluitende staat de geografische benamingen van een andere staat gebruiken en aldus profijt trekken van de reputatie van de producten van ondernemingen die gevestigd zijn in de streken of op de plaatsen waaraan die benamingen zijn ontleend, gericht is op het waarborgen van een eerlijke mededinging. Een dergelijk doel kan worden beschouwd als behorend tot de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG, mits de betrokken benamingen, op de datum van inwerkingtreding van dit verdrag of nadien, in het land van oorsprong niet tot soortnaam zijn geworden (zie arrest Exportur, reeds aangehaald, punt 37, en arrest van 4 maart 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Jurispr. blz. I-1301, punt 20). In punt 100 van het arrest Budějovický Budvar heeft het Hof vastgesteld dat, zoals uit onder meer de artikelen 1, 2, en 6 van het bilaterale verdrag voortvloeit, een dergelijk doel de basis vormt van de door de betrokken bilaterale verdragen ingevoerde beschermingsregeling. Op basis van deze overwegingen heeft het Hof in punt 101 van het arrest Budějovický Budvar geoordeeld dat, zo uit het onderzoek van de verwijzende rechter blijkt dat, gelet op de feitelijke omstandigheden en de heersende opvattingen in Tsjechië, de benaming Bud een streek of een plaats op het grondgebied van deze staat aanduidt en bescherming aldaar volgens de criteria van artikel 30 EG gerechtvaardigd is, dit artikel er zich ook niet tegen verzet dat deze bescherming zich uitstrekt tot het grondgebied van een lidstaat als, in het onderhavige geval, de Republiek Oostenrijk. In de eerste plaats dient de verwijzing in dat punt van dat arrest naar de feitelijke omstandigheden en de heersende opvattingen in Tsjechië te worden begrepen in het specifieke kader van de regeling voor bescherming van de benaming „Bud” krachtens de betrokken bilaterale verdragen. Deze beschermingsregeling is, net zoals de regeling die aan de orde was in het reeds aangehaalde arrest Exportur, gebaseerd op een uitbreiding van de bescherming zoals verleend in de lidstaat van oorsprong (in casu de Tsjechische Republiek) tot de lidstaat van invoer (in casu de Republiek Oostenrijk). Kenmerkend voor deze regeling is dat, in afwijking van het territorialiteitsbeginsel, de verleende bescherming wordt beheerst door het recht van de lidstaat van oorsprong en geconditioneerd door de in deze staat heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen (arrest Exportur, reeds aangehaald, punten 12, 13 en 38). Bijgevolg moet de vraag of de benaming „Bud” een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst is, door de verwijzende rechter worden onderzocht op basis van deze in Tsjechië heersende omstandigheden en opvattingen. Zoals het Hof eraan heeft herinnerd in punt 54 van het arrest Budějovický Budvar, is een eenvoudige aanduiding van geografische herkomst met name indirect wanneer zij niet als zodanig een geografische naam is, maar wel op zijn minst geschikt is om de consument erop te wijzen dat het product waarop zij is aangebracht, uit een bepaalde plaats of streek dan wel uit een bepaald land afkomstig is. De conclusie luidt dus dat om te bepalen of een benaming zoals „Bud” kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst waarvan de bescherming krachtens de betrokken bilaterale verdragen kan worden gerechtvaardigd volgens de criteria van artikel 30 EG, de verwijzende rechter moet onderzoeken of, volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen, deze benaming, ook al is zij als zodanig geen geografische naam, op zijn minst geschikt is om de consument erop te wijzen dat het daarmee aangeduide product uit een bepaalde streek of plaats van deze lidstaat afkomstig is. Wanneer uit dit onderzoek evenwel blijkt dat de betrokken benaming niet op zijn minst geschikt is om de geografische herkomst van het betrokken product in gedachten op te roepen, dan kan de bescherming ervan niet worden gerechtvaardigd op grond van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG en is zij in beginsel in strijd met artikel 28, behoudens rechtvaardiging op een andere grondslag (arrest Budějovický Budvar, reeds aangehaald, punten 107-111). In de tweede plaats blijkt met betrekking tot de vermelding in punt 101 van het arrest Budějovický Budvar dat de bescherming van de benaming „Bud” kan worden gerechtvaardigd volgens de criteria van artikel 30 EG, uit het voorgaande dat de verwijzende rechter bovendien moet nagaan, tevens volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen, of zoals in punt 99 van dit arrest wordt uiteengezet de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming op of na de datum van inwerkingtreding van de betrokken bilaterale verdragen in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden, nu het Hof in de punten 99 en 100 van dat arrest reeds heeft beslist dat het doel van de bij deze verdragen ingevoerde beschermingsregeling bestaat in de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG. Indien na de in de punten 82 en 84 van het onderhavige arrest bedoelde onderzoeken blijkt dat volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming „Bud” op zijn minst geschikt is om de consument erop te wijzen dat het daarmee aangeduide product uit een streek of een plaats van deze lidstaat afkomstig is en dat, volgens diezelfde omstandigheden en opvattingen, deze benaming op of na de datum van inwerkingtreding van de betrokken bilaterale verdragen in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden, heeft dit bovendien tot gevolg dat de artikelen 28 EG en 30 EG zich niet verzetten tegen een nationale bescherming van een dergelijke eenvoudige aanduiding van geografische herkomst noch tegen de uitbreiding van deze bescherming op grond van een bilateraal verdrag tot het grondgebied van een andere lidstaat (zie in die zin arrest Budějovický Budvar, reeds aangehaald, punten 101 en 102 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Met het derde onderdeel van de eerste vraag, dat thans dient te worden onderzocht, vraagt de verwijzende rechter aan het Hof of in het kader van de door hem uit te voeren onderzoeken een consumentenenquête nodig is om te bepalen welke opvattingen in Tsjechië heersen, en welke mate van bekendheid en erkenning vereist is. Vaststaat dat het gemeenschapsrecht op deze punten geen specifieke voorschriften bevat. Bij gebreke van een communautaire regelgeving dienaangaande is het een aangelegenheid van de interne rechtsorde van elke lidstaat om de bevoegde rechterlijke instanties aan te wijzen en de procedureregels vast te stellen voor vorderingen die worden ingesteld ter bescherming van rechten die de justitiabelen aan de rechtstreekse werking van het gemeenschapsrecht ontlenen, mits die regels niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke vorderingen krachtens nationaal recht gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (zie met name arrest van 12 februari 2008, Kempter, C-2/06, Jurispr. blz. I-411, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bij gebreke van een gemeenschapsrechtelijk voorschrift ter zake staat het bijgevolg aan de verwijzende rechter om overeenkomstig zijn nationaal recht te beslissen of een consumentenenquête nodig is om duidelijkheid te brengen over welke feitelijke omstandigheden en opvattingen in Tsjechië heersen, in het kader van zijn onderzoek of de benaming „Bud” kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst en in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden. Eveneens overeenkomstig zijn nationaal recht moet de verwijzende rechter, indien hij een consumentenenquête nodig acht, voor deze onderzoeken bepalen welk percentage van consumenten voldoende significant is (zie, mutatis mutandis, arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punten 35 en 36). Ten slotte wenst de verwijzende rechter met het vierde onderdeel van zijn eerste vraag, dat in de laatste plaats dient te worden onderzocht, te vernemen of uit punt 101 van het arrest Budějovický Budvar en inzonderheid uit de verwijzing in dat punt naar de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden voortvloeit dat concrete vereisten gelden zowel voor de kwaliteit als voor de duur van het gebruik van een benaming, in die zin dat deze benaming in de lidstaat van oorsprong daadwerkelijk als geografische benaming is gebruikt door verschillende ondernemingen en niet — zoals het geval zou zijn voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming — uitsluitend als merk door een enkele onderneming. Punt 101 van het arrest Budějovický Budvar, vooral wanneer het wordt herlezen in de context van de redenering die wordt gevolgd voor het antwoord op de eerste vraag in de zaak die tot dat arrest heeft geleid (zie punten 73-77 van het onderhavige arrest), biedt geen houvast voor de stelling dat artikel 30 EG een concreet vereiste bevat voor zowel de kwaliteit als de duur van het gebruik dat van een benaming wordt gemaakt in de lidstaat van oorsprong, wil bescherming ervan gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van dit artikel. Uit de punten 54 en 99 tot en met 101 van het arrest Budějovický Budvar, in hun onderlinge samenhang gelezen, blijkt immers dat artikel 30 EG zich niet verzet tegen uitbreiding op grond van de betrokken bilaterale verdragen van de specifieke bescherming die de benaming „Bud” geniet, tot het grondgebied van een andere lidstaat dan Tsjechië, aangezien deze beschermingsregeling tot doel heeft, de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van dit artikel, op voorwaarde evenwel dat wordt onderzocht of volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen deze benaming kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst en in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden. Bijgevolg bevat artikel 30 EG, zoals uitgelegd in punt 101 van het arrest Budějovický Budvar, geen concreet vereiste voor de kwaliteit en de duur van het gebruik dat van een benaming in de lidstaat van oorsprong wordt gemaakt, opdat bescherming ervan gerechtvaardigd is volgens de criteria van dit artikel. Of een dergelijk vereiste geldt in het hoofdgeding, moet door de verwijzende rechter worden uitgemaakt overeenkomstig het toepasselijke nationale recht en inzonderheid overeenkomstig de in de betrokken bilaterale verdragen voorziene beschermingsregeling. Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat uit punt 101 van het arrest Budějovický Budvar het volgende voortvloeit: — om te bepalen of een benaming zoals die in het hoofdgeding kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst waarvan de bescherming krachtens de betrokken bilaterale verdragen kan worden gerechtvaardigd volgens de criteria van artikel 30 EG, moet de verwijzende rechter onderzoeken of, volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen, deze benaming, ook al is zij als zodanig geen geografische naam, op zijn minst geschikt is om de consument erop te wijzen dat het daarmee aangeduide product uit een bepaalde streek of plaats op het grondgebied van deze lidstaat afkomstig is; — de verwijzende rechter moet bovendien nagaan, opnieuw volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen, of zoals in punt 99 van dat arrest wordt uiteengezet, de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming op of na de datum van inwerkingtreding van de betrokken bilaterale verdragen in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden, nu het Hof in de punten 99 en 100 van datzelfde arrest reeds heeft beslist dat het doel van de bij deze verdragen ingevoerde beschermingsregeling bestaat in de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG; — bij gebreke van een gemeenschapsrechtelijk voorschrift ter zake staat het aan de verwijzende rechter om overeenkomstig zijn nationaal recht te beslissen of een consumentenenquête nodig is om duidelijkheid te brengen over welke feitelijke omstandigheden en opvattingen in Tsjechië heersen, in het kader van zijn onderzoek of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming „Bud” kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst en in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden. Eveneens overeenkomstig zijn nationaal recht moet de verwijzende rechter, indien hij een consumentenenquête nodig acht, voor deze onderzoeken bepalen welk percentage van consumenten voldoende significant is, en — artikel 30 EG bevat geen concreet vereiste voor de kwaliteit en de duur van het gebruik dat van een benaming in de lidstaat van oorsprong wordt gemaakt, opdat bescherming ervan gerechtvaardigd is volgens dit artikel. Of een dergelijk vereiste geldt in het hoofdgeding, moet door de verwijzende rechter worden uitgemaakt overeenkomstig het toepasselijke nationale recht en inzonderheid overeenkomstig de in de betrokken bilaterale verdragen voorziene beschermingsregeling. Tweede vraag Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de communautaire beschermingsregeling van verordening nr. 510/2006 uitputtende werking heeft zodat deze verordening zich verzet tegen toepassing van een beschermingsregeling waarin is voorzien in verdragen tussen twee lidstaten zoals de betrokken bilaterale verdragen, volgens welke een benaming die overeenkomstig het recht van een lidstaat is erkend als oorsprongsbenaming, wordt beschermd in een andere lidstaat waar daadwerkelijk op deze bescherming aanspraak wordt gemaakt ofschoon voor deze oorsprongsbenaming geen aanvraag tot registratie op grond van deze verordening is ingediend. Opmerkingen vooraf Vooraf zij in de eerste plaats eraan herinnerd dat, zoals is uiteengezet in de punten 51 en 52 van het onderhavige arrest, deze vraag volgens de verwijzende rechter ziet op de situatie waarin de benaming „Bud” in Tsjechië wordt beschermd als oorsprongsbenaming en niet als eenvoudige aanduiding van geografische herkomst. In de tweede plaats is de Tsjechische Republiek, sinds het Hof het arrest Budějovický Budvar heeft gewezen, toegetreden tot de Europese Unie. Aangezien de betrokken bilaterale verdragen voortaan twee lidstaten betreffen, kunnen de bepalingen ervan bijgevolg geen toepassing vinden in de verhoudingen tussen deze staten indien die bepalingen strijdig blijken te zijn met het gemeenschapsrecht, inzonderheid met de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen (zie in die zin met name arrest van 20 mei 2003, Ravil, C-469/00, Jurispr. blz. I-5053, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bovendien is artikel 307 EG niet van toepassing op deze verdragen aangezien geen derde land partij bij deze verdragen is (arrest van 27 september 1988, Matteucci, 235/87, Jurispr. blz. 5589, punt 21). In de derde plaats is, volgens de verwijzende rechter, deze benaming geregistreerd als oorsprongsbenaming en geniet zij nog steeds bescherming op grond van de Overeenkomst van Lissabon. In dit verband dient te worden opgemerkt dat, anders dan de Tsjechische Republiek, de Republiek Oostenrijk geen partij is bij deze overeenkomst, zodat in laatstgenoemde lidstaat geen beroep kan worden gedaan op de bij deze overeenkomst geboden bescherming. De vraag of de uitputtende werking van verordening nr. 510/2006 zich verzet tegen eventuele bescherming van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming op grond van de Overeenkomst van Lissabon, rijst bijgevolg niet in het hoofdgeding. Aangezien de in artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst van Lissabon vervatte definitie van het begrip oorsprongsbenaming in wezen dezelfde is als die van artikel 2, lid 1, sub a, van verordening nr. 510/2006, volgt daaruit volgens de verwijzende rechter dat de benaming „Bud” een oorsprongsbenaming in de zin van deze verordening is. Vaststaat dat tot op heden voor deze benaming geen registratieaanvraag is ingediend op grond van verordening nr. 510/2006. Evenmin wordt betwist dat voor deze benaming geen registratieaanvraag is toegezonden aan de Commissie op grond van verordening nr. 2081/92 in het kader van de overgangsbepalingen van verordening nr. 918/2004 inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen die bestonden in de tien staten die bij de voorlaatste uitbreiding zijn toegetreden tot de Europese Unie. De tweede vraag ziet dus op de situatie waarin de bescherming van de benaming „Bud”, waarop Budvar in Oostenrijk aanspraak maakt op grond van de betrokken bilaterale verdragen, gebaseerd is op de uitbreiding tot deze lidstaat van de bescherming van deze benaming als oorsprongsbenaming zoals die in Tsjechië bestond, waarbij deze benaming tevens beantwoordt aan de definitie van oorsprongsbenaming in de zin van verordening nr. 510/2006. Meer bepaald rijst dus de vraag of verordening nr. 510/2006 uitputtende werking heeft die zich verzet tegen deze nationale bescherming en bijgevolg ook tegen uitbreiding van deze bescherming tot het grondgebied van een andere lidstaat op grond van de betrokken bilaterale verdragen. Antwoord van het Hof Volgens vaste rechtspraak heeft verordening nr. 2081/92 tot doel, aan de daarin bedoelde geografische benamingen een uniforme bescherming in de Gemeenschap te verzekeren, en de communautaire registratie daarvan verplicht gesteld, opdat zij in alle lidstaten bescherming kunnen genieten (zie in die zin met name arrest Budějovický Budvar, reeds aangehaald, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Deze doelstelling blijkt uit de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 2081/92 (arrest van 9 juni 1998, Chiciak en Fol, C-129/97 en C-130/97, Jurispr. blz. I-3315 , punten 25 en 26), waarin in wezen hetzelfde wordt verklaard als in punt 6 van de considerans van verordening nr. 510/2006, dat luidt: „Het is zaak oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen communautair te benaderen. Met een communautair kader in de vorm van een beschermingsregeling zou het gebruik van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen verder kunnen worden ontwikkeld, aangezien een dergelijk kader, dankzij een meer uniforme aanpak, aan producenten van producten met dergelijke vermeldingen gelijke mededingingsvoorwaarden garandeert en deze producten voor de consumenten geloofwaardiger maakt.” Het Hof heeft ook opgemerkt dat de algemene trend in de gemeenschapswetgeving is dat meer en meer de nadruk wordt gelegd op de productkwaliteit in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid teneinde, inzonderheid door het gebruik van oorsprongsbenamingen die bijzondere bescherming genieten, de reputatie van de producten te verbeteren. Voor landbouwproducten komt deze trend met name tot uiting in verordening nr. 2081/92, die, gelet op de overwegingen ervan, onder meer wil beantwoorden aan de verwachtingen van de consumenten wat kwaliteitsproducten en een vaststaande geografische oorsprong betreft, en het de producenten gemakkelijker wil maken onder gelijke mededingingsvoorwaarden in ruil voor een reële kwaliteitsverbetering een betere prijs te ontvangen (zie in die zin arrest Ravil, reeds aangehaald, punt 48, en arrest van 20 mei 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma en Salumificio S. Rita, C-108/01, Jurispr. blz. I-5121, punt 63). Oorsprongsbenamingen vallen onder de industriële- en commerciële- eigendomsrechten. De toepasselijke regeling beschermt de rechthebbenden tegen misbruik door derden die willen profiteren van de door deze benamingen verworven reputatie. Zij beogen te waarborgen dat het aldus aangeduide product afkomstig is uit een bepaald geografisch gebied en bepaalde bijzondere kenmerken bezit. Deze benamingen kunnen bij de consument een grote vermaardheid hebben en voor de producenten die voldoen aan de voorwaarden om ze te gebruiken, een belangrijk middel zijn om klanten aan zich te binden. De reputatie van oorsprongsbenamingen is afhankelijk van het beeld dat zij oproepen bij de consument. Dit beeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de bijzondere kenmerken van het product en, meer in het algemeen, door de kwaliteit ervan. Het is uiteindelijk op deze kwaliteit dat de reputatie van het product berust. In de perceptie van de consument hangt de band tussen de reputatie van de producenten en de kwaliteit van de producten voorts af van zijn overtuiging dat de onder de oorsprongsbenaming verkochte producten echt zijn (zie reeds aangehaalde arresten Ravil, punt 49, en Consorzio del Prosciutto di Parma en Salumificio S. Rita, punt 64). Verordening nr. 510/2006, die is vastgesteld op grond van artikel 37 EG, vormt dus een instrument van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat in wezen erop gericht is de consumenten te waarborgen dat landbouwproducten met een op grond van deze verordening geregistreerde geografische aanduiding, doordat zij uit een bepaald geografisch gebied afkomstig zijn, bepaalde bijzondere eigenschappen bezitten en dus dankzij hun geografische herkomst een kwaliteitsgarantie bieden, teneinde landbouwproducenten in staat te stellen om in ruil voor een reële kwaliteitsverbetering een betere prijs te krijgen, en te voorkomen dat derden onrechtmatig profiteren van de reputatie die deze producten dankzij hun kwaliteit genieten. Weliswaar kunnen de lidstaten hun producenten de mogelijkheid bieden om op grond van een nationale titel dat eventueel voldoet aan minder strenge vereisten dan die welke in het kader van verordening nr. 510/2006 gelden voor de betrokken producten, op hun nationaal grondgebied gebruik te maken van een van de aanduidingen of symbolen die overeenkomstig artikel 8 van verordening nr. 510/2006 zijn voorbehouden aan de op grond van deze verordening geregistreerde benamingen. Toch bestaat alsdan het gevaar dat deze kwaliteitsgarantie, die de wezenlijke functie is van de krachtens verordening nr. 510/2006 verleende titels, een loze belofte is en dat alsdan, in de interne markt, het doel van gelijke mededingingsvoorwaarden voor producenten van producten met deze vermeldingen of symbolen op de helling komt te staan en dat met name afbreuk wordt gedaan aan de rechten die zijn voorbehouden aan de producenten die voor een reële kwaliteitsverbetering hebben gezorgd teneinde recht te hebben op een op grond van deze verordening geregistreerde geografische aanduiding. Dit gevaar dat het hoofddoel van kwaliteitsgarantie voor de betrokken landbouwproducten in het gedrang komt, is des te groter, zoals de advocaat-generaal in punt 111 van zijn conclusie heeft opgemerkt, nu anders dan voor merken, geen gelijklopende communautaire maatregel tot harmonisatie van eventuele nationale beschermingsregelingen voor geografische aanduidingen is vastgesteld. De conclusie luidt dus dat het doel van verordening nr. 510/2006 niet erin bestaat, gelijklopend met de nationale regels die kunnen voortbestaan, een aanvullende beschermingsregeling voor gekwalificeerde geografische aanduidingen in te voeren, zoals is gebeurd bijvoorbeeld met verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk ( PB 1994, L 11, blz. 1 ), doch te voorzien in een uniforme en uitputtende beschermingsregeling voor deze aanduidingen. Verschillende kenmerken van de bij de verordeningen nrs. 2081/92 en 510/2006 ingevoerde beschermingsregeling pleiten eveneens voor de uitputtende werking van deze regeling. Ten eerste is, anders dan bij andere gemeenschapsregelingen voor de bescherming van industriële- en commerciële-eigendomsrechten zoals de beschermingsregeling voor gemeenschapsmerken krachtens verordening nr. 40/94 of voor kweekproducten krachtens verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht ( PB L 227, blz. 1 ), de registratieprocedure van de verordeningen nrs. 2081/92 en 510/2006 gebaseerd op een verdeling van de bevoegdheden tussen de betrokken lidstaat en de Commissie, want de Commissie kan het besluit om een benaming te registreren pas nemen wanneer de betrokken lidstaat bij haar een aanvraag daartoe heeft ingediend, en deze aanvraag kan pas worden ingediend wanneer de lidstaat heeft nagegaan of zij gerechtvaardigd is (arrest van , Carl Kühne e.a., C-269/99, Jurispr. blz. I-9517, punt 53). De nationale registratieprocedures zijn dus ingebed in de communautaire beslissingsprocedure en vormen daarvan een essentieel onderdeel. Zij kunnen niet bestaan buiten de communautaire beschermingsregeling om. Met betrekking tot de communautaire registratieprocedure is tevens veelzeggend dat artikel 5, lid 6, van verordening nr. 510/2006, dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 5, lid 5, van verordening nr. 2081/92 zoals daarin ingevoegd bij verordening nr. 535/97, voorschrijft dat de lidstaten op eigen verantwoordelijkheid voorlopig een nationale bescherming kunnen toestaan totdat een besluit over de registratieaanvraag is genomen. In dit verband heeft het Hof bovendien geoordeeld dat uit deze bepaling volgt dat wanneer de lidstaten in de bij verordening nr. 2081/92 ingevoerde regeling de bevoegdheid hebben om, al zijn het maar voorlopige, besluiten vast te stellen die afwijken van de bepalingen van deze verordening, deze bevoegdheid op uitdrukkelijke voorschriften berust (arrest Chiciak en Fol, reeds aangehaald, punt 32). Zoals de advocaat-generaal in punt 102 van zijn conclusie heeft opgemerkt, heeft een dergelijke bepaling geen zin als de lidstaten hun eigen regeling voor bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de zin van de verordeningen nrs. 2081/92 en 510/2006 kunnen handhaven in co-existentie met deze verordeningen. Ten tweede wordt de uitputtende werking van de bij verordeningen nrs. 2081/92 en 510/2006 ingevoerde beschermingsregeling ook aangetoond door de overgangsbepalingen voor de bestaande nationale benamingen zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde Tsjechische benaming „Bud”. Zo voorzag artikel 17 van verordening nr. 2081/92 in een zogeheten vereenvoudigde registratieprocedure voor nationale benamingen die in de lidstaat die registratie aanvraagt, wettelijk beschermd zijn of in de lidstaten waarin geen beschermingsregeling bestaat, door gebruik zijn erkend (arrest van 25 juni 2002, Bigi, C-66/00, Jurispr. blz. I-5917, punt 28). Als registratie was aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, kon de nationale bescherming onder bepaalde voorwaarden overeenkomstig artikel 13, lid 2, van deze verordening worden gehandhaafd gedurende een overgangsperiode van vijf jaar, die vervolgens bij verordening nr. 535/97 werd verlengd met een bijkomende periode van vijf jaar. Aangezien deze specifieke regeling voor de voorlopige bescherming van bestaande nationale benamingen werd opgeheven bij artikel 1, punt 15, van verordening nr. 692/2003, heeft de Commissie bij verordening nr. 918/2004 overgangsbepalingen naar het voorbeeld van die voor de vroegere 15 lidstaten vastgesteld voor de nationale bescherming van de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen die bestonden in de tien staten die bij de voorlaatste uitbreiding van de Europese Unie zijn toegetreden. Deze bepalingen zijn in casu bijzonder relevant, aangezien volgens de verwijzende rechter de benaming „Bud” op dat tijdstip bestond als geografische benaming in Tsjechië. Op grond van verordening nr. 918/2004 kon de nationale bescherming van de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de zin van verordening nr. 2081/92 die op 30 april 2004 bestonden in de tien nieuwe lidstaten, gehandhaafd blijven op voorwaarde dat binnen dezelfde termijn van zes maanden een registratieaanvraag werd ingediend bij de Commissie. Aangezien de vereenvoudigde procedure niet meer bestond, bepaalde deze verordening evenwel dat wanneer een registratieaanvraag binnen deze termijn van zes maanden werd ingediend, deze nationale bescherming kon worden gehandhaafd totdat de Commissie een besluit nam. Bijgevolg werd bij deze verordening voor de tien nieuwe lidstaten bevestigd wat reeds het geval was voor de 15 vroegere lidstaten, namelijk dat nationale bescherming van bestaande gekwalificeerde geografische benamingen slechts mogelijk is wanneer is voldaan aan de specifiek voor dergelijke benamingen gestelde voorwaarden van de overgangsregeling, waaronder de voorwaarde dat binnen een termijn van zes maanden een registratieaanvraag wordt ingediend, hetgeen de Tsjechische autoriteiten hebben nagelaten voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming „Bud”. Deze specifieke regelingen en inzonderheid de uitdrukkelijke toelating die onder bepaalde voorwaarden aan de lidstaten wordt gegeven om de nationale bescherming van bestaande gekwalificeerde geografische benamingen voorlopig te handhaven, zouden geen steek houden indien de communautaire beschermingsregeling voor deze aanduidingen geen uitputtende werking zou hebben waardoor de lidstaten in elk geval dergelijke nationale titels onbeperkt zouden kunnen handhaven. Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat de bij verordening nr. 510/2006 ingevoerde communautaire beschermingsregeling uitputtende werking heeft zodat deze verordening zich verzet tegen toepassing van een beschermingsregeling waarin is voorzien in verdragen tussen twee lidstaten, zoals de betrokken bilaterale verdragen, volgens welke een benaming die overeenkomstig het recht van een lidstaat is erkend als oorsprongsbenaming, wordt beschermd in een andere lidstaat waar daadwerkelijk op deze bescherming aanspraak wordt gemaakt ofschoon voor deze oorsprongsbenaming geen aanvraag tot registratie op grond van deze verordening is ingediend. Gelet op het antwoord op de tweede vraag, behoeft de derde vraag niet meer te worden beantwoord. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht: 1) Uit punt 101 van het arrest van 18 november 2003, Budějovický Budvar (C-216/01), vloeit het volgende voort: — om te bepalen of een benaming zoals die in het hoofdgeding kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst waarvan de bescherming krachtens de in het hoofdgeding aan de orde zijnde bilaterale verdragen kan worden gerechtvaardigd volgens de criteria van artikel 30 EG, moet de verwijzende rechter onderzoeken of, volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen, deze benaming, ook al is zij als zodanig geen geografische naam, op zijn minst geschikt is om de consument erop te wijzen dat het daarmee aangeduide product uit een bepaalde streek of plaats op het grondgebied van deze lidstaat afkomstig is; — de verwijzende rechter moet bovendien nagaan, opnieuw volgens de in Tsjechië heersende feitelijke omstandigheden en opvattingen, of zoals in punt 99 van dat arrest wordt uiteengezet de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming, op of na de datum van inwerkingtreding van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde bilaterale verdragen, in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden, nu het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de punten 99 en 100 van datzelfde arrest reeds heeft beslist dat het doel van de bij deze verdragen ingevoerde beschermingsregeling bestaat in de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 30 EG; — bij gebreke van een gemeenschapsrechtelijk voorschrift ter zake staat het aan de verwijzende rechter om overeenkomstig zijn nationaal recht te beslissen of een consumentenenquête nodig is om duidelijkheid te brengen over welke feitelijke omstandigheden en opvattingen in Tsjechië heersen, in het kader van zijn onderzoek of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde benaming „Bud” kan worden beschouwd als een eenvoudige en indirecte aanduiding van geografische herkomst en in deze lidstaat niet tot soortnaam is geworden. Eveneens overeenkomstig zijn nationaal recht moet de verwijzende rechter, indien hij een consumentenenquête nodig acht, voor deze onderzoeken bepalen welk percentage van consumenten voldoende significant is, en — artikel 30 EG bevat geen concreet vereiste voor de kwaliteit en de duur van het gebruik dat van een benaming in de lidstaat van oorsprong wordt gemaakt, opdat bescherming ervan gerechtvaardigd is volgens dit artikel. Of een dergelijk vereiste geldt in het hoofdgeding, moet door de verwijzende rechter worden uitgemaakt overeenkomstig het toepasselijke nationale recht en inzonderheid overeenkomstig de beschermingsregeling waarin is voorzien in de in het hoofdgeding aan de orde zijnde bilaterale verdragen. 2) De communautaire beschermingsregeling zoals ingevoerd bij verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, heeft uitputtende werking zodat deze verordening zich verzet tegen toepassing van een beschermingsregeling waarin is voorzien in verdragen tussen twee lidstaten, zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde bilaterale verdragen, volgens welke een benaming die overeenkomstig het recht van een lidstaat is erkend als oorsprongsbenaming, wordt beschermd in een andere lidstaat waar daadwerkelijk op deze bescherming aanspraak wordt gemaakt ofschoon voor deze oorsprongsbenaming geen aanvraag tot registratie op grond van deze verordening is ingediend. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Duits.

62016CJ0074

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Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 107 alineatul (1) TFUE. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (Comunidad de Casa de Escuelas Pías de Getafe, PP. Escolapios) [Congregația Școlilor Pioase din Provincia Betania (Comunitatea Caselor Școlilor Pioase din Getafe, Frații Piariști), denumită în continuare „congregația”], pe de o parte, și ayuntamiento de Getafe (Municipalitatea din Getafe, Spania, denumită în continuare „municipalitatea”), pe de altă parte, în legătură cu respingerea de către aceasta din urmă a cererii congregației care urmărea obținerea rambursării unei sume pe care o plătise cu titlu de impozit pe construcții, pe instalații și pe lucrări (denumit în continuare „ICIO”). Cadrul juridic Dreptul internațional Articolul IV din Acordul cu privire la chestiuni economice, încheiat între statul spaniol și Sfântul Scaun la 3 ianuarie 1979 (denumit în continuare „Acordul din 3 ianuarie 1979”), prevede: „1.   Sfântul Scaun, Conferința Episcopală, diocezele, parohiile și alte circumscripții teritoriale, congregațiile și ordinele religioase și institutele de viață consacrată, provinciile și casele lor vor beneficia, de drept, de următoarele scutiri: […] B) scutire totală și permanentă de impozite reale sau pe produs, pe venit și pe patrimoniu. Această scutire nu se aplică veniturilor provenite din exercitarea de activități economice, nici celor rezultate din patrimoniul lor, atunci când folosința acestora a fost cedată, nici câștigurilor de capital, nici veniturilor supuse reținerii la sursă cu titlu de impozit pe venit. […]” Conform articolului VI din acest acord: „Sfântul Scaun și guvernul spaniol se vor strădui să soluționeze de comun acord ambiguitățile și dificultățile care ar putea rezulta din interpretarea sau din aplicarea articolelor prezentului acord, inspirându‑se din principiile pe care le consacră acesta.” Dreptul spaniol ICIO este un impozit municipal care a fost stabilit prin Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales (Legea 39/1988 de reglementare a finanțelor locale) din 28 decembrie 1988 (BOE nr. 313 din 30 decembrie 1988, p. 36636). La momentul faptelor din litigiul principal, acesta era reglementat de articolele 100-103 din Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Decretul regal legislativ 2/2004 prin care se aprobă textul reformat al Legii de reglementare a finanțelor locale) din 5 martie 2004 (BOE nr. 59 din 9 martie 2004, p. 10284, denumit în continuare „textul reformat al Legii de reglementare a finanțelor locale”). Potrivit articolului 100 alineatul 1 din textul reformat al Legii de reglementare a finanțelor locale: „[ICIO] este un impozit indirect al cărui fapt generator este realizarea, pe teritoriul municipal, a oricărei construcții, instalații sau lucrări supuse obținerii unui permis de construcție, indiferent dacă acesta a fost sau nu a fost obținut, sau prezentării unei declarații pe propria răspundere sau a unei informări prealabile, dacă dispensa de permis sau de control intră în competența autorității municipale care impune taxa.” Conform articolului 101 alineatul 1 din acest text: „Sunt supuse acestui impozit în calitate de contribuabili persoanele fizice, persoanele juridice sau entitățile […] care sunt beneficiare ale construcției, ale instalației sau ale lucrării, indiferent dacă este sau nu este vorba despre proprietarii imobilului asupra căruia se realizează lucrările. În sensul paragrafului precedent, este considerat beneficiar al construcției, al instalației sau al lucrării cel care suportă cheltuielile sau costul de realizare.” Prin Orden por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado l del articulo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979 [Ordinul prin care se precizează includerea impozitului pe construcții, pe instalații și pe lucrări în articolul IV alineatul 1 litera B) din Acordul cu privire la chestiuni economice, încheiat între statul spaniol și Sfântul Scaun la 3 ianuarie 1979] din 5 iunie 2001 (BOE nr. 144 din 16 iunie 2001, p. 21427, denumit în continuare „Ordinul din 5 iunie 2001”), Ministerul Finanțelor spaniol precizează, la primul punct din dispozitivul acestui ordin, că ICIO „face parte dintre impozitele reale sau asupra producției prevăzute la articolul IV alineatul 1 litera B) din Acordul din 3 ianuarie 1979” și, la al doilea punct din acest dispozitiv, că „Sfântul Scaun, Conferința Episcopală, diocezele, parohiile și alte circumscripții teritoriale, congregațiile și ordinele religioase și institutele de viață consacrată și provinciile și casele lor beneficiază de o scutire totală și permanentă de [ICIO]”. Astfel cum precizează instanța de trimitere, ordinul respectiv a recunoscut, în favoarea Bisericii Catolice, o scutire totală de ICIO în legătură cu imobilele deținute de aceasta, indiferent de natura activităților cărora le erau destinate. Orden EHA/2814/2009 por la que se modifica la Orden de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979 [Ordinul EHA/2814/2009 de modificare a Ordinului din 5 iunie 2001 prin care se precizează includerea impozitului pe construcții, pe instalații și pe lucrări în articolul IV alineatul 1 litera B) din Acordul cu privire la chestiuni economice, încheiat între statul spaniol și Sfântul Scaun la 3 ianuarie 1979] din 15 octombrie 2009 (BOE nr. 254 din 21 octombrie 2009, p. 88046, denumit în continuare „Ordinul din 15 octombrie 2009”) a înlocuit al doilea punct din dispozitivul Ordinului din 5 iunie 2001 cu următorul text: „Sfântul Scaun, Conferința Episcopală, diocezele, parohiile și alte circumscripții teritoriale, congregațiile și ordinele religioase și institutele de viață consacrată, provinciile și casele lor beneficiază de o scutire totală și permanentă de [ICIO] pentru toate imobilele care sunt scutite de contribuția teritorială urbană (în prezent, impozitul pe bunurile imobiliare).” Astfel cum reiese din indicațiile furnizate de instanța de trimitere, din această modificare rezulta că Biserica Catolică beneficia de o scutire de ICIO care se aplica numai imobilelor destinate unor scopuri exclusiv religioase. Instanța de trimitere precizează că Ordinul din 15 octombrie 2009 a fost anulat printr‑un Ordin din 9 decembrie 2013 al secției de contencios administrativ a Audiencia Nacional (Curtea Națională, Spania) și că această anulare a fost confirmată printr‑o hotărâre din 19 noiembrie 2014 a secției de contencios administrativ a Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania), în special pentru motivul că acest ordin reducea întinderea scutirii prevăzute la articolul IV alineatul 1 litera B) din Acordul din 3 ianuarie 1979. Litigiul principal și întrebarea preliminară Congregația este înscrisă în registrul entităților religioase administrat de Ministerul Justiției spaniol și beneficiază de Acordul din 3 ianuarie 1979. Ea este proprietara unui ansamblu de clădiri, situate la Getafe, în incinta cărora se află școala „La Inmaculada” pe care o gestionează. La 4 martie 2011, congregația a solicitat un permis pentru transformarea și extinderea clădirii care adăpostește sala de conferințe a școlii menționate, destinată în special organizării de reuniuni, de cursuri și de conferințe, în vederea dotării sale cu 450 de locuri pe scaune. Permisul menționat a fost acordat la 28 aprilie 2011, congregația plătind ICIO într‑un cuantum de 23730,41 euro. Ulterior, congregația a formulat o cerere de rambursare a acestei sume, considerând că este scutită de plata acestui impozit în temeiul Ordinului din 5 iunie 2001, care pune în aplicare articolul IV alineatul 1 litera B) din Acordul din 3 ianuarie 1979. Această cerere a fost respinsă prin decizia din 6 noiembrie 2013 a Órgano de Gestión Tributaria (Biroul de Administrație Fiscală) al municipalității, întrucât acesta a considerat că scutirea menționată nu era aplicabilă, dat fiind că era solicitată pentru o activitate a Bisericii Catolice lipsită de finalitate religioasă. Congregația contestă această decizie, confirmată în instanța de retractare, în cadrul acțiunii formulate la instanța de trimitere, arătând că suma plătită cu titlu de ICIO nu era datorată, articolul IV alineatul 1 litera B) din Acordul din 3 ianuarie 1979 trebuind să fie interpretat în sensul că o scutește de acest impozit indiferent de destinația bunului imobil care constituie baza de calcul al impozitului menționat. Municipalitatea răspunde că, în temeiul Ordinului din 15 octombrie 2009, scutirea de ICIO se aplică numai imobilelor scutite de impozitul pe bunurile imobile ca urmare a faptului că sunt destinate finalităților religioase ale Bisericii Catolice și că, în lipsa unei asemenea limitări, având în vedere amploarea desfășurării de activități economice de către această biserică (gestionarea de școli, de spitale etc.), o asemenea scutire s‑ar putea dovedi incompatibilă cu dispozițiile dreptului Uniunii în materie de ajutoare de stat. Instanța de trimitere arată că, deși chestiunea conformității cu dreptul Uniunii a scutirii de ICIO de care beneficiază Biserica Catolică nu a mai fost ridicată vreodată în fața instanțelor spaniole, Comisia Europeană a fost totuși sesizată cu aceasta, însă nu a adoptat o poziție definitivă pe această temă. Această instanță precizează, în această privință, că scutirea menționată nu este limitată, contrar a ceea ce ar fi considerat această instituție, la instalațiile, la construcțiile și la lucrările care aparțin Bisericii Catolice și sunt destinate unor scopuri exclusiv religioase. Făcând de asemenea trimitere la punctele 19-23 din Hotărârea din 9 octombrie 2014, Ministerio de Defensa și Navantia ( C‑522/13 , EU:C:2014:2262 ), instanța de trimitere ridică problema dacă scutirea de ICIO de care beneficiază Biserica Catolică, chiar și atunci când destinația imobilului vizat de această măsură corespunde desfășurării unei activități economice de către aceasta, ar putea constitui un ajutor de stat, în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE. În aceste condiții, Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n o 4 de Madrid (Tribunalul de Contencios Administrativ nr. 4 din Madrid) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară: „Scutirea Bisericii Catolice de la plata [ICIO] cu privire la construcțiile, la instalațiile și la lucrările efectuate asupra unor imobile destinate desfășurării de activități economice care nu au scop strict religios este contrară articolului 107 alineatul (1) TFUE?” Cu privire la întrebarea preliminară Cu privire la admisibilitatea cererii de decizie preliminară Guvernul spaniol contestă admisibilitatea cererii de decizie preliminară. Potrivit acestui guvern, pe de o parte, întrebarea preliminară este ipotetică, în măsura în care, fără să stabilească o legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal, aceasta urmărește obținerea unui aviz consultativ general privind scutirea de ICIO de care beneficiază Biserica Catolică în privința schemei de ajutoare de stat. Pe de altă parte, cererea de decizie preliminară ar prezenta lacune grave în ceea ce privește descrierea elementelor de fapt și de drept necesare pentru a permite Curții să răspundă în mod util la întrebarea adresată. Decizia de trimitere nu ar conține nicio descriere a activității desfășurate de congregație, în special în cadrul imobilului vizat de scutirea fiscală în discuție în litigiul principal, și nici a structurii și a organizării sale economice. Instanța de trimitere ar fi omis, în plus, să indice motivele exacte care au determinat‑o să considere necesar să adreseze întrebarea preliminară. În această privință, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, în cadrul cooperării dintre aceasta din urmă și instanțele naționale, instituită prin articolul 267 TFUE, numai instanța națională care este sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei, atât necesitatea unei decizii preliminare pentru a fi în măsură să pronunțe propria hotărâre, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează Curții. În consecință, în cazul în care întrebările adresate privesc interpretarea dreptului Uniunii, Curtea este, în principiu, obligată să se pronunțe (Hotărârea din 21 decembrie 2016, Vervloet și alții, C‑76/15 , EU:C:2016:975 , punctul și jurisprudența citată). Rezultă că întrebările privind dreptul Uniunii beneficiază de o prezumție de pertinență. Curtea poate refuza să se pronunțe asupra unei întrebări preliminare adresate de o instanță națională numai dacă este evident că interpretarea solicitată a dreptului Uniunii nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal, atunci când problema este de natură ipotetică sau atunci când Curtea nu dispune de elementele de fapt și de drept necesare pentru a răspunde în mod util la întrebările care i‑au fost adresate (Hotărârea din 21 decembrie 2016, Vervloet și alții, C‑76/15 , EU:C:2016:975 , punctul ). În această din urmă privință, trebuie amintit că necesitatea de a ajunge la o interpretare a dreptului Uniunii care să îi fie utilă instanței naționale impune definirea de către aceasta din urmă a cadrului factual și normativ în care se încadrează întrebările adresate sau cel puțin explicarea ipotezelor de fapt pe care se întemeiază aceste întrebări. Aceste cerințe sunt aplicabile în special în domeniul concurenței, care se caracterizează prin situații complexe de fapt și de drept (Hotărârea din 21 noiembrie 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12 , EU:C:2013:755 , punctul ). Potrivit jurisprudenței Curții, instanța de trimitere trebuie de asemenea să indice motivele exacte care au determinat‑o să ridice problema interpretării dreptului Uniunii și să considere necesar să adreseze Curții întrebări preliminare (Hotărârea din 21 noiembrie 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12 , EU:C:2013:755 , punctul ). În speță, mai întâi, din decizia de trimitere rezultă că instanța de trimitere este sesizată în special cu problema dacă articolul 107 TFUE se opune posibilității oferite congregației de a beneficia, în temeiul Ordinului din 5 iunie 2001, care pune în aplicare articolul IV alineatul 1 litera B) din Acordul din 3 ianuarie 1979, de scutirea fiscală în discuție în litigiul principal. Din această decizie rezultă că instanța de trimitere consideră că, pentru a se pronunța cu privire la acțiunea care îi este prezentată, ea trebuie să verifice conformitatea unei asemenea scutiri cu articolul 107 TFUE, din decizia menționată reieșind în mod clar îndoielile pe care le are în această privință. În aceste condiții, nu este evident că interpretarea dreptului Uniunii solicitată de instanța de trimitere privește o problemă ipotetică sau nu prezintă nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal. Apoi, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 25 din concluzii, decizia de trimitere prezintă dispozițiile relevante ale Acordului din 3 ianuarie 1979, ale dreptului fiscal spaniol, precum și practica administrativă și jurisprudența națională aferentă acestora, guvernul spaniol neidentificând de altfel niciun element care ar fi util înțelegerii cauzei și pe care instanța de trimitere ar fi omis să îl menționeze. În sfârșit, în ceea ce privește descrierea cadrului factual, decizia de trimitere conține date suficiente pentru înțelegerea atât a întrebării preliminare, cât și a întinderii sale. Este necesar, prin urmare, să se considere că decizia de trimitere conține elementele de fapt și de drept care permit Curții să furnizeze un răspuns util instanței de trimitere. Această decizie a permis de altfel persoanelor interesate, menționate la articolul 23 al doilea paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, să își prezinte observațiile, conform acestei dispoziții. Rezultă că cererea de decizie preliminară este admisibilă. Cu privire la fond Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă o scutire fiscală precum cea în discuție în litigiul principal, de care beneficiază o congregație a Bisericii Catolice pentru lucrări realizate într‑un imobil destinat desfășurării de activități lipsite de o finalitate strict religioasă, este susceptibilă să intre sub incidența interdicției prevăzute la articolul 107 alineatul (1) TFUE. Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, în cadrul procedurii de cooperare între instanțele naționale și Curte instituite la articolul 267 TFUE, este de competența acesteia din urmă să ofere instanței naționale un răspuns util care să îi permită să soluționeze litigiul cu care este sesizată. Din această perspectivă, Curtea trebuie, dacă este cazul, să reformuleze întrebările care îi sunt adresate. Împrejurarea că, pe plan formal, o instanță națională a formulat o întrebare preliminară făcând trimitere la anumite dispoziții ale dreptului Uniunii nu împiedică Curtea să furnizeze acestei instanțe toate elementele de interpretare care pot fi utile pentru soluționarea cauzei cu care este sesizată, indiferent dacă ea s‑a referit sau nu s‑a referit la acestea în enunțul întrebărilor sale. În această privință, revine Curții sarcina de a extrage din ansamblul elementelor furnizate de instanța națională, și mai ales din motivarea deciziei de trimitere, elementele dreptului Uniunii care necesită o interpretare, având în vedere obiectul litigiului (Hotărârea din 15 octombrie 2015, Biovet, C‑306/14 , EU:C:2015:689 , punctul și jurisprudența citată). În speță, având în vedere în special observațiile prezentate de Regatul Spaniei și de Comisie, este necesar, pentru a furniza instanței de trimitere asemenea elemente de interpretare utile, să se răspundă la întrebarea adresată nu numai în raport cu articolul 107 alineatul (1) TFUE, ci și cu articolul 108 alineatele (1) și (3) TFUE. Cu privire la noțiunea „ajutor de stat”, în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, pentru calificarea drept „ajutor de stat”, în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, este necesară îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de această dispoziție. Astfel, în primul rând, trebuie să fie vorba despre o intervenție a statului sau prin intermediul resurselor de stat. În al doilea rând, această intervenție trebuie să fie susceptibilă să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre. În al treilea rând, aceasta trebuie să acorde un avantaj selectiv beneficiarului său. În al patrulea rând, aceasta trebuie să denatureze sau să amenințe să denatureze concurența (Hotărârea din 21 decembrie 2016, Comisia/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P , EU:C:2016:971 , punctul , precum și Hotărârea din 21 decembrie 2016, Comisia/World Duty Free Group SA și alții, C‑20/15 P și C‑21/15 P , EU:C:2016:981 , punctul ). Pe de altă parte, dreptul Uniunii în domeniul concurenței și în special interdicția prevăzută la articolul 107 alineatul (1) TFUE vizează activitățile întreprinderilor (a se vedea în acest sens Hotărârea din 23 martie 2006, Enirisorse, C‑237/04 , EU:C:2006:197 , punctele și , precum și Hotărârea din 5 martie 2015, Comisia și alții/Versalis și alții, C‑93/13 P și C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punctul ). Rezultă că trebuie să se examineze, în speță, în primul rând, dacă congregația poate fi calificată drept „întreprindere”, în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, în al doilea rând, dacă scutirea fiscală în discuție în litigiul principal urmărește acordarea unui avantaj economic selectiv congregației, în al treilea rând, dacă această măsură constituie o intervenție a statului spaniol sau prin intermediul resurselor acestui stat membru și, în sfârșit, în al patrulea rând, dacă scutirea menționată este susceptibilă să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre și să denatureze sau să amenințe să denatureze concurența în cadrul pieței interne. Cu privire la noțiunile „întreprindere” și „activitate economică” Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, noțiunea „întreprindere” cuprinde, în contextul dreptului Uniunii în domeniul concurenței, orice entitate care exercită o activitate economică, independent de statutul juridic al acestei entități și de modul său de finanțare (Hotărârea din 10 ianuarie 2006, Cassa di Risparmio di Firenze și alții, C‑222/04 , EU:C:2006:8 , punctul ). Prin urmare, caracterul public sau privat al entității care desfășoară activitatea în cauză nu poate influența aspectul dacă această entitate are sau nu are calitatea de „întreprindere”. Pe de altă parte, în măsura în care activitatea în discuție poate fi calificată drept „economică”, împrejurarea că aceasta este desfășurată de o comunitate religioasă nu împiedică aplicarea normelor tratatului, printre care cele care reglementează dreptul concurenței (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 octombrie 1988, Steymann, 196/87 , EU:C:1988:475 , punctele și ). Pentru a determina dacă activitățile în cauză sunt cele ale unei „întreprinderi”, în sensul dreptului Uniunii în domeniul concurenței, trebuie stabilită natura acestor activități, calificarea drept „activitate economică” trebuind să fie examinată pentru fiecare dintre diferitele activități desfășurate de aceeași entitate dată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 octombrie 2002, Aéroports de Paris/Comisia, C‑82/01 P , EU:C:2002:617 , punctul , și Hotărârea din 1 iulie 2008, MOTOE, C‑49/07 , EU:C:2008:376 , punctul ). Reprezintă o activitate economică orice activitate care constă în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață determinată (Hotărârea din 10 ianuarie 2006, Cassa di Risparmio di Firenze și alții, C‑222/04 , EU:C:2006:8 , punctul ). Împrejurarea că oferta de bunuri sau de servicii este făcută fără scop lucrativ nu se opune ca entitatea care efectuează aceste operațiuni pe piață să trebuiască să fie considerată o întreprindere, în condițiile în care această ofertă se află în concurență cu aceea a altor operatori care urmăresc un scop lucrativ (Hotărârea din 1 iulie 2008, MOTOE, C‑49/07 , EU:C:2008:376 , punctul ). Constituie servicii susceptibile să fie calificate drept „activități economice” prestațiile furnizate în mod normal în schimbul unei remunerații. Caracteristica esențială a remunerației constă în faptul că aceasta reprezintă contravaloarea economică a prestației în cauză (a se vedea prin analogie Hotărârea din 11 septembrie 2007, Schwarz și Gootjes‑Schwarz, C‑76/05 , EU:C:2007:492 , punctele și , precum și jurisprudența citată). În aceste condiții, este necesar să se considere că organizarea unor cursuri de către instituții de învățământ finanțate în cea mai mare parte din fonduri private care nu provin de la prestatorul de servicii însuși constituie servicii, scopul urmărit de aceste instituții constând, într‑adevăr, în oferirea unui serviciu în schimbul unei remunerații (a se vedea prin analogie Hotărârea din 11 septembrie 2007, Schwarz și Gootjes‑Schwarz, C‑76/05 , EU:C:2007:492 , punctul , precum și Hotărârea din 11 septembrie 2007, Comisia/Germania, C‑318/05 , EU:C:2007:495 , punctul ). Nu este necesar ca această finanțare privată să fie asigurată, în principal, de elevi sau de părinții acestora, întrucât caracterul economic al unei activități nu presupune ca serviciul să fie plătit de beneficiarii acestuia (a se vedea prin analogie Hotărârea din 11 septembrie 2007, Schwarz și Gootjes‑Schwarz, C‑76/05 , EU:C:2007:492 , punctul , precum și Hotărârea din 11 septembrie 2007, Comisia/Germania, C‑318/05 , EU:C:2007:495 , punctul ). Cu toate acestea, situația nu este aceeași în ceea ce privește cursurile organizate de anumite instituții care fac parte dintr‑un sistem de învățământ public și care sunt finanțate în întregime sau în mare parte din fonduri publice. Astfel, prin stabilirea și prin menținerea unui astfel de sistem de învățământ public, finanțat în general de bugetul public, iar nu de elevi sau de părinții lor, statul nu intenționează să se angajeze în activități remunerate, ci își îndeplinește misiunea în domeniile social, cultural și educativ față de populație (a se vedea prin analogie Hotărârea din 11 septembrie 2007, Schwarz și Gootjes‑Schwarz, C‑76/05 , EU:C:2007:492 , punctul , precum și Hotărârea din 11 septembrie 2007, Comisia/Germania, C‑318/05 , EU:C:2007:495 , punctul ). În acest context, nu este exclus ca aceeași instituție să poată desfășura mai multe activități, în același timp economice și neeconomice, cu condiția să țină o contabilitate separată în ceea ce privește diferitele finanțări primite, astfel încât să excludă orice risc de subvenționare „încrucișată” a activităților sale economice prin intermediul unor fonduri publice de care beneficiază în temeiul activităților sale neeconomice. În speță, este cert că congregația desfășoară trei tipuri de activitate în cadrul școlii „La Inmaculada”, și anume activități strict religioase, un învățământ subvenționat de statul spaniol și un învățământ liber, fără sprijinul financiar al acestui stat membru. În plus, această entitate furnizează servicii complementare de restaurant și de transport elevilor săi. Cu toate acestea, dat fiind că scutirea fiscală în discuție în litigiul principal privește transformarea și extinderea sălii de conferințe a școlii „La Inmaculada” și că congregația a subliniat, în ședința în fața Curții, că această sală este destinată numai activităților de învățământ pe care le propune, reiese că această scutire nu prezintă vreo legătură nici cu activitățile cu caracter strict religios ale entității respective, nici cu serviciile complementare menționate la punctul precedent. În acest context, în vederea aplicării interdicției prevăzute la articolul 107 alineatul (1) TFUE în cazul scutirii menționate, revine instanței de trimitere sarcina de a stabili, în lumina indicațiilor care figurează la punctele 41-51 din prezenta hotărâre, dacă și, dacă este cazul, care dintre activitățile pedagogice desfășurate de congregație au sau nu au un caracter economic. În această privință, în lumina precizărilor concordante aduse în ședința în fața Curții de congregație, de municipalitate și de guvernul spaniol, reiese că activitățile de învățământ subvenționate de statul spaniol se înscriu în cadrul sistemului de învățământ public primar și secundar al acestui stat membru, învățământul în cadrul școlii „La Inmaculada” fiind organizat în temeiul și în conformitate cu condițiile prevăzute într‑o convenție încheiată între congregație și comunitatea autonomă Madrid și finanțat în totalitatea sa din bugetul public. Dacă aceste informații se vor dovedi exacte, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere, activitățile de învățământ ale congregației subvenționate de statul spaniol nu ar putea fi calificate drept „economice”, conform jurisprudenței Curții menționate la punctele 41-50 din prezenta hotărâre. În schimb, în lumina informațiilor furnizate, în ședința în fața Curții, de congregație, de municipalitate și de guvernul spaniol, activitățile de învățământ ale congregației nesubvenționate de statul spaniol, care fac parte din învățământul preșcolar, extrașcolar și postobligatoriu, par să întrunească toate criteriile prevăzute la punctele 44-49 din prezenta hotărâre pentru a fi calificate drept „activități economice”, aspect a cărui verificare revine însă instanței de trimitere. Astfel, aceste activități nu ar fi finanțate de statul spaniol. Dimpotrivă, ar fi vorba despre activități organizate de congregația însăși și finanțate în esență prin intermediul participărilor financiare private la cheltuielile școlare, în special ale elevilor, precum și ale părinților lor. Dacă instanța de trimitere ar considera, în urma acestei verificări, că activitățile de învățământ ale congregației nesubvenționate de statul spaniol constituie o „activitate economică”, i‑ar reveni în plus sarcina de a verifica dacă sala de conferințe a școlii „La Inmaculada” este dedicată unei utilizări care corespunde exclusiv uneia sau celeilalte dintre aceste activități de învățământ sau unei utilizări mixte. Astfel, dacă utilizarea sa ar fi rezervată exclusiv activităților de învățământ subvenționate de statul spaniol și care întrunesc toate criteriile prevăzute la punctul 50 din prezenta hotărâre, scutirea fiscală în discuție în litigiul principal nu ar putea să intre sub incidența interdicției prevăzute la articolul 107 alineatul (1) TFUE. Dacă, în schimb, utilizarea acestei săli de conferințe ar fi dedicată numai activităților de învățământ asigurate de congregație fără subvenția statului spaniol și care întrunesc toate criteriile prevăzute la punctele 44-49 din prezenta hotărâre, scutirea în discuție în litigiul principal ar fi susceptibilă să intre sub incidența acestei interdicții. În ipoteza unei utilizări mixte a acestei săli, scutirea fiscală în discuție în litigiul principal ar fi susceptibilă să intre sub incidența interdicției menționate în măsura în care sala menționată este destinată unor activități care îndeplinesc criteriile prevăzute la punctele 44-49 și 51 din prezenta hotărâre. Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că scutirea fiscală în discuție în litigiul principal nu este susceptibilă să intre sub incidența interdicției prevăzute la articolul 107 alineatul (1) TFUE decât dacă, pe de o parte, cel puțin o parte dintre activitățile de învățământ asigurate de congregație în cadrul școlii „La Inmaculada” este calificată drept „activitate economică”, în sensul jurisprudenței menționate la punctele 44-49 din prezenta hotărâre, și, pe de altă parte, dacă sala de conferințe a acestei școli este destinată, cel puțin în parte, unor asemenea activități economice. Prin urmare, în condițiile în care instanța de trimitere ar considera, pe baza unei aprecieri în fapt, că sala de conferințe menționată este destinată unor activități desfășurate de congregație care trebuie să fie calificate drept „activități economice”, trebuie să se examineze în continuare dacă, într‑o situație precum cea în discuție în litigiul principal, sunt îndeplinite cele patru condiții prevăzute la punctul 38 din prezenta hotărâre. Cu privire la noțiunea „avantaj economic selectiv” În ceea ce privește aspectul dacă scutirea fiscală în discuție în litigiul principal trebuie analizată în sensul că acordă un avantaj beneficiarului său, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, sunt considerate ajutoare de stat intervențiile care, sub orice formă, pot favoriza direct sau indirect întreprinderi sau care trebuie să fie considerate un avantaj economic pe care întreprinderea beneficiară nu l‑ar fi obținut în condiții de piață normale (Hotărârea din 9 octombrie 2014, Ministerio de Defensa și Navantia, C‑522/13 , EU:C:2014:2262 , punctul ). Astfel, sunt considerate ajutoare, printre altele, intervențiile care, sub diverse forme, reduc sarcinile care grevează în mod normal bugetul unei întreprinderi și care, din acest motiv, fără să fie subvenții în sensul strict al termenului, au aceeași natură și efecte identice (Hotărârea din 19 martie 2013, Bouygues și Bouygues Télécom/Comisia și alții și Comisia/Franța și alții, C‑399/10 P și C‑401/10 P , EU:C:2013:175 , punctul ). În speță, pe de o parte, reiese din decizia de trimitere că, în conformitate cu articolul 100 alineatul 1 și cu articolul 101 alineatul 1 din textul reformat al Legii de reglementare a finanțelor locale, orice întreprindere care efectuează lucrări precum cele în discuție în litigiul principal este supusă ICIO și că congregația a achitat taxa datorată în acest temei. Rezultă din aceasta, pe de altă parte, că scutirea fiscală în discuție în litigiul principal ar avea ca efect că taxa deja achitată de congregație i‑ar fi rambursată. În aceste împrejurări, este necesar să se considere că ICIO constituie un impozit datorat în mod normal de toți contribuabilii care efectuează lucrări de construcție sau de renovare vizate de acest impozit și că scutirea în discuție în litigiul principal ar avea ca efect reducerea sarcinilor care grevează bugetul congregației. În consecință, rezultă că o astfel de scutire fiscală ar conferi congregației un avantaj economic. În plus, din Ordinul din 5 iunie 2001 rezultă că Sfântul Scaun, Conferința Episcopală, diocezele, parohiile și alte circumscripții teritoriale, congregațiile și ordinele religioase și institutele de viață consacrată, precum și provinciile și casele lor beneficiază de o scutire totală și permanentă de ICIO. Prin urmare, rezultă că ordinul menționat nu constituie o măsură generală aplicabilă fără distincție tuturor operatorilor economici, ci o măsură a priori selectivă. Cu toate acestea, din jurisprudența constantă a Curții reiese că noțiunea „ajutor de stat” nu are în vedere măsurile statale care introduc o diferențiere între întreprinderi și sunt, prin urmare, a priori selective, dacă această diferențiere rezultă din natura sau din economia sistemului din care acestea fac parte, aspect care trebuie demonstrat de statul membru în cauză (Hotărârea din 9 octombrie 2014, Ministerio de Defensa și Navantia, C‑522/13 , EU:C:2014:2262 , punctul ). În speță, totuși, nu reiese din niciun element din dosarul prezentat Curții că scutirea fiscală prevăzută de Ordinul din 5 iunie 2001 ar rezulta în mod direct din principiile fondatoare sau directoare ale sistemului fiscal al Regatului Spaniei și că ea ar fi necesară funcționării, precum și eficacității acestui sistem. Având în vedere ansamblul aprecierilor care precedă, trebuie să se considere că, în speță, condiția privind existența unui avantaj economic selectiv este susceptibilă să fie îndeplinită. Cu privire la noțiunea „ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat” Pentru ca avantajele să poată fi calificate drept ajutoare în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE, acestea trebuie, pe de o parte, să fie acordate direct sau indirect prin intermediul resurselor de stat și, pe de altă parte, să fie imputabile statului (Hotărârea din 19 decembrie 2013, Association Vent De Colère! și alții, C‑262/12 , EU:C:2013:851 , punctul ). În ceea ce privește, în primul rând, condiția legată de imputabilitatea măsurii, este suficient să se constate că scutirea fiscală în discuție în litigiul principal rezultă în mod direct din Ordinul din 5 iunie 2001, adoptat de Ministerul Finanțelor al statului spaniol, și își are originea în Acordul din 3 ianuarie 1979, încheiat și pus în aplicare de statul membru menționat. În ceea ce privește, în al doilea rând, condiția ca avantajul să fie acordat direct sau indirect prin intermediul resurselor de stat, nu se contestă că scutirea în discuție în litigiul principal, care conduce la eliminarea unei cheltuieli care ar trebui în mod normal să greveze bugetul congregației, are drept corolar o diminuare corespunzătoare a veniturilor municipalității. În aceste condiții, reiese că condiția referitoare la o intervenție a statului prin intermediul resurselor sale este îndeplinită. Cu privire la noțiunile de ajutoare care „afectează schimburile comerciale dintre statele membre” și care „denaturează sau amenință să denatureze concurența” În ceea ce privește condițiile referitoare la incidența unui avantaj economic asupra schimburilor comerciale dintre statele membre și la denaturarea concurenței pe care acesta este susceptibil să o producă, trebuie amintit că, în vederea calificării unei măsuri naționale ca ajutor de stat, nu este necesar să se stabilească o incidență reală a ajutorului în cauză asupra schimburilor comerciale dintre statele membre și o denaturare efectivă a concurenței, ci doar să se examineze dacă ajutorul respectiv este susceptibil să afecteze aceste schimburi și să denatureze concurența (Hotărârea din 21 decembrie 2016, Vervloet și alții, C‑76/15 , EU:C:2016:975 , punctul ). În special, atunci când un ajutor acordat de un stat membru consolidează poziția anumitor întreprinderi față de cea a altor întreprinderi concurente în cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre, trebuie să se considere că acestea din urmă sunt influențate de ajutor. În această privință, nu este necesar ca întreprinderile beneficiare să participe ele însele la schimburile comerciale dintre statele membre. Astfel, atunci când un stat membru acordă un ajutor unor întreprinderi, activitatea internă poate fi menținută sau intensificată, cu consecința că șansele întreprinderilor stabilite în alte state membre de a intra pe piața acestui stat membru sunt în acest fel diminuate (Hotărârea din 21 decembrie 2016, Vervloet și alții, C‑76/15 , EU:C:2016:975 , punctul ). Cât privește condiția privind denaturarea concurenței, trebuie subliniat că ajutoarele care au drept scop să degreveze o întreprindere de costurile pe care aceasta ar fi trebuit să le suporte în mod normal în cadrul administrării sale curente sau al activităților sale obișnuite denaturează în principiu condițiile privind concurența (Hotărârea din 26 octombrie 2016, Orange/Comisia, C‑211/15 P , EU:C:2016:798 , punctul ). În cauza principală, este posibil ca scutirea de ICIO de care ar putea beneficia congregația să aibă ca efect sporirea atractivității furnizării serviciilor sale de învățământ față de cea a serviciilor unor instituții care sunt de asemenea active pe aceeași piață. Cu toate acestea, conform articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor [107 și 108 TFUE] ajutoarelor de minimis ( JO 2006, L 379, p. 5 , Ediție specială, 08/vol. 5, p. 96), interpretat în lumina considerentului (8) al acestuia, se prezumă că ajutoarele care nu depășesc un plafon de 200000 de euro pentru o perioadă de trei ani nu afectează schimburile comerciale dintre statele membre și nu denaturează sau amenință să denatureze concurența, astfel încât asemenea măsuri sunt excluse din noțiunea de ajutoare de stat (Hotărârea din 8 mai 2013, Libert și alții, C‑197/11 și C‑203/11 , EU:C:2013:288 , punctul ). În această privință, revine instanței de trimitere sarcina de a verifica dacă acest prag este atins în speță, având în vedere că nu pot fi luate în considerare, în scopul calculului prevăzut, decât avantajele de care congregația a beneficiat în temeiul eventualelor sale activități economice, activitățile neeconomice trebuind să fie excluse din acest calcul, în conformitate cu indicațiile furnizate la punctele 41-63 din prezenta hotărâre. Revine, așadar, instanței de trimitere sarcina de a aprecia în fapt, în lumina elementelor de interpretare care precedă și pe baza tuturor împrejurărilor relevante din cauza cu care este sesizată, dacă schimburile comerciale dintre statele membre sunt susceptibile să fie afectate de scutirea în discuție în litigiul principal și dacă Regulamentul nr. 1998/2006 este aplicabil în această cauză. În această privință, dacă această instanță ar avea îndoieli sau ar întâmpina dificultăți în ceea ce privește determinarea valorii ajutoarelor de care congregația a putut să beneficieze în temeiul eventualelor sale activități economice, poate solicita în acest scop, în afara colaborării altor organe ale statului membru vizat, ajutorul Comisiei, în conformitate cu principiul cooperării loiale, astfel cum rezultă în special din cuprinsul punctelor 77-96 din Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat de către instanțele naționale ( JO 2009, C 85, p. 1 ) (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 februarie 2014, Mediaset, С‑69/13 , EU:C:2014:71 , punctul ). Cu privire la noțiunile „ajutoare existente” și „ajutoare noi”, în sensul alineatelor (1) și, respectiv, (3) ale articolului 108 TFUE Întrucât guvernul spaniol a arătat în cadrul observațiilor sale în fața Curții că, având în vedere împrejurarea potrivit căreia Acordul din 3 ianuarie 1979 a fost încheiat înainte de aderarea Regatului Spaniei la Uniunea Europeană, iar scutirea în discuție în litigiul principal își are temeiul în acest acord, această scutire constituie, în orice caz, un ajutor existent, trebuie amintit că, în cadrul sistemului de control al ajutoarelor de stat, instituit prin articolele 107 și 108 TFUE, procedura diferă după cum ajutoarele sunt existente sau noi. În timp ce ajutoarele existente pot, în conformitate cu articolul 108 alineatul (1) TFUE, să fie puse în aplicare în mod legal în măsura în care Comisia nu a constatat incompatibilitatea acestora, articolul 108 alineatul (3) TFUE prevede că proiectele care urmăresc să instituie ajutoare noi sau să modifice ajutoare existente trebuie să fie notificate în timp util Comisiei și nu pot fi puse în aplicare înainte ca procedura să conducă la o decizie finală (Hotărârea din 26 octombrie 2016, DEI și Comisia/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punctul ). „Ajutor existent” înseamnă, fără a aduce atingere dispozițiilor actului de aderare a statului membru vizat, orice ajutor care a existat înainte de intrarea în vigoare a tratatului în acest stat membru, respectiv schemele de ajutor și ajutoarele individuale puse în aplicare anterior și care se aplică și ulterior intrării în vigoare menționate (a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 iulie 2013, P, С‑6/12 , EU:C:2013:525 , punctul ). În speță, deși, desigur, articolul IV alineatul 1 litera B) din Acordul din 3 ianuarie 1979, care prevede o scutire generală de impozite reale în favoarea Bisericii Catolice spaniole, este anterior aderării Regatului Spaniei la Uniune, nu este mai puțin adevărat că ICIO nu a fost introdus în ordinea juridică spaniolă decât după această aderare și că scutirea fiscală în discuție în litigiul principal a rezultat din Ordinul din 5 iunie 2001. În aceste condiții, dacă instanța de trimitere ar constata existența unui ajutor de stat în beneficiul congregației, nu ar putea fi vorba decât despre un ajutor nou, în sensul articolului 108 alineatul (3) TFUE. Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că o scutire fiscală precum cea în discuție în litigiul principal, de care beneficiază o congregație care aparține Bisericii Catolice pentru lucrări realizate într‑un imobil destinat desfășurării unor activități lipsite de o finalitate strict religioasă, este susceptibilă să intre sub incidența interdicției prevăzute la articolul 107 alineatul (1) TFUE dacă și în măsura în care aceste activități sunt economice, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări. Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară: O scutire fiscală precum cea în discuție în litigiul principal, de care beneficiază o congregație care aparține Bisericii Catolice pentru lucrări realizate într‑un imobil destinat desfășurării unor activități lipsite de o finalitate strict religioasă, este susceptibilă să intre sub incidența interdicției prevăzute la articolul 107 alineatul (1) TFUE dacă și în măsura în care aceste activități sunt economice, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere. Semnături ( *1 ) Limba de procedură: spaniola.

62005CJ0179

hu

Tagállami kötelezettségszegés – A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október  2‑i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 261., 1. o.) 18. cikke (1) bekezdésének és 19. cikke első és harmadik francia bekezdésének megsértése – Az abban előírt adatok közlésének elmulasztása Rendelkező rész: 1) A Francia Köztársaság – mivel nem közölte a Bizottsággal az 1997. december 18‑i 2635/97/EK tanácsi rendelettel módosított, a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12‑i 2847/93/EGK tanácsi rendelet 19. cikkének első és harmadik francia bekezdésében előírt adatokat – nem teljesítette az e rendeletből eredő kötelezettségeit. 2) A Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

62019CJ0927

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 21 και 42, του άρθρου 57, παράγραφος 4, στοιχείο ηʹ, του άρθρου 58, παράγραφοι 3 και 4, και του άρθρου 70 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ( ΕΕ 2014, L 94, σ. 65 , και διορθωτικό ΕΕ 2016, L 135, σ. 120 ), των άρθρων 1 και 2 της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων ( ΕΕ 1989, L 395, σ. 33 ), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 ( ΕΕ 2014, L 94, σ. 1 , και διορθωτικό ΕΕ 2016, L 140, σ. 26 ) (στο εξής: οδηγία 89/665), και του άρθρου 9, παράγραφος 2, της οδηγίας (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους ( ΕΕ 2016, L 157, σ. 1 ). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB (περιφερειακού κέντρου διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας Klaipėda, Λιθουανία) (στο εξής: αναθέτουσα αρχή) και της «Ecoservice Klaipėda» UAB (στο εξής: Ecoservice), με αντικείμενο την ανάθεση δημόσιας σύμβασης αποκομιδής και μεταφοράς αστικών αποβλήτων σε κοινοπραξία οικονομικών φορέων συγκροτούμενη από την «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, την «Parsekas» UAB και την «Klaipėdos transportas» UAB (στο εξής: Κοινοπραξία). Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Η οδηγία 2014/24 Η αιτιολογική σκέψη 51 της οδηγίας 2014/24 έχει ως εξής: «Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι διατάξεις σχετικά με την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών ουδόλως εμποδίζουν την κοινοποίηση μη εμπιστευτικών τμημάτων συνημμένων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επακόλουθων αλλαγών.» Το άρθρο 18 της οδηγίας, το οποίο τιτλοφορείται «Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», ορίζει στην παράγραφο 1 τα εξής: «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο. […]» Το άρθρο 21 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο τιτλοφορείται «Εχεμύθεια», προβλέπει τα εξής: «1.   Εκτός αν προβλέπεται άλλως στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται η αναθέτουσα αρχή, ιδίως στη νομοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 50 και 55, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 2.   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.» Το άρθρο 42 της ίδιας οδηγίας, το οποίο τιτλοφορείται «Τεχνικές προδιαγραφές», ορίζει τα ακόλουθα: «1.   Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα VII σημείο 1 παρατίθενται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και βρίσκονται σε αναλογία με την αξία και τους στόχους της. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να προσδιορίζουν αν θα απαιτηθεί μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. […] 3.   Υπό την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους: α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση· β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή –όταν αυτά δεν υπάρχουν– σε εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προμηθειών· κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία “ή ισοδύναμο”· γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α), με παραπομπή, ως τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο β)· δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο β) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) για άλλα χαρακτηριστικά. […]» Το παράρτημα VII της οδηγίας 2014/24 αφορά τον «[ορισμό] ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών». Το άρθρο 50 της οδηγίας αυτής, το οποίο τιτλοφορείται «Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων», προβλέπει στην παράγραφο 4 τα εξής: «Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας‑πλαισίου μπορούν να μη δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή να βλάψει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων.» Κατά το άρθρο 55 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων»: «1.   Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας‑πλαισίου, την ανάθεση σύμβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μη συνάψουν συμφωνία‑πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών. 2.   Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης: α) σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους, τους λόγους για την απόρριψη της αίτησης συμμετοχής τους· β) σε τυχόν απορριφθέντες προσφέροντες, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς τους· στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφοι 5 και 6, αιτιολογούν επίσης την απόφασή τους περί μη ισοδυναμίας ή περί μη εκπλήρωσης των απαιτήσεων επίδοσης ή λειτουργίας από τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες· γ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και την επωνυμία του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας‑πλαισίου· δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου με τους προσφέροντες. 3.   Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών‑πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα σύστημα δυναμικών αγορών εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα ενός συγκεκριμένου οικονομικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.» Το άρθρο 56 της οδηγίας αυτής, το οποίο τιτλοφορείται «Γενικές αρχές», προβλέπει στην παράγραφο 3 τα εξής: «Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν –εφόσον δεν ορίζεται άλλως από την εθνική νομοθεσία με την οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία– να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά εντός εύλογης προθεσμίας υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων απολύτως των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.» Το άρθρο 57 της οδηγίας 2014/24, το οποίο φέρει τον τίτλο «Λόγοι αποκλεισμού», ορίζει στις παραγράφους 4 και 6 τα εξής: «4.   Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν ή μπορούν να υποχρεώνονται από τα κράτη μέλη να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: […] η) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59· ή […] 6.   Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Σε περίπτωση που τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.» Κατά το άρθρο 58 της ίδιας οδηγίας, το οποίο τιτλοφορείται «Κριτήρια επιλογής»: «1.   Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας· β) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια· γ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης. 2.   Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτημα αυτό. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 3.   Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν, ειδικότερα, από τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, φερ’ ειπείν, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων. […] 4.   Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την πείρα για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν, ειδικότερα, από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειριών, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει την αναγκαία επαγγελματική ικανότητα εάν διαπιστώσει ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους. […]» Το άρθρο 60 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο φέρει τον τίτλο «Αποδεικτικά μέσα», ορίζει στις παραγράφους 3 και 4 τα εξής: «3.   Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος I. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται κατάλληλο από την αναθέτουσα αρχή. 4.   Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο παράρτημα XII μέρος II, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών.» Το παράρτημα XII της ίδιας οδηγίας, το οποίο φέρει τον τίτλο «Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής», ορίζει τα εξής: «Μέρος I: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων· β) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας· γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Μέρος II: Τεχνική ικανότητα Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 58: α) οι ακόλουθοι κατάλογοι: i) κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών· εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία· ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών προμηθειών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία· β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου· γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του· δ) αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης· ε) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας· στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης· ζ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης· η) δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια· θ) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολάβος για την εκτέλεση της σύμβασης· ι) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας· ια) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται: i) δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής, ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα.» Το άρθρο 63 της οδηγίας 2014/24, το οποίο τιτλοφορείται «Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων», ορίζει στην παράγραφο 1 τα εξής: «Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 3 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στο άρθρο 58 παράγραφος 4, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στο παράρτημα XII μέρος II στοιχείο στ) ή με τη σχετική επαγγελματική πείρα, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, ωστόσο, να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν αυτοί θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 61, αν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής οι φορείς στις ικανότητες των οποίων ο οικονομικός φορέας προτίθεται να στηριχθεί και αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 57. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τ[ο]ν οποί[ο] συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα, ή δύναται να υποχρεωθεί σχετικώς από το κράτος μέλος, να αντικαταστήσει φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού. Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τον οικονομικό φορέα και τους φορείς αυτούς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.» Κατά το άρθρο 70 της οδηγίας αυτής, το οποίο τιτλοφορείται «Όροι εκτέλεσης της σύμβασης»: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 67 παράγραφος 3 και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.» Η οδηγία 89/665 Το άρθρο 1 της οδηγίας 89/665, το οποίο φέρει τον τίτλο «Πεδίο εφαρμογής και διαθεσιμότητα των διαδικασιών προσφυγής», ορίζει τα εξής: «1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία [2014/24], εκτός εάν οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 12,15,16, 17 και 37 της εν λόγω οδηγίας. […] Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, όσον αφορά τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές να υπόκεινται στην άσκηση αποτελεσματικών και, ιδίως, όσο το δυνατόν ταχύτερων αναθεωρήσεων, υπό τις προϋποθέσεις που θέτουν [τα] άρθρα 2 έως 2στ της παρούσας οδηγίας, λόγω του ότι οι αποφάσεις αυτές παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ή τους εθνικούς κανόνες μεταφοράς της εν λόγω νομοθεσίας. […] 3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες προσφυγής να είναι διαθέσιμες, σύμφωνα με τους κανόνες που είναι δυνατό να θεσπίζουν τα κράτη μέλη, τουλάχιστον σε οιοδήποτε πρόσωπο έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εικαζόμενη παράβαση. […] 5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον ενδιαφερόμενο να ασκήσει καταρχάς προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση της εν λόγω προσφυγής να συνεπάγεται την άμεση αναστολή της δυνατότητας σύναψης της σύμβασης. […] Η αναστολή στην οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο δεν λήγει πριν την εκπνοή προθεσμίας τουλάχιστον 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή απέστειλε απάντηση με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικά μέσα ή, εφόσον χρησιμοποιούνται άλλα μέσα επικοινωνίας, πριν την εκπνοή προθεσμίας τουλάχιστον 15 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή απέστειλε απάντηση ή τουλάχιστον 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της απάντησης.» Το άρθρο 2 της οδηγίας αυτής, το οποίο φέρει τον τίτλο «Απαιτήσεις για τις διαδικασίες προσφυγής», προβλέπει στην παράγραφο 1 τα εξής: «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται όσον αφορά τις διαδικασίες προσφυγής που ορίζει το άρθρο 1 να προβλέπουν τις αναγκαίες εξουσίες προκειμένου: α) να λαμβάνονται, το συντομότερο δυνατόν και με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η περαιτέρω ζημία των θιγομένων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αναστέλλουν ή επιτρέπουν την αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή της εκτέλεσης οιασδήποτε απόφασης λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές· β) να ακυρώσουν ή να διασφαλίσουν την ακύρωση των παράνομων αποφάσεων, και ιδίως να καταργούν τις τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές προδιαγραφές που εισάγουν διακρίσεις και περιλαμβάνονται στα έγγραφα με τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, στις συγγραφές υποχρεώσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη διαδικασία σύναψης της συγκεκριμένης σύμβασης· γ) να επιδικάζουν αποζημίωση στα ζημιωθέντα από την παράβαση πρόσωπα.» Το αρχικό κείμενο της οδηγίας 89/665 είχε τροποποιηθεί, πριν από τις τροποποιήσεις που επέφερε η οδηγία 2014/23, με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007 ( ΕΕ 2007, L 335, σ. 31 ), προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η τελευταία αυτή οδηγία, κατά την αιτιολογική της σκέψη 36, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) και επιδιώκει, ειδικότερα, να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και δίκαιης δίκης, σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 47 του Χάρτη. Η οδηγία 2016/943 Οι αιτιολογικές σκέψεις 4 και 18 της οδηγίας 2016/943 έχουν ως εξής: «(4) Οι καινοτόμες επιχειρήσεις εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε πρακτικές αντίθετες στα χρηστά ήθη που αποβλέπουν στην υπεξαίρεση εμπορικών απορρήτων, όπως κλοπή, μη επιτρεπόμενη αντιγραφή, οικονομική κατασκοπεία ή παραβίαση των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας, είτε από το εσωτερικό είτε εκτός της Ένωσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης, οι μεγαλύτερες αλυσίδες εφοδιασμού και η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου αυτών των πρακτικών. Η παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του νόμιμου κατόχου του εμπορικού απορρήτου να αποκομίσει τα οφέλη του πρωτοπόρου, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των καινοτόμων προσπαθειών του. Χωρίς αποτελεσματικά και συγκρίσιμα νομικά μέσα για την προστασία των εμπορικών απορρήτων σε ολόκληρη την Ένωση, αποθαρρύνονται οι καινοτόμες διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της εσωτερικής αγοράς και δεν αναπτύσσεται το δυναμικό των εμπορικών απορρήτων ως κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Έτσι, η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποθαρρύνονται και οι επενδύσεις μειώνονται, πράγμα το οποίο επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υπονομεύει το αναπτυξιακό της δυναμικό. […] (18) Επιπλέον, η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων όταν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο, θα πρέπει να θεωρείται νόμιμη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Αυτό αφορά κυρίως την απόκτηση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων των εκπροσώπων των εργαζομένων στην ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία και πρακτική, και τη συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς και τη συνδιαχείριση, όπως επίσης και την απόκτηση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου στο πλαίσιο υποχρεωτικών ελέγχων σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, το σύννομον της απόκτησης ενός εμπορικού απορρήτου δεν θα πρέπει να θίγει οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας σε σχέση με το εμπορικό απόρρητο ή οποιοδήποτε περιορισμό ως προς τη χρήση του που μπορεί να επιβάλει το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο στον παραλήπτη ή αποδέκτη των πληροφοριών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τις δημόσιες αρχές από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας τις οποίες υπέχουν ως προς τις πληροφορίες τις οποίες διαβιβάζουν κάτοχοι εμπορικών απορρήτων, ανεξαρτήτως του εάν οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Μια τέτοια υποχρέωση εμπιστευτικότητας περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων, όπως προβλέπονται, για παράδειγμα, […] [στην οδηγία 2014/24]». Κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 2016/943, το οποίο φέρει τον τίτλο «Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής»: «1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες προστασίας από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων. […] 2.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει: […] β) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που επιβάλλουν στους κατόχους εμπορικού απορρήτου να αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορρήτων, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των αρχών αυτών· γ) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που απαιτούν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης ή τις εθνικές δημόσιες αρχές να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανωτέρω όργανα, οργανισμοί ή αρχές κατέχουν σύμφωνα με, και σε συμμόρφωση με, τις υποχρεώσεις και τα προνόμια που προβλέπονται στο ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο· […]». Το άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο τιτλοφορείται «Νόμιμη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων», προβλέπει στην παράγραφο 2 τα εξής: «Η απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.» Το άρθρο 4 της ίδιας οδηγίας, το οποίο φέρει τον τίτλο «Παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων», προβλέπει στην παράγραφο 2, στοιχείο αʹ, τα εξής: «Η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του θεωρείται παράνομη όποτε διενεργείται με: α) μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποίηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που νομίμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να εξαχθεί το εμπορικό απόρρητο». Το άρθρο 9 της οδηγίας 2016/943, το οποίο τιτλοφορείται «Προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων κατά τις δικαστικές διαδικασίες», ορίζει στην παράγραφο 2 τα εξής: «Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται, βάσει δεόντως αιτιολογημένης αίτησης διάδικου, να λαμβάνουν ειδικά μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να προστατευθεί η εμπιστευτικότητα κάθε εμπορικού απορρήτου ή θεωρούμενου εμπορικού απορρήτου το οποίο χρησιμοποιείται ή αναφέρεται κατά την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να επιτρέπουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές να λαμβάνουν τέτοια μέτρα αυτοβούλως. Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη δυνατότητα: α) να περιορίζεται εν όλω ή εν μέρει η πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα, το οποίο υποβάλλεται από τους διαδίκους ή τρίτους, σε περιορισμένο αριθμό προσώπων· β) όταν ενδέχεται να αποκαλυφθούν εμπορικά απόρρητα ή θεωρούμενα εμπορικά απόρρητα, να επιτρέπεται πρόσβαση στην ακροαματική διαδικασία καθώς και στα αντίστοιχα πρακτικά ή καταγραφές της διαδικασίας σε περιορισμένο αριθμό προσώπων· γ) να διατίθεται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν περιλαμβάνεται στον περιορισμένο αριθμό προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ένα μη εμπιστευτικό κείμενο της δικαστικής απόφασης, στην οποία τα αποσπάσματα που περιέχουν εμπορικά απόρρητα έχουν αφαιρεθεί ή αναδιατυπωθεί. Ο αριθμός των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του δευτέρου εδαφίου δεν υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το δικαίωμα των διαδίκων σε αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα και σε δίκαιη δίκη και περιλαμβάνει, τουλάχιστον, ένα φυσικό πρόσωπο για κάθε διάδικο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή άλλους εκπρόσωπους των εν λόγω διαδίκων.» Το λιθουανικό δίκαιο Ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων Ο Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (νόμος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας περί δημοσίων συμβάσεων), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο για την υπόθεση της κύριας δίκης χρόνο (στο εξής: νόμος περί δημοσίων συμβάσεων), ορίζει στο άρθρο 20, το οποίο τιτλοφορείται «Εμπιστευτικότητα», τα εξής: «1.   Απαγορεύεται στην αναθέτουσα αρχή, την επιτροπή ανάθεσης, τα μέλη και τους εμπειρογνώμονές τους και σε κάθε άλλο πρόσωπο να αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες τις οποίες οι προμηθευτές παρείχαν ως εμπιστευτικές. 2.   Η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής του προμηθευτή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί στο σύνολό της εμπιστευτική, πλην όμως ο προμηθευτής μπορεί να δηλώσει ότι ορισμένες πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην προσφορά του είναι εμπιστευτικές. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εμπορικά απόρρητα (κατασκευής) και εμπιστευτικά ζητήματα της προσφοράς. Οι πληροφορίες δεν χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές: 1) εάν ο χαρακτηρισμός αυτός αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου που προβλέπουν την υποχρέωση αποκάλυψης ή το δικαίωμα ενημέρωσης καθώς και στην κανονιστική ρύθμιση περί εφαρμογής των διατάξεων αυτών· 2) εάν ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 58 του παρόντος νόμου σε σχέση με τη δημοσίευση των συναφθεισών συμβάσεων, την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους και τους προσφέροντες, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με την τιμή των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που αναφέρεται στην προσφορά, εξαιρουμένων των συστατικών στοιχείων αυτής· 3) εάν οι εν λόγω πληροφορίες υποβλήθηκαν σε έγγραφα με τα οποία βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής δεν εμπίπτει σε κανέναν λόγο αποκλεισμού, πληροί τις απαιτήσεις ικανότητας και τους κανόνες διαχείρισης της ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, εξαιρουμένων των πληροφοριών των οποίων η αποκάλυψη θα συνιστούσε παράβαση των διατάξεων του νόμου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή των υποχρεώσεων του προμηθευτή στο πλαίσιο συμβάσεων συναφθεισών με τρίτους· 4) εάν αφορούν οικονομικούς φορείς και υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο προμηθευτής, εξαιρουμένων των πληροφοριών των οποίων η αποκάλυψη θα συνιστούσε παράβαση των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 3.   Οσάκις τρέφει αμφιβολίες για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που περιέχονται στην προσφορά του προμηθευτή, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ζητεί από αυτόν να καταδείξει τους λόγους για τους οποίους οι επίμαχες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές […] 4.   Εντός μέγιστης προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες μπορούν να ζητούν από την αναθέτουσα αρχή να τους παράσχει πρόσβαση στην προσφορά ή την αίτηση του αναδόχου (οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν πρόσβαση στις αιτήσεις άλλων προμηθευτών που κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά ή να μετάσχουν σε διάλογο), πλην όμως δεν επιτρέπεται η αποκάλυψη πληροφοριών τις οποίες οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες χαρακτήρισαν εμπιστευτικές χωρίς παράβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. […]» Το άρθρο 45 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, το οποίο φέρει τον τίτλο «Γενικές αρχές αξιολόγησης του προμηθευτή και της αιτήσεως συμμετοχής ή της προσφοράς του», προβλέπει στην παράγραφο 3 τα εξής: «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή προσφέρων υπέβαλε ανακριβή, ελλιπή ή ψευδή έγγραφα ή στοιχεία όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή δεν έχει προσκομίσει τέτοια έγγραφα ή στοιχεία, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί από τον εν λόγω υποψήφιο ή τον προσφέροντα να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τα εν λόγω έγγραφα ή στοιχεία, τάσσοντάς του εύλογη προθεσμία. Η διόρθωση, συμπλήρωση, διευκρίνιση των προσκομισθέντων εγγράφων ή στοιχείων ή η προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων ή στοιχείων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτά αφορούν τη μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού του προμηθευτή, τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις ικανότητας, τα κριτήρια διαχείρισης της ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, το πληρεξούσιο του προμηθευτή για την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ή της προσφοράς, τη σύμβαση κοινοπραξίας, τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την εγκυρότητα της προσφοράς και έγγραφα που δεν αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης ή την τιμή της προσφοράς. Τα λοιπά έγγραφα της προσφοράς του προμηθευτή μπορούν να διορθωθούν, να συμπληρωθούν ή να διευκρινιστούν σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφος 9, του παρόντος νόμου.» Το άρθρο 46 του εν λόγω νόμου, το οποίο τιτλοφορείται «Λόγοι αποκλεισμού προμηθευτή», ορίζει στην παράγραφο 4 τα ακόλουθα: «Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει τον προμηθευτή από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν: […] 4) στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της συμβάσεως, ο προμηθευτής απέκρυψε πληροφορίες ή παρέσχε ψευδή στοιχεία σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 47 του παρόντος νόμου και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει το γεγονός αυτό με κάθε νόμιμο μέσο ή όταν ο προμηθευτής δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαιτούμενα δυνάμει του άρθρου 50 του παρόντος νόμου δικαιολογητικά λόγω του ότι παρέσχε ψευδή στοιχεία. […]» Το άρθρο 52 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, το οποίο φέρει τον τίτλο «Απόκρυψη πληροφοριών, παροχή ψευδών στοιχείων ή μη προσκόμιση εγγράφων», προβλέπει τα εξής: «1.   Η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει στο Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema [(κεντρική πύλη δημοσίων συμβάσεων, Λιθουανία)], το αργότερο εντός δέκα ημερών και σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζει η Viešųjų pirkimų tarnyba [(αρχή δημοσίων συμβάσεων, Λιθουανία)], τα στοιχεία που αφορούν προμηθευτή ο οποίος, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεως, απέκρυψε πληροφορίες ή παρέσχε ψευδή στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 46 και 47 του παρόντος νόμου ή ο οποίος, δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δυνάμει του άρθρου 50 του παρόντος νόμου δικαιολογητικά λόγω του ότι παρέσχε ψευδή στοιχεία, εφόσον: 1) ο εν λόγω προμηθευτής αποκλείστηκε από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης· 2) εκδόθηκε δικαστική απόφαση. […]» Το άρθρο 55 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, το οποίο φέρει τον τίτλο «Αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών», ορίζει στην παράγραφο 9 τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 3, του παρόντος νόμου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες να διορθώσουν, να συμπληρώσουν ή να εξειδικεύσουν την προσφορά τους, αλλά δεν μπορεί να τους ζητήσει, να τους προτείνει ή να τους επιτρέψει να τροποποιήσουν ουσιώδη στοιχεία προσφοράς η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας ή τελικής προσφοράς η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο ανταγωνιστικού διαλόγου, διαδικασίας με διαπραγμάτευση με ή χωρίς δημοσίευση ή σύμπραξης καινοτομίας, δηλαδή να τροποποιήσουν την τιμή ή να επιφέρουν άλλες τροποποιήσεις οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα μια προσφορά η οποία δεν ανταποκρινόταν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης να ανταποκρίνεται πλέον σε αυτά. Εφόσον, κατά την εξέταση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ανακαλύψει στην προσφορά σφάλματα υπολογισμού τα οποία αφορούν την τιμή ή το κόστος, υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να διορθώσει τα διαπιστωθέντα σφάλματα υπολογισμού εντός προθεσμίας την οποία του τάσσει, χωρίς να τροποποιήσει τις τιμές ή το κόστος που περιλαμβάνονταν στην προσφορά κατά τον χρόνο κατά τον οποίο έλαβε γνώση αυτής. Κατά τη διόρθωση των σφαλμάτων υπολογισμού που διαπιστώθηκαν στην προσφορά του, ο προσφέρων μπορεί να διορθώσει στοιχεία τα οποία συνθέτουν την τιμή ή το κόστος, δεν μπορεί όμως να αποσύρει στοιχεία της τιμής ή στοιχεία που συνθέτουν το κόστος, ούτε και να προσθέσει νέα στοιχεία στην τιμή ή στο κόστος.» Το άρθρο 58 του εν λόγω νόμου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων», ορίζει στην παράγραφο 3 τα ακόλουθα: «Στις περιπτώσεις που μνημονεύονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή δεν παρέχει πληροφορίες των οποίων η αποκάλυψη συνιστά παράβαση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων και πληροφοριών ή αντιβαίνει στο γενικό συμφέρον, βλάπτει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένου προμηθευτή ή επηρεάζει τον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών.» Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας Ο Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας) ορίζει στο άρθρο 10 , το οποίο φέρει τον τίτλο «Ειδικές διατάξεις σχετικά με την προστασία του εμπορικού απορρήτου», τα εξής: «1.   Το παρόν άρθρο προβλέπει ειδικές διατάξεις για την προστασία του εμπορικού απορρήτου σε υποθέσεις που αφορούν την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων και σε άλλες αστικές υποθέσεις. 2.   Όταν συντρέχουν λόγοι για να θεωρείται ότι επιτρέπεται η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου, το δικαστήριο, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως, ορίζει με αιτιολογημένη διάταξη τα πρόσωπα τα οποία μπορούν: 1) να έχουν πρόσβαση στα μέρη του φακέλου που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν εμπορικό απόρρητο, να δημιουργούν και να λαμβάνουν αποσπάσματα, αντίτυπα ή αντίγραφα (ψηφιακά αντίγραφα)· 2) να μετέχουν σε κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις στις οποίες ενδέχεται να αποκαλυφθούν πληροφορίες που συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν εμπορικό απόρρητο, και να έχουν πρόσβαση στα πρακτικά των εν λόγω ακροάσεων· 3) να λαμβάνουν θεωρημένο αντίγραφο (ψηφιακό αντίγραφο) απόφασης ή διάταξης που περιέχει πληροφορίες που συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν εμπορικό απόρρητο. 3.   Ο αριθμός των διαλαμβανόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτόν που θεωρείται αναγκαίος για τη διασφάλιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Τα πρόσωπα αυτά είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1) εάν ο διάδικος είναι φυσικό πρόσωπο, ο ίδιος και ο εκπρόσωπός του· 2) εάν ο διάδικος είναι νομικό πρόσωπο, τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο διεξάγει την υπόθεση στο όνομα του νομικού προσώπου και ο εκπρόσωπός του. 4.   Κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιορισμών, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος ένδικης προστασίας και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, των θεμιτών συμφερόντων των διαδίκων και των λοιπών μετεχόντων στη διαδικασία καθώς και τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή ή η παράλειψη εφαρμογής των εν λόγω περιορισμών. […]» Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα Στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη ανοικτής διεθνούς σύμβασης με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς των αστικών αποβλήτων του Δήμου Neringa (Λιθουανία) στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του χώρου υγειονομικής ταφής της Περιφέρειας Klaipėda (Λιθουανία). Η αναθέτουσα αρχή καθόρισε στην εν λόγω προκήρυξη τεχνικές προδιαγραφές. Όρισε, μεταξύ άλλων, ότι ο πάροχος υπηρεσιών θα είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί οχήματα αποκομιδής των δημοτικών αστικών αποβλήτων τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στο πρότυπο Euro 5 και να είναι εξοπλισμένα με σταθερό πομπό συστήματος εντοπισμού γεωγραφικής θέσεως (GPS) ο οποίος θα βρίσκεται μονίμως σε λειτουργία, κατά τρόπο ώστε η αναθέτουσα αρχή να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει την ακριβή θέση και το δρομολόγιο του οχήματος. Η προκήρυξη περιείχε επίσης περιγραφή των αναγκαίων για την εκτέλεση της σύμβασης επαγγελματικών και τεχνικών ικανοτήτων των προσφερόντων και της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνιζε ότι κάθε προσφέρων έπρεπε να υποβάλει δήλωση σε μη τυποποιημένο έγγραφο, με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε ασκώντας τη δραστηριότητα αποκομιδής και μεταφοράς μικτών δημοτικών αποβλήτων κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων οικονομικών ετών –ή από την ημερομηνία εγγραφής του στα οικεία μητρώα, αν ασκεί τη δραστηριότητα αυτή για διάστημα μικρότερο από τρία έτη– ανερχόταν τουλάχιστον στο ποσό των 200000 ευρώ, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Η αναθέτουσα αρχή έλαβε τρεις προσφορές, μεταξύ των οποίων την προσφορά της Ecoservice και την προσφορά της Κοινοπραξίας. Στις 29 Νοεμβρίου 2018, η αναθέτουσα αρχή κοινοποίησε στους προσφέροντες την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξή τους. Η σύμβαση ανατέθηκε στην Κοινοπραξία, λόγω της χαμηλότερης τιμής της προσφοράς της, η δε Ecoservice κατετάγη δεύτερη. Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η Ecoservice ζήτησε από την αναθέτουσα αρχή, βάσει του άρθρου 20, παράγραφος 4, του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, πρόσβαση στα στοιχεία τα οποία δέχθηκε για τους σκοπούς της ως άνω κατάταξης, ειδικότερα δε στην προσφορά της Κοινοπραξίας. Στις 6 Δεκεμβρίου 2018, η Ecoservice έλαβε γνώση των μη εμπιστευτικών στοιχείων της ως άνω προσφοράς. Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η Ecoservice, θεωρώντας ότι η Κοινοπραξία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις, άσκησε διοικητική ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσβάλλοντας τα αποτελέσματα της διαδικασίας του διαγωνισμού. Υποστήριξε, πρώτον, ότι κανένα από τα μέλη της Κοινοπραξίας δεν ήταν δυνατόν να έχει εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων ετών συμβάσεις αποκομιδής και μεταφοράς μικτών δημοτικών αποβλήτων ύψους 200000 ευρώ. Διευκρίνισε συναφώς ότι, δεδομένου ότι η Parsekas δεν παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης μικτών δημοτικών αποβλήτων, η αναθέτουσα αρχή όφειλε να της είχε ζητήσει διευκρινίσεις όσον αφορά τη δήλωση την οποία προσκόμισε σχετικά με την εκ μέρους της εκτέλεση συμβάσεων διαχείρισης μικτών αποβλήτων ύψους 235510,79 ευρώ. Δεύτερον, η Ecoservice ισχυρίστηκε ότι η Κοινοπραξία δεν διέθετε την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα. Στις 17 Δεκεμβρίου 2018, η αναθέτουσα αρχή απέρριψε τη διοικητική ένσταση, αναφέροντας λακωνικά, κατά το αιτούν δικαστήριο, ότι η Κοινοπραξία πληρούσε τους δύο όρους τους οποίους αμφισβητούσε η Ecoservice. Στις 27 Δεκεμβρίου 2018, η Ecoservice άσκησε προσφυγή κατά της ως άνω αποφάσεως ενώπιον του Klaipėdos apygardos teismas (πρωτοδικείου Klaipėda, Λιθουανία), ζητώντας, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η αναθέτουσα αρχή να προσκομίσει την προσφορά της Κοινοπραξίας και την αλληλογραφία που η τελευταία είχε ανταλλάξει μαζί της. Η Ecoservice, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι έπρεπε να προσκομιστούν στον δικαστή όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, ανεξαρτήτως του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους, θεωρούσε αναγκαίο να έχει στη διάθεσή της τα εν λόγω έγγραφα, ορισμένα εκ των οποίων δεν ήταν εμπιστευτικά, προκειμένου να προσδιορίσει επακριβώς τα αιτήματά της. Με απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2019, το ως άνω δικαστήριο υποχρέωσε την αναθέτουσα αρχή να παράσχει στην Ecoservice το σύνολο των εγγράφων τα οποία ζητούσε. Με υπόμνημα της 11ης Ιανουαρίου 2019, το οποίο κατέθεσε μετά την έκδοση της εν λόγω διαταγής, η αναθέτουσα αρχή ισχυρίστηκε, πρώτον, ότι, κατά την εξέταση της διοικητικής ένστασης, ζήτησε από την Κοινοπραξία να της παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που είχε συνάψει για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων. Η Κοινοπραξία διαβίβασε τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι αυτές ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος τους εμπιστευτικές και, ως εκ τούτου, έπρεπε να προστατευτούν έναντι της αποκάλυψής τους σε τρίτους. Θεωρώντας, επίσης, ότι οι εν λόγω πληροφορίες είχαν εμπορική αξία για την Κοινοπραξία και η αποκάλυψή τους σε ανταγωνιστές θα μπορούσε να της προκαλέσει ζημία, η αναθέτουσα αρχή δεν τις γνωστοποίησε στον δικαστή, προκειμένου να μην παραβιάσει το άρθρο 20 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων. Προσκόμισε, συνεπώς, μόνον τα μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στοιχεία της προσφοράς της Κοινοπραξίας, επισημαίνοντας ότι θα κατέθετε στον δικαστή τις εμπιστευτικές πληροφορίες, εφόσον αυτός της το ζητούσε εκ νέου. Δεύτερον, η αναθέτουσα αρχή ζήτησε την απόρριψη της προσφυγής, για τον λόγο ότι με τις συμπληρωματικές διευκρινίσεις που της είχε παράσχει η Κοινοπραξία και την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις της Κοινοπραξίας ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την ορθή αξιολόγηση της επίμαχης προσφοράς. Με διάταξη της 15ης Ιανουαρίου 2019, το Klaipėdos apygardos teismas (πρωτοδικείο Klaipėda) περιόρισε την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων στην προσφορά της Κοινοπραξίας, καθώς και στα έγγραφα τα οποία ήταν συνημμένα σε αυτή, και διέταξε την προσκόμισή τους έως τις 25 Ιανουαρίου 2019. Στις 25 Ιανουαρίου 2019, η αναθέτουσα αρχή κατέθεσε στο ως άνω δικαστήριο τα έγγραφα που της ζητήθηκαν, διαχωρίζοντάς τα ανάλογα με το αν περιείχαν ή όχι εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες που ήταν εμπιστευτικές κατά τους ισχυρισμούς της Κοινοπραξίας, τους οποίους δεν αντέκρουσε η αναθέτουσα αρχή, απευθύνονταν αποκλειστικώς στο εν λόγω δικαστήριο. Πέραν τούτου, η αναθέτουσα αρχή ζήτησε από το δικαστήριο να μην επιτρέψει στην Ecoservice να λάβει γνώση των εμπιστευτικών πληροφοριών της προσφοράς της Κοινοπραξίας και να τις χαρακτηρίσει ως απόρρητα στοιχεία της δικογραφίας. Με διάταξη της 30ής Ιανουαρίου 2019, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα της αναθέτουσας αρχής, αφενός, όσον αφορά τον χαρακτηρισμό ως εμπιστευτικών των υποβληθέντων σε αυτό στοιχείων της προσφοράς της Κοινοπραξίας και, αφετέρου, όσον αφορά τη μη γνωστοποίησή τους. Στις 14 Φεβρουαρίου 2019, με διάταξη μη προσβαλλόμενη με ένδικο μέσο, το εν λόγω δικαστήριο απέρριψε αίτηση την οποία είχε υποβάλει η Ecoservice στις 11 Φεβρουαρίου 2019, με την οποία ζητούσε να της παρασχεθεί πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. Στις 21 Φεβρουαρίου 2019, με διάταξη μη προσβαλλόμενη με ένδικο μέσο, το εν λόγω δικαστήριο απέρριψε αίτηση την οποία είχε υποβάλει η Ecoservice στις 12 Φεβρουαρίου 2019, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί η Parsekas να προσκομίσει στοιχεία σχετικά με τις συμβάσεις διαχείρισης αποβλήτων που είχε συνάψει. Με απόφαση της 15ης Μαρτίου 2019, το Klaipėdos apygardos teismas (πρωτοδικείο Klaipėda) απέρριψε την προσφυγή της Ecoservice, με την αιτιολογία ότι η Κοινοπραξία πληρούσε τις σχετικές απαιτήσεις. Κατόπιν εφέσεως την οποία άσκησε η Ecoservice, το Lietuvos apeliacinis teismas (εφετείο της Λιθουανίας) εξέδωσε, στις 30 Μαΐου 2019, απόφαση με την οποία εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και ακύρωσε την απόφαση της αναθέτουσας αρχής περί κατατάξεως των προσφορών. Το εφετείο υποχρέωσε επίσης την αναθέτουσα αρχή να προβεί σε νέα αξιολόγηση των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λιθουανίας). Στις 26 Ιουλίου 2019, η Ecoservice, πριν από την κατάθεση του υπομνήματός της της επί της αιτήσεως αναιρέσεως, ζήτησε από το Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας) να της χορηγηθεί πρόσβαση στα εμπιστευτικά έγγραφα που είχε προσκομίσει η αναθέτουσα αρχή στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με απόκρυψη όμως των ευαίσθητων από εμπορικής απόψεως πληροφοριών. Πρώτον, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι ορισμένες απαιτήσεις τις οποίες θα έπρεπε να πληρούν οι προσφέροντες και οι οποίες περιλαμβάνονταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού θα μπορούσαν να εκληφθούν τόσο ως όροι σχετικοί με τη χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα όσο και ως όροι σχετικοί με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, αλλά και ως τεχνικές προδιαγραφές ή και ως όροι εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης. Πρέπει όμως να καθοριστεί η φύση των απαιτήσεων αυτών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 3, και το άρθρο 55, παράγραφος 9, του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, η υποχρέωση ή η δυνατότητα του προσφέροντος να διορθώσει δήλωσή του διαφέρει αναλόγως του αν η επίμαχη πληροφορία αφορά την επάρκειά του ή την προσφορά την οποία υπέβαλε. Δεύτερον, κατά το αιτούν δικαστήριο, τίθεται το ζήτημα της στάθμισης της προστασίας των παρασχεθεισών από έναν προσφέροντα εμπιστευτικών πληροφοριών και της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων άμυνας των λοιπών προσφερόντων. Εν προκειμένω, η Ecoservice επιχείρησε επί ματαίω να αποκτήσει πρόσβαση στην προσφορά της Κοινοπραξίας. Η ίδια η αναθέτουσα αρχή προέταξε πολύ δραστήρια το δικαίωμα της Κοινοπραξίας για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών της. Η πρακτική αυτή, η οποία είναι συνήθης στη Λιθουανία, έχει ως αποτέλεσμα την εν μέρει μόνον προστασία των δικαιωμάτων των προσφερόντων. Συγκεκριμένα, στις ένδικες διαφορές με αντικείμενο την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, οι απορριφθέντες προσφέροντες διαθέτουν λιγότερες πληροφορίες από τους λοιπούς διαδίκους στις εν λόγω δίκες. Πέραν τούτου, η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων τους εξαρτάται από την απόφαση του δικαστή περί του χαρακτηρισμού των πληροφοριακών στοιχείων τα οποία ζητούν να προσκομιστούν ως εμπιστευτικών. Η απόφαση, όμως, με την οποία ο δικαστής απορρίπτει αίτηση γνωστοποιήσεως τέτοιου είδους πληροφοριών μπορεί να περιορίσει τις πιθανότητες να γίνει δεκτή η προσφυγή του απορριφθέντος προσφέροντος κατά της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης. Το αιτούν δικαστήριο εκθέτει, κατά πρώτον, ότι στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έχει κρίνει, μεταξύ άλλων, ότι το κατοχυρωμένο στο άρθρο 20 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων δικαίωμα των προσφερόντων για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών οι οποίες περιλαμβάνονται στην προσφορά τους αφορά μόνον στοιχεία τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζονται ως εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα, δυνάμει του άρθρου 1.116, παράγραφος 1, του Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (αστικού κώδικα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας), το οποίο αντιστοιχεί κατ’ ουσίαν στις διατάξεις της οδηγίας 2016/943. Κατά δεύτερον, το δικαίωμα προσφέροντος να αποκτήσει πρόσβαση στην προσφορά άλλου προσφέροντος πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προστασίας των δικαιωμάτων που ενδεχομένως προσβλήθηκαν. Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, ωστόσο, ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο των υποχρεώσεων των αναθετουσών αρχών όσον αφορά την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβιβάζουν σε αυτές οι προσφέροντες και ποια η σχέση μεταξύ των υποχρεώσεων αυτών και της υποχρέωσης διασφάλισης της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των οικονομικών φορέων οι οποίοι άσκησαν προσφυγή. Θεωρεί ότι, μολονότι το Δικαστήριο, με την απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 ), υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων στηρίζονται σε σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των οικονομικών φορέων και των αναθετουσών αρχών, το άρθρο 9, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, της οδηγίας 2016/943, του οποίου η θέσπιση έπεται χρονικά της αποφάσεως αυτής, προβλέπει ότι, εν πάση περιπτώσει, οι διάδικοι δεν μπορούν να διαθέτουν διαφορετικές πληροφορίες, διότι άλλως θα υφίστατο προσβολή του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Διευκρινίζει ότι, αφ’ ης στιγμής η ως άνω διάταξη υποχρεώνει τις δικαστικές αρχές να διασφαλίζουν το δικαίωμα των οικονομικών φορέων να λαμβάνουν γνώση του εμπορικού απορρήτου ετέρου διαδίκου, μπορεί επίσης να πρέπει να τους αναγνωριστεί και η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος αυτού πριν από οποιαδήποτε ένδικη διαδικασία, ιδίως προκειμένου να είναι σε θέση να λαμβάνουν εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με την άσκηση προσφυγής. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι ελλοχεύει, εντούτοις, ο κίνδυνος ορισμένοι οικονομικοί φορείς να κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος αυτού, ασκώντας διοικητική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής για τον σκοπό και μόνο να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές τους και όχι για να διασφαλίσουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Εντούτοις, η άσκηση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου παρέχει, εν πάση περιπτώσει, στους εν λόγω οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να λάβουν τις επιθυμητές πληροφορίες. Το αιτούν δικαστήριο παρατηρεί ότι, πλην της αιτιολογικής σκέψεως 18, η οδηγία 2016/943 δεν περιέχει καμία ειδική διάταξη σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Υπογραμμίζει ότι, μολονότι οι αναθέτουσες αρχές δεν αποτελούν όργανα αρμόδια για τις διαδικασίες προσφυγής, ωστόσο, το προβλεπόμενο στο εσωτερικό δίκαιο υποχρεωτικό σύστημα επιλύσεως των διαφορών πριν από την άσκηση ένδικης προσφυγής τούς παρέχει ευρεία εξουσία συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς, είτε πρόκειται για αιτούντες είτε για καθών η αίτηση. Από τον σκοπό της διασφαλίσεως της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των φορέων αυτών απορρέει επίσης και η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να λαμβάνουν, στον βαθμό που είναι αρμόδιες και με τα μέσα που διαθέτουν, τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσματικής προασπίσεως συμφερόντων των οικονομικών φορέων τα οποία ενδεχομένως θίγονται. Επομένως, το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24 και οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 89/665 θα μπορούσαν να έχουν την έννοια ότι οι προσφέροντες δύνανται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες συνιστούν εμπορικό απόρρητο των λοιπών προσφερόντων όχι μόνο στο πλαίσιο της ένδικης διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της διοικητικής προσφυγής, το οποίο προηγείται. Τρίτον, το αιτούν δικαστήριο προτίθεται να εξετάσει αυτεπαγγέλτως το ζήτημα της εκτίμησης των πράξεων της Κοινοπραξίας υπό το πρίσμα του άρθρου 57, παράγραφος 4, στοιχείο ηʹ, της οδηγίας 2014/24, ήτοι το ζήτημα αν η Κοινοπραξία ή ορισμένα τουλάχιστον από τα μέλη της παρείχαν στην αναθέτουσα αρχή ψευδείς πληροφορίες ως προς το αν οι ικανότητές τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Το αιτούν δικαστήριο συνάγει από τη νομολογία του Δικαστηρίου ότι οι πληροφορίες που παρέσχε η Parsekas θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν αμέλεια κατά την υποβολή πληροφοριών, η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Ως προς το ζήτημα αυτό, εκτιμά ότι η Parsekas δεν έπρεπε να δηλώσει τα έσοδά της ούτε από συμβάσεις τις οποίες συνήψε και εκτέλεσε μαζί με άλλους οικονομικούς φορείς οι οποίοι παρείχαν το τμήμα των υπηρεσιών που αφορούσε τη διαχείριση μικτών αποβλήτων, ούτε από συμβάσεις τις οποίες εκτέλεσε μεν η ίδια, αλλά για τις οποίες η διαχείριση μικτών αποβλήτων αντιπροσώπευε ελάχιστο μόνο μέρος των σχετικών αποβλήτων. Επιπλέον, το αιτούν δικαστήριο, επισημαίνοντας ότι η σχετική με το άρθρο 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24, νομολογία του Δικαστηρίου στηρίζεται στην ιδιαίτερη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του οικείου προμηθευτή, διερωτάται, συναφώς, αν εθνικό δικαστήριο μπορεί να αποκλίνει από την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής ότι οι πληροφορίες που της διαβιβάστηκαν κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης δεν είναι ψευδείς ή παραπλανητικές. Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, τέλος, κατά πόσον, στην περίπτωση οικονομικού φορέα ο οποίος είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση κοινοπραξίας και έχει παράσχει πληροφορίες οι οποίες είναι ενδεχομένως ψευδείς, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας, με τα οποία υπέβαλε την κοινή προσφορά, πρέπει επίσης να εγγραφούν, βάσει του άρθρου 46, παράγραφος 4, σημείο 4, και του άρθρου 52 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, στον «Κατάλογο των προμηθευτών που έχουν υποβάλει ψευδείς πληροφορίες», με αποτέλεσμα για ένα έτος να τους απαγορεύεται να μετάσχουν σε διαγωνισμούς οι οποίοι δημοσιεύονται από άλλες αναθέτουσες αρχές. Η λύση αυτή, η οποία θα μπορούσε να στηριχθεί στον αλληλέγγυο χαρακτήρα και την κοινότητα των συμφερόντων και ευθυνών όλων των οικονομικών φορέων που είναι μέλη της κοινοπραξίας, φαίνεται εντούτοις να αντίκειται στην αρχή της προσωπικής ευθύνης αυτών, δυνάμει της οποίας κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν μόνο στον οικονομικό φορέα ο οποίος έχει παράσχει ψευδείς πληροφορίες. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Ανώτατο Δικαστήριο της Λιθουανίας) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 58, παράγραφοι 3 ή 4, της οδηγίας 2014/24 όρος διαγωνισμού κατά τον οποίο οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποδεικνύουν ότι έχουν ορισμένο μέσο ετήσιο εισόδημα προερχόμενο από την άσκηση δραστηριοτήτων που αφορούν αποκλειστικώς και μόνο συγκεκριμένες υπηρεσίες (διαχείριση μικτών δημοτικών αποβλήτων); 2) Εξαρτάται η μέθοδος αξιολόγησης των ικανοτήτων του προμηθευτή, όπως καθορίστηκε από το Δικαστήριο στην απόφαση της 4ης Μαΐου 2017, Esaprojekt ( C‑387/14 , EU:C:2017:338 ), από την απάντηση στο πρώτο ερώτημα; 3) Εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 58, παράγραφος 4, 42, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παραρτήματος VII, και 70, της οδηγίας 2014/24 όρος διαγωνισμού κατά τον οποίο οι προμηθευτές υποχρεούνται να αποδεικνύουν ότι τα οχήματα που είναι αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών [διαχείρισης αποβλήτων] πληρούν τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, ιδίως όσες αφορούν τις ρυπαντικές εκπομπές (EURO 5), την εγκατάσταση πομπού GPS, την κατάλληλη χωρητικότητα, κτλ.; 4) Έχουν το άρθρο 1, παράγραφος 1, [τέταρτο] εδάφιο, της οδηγίας [89/665], στο οποίο κατοχυρώνεται η αρχή της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής, το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, της ίδιας οδηγίας, το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24 και οι διατάξεις της οδηγίας [2016/943], ιδίως η αιτιολογική σκέψη 18 και το άρθρο 9, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο (είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα, αλλά χωρίς περιορισμό στις διατάξεις αυτές), την έννοια ότι, οσάκις το εθνικό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων προβλέπει υποχρεωτική διαδικασία επίλυσης διαφορών προ της ασκήσεως ένδικης προσφυγής: α) η αναθέτουσα αρχή πρέπει να παρέχει στον προμηθευτή που κίνησε τη διαδικασία διοικητικής προσφυγής όλα τα στοιχεία της προσφοράς άλλου προμηθευτή (ανεξαρτήτως του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους), αν το αντικείμενο αυτής της διαδικασίας είναι συγκεκριμένα η νομιμότητα της αξιολόγησης της προσφοράς του άλλου προμηθευτή και ο προμηθευτής που κίνησε τη διαδικασία έχει ρητώς ζητήσει εκ των προτέρων από την αναθέτουσα αρχή να του τα γνωστοποιήσει· β) ανεξαρτήτως της απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, οφείλει η αναθέτουσα αρχή, όταν απορρίπτει τη διοικητική ένσταση που υπέβαλε ο προμηθευτής σχετικά με τη νομιμότητα της αξιολόγησης της προσφοράς του ανταγωνιστή του, να δώσει, σε κάθε περίπτωση, μία σαφή, πλήρη και συγκεκριμένη απάντηση, ανεξαρτήτως του κινδύνου αποκάλυψης των εμπιστευτικών πληροφοριών που έχουν υποβληθεί ενώπιόν της στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας; 5) Έχουν το άρθρο 1, παράγραφος 1, [τέταρτο] εδάφιο, το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 89/665, το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24 και οι διατάξεις της οδηγίας 2016/943, ιδίως η αιτιολογική σκέψη 18 (είτε από κοινού, είτε μεμονωμένα, αλλά χωρίς περιορισμό στις διατάξεις αυτές), την έννοια ότι η απόφαση της αναθέτουσας αρχής να μην επιτρέψει σε προμηθευτή την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικές με την προσφορά άλλου προσφέροντος είναι απόφαση δυνάμενη να προσβληθεί αυτοτελώς ενώπιον δικαστηρίου; 6) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, έχει το άρθρο 1, παράγραφος 5, της οδηγίας 89/665 την έννοια ότι ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει διοικητική ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά της εν λόγω απόφασης και, εν ανάγκη, να προσφύγει στη δικαιοσύνη; 7) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, έχουν το άρθρο 1, παράγραφος 1, [τέταρτο] εδάφιο, και το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 89/665 την έννοια ότι, ανάλογα με την έκταση των διαθέσιμων πληροφοριών όσον αφορά το περιεχόμενο της προσφοράς του άλλου προμηθευτή, ο προμηθευτής δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου με αντικείμενο αποκλειστικά την άρνηση παροχής πληροφοριών σε αυτόν, χωρίς να αμφισβητήσει αυτοτελώς τη νομιμότητα άλλων αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής; 8) Ανεξαρτήτως των απαντήσεων που θα δοθούν στα προηγούμενα ερωτήματα, έχει το άρθρο 9, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, της οδηγίας 2016/943 την έννοια ότι το δικαστήριο οφείλει να κάνει δεκτό το ενώπιόν του υποβληθέν αίτημα του προσφεύγοντος να υποχρεωθεί ο αντίδικος να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία εν συνεχεία θα τεθούν στη διάθεση του προσφεύγοντος, ανεξαρτήτως των ενεργειών της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης ή άσκησης προσφυγής; 9) Έχει το άρθρο 9, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, της οδηγίας 2016/943 την έννοια ότι το δικαστήριο, αφού απορρίψει το αίτημα του προσφεύγοντος για αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών του αντιδίκου, οφείλει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως τη σημασία των στοιχείων για τα οποία ζητείται άρση της εμπιστευτικότητας, καθώς και την επιρροή που ασκούν στη νομιμότητα της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης; 10) Λαμβανομένης υπόψη της απόφασης του Δικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 ( C‑267/18 , EU:C:2019:826 ), μπορεί ο λόγος αποκλεισμού των προμηθευτών που προβλέπεται στο άρθρο 57, παράγραφος 4, στοιχείο ηʹ, της οδηγίας 2014/24 να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε το δικαστήριο, κατά την εξέταση διαφοράς μεταξύ προμηθευτή και αναθέτουσας αρχής, να μπορεί να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως, ανεξάρτητα από την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής, ότι ο οικείος προμηθευτής, ενεργών με δόλο ή από αμέλεια, παρέσχε στην αναθέτουσα αρχή παραπλανητικές, ψευδείς πληροφορίες και, συνεπώς, έπρεπε να αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης; 11) Πρέπει το άρθρο 57, παράγραφος 4, στοιχείο ηʹ, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 18, παράγραφος 1, της οδηγίας 2014/24, να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί υπό την έννοια ότι, όταν εθνική νομοθεσία προβλέπει, σε περίπτωση υποβολής ψευδών πληροφοριών, πρόσθετες κυρώσεις (πέραν του αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων), οι κυρώσεις αυτές μπορούν να επιβάλλονται μόνο με βάση την αρχή της προσωπικής ευθύνης, ιδίως όταν οι ψευδείς πληροφορίες παρέχονται μόνο από ορισμένους από εκείνους που συμμετείχαν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (για παράδειγμα, από ένα από τα μέλη κοινοπραξίας);» Επί των προδικαστικών ερωτημάτων Επί του πρώτου προδικαστικού ερωτήματος Με το πρώτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 58 της οδηγίας 2014/24 έχει την έννοια ότι η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να αποδεικνύουν ότι πραγματοποιούν ορισμένο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από την οικεία δημόσια σύμβαση αποτελεί κριτήριο επιλογής το οποίο αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, κατά την έννοια της παραγράφου 3 της διάταξης αυτής, ή την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά τους, κατά την έννοια της παραγράφου 4 της εν λόγω διάταξης. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι στο άρθρο 58, παράγραφος 1, της οδηγίας παρατίθενται τρεις τύποι κριτηρίων επιλογής τα οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής. Τα κριτήρια αυτά, τα οποία αφορούν την καταλληλότητα για την άσκηση της οικείας επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, αναλύονται, αντιστοίχως, στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου αυτού. Επιπλέον, από το άρθρο 58, παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας προκύπτει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την εκτέλεση της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν ειδικότερα να απαιτούν από τους εν λόγω φορείς να έχουν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, και συγκεκριμένα έναν ορισμένο ελάχιστο κύκλο εργασιών στον τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση. Επομένως, η επιβαλλόμενη στους οικονομικούς φορείς απαίτηση να αποδεικνύουν ότι έχουν ορισμένο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον καλυπτόμενο από τη σύμβαση τομέα δραστηριοτήτων ανταποκρίνεται ακριβώς στον ορισμό του κριτηρίου επιλογής που βασίζεται στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά τους, κατά την έννοια του άρθρου 58, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24, και, ως εκ τούτου, εμπίπτει στο εν λόγω κριτήριο. Εξάλλου, από το παράρτημα ΧΙΙ της οδηγίας, σχετικά με τα «αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής», και συγκεκριμένα από το μέρος Ι του παραρτήματος, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 60, παράγραφος 3, της οδηγίας, προκύπτει ότι στον ενδεικτικό κατάλογο των αποδεικτικών μέσων με τα οποία μπορεί να βεβαιωθεί η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται και ο «[κύκλος] εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης», διαπίστωση η οποία ενισχύει την ως άνω ερμηνεία. Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 58 της οδηγίας 2014/24 έχει την έννοια ότι η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να αποδεικνύουν ότι πραγματοποιούν ορισμένο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από την οικεία δημόσια σύμβαση συνιστά κριτήριο επιλογής το οποίο αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των εν λόγω φορέων, κατά την έννοια της παραγράφου 3 της ως άνω διάταξης. Επί του δεύτερου προδικαστικού ερωτήματος Με το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν οι διατάξεις του άρθρου 58, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 60, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24 έχουν την έννοια ότι, στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απαίτησε από τους οικονομικούς φορείς να έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο ελάχιστο κύκλο εργασιών στον καλυπτόμενο από την οικεία δημόσια σύμβαση τομέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά του επικαλούμενος εισοδήματα αποκτηθέντα από προσωρινή κοινοπραξία επιχειρήσεων στην οποία μετείχε μόνον εφόσον συνέβαλε πράγματι, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, στην άσκηση δραστηριότητας της κοινοπραξίας ανάλογης με εκείνη η οποία αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης για την οποία ο οικονομικός φορέας επιδιώκει να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Ο οικονομικός φορέας, για να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά του, κατά την έννοια του άρθρου 58, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24, μπορεί, κατά κανόνα, να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 60, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας, ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο παράρτημα XII, μέρος I, της οδηγίας. Το άρθρο 60, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας προβλέπει μάλιστα ότι, αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται κατάλληλο από την τελευταία. Κατά το άρθρο 58, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Από την ως άνω διάταξη προκύπτει επομένως ότι οι αναθέτουσες αρχές, κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, μπορούν να αποφασίσουν να απαιτήσουν από τους τελευταίους να έχουν πραγματοποιήσει έναν συνολικό ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών ή έναν ορισμένο ελάχιστο κύκλο εργασιών στον καλυπτόμενο από την οικεία δημόσια σύμβαση τομέα ή ακόμη και να αποφασίσουν τον συνδυασμό των δύο απαιτήσεων. Αν όμως η αναθέτουσα αρχή επέβαλε μία και μόνη προϋπόθεση αναφερόμενη σε ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, χωρίς την απαίτηση ο ορισμένος αυτός ελάχιστος κύκλος εργασιών να αφορούσε τον καλυπτόμενο από τη σύμβαση τομέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί χωρίς κανένα κώλυμα να επικαλεστεί εισοδήματα αποκτηθέντα από προσωρινή κοινοπραξία επιχειρήσεων στην οποία μετείχε, ακόμη και αν δεν συνέβαλε πράγματι, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, στην άσκηση δραστηριότητας της κοινοπραξίας ανάλογης με εκείνη η οποία αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης για την οποία ο οικονομικός φορέας επιδιώκει να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Αντιθέτως, οσάκις η αναθέτουσα αρχή απαιτεί ο ορισμένος αυτός ελάχιστος κύκλος εργασιών να έχει πραγματοποιηθεί στον καλυπτόμενο από τη σύμβαση τομέα, η εν λόγω απαίτηση επιτελεί διττό σκοπό. Συγκεκριμένα, σκοπεί να καταδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων, ενώ συμβάλλει και στην απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητάς τους. Στην περίπτωση αυτή, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα, όπως και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τον ίδιο ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επομένως, στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο οικονομικός φορέας μπορεί, προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς του, να επικαλεστεί, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, εισοδήματα αποκτηθέντα από προσωρινή κοινοπραξία επιχειρήσεων στην οποία μετείχε μόνον εφόσον συνέβαλε πράγματι, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, στην άσκηση δραστηριότητας της κοινοπραξίας ανάλογης με εκείνη η οποία αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης για την οποία ο οικονομικός φορέας επιδιώκει να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Συγκεκριμένα, όταν οικονομικός φορέας επικαλείται την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια κοινοπραξίας επιχειρήσεων στην οποία είχε μετάσχει, η επάρκεια αυτή πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη συγκεκριμένη συμμετοχή του εν λόγω φορέα και, κατ’ επέκταση, με την πραγματική του συνεισφορά στην άσκηση μιας δραστηριότητας που ήταν απαραίτητη για την κοινοπραξία στο πλαίσιο συγκεκριμένης δημόσιας συμβάσεως (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 4ης Μαΐου 2017, Esaprojekt, C‑387/14 , EU:C:2017:338 , σκέψη ). Επίσης, στο πλαίσιο του άρθρου 58, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24, στην περίπτωση που μνημονεύεται στη σκέψη 78 της παρούσας αποφάσεως, ο κύκλος εργασιών του οποίου μπορεί να γίνει επίκληση βάσει της ως άνω διάταξης θα πρέπει να είναι μόνον εκείνος που αντιστοιχεί στην πραγματική συνεισφορά του οικείου φορέα σε δραστηριότητα απαραίτητη για την κοινοπραξία στο πλαίσιο προγενέστερης δημόσιας σύμβασης. Επομένως, στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι οι διατάξεις του άρθρου 58, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 60, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24 έχουν την έννοια ότι, στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απαίτησε από τους οικονομικούς φορείς να έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο ελάχιστο κύκλο εργασιών στον καλυπτόμενο από την οικεία δημόσια σύμβαση τομέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά του επικαλούμενος εισοδήματα αποκτηθέντα από προσωρινή κοινοπραξία επιχειρήσεων στην οποία μετείχε μόνον εφόσον συνέβαλε πράγματι, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, στην άσκηση δραστηριότητας της κοινοπραξίας ανάλογης με εκείνη η οποία αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης για την οποία ο οικονομικός φορέας επιδιώκει να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήματος Με το τρίτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 58, παράγραφος 4, και τα άρθρα 42 και 70 της οδηγίας 2014/24 έχουν την έννοια ότι μπορούν να εφαρμόζονται ταυτοχρόνως σε τεχνική απαίτηση η οποία περιλαμβάνεται σε προκήρυξη διαγωνισμού. Συναφώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η οδηγία 2014/24 δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι τεχνικές απαιτήσεις να θεωρούνται ταυτοχρόνως ως κριτήρια επιλογής που αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ως τεχνικές προδιαγραφές ή/και ως όροι εκτέλεσης της σύμβασης, κατά την έννοια, αντιστοίχως, του άρθρου 58, παράγραφος 4, του άρθρου 42 και του άρθρου 70 της οδηγίας. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής που αφορούν την «τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» των οικονομικών φορέων, κατά την έννοια του άρθρου 58, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24, επισημαίνεται ότι στα αποδεικτικά μέσα με τα οποία μπορεί να αποδεικνύεται η ικανότητα αυτή και τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα XII, μέρος ΙΙ, της οδηγίας συγκαταλέγονται, στα στοιχεία ζʹ και θʹ του εν λόγω μέρους αντιστοίχως, η «αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης» και η «δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολάβος για την εκτέλεση της σύμβασης». Πάντως, μολονότι με τα εν λόγω αποδεικτικά μέσα μπορεί να βεβαιωθεί η «τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» των οικονομικών φορέων, προκύπτει ότι τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές που αφορούν τις ρυπογόνες εκπομπές των οχημάτων (πρότυπο Euro 5) και την υποχρέωση εξοπλισμού τους με πομπό GPS, οι οποίες είναι και οι επίμαχες εν προκειμένω, είναι δυνατόν να αφορούν τους «τεχνικούς πόρους» των οικονομικών φορέων και, ως εκ τούτου, να χαρακτηριστούν ως κριτήρια επιλογής τα οποία σχετίζονται με την «τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», κατά την έννοια του προαναφερθέντος άρθρου 58, παράγραφος 4, στον βαθμό που τα έγγραφα του διαγωνισμού προβλέπουν ότι ορίστηκαν ειδικά ως ικανότητα την οποία πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν οι προσφέροντες ή ότι θα την αποκτήσουν εγκαίρως για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, ζήτημα το οποίο και εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. Όσον αφορά τις «τεχνικές προδιαγραφές», κατά την έννοια του άρθρου 42 της οδηγίας 2014/24, από την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου προκύπτει ότι οι εν λόγω προδιαγραφές καθορίζουν τα «χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν» οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της συμβάσεως και ότι διατυπώνονται ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, ιδίως περιβαλλοντικές, ή με παραπομπή σε τεχνικά πρότυπα. Εξάλλου, η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου παραπέμπει στο παράρτημα VII της οδηγίας, στο σημείο 1, στοιχείο βʹ, του οποίου διευκρινίζεται, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, ότι η τεχνική προδιαγραφή «περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως […] τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης […]». Επομένως, οι επίμαχες στην κύρια δίκη τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες διατυπώνονται πράγματι ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις και οι οποίες αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στο πρότυπο Euro 5 σχετικά με τις ρυπογόνες εκπομπές των οχημάτων, μπορούν επίσης να εμπίπτουν και στην έννοια των «τεχνικών προδιαγραφών». Τέλος, καθόσον προβλέπουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, φαίνονται να συνδέονται με το αντικείμενό της και μνημονεύονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στα έγγραφα αυτού, οι εν λόγω απαιτήσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και το περιβάλλον, μπορούν επίσης να εμπίπτουν και στην έννοια των «όρων εκτέλεσης της σύμβασης» του άρθρου 70 της οδηγίας 2014/24, στο μέτρο που από τα έγγραφα της προκήρυξης του διαγωνισμού προκύπτει ότι επιβλήθηκαν ως όροι τους οποίους πρέπει να πληροί ο ανάδοχος κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ζήτημα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. Συναφώς, διευκρινίζεται ότι η τήρηση των όρων εκτέλεσης της σύμβασης δεν πρέπει να κρίνεται κατά την ανάθεση αυτής. Τούτο σημαίνει ότι αν η επίμαχη στην κύρια δίκη απαίτηση είχε χαρακτηριστεί ως όρος εκτέλεσης της σύμβασης και ο ανάδοχος δεν πληρούσε τον όρο αυτόν όταν του ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση, η μη πλήρωση του εν λόγω όρου δεν ασκεί επιρροή στο ζήτημα κατά πόσον η ανάθεση της σύμβασης στην Κοινοπραξία συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24. Τούτο σημαίνει ότι, αφενός, απαίτηση η οποία περιλαμβάνεται σε προκήρυξη διαγωνισμού, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, μπορεί να χαρακτηριστεί ως κριτήριο επιλογής σχετικό με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ή ως τεχνική προδιαγραφή ή ως όρος εκτελέσεως της συμβάσεως. Αφετέρου, δεδομένου ότι το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της συμβατότητας των επίμαχων στην κύρια δίκη απαιτήσεων με το δίκαιο της Ένωσης, πρέπει να λεχθεί επιπλέον ότι τα άρθρα 42 και 70 της οδηγίας 2014/24 έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται κατ’ αρχήν στην επιβολή, στο πλαίσιο της προκήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης, απαιτήσεων για την εξειδίκευση ορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των οχημάτων τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης, με την επιφύλαξη της τήρησης των θεμελιωδών αρχών της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως εξαγγέλλονται στο άρθρο 18, παράγραφος 1, της οδηγίας. Υπογραμμίζεται ότι, στο πλαίσιο του τρίτου προδικαστικού ερωτήματος, το αιτούν δικαστήριο ζητεί επίσης να διευκρινιστεί αν ο χαρακτηρισμός των επίμαχων απαιτήσεων μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα επανόρθωσης σφάλματος ή διόρθωσης των προσφορών οι οποίες έχουν κατατεθεί. Συναφώς, επισημαίνεται ότι, κατά το άρθρο 56, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24, όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν –εφόσον δεν ορίζεται άλλως από την εθνική νομοθεσία με την οποία εφαρμόζεται η οδηγία– να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά εντός εύλογης προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων απολύτως των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Όπως προκύπτει από πάγια νομολογία σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( ΕΕ 2004, L 134, σ. 114 ), η οποία στηρίζεται ιδίως στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν στο πλαίσιο του ως άνω άρθρου 56, παράγραφος 3, η αίτηση διευκρινίσεως που υποβάλλεται σε οικονομικό φορέα δυνάμει της διατάξεως αυτής δεν μπορεί, εντούτοις, να θεραπεύσει την παράλειψη προσκομίσεως εγγράφων ή παροχής πληροφοριών των οποίων η κοινοποίηση ήταν απαραίτητη βάσει των εγγράφων της σύμβασης, δεδομένου ότι η αναθέτουσα αρχή οφείλει να τηρεί αυστηρά τα κριτήρια που η ίδια έχει καθορίσει. Επιπλέον, η αίτηση αυτή δεν μπορεί να καταλήξει στο να υποβάλει, στην πραγματικότητα, ο συγκεκριμένος προσφέρων, νέα προσφορά (βλ., κατʹ αναλογίαν, αποφάσεις της 29ης Μαρτίου 2012, SAG ELV Slovensko κ.λπ., C‑599/10 , EU:C:2012:191 , σκέψη , της 10ης Οκτωβρίου 2013, Manova, C‑336/12 , EU:C:2013:647 , σκέψεις και , και της 28ης Φεβρουαρίου 2018, MA.T.I. SUD και Duemme SGR, C‑523/16 και C‑536/16 , EU:C:2018:122 , σκέψεις και ). Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι η έκταση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής να επιτρέπει στον ανάδοχο να συμπληρώνει ή να διευκρινίζει εκ των υστέρων την αρχική προσφορά του εξαρτάται από την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 56, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24, λαμβανομένων ειδικότερα υπόψη των επιταγών της αρχής της ίσης μεταχείρισης, και όχι από αυτόν καθεαυτόν τον χαρακτηρισμό των επίμαχων στην κύρια δίκη απαιτήσεων ως κριτηρίων επιλογής που αφορούν την «τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» των οικονομικών φορέων, κατά την έννοια του άρθρου 58 παράγραφος 4, της οδηγίας, ως «τεχνικών προδιαγραφών», κατά την έννοια του άρθρου 42 της οδηγίας ή ως «όρων εκτέλεσης της σύμβασης», κατά την έννοια του άρθρου 70 αυτής. Επομένως, στο τρίτο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 58, παράγραφος 4, και τα άρθρα 42 και 70 της οδηγίας 2014/24 έχουν την έννοια ότι μπορούν να εφαρμόζονται ταυτοχρόνως σε τεχνική απαίτηση η οποία περιλαμβάνεται σε προκήρυξη διαγωνισμού. Επί του τέταρτου, του πέμπτου, του έκτου, του έβδομου, του όγδοου και του ένατου προδικαστικού ερωτήματος Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Δεδομένου ότι το τέταρτο, το πέμπτο, το όγδοο και το ένατο προδικαστικό ερώτημα αφορούν την ερμηνεία των διατάξεων της οδηγίας 2016/943, πρέπει να εξεταστεί αν αυτή τυγχάνει εφαρμογής, αφενός, στην περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή αίτηση γνωστοποίησης πληροφοριών οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και οι οποίες περιέχονται στην προσφορά ανταγωνιστή και, ενδεχομένως, διοικητική ένσταση κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται η αίτησή του στο πλαίσιο υποχρεωτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών προ της ασκήσεως ένδικης προσφυγής και, αφετέρου, στην περίπτωση που δικαστήριο επιλαμβάνεται προσφυγής ασκηθείσας κατά της απόφασης της αναθέτουσας αρχής με την οποία απορρίπτεται η διοικητική ένσταση. Λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου της, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με την αιτιολογική της σκέψη 4, η οδηγία 2016/943 αφορά μόνον την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων και δεν προβλέπει μέτρα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικών απορρήτων σε άλλα είδη ένδικων διαδικασιών, όπως είναι οι σχετικές με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων διαδικασίες. Επιπλέον, το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, της οδηγίας προβλέπει ότι η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του θεωρείται παράνομη όποτε διενεργείται με μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποίηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που νομίμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να εξαχθεί το εμπορικό απόρρητο. Εξάλλου, από το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο γʹ, της εν λόγω οδηγίας, προκύπτει ότι αυτή δεν θίγει την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων που απαιτούν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης ή τις εθνικές δημόσιες αρχές να αποκαλύπτουν πληροφορίες που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανωτέρω όργανα, οργανισμοί ή αρχές κατέχουν σύμφωνα με, και σε συμμόρφωση με, τις υποχρεώσεις και τα προνόμια που προβλέπονται στο ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Η αιτιολογική σκέψη 18 της οδηγίας, υπό το πρίσμα της οποίας πρέπει να ερμηνευθεί η ως άνω διάταξη, διευκρινίζει περαιτέρω ότι η οδηγία 2016/943 δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τις δημόσιες αρχές από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας τις οποίες υπέχουν ως προς τις πληροφορίες τις οποίες διαβιβάζουν κάτοχοι εμπορικών απορρήτων, ανεξαρτήτως του εάν οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η οδηγία 2016/943 δεν απαλλάσσει τις δημόσιες αρχές από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας οι οποίες ενδεχομένως απορρέουν από την οδηγία 2014/24. Τέλος, το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2016/943 ορίζει ότι η απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται νόμιμη αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24, σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 51 της εν λόγω οδηγίας, προβλέπει ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν, κατ’ αρχήν, πληροφορίες που τους έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες οι φορείς έχουν χαρακτηρίσει εμπιστευτικές και ότι μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Ως εκ τούτου, προκειμένου να δώσει χρήσιμη απάντηση στο αιτούν δικαστήριο, το Δικαστήριο θα προβεί στην ερμηνεία των κρίσιμων διατάξεων των οδηγιών 2014/24 και 89/665 οι οποίες διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις αναθέτουσες αρχές και στα εθνικά δικαστήρια όσον αφορά την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εγγράφων που τους υποβάλλονται στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Επί του πέμπτου, του έκτου και του έβδομου προδικαστικού ερωτήματος Με το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, και το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 89/665 έχουν την έννοια ότι η απόφαση αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή αρνείται να κοινοποιήσει σε οικονομικό φορέα τις πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας ή στην προσφορά άλλου οικονομικού φορέα συνιστά πράξη δυνάμενη να προσβληθεί με προσφυγή και ότι, όταν στο κράτος μέλος όπου διεξάγεται η διαδικασία σύναψης της επίμαχης δημόσιας σύμβασης προβλέπεται υποχρεωτική διαδικασία επίλυσης διαφορών προ της ασκήσεως ένδικης προσφυγής κατά των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών, πρέπει της ασκήσεως ένδικης προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης να προηγείται η άσκηση διοικητικής προσφυγής. Συναφώς, από το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 89/665 προκύπτει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές να υπόκεινται στην άσκηση αποτελεσματικών και, ιδίως, όσο το δυνατόν ταχύτερων αναθεωρήσεων, υπό τις προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 2 έως 2στ της οδηγίας 89/665, λόγω του ότι οι αποφάσεις αυτές παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ή τους εθνικούς κανόνες μεταφοράς της εν λόγω νομοθεσίας. Κατά το άρθρο 1, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής, οι εν λόγω διαδικασίες προσφυγής πρέπει να είναι διαθέσιμες, σύμφωνα με τους κανόνες που είναι δυνατόν να θεσπίζουν τα κράτη μέλη, τουλάχιστον σε οιοδήποτε πρόσωπο έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εικαζόμενη παράβαση. Επιπλέον, από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι επιβάλλεται η ευρεία ερμηνεία της έννοιας των «αποφάσεων που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές». Πράγματι, το γράμμα του άρθρου 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 89/665 συνεπάγεται, με τη χρήση της φράσεως «όσον αφορά τις συμβάσεις», ότι κάθε απόφαση αναθέτουσας αρχής που διέπεται από τους κανόνες του δικαίου της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων και η οποία ενδέχεται να τους παραβιάσει υπόκειται στον δικαστικό έλεγχο που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 2στ της ίδιας οδηγίας. Το γράμμα της διατάξεως αναφέρεται επομένως γενικώς στις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να διακρίνει τις αποφάσεις αυτές αναλόγως του περιεχομένου τους ή του χρόνου της εκδόσεώς τους και δεν προβλέπει κανέναν περιορισμό ως προς τη φύση και το περιεχόμενο των αποφάσεων τις οποίες αφορά (πρβλ. απόφαση της 5ης Απριλίου 2017, Marina del Mediterráneo κ.λπ., C‑391/15 , EU:C:2017:268 , σκέψεις και , και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Η ευρεία αυτή ερμηνεία της έννοιας των «αποφάσεων κατά των οποίων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή», η οποία αποτελεί, μεταξύ άλλων, τον λόγο για τον οποίο το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η απόφαση αναθέτουσας αρχής με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης αποτελεί απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας 89/665 (απόφαση της 5ης Απριλίου 2017, Marina del Mediterráneo κ.λπ., C‑391/15 , EU:C:2017:268 , σκέψη , και, όσον αφορά την παράγραφο 3 της εν λόγω διάταξης, πρβλ. διάταξη της 14ης Φεβρουαρίου 2019, Cooperativa Animazione Valdocco, C‑54/18 , EU:C:2019:118 , σκέψη ), πρέπει να προκρίνεται και στην περίπτωση απόφασης με την οποία η αναθέτουσα αρχή αρνείται να κοινοποιήσει σε οικονομικό φορέα πληροφορίες οι οποίες διαβιβάστηκαν από υποψήφιο ή προσφέροντα και θεωρούνται εμπιστευτικές. Στο μέτρο που το αιτούν δικαστήριο με το έβδομο προδικαστικό ερώτημα ζητεί να διευκρινιστεί, κατ’ ουσίαν, αν ο αποκλεισθείς προσφέρων μπορεί να ασκήσει ένδικη προσφυγή βάλλοντας αποκλειστικά κατά της αποφάσεως με την οποία η αναθέτουσα αρχή αρνείται να του γνωστοποιήσει πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές, χωρίς να αμφισβητεί επίσης τη νομιμότητα των λοιπών αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, αρκεί, κατ’ αρχάς, η διαπίστωση ότι η οδηγία 89/665 δεν περιλαμβάνει διάταξη αποκλείουσα τη δυνατότητα του αποκλεισθέντος προσφέροντος να ασκήσει ένδικη προσφυγή κατά της αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής περί μη γνωστοποιήσεως των εν λόγω πληροφοριών, ανεξαρτήτως του περιεχομένου και της εμβέλειας της εν λόγω αποφάσεως. Εν συνεχεία, όπως επισήμανε, κατ’ ουσίαν, ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 77 και 78 των προτάσεών του, η διαπίστωση αυτή επιρρωννύεται από τους σκοπούς της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας, οι οποίοι διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, της οδηγίας αυτής. Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα αν της ασκήσεως της ένδικης προσφυγής κατά αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή αρνείται στον οικονομικό φορέα τη γνωστοποίηση διαβιβασθεισών από υποψήφιο ή προσφέροντα πληροφοριών οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές πρέπει να προηγείται η άσκηση διοικητικής προσφυγής όταν το κράτος μέλος όπου διεξάγεται η διαδικασία σύναψης της επίμαχης δημόσιας σύμβασης έχει θεσπίσει υποχρεωτική διαδικασία επίλυσης διαφορών προ της ασκήσεως ένδικης προσφυγής, επισημαίνεται ότι, μολονότι το άρθρο 1, παράγραφος 5, της οδηγίας 89/665 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον ενδιαφερόμενο να ασκήσει κατ’ αρχάς διοικητική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής πριν από την άσκηση ένδικης προσφυγής, η εν λόγω διάταξη δεν ρυθμίζει, αντιθέτως, ούτε την εν λόγω διαδικασία προσφυγής ούτε και τους κανόνες που τη διέπουν. Ως εκ τούτου, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 5, της εν λόγω οδηγίας, το κράτος μέλος όπου διεξάγεται η διαδικασία σύναψης της επίμαχης δημόσιας σύμβασης προέβλεψε ότι όποιος επιθυμεί να προσβάλει απόφαση της αναθέτουσας αρχής υποχρεούται, πριν προσφύγει στο δικαστήριο, να ασκήσει διοικητική προσφυγή, μπορεί επίσης να προβλέψει, τηρουμένων των αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, ότι της ασκήσεως ένδικης προσφυγής κατά της αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής περί μη γνωστοποιήσεως σε οικονομικό φορέα των πληροφοριών οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας ή στην προσφορά άλλου οικονομικού φορέα πρέπει να προηγείται διοικητική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι στο πέμπτο, στο έκτο και στο έβδομο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, και το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 89/665 έχουν την έννοια ότι η απόφαση αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή αρνείται να κοινοποιήσει σε οικονομικό φορέα τις πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας ή στην προσφορά άλλου οικονομικού φορέα συνιστά πράξη δυνάμενη να προσβληθεί με προσφυγή και ότι, εφόσον το κράτος μέλος όπου διεξάγεται η διαδικασία σύναψης της επίμαχης δημόσιας σύμβασης προέβλεψε ότι όποιος επιθυμεί να προσβάλει απόφαση της αναθέτουσας αρχής υποχρεούται, πριν προσφύγει στο δικαστήριο, να ασκήσει διοικητική προσφυγή, μπορεί επίσης να προβλέψει ότι της ασκήσεως ένδικης προσφυγής κατά της ως άνω αποφάσεως περί αρνήσεως προσβάσεως πρέπει να προηγείται η άσκηση τέτοιας διοικητικής προσφυγής. Επί του τέταρτου, του όγδοου και του ένατου προδικαστικού ερωτήματος Με το τέταρτο, το όγδοο και το ένατο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, και το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, της οδηγίας 89/665, καθώς και το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24 έχουν την έννοια ότι τόσο η αναθέτουσα αρχή όσο και το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο, εφόσον επιληφθεί, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν σε οικονομικό φορέα ο οποίος έχει υποβάλει σχετική αίτηση όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα διαβιβασθέντα από ανταγωνιστή έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των εμπιστευτικών. Το αιτούν δικαστήριο ζητεί επίσης να διευκρινιστεί αν, σε περίπτωση αρνήσεως γνωστοποίησης πληροφοριών λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αιτιολογήσει τη θέση της ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα. – Επί της εκτάσεως της υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής να προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες και επί της υποχρέωσης αιτιολογήσεως Το άρθρο 21, παράγραφος 1, της οδηγίας 2014/24 ορίζει ότι, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην οδηγία αυτή ή στο εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται η αναθέτουσα αρχή, ιδίως στη νομοθεσία όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 50 και 55 της οδηγίας, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Το άρθρο 21, παράγραφος 2, της οδηγίας ορίζει ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Εξάλλου, το άρθρο 55, παράγραφος 2, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2014/24 επιτρέπει, βεβαίως, ρητώς σε κάθε προσφέροντα ο οποίος έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά να ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή να του γνωστοποιήσει, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και την επωνυμία του αναδόχου. Εντούτοις, το άρθρο 50, παράγραφος 4, και το άρθρο 55, παράγραφος 3, της οδηγίας προβλέπουν, ωστόσο, ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, ιδίως όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή να βλάψει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι ο κύριος σκοπός των κανόνων της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνει τον ελεύθερο και ανόθευτο ανταγωνισμό εντός όλων των κρατών μελών και ότι, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι σημαντικό οι αναθέτουσες αρχές να μη γνωστοποιούν πληροφορίες που αφορούν διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων το περιεχόμενο των οποίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη νόθευση του ανταγωνισμού στο πλαίσιο είτε τρέχουσας διαδικασίας συνάψεως συμβάσεως είτε μεταγενέστερων διαδικασιών. Επιπλέον, η υποχρέωση αιτιολόγησης απόφασης περί απόρριψης προσφοράς διαγωνιζομένου στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης δεν συνεπάγεται ότι ο διαγωνιζόμενος αυτός πρέπει να διαθέτει πλήρη στοιχεία ως προς τα χαρακτηριστικά της επιλεγείσας από την αναθέτουσα αρχή προσφοράς. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων βασίζονται σε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των επιχειρηματιών που μετέχουν σε αυτές, οι εν λόγω επιχειρηματίες πρέπει να μπορούν να κοινοποιήσουν στις αναθέτουσες αρχές κάθε χρήσιμη στο πλαίσιο της διαδικασίας συνάψεως της συμβάσεως πληροφορία χωρίς να φοβούνται ότι οι ως άνω αρχές θα κοινοποιήσουν σε τρίτους πληροφορίες των οποίων η γνωστοποίηση θα μπορούσε να είναι επιζήμια για τους επιχειρηματίες (πρβλ. αποφάσεις της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec, C‑450/06 , EU:C:2008:91 , σκέψεις έως , και της 15ης Ιουλίου 2021, Επιτροπή κατά Landesbank Baden‑Württemberg και ΕΣΕ, C‑584/20 P και C‑621/20 P , EU:C:2021:601 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Από τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24, οι οποίες παρατίθενται στις σκέψεις 113 και 114 της παρούσας αποφάσεως, καθώς και από τη μνημονευόμενη στη σκέψη 115 αυτής νομολογία, προκύπτει ότι η αναθέτουσα αρχή στην οποία οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτηση γνωστοποιήσεως πληροφοριών οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και οι οποίες περιλαμβάνονται στην προσφορά του ανταγωνιστή στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, δεν πρέπει, κατ’ αρχήν, να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες. Εντούτοις, όπως επισημαίνει, κατ’ ουσίαν, ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 40 και 41 των προτάσεών του, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί δεσμεύεται από τον απλό ισχυρισμό οικονομικού φορέα ότι οι διαβιβασθείσες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. Συγκεκριμένα, ο οικονομικός φορέας πρέπει να αποδείξει ότι ο χαρακτήρας των πληροφοριών στη γνωστοποίηση των οποίων αντιτίθεται είναι πράγματι εμπιστευτικός, τεκμηριώνοντας, για παράδειγμα, ότι περιλαμβάνουν τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα, ότι το περιεχόμενό τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη νόθευση του ανταγωνισμού ή ότι η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να του προκαλέσει βλάβη. Κατά συνέπεια, εάν η αναθέτουσα αρχή διατηρεί αμφιβολίες ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που διαβίβασε ο εν λόγω φορέας, οφείλει, πριν ακόμη λάβει απόφαση με την οποία επιτρέπει στον αιτούντα να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές, να παράσχει στον οικείο οικονομικό φορέα τη δυνατότητα να διαβιβάσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνάς του. Συγκεκριμένα, λαμβανομένης υπόψη της ζημίας που μπορεί να προκύψει από τη μη σύννομη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριακών στοιχείων σε κάποιον ανταγωνιστή, η αναθέτουσα αρχή οφείλει, πριν γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά σε κάποιον εκ των διαδίκων, να δώσει στον οικείο επιχειρηματία τη δυνατότητα να επικαλεστεί ότι τα ως άνω στοιχεία έχουν τον χαρακτήρα εμπιστευτικών πληροφοριών ή επιχειρηματικών απορρήτων (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec, C‑450/06 , EU:C:2008:91 , σκέψη ). Εξάλλου, στην αναθέτουσα αρχή εναπόκειται να διασφαλίσει ότι η απόφαση που προτίθεται να λάβει κατόπιν αιτήσεως οικονομικού φορέα να του κοινοποιηθούν πληροφορίες περιλαμβανόμενες στα διαβιβασθέντα από ανταγωνιστή έγγραφα συνάδει με τους κανόνες περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων της οδηγίας 2014/24, ιδίως δε με εκείνους που αφορούν την προστασία των μνημονευόμενων στις σκέψεις 113 και 114 της παρούσας απόφασης εμπιστευτικών πληροφοριών. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει την αναθέτουσα αρχή όταν, δυνάμει του άρθρου 1, παράγραφος 5, της οδηγίας 89/665, το κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται έκανε χρήση της ευχέρειας να εξαρτά το δικαίωμα άσκησης ένδικης προσφυγής κατά των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών από την υποχρέωση προηγούμενης άσκησης διοικητικής προσφυγής ενώπιον των τελευταίων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή, είτε αρνούμενη να κοινοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες οικονομικού φορέα σε ανταγωνιστή του είτε επιλαμβανόμενη, στο πλαίσιο υποχρεωτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών προ της ασκήσεως ένδικης προσφυγής, διοικητικής προσφυγής κατά της άρνησής της να γνωστοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες, πρέπει επίσης να τηρεί τη γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης περί χρηστής διοικήσεως, η οποία εμπεριέχει απαιτήσεις τις οποίες οφείλουν να τηρούν τα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης (απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2017, LS Customs Services, C‑46/16 , EU:C:2017:839 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Μεταξύ των απαιτήσεων αυτών, όλως ιδιαίτερη σημασία έχει η υποχρέωση αιτιολογήσεως των αποφάσεων των εθνικών αρχών, καθόσον παρέχει τη δυνατότητα στους μεν αποδέκτες τους να προασπίσουν τα δικαιώματά τους και να αποφασίσουν, έχοντας γνώση όλων των στοιχείων, αν πρέπει να ασκήσουν ένδικη προσφυγή κατά των ως άνω αποφάσεων. Η υποχρέωση αυτή είναι επίσης αναγκαία ώστε να μπορούν τα δικαστήρια να ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας των εν λόγω αποφάσεων και, επομένως, συνιστά μία από τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητας του δικαστικού ελέγχου που διασφαλίζει το άρθρο 47 του Χάρτη (πρβλ. αποφάσεις της 15ης Οκτωβρίου 1987, Heylens κ.λπ., 222/86 , EU:C:1987:442 , σκέψη , της 9ης Νοεμβρίου 2017, LS Customs Services, C‑46/16 , EU:C:2017:839 , σκέψη , και της 15ης Ιουλίου 2021, Επιτροπή κατά Landesbank Baden‑Württemberg και ΕΣΕ, C‑584/20 P και C‑621/20 P , EU:C:2021:601 , σκέψη ). Εξάλλου, η αρχή της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών και των επιχειρηματικών απορρήτων πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε η αρχή αυτή να συμβιβάζεται προς τις επιταγές της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων άμυνας των διαδίκων (απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec, C‑450/06 , EU:C:2008:91 , σκέψεις και και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Προς τον σκοπό σταθμίσεως της προβλεπόμενης στο άρθρο 21, παράγραφος 1, της οδηγίας 2014/24 απαγόρευσης γνωστοποίησης των διαβιβασθέντων από τους οικονομικούς φορείς εμπιστευτικών πληροφοριών και της γενικής αρχής του δικαίου της Ένωσης περί χρηστής διοικήσεως, από την οποία απορρέει η υποχρέωση αιτιολογήσεως, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να εκθέτει με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι πληροφορίες στις οποίες ζητείται πρόσβαση, ή ορισμένες τουλάχιστον εξ αυτών, είναι εμπιστευτικές. Πέραν τούτου, κατά την ως άνω στάθμιση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο αποκλεισθείς προσφέρων, ελλείψει επαρκών στοιχείων που να του παρέχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσει αν η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της επίμαχης σύμβασης σε άλλον οικονομικό φορέα πάσχει λόγω ενδεχόμενων σφαλμάτων ή παρανομιών, δεν θα έχει, στην πράξη, τη δυνατότητα να κάνει χρήση του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής του άρθρου 1, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 89/665 κατά της αποφάσεως αυτής είτε στο πλαίσιο διοικητικής προσφυγής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου, είτε στο πλαίσιο ένδικης προσφυγής. Επομένως, προκειμένου να μην παραβιάσει το εν λόγω δικαίωμα, η αναθέτουσα αρχή οφείλει όχι μόνο να αιτιολογεί την απόφασή της περί μεταχείρισης ορισμένων δεδομένων ως εμπιστευτικών, αλλά και να γνωστοποιεί στον προσφέροντα ο οποίος τα ζητεί το βασικό περιεχόμενο των δεδομένων, και ιδίως το περιεχόμενο των δεδομένων που αφορούν τις καθοριστικές πτυχές της απόφασής της και της επιλεγείσας προσφοράς, υπό ουδέτερη μορφή, στο μέτρο του δυνατού και εφόσον τέτοιου είδους γνωστοποίηση μπορεί να διαφυλάξει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ειδικών στοιχείων των δεδομένων για τα οποία δικαιολογείται η προστασία αυτή. Συγκεκριμένα, η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να προστατεύει τις θεωρούμενες ως εμπιστευτικές πληροφορίες του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση δεν πρέπει να ερμηνεύεται τόσο διασταλτικά ώστε να καθιστά άνευ ουσιαστικού περιεχομένου την υποχρέωση αιτιολόγησης (πρβλ. απόφαση της 15ης Ιουλίου 2021, Επιτροπή κατά Landesbank Baden‑Württemberg και ΕΣΕ, C‑584/20 P και C‑621/20 P , EU:C:2021:601 , σκέψη ) και να στερεί την πρακτική αποτελεσματικότητα από το άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 89/665, στο οποίο διαλαμβάνεται, ιδίως, η υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέπουν την άσκηση αποτελεσματικής προσφυγής. Προς τον σκοπό αυτόν, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μεταξύ άλλων, να γνωστοποιεί, εφόσον τούτο δεν αντιβαίνει στο εθνικό δίκαιο στο οποίο υπόκειται, υπό συνοπτική μορφή, ορισμένες πτυχές μιας υποψηφιότητας ή προσφοράς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αποκάλυψη των εμπιστευτικών πληροφοριών. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21, παράγραφος 2, της οδηγίας 2014/24, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες αυτές παρέχουν καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Επομένως, σε περίπτωση που οι μη εμπιστευτικές πληροφορίες επαρκούν για τον σκοπό αυτόν, η αναθέτουσα αρχή μπορεί επίσης να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής προκειμένου να διασφαλίσει τον σεβασμό του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής του αποκλεισθέντος προσφέροντος, ζητώντας από τον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά επελέγη να της προσκομίσει μη εμπιστευτικό κείμενο των εγγράφων τα οποία περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, εν πάση περιπτώσει, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να ενημερώνει τον οικείο οικονομικό φορέα σχετικά με την απόφασή της περί κοινοποίησης σε έναν από τους ανταγωνιστές του των πληροφοριών οι οποίες κατά τον εν λόγω φορέα είναι εμπιστευτικές εγκαίρως, πριν από την εκτέλεση της ως άνω απόφασης, προκειμένου να του παράσχει τη δυνατότητα να ζητήσει είτε από την ίδια είτε από το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο τη λήψη προσωρινών μέτρων, όπως αυτά που διαλαμβάνονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 89/665, και να αποφύγει κατ’ αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία. – Επί της εκτάσεως της υποχρέωσης του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου να προστατεύει τις εμπιστευτικές πληροφορίες Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που υπέχει το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο στο πλαίσιο εκδίκασης ένδικης προσφυγής κατά αποφάσεως της αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή απορρίπτει, εν όλω ή εν μέρει, αίτηση χορήγησης πρόσβασης στις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά έγινε δεκτή, υπενθυμίζεται επίσης ότι το άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 89/665, σκοπός του οποίου είναι η προστασία των οικονομικών φορέων έναντι των αυθαιρεσιών της αναθέτουσας αρχής, επιδιώκει να εξασφαλίσει την ύπαρξη, σε όλα τα κράτη μέλη, αποτελεσματικών μέσων προσφυγής, ώστε να κατοχυρώνεται η εφαρμογή στην πράξη των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ιδίως σε στάδιο κατά το οποίο οι παραβάσεις μπορούν ακόμη να διορθωθούν (πρβλ. απόφαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, Star Storage κ.λπ., C‑439/14 και C‑488/14 , EU:C:2016:688 , σκέψη εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Επομένως, εναπόκειται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τους δικονομικούς κανόνες που διέπουν τα ένδικα βοηθήματα με τα οποία διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων που παρέχει το δίκαιο της Ένωσης στους θιγόμενους από αποφάσεις των αναθετουσών αρχών υποψηφίους και προσφέροντες, προκειμένου να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μη θίγονται ούτε η αποτελεσματικότητα της οδηγίας 89/665 ούτε τα δικαιώματα που απονέμονται στους ιδιώτες από το δίκαιο της Ένωσης. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την αιτιολογική της σκέψη 36, η οδηγία 2007/66, και ως εκ τούτου η οδηγία 89/665, την οποία τροποποίησε και συμπλήρωσε, αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος αποτελεσματικής ένδικης προστασίας και προσβάσεως σε αμερόληπτο δικαστήριο, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 47, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, του Χάρτη (πρβλ. απόφαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, Star Storage κ.λπ., C‑439/14 και C‑488/14 , EU:C:2016:688 , σκέψεις έως και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Κατά συνέπεια, όταν καθορίζουν τους δικονομικούς κανόνες που διέπουν την ένδικη προσφυγή, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν τον σεβασμό του δικαιώματος αυτού. Επομένως, παρά την απουσία κανόνων του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες άσκησης προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, και προκειμένου να καθοριστεί η ένταση του δικαστικού ελέγχου των εθνικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή πράξης του δικαίου της Ένωσης, είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός της πράξης αυτής και να διασφαλίζεται ότι δεν θίγεται η αποτελεσματικότητά της (απόφαση της 26ης Ιουνίου 2019, Craeynest κ.λπ., C‑723/17 , EU:C:2019:533 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Ωστόσο, στο πλαίσιο διαδικασίας προσφυγής που αφορά διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως δεν σημαίνει ότι οι μετέχοντες στη διαδικασία έχουν απόλυτο και απεριόριστο δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των σχετικών με την εν λόγω διαδικασία στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιον της αρμόδιας για την προσφυγή αρχής (πρβλ. απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec, C‑450/06 , EU:C:2008:91 , σκέψη ). Αντιθέτως, όπως επισημάνθηκε, κατ’ ουσίαν, στο σημείο 121 της παρούσας αποφάσεως, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που υπέχουν συναφώς οι αναθέτουσες αρχές, η υποχρέωση παροχής στον αποκλεισθέντα προσφέροντα επαρκών πληροφοριών για τη διασφάλιση του δικαιώματός του αποτελεσματικής προσφυγής πρέπει να σταθμίζεται με το δικαίωμα άλλων οικονομικών φορέων για προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και των εμπορικών απορρήτων τους. Κατά συνέπεια, το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο οφείλει να εξακριβώσει ότι ορθώς η αναθέτουσα αρχή έκρινε ότι οι πληροφορίες τις οποίες αρνήθηκε να γνωστοποιήσει στον αιτούντα ήταν εμπιστευτικές, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τόσο την ανάγκη διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος για τη διατήρηση του θεμιτού ανταγωνισμού στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων όσο και την ανάγκη προστασίας των πράγματι εμπιστευτικών πληροφοριών, ιδιαιτέρως δε του εμπορικού απορρήτου των μετεχόντων στον διαγωνισμό. Προς τούτο, το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο πρέπει να προβεί σε πλήρη εξέταση του συνόλου των κρίσιμων πραγματικών και νομικών στοιχείων. Επίσης πρέπει, κατ’ ανάγκην, να έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να αποφανθεί μετά λόγου γνώσεως, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών πληροφοριών και των επιχειρηματικών απορρήτων (πρβλ. απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec, C‑450/06 , EU:C:2008:91 , σκέψη ). Ακόμη και αν υποτεθεί ότι το εν λόγω δικαστήριο θεωρεί επίσης ότι οι επίμαχες πληροφορίες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η αποκάλυψή τους στους ανταγωνιστές του οικείου φορέα, υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει κρίνει το Δικαστήριο, μολονότι η αρχή της κατ’ αντιμωλίαν συζητήσεως συνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, το δικαίωμα των διαδίκων να λαμβάνουν γνώση των αποδεικτικών στοιχείων και των παρατηρήσεων που υποβάλλονται στο δικαστήριο και να εκφέρουν συναφώς τη γνώμη τους, εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι αναγκαίο να απαγορευθεί η πρόσβαση των διαδίκων σε ορισμένα στοιχεία, προκειμένου να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα τρίτου ή να διαφυλαχθεί σημαντικό δημόσιο συμφέρον (απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec, C‑450/06 , EU:C:2008:91 , σκέψη ). Μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων που μπορούν να προστατευθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνεται το δικαίωμα για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της επικοινωνίας, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη, και το δικαίωμα προστασίας των επιχειρηματικών απορρήτων, το οποίο έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο ως γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης (πρβλ. απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec, C‑450/06 , EU:C:2008:91 , σκέψεις και ). Επομένως, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών, η οποία επισημαίνεται ιδίως στις σκέψεις 131 και 132 της παρούσας αποφάσεως, η αρμόδια να επιληφθεί της προσφυγής αρχή στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημοσίας συμβάσεως πρέπει να διαθέτει την ευχέρεια να αποφασίζει, εν ανάγκη, ότι ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελο που έχει στη διάθεσή της δεν θα διαβιβάζονται στα συμμετέχοντα στη διαδικασία μέρη και στους δικηγόρους τους (πρβλ. απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Varec, C‑450/06 , EU:C:2008:91 , σκέψη ). Πέραν τούτου, διευκρινίζεται ότι, εφόσον το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο κρίνει ορθή και επαρκώς αιτιολογημένη την απόφαση της αναθέτουσας αρχής να μη γνωστοποιήσει τις ζητηθείσες πληροφορίες λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που υπέχει η αναθέτουσα αρχή βάσει της αρχής της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, οι οποίες υπομνήσθηκαν στις σκέψεις 121 έως 123 της παρούσας αποφάσεως, η συναφής συμπεριφορά της αναθέτουσας αρχής δεν μπορεί να επικριθεί για τον λόγο ότι ήταν υπέρμετρα προστατευτική για τα συμφέροντα του οικονομικού φορέα, του οποίου τις εμπιστευτικές πληροφορίες αφορούσε το υποβληθέν αίτημα. Το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο οφείλει επίσης να ελέγξει κατά πόσον ήταν επαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής να αρνηθεί τη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών ή η απόφασή της να απορρίψει διοικητική προσφυγή η οποία ασκήθηκε κατά της αρνητικής απόφασης που προηγήθηκε, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα, σύμφωνα με τη μνημονευόμενη στη σκέψη 120 της παρούσας απόφασης νομολογία, αφενός, στον αιτούντα να προασπίσει τα δικαιώματά του και να αποφασίσει, έχοντας γνώση όλων των στοιχείων, αν πρέπει να ασκήσει ένδικη προσφυγή κατά της οικείας απόφασης και, αφετέρου, στα δικαστήρια να ασκήσουν τον έλεγχο νομιμότητάς της. Εξάλλου, λαμβανομένης υπόψη της ζημίας που θα μπορούσε να προκαλέσει στον οικονομικό φορέα η μη σύννομη γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών σε ανταγωνιστή του, εναπόκειται στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο να συμβιβάσει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής του αιτούντος, κατά την έννοια του άρθρου 47 του Χάρτη, με το δικαίωμα προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα του οικονομικού φορέα. Τέλος, το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την αρνητική απόφαση επί της αιτήσεως γνωστοποιήσεως ή την απορριπτική απόφαση επί της διοικητικής προσφυγής εφόσον είναι παράνομες και, κατά περίπτωση, να αναπέμψει την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή ή και να εκδώσει το ίδιο νέα απόφαση, εάν του το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο. Στο μέτρο που το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, στο πλαίσιο του ένατου προδικαστικού ερωτήματος, αν ο δικαστής που επιλαμβάνεται αιτήσεως γνωστοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών οφείλει να εξετάσει ο ίδιος όχι μόνον τη σημασία τους, αλλά και τις συνέπειές τους επί της νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, αρκεί η επισήμανση ότι, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/665, στα κράτη μέλη εναπόκειται να θεσπίζουν τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες προσφυγής κατά αποφάσεων των αναθετουσών αρχών. Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, στο τέταρτο, στο όγδοο και στο ένατο προδικαστικό ερώτημα θα πρέπει να δοθεί η ακόλουθη απάντηση: – το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, και το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, της οδηγίας 89/665, καθώς και το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα της γενικής αρχής του δικαίου της Ένωσης περί χρηστής διοικήσεως, έχουν την έννοια ότι η αναθέτουσα αρχή, επιλαμβανόμενη αιτήσεως οικονομικού φορέα για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και περιλαμβάνονται στην προσφορά ανταγωνιστή στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, δεν υποχρεούται να τις γνωστοποιήσει εφόσον τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση των σχετικών με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών κανόνων του δικαίου της Ένωσης, δεν υπέχει δε τέτοια υποχρέωση ακόμη και στην περίπτωση που η σχετική αίτηση του οικονομικού φορέα υποβάλλεται στο πλαίσιο προσφυγής του η οποία αφορά τη νομιμότητα της αξιολόγησης της προσφοράς του ανταγωνιστή από την αναθέτουσα αρχή. Όταν αρνείται τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών ή όταν απορρίπτει την ασκηθείσα από τον οικονομικό φορέα διοικητική προσφυγή με αντικείμενο τη νομιμότητα της αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου ανταγωνιστή, αρνούμενη ταυτοχρόνως τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προβαίνει σε στάθμιση του δικαιώματος του αιτούντος για χρηστή διοίκηση και του δικαιώματος του ανταγωνιστή για προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών του, ούτως ώστε η αρνητική ή η απορριπτική απόφασή της να είναι αιτιολογημένη και να μην στερείται πρακτικής αποτελεσματικότητας το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής που διαθέτει ο αποκλεισθείς προσφέρων· – το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, και το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, της οδηγίας 89/665, καθώς και το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24, ερμηνευόμενα υπό το πρίσμα του άρθρου 47 του Χάρτη, έχουν την έννοια ότι το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται προσφυγής κατά της αποφάσεως αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή αρνήθηκε να γνωστοποιήσει σε οικονομικό φορέα στοιχεία τα οποία θεωρούνται εμπιστευτικά και τα οποία περιλαμβάνονται στα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τον ανταγωνιστή στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση ή προσφυγής κατά της αποφάσεως αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή απέρριψε διοικητική προσφυγή κατά τέτοιου είδους αρνητικής απόφασης οφείλει να προβαίνει σε στάθμιση του δικαιώματος του αιτούντος για αποτελεσματική προσφυγή και του δικαιώματος του ανταγωνιστή του για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και των εμπορικών απορρήτων του. Προς τούτο, το εν λόγω δικαστήριο, το οποίο πρέπει κατ’ ανάγκην να έχει στη διάθεσή του τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαμβανομένων των εμπιστευτικών πληροφοριών και των εμπορικών απορρήτων, προκειμένου, έχοντας γνώση όλων των δεδομένων, να είναι σε θέση να αποφανθεί περί του επιτρεπτού της γνωστοποίησης των εν λόγω πληροφοριών, οφείλει να προβεί σε εξέταση του συνόλου των κρίσιμων πραγματικών και νομικών στοιχείων. Πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την αρνητική απόφαση επί της αίτησης γνωστοποίησης ή την απορριπτική απόφαση επί της διοικητικής προσφυγής εφόσον είναι παράνομες και, κατά περίπτωση, να αναπέμψει την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή ή και να εκδώσει το ίδιο νέα απόφαση, εάν του το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο. Επί του δέκατου προδικαστικού ερωτήματος Με το δέκατο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24 έχει την έννοια ότι εθνικό δικαστήριο, το οποίο επιλαμβάνεται διαφοράς μεταξύ αποκλεισθέντος από την ανάθεση σύμβασης οικονομικού φορέα και της αναθέτουσας αρχής, μπορεί, αφενός, να αποκλίνει από την εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής εκτίμηση της νομιμότητας της συμπεριφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση και, ως εκ τούτου, να αντλεί εντεύθεν, με την απόφασή του, όλες τις αναγκαίες συνέπειες και, αφετέρου, να εξετάζει αυτεπαγγέλτως λόγο ακυρώσεως ο οποίος αντλείται από σφάλμα εκτιμήσεως της αναθέτουσας αρχής. Κατά το άρθρο 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν ή μπορούν να υποχρεώνονται από τα κράτη μέλη να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις καταστάσεις οι οποίες απαριθμούνται στη συγκεκριμένη διάταξη. Καθόσον το αιτούν δικαστήριο, στο δέκατο προδικαστικό ερώτημα, παρέπεμψε ρητώς στην απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 ( C‑267/18 , EU:C:2019:826 ), επισημαίνεται εκ προοιμίου ότι η εν λόγω απόφαση αφορά τις αρμοδιότητες της ίδιας της αναθέτουσας αρχής να προβαίνει στη δική της αξιολόγηση με βάση έναν από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24 προαιρετικούς λόγους αποκλεισμού και, ως εκ τούτου, δεν ασκεί άμεσα επιρροή στην απάντηση του εν λόγω προδικαστικού ερωτήματος, το οποίο αφορά τις αρμοδιότητες του δικαστή που επιλαμβάνεται διαφοράς μεταξύ αποκλεισθέντος προσφέροντος και αναθέτουσας αρχής. Συναφώς, το Δικαστήριο επισήμανε, βεβαίως, στις σκέψεις 28 και 34 της αποφάσεως της 19ης Ιουνίου 2019, Meca ( C‑41/18 , EU:C:2019:507 ), ότι από το γράμμα της εν λόγω διατάξεως προκύπτει ότι η εκτίμηση, κατά το στάδιο της επιλογής των διαγωνιζομένων, του κατά πόσον ένας οικονομικός φορέας πρέπει να αποκλειστεί από διαδικασία σύναψης σύμβασης έχει ανατεθεί αποκλειστικά και μόνο στην αναθέτουσα αρχή και, κατά συνέπεια, όχι σε εθνικό δικαστήριο. Το Δικαστήριο προέβη, εντούτοις, στην ως άνω ερμηνεία λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω απόφαση, στην οποία κλήθηκε να αποφανθεί επί εθνικής ρυθμίσεως σύμφωνα με την οποία η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της αποφάσεως περί λύσεως δημόσιας συμβάσεως που ελήφθη από αναθέτουσα αρχή λόγω σοβαρών πλημμελειών που επιδείχθηκαν κατά την εκτέλεσή της εμποδίζει την αναθέτουσα αρχή που προκηρύσσει νέο διαγωνισμό να προβεί σε οποιαδήποτε αξιολόγηση, κατά το στάδιο της επιλογής των διαγωνιζομένων, σχετικά με την αξιοπιστία του οικονομικού φορέα τον οποίο αφορά η ως άνω λύση (απόφαση της 19ης Ιουνίου 2019, Meca, C‑41/18 , EU:C:2019:507 , σκέψη ). Η απόφαση με την οποία η αναθέτουσα αρχή αρνείται, έστω και σιωπηρώς, να αποκλείσει οικονομικό φορέα από διαδικασία σύναψης σύμβασης για έναν από τους παρατιθέμενους στο άρθρο 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24 προαιρετικούς λόγους αποκλεισμού πρέπει κατ’ ανάγκην να μπορεί να προσβληθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της διάταξης αυτής, διότι άλλως θα παραβιαζόταν το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, όπως κατοχυρώνεται, όσον φορά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, στο άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, και στο άρθρο 1, παράγραφος 3, της οδηγίας 89/665, καθώς και στο άρθρο 47 του Χάρτη. Επομένως, στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ αποκλεισθέντος από την ανάθεση σύμβασης υποψηφίου ή προσφέροντος και αναθέτουσας αρχής, το εθνικό δικαστήριο μπορεί να ελέγξει την εκτίμηση της τελευταίας ως προς το αν πληρούνταν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός από τους προαιρετικούς λόγους αποκλεισμού του άρθρου 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24 ως προς τον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση και, κατά συνέπεια, να αποκλίνει από την εκτίμηση αυτή. Επομένως, αναλόγως της περίπτωσης, το εν λόγω δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί υπό αυτή την έννοια επί της ουσίας ή να αναπέμψει προς τούτο την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή ή να την παραπέμψει στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο. Πάντως, το δίκαιο της Ένωσης δεν επιβάλλει στα εθνικά δικαστήρια την υποχρέωση να εξετάζουν αυτεπαγγέλτως ισχυρισμό αντλούμενο από την παράβαση των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, εάν η εξέταση του ισχυρισμού αυτού θα τα υποχρέωνε να εξέλθουν των επιβαλλόμενων ορίων, και ιδίως των ορίων του αντικειμένου της διαφοράς, όπως προσδιορίστηκε από τους διαδίκους, στηριζόμενα σε άλλα γεγονότα και περιστάσεις πέραν εκείνων επί των οποίων στηρίζει το αίτημά του ο διάδικος ο οποίος έχει συμφέρον για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων (πρβλ. αποφάσεις της 14ης Δεκεμβρίου 1995, van Schijndel και van Veen, C‑430/93 και C‑431/93 , EU:C:1995:441 , σκέψεις και , και της 19ης Δεκεμβρίου 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust και Coopservice, C‑216/17 , EU:C:2018:1034 , σκέψη ). Συγκεκριμένα, κατά πάγια νομολογία, ελλείψει σχετικής ρυθμίσεως εκ μέρους της Ένωσης, απόκειται σε κάθε κράτος μέλος, βάσει της αρχής της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών, να καθορίζει τους κανόνες της διοικητικής και της ένδικης διαδικασίας που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τα οποία οι πολίτες αντλούν από το δίκαιο της Ένωσης. Πάντως, οι διαδικαστικοί κανόνες αυτοί δεν πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που αφορούν παρεμφερή μέσα παροχής έννομης προστασίας τα οποία προβλέπονται για την προστασία των δικαιωμάτων που αντλούνται από την εσωτερική έννομη τάξη, σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας (απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2015, Orizzonte Salute, C‑61/14 , EU:C:2015:655 , σκέψη , και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Επομένως, τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να εξετάζουν αυτεπαγγέλτως τον λόγο που αντλείται από παράβαση, εκ μέρους οικονομικού φορέα, του άρθρου 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24 μόνον εφόσον τους το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο (πρβλ. απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 1995, van Schijndel και van Veen, C‑430/93 και C‑431/93 , EU:C:1995:441 , σκέψεις και ). Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, στο δέκατο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24 έχει την έννοια ότι εθνικό δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται διαφοράς μεταξύ αποκλεισθέντος από την ανάθεση σύμβασης οικονομικού φορέα και της αναθέτουσας αρχής μπορεί να αποκλίνει από την εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής εκτίμηση της νομιμότητας της συμπεριφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση και, ως εκ τούτου, να αντλεί εντεύθεν, με την απόφασή του, όλες τις αναγκαίες συνέπειες. Αντιθέτως, σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας, το εν λόγω δικαστήριο μπορεί να εξετάζει αυτεπαγγέλτως λόγο ακυρώσεως αντλούμενο από το σφάλμα εκτιμήσεως της αναθέτουσας αρχής μόνον εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο. Επί του ενδέκατου προδικαστικού ερωτήματος Με το ενδέκατο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 63, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2014/24, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφοι 4 και 6, της οδηγίας, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας, όταν οικονομικός φορέας, ο οποίος είναι μέλος κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, έχει κριθεί ένοχος ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για να εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της κοινοπραξίας ή ότι η τελευταία πληροί τα κριτήρια επιλογής, ενώ τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας δεν είχαν λάβει γνώση της ψευδούς δηλώσεως, μπορεί να επιβληθεί σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας μέτρο αποκλεισμού από κάθε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 63, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2014/24 προβλέπει το δικαίωμα ενός οικονομικού φορέα να στηριχθεί, ως προς συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση, στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των μεταξύ τους δεσμών, για την πλήρωση τόσο των κριτηρίων περί οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 58, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής όσο και των κριτηρίων περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 58, παράγραφος 4, της εν λόγω οδηγίας (απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Rad Service κ.λπ., C‑210/20 , EU:C:2021:445 , σκέψη , και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Ο οικονομικός φορέας που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό οφείλει, βάσει του άρθρου 59, παράγραφος 1, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, της οδηγίας 2014/24, να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή, κατά την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής ή της προσφοράς του, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) με το οποίο να δηλώνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι φορείς στων οποίων τις ικανότητες σκοπεύει να στηριχθεί δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 57 της εν λόγω οδηγίας η οποία πρέπει ή μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό ενός οικονομικού φορέα και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής. Επομένως, βάσει του άρθρου 63, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2014/24, εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να εξακριβώσει, μεταξύ άλλων, αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 57 της οδηγίας αυτής, ως προς τον ίδιο τον οικονομικό φορέα ή κάποιον από τους ως άνω φορείς. Σε καταφατική περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει –ή μπορεί να υποχρεωθεί από το κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται να απαιτήσει– από τον συγκεκριμένο οικονομικό φορέα να προβεί στην αντικατάσταση του φορέα στου οποίου τις ικανότητες σκόπευε να στηριχθεί, αλλά ως προς τον οποίο συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού. Διευκρινίζεται, πάντως, ότι το άρθρο 63 της οδηγίας 2014/24 προϋποθέτει ότι η αναθέτουσα αρχή, πριν ακόμη απαιτήσει από προσφέροντα να αντικαταστήσει φορέα στου οποίου τις ικανότητες σκόπευε να στηριχθεί, λόγω του ότι ο ως άνω φορέας εμπίπτει σε μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 57, παράγραφοι 1 και 4, της οδηγίας, παρέχει στον προσφέροντα και/ή στον εν λόγω φορέα τη δυνατότητα να της παρουσιάσουν τα διορθωτικά μέτρα που τυχόν έλαβαν για τη θεραπεία της διαπιστωθείσας πλημμέλειας και, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι ο εν λόγω φορέας μπορεί, εκ νέου, να θεωρηθεί αξιόπιστος (πρβλ. αποφάσεις της 3ης Οκτωβρίου 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, C‑267/18 , EU:C:2019:826 , σκέψη και της 3ης Ιουνίου 2021, Rad Service κ.λπ., C‑210/20 , ECLI:EU:C:2021:445 , σκέψη ). Η ερμηνεία αυτή του άρθρου 63, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της ως άνω οδηγίας μπορεί να διασφαλίσει την πρακτική αποτελεσματικότητα του άρθρου 57, παράγραφος 6, πρώτο εδάφιο, της εν λόγω οδηγίας, το οποίο εγγυάται, κατ’ αρχήν, το δικαίωμα κάθε οικονομικού φορέα που εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 της διατάξεως αυτής να παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν προς επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (πρβλ. απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Rad Service κ.λπ., C‑210/20 , EU:C:2021:445 , σκέψη ) Η εν λόγω ερμηνεία συμβάλλει, επιπλέον, στη διασφάλιση της τηρήσεως της αρχής της αναλογικότητας από τις αναθέτουσες αρχές, συμφώνως προς το άρθρο 18, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας αυτής. Ειδικότερα, από την αρχή αυτή, η οποία αποτελεί γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης, προκύπτει ότι οι κανόνες τους οποίους θεσπίζουν τα κράτη μέλη ή οι αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του αναγκαίου μέτρου για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει η οδηγία (πρβλ. αποφάσεις της 16ης Δεκεμβρίου 2008, Μηχανική, C‑213/07 , EU:C:2008:731 , σκέψη , και της 30ής Ιανουαρίου 2020, Tim, C‑395/18 , EU:C:2020:58 , σκέψη ). Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, όταν οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν προαιρετικούς λόγους αποκλεισμού, πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην εν λόγω αρχή. Η προσοχή αυτή πρέπει όμως να είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν ο προβλεπόμενος από την εθνική νομοθεσία αποκλεισμός δεν πλήττει τον προσφέροντα για παράβαση καταλογιστέα σε αυτόν, αλλά για παράβαση διαπραχθείσα από φορέα στου οποίου τις ικανότητες σκοπεύει να στηριχθεί και έναντι του οποίου δεν διαθέτει καμία εξουσία ελέγχου (πρβλ. αποφάσεις της 30ής Ιανουαρίου 2020, Tim, C‑395/18 , EU:C:2020:58 , σκέψη , και της 3ης Ιουνίου 2021, Rad Service κ.λπ., C‑210/20 , EU:C:2021:445 , σκέψη ). Ειδικότερα, η αρχή της αναλογικότητας επιβάλλει στην αναθέτουσα αρχή να προβαίνει σε συγκεκριμένη και εξατομικευμένη εκτίμηση της στάσεως του οικείου φορέα. Στο πλαίσιο αυτό, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα μέσα που είχε στη διάθεσή του ο προσφέρων προκειμένου να διαπιστώσει ότι συνέτρεχε παράβαση εκ μέρους του φορέα στου οποίου τις ικανότητες σκόπευε να στηριχθεί (απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Rad Service κ.λπ., C‑210/20 , EU:C:2021:445 , σκέψη ). Κατά συνέπεια, στο ενδέκατο προδικαστικό ερώτημα θα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 63, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2014/24, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφοι 4 και 6, της οδηγίας, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας, όταν οικονομικός φορέας, ο οποίος είναι μέλος κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, έχει κριθεί ένοχος ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για να εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της κοινοπραξίας ή ότι η τελευταία πληροί τα κριτήρια επιλογής, ενώ τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας δεν είχαν λάβει γνώση της ψευδούς δηλώσεως, μπορεί να επιβληθεί σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας μέτρο αποκλεισμού από κάθε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφαίνεται: 1) Το άρθρο 58 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, έχει την έννοια ότι η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να αποδεικνύουν ότι πραγματοποιούν ορισμένο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από την οικεία δημόσια σύμβαση συνιστά κριτήριο επιλογής το οποίο αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των εν λόγω φορέων, κατά την έννοια της παραγράφου 3 της ως άνω διάταξης. 2) Οι διατάξεις του άρθρου 58, παράγραφος 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 60, παράγραφος 3, της οδηγίας 2014/24 έχουν την έννοια ότι, στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απαίτησε από τους οικονομικούς φορείς να έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο ελάχιστο κύκλο εργασιών στον καλυπτόμενο από την οικεία δημόσια σύμβαση τομέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειά του επικαλούμενος εισοδήματα αποκτηθέντα από προσωρινή κοινοπραξία επιχειρήσεων στην οποία μετείχε μόνον εφόσον συνέβαλε πράγματι, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, στην άσκηση δραστηριότητας της κοινοπραξίας ανάλογης με εκείνη η οποία αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης για την οποία ο οικονομικός φορέας επιδιώκει να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 3) Το άρθρο 58, παράγραφος 4, και τα άρθρα 42 και 70 της οδηγίας 2014/24 έχουν την έννοια ότι μπορούν να εφαρμόζονται ταυτοχρόνως σε τεχνική απαίτηση η οποία περιλαμβάνεται σε προκήρυξη διαγωνισμού. 4) Το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, και το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, έχουν την έννοια ότι η απόφαση αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή αρνείται να κοινοποιήσει σε οικονομικό φορέα τις πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και οι οποίες περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας ή στην προσφορά άλλου οικονομικού φορέα συνιστά πράξη δυνάμενη να προσβληθεί με προσφυγή και ότι, εφόσον το κράτος μέλος όπου διεξάγεται η διαδικασία σύναψης της επίμαχης δημόσιας σύμβασης προέβλεψε ότι όποιος επιθυμεί να προσβάλει απόφαση της αναθέτουσας αρχής υποχρεούται, πριν προσφύγει στο δικαστήριο, να ασκήσει διοικητική προσφυγή, μπορεί επίσης να προβλέψει ότι της ασκήσεως ένδικης προσφυγής κατά της ως άνω αποφάσεως περί αρνήσεως προσβάσεως πρέπει να προηγείται η άσκηση τέτοιας διοικητικής προσφυγής. 5) Το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, και το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, της οδηγίας 89/665, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23, καθώς και το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα της γενικής αρχής του δικαίου της Ένωσης περί χρηστής διοικήσεως, έχουν την έννοια ότι η αναθέτουσα αρχή, επιλαμβανόμενη αιτήσεως οικονομικού φορέα για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές και περιλαμβάνονται στην προσφορά ανταγωνιστή στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, δεν υποχρεούται να τις γνωστοποιήσει εφόσον τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση των σχετικών με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών κανόνων του δικαίου της Ένωσης, δεν υπέχει δε τέτοια υποχρέωση ακόμη και στην περίπτωση που η σχετική αίτηση του οικονομικού φορέα υποβάλλεται στο πλαίσιο προσφυγής του η οποία αφορά τη νομιμότητα της αξιολόγησης της προσφοράς του ανταγωνιστή από την αναθέτουσα αρχή. Όταν αρνείται τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών ή όταν απορρίπτει την ασκηθείσα από τον οικονομικό φορέα διοικητική προσφυγή με αντικείμενο τη νομιμότητα της αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου ανταγωνιστή, αρνούμενη ταυτοχρόνως τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προβαίνει σε στάθμιση του δικαιώματος του αιτούντος για χρηστή διοίκηση και του δικαιώματος του ανταγωνιστή για προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών του, ούτως ώστε η αρνητική ή η απορριπτική απόφασή της να είναι αιτιολογημένη και να μην στερείται πρακτικής αποτελεσματικότητας το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής που διαθέτει ο αποκλεισθείς προσφέρων. 6) Το άρθρο 1, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, και το άρθρο 1, παράγραφοι 3 και 5, της οδηγίας 89/665, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/23, καθώς και το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/24, ερμηνευόμενα υπό το πρίσμα του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν την έννοια ότι το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται προσφυγής κατά της αποφάσεως αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή αρνήθηκε να γνωστοποιήσει σε οικονομικό φορέα στοιχεία τα οποία θεωρούνται εμπιστευτικά και τα οποία περιλαμβάνονται στα έγγραφα που διαβιβάστηκαν από τον ανταγωνιστή στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση ή προσφυγής κατά της αποφάσεως αναθέτουσας αρχής με την οποία αυτή απέρριψε διοικητική προσφυγή κατά τέτοιου είδους αρνητικής απόφασης οφείλει να προβαίνει σε στάθμιση του δικαιώματος του αιτούντος για αποτελεσματική προσφυγή και του δικαιώματος του ανταγωνιστή του για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και εμπορικών απορρήτων του. Προς τούτο, το εν λόγω δικαστήριο, το οποίο πρέπει κατ’ ανάγκην να έχει στη διάθεσή του τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαμβανομένων των εμπιστευτικών πληροφοριών και των εμπορικών απορρήτων, προκειμένου, έχοντας γνώση όλων των δεδομένων, να είναι σε θέση να αποφανθεί περί του επιτρεπτού της γνωστοποίησης των εν λόγω πληροφοριών, οφείλει να προβεί σε εξέταση του συνόλου των κρίσιμων πραγματικών και νομικών στοιχείων. Πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την αρνητική απόφαση επί της αίτησης γνωστοποίησης ή την απορριπτική απόφαση επί της διοικητικής προσφυγής εφόσον είναι παράνομες και, κατά περίπτωση, να αναπέμψει την υπόθεση στην αναθέτουσα αρχή ή και να εκδώσει το ίδιο νέα απόφαση, εάν του το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο. 7) Το άρθρο 57, παράγραφος 4, της οδηγίας 2014/24 έχει την έννοια ότι εθνικό δικαστήριο το οποίο επιλαμβάνεται διαφοράς μεταξύ αποκλεισθέντος από την ανάθεση σύμβασης οικονομικού φορέα και της αναθέτουσας αρχής μπορεί να αποκλίνει από την εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής εκτίμηση της νομιμότητας της συμπεριφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση και, ως εκ τούτου, να αντλεί εντεύθεν, με την απόφασή του, όλες τις αναγκαίες συνέπειες. Αντιθέτως, σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας, το εν λόγω δικαστήριο μπορεί να εξετάζει αυτεπαγγέλτως λόγο ακυρώσεως αντλούμενο από το σφάλμα εκτιμήσεως της αναθέτουσας αρχής μόνον εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο. 8) Το άρθρο 63, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2014/24, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφοι 4 και 6, της οδηγίας, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας, όταν οικονομικός φορέας, ο οποίος είναι μέλος κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, έχει κριθεί ένοχος ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για να εξακριβωθεί ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της κοινοπραξίας ή ότι η τελευταία πληροί τα κριτήρια επιλογής, ενώ τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας δεν είχαν λάβει γνώση της ψευδούς δηλώσεως, μπορεί να επιβληθεί σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας μέτρο αποκλεισμού από κάθε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η λιθουανική.

62010TJ0562

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Asiaa koskevat oikeussäännöt ja asian tausta Kantaja, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, on saksalainen yhtiö, joka toimii laivameklarina ja alusten teknisestä hallinnosta vastaavana yrityksenä. Se tarjoaa palveluja erityisesti Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamolle (jäljempänä IRISL). Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet Käsiteltävä asia liittyy sellaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on painostaa Iranin islamilaista tasavaltaa lopettamaan joukkotuhoaseiden leviämistä edistävä ydinenergia-alan toiminta ja ydinasejärjestelmien kehittäminen (jäljempänä ydinaseiden levittäminen). Euroopan unionissa tästä on säädetty Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä 27.2.2007 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä kannalla 2007/140/YUTP (EUVL L 61, s. 49) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 19.4.2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 423/2007 (EUVL L 103, s. 1). Yhteisen kannan 2007/140 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määrättiin tiettyjen henkilöiden ja yhteisöjen kaikkien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä. Luettelo näistä henkilöistä ja yhteisöistä oli yhteisen kannan 2007/140 liitteessä II. Siltä osin kuin kyse oli Euroopan yhteisön toimivallasta, asetuksen N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdassa säädettiin sellaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvien varojen jäädyttämisestä, joiden Euroopan unionin neuvosto oli yhteisen kannan 2007/140 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti todennut osallistuvan ydinaseiden levittämiseen. Luettelo näistä henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen jäädyttäminen kohdistettiin asetuksen N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan nojalla, muodosti kyseisen tekstin liitteen V. Yhteinen kanta 2007/140 kumottiin Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 26.7.2010 annetulla neuvoston päätöksellä 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39). Päätöksen 2010/413 20 artiklan 1 kohdassa säädetään useille yhteisöille kuuluvien varojen jäädyttämisestä. Tämän säännöksen kohteena ovat muun muassa ”henkilöt ja yhteisöt, – – jotka osallistuvat [joukkotuhoaseiden levittämiseen] tai joilla on välitön yhteys tällaiseen toimintaan tai jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle, – – tai niiden puolesta tai johdolla toimivat henkilöt tai yhteisöt tai niiden omistuksessa tai määräysvallassa, myös laittomin keinoin, olevat yhteisöt, – – sekä – – IRISL:n – – yhteisöt sekä niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevat taikka niiden puolesta toimivat yhteisöt, joiden luettelo on liitteessä II”. Asetus N:o 423/2007 kumottiin Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 25.10.2010 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 961/2010 (EUVL L 281, s. 1). Asetuksen N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa: ”2. Jäädytetään kaikki liitteessä VIII luetelluille henkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liitteessä VIII luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet – –, joista on neuvoston päätöksen [2010/413] 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti todettu, että ne: a)      osallistuvat tai ovat suoraan yhteydessä [levittämiseen] tai tukevat [sitä] – – tai ovat tällaisen henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa, myös silloin, kun tällainen omistus tai määräysvalta perustuu laittomiin keinoihin, tai toimivat niiden puolesta tai johdolla; – – d)      ovat [IRISL:n] omistuksessa tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä.” Asetuksen N:o 961/2010 36 artiklassa säädetään seuraavaa: ”2. Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä VIII vastaavasti. 3. Neuvosto antaa päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi [2 kohdassa] tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia. 4. Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.” Kantajaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet Heti kun päätös 2010/413 oli annettu 26.7.2010, neuvosto lisäsi kantajan nimen kyseisen päätöksen liitteessä II olevaan henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon III. Tämän johdosta kantajan nimi otettiin asetuksen N:o 423/2007 liitteessä V olevaan henkilöiden, yhteisöjen ja elimien luetteloon III Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta 26.7.2010 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2010 (EUVL L 195, s. 25) nojalla. Täytäntöönpanoasetuksen N:o 668/2010 antamisen seurauksena kantajan varat ja taloudelliset resurssit jäädytettiin. Neuvosto esitti sekä päätöksessä 2010/143 että täytäntöönpanoasetuksessa N:o 668/2010 seuraavat perustelut: ”Toimii [Hafize Darya Shipping Linesin (HDSL)] puolesta Euroopassa.” Neuvosto ilmoitti kantajalle 28.7.2010 päivätyllä kirjeellä siitä, että kantajan nimi oli lisätty asetuksen N:o 423/2007 liitteessä V olevaan henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon III. Neuvosto ei antanut muita perusteluja kuin täytäntöönpanoasetuksesta N:o 668/2010 ilmenevät perustelut. Kantaja pyysi 10.9.2010 ja 13.9.2010 päivätyissä kirjeissään neuvostoa tutkimaan uudelleen päätöksen, jolla kantaja oli lisätty asetuksen N:o 423/2007 liitteessä V olevaan henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon III. Koska asetus N:o 423/2007 oli kumottu asetuksella N:o 961/2010, neuvosto lisäsi kantajan viimeksi mainitun asetuksen liitteessä VIII olevan taulukon B 26 kohdan c alakohtaan. Tämän seurauksena kantajan varat ja taloudelliset resurssit jäädytettiin kyseisen asetuksen 16 artiklan 2 kohdan nojalla. Asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VIII olevan taulukon B 26 kohta koskee IRISL:ää. Neuvosto esitti kantajan luetteloon ottamisen osalta seuraavat perustelut: ”On IRISL:n määräysvallassa ja/tai toimii sen puolesta.” Neuvosto vastasi 28.10.2010 päivätyllä kirjeellään kantajan 10.9.2010 ja 13.9.2010 päivättyihin kirjeisiin ja ilmoitti hylkäävänsä uudelleen tutkimisen jälkeen kantajan pyynnön siitä, että sen nimi poistettaisiin asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VIII olevasta henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelosta (jäljempänä riidanalainen luettelo). Neuvosto täsmensi tästä, että asiakirja-aineistoon ei sisältynyt uusia kantajan tilanteen muuttumista osoittavia seikkoja ja että tämän vuoksi kantajaan kyseisen asetuksen nojalla kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä oli jatkettava. Kantaja pyysi 23.11.2010 päivätyllä kirjeellään neuvostoa esittämään sille todisteet, joihin hänen nimensä ottaminen riidanalaiseen luetteloon perustui. Neuvosto ei vastannut tähän kirjeeseen ennen kanteen nostamista. Oikeudenkäyntimenettely ja kantajan vaatimukset Kantaja nosti nyt käsiteltävän kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.12.2010 toimittamallaan kannekirjelmällä. Kanne annettiin tiedoksi neuvostolle 29.12.2010. Neuvosto jätti vastineen 14.3.2011. Euroopan komissio ja Saksan liittotasavalta toimittivat unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.3.2011 ja 4.4.2011 väliintulohakemukset, joissa ne pyysivät saada osallistua tähän oikeudenkäyntiin tukeakseen neuvoston vaatimuksia. Koska vastine jätettiin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohdan, 101 artiklan 1 kohdan ja 102 artiklan 2 kohdan mukaisen määräajan jälkeen, unionin yleinen tuomioistuin pyysi 29.3.2011 kantajaa esittämään asian käsittelyn jatkamista koskevat huomautuksensa. Kantaja vaati 31.3.2011 kirjallisesti työjärjestyksen 122 artiklan 1 kohdan nojalla yksipuolista tuomiota. Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin –        kumoaa asetuksen N:o 961/2010 siltä osin kuin se koskee kantajaa –        velvoittaa neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Oikeudellinen arviointi Väliintulohakemusten tarkastelu Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 40 artiklan neljännessä kohdassa, jota perussäännön 53 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan sovelletaan unionin yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävään asiaan, määrätään, että väliintulokirjelmässä saadaan esittää vain jonkun asianosaisen vaatimuksia tukevia vaatimuksia. Nyt käsiteltävässä asiassa komissio ja Saksan liittotasavalta pyytävät saada esiintyä väliintulijoina tukeakseen neuvoston vaatimuksia. Edellä 23 kohdassa on kuitenkin todettu, että neuvosto ei ole esittänyt vastinettaan asetetussa määräajassa. Näin ollen se ei myöskään ole esittänyt vaatimuksia, joita tukeakseen komissio ja Saksan liittotasavalta voisivat esiintyä väliintulijoina. Näissä olosuhteissa komission ja Saksan liittotasavallan esittämistä väliintulovaatimuksista ei enää ole tarpeen lausua. Asiakysymys Työjärjestyksen 122 artiklan 2 kohdan mukaan unionin yleisen tuomioistuimen on tarkastettava, ovatko kantajan vaatimukset ilmeisesti perusteltuja. Kantaja esittää vaatimustensa tueksi kuusi kanneperustetta. Ensimmäisen kanneperuste koskee perusteluvelvollisuuden laiminlyömistä. Toinen kanneperuste koskee kantajan puolustautumisoikeuksien loukkaamista ja erityisesti sitä, että sen oikeutta tulla kuulluksi on loukattu. Kolmas kanneperuste koskee tehokkaan oikeussuojan periaatteen loukkaamista. Neljäs kanneperuste koskee asetuksen N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohdan soveltamisessa tehtyä arviointivirhettä. Viides kanneperuste koskee omaisuudensuojan loukkaamista. Kuudes kanneperuste koskee suhteellisuusperiaatteen loukkaamista. Kantaja väittää ensimmäisessä kanneperusteessaan, että neuvosto on perustellut riittämättömästi ja ristiriitaisesti kantajan nimen sisällyttämisen riidanalaiseen luetteloon. Jollekin vastaista toimea koskevan perusteluvelvollisuuden, sellaisena kuin siitä on määrätty SEUT 296 artiklan toisessa kohdassa ja nyt käsiteltävässä asiassa erityisesti asetuksen N:o 961/2010 36 artiklan 3 kohdassa, tarkoituksena on, että asianomainen saisi riittävät tiedot arvioidakseen, onko toimi asianmukainen vai onko siinä mahdollisesti sellainen virhe, jonka perusteella sen pätevyys voidaan riitauttaa unionin tuomioistuimissa, ja että viimeksi mainitut voivat valvoa toimen laillisuutta. Näin muotoiltu perusteluvelvollisuus on unionin oikeuden keskeinen periaate, josta voidaan poiketa ainoastaan pakottavista syistä. Perustelut on näin ollen ilmoitettava asianomaiselle lähtökohtaisesti samaan aikaan kuin hänelle vastainen toimi, eikä perustelujen puuttumista voida korjata sillä, että asianomainen saa toimen perustelut tietoonsa unionin tuomioistuimissa käytävän oikeudenkäyntimenettelyn aikana (ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran v. neuvosto, tuomio 12.12.2006, Kok., s. II-4665, 138 ja 139 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; jäljempänä ns. OMPI-tapaus). Näin ollen on niin, että mikäli unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuuteen tai kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyvät pakottavat syyt eivät estä tiettyjen seikkojen ilmaisemista (ks. analogisesti yhdistetyt asiat C-402/05 P ja C-415/05 P, Kadi et Al Barakaat International Foundation v. neuvosto ja komissio, tuomio 3.9.2008, Kok., s. I-6351, 342 kohta), neuvostolla on asetuksen N:o 961/2010 36 artiklan 3 kohdan nojalla velvollisuus saattaa yhteisön, johon kyseisen asetuksen 16 artiklan 2 kohdan mukaiset toimet on kohdistettu, tietoon erityiset ja konkreettiset syyt, joiden perusteella se katsoo, että tätä säännöstä on sovellettava siihen. Täten neuvoston on mainittava ne tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin toimen laillisuus perustuu, sekä ne syyt, joiden vuoksi neuvosto on päätynyt tähän toimeen (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 32 kohdassa mainittu OMPI-tapaus, tuomion 143 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lisäksi perusteluvelvollisuus määräytyy kyseisen toimen luonteen ja sen asiayhteyden mukaan, jossa se on tehty. Perusteluvelvollisuuden täyttymistä on arvioitava asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella, joita ovat muun muassa toimen sisältö, esitettyjen perustelujen luonne ja se tarve, joka niillä, joille toimi on osoitettu tai joita se koskee suoraan ja erikseen, voi olla saada selvennystä tilanteeseen. Perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, koska arvioitaessa sitä, ovatko perustelut riittäviä, on otettava huomioon paitsi niiden sanamuoto myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt. Erityisesti on todettava, että henkilölle vastainen toimi on silloin riittävästi perusteltu, kun se on toteutettu asianomaisen tuntemassa asiayhteydessä, jonka perusteella asianomainen voi ymmärtää häntä koskevan toimen merkityksen (ks. edellä 32 kohdassa mainittu OMPI-tapaus, tuomion 141 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Nyt käsiteltävässä asiassa on huomautettava aluksi, että perustelut, jotka neuvosto on esittänyt yhtäältä asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VIII ja toisaalta 28.10.2010 päivätyssä kirjeessään, näyttävät ensi silmäyksellä ristiriitaisilta. On nimittäin niin, että kyseisessä kirjeessä kyllä viitataan kantajan tilanteen uudelleen arviointiin ja siihen, ettei ole uusia seikkoja, joiden nojalla neuvosto olisi perustellusti voinut vaihtaa kantaansa, mutta kyseisen asetuksen liitteessä VIII annetut perustelut eroavat kantajaa koskevin osin täytäntöönpanoasetuksessa N:o 668/2010 annetuista perusteluista. Ei siis käy selvästi ilmi, perustuuko kantajan nimen riidanalaiseen luetteloon ottaminen täytäntöönpanoasetuksessa N:o 668/2010 esitettyjen seikkojen eli kantajan ja HDSL:n välisten yhteyksien pysymiseen ennallaan vai uusiin seikkoihin eli kantajan ja IRISL:n välisiin suoriin yhteyksiin. Lisäksi on niin, että riippumatta seikoista, jotka neuvosto on ottanut huomioon perustellakseen kantajan nimen lisäämisen riidanalaiseen luetteloon, sen esittämät perustelut eivät ole riittäviä edellä 32–34 kohdassa esitettyihin sääntöihin nähden. Jos oletetaan yhtäältä, että neuvosto on tukeutunut kantajan ja HDSL:n välisiin yhteyksiin, ei asetuksen N:o 961/2010 liitteen VIII eikä neuvoston 28.10.2010 päivätyn kirjeen perusteella voida arvioida syitä, joiden johdosta neuvosto on katsonut, että kantajan 10.9.2010 ja 13.9.2010 päivätyissä kirjeissään esittämät seikat, jotka koskevat erityisesti sen toiminnan luonnetta ja sen autonomiaa HDSL:ään ja IRISL:ään nähden, eivät ole voineet vaikuttaa siten, että neuvoston kanta kantajaan kohdistettaviin rajoittaviin toimenpiteisiin olisi muuttunut. Jos oletetaan toisaalta, että neuvosto on tukeutunut kantajan ja IRISL:n välisiin suoriin yhteyksiin, ei asetuksen N:o 961/2010 liitteessä VIII eikä neuvoston 28.10.2010 päivätyssä kirjeessä yksilöidä IRISL:n kantajaan kohdistamaksi väitetyn määräysvallan luonnetta eikä kantajan IRISL:n lukuun suorittamia toimia, jotka oikeuttavat kantajaan kohdistetut rajoittavat toimenpiteet. Näissä olosuhteissa on katsottava, että neuvosto näyttää laiminlyöneen SEUT 296 artiklan toisen kohdan ja asetuksen N:o 961/2010 36 artiklan 3 kohdan mukaisen perusteluvelvollisuuden. Ensimmäinen kanneperuste on siis perusteltu ja se on näin ollen hyväksyttävä. Asetus N:o 961/2010 on näin ollen kumottava siltä osin kuin se koskee kantajaa, eikä muita kanneperusteita ole tarpeen tutkia. Vaikka asetus N:o 961/2010 on tämän tuomion perusteella kumottava perusteluvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi siltä osin kuin se koskee kantajaa, ei voida sulkea pois sitä, että rajoittavien toimenpiteiden kohdistaminen kantajaan on kuitenkin asiasisällöltään saattanut olla perusteltua. Niinpä siitä, että asetus N:o 961/2010 kumottaisiin kantajan osalta välittömin vaikutuksin, voi aiheutua vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa tällä asetuksella säädettyjen rajoittavien toimenpiteiden tehokkuudelle, koska ennen kuin tämä asetus mahdollisesti korvataan uudella toimella, kantaja voisi ryhtyä toimenpiteisiin välttääkseen sen, että rajoittavia toimenpiteitä voidaan jatkossa soveltaa siihen. Siltä osin kuin asetuksella N:o 961/2010 on lisätty kantajan nimi sen liitteessä VIII olevaan luetteloon, sen vaikutukset on siten pysytettävä SEUT 264 artiklan ja perussäännön 41 artiklan nojalla enintään kahden kuukauden ajan tämän tuomion julistamisesta. Oikeudenkäyntikulut Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska neuvosto on hävinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska ei ole tarpeen lausua komission ja Saksan liittotasavallan väliintulohakemuksista, ei ole myöskään tarpeen lausua niiden oikeudenkäyntikuluista. Näillä perusteilla UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Euroopan komission ja Saksan liittotasavallan esittämistä väliintulohakemuksista ei ole tarpeen lausua. 2) Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 961/2010 kumotaan siltä osin kuin se koskee HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH:ta. 3) Asetuksen N:o 961/2010 vaikutukset pysyvät HTTS Hanseatic Trade Trust & Shippingin osalta voimassa sellaisen ajanjakson ajan, joka ei saa ylittää kahta kuukautta tämän tuomion julistamispäivästä alkaen. 4) Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan HTTS Hanseatic Trade Trust & Shippingin oikeudenkäyntikulut. Pelikánová Jürimäe Van der Woude Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä joulukuuta 2011. Allekirjoitukset * Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62010CJ0556

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Motywy wyroku 1. W swojej skardze Komisja Europejska zwraca się do Trybunału o stwierdzenie, że: – nie podejmując środków koniecznych do zapewnienia, aby jednostka, której powierzono pełnienie funkcji podstawowych wymienionych w załączniku II do dyrektywy Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz.U. L 237, s. 25), zmienionej dyrektywą 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. (Dz.U. L 75, s. 1, zwanej dalej „dyrektywą 91/440”) była niezależna od przedsiębiorstwa świadczącego kolejowe usługi transportowe; – nie przyjmując środków zachęcających do obniżania kosztów; – nie zapewniając właściwej transpozycji przepisów dotyczących pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej znajdujących się w dyrektywie 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dz.U. L 75, s. 29), zmienionej dyrektywą 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. (Dz.U. L 315, s. 44, zwanej dalej „dyrektywą 2001/14”), oraz – nie przyznając organowi kontrolnemu, o którym mowa w art. 30 dyrektywy 2001/14 pewnych kompetencji w dziedzinie uzyskiwania informacji oraz sankcji, Republika Federalna Niemiec uchybiła swoim zobowiązaniom ciążącym na tym państwie na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy 91/440 i załącznika II do niej, art. 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 tej ostatniej dyrektywy oraz art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 w związku z art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440. Ramy prawne Prawo Unii Dyrektywa 91/440 2. Motyw czwarty dyrektywy 91/440 stanowi: „[…] funkcjonowanie i efektywne działanie systemu kolei może stać się łatwiejsze, jeżeli dokona się rozróżnienia między świadczeniem usług transportowych oraz administrowaniem infrastrukturą; w tej sytuacji niezbędne jest odrębne zarządzanie tymi dwiema działalnościami i odrębna rachunkowość”. 3. Artykuł 6 ust. 1–3 tej dyrektywy przewiduje: „1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby oddzielny rachunek zysków i strat oraz bilans były prowadzone i publikowane, z jednej strony dla działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług transportowych przez przedsiębiorstwa kolejowe, a z drugiej strony dla działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Fundusze publiczne wypłacane na jeden z tych dwóch zakresów działalności nie mogą być przenoszone na drugi z nich. Rachunkowość dla tych dwóch zakresów działalności jest prowadzona w sposób, który odzwierciedla ten zakaz. 2. Państwa członkowskie mogą zastrzec, że ten rozdział wymaga organizacji odrębnych działów w ramach jednego przedsiębiorstwa lub że infrastruktura zarządzana jest przez osobny podmiot. 3. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby funkcje wyznaczania równoważnego i niedyskryminującego dostępu do infrastruktury wymienion[e] w załączniku II były powierzane organom lub firmom [przedsiębiorstwom], które same nie świadczą żadnych kolejowych usług transportowych. Niezależnie od struktur organizacyjnych istnieje obowiązek wykazania, że cel ten został osiągnięty. Państwa członkowskie mogą jednakże nadać przedsiębiorstwom kolejowym lub każdemu innemu organowi prawo do pobierania opłat oraz odpowiedzialność za zarządzanie infrastrukturą kolejową, tj. inwestycje, utrzymanie oraz fundusze”. 4. Artykuł 10 ust. 7 tej dyrektywy stanowi: „Bez uszczerbku dla przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących polityki konkurencji i instytucji odpowiedzialnych w tym zakresie organ regulujący powołany na podstawie art. 30 dyrektywy 2000/14/WE lub jakikolwiek inny organ korzystający z takiego samego stopnia niezależności, monitoruje konkurencję na rynku przewozów kolejowych, w tym rynku towarowego transportu kolejowego. Organ ten zostanie powołany zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 wspomnianej dyrektywy. Każdy ubiegający się lub zainteresowana strona może złożyć zażalenie na ten organ, jeżeli uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie, dyskryminująco lub został pokrzywdzony w jakikolwiek inny sposób. Na podstawie skargi i, gdzie to właściwe, z własnej inicjatywy organ regulacyjny przy pierwszej okazji podejmie decyzję w sprawie podjęcia właściwych środków do celów skorygowania niepożądanego rozwoju sytuacji na tych rynkach. Dla zapewnienia koniecznej możliwości kontroli sądowej i niezbędnej współpracy między krajowymi organami regulującymi art. 30 ust. 6 i art. 31 wspomnianej dyrektywy stosuje się w tym kontekście”. 5. Załącznik II do dyrektywy 91/440 wskazuje wykaz podstawowych funkcji określonych w art. 6 ust. 3 następująco: „– przygotowanie i podejmowanie decyzji związanych z przyznawaniem licencji przedsiębiorstwom kolejowym, w tym przyznawanie licencji indywidualnych, – podejmowanie decyzji związanych z przydzielaniem tras, w tym zarówno określanie, jak i ocena dostępności, a także przydzielanie poszczególnych tras pociągów, – podejmowanie decyzji związanych z pobieraniem opłat za infrastrukturę, – monitorowanie wypełniania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych wymaganych przy świadczeniu określonych usług”. Dyrektywa 2001/14 6. Motywy 12, 16, 20, 40 i 46 dyrektywy 2001/14 wymieniają cele tej dyrektywy w sposób następujący: „(12) W ogólnych ramach podanych przez państwa członkowskie systemy pobierania opłat i alokacji zdolności przepustowej powinny zachęcać zarządców infrastruktury kolejowej do optymalizacji wykorzystania należącej do nich infrastruktury. […] (16) Systemy pobierania opłat i alokacji zdolności przepustowej powinny pozwalać na uczciwą konkurencję przy wykonywaniu przewozów kolejowych. […] (20) Jest pożądane przyznanie zarządcom infrastruktury pewnego stopnia elastyczności, aby umożliwić im osiągnięcie bardziej efektywnego wykorzystania sieci infrastruktury. […] (40) Określona infrastruktura transportowa stanowi naturalny monopol. Dlatego jest konieczne stwarzanie zarządcom infrastruktury zachęt do zmniejszenia kosztów i efektywnego zarządzania infrastrukturą pozostającą w ich dyspozycji. […] (46) Efektywne zarządzanie oraz sprawiedliwe i niedyskryminujące wykorzystanie infrastruktury kolejowej wymagają powołania organu kontrolnego (regulatora), który ocenia stosowanie tych zasad Wspólnoty i który działa jako organ odwoławczy, jednak z możliwością kontroli sądowej jego orzeczenia”. 7. Zgodnie z art.1 akapit pierwszy tej dyrektywy: „Niniejsza dyrektywa dotyczy zasad i procedur, które mają być stosowane w odniesieniu do ustalania i pobierania opłat za infrastrukturę kolejową i alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej”. 8. Artykuł 4 ust. 1 i 2 tej samej dyrektywy stanowi: „1. Państwa członkowskie ustalą ogólne ramy pobierania opłat, respektujące jednak niezależność zarządzania przewidzianą w art. 4 dyrektywy 91/440/EWG. W przedmiocie wspomnianego warunku niezależności zarządzania państwa członkowskie ustalą także specjalne zasady pobierania opłat lub przekażą takie uprawnienia zarządcy infrastruktury. Wyznaczenie opłaty za użytkowanie infrastruktury i zbieranie tej opłaty będzie wykonywane przez zarządcę infrastruktury. 2. Jeżeli zarządca infrastruktury w swej formie prawnej, organizacji lub funkcjach podejmowania decyzji [Jeżeli zarządca infrastruktury pod względem prawnym, organizacyjnym lub w zakresie podejmowania decyzji] nie jest niezależny od któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego, funkcje […] opisane w niniejszym rozdziale inne niż zbieranie opłat, będą wykonywane przez organ pobierający opłaty, który jest prawnie, organizacyjnie i decyzyjnie niezależny od przedsiębiorstw kolejowych [który jest niezależny pod względem prawnym, organizacyjnym lub w zakresie podejmowania decyzji od któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego]”. 9. Artykuł 6 dyrektywy 2001/14 przewiduje: „1. Państwa członkowskie ustalą warunki, w tym wpłat zaliczkowych, jeśli taki krok jest właściwy, do zapewnienia tego, że w normalnych warunkach działalności gospodarczej i w stosownym czasie zestawienie rachunkowe zarządcy infrastruktury będą przynajmniej bilansować: z jednej strony dochody z opłat za infrastrukturę, nadwyżki z innych rodzajów działalności handlowej oraz finansowanie przez państwo, a z drugiej strony wydatki na infrastrukturę. Bez uszczerbku dla realizacji ewentualnego długofalowego celu, jakim jest pokrycie przez użytkownika kosztów infrastruktury we wszystkich gałęziach transportu na podstawie uczciwej, niedyskryminującej konkurencji między różnymi gałęziami, jeżeli transport kolejowy jest w stanie konkurować z pozostałymi gałęziami transportu w ogólnych ramach pobierania opłat zgodnie z art. 7 i 8, państwo członkowskie może wymagać od zarządcy infrastruktury zbilansowania zestawienia rachunkowego bez finansowania ze strony państwa. 2. Zarządcy infrastruktury będą mieli, przy poświęceniu należytej uwagi bezpieczeństwu oraz utrzymaniu i poprawianiu jakości usług w zakresie infrastruktury, stwarzane zachęty do zmniejszania kosztów zapewniania infrastruktury i wielkości opłat za dostęp. 3. Państwa członkowskie zapewnią, żeby stwarzanie zachęt, określonych w ust. 2, było prowadzone albo w drodze umowy zawartej między kompetentnym organem władzy a zarządcą infrastruktury, obejmującego okres nie krótszy niż trzy lata, która przewiduje finansowanie ze strony państwa, albo w drodze ustalenia stosownych środków kontrolnych z odpowiednimi upoważnieniami. […] 5. Metoda rozliczenia kosztów zostanie ustalona. Państwa członkowskie mogą wymagać uprzedniego zatwierdzenia w tej sprawie. Metoda ta powinna być od czasu do czasu uaktualniana stosownie do najlepszej praktyki międzynarodowej”. 10. Artykuł 7 ust. 3–5 tej dyrektywy stanowi: „3. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 lub 5 lub art. 8 opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń zostaną ustalone po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami. 4. Opłata za infrastrukturę może zawierać pewną opłatę, która odzwierciedla niedobór zdolności przepustowej możliwego do wskazania segmentu infrastruktury w czasie okresów przepełnienia. 5. Opłata za infrastrukturę może być zmieniona, aby uwzględnić koszty skutków dla środowiska spowodowane przez prowadzenie ruchu pociągów. Taka zmiana zostanie zróżnicowana w powiązaniu z wielkością spowodowanego skutku”. 11. Artykuł 8 ust. 1 i 2 tej dyrektywy ma następujące brzmienie: „1. W celu uzyskania pełnego odzysku kosztów poniesionych przez zarządcę infrastruktury dane państwo członkowskie może, jeżeli rynek może to wytrzymać, dokonywać podwyżek na podstawie efektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących zasad, gwarantując jednak optymalną konkurencyjność, zwłaszcza w międzynarodowych kolejowych przewozach towarowych. System pobierania opłat będzie respektować osiągnięte wzrosty produktywności przez przedsiębiorstwa kolejowe. Poziom opłat nie może j ednak wykluczać użytkowania infrastruktury przez segmenty rynku, które mogą zapłacić przynajmniej koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku prowadzenia przewozów kolejowych, powiększone o pewną stopę zwrotu, którą rynek może wytrzymać. 2. Dla specjalnych projektów inwestycyjnych w przyszłości lub tych, które zostały zakończone nie więcej niż 15 lat przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, zarządca infrastruktury może ustalić lub nadal ustalać wyższe opłaty – na podstawie długookresowych kosztów takich projektów – jeżeli podnoszą one efektywność […] lub efektywność kosztową, a w inny sposób nie mogłyby być lub nie zostałyby uwzględnione. Taka umowa o pobieraniu opłat może także zawierać porozumienia w sprawie ponoszenia różnych rodzajów ryzyka związanego z nowymi inwestycjami”. 12. Artykuł 9 ust. 1 tej samej dyrektywy stanowi: „Bez uszczerbku dla przepisów art. 81, 82, 86 i 87 traktatu i nie naruszając art. 7 ust. 3 niniejszej dyrektywy, wszelkie ulgi w stosunku do opłat pobieranych od przedsiębiorstwa kolejowego przez zarządcę infrastruktury za każdą usługę będą stosować się do kryteriów podanych w niniejszym artykule”. 13. Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/14: „1. Państwa członkowskie mogą ustalić pewne ogólne ramy alokacji zdolności przepustowej infrastruktury, respektując jednak niezależność zarządzania przewidzianą w art. 4 dyrektywy 91/440/EWG. Określone zasady alokacji zdolności przepustowej zostaną ustalone. Zarządca infrastruktury będzie wykonywać procesy przydziału zdolności przepustowej. W szczególności zarządca infrastruktury zapewni, żeby zdolność przepustowa infrastruktury była przydzielana na sprawiedliwych i niedyskryminujących zasadach oraz zgodnie z prawem Wspólnoty. 2. Jeżeli zarządca infrastruktury pod względem prawnym, organizacyjnym lub w zakresie podejmowania decyzji nie jest niezależny od któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego, określonego w ust. 1 i opisane w tym rozdziale będą wykonywane przez organ alokujący, który jest niezależny w swojej formie prawnej, organizacji i podejmowaniu decyzji od któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego” [Jeżeli zarządca infrastruktury pod względem prawnym, organizacyjnym lub w zakresie podejmowania decyzji nie jest niezależny od któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego, funkcje, o których mowa w ust. 1 i opisane w niniejszym rozdziale, będą wykonywane przez organ alokujący, który jest niezależny pod względem prawnym, organizacyjnym lub w zakresie podejmowania decyzji od któregokolwiek przedsiębiorstwa kolejowego]. 14. Artykuł 30 tej dyrektywy zatytułowany „Organ kontrolny” stanowi: „1. […] państwa członkowskie powołają organ kontrolny […]. Organ ten będzie funkcjonować zgodnie z zasadami przedstawionymi w tym artykule, na mocy którego funkcje odwoławcze i kontrolne mogą być przypisywane odrębnym organom. 2. Wnioskodawca będzie miał prawo do odwołania się do organu kontrolnego, jeżeli uważa, że został potraktowany nieuczciwie, dyskryminująco lub został w jakikolwiek inny sposób poszkodowany, a w szczególności przeciwko decyzjom podjętym przez zarządcę infrastruktury albo, jeśli to stosowne, przedsiębiorstwo kolejowe w zakresie dotyczącym: […] 3. Organ kontrolny może zapewnić, żeby opłaty ustalone przez zarządcę infrastruktury były zgodne z rozdziałem II i były niedyskryminujące […]. 4. Organ kontrolny będzie upoważniony do żądania odpowiednich informacji od zarządcy infrastruktury, wnioskodawców i wszelkich włączonych do sprawy stron trzecich w ramach zainteresowanego państwa członkowskiego, które muszą być dostarczone bez nadmiernej zwłoki. 5. [Organ kontrolny będzie zobowiązany do orzeczenia w przedmiocie zażalenia oraz do podjęcia środków niezbędnych w celu zaradzenia sytuacji w maksymalnym terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wszelkiej informacji]. Z zastrzeżeniem ust. 6 decyzja organu kontrolnego będzie wiążąca dla wszystkich stron objętych tą decyzją. […]”. Prawo niemieckie 15. Paragraf 5a ust. 2 Allgemeines Eisenbahngesetz (ustawy ogólnej o kolejach) z dnia 27 grudnia 1993 r. (BGBl. I, s. 2378, 2396), zmienionej ustawą z dnia 29 lipca 2009 r. (BGBl. I, s. 2542) (zwanej „ogólną ustawą o kolejach”), przewiduje: „Organ nadzorujący w kolejach przy wykonywaniu swoich funkcji może podjąć względem podmiotów związanych postanowieniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 środki niezbędne w celu zaradzenia naruszeniom i uniknięcia przyszłych naruszeń przepisów, o których mowa w art. 5 ust. 1”. 16. Paragraf 9a ust. 1 ogólnej ustawy o kolejach stanowi: „1. Publiczni zarządcy torów kolejowych muszą być niezależni od przedsiębiorstw transportu kolejowego co do formy prawnej, organizacji i w zakresie podejmowania decyzji, o ile dane decyzje dotyczą przydzielania tras pociągów i pobierania opłat. Aby osiągnąć cele, o których mowa w  zdaniu pierwszym, należy: 1) wydzielić w spółkach kolejowych, które są jednocześnie przedsiębiorstwami transportu kolejowego i zarządcami torów kolejowych, te dwa obszary działalności, tak aby powierzyć każdy z nich jednej lub kilku oddzielnym spółkom; 2) nadać umowom zawartym między zarządcą torów kolejowych a osobami trzecimi formę gwarantującą zarządcy autonomię organizacyjną; 3) zezwolić wyłącznie pracownikom zarządcy torów kolejowych, którzy nie pełnią funkcji w przedsiębiorstwach transportu kolejowego, na podejmowanie decyzji dotyczących rozkładu jazdy, przydzielania tras i pobierania opłat; 4) uznawać za niedozwolone instrukcje wydawane przez osoby trzecie zarządcy torów kolejowych lub jego pracownikom w sprawach decyzji dotyczących rozkładu jazdy, przydzielania tras i pobierania opłat; 5) opracować, utrzymać i opublikować w przedsiębiorstwach w rozumieniu § 9 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 2 i 3 regulaminy zabraniające osobom trzecim względem zarządcy torów kolejowych wywieranie wpływu na decyzje dotyczące rozkładu jazdy, przydzielania tras i pobierania opłat; w regulaminach należy zwłaszcza określić szczegółowe obowiązki pracowników, aby zapobiec wywieraniu takiego wpływu; zarządcy torów kolejowych mają ponadto obowiązek, na wniosek właściwego organu nadzorczego, przekazać temu organowi nazwisko przedstawiciela odpowiadającego za przestrzeganie regulaminów; każdego roku przedstawiciel ma obowiązek przedstawić organowi nadzorczemu sprawozdanie na temat napotkanych problemów i środków podjętych w celu ich rozwiązania; 6) wyznaczyć poszczególne osoby na stanowiska w radach nadzorczych przedsiębiorstw w rozumieniu § 9 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 2 i 3; w ten sposób w radzie nadzorczej zarządcy torów kolejowych nie będą mogli zasiadać członkowie rad nadzorczych przedsiębiorstw w rozumieniu § 9 ust. 1 zdanie pierwsze pkt 2 i 3 ani członkowie personelu tych przedsiębiorstw; przepis ten ma również zastosowanie do pozostałych udziałów spółki dominującej”. 17. Paragraf 14 ust. 4 tej ustawy przewiduje: „Zarządcy torów kolejowych muszą wyznaczyć opłaty zgodnie z postanowieniem przyjętym na podstawie § 26 ust. 1 pkt 6 i 7, w sposób rekompensujący koszty poniesione przez nich w związku ze świadczeniem usług regulaminowych w rozumieniu ust. 1 zdanie pierwsze, powiększone o wskaźnik rentowności, jeżeli rynek na to pozwala. W ten sposób zarządcy mogą doliczać dodatkowe kwoty do kosztów związanych ze świadczeniem usług kolejowych, przy czym można wprowadzić rozróżnienie zarówno na usługi dalekobieżnego kolejowego transportu pasażerskiego, usługi transportu pasażerskiego na krótkich trasach lub towarowe usługi transportowe, jak i na segmenty rynku w ramach usług transportowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu konkurencyjności, zwłaszcza w obszarze międzynarodowego kolejowego transportu towarów. W danym segmencie rynku poziom opłat nie może jednak przekraczać, w odniesieniu do drugiego zdania, kosztów wynikających bezpośrednio ze świadczenia usług kolejowych powiększonych o wskaźnik rentowności, jeżeli rynek na to pozwala. W postanowieniu przyjętym na podstawie § 26 ust. 1 pkt 6 i 7: 1) można dopuścić odstępstwa od ustalania kwoty opłaty zgodnie ze zdaniem pierwszym, jeżeli koszty zostaną pokryte w inny sposób, lub 2) właściwy organ nadzorczy może zostać uprawniony do zwolnienia wszystkich zarządców torów kolejowych z przestrzegania wymogów wyznaczonych w zdaniu pierwszym w drodze ogólnej decyzji i po konsultacji z federalną agencją energii elektrycznej, gazu, telekomunikacji, poczty i kolei (organ kontrolny)”. 18. Paragraf 14c tej ustawy stanowi: „1. W ramach pełnienia swoich funkcji organ kontrolny może podjąć wobec publicznych przedsiębiorstw infrastruktury kolejowej środki niezbędne do zaradzenia stwierdzonym naruszeniom i zapobiegania przyszłym naruszeniom przepisów kolejowych dotyczących dostępu do infrastruktury kolejowej. 2. Podmioty posiadające prawo dostępu do infrastruktury, publiczne przedsiębiorstwa infrastruktury kolejowej i ich pracownicy muszą zapewnić organowi kontrolnemu i jego przedstawicielom, w ramach wykonywanych zadań: 1) dostęp do pomieszczeń handlowych i instalacji w godzinach, w których są zazwyczaj otwarte oraz 2) możliwość przeglądu ksiąg, dokumentów handlowych, plików i innych dokumentów oraz zapisywania ich na odpowiednich nośnikach informatycznych. 3. Podmioty posiadające prawo dostępu do infrastruktury, publiczne przedsiębiorstwa infrastruktury kolejowej i ich pracownicy muszą dostarczyć organowi kontroli i jego przedstawicielom: 1) wszelkie informacje, 2) wszelkie dowody, 3) wszelkie środki i wszelkie usługi pomocnicze niezbędne do wypełniania ich zadań. Przepis ten ma również zastosowanie do negocjacji, zakończonych lub w toku, dotyczących kwoty opłat za użytkowanie infrastruktury i innych opłat. Przekazywane informacje muszą być dokładne i sporządzone w dobrej wierze. Każda osoba, która ma obowiązek dostarczyć informacje, może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania, jeżeli odpowiedź naraziłaby ją lub jednego z członków wymienionych w § 383 ust. 1 pkt 1–3 kodeksu postępowania cywilnego na ryzyko postępowania karnego lub postępowania w sprawie naruszenia o charakterze administracyjnym. 4. Na mocy niniejszej ustawy organ kontrolny może wydawać nakazy zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie środków administracyjnych. Kara może wynosić do 500 000 EUR”. 19. Paragraf 1 umowy dotyczącej kontroli i przenoszenia zysków zawartej w dniu 1 czerwca 1999 r. między Deutsche Bahn AG (zwaną dalej „DB AG”) a Deutsche Bahn Netz AG (zwaną dalej „DB Netz”) zatytułowany „Zarządzanie [DB Netz]” w brzmieniu wynikającym z umowy zmieniającej z dnia 2 maja 2005 r. stanowi: „Nie wprowadza się odstępstwa od zasady niezależności prawnej i organizacyjnej [DB Netz] w kwestii decyzji dotyczących rozkładu jazdy, przydziału tras i pobierania opłat. [DB AG] nie wyda żadnych instrukcji podważających tę zasadę”. 20. Zgodnie z § 4 zatytułowanym „Podejmowanie decyzji” regulaminu zarządu DB Netz, zmienionego ze skutkiem od dnia 9 maja 2005 r.: „[…] 3. Członkowie zarządu pełniący funkcje w przedsiębiorstwach transportu kolejowego powiązanych z DB Netz […] lub w przedsiębiorstwach powiązanych z tymi przedsiębiorstwami nie biorą udziału w głosowaniu podczas wydawania decyzji dotyczących rozkładu jazdy, przydzielania tras i pobierania opłat. Osoby takie nie mogą również uczestniczyć w przygotowywaniu takich decyzji”. Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi oraz postępowanie przed Trybunałem 21. W maju 2007 r. Komisja przesłała władzom niemieckim kwestionariusz w celu sprawdzenia, w jaki sposób Republika Federalna Niemiec transponowała dyrektywę 2011/12, dyrektywę 2001/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniającą dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz.U. L 75, s. 26), a także w jaki sposób transponowała dyrektywę 2001/14. Państwo to odpowiedziało na to pismem z dnia 25 września 2007 r. i – tytułem uzupełnienia – pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. 22. W piśmie z dnia 26 czerwca 2008 r. Komisja wskazała na rozbieżności między niemieckimi przepisami kolejowymi a dyrektywą 91/440, dyrektywą 95/18/WE Rady z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz.U. L 143, s. 70), a także dyrektywą 2001/14 oraz wezwała Republikę Federalną Niemiec do usunięcia uchybienia i dostosowania się do rzeczonych dyrektyw. 23. W piśmie z dnia 22 października 2008 r. to państwo członkowskie przesłało odpowiedź na to wezwanie. 24. Pismem z dnia 24 lutego 2009 r. Komisja skierowała do Republiki Federalnej Niemiec dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym zarzuciła temu państwu nowe naruszenia dyrektywy 2001/14 w związku z dyrektywą 91/440, dotyczące pobierania opłat za infrastrukturę oraz kompetencji niemieckiego organu kontrolnego. 25. Pismem z dnia 17 kwietnia 2009 r. Republika Federalna Niemiec odpowiedziała na dodatkowe wezwanie. 26. Pismem z dnia 9 października 2009 r. Komisja skierowała do Republiki Federalnej Niemiec uzasadnioną opinię, w której zwróciła się do tego państwa członkowskiego o podjęcie środków niezbędnych dla zastosowania się do rzeczonej uzasadnionej opinii w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia. 27. Pismem z dnia 3 grudnia 2009 r. Republika Federalna Niemiec odpowiedziała na uzasadnioną opinię, kwestionując uchybienia zarzucane przez Komisję. 28. Uznawszy odpowiedź Republiki Federalnej Niemiec za niesatysfakcjonującą, Komisja postanowiła wnieść skargę w niniejszej sprawie. 29. Postanowieniem Prezesa Trybunału z dnia 19 maja 2011 r. Republika Czeska i Republika Włoska zostały dopuszczone do postępowania jako interwenienci popierający żądania Republiki Federalnej Niemiec. W przedmiocie skargi W przedmiocie zarzutu dotyczącego niezależności podmiotu, któremu powierzono pełnienie funkcji podstawowych wymienionych w załączniku II do dyrektywy 91/440 Argumenty stron 30. Komisja podnosi, że podmiot, któremu powierzono pełnienie podstawowych funkcji określonych w załączniku II do dyrektywy 91/440, musi być niezależny nie tylko pod względem prawnym, lecz również na płaszczyźnie ekonomicznej od przedsiębiorstwa, które świadczy kolejowe usługi transportowe. 31. W tym względzie Komisja twierdzi, że chociaż art. 6 ust. 3 dyrektywy 91/440 nie zawiera wyraźnego wymogu, aby podmiot pełniący funkcje podstawowe był „niezależny” od spółek, które świadczą kolejowe usługi transportowe, zgodnie z orzecznictwem Trybunału termin „przedsiębiorstwo” użyty w tym przepisie należy jednak interpretować w taki sposób, że obejmuje on wszystkie podmioty działające jako „jednostka gospodarcza”, nawet jeżeli są prawnie rozdzielone. 32. Według Komisji art. 6 ust. 3 dyrektywy 91/440 należy interpretować w taki sposób, że podstawowe funkcje zarządcy infrastruktury należy powierzyć podmiotowi niepowiązanemu z przedsiębiorstwami kolejowymi pod względem prawnym, lecz również niezależnemu od nich na płaszczyźnie organizacyjnej i decyzyjnej. 33. Komisja twierdzi następnie, że kiedy podstawowe funkcje pełni spółka zależna od holdingu kolejowego, jak w przypadku DB Netz, należy ocenić, w jakim stopniu i na jakich warunkach spółka zależna, która jest jednocześnie zarządcą infrastruktury odpowiedzialnym za pełnienie podstawowych funkcji, może zostać uznana za „niezależną” od przedsiębiorstwa, które świadczy kolejowe usługi transportowe (to jest od holdingu i spółek zależnych od niego, które świadczą transportowe usługi pasażerskie i towarowe), pomimo przynależności do tej samej grupy. 34. Tymczasem Republika Federalna Niemiec nie przewidziała skutecznych mechanizmów gwarantujących niezależność organizacyjną i decyzyjną zarządcy infrastruktury DB Netz i niezależne pełnienie przez niego funkcji podstawowych określonych w załączniku II do dyrektywy 91/440. Komisja wywnioskowała zatem, że rzeczone państwo członkowskie uchybiło swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 6 ust. 3 dyrektywy 91/440 i załącznika II do niej, a także z art. 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14. 35. W celu zbadania, czy państwa członkowskie są w stanie wykazać, że ich krajowe kolejowe spółki holdingowe lub ich inne organy kontroli gwarantują konieczną niezależność tych podstawowych funkcji oraz że nie istnieje konflikt interesów, Komisja rozpowszechniła od 2006 r. kryteria, na podstawie których bada niezależność wymaganą przez dyrektywę 2001/14 oraz środki przewidziane w celu zagwarantowania tej niezależności. Chodzi o kryteria określone w załączniku 5 do dokumentu roboczego służb Komisji załączonego do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie realizacji pierwszego pakietu kolejowego [COM(2006) 189] (zwanego dalej „załącznikiem 5”). 36. W tym względzie Komisja podnosi w pierwszej kolejności, że przestrzeganie obowiązków związanych z niezależnością musi być przedmiotem kontroli ze strony niezależnego organu, na przykład organu regulacyjnego w sektorze kolejowym, lub osoby trzeciej. Konkurenci powinni mieć możliwość złożenia skargi w razie nieprzestrzegania wymogu niezależności. Komisja uważa, że Niemcy nie przestrzegają żadnego z tych dwóch przepisów. 37. Zdaniem Komisji z § 5a ogólnej ustawy o kolejach wynika, że Eisenbahn Bundesamt (federalny urząd kolejowy, zwany dalej „EBA”) posiada uprawnienie tylko do wdrażania przepisów dotyczących niezależności, które już istnieją w prawie niemieckim, jak to ma miejsce w odniesieniu do przepisów zawartych w § 9a ogólnej ustawy o kolejach. EBA nie posiada żadnych kompetencji w obszarze przyjmowania środków strukturalnych, takich jak na przykład zmiana struktury organizacyjnej holdingu lub decyzji dotyczących struktury organizacyjnej zarządcy infrastruktury w stosunku do holdingu czy też kompetencji w zakresie wymiany członków kadry kierowniczej, którzy nie spełniają kryterium niezależności, lub zmiany procesów organizacyjnych dotyczących zarządzania funkcjami podstawowymi określonymi w załączniku II do dyrektywy 91/440. 38. W drugiej kolejności Komisja twierdzi, że powinny istnieć przepisy prawne lub przynajmniej postanowienia umowne gwarantu jące niezależność w stosunkach między holdingiem a podmiotem odpowiedzialnym za funkcje podstawowe, podobnie jak między tym podmiotem a innymi przedsiębiorstwami grupy świadczącymi usługi kolejowe lub innymi organami kontrolowanymi przez holding, w szczególności zgromadzenie ogólne akcjonariuszy podmiotu odpowiedzialnego za te funkcje podstawowe. 39. Komisja podnosi, że § 9a ogólnej ustawy o kolejach, która zawiera przepisy dotyczące niezależności, a także postanowienia regulaminu kolejowej spółki holdingowej widniejące w § 1 ust. 3 umowy dotyczącej kontroli i przenoszenia zysków, które zakazują DB AG wydawania instrukcji podważających niezależność prawną i organizacyjną DB Netz w zakresie podejmowania decyzji w sprawie rozkładu jazdy, przydzielania tras i pobierania opłat, są środkami ochronnymi, które same w sobie nie wystarczą do zagwarantowania niezależności funkcji podstawowych wymienionych w załączniku II do dyrektywy 91/440, uniknięcia konfliktów interesów i uwolnienia organu pełniącego podstawowe funkcje spod kontroli holdingu. 40. W trzeciej kolejności Komisja uważa, że członkowie zarządu holdingu i innych przedsiębiorstw holdingu nie mogą wchodzić w skład zarządu podmiotu odpowiedzialnego za funkcje podstawowe, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 91/440. 41. Komisja twierdzi w istocie, że byłoby trudno uznać, iż zarząd podmiotu odpowiedzialnego za funkcje podstawowe jest niezależny od zarządu holdingu w zakresie podejmowania decyzji, skoro w skład obydwu zarządów wchodzą te same osoby. Komisja zauważa, że żaden przepis prawny nie sprzeciwia się temu, by taka sytuacja zaistniała. 42. W czwartej kolejności żaden przepis nie zabrania administratorom podmiotu odpowiedzialnego za funkcje podstawowe i kadrze kierowniczej zajmującej się funkcjami podstawowymi zajmowania stanowisk kierowniczych w holdingu lub w innych organach kontrolowanych przez holding przez rozsądny okres po opuszczeniu rzeczonej jednostki. 43. Tego rodzaju przepisy bowiem nie istnieją w Niemczech, a w praktyce wiele osób z kierownictwa DB Netz przechodzi do holdingu lub do innych spółek zależnych. 44. W piątej kolejności Komisja podnosi, że zarząd podmiotu odpowiedzialnego za funkcje podstawowe wymienione w załączniku II do dyrektywy 91/440 powinien być powoływany zgodnie z wyraźnie określonymi warunkami, wraz z zobowiązaniami prawnymi gwarantującymi całkowitą niezależność zarządu w podejmowaniu decyzji. Powoływanie i odwoływanie zarządu powinno podlegać kontroli niezależnego organu. 45. W szóstej kolejności Komisja podnosi, że podmiot odpowiedzialny za funkcje podstawowe musi posiadać własnych pracowników i znajdować się w oddzielnych pomieszczeniach lub w pomieszczeniach z zabezpieczonym dostępem. Regulamin wewnętrzny tego podmiotu lub umowy o pracę zawarte przez ten podmiot powinny zawierać wyraźne postanowienia, że kontakty z holdingiem i pozostałymi spółkami kontrolowanymi przez holding ograniczają się do oficjalnych informacji powiązanych z pełnieniem funkcji podstawowych. Dostęp do systemów informacyjnych powinien być chroniony w sposób zapewniający niezależność funkcji podstawowych. 46. Republika Federalna Niemiec podnosi, że art. 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14 nie wymagają pełnej niezależności ekonomicznej, lecz po prostu niezależności zarządcy infrastruktury pod względem prawnym, organizacyjnym i w zakresie podejmowania decyzji, i to w ramach wydawania niektórych wyraźnie określonych decyzji, takich jak przydział tras i pobieranie opłat za infrastrukturę kolejową zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 91/440 w związku z załącznikiem II do tej dyrektywy. 47. Państwo to utrzymuje, że jeśli chodzi o przewidziane w załączniku 5 kryteria oceny dowodu dotyczącego niezależności, to nie są one zbieżne z wiążącymi przepisami istotnymi w tej sprawie, które zostały określone w art. 6 ust. 3 dyrektywy 91/440, w załączniku II do dyrektywy 91/440, a także w art. 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14. Ponadto dokument ten zawierający załącznik 5 nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie stanowi wiążącego aktu prawnego. Rzeczony załącznik 5 nie może być zatem wykorzystany w ramach niniejszego postępowania. 48. Republika Włoska przystąpiła do sprawy w charakterze interwenienta jedynie w celu poparcia argumentów przedstawionych przez Republikę Federalną Niemiec w ramach jej odpowiedzi na niniejszy zarzut Komisji. 49. Republika Włoska przypomina, że przewidziany przez prawodawcę Unii obowiązek rozdziału funkcji transportu kolejowego od funkcji zarządzania infrastrukturą ma charakter księgowy. 50. To państwo członkowskie podkreśla, że w kwestii modelu holdingu stanowisko Komisji jest sprzeczne, gdyż prowadzi do domniemania niezgodności w zakresie, w jakim model jest prawnie uznany, lecz jest zgodny z dyrektywą tylko przy założeniu, że holding nie posiadałby ani nie wykonywałby żadnych uprawnień właściwych dla holdingu. 51. Zamiarem prawodawcy unijnego nie było wprowadzenie obowiązku rozdzielenia struktur własności lub systemów organizacyjnych mających podobne skutki, jeśli chodzi o autonomię zarządzania, lecz przestrzeganie i zagwarantowanie państwom członkowskim i zainteresowanym przedsiębiorstwom swobody uznania przy przyjmowaniu różnych modeli organizacyjnych. 52. Zarówno w świetle tekstu, jak i celu uregulowań Republika Włoska nie zgadza się z argumentem Komisji, zgodnie z którym funkcje podstawowe, o których mowa w załączniku II do dyrektywy 91/440, powinny być powierzane podmiotom zewnętrznym w stosunku do grupy, do której należy dane przedsiębiorstwo kolejowe. Ocena Trybunału 53. Komisja poprzez swój zarzut pierwszy zarzuca Republice Federalnej Niemiec nieprzyjęcie środków szczególnych pozwalających na zagwarantowanie niezależności zarządcy infrastruktury kolejowej – DB Netz – któremu powierzono pełnienie pewnych funkcji podstawowych wymienionych w załączniku II do dyrektywy 91/440, podczas gdy DB Netz należy do holdingu DB AG, zawierającego przedsiębiorstwa transportu kolejowego. 54. Komisja uważa bowiem, że w celu zagwarantowania niezależności tego podmiotu pod względem prawnym, organizacyjnym lub w zakresie podejmowania decyzji w rozumieniu art. 4 ust. 2 i 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14, konieczne jest, aby dane państwo członkowskie uchwaliło normy szczególne i precyzyjne, takie jak wynikają z załącznika 5. 55. W tym względzie należy przypomnieć, że art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy 91/440 nie wymaga, aby rozdział o charakterze księgowym między działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorstwa kolejowe i działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, rozdział między działalnością dotyczącą świadczenia usług transportu kolejowego przez przedsiębiorstwa kolejowe i tą dotyczącą zarządzania infrastrukturą kolejową mógł być dokonany poprzez odrębne działy w ramach tego samego przedsiębiorstwa, jak to ma miejsce w ramach holdingu. 56. Niemniej jednak art. 6 ust. 3 dyrektywy 91/440 przewiduje, że w celu zapewnienia równoważnego i niedyskryminującego dostępu do infrastruktury kolejowej państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby funkcje podstawowe wymienione w załączniku II do tej dyrektywy były powierzane organom lub firmom, które same nie świadczą żadnych kolejowych usług transportowych. Niezależnie od przewidzianych struktur organizacyjnych istnieje obowiązek wykazania, że cel ten został osiągnięty. 57. W każdym razie art. 4 ust. 2 i art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14 wskazują, że podmioty odpowiedzialne za funkcje pobierania opłat i rozdziału są niezależne pod względem prawnym, organizacyjnym i decyzyjnym. 58. W niniejszej sprawie DB Netz jest włączona jako zarządca infrastruktury kolejowej w strukturę przedsiębiorstwa DB AG, które jako holding nadzoruje również przedsiębiorstwa. Stąd w celu pełnienia funkcji pobierania opłat i rozdziału, DB Netz musi być niezależna od DB AG pod względem prawnym, organizacyjnym i w zakresie podejmowania decyzji. 59. W tym względzie nie podważa się, że DB Netz dysponuje, po pierwsze, osobowością prawną odrębną od osobowości DB AG oraz, po drugie, własnymi organami i środkami odrębnymi od tych DB AG. 60. W pozostałym zakresie Komisja podnosi w swojej skardze, że w celu dokonania oceny niezależności pod względem podejmowania decyzji zarządcy infrastruktury, który tak jak DB Netz jest zintegrowany w ramach struktury przedsiębiorstwa, którego niektóre działy są przedsiębiorstwami kolejowymi, należy zastosować załącznik 5. 61. Załącznik ten stanowi zatem, że przestrzeganie obowiązków niezależności powinno podlegać kontroli ze strony niezależnego organu lub podmiotu trzeciego, że powinny istnieć przepisy prawne albo przynajmniej postanowienia umowne w dziedzinie niezależności, że należy przewidzieć zakaz podwójnych funkcji między organami zarządzającymi różnych spółek holdingu, że należy ustanowić okres karencji w przypadku przejścia członków kierownictwa między jednostką odpowiedzialną za podstawowe funkcje wymienione w załączniku II do dyrektywy 91/440 a każdą inną jednostką holdingu, że odwoływanie i powoływanie członków kadry kierowniczej zarządcy infrastruktury kolejowej powinno odbywać się pod kontrolą niezależnego organu i że jednostka odpowiedzialna za te podstawowe funkcje powinna być wyposażona we własny personel i mieścić się w odrębnych lokalach. 62. Po pierwsze, należy stwierdzić, że załącznik 5 nie posiada mocy prawnie wiążącej. Nie został on bowiem opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i został podany do publicznej wiadomości pięć lat po wejściu w życie dyrektywy 2001/14, czyli trzy lata po upływie terminu do dokonania jej transpozycji. Tym samym w chwili transpozycji dyrektyw 91/440 i 2001/14 kryteria wymienione w tym załączniku nie istniały. Ponadto i to niezależnie od tej czasowej rozbieżności załącznik ten oraz znajdujące się tam kryteria nie zostały włączone ani w tekst dyrektywy 91/440, ani w tekst dyrektywy 2001/14, ani też w żaden inny akt prawny. Z tego względu nie można zarzucać państwu członkowskiemu braku uwzględnienia tych kryteriów w przepisach prawnych lub administracyjnych transponujących dyrektywy 91/440 i 2001/14. 63. Po drugie, nie można przyjąć porównania dokonanego przez Komisję z przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego energii elektrycznej i rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211, s. 55) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211, s. 94) przyznają organowi regulacyjnemu szerokie uprawnienia w dziedzinie nadzoru w zakresie niezależności zarządcy sieci. Zgodnie z art. 19 ust. 2 każdej z tych dyrektyw organ regulacyjny może zgłosić sprzeciw wobec nominacji lub przedłużenia okresu urzędowania osób odpowiedzialnych za zarządzanie lub członków organów administracyjnych operatora systemu przesyłowego. Artykuł 19 ust. 3 przewiduje, że nie jest dozwolone zajmowanie jakiegokolwiek stanowiska ani wykonywanie jakichkolwiek obowiązków zawodowych, posiadanie jakichkolwiek interesów lub powiązań gospodarczych, bezpośrednio lub pośrednio, w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo lub jakiejkolwiek jego części lub z kontrolującymi go wspólnikami lub akcjonariuszami innymi niż operator systemu przesyłowego przez okres trzech lat przed powołaniem osób odpowiedzialnych za zarządzanie lub członków organów administracyjnych operatora systemu przesyłowego. Zgodnie z art. 19 ust. 4 pracownicy operatora systemu przesyłowego nie mogą wykonywać jakichkolwiek innych obowiązków zawodowych w jakiejkolwiek innej spółce holdingu w sektorze energetycznym. Artykuł 19 ust. 7 przewiduje okres, w którym niedopuszczalne jest łączenie funkcji w strukturach operatora systemu przesyłowego z wykonywaniem jakichkolwiek obowiązków zawodowych w innej części przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. 64. Te dwie dyrektywy tym samym wyraźnie zawierają przepisy dotyczące warunków wykonywania działalności w strukturze spółki operatora systemu przesyłowego oraz okresów niedopuszczalności łączenia funkcji, co nie występuje w przypadku dyrektywy 2001/14, która nie precyzuje kryteriów niezależności wymaganych w stosunkach między zarządcą infrastruktury odpowiedzialnym za podstawowe funkcje wymienione w załączniku II do dyrektywy 91/440 a przedsiębiorstwami kolejowymi, ponieważ tych kryteriów nie da się wywieść z dyrektyw 91/440 i 2001/14, a ich przestrzegania nie można narzucić Republice Federalnej Niemiec. 65. W tych okolicznościach należy stwierdzić, że brak transpozycji do prawa niemieckiego takich kryteriów, jak te wynikające z załącznika 5 nie może prowadzić samo w sobie do wniosku co do braku niezależności decyzyjnej DB Netz jako zarządcy infrastruktury w stosunku do DB AG. 66. Z utrwalonego orzecznictwa wynika tymczasem, że w ramach postępowania w sprawie uchybienia obowiązkom państwa członkowskiego na mocy art. 258 TFUE ciężar dowiedzenia zarzucanego uchybienia spoczywa na Komisji. Powinna ona przedstawić Trybunałowi dowody niezbędne do ustalenia istnienia tego uchybienia, przy czym nie może ona opierać się na jakimkolwiek domniemaniu (zob. w szczególności wyroki: z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie C-494/01 Komisja przeciwko Irlandii, Zb.Orz. s. I-3331, pkt 41; z dnia 6 października 2009 r. w sprawie C-335/07 Komisja przeciwko Finlandii, Zb.Orz. s. I-9459, pkt 46; z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie C-390/07 Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, pkt 43). 67. Niemniej jednak Komisja nie przedstawiła żadnego konkretnego dowodu świadczącego o tym, że DB Netz nie jest niezależna od DB AG z punktu widzenia sposobów podejmowania decyzji. 68. W tym względzie w szczególności z art. 1 umowy z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie sprawowania kontroli i przekazywania zysków zawartej między DB AG i DB Netz oraz z art. 4 regulaminu wewnętrznego zarządu DB Netz, że pewne postanowienia wpisane w te akty prawa prywatnego mają szczególnie na celu zagwarantowanie w praktyce niezależności decyzyjnej DB Netz względem DB AG. 69. Zatem w świetle nie tylko celów dyrektyw 91/440 i 2001/14, lecz także ogółu czynników, w tym tych o charakterze prywatnoprawnym, które nadają ramy stosunków między DB Netz i DB AG, to do Komisji należy wykazanie, że w praktyce DB Netz nie posiadała niezależności pod względem podejmowania decyzji w stosunku do DB AG. 70. W świetle powyższych rozważań należy oddalić zarzut Komisji dotyczący niezależności jednostki, której powierzono wykonywanie podstawowych funkcji wymienionych w załączniku II do dyrektywy 91/440. W przedmiocie zarzutu dotyczącego pobierania opłat Argumentacja stron 71. Komisja twierdzi, że Republika Federalna Niemiec nie spełniła zobowiązań ciążących na niej na mocy art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14. 72. Podnosi ona, że § 14 ust. 4 ogólnej ustawy o kolejach, poprzez którą Republika Federalna Niemiec przetransponowała te przepisy, zawiera luki. Przepis ten nie zawsze pozwala bowiem stwierdzić z pewnością, z jednej strony, czy przewidziana w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14 zasada kosztów bezpośrednich, czy też zasada kosztów całkowitych, o której mowa w art. 8 ust. 1 tej dyrektywy, jest stosowana oraz, z drugiej strony, nie zawsze pozwala określić warunki, w jakich należy zastosować jedną albo drugą z tych zasad. 73. Ponadto to państwo członkowskie rzekomo optowało za zasadą kosztów całkowitych. Tymczasem nie przestrzegało ono w pełni warunków koniecznych do stosowania art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14, a w szczególności warunku polegającego na sprecyzowaniu okoliczności, w których należy przeprowadzić test zdolności rynku do poniesienia tych kosztów, który był konieczny w celu sprawdzenia, czy wszystkie segmenty rynku mogą wytrzymać rzeczone koszty. 74. Republika Federalna Niemiec twierdzi, że jeśli chodzi o uwzględnienie konkurencyjności, przepisy niemieckie w pełni odpowiadają wymogom określonym w art. 8 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 2001/14. Dyrektywa 2001/14 nie wymaga bowiem odnośnie do testu zdolności rynku w zakresie wytrzymania kosztów, żeby oceny konkurencyjności dokonywano względem każdego segmentu rynku. Paragraf 14 ust. 4 ogólnej ustawy o kolejach, który transponuje rzeczony artykuł tej dyrektywy, zobowiązywał adresatów – i to zgodnie z brzmieniem i celem rzeczonej dyrektywy – jedynie do zagwarantowania konkurencyjności, w szczególności w międzynarodowym towarowym transporcie kolejowym. Prawo krajowe w ten sposób spełniało wymogi i cele określone w dyrektywie 2001/14. 75. Koszty mogłyby być w całości przypisane przy określaniu kwoty opłaty. DB Netz ma zatem uprawnienie ustalania swoich opłat za trasy w taki sposób, że koszty infrastruktury niepokryte przez subwencje państwa byłyby wyrównane. 76. Republika Federalna Niemiec odrzuca argumentację Komisji, zgodnie z którą przepisy niemieckie nie przewidują definicji segmentów rynku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14. To państwo członkowskie utrzymuje, że w pełni zapewnia skuteczność tego celu w drodze § 14 ust. 4 zdanie trzecie ogólnej ustawy o kolejach. Ponadto z przepisów dotyczących niezależności w ramach ustalania cen prawo Unii pozostawia przedsiębiorstwom czynnym na rynku zadanie oceny zdolności płatniczej popytu. Artykuł 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14 nie przewiduje wyraźnie żadnego większego wymogu zwłaszcza odnośnie do informowania przedsiębiorstw transportowych w zakresie postępowania i kontroli. 77. Republika Czeska podziela argumenty Republiki Federalnej Niemiec, w myśl których przepisy cytowane przez Komisję zostały prawidłowo przetransponowane przez to ostatnie państwo członkowskie w zakresie zarówno zarzutu opartego na rzekomo niewłaściwej transpozycji przedmiotowych przepisów prawa Unii, jak i zarzutu opartego na utrzymywanym naruszeniu przepisów art. 7 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14. 78. Ściślej rzecz ujmując, jeśli chodzi o naruszenie art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14, Republika Czeska uważa, że należy wyjaśnić pojęcie „kosztu, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami” w celu sprawdzenia, czy naruszono ww. przepisy. Ocena Trybunału 79. W drodze niniejszego zarzutu Komisja zasadniczo zarzuca Republice Federalnej Niemiec, że nie uchwaliła przepisów określających w sposób pewny, czy należy stosować zasadę kosztu bezpośredniego przewidzianą w art. 7 ust. 3 dyrektywy 20 01/14 albo zasadę kosztu całkowitego, o której mowa w art. 8 ust. 1 tej dyrektywy, oraz warunki, w których należy zastosować jedną z tych zasad. 80. Na podstawie art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14 opłaty za minimalny pakiet dostępu i dostęp do torów w celu obsługi urządzeń zostaną ustalone po koszcie, który jest bezpośrednio ponoszony jako rezultat wykonywania przewozów pociągami, bez uszczerbku dla przepisów art. 7 ust. 4 lub 5 lub art. 8 tej dyrektywy. 81. Artykuł 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14 przewiduje, że państwo członkowskie może, jeżeli rynek jest na to przygotowany, dokonywać podwyżek w celu pokrycia całości kosztów poniesionych przez zarządcę infrastruktury. 82. Należy przypomnieć, że jeden z celów realizowanych przez system opłat ustanowiony mocą dyrektywy 2001/14 polega na zapewnieniu niezależności zarządzania zarządcy infrastruktury. Innymi słowy – jak to podnosi rzecznik generalny w pkt 80 swojej opinii – zarządca powinien skorzystać z systemu opłat jako instrumentu zarządzania. W ten sposób z motywu 12 tej dyrektywy wynika, że w ogólnych ramach podanych przez państwa członkowskie systemy pobierania opłat i alokacji zdolności przepustowej powinny zachęcać zarządców infrastruktury kolejowej do optymalizacji wykorzystania należącej do nich infrastruktury. Tymczasem, w celu umożliwienia takiej optymalizacji zarządcy ci powinni dysponować pewną swobodą, jak to wskazuje motyw 20 rzeczonej dyrektywy. 83. Podobnie inne przepisy dyrektywy 2001/14 wymagają w ramach ich stosowania pozostawienia zarządcom infrastruktury pewnego zakresu swobody w celu stworzenia zachęty dla nich do optymalizacji wykorzystania należącej do nich infrastruktury. Artykuł 8 ust. 2 tej dyrektywy stanowi bowiem, że zarządca infrastruktury może ustalić lub nadal ustalać wyższe opłaty – na podstawie długookresowych kosztów takich projektów. Artykuł 9 rzeczonej dyrektywy zezwala zarządcom infrastruktury na ustanowienie systemu ulg opłat pobieranych przez podmioty gospodarcze. 84. Należy także podnieść, że art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/14 ustanawia podział kompetencji między państwami członkowskimi a zarządcą infrastruktury w kwestii systemu opłat. Do państw członkowskich należy bowiem ustalenie zasad pobierania opłat, podczas gdy określanie wysokości i pobieranie tej opłaty będzie wykonywane przez zarządcę infrastruktury. Niemniej jednak, jak podnosi rzecznik generalny w pkt 78 swojej opinii, państwo może dokonać całkowitego odzyskania kosztów generowanych przez infrastrukturę w drodze podwyżek, jeżeli rynek na to pozwala i jeżeli działanie to nie wyklucza użytkowania infrastruktury przez segmenty rynku, które mogą przynajmniej pokryć koszty bezpośrednio wynikające z wykonywania przejazdów pociągami, powiększone o stopę rentowności. 85. Należy stwierdzić, że dla poszanowania celów realizowanych przez dyrektywę 2001/14 opłata za korzystanie z infrastruktury stanowi – jak to zauważył rzecznik generalny w pkt 77 swojej opinii – poziom minimalny odpowiadający kosztom, które wynikają bezpośrednio z eksploatacji infrastruktury, przewidzianym w art. 7 ust. 3 tej dyrektywy i poziom maksymalny wynikający z całkowitych kosztów poniesionych przez zarządcę infrastruktury, jak to przewiduje art. 8 ust. 1 tejże dyrektywy. 86. Między tymi dwoma skrajnymi poziomami opłata może się wahać, jak przewiduje dyrektywa 2001/14, wskutek uwzględnienia niedoboru zdolności przepustowej, jak stanowi jej art. 7 ust. 4, lub kosztów skutków dla środowiska, o których mowa w art. 7 ust. 5 lub także projektów inwestycyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrektywy, jak również ulg przewidzianych w art. 9 tego aktu. 87. Jeśli chodzi zatem o argument Komisji, w myśl którego § 14 ust. 4 ogólnej ustawy o kolejach nie pozwala określić, czy podlega zastosowaniu przewidziana w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14 zasada kosztów bezpośrednich lub zasada kosztów całkowitych, o której mowa w art. 8 ust. 1 tej dyrektywy, należy podnieść, że – jak stwierdzono w pkt 84 i 85 niniejszego wyroku – te dwie zasady nie mają charakteru substytucyjnego względem siebie. System przewidziany w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2001/14 może być bowiem wykorzystany jedynie w przypadku, gdy rynek jest na to przygotowany, przy czym konieczna jest analiza rynku w celu sprawdzenia, czy tak jest. 88. W niniejszej sprawie ten przepis krajowy pozwala na odzyskanie całości kosztów powstałych i pozostawia zarządcy infrastruktury możliwość dokonania rozróżnienia w zależności od tego, czy chodzi o usługi dalekobieżnego przewozu pasażerskiego, przewozu pasażerskiego na krótkich trasach czy transportu towarowego oraz w zależności od rodzaju segmentu rynku w ramach tych usług transportowych. Niemniej jednak, jak zauważa rzecznik generalny w pkt 85 swojej opinii, dyrektywa 2001/14 nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku uchwalenia bardziej szczegółowych zasad pobierania opłat. 89. Jeśli chodzi o argument Komisji, zgodnie z którym należy przeprowadzić test zdolności rynku do udźwignięcia kosztów w celu sprawdzenia, czy wszystkie segmenty rynku mogą wytrzymać te koszty, należy stwierdzić, że test ten musi być przeprowadzony przez zarządcę infrastruktury jedynie wówczas, gdy chce on pobierać swoiście związany z segmentem rynku dodatek z uwagi na koszty. Jak przedstawiono w pkt 84 niniejszego wyroku, jedynie państwo członkowskie ma obowiązek ustalenia zasad pobierania opłat, podczas gdy samo pobieranie opłat spoczywa na zarządcy infrastruktury. Wynika stąd, że na podstawie dyrektywy 2001/14 Republika Federalna Niemiec nie ma obowiązku nałożenia w swoich przepisach krajowych warunków, zgodnie z którymi zarządca infrastruktury musi określić zdolność segmentów rynku do poniesienia ewentualnego podwyższenia kosztów oraz okoliczności, w których ma on obowiązek uczynienia tego. 90. W świetle powyższych rozważań należy oddalić zarzut Komisji dotyczący pobierania opłat. W przedmiocie zarzutu dotyczącego środków zachęcających do obniżania kosztów Argumenty stron 91. Komisja podnosi, że art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/14 nie został transponowany do prawa niemieckiego. Uważa ona, że żaden z mechanizmów wymienionych przez rząd niemiecki nie zachęca zarządcy infrastruktury do ograniczania kosztów związanych z obsługą infrastruktury lub poziomu opłat za dostęp. Ponadto zawarte umowy o świadczenie i finansowanie nie zawierają żadnych postanowień przewidujących zmniejszenie kosztów infrastruktury i pobieranych opłat. 92. Republika Federalna Niemiec podnosi, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/14 opiera się na zasadzie, iż należy osiągnąć równowagę między dochodami z opłat za użytkowanie infrastruktury i finansowaniem państwa a wydatkami na infrastrukturę. Uważa on, że wielkość kosztów związanych z obsługą infrastruktury, kwota opłat za dostęp i kwota finansowania państwa są elementem stosunku ekonomicznego, który wyklucza jednostronne wymogi prawne. Przepisy dyrektywy w ten sposób nie dopuszczają przyjmowania jednostronnego zobowiązania do redukcji kosztów lub pobieranych opłat. Cel zmniejszania kosztów i opłat za dostęp przewidzianych w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/14 podlega warunkowi przestrzegania wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi infrastruktury. 93. To państwo członkowskie podnosi również, że dyrektywa 2001/14 nie nakłada wymogu skutecznego obniżania kosztów lub opłat za dostęp. Przeciwnie, obowiązek ten powinien być zrównoważony z pozostałymi wymogami w zakresie struktury pobierania opłat. Ogólna równowaga powinna zostać zatem uregulowana w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie równowagi między dochodami a wydatkami na infrastrukturę. 94. Republika Federalna Niemiec twierdzi również, że zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 3 dyrektywy 2001/14 ustawodawca krajowy może zdecydować o instrumencie działania, który wykorzysta przy transpozycji, czyli albo umowa zawarta między odpowiednim organem władzy a zarządcą infrastruktury, albo odpowiednie środki administracyjne. 95. To państwo członkowskie utrzymuje, że dokonało pełnej transpozycji mechanizmu zachęt wymaganego na podstawie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/14. Umowa o świadczenie usług i finansowanie (Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, zwana dalej „LuFV”) spełnia wymogi umowy w rozumieniu art. 6 ust. 3 dyrektywy 2001/14 i z tego względu stanowi skuteczny system zachęt do zmniejszania kosztów i opłat za dostęp zgodnie z art. 6 ust. 2 rzeczonej dyrektywy. 96. LuFV nakłada bowiem w szczególności na zarządców infrastruktury liczne obowiązki w dziedzinie gwarantowania jakości i informowania. Wymogi jakościowe są w niej ujęte w sposób zapewniający poprawę jakości infrastruktury kolejowej z biegiem lat. Umowa ta ograniczyła dotacje państwa federalnego do inwestycji związanych z wymianą do kwoty 2,5 mld EUR rocznie, a na zarządców infrastruktury nałożyła wymóg posiadania własnych środków finansowych na konserwację torów kolejowych. 97. Ponadto w sektorze kolejowym istnieją liczne elementy systemowe zachęcające do obniżania kosztów, ponieważ spółki zarządzające infrastrukturą muszą być zarządzane jak przedsiębiorstwa handlowe mające obowiązek respektować zasady ekonomii stosowane przez podmioty prywatne, w szczególności zarządzając przedsiębiorstwem w sposób ukierunkowany na konkurencję w celu zapewnienia maksymalnego poziomu zysków, co stanowi dla DB Netz autonomiczną i skuteczną motywację do obniżania kosztów. Ocena Trybunału 98. W drodze niniejszego zarzutu Komisja zasadniczo zarzuca Republice Federalnej Niemiec nieprzyjęcie mechanizmu zachęcającego zarządcę infrastruktury do obniżania kosztów związanych z usługą infrastruktury lub do zredukowania poziomu opłat za dostęp. 99. Komisja i Republika Federalna Niemiec nie są zgodne w kwestii, czy względem zarządcy infrastruktury należy przewidzieć zarówno środki zachęcające w celu obniżenia kosztów zapewniania infrastruktury, jak również – i to niezależnie od tych pierwszych – środki zachęcające w celu obniżenia opłat za dostęp. 100. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/14 państwa członkowskie ustalą odpowiednie warunki do zapewnienia, że w normalnych warunkach działalności gospodarczej i w stosownym czasie zestawienie rachunkowe zarządcy infrastruktury będzie przynajmniej bilansować z jednej strony dochody z opłat za infrastrukturę, nadwyżki z innych rodzajów działalności handlowej oraz finansowanie przez państwo, a z drugiej strony wydatki na infrastrukturę. Na podstawie art. 6 ust. 2 tej dyrektywy zarządcy infrastruktury będą mieli stwarzane zachęty do zmniejszania kosztów zapewniania infrastruktury i wielkości opłat za dostęp. 101. W tym względzie art. 6 ust. 3 dyrektywy 2001/14 przewiduje, że wynikający z art. 6 ust. 2 obowiązek był zrealizowany albo w drodze wieloletniej umowy zawartej między kompetentnym organem władzy a zarządcą infrastruktury, która przewiduje finansowanie ze strony państwa, albo w drodze ustalenia stosownych środków administracyjnych z odpowiednimi upoważnieniami. Pozostaje zatem w swobodnej gestii państw członkowskich realizacja środków zachęty w ramach wieloletniej umowy lub w drodze przepisów administracyjnych. 102. W niniejszej sprawie LuFV została zawarta między państwem niemieckim, DB AG i przedsiębiorstwami infrastruktury kolejowej tej spółki oraz stanowi mechanizm zachęt w rozumieniu wieloletniej umowy przewidzianej w art. 6 ust. 3 dyrektywy 2001/14. 103. Warunki, którym poddano finansowanie państwa, takie jak przewidziane w LuFV mają bowiem charakter zachęcający zarządcę infrastruktury do zmniejszania kosztów, ponieważ ograniczają subwencje państwa federalnego na inwestycje na konserwacje do kwoty 2,5 mld EUR rocznie i to niezależnie od inflacji, co zobowiązuje zarządcę, na którym spoczywa obowiązek przestrzegania stałego standardu jakości obniżania kosztów. Tym bardziej wynika stąd, że zarządca infrastruktury ma obowiązek wkładu ze środków własnych w realizacji inwestycji w zakresie konserwacji. 104. Podobnie LuFV nakłada obowiązki w dziedzinie zapewnienia jakości i informacji, do których zarządcy infrastruktury muszą się zastosować pod groźbą sankcji. 105. Środki te tym samym zachęcają zarządców infrastruktury do obniżania kosztów i – w sposób pośredni – do zmniejszenia poziomu opłat. 106. Odnośnie do argumentu Komisji, zgodnie z którym art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/14 nakłada na państwa członkowskie obowiązek stwarzania zachęt do obniżania opłat za dostęp, innych niż zachęty podjęte w celu obniżenia kosztów, należy stwierdzić, że motyw 40 tej dyrektywy stanowi, że infrastruktura transportowa stanowi naturalny monopol. Dlatego jest konieczne stwarzanie zarządcom infrastruktury zachęt do zmniejszenia kosztów i efektywnego zarządzania infrastrukturą pozostającą w ich dyspozycji. Motyw ten tymczasem wymienia nie opłaty, lecz jedynie koszty. 107. Wprawdzie art. 6 ust. 2 dyrektywy 2001/14 przewiduje, że środki zachęty należy podejmować w taki sposób, aby zredukować koszty i opłaty dostępu, niemniej jednak przepis ten nie przewiduje w jakikolwiek sposób, że środki te muszą zostać stworzone w sposób niezależny od siebie. 108. Przyjęcie stanowiska Komisji oznaczałoby uznanie obowiązku państwa członkowskiego do stwarzania zachęt dla zarządcy infrastruktury do przekazania użytkownikom sieci poprzez obniżenie opłat za dostęp części nadwyżki uzyskanej w drodze zwiększenia efektywności, pomimo że nie byliby w stanie odzyskać wszystkich kosztów udostępnienia infrastruktury. Ta wykładnia zobowiązywałaby państwo członkowskie do sfinansowania infrastruktury w związku z tym przekazaniem. Należy stwierdzić, że taka interpretacja byłaby sprzeczna z art. 6 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2001/14, który przewiduje, że w ogólnych ramach pobierania opłat zgodnie z art. 7 i 8 tej dyrektywy państwo członkowskie może wymagać od zarządcy infrastruktury zbilansowania zestawienia rachunkowego bez finansowania ze strony państwa. 109. Należy zatem uznać, że obowiązek stwarzania zachęt dla zarządców infrastruktury do zmniejszania kosztów zapewniania infrastruktury i wielkości opłat za dostęp jest w niniejszej sprawie spełniony poprzez środki mające na celu obniżenie kosztów udostępnienia infrastruktury, ponieważ środki te mają również wpływ na obniżenie opłat za dostęp, jak wspomniano w pkt 102–105 niniejszego wyroku. 110. Ponadto należy również stwierdzić, że środki mające na celu zmniejszenie kosztów udostępniania infrastruktury mogą spowodować jedynie obniżenie poziomu opłat za dostęp, niezależnie od tego czy zostały one oparte na podstawie art. 7 ust. 3 dyrektywy 2001/14, czy na podstawie art. 8 ust. 1 tej dyrektywy. 111. W świetle powyższych rozważań należy oddalić zarzut Komisji dotyczący środków zachęcających do obniżania kosztów. W przedmiocie zarzutu dotyczącego kompetencji organu kontrolnego Argumenty stron 112. Komisja utrzymuje przede wszystkim, że Republika Federalna Niemiec uchybiła ciążącym na niej zobowiązaniom wynikającym z przepisów art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 w związku z art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440. 113. Według Komisji organ kontrolny może wypełnić obowiązek spoczywający na nim na podstawie art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440 i dotyczący regularnego nadzorowania konkurencji na rynku usług kolejowych i korygowania negatywnych tendencji na tych rynkach tylko wtedy, gdy – niezależnie od konkretnych skarg lub konkretnego podejrzenia naruszenia dyrektyw – może wzywać przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury do składania wyjaśnień oraz gdy ma prawo skłonić je do udzielenia odpowiedzi na jego wniosek o udzielenie informacji, powołując się na odpowiednie zagrożenie karą. Jeżeli organ kontrolny nie dysponuje informacjami uzyskanymi poprzez takie żądanie udzielenia informacji, organ ten nie może wszczynać postępowań z własnej inicjatywy i zawsze musi opierać się na informacjach przekazanych przez podmioty składające skargę. 114. Następnie Komisja uważa, że transpozycja art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 została przeprowadzona w sposób niepełny, ponieważ artykuł ten nie dokonuje rozróżnienia między zarządcą infrastruktury a przedsiębiorstwami transportowymi. 115. Wreszcie, jeżeli organ kontrolny nie ma możliwości egzekwowania wniosku o udzielenie informacji, może liczyć jedynie na informacje, które przedsiębiorstwa kolejowe chcą mu przekazać, co nie jest zgodne z celami dyrektywy 2001/14. 116. Republika Federalna Niemiec podnosi, że art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 nie zawiera wymogu, aby organ kontrolny posiadał kompetencje do uzyskiwania informacji przy braku jakiegokolwiek powodu lub podejrzenia. Przepis ten należy natomiast interpretować w kontekście zakresu zastosowania i celu regulacyjnego dyrektywy, tj. alokacji zdolności przepustowych infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za jej użytkowanie. W tym kontekście organ kontrolny raczej spełnia funkcję organu odwoławczego, który nadzoruje infrastrukturę kolejową i zapewnia niedyskryminujący do niej dostęp w ramach alokacji zdolności przepustowych i pobierania opłat. Przepis ten przewiduje jedynie materialne prawo do uzyskania informacji i wiążący się z nim obowiązek ich udzielenia, przy czym w dyrektywie tej nie ma mowy o sankcjonowaniu takich praw. 117. Podobnie art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440 nie nadaje organowi kontrolnemu praw do uzyskiwania informacji lub nakładania kar w obszarze nadzorowania konkurencji. Ocena Trybunału 118. Poprzez niniejszy zarzut Komisja zasadniczo zarzuca Republice Federalnej Niemiec, że nie przewidując dla organu kontrolnego, o którym mowa w art. 30, uprawnień – niezależnie od zażaleń lub konkretnego podejrzenia naruszenia określonych dyrektyw – do przesłuchania przedsiębiorstw kolejowych i nakładania na nie sankcji, uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440 i z art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14. 119. Zgodnie z art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 organ kontrolny będzie upoważniony do żądania odpowiednich informacji od zarządcy infrastruktury, wnioskodawców i wszelkich włączonych do sprawy stron trzecich w ramach zainteresowanego państwa członkowskiego, które muszą być dostarczone bez nadmiernej zwłoki. 120. Należy stwierdzić, że art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 nie wymaga, aby organ kontrolny pos iadał kompetencje w zakresie uzyskiwania informacji w braku szczególnych powodów lub jakiegokolwiek podejrzenia wystąpienia naruszenia. 121. W tym względzie należy zaznaczyć, że wykładni art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 należy dokonywać przy uwzględnieniu jego zakresu zastosowania i celu realizowanego przez tę dyrektywę. 122. Z motywu 16 dyrektywy 2001/14 wynika, że systemy pobierania opłat i alokacji zdolności przepustowej powinny pozwalać na uczciwą konkurencję przy wykonywaniu przewozów kolejowych. Ponadto zgodnie z motywem 46 tej dyrektywy efektywne zarządzanie oraz sprawiedliwe i niedyskryminujące wykorzystanie infrastruktury kolejowej wymagają powołania organu regulującego, który ocenia stosowanie tych zasad Unii i który działa jako organ odwoławczy, jednak z możliwością kontroli sądowej jego orzeczenia. 123. Ta interpretacja jest również wsparta przez cel dyrektywy 2001/14 określony w art. 1 tego aktu. Zgodnie bowiem z tym przepisem rzeczona dyrektywa dotyczy zasad i procedur, które mają być stosowane w odniesieniu do ustalania i pobierania opłat za infrastrukturę kolejową i alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej. 124. Z tych argumentów oraz z kontekstu prawnego, w jaki wpisuje się art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14, wynika, że przewidziany w tym przepisie organ kontrolny ma za zadanie nadzorowanie i zapewnienie niedyskryminującego dostępu do infrastruktury kolejowej w ramach alokacji zdolności przepustowej i pobierania opłat. Z tego względu możliwość uzyskania informacji przez ten organ wynika z art. 30 ust. 2 dyrektywy 2001/14, który stanowi, że wnioskodawca będzie miał prawo do odwołania się do organu kontrolnego, jeżeli uważa, że został potraktowany nieuczciwie, dyskryminująco lub został w jakikolwiek inny sposób poszkodowany. 125. Odnośnie do kwestii, czy art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440 w związku z art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 zezwala organowi kontrolnemu na przeprowadzenie z urzędu dochodzenia bez konieczności złożenia skargi i w braku szczególnych powodów lub jakiegokolwiek podejrzenia wystąpienia naruszenia, należy przypomnieć, że art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440 przewiduje, że organ regulujący powołany na podstawie art. 30 dyrektywy 2001/14 lub jakikolwiek inny organ korzystający z takiego samego stopnia niezależności, monitoruje konkurencję na rynku przewozów kolejowych, w tym rynku towarowego transportu kolejowego. 126. Należy stwierdzić, że art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440 nie zawiera wzmianki o możliwości lub nawet obowiązku państwa członkowskiego nakazania organowi kontrolnemu – w ramach swojej misji nadzoru konkurencji – żeby uzyskał informację w braku szczególnych powodów lub jakiegokolwiek podejrzenia wystąpienia naruszenia albo nakładał sankcje. 127. Wprawdzie art. 10 ust. 7 akapit drugi zdanie trzecie dyrektywy 91/440 przewiduje, że organ kontrolny niezwłocznie na podstawie skargi i, w danym przypadku, z własnej inicjatywy podejmie decyzję w sprawie podjęcia właściwych środków w celu skorygowania niepożądanego rozwoju sytuacji na tych rynkach, niemniej jednak z systematyki tego przepisu, który odsyła do art. 30 dyrektywy 2001/14, którego zakres obowiązywania był przedmiotem analizy w pkt 121–125 niniejszego wyroku, wynika, że miejsce zdania w ramach art. 10 ust. 7 akapit drugi dyrektywy 91/440 oraz kompetencje organu kontrolnego w zakresie podejmowania decyzji z urzędu w sprawie podjęcia właściwych środków w celu skorygowania niepożądanego rozwoju sytuacji na rynkach usług kolejowych należy interpretować w tym sensie, że organ ten może podejmować działania niezależnie od jakichkolwiek skarg na podstawie uzyskanych informacji, w szczególności w ramach podejrzenia popełnienia konkretnego naruszenia, a nie w tym znaczeniu, że jest uprawniony do wszczęcia własnego dochodzenia i zmuszenia danych przedsiębiorstw do udzielenia odpowiedzi w jego ramach. 128. W rezultacie art. 10 ust. 7 dyrektywy 91/440 i art. 30 ust. 4 dyrektywy 2001/14 nie stanowią wyraźnie, że państwo członkowskie wprowadza środki pozwalające organowi kontrolnemu uzyskać informacje w razie niezłożenia skargi lub podejrzenia popełnienia naruszenia rzeczonych dyrektyw i zastosować sankcje w związku z tymi ewentualnymi naruszeniami. Nie można zatem zarzucać Republice Federalnej Niemiec nieprzyjęcia takich środków w prawie krajowym. 129. Wynika z tego, że zarzut Komisji dotyczący kompetencji organu kontrolnego należy oddalić. Z ogółu powyższych rozważań wynika, że należy oddalić skargę Komisji. W przedmiocie kosztów 130. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Republika Federalna Niemiec wniosła o obciążenie Komisji kosztami postępowania, a Komisja przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania. 131. Na podstawie art. 140 § 1 regulaminu postępowania Republika Czeska i Republika Włoska pokrywają własne koszty. Sentencja Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje: 1) Skarga zostaje oddalona. 2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 3) Republika Czeska i Republika Włoska pokrywają własne koszty.

62018CJ0268

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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni podpozycji 85269120 i 85285900 Nomenklatury scalonej (zwanej dalej „CN”), zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej ( Dz.U. 1987, L 256, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 2, t. 2, s. 382) w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. ( Dz.U. 2016, L 294, s. 1 ) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 698/2012 z dnia 25 lipca 2012 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej ( Dz.U. 2012, L 203, s. 34 ) zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 459/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ( Dz.U. 2014, L 133, s. 43 ) (zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym nr 698/2012”). Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy SC Onlineshop SRL (zwaną dalej „Onlineshop”) a Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (krajową agencją administracji podatkowej – generalną dyrekcją ceł, Rumunia, zwaną dalej „ANAF-DGV”) w przedmiocie klasyfikacji taryfowej urządzenia wielofunkcyjnego w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, spełniającego funkcje radionawigacji, odtwarzacza audio i wideo, nadawania radiofonii i wyświetlania. Ramy prawne Nomenklatura scalona Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia nr 2658/87 Komisja Europejska, wspomagana przez Komitet Kodeksu Celnego, przyjmuje środki dotyczące stosowania CN, która stanowi załącznik I do tego rozporządzenia w odniesieniu do klasyfikacji towarów. Zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 2658/87 Komisja Europejska przyjmuje każdego roku w formie rozporządzenia pełną wersję CN wraz z odpowiadającymi jej stawkami celnymi Wspólnej taryfy celnej, tak jak wynika to ze środków przyjętych przez Radę Unii Europejskiej lub przez Komisję. Takie rozporządzenie podlega opublikowaniu nie później niż do dnia 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązuje od dnia 1 stycznia następnego roku. Na podstawie tych przepisów przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia nr 2658/87 ( Dz.U. 2015, L 285, s. 1 ) i rozporządzenie wykonawcze 2016/1821. Każde z tych rozporządzeń zmieniło CN, odpowiednio, od dnia 1 stycznia 2016 r. i od dnia 1 stycznia 2017 r. Sekcja I części I zawiera pkt A zatytułowany „Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej”, który stanowi: „Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega następującym regułom: 1. Tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne; dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz, o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag, zgodnie z następującymi regułami: […] 3. Jeżeli […] towary na pierwszy rzut oka są klasyfikowalne do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w następujący sposób: […] c) jeżeli towary nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a) lub b), należy klasyfikować do pozycji pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie. […] 6. Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły, jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej”. Część druga CN, zatytułowana „Tabela stawek celnych”, obejmuje sekcję XVI, zatytułowaną „Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów”. Uwaga 3 do owej sekcji stanowi: „Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej […], maszyny przeznaczone do wykonywania dwóch lub więcej wzajemnie uzupełniających się, lub alternatywnych funkcji, należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się tylko z tej części składowej lub jako będące tą maszyną, która wykonuje funkcję podstawową”. Zawarty również we wspomnianej sekcji dział 85, zatytułowany „Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów”, zawierał, w wersji wynikającej z rozporządzenia 2015/1754, mającego zastosowanie w roku 2016, następujące pozycje i podpozycje: „Kod CN Opis towarów […] […] Aparatura radarowa, radionawigacyjna oraz do zdalnego sterowania drogą radiową: 8526 10 00 – Aparatura radarowa – Pozostała: 8526 91 – – Aparatura radionawigacyjna: 8526 91 20 – – – Odbiorniki radionawigacyjne […] […] Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu: – Monitory z lampą elektronopromieniową: […] […] – Pozostałe monitory 8528 51 00 – – W rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471 8528 59 – – Pozostałe: – – – Płaskie wyświetlacze panelowe umożliwiające wyświetlanie sygnałów z maszyn do automatycznego przetwarzania danych przy dopuszczalnym poziomie funkcjonalności […] […] 8528 59 70 – – – – Pozostałe […] […]”. W rozporządzeniu wykonawczym 2016/1821 mającym zastosowanie w roku 2017 pozostawiono bez zmian pozycję CN 8526, jak została ona ustanowiona w rozporządzeniu wykonawczym 2015/1754, zmieniono natomiast pozycję 8528 w następujący sposób: „8528 Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej do telewizji; aparatura odbiorcza do telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu: […] […] – Pozostałe monitory 8528 52 – – Zdolne do bezpośredniego podłączenia i zaprojektowane do użycia z maszyną do automatycznego przetwarzania danych objętą pozycją 8471 […] […] 8528 59 00 – – Pozostałe […] […]”. Rozporządzenie wykonawcze nr 698/2012 Artykuł 1 rozporządzenia wykonawczego nr 698/2012 stanowi: „Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli”. Załącznik do tego rozporządzenia ma następujące brzmienie: „Opis towarów Klasyfikacja (kod CN) Uzasadnienie (1) (2) (3) […] […] […] 3. Urządzenie wielofunkcyjne (tak zwane »samochodowe centrum multimedialne«), w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych. Składa się ono, w tej samej obudowie, z aparatury odbiorczej do radiofonii, aparatury odtwarzającej dźwięk i wideo, aparatury radionawigacyjnej oraz kolorowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) o przekątnej ekranu w przybliżeniu 18 cm (7 cali) i formacie obrazu 16:9. Urządzenie jest wyposażone w złącza umożliwiające odbiór sygnałów wideo ze źródeł zewnętrznych, takich jak kamera cofania lub tuner DVB-T. Urządzenie może również odtwarzać dźwięk i obrazy z karty pamięci. Urządzenie jest przedstawiane z dwoma urządzeniami do zdalnego sterowania. Do urządzenia może być podłączony dodatkowy wyświetlacz. 8528 59 70 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1., 3 c) i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, oraz brzmienie kodów CN 8528, 8528 59 i 8528 59 70. Urządzenie jest przeznaczone do wykonywania różnych funkcji (odtwarzanie dźwięku, odtwarzanie wideo, radionawigacja, radiofonia, wyświetlanie wideo), z których żadna, biorąc pod uwagę jego konstrukcję i koncepcję, nie nadaje urządzeniu zasadniczego charakteru. Zatem, przez zastosowanie reguły 3 c) ORI, urządzenie należy klasyfikować do kodu CN 8528 59 70 jako pozostałe monitory”. Postępowanie główne i pytania prejudycjalne W dniu 18 lipca 2016 r. Onlineshop zwrócił się do ANAF-DGV z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji taryfowej (zwanej dalej „WIT”) dotyczącej urządzenia oznaczonego jako „system nawigacji GPS PNI S 506”, proponując, aby dokonać jego klasyfikacji do podpozycji CN 85269120 dotyczącej odbiorników radionawigacyjnych. Z postanowienia odsyłającego wynika, że urządzenie to spełnia zasadniczo cztery funkcje, a mianowicie radionawigacji, odtwarzania audio i wideo, nadawania radiofonii i wyświetlania. Może ono zatem zostać użyte jako system nawigacji GPS (obejmujący moduł i antenę GPS), a także jako tablet PC, i jest wyposażony w kilka dodatkowych akcesoriów (uchwyt montowany do przedniej szyby, ładowarka samochodowa i kabel do transmisji danych). Odznacza się ono masą 152 g i wymiarami 132 x 184 x 12 mm. Decyzją z dnia 23 grudnia 2016 r. ANAF-DGV wydał na rzecz skarżącej WIT klasyfikującą wspomniane urządzenie do podpozycji CN 85285900, powołując się celem uzasadnienia tej klasyfikacji na reguły 1, 3 c) i 6 ogólnych reguł interpretacji tej nomenklatury. W decyzji tej wskazano ponadto rozporządzenie wykonawcze nr 698/2012. Po oddaleniu odwołania wniesionego na tę decyzję w dniu 11 stycznia 2017 r. spółka Onlineshop wniosła w dniu 2 sierpnia 2017 r. skargę do sądu odsyłającego. Sąd ten wskazuje, iż Onlineshop podniósł na poparcie swego wniosku o klasyfikację spornego urządzenia do podpozycji CN 85269120, że jego głównym zadaniem jest nawigacja GPS za pomocą dwóch zainstalowanych fabrycznie aplikacji do nawigacji, natomiast ANAF-DGV stwierdził, że żadna z funkcji tego urządzenia nie nadaje mu jego zasadniczego charakteru oraz że w konsekwencji należy go sklasyfikować do pozycji pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia spośród tych, które jednakowo podlegają uwzględnieniu, czyli do pozycji CN 8528, która odpowiada funkcji monitora do odtwarzania wideo. Sąd odsyłający wskazał, że za klasyfikacją żądaną przez Onlineshop przemawia z jednej strony, że niemieckie, francuskie i niderlandzkie organy celne przyjęły tę klasyfikację dla produktów, które, zdaniem tej spółki, mają funkcje podobne do funkcji urządzenia spornego w postępowaniu głównym, biorąc pod uwagę, że główną funkcją tych produktów jest nawigacja GPS. Z drugiej strony sąd ten wskazał, że biorąc pod uwagę specyfikę funkcji nawigacyjnych tego urządzenia, jest ono przeznaczone do użycia w pojeździe silnikowym, a jego niewielkie wymiary (5 cali, czyli 12,7 cm) mogą przemawiać w oczach konsumenta za jedynie drugorzędnym zastosowaniem jako tablet PC. Sąd odsyłający zauważa, że ANAF-DGV wskazał wprawdzie w WIT z dnia 23 grudnia 2016 r. przepisy rozporządzenia wykonawczego nr 698/2012, jednak dokonał klasyfikacji urządzenia rozpatrywanego w postępowaniu głównym w ramach podpozycji CN 85285900 w jej wersji wynikającej z rozporządzenia wykonawczego nr 2016/1821, podczas gdy weszło ono w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2017 r. Zdaniem tego sądu gdyby ANAF-DGV rzeczywiście oparł się na rozporządzeniu wykonawczym nr 698/2012, ów produkt powinien zostać zaklasyfikowany do podpozycji CN 85285970. Wspomniany sąd wskazuje w tym względzie, że ANAF-DGV uzasadnił odniesienie do rozporządzenia wykonawczego nr 698/2012 okolicznością, że trzeci produkt opisany w jego załączniku „wykazuje duże podobieństwo z produktem będącym przedmiotem decyzji WIT w odniesieniu do funkcji i części urządzenia, w związku z czym został on wskazany jako jeden z elementów prawnego uzasadnienia klasyfikacji”. W konsekwencji sąd odsyłający zastanawia się, czy przepisy rozporządzenia wykonawczego nr 698/2012 mają zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym, a jeśli tak, to jakie byłyby skutki ich zastosowania w niniejszej sprawie w zakresie, w jakim klasyfikacja spornego urządzenia nie została dokonana zgodnie z wynikającym z nich kodem CN. W tych okolicznościach Curtea de Apel Bacău (sąd apelacyjny w Bacău, Rumunia) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: „1) Czy [CN] zawartą w załączniku I do [rozporządzenia nr 2658/87] zmienionego [rozporządzeniem wykonawczym nr 2016/1821] należy interpretować w ten sposób, że urządzenia takie jak systemy nawigacji GPS PNI S 506, będące przedmiotem niniejszego sporu, należy klasyfikować do podpozycji taryfowej 852691, podpozycji 85269120, czy do pozycji 8528, podpozycji 85285900 tej nomenklatury? 2) Czy brzmienia [CN] nadane kolejno [rozporządzeniem wykonawczym nr 698/2012] i [rozporządzeniem wykonawczym nr 459/2014] mają znaczenie w celu określenia prawidłowej klasyfikacji taryfowej urządzeń takich jak systemy nawigacji, będące przedmiotem niniejszego sporu, w ten sposób, że mogą mieć analogiczne zastosowanie do produktów wykazujących podobieństwo z systemem nawigacji, o którym mowa, i czy analogiczne zastosowanie tych przepisów potwierdza wykładnię Nomenklatury scalonej dokonaną przez administrację celną?”. W przedmiocie pytań prejudycjalnych Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału wersją CN podlegającą zastosowaniu jest wersja obowiązująca w chwili wydania decyzji krajowej potwierdzającej zaskarżoną klasyfikację taryfową (zob. podobnie wyrok z dnia 8 czerwca 2006 r., Sachsenmilch, C‑196/05 , EU:C:2006:383 , pkt ). W niniejszej sprawie, jakkolwiek rozporządzenie wykonawcze 2016/1821, o którym mowa w pytaniu pierwszym prejudycjalnym, zostało przyjęte w dniu 6 października 2016 r., weszło ono w życie dopiero w dniu 1 stycznia 2017 r. Nie ma ono zatem zastosowania do sporu w postępowaniu głównym, które zostało wszczęte w związku z WIT wydaną w dniu 23 grudnia 2016 r. W związku z tym, jak podniosła Komisja, wersją CN mającą zastosowanie do niniejszego sporu jest wersja zawarta w rozporządzeniu wykonawczym nr 2015/1754, przyjętym w dniu 6 października 2015 r. i mającym zastosowanie do roku 2016. Tymczasem, chociaż w stosunku do owego rozporządzenia wykonawczego nr 2015/1754, rozporządzenie wykonawcze nr 2016/1821 pozostawiło bez zmian podpozycję CN 85269120, to jednak zmieniło niektóre z podpozycji w ramach pozycji 8528 CN, w szczególności ostatnią podpozycję („pozostałe”), która nie ma już kodu 85285970, lecz kod 85285900. Należy zatem uznać, że poprzez swoje pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy CN w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia wykonawczego nr 2015/1754 należy interpretować w ten sposób, że urządzenie tego rodzaju, jak sporne w postępowaniu głównym, spełniające funkcje radionawigacji, odtwarzacza audio i wideo, nadawania radiofonii i wyświetlania, oraz dysponujące akcesoriami pozwalającymi na użycie go w pojazdach silnikowych jest objęte pozycją 85269120, czy też pozycją 85285970 tej nomenklatury. W tym względzie należy przypomnieć, że ogólne reguły interpretacji CN stanowią, iż klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów, natomiast tytuły sekcji, działów lub poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne (wyrok z dnia 15 listopada 2018 r., Baby Dan, C‑592/17 , EU:C:2018:913 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). W interesie pewności prawa i ułatwienia kontroli decydującego kryterium dla klasyfikacji taryfowej towarów należy poszukiwać zasadniczo w ich obiektywnych cechach i właściwościach, takich jak określone w pozycjach CN oraz uwagach do sekcji lub działów (wyrok z dnia 13 września 2018 r., Vision Research Europe, C‑372/17 , EU:C:2018:708 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). Przeznaczenie towaru może stanowić obiektywne kryterium klasyfikacji, jeżeli jest ono właściwe temu towarowi, co należy ocenić według jego obiektywnych cech i właściwości (wyrok z dnia 22 marca 2017 r., GROFA i in., C‑435/15 i C‑666/15 , EU:C:2017:232 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). Pośród istotnych aspektów w tym względzie należy ocenić użycie towaru zamierzone przez producenta, podobnie jak warunki i miejsce jego użycia (wyrok z dnia 4 marca 2015 r., Oliver Medical, C‑547/13 , EU:C:2015:139 , pkt ). Ponadto, zgodnie z uwagą 3 do sekcji XVI części drugiej CN, maszyny zaprojektowane do wykonywania dwóch lub więcej różnych funkcji, alternatywnych lub wzajemnie się uzupełniających, należy klasyfikować wedle funkcji podstawowej charakteryzującej całą maszynę. Trybunał wyjaśnił w tym względzie, że konieczne jest wzięcie pod uwagę, co jest podstawowe lub dodatkowe z punktu widzenia konsumenta (wyrok z dnia 11 czerwca 2015 r., Amazon EU, C‑58/14 , EU:C:2015:385 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie z postanowienia odsyłającego wynika, że wbrew temu, co twierdzi ANAF-DGV, podstawową funkcją spośród czterech funkcji, jakie zapewnia produkt sporny w postępowaniu głównym, jest – biorąc pod uwagę miejsce i sposób użycia, do którego jest on przeznaczony – radionawigacja. Ponadto owa funkcja główna jest właściwa temu urządzeniu, ponieważ wynika z jego obiektywnych cech i właściwości. Oprócz bowiem faktu, że jest on oznaczony jako „system nawigacji GPS”, urządzenie to jest przeznaczone do stosowania jako monitor radionawigacji dla pojazdu silnikowego w związku z dwoma zainstalowanymi fabrycznie aplikacjami, aczkolwiek jedna z nich wymaga połączenia internetowego poprzez technologię Wi-Fi oraz poprzez dodatkowe akcesoria, takie jak uchwyt montowany do przedniej szyby i ładowarka samochodowa. Ponadto, jak wynika z danych dotyczących stanu faktycznego zawartych w postanowieniu odsyłającym, trzy pozostałe funkcje urządzenia, o których mowa w pkt 26 niniejszego wyroku, stanowią jedynie dodatki dla tego urządzenia, przy czym żadna z nich nie może sama w sobie być rozstrzygająca dla dokonania zakupu przez konsumenta. Jak bowiem wskazał sąd odsyłający, po pierwsze, funkcja nadawania radiofonii ma jedynie charakter rudymentarny, ponieważ jest ona zapewniana nie za pośrednictwem odbiornika radiowego, lecz poprzez nadajnik FM, za pomocą którego piosenki zapisane w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej urządzenia mogą być odsłuchiwane przez kanał radia pojazdu. Po drugie, funkcja odtwarzania audio i wideo jest ograniczona, ponieważ urządzenie sporne w postępowaniu głównym nie jest wyposażone w złącza umożliwiające odbiór sygnałów wideo ze źródeł zewnętrznych. Po trzecie, funkcja wyświetlania jest również ograniczona ze względu na niewielki rozmiar ekranu (5 cali, czyli 12,7 cm), który nie zapewnia dobrej jakości obrazu, oraz ze względu na fakt, że o ile funkcja umożliwia odtworzenie zainstalowanych aplikacji lub plików wideo, nie pozwala ona na podłączenie dodatkowego urządzenia do wyświetlania. Tym samym, mając na względzie przede wszystkim funkcję główną urządzenia takiego, jak urządzenie sporne w postępowaniu głównym, może ono być klasyfikowane w ramach podpozycji CN 85269120, odnoszącej się do odbiorników radionawigacyjnych. Analiza ta nie może zostać podważona przez wskazania dotyczące trzeciego produktu klasyfikowanego w ramach podpozycji CN 85285970 w załączniku do rozporządzenia wykonawczego nr 698/2012, do którego odwołano się w postanowieniu odsyłającym. W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rozporządzenie klasyfikacyjne ma charakter generalny, jako że znajduje zastosowanie nie do pojedynczego podmiotu gospodarczego, ale do ogółu towarów takich samych jak towar badany przez Komitet Kodeksu Celnego. Aby określić – w ramach wykładni rozporządzenia klasyfikacyjnego – zakres jego zastosowania, należy uwzględnić między innymi jego uzasadnienie (wyrok z dnia 22 marca 2017 r., GROFA i in., C‑435/15 i C‑666/15 , EU:C:2017:232 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). O ile rozporządzenie klasyfikacyjne nie ma bezpośredniego zastosowania do produktów, które nie są identyczne z produktem będącym przedmiotem tego rozporządzenia, a jedynie analogiczne do niego, to ma ono zastosowanie do tych produktów w drodze analogii. Stosowanie w drodze analogii rozporządzenia klasyfikującego do produktów analogicznych do tych, o których mowa w rozporządzeniu, sprzyja bowiem spójnej wykładni CN, a także równemu traktowaniu podmiotów gospodarczych (wyrok z dnia 22 marca 2017 r., GROFA i in., C‑435/15 i C‑666/15 , EU:C:2017:232 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). Jednakże, aby rozporządzenie klasyfikacyjne miało zastosowanie w drodze analogii, konieczne jest, by towary podlegające klasyfikacji i towary wskazane w owym rozporządzeniu były wystarczająco podobne. W tym względzie należy jednak wziąć również pod uwagę uzasadnienie owego rozporządzenia (wyrok z dnia 22 marca 2017 r., GROFA i in., C‑435/15 i C‑666/15 , EU:C:2017:232 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszym przypadku, o ile sąd odsyłający odrzuca bezpośrednie stosowanie rozporządzenia wykonawczego nr 698/2012, ponieważ żadna ze stron w postępowaniu głównym nie twierdzi, że sporne urządzenie jest identyczne z trzecim produktem opisanym w załączniku do tego rozporządzenia, o tyle sąd ten zastanawia się nad zastosowaniem tego rozporządzenia w drodze analogii. Tymczasem w świetle ustaleń faktycznych dokonanych przez ten sąd w odniesieniu do urządzenia spornego w postępowaniu głównym, należy stwierdzić, że owo urządzenie i trzeci produkt opisany w załączniku do rozporządzenia wykonawczego nr 698/2012 nie wykazują tego rodzaju podobieństw, które uzasadniałyby analogiczne zastosowanie tego rozporządzenia. Produkt ten spełnia bowiem rzeczywistą funkcję nadawczą, a ponadto posiada w ramach funkcji wyświetlania ekran o przekątnej 7 cali, czyli 18 cm i może zostać do niego podłączony dodatkowy wyświetlacz. Jest on również wyposażony w złącza umożliwiające odbiór sygnałów wideo ze źródeł zewnętrznych, takich jak kamera cofania lub tuner DVB-T. Posiada on ponadto dwa urządzenia do zdalnego sterowania. Natomiast, jak wskazano w pkt 35 i 37 niniejszego wyroku, produkt będący przedmiotem sporu w postępowaniu głównym nie oferuje takich funkcji, względnie posiada mniej wydajne właściwości. Tak więc rozporządzenie wykonawcze nr 698/2012 nie ma zastosowania ani bezpośrednio, ani przez analogię do urządzeń takich, jak rozpatrywane w postępowaniu głównym. W świetle powyższych rozważań na postawione pytania prejudycjalne należy odpowiedzieć, że CN w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia wykonawczego 2015/1754 należy interpretować w ten sposób, że urządzenie wielofunkcyjne w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, takie jak sporne w postępowaniu głównym, które zawiera w tej samej obudowie, w ramach funkcji podstawowej monitor do radionawigacji w związku z zainstalowanymi fabrycznie aplikacjami do nawigacji GPS, oraz, pomocniczo aparaturę odbiorczą do nadawania radiofonii, aparaturę do odtwarzania audio i wideo oraz ekran o przekątnej 5 cali (12,7 cm) należy klasyfikować do podpozycji 85269120 tej nomenklatury. W przedmiocie kosztów Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje: Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r., należy interpretować w ten sposób, że urządzenie wielofunkcyjne w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, takie jak sporne w postępowaniu głównym, które zawiera w tej samej obudowie, w ramach funkcji podstawowej monitor do radionawigacji w związku z zainstalowanymi fabrycznie aplikacjami do nawigacji GPS, oraz, pomocniczo aparaturę odbiorczą do nadawania radiofonii, aparaturę do odtwarzania audio i wideo oraz ekran o przekątnej 5 cali (12,7 cm) należy klasyfikować do podpozycji 85269120 tej nomenklatury. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: rumuński.

62019CJ0218

es

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 45 TFUE y 49 TFUE, en relación con los requisitos establecidos por la normativa nacional para el acceso a la profesión de abogado. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Sra. Adina Onofrei y el conseil de l’ordre des avocats de Paris (Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de París, Francia), el bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris (Decano del Colegio de Abogados de París, Francia), así como el procureur général près la cour d’appel de Paris (Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de París, Francia), relativo a su solicitud de inscripción en el Colegio de Abogados. Marco jurídico Derecho francés En relación con el acceso a la profesión de abogado, el artículo 11 de la loi n. o 71‑1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, (Ley n. o 71 1130, de Reforma de Ciertas Profesiones Judiciales y Jurídicas), de 31 de diciembre de 1971 (en lo sucesivo, «Ley n. o 71 1130»), en la versión aplicable al litigio principal, dispone: «Solo podrán ejercer la profesión de abogado quienes cumplan los siguientes requisitos: 1. o tener la nacionalidad francesa o la de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo […] 2. o ser titular, sin perjuicio de las disposiciones normativas adoptadas para la aplicación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y Consejo, de 7 de septiembre de 2005, [relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales ( DO 2005, L 255, p. 22 ),] en su versión modificada, y de las relativas a las personas que hayan ejercido ciertas funciones o actividades en Francia, de al menos el título de licenciado en Derecho o de títulos o diplomas que hayan sido reconocidos como equivalentes para el ejercicio de la profesión mediante decreto conjunto del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Universidades; 3. o ser titular del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado, sin perjuicio de las disposiciones normativas mencionadas en el punto 2. o […] […]». En cuanto a las disposiciones reglamentarias, el artículo 98 del décret n. o 91‑1197, organisant la profession d’avocat (Decreto n. o 91‑1197, por el que se regula el ejercicio de la profesión de abogado), de 27 de noviembre de 1991 (en lo sucesivo, «Decreto n. o 91‑1197»), en su versión aplicable al litigio principal, establece: «Estarán exentos de la formación teórica y práctica y del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado: […] 4. o Los funcionarios y antiguos funcionarios de grupo A, o las personas asimiladas a los funcionarios de esta categoría, que hayan ejercido en esta calidad actividades jurídicas durante al menos ocho años en una administración, en un servicio público o en una organización internacional; […]». Según el artículo 5 bis de la loi n. o 83‑634, portant droits et obligations des fonctionnaires (Ley n. o 83‑634, reguladora de los Derechos y Obligaciones de los Funcionarios), de 13 de julio de 1983 (en lo sucesivo «Ley n. o 83‑634»), en su versión aplicable al litigio principal, «los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo distinto de Francia podrán acceder, en las condiciones establecidas en el estatuto general, a los cuerpos, escalas y puestos de trabajo [de la administración]. No obstante, no podrán acceder a aquellos puestos cuyas atribuciones, o bien no puedan, en sí mismas, deslindarse del ejercicio de la soberanía, o bien impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio de prerrogativas del poder público del Estado de otras entidades públicas. […]» Litigio principal y cuestiones prejudiciales La Sra. Onofrei, funcionaria de la Comisión Europea, solicitó inscribirse en el Colegio de Abogados de París, acogiéndose al beneficio de dispensa establecido en el artículo 98, punto 4, del Decreto n. o 91‑1197. Del expediente que obra en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, tras observar que la Sra. Onofrei, titular de una maîtrise (licenciatura), de un diplôme d’études approfondies (diploma de estudios avanzados) y de un doctorado en Derecho, expedidos por universidades francesas, cumplía el requisito de titulación establecido en el artículo 11, punto 2, de la Ley n. o 71‑1130, el conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris (Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de París) desestimó, no obstante, su solicitud argumentando que, al no haber ejercido nunca sus funciones en una administración o en un servicio público que se rija por el estatuto de la función pública francesa y no haber sido nunca destinada en comisión de servicios por una administración pública francesa o un servicio público de Francia a una organización internacional, no cumplía los requisitos establecidos para esta vía de acceso excepcional a la profesión de abogado. La cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) ratificó dicha resolución. Fundamentó su razonamiento en la premisa de que la voluntad de asegurarse de que el abogado tenga unos conocimientos suficientes del Derecho nacional pretende garantizar que los justiciables puedan ejercer su derecho de defensa de forma plena, pertinente y eficaz, dado que, aunque numerosas normas europeas forman parte del Derecho nacional, este último conserva una especificidad y no está limitado a tales normas. A continuación, al comprobar que las funciones desempeñadas por la Sra. Onofrei en la Comisión correspondían al ámbito del Derecho de la Unión relativo al mercado interior, a las ayudas estatales, a las prácticas colusorias y a las nuevas disposiciones europeas en materia de mejora de la legislación, dedujo de ello que no había acreditado ninguna práctica en el ámbito del Derecho nacional. La Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), ante el que se ha interpuesto un recurso de casación que versa, en particular, sobre la vulneración de la libre circulación de trabajadores y de la libertad de establecimiento, alberga dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la denegación de inscripción de la Sra. Onofrei en el Colegio de Abogados de París. Al examinar el Derecho nacional, dicho órgano jurisdiccional comprueba, en primer lugar, que, a tenor de la Ley n. o 71‑1130, el abogado puede ejercer su profesión por cuenta propia o por cuenta ajena. A continuación, señala que el artículo 11 de dicha Ley supedita el acceso a dicha profesión al requisito de que el candidato haya ejercido ciertas funciones o actividades en Francia y que cabe considerar que el artículo 98, 4. o , del Decreto n. o 91‑1197, por una parte, supedita la dispensa de formación y titulación para dicho acceso a la exclusiva pertenencia a la función pública francesa y, por otra parte, que supedita la dispensa al conocimiento del Derecho nacional «de origen francés». Dicho órgano jurisdiccional deduce de ello que puede considerarse que la medida nacional resultante de la combinación de dichos textos introduce una restricción a la libre circulación de los trabajadores o a la libertad de establecimiento. El órgano jurisdiccional remitente considera necesario determinar previamente si dicha medida se aplica indistintamente a los nacionales del Estado miembro de acogida o de establecimiento y a los nacionales de los otros Estados miembros o si presenta un carácter discriminatorio. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional señala, en particular, que resulta del artículo 5 bis de la Ley n. o 83‑634 que, a excepción de ciertos puestos relacionados con el ejercicio de la soberanía o de prerrogativas de poder público, los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión pueden acceder a la función pública francesa, de manera que la dispensa controvertida en el litigio principal está supeditada a la pertenencia a una administración que, con ser nacional, está abierta, en gran parte, a todos los nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente considera que, habida cuenta de que el beneficio de esta dispensa se basa en criterios relativos al ejercicio de ciertas funciones o actividades en Francia, al conocimiento del Derecho nacional y a la pertenencia a la función pública francesa, ello implica, de hecho, que solo se puede conceder tal dispensa a los miembros de la administración francesa que hayan ejercido su actividad profesional en el territorio francés, que en su gran mayoría serán de nacionalidad francesa, y debe denegarse a los agentes de la función pública de la Unión, aun cuando estos hayan ejercido, fuera del territorio francés, actividades jurídicas en el ámbito del Derecho nacional «de origen francés». En consecuencia, podría considerarse que la normativa nacional de que se trata en el litigio principal introduce una discriminación indirecta en razón de la nacionalidad, suponiendo que la función pública francesa y la función pública de la Unión puedan considerarse entidades objetivamente comparables. Por último, el órgano jurisdiccional remitente concluye que, en cualquier caso, para que las restricciones de que se trata puedan justificarse por razones imperiosas de interés general o por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública, deberían ser adecuadas para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para alcanzarlo. Desde esta perspectiva, subraya que la normativa nacional de que se trata en el litigio principal no impone, a los efectos del examen de una solicitud de dispensa de formación y titulación, el conocimiento, por el candidato, de un ámbito del Derecho nacional que esté específicamente relacionado con la organización de los órganos jurisdiccionales nacionales o con el procedimiento ante los mismos. En tales circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se opone el principio según el cual el [Tratado CEE], convertido, tras modificaciones, en el [Tratado FUE], ha creado un ordenamiento jurídico propio, integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros y que se impone a sus órganos jurisdiccionales, a una normativa nacional que supedita la concesión de una dispensa del cumplimiento de los requisitos de formación y de titulación establecidos, en principio, para el acceso a la profesión de abogado a la exigencia de que el solicitante de la dispensa tenga un conocimiento suficiente del Derecho nacional de origen francés, excluyendo de este modo la toma en consideración de un conocimiento similar referido exclusivamente al Derecho de la Unión Europea? 2) ¿Se oponen los artículos 45 TFUE y 49 TFUE a una normativa nacional que reserva el beneficio de una dispensa del cumplimiento de los requisitos de formación y de titulación establecidos, en principio, para el acceso a la profesión de abogado a algunos agentes de la función pública del mismo Estado miembro que hayan ejercido en esta calidad, en Francia, actividades jurídicas en una administración o un servicio público o en una organización internacional, y que excluye del beneficio de esta dispensa a los agentes o antiguos agentes de la función pública europea que han ejercicio en esta calidad actividades jurídicas, en uno o varios ámbitos del Derecho de la Unión Europea, en la Comisión Europea?» Sobre las cuestiones prejudiciales Por lo que se refiere a la «dispensa del cumplimiento de los requisitos de formación y de titulación establecidos, en principio, para el acceso a la profesión de abogado» a que se hace mención en las dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente aclaró, a petición del Tribunal de Justicia, que esos términos se refieren a la dispensa, prevista en el párrafo primero del artículo 98 del Decreto n. o 91‑1197, de la formación teórica y práctica impartida por los centres régionaux de formation professionnelle (Centros Regionales de Formación Profesional) y del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado. En cuanto a la exigencia de que la dispensa de la formación teórica y práctica y del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado, a efectos del acceso a la profesión, vaya dirigida, a tenor de la segunda cuestión prejudicial, a algunos agentes de la función pública francesa, el Gobierno francés rebate esta interpretación de la normativa nacional y sostiene que tal requisito ha de interpretarse en sentido amplio, de forma que abarque las funciones públicas europeas o de los demás Estados miembros, además de la función pública francesa. Procede recordar que, en un procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia solo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en relación con la situación fáctica y jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de proporcionar a este los elementos útiles para la solución del litigio que se le ha sometido (véase la sentencia de 6 de julio de 2017, Air Berlin, C‑290/16 , EU:C:2017:523 , apartado ). En estas circunstancias, procede examinar la segunda cuestión prejudicial partiendo de la premisa, que es la del órgano jurisdiccional remitente, de que la normativa nacional pertinente en el marco del litigio principal establece que la dispensa de la formación teórica y práctica y del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado, a efectos del acceso a la profesión, solo se contempla para algunos agentes pertenecientes a la función pública francesa. Por otra parte, como señala el Abogado General en el punto 36 de sus conclusiones, de la resolución de remisión y de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se desprende que la expresión «conocimiento del Derecho francés» que figura en la citada cuestión prejudicial debe interpretarse realmente en el sentido de que se refiere a la «práctica del Derecho francés». Según el órgano jurisdiccional remitente, resulta, en efecto, de una jurisprudencia del Conseil constitutionnel (Consejo Constitucional, Francia) que la práctica de una actividad o de una función de carácter jurídico durante un período de tiempo suficiente en el territorio nacional es, precisamente, la vía a través de la cual el legislador pretendió garantizar las competencias en el ámbito del Derecho francés de las personas que ejercen la abogacía. Así pues, mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente si los artículos 45 TFUE y 49 TFUE han de interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que reserva el beneficio de una dispensa del cumplimiento de los requisitos de formación profesional y de posesión del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado, establecidos, en principio, para el acceso a la profesión de abogado, a algunos agentes de la función pública de un Estado miembro que hayan ejercido en esta calidad, en dicho Estado miembro, actividades jurídicas en el ámbito del Derecho nacional en una administración, en un servicio público o en una organización internacional, y que excluye del beneficio de esta dispensa a los funcionarios, agentes o antiguos agentes de la función pública de la Unión que hayan ejercido en esta calidad actividades jurídicas, en uno o varios ámbitos del Derecho de la Unión. Así, del expediente que obra en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, para poder beneficiarse de la “pasarela” que permite acceder a la profesión de abogado, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin pasar por la formación teórica y práctica impartida por los Centros Regionales de Formación Profesional ni la obtención del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado, el candidato debe cumplir tres requisitos acumulativos, a saber, proceder de la función pública francesa, haber trabajado en Francia en una administración pública o en una organización internacional y haber ejercido el Derecho francés. A este respecto, procede recordar que, en una situación como la del procedimiento principal, el ejercicio de actividades en el marco de la profesión regulada de abogado, normalmente retribuidas por el cliente o por el despacho donde trabaja el abogado, está comprendido en el artículo 49 TFUE. En la medida en que la retribución puede constituir un salario, puede asimismo aplicarse el artículo 45 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2003, Morgenbesser, C‑313/01 , EU:C:2003:612 , apartados y ). Asimismo, procede recordar que, a falta de armonización de los requisitos de acceso a una profesión, los Estados miembros tienen derecho a determinar los conocimientos y cualificaciones necesarios para el ejercicio de dicha profesión y a exigir la presentación de un título que certifique que se poseen dichos conocimientos y cualificaciones (sentencias de 10 de diciembre de 2009, Peśla, C‑345/08 , EU:C:2009:771 , apartado , y de 6 de octubre de 2015, Brouillard, C‑298/14 , EU:C:2015:652 , apartado ). Dado que los requisitos de acceso a la profesión de abogado de una persona que, como la Sra. Onofrei, que no está habilitada en ningún Estado miembro para ejercer esta profesión, no han sido armonizados, hasta hoy, a nivel de la Unión, los Estados miembros siguen siendo competentes para determinarlos. De ello se deduce que el Derecho de la Unión no impide que la normativa de un Estado miembro supedite el acceso a la profesión de abogado a la posesión de los conocimientos y cualificaciones que estime necesarios. Sin embargo, los Estados miembros deben ejercer sus competencias en este ámbito respetando las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE, y las disposiciones nacionales adoptadas a este respecto no pueden constituir un obstáculo al ejercicio efectivo de las libertades fundamentales garantizadas por los artículos 45 TFUE y 49 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de diciembre de 2009, Peśla, C‑345/08 , EU:C:2009:771 , apartado ). El Tribunal de Justicia ha juzgado ya que la libre circulación de personas no se realizaría plenamente si los Estados miembros pudieran negar el disfrute de dichas disposiciones a aquellos de sus nacionales que hayan hecho uso de las facilidades previstas por el Derecho de la Unión y hayan adquirido, al amparo de estas, unas cualificaciones profesionales en un Estado miembro distinto del Estado cuya nacionalidad poseen (véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2015, Brouillard, C‑298/14 , EU:C:2015:652 , apartado ). Esta consideración se aplica igualmente en el supuesto de que un nacional de un Estado miembro que haya estudiado y residido en otro Estado miembro haya adquirido, en un Estado miembro distinto de este, una experiencia profesional que pretenda hacer valer en el Estado miembro en el que ha estudiado y residido (véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2015, Brouillard, C‑298/14 , EU:C:2015:652 , apartado ). De esta manera, debe señalarse que los artículos 45 TFUE y 49 TFUE se oponen, en principio, a una medida nacional, relativa a los requisitos exigidos para la toma en consideración de una experiencia profesional a los efectos del acceso a la profesión de abogado, adquirida en un Estado miembro distinto del Estado miembro que ha adoptado tal medida, que pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio por los nacionales de la Unión, incluidos los del Estado miembro que ha adoptado tal medida, de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE. Pues bien, dado que, como se ha señalado en el apartado 22 de la presente sentencia, la normativa francesa supedita el beneficio de la “pasarela” que permite acceder a la profesión de abogado, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, sin tener que pasar por la formación teórica y práctica impartida por los Centros Regionales de Formación Profesional y la obtención del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado, a tres requisitos acumulativos que se recuerdan en dicho apartado, constituye efectivamente una medida que puede obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por los nacionales de la Unión, incluidos los del Estado miembro que ha adoptado la medida, de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE, como las que consagran los artículos 45 TFUE y 49 TFUE. Una restricción a la libertad de establecimiento únicamente podría admitirse a condición, en primer lugar, de estar justificada por una razón imperiosa de interés general y, en segundo lugar, de respetar el principio de proporcionalidad, lo que implica que sea apropiada para garantizar, de forma coherente y sistemática, la realización del objetivo perseguido y que no vaya más allá de lo necesario para su consecución [véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de noviembre de 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri, C‑169/08 , EU:C:2009:709 , apartado y jurisprudencia citada, y de 6 de octubre de 2020, Comisión/Hungría (Enseñanza superior), C‑66/18 , EU:C:2020:792 , apartado y jurisprudencia citada]. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de París y el Decano del Colegio de Abogados de París, así como el Gobierno francés, sostienen, en esencia, que la medida nacional de que se trata en el litigio principal está justificada por razones imperiosas de interés general que tienen que ver con la protección de los destinatarios de los servicios jurídicos y con la buena administración de justicia. En particular, el Gobierno francés señala que los requisitos mencionados en el apartado 22 de la presente sentencia, a los cuales la normativa francesa supedita el acceso a la profesión de abogado sin obligación de ser titular del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado, permiten garantizar la consecución del objetivo que persiguen y son necesarios a estos efectos. En efecto, según su razonamiento, dado que los justiciables no pueden verificar, por sí mismos, la calidad de los servicios prestados, corresponde, por lo tanto, al legislador establecer los requisitos para que los servicios sean de gran calidad, con objeto de garantizar la protección de aquellos. Añade que, de la misma manera, para poder funcionar de forma óptima, los tribunales de justicia deben poder contar con el auxilio de profesionales fiables, competentes y formados. A este respecto, procede señalar que, por una parte, la protección de los consumidores, en particular, de los destinatarios de los servicios jurídicos prestados por los profesionales que colaboran en la administración de justicia, y, por otra parte, la buena administración de justicia son objetivos que se encuentran entre los que pueden considerarse razones imperiosas de interés general que permiten justificar restricciones tanto a la libre prestación de servicios (sentencia de 18 de mayo de 2017, Lahorgue, C‑99/16 , EU:C:2017:391 , apartado ) como a la libre circulación de los trabajadores y a la libertad de establecimiento, tal y como señaló el Abogado General en el punto 66 de sus conclusiones (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 1984, Klopp, 107/83 , EU:C:1984:270 , apartado , y de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C‑309/99 , EU:C:2002:98 , apartado ). Pues bien, los requisitos establecidos por la normativa francesa para dispensar, en particular, a los titulares de una licenciatura en Derecho o de títulos o diplomas que hayan sido reconocidos como equivalentes para el ejercicio de la abogacía, del certificado de aptitud para ejercer dicha profesión, a saber, proceder de la función pública francesa, haber ejercido en Francia como agente de la misma y haber ejercido el Derecho francés, no resultan, en cuanto tales, inadecuados para garantizar la consecución de los objetivos tanto de protección de los destinatarios de servicios jurídicos como de buena administración de justicia. No obstante, por lo que se refiere al carácter proporcionado de estos requisitos, se impone señalar que, dado que, como se desprende del expediente que obra en poder del Tribunal de Justicia, los mismos van dirigidos a garantizar que el abogado tenga un conocimiento satisfactorio del Derecho nacional a los efectos de garantizar los objetivos tanto de protección de los destinatarios de servicios jurídicos como de buena administración de justicia, los requisitos con arreglo a los cuales el candidato debe proceder de la función pública francesa y haber ejercido en Francia como agente de la misma van más allá de lo necesario para la consecución de dichos objetivos. En este caso, no puede excluirse, a priori , que un candidato procedente de una función pública distinta de la francesa, concretamente de la función pública de la Unión, como la Sra. Onofrei, haya ejercido el Derecho francés fuera del territorio francés de una forma que le haya permitido adquirir un conocimiento satisfactorio del mismo, con mayor motivo cuando, como se desprende de la resolución de remisión, la normativa nacional de que se trata en el litigio principal no obliga, a los efectos del examen de una solicitud de dispensa de formación y titulación, a que el candidato posea conocimientos de ninguna materia de Derecho nacional específicamente relacionada con la organización judicial nacional o con los procedimientos que se sustancian ante los tribunales nacionales. En cuanto al requisito de que el candidato haya ejercido el Derecho francés, procede subrayar que, en cualquier caso, un Estado miembro tiene derecho, a la hora de definir los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión de abogado, a exigir un conocimiento satisfactorio del Derecho nacional, puesto que la habilitación para el ejercicio de esta profesión incluye la posibilidad de prestar asesoramiento o una asistencia en materia de Derecho nacional (véase, por analogía, la sentencia de 10 de diciembre de 2009, Peśla, C‑345/08 , EU:C:2009:771 , apartado , y, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Koller, C‑118/09 , EU:C:2010:805 , apartado ). Por lo tanto, el legislador francés podía lícitamente establecer, de manera autónoma, los criterios de calidad en la materia y, por consiguiente, considerar que un conocimiento satisfactorio del Derecho francés, que pueda dar acceso al ejercicio de la profesión de abogado, podía adquirirse mediante la práctica de ese Derecho durante al menos ocho años. En ese contexto, una medida que excluya que pueda adquirirse, únicamente con la práctica del Derecho de la Unión, un conocimiento satisfactorio del Derecho francés, que pueda dar acceso al ejercicio de la profesión de abogado, no puede considerarse desproporcionada en relación con los objetivos mencionados en el apartado 35 de la presente sentencia, mientras no excluya que se tenga en cuenta la pertinencia de los ámbitos en los que el interesado haya trabajado dentro de una administración pública distinta de la francesa. En particular, como señaló el Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, en la actividad que desarrolla dentro de una institución europea, un funcionario o un agente puede tener que ejercer funciones estrechamente relacionadas con el Derecho nacional de los Estados miembros. Ahora bien, debe subrayarse que el efecto útil de los artículos 45 TFUE y 49 TFUE no impone que el acceso a una actividad profesional en un Estado miembro esté sometido a requisitos inferiores a los requeridos a las personas que no hayan hecho uso de sus libertades de circulación (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de diciembre de 2009, Peśla, C‑345/08 , EU:C:2009:771 , apartado ). Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 45 TFUE y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que: – Se oponen a una normativa nacional que reserva el beneficio de una dispensa del cumplimiento de los requisitos de formación profesional y de posesión del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado establecidos, en principio, para el acceso a la profesión de abogado a algunos agentes de la función pública de un Estado miembro que hayan ejercido en ese mismo Estado miembro en esta calidad, en una administración, en un servicio público o en una organización internacional, y que excluye del beneficio de esta dispensa a los funcionarios, agentes o antiguos agentes de la función pública de la Unión Europea que hayan ejercido en esta calidad en una institución europea y fuera del territorio francés. – No se oponen a una normativa nacional que reserva el beneficio de tal dispensa al requisito de que el interesado haya ejercido actividades jurídicas en el ámbito del Derecho nacional, y que excluye del beneficio de esta dispensa a los funcionarios, agentes o antiguos agentes de la función pública de la Unión Europea que hayan ejercido en esta calidad actividades jurídicas en uno o varios ámbitos del Derecho de la Unión Europea, siempre que no excluya la toma en consideración de actividades jurídicas que requieran la práctica del Derecho nacional. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: Los artículos 45 TFUE y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que: – Se oponen a una normativa nacional que reserva el beneficio de una dispensa del cumplimiento de los requisitos de formación profesional y de posesión del certificado de aptitud para ejercer la profesión de abogado establecidos, en principio, para el acceso a la profesión de abogado a algunos agentes de la función pública de un Estado miembro que hayan ejercido en ese mismo Estado miembro en esta calidad, en una administración, en un servicio público o en una organización internacional, y que excluye del beneficio de esta dispensa a los funcionarios, agentes o antiguos agentes de la función pública de la Unión Europea que hayan ejercido en esta calidad en una institución europea y fuera del territorio francés. – No se oponen a una normativa nacional que reserva el beneficio de tal dispensa al requisito de que el interesado haya ejercido actividades jurídicas en el ámbito del Derecho nacional, y que excluye del beneficio de esta dispensa a los funcionarios, agentes o antiguos agentes de la función pública de la Unión Europea que hayan ejercido en esta calidad actividades jurídicas en uno o varios ámbitos del Derecho de la Unión Europea, siempre que no excluya la toma en consideración de actividades jurídicas que requieran la práctica del Derecho nacional. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: francés.

62010CJ0382

fr

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139, p. 1, et rectificatif JO L 226, p. 3, ci-après le «règlement»). Cette demande a été présentée dans des litiges opposant MM. Albrecht, Neumann, Sundara, Svoboda et Toth au Landeshauptmann von Wien (chef du gouvernement du Land de Vienne) au sujet de décisions concernant l’aménagement de casiers destinés à la vente en libre-service de produits de boulangerie et de pâtisserie. Le cadre juridique La réglementation de l’Union L’article 1 er du règlement, intitulé «Champ d’application», prévoit à son paragraphe 1: «Le présent règlement établit les règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte des principes suivants: a)      la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l’exploitant du secteur alimentaire; [...] d)      l’application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP [principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques], associés à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, devraient renforcer la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire; [...]» L’article 4 du règlement, intitulé «Exigences générales et spécifiques d’hygiène», énonce à son paragraphe 2: «Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires après ceux auxquels s’applique le paragraphe 1 se conforment aux règles générales d’hygiène figurant à l’annexe II [...]» L’article 5 du règlement, intitulé «Analyse des risques et maîtrise des points critiques», dispose à ses paragraphes 1 et 2: «1.      Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. 2.      Les principes HACCP sont les suivants: a)      identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable; [...]» Dans l’annexe II du règlement, intitulée «Dispositions générales d’hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l’annexe I est applicable)», le chapitre IX de cette annexe II, lui-même intitulé «Dispositions applicables aux denrées alimentaires», comporte un point 3 libellé comme suit: «À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état.» La réglementation nationale Il ressort de la décision de renvoi que, selon l’article 39, paragraphe 1, point 13, de la loi sur la sécurité des denrées alimentaires et la protection des consommateurs (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, BGBl. 2006 I, 13/2006), lorsque des infractions aux règles de droit applicables aux denrées alimentaires sont constatées, le Landeshauptmann prend les mesures nécessaires, selon la nature de l’infraction et en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de remédier à une déficience ou de réduire un risque, tout en fixant, le cas échéant, un délai adéquat ainsi que les exigences ou conditions indispensables. Ces mesures peuvent porter, notamment, sur l’exécution d’améliorations architecturales, techniques et en matière d’installations. Le coût de ces mesures est à la charge de l’entrepreneur. En vertu de l’article 90, paragraphe 3, point 1, de ladite loi, quiconque enfreint les articles 96 et 97 de celle-ci commet une infraction administrative, laquelle est sanctionnée par l’autorité administrative de district d’une amende allant jusqu’à 20 000 euros, mais pouvant atteindre 40 000 euros en cas de récidive, et, en cas de non-paiement de cette amende, d’une peine substitutive de prison allant jusqu’à six semaines. Les litiges au principal et les questions préjudicielles La juridiction de renvoi est saisie de plusieurs recours introduits par des exploitants franchisés proposant à la vente des produits de boulangerie et de pâtisserie. Les autorités compétentes ont enjoint à ces exploitants d’aménager les casiers destinés à la vente de ces produits en libre-service de telle manière que les produits en question ne puissent être saisis que par des moyens techniques, tels que des pinces ou un dispositif pousseur, et qu’il soit impossible, une fois le produit sorti du casier, de l’y remettre. Ces prescriptions font suite à des contrôles administratifs au cours desquels il a été constaté que, dans les commerces alimentaires en cause au principal, des casiers ont été installés en vue de la vente en libre-service de produits de boulangerie et de pâtisserie. Selon les constats effectués, les couvercles de ces casiers sont pourvus de poignées, permettant de soulever ceux-ci d’une main, tandis que de l’autre, il est possible de se saisir des produits au moyen d’une pince mise à la disposition du client. Celui-ci doit ensuite reposer la pince et refermer le couvercle. Le Landeshauptmann von Wien a considéré que ces casiers de vente en libre-service présentent l’inconvénient de permettre aux clients de saisir et de toucher les marchandises à main nue, ainsi que de les exposer à leurs toux et à leurs éternuements. De plus, cette autorité a souligné le fait que le dispositif en place n’empêche pas le client de remettre une marchandise dans le casier. Selon ladite autorité, l’exposition de ces produits alimentaires aux éternuements des clients est susceptible de provoquer le dépôt, sur ceux-ci, de germes et de virus. De même, le fait de saisir les aliments à main nue pourrait contribuer à la transmission de germes. Devant la juridiction de renvoi, les requérants au principal font valoir que les casiers en cause ont été importés d’Allemagne où ils sont utilisés, par centaines, voire par milliers, dans les commerces alimentaires. Jusqu’ici, les autorités allemandes n’auraient jamais jugé ces casiers non conformes, notamment, aux prescriptions de l’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement. Les requérants au principal soulignent également le fait que les clients sont expressément invités à ne pas remettre les marchandises dans les casiers. La juridiction de renvoi ajoute qu’il ressort d’expertises provenant tant d’Allemagne que d’Autriche que lesdits casiers ne posent pas de problèmes en matière d’hygiène. Considérant que la solution des litiges dont il est saisi nécessite l’interprétation de l’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement, l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1)      Quels sont les critères qui permettent de déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine au sens de l’annexe II, chapitre IX, point 3, du [règlement]? Suffit-il pour cela qu’un acheteur potentiel ait pu toucher une denrée proposée à la vente ou éternuer sur celle-ci? 2)      Quels sont les critères qui permettent de déterminer si une denrée alimentaire est dangereuse pour la santé au sens de l’annexe II, chapitre IX, point 3, du [règlement]? Suffit-il pour cela qu’un acheteur potentiel ait pu toucher une denrée proposée à la vente ou éternuer sur celle-ci? 3)      Quels sont les critères qui permettent de déterminer s’il y a contamination de telle manière qu’une denrée alimentaire ne pourrait plus être raisonnablement considérée comme pouvant être consommée en l’état au sens de l’annexe II, chapitre IX, point 3, du [règlement]? Suffit-il pour cela qu’un acheteur potentiel ait pu toucher une denrée proposée à la vente ou éternuer sur celle-ci?» Sur les questions préjudicielles Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, s’agissant de casiers destinés à la vente en libre-service de produits de boulangerie et de pâtisserie, le fait qu’un acheteur potentiel ait théoriquement pu toucher à main nue les denrées proposées à la vente ou éternuer sur celles-ci permet, en lui‑même, de constater que ces denrées n’ont pas été protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état. À cet égard, il y a lieu de relever que ledit point 3 édicte une règle générale d’hygiène à laquelle les exploitants du secteur alimentaire, visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement, sont tenus de se conformer en vertu de cette même disposition. Le même point 3, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, du règlement, oblige ainsi lesdits exploitants, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, à protéger les denrées alimentaires contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état. S’agissant du contexte desdites dispositions, dont il y a notamment lieu, conformément à une jurisprudence constante, de tenir compte afin de les interpréter (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Feltgen et Bacino Charter Company, C‑116/10, non encore publié au Recueil, point 12 et jurisprudence citée), il convient de prendre en considération l’article 5 du règlement, ainsi que le font valoir à bon droit les requérants au principal, les gouvernements tchèque et néerlandais, ainsi que la Commission européenne. En vertu du paragraphe 1 dudit article 5, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de mettre en place, d’appliquer et de maintenir une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Parmi ces principes figure celui visé à l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement, qui exige d’identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable. Ainsi qu’il ressort, notamment, de l’article 1 er , paragraphe 1, sous a) et d), du règlement, l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, de celui-ci exprime l’objectif du législateur de l’Union d’attribuer la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire aux exploitants du secteur alimentaire. Or, l’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement doit être interprétée sans que l’article 5 de ce règlement soit privé d’effet utile. Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, où il n’apparaît pas qu’une contamination effective ait été constatée par les autorités compétentes, il ne saurait être conclu à une violation de ce point 3 par les exploitants du secteur alimentaire concernés sur la base de la seule constatation qu’un acheteur potentiel ait théoriquement pu toucher à main nue les denrées proposées à la vente ou éternuer sur celles-ci, sans qu’il soit tenu compte des mesures que ces exploitants ont prises en vertu de l’article 5 du règlement afin de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable le danger qu’une contamination visée à l’annexe II, chapitre IX, point 3, de ce règlement est susceptible de présenter et sans constater le caractère insuffisant des mesures prises à cet égard en tenant compte de l’ensemble des données pertinentes disponibles. À ce dernier égard, il ne saurait notamment être conclu au caractère insuffisant de ces mesures sans que soient dûment prises en considération les éventuelles expertises que ces mêmes exploitants ont présentées pour démontrer que de tels casiers, destinés à la vente en libre-service, ne posent pas de problèmes en matière d’hygiène. Il convient, par conséquent, de répondre aux questions posées que l’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, s’agissant de casiers destinés à la vente en libre-service de produits de boulangerie et de pâtisserie, le fait qu’un acheteur potentiel ait théoriquement pu toucher à main nue les denrées proposées à la vente ou éternuer sur celles-ci ne permet pas, en lui‑même, de constater que ces denrées n’ont pas été protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état. Sur les dépens La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit: L’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, s’agissant de casiers destinés à la vente en libre-service de produits de boulangerie et de pâtisserie, le fait qu’un acheteur potentiel ait théoriquement pu toucher à main nue les denrées proposées à la vente ou éternuer sur celles-ci ne permet pas, en lui‑même, de constater que ces denrées n’ont pas été protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état. Signatures * Langue de procédure: l’allemand.

62018TJ0545

pl

Okoliczności powstania sporu Skarżący, YL, jest urzędnikiem zatrudnionym w dyrekcji generalnej (DG) [ poufne ] ( ) Komisji Europejskiej od dnia 16 maja 2010 r. Od dnia 1 stycznia 2012 r. jest zaszeregowany w grupie AD 6. Od 6 stycznia 2014 r. do 15 stycznia 2016 r. skarżący przebywał na urlopie z przyczyn osobistych. Decyzją z dnia 23 marca 2016 r. (zwaną dalej „decyzją z dnia 23 marca 2016 r.”) organ powołujący Komisji nałożył na skarżącego karę w postaci przeniesienia na niższy stopień z tego powodu, że po pierwsze, uzyskał w sposób nieprawidłowy jeden dzień zwolnienia chorobowego w dniu 18 czerwca 2013 r., w którym uczestniczył w działalności politycznej, po drugie, w dniu 6 lutego 2014 r. opublikował na swojej prywatnej witrynie internetowej „polemiczny” artykuł dotyczący Unii Europejskiej, nie informując o tym wcześniej organu powołującego, po trzecie, w okresie od 11 kwietnia do 1 maja 2014 r. kierował do dziennikarzy wypowiedzi mogące stwarzać ryzyko dla reputacji Komisji, po czwarte, przebywając na urlopie z przyczyn osobistych, nie poinformował organu powołującego o tym, że w dniu 30 marca 2014 r. został wybrany do pełnienia funkcji publicznych, oraz po piąte, w okresie od 25 lutego do 15 kwietnia 2014 r. wykonywał działalność dodatkową, nie zwróciwszy się uprzednio o pozwolenie organu powołującego. Skarżący nie wniósł zażalenia na decyzję z dnia 23 marca 2016 r. Pismem z listopada 2017 r. dyrektor generalny DG [ poufne ] poinformował skarżącego, że zgodnie z zaleceniami wspólnego komitetu ds. awansów zostanie on awansowany do grupy zaszeregowania AD 7 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2017 r. W dniu 13 listopada 2017 r. organ powołujący opublikował listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu (2017). Lista ta nie zawierała nazwiska skarżącego. W dniu 12 lutego 2018 r. skarżący złożył zażalenie na decyzję organu powołującego o nieawansowaniu go. Podniósł on w szczególności, że do tych celów organ powołujący nie mógł brać pod uwagę decyzji z dnia 23 marca 2016 r. W dniu 8 czerwca 2018 r. organ powołujący oddalił zażalenie skarżącego, uzasadniając to w ten sposób, że art. 45 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”) nie zawiera wyczerpującego wykazu kryteriów, które należy uwzględniać przy przewidzianym w tym artykule porównywaniu osiągnięć, a zatem możliwe było wzięcie pod uwagę, do celów tego porównania, decyzji z dnia 23 marca 2016 r. Ponadto organ powołujący wskazał, że pojęcie „postawy w ramach służby” może również stanowić jedno z tych kryteriów. Przebieg postępowania i żądania stron Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 11 września 2018 r. skarżący wniósł niniejszą skargę. W dniu 14 grudnia 2018 r. Komisja złożyła w sekretariacie Sądu odpowiedź na skargę. Skarżący wnosi do Sądu o: – stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD 7 w ramach postępowania w sprawie awansu 2017; – stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie; – awansowanie go do grupy zaszeregowania AD 7 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r.; – zasądzenie zadośćuczynienia, szacowanego na kwotę 100000 EUR, za krzywdę wynikającą z wydania decyzji o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD 7 w ramach postępowania w sprawie awansu 2017; – obciążenie Komisji kosztami postępowania, szacowanymi na 10000 EUR. Komisja wnosi do Sądu o: – oddalenie skargi; – obciążenie skarżącego kosztami postępowania. Co do prawa Tytułem wstępu należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zażalenie pracownika i jego oddalenie przez właściwy organ stanowią integralną część złożonej procedury, w związku z czym skarga – nawet jeśli skierowano ją formalnie przeciwko oddaleniu zażalenia pracownika – skutkuje rozpatrzeniem przez Sąd niekorzystnego aktu, na który złożono zażalenie (wyroki: z dnia 17 stycznia 1989 r., Vainker/Parlament, 293/87 , EU:C:1989:8 , pkt ; z dnia 25 października 2018 r., KF/Satcen, T‑286/15 , EU:T:2018:718 , pkt ). Wynika stąd, że zarzut zmierzający do uzyskania stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącego należy postrzegać jako zarzut zmierzający do uzyskania stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD 7 w ramach postępowania w sprawie awansu 2017 (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”). O ile skarżący podnosi formalnie dwa odrębne zarzuty, z których pierwszy dotyczy oczywistego naruszenia normy prawnej, a drugi nadużycia władzy i procedury, o tyle należy przyjąć, że zarzuty te składają się w istocie na jeden zarzut, zasadzający się na tym, że uwzględnienie decyzji z dnia 23 marca 2016 r. w ramach porównania osiągnięć, przewidzianego w art. 45 regulaminu pracowniczego, wywołało skutek w postaci ukarania go po raz drugi za te same czyny. Skarżący twierdzi zatem, że organ powołujący jednocześnie naruszył art. 45 regulaminu pracowniczego, jak również art. 9 ust. 3 załącznika IX do regulaminu pracowniczego i zasadę ne bis in idem, a także dopuścił się nadużycia władzy i procedury. Komisja kwestionuje argumenty skarżącego. Zgodnie z art. 9 ust. 3 załącznika IX do regulaminu pracowniczego, w którym powtórzono ogólną zasadę prawa Unii ne bis in idem, pojedyncze przewinienie służbowe może powodować zastosowanie tylko jednej kary dyscyplinarnej. Ponadto z art. z 44 i 45 regulaminu pracowniczego wynika, że w odróżnieniu od przeniesienia o stopień wyżej, polegającego na tym, że urzędnicy przechodzą na wyższy stopień co do zasady automatycznie po upływie określonego czasu, przyznanie awansu następuje wyłącznie po przeprowadzeniu porównania osiągnięć urzędników, którzy mogą ubiegać się o ten awans. Wynika stąd, że zgodnie z art. 9 ust. 1 załącznika IX do regulaminu pracowniczego odroczenie przeniesienia na wyższy stopień, podobnie jak, a fortiori, przeniesienie na niższy stopień, stanowi karę. Jednak odmowa przyznania awansu, o której zresztą przepis ten nie wspomina, nie może co do zasady być postrzegana jako kara, ponieważ opiera się ona na porównaniu osiągnięć urzędników, którzy mogą ubiegać się o rzeczony awans. W tej kwestii należy zauważyć, że zgodnie z art. 45 regulaminu pracowniczego organ powołujący, porównując osiągnięcia, „uwzględnia w szczególności sprawozdania dotyczące urzędników, posługiwanie się przez nich w ramach pełnionych obowiązków innymi językami niż języki, których biegłą znajomość wykazali […], oraz zakres ich odpowiedzialności”. Poprzez użycie wyrażenia „w szczególności” art. 45 regulaminu pracowniczego precyzuje trzy zasadnicze kryteria, które należy obligatoryjnie wziąć pod uwagę przy porównywaniu osiągnięć. Nie wyklucza on jednak wzięcia pod uwagę innych kryteriów, które również mogą dostarczać wskazówek dotyczących osiągnięć urzędników uprawnionych do ubiegania się o awans (wyroki: z dnia 28 września 2011 r., AC/Rada, F‑9/10 , EU:F:2011:160 , pkt ; z dnia 14 listopada 2012 r., Bouillez/Rada, F‑75/11 , EU:F:2012:152 , pkt ). Tak więc przewinienie służbowe, jako że stanowi uchybienie obowiązkom ciążącym na urzędniku na mocy regulaminu pracowniczego, może zostać uwzględnione przez organ powołujący w celu ewentualnego wyłączenia z awansu kandydatury danego urzędnika (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 23 lutego 2001 r., De Nicola/EBI, T‑7/98, T‑208/98 i T‑109/99 , EU:T:2001:69 , pkt ). W interesie instytucji leży bowiem, by na stanowiska wiążące się z odpowiedzialnością powoływane były wyłącznie osoby o nienagannej postawie zawodowej (wyrok z dnia 2 kwietnia 1998 r., Apostolidis/Trybunał Sprawiedliwości, T‑86/97 , EU:T:1998:71 , pkt ). Wreszcie należy przypomnieć, że o ile zgodnie z art. 5 ust. 7 decyzji Komisji C(2013) 8968 final z dnia 16 grudnia 2013 r. ustanawiającej ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego wspólny komitet ds. awansów przedkłada Radzie wykaz urzędników, których awansowanie zaleca, o tyle jedynie organ powołujący jest odpowiedzialny za decyzje w sprawie awansu oraz za porównanie osiągnięć przewidziane w art. 45 regulaminu pracowniczego (zob. podobnie wyrok z dnia 14 listopada 2017 r., HL/Komisja, T‑668/16 P , niepublikowany, EU:T:2017:802 , pkt ). W tych okolicznościach, po pierwsze, należy wskazać, że organ powołujący z jednej strony nie był związany zaleceniami wspólnego komitetu ds. awansów, a z drugiej strony miał prawo do uwzględnienia decyzji z dnia 23 marca 2016 r. w ramach przewidzianego w art. 45 regulaminu pracowniczego porównywania osiągnięć w kontekście odmowy przyznania awansu skarżącemu. Wniosku tego nie podważa argument skarżącego, w którym zarzuca on organowi powołującemu, że w decyzji o oddaleniu jego zażalenia uznał, że pojęcie „postawy w ramach służby” może obejmować decyzję z dnia 23 marca 2016 r. lub czyny ukarane tą decyzją. Z jednej bowiem strony, w zakresie, w jakim argument ten mógłby opierać się na pojęciu „postawy w ramach służby” figurującym w art. 43 regulaminu pracowniczego, należy zauważyć, że ma ono związek z treścią sprawozdań z oceny urzędników, które – jak przypomniano w pkt 20 powyżej – stanowią tylko jedno z kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy przewidzianym w art. 45 regulaminu pracowniczego porównywaniu osiągnięć. Z drugiej strony, mimo podniesionej przez skarżącego okoliczności, że czyny ukarane decyzją z dnia 23 marca 2016 r. nie pozostawały, stosownie do jej brzmienia, „w związku z jego funkcjami i zakresem obowiązków w ramach DG [ poufne ]” lub, a fortiori, miały miejsce podczas jego urlopu z przyczyn osobistych, wystarczy stwierdzić, że czyny te dotyczyły jednak uchybień obowiązkom, jakie na nim ciążyły ze względu na jego status urzędnika, a zatem stanowiły wskazówkę dotyczącą jego osiągnięć w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 20 powyżej. Tak więc nawet okoliczność, że część tych czynów miała miejsce podczas urlopu skarżącego z przyczyn osobistych, nie stała sama w sobie na przeszkodzie wzięciu ich pod uwagę przy przewidzianym w art. 45 regulaminu pracowniczego porównywaniu osiągnięć. Po drugie, należy stwierdzić, że skarżący nie przedstawia żadnego dowodu pozwalającego wykazać, że zaskarżona decyzja została wydana nie na podstawie przewidzianego w art. 45 regulaminu pracowniczego porównania osiągnięć, lecz w celu powtórnego ukazania go za te same czyny, które leżały u podstaw decyzji z dnia 23 marca 2016 r. W tej kwestii skarżący ogranicza się bowiem do twierdzenia z jednej strony, że organ powołujący odmówił przyznania mu awansu, nie poinformowawszy o tym wcześniej DG [ poufne ], a z drugiej strony – że DG ds. Zasobów Ludzkich prowadzi politykę odmawiania awansu urzędnikom, na których nałożono karę, i to pomimo zaleceń wspólnego komitetu ds. awansów. Należy jednak, po pierwsze, zauważyć, że okoliczność, iż DG [ poufne ] spodziewała się, że skarżący zostanie awansowany, w związku czym jej dyrektor generalny błędnie oznajmił mu, że uzyska on awans w ramach postępowania w sprawie awansu 2017, nie jest okolicznością mogącą wykazać, że zaskarżona decyzja została wydana w celu ukarania go, a nie jako rezultat porównania osiągnięć zgodnie z art. 45 regulaminu pracowniczego. Po drugie, należy wskazać, że w celu wykazania istnienia polityki odmawiania awansu, o której wspomina skarżący, ogranicza się on do przedstawienia sprawozdania ze spotkania między innymi przedstawicieli organizacji związkowych i dyrektora DG ds. Zasobów Ludzkich oraz noty skierowanej przez te organizacje związkowe do rzeczonego dyrektora generalnego. Tymczasem z dokumentów tych wynika, że zdaniem organizacji związkowych decyzja o nieawansowaniu urzędników, na których nałożono karę, „może prowadzić” do dwukrotnego ukarania urzędników, w związku z czym organizacje te oraz Komisja powinny wynegocjować „jasne ramy prawne”. Jednak okoliczność, że organ powołujący odmówił przyznania awansu innym urzędnikom, na których wcześniej nałożono karę, oraz że rzeczone organizacje związkowe stoją na stanowisku – bez dalszych uściśleń – że przepisy dotyczące porównywania osiągnięć tych urzędników nie są wystarczająco jasne, sama w sobie nie może wykazać, że w niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została wydana w celu ukarania skarżącego, a nie jako rezultat przewidzianego w art. 45 regulaminu pracowniczego porównania osiągnięć. Po trzecie, o ile skarżący twierdzi, że przedstawił „dostatecznie dużo istotnych dla sprawy i spójnych poszlak” w celu wykazania, że przy porównywaniu zasług, o którym mowa w art. 45 regulaminu pracowniczego, organ powołujący popełnił oczywisty błąd w ocenie, o tyle wystarczy zauważyć, że twierdzeniu temu nie towarzyszy żadne uściślenie umożliwiające ocenę jego zasadności. Wynika stąd, że w niniejszej sprawie nie wykazano ani naruszenia art. 45 regulaminu pracowniczego, ani naruszenia art. 9 ust. 3 załącznika IX do regulaminu pracowniczego i zasady ne bis in idem, ani nadużycia władzy, której nadużycie procedury stanowi tylko jedną z postaci (wyrok z dnia 2 kwietnia 1998 r., Apostolidis/Trybunał Sprawiedliwości, T‑86/97 , EU:T:1998:71 , pkt ). Wniosku tego nie podważają pozostałe argumenty skarżącego. Skarżący twierdzi bowiem, że karanie go przez organ powołujący poprzez odmowę awansu z jednej strony pozwala organowi powołującemu na to, by nie „określić końca czasu blokowania [jego] kariery”, z naruszeniem zasady pewności prawa, a z drugiej strony pozbawia go prawa do skutecznego środka prawnego, ponieważ nie mógł on skutecznie zaskarżyć „pełnego skutku, który [organ powołujący] zamierzał zapewnić” decyzji z dnia 23 marca 2016 r. Wystarczy jednak stwierdzić, że argumenty wspomniane w pkt 33 powyżej opierają się na błędnym założeniu, że zaskarżona decyzja stanowi karę, co – jak zauważono w pkt 27 powyżej – nie zostało w niniejszej sprawie wykazane. Ponadto zaskarżonej decyzji nie można postrzegać w ten sposób, że skutkuje ona nieograniczonym i arbitralnym zablokowaniem kariery skarżącego, z naruszeniem zasady pewności prawa. Po pierwsze bowiem, organ powołujący wziął pod uwagę decyzję o ukaraniu wydaną w dniu 23 marca 2016 r., to jest w trakcie roku bezpośrednio poprzedzającego postępowanie w sprawie awansu 2017. Po drugie, zaskarżona decyzja nie stoi na przeszkodzie temu, by skarżący mógł, w stosownym przypadku, uzyskać awans w ramach kolejnego postępowania w sprawie awansu, co zresztą nastąpiło w postępowaniu w sprawie awansu 2018. W tym stanie rzeczy jedyny zarzut należy oddalić jako bezzasadny. W związku z tym należy oddalić żądania skarżącego mające na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, a w konsekwencji oddalić żądania mające na celu, po pierwsze, awansowanie go do grupy zaszeregowania AD 7 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r., oraz po drugie, zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną mu w jego przekonaniu poprzez wydanie rzeczonej decyzji. W przedmiocie kosztów Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy zgodnie z żądaniem Komisji obciążyć go kosztami postępowania. Z powyższych względów SĄD (dziewiąta izba) orzeka, co następuje: 1) Skarga zostaje oddalona. 2) YL zostaje obciążony kosztami postępowania. Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 września 2019 r. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: francuski. ( ) Utajnione dane poufne.

62019CJ0294

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Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 2 og artikel 34, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 ( EUT 2009, L 30, s. 16 ), artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i forordning nr. 73/2009 ( EUT 2009, L 316, s. 1 ), samt artikel 4, stk. 1, litra a)-c), e), og f), artikel 10, artikel 21, stk. 1, og artikel 32, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og forordning nr. 73/2009 ( EUT 2013, L 347, s. 608 , og berigtigelse i EUT 2016, L 130, s. 8 ). Disse anmodninger er blevet indgivet i forbindelse med to tvister mellem dels Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judepning ean Tulcea (agenturet for betalinger og indgreb til fordel for landbruget) – regionscenteret i Tulcea, Rumænien) (herefter »APIA«) og SC Piscicola Tulcea SA, på den ene side, dels Ira Invest SRL og APIA, på den anden side, vedrørende generelle arealbetalinger for arealer, der i matrikelregistret er registreret som agerjord, som er bestemt til anvendelse som akvakulturanlæg. Retsforskrifter EU-retten Forordning nr. 73/2009 Forordning nr. 73/2009 blev ophævet ved forordning nr. 1307/2013. Følgende fremgik af tredje betragtning til forordning nr. 73/2009: »Ved [Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 ( EUT 2003, L 270, s. 1 , samt berigtigelse i EUT 2004, L 94, s. 70 , og i EUT 2008, L 307, s. 22 )] indførtes princippet om, at landbrugere, der ikke opfylder visse krav inden for folkesundhed, dyre- og plantesundhed, miljø og dyrevelfærd, får nedsat deres direkte støtte eller bliver udelukket fra at modtage direkte støtte. Denne såkaldte krydsoverensstemmelsesordning udgør en integrerende del af fællesskabsstøtte i form af direkte betalinger og bør derfor bibeholdes. Erfaringen har dog vist, at en række af krydsoverensstemmelseskravene ikke er tilstrækkelig relevante for udøvelsen af landbrugsaktivitet eller for landbrugsarealerne eller også snarere vedrører de nationale myndigheder end landbrugerne. Derfor bør krydsoverensstemmelsesordningens anvendelsesområde tilpasses.« Artikel 2 i forordning nr. 73/2009 bestemte: »I denne forordning forstås ved: […] c) »landbrugsaktivitet«: produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål, eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 6 […] h) »landbrugsareal«: areal, der er udlagt som agerjord, permanent græsareal eller areal med permanente afgrøder.« Denne forordnings artikel 34 bestemte: »1.   Der ydes støtte til landbrugerne i henhold til enkeltbetalingsordningen, når der er aktiveret en betalingsrettighed pr. støtteberettiget hektar. Aktiverede betalingsrettigheder giver ret til betaling af de beløb, der er fastsat i deri. 2.   I dette afsnit III forstås ved »støtteberettiget hektar«: a) ethvert af bedriftens landbrugsarealer, og ethvert areal, der er tilplantet med lavskov med kort omdriftstid (KN-kode ex06029041), og som anvendes til landbrugsaktivitet, eller, hvis arealet også anvendes til andre formål, som fortrinsvis anvendes til landbrugsaktivitet […] […]« Forordning nr. 1120/2009 Artikel 2 i forordning nr. 1120/2009, der blev ophævet ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til forordning nr. 1307/2013 og om ændring af bilag X til nævnte forordning ( EUT 2014, L 181, s. 1 ), havde følgende ordlyd: »I afsnit III i forordning […] nr. 73/2009 og nærværende forordning forstås der ved: a) »agerjord«: arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller som holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 73/2009, uanset om arealerne er væksthusarealer eller under fast eller mobilt overdække […]« Forordning (EF) nr. 1122/2009 Artikel 80 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin ( EUT 2009, L 316, s. 65 ), der blev ophævet ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse ( EUT 2014, L 181, s. 48 ), bestemte: »1.   Uretmæssigt udbetalte beløb skal tilbagebetales af landbrugeren med tillæg af renter, der beregnes i henhold til stk. 2. […] 3.   Den tilbagebetalingspligt, der er nævnt i stk. 1, gælder ikke, hvis udbetalingen skyldes en fejl begået af den ansvarlige myndighed eller af en anden myndighed, og landbrugeren ikke med rimelighed kunne forventes at have opdaget fejlen. Hvis fejlen vedrører faktiske forhold, der er relevante for beregningen af den pågældende betaling, finder første afsnit dog kun anvendelse, hvis beslutningen om tilbagebetaling ikke er meddelt senest 12 måneder efter udbetalingen.« Forordning (EU) nr. 1306/2013 Det fremgår af 53. og 54. betragtning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 ( EUT 2013, L 347, s. 549 ), at under krydsoverensstemmelsesordningen, der bør bibeholdes, skal medlemsstaterne pålægge sanktioner i form af nedsættelsen af eller udelukkelsen fra støtte, der er modtaget under den fælles landbrugspolitik, helt eller delvis. Forordning nr. 1307/2013 Fjerde betragtning til forordning 1307/2013 har følgende ordlyd: »Det er nødvendigt at præcisere, at [forordning nr. 1306/2013] og de bestemmelser, der vedtages i henhold dertil, skal finde anvendelse på de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning. For at sikre sammenhæng med andre retsakter vedrørende den fælles landbrugspolitik skal nogle regler, der [i] øjeblikket er fastsat i forordning [nr. 73/2009], fastsættes nu i forordning [nr. 1306/2013], herunder navnlig reglerne for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der følger af bestemmelserne om direkte betalinger, herunder kontrol og anvendelse af administrative foranstaltninger og administrative sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse, reglerne vedrørende krydsoverensstemmelse, som f.eks. de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og betingelserne for god landbrugs- og miljømæssig stand, overvågning og evaluering af de relevante foranstaltninger og reglerne for udbetaling af forskud og tilbagebetaling af uberettigede betalinger.« Artikel 4, stk. 1, i forordning nr. 1307/2013 bestemmer: »I denne forordning forstås ved: […] b) »bedrift«: alle de produktionsenheder, der drives landbrugsmæssigt af en landbruger […], og som befinder sig på samme medlemsstats område c) »landbrugsaktivitet«: i) produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugsformål ii) bevarelse af et landbrugsareal i en stand, der gør det egnet til græsning eller dyrkning uden forberedende foranstaltninger ud over brug af de sædvanlige landbrugsmetoder og -maskiner, ud fra kriterier, der skal fastlægges af medlemsstaterne på grundlag af en ramme, som Kommissionen fastsætter, eller iii) minimumsaktiviteter, der defineres af medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der naturligt holdes i en stand, der er egnet til græsning eller dyrkning d) »landbrugsprodukter«: de produkter, med undtagelse af fiskevarer, som er opført på listen i bilag I til traktaterne, samt bomuld e) »landbrugsareal«: areal, der er udlagt som agerjord, permanent græsareal og permanent græsningsareal eller areal med permanente afgrøder f) »agerjord«: arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, herunder arealer, der er omfattet af artikel 22, 23 og 24 i [Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17.5.1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger ( EFT 1999, L 160, s. 80 )], artikel 39 i [Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20.9.2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ( EUT 2005, L 277, s. 1 )], og artikel 28 i [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17.12.2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 ( EUT 2013, L 347, p. 487 )], uanset om arealerne er arealer i væksthuse eller under fast eller mobilt overdække.« Artikel 10 i forordning nr. 1307/2013 fastsætter følgende: »1.   Medlemsstaterne beslutter i hvilke af følgende tilfælde, der ikke skal bevilges direkte betalinger til en landbruger: a) de samlede direkte betalinger, der ansøges om, eller som bevilges, inden anvendelsen af artikel 63 i forordning […] nr. 1306/2013 i et givet kalenderår er under 100 EUR b) det støtteberettigede areal på den bedrift, hvortil der er ansøgt om eller bevilget direkte betalinger, inden anvendelsen af artikel 63 i forordning […] nr. 1306/2013 [den horisontale forordning] er mindre end 1 hektar. 2.   Medlemsstaterne kan for at tage hensyn til deres landbrugsøkonomis struktur justere tærsklerne i stk. 1, litra a) og b), inden for begrænsningerne i bilag IV. 3.   Hvis en medlemsstat har besluttet at anvende en arealtærskel i henhold til stk. 1, litra b) anvender den ikke desto mindre stk. 1, litra a), på de landbrugere, der modtager dyrerelateret koblet støtte, jf. afsnit IV, og som har færre hektar end arealtærsklen. 4.   De pågældende medlemsstater kan beslutte ikke at anvende stk. 1 på regionerne i den yderste periferi og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav. 5.   For året 2015 beregnes det beløb, der ansøges om, eller som bevilges, jf. stk. 1, litra a), i Bulgarien og Rumænien på grundlag af det beløb, der er fastsat i bilag V, punkt A. For perioden 2015-2021 beregnes det beløb, der ansøges om, eller som bevilges, jf. stk. 1, litra a), i Kroatien på grundlag af det beløb, der er fastsat i bilag VI, punkt A.« Artikel 21, stk. 1, i forordning nr. 1307/2013 fastsætter følgende: »1.   Støtte under grundbetalingsordningen stilles til rådighed for landbrugere: a) der i henhold til denne forordning opnår betalingsrettigheder ved tildeling i henhold til artikel 20, stk. 4, ved første tildeling i henhold til artikel 24 eller artikel 39, ved tildeling fra den nationale reserve eller de regionale reserver i henhold til artikel 30 eller ved overførsel i henhold til artikel 34, eller b) der overholder artikel 9 og råder over (som ejer eller forpagter) betalingsrettigheder i en medlemsstat, der i overensstemmelse med stk. 3 har besluttet at beholde sine eksisterende betalingsrettigheder.« Den nævnte forordnings artikel 32 bestemmer følgende: »1.   Der ydes støtte til landbrugere under grundbetalingsordningen ved anmeldelse, jf. artikel 33, stk. 1, når der er aktiveret en betalingsrettighed pr. støtteberettiget hektar i den medlemsstat, hvor den er blevet tildelt. […] 2.   I dette afsnit forstås ved »støtteberettiget hektar«: a) ethvert af bedriftens landbrugsarealer, herunder arealer, som ikke var i god landbrugsmæssig stand den 30. juni 2003 i medlemsstater, der tiltrådte Unionen den 1. maj 2004, og som ved tiltrædelsen valgte at anvende den generelle arealbetalingsordning, som anvendes til landbrugsaktivitet, eller som, hvis arealet også anvendes til ikkelandbrugsaktiviteter, fortrinsvis anvendes til landbrugsaktivitet, eller […] 3.   Ved anvendelsen af stk. 2, litra a): a) anses en bedrifts landbrugsareal, som også anvendes til andre formål end landbrugsaktiviteter, for fortrinsvis at være anvendt til landbrugsaktiviteter, hvis landbrugsaktiviteterne kan udøves uden i betydelig grad at være hæmmet af ikkelandbrugsaktiviteternes intensitet, art, varighed og tidsramme […]« I henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 1307/2013 anvendes denne fra den 1. januar 2015. Rumænsk ret Lov nr. 18/1991 Artikel 2 i Legea nr. 18/1991 a fondului funciar (lov nr. 18/1991 om jordbesiddelse, Monitorul Oficial al României , del I, nr. 1, af 5.1.1998) har i den affattelse, der finder anvendelse på tvisterne i hovedsagen, følgende ordlyd: »Ud fra deres anvendelse er arealerne: a) arealer beregnet til landbrug, dvs.: produktiv landbrugsjord ‐ agerjord, vinarealer, frugtplantager, vinplanteskoler, træarealer, humle- og morbærplantager, græsningsarealer, græsarealer, væksthuse, væksthuse med solceller, rismarker o. lign., arealer med lavskov, såfremt de ikke henhører under skovdrift, græsarealer med skovrejsning, arealer med bygninger og anlæg til land- og kvægbrug, akvakulturanlæg og anlæg til jordbedring, platforme og lagerplads, som tjener til landbrugsproduktionen, og produktionsarealer, som kan være bestemt til eller anvendes til landbrugsproduktionen […] c) permanent oversvømmede arealer, dvs. mindre flodlejer til vandløb, søbassiner ved maksimal vandstand, bunden af indre farvande og territorialfarvande.« Bekendtgørelse nr. 534/2001 Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general (tekniske standarder for indførelse i det almindelige matrikelregister), vedtaget ved Ordinul ministrului Administrației publice nr. 534/2001 (bekendtgørelse fra ministeren for offentlig forvaltning nr. 534/2001) ( Monitorul Oficial al României , del I, nr. 744, af 21.11.2001), bestemmer: »7. Kriterier for inddeling af arealer på grundlag af deres anvendelse […] 7.2. Arealer beregnet til landbrug 7.2.1. Kategorien for arealer beregnet til landbrug omfatter: agerjord, […] akvakulturanlæg, […] […] 8. Kriterier for kvalificering og identificering af kategorier af arealanvendelse og bygningsanvendelse 8.1. Almindelige bestemmelser 8.1.1. Kategorien for arealanvendelse, som identificeres individuelt med en kode, er et af parcellens kendetegn. Med henblik på […] oprettelsen i matrikelregistret […] er det nødvendigt at indføre anvendelseskategorien og de øvrige kendetegn i det almindelige matrikelregisters tekniske del for anvendelseskategorier. […] 8.2. Kriterier for identificering af kategorier af arealanvendelse 8.2.1. Agerjord (A). Denne kategori omfatter arealer, hvor der […] dyrkes etårige eller flerårige planter, som f.eks.: kornafgrøder, […] […]« Regeringens hastedekret nr. 125/2006 Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 125/2006 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (regeringens hastebekendtgørelse nr. 125/2006 af 21.12.2006 om godkendelse af ordningerne for direkte betalinger og direkte supplerende nationale betalinger, som ydes til landbruget fra 2007, og om ændring af artikel 2 i lov nr. 36/1991 om landbrugsselskaber og andre former for sammenslutninger på landbrugsområdet) ( Monitorul Oficial al României , del I, nr. 1043, af 29.12.2006) for 2007-2014, har følgende ordlyd: »1) Den generelle arealbetalingsordning består i ydelsen af et fast beløb pr. hektar, som betales årligt helt uden forbindelse med produktionen. […] 3) Det støtteberettigede landbrugsareal kan have følgende anvendelseskategorier: a) agerjord ‐ areal, der opdyrkes til produktion af kornafgrøder […]« Artikel 7, stk. 1, i dette hastedekret fra regeringen bestemmer følgende: »For at få tildelt betalinger inden for den generelle arealbetalingsordning skal ansøgerne være registreret i [registret over landbrugere], der forvaltes af [APIA], indgive en betalingsansøgning inden for fristen og opfylde følgende almindelige betingelser: a) anvende et landbrugsareal med et areal på mindst 1 ha […] b) anmelde alle landbrugsparcellerne […] e) opretholde god landbrugs- og miljømæssig stand, der er reguleret ved national lovgivning, på hele bedriftens landbrugsareal f) fremlægge de nødvendige dokumenter, som godtgør brugsretten, og kunne godtgøre, at den pågældende anvender det areal, for hvilket ansøgningen er indgivet […]« Lov nr. 122/2014 Artikel 3 i Legea nr. 122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei »Delta Dunării« (lov nr. 122/2014 om tilføjelse til lov nr. 82/1993 om oprettelse af biosfærereservatet »Delta Dunării« (Donaudeltaet)) (Monitorul Oficial al României , del I, nr. 541, af 22.7.2014) har følgende ordlyd: »Fra den 15. september 2014 indrømmes ikke længere landsbrugsstøtte til arealer, der tidligere havde akvakulturanlæg på det geografiske område for Rezervația Biosferei Delta Dunării.« Regeringens hastebekendtgørelse nr. 3/2015 Ordonanța de urgență a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de Plăți care se aplică în Agricultură în periooada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societțile agricole și alte asociere în Agricultură (regeringens hastebekendtgørelse nr. 3/2015 om godkendelse af betalingsordninger, der anvendes på landbrugsområdet i perioden 2015-2020, og om ændring af artikel 2 i lov nr. 36/1991 om landbrugsselskaber og andre former for sammenslutninger på landbrugsområdet) af 18. marts 2015 ( Monitorul Oficial al României , del I, nr. 191, af 23.3.2015, herefter »hastebekendtgørelse nr. 3/2015«), i den affattelse, der finder anvendelse på en af tvisterne i hovedsagen (sag C-304/19), bestemmer følgende i artikel 2: »1.   »I denne hastebekendtgørelse forstås ved […] n) landbrugsareal: areal, der er udlagt som agerjord, permanent græsareal og permanent græsningsareal eller areal med permanente afgrøder o) agerjord: arealer, der dyrkes med henblik på landbrugsproduktion, eller arealer, der er til rådighed for landbrugsproduktion, men som ligger brak, uanset om arealerne er arealer i væksthuse, i dække i drivhuse eller under anden fast eller mobilt overdække […] r) »arealanvendelse«: anvendelse til landbrugsaktiviteter af det areal af bedriftens landbrugsareal, som landbrugeren har til rådighed på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, i ansøgningsåret.« I henhold til artikel 8, stk. 1, litra n), i hastebekendtgørelsen nr. 3/2015 skal landbrugerne for at kunne modtage direkte betalinger på tidspunktet for indgivelsen af enkeltansøgningen om betaling eller ændringer i denne fremlægge de nødvendige dokumenter, der godtgør, at landbrugsarealet, herunder miljømæssige fokusområder, er til deres rådighed. Bekendtgørelse nr. 619/2015 Ordinul nr. 619/2015 ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (bekendtgørelse nr. 619/2015 fra ministeren for landbrug og landdistriktudvikling om godkendelse af kriterierne for støtteberettigelse, de specifikke betingelser og de nærmere bestemmelser om implementeringen af de betalingsordninger, der er fastsat i artikel 1, stk. 2 og 3, i regeringens hastebekendtgørelse nr. 3/2015 om godkendelse af betalingsordninger, der anvendes på landbrugsområdet i perioden 2015-2020, og om de specifikke betingelser for gennemførelse af kompenserende foranstaltninger med henblik på landdistriktudvikling, der finder anvendelse på landbrugsarealer, og som er fastsat i det nationale program for landdistriktudvikling 2014-2020), i den affattelse, der finder anvendelse på en af tvisterne i hovedsagen (sag C-304/19), bestemmer følgende i artikel 5, stk. 2: »Fra og med ansøgningsåret 2015 er de dokumenter, der godtgør arealets lovlige anvendelse, og som skal indgives til APIA i overensstemmelse med bestemmelserne i hastebekendtgørelsens artikel 8, stk. 1, litra n), dokumenter vedrørende a) den bedrift, hvor landbrugsaktiviteten udøves: attesten skal være udfyldt i overensstemmelse med modellen […] og ledsages af en bekræftet genpart af de originale ark, hvori oplysningerne […] i landbrugsregistret 2015-2019 er indført i overensstemmelse med modellen […] b) det landbrugsareal, som landbrugeren har til rådighed: bekræftede genparter af det originale adkomstdokument eller af andre dokumenter, der godtgør ejendomsretten til arealet eller af andre dokumenter […] som f.eks. en forpagtningsaftale eller en koncessionsaftale […] c) utvetydig identificering af de landbrugsparceller, der anvendes […]« Artikel 10, stk. 5, i det nævnte dekret fastsætter: Følgende arealer er ikke støtteberettigede: […] o) arealer med akvakulturanlæg som omhandlet i artikel 23, stk. 20, i de etniske standarder til supplering af landbrugsregistret for perioden 2015-2019 […]« Tvisterne i hovedsagerne og de præjudicielle spørgsmål Sag C-294/19 Piscicola Tulcea er et rumænsk selskab, hvis hovedvirksomhed i perioden 2007-2014 bestod i akvakultur i ferskvand, og dets sekundære aktiviteter omfattede navnlig dyrkning af korn. I henhold til en række koncessionskontrakter, der blev indgået med Consiliul Județean Tulcea (regionsrådet for Tulcea, Rumænien) i 2004, 2005 og 2010, drev Piscicola Tulcea for et samlet areal på 1888 hektar (ha) akvakulturanlæg i Rusca (Rumænien) og Litcov (Rumænien), som befinder sig i biosfærereservatet i Donaudeltaet. Selv om det i koncessionskontrakterne anføres, at arealerne skal udnyttes til »akvakulturformål«, aftalte parterne ved tillæg til de kontrakter, der blev indgået i 2004 og 2005, at ændre koncessionens oprindelige pris, eftersom »teknologien inden for akvakultur kræver, at der som led i programmerne for rotation og vekseldrift af akvakultur inden for akvakulturanlæggene eller uden for disse programmer anvendes arealer til landbrugsarealer«. Desuden var det ved et tillæg til den kontrakt, der blev indgået i 2010, godtgjort, at Piscicola Tulcea for arealer svarende til 570 ha skulle foretage rotation og vekseldrift af akvakulturerne med henblik på mineralisering af jorden. Ved en afgørelse truffet i 2005 gav regionsrådet for Tulcea ligeledes Piscicola Tulcea tilladelse til at dyrke planter i akvakulturanlægget i Rusca. For 2007-2014 fremsatte Piscicola Tulcea over for APIA betalingsansøgninger, bl.a. i forbindelse med den generelle arealbetalingsordning. Til støtte for disse ansøgninger blev der vedlagt dokumenter, som godtgjorde retten til anvendelse af de arealer, hvortil der var ansøgt om støtte, nemlig koncessionskontrakterne og tillæggene hertil, samt en attest, der var udstedt af den regionale forvaltningsenhed, på hvis geografiske område arealerne befandt sig, i hvilken attest det anføres, at arealerne er registreret i landbrugsregistret i kommunen som landbrugsareal. De kontrolrapporter, som regionsrådet for Tulcea udarbejdede i 2008 og 2009, fastslår, at de arealer, der er genstand for koncession, udelukkende anvendes til landbrug, idet ingen arealer anvendes til akvakultur. For hvert produktionsår fra 2007-2014 traf APIA afgørelser om ydelse af betalinger inden for arealordningerne. I 2009 foretog APIA en kontrol på stedet. Der blev konstateret uregelmæssigheder vedrørende en urigtig erklæring for 2007 af en uopdyrket del med et ubetydeligt areal (80,56 ha). For produktionsårene 2010-2014 blev der forud for godkendelsen af betalingsansøgningerne foretaget en visuel kontrol, som fastslog, at ansøgningerne var fuldstændige og gyldige. For produktionsåret 2015 afslog APIA den af Piscicola Tulcea indgivne betalingsansøgning med den begrundelse, at det i artikel 3 i lov nr. 122/2014 var fastsat, at der fra den 15. september 2014 ikke længere indrømmes landsbrugsstøtte til arealer, der tidligere havde akvakulturanlæg på det geografiske område for Rezervația Biosferei Delta Dunării. Curtea de Apel Constanța (appeldomstolen i Constanța, Rumænien), for hvilken Piscicola Tulcea havde iværksat appel af afgørelsen fra den kompetente ret i første instans, har ved endelig dom af 31. oktober 2016 pålagt APIA at indrømme de betalinger, der var ansøgt om i henhold til arealstøtteordningerne for produktionsåret 2015, idet den bl.a. har henvist til definitionerne af begreberne »landbrugsaktivitet«, »landbrugsprodukter« og »agerjord« fra forordning nr. 1307/2013. I perioden fra den 27. oktober 2015 til den 13. april 2016 foretog direktoratet for bekæmpelse af svig og internt tilsyn under APIA en dokumentkontrol, som vedrørte, hvordan støtten var blevet ydet Piscicola Tulcea for produktionsårene 2007-2014. Dette tilsynsorgan konkluderede, at Piscicola Tulcea på baggrund af den nationale lovgivning og de dokumenter, som selskabet havde fremlagt, ikke opfyldte kravene til berettigelse til de pågældende direkte betalinger. Efter denne kontrol gennemgik APIA atter de betalingsansøgninger, der var indgivet for produktionsårene 2007-2014. Den 23. december 2016 blev der af APIA for hvert af disse produktionsår udstedt en rapport med konstatering af, at Piscicola Tulcea uberettiget havde modtaget betalinger, og størrelsen af statens krav som følge af de begåede uregelmæssigheder, og som skulle tilbagebetales til APIA for hvert produktionsår, blev fastsat. Ved civil dom af 1. februar 2018 tiltrådte Tribunalul Tulcea (ret i første instans i Tulcea, Rumænien) det søgsmål, som selskabet havde anlagt den 15. marts 2017, og annullerede de anfægtede retsakter. Det fremgår af denne dom, at selv om de omhandlede koncessionskontrakter udtrykkeligt angav, at de arealer, der var genstand for koncessionen, var bebygget med et akvakulturanlæg, og at dette selskab var forpligtet til at anvende det til akvakulturformål, er den manglende forenelighed, som lå til grund for beslutningen om tilbagebetaling af det tilskud, som selskabet var indrømmet, ikke forårsaget af sidstnævntes forsømmelse eller af en forsætlig handling. Tværtimod havde Piscicola Tulcea fremlagt oplysninger om faktiske forhold, der var konkrete og tilstrækkelige til at give APIA mulighed for at efterprøve betingelserne for berettigelsen til den pågældende støtte. Denne ret konkluderede derfor, at de EU-retlige bestemmelser, der i det foreliggende tilfælde udelukker tilbagebetaling af betalinger, der er foretaget som følge af myndighedernes fejl, bl.a. artikel 80, stk. 3, i forordning nr. 1122/2009, fandt anvendelse. Den 29. marts 2018 iværksatte APIA appel ved Curtea de Apel Constanța (appeldomstolen i Constantza) med påstand om omgørelse af den appellerede dom i sin helhed og om frifindelse af APIA. Den forelæggende ret ønsker oplyst, om den nationale ret med henblik på at efterprøve landbrugerens ret til at modtage arealstøtte kun skal tage hensyn til landbrugerens faktiske anvendelse af arealerne, eller tværtimod skal tage hensyn til arealernes kendetegn, sådan som de er fastsat i offentlige dokumenter vedrørende ejendomme eller i dokumenter, hvorved landbrugeren godtgør brugsretten vedrørende det areal, for hvilket der er indgivet en betalingsansøgning, og foreneligheden af arealets anvendelse med disse kendetegn. Under disse omstændigheder har Curtea de Apel Constanța (appeldomstolen i Constanța) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »Skal artikel 2 og artikel 34, stk. 2, i […] forordning […] nr. 73/2009 […] og artikel 2 i […] forordning […] nr. 1120/2009 […] fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, som under de i hovedsagen omhandlede betingelser udelukker landbrugeren fra direkte betalinger, fordi de akvakulturanlæg, der anvendes som agerjord, ikke udgør »landbrugsarealer« som omhandlet i artikel 2 i forordning nr. 1120/2009, idet de ikke anses for at være støtteberettiget areal i henhold til artikel 34, stk. 2, i forordning […] nr. 73/2009?« Sag C-304/19 Ira Invest er et rumænsk selskab, hvis hovedvirksomhed er akvakultur, og hvis sekundære virksomhed navnlig omfatter dyrkning af korn, bælgplanter, planter, der producerer olieholdige frø, ris og grøntsager samt accessoriske aktiviteter knyttet til planteproduktion. I en enkeltansøgning om betaling, der blev indgivet til APIA, anmeldte selskabet alle de anvendte landbrugsparceller, dvs. 757,04 ha, med henblik på støtte for 2016. Ira Invest vedlagde denne ansøgning den koncessionsaftale af 18. marts 2002, der var indgået med regionsrådet for Tulcea, hvorefter selskabet som koncessionshaver havde ret til anvendelse til akvakulturformål af et område med et samlet areal på 1344 hektar. Ira Invest fremlagde ligeledes et tillæg af 15. maj 2014 til den nævnte koncessionsaftale, hvorved parterne aftalte, at koncessionshaveren for arealer svarende til et akvakulturareal på 950 ha skulle foretage rotation og vekseldrift af akvakulturerne med henblik på mineralisering af jorden. Det præciseres i dette tillæg, at rotation mellem jordbrug og fiskeavl består i, at akvakulturproduktionen midlertidigt stilles i bero med henblik på at sikre genoprettelsen af jordens produktivitet ved hjælp af dyrkning af korn eller industriplanter. Ved afgørelse af 27. marts 2017 afviste APIA at imødekomme den pågældende enkeltansøgning om betaling med den begrundelse, at der ikke fandtes noget dokument i systemet, der havde karakter af et certifikat i overensstemmelse med landbrugsregistret, bl.a. ingen dokumenter, der godtgør arealernes lovlige anvendelse i henhold til artikel 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 619/2015. Ira Invest indgav en forudgående klage over denne administrative afgørelse, idet selskabet navnlig gjorde gældende, at begrundelsen for afslaget på selskabets ansøgning med henvisning til det manglende certifikat i overensstemmelse med landbrugsregistret var ulovlig. Ira Invest gjorde i denne forbindelse gældende, at artikel 5, stk. 2, litra a), i bekendtgørelse nr. 619/2015 ikke var i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra n), i hastebekendtgørelse nr. 3/2015, som er en trinhøjere normativ retsakt vedtaget i henhold til forordning nr. 1307/2013, som på ingen måde fastsætter, at der fremlægges et certifikat, men blot kræver bevis for anvendelsen af de pågældende landbrugsarealer. Ved afgørelse af 8. maj 2017 meddelte APIA Ira Invest, at sidstnævnte ikke havde vedlagt betalingsansøgningen for produktionsåret 2016 nogen dokumentation for selskabets status som aktiv landbruger. I denne afgørelse henvises der til artikel 8, stk. 1, litra n), i hastebekendtgørelse nr. 3/2015 om landbrugerens forpligtelse til på tidspunktet for indgivelsen af enkeltansøgningen om betaling at fremlægge de nødvendige dokumenter, der godtgør, at landbrugsarealet er til landbrugerens rådighed, herunder et certifikat i overensstemmelse med indførelserne i landbrugsregisteret for det år, for hvilket ansøgningen er indgivet. Ved dom af 27. februar 2018 frifandt Tribunalul Tulcea (retten i første instans i Tulcea) APIA i det af Ira Invest anlagte søgsmål med påstand om annullation af de anfægtede administrative afgørelser. Den nævnte ret lagde til grund, at afgørelsen om afslag var begrundet i det manglende certifikat i overensstemmelse med landbrugsregistret i henhold til artikel 5 i bekendtgørelse nr. 619/2015 og manglende beviser for dette selskabs status som aktiv landbruger. Eftersom ændringer af anvendelsen af landbrugsarealer i rumænsk ret sker efter en bestemt procedure, som ikke er blevet fulgt af Ira Invest, gør den blotte anvendelse af arealerne til landbrugsformål i en bestemt periode det ikke muligt at betragte dem som støtteberettigede hektar, eftersom koncessionshaverens blotte hensigt ikke kan omdanne det pågældende akvakulturanlæg til landbrugsdrift. Ira Invest iværksatte appel ved Curtea de Apel Constanța (appeldomstolen i Constanţa) den 29. marts 2018 til prøvelse af denne dom. I forbindelse med denne sag har Ira Invest nærmere bestemt anført, at det i henseende til forordning nr. 1307/2013 ikke er kategorien af arealanvendelse, der har betydning, men udelukkende anvendelsen heraf til landbrugsformål. I henhold til denne forordning er den omstændighed, at arealerne henhører under den ene eller den anden kategori af anvendelse, således uden relevans, for så vidt som disse arealer i løbet af et kalenderår dyrkes med henblik på høstning af landbrugsprodukter. Ifølge den forelæggende ret består de særlige omstændigheder i den foreliggende sag i, at sagsøgeren i hovedsagen anvender arealer, der er opført i de administrative registre under en anden anvendelseskategori, til landbrugsformål, og som således i medfør af national lovgivning er udtrykkeligt udelukket fra bevilling af finansiel støtte. Dette rejser særligt spørgsmålet om fortolkningen af artikel 32, stk. 2, i forordning nr. 1307/2013 med hensyn til definitionen af »støtteberettiget hektar«, som henviser til |ethvert af bedriftens landbrugsarealer. Den forelæggende ret er imidlertid i tvivl om overførslen på den foreliggende situation af den retspraksis, der følger af dom af 2. juli 2015, Wree ( C-422/13 , EU:C:2015:438 ) og af 2. juli 2015, Demmer ( C-684/13 , EU:C:2015:439 ), hvori Domstolen fastslog, at for at kunne være berettiget til den pågældende støtte skulle det i hovedsagen omhandlede areal være et landbrugsareal, høre med til landbrugerens bedrift og anvendes til landbrugsformål eller, i tilfælde af konkurrerende anvendelse, fortrinsvis anvendes til sådanne formål. Under disse omstændigheder har Curtea de Apel Constanța (appeldomstolen i Constanța) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »Skal bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), c), e) og f), artikel 10, artikel 21, stk. 1, og artikel 32, stk. 1-5, i [forordning nr. 1307/2013] fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, der under omstændigheder som de i tvisten i hovedsagen omhandlede udelukker landbrugeren fra ret til udbetaling af støtte med den begrundelse, at arealer med akvakulturanlæg, der anvendes som agerjord, ikke udgør »landbrugsareal« som omhandlet i nævnte forordnings artikel 4?« Retsforhandlingerne for Domstolen Ved afgørelse truffet af Domstolens præsident den 12. juni 2019 er sagerne C-294/19 og C-304/19 blevet forenet med henblik på den skriftlige forhandling og dommen. Om de præjudicielle spørgsmål For så vidt angår sag C-294/19 skal det indledningsvis bemærkes, at den relevante periode for de faktiske omstændigheder i hovedsagen strækker sig fra 2007 til 2014, og at inden den 1. januar 2009 var den forordning, der fandt anvendelse i perioden fra 2007 til dette tidspunkt, forordning nr. 1782/2003 (jf. i denne retning dom af 2.7.2015, Demmer, C-684/13 , EU:C:2015:439 , præmis og ). Domstolen har dog fastslået, at begrebet »støtteberettiget hektar«, således som dette er defineret i artikel 34, stk. 2, litra a), i forordning nr. 73/2009, er det samme som begrebet »støtteberettiget areal« som omhandlet i artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 1782/2003, og at fortolkningen af den førstnævnte af disse bestemmelser derfor ligeledes gjaldt for den sidstnævnte (jf. i denne retning dom af 2.7.2015, Demmer, C-684/13 , EU:C:2015:439 , præmis og ). Følgelig er det i sag C-294/19 tilstrækkeligt at undersøge det forelagte spørgsmål på baggrund af artikel 34, stk. 2, litra a), og artikel 2, litra h), i forordning nr. 73/2009 for hele perioden fra 2007 til 2014. Det følger heraf, at med de præjudicielle spørgsmål, der skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 2, litra h), og artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 73/2009 samt artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 32, stk. 2, i forordning nr. 1307/2013 skal fortolkes således, at arealer, som i henhold til national ret er udlagt med henblik på fiskeopdræt, men som er eller faktisk har været anvendt til landbrugsformål, er landbrugsarealer. Som det er præciseret i artikel 34, stk. 2, litra a), i forordning nr. 73/2009 og i artikel 32, stk. 2, litra a), i forordning nr. 1307/2013, forstås ved »støtteberettiget hektar« ethvert af bedriftens landbrugsarealer, som anvendes til landbrugsaktivitet, eller som, hvis arealet også anvendes til ikkelandbrugsaktiviteter, fortrinsvis anvendes til landbrugsaktivitet. Begrebet »landbrugsareal« som defineret i artikel 2, litra h), i forordning nr. 73/2009 og artikel 4, stk. 1, litra e), i forordning nr. 1307/2013 omfatter navnlig »areal, der er udlagt som agerjord«. I hovedsagerne fremgår det af forelæggelsesafgørelserne, at de pågældende arealer, selv om de var indført i ejendomsregistret som akvakulturanlæg, i forbindelse med rotation mellem jordbrug og fiskeavl var blevet dyrket som agerjord med henblik på fremstilling af landbrugsprodukter. »Agerjord« defineres i artikel 2, litra a), i forordning nr. 1120/2009 navnlig som arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller som holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Agerjord defineres i artikel 4, stk. 1, litra f), i forordning nr. 1307/2013 navnlig som arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak. Det følger således af fast retspraksis, at kvalificeringen som »agerjord« og følgelig som »landbrugsareal« i de nævnte bestemmelsers forstand afhænger af den faktiske anvendelse af de omhandlede arealer (jf. i denne retning dom af 14.10.2010, Landkreis Bad Dürkheim, C-61/09 , EU:C:2010:606 , præmis , af 2.7.2015, Wree, C-422/13 , EU:C:2015:438 , præmis , og af 2.7.2015, Demmer, C-684/13 , EU:C:2015:439 , præmis ). Det følger heraf, at et areal skal kvalificeres som »landbrugsareal«, hvis det faktisk anvendes som »agerjord« som omhandlet i de bestemmelser, der er henvist til i nærværende doms præmis 61 (jf. analogt dom af 14.10.2010, Landkreis Bad Dürkheim, C-61/09 , EU:C:2010:606 , præmis ), og at denne kvalificering ikke kan drages i tvivl alene af den omstændighed, at et sådant areal er blevet anvendt som agerjord i strid med nationale bestemmelser om klassificering af jordarealer. Det bemærkes desuden, at for at kunne være berettiget til den pågældende støtte skal de i hovedsagen omhandlede arealer være landbrugsarealer, høre med til landbrugerens bedrift og anvendes til landbrugsformål eller, i tilfælde af konkurrerende anvendelse, fortrinsvis anvendes til sådanne formål (jf. i denne retning dom af 2.7.2015, Demmer, C-684/13 , EU:C:2015:439 , præmis ). Det forholder sig ikke desto mindre således, sådan som Kommissionen i det væsentlige har gjort gældende i sit skriftlige indlæg, og som det fremgår af 3. betragtning til forordning nr. 73/2009, 53. og 54. betragtning til forordning nr. 1306/2013 samt 4. betragtning til forordning nr. 1307/2013, at det tilkommer de kompetente nationale myndigheder at afgøre, om støttemodtageren har overholdt krydsoverensstemmelseskravene, og anvende eventuelle administrative sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af disse krav, som kan bestå i en nedsættelse eller udelukkelse af den pågældende støtte. Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 2, litra h), og artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 73/2009 samt artikel 4, stk. 1, litra e), og artikel 32, stk. 2, i forordning nr. 1307/2013 skal fortolkes således, at arealer, som i henhold til national ret er udlagt med henblik på fiskeopdræt, men som er eller faktisk har været anvendt til landbrugsformål, er landbrugsarealer. Sagsomkostninger Da sagernes behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Sjette Afdeling) for ret: Artikel 2, litra h), og artikel 34, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003, og artikel 4, stk. 1, litra e), samt artikel 32, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 skal fortolkes således, at arealer, som i henhold til national ret er udlagt med henblik på fiskeopdræt, men som er eller faktisk har været anvendt til landbrugsformål, er landbrugsarealer. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: rumænsk.

62005CJ0289

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 2000 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1685/2000, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo (OL L 193, 2000, p. 39), iš dalies pakeisto 2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 448/2004 (OL L 72, 2004, p. 66, toliau – Reglamentas Nr. 1685/2000), priedo 1 taisyklės 1.8 punkto išaiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp Norboteno krašto vyriausybės (Švedija) (Länsstyrelsen i Norrbottens län; toliau – krašto vyriausybė) ir Laplandijos provincijos tarybos (Suomija) (Lapin liitto) dėl krašto vyriausybės prašymo suteikti finansinę paramą programos Interreg III A Nord , bendrai finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), (toliau – programa) 2001 m. ir 2002 m. patirtoms techninės paramos išlaidoms padengti. Teisinis pagrindas 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL L 161, 1999, p. 1), 32 straipsnio 1 dalies trečioji pastraipa numato: „<...> Tarpiniai mokėjimai ir likučio apmokėjimas yra susiję su faktiškai sumokėtomis išlaidomis, kurios turi atitikti galutinių naudos gavėjų mokėjimus, pagrįstus gautomis sąskaitomis faktūromis arba apskaitos dokumentais, kurie turi tokią pat įrodomąją vertę.“ Pradinės Reglamento Nr. 1685/2000 versijos priede „Tinkamumo taisyklės“ nurodyta: „1 taisyklė: realiai sumokėtos išlaidos 1. Galutinių naudos gavėjų atlikti mokėjimai 1.1. Galutinių naudos gavėjų mokėjimai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 32 straipsnio 1 dalies trečiąja pastraipa <...>, atliekami grynaisiais pinigais pagal 1.4 punkte nurodytas išimtis. <...>. 1.4. 1.5–1.7 punktuose nustatytomis sąlygomis, nusidėvėjimas, įnašai natūra ir pridėtinės išlaidos taip pat gali būti 1.1 punkte minėtų mokėjimų dalis. Tačiau veiklai skirtas struktūrinių fondų bendras finansavimas negali viršyti bendrų tinkamų išlaidų, išskyrus įnašus natūra, tos veiklos pabaigoje. <...> 1.7. Pridėtinės išlaidos yra tinkamos, jeigu jos paremtos realiomis sąnaudomis, kurios yra susijusios su struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos įgyvendinimu, ir yra deramai pagrįstu sąžiningu ir teisingu būdu proporcingai paskirstytos veiklai. <...> 1.9. Valstybės narės, nustatydamos tinkamas išlaidas pagal 1.5–1.7 punktus, gali taikyti griežtesnes nacionalines taisykles. 2. Išlaidų įrodymas Paprastai galutinių naudos gavėjų mokėjimai turi būti pateisinti gautomis sąskaitomis faktūromis. Jeigu to negalima padaryti, mokėjimai turi būti pateisinti lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais. <...>“ Pagal Reglamento Nr. 448/2004 2 straipsnį ir 3 straipsnio trečiąją pastraipą pradinės Reglamento Nr. 1685/2000 versijos priedo 1 taisyklės 1.4, 1.7 ir 1.9 punktai nuo 2000 m. rugpjūčio 5 d. atitinkamai tapo Reglamento Nr. 1685/2000 priedo 1 taisyklės 1.5, 1.8 ir 1.10 punktais. 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų (OL L 63, 2001, p. 21), 19 straipsnis numato: „Tuo atveju, kai parama numatyta daugiau nei vienos valstybės narės naudos gavėjams, atitinkamos valstybės narės susitaria tarpusavyje dėl bendrų priemonių, reikalingų užtikrinti patikimą finansų valdymą, atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, ir praneša Komisijai apie sutartas priemones. Komisija ir atitinkamos valstybės narės teikia viena kitai visą reikalingą administracinę paramą.“ Remdamosi minėtu 19 straipsniu Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė 2002 m. spalio 24 ir 31 d. pasirašė Memorandum of understanding on the implementation of the Community Initiative programme INTERREG III A North (Tarpusavio supratimo memorandumas dėl Bendrijos iniciatyvos programos INTERREG III A North įgyvendinimo). Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas Laišku, kurį Laplandijos provincijos taryba gavo 2002 m. spalio 30 d., krašto vyriausybė paprašė 95 880,72 SEK techninės paramos išlaidoms už 2001 m. padengti. Ši suma buvo apskaičiuota šios programos techninei paramai priskirtoms darbo užmokesčio išlaidoms taikant koeficientą, apskaičiuotą remiantis už šią programą atsakingos administracijos pridėtinėmis išlaidomis (darbo užmokesčio išlaidos ir kitos išlaidos, patirtos vykdant jos horizontalaus pobūdžio veiklą, įskaitant minėtas išlaidas, susijusias su šia programa), paskirstytomis proporcingai darbo užmokesčio išlaidomis šiai administracijai vykdant įprastinę veiklą, kurios atitinka bendros darbo užmokesčio išlaidų, patirtų vykdant šią veiklą, ir pirmiau minėtų išlaidų skirtumą. 2003 m. vasario 20 d. Sprendimu Lapin liitto atmetė prašymą. Jos manymu, mokėjimai turėtų būti pateisinti pinigų priėmimo kvitais ir sąskaitomis faktūromis ar apskaitos dokumentais, turinčiais tokią pat įrodomąją vertę. Išlaidos turėtų būti pagrįstos realiomis sąnaudomis, o išlaidos pagrindinėje byloje apskaičiuotos taikant koeficientą, nebuvo paskirstytos programai deramai pagrįstu ir teisingu būdu Reglamento Nr. 1685/2000 priedo 1 taisyklės 1.8 punkto prasme. Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą taip pat matyti, kad Lapin liitto 2003 m. rugsėjo 26 d. gavo naują krašto vyriausybės prašymą dėl programos išlaidų už 2001 m. ir 2002 m., atitinkamai 56 854 ir 186 982 SEK, finansavimo. Šias išlaidas sudarė su informacinėmis technologijomis, personalo valdymu, korespondencija, biudžeto valdymu ir nekilnojamuoju turtu susijusios pridėtinės išlaidos. 2003 m. lapkričio 24 d. Sprendimu Lapin liitto atmetė šį prašymą dėl visų išlaidų, susijusių su informacinėmis technologijomis, personalo valdymu, korespondencija ir biudžeto valdymu, motyvuodama tuo, kad netgi po 2003 m. spalio 2 d. prašymo pateikti patikslinimus, krašto vyriausybė nepateikė paaiškinimų, pagrįstų darbo laiko apskaitos tabeliu, apskaičiuojant darbo užmokestį, nei paaiškinimų dėl kitų išlaidų sąsajos su programa. Lapin liitto nuomone, taip pat nebuvo pateikti paaiškinimai dėl asmenų, dalyvaujančių šioje programoje, biurų ploto, apskaičiuojant išlaidas, susijusias su nekilnojamuoju turtu. Dėl šios priežasties siekiant apskaičiuoti su nekilnojamuoju turtu susijusias išlaidas buvo remiamasi 15 m biuro plotu, o ne prašyme nurodytu 20 m plotu. Todėl Lapin liitto išlaidoms, susijusioms su programos dalyvių patalpų naudojimu 2001 m. ir 2002 m., padengti sumokėjo atitinkamai 6 558, 98 ir 22 203,30 SEK. Savo skunde dėl 2003 m. lapkričio 24 d. Sprendimo dėl atmetimo krašto vyriausybė tvirtino, kad įvykus 2003 m. rugpjūčio mėn. susitikimui su Lapin liitto ir Vidaus reikalų ministerija ji taikė naują apskaičiavimo būdą, pagal kurį išlaidos (pridėtinės išlaidos), kurias prašoma atlyginti, yra pagrįstos realiomis į apskaitą įtrauktomis sąnaudomis, kurios paskirstytos proporcingai deramai pagrįstu ir teisingu būdu atsižvelgiant į darbuotojų skaičių per metus. Šis skundas buvo atmestas 2004 m. vasario 6 d. Sprendimu, motyvuojant tuo, kad krašto vyriausybė kaip tinkamų pridėtinių išlaidų apskaičiavimo pagrindą naudojo metines išlaidas, susijusias su informacinėmis technologijomis, finansinėmis ir personalo paslaugomis, kurios paskirstomos pagal administracijos, atsakingos už programą, vidutinį darbuotojų skaičių per nagrinėjamus metus. Atlygis už paslaugą per mėnesį yra visiems vienodas. Antrajame prašyme dėl finansavimo išlaidos buvo apskaičiuotos kaip programos išlaidos proporcingai kiekvieno asmens atlikto darbo laikui. Todėl nebuvo galima nustatyti dėl šios programos patirtų išlaidų. Kalbant apie darbo užmokesčio išlaidas, įtrauktas į prašomą sumą, į jas negalima atsižvelgti kaip į šios programos techninės paramos išlaidas dėl to, kad jos nėra nustatytos pagal darbo laiko apskaitos tabelį. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, į kurį kreipėsi krašto vyriausybė, pareikšdama ieškinį dėl ginčijamų išlaidų apmokėjimo, nurodo, kad savo prašyme ši vyriausybė anksčiau minėtos techninės paramos išlaidas paskirstė pagal metinį visos atitinkamos administracijos personalo vidurkį taip, kad buvo galima apskaičiuoti vienam asmeniui tenkančių išlaidų dalį per metus ir per mėnesį. Šio apskaičiavimo pagal vidurkį būdo naudojimas leido minėtas išlaidas priskirti projekto išlaidoms atsižvelgiant į kiekvieno programoje dirbančio asmens konkrečiai atlikto darbo laiką. Lapin liitto manymu, krašto vyriausybė pakankamai konkrečiai nenurodė, kokią šios programos išlaidų dalį sudarė techninės paramos išlaidos. Dėl darbo užmokesčio reikia pažymėti, jog tam, kad šias išlaidas būtų galima priskirti minėtos programos išlaidoms pagal Reglamentą Nr. 1685/2000, Lapin liitto mano, kad turėtų būti nurodyta kiekvieno asmens, šioje programoje dirbusio ne visą darbo dieną, darbo valandos per dieną. Šiomis aplinkybėmis Rovaniemen hallinto-oikeus nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir paprašyti Teisingumo Teismo išaiškinti Reglamento Nr. 1685/2000 1 taisyklės 1.8 punktą. Dėl prejudicinio klausimo Savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar Reglamento Nr. 1685/2000 1 taisyklės 1.8 punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis draudžia taikyti pridėtinių išlaidų, kaip tinkamų išlaidų, apskaičiavimo būdą, vykdant struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą, tik todėl, kad šio būdo pagrindas yra darbo užmokesčio išlaidų arba darbo laiko koeficientas ar proporcinga dalis. Pagal šią nuostatą pridėtinės išlaidos yra tinkamos išlaidos, jeigu jos pagrįstos realiomis sąnaudomis, kurios yra susijusios su struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos įgyvendinimu, ir yra deramai pagrįstu ir teisingu būdu proporcingai paskirstytos veiklai. Jeigu šioje nuostatoje suomių kalba nėra jokio reikalavimo, kad išlaidos turi būti „proporcingai“ paskirstytos nagrinėjamai veiklai, ši aplinkybė neturėtų turėti jokių pasekmių, nes, kaip matyti iš nusistovėjusios teismo praktikos, Bendrijos nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos vienodai, atsižvelgiant į visomis Bendrijos kalbomis parengtas versijas, ir kad šioje byloje kitos kalbinės versijos nei suomių kalba aiškiai nurodo reikalavimą, kad pridėtinės išlaidos būtų proporcingai paskirstytos nagrinėjamai veiklai (pagal analogiją žr. 1997 m. liepos 17 d. Sprendimo Ferriere Nord prieš Komisiją , C‑219/95 P, Rink. p. I‑4411, 15 punktą). Pagal Reglamento Nr. 1685/2000 1 taisyklės 1.10 punktą valstybės narės, nustatydamos tinkamas išlaidas pagal 1.6, 1.7, 1.8 punktus, gali taikyti griežtesnes nacionalines taisykles. Nepažeidžiant nacionalinių taisyklių, numatančių griežtesnes sąlygas, tinkamos išlaidos yra pridėtinės išlaidos, kurias patyrė galutiniai naudos gavėjai, kai pagal minėtos taisyklės 1.8 punktą šios išlaidos atitinka tris sąlygas, tai yra jos pagrįstos realiomis sąnaudomis, yra susijusios su struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos įgyvendinimu ir yra deramai pagrįstu ir teisingu būdu proporcingai paskirstytos veiklai. Kalbant apie pirmąją tinkamumo sąlygą, pakanka pastebėti, kad, kaip nurodė Komisija, išlaidos, kurias faktiškai sumokėjo galutiniai naudos gavėjai ir kurios pagrįstos gautomis sąskaitomis faktūromis arba apskaitos dokumentais, kurie turi tokią pačią įrodomąją vertę Reglamento Nr. 1260/1999 32 straipsnio 1 dalies trečiosios pastraipos prasme, yra laikytinos pagrįstomis realiomis sąnaudomis. Dėl antrosios tinkamumo sąlygos reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 1260/1999 30 straipsnio 1 dalį veiklos išlaidos tam tikrus fondų įnašui gauti nustatytus reikalavimus atitinka tik tuo atveju, jeigu ši veikla yra tam tikros pagalbos dalis. Todėl pridėtinės išlaidos, patiriamos dėl priemonių ir paslaugų, kurios yra reikalingos galutiniams naudos gavėjams siekiant įgyvendinti šių fondų bendrai finansuojamą veiklą, yra laikomos tinkamomis išlaidomis. Kalbant apie trečiąją tinkamumo sąlygą, dėl kurios taikymo nesutaria pagrindinės bylos šalys, reikia konstatuoti, kad ji neįtvirtina vienintelio apskaičiavimo būdo, tačiau valstybėms narėms palieka diskreciją apskaičiuoti tinkamas išlaidas. Ši sąlyga numato tik tai, kad, norint pridėtines išlaidas laikyti tinkamomis išlaidomis, jos „teisingu ir deramai pagrįstu sąžiningu būdu turi būti proporcingai paskirstytos veiklai“. Todėl Reglamento Nr. 1685/2000 priedo 1 taisyklės 1.8 punktas neturi būti aiškinamas kaip draudžiantis pridėtinių išlaidų, kaip tinkamų išlaidų, apskaičiavimo būdus, kurių pagrindas yra darbo užmokesčio išlaidų arba darbo laiko koeficientas ar proporcinga dalis, su sąlyga, kad galutinis naudos gavėjas gali įrodyti, jog šios išlaidos paskirstomos projektui šioje nuostatoje nustatytus kriterijus atitinkančiu būdu. Reikia patikslinti, kad, kaip teisingai nurodė Komisija, pridėtines išlaidas, kaip antai darbo užmokesčio išlaidas, su nekilnojamuoju turtu susijusias išlaidas arba su informacinėmis technologijomis susijusias išlaidas, paskirstant projektui pagal anksčiau minėtus kriterijus, reikia atsižvelgti į asmenų, įgyvendinančių projektą, skaičiaus, darbo valandų, kurias šie asmenys skiria jam įgyvendinti, arba už tai mokamo darbo užmokesčio sumos ir vidutinio asmenų, dirbančių atitinkamoje administracijoje, skaičiaus, vidutinio jų išdirbtų darbo valandų skaičiaus arba vidutinės sumokėto darbo užmokesčio sumos santykį. Taigi į pateiktą klausimą reikia atsakyti taip, kad Reglamento Nr. 1685/2000 priedo 1 taisyklės 1.8 punktas nedraudžia pridėtinių išlaidų, kaip tinkamų išlaidų, apskaičiavimo būdo vykdant struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą tik dėl to, kad šio būdo pagrindas yra darbo užmokesčio išlaidų arba darbo laiko koeficientas ar proporcinga dalis. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti pastarasis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia: 2000 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1685/2000, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų bendrai finansuojamos veiklos išlaidų tinkamumo, iš dalies pakeisto 2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 448/2004, 1 taisyklės 1.8 punktas nedraudžia pridėtinių išlaidų, kaip tinkamų išlaidų, apskaičiavimo būdo vykdant struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą tik dėl to, kad šio būdo pagrindas yra darbo užmokesčio išlaidų arba darbo laiko koeficientas ar proporcinga dalis. Parašai. * Proceso kalba: suomių.

62017CJ0214

cs

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti, schváleného jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2009/941/ES ze dne 30. listopadu 2009 ( Úř. věst. 2009, L 331, s. 17 , dále jen „Haagský protokol“). Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Alexandrem Mölkem a jeho dcerou, Valentinou Mölk, ve věci výživného. Právní rámec Haagský protokol Článek 3 Haagského protokolu, nadepsaný „Obecné pravidlo pro rozhodné právo“ stanoví: „1.   Vyživovací povinnosti se řídí právem státu, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu, nestanoví-li tento protokol jinak. 2.   V případě změny místa obvyklého pobytu oprávněného se použije právo státu, v němž má oprávněný nové místo obvyklého pobytu, a to od okamžiku takové změny.“ Článek 4 tohoto protokolu, nadepsaný „Zvláštní pravidla ve prospěch určitých oprávněných“, stanoví: „1.   Následující ustanovení se použijí, jedná-li se o vyživovací povinnosti: a) rodičů ke svým dětem; […] 2.   Pokud oprávněný nemůže získat výživné od povinného na základě práva uvedeného v článku 3, použije se právo státu, v němž má sídlo soud. 3.   Pokud oprávněný zahájil řízení u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný, použije se právo státu, v němž má sídlo soud, bez ohledu na článek 3. Pokud však oprávněný nemůže na základě tohoto práva získat výživné od povinného, použije se právo státu, v němž má místo obvyklého pobytu oprávněný. […]“ Článek 7 uvedeného protokolu, nadepsaný „Určení rozhodného práva pro účely konkrétního řízení“, stanoví: „1.   Bez ohledu na ustanovení článků 3 až 6 mohou oprávněný a povinný výslovně určit pouze pro účely konkrétního řízení v daném státě právo tohoto státu jako právo rozhodné pro vyživovací povinnost. 2.   Určení se provede před zahájením řízení formou dohody podepsané oběma stranami, která je učiněna buď písemně, nebo je zaznamenána na jakémkoli nosiči informací tak, aby v něm obsažené informace byly dostupné a dále využitelné.“ Článek 8 téhož protokolu, nadepsaný „Určení rozhodného práva“, zní: „1.   Bez ohledu na ustanovení článků 3 až 6 mohou oprávněný a povinný kdykoli určit za rozhodné právo pro vyživovací povinnost některý z těchto právních řádů: […] b) právo státu, v němž má některá ze stran místo obvyklého pobytu v okamžiku určení; […] 3.   Odstavec 1 se nepoužije na vyživovací povinnosti k osobě mladší 18 let nebo k dospělému, který z důvodu zhoršení nebo nedostatečnosti svých osobních schopností není schopen hájit své zájmy. 4.   Bez ohledu na právo určené oběma stranami podle odstavce 1 se otázka, zda se oprávněný může vzdát svého práva na výživné, určí podle práva státu, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu v okamžiku určení. 5.   Pokud v okamžiku určení nebyly strany zcela informovány a vědomy si následků svého určení rozhodného práva, toto právo určené stranami se nepoužije, pokud by jeho použití způsobilo některé ze stran zjevně nespravedlivé nebo nepřiměřené následky.“ Nařízení (ES) č. 4/2009 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností ( Úř. věst. 2009, L 7, s. 1 ), v článku 1, nadepsaném „Oblast působnosti“, stanoví: „Toto nařízení se použije na vyživovací povinnosti vyplývající z rodinných vztahů, rodičovství, manželství nebo švagrovství. […]“ Článek 3 tohoto nařízení, nadepsaný „Obecn[á] ustanovení“, stanoví: „K rozhodování ve věcech vyživovacích povinností je v členských státech příslušný a) soud místa, v němž má odpůrce místo obvyklého pobytu, nebo b) soud místa, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu […] […]“ Článek 5 uvedeného nařízení, nadepsaný „Příslušnost založená na účasti odpůrce na řízení“, stanoví: „Není-li soud jednoho členského státu příslušný již podle jiných ustanovení tohoto nařízení, stane se příslušným, jestliže se odpůrce řízení před tímto soudem účastní. To neplatí, pokud se odpůrce účastní proto, aby namítal nepříslušnost soudu.“ Článek 15 téhož nařízení, nadepsaný „Určení rozhodného práva“, zní: „Právo rozhodné pro otázky vyživovacích povinností se v členských státech, které jsou vázány [Haagským protokolem], určuje v souladu s uvedeným protokolem.“ Spor v původním řízení a předběžné otázky Alexander Mölk má místo obvyklého pobytu v Rakousku, zatímco jeho dcera, Valentina Mölk, má místo obvyklého pobytu v Itálii. Podle usnesení Bezirksgericht Innsbruck (Okresní soud v Innsbrucku, Rakousko) ze dne 10. října 2014 je A. Mölk povinen platit V. Mölk měsíční výživné. Toto usnesení bylo vydáno podle rakouského práva na základě návrhu na stanovení výživného, který podala oprávněná, V. Mölk, k tomuto soudu v souladu s čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu. V roce 2015 podal A. Mölk k Bezirksgericht Innsbruck (Okresní soud v Innsbrucku) návrh na snížení uvedeného výživného od 1. února 2015 z důvodu poklesu svého čistého příjmu. Valentina Mölk požadovala zamítnutí tohoto návrhu na snížení. Bezirksgericht Innsbruck (Okresní soud v Innsbrucku) usnesením ze dne 11. prosince 2015 návrh A. Mölka podle italského práva zamítl. Podle tohoto soudu se tento návrh řídil uvedeným právem na základě čl. 3 odst. 1 Haagského protokolu, jelikož místo obvyklého pobytu V. Mölk se v okamžiku podání tohoto návrhu nacházelo v Itálii. Usnesením ze dne 9. března 2016 Landesgericht Innsbruck (Krajský soud v Innsbrucku, Rakousko) v rámci odvolání potvrdil rozhodnutí Bezirksgericht Innsbruck (Okresní soud v Innsbrucku), při posouzení však vycházel z rakouského práva. Tento odvolací soud měl za to, že v situaci, kdy ani jedna ze stran nezměnila svůj obvyklý pobyt, nemůže dojít ke změně práva aplikovaného v usnesení Bezirksgericht Innsbruck (Okresní soud v Innsbrucku) ze dne 10. října 2014 už jen z toho důvodu, že návrh na snížení dotyčného výživného podal povinný z výživného pouze několik málo měsíců po vydání uvedeného usnesení, jež se stalo pravomocným. Alexander Mölk podal k předkládajícímu soudu kasační opravný prostředek, ve kterém se domáhal toho, aby bylo o výživném rozhodnuto podle italského práva. Tvrdí, že pokud by toto právo bylo použito správně, mělo by být jeho návrhu vyhověno. Předkládající soud si klade otázku ohledně práva rozhodného v takovém případě, o jaký se jedná ve věci v původním řízení, a poukazuje na to, že v nauce proti sobě stojí dva přístupy. Podle prvního přístupu je rozhodným právem, určeným v souladu s článkem 3 Haagského protokolu, právo státu, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu, i když to není právo státu, ve kterém se nachází orgán, který přijal původní rozhodnutí o výživném. Podle druhého přístupu musí být na návrh na změnu vnitrostátního rozhodnutí nebo uznaného zahraničního rozhodnutí použito právo, které již bylo ve věci vyživovací povinnosti použito. Za těchto podmínek se Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud, Rakousko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) Má být čl. 4 odst. 3 ve spojení s článkem 3 [Haagského protokolu] vykládán v tom smyslu, že právem státu, ve kterém má oprávněný místo obvyklého pobytu, se řídí i návrh povinného na snížení pravomocně stanoveného výživného z důvodu změny výše jeho příjmu, když výživné, které mělo být až doposud placeno, bylo na návrh oprávněného a na základě čl. 4 odst. 3 [Haagského protokolu] stanoveno soudem podle práva státu, ve kterém má místo obvyklého pobytu povinný, jež nebylo změněno? 2) V případě kladné odpovědi na první otázku: Má být čl. 4 odst. 3 [Haagského protokolu] vykládán v tom smyslu, že oprávněný ‚zahájí řízení‘ u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný, také tím způsobem, že se před tímto orgánem účastní řízení ve smyslu článku 5 [nařízení č. 4/2009], k jehož zahájení dal podnět povinný, a domáhá se zamítnutí návrhu ve věci samé?“ K předběžným otázkám Na úvod je třeba připomenout, že Soudní dvůr má pravomoc vykládat Haagský protokol (rozsudek ze dne 7. června 2018, KP, C‑83/17 , EU:C:2018:408 , bod ). K první otázce Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu vykládán v tom smyslu, že z takové situace, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, ve které bylo výživné na návrh oprávněného a podle tohoto čl. 4 odst. 3 stanoveno pravomocným rozhodnutím podle práva místa sídla soudu, určeného v souladu s tímto ustanovením, vyplývá, že je toto právo právem rozhodným pro pozdější návrh podaný povinným u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu, proti oprávněnému za účelem snížení tohoto výživného. Podle čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu se právo státu, v němž má sídlo soud, použije bez ohledu na článek 3 tohoto protokolu z podnětu oprávněného, pokud tento oprávněný, stejně jako V. Mölk ve věci v původním řízení, podá návrh u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný. Vyvstává otázka, zda, ačkoli to znění tohoto čl. 4 odst. 3 výslovně nestanoví, působí toto ustanovení i v případě, že povinný, tak jako A. Mölk ve věci v původním řízení, podá k témuž orgánu pozdější návrh, a to v tom smyslu, že dříve určené právo se rovněž použije na nové řízení. Za účelem odpovědi na tuto otázku je třeba při výkladu čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu vzít v úvahu nejen jeho znění, ale rovněž jeho kontext a cíle sledované právní úpravou, jíž je součástí. Co se týče kontextu, jehož součástí je čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu, je třeba uvést, že toto ustanovení je součástí systému hraničních určovatelů stanoveného tímto protokolem, který v článku 3 stanoví v první řadě použití práva státu, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu. Autoři Haagského protokolu měli za to, že toto právo má nejužší vazbu k situaci oprávněného, a jeví se tudíž jako nejvhodnější právo, kterým se má řídit posuzování konkrétních problémů, s nimiž se osoba oprávněná k výživnému může potýkat (rozsudek ze dne 7. června 2018, KP, C‑83/17 , EU:C:2018:408 , bod ). Článek 4 Haagského protokolu obsahuje zvláštní pravidla ve prospěch určitých oprávněných, jež se vztahují mimo jiné na povinnosti rodičů ke svým dětem a uplatní se podpůrně. Článek 4 odst. 2 stanoví, že se právo státu, v němž má sídlo soud, použije, pokud oprávněný nemůže získat výživné na základě práva určeného v první řadě podle článku 3 tohoto protokolu. Článek 4 odst. 3 Haagského protokolu se odchyluje od pravidla stanoveného tímto protokolem a připomenutého v bodě 28 tohoto rozsudku, podle kterého se příslušný orgán v první řadě řídí právem státu, v němž má oprávněný místo obvyklého pobytu. Tento čl. 4 odst. 3 obrací pořadí hraničních určovatelů stanovené v článku 3 a čl. 4 odst. 2 uvedeného protokolu tím, že na prvním místě určuje právo státu, v němž má sídlo soud, pokud oprávněný zahájil řízení u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný (rozsudek ze dne 7. června 2018, KP, C‑83/17 , EU:C:2018:408 , bod ), a na druhém místě právo státu, v němž má místo obvyklého pobytu oprávněný, pokud oprávněný nemůže výživné od povinného získat na základě práva státu, v němž má sídlo soud. Haagský protokol tím, že stanoví, že se na prvním místě může použít právo státu, v němž má sídlo soud, a to namísto práva státu, v němž má místo obvyklého pobytu oprávněný, přiznává oprávněnému možnost zvolit si nepřímo první z těchto práv, přičemž tato volba je výsledkem toho, že oprávněný podá návrh u příslušného orgánu státu, v němž má povinný místo obvyklého pobytu. Tato možnost sleduje cíl ochrany oprávněného, jenž je považován za slabší stranu ve vztazích s povinným, a tím mu de facto umožňuje zvolit si rozhodné právo pro jeho návrh. Za těchto podmínek platí, že pokud je řízení, v němž byl tento návrh podán, ukončeno pravomocným rozhodnutím, z čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu nevyplývá, že je třeba rozšířit účinky této volby na nové řízení zahájené nikoliv oprávněným, ale povinným. Kromě toho, pokud jde o pravidlo odchylující se od pravidla stanoveného v článku 3 Haagského protokolu, musí být toto pravidlo vykládáno striktně, aniž by byl překročen rámec situace, kterou toto ustanovení výslovně upravuje. Tyto úvahy jsou potvrzeny důvodovou zprávou k Haagskému protokolu, vyhotovenou A. Bonomim (text přijatý na dvacátém prvním zasedání Haagské konference o mezinárodním právu soukromém). Jak totiž uvedl A. Bonomi v bodě 67 této zprávy, stanovená odchylka od základního hraničního určovatele, kterým je právo místa obvyklého pobytu oprávněného, může být odůvodněna, pokud se sám oprávněný rozhodne zahájit řízení ve státě, v němž má místo pobytu povinný, ale jeví se jako nepřiměřená v případě, že řízení bylo zahájeno v tomto státě z podnětu povinného, zejména pokud jde o návrh na změnu rozhodnutí ve věci výživného. Srovnání tohoto čl. 4 odst. 3 s ustanoveními Haagského protokolu, která stranám umožňují zvolit si vzájemnou dohodou rozhodné právo pro vyživovací povinnost, a sice články 7 a 8 tohoto protokolu, tuto analýzu rovněž potvrzuje. Článek 8 Haagského protokolu umožňuje oprávněnému a povinnému kdykoli určit za rozhodné právo pro vyživovací povinnost některý z různých právních řádů uvedených v odstavci 1 tohoto článku 8. Takto určené právo se vztahuje nejen na konkrétní řízení, ale na všechna řízení týkající se takové povinnosti. Vzhledem k tomu, že je volba rozhodného práva dlouhodobá, autoři Haagského protokolu podřídili použití článku 8 tohoto protokolu určitým podmínkám, aby minimalizovali riziko negativních účinků, zejména pro oprávněného. Mezi těmito podmínkami je třeba mimo jiné zmínit podmínku uvedenou v odstavci 3 tohoto článku 8, podle níž mohou na základě tohoto článku provést takovou volbu pouze strany ve věku 18 let nebo starší. Mimoto odstavec 5 téhož článku 8 stanoví, že pokud v okamžiku určení nebyly strany zcela informovány a vědomy si následků svého určení rozhodného práva, toto právo určené stranami se nepoužije, pokud by jeho použití způsobilo některé ze stran zjevně nespravedlivé nebo nepřiměřené následky. Tato ochranná ustanovení neexistují v kontextu článku 7 Haagského protokolu, který rovněž umožňuje stranám zvolit si rozhodné právo, ale pouze v případě konkrétního řízení. Provedená volba práva je tedy platná pouze pro toto řízení, a nikoliv pro následující řízení týkající se téže vyživovací povinnosti, což omezuje riziko negativních účinků této volby. Absence takových ochranných ustanovení ve znění čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu rovněž podporuje argument, podle kterého se toto ustanovení použije pouze v jednom řízení, a sice v řízení zahájeném oprávněným za podmínek, které výslovně stanoví. V tomto ohledu, jak uvedl generální advokát v bodě 48 svého stanoviska, jestliže by původní volba práva státu, v němž má sídlo soud, kterou učinil oprávněný podle čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu, znamenala, že v pozdějším řízení zahájeném povinným u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu, by se rovněž použilo totéž právo, umožňovalo by to obcházet minimální věkovou hranici stanovenou v čl. 8 odst. 3. Haagského protokolu, jakož i další ochranná ustanovení uvedená v tomto článku 8. Je tudíž třeba konstatovat, že se čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu vztahuje pouze na situaci, kdy oprávněný nepřímo zvolí právo státu, v němž má sídlo soud, v rámci řízení, které zahájil u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný, a nevztahuje se na pozdější řízení zahájené poté, co se rozhodnutí v původním řízení stalo pravomocným. Tento závěr nemůže vyvrátit skutečnost uvedená portugalskou vládou, podle které toto pozdější řízení mohlo být zahájeno krátce po prvním řízení a bylo by paradoxní, kdyby souběžné návrhy týkající se krátké doby, po kterou nedošlo k žádné změně místa obvyklého pobytu stran, musely být posouzeny podle různých právních řádů. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že určení rozhodného práva nemůže záviset na datu zahájení případného druhého řízení. Takový výklad by totiž mařil cíl předvídatelnosti sledovaný Haagským protokolem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 7. června 2018, KP, C‑83/17 , EU:C:2018:408 , bod ). Jak uvedl generální advokát v bodech 42 a 64 svého stanoviska, nevýhoda, kterou představuje použití rozdílných právních řádů v postupných řízeních mezi stejnými účastníky, se zdá být inherentní systému kolizních norem stanovených Haagským protokolem. Vzhledem k výše uvedeným úvahám je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu musí být vykládán v tom smyslu, že z takové situace, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, ve které bylo výživné na návrh oprávněného a podle tohoto čl. 4 odst. 3 stanoveno pravomocným rozhodnutím podle práva státu, v němž má sídlo soud, určeného v souladu s tímto ustanovením, nevyplývá, že je toto právo právem rozhodným pro pozdější návrh podaný povinným u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu, proti oprávněnému za účelem snížení tohoto výživného. K druhé otázce Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu vykládán v tom smyslu, že oprávněný „zahájí řízení“ ve smyslu tohoto článku u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný, tím způsobem, že se před tímto orgánem účastní řízení ve smyslu článku 5 nařízení č. 4/2009, k jehož zahájení dal podnět povinný, a domáhá se zamítnutí návrhu ve věci samé. Jak vyplývá z analýzy provedené v rámci odpovědi na první otázku, čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu představuje odchylku od hlavního hraničního určovatele připomenutého v bodě 28 tohoto rozsudku, takže není namístě rozšířit jeho použití nad rámec situací, které výslovně upravuje. Toto ustanovení se použije pouze za dvou podmínek, a sice že orgán, u něhož bylo zahájeno řízení, je orgán státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný, a že řízení u tohoto orgánu zahájil oprávněný, který dal k řízení podnět. V případě řízení, k němuž dal podnět povinný, u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu, může zajisté účast oprávněného mít za následek příslušnost tohoto orgánu, jak stanoví článek 5 nařízení č. 4/2009. Z tohoto přijetí příslušnosti však nelze vyvodit, že oprávněný rovněž „zahájil řízení“ u orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný, ve smyslu čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu. Takový výklad by měl za následek to, jak uvedl generální advokát v bodě 72 svého stanoviska, že právo státu, v němž má sídlo soud, které toto ustanovení ukládá, by se vztahovalo na všechna řízení zahájená před takovým orgánem, přičemž z odpovědi na první otázku vyplývá, že možnost ponechaná oprávněnému na základě čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu nepřímo si toto právo zvolit se vztahuje pouze na řízení zahájené z jeho podnětu. S ohledem na předcházející úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že čl. 4 odst. 3 Haagského protokolu musí být vykládán v tom smyslu, že oprávněný „[ne]zahájí řízení“ ve smyslu tohoto článku u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný, tím způsobem, že se před tímto orgánem účastní řízení ve smyslu článku 5 nařízení č. 4/2009, k jehož zahájení dal podnět povinný, a domáhá se zamítnutí návrhu ve věci samé. K nákladům řízení Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Z těchto důvodů Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl takto: 1) Článek 4 odst. 3 Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti, schváleného jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 2009/941/ES ze dne 30. listopadu 2009, musí být vykládán v tom smyslu, že z takové situace, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, ve které bylo výživné na návrh oprávněného a podle tohoto čl. 4 odst. 3 stanoveno pravomocným rozhodnutím podle práva státu, v němž má sídlo soud, určeného v souladu s tímto ustanovením, nevyplývá, že je toto právo právem rozhodným pro pozdější návrh podaný povinným u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu, proti oprávněnému za účelem snížení tohoto výživného. 2) Článek 4 odst. 3 Haagského protokolu ze dne 23. listopadu 2007 musí být vykládán v tom smyslu, že oprávněný „[ne]zahájí řízení“ ve smyslu tohoto článku u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný, tím způsobem, že se před tímto orgánem účastní řízení ve smyslu článku 5 nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, k jehož zahájení dal podnět povinný, a domáhá se zamítnutí návrhu ve věci samé. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: němčina.

62010CJ0111

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Svojou žalobou Európska komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/983/EÚ zo 16. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Litovskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 ( Ú. v. EÚ L 338, s. 93 , ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Právny rámec Nariadenie (ES) č. 659/1999 Článok 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku [108 ZFEÚ] ( Ú. v. ES L 83, s. 1 ; Mim. vyd. 08/001, s. 339) uvádza: „Na účely tohto nariadenia: … b) ‚existujúca pomoc‘ bude znamenať: … ii) autorizovanú pomoc, to znamená schémy pomoci a individuálnu pomoc, ktoré boli schválené Komisiou alebo Radou [Európskej únie]; … c) ‚nová pomoc‘ bude znamenať všetku pomoc, to znamená schémy pomoci a individuálnu pomoc, ktorá nie je existujúcou pomocou vrátane úprav existujúcej pomoci; …“ Článok 17 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje: „Ak Komisia uvažuje, že schéma existujúcej pomoci nie je, alebo už nie je zlučiteľná so spoločným trhom, informuje daný členský štát o svojom predbežnom názore a poskytne danému členskému štátu príležitosť predložiť jeho pripomienky v období jedného mesiaca. …“ Článok 18 uvedeného nariadenia stanovuje: „Ak Komisia na základe informácií predložených členským štátom podľa článku 17 dospeje k záveru, že existujúca schéma pomoci nie je, alebo už nie je ďalej zlučiteľná so spoločným trhom, vydá odporúčanie navrhujúce príslušné opatrenia pre daný členský štát. …“ Článok 19 ods. 1 tohto nariadenia znie takto: „Ak daný členský štát akceptuje navrhované opatrenia a informuje o nich Komisiu, Komisia zaznamená toto zistenie a informuje o ňom členský štát. Členský štát bude viazaný jeho prijatím, aby vykonal príslušné opatrenia.“ Nariadenie (ES) č. 1857/2006 Článok 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov [107 ZFEÚ] a [108 ZFEÚ] na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 ( Ú. v. EÚ L 358, s. 3 ), stanovuje: „1.   Pomoc na investovanie do poľnohospodárskych usadlostí v rámci [Európskej únie] na prvotnú výrobu poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku [107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ] a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku [108 ods. 3 ZFEÚ] za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v odsekoch 2 až 10 tohto článku. … 8.   Pomoc sa môže udeliť na kúpu pozemku okrem pozemku na stavebné účely, ktorého cena je maximálne 10 % oprávnených nákladov investície. …“ Nariadenie (ES) č. 1535/2007 Článok 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov [107 ZFEÚ] a [108 ZFEÚ] na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby ( Ú. v. EÚ L 337, s. 35 ) stanovuje: „Opatrenia pomoci sa považujú za také, ktoré nespĺňajú všetky kritériá článku [107 ods. 1 ZFEÚ] a preto nespadajú do požiadavky o oznamovaní v článku [108 ods. 3 ZFEÚ], ak spĺňajú podmienky stanovené v odsekoch 2 a 7.“ Poľnohospodárske usmernenia Bod 29 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 ( Ú. v. EÚ C 319, 2006, s. 1 , ďalej len „poľnohospodárske usmernenia“) stanovuje: „Pomoc na investície do poľnohospodárskych podnikov bude vyhlásená za zlučiteľnú s článkom [107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ], ak spĺňa všetky podmienky článku 4 [nariadenia č. 1857/2006]…“ Pod názvom „Návrhy vhodných opatrení“ bod 196 týchto usmernení stanovuje: „V súlade s článkom [108 ods. 1 ZFEÚ] Komisia navrhne členským štátom upraviť ich existujúce schémy pomoci tak, aby boli zosúladené s týmito usmerneniami najneskôr do 31. decembra 2007 s výnimkou existujúcich schém pomoci… pre investície týkajúce sa nákupu pôdy v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa musia zosúladiť s týmito usmerneniami k 31. decembru 2009.“ Bod 197 uvedených usmernení stanovuje, že členské štáty sa vyzývajú, aby najneskôr do 28. februára 2007 písomnou formou potvrdili, že súhlasia s návrhmi vhodných opatrení. Bod 198 týchto usmernení znie takto: „V prípade, že niektorý členský štát do tohto dátumu svoj súhlas písomnou formou nepotvrdí, Komisia uplatní článok 19 ods. 2 nariadenia [č. 659/1999] a v prípade potreby bude iniciovať konania, ktoré sa uvádzajú v tomto ustanovení.“ Dočasný rámec Bod 4.2.2 dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy zavedeného oznámením Komisie zo 17. decembra 2008 ( Ú. v. EÚ C 83, 2009, s. 1 ), zmeneným a doplneným oznámením Komisie uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie z 31. októbra 2009 ( Ú. v. EÚ C 261, s. 2 , ďalej len „dočasný rámec“), stanovuje, že vzhľadom na hospodársku situáciu sa považuje za nevyhnutné za určitých podmienok dočasne umožniť poskytovanie obmedzenej výšky pomoci. Bod 4.2.2 písm. h) dočasného rámca okrem iného spresňuje, že „pokiaľ je pomoc poskytnutá podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe…, hotovostný grant (alebo ekvivalent hrubého grantu) neprekročí úroveň 15000 EUR na podnik“. Bod 7 dočasného rámca najmä stanovuje, že „toto oznámenie… [sa] nebude… uplatňovať po 31. decembri 2010“. Okolnosti predchádzajúce sporu Listom z 25. februára 2005 Litovská republika na základe článku 88 ods. 3 ES oznámila Komisii opatrenie štátnej pomoci s názvom „Pomoc na nákup pôdy“. Cieľom tohto opatrenia bolo nahradiť existujúcu schému pomoci a malo sa uplatňovať až do roku 2010. Toto opatrenie malo formu pomoci na investície pre poľnohospodárov, ktorí zamýšľali nakúpiť poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve štátu. Keďže táto pomoc bola zlučiteľná s článkom 87 ods. 3 písm. c) ES, Komisia rozhodnutím z 22. novembra 2006 ( Ú. v. EÚ C 317, 2007, s. 6 , ďalej len „rozhodnutie z 22. novembra 2006“) rozhodla o nepodaní námietky. Toto rozhodnutie spresňovalo, že dotknutá schéma pomoci trvá odo dňa schválenia Komisiou „do roku 2010“. V bode 196 poľnohospodárskych usmernení Komisia členským štátom navrhla, aby zmenili existujúce schémy pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy a zosúladili ich s týmito usmerneniami najneskôr do 31. decembra 2009. Dňa 22. marca 2007 Litovská republika oznámila, že prijíma návrhy príslušných opatrení uvedené v bode 196 týchto usmernení. Ako stanovuje článok 19 ods. 1 nariadenia č. 659/1999, Komisia vzala na vedomie túto dohodu oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie ( Ú. v. EÚ C 70, 2008, s. 11 ). Dňa 23. novembra 2009 Litovská republika zaslala Rade žiadosť na základe článku 88 ods. 2 ES s cieľom predĺžiť trvanie schémy pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy do 31. decembra 2013. Napadnutým rozhodnutím Rada vyhovela uvedenej žiadosti na základe článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ. Článok 1 tohto rozhodnutia znie takto: „Mimoriadna štátna pomoc litovských orgánov na pôžičky na nákup poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu maximálne vo výške 55 miliónov [litovských litov (LTL)] a poskytovaná od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 sa považuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom.“ Rada odôvodnila svoje rozhodnutie, najmä s poukázaním na odôvodnenia 2 až 4 tohto rozhodnutia, nepriaznivou štruktúrou litovských poľnohospodárskych podnikov z hľadiska rozlohy, nízkymi príjmami poľnohospodárov, veľmi významným znížením cien poľnohospodárskych výrobkov v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, ako aj vysokými úrokovými mierami pôžičiek na nákup poľnohospodárskej pôdy. Taktiež sa zdôrazňuje nízka úroveň vlastných zdrojov litovských poľnohospodárov. Podľa odôvodnení 9 a 10 napadnutého rozhodnutia: „(9) Komisia v tejto fáze nezačala žiadne konanie, ani nezaujala stanovisko k povahe a zlučiteľnosti pomoci. (10) Existujú preto výnimočné okolnosti, ktoré prostredníctvom udelenia výnimky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na úspešné dokončenie pozemkovej reformy a zlepšenie štruktúry poľnohospodárskych podnikov a účinnosti poľnohospodárstva v Litve, umožňujú považovať takúto pomoc za zlučiteľnú so spoločným trhom.“ Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania Komisia navrhuje, aby Súdny dvor: — zrušil napadnuté rozhodnutie a — zaviazal Radu na náhradu trov konania. Rada navrhuje, aby Súdny dvor: — zamietol žalobu ako nedôvodnú a — zaviazal Komisiu na náhradu trov konania. Uznesením predsedu Súdneho dvora z 9. augusta 2010 bolo vyhovené návrhom Litovskej republiky, Maďarska a Poľskej republiky na vstup do konania ako vedľajších účastníkov konania na podporu návrhov Rady. O žalobe Komisia na podporu svojej žaloby uvádza štyri žalobné dôvody založené na nedostatku právomoci Rady, zneužití právomoci, porušení zásady lojálnej spolupráce a na zjavne nesprávnom posúdení existencie výnimočných okolností, ako aj na porušení zásady proporcionality. O prvom žalobnom dôvode založenom na nedostatku právomoci Rady Argumentácia účastníkov konania V prvom žalobnom dôvode Komisia uvádza, že Rada nemala právomoc prijať napadnuté rozhodnutie. Podľa Komisie z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že právomoc, ktorá je Rade zverená článkom 108 ods. 2 tretím pododsekom ZFEÚ, je výnimočnej povahy a že Rada preto nie je oprávnená zrušiť rozhodnutie Komisie o nezlučiteľnosti pomoci s vnútorným trhom alebo ho obísť. Komisia sa domnieva, že v bode 196 poľnohospodárskych usmernení prijala konečné stanovisko k zlučiteľnosti schémy pomoci zavedenej Litovskou republikou v prospech nákupu poľnohospodárskej pôdy s vnútorným trhom. Skutočnosť, že toto stanovisko prijala vo forme usmernenia, nemá nijaký význam, keďže súdy Európskej únie už rozhodli, že členský štát, ktorý akceptuje usmernenia, je povinný ich uplatňovať. V prejednávanej veci Litovská republika oznámila svoju akceptáciu návrhov príslušných opatrení uvedených v bode 196 poľnohospodárskych usmernení. V dôsledku toho je povinná ukončiť uvedenú schému pomoci najneskôr 31. decembra 2009 a znovu ju nezaviesť pred 31. decembrom 2013. Preto Rada tým, že tú istú schému pomoci povolila od 1. januára 2010, zmarila účinok rozhodnutia Komisie, čím prekročila svoju právomoc. Rada naopak tvrdí, že schéma pomoci povolená v napadnutom rozhodnutí predstavuje novú schému pomoci odlišujúcu sa od schémy pomoci schválenej Komisiou v rozhodnutí z 22. novembra 2006, najmä z dôvodu, že sa zakladá na nových skutkových a právnych skutočnostiach. Komisia preto nikdy neposudzovala zlučiteľnosť schémy pomoci povolenej napadnutým rozhodnutím s vnútorným trhom. Rada uvádza, že bod 196 poľnohospodárskych usmernení sa neuplatňuje na schému pomoci, ktorú schválila, keďže príslušné opatrenia stanovené v článku 108 ods. 1 ZFEÚ sa uplatňujú len na existujúcu pomoc. Vo svojej replike Komisia tvrdí, že rozdiely uvedené Radou medzi existujúcou schémou pomoci a schémou povolenou v napadnutom rozhodnutí nie sú relevantné, keďže tieto schémy sú tak nerozlučne prepojené, že by bolo značne umelé snažiť sa rozlišovať medzi týmito dvoma schémami na účely uplatnenia článku 108 ods. 2 ZFEÚ. Litovská republika, Maďarsko a Poľsko v podstate súhlasia s analýzou Rady. Posúdenie Súdnym dvorom Na účely posúdenia dôvodnosti prvého žalobného dôvodu, na ktorý sa odvoláva Komisia na podporu svojej žaloby, je nevyhnutné stanoviť, či Rada mala na základe článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ právomoc považovať schému pomoci dotknutú napadnutým rozhodnutím za zlučiteľnú s vnútorným trhom, hoci Litovská republika akceptovala príslušné opatrenia navrhnuté v bode 196 poľnohospodárskych usmernení. Podľa článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ môže Rada na žiadosť členského štátu jednohlasne rozhodnúť, že pomoc, ktorá je alebo má byť zavedená týmto štátom, sa musí považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom ako výnimka z ustanovení článku 107 ZFEÚ alebo nariadení podľa článku 109 ZFEÚ, pokiaľ výnimočné okolnosti odôvodňujú takéto rozhodnutie. Členský štát teda za jasne stanovených okolností nemusí oznámiť pomoc Komisii, ktorá by rozhodovala v rámci stanovenom článkom 108 ods. 3 ZFEÚ, ale Rade, ktorá rozhoduje v rámci stanovenom článkom 108 ods. 2 tretím pododsekom ZFEÚ, a to odchylne od ustanovení článku 107 ZFEÚ alebo nariadení podľa článku 109 ZFEÚ. Súdny dvor už mal príležitosť spresniť určité aspekty výkladu tohto ustanovenia. Po tom, ako pripomenul centrálnu úlohu, ktorú Zmluva vyhradzuje Komisii v súvislosti s rozhodovaním o nezlučiteľnosti prípadnej pomoci s vnútorným trhom, Súdny dvor rozhodol, že článok 108 ods. 2 tretí pododsek ZFEÚ sa týka výnimočného a osobitného prípadu, takže právomoc, ktorú Rade priznáva toto ustanovenie, je zjavne tiež výnimočnej povahy (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. júna 2004, Komisia/Rada, C-110/02, Zb. s. I-6333 , body 29 až 31), čo znamená, že tento článok 108 ods. 2 tretí pododsek sa nevyhnutne musí vykladať doslovne (pozri analogicky rozsudky z 22. apríla 2010, Mattner, C-510/08, Zb. s. I-3553 , bod 32, a zo 14. marca 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, bod 26). Ďalej, pokiaľ ide o ustanovenia uvedené v článku 108 ods. 2 treťom a štvrtom pododseku ZFEÚ, podľa ktorých jednak podanie žiadosti členským štátom Rade pozastavuje konanie pred Komisiou na dobu troch mesiacov a jednak v prípade, ak sa Rada v tejto lehote nevyjadrí, o veci rozhodne Komisia, Súdny dvor už rozhodol, že tieto ustanovenia sa majú vykladať v tom zmysle, že po uplynutí uvedenej lehoty Rada nie je oprávnená rozhodnúť o predmetnej pomoci podľa uvedeného tretieho pododseku (pozri v tomto zmysle rozsudok Komisia/Rada, už citovaný, bod 32). Súdny dvor sa v tomto ohľade domnieval, že z úpravy takéhoto časového obmedzenia právomoci Rady tiež vyplýva, že pokiaľ dotknutý členský štát nezaslal Rade nijakú žiadosť na základe článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ predtým, než Komisia vyhlásila dotknutú pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a týmto spôsobom ukončila konanie podľa prvého pododseku tohto článku 108 ods. 2 ZFEÚ, Rada už nemôže uplatniť výnimočnú právomoc, ktorú jej priznáva tretí odsek uvedeného ustanovenia s cieľom vyhlásiť takúto pomoc za zlučiteľnú so spoločným trhom (rozsudky Komisia/Rada, už citovaný, bod 33, a z 22. júna 2006, Komisia/Rada, C-399/03, Zb. s. I-5629 , bod 24). Súdny dvor v tomto kontexte zdôraznil, že tento výklad umožňuje vyhnúť sa prijatiu rozhodnutia, ktorého výrok by bol protichodný, a tým prispieva k právnej istote, keďže zachováva konečnú povahu správneho rozhodnutia, ktorú nadobudlo uplynutím primeraných lehôt na podanie opravných prostriedkov alebo vyčerpaním opravných prostriedkov (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. júna 2004, Komisia/Rada, už citovaný, body 32 a 35, ako aj z 22. júna 2006, Komisia/Rada, už citovaný, bod 25). Nakoniec Súdny dvor rozhodol o tom, či zo skutočnosti, že Rada nemá právomoc rozhodovať o zlučiteľnosti tej pomoci, o ktorej už Komisia rozhodla s konečnou platnosťou, s vnútorným trhom, vyplýva tiež to, že Rada nemá právomoc rozhodovať o pomoci, ktorej predmetom je poskytnúť príjemcom protiprávnej pomoci už skôr vyhlásenej rozhodnutím Komisie za nezlučiteľnú sumu určenú na kompenzáciu jej vrátenia, ku ktorému týchto príjemcov zaväzuje toto rozhodnutie. V tomto ohľade Súdny dvor zdôraznil, že podľa ustálenej judikatúry pripustiť, že by členský štát mohol príjemcom takejto protiprávnej pomoci poskytnúť novú pomoc vo výške protiprávnej pomoci, ktorá by bola určená na neutralizovanie dopadu vrátenia pomoci, ku ktorému týchto príjemcov uvedené rozhodnutie zaväzuje, by zjavne zmarilo účinok rozhodnutí prijatých Komisiou na základe článkov 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ (rozsudky z 29. júna 2004, Komisia/Rada, už citovaný, bod 43, a z 22. júna 2006, Komisia/Rada, už citovaný, bod 27). Súdny dvor teda rozhodol, že Rada, ktorá nemôže brániť rozhodnutiu Komisie o nezlučiteľnosti určitej pomoci s vnútorným trhom tým, že sama vyhlási túto pomoc za zlučiteľnú s uvedeným trhom, nemôže ani zmariť účinok takéhoto rozhodnutia tým, že podľa článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ vyhlási za zlučiteľnú s vnútorným trhom pomoc pre príjemcov nezákonnej pomoci, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú s vnútorným trhom, určenú na kompenzáciu vrátenia uvedenej nezákonnej pomoci, ku ktorému ich zaväzuje toto rozhodnutie (pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. júna 2004, Komisia/Rada, už citovaný, body 44 a 45, ako aj z 22. júna 2006, Komisia/Rada, už citovaný, bod 28). Z tejto judikatúry vyplýva, že na účely uplatnenia článku 108 ods. 2 ZFEÚ sú jednotlivé právomoci Rady a Komisie vymedzené takým spôsobom, že po prvé sa primárne uplatňuje právomoc Komisie, pričom Rada má právomoc len za výnimočných okolností. Po druhé právomoc Rady, ktorá jej umožňuje odchýliť sa vo svojom rozhodnutí od určitých ustanovení Zmluvy v oblasti štátnej pomoci, sa musí uplatniť v stanovenom časovom rámci. Po tretie od okamihu, keď Komisia alebo Rada s konečnou platnosťou rozhodli o zlučiteľnosti určitej dotknutej pomoci, druhá z týchto inštitúcií nemôže prijať protichodné rozhodnutie. Tento výklad slúži na ochranu koherencie a efektívnosti akcie Únie, keďže jednak vylučuje, aby sa prijímali protichodné rozhodnutia, a jednak bráni tomu, aby rozhodnutiu jednej inštitúcie Únie, ktoré sa stalo právoplatným, mohlo mimo rámca akýchkoľvek lehôt vrátane lehoty stanovenej v článku 263 ods. 6 ZFEÚ a v rozpore so zásadou právnej istoty odporovať rozhodnutie inej inštitúcie. Z úvah, ktoré podopierajú tento výklad, navyše vyplýva, že len málo záleží na tom, či pomoc, ktorá je predmetom rozhodnutia Rady, je existujúcou pomocou alebo novou pomocou. Ako totiž vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, účinok rozhodnutia Komisie je spochybnený nielen v prípade, keď Rada prijme rozhodnutie vyhlasujúce za zlučiteľnú so spoločným trhom tú istú pomoc, o ktorej už Komisia rozhodla, ale tiež v prípade, keď pomoc, ktorá je predmetom rozhodnutia Rady, je pomocou pre príjemcov nezákonnej pomoci, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú s vnútorným trhom, určenou na kompenzáciu vrátenia nezákonnej pomoci, ku ktorému ich zaväzuje rozhodnutie Komisie. Za takýchto okolností je druhá pomoc spätá tak neoddeliteľne s pomocou, ktorej nezlučiteľnosť s vnútorným trhom bola predtým konštatovaná Komisiou, že by sa snaha rozlišovať medzi týmito pomocami na účely uplatnenia článku 108 ods. 2 ZFEÚ javila ako značne umelá (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. júna 2004, Komisia/Rada, už citovaný, body 45 a 46). V tejto veci treba teda skúmať otázku, či pomoc vyhlásená Radou za zlučiteľnú s vnútorným trhom musí nezávisle od toho, či ide o existujúcu alebo novú pomoc, byť považovaná za pomoc, o ktorej už Komisia rozhodla s konečnou platnosťou. V tomto ohľade z ustálenej judikatúry vyplýva, že Komisia môže pri výkone svojich právomocí, ktoré má na základe článkov 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ, prijať usmernenia, ktorých cieľom je oznámiť spôsob, akým bude na základe tých istých článkov uplatňovať svoju voľnú úvahu vo vzťahu k novej pomoci alebo vo vzťahu k schéme existujúcej pomoci (rozsudok z 18. júna 2002, Nemecko/Komisia, C-242/00, Zb. s. I-5603 , bod 27). Tieto usmernenia, keďže sa zakladajú na článku 108 ods. 1 ZFEÚ, predstavujú prvok riadnej a pravidelnej spolupráce, v rámci ktorej Komisia spolu s členskými štátmi neustále skúma existujúce systémy pomoci a navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný rozvoj alebo fungovanie spoločného trhu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 15. októbra 1996, IJssel‑Vliet, C-311/94, Zb. s. I-5023 , body 36 a 37, ako aj z 5. októbra 2000, Nemecko/Komisia, C-288/96, Zb. s. I-8237 , bod 64). V rozsahu, v akom členský štát tieto návrhy príslušných opatrení akceptuje, sa voči nemu stávajú záväznými (pozri v tomto zmysle rozsudky IJssel‑Vliet, už citovaný, body 42 a 43, ako aj z 5. októbra 2000, Nemecko/Komisia, už citovaný, bod 65) a ako to pripomína článok 19 ods. 1 nariadenia č. 659/1999, tento štát je povinný ich vykonať. V prejednávanej veci Litovská republika 22. marca 2007 oznámila, že prijíma návrhy príslušných opatrení uvedené v bode 196 poľnohospodárskych usmernení. Tieto príslušné opatrenia spočívajú najmä v zmene existujúcich schém pomoci na investície poľnohospodárskych podnikov do nákupu pôdy s cieľom zosúladiť uvedené schémy s týmito usmerneniami najneskôr do 31. decembra 2009. Z toho vyplýva, že v súlade s článkom 108 ods. 1 ZFEÚ sa príslušné opatrenia navrhnuté Komisiou v bode 196 poľnohospodárskych usmernení týkajú len existujúcich schém pomoci. Schéma povolená v napadnutom rozhodnutí predstavuje novú schému pomoci. Schéma pomoci uvedená v bode 15 tohto rozsudku môže byť podľa článku 1 písm. b) bodu ii) nariadenia č. 659/1999 považovaná za existujúcu schému pomoci len vo vzťahu k obdobiu, počas ktorého bola povolená rozhodnutím z 22. novembra 2006, teda do 31. decembra 2009. Preto, keďže z článku 1 písm. c) tohto nariadenia vyplýva, že každá schéma pomoci, ktorá nie je existujúcou schémou pomoci, predstavuje novú pomoc a že schéma pomoci povolená napadnutým rozhodnutím sa uplatňovala od 1. januára 2010, táto schéma je nevyhnutne novou schémou pomoci. Aj za predpokladu, že by sa preukázalo, že táto schéma bola jednoduchým predĺžením schémy ukončenej 31. decembra 2009, táto okolnosť nie je určujúca, keďže predĺženie existujúcej schémy pomoci predstavuje vznik novej pomoci, ktorá je samostatná vo vzťahu k schéme, ktorá bola predĺžená (pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. mája 2010, Todaro Nunziatina & C., C-138/09, Zb. s. I-4561 , body 46 a 47). Záväzky Litovskej republiky v dôsledku jej prijatia návrhov príslušných opatrení sa teda nevzťahujú na schému uznanú napadnutým rozhodnutím za zlučiteľnú s vnútorným trhom, keďže ide o novú schému pomoci, ktorá sa neprekrýva s existujúcou schémou pomoci dotknutou príslušnými opatreniami akceptovanými týmto členským štátom. Rada sa však nemôže odvolávať na nový charakter schémy pomoci s cieľom opätovne preskúmať určitú situáciu, ktorú už Komisia posúdila s konečnou platnosťou, a tým protirečiť tomuto posúdeniu. Rada teda nemá právomoc rozhodnúť, že nová schéma pomoci sa musí považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom, pokiaľ je natoľko neoddeliteľne spojená s existujúcou schémou pomoci, ktorú sa členský štát zaviazal zmeniť alebo zrušiť v rámci stanovenom článkom 108 ods. 1 ZFEÚ, že by sa zdalo značne umelé snažiť sa rozlišovať medzi týmito dvoma schémami na účely uplatnenia článku 108 ods. 2 ZFEÚ (pozri analogicky rozsudok z 29. júna 2004, Komisia/Rada, už citovaný, bod 46). V prejednávanej veci to však tak nie je. V tomto ohľade možno poznamenať, že medzi posúdením uskutočneným Komisiou a posúdením uskutočneným Radou uplynula značná doba, keďže napadnuté rozhodnutie bolo prijaté približne tri roky po dotknutých návrhoch príslušných opatrení. Navyše toto rozhodnutie je osobitne odôvodnené novými okolnosťami, ktoré Rada považovala za výnimočné a ktoré Komisia nemohla zohľadniť pri svojom posúdení zlučiteľnosti existujúcej schémy pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy vykonanej Litovskou republikou s vnútorným trhom. Preto, hoci poľnohospodárske usmernenia boli prijaté v roku 2006, napadnuté rozhodnutie v značnej miere odkazuje na účinky hospodárskej a finančnej krízy na odvetvie poľnohospodárstva v Litve v rokoch 2008 a 2009. Rada uvádza najmä významné zníženie cien poľnohospodárskych výrobkov, ku ktorému došlo v roku 2009, ako aj vysoké úrokové miery pôžičiek na nákup poľnohospodárskej pôdy zaznamenané v rokoch 2008 a 2009. Stanovisko, ktoré Komisia prijala na podporu svojho návrhu príslušných opatrení, týkajúce sa zlučiteľnosti schémy uvedenej v bode 15 tohto rozsudku s vnútorným trhom, sa nevyhnutne zakladalo na posúdení dôsledkov, ktoré mohli vyplývať z uplatnenia tejto schémy pre postupný rozvoj alebo fungovanie spoločného trhu, vzhľadom na hospodárske údaje, ktorými disponovala v roku 2006. Vzhľadom na významnú zmenu okolností uvedenú v bode 64 tohto rozsudku sa nemožno domnievať, že posúdenie tejto schémy Komisiou prejudikuje budúce posúdenie schémy pomoci obsahujúcej podobné opatrenia, ktorá sa však mala uplatňovať v radikálne odlišnom hospodárskom kontexte, než bol kontext zohľadňovaný Komisiou v rámci jej posúdenia. Z toho vyplýva, že to, či nová schéma pomoci, ktorá bola predmetom žiadosti zaslanej Litovskou republikou Rade na základe článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ, je zlučiteľná s vnútorným trhom, sa musí vyhodnotiť po individuálnom posúdení odlišujúcom sa od posúdenia schémy uvedenej v bode 15 tohto rozsudku, ktoré zohľadní hospodárske okolnosti relevantné v okamihu poskytnutia tejto pomoci (pozri v tomto zmysle rozsudky z 3. októbra 1991, Taliansko/Komisia, C-261/89, Zb. s. I-4437 , bod 21, ako aj z 21. júla 2011, Freistaat Sachsen a Land Sachsen‑Anhalt/Komisia, C-459/10 P, Zb. s. I-109 , bod 48). Preto sa situácia dotknutá v tejto veci líši od situácie, ktorú Súdny dvor preskúmal v už citovaných rozsudkoch z 29. júna 2004, Komisia/Rada, a z 22. júna 2006, Komisia/Rada. Na rozdiel od rozhodnutí Rady zrušených v týchto dvoch rozsudkoch je totiž napadnuté rozhodnutie v tomto prípade odôvodnené práve novými skutočnosťami, ktoré vyplývajú z významnej zmeny okolností, ku ktorej došlo medzi okamihom, keď Komisia preskúmala existujúcu schému pomoci uplatňovanú v Litovskej republike, a okamihom, keď Rada posúdila novú schému pomoci, ktorá bola predmetom žiadosti, ktorú jej zaslal tento členský štát. V dôsledku toho skutočnosti, ktoré odôvodňovali nedostatok právomoci Rady v dvoch rozsudkoch uvedených v bode 67 tohto rozsudku, nie sú prítomné v prejednávanej veci. Navyše uznanie právomoci Rady nemôže umožniť obchádzať príslušné opatrenia akceptované členskými štátmi. Na jednej strane totiž Rada má právomoc povoliť novú schému pomoci podobnú existujúcej schéme pomoci, ktorú bol členský štát povinný zmeniť alebo zrušiť v nadväznosti na prijatie návrhov príslušných opatrení, len za predpokladu, že po uvedených návrhoch nastali nové okolnosti. Na druhej strane právomoc, ktorú Rade zveruje článok 108 ods. 2 tretí pododsek ZFEÚ, sa uplatňuje len v rámci uvedenom v tomto ustanovení, a síce v prípade výnimočných okolností (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. februára 1996, Komisia/Rada, C-122/94, Zb. s. I-881 , bod 13). Nakoniec, čo sa týka tvrdenia Komisie, podľa ktorého Rada nemá právomoc povoliť pomoc v rozpore s inštrukciami definovanými v poľnohospodárskych usmerneniach, treba pripomenúť, že v rámci týchto usmernení môžu konečné stanovisko Komisie k zlučiteľnosti schémy pomoci s vnútorným trhom predstavovať výlučne návrhy príslušných opatrení uvedené v bode 196 a prijaté členskými štátmi. Výlučne návrhy príslušných opatrení totiž podliehajú akceptácii členských štátov, ako sa to uvádza v bode 197 poľnohospodárskych usmernení, kým ich ostatné ustanovenia predstavujú len všeobecné orientačné pravidlá, ktoré musí Komisia dodržiavať (pozri v tomto zmysle rozsudok 13. júna 2002, Holandsko/Komisia, C-382/99, Zb. s. I-5163 , bod 24 a citovanú judikatúru), avšak nezaväzujú členské štáty. A fortiori nemôžu zaväzovať ani Radu, keďže článok 108 ods. 2 tretí pododsek ZFEÚ jej priznáva právomoc odchýliť sa za výnimočných okolností od ustanovení článku 107 ZFEÚ alebo nariadení podľa článku 109 ZFEÚ. Z bodu 196 týchto usmernení však vyplýva, že čo sa týka existujúcich schém pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy, členské štáty sa zaviazali výlučne zmeniť tieto schémy s cieľom zosúladiť ich s uvedenými usmerneniami alebo, ak by to nebolo možné, zrušiť ich najneskôr do 31. decembra 2009. Naopak z odôvodnení uvedených v bodoch 60 až 69 tohto rozsudku vyplýva, že členské štáty sa prijatím návrhov príslušných opatrení uvedených v bode 196 poľnohospodárskych usmernení nevzdali akejkoľvek možnosti žiadať o povolenie opätovne zaviesť podobné alebo rovnaké schémy na celé obdobie platnosti týchto usmernení. Z toho vyplýva, že prvý žalobný dôvod predložený Komisiou, ktorý za zakladá na nedostatku právomoci Rady, nie je dôvodný a musí sa zamietnuť. O druhom žalobnom dôvode založenom na zneužití právomoci Argumentácia účastníkov konania Svojím druhým žalobným dôvodom Komisia tvrdí, že Rada zneužila svoju právomoc, keď sa snažila neutralizovať dôsledky jej posúdenia schémy pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy zavedenej Litovskou republikou. Rada zas tvrdí, že prijatím napadnutého rozhodnutia sa nesnažila potlačiť účinky posúdenia Komisie, keďže Komisia neprijala nijaké rozhodnutie, ktoré by schému pomoci povolenú v napadnutom rozhodnutí vyhlasovalo za nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Cieľom, ktorý Rada sledovala, bolo v skutočnosti pomôcť litovským poľnohospodárom zasiahnutým hospodárskou a finančnou krízou s kúpou poľnohospodárskej pôdy. Posúdenie Súdnym dvorom Ako Súdny dvor opakovane rozhodol, v prípade jednotlivého aktu dochádza k zneužitiu právomoci iba vtedy, ak z objektívnych, relevantných a súhlasných dôkazov vyplýva, že bol prijatý s výlučným alebo aspoň rozhodujúcim iným cieľom, než sa uvádza, alebo na účely vyhnutia sa postupu osobitne stanovenému Zmluvou na riešenie okolností prejednávanej veci (pozri v tomto zmysle najmä rozsudky zo 14. mája 1998, Windpark Groothusen/Komisia, C-48/96 P, Zb. s. I-2873 , bod 52, a zo 7. septembra 2006, Španielsko/Rada, C-310/04, Zb. s. I-7285 , bod 69). Je opodstatnené konštatovať, že Komisia takéto dôkazy nepredložila. Čo sa týka cieľov sledovaných Radou pri prijímaní napadnutého rozhodnutia, nijaká skutočnosť v spise predloženom Súdnemu dvoru neumožňuje tvrdiť, že Rada sledovala iný výlučný alebo aspoň rozhodujúci cieľ, než je pomoc litovským poľnohospodárom ľahšie nakúpiť poľnohospodársku pôdu s cieľom zaručiť dokončenie agrárnej reformy, ako aj zlepšiť štruktúru poľnohospodárskych podnikov a efektívnosť poľnohospodárstva v Litve. Čo sa týka tvrdenia Komisie, podľa ktorého zo sledu udalostí a výmen korešpondencie vyplýva, že cieľom napadnutého rozhodnutia bolo vyvrátiť stanovisko, ktoré prijala, zdá sa, že Rada sa mohla platne domnievať, že Komisia neprijala stanovisko k zlučiteľnosti spornej schémy pomoci, ako to zdôrazňuje odôvodnenie 9 napadnutého rozhodnutia. Preto sa druhý žalobný dôvod založený na zneužití právomoci musí zamietnuť ako nedôvodný. O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady lojálnej spolupráce Argumentácia účastníkov konania Svojím tretím žalobným dôvodom Komisia tvrdí, že napadnuté rozhodnutie bolo prijaté v rozpore so zásadou lojálnej spolupráce medzi inštitúciami, keďže Rada prijatím tohto rozhodnutia zbavila Litovskú republiku povinnosti spolupráce s Komisiou, ktorá tomuto členskému štátu prináleží na základe článku 108 ods. 1 ZFEÚ. Umožnením predĺženia existujúcej schémy pomoci, ktorú sa Litovská republika zaviazala zrušiť, Rada poškodila výsledky predchádzajúceho dialógu medzi Komisiou a týmto členským štátom. Rada sa domnieva, že nie je viazaná povinnosťou spolupráce vyplývajúcou z článku 108 ods. 1 ZFEÚ. Navyše opätovne uvádza, že neexistuje nijaký záväzok Litovskej republiky týkajúci sa schémy pomoci schválenej v napadnutom rozhodnutí. Posúdenie Súdnym dvorom Článok 108 ods. 1 ZFEÚ ukladá Komisii a členským štátom povinnosť pravidelnej a periodickej spolupráce, v rámci ktorej Komisia s členskými štátmi priebežne skúma existujúce schémy pomoci a navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný rozvoj a fungovanie vnútorného trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júna 2002, Nemecko/Komisia, už citovaný, bod 28 a citovanú judikatúru). V tomto ohľade z bodu 69 tohto rozsudku vyplýva, že Litovská republika neprijala nijaký konkrétny záväzok vo vzťahu k schéme pomoci povolenej v napadnutom rozhodnutí. Z tohto dôvodu toto rozhodnutie nemožno považovať za rozhodnutie, ktoré Litovskú republiku zbavuje osobitnej povinnosti spolupráce, keďže nijako nepoškodilo výsledky predchádzajúceho dialógu medzi Komisiou a týmto členským štátom. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa tretí žalobný dôvod Komisie založený na porušení zásady lojálnej dôvery musí zamietnuť ako nedôvodný. O štvrtom žalobnom dôvode založenom na zjavne nesprávnom posúdení a na porušení zásady proporcionality Prvou časťou svojho štvrtého žalobného dôvodu Komisia tvrdí, že Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia svojím konštatovaním, že existujú výnimočné okolnosti, ktoré odôvodňujú schválené opatrenia. V druhej časti tohto žalobného dôvodu tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore so zásadou proporcionality, keďže sporné opatrenia neumožňujú dosiahnuť ciele sledované uvedeným rozhodnutím a neobmedzujú sa na nevyhnutné minimum pre ich dosiahnutie. O prvej časti štvrtého žalobného dôvodu založenej na zjavne nesprávnom posúdení existencie výnimočných okolností – Argumentácia účastníkov konania Komisia sa domnieva, že okolnosti možno považovať za výnimočné v zmysle článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ len v prípade, že neboli predvídateľné skôr, než nastali, a že sa v prejednávanej veci osobitne týkajú Litovskej republiky. Preto o nich nemožno hovoriť v prípade už existujúcej štrukturálnej prekážky alebo problému, ktorému čelí väčšina členských štátov. Komisia usudzuje, že malá rozloha poľnohospodárskych podnikov v Litve predstavuje už dávny problém, ktorý súvisí s vlastnou litovskou agrárnou štruktúrou. Rovnako nič nenaznačuje, že nedostatok kapitálu, s ktorým sú konfrontovaní litovskí poľnohospodári, by nepredstavoval štrukturálny problém, ktorý na základe jeho povahy nemožno kvalifikovať ako výnimočný. Navyše, aj keby sa pripustilo, že hospodárska kríza môže predstavovať výnimočnú okolnosť, Komisia sa domnieva, že táto kríza môže odôvodňovať napadnuté rozhodnutie len v tej miere, v ktorej spolupôsobí s už existujúcimi štrukturálnymi problémami takým spôsobom, že viedla k výnimočným okolnostiam v Litve, čo Rada nepreukázala. Komisia tiež tvrdí, že dopad uvedenej krízy na úroveň úrokových mier a na zníženie poľnohospodárskych príjmov v Litve nemá výnimočnú povahu vo vzťahu ku kontextu celej Únie. Rada sa domnieva, že definícia pojmu výnimočné okolnosti navrhnutá Komisiou je príliš reštriktívna vzhľadom na judikatúru, keďže takéto okolnosti musia byť len nepredvídateľné a môžu mať tiež dopad na iné členské štáty alebo iné odvetvia než poľnohospodárstvo. V prejednávanej veci existujú výnimočné okolnosti spočívajúce v mimoriadnych udalostiach týkajúcich sa hospodárskej krízy, ktoré mali významný dopad na litovských poľnohospodárov a v dôsledku toho ešte zhoršili štrukturálne problémy, s ktorými sa už stretli litovské poľnohospodárske podniky. Preto veľmi významné zníženie poľnohospodárskych príjmov spôsobené poklesom cien a vysoká úroveň úrokových mier, ktoré vyplývajú z krízy a sú výraznejšie v Litve než v iných členských štátoch, extrémne sťažili až znemožnili nákup poľnohospodárskej pôdy litovskými poľnohospodármi. – Posúdenie Súdnym dvorom Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že Rada pri uplatňovaní článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ disponuje širokou mierou voľnej úvahy, ktorej výkon zahŕňa komplexné hodnotenia z hospodárskeho a sociálneho hľadiska, ktoré musia byť vykonané v kontexte Únie. V tomto rámci sa súdne preskúmanie spôsobu výkonu tejto voľnej úvahy obmedzuje na overenie dodržania procesných predpisov a povinnosti odôvodnenia, ako aj na overenie vecnej správnosti skutkových okolností, z ktorých sa vychádza, a neexistencie nesprávneho právneho preskúmania, zjavne nesprávneho posúdenia skutkových okolností alebo zneužitia právomoci (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. februára 1996, Komisia/Rada, už citovaný, body 18 a 19, ako aj analogicky rozsudok z 22. decembra 2008, Régie Networks, C-333/07, Zb. s. I-10807 , bod 78). Vzhľadom na nezvyčajnosť a nepredvídateľnosť, ako aj rozsah účinkov hospodárskej a finančnej krízy na litovské poľnohospodárstvo nemožno tvrdiť, že sa Rada dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa domnievala, že tieto účinky predstavovali výnimočné okolnosti v zmysle článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ. Komisia navyše vo svojej replike uznala, že vznik tejto krízy by mohol byť výnimočnou okolnosťou. Skutočnosť, že hospodárska a finančná kríza mala značné účinky v ostatných členských štátoch, nie je rozhodujúca, keďže táto okolnosť nemá vplyv na výnimočnosť účinkov tejto krízy vo vzťahu k vývoju hospodárskej situácie litovských poľnohospodárov a k agrárnej reforme v Litve. Rovnako konštatácia, že nízka úroveň poľnohospodárskych príjmov, malá rozloha poľnohospodárskych podnikov alebo nedostatok vlastných zdrojov, s ktorými sú konfrontovaní poľnohospodári, sú v Litve štrukturálnymi problémami, neumožňuje preukázať, že Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa domnievala, že veľmi významné zníženie poľnohospodárskych príjmov spôsobené pádom cien a vysokou úrovňou úrokových mier, ktoré sú dôsledkami krízy, citeľne zhoršili situáciu litovských poľnohospodárov, čo ohrozilo agrárnu reformu a v dôsledku toho zabránilo vyriešeniu uvedených štrukturálnych problémov (pozri analogicky rozsudok z 29. februára 1996, Komisia/Rada, už citovaný, bod 21). Z toho vyplýva, že prvá časť štvrtého žalobného dôvodu sa musí zamietnuť ako nedôvodná. O druhej časti štvrtého žalobného dôvodu založenej na porušení zásady proporcionality – Argumentácia účastníkov konania Podľa Komisie Rada prijatím napadnutého rozhodnutia porušila zásadu proporcionality. Komisia sa totiž domnieva, že schéma dotknutej pomoci neumožňuje dosiahnuť ciele uvedené v dotknutom rozhodnutí. Preto sa napriek existencii schémy pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy priemerná veľkosť poľnohospodárskeho podniku v Litve za posledné roky zmenila len minimálne. Nepreukázalo sa, že by schéma pomoci povolená napadnutým rozhodnutím umožňovala dosiahnuť lepšie výsledky napriek tomu, že pôvodne existujúca schéma pomoci neumožnila čeliť vysokým úrokovým mieram zaznamenaným v rokoch 2008 a 2009. Pomoc na nákup poľnohospodárskej pôdy v skutočnosti prispieva skôr k zvýšeniu cien poľnohospodárskej pôdy než k zmene vlastníckej štruktúry tejto pôdy. Preto z rešpektovania zásady proporcionality podľa Komisie vyplýva potreba plne zohľadniť platné opatrenia, ktoré by mohli uspokojiť potreby, ktoré Rada kvalifikuje ako výnimočné okolnosti. Napadnuté rozhodnutie nijako nezohľadňuje opatrenia predtým povolené Komisiou alebo dovolené jej usmerneniami a nariadeniami o skupinových výnimkách. Osobitne dočasný rámec by umožnil členským štátom poskytovať pomoc poľnohospodárskym podnikom. Rovnako by bolo možné využiť pomoc de minimis povolenú nariadením č. 1535/2007. Nakoniec opatrenia povolené napadnutým rozhodnutím sa neobmedzujú na nevyhnutné minimum, keďže ich dĺžka trvania presahuje dátum stanovený Komisiou v dočasnom rámci pre uplatnenie špecifickej pomoci s cieľom čeliť účinkom hospodárskej krízy. Rada tvrdí, že čo sa týka rešpektovania zásady proporcionality, zákonnosť opatrení prijatých na základe článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ môže byť narušená len v prípade, ak sú tieto opatrenia zjavne neprimerané vo vzťahu k cieľu, ktorý Rada sleduje. Komisia nepreukázala, že pri hodnotení komplexných hospodárskych skutočností, ktoré uskutočnila Rada, došlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu. Rada sa najmä domnieva, že schéma pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy uplatňovaná Litovskou republikou zlepšila štruktúru litovských poľnohospodárskych podnikov v zmysle ich rozlohy. Rada tiež tvrdí, že Komisia nepreukázala, že by takáto schéma pomoci prispievala k zvýšeniu cien poľnohospodárskej pôdy. Navyše sa domnieva, že zväčšenie rozlohy poľnohospodárskych podnikov umožňuje zlepšiť konkurencieschopnosť a príjmy dotknutých poľnohospodárov. Okrem toho sa Rada domnieva, že nebola povinná zohľadniť opatrenia už schválené Komisiou, keďže cieľom právomoci, ktorú jej priznáva článok 108 ods. 2 tretí pododsek ZFEÚ, je práve umožniť jej schváliť pomoc, ktorú Komisia nebola spôsobilá zákonným spôsobom schváliť, čo je aj prípad prejednávanej veci. Navyše schéma pomoci povolená napadnutým rozhodnutím nemôže byť krytá dočasným rámcom. Pokiaľ ide o dĺžku trvania tejto schémy pomoci, nemusí sa obmedzovať na obdobie kryté dočasným rámcom, ale zodpovedá času, ktorý sa považuje za nevyhnutný na dokončenie procesu privatizácie poľnohospodárskej pôdy v Litve a zníženie účinkov krízy. – Posúdenie Súdnym dvorom Čo sa týka dodržania zásady proporcionality, z úvah uvedených v bode 97 tohto rozsudku vyplýva, že len zjavne neprimeraná povaha opatrenia prijatého na základe článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ vo vzťahu k cieľu, ktorý Rada sleduje, môže ovplyvniť zákonnosť takéhoto opatrenia (pozri analogicky rozsudky z 8. júla 2010, Afton Chemical, C-343/09, Zb. s. I-7027 , bod 46, a z 12. júla 2012, Association Kokopelli, C‑59/11, bod 39). Z toho vyplýva, že treba stanoviť, či je povolenie schémy pomoci uvedenej v napadnutom rozhodnutí zjavne neprimerané na účely dosiahnutia cieľov uvedených v odôvodnení 10 tohto rozhodnutia spočívajúcich v úspešnom dokončení agrárnej reformy a zlepšení štruktúry poľnohospodárskych podnikov, ako aj efektívnosti poľnohospodárstva v Litve. Je nesporné, že tieto ciele možno dosiahnuť len zvýšením rozlohy poľnohospodárskych podnikov, čoho predpokladom je nákup poľnohospodárskej pôdy litovskými poľnohospodármi. Tiež je nesporné, že nízke príjmy a ťažkosť prístupu k pôžičkám, s ktorým sú konfrontovaní títo poľnohospodári, bránia uskutočneniu tohto druhu nákupu. Preto povoliť dotknutú schému pomoci, ktorej cieľom je kompenzovať tieto problémy a ich sťaženie z dôvodu hospodárskej a finančnej krízy tak, že sa navrhne buď zníženie kúpnej ceny poľnohospodárskej pôdy, alebo dotácia na úroky z pôžičiek určených na nákup takejto pôdy, sa nezdá byť zjavne neprimerané na dosiahnutie cieľov sledovaných prijatím napadnutého rozhodnutia. Za týchto podmienok okolnosť, že schéma pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy uplatňovaná skôr neumožnila výrazné a pokračujúce zvyšovanie rozlohy litovských poľnohospodárskych podnikov, nemôže preukázať zjavnú neprimeranosť napadnutého rozhodnutia na účely dosiahnutia ním sledovaných cieľov, ako sú pripomenuté v bode 111 tohto rozsudku. Na jednej strane totiž slabý nárast priemernej rozlohy uvedených podnikov nestačí na preukázanie zjavnej neefektívnosti schémy pomoci povolenej Radou v rozsahu, v akom možno predpokladať, že tento slabý nárast vyplýva z okolností, ktoré by nemali pretrvávať počas celého obdobia, na ktoré sa vzťahuje napadnuté rozhodnutie. Toto zistenie možno vysvetliť, ako to uvádza Litovská republika, osobitosťami predpisov upravujúcich reštitúciu pôdy, čo je proces, ktorý nemožno zamieňať s nákupom pôdy na základe zmluvy, ktorý sa snaží podporiť schéma pomoci povolená napadnutým rozhodnutím. Na druhej strane treba pripomenúť, že napadnuté rozhodnutie sa netýka len zlepšenia štruktúry poľnohospodárskych podnikov, ale aj úspešného zavŕšenia agrárnej reformy v Litve. Uskutočnenie tohto posledného cieľa však nemožno hodnotiť výlučne na základe vývoja rozlohy poľnohospodárskych podnikov. Čo sa týka tvrdenia Komisie, podľa ktorého schémy pomoci na nákup poľnohospodárskej pôdy skôr prispievajú k zvýšeniu ceny poľnohospodárskej pôdy než k zmene štruktúry vlastníctva tejto pôdy, treba konštatovať, že toto tvrdenie nie je dostatočne podopreté dôkazmi na to, aby sa preukázalo, že Rada sa vzhľadom na sledovaný cieľ rozhodla pre zjavne neprimerané opatrenie. Ďalej treba overiť, či povolenie spornej schémy pomoci nejde zjavne nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov sledovaných napadnutým rozhodnutím. Komisia totiž tvrdí, že Rada dostatočne nezohľadnila možnosti ponúkané inými nástrojmi, ktoré by mohli prispieť k realizácii týchto cieľov. Vzhľadom na rozsah voľnej úvahy, ktorou disponuje Rada v prejednávanej veci, napadnuté rozhodnutie nemožno považovať za rozhodnutie porušujúce zásadu proporcionality len na základe skutočnosti, že Litovská republika mohla sledovať ciele uvedené v bode 111 tohto rozsudku prostredníctvom iného typu schémy pomoci. Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že pri preskúmaní dodržania zásady proporcionality rozhodnutím prijatým na základe voľnej úvahy, akú Rade zveruje článok 108 ods. 2 tretí pododsek ZFEÚ, Súdnemu dvoru neprináleží, aby stanovil, či uvedené rozhodnutie bolo jediné a najlepšie možné, ale len či bolo zjavne neprimerané (pozri analogicky rozsudok z 11. júna 2009, Agrana Zucker, C-33/08, Zb. s. I-5035 , bod 33 a citovanú judikatúru). Ako však zdôraznil generálny advokát v bode 46 svojich návrhov, široká miera voľnej úvahy, ktorú má Rada, ju nezbavuje povinnosti zohľadniť v rámci svojho posúdenia predchádzajúce opatrenia špecificky určené na to, aby čelili výnimočným okolnostiam, ktoré odôvodnili povolenie dotknutej schémy pomoci. V tomto ohľade je cieľom nariadenia č. 1535/2007 vyňať pomoc v nízkej sume z povinnosti oznámenia uvedenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ, a nemožno ho teda považovať za majúce špecifický cieľ čeliť účinkom hospodárskej a finančnej krízy na litovských poľnohospodárov. Naopak pravdou ostáva, že sa zaviedol dočasný rámec s cieľom uľahčiť prístup podnikov k financovaniu v kontexte hospodárskej a finančnej krízy. Pomoc, ktorú tento dočasný rámec predpokladá, má všeobecnú funkciu podpory investícií, a nie je teda špecificky určená na umožnenie nákupu poľnohospodárskej pôdy. Navyše ku dňu prijatia napadnutého rozhodnutia bod 7 dočasného rámca stanovoval, že tento rámec sa po 31. decembri 2010 nebude uplatňovať. Preto rozhodnutie Rady povoliť na dlhšie obdobie schému pomoci špecificky určenú na zaručenie dovŕšenia agrárnej reformy a na zvýšenie rozlohy poľnohospodárskych podnikov v Litve nemožno považovať za idúce zjavne nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov sledovaných napadnutým rozhodnutím. Pokiaľ ide nakoniec o dĺžku trvania schémy pomoci povolenej uvedeným rozhodnutím, z vlastnej logiky článku 108 ods. 2 tretieho pododseku ZFEÚ vyplýva, že Rada nemôže byť viazaná časovým obmedzením stanoveným v oznámení Komisie. Navyše vzhľadom na čas, ktorý si vyžaduje zavŕšenie agrárnej reformy, a na dĺžku trvania účinkov hospodárskej a finančnej krízy, sa nemožno domnievať, že sa Rada rozhodla pre zjavne neprimerané opatrenie, keď povolila spornú schému pomoci na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013. V dôsledku toho je namieste zamietnuť aj druhú časť štvrtého žalobného dôvodu Komisie ako nedôvodnú. Z toho vyplýva, že tento štvrtý žalobný dôvod sa musí ako celok zamietnuť. Keďže nebolo možné prijať nijaký zo žalobných dôvodov predložených Komisiou, žaloba sa musí zamietnuť. O trovách Podľa článku 138 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Rada navrhla zaviazať Komisiu na náhradu trov konania a Komisia nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania. V súlade s článkom 140 ods. 1 tohto istého rokovacieho poriadku Litovská republika, Maďarsko a Poľská republika znášajú svoje vlastné trovy konania. Z týchto dôvodov Súdny dvor (veľká komora) rozhodol a vyhlásil: 1. Žaloba sa zamieta. 2. Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania. 3. Litovská republika, Maďarsko a Poľská republika znášajú svoje vlastné trovy konania. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: angličtina.

62015CJ0157

lv

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju ( OV 2000, L 303, 16. lpp. ), 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar tiesvedību starp Samira Achbita un Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Iespēju vienlīdzības un rasisma apkarošanas centrs, turpmāk tekstā – “ Centrum ”), no vienas puses, un G4S Secure Solutions NV (turpmāk tekstā – “ G4S ”), kas ir Beļģijā reģistrēts uzņēmums, no otras puses, par G4S noteikto aizliegumu saviem darbiniekiem darba vietā nēsāt redzamas politiskas, filozofiskas un reliģiskas atšķirības zīmes vai veikt jebkādus ar šiem uzskatiem saistītus rituālus. Atbilstošās tiesību normas Direktīva 2000/78 Direktīvas 2000/78 preambulas 1. un 4. apsvērumā ir noteikts: “(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu Eiropas Savienība ir dibināta uz visām dalībvalstīm kopīgiem brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas un tiesiskuma principiem un tā ievēro pamattiesības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un kas izriet no dalībvalstīm kopīgām konstitucionālajām tradīcijām, kuras ir Kopienas tiesību vispārīgie principi. [..] “(4) Visu cilvēku tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā un aizsardzība pret diskrimināciju ir vispārējas tiesības, kas atzītas ar Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par sieviešu visu veidu diskriminācijas izskaušanu, Apvienoto Nāciju Organizācijas Paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām un Paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, ko parakstījušas visas dalībvalstis. Starptautiskās darba organizācijas (SDO) Konvencijā Nr. 111 ir aizliegta diskriminācija nodarbinātības un profesijas jomā.” Direktīvas 2000/78 1. pantā ir noteikts: “Lai vienlīdzīgas attieksmes princips stātos spēkā dalībvalstīs, šīs direktīvas mērķis attiecībā uz nodarbinātību un profesiju ir noteikt sistēmu, lai apkarotu diskrimināciju reliģijas, uzskatu, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.” Minētās direktīvas 2. pantā ir paredzēts: “1.   Šajā direktīvā “vienlīdzīgas attieksmes princips” nozīmē to, ka nav ne tiešas, ne netiešas diskriminācijas, kuras pamatā ir jebkurš 1. pantā minēts iemesls. 2.   Šā panta 1. punktā: a) uzskata, ka tiešā diskriminācija notiek tad, ja salīdzināmā situācijā pret vienu personu izturas, ir izturējušies vai izturētos sliktāk nekā pret citu personu jebkura 1. [pantā] minēta iemesla dēļ; b) pieņem, ka netiešā diskriminācija notiek tad, ja acīmredzami neitrāla noteikuma, kritērija vai prakses dēļ personas, kuras atbalsta konkrētu reliģiju vai uzskatus, kurām ir konkrēta invaliditāte, konkrēts vecums vai konkrēta seksuālā orientācija, atrodas konkrētā nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar otru personu, ja vien: i) šis noteikums, kritērijs vai prakse nav objektīvi attaisnota ar likumīgu mērķi un ja vien nav pienācīgi un vajadzīgi līdzekļi šā mērķa sasniegšanai [..] [..] 5.   Šī direktīva neierobežo attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktos pasākumus, kuri demokrātiskā sabiedrībā vajadzīgi sabiedrības drošībai, sabiedriskās kārtības uzturēšanai un kriminālnoziegumu novēršanai, veselības aizsardzībai un citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai.” Šīs direktīvas 3. panta 1. punktā ir noteikts: “Nepārsniedzot Kopienas kompetenci, šo direktīvu piemēro visām personām gan valsts, gan privātajā sektorā, tostarp valsts iestādēs, attiecībā uz: [..] c) nodarbinātību un darba nosacījumiem, to skaitā atlaišanu un atalgojumu; [..].” Beļģijas tiesības Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (2003. gada 25. februāra Likums par cīņu pret diskrimināciju, ar ko izdara grozījumus 1993. gada 15. februāra likumā, ar ko izveido Iespēju vienlīdzības un rasisma apkarošanas centru) ( Belgisch Staatsblad , 2003. gada 17. marts, 12844. lpp.) ir tostarp pieņemts, lai pārņemtu Direktīvas 2000/78 normas. Minētā likuma 2. panta 1. punktā ir noteikts: “Tieša diskriminācija ir tad, ja atšķirīgas attieksmes, kas netiek objektīvi un sapratīgi attaisnota, pamatā ir tieši dzimums, t.s. rase, ādas krāsa, izcelsme, nacionālā vai etniskā izcelsme, seksuālā orientācija, civilstāvoklis, dzimšanas vieta, īpašums, vecums, ticība vai pārliecība, veselības stāvoklis šobrīd vai nākotnē, invaliditāte vai fiziska īpašība.” Šī paša likuma 2. panta 2. punktā ir noteikts: “Netieša diskriminācija ir tad, ja acīmredzami neitrāla tiesību norma, kritērijs vai prakse kā tāda rada nelabvēlīgas sekas personām, uz kurām attiecas kāds no 1. punktā norādītajiem diskriminācijas pamatiem, ja vien šī tiesību norma, šis kritērijs vai šī prakse nav objektīvi un saprātīga attaisnota.” Pamatlietas strīds un prejudiciālais jautājums G4S ir privāts uzņēmums, kas tostarp sniedz reģistratūras un uzņemšanas pakalpojumus gan valsts, gan privātā sektora klientiem. 2003. gada 12. februārī S. Achbita , kas pieder pie musulmaņu konfesijas, stājās darbā G4S kā reģistratore. Viņa bija nodarbināta šajā uzņēmumā, pamatojoties uz darba līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laiku. Tolaik G4S bija spēkā nerakstīta norma, ka darbinieki darba vietā nedrīkst nēsāt redzamas politiskas, filozofiskas un reliģiskas atšķirības zīmes. 2006. gada aprīlī S. Achbita darīja zināmu savai priekšniecībai, ka no šī brīža tā ir iecerējusi darba laika nēsāt islāmisko lakatu. Atbildē G4S direkcija darīja zināmu S. Achbita , ka lakata nēsāšana netiks pieļauta, jo redzamu politisko, filozofisko un reliģisko atšķirības zīmju nēsāšana ir pretrunā neitralitātei, ko tiecas ievērot uzņēmums. Pēc slimības atvaļinājuma S . Achbita 2006. gada 12. maijā paziņoja savam darba devējam, ka viņa 15. maijā atgriezīsies darbā un ka viņa nēsās islāmisko lakatu. 2006. gada 29. maijā G4S Uzņēmuma padome pieņēma grozījumus Iekšējās kārtības noteikumos, kas stājās spēkā 2006. gada 13. jūnijā, atbilstoši kuriem “darba ņēmējiem ir aizliegts darba vietā nesāt redzamas to politisko, filozofisko vai reliģisko uzskatu atšķirības zīmes un/vai veikt jebkādus ar minēto saistītus rituālus”. 2006. gadā 12. jūnijā S. Achbita tika atlaista viņas kā islāmticīgās izrādītās negrozāmās gribas nēsāt islāmisko lakatu darba vietā dēļ. Viņa saņēma atlaišanas kompensāciju, kura atbilda trīs mēnešalgām un citu atlīdzību, kas ir iegūta saskaņā ar darba līgumu. Pēc S. Achbita celtās prasības pret šo atlaišanu arbeidsrechtbank te Antwerpen (Antverpenes Darba lietu tiesa, Beļģija) noraidīšanas tā iesniedza apelācijas sūdzību par šo nolēmumu arbeidshof te Antwerpen (Antverpenes Darba lietu apelācijas tiesa). Šī apelācijas sūdzība tika noraidīta tostarp ar pamatojumu, ka atlaišana nevar tikt uzskatīta par nepamatotu, jo aizliegums darba vietā nēsāt redzamas politisko, filozofisko vai reliģisko uzskatu atšķirības zīmes nerada tiešu diskrimināciju un nav acīmredzami notikusi nekāda netieša diskriminācija vai izdarīts individuālo vai reliģisko brīvību pārkāpums. Attiecībā uz tiešas diskriminācijas neesamību šī tiesa sīkāk norādīja, ka ir acīmredzams, ka S. Achbita tika atlaista nevis viņas musulmaņu ticības dēļ, bet gan tādēļ, ka viņa negrozāmi vēlējās to apliecināt redzamā veidā darba laikā, nēsājot islāmisko lakatu. Iekšējās kārtības noteikumu norma, ko pārkāpa S. Achbita , esot vispārēji piemērojama, jo ar to jebkuram darba ņēmējam ir aizliegts darba vietā nēsāt redzamas politisko, filozofisko vai reliģisko uzskatu atšķirības zīmes. Neviens fakts neļaujot pieņemt, ka G4S būtu ieņēmusi pielaidīgāku nostāju pret kādu citu darba ņēmēju, kas ir salīdzināmā situācijā, jo sevišķi attiecībā pret kādu darba ņēmēju ar citiem reliģiskajiem vai filozofiskajiem uzskatiem, kurš būtu ilgstoši atteicies ievērot šo aizliegumu. Arbeidshof te Antwerpen (Antverpenes Darba lietu apelācijas tiesa) noraidīja argumentu, ka G4S noteiktais aizliegums nēsāt redzamas politisko, filozofisko vai reliģisko uzskatu atšķirības zīmes pats par sevi esot tieša diskriminācija pret S. Achbita kā pret ticīgo, uzskatot, ka šis aizliegums attiecas ne tikai uz aizliegumu nēsāt atšķirības zīmes, kas ir saistītas ar reliģiskajiem uzskatiem, bet arī atšķirības zīmes, kas ir saistītas ar filozofiskajiem uzskatiem, šādi ievērojot ar Direktīvu 2000/78 izvēlēto aizsardzību, kurā ir runa par “reliģiju vai uzskatiem”. Savas kasācijas sūdzības atbalstam S. Achbita tostarp apgalvoja, ka, pieņemot, ka reliģiskie uzskati, uz kuriem ir balstīts G4S noteiktais aizliegums, ir neitrāls kritērijs, un nekvalificējot šo aizliegumu kā atšķirīgu attieksmi pret tiem darba ņēmējiem, kuri nēsā islāmisko lakatu, un tiem, kuri to nenēsā, tā iemesla dēļ, ka minētais aizliegums nav vērsts pret konkrētiem reliģiskajiem uzskatiem un ka tas ir piemērojams visiem darba ņēmējiem, arbeidshof te Antwerpen (Antverpenes Darba lietu apelācijas tiesa) ir pārkāpusi “tiešas diskriminācijas” un “netiešas diskriminācijas” jēdzienus Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta izpratnē. Šādos apstākļos Hof van Cassatie (Kasācijas tiesa, Beļģija) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu: “Vai Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka aizliegums islāmticīgai sievietei darba vietā nēsāt lakatu nav tieša diskriminācija, ja darba devēja noteikumos visiem darba ņēmējiem ir aizliegts darba vietā nēsāt ārējas politiskās, filozofiskās vai reliģiskās pārliecības atšķirības zīmes?” Par prejudiciālo jautājumu Ar savu jautājumu iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Direktīvas 2000/78/EK 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka aizliegums nēsāt islāmisko lakatu, kas izriet no privāta uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem, ar ko vispārēji ir aizliegts nesāt jebkuras ārējas politiskās, filozofiskās vai reliģiskās pārliecības atšķirības zīmes darba vietā, ir tieša diskriminācija, kas ir aizliegta ar šo direktīvu. Pirmkārt, saskaņā ar Direktīvas 2000/78 1. pantu, lai vienlīdzīgas attieksmes princips stātos spēkā dalībvalstīs, šīs direktīvas mērķis attiecībā uz nodarbinātību un profesiju ir noteikt sistēmu, lai apkarotu diskrimināciju reliģijas, uzskatu, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Atbilstoši Direktīvas 2000/78 2. panta 1. punktam šajā direktīvā ““vienlīdzīgas attieksmes princips” nozīmē to, ka nav ne tiešas, ne netiešas diskriminācijas, kuras pamatā ir jebkurš 1. pantā minēts iemesls”. Minētās direktīvas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir precizēts, ka 2. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā tieša diskriminācija notiek tad, ja salīdzināmā situācijā pret vienu personu izturas sliktāk nekā pret citu personu jebkura tās pašas direktīvas 1. pantā minēto iemeslu, tostarp reliģijas, dēļ. Attiecībā uz jēdzienu “reliģija”, kas ir ietverts Direktīvas 2000/78 1. pantā, ir jānorāda, ka šajā direktīvā nav sniegta šī jēdziena definīcija. Tomēr Savienības likumdevējs Direktīvas 2000/78 preambulas 1. apsvērumā ir atsaucies uz pamattiesībām, kuras ir garantētas Eiropas Konvencijā par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību, kas ir parakstīta Romā 1950. gada 4. novembrī (turpmāk tekstā – “ECPAK”), un tās 9. pantā ir noteikts, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību; šīs tiesības ietver arī brīvību mainīt savu reliģisko piederību vai ticību un nodoties savai reliģijai vai pārliecībai, kā vienatnē tā kopā ar citiem, publiski vai privāti, pielūdzot, izpildot reliģiskas vai rituālas ceremonijas, ievērojot paražas un sludinot mācību. Tajā pašā apsvērumā Savienības likumdevējs tostarp ir atsaucies uz dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām kā Savienības tiesību vispārējiem principiem. Šo tiesību starpā, kuras izriet no kopīgajām tradīcijām un kuras ir atkārtoti apliecinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (turpmāk tekstā – “Harta”), ietilpst domu, pārliecības un ticības brīvība, kas ir noteikta Hartas 10. panta 1. punktā. Atbilstoši šai normai šīs tiesības ietver brīvību mainīt ticību vai pārliecību un brīvību individuāli vai kolektīvi un publiski vai privāti paust ticību vai pārliecību lūgšanās, mācībās, ieražās un ceremonijās. Kā izriet no paskaidrojumiem attiecībā uz pamattiesību hartu ( OV 2007, C 303, 17. lpp. ), tās 10. panta 1. punktā garantētās tiesības atbilst ECPAK 9. pantā garantētajām tiesībām un saskaņā ar Hartas 52. panta 3. punktu tām ir tāda pati nozīme un piemērošanas joma. Ciktāl ECPAK un vēlāk Hartā ir sniegta plaša jēdziena “reliģija” izpratne, jo tajās šajā jēdzienā ir iekļauta personu brīvība paust savu ticību, ir jāuzskata, ka Savienības likumdevējs ir vēlējies ievērot šo pašu pieeju, pieņemot Direktīvu 2000/78, un līdz ar to šīs direktīvas 1. pantā ietvertais jēdziens “reliģija” ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ietver gan forum internum , proti, uzskatu pastāvēšanu, gan forum externum , proti, reliģiskas ticības publisku paušanu. Otrkārt, ir jānosaka, vai ar attiecīgo iekšējās kārtības noteikumu pamatlietā tiek radīta atšķirīga attieksme starp darba ņēmējiem atkarībā no viņu reliģijas vai uzskatiem un, ja tas tā izrādītos, vai šī atšķirīgā attieksme ir kvalificējama par tiešu diskrimināciju Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē. Šajā lietā pamatlietas iekšējās kārtības noteikums attiecas uz redzamu politisko, filozofisko un reliģisko atšķirības zīmju nēsāšanu un tātad vienādi attiecas uz jebkuru šādu uzskatu paušanu. Minētais noteikums līdz ar to ir uzskatāms par tādu, kas ir vienādi attiecināms uz visiem darba ņēmējiem uzņēmumā, tiem vispārēji un vienādi nosakot tostarp neitrālu ģērbšanās veidu, kam ir pretrunā šādu atšķirības zīmju nēsāšana. Šajā ziņā no Tiesas rīcībā esošajiem lietas materiāliem neizriet, ka pamatlietas iekšējā kārtības noteikuma piemērošana attiecībā pret S. Achbita būtu bijusi atšķirīga no šī noteikuma piemērošanas jebkuram citam darba ņēmējam. Tātad ir jāsecina, ka ar tādu iekšējās kārtības noteikumu kā pamatlietā nav noteikta uz reliģiju vai pārliecību balstīta atšķirīga attieksme Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē. Tomēr saskaņā ar pastāvīgo judikatūru tas, ka iesniedzējtiesa prejudiciālo jautājumu ir formulējusi, atsaucoties tikai uz dažām Savienības tiesību normām, neliedz Tiesai sniegt šai tiesai visus interpretācijas elementus, kas tai var būt noderīgi, izspriežot izskatāmo lietu, neatkarīgi no tā, vai šī tiesa savu jautājumu formulējumā uz tiem ir atsaukusies. Šajā ziņā Tiesai no visas valsts tiesas iesniegtās informācijas, tostarp no lēmuma par prejudiciāla jautājuma uzdošanu pamatojuma, ir tiesības izdalīt tos Savienības tiesību elementus, kuriem ir nepieciešama interpretācija, ņemot vērā strīda priekšmetu (skat. it īpaši spriedumu, 2015. gada 12. februāris, Oil Trading Poland, C‑349/13 , EU:C:2015:84 , 45. punkts un tajā minētā judikatūra). Šajā lietā nav izslēgts, ka iesniedzējtiesa varētu nonākt pie secinājuma, ka ar pamatlietas iekšējās kārtības noteikumu ir noteikta atšķirīga attieksme, kas ir netieši balstīta uz reliģiju vai pārliecību Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē, ja tiek pierādīts, – un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai, – ka šķietami neitrāls pienākums, kas tajā ir ietverts, faktiski rada konkrētas nelabvēlīgākas sekas personām, kuras pieder pie noteiktas reliģijas vai uzskatiem. Saskaņā ar Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu šāda atšķirīga attieksme tomēr nebūtu kvalificējama kā netieša diskriminācija minētās direktīvas 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē, ja tā ir objektīvi attaisnota ar likumīgu mērķi un ja šī mērķa sasniegšanas līdzekļi ir piemēroti un vajadzīgi. Šajā ziņā ir jānorāda, ka, lai gan, galu galā, tieši iesniedzējtiesai, kurai vienīgajai ir kompetence izvērtēt faktus un interpretēt valsts tiesību aktus, ir jānosaka, vai un cik lielā mērā pamatlietas iekšējās kārtības noteikums atbilst šīm prasībām, Tiesas, kurai ir jāsniedz valsts tiesai lietderīgas atbildes, kompetencē, pamatojoties uz pamatlietas materiāliem un tai iesniegtajiem rakstveida un mutvārdu apsvērumiem, ir sniegt norādes, kas ļautu tai pašai tiesai pieņemt lēmumu konkrētajā lietā, ko tā izskata. Attiecībā uz, pirmkārt, nosacījumu par likumīgu mērķi ir jānorāda, ka griba attiecībās gan ar privātā, gan publiskā sektora klientiem ievērot politiskas, filozofiskas vai reliģiskas neitralitātes politiku ir jāuzskata par likumīgu. Darba devēja griba izrādīt neitralitāti attiecībā pret klientiem ir saistīta ar Hartas 16. pantā atzīto darījumdarbības brīvību, un principā tai ir likumīgs raksturs, tostarp tad, ja darba devējs šī mērķa sasniegšanā iesaista vienīgi tos darba ņēmējus, kuru darba pienākumos ietilpst kontaktēšanās ar darba devēja klientiem. Interpretāciju, atbilstoši kurai šāda mērķa noteikšana zināmā apmērā ļauj ierobežot reliģijas brīvību, apstiprina Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra attiecībā uz ECPAK 9. pantu (ECT spriedums, 2013. gada 15. janvāris, Eweida u.c. pret Apvienoto Karalisti, CE:ECHR:2013:0115JUD004842010, 94. punkts). Otrkārt, attiecībā uz tāda iekšējā kārtības noteikuma kā pamatlietā piemērotību ir jākonstatē, ka aizliegums darba ņēmējiem nēsāt redzamas politiskas, filozofiskas un reliģiskas atšķirības zīmes ir piemērots, lai nodrošinātu pareizu neitralitātes politikas īstenošanu, ar nosacījumu, ka šī politika patiešām tiek īstenota saskanīgi un sistemātiski (šajā ziņā skat. spriedumus, 2009. gada 10. marts, Hartlauer, C‑169/07 , EU:C:2009:141 , 55. punkts, un 2010. gada 12. janvāris, Petersen, C‑341/08 , EU:C:2010:4 , 53. punkts). Šajā ziņā iesniedzējtiesai ir jāpārbauda, vai G4S pirms S. Achbita atlaišanas bija ieviesis vispārēju un nešķirojošu redzamu politisku, filozofisku un reliģisku atšķirības zīmju nēsāšanas aizlieguma politiku attiecībā pret savu personālu tā saskarsmē ar šī uzņēmuma klientiem. Attiecībā uz, treškārt, pamatlietā aplūkotā aizlieguma nepieciešamību ir jāpārbauda, vai šis aizliegums ir ierobežots ar to, kas ir strikti nepieciešams. Šajā lietā ir jāpārbauda, vai aizliegums redzami nesāt jebkādu atšķirības zīmi vai apģērbu, kurš varētu tikt saistīts ar reliģiskiem, politiskiem vai filozofiskiem uzskatiem, attiecas vienīgi uz tiem G4S darbiniekiem, kuriem ir jākontaktējas ar klientiem. Ja tas tā ir, aizliegums ir uzskatāms par strikti nepieciešamu izvirzītā mērķa sasniegšanai. Šajā lietā attiecībā uz tādas darba ņēmējas kā S. Achbita atteikšanos nenēsāt islāmisko lakatu, veicot savas profesionālās darbības ar G4S klientiem, iesniedzējtiesai, vienlaikus ņemot vērā uzņēmumam raksturīgos ierobežojumus un tā, lai tam nerastos papildu slogs, ir jāpārbauda, vai G4S būtu bijis iespējams, saskaroties ar šādu atteikumu, tā vietā, lai viņu atlaistu, piedāvāt viņai citu darba vietu, kurā nav vizuālas saskarsmes ar klientiem. Iesniedzējtiesai, ņemot vērā visus lietas materiālus, ir jāievēro šajā lietā pastāvošās intereses un jāiegrožo attiecīgo brīvību ierobežojumi līdz strikti nepieciešamajam. Ņemot vērā visus iepriekš izklāstītos apsvērumus, uz iesniedzējtiesas uzdoto jautājumu ir jāatbild šādi: — Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka aizliegums nēsāt islāmisko lakatu, kas izriet no privāta uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem, ar ko vispārēji ir aizliegts nesāt jebkuras ārējas politiskās, filozofiskās vai reliģiskās pārliecības atšķirības zīmes darba vietā, nav tieša diskriminācija reliģijas vai uzskatu dēļ šīs direktīvas izpratnē; — turpretī šāds uzņēmuma iekšējās kārtības noteikums var būt netieša diskriminācija Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē, ja tiek pierādīts, ka šķietami neitrāls pienākums faktiski rada konkrētas nelabvēlīgas sekas personām, kas pieder pie noteiktas reliģijas vai uzskatiem, ja vien tas nav objektīvi pamatots ar likumīgu mērķi, piemēram, darba devēja politiskās, filozofiskās, kā arī reliģiskās neitralitātes politikas ievērošanu tā attiecībās ar klientiem, un ja pasākumi šī mērķa īstenošanai ir piemēroti un nepieciešami, un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai. Par tiesāšanās izdevumiem Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (virspalāta) nospriež: Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka aizliegums nēsāt islāmisko lakatu, kas izriet no privāta uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem, ar ko vispārēji ir aizliegts nesāt jebkuras ārējas politiskās, filozofiskās vai reliģiskās pārliecības atšķirības zīmes darba vietā, nav tieša diskriminācija reliģijas vai uzskatu dēļ šīs direktīvas izpratnē. Turpretī šāds uzņēmuma iekšējās kārtības noteikums var būt netieša diskriminācija Direktīvas 2000/78 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta izpratnē, ja tiek pierādīts, ka šķietami neitrāls pienākums faktiski rada konkrētas nelabvēlīgas sekas personām, kas pieder pie noteiktas reliģijas vai uzskatiem, ja vien tas nav objektīvi pamatots ar likumīgu mērķi, piemēram, darba devēja politiskās, filozofiskās, kā arī reliģiskās neitralitātes politikas ievērošanu tā attiecībās ar klientiem, un ja pasākumi šī mērķa īstenošanai ir piemēroti un nepieciešami, un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – holandiešu.

62006CJ0063

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 27(1)(f) Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L 316, str. 21). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med UAB Profisa (v nadaljevanju: Profisa) in Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (litovsko carinsko upravo) zaradi veljave usklajene trošarine za alkohol, vsebovan v izdelkih na osnovi čokolade. Pravni okvir Skupnostna ureditev Člen 27(1)(f) Direktive 92/83 določa: „Države članice oprostijo plačila usklajene trošarine izdelke iz te direktive pod pogoji, ki jih določijo za zagotovitev pravilne in enostavne uporabe takih oprostitev in za preprečevanje davčnega izmikanja, izogibanja ali zlorabe, kadar se uporabijo neposredno ali kot sestavina polizdelkov za proizvodnjo živil, kot polnilo ali drugače, pod pogojem, da vsebnost alkohola pri čokoladi v nobenem primeru ne presega 8,5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelka in pri drugih izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelka.“ Nacionalna ureditev Člen 25(1)(5) zakona z dne 30. oktobra 2001 o trošarinah (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas) (Žin., 2001, št. 98-3482), kakor je bil spremenjen z zakonom z dne 29. januarja 2004 (Žin., 2004, št. 26-802, v nadaljevanju: zakon o trošarinah), določa, da so etilni alkohol in alkoholne pijače, namenjeni proizvodnji izdelkov na osnovi čokolade, oproščeni plačila trošarin pod pogojem, da vsebnost alkohola ne presega 8,5 litra čistega etilnega alkohola na 100 kg (neto) izdelka na osnovi čokolade. Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje Družba Profisa uvaža v Litvo izdelke na osnovi čokolade, ki vsebujejo etilni alkohol. Z odločbama z dne 4. januarja in 14. marca 2005 je litovska carinska uprava zavrnila oprostitev plačila trošarine za izdelke, ki jih uvaža družba Profisa, ker čeprav člen 25(1)(5) zakona o trošarinah oprošča plačila trošarine za etilni alkohol, namenjen proizvodnji izdelkov na osnovi čokolade, pa ta določba ne velja za uvožene končne izdelke na osnovi čokolade, ki vsebujejo etilni alkohol, kot so ti, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari. Družba Profisa je predlagala razglasitev ničnosti teh odločb pri Apygardos administracinis teismas, ki je ta predlog zavrnilo s sodbo z dne 9. maja 2005. Družba Profisa je zoper to sodbo vložila pritožbo pri predložitvenem sodišču. To sodišče navaja, da ker je namen člena 25(1)(5) zakona o trošarinah zagotovitev prenosa člena 27(1)(f) Direktive 92/83 v litovski pravni red, je nujna razlaga te določbe, da bi se lahko odločilo o sporu, ki mu je bil predložen v odločanje. To sodišče opaža, da se litovska različica člena 27(1)(f) Direktive 92/83 razlikuje od vseh preostalih jezikovnih različic tega člena. V navedenih okoliščinah je Vyriausiasis administracinis teismas prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje: „Ali je glede na odstopanja med različnimi jezikovnimi različicami Direktive 92/83 […] treba njen člen 27(1)(f) razlagati tako, da državam članicam nalaga oprostitev plačila trošarine za etilni alkohol, uvožen na carinsko območje Evropskih skupnosti, vsebovan v izdelkih na osnovi čokolade za neposredno uporabo, če količina vsebovanega alkohola v izdelkih na osnovi čokolade ne presega 8,5 litra na 100 kg izdelka?“ Vprašanje za predhodno odločanje Vse stranke, ki so predložile pisne izjave, predlagajo, naj se na vprašanje za predhodno odločanje odgovori pritrdilno. V skladu z ustaljeno sodno prakso potreba po enotni uporabi in zato razlagi pravnih določb Skupnosti izključuje, da bi se ob dvomu besedilo določbe upoštevalo ločeno v eni svojih različic, ampak zahteva, nasprotno, naj se razlaga in uporablja ob upoštevanju jezikovnih različic, ki so bile določene v drugih uradnih jezikih (sodbe z dne 12. novembra 1969 v zadevi Stauder proti Ulm, 29/69, Recueil, str. 419, točka 3; z dne 7. julija 1988 v zadevi Moksel proti Balm, 55/87, Recueil, str. 3845, točka 15, in z dne 2. aprila 1998 v zadevi EMU Tabac in drugi, C-296/95, Recueil, str. I-1605, točka 36). V primeru razlik med različnimi jezikovnimi različicami besedila Skupnosti je treba sporno določbo razlagati glede na splošno sistematiko in namen ureditve, katere del je (sodba z dne 27. oktobra 1977 v zadevi Regina proti Bouchereau, 30/77, Recueil, str. 1999, točka 14; z dne 7. decembra 2000 v zadevi Italija proti Komisiji, C-482/98, Recueil, str. I-10861, točka 49, in z dne 1. aprila 2004 v zadevi Borgmann, C-1/02, Recueil, str. I-3219, točka 25). Iz primerjave različnih jezikovnih različic člena 27(1)(f) Direktive 92/83 pa izhaja, da z izjemo litovske različice vse jezikovne različice tega člena določajo, da pod pogoji, ki jih določijo, države članice oprostijo plačila usklajene trošarine izdelke iz te direktive, kamor sodi tudi etilni alkohol, kadar se uporabijo neposredno za proizvodnjo živil, pod pogojem, da vsebnost alkohola pri čokoladi v nobenem primeru ne presega 8,5 litra čistega alkohola na 100 kg izdelka in pri drugih izdelkih 5 litrov čistega alkohola na 100 kg izdelka. Kraj, kjer se etilni alkohol uporablja za tovrstno proizvodnjo, pri tem ni pomemben. Poleg tega je cilj, ki ga zasledujejo oprostitve, določene v Direktivi 92/83, zlasti nevtralizirati vpliv trošarin za alkohol kot vmesni proizvod, ki je vsebovan v drugih trgovskih ali industrijskih izdelkih (zgoraj navedena sodba Italija proti Komisiji, točka 4). Oprostitev izdelkov iz člena 27(1) Direktive 92/83 je načelo in njena zavrnitev izjema. Možnost, ki jo daje ta določba državam članicam, da določijo pogoje „za zagotovitev pravilne in enostavne uporabe takih oprostitev in za preprečevanje davčnega izmikanja, izogibanja ali zlorabe“, ne more postaviti pod vprašaj nepogojnosti obveznosti oprostitve iz te določbe (zgoraj navedena sodba Italija proti Komisiji, točka 50). Zato je treba na vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba člen 27(1)(f) Direktive 92/83 razlagati tako, da državam članicam nalaga oprostitev plačila trošarine za etilni alkohol, uvožen na carinsko območje Evropske unije, vsebovan v izdelkih na osnovi čokolade za neposredno uporabo, če vsebnost alkohola v teh izdelkih ne presega 8,5 litra na 100 kg izdelka. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (osmi senat) razsodilo: Člen 27(1)(f) Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače je treba razlagati tako, da državam članicam nalaga oprostitev plačila trošarine za etilni alkohol, uvožen na carinsko območje Evropske unije, vsebovan v izdelkih na osnovi čokolade za neposredno uporabo, če vsebnost alkohola v teh izdelkih ne presega 8,5 litra na 100 kg izdelka. Podpisi * Jezik postopka: litovščina.

62014CJ0388

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 49 ΣΛΕΕ. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της Timac Agro Deutschland GmbH (στο εξής: Timac Agro), γερμανικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, και του Finanzamt Sankt Augustin (Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Sankt Augustin) σχετικά, αφενός, με την επανενσωμάτωση, από την εν λόγω Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, των ζημιών των φορολογικών χρήσεων 1997 και 1998 μιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως της ως άνω εταιρίας στην αλλοδαπή οι οποίες είχαν προηγουμένως εκπέσει του φόρου, λόγω της μεταβιβάσεως της εγκαταστάσεως αυτής σε αλλοδαπή αδελφή εταιρία, και, αφετέρου, με την άρνηση της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Sankt Augustin να λάβει υπόψη τις ζημίες των από το 1999 και μετά φορολογικών χρήσεων, τις οποίες κατέγραψε η εν λόγω εγκατάσταση, κατόπιν της μεταβιβάσεως αυτής. Το νομικό πλαίσιο Το γερμανικό δίκαιο Το άρθρο 2a, παράγραφος 3, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη περίοδος, του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος (Einkommensteuergesetz, στο εξής: EStG), όπως ίσχυε για τις φορολογικές χρήσεις 1997 και 1998, προβλέπει τα εξής: «Αν τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις προσώπου που υπόκειται απεριορίστως σε φορολογία τα οποία προήλθαν από επιχειρηματική εγκατάσταση ευρισκόμενη σε ξένο κράτος απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος δυνάμει συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας, η ζημία που συνδέεται με τα εισοδήματα αυτά κατά τις διατάξεις του ημεδαπού φορολογικού δικαίου εκπίπτει, κατόπιν αιτήσεως του φορολογουμένου, κατά τον υπολογισμό του συνολικού ύψους των εισοδημάτων, στο μέτρο που, αν τα εισοδήματα δεν απαλλάσσονταν από τον φόρο εισοδήματος, ο φορολογούμενος θα μπορούσε να συμψηφίσει ή να εκπέσει την εν λόγω ζημία και στο μέτρο που η ζημία αυτή υπερβαίνει το ύψος καθαρών εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις προερχόμενων από άλλες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στο ίδιο ξένο κράτος, τα οποία απαλλάσσονται δυνάμει της ίδιας συμβάσεως. Στο μέτρο που η ζημία δεν έχει συμψηφισθεί με την εφαρμογή των ανωτέρω, επιτρέπεται να εκπέσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10d. Αν, σε μεταγενέστερη φορολογική χρήση, προκύπτει θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τα απαλλασσόμενα δυνάμει της εν λόγω συμβάσεως συνολικά εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις των ευρισκόμενων στο εν λόγω ξένο κράτος επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, η εκπιπτόμενη κατά την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο ζημία επανενσωματώνεται κατά τον υπολογισμό των συνολικών εισοδημάτων της οικείας φορολογικής χρήσεως. Η τρίτη περίοδος δεν εφαρμόζεται αν ο φορολογούμενος αποδεικνύει ότι οι ισχύουσες για τον ίδιο διατάξεις του ξένου κράτους αποκλείουν γενικώς τη δυνατότητα μεταφοράς της εκπτώσεως ζημιών σε χρήση άλλη από αυτήν κατά την οποία σημειώθηκαν οι ζημίες.» Το άρθρο 52, παράγραφος 3, τρίτη και πέμπτη περίοδος, του EStG, όπως ίσχυε το 2005, ορίζει τα εξής: «Το άρθρο 2a, παράγραφος 3, τρίτη, πέμπτη και έκτη περίοδος, υπό τη μορφή με την οποία δημοσιεύθηκε στις 16 Απριλίου 1997 ( BGBl . 1997 I, σ. 821), εξακολουθεί να ισχύει για τις φορολογικές χρήσεις 1999 έως 2008, εφόσον προκύπτει θετικό αποτέλεσμα χρήσεως κατά την έννοια του άρθρου 2a, παράγραφος 3, τρίτη περίοδος, ή εφόσον μια μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση ευρισκόμενη σε ξένο κράτος κατά την έννοια του άρθρου 2a, παράγραφος 4, όπως έχει βάσει της πέμπτης περιόδου, μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρία, μεταβιβαστεί ή παύσει να λειτουργεί. […] Το άρθρο 2a, παράγραφος 4, ισχύει για τις φορολογικές χρήσεις 1999 έως 2008 ως εξής: “4. Αν μια μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση ευρισκόμενη σε ξένο κράτος 1) μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρία ή 2) μεταβιβαστεί έναντι ανταλλάγματος ή δωρεάν ή 3) παύσει να λειτουργεί [...], η εκπιπτόμενη δυνάμει της παραγράφου 3, πρώτη και δεύτερη περίοδος, ζημία επανενσωματώνεται στο συνολικό ύψος των εισοδημάτων της χρήσεως κατά την οποία λαμβάνει χώρα η μετατροπή, η μεταβίβαση ή η παύση της λειτουργίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3, τρίτη περίοδος, στο μέτρο που η εν λόγω ζημία δεν επανενσωματώθηκε ούτε πρέπει να επανενσωματωθεί δυνάμει της παραγράφου 3, τρίτη περίοδος.”» Οι συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας στους τομείς των φόρων εισοδήματος και περιουσίας καθώς και των φόρων επιτηδεύματος και ακίνητης περιουσίας, η οποία συνήφθη μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας στις 4 Οκτωβρίου 1954 ( BGBl . 1955 II, σ. 749), όπως τροποποιήθηκε με τη σύμβαση της 8ης Ιουλίου 1992 ( BGBl . 1994 II, σ. 122), προβλέπει τα εξής: «[α]ν πρόσωπο το οποίο κατοικεί σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη προσπορίζεται εισοδήματα από εμπορική επιχείρηση την οποία διατηρεί μόνο του ή από κοινού με άλλους και της οποίας οι δραστηριότητες εκτείνονται στο έδαφος του έτερου συμβαλλόμενου κράτους, το έτερο κράτος έχει δικαίωμα φορολογήσεως των εισοδημάτων αυτών μόνον εφόσον προέρχονται από μόνιμη εγκατάσταση της επιχειρήσεως στο έδαφός του.» Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της συμβάσεως η οποία συνήφθη μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, για την αποφυγή της διπλής φορολογίας στους τομείς των φόρων εισοδήματος και περιουσίας, της 24ης Αυγούστου 2000 ( BGBl . 2000 II, σ. 734, στο εξής: γερμανοαυστριακή σύμβαση), ορίζει τα εξής: «Τα κέρδη επιχειρήσεως συμβαλλόμενου κράτους φορολογούνται μόνο στο κράτος αυτό, εκτός αν η επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος μέσω μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στο κράτος αυτό. Αν η επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη της επιχειρήσεως φορολογούνται στο έτερο κράτος, αλλά μόνο στο μέτρο που προέρχονται από αυτή τη μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση.» Το άρθρο 23, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, της γερμανοαυστριακής συμβάσεως έχει ως εξής: «Για τα πρόσωπα που κατοικούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ο φόρος καθορίζεται ως εξής: a) υπό την επιφύλαξη του σημείου b κατωτέρω, από τη βάση υπολογισμού του γερμανικού φόρου εξαιρούνται τα έσοδα που προέρχονται από τη Δημοκρατία της Αυστρίας και τα κείμενα στη Δημοκρατία της Αυστρίας περιουσιακά στοιχεία τα οποία, δυνάμει της παρούσας συμβάσεως, φορολογούνται στη Δημοκρατία της Αυστρίας.» Το άρθρο 12, στοιχείο b, του συνημμένου στην ως άνω σύμβαση πρωτοκόλλου ορίζει, σχετικά με το άρθρο 24 της εν λόγω συμβάσεως: «Αν πρόσωπα που κατοικούν στη Γερμανία υφίστανται, από τη χρήση του 1990 (1989/1990) και μετά, ζημίες όσον αφορά μόνιμες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις κείμενες στην Αυστρία, οι ζημίες μέχρι και τη χρήση του 1997 (1996/1997) λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2a, παράγραφος 3, του EStG. Οι επανενσωματώσεις δυνάμει του άρθρου 2a, παράγραφος 3, τρίτη περίοδος, του [EStG] παύουν να πραγματοποιούνται από τη φορολογική χρήση του 1994. Εφόσον βάσει των διατάξεων αυτών δεν μπορεί να γίνει επίκληση, για φορολογικούς λόγους, των ως άνω ζημιών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας λόγω δεδικασμένου, η δε διαδικασία καθορισμού του φόρου δεν μπορεί να επαναληφθεί λόγω απώλειας της προθεσμίας, οι ζημίες δύνανται να ληφθούν υπόψη στη Δημοκρατία της Αυστρίας διά της εκπτώσεώς τους. Ζημίες οι οποίες σημειώθηκαν από τη χρήση του 1998 (1997/1998) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εντός του κράτους όπου κείται η εγκατάσταση βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας. Οι ανωτέρω κανόνες εφαρμόζονται μόνο στο μέτρο κατά το οποίο δεν έχουν ως συνέπεια να λαμβάνονται οι ζημίες δύο φορές υπόψη.» Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα Η Timac Agro είναι γερμανική κεφαλαιουχική εταιρία ανήκουσα σε γαλλικό όμιλο. Από το 1997 διατηρούσε μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στην Αυστρία. Στις 31 Αυγούστου 2005, η εγκατάσταση αυτή μεταβιβάστηκε έναντι ανταλλάγματος σε εταιρία εγκατεστημένη στην Αυστρία, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιριών με την Timac Agro. Προέκυψε ως εκ τούτου το ζήτημα της αντιμετωπίσεως των ζημιών της ως άνω μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην αλλοδαπή, καθόσον, μεταξύ 1997 και 2005, η εν λόγω εγκατάσταση είχε καταγράψει ζημίες σε όλες τις χρήσεις πλην εκείνων του 2000 και του 2005. Κατόπιν φορολογικού ελέγχου, έγινε διόρθωση των φορολογικών βάσεων της Timac Agro για τα έτη από το 1997 έως το 2004. Αφενός, οι ζημίες της μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην Αυστρία, που είχαν αρχικώς εκπέσει από τα έσοδα της Timac Agro για τις φορολογικές χρήσεις του 1997 και του 1998, επανενσωματώθηκαν στο φορολογητέο αποτέλεσμα της ως άνω εταιρίας για τη χρήση του 2005. Αφετέρου, δεν έγινε δεκτός ο συνυπολογισμός των ζημιών της ως άνω μόνιμης εγκαταστάσεως στη φορολογική βάση της Timac Agro για τις χρήσεις από το 1999 έως το 2004. Η Timac Agro προσέφυγε κατά των ως άνω διορθώσεων ενώπιον του Finanzgericht Köln. Προς στήριξη της προσφυγής αυτής, υποστηρίζει ότι τόσο η επανενσωμάτωση των ζημιών τις οποίες υπέστη η μόνιμη επιχειρηματική εγκατάστασή της στην Αυστρία κατά τις φορολογικές χρήσεις του 1997 και του 1998 όσο και η αδυναμία εκπτώσεως των ζημιών της εγκαταστάσεως αυτής για τις χρήσεις από το 1999 έως το 2004 δεν συνάδουν προς την ελευθερία εγκαταστάσεως. Ως προς την επανενσωμάτωση των επίδικων ζημιών, το αιτούν δικαστήριο εκτιμά ότι το Δικαστήριο δεν έχει ακόμα επιλύσει το ζήτημα κατά πόσον συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης μια τέτοια επανενσωμάτωση που επέρχεται κατόπιν της μεταβιβάσεως μιας κείμενης στην αλλοδαπή μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως. Το ως άνω δικαστήριο επισημαίνει ότι, μολονότι τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στην έκδοση της αποφάσεως Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt ( C‑157/07 , EU:C:2008:588 ) είναι βεβαίως εν μέρει παρόμοια προς τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως που εκκρεμεί ενώπιόν του, εντούτοις η ως άνω απόφαση αφορούσε το ζήτημα της επανενσωματώσεως των ζημιών στη φορολογική βάση μέχρι το ύψος των κερδών της μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην αλλοδαπή. Αντιθέτως, στην υπόθεση της κύριας δίκης, η επανενσωμάτωση των ζημιών επήλθε λόγω της μεταβιβάσεως της κείμενης στην αλλοδαπή μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως, χωρίς να συνδέεται με τυχόν κέρδη της εγκαταστάσεως αυτής. Για την περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι οι αρχές που απέρρευσαν από την εν λόγω απόφαση έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση όπως αυτή της υποθέσεως της κύριας δίκης, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν οι αρχές που αφορούν τις οριστικές ζημίες και τις οποίες διατύπωσε το Δικαστήριο στις σκέψεις 55 και 56 της αποφάσεως Marks & Spencer ( C‑446/03 , EU:C:2005:763 ) έχουν εφαρμογή στις ζημίες των φορολογικών χρήσεων 1997 και 1998 οι οποίες, εφόσον επανενσωματώθηκαν, δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη στη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά την άρνηση συνυπολογισμού των ζημιών της κείμενης στην Αυστρία μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως για τις φορολογικές χρήσεις 1999 έως 2004, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι, κατά τις διατάξεις της γερμανοαυστριακής συμβάσεως, η Δημοκρατία της Αυστρίας είχε την αποκλειστική εξουσία φορολογήσεως των εισοδημάτων της εγκαταστάσεως αυτής. Το καθεστώς της ως άνω συμβάσεως περί αποφυγής διπλής φορολογίας δεν καλύπτει μόνο τα κέρδη, αλλά και τις ζημίες. Επομένως, η προσφυγή της Timac Agro δεν μπορεί να ευδοκιμήσει παρά μόνον αν η εν λόγω σύμβαση αντιβαίνει στην ελευθερία εγκαταστάσεως. Το ως άνω δικαστήριο διερωτάται επίσης αν, στην εκκρεμούσα ενώπιόν του υπόθεση, υφίστανται οριστικές ζημίες υπό την έννοια των αρχών που διατυπώνονται στις σκέψεις 55 και 56 της αποφάσεως Marks & Spencer ( C‑446/03 , EU:C:2005:763 ). Το εν λόγω δικαστήριο τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να εξεύρει τα κριτήρια για τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες έχουν εφαρμογή οι ως άνω αρχές. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το Finanzgericht Köln αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Έχει το άρθρο 49 ΣΛΕΕ την έννοια ότι αντιτίθεται σε ρύθμιση όπως αυτή του άρθρου 52, παράγραφος 3, του EStG, στο μέτρο που η αιτία για την επανενσωμάτωση των ζημιών μιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην αλλοδαπή, οι οποίες είχαν προηγουμένως ληφθεί υπόψη προς μείωση του φόρου, είναι η μεταβίβαση της ως άνω επιχειρηματικής εγκαταστάσεως σε άλλη κεφαλαιουχική εταιρία, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με τη μεταβιβάζουσα εταιρία, και όχι η επίτευξη κέρδους; 2) Έχει το άρθρο 49 ΣΛΕΕ την έννοια ότι αντιτίθεται σε ρύθμιση όπως αυτή του άρθρου 23, παράγραφος 1, στοιχείο a, της γερμανοαυστριακής συμβάσεως, κατά την οποία τα προερχόμενα από την Αυστρία και φορολογητέα στην Αυστρία εισοδήματα εξαιρούνται από τη βάση υπολογισμού του επιβαλλόμενου στη Γερμανία φόρου, σε περίπτωση που οι ζημίες τις οποίες κατέγραψε μια ευρισκόμενη στην Αυστρία επιχειρηματική εγκατάσταση γερμανικής κεφαλαιουχικής εταιρίας δεν μπορούν πλέον να ληφθούν υπόψη στην Αυστρία διότι η ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση μεταβιβάστηκε σε αυστριακή κεφαλαιουχική εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με τη γερμανική κεφαλαιουχική εταιρία;» Επί των προδικαστικών ερωτημάτων Επί του πρώτου ερωτήματος Με το πρώτο ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινισθεί αν το άρθρο 49 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αντιτίθεται σε φορολογικό καθεστώς κράτους μέλους όπως το επίδικο στην κύρια δίκη, δυνάμει του οποίου, αν ημεδαπή εταιρία μεταβιβάσει μια ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε αλλοδαπή εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με την πρώτη εταιρία, οι ζημίες της μεταβιβασθείσας εγκαταστάσεως που είχαν προηγουμένως εκπέσει επανενσωματώνονται στο φορολογητέο αποτέλεσμα χρήσεως της μεταβιβάζουσας εταιρίας σε περίπτωση που, δυνάμει συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, τα έσοδα μιας τέτοιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως απαλλάσσονται από τον φόρο στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει η εταιρία στην οποία ανήκε η εγκατάσταση αυτή. Υπενθυμίζεται ότι, για τις εταιρίες που έχουν συσταθεί κατά τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία εγκαταστάσεως περιλαμβάνει το δικαίωμα να ασκούν τη δραστηριότητά τους στο οικείο κράτος μέλος μέσω θυγατρικής εταιρίας, υποκαταστήματος ή πρακτορείου (απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Ναι μεν οι διατάξεις της Συνθήκης ΛΕΕ οι σχετικές με την ελευθερία εγκαταστάσεως έχουν ως σκοπό να εξασφαλίζουν εντός του κράτους μέλους υποδοχής την ίση μεταχείριση των αλλοδαπών με τους ημεδαπούς, πλην όμως απαγορεύουν και στο κράτος μέλος καταγωγής να εμποδίζει την εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος μιας συσταθείσας σύμφωνα με τη νομοθεσία του εταιρίας, ιδίως μέσω μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως (απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Η άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως εμποδίζεται αν, δυνάμει του φορολογικού συστήματος κράτους μέλους, μια ημεδαπή εταιρία που διατηρεί θυγατρική ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος υφίσταται διαφορετική φορολογική μεταχείριση η οποία είναι δυσμενέστερη από τη μεταχείριση ημεδαπής εταιρίας που διατηρεί μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση ή θυγατρική στο πρώτο κράτος μέλος (απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Ως προς τη συνεκτίμηση των ζημιών μιας κείμενης στην αλλοδαπή μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως κατά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσεως και κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρίας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση αυτή, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η συνεκτίμηση αυτή αποτελεί φορολογικό πλεονέκτημα (απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Εξάλλου, από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι η επανενσωμάτωση τέτοιων ζημιών, που εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις μεταβιβάσεως μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην αλλοδαπή, έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρείται το πλεονέκτημα αυτό από μια εταιρία που διατηρεί μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της έδρας της σε σχέση με την εταιρία εκείνη που διατηρεί μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στο κράτος της έδρας της και στοιχειοθετεί επομένως δυσμενή μεταχείριση (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη ). Από την ως άνω νομολογία προκύπτει επίσης ότι η δυσμενής αυτή μεταχείριση είναι ικανή να αποτρέψει ημεδαπή εταιρία από την άσκηση των δραστηριοτήτων της μέσω μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως κείμενης σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της έδρας της και, κατά συνέπεια, συνιστά περιορισμό ο οποίος καταρχήν απαγορεύεται από τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελευθερία εγκαταστάσεως (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη ). Τέτοιος περιορισμός μπορεί να γίνει δεκτός μόνον αν αφορά περιπτώσεις που δεν είναι αντικειμενικώς συγκρίσιμες ή αν δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος (απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Ως προς τη συγκρισιμότητα των περιπτώσεων, υπενθυμίζεται ότι, καταρχήν, οι μόνιμες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις εντός άλλου κράτους μέλους πλην του ενδιαφερόμενου δεν τελούν σε συγκρίσιμη κατάσταση με αυτή των μόνιμων επιχειρηματικών εγκαταστάσεων στην ημεδαπή όσον αφορά τα μέτρα που έχει προβλέψει το ως άνω κράτος μέλος για την αποφυγή ή τον περιορισμό της διπλής φορολογήσεως των κερδών ημεδαπής εταιρίας (απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη ). Δεχόμενη όμως την έκπτωση των ζημιών τις οποίες κατέγραψε μια μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στην Αυστρία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας παραχώρησε φορολογικό πλεονέκτημα στην ημεδαπή εταιρία στην οποία ανήκε η μόνιμη αυτή εγκατάσταση, όπως θα έπραττε αν η εν λόγω μόνιμη εγκατάσταση ευρισκόταν στη Γερμανία, και, ως εκ τούτου, την εξομοίωσε προς μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στην ημεδαπή σε ό,τι αφορά την έκπτωση των ζημιών (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, αποφάσεις Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C‑157/07 , EU:C:2008:588 , σκέψη , και Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη ). Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η κατάσταση ημεδαπής εταιρίας η οποία διατηρεί μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στην Αυστρία είναι κατά συνέπεια συγκρίσιμη προς εκείνη μιας ημεδαπής εταιρίας η οποία διατηρεί μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στη Γερμανία. H δικαιολόγηση του περιορισμού μπορεί επομένως να ανάγεται μόνο σε επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος. Επιπλέον, σε τέτοια περίπτωση ο περιορισμός πρέπει να είναι κατάλληλος να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπού τον οποίο επιδιώκει και να μην υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού μέτρο (απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπογραμμίζει ότι τα εισοδήματα από μια κείμενη στην Αυστρία μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση, τόσο τα πραγματοποιηθέντα σε περίοδο κατά την οποία η μόνιμη εγκατάσταση ανήκε σε εγκατεστημένη στη Γερμανία εταιρία όσο και τα πραγματοποιηθέντα κατά το χρονικό σημείο της μεταβιβάσεως της εγκαταστάσεως αυτής, απαλλάσσονται από τον φόρο στη Γερμανία, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα φορολογήσεως των εισοδημάτων αυτών ανήκει, κατά τη γερμανοαυστριακή σύμβαση, στη Δημοκρατία της Αυστρίας. Το ως άνω κράτος μέλος διευκρινίζει ότι η επίδικη στην κύρια δίκη επανενσωμάτωση ανέρχεται στο ύψος των ζημιών που είχαν εκπέσει προηγουμένως. Η επανενσωμάτωση αυτή συνιστά έτσι το φορολογικό αντιστάθμισμα του μέρους των κερδών της ημεδαπής εταιρίας που δεν είχε προηγουμένως φορολογηθεί. Εξάλλου, σκοπός του επίδικου στην κύρια δίκη φορολογικού καθεστώτος είναι να αποτρέψει το ενδεχόμενο να μπορούν οι φορολογούμενοι να παρακάμψουν την περί επανενσωματώσεως ρύθμιση με καθορισμό τιμών πωλήσεως χαμηλότερων από την αγοραία τιμή ή με άλλες μεθοδεύσεις και να εμποδίσουν την εκ των υστέρων επιβολή του φόρου. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εκτιμά ότι το επίδικο στην κύρια δίκη φορολογικό καθεστώς δικαιολογείται κατά συνέπεια από τους επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος που ανάγονται τόσο στην ανάγκη να εξασφαλισθεί η ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολογήσεως μεταξύ των κρατών μελών όσο και στη συνοχή του φορολογικού συστήματος και την αποτροπή της φοροδιαφυγής. Όσον αφορά, καταρχάς, την ανάγκη διαφυλάξεως της ισόρροπης κατανομής της φορολογικής εξουσίας μεταξύ των κρατών μελών, υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για θεμιτό σκοπό, αναγνωρισμένο από το Δικαστήριο, ο οποίος ενδέχεται να καθιστά αναγκαία την εφαρμογή, στις οικονομικές δραστηριότητες των εγκατεστημένων σε ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη εταιριών, μόνον των φορολογικών κανόνων του κράτους μέλους αυτού, τόσο ως προς τα κέρδη όσο και ως προς τις ζημίες (απόφαση K, C‑322/11 , EU:C:2013:716 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Ο σκοπός αυτός, όπως έχει τονίσει το Δικαστήριο, έγκειται ιδίως στη διαφύλαξη της συμμετρίας μεταξύ του δικαιώματος φορολογήσεως των κερδών και της ευχέρειας εκπτώσεως των ζημιών, ιδίως προκειμένου να μην παρέχεται στον φορολογούμενο η δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα το κράτος μέλος στο οποίο δηλώνει αυτά τα κέρδη ή τις ζημίες (απόφαση K, C‑322/11 , EU:C:2013:716 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Στην υπόθεση της κύριας δίκης, αν η γερμανοαυστριακή σύμβαση δεν είχε εφαρμογή, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα είχε το δικαίωμα να φορολογήσει τα εισοδήματα από μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στην Αυστρία μιας εγκατεστημένης στη Γερμανία εταιρίας. Συνεπεία όμως της εφαρμογής της ως άνω συμβάσεως, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν άσκησε φορολογική αρμοδιότητα επί των εισοδημάτων αυτών. Το να στερείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας τη δυνατότητα να επανενσωματώσει στο φορολογητέο αποτέλεσμα της ημεδαπής εταιρίας τις ζημίες της μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην Αυστρία που είχαν προηγουμένως εκπέσει, σε περίπτωση μεταβιβάσεως της εγκαταστάσεως αυτής, θα σήμαινε ότι θα επιτρεπόταν στην ως άνω εταιρία να επιλέξει ελεύθερα το κράτος μέλος στο οποίο εκπίπτει τις ζημίες αυτές (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση Lidl Belgium, C‑414/06 , EU:C:2008:278 , σκέψη ). Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η επίδικη στην κύρια δίκη επανενσωμάτωση επιτρέπει τη διαφύλαξη της συμμετρίας μεταξύ του δικαιώματος φορολογήσεως των εισοδημάτων και της δυνατότητας εκπτώσεως των ζημιών και, ως εκ τούτου, την ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολογήσεως μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά, έπειτα, τη δικαιολόγηση με βάση την ανάγκη να διατηρηθεί η συνοχή του εθνικού φορολογικού συστήματος, υπενθυμίζεται ότι πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για θεμιτό σκοπό αναγνωρισμένο από το Δικαστήριο. Για να ευδοκιμήσει ένα επιχείρημα στηριζόμενο στη δικαιολόγηση αυτή, πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει άμεση συνάφεια μεταξύ του οικείου φορολογικού πλεονεκτήματος και της αντισταθμίσεώς του από συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση, η δε αμεσότητα της συνάφειας αυτής πρέπει να εκτιμάται με γνώμονα τον σκοπό της επίμαχης νομοθετικής ρυθμίσεως (απόφαση K, C‑322/11 , EU:C:2013:716 , σκέψεις και ). Στο πλαίσιο της επανενσωματώσεως των ζημιών μιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην αλλοδαπή που είχαν προηγουμένως εκπέσει, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η επανενσωμάτωση των ζημιών αυτών δεν μπορεί παρά να συνδέεται αναπόσπαστα με την προηγούμενη συνεκτίμησή τους. Έτσι, το Δικαστήριο έκρινε ότι η επανενσωμάτωση αυτή, στην περίπτωση εταιρίας η οποία διατηρεί μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη, ως προς την οποία το κράτος μέλος της έδρας της ως άνω εταιρίας δεν διαθέτει δικαίωμα επιβολής φόρου, αντανακλά μια συμμετρική λογική. Επομένως, υφίστατο άμεσος, προσωπικός και υλικός σύνδεσμος μεταξύ των δύο στοιχείων αυτού του φορολογικού μηχανισμού, εφόσον η εν λόγω επανενσωμάτωση συνιστούσε το αναπόσπαστο συμπλήρωμα της εκπτώσεως η οποία είχε χορηγηθεί προηγουμένως (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C‑157/07 , EU:C:2008:588 , σκέψη ). Στην υπόθεση της κύριας δίκης, αρκεί η διαπίστωση ότι εφόσον η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν ασκεί εξουσία φορολογήσεως επί των εισοδημάτων από μια μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση στην Αυστρία, η επανενσωμάτωση των οικείων ζημιών στο φορολογητέο αποτέλεσμα της ημεδαπής εταιρίας στην οποία ανήκε η μόνιμη αυτή εγκατάσταση αντανακλά μια συμμετρική λογική και συνιστά το αναπόσπαστο συμπλήρωμα της εκπτώσεως η οποία είχε χορηγηθεί προηγουμένως. Ως εκ τούτου, φορολογικό καθεστώς όπως το επίδικο στην κύρια δίκη δικαιολογείται επίσης από την ανάγκη να διαφυλαχθεί η συνοχή του γερμανικού φορολογικού συστήματος. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τον σκοπό ο οποίος ανάγεται στην αποτροπή της φοροδιαφυγής, επισημαίνεται ότι πρόκειται για σκοπό ικανό να δικαιολογήσει περιορισμό της ελευθερίας εγκαταστάσεως την οποία κατοχυρώνει η Συνθήκη. Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, για να ευδοκιμήσει το επιχείρημα το οποίο βασίζεται σε αυτόν τον δικαιολογητικό λόγο, πρέπει ο εν λόγω περιορισμός να σκοπεί ειδικά στην παρεμπόδιση συμπεριφορών που συνίστανται στη δημιουργία αμιγώς τεχνητών μεθοδεύσεων, χωρίς οικονομική ουσία, με σκοπό την αποφυγή του φόρου ο οποίος κανονικά θα βάρυνε τα κέρδη που πηγάζουν από δραστηριότητες ασκούμενες στην εθνική επικράτεια (απόφαση K, C‑322/11 , EU:C:2013:716 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Όσον αφορά τη λυσιτέλεια του ως άνω δικαιολογητικού λόγου σε σχέση με περιστάσεις όπως οι επίδικες στην κύρια δίκη, πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπάρχει ο κίνδυνος ένας όμιλος εταιριών να οργανώσει τις δραστηριότητές του κατά τρόπον ώστε να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του στη Γερμανία τις ζημίες μιας ευρισκόμενης στην Αυστρία ελλειμματικής μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως, προκειμένου στη συνέχεια, αφού η εγκατάσταση αυτή καταστεί κερδοφόρα, να μεταφέρει τις δραστηριότητές της σε άλλη εταιρία του ίδιου ομίλου η οποία φορολογείται σε άλλο κράτος μέλος. Επομένως, επανενσωματώνοντας τις κατά τα ανωτέρω εκπεσθείσες ζημίες στο φορολογητέο αποτέλεσμα της εγκατεστημένης στη Γερμανία μεταβιβάζουσας εταιρίας σε περίπτωση μεταβιβάσεως της κείμενης στην Αυστρία μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως, το επίδικο φορολογικό καθεστώς είναι ικανό να αποτρέψει τις πρακτικές που σκοπό έχουν την αποφυγή του φόρου ο οποίος κανονικά θα βάρυνε τα κέρδη που πηγάζουν από δραστηριότητες ασκούμενες στη γερμανική επικράτεια. Βάσει των σκέψεων αυτών, διαπιστώνεται ότι φορολογικό καθεστώς όπως το επίδικο στην κύρια δίκη δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος αναγόμενους στην ανάγκη ισόρροπης κατανομής της εξουσίας φορολογήσεως μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας καθώς και στη συνοχή του γερμανικού φορολογικού συστήματος και την αποτροπή της φοροδιαφυγής. Πρέπει όμως να εξετασθεί ακόμη μήπως το εν λόγω καθεστώς βαίνει πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Υπενθυμίζεται καταρχάς ότι οι απαιτήσεις περί ισόρροπης κατανομής της εξουσίας φορολογήσεως και περί φορολογικής συνοχής αλληλοεπικαλύπτονται (απόφαση National Grid Indus, C‑371/10 , EU:C:2011:785 , σκέψη ). Εξάλλου, οι σκοποί της διαφυλάξεως της ισόρροπης κατανομής της εξουσίας φορολογήσεως μεταξύ των κρατών μελών και της αποτροπής της φοροδιαφυγής είναι αλληλένδετοι (απόφαση Oy AA, C‑231/05 , EU:C:2007:439 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Σε ό,τι αφορά τον αναλογικό χαρακτήρα του επίδικου στην κύρια δίκη φορολογικού καθεστώτος, υπενθυμίζεται ότι ο σκοπός της ισόρροπης κατανομής της εξουσίας φορολογήσεως έγκειται στη διαφύλαξη της συμμετρίας μεταξύ του δικαιώματος φορολογήσεως των κερδών και της δυνατότητας εκπτώσεως των ζημιών. Για να διαφυλαχθεί η ως άνω συμμετρία, οι εκπεσθείσες ζημίες της μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως πρέπει να μπορούν να αντισταθμιστούν από τη φορολόγηση των κερδών της εν λόγω εγκαταστάσεως που πραγματοποιήθηκαν υπό την ισχύ της φορολογικής αρμοδιότητας του οικείου κράτους μέλους, ήτοι τόσο των κερδών που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία η εγκατάσταση αυτή ανήκε στην ημεδαπή εταιρία όσο και των κερδών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό σημείο της μεταβιβάσεως της εν λόγω εγκαταστάσεως (απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψεις και ). Μια τέτοια αντιστάθμιση είναι εξάλλου ικανή να διασφαλίσει τη φορολογική συνοχή δεδομένου ότι η αντιστάθμιση αυτή είναι το αναπόσπαστο συμπλήρωμα της προηγηθείσας συνεκτιμήσεως των ζημιών (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C‑157/07 , EU:C:2008:588 , σκέψη ). Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η εν λόγω αντιστάθμιση δύναται ακόμη να αποτρέψει τη φοροδιαφυγή καθόσον εξαλείφει τον κίνδυνο συμπεριφορών που αποσκοπούν στην αποφυγή του φόρου ο οποίος κανονικά θα οφειλόταν στο κράτος της έδρας της εταιρίας στην οποία ανήκει η μόνιμη εγκατάσταση. Στην υπόθεση της κύριας δίκης, δεν αμφισβητείται ότι, σε ό,τι αφορά εισοδήματα από ευρισκόμενη στην Αυστρία μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση η οποία ανήκει σε μια εγκατεστημένη στη Γερμανία εταιρία, τόσο τα πραγματοποιηθέντα πριν από τη μεταβίβαση αυτής της μόνιμης εγκαταστάσεως εισοδήματα όσο και τα πραγματοποιηθέντα κατά το χρονικό σημείο της μεταβιβάσεως αυτής απαλλάσσονται από τον φόρο στη Γερμανία. Συνεπώς, οι ζημίες της μεταβιβασθείσας εγκαταστάσεως που είχαν προηγουμένως εκπέσει δεν μπορούν να αντισταθμισθούν με τη φορολόγηση των εσόδων της εγκαταστάσεως αυτής. Ως εκ τούτου, η επανενσωμάτωση τέτοιων ζημιών στο φορολογητέο αποτέλεσμα της μεταβιβάζουσας εταιρίας συνιστά μέτρο το οποίο τελεί σε αναλογία προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς, δηλαδή τη διαφύλαξη της ισόρροπης κατανομής της εξουσίας φορολογήσεως, την ανάγκη διασφαλίσεως της φορολογικής συνοχής καθώς και την αποτροπή της φοροδιαφυγής. Τέλος, προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα του αιτούντος δικαστηρίου σχετικά με τις αρχές που αφορούν τις οριστικές ζημίες και οι οποίες διατυπώνονται στις σκέψεις 55 και 56 της αποφάσεως Marks & Spencer ( C‑446/03 , EU:C:2005:763 ), διευκρινίζεται ότι η διαπίστωση περί αναλογικού χαρακτήρα της επίδικης στην κύρια δίκη επανενσωματώσεως δεν σημαίνει πάντως ότι το κράτος μέλος της έδρας της μεταβιβάζουσας εταιρίας δεν οφείλει να τηρήσει τις αρχές οι οποίες διατυπώνονται στις ως άνω σκέψεις, δεδομένου ότι η επανενσωμάτωση δεν ασκεί επιρροή στον χαρακτηρισμό της εν λόγω ζημίας. Εφόσον η μεταβιβάζουσα ημεδαπή εταιρία αποδεικνύει ότι οι ζημίες που επανενσωματώνονται είναι οριστικές ζημίες, υπό την έννοια της σκέψεως 55 της αποφάσεως Marks & Spencer ( C‑446/03 , EU:C:2005:763 ), ο αποκλεισμός της δυνατότητας της εταιρίας αυτής να εκπέσει, από τα φορολογητέα στο κράτος μέλος της έδρας της κέρδη, τις ζημίες μιας ευρισκόμενης στην αλλοδαπή εγκαταστάσεως αντιβαίνει στο άρθρο 49 ΣΛΕΕ (απόφαση Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, C‑172/13 , EU:C:2015:50 , σκέψη ). Ως προς τον οριστικό χαρακτήρα μιας ζημίας, υπενθυμίζεται, πρώτον, ότι δεν μπορεί να προκύψει εκ του γεγονότος ότι το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται αυτή η μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση αποκλείει κάθε δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών (απόφαση Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, C‑172/13 , EU:C:2015:50 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Δεύτερον, ο εν λόγω οριστικός χαρακτήρας των ζημιών μπορεί να διαπιστωθεί μόνο σε περίπτωση που η ως άνω μόνιμη εγκατάσταση δεν έχει πλέον έσοδα στο κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται, διότι όσο εξακολουθεί να πραγματοποιεί έσοδα, έστω και ελάχιστα, υπάρχει η πιθανότητα να μπορούν ακόμη οι ζημίες της να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη στο ως άνω κράτος μέλος πραγματοποιούμενα είτε από την ίδια είτε από τρίτο (απόφαση Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, C‑172/13 , EU:C:2015:50 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Σε ό,τι αφορά τις επίδικες στην κύρια δίκη ζημίες, η Δημοκρατία της Αυστρίας επισήμανε ότι δεν έχουν εξαντληθεί στην Αυστρία όλες οι δυνατότητες συνυπολογισμού των ζημιών αυτών. Είναι πάντως έργο του αιτούντος δικαστηρίου να κρίνει αν η Timac Agro όντως απέδειξε τον οριστικό χαρακτήρα των εν λόγω ζημιών. Βάσει του συνόλου των ανωτέρω σκέψεων, στο πρώτο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 49 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε φορολογικό καθεστώς κράτους μέλους, όπως το επίδικο στην κύρια δίκη, δυνάμει του οποίου, αν ημεδαπή εταιρία μεταβιβάσει μια ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε αλλοδαπή εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με την πρώτη εταιρία, οι ζημίες της μεταβιβασθείσας εγκαταστάσεως που είχαν προηγουμένως εκπέσει επανενσωματώνονται στο φορολογητέο αποτέλεσμα της μεταβιβάζουσας εταιρίας σε περίπτωση που, δυνάμει συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, τα έσοδα μιας τέτοιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως απαλλάσσονται από τον φόρο στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει η εταιρία στην οποία ανήκε η εγκατάσταση αυτή. Επί του δευτέρου ερωτήματος Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι, σε αντίθεση με τις φορολογικές χρήσεις του 1997 και του 1998, από τη φορολογική χρήση του 1999 και μετά, κατόπιν τροποποιήσεως του γερμανικού φορολογικού συστήματος, οι ζημίες μιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην αλλοδαπή, σε περίπτωση που το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται η εγκατάσταση αυτή έχει αποκλειστική αρμοδιότητα φορολογήσεως των αποτελεσμάτων της, δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη στη Γερμανία. Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ακόμη ότι, δυνάμει της γερμανοαυστριακής συμβάσεως, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Δημοκρατία της Αυστρίας. Πρέπει επομένως να θεωρηθεί ότι, με το δεύτερο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινισθεί αν το άρθρο 49 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αντιτίθεται σε φορολογικό καθεστώς κράτους μέλους, όπως το επίδικο στην κύρια δίκη, βάσει του οποίου, αν ημεδαπή εταιρία μεταβιβάσει μια ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε αλλοδαπή εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με την πρώτη εταιρία, αποκλείεται για την ημεδαπή εταιρία η δυνατότητα συνεκτιμήσεως στη φορολογική της βάση των ζημιών της μεταβιβασθείσας εγκαταστάσεως σε περίπτωση που, δυνάμει συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, η αποκλειστική αρμοδιότητα φορολογήσεως των αποτελεσμάτων της εν λόγω εγκαταστάσεως ανήκει στο κράτος μέλος στο οποίο αυτή ευρίσκεται. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, αφενός, φορολογικό καθεστώς το οποίο επιτρέπει τη συνεκτίμηση των ζημιών μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στο έδαφος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους για τους σκοπούς του καθορισμού των αποτελεσμάτων και του υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος ημεδαπής εταιρίας στην οποία ανήκει η εγκατάσταση αυτή συνιστά φορολογικό πλεονέκτημα και, αφετέρου, η μη χορήγηση του πλεονεκτήματος αυτού όταν οι ζημίες έχουν προέλθει από μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση ευρισκόμενη σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η ως άνω εταιρία είναι ικανή να αποτρέψει μια ημεδαπή εταιρία από την άσκηση των δραστηριοτήτων της μέσω μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως σε άλλο κράτος μέλος, και, ως εκ τούτου, συνιστά περιορισμό ο οποίος καταρχήν απαγορεύεται από τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελευθερία εγκαταστάσεως (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση Lidl Belgium, C‑414/06 , EU:C:2008:278 , σκέψεις έως ). Κατά τη νομολογία που υπενθυμίζεται στη σκέψη 26 της παρούσας αποφάσεως, τέτοιος περιορισμός μπορεί να γίνει δεκτός μόνον αν αφορά περιπτώσεις που δεν είναι αντικειμενικώς συγκρίσιμες ή αν δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος. Ως προς τη συγκρισιμότητα των περιπτώσεων, όπως υπομνήσθηκε στη σκέψη 27 της παρούσας αποφάσεως, μια μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος καταρχήν δεν τελεί σε συγκρίσιμη κατάσταση με αυτή μιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην ημεδαπή όσον αφορά τα μέτρα που έχει προβλέψει κράτος μέλος για την αποφυγή ή τον περιορισμό της διπλής φορολογήσεως των κερδών ημεδαπής εταιρίας. Εν προκειμένω, διαπιστώνεται ότι, εφόσον η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν ασκεί φορολογική αρμοδιότητα επί των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως, δεδομένου ότι στη Γερμανία έχει παύσει να επιτρέπεται η έκπτωση των ζημιών της, η κατάσταση μιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στην Αυστρία δεν είναι συγκρίσιμη προς εκείνη μιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως στη Γερμανία όσον αφορά τα μέτρα που έχει προβλέψει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για την αποφυγή ή τον περιορισμό της διπλής φορολογήσεως των κερδών ημεδαπής εταιρίας (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση Nordea Bank Danmark, C‑48/13 , EU:C:2014:2087 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Υπ’ αυτές τις συνθήκες, στο δεύτερο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 49 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε φορολογικό καθεστώς κράτους μέλους, όπως το επίδικο στην κύρια δίκη, βάσει του οποίου, αν ημεδαπή εταιρία μεταβιβάσει μια ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε αλλοδαπή εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με την πρώτη εταιρία, αποκλείεται για την ημεδαπή εταιρία η δυνατότητα συνεκτιμήσεως στη φορολογική της βάση των ζημιών της μεταβιβασθείσας εγκαταστάσεως σε περίπτωση που, δυνάμει συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, η αποκλειστική αρμοδιότητα φορολογήσεως των αποτελεσμάτων της εν λόγω εγκαταστάσεως ανήκει στο κράτος μέλος στο οποίο αυτή ευρίσκεται. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφαίνεται: 1) Το άρθρο 49 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε φορολογικό καθεστώς κράτους μέλους, όπως το επίδικο στην κύρια δίκη, δυνάμει του οποίου, αν ημεδαπή εταιρία μεταβιβάσει μια ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε αλλοδαπή εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με την πρώτη εταιρία, οι ζημίες της μεταβιβασθείσας εγκαταστάσεως που είχαν προηγουμένως εκπέσει επανενσωματώνονται στο φορολογητέο αποτέλεσμα της μεταβιβάζουσας εταιρίας σε περίπτωση που, δυνάμει συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, τα έσοδα μιας τέτοιας μόνιμης επιχειρηματικής εγκαταστάσεως απαλλάσσονται από τον φόρο στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει η εταιρία στην οποία ανήκε η εγκατάσταση αυτή. 2) Το άρθρο 49 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε φορολογικό καθεστώς κράτους μέλους, όπως το επίδικο στην κύρια δίκη, βάσει του οποίου, αν ημεδαπή εταιρία μεταβιβάσει μια ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση σε αλλοδαπή εταιρία ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με την πρώτη εταιρία, αποκλείεται για την ημεδαπή εταιρία η δυνατότητα συνεκτιμήσεως στη φορολογική της βάση των ζημιών της μεταβιβασθείσας εγκαταστάσεως σε περίπτωση που, δυνάμει συμβάσεως για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, η αποκλειστική αρμοδιότητα φορολογήσεως των αποτελεσμάτων της εν λόγω εγκαταστάσεως ανήκει στο κράτος μέλος στο οποίο αυτή ευρίσκεται. (υπογραφές) ( * )   Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.

62000CJ0180

es

1       Mediante su recurso, el Reino de los Países Bajos solicita que se anule el Reglamento (CE) nº 465/2000 de la Comisión, de 29 de febrero de 2000, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a las importaciones procedentes de los países y territorios de Ultramar de productos del sector del azúcar de origen acumulado CE-PTU (DO L 56, p. 39; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»). Marco jurídico La organización común de mercados en el sector del azúcar 2       Mediante el Reglamento (CE) nº 2038/1999, de 13 de septiembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 252, p. 1), el Consejo de la Unión Europea procedió a la codificación del Reglamento (CEE) nº 1785/81, de 30 de junio de 1981, por el que se había establecido dicha organización común (DO L 177, p. 4; EE 03/22, p. 80), modificado en numerosas ocasiones. Dicha organización común tiene por objetivo regular el mercado comunitario del azúcar a fin de aumentar el empleo y el nivel de vida de los productores de azúcar comunitarios. 3       El apoyo a la producción comunitaria por medio de precios garantizados se limita a las cuotas nacionales de producción (cuotas A y B) asignadas por el Consejo, conforme al Reglamento nº 2038/1999, a cada Estado miembro, que las distribuye a continuación entre sus productores. El azúcar comprendido en la cuota B (denominado «azúcar B») está sujeto, frente al de la cuota A (denominado «azúcar A»), a una exacción sobre la producción más elevada. El azúcar producido sobrepasando las cuotas A y B se denomina «azúcar C» y no puede venderse en el interior de la Comunidad Europea, a menos que se impute a las cuotas A y B de la siguiente campaña. 4       Las exportaciones extracomunitarias, excepto las de azúcar C, se benefician de unas restituciones a la exportación que compensan la diferencia entre el precio en el mercado comunitario y el precio en el mercado mundial, según lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento nº 2038/1999. 5       La cantidad de azúcar a la que pueden concederse restituciones a la exportación y el importe total anual de las restituciones están regulados en los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdos OMC»), de los que la Comunidad es signataria, adoptados mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1). A partir de la campaña 2000/2001, como muy tarde, la cantidad de azúcar exportado con restitución a la exportación y el importe total de las restituciones no debían superar 1.273.500 toneladas ni 499,1 millones de euros, lo que supone una disminución del 20 % y del 36 %, respectivamente, con respecto a las cifras de la campaña 1994/95. El régimen de asociación de los países y territorios de ultramar a la Comunidad 6       En virtud del artículo 3 CE, apartado 1, letra s), la acción de la Comunidad implicará la asociación de los países y territorios de ultramar (en lo sucesivo, «PTU»), «a fin de incrementar los intercambios y continuar en común el esfuerzo por el desarrollo económico y social». 7       Las Antillas neerlandesas y Aruba forman parte de los PTU. 8       La asociación de éstos a la Comunidad se regula en la Cuarta Parte del Tratado CE. 9       Basándose en el artículo 136 del Tratado CE (actualmente artículo 187 CE, tras su modificación), se han adoptando diversas Decisiones, entre ellas la Decisión 91/482/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (DO L 263, p. 1), que, según su artículo 240, apartado 1, era aplicable por un período de diez años a partir del 1 de marzo de 1990. 10     Una serie de disposiciones de esta Decisión fueron modificadas por la Decisión 97/803/CE del Consejo, de 24 de noviembre de 1997, por la que se efectúa una revisión intermedia de la Decisión 91/482 (DO L 329, p. 50). La Decisión 91/482, en su versión modificada por la Decisión 97/803 (en lo sucesivo, «Decisión PTU»), fue prorrogada hasta el 28 de febrero de 2001 por la Decisión 2000/169/CE del Consejo, de 25 de febrero de 2000 (DO L 55, p. 67). 11     El artículo 101, apartado 1, de la Decisión PTU dispone: «Los productos originarios de los PTU serán admitidos para su importación en la Comunidad con exención de derechos de importación.» 12     El artículo 102 de esta misma Decisión dispone lo siguiente: «Sin perjuicio [del artículo] 108 ter, la Comunidad no aplicará restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente a la importación de productos originarios de los PTU.» 13     El artículo 108, apartado 1, primer guión, de dicha Decisión se remite a su anexo II para la definición del concepto de productos originarios y de los métodos de cooperación administrativa relacionados con los mismos. En virtud del artículo 1 de este anexo, se considera que un producto es originario de los PTU, de la Comunidad o de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (en lo sucesivo, «Estados ACP») si dicho producto ha sido obtenido totalmente o transformado suficientemente en dichos países. 14     El artículo 3, apartado 3, de dicho anexo II contiene una lista de elaboraciones o de transformaciones que se consideran insuficientes para conferir el carácter de originario a un producto procedente, en particular, de los PTU. 15     El artículo 6, apartado 2, de este anexo contiene, no obstante, reglas denominadas «de acumulación de origen CE/PTU y ACP/PTU». Dispone lo siguiente: «Cuando un producto totalmente obtenido en la Comunidad o en los Estados ACP sea objeto de elaboración o transformación en los PTU se considerará que ha sido totalmente obtenido en los PTU.» 16     Según el artículo 6, apartado 4, de dicho anexo, las reglas de acumulación de origen CE/PTU y ACP/PTU se aplican «a cualquier elaboración o transformación efectuada en los PTU, incluidas las operaciones enumeradas en el apartado 3 del artículo 3». 17     La Decisión 97/803 introdujo en la Decisión PTU, entre otros, el artículo 108 ter, cuyo apartado 1 dispone que «la acumulación del origen ACP/PTU contemplada en el artículo 6 del anexo II se admitirá para una cantidad anual de 3.000 toneladas de azúcar». Sin embargo, la Decisión 97/803 no limitó la aplicación de la regla de acumulación de origen CE/PTU. 18     El artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU autoriza a la Comisión de las Comunidades Europeas a tomar «las medidas de salvaguardia necesarias» si «la aplicación de [esta Decisión] provoca perturbaciones graves en un sector de actividad económica de la Comunidad o de uno o varios Estados miembros o compromete su estabilidad financiera exterior, o si surgen dificultades que puedan provocar el deterioro de un sector de actividad de la Comunidad o de una región de la misma […]». En virtud del artículo 109, apartado 2, de dicha Decisión, la Comisión debe escoger «las medidas que provoquen el mínimo de perturbaciones en el funcionamiento de la asociación y de la Comunidad». Además, «estas medidas no deberán exceder el alcance de lo que sea estrictamente indispensable para remediar las dificultades que se hayan manifestado». Medidas de salvaguardia adoptadas contra las importaciones de azúcar y de mezclas de azúcar y cacao acogidas al régimen de acumulación de origen CE/PTU 19     Sobre la base del artículo 109 de la Decisión PTU, se adoptó el Reglamento (CE) nº 2423/1999 de la Comisión, de 15 de noviembre de 1999, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto del azúcar del código NC 1701 y de las mezclas de azúcar y cacao de los códigos NC 1806 10 30 y 1806 10 90 originarios de los países y territorios de Ultramar (DO L 294, p. 11). 20     Mediante dicho Reglamento, aplicable hasta el 29 de febrero de 2000, la Comisión sometió las importaciones de azúcar a las que se aplicaba la acumulación de origen CE/PTU a un régimen de precios mínimos y las importaciones de mezclas de azúcar y de cacao (en lo sucesivo, «mezclas») originarias de los PTU a un procedimiento de vigilancia comunitario en las condiciones previstas en el artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253, p. 1). 21     El Reino de los Países Bajos interpuso un recurso de anulación contra el Reglamento nº 2423/1999. Dicho recurso ha sido desestimado mediante sentencia dictada en el día de hoy, Países Bajos/Comisión (C‑26/00, Rec. p. I‑0000). 22     La Comisión adoptó el Reglamento impugnado basándose igualmente en el artículo 109 de la Decisión PTU. 23     De los considerandos primero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de este Reglamento se desprende lo siguiente «(1)      La Comisión ha observado el fuerte crecimiento, desde el año 1997, de las importaciones de azúcar […] y de mezcla […] originarios de los [PTU] y, en particular, de azúcar en estado natural de origen acumulado CE-PTU. Estas importaciones han evolucionado de 0 toneladas en 1996 a más de 48.000 toneladas en 1999 […] […] (4)      Estos últimos años han surgido dificultades en el mercado del azúcar en la Comunidad. Se trata de un mercado excedentario. El consumo de azúcar es constante, en torno a 12,7 millones de toneladas. La producción se sitúa entre 16,7 y 17,8 millones de toneladas. Por consiguiente, toda importación de azúcar en la Comunidad desplaza hacia la exportación una cantidad correspondiente de azúcar comunitario que no encuentra salida en su propio mercado. Las restituciones para ese azúcar –dentro de unas cuotas determinadas– corren a cuenta del presupuesto comunitario (actualmente, a un precio cercano a 520 euros/tonelada). Sin embargo, las exportaciones con restitución están limitadas en cuanto a su volumen por el Acuerdo sobre la agricultura celebrado en el marco de la Ronda Uruguay y reducidas de 1.555.600 toneladas para la campaña 1995/1996 a 1.273.500 toneladas en la campaña 2000/2001. (5)      Existe el riesgo de que estas dificultades desestabilicen considerablemente la [organización común de mercados] del azúcar. Para la campaña de comercialización 2000/2001, que comienza el 1 de julio del 2000, se prevé, a partir de las estimaciones más prudentes actualmente disponibles, una reducción de las cuotas de los productores comunitarios en unas 500.000 toneladas […]. Cada importación suplementaria de azúcar y de productos con fuerte concentración en azúcar procedentes de los PTU precisará una mayor reducción de cuotas de productores comunitarios y, en consecuencia, una mayor pérdida de renta. (6)      Las importaciones tienen lugar en [el] período [de] aproximadamente tres meses [posterior] a la solicitud de expedición de certificados debido a la duración de la validez de éstos. Por este motivo, todas las importaciones incrementadas, incluso aquellas que tienen lugar en los meses anteriores al principio de la campaña de comercialización 2000/2001, condicionan la situación del mercado durante dicha campaña y producen las consecuencias perjudiciales mencionadas en el [considerando] 5. (7)      Por consiguiente, existen dificultades que conllevan un riesgo de deterioro de un sector de actividad de la Comunidad […]» 24     A tenor del artículo 1 del Reglamento impugnado: «Para los productos de los códigos NC 1701, 1806 10 30 y 1806 10 90, la acumulación de origen CE-PTU, contemplada en el artículo 6 del anexo II de la Decisión [PTU] se admitirá para una cantidad de 3.340 toneladas de azúcar durante el período de aplicación del presente Reglamento. A efectos del respeto de dicha limitación, para los productos distintos del azúcar en estado natural, se tendrá en cuenta el contenido de azúcar del producto importado.» 25     Del noveno considerando de dicho Reglamento se desprende que la Comisión adoptó esta cuota de 3.340 toneladas teniendo en cuenta «la suma de los volúmenes de importación anual más elevados de estos productos registrados durante los tres años anteriores a 1999, año en el que las importaciones experimentaron una progresión exponencial y respecto a las cuales está en curso una investigación de la [Oficina Europea de Lucha contra el Fraude] al existir sospechas de la existencia de irregularidades». 26     Según el artículo 2 del Reglamento impugnado, la importación de los productos contemplados en el artículo 1 de este Reglamento estará sujeta a la expedición de un certificado de importación, que se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 2 a 6 del Reglamento (CE) nº 2553/97 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1997, relativo a las disposiciones de expedición de los certificados de importación de determinados productos de los códigos NC 1701, 1702, 1703 y 1704 con acumulación del origen ACP/PTU (DO L 349, p. 26), aplicables mutatis mutandis . 27     Por último, según su artículo 3, el Reglamento impugnado entró en vigor el 1 de marzo de 2000 y fue aplicable hasta el 30 de septiembre de 2000. Pretensiones de las partes 28     El Gobierno neerlandés solicita al Tribunal de Justicia que: –       Anule el Reglamento impugnado. –       Condene en costas a la Comisión. 29     La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que: –       Desestime el recurso por infundado. –       Condene en costas al Reino de los Países Bajos. 30     Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de julio de 2000, el Reino de los Países Bajos solicitó la suspensión del procedimiento ante el Tribunal de Justicia hasta que el Tribunal de Primera Instancia se pronunciase en los asuntos T‑94/00 y T‑110/00, Rica Foods y otros/Comisión, que tenían asimismo por objeto la anulación del Reglamento impugnado. En respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia, comunicó que su solicitud se refería también al asunto T‑159/00, Rica Foods y otros/Comisión. 31     Mediante auto de 17 de octubre de 2000, el Presidente del Tribunal de Justicia estimó dicha solicitud con arreglo a los artículos 47, párrafo tercero, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia y 82 bis, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 32     El Tribunal de Primera Instancia desestimó por infundados los mencionados recursos, mediante sentencia de 14 de noviembre de 2002, Rica Foods y otros/Comisión (asuntos acumulados T‑94/00, T‑110/00 y T‑159/00, Rec. p. II‑4677). 33     Mediante auto de 21 de marzo de 2001, el Presidente del Tribunal de Justicia admitió la intervención del Reino de España y de la República Francesa en apoyo de las pretensiones de la Comisión. 34     El Gobierno francés no ha presentado observaciones escritas. Sobre el recurso 35     En apoyo de su petición de anulación del Reglamento impugnado, el Reino de los Países Bajos aduce cuatro motivos basados respectivamente en la infracción del artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU y del mismo artículo, apartado 2, en una desviación de poder y en el incumplimiento de la obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU Alegaciones de las partes 36     Mediante su primer motivo, el Gobierno neerlandés sostiene que, por lo que respecta a la importación en la Comunidad de azúcar con origen acumulado CE/PTU, la Comisión efectuó una apreciación manifiestamente inexacta de los hechos antes de considerar que era necesario adoptar medidas de salvaguardia. 37     Según dicho Gobierno, las medidas de salvaguardia tienen un carácter de excepción respecto a la normativa comercial normalmente aplicable. Por tanto, corresponde a la Comisión demostrar la existencia de una situación excepcional que requiera tales medidas sobre la base de los criterios de apreciación objetivos enunciados en el artículo 109 de la Decisión PTU. Ahora bien, a su juicio, no ha sucedido así en el presente caso. 38     El primer motivo se compone de cinco partes. 39     En primer lugar, el Gobierno neerlandés alega que las cantidades de azúcar y de mezclas importadas de los PTU, que, según las estadísticas elaboradas por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat), ascendieron a alrededor de 40.000 toneladas en 1999, es decir, menos del 0,4 % de la producción comunitaria, no podían entrañar un riesgo de perturbación de la organización común del mercado del azúcar. Asimismo, tampoco podrían perturbarla las importaciones de mezclas, puesto que, en virtud del artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 2038/1999, el cacao no está incluido en dicha organización común. 40     En segundo lugar, este Gobierno señala que la producción total de azúcar en la Comunidad varía en más de un millón de toneladas de un año a otro. Dado que también fluctúa el consumo, la afirmación de que toda cantidad adicional importada de los PTU conduciría a la exportación de una cantidad correspondiente se basa, a su juicio, en un desconocimiento de la realidad. En cualquier caso, aunque las importaciones procedentes de los PTU contribuyeran a aumentar las exportaciones comunitarias, éstas no son necesariamente subvencionadas. 41     En tercer lugar, dicho Gobierno sostiene que las importaciones de azúcar controvertidas no podían crear dificultades para la Comunidad en relación con sus obligaciones derivadas de los Acuerdos OMC. Basándose en el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 1999, Emesa Sugar/Comisión (T‑44/98 R II, Rec. p. II‑1427, apartado 107), señala que la Comunidad disponía de un margen de maniobra suficiente para hacer frente al aumento de las importaciones de azúcar procedente de los PTU. 42     En cuarto lugar, el Gobierno neerlandés duda que la Comisión, al adoptar el Reglamento impugnado, previera la reducción de las cuotas de producción. En cualquier caso, sostiene que las importaciones de azúcar controvertidas no hacían necesaria esta reducción por sí mismas. 43     Por último, dicho Gobierno sostiene que no consta que las importaciones de azúcar controvertidas perjudicaran a los productores comunitarios. Aduce, primeramente, que las restituciones a la exportación son financiadas por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y no por los productores comunitarios. A continuación, señala que en 1999 el azúcar se vendió a los productores de los PTU a un precio que ascendía aproximadamente al doble del correspondiente al mercado mundial, lo que permitió a los productores comunitarios obtener beneficios sustanciales. Finalmente, alega que la Comisión no demostró que cada tonelada importada de los PTU hubiera supuesto una disminución correspondiente de las ventas realizadas por los productores comunitarios. 44     Por otra parte, la tesis según la cual las importaciones suponen costes para la industria europea del azúcar es, en su opinión, aún menos plausible por lo que respecta a las importaciones en cantidades modestas de mezclas originarias de los PTU que en el caso de las importaciones de azúcar, pues los productores comunitarios no elaboran tales mezclas. 45     La Comisión responde que la situación en el mercado es tal que cada tonelada de azúcar importada de los PTU en la Comunidad implica una reducción correspondiente de las cuotas de producción comunitarias. Además, habida cuenta de la capacidad de producción de las empresas de los PTU, de no existir ninguna restricción, las importaciones de azúcar procedente de estos países podrían entrañar una reducción de las cuotas de producción comunitarias entre un 40 y un 50 % superior a la ya prevista por las instancias comunitarias. 46     En cuanto a las mezclas, aunque es indudable que el cacao no está incluido en la organización común del mercado, es igualmente obvio, a su juicio, que las mezclas de que se trata contienen un porcentaje muy elevado de azúcar. Por tanto, en su opinión, las importaciones de mezclas procedentes de los PTU pueden tener repercusiones perjudiciales sobre la venta de azúcar a los fabricantes comunitarios de estas mezclas por parte de los productores. 47     La Comisión alega asimismo que la organización común del mercado estableció cuotas de producción, tanto para el azúcar destinado al consumo en el mercado comunitario (azúcar A) como para el azúcar que puede exportarse con restitución (azúcares A y B). Según ella, si los productores de azúcar no pueden vender el azúcar A en el mercado comunitario, intentan exportarlo en el marco de exportaciones necesariamente subvencionadas. Otra solución consiste en almacenar el azúcar, pero, al cabo de algunos años, el azúcar ya no está sometido a intervención y la Comisión desincentiva por otra parte recurrir a este procedimiento debido a su coste para el presupuesto comunitario. 48     Por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de la OMC, la Comisión se remite al apartado 56 de la sentencia de 8 de febrero de 2000, Emesa Sugar (C‑17/98, Rec. p. I‑675). 49     Por último, en lo que atañe a las consecuencias perjudiciales para los agentes económicos comunitarios, la Comisión, refiriéndose al apartado 56 de la sentencia Emesa Sugar, antes citada, y al punto 88 de las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en este asunto, señala que no todas las restituciones a la exportación son financiadas por el FEOGA, sino que una parte importante de éstas corre a cargo de los productores comunitarios. Si bien es cierto que determinados productores comunitarios pueden beneficiarse de las ventas de azúcar C a los productores de los PTU, esta circunstancia no puede compensar, según la Comisión, el perjuicio causado al sector en su conjunto. 50     El Gobierno español defiende una postura idéntica a la de la Comisión. Señala que el notable aumento, desde 1997, de las importaciones de azúcar procedente de los PTU es consecuencia de la revisión de la Decisión PTU que limitó las importaciones con exención de derechos en la Comunidad de los productos con origen acumulado ACP/PTU. Las empresas del sector, informadas de esta perspectiva desde la publicación, en 1996, de la propuesta de revisión, se orientaron hacia los productos con acumulación de origen CE/PTU, a los que no afectaba esta revisión. De este modo, las medidas de salvaguardia adoptadas tratan de garantizar los intereses de los productores de la Comunidad en el marco de la política agrícola común sin afectar a la economía de los PTU, porque no se trata de azúcar que se produzca allí. 51     Dicho Gobierno señala asimismo que, en 1999, el precio del azúcar en el mercado mundial era de 242 euros por tonelada, mientras que el azúcar se vendía en España a 775 euros por tonelada. De este modo, los agentes económicos de los PTU habían obtenido un margen de beneficio de 533 euros por tonelada de azúcar que exportaban con exención de derechos de aduana en la Comunidad. Por tanto, habían tenido la posibilidad de comprar azúcar C y, tras una mínima transformación, evitar el pago de los derechos de entrada obteniendo enormes beneficios. Por su parte, el precio de las importaciones de mezclas también es inferior al practicado en el mercado comunitario. 52     Por otra parte, el Gobierno español, recordando que el azúcar en cuestión no procede de cultivos realizados en los PTU, señala que la Decisión PTU se adoptó para el desarrollo de estos territorios. Ahora bien, en su opinión, estos países no reciben ningún beneficio del valor añadido obtenido de las operaciones de transformación que dan lugar a la acumulación del origen CE/PTU, dado que, en la práctica, la mínima transformación que en ellos se efectúa no genera empleo y, por tanto, no promociona el desarrollo de estos PTU. Apreciación del Tribunal de Justicia 53     Con carácter preliminar, es preciso recordar que las instituciones comunitarias disponen de una amplia facultad de apreciación para la aplicación del artículo 109 de la Decisión PTU (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de febrero de 1999, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, C‑390/95 P, Rec. p. I‑769, apartado 48, y de 22 de noviembre de 2001, Países Bajos/Consejo, C‑110/97, Rec. p. I‑8763, apartado 61, así como Países Bajos/Consejo, C‑301/97, Rec. p. I‑8853, apartado 73). 54     En estas circunstancias, el juez comunitario debe limitarse a examinar si el ejercicio de esta facultad ha estado viciado por un error manifiesto o una desviación de poder o si las instituciones comunitarias han sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación (véanse las sentencias, antes citadas, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, apartado 48; Países Bajos/Consejo, C‑110/97, apartado 62, y Países Bajos/Consejo, C‑301/97, apartado 74). 55     Esta límitación de la intensidad del control del Juez comunitario se aplica particularmente cuando, como ocurre en el presente caso, las instituciones comunitarias se ven obligadas a actuar como árbitros entre intereses divergentes y a escoger, de este modo, determinadas alternativas en el marco de las opciones políticas de su propia responsabilidad (véase, en este sentido, la sentencia Emesa Sugar, antes citada, apartado 53). 56     A tenor de lo dispuesto en el artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU, la Comisión «podrá» adoptar medidas de salvaguardia, bien «si la aplicación de [esta Decisión] provoca perturbaciones graves en un sector de actividad económica de la Comunidad o de uno o varios Estados miembros o compromete su estabilidad financiera exterior», o bien «si surgen dificultades que puedan provocar el deterioro de un sector de actividad de la Comunidad o de una región de la misma». El Tribunal de Justicia estimó, en el apartado 47 de su sentencia Antillean Rice Mills y otros/Comisión, antes citada, que en el primer supuesto indicado en dicho apartado es preciso acreditar la existencia de una relación de causalidad, porque las medidas de salvaguardia deben tener por objeto eliminar o atenuar las dificultades surgidas en el sector de que se trate, y que, en cambio, tratándose del segundo supuesto, no se exige que las dificultades que justifican el establecimiento de una medida de salvaguardia se deban a la aplicación de la Decisión PTU. 57     La Comisión basó el Reglamento impugnado en el segundo supuesto contemplado en el artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU. En efecto, del séptimo considerando de este Reglamento se desprende que la Comisión adoptó la medida de salvaguardia controvertida porque «[existían] dificultades que [implicaban] un riesgo de deterioro de un sector de actividad de la Comunidad». 58     Más concretamente, de los considerandos cuarto a sexto de dicho Reglamento se desprende que el recurso al artículo 109 de la Decisión PTU estuvo motivado por el hecho de que las importaciones de azúcar y de mezclas con origen acumulado CE/PTU podían provocar un importante deterioro del funcionamiento de la organización común de mercados en el sector del azúcar y efectos muy perjudiciales para los agentes económicos comunitarios de este sector. 59     El primer motivo consta de cinco partes, de las cuales las cuatro primeras se refieren fundamentalmente a la existencia de un riesgo de perturbación de la organización común del mercado del azúcar y la quinta, a la de un riesgo de consecuencias perjudiciales para los agentes económicos comunitarios. Sobre la existencia de un riesgo de perturbación para la organización común del mercado del azúcar 60     En primer lugar, el Gobierno neerlandés sostiene que, habida cuenta de las cantidades mínimas de azúcar importadas con arreglo al régimen de acumulación de origen CE/PTU, no existía ninguna dificultad en el sentido del artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU. 61     Sobre este punto, de los considerandos primero y quinto del Reglamento impugnado se desprende que la Comisión observó la existencia de un «fuerte crecimiento», desde el año 1997, de las importaciones de azúcar procedente de los PTU con acumulación de origen CE/PTU y que existía el riesgo de que se desestabilizara considerablemente el funcionamiento de la organización del mercado. El cuarto considerando de dicho Reglamento señala a este respecto: «[El mercado del azúcar en la Comunidad es] un mercado excedentario. El consumo de azúcar es constante, en torno a 12,7 millones de toneladas. La producción se sitúa entre 16,7 y 17,8 millones de toneladas. Por consiguiente, toda importación de azúcar en la Comunidad desplaza hacia la exportación una cantidad correspondiente de azúcar comunitario que no encuentra salida en su propio mercado. Las restituciones para ese azúcar –dentro de unas cuotas determinadas– corren a cuenta del presupuesto comunitario (actualmente, a un precio cercano a 520 euros/tonelada). Sin embargo, las exportaciones con restitución están limitadas en cuanto a su volumen por el Acuerdo sobre la agricultura celebrado en el marco de la Ronda Uruguay y reducidas de 1.555.600 toneladas para la campaña 1995/1996 a 1.273.500 toneladas en la campaña 2000/2001.» 62     Es preciso recordar, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 56 de la sentencia Emesa Sugar, antes citada, que en 1997 ya existía un excedente de la producción comunitaria de azúcar de remolacha en relación con la cantidad consumida en la Comunidad, al que se añadían las importaciones de azúcar de caña procedentes de los Estados ACP para hacer frente a la demanda específica de este producto y a la obligación de la Comunidad de importar determinada cantidad de azúcar de países terceros, en virtud de los Acuerdos OMC. Por otra parte, la Comunidad también estaba obligada a subvencionar las exportaciones de azúcar, en forma de restituciones a la exportación y dentro de los límites de dichos Acuerdos. En estas circunstancias, y habida cuenta del aumento de las importaciones de azúcar procedente de los PTU desde 1997, la Comisión podía considerar que cualquier cantidad suplementaria de este producto, incluso mínima desde el punto de vista de la producción comunitaria, que accediera al mercado de la Comunidad habría obligado a las instituciones de ésta a aumentar la cuantía de las subvenciones a la exportación, dentro de los límites antes citados, o a reducir las cuotas de los productores europeos, lo que habría perturbado la organización común del mercado del azúcar, ya en equilibrio precario, y habría sido contrario a los objetivos de la política agrícola común. 63     Además, si bien es cierto que las mezclas no están incluidas en la organización común del mercado del azúcar, según se desprende del artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 2038/1999, el aumento de las importaciones de estos productos originarios de los PTU, generalmente con un alto contenido de azúcar, supone no obstante un riesgo de perturbación del funcionamiento de la organización común de mercados en el sector del azúcar, en la medida en que dichas importaciones pueden afectar a la posibilidad de que los productores comunitarios vendan azúcar a los fabricantes comunitarios de estas mezclas. 64     Por consiguiente, el Gobierno neerlandés no ha demostrado que la Comisión hubiese incurrido en un error manifiesto de apreciación al considerar que las importaciones de azúcar y de mezclas originarias de los PTU experimentaron un fuerte aumento entre 1997 y 1999 y que dicho aumento, aunque mínimo desde el punto de vista de la producción comunitaria, suponía «dificultades» en el sentido del artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU. 65     En consecuencia, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo. 66     En segundo lugar, el Gobierno neerlandés rebate la afirmación de la Comisión, contenida en el cuarto considerando del Reglamento impugnado, según la cual toda importación adicional de azúcar «desplaza hacia la exportación una cantidad correspondiente de azúcar comunitario que no encuentra salida en su propio mercado», puesto que, según sostiene dicho Gobierno, tanto la producción como el consumo de azúcar en la Comunidad fluctúan de un año a otro. Este Gobierno pone también en duda que las exportaciones de que se trata estén subvencionadas. 67     A este respecto, basta recordar que la producción comunitaria es superior al consumo de azúcar en la Comunidad, circunstancia que no niega el Gobierno neerlandés, y que ésta, además, está obligada a importar una determinada cantidad de azúcar de países terceros en virtud de los Acuerdos OMC (sentencia Emesa Sugar, antes citada, apartado 56). 68     Habida cuenta de la situación excedentaria del mercado comunitario del azúcar, la circunstancia de que la producción y el consumo de azúcar en la Comunidad puedan fluctuar de una año a otro no es pertinente, como señaló el Abogado General en el punto 71 de sus conclusiones. 69     Debido, precisamente, a esta situación excedentaria, toda importación adicional acogida al régimen de acumulación de origen CE/PTU aumenta el excedente de azúcar en el mercado comunitario y produce un aumento de las exportaciones subvencionadas (véase la sentencia Emesa Sugar, antes citada, apartado 56). 70     A este respecto, la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al considerar que las exportaciones generadas por las importaciones de azúcar procedente de los PTU eran exportaciones subvencionadas, puesto que, por su parte, el azúcar importado procedente de los PTU que sustituye al azúcar comunitario debe exportarse para mantener el equilibrio de la organización común de mercados. 71     En consecuencia, procede también desestimar la segunda parte del primer motivo. 72     En tercer lugar, el Gobierno neerlandés alega que los Acuerdos OMC aún ofrecían un margen de maniobra suficiente para permitir las importaciones controvertidas en la Comunidad. 73     A este respecto, debe señalarse que, incluso en el supuesto de que las exportaciones adicionales de azúcar con restitución que hubieran podido generar las importaciones de azúcar procedente de los PTU no alcanzaran los importes y las cantidades fijadas en los Acuerdos OMC, el Gobierno neerlandés no ha demostrado que la Comisión haya cometido un error manifiesto de apreciación, por un lado, al tener en cuenta la finalidad de dichos Acuerdos de limitar gradualmente las subvenciones a la exportación y, por otro lado, al considerar que el incremento de las importaciones de azúcar acogido al régimen de acumulación de origen CE/PTU aumentaba, a su vez, el importe total de las subvenciones a la exportación y había entrañado el riesgo de una desestabilización del sector azucarero comunitario, como indicó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 139 de su sentencia Rica Foods y otros/Comisión, antes citada. 74     Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del primer motivo. 75     En cuarto lugar, por lo que respecta a las dudas expresadas por el Gobierno neerlandés en cuanto a la intención de la Comisión, cuando adoptó el Reglamento impugnado, de disminuir las cuotas de producción comunitarias, basta señalar que dicho Gobierno no ha aportado ninguna prueba en apoyo de sus alegaciones. 76     Por tanto, no cabe tampoco estimar la cuarta parte del primer motivo. Sobre las consecuencias para los productores comunitarios 77     Del quinto considerando del Reglamento impugnado se desprende que las importaciones controvertidas podían provocar «una mayor pérdida de renta» para los productores comunitarios de azúcar. 78     Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno neerlandés en apoyo de la quinta parte de su primer motivo, la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al aducir este argumento para justificar la adopción de la medida de salvaguardia controvertida. 79     En primer lugar, en efecto, es evidente que el deterioro o el riesgo de deterioro de una organización común de mercados puede hacer necesaria una reducción de las cuotas de producción y afectar así indirectamente a los ingresos de los productores comunitarios. 80     Además, las restituciones a la exportación son financiadas en gran parte por los productores comunitarios mediante cotizaciones por producción que fija la Comisión cada año. Pues bien, según resulta del apartado 70 de la presente sentencia, la Comisión pudo estimar legítimamente que las importaciones de que se trata podían entrañar un riesgo de aumento del volumen de las exportaciones subvencionadas y, por consiguiente, un incremento de la cotización por producción que deban satisfacer los productores comunitarios. 81     Por último, aun suponiendo, como sostiene el Gobierno neerlandés, que determinados productores hubiesen podido obtener considerables beneficios de la venta de azúcar C a los agentes económicos de los PTU aplicando precios muy superiores a los del mercado mundial, esta afirmación, que no se apoya en ninguna prueba precisa, no sirve para desvirtuar la apreciación de la Comisión según la cual las importaciones controvertidas entrañaban un riesgo de perturbación del sector del azúcar que podía, en particular, suponer un incremento del importe de las subvenciones a la exportación o una disminución de las cuotas de producción. 82     En consecuencia, debe desestimarse por infundada la quinta parte del primer motivo. 83     Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el primer motivo. Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 109, apartado 2, de la Decisión PTU Alegaciones de las partes 84     Mediante su segundo motivo, el Gobierno neerlandés alega que la Comisión ha vulnerado el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 109, apartado 2, de la Decisión PTU. Este motivo se compone de cuatro partes. 85     En primer lugar, dicho Gobierno reprocha a la Comisión haber vulnerado el estatuto preferente de los productos originarios de los PTU, tal como establece la Decisión PTU, frente al régimen aplicable a los productos originarios de los Estados ACP. 86     En segundo lugar, aduce que el Reglamento impugnado se adoptó sin que la Comisión hubiese estimado las consecuencias negativas de su aplicación para los PTU afectados y las empresas interesadas. 87     En tercer lugar, aun suponiendo que el mercado comunitario del azúcar experimentara dificultades, el objetivo perseguido por la Comisión podría haberse alcanzado con una medida menos restrictiva para los PTU y las empresas interesadas, como la imposición de un precio mínimo de venta. 88     En cuarto lugar, sostiene que el artículo 2, apartado 2, del Reglamento impugnado es igualmente contrario al principio de proporcionalidad, por cuanto hace aplicable el artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2553/97. En efecto, el importe de la garantía prevista por esta última disposición, en materia de certificados de importación, equivale al 50 % del derecho del arancel aduanero común aplicable el día de presentación de la solicitud, que entonces ascendía a 43,7 euros, aproximadamente, por cada 100 kilogramos. Ahora bien, hasta el 1 de marzo de 2000, el importe de la garantía prevista para el azúcar acogido al régimen de acumulación de origen CE/PTU ascendía a 0,3 ecus por cada 100 kilogramos. Según el Gobierno neerlandés, con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1464/95 de la Comisión, de 27 de junio de 1995, por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación del régimen de los certificados de importación y exportación en el sector del azúcar (DO L 144, p. 14), la garantía que había de constituirse para el azúcar procedente de los Estados ACP y de países terceros también se fijaba en 0,3 ecus por cada 100 kilogramos. 89     Por tanto, el Gobierno neerlandés considera que el importe de la garantía prevista en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2553/97 es desproporcionado respecto al importe de la garantía requerida para la importación de azúcar procedente de los Estados ACP y de los países terceros. 90     La Comisión responde, en primer lugar, que la situación de los PTU difiere de la de los Estados ACP y la de los países terceros, pues el azúcar no se produce en los PTU. La regla de acumulación de origen en virtud de la cual los PTU exportan actualmente azúcar y mezclas a la Comunidad no figura en los acuerdos celebrados con los Estados ACP y otros países terceros. En estas circunstancias, dicho Gobierno no puede sostener que una limitación del mecanismo de acumulación de origen constituya un menoscabo de la posición privilegiada de que gozan los PTU frente a los Estados ACP y países terceros. 91     La Comisión señala a continuación que las circunstancias no le permitieron analizar en profundidad las consecuencias, para la economía de estos países y para la industria afectada, de la fijación de cuotas para las importaciones procedentes de los PTU. El estudio que ha encargado a este respecto debería permitirle presentar al Consejo una propuesta de Reglamento permanente en la materia. 92     La Comisión alega asimismo que la disminución de las cuotas de producción comunitarias tiene graves consecuencias para los agentes económicos comunitarios, mientras que sólo se limitan las importaciones de azúcar con acumulación de origen. Además, pese a que los PTU no producen azúcar, el contingente establecido sobre una base anual de 5.726 toneladas representa cerca del doble del previsto por la Decisión 97/803 para la importación de azúcar acogido al régimen de acumulación de origen ACP/PTU y que el Tribunal de Justicia no consideró ilegal en su sentencia Emesa Sugar, antes citada. 93     Por último, en lo que atañe a la aplicabilidad del artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2553/97, la Comisión señala que la garantía prevista por esta disposición tiene la finalidad de hacer efectiva la importación de la cantidad objeto de la solicitud y evitar así que se soliciten certificados con fines especulativos. Esta razón justifica la diferencia existente entre esta garantía y la que se impone en las importaciones de azúcar procedente de los Estados ACP y de los países terceros. 94     El Gobierno español suscribe, en lo esencial, el razonamiento de la Comisión. Alega, en particular, que el hecho de que la propia Decisión PTU prevea la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia confirma la compatibilidad de las medidas controvertidas con el régimen de asociación de los PTU. Apreciación del Tribunal de Justicia 95     A tenor del artículo 109, apartado 2, de la Decisión PTU: «[...] deberán escogerse por prioridad las medidas que provoquen el mínimo de perturbaciones en el funcionamiento de la asociación y de la Comunidad. Estas medidas no deberán exceder el alcance de lo que sea estrictamente indispensable para remediar las dificultades que se hayan manifestado.» 96     En el presente caso, con objeto de poner remedio a las dificultades experimentadas en el mercado comunitario, el artículo 1 del Reglamento impugnado limita las importaciones de azúcar y de mezclas con origen acumulado CE/PTU a una cantidad máxima de 3.340 toneladas durante el período considerado. Del noveno considerando de dicho Reglamento se desprende que esta cifra representa «la suma de los volúmenes de importación anual más elevados de estos productos [registrados] durante los tres años anteriores a 1999, año en el que las importaciones experimentaron una progresión exponencial y respecto a las cuales está en curso una investigación de la OLAF al existir sospechas de la existencia de irregularidades. Las importaciones de productos de los códigos NC 1806 10 30 y 1806 10 90 también serán objeto de medidas de salvaguardia a la vista de su importante contenido de azúcar y de los efectos perjudiciales, del mismo tipo que en el caso del azúcar en estado natural, en la OCM del azúcar. Esta medida deberá garantizar que las cantidades de productos a base de azúcar importados de los PTU no superan un volumen que pueda provocar perturbaciones en la OCM del azúcar, al tiempo que se garantiza una salida comercial». 97     En primer lugar, por lo que respecta a la alegación basada en la vulneración del estatuto preferente de que goza el azúcar originario de los PTU frente al azúcar procedente de los Estados ACP, basta señalar que el artículo 109 de la Decisión PTU prevé precisamente la posibilidad de que la Comisión adopte medidas de salvaguardia en las circunstancias a que se refiere dicha disposición. El hecho de que la Comisión adoptara tal medida frente a determinados productos originarios de los PTU no pone en tela de juicio el estatuto preferente de que gozan, en virtud del artículo 101, apartado 1, de la Decisión PTU, los productos originarios de estos países. En efecto, una medida de salvaguardia es, por su propia naturaleza, excepcional y temporal. 98     Además, en el presente caso, como señaló el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 205 de su sentencia Rica Foods y otros/Comisión, antes citada, el Reglamento impugnado sólo afecta al azúcar y a las mezclas importadas según el régimen de acumulación de origen CE/PTU, pero no establece ningún límite máximo para las importaciones de azúcar originario de los PTU, según las normas ordinarias de determinación del origen, en caso de que dicha producción exista. 99     En consecuencia, procede desestimar la primera parte del segundo motivo. 100   En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación basada en el incumplimiento de la obligación de recabar previamente información acerca de las consecuencias negativas que la medida de salvaguardia podía tener sobre la economía de los PTU afectados y las empresas interesadas, es preciso señalar que, en la fecha en que se adoptó el Reglamento impugnado, ya se habían interpuesto recursos tanto ante el Tribunal de Justicia como ante el Tribunal de Primera Instancia a propósito de las condiciones de importación del azúcar procedente de las Antillas neerlandesas y de Aruba (véanse, en relación con el mismo problema, la sentencia Emesa Sugar, antes citada, respecto a las importaciones de azúcar con origen acumulado ACP/PTU; las sentencias Países Bajos/Comisión, C‑26/00, antes citada, y de 17 de enero de 2002, Rica Foods/Comisión, T‑47/00, Rec. p. II‑113, por lo que respecta a las importaciones de azúcar con origen acumulado CE/PTU). Además, según se desprende de los apartados 28 a 30 de la sentencia Países Bajos/Comisión, antes citada, la adopción del Reglamento nº 2423/1999 estuvo precedida por una concertación entre la Comisión, el Reino de los Países Bajos y los demás Estados miembros, durante la cual debió de discutirse la cuestión de las consecuencias económicas de la medida de salvaguardia prevista. 101   De lo anterior se deduce que la Comisión estaba informada de la situación particular de las Antillas neerlandesas y de Aruba cuando se planteó adoptar el Reglamento impugnado y que, de este modo, estaba en condiciones de apreciar el impacto de éste sobre la economía de los PTU afectados y la situación de las empresas interesadas. 102   En consecuencia, debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo. 103   En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación de que era posible recurrir a una medida más apropiada y menos restrictiva que la prevista por el Reglamento impugnado, como el establecimiento de un precio mínimo de venta, para alcanzar los objetivos perseguidos por la Comisión, procede recordar que el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que, cuando exista la posibilidad de elegir entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deberán ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (sentencias de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, Rec. p. I‑4023, apartado 13; de 5 de octubre de 1994, Cristolponi y otros, asuntos acumulados C‑133/93, C‑300/93 y C‑362/93, Rec. p. I‑4863, apartado 41; Antillean Rice Mills y otros/Comisión, antes citada, apartado 52, y de 12 de julio de 2001, Jippes y otros, C‑189/01, Rec. p. I‑5689, apartado 81). 104   Por lo que se refiere al control judicial de la observancia de este principio, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone en particular la Comisión en materia de medidas de salvaguardia, sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, en relación con el objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida (véase, en este sentido, la sentencia Países Bajos/Comisión, C‑301/97, antes citada, apartado 135 y la jurisprudencia que en ella se cita). 105   Así, en el presente caso, no corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si la disposición adoptada por la Comisión constituía la única o la mejor medida que podía adoptarse, sino examinar si era manifiestamente inapropiada. 106   Pues bien, a este respecto, el Gobierno neerlandés no ha demostrado que la limitación a 3.340 toneladas de la cantidad de azúcar con acumulación de origen CE/PTU que podía importarse en la Comunidad con exención de derechos de aduana, durante el período a que se refería el Reglamento impugnado, fuera manifiestamente inapropiada para alcanzar el objetivo perseguido. 107   En consecuencia, debe desestimarse la tercera parte del segundo motivo. 108   Por último, en lo que atañe a la supuesta invalidez del artículo 2, apartado 2, del Reglamento impugnado, es preciso señalar que el objetivo perseguido por la Comisión al imponer una garantía elevada para la importación de azúcar con origen acumulado CE/PTU consistía, cómo ésta ha señalado, en evitar los comportamientos especulativos. 109   Una garantía de este tipo no priva a las empresas realmente interesadas de la posibilidad de exportar azúcar a la Comunidad. En efecto, aunque para obtener certificados de importación ha de pagarse el importe de la garantía, éste se restituye a la empresa si se lleva a cabo la operación de importación (véase, en este sentido, la sentencia Países Bajos/Consejo, C‑110/97, antes citada, apartado 132). 110   En estas circunstancias, no ha quedado demostrado que la medida controvertida fuera manifiestamente inadecuada o excesiva para alcanzar el objetivo perseguido por la Comisión. 111   Puesto que no cabe acoger tampoco su cuarta parte, procede desestimar el segundo motivo en su totalidad. Sobre el tercer motivo, basado en una desviación de poder Alegaciones de las partes 112   Mediante su tercer motivo, el Gobierno neerlandés reprocha a la Comisión haber tratado de establecer restricciones a las importaciones de azúcar acogido al régimen de acumulación de origen CE/PTU, que, sin embargo, el Consejo no había previsto en las sucesivas revisiones de la Decisión PTU. 113   A su juicio, el artículo 109 de la Decisión PTU no confiere a la Comisión la facultad discrecional de corregir o completar una Decisión del Consejo cuando ésta produce luego efectos que han sido previstos o incluso únicamente considerados. Este razonamiento le resulta aún más pertinente si se tiene en cuenta que, en el presente caso, el Consejo, al prorrogar la Decisión 91/482, renunció a adoptar medidas relativas al azúcar con acumulación de origen CE/PTU y a las mezclas. 114   La Comisión responde que, en su sentencia de 10 de febrero de 2000, Nederlandse Antillen/Comisión (asuntos acumulados T‑32/98 y T‑41/98, Rec. p. II‑201), el Tribunal de Primera Instancia no consideró que esta institución se hubiera extralimitado en sus facultades. 115   El Gobierno español estima que el Reino de los Países Bajos no ha aportado ningún indicio que permita acreditar que el Reglamento impugnado no se adoptó con la finalidad de evitar el deterioro del sector del azúcar comunitario. Apreciación del Tribunal de Justicia 116   Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye una desviación de poder el ejercicio por una institución comunitaria de sus competencias con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso (véanse, en particular, las sentencias de 12 de noviembre de 1996, Reino Unido/Consejo, C‑84/94, Rec. p. I‑5755, apartado 69, y de 14 de mayo de 1998, Windpark Groothusen/Comisión, C‑48/96 P, Rec. p. I‑2873, apartado 52). 117   En el presente caso, del examen del primer motivo se desprende que la Comisión pudo considerar que las importaciones de azúcar con origen acumulado CE/PTU constituían «dificultades», en el sentido del artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU, que podían perturbar el funcionamiento de la organización común del mercado del azúcar. 118   Además, el Gobierno neerlandés no ha aportado ningún indicio que acredite que el Reglamento impugnado no se adoptó con la finalidad de poner remedio a las perturbaciones apreciadas o de evitar perturbaciones más graves en el mercado comunitario del azúcar. A este respecto, el mero hecho de que el Consejo introdujera, en el artículo 108 ter de la Decisión PTU, una limitación cuantitativa para el azúcar de origen ACP/PTU no afecta en absoluto a la facultad de la Comisión, en virtud del artículo 109, apartado 1, de la Decisión PTU, de adoptar las medidas de salvaguardia necesarias por lo que respecta al azúcar o a cualquier otro producto originario de los PTU, si se reúnen los requisitos para la adopción de tales medidas. 119   Por tanto, debe también desestimarse el tercer motivo. Sobre el cuarto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación Alegaciones de las partes 120   Mediante su cuarto motivo, el Gobierno neerlandés sostiene que el Reglamento impugnado no contiene ninguna motivación: –       de las razones por las que la Comisión estimó necesario adoptar, a partir del 1 de marzo de 2000, medidas aún más estrictas que las relativas al período precedente; –       de la adopción de restricciones idénticas para el azúcar y las mezclas originarios de los PTU, pese a que el Reglamento nº 2423/99 preveía medidas diferentes para estos dos tipos de productos; –       del riesgo de deterioro de la situación en el mercado del azúcar comunitario a causa de las importaciones reducidas de azúcar y de mezclas con origen acumulado CE/PTU; –       de la excepción impuesta a la posición preferente de que gozan los PTU frente a los Estados ACP y a los países terceros. 121   Además, el Gobierno neerlandés alega que la motivación de la fijación de la cuota en 3.340 toneladas es insuficiente. A su juicio, la Comisión no tuvo en cuenta que las importaciones de azúcar con origen acumulado CE/PTU no comenzaron hasta 1999 y que las importaciones de estos productos fueron estimuladas por el Consejo. 122   La Comisión estima, por el contrario, que la motivación del Reglamento impugnado satisface las exigencias impuestas por la jurisprudencia, puesto que muestra claramente el razonamiento seguido por la institución de la que emana el acto. La jurisprudencia no exige que la Comisión exponga las razones por las que adopta una medida diferente de la adoptada unos meses antes. Afirma que la exposición de motivos del Reglamento indica en cualquier caso la razón de este cambio de orientación. 123   El Gobierno español defiende una postura idéntica a la de la Comisión. Añade que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando se trata, como en el presente caso, de un acto de alcance general, la motivación puede limitarse a indicar, por una parte, la situación de conjunto que ha conducido a su adopción y, por otra parte, los objetivos generales que su autor se propone alcanzar. Si el acto impugnado pone de manifiesto la parte esencial del fin perseguido por la institución de que se trate, es excesivo pretender la motivación específica de cada una de las decisiones técnicas adoptadas. Esta postura resulta aún más justificada cuando las instituciones disponen, como en el caso de autos, de un amplio margen de apreciación al elegir las medidas necesarias para llevar a cabo una política compleja. Apreciación del Tribunal de Justicia 124   Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse, en particular, las sentencias de 4 de febrero de 1997, Bélgica y Alemania/Comisión, asuntos acumulados C‑9/95, C‑23/95 y C‑156/95, Rec. p. I‑645, apartado 44, y de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink's France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63). 125   Es forzoso reconocer que en los considerandos primero a séptimo del Reglamento impugnado la Comisión expuso las dificultades experimentadas en el mercado comunitario del azúcar, las razones por las que estas dificultades podían provocar un deterioro del funcionamiento de la organización común del mercado y efectos perjudiciales para los agentes económicos comunitarios, en particular, debido al grave riesgo de tener que reducir las cuotas de producción comunitarias. Además, esta institución enunció, en el noveno considerando de dicho Reglamento, reproducido íntegramente en el apartado 96 de la presente sentencia, los motivos que la llevaron a fijar el contingente controvertido. 126   En estas circunstancias, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno neerlandés, la exposición de motivos del Reglamento impugnado muestra de una manera clara e inequívoca el razonamiento seguido por la Comisión, de modo que los interesados pueden conocer las razones que justifican las medidas adoptadas y el Tribunal de Justicia puede ejercer su control, según resulta, por otra parte, del examen de los motivos precedentes. Además, el Reino de los Países Bajos estuvo estrechamente asociado al proceso de elaboración del Reglamento impugnado. 127   Puesto que no cabe acoger tampoco el cuarto motivo, procede desestimar el recurso. Costas 128   A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de los Países Bajos y haberlo solicitado así la Comisión, procede condenar a aquél en costas. Conforme al apartado 4 del mismo artículo, el Reino de España y la República Francesa soportarán sus propias costas. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas al Reino de los Países Bajos. 3) El Reino de España y la República Francesa soportarán sus propias costas. Firmas * Lengua de procedimiento: neerlandés.

62021CJ0376

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 102 och 104 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ( EUT L 298, 2012, s. 1 ), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28 oktober 2015 ( EUT L 286, 2015, s. 1 ) (nedan kallad förordning nr 966/2012) och artiklarna 160 och 164 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ( EUT L 193, 2018, s. 1 ) (nedan kallad budgetförordningen). Begäran har framställts i ett mål mellan Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa ”Regioni v rastezh” 2014–2020 (vice ministern för regional utveckling och offentliga bygg- och anläggningsarbeten, i egenskap av chef för förvaltningsmyndigheten för det operativa programmet ”Regioner under utveckling” 2014–2020) (nedan kallad ministern), och Obshtina Razlog (kommunen Razlog, Bulgarien) angående ministerns beslut att kräva att nämnda kommun skulle göra en finansiell korrigering på grund av åsidosättande av bestämmelser om dels offentlig upphandling, dels användning av EU-medel som kommunen beviljats. Tillämpliga bestämmelser Unionsrätt Förordning nr 966/2012 Artikel 102 i förordning nr 966/2012, med rubriken ”Principer för offentliga kontrakt”, hade följande lydelse: ”1.   Alla offentliga kontrakt som helt eller delvis finansieras genom [Europeiska unionens budget] ska respektera principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering. 2.   All upphandling ska ske med så brett deltagande som möjligt, utom i de fall då det förfarande som avses i artikel 104.1 d används. …” Artikel 104 i förordningen hade rubriken ”Upphandlingsförfaranden”. I punkt 1 i denna artikel föreskrevs följande: ”Upphandlingsförfaranden för tilldelning av koncessionskontrakt eller offentliga kontrakt, inklusive ramavtal, ska göras på något av följande sätt: … d) Förhandlat förfarande, även utan föregående offentliggörande. …” Artikel 117 i nämnda förordning hade rubriken ”Upphandlande myndighet”. I punkt 1 i den artikeln föreskrevs följande: ”Institutionerna i den mening som avses i artikel 2 och genomförandeorgan eller organ i den mening som avses i artiklarna 208 och 209 ska betraktas som upphandlande myndigheter om de tilldelar kontrakt för egen räkning utom när de gör inköp från en inköpscentral. … Dessa institutioner ska i enlighet med artikel 65 delegera de befogenheter som är nödvändiga för utövande av uppgiften som upphandlande myndighet.” Budgetförordningen I artikel 2 i budgetförordningen, med rubriken ”Definitioner”, föreskrivs följande: ”I denna förordning avses med … 51. offentligt kontrakt : ett kontrakt mot ersättning som ingås skriftligen av en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter i den mening som avses i artiklarna 174 och 178, för att mot betalning av ett pris som helt eller delvis belastar budgeten erhålla leverans av lös eller fast egendom, ett utförande av byggentreprenader eller ett tillhandahållande av tjänster, som inbegriper … b) varukontrakt, …” Artikel 63 i förordningen har rubriken ”Delad förvaltning med medlemsstater”. I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande: ”När kommissionen genomför budgeten inom ramen för delad förvaltning ska uppgifter som har samband med genomförandet av budgeten delegeras till medlemsstaterna. Kommissionen och medlemsstaterna ska iaktta principerna om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-diskriminering, och säkerställa att unionsåtgärderna är synliga när de förvaltar unionens medel. Kommissionen och medlemsstaterna ska för detta ändamål uppfylla sina respektive förpliktelser i fråga om revision och kontroller och åta sig det ansvar som följer därav enligt denna förordning. Kompletterande bestämmelser ska fastställas i sektorsspecifika regler.” I artikel 160 i förordningen, som har rubriken ”Principer för kontrakt samt tillämpningsområde”, föreskrivs följande: ”1.   Alla kontrakt som helt eller delvis finansieras genom budgeten ska respektera principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering. 2.   All upphandling ska ske med så brett deltagande som möjligt, utom i de fall då det förfarande som avses i artikel 164.1 d används. …” I artikel 164 i samma förordning, med rubriken ”Upphandlingsförfaranden”, föreskrivs följande: ”1.   Upphandlingsförfaranden för tilldelning av koncessionskontrakt eller offentliga kontrakt, inklusive ramavtal, ska genomföras i form av något av följande: … d) Förhandlat förfarande, även utan föregående offentliggörande. … 4.   Vid alla förfaranden som inbegriper förhandling ska den upphandlande myndigheten förhandla med anbudsgivarna om de ursprungliga och eventuella efterföljande anbuden eller delar därav, med undantag för de slutgiltiga anbuden, för att förbättra innehållet. De minimikrav och kriterier som anges i upphandlingsdokumenten får inte vara föremål för förhandling. …” Artikel 174 i budgetförordningen har rubriken ”Upphandlande myndighet”. I punkt 1 första stycket i denna artikel föreskrivs följande: ”Unionsinstitutionerna, genomförandeorgan eller unionsorgan som avses i artiklarna 70 och 71 ska betraktas som upphandlande myndigheter om de tilldelar kontrakt för egen räkning, utom när de gör inköp från en inköpscentral. Avdelningar inom unionsinstitutionerna ska inte betraktas som upphandlande myndigheter när de ingår servicenivåavtal sinsemellan.” Direktiv 2014/24 I skälen 2 och 50 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG ( EUT L 94, 2014, s. 65 ), i dess lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170 av den 24 november 2015 ( EUT L 307, 2015, s. 5 ) (nedan kallat direktiv 2014/24) anges följande: ”(2) Offentlig upphandling [utgör] ett av de marknadsbaserade instrument som ska användas för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som den säkerställer att offentliga medel utnyttjas så effektivt som möjligt. De upphandlingsregler som antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG [av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) ( EUT L 134, 2004, s. 1 )] och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG [av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster ( EUT L 134, 2004, s. 114 )] bör därför ses över och moderniseras, i syfte att använda offentliga medel effektivare. … … (50) Med hänsyn till de skadliga effekterna på konkurrensen bör förhandlade förfaranden utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling endast användas under mycket exceptionella omständigheter. Undantaget bör begränsas till fall då offentliggörande antingen är omöjligt, på grund av synnerlig brådska till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse eller som inte kan tillskrivas den, eller där det redan från början står klart att offentliggörandet inte kommer att leda till ökad konkurrens eller bättre upphandlingsresultat, inte minst därför att det objektivt sett endast finns en ekonomisk aktör som kan fullgöra kontraktet. Detta gäller för konstverk, när konstnärens identitet i sig avgör konstföremålets unika art och värde. Exklusivitet kan också uppstå av andra skäl, men endast objektivt exklusiva situationer kan motivera användningen av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling, där den exklusiva situationen inte har skapats av den upphandlande myndigheten själv med tanke på det framtida upphandlingsförfarandet. Upphandlande myndigheter som åberopar detta undantag bör motivera varför det inte finns några rimliga alternativ eller andra möjliga utvägar, såsom att använda alternativa distributionskanaler, inklusive utanför den medlemsstat där den upphandlande myndigheten finns, eller överväga till sin funktion jämförbara byggentreprenader, varor och tjänster. Om den exklusiva situationen har uppstått av tekniska skäl bör de definieras och motiveras ytterst noggrant från fall till fall. Det kan exempelvis röra sig om att det är tekniskt nära nog omöjligt för en annan ekonomisk aktör att uppnå erforderlig fullgörandenivå eller att det är nödvändigt att använda specifik kunskap eller specifika verktyg eller medel som endast en ekonomisk aktör har. Tekniska skäl kan också innebära särskilda driftskompatibilitetskrav som måste uppfyllas i syfte att säkerställa att de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas kommer att fungera. Slutligen är det inte ändamålsenligt att genomföra en upphandling när varor förvärvas direkt på en varumarknad, inklusive handelsplattformar för råvaror, exempelvis jordbruksprodukter, råmaterial och energiutbyten, om den reglerade och övervakade multilaterala handelsstrukturen på ett naturligt sätt garanterar marknadspriserna.” Artikel 4 i direktivet, med rubriken ”Tröskelvärden”, har följande lydelse: ”Detta direktiv ska tillämpas på upphandlingar vars värde exklusive mervärdesskatt beräknas uppgå till minst följande tröskelvärden: … c) 209000 [euro] för offentliga varu- och tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter under den centrala nivån och för projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter. … …” Artikel 5 i direktivet, med rubriken ”Metoder för beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling”, har följande lydelse: ”1.   Beräkningen av det uppskattade värdet av en upphandling ska grundas på det totala beloppet exklusive mervärdesskatt som ska betalas enligt den upphandlande myndighetens egen uppskattning, inbegripet varje form av eventuell optionsrätt och de eventuella klausuler om förlängning av kontrakten som uttryckligen anges i upphandlingsdokumenten. … 3.   Metoden för beräkning av det uppskattade värdet av en upphandling får inte väljas i syfte att undanta den från detta direktivs tillämpningsområde. En upphandling får inte delas upp för att förhindra att upphandlingen omfattas av detta direktiv, såvida inte detta motiveras av objektiva skäl. 4.   Det uppskattade värdet ska gälla vid den tidpunkt då anbudsinfordran skickas ut eller, om en anbudsinfordran inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten inleder upphandlingsförfarandet, exempelvis, när så är lämpligt, genom att man kontaktar ekonomiska aktörer i samband med upphandlingen. …” Artikel 18 i direktivet har rubriken ”Principer för upphandling”. I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande: ”De upphandlande myndigheterna ska behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara på ett öppet och proportionerligt sätt. Upphandlingen får inte utformas i syfte att undanta den från tillämpningsområdet för detta direktiv eller att på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen. Konkurrensen ska anses begränsas på ett konstgjort sätt om upphandlingen utformas i syfte att på ett otillbörligt sätt favorisera eller missgynna vissa ekonomiska aktörer.” Artikel 26 i direktiv 2014/24 har rubriken ”Val av förfaranden”. I punkterna 4 och 6 i den artikeln föreskrivs följande: ”4.   Medlemsstaterna ska föreskriva att de upphandlande myndigheterna får tillämpa förhandlade förfaranden under konkurrens eller konkurrenspräglade dialoger i följande situationer: … b) För byggentreprenader, varor eller tjänster där endast ogiltiga eller oacceptabla anbud har lämnats enligt ett öppet eller selektivt förfarande. I sådana situationer ska den upphandlande myndigheten inte vara skyldig att offentliggöra ett meddelande om upphandling om den i förfarandet inbegriper endast de anbudsgivare som uppfyller kriterierna i artiklarna 57–64 och som i ett föregående öppet eller selektivt förfarande har lämnat anbud som uppfyller de formella kraven för anbudsförfarandet. I synnerhet anbud som inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten, som inkommit för sent, där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption, eller som den upphandlande myndigheten funnit onormalt låga, ska anses vara ogiltiga. I synnerhet ska anbud som lämnats in av anbudsgivare som saknar de kvalifikationer som fordras, och anbud vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds anses vara oacceptabla. … 6.   Medlemsstaterna kan föreskriva att upphandlande myndigheter, i de särskilda fall och under de särskilda omständigheter som uttryckligen anges i artikel 32, får tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av anbudsinfordran. Medlemsstaterna får inte tillåta att detta förfarande tillämpas i andra fall än de som anges i artikel 32.” Artikel 32 i direktivet har rubriken ”Användning av förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling”. I punkt 2 i denna artikel föreskrivs följande: ”Ett förhandlat förfarande utan föregående meddelande om upphandling får tillämpas för offentliga kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster i följande fall: a) Om inga anbud eller inga lämpliga anbud, inga anbudsansökningar eller inga lämpliga anbudsansökningar har lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande, förutsatt att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte väsentligt ändrats och att en rapport lämnas till kommissionen, om den så begär. Ett anbud ska anses vara olämpligt om det är irrelevant för kontraktet och därför uppenbart inte utan väsentliga ändringar kan tillgodose den upphandlande myndighetens behov och krav enligt upphandlingsdokumenten. En anbudsansökan ska anses vara olämplig om den berörda ekonomiska aktören ska eller kan uteslutas enligt artikel 57 eller inte uppfyller de urvalskriterier som fastställts av den upphandlande myndigheten i enlighet med artikel 58. …” Bulgarisk rätt Lagen om offentlig upphandling I artikel 2 i zakon za obshtestvenite porachki (lagen om offentlig upphandling, DV nr 13 av den 16 februari 2016), i den lydelse som är tillämplig i det nationella målet (nedan kallad lagen om offentlig upphandling), föreskrivs följande: ”(1)   Offentliga kontrakt ska tilldelas i enlighet med principerna i [EUF‑]fördraget, särskilt principerna om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster och ömsesidigt erkännande samt de principer som följer därav: 1. Likabehandling och icke-diskriminering. 2. Fri konkurrens. 3. Proportionalitet. 4. Offentliggörande och öppenhet. (2)   Vid offentlig upphandling får de upphandlande myndigheterna inte begränsa konkurrensen genom att föreskriva villkor eller krav som ger en omotiverad fördel eller otillbörligen begränsar ekonomiska aktörers deltagande i offentliga upphandlingar och som inte har en koppling till kontraktets föremål, värde, komplexitet, kvantitet eller omfattning.” I artikel 18.1, 18.2 och 18.7 i denna lag föreskrivs följande: ”(1)   Förfaranden i den mening som avses i denna lag är … 8. förhandlingar utan föregående offentliggörande, 9. förhandlingar utan föregående inbjudan att delta, 10. förhandlingar utan offentliggörande av ett meddelande om upphandling. … 13. direkt förhandling. (2)   Det öppna förfarandet och förfarandet för offentlig anbudsinfordran är förfaranden inom ramen för vilka alla intresserade parter får lämna anbud. … (7)   Inom ramen för de förhandlade förfaranden som avses i stycke 1 punkterna 8–10 och punkt 13 förhandlar den upphandlande myndigheten fram avtalsvillkoren med en eller flera väl definierade personer.” I artikel 79.1 i nämnda lag föreskrivs följande: ”Upphandlande myndigheter får tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande endast i följande fall: 1. om det inom ramen för ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats några anbud eller ansökningar om att få delta, eller om anbuden eller ansökningarna inte var godtagbara och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte väsentligt ändrats. …” I artikel 110.1 i samma lag föreskrivs följande: ”Den upphandlande myndigheten ska avsluta förfarandet genom motiverat beslut, om 1. inget anbud, ingen ansökan om att få delta eller något konkurrerande projekt har lämnats in, eller när ingen deltagare har infunnit sig vid förhandlingen, 2. inget av anbuden eller ansökningarna om att få delta uppfyllde villkoren för att få lämna anbud, inbegripet villkor avseende form, förfaranden och tidsfrister, eller var lämpligt. …” I artikel 182 i lagen om offentlig upphandling föreskrivs följande: ”(1)   Den upphandlande myndigheten får förhandla direkt med vissa angivna personer om något av de skäl som anges i artikel 79.1 punkterna 3 och 5–9 föreligger, eller om … 2.   anbudsförfarandet genom offentlig upphandling avslutades på grund av att inget anbud hade lämnats eller att de inkomna anbuden var olämpliga och att de ursprungliga villkoren inte hade genomgått någon väsentlig förändring, …” Lagen om europeiska struktur- och investeringsfonder I artikel 49.2 i zakon za upravlenie na sredstvata ot Evropeyskite strukturni i investitsionni fondove (lagen om förvaltning av medel från europeiska struktur- och investeringsfonder, DV nr 101 av den 22 december 2015), i den lydelse som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet (nedan kallad lagen om europeiska struktur- och investeringsfonder), föreskrivs följande: ”För att utse en avtalspart för verksamhet som har samband med byggentreprenader, tjänster och/eller leverans av varor som omfattas av ett offentligt kontrakt i den mening som avses i lagen om offentlig upphandling ska bestämmelserna i 1. lagen om offentlig upphandling – när mottagaren är en upphandlande myndighet i den mening som avses i nämnda lag, … tillämpas. …” Tillämpningsförordningen för lagen om offentlig upphandling I artikel 64.1 i pravilnik za prilagane na zakona za obshtestvenite porachki (tillämpningsförordning för lagen om offentlig upphandling, DV nr 28, av den 8 april 2016), i den lydelse som är tillämplig i det nationella målet, föreskrivs följande: ”I beslutet att avsluta det förfarande som avses i artikel 18.1 punkterna 8–10 och 13 i lagen om offentlig upphandling ska de upphandlande myndigheterna även ange vilka personer som ska inbjudas att delta i förhandlingen, utom i de fall som avses i artikel 79.1 punkterna 7 och 8, artikel 138.1 punkt 2, artikel 164.1 punkterna 9 och 10 i [denna] lag … och i de fall som avses i artikel 182.1 punkt 3 i [nämnda] lag …” Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna Kommunen Razlog erhöll EU-medel för att förbättra skol- och undervisningsinfrastruktur vid yrkesgymnasiet för mekanisering av jordbruket inom dess område. Mot denna bakgrund anordnade kommunen, i egenskap av upphandlande myndighet, ett upphandlingsförfarande med offentlig anbudsinfordran som avsåg tillhandahållande av teknik, utrustning och inredning för det gymnasiet. Upphandlingen var uppdelad i fyra delar. Det enda anbud som ingavs avsåg endast del 2, med rubriken ”Utrustning för bearbetning av metaller”. Den upphandlande myndigheten ansåg att anbudet inte uppfyllde kontraktsvillkoren, eftersom beloppet var mer än två gånger högre än kontraktets uppskattade värde. Den upphandlande myndigheten konstaterade då att förfarandet var resultatlöst och avslutade det genom beslut av den 1 november 2017 som antogs med stöd av artikel 110.1 punkterna 1 och 2 i lagen om offentlig upphandling. Genom beslut av den 1 december 2017 tillämpade den upphandlande myndigheten, med stöd av artikel 79.1 punkt 1 i denna lag, ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, som avsåg ”Tillhandahållande av utrustning för bearbetning av metaller för yrkesgymnasiet för mekanisering av jordbruket i staden Razlog”. Kontraktets uppskattade värde, som utan ändringar återgav de kontraktsvillkor som ursprungligen hade tillkännagetts för denna del, uppgick till 33917,82 bulgariska leva (BGN) exklusive mervärdesskatt (cirka 17370 euro). Valet av detta förfarande för tilldelning av kontrakt motiverades av att det saknades ett lämpligt anbud för denna del inom ramen för det förfarande som inletts tidigare. I detta förhandlade förfarande utan föregående offentliggörande inbjöd den upphandlande myndigheten en enda ekonomisk aktör att delta i upphandlingen, i förevarande fall Dikar Konsult OOD, och tilldelade denna aktör, genom ett avtal som ingicks den 29 december 2017, ett kontrakt med ett värde på 33907 BGN exklusive mervärdesskatt (cirka 17365 euro). Detta förhandlade förfarande utan föregående offentliggörande blev föremål för ett klagomål hos ministern. I klagomålet kritiserades den upphandlande myndigheten för att utan någon motivering ha gynnat den ekonomiska aktör som valts och därmed undanröjt den fria konkurrensen, i strid med de principer som avses i bland annat artikel 160 i budgetförordningen. Genom skrivelse av den 20 mars 2020 underrättade ministern den upphandlande myndigheten, i dess egenskap av mottagare av EU-medel, om det mottagna klagomålet och om att ett förfarande för fastställelse av en finansiell korrigering hade inletts. Den upphandlande myndigheten hävdade att den hade rätt att i enlighet med artikel 18.7 i lagen om offentlig upphandling välja att förhandla med en eller flera bestämda personer. Det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande är dessutom oskiljaktigt förbundet med det förfarande för offentlig anbudsinfordran som föregick det, i vilket samtliga berörda parter hade möjlighet att delta. Att ett enda anbud lämnades, vars belopp var mer än dubbelt så högt som det uppskattade kontraktsvärdet, visar att det saknades intresse av att delta i detta förfarande på grund av kontraktets låga värde. Den omständigheten att förfarandet för offentlig upphandling avslutats utan resultat skulle således ha motiverat den upphandlande myndighetens beslut att i det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande skicka en inbjudan till en enda ekonomisk aktör. Genom beslut av den 15 april 2020 (nedan kallat beslutet av den 15 april 2020) tillämpade ministern en finansiell korrigering på 10 procent på de utgifter som berättigar till finansiering från europeiska fonder i samband med kontraktet som ingåtts med Dikar Konsult. I detta beslut ifrågasatte ministern hur det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande hade genomförts. Det framgår bland annat av artikel 160 i budgetförordningen att principen om fri konkurrens måste iakttas i ett förfarande för offentlig upphandling. Artikel 79.1 punkt 1 i lagen om offentlig upphandling kan således inte motivera att ett kontrakt tilldelas utan konkurrens, eftersom det i artikel 64.1 och 64.3 i tillämpningsföreskrifterna till denna lag anges att det är ”personer” i plural som avses och det således uttryckligen krävs att en inbjudan att delta i förhandlingar ska sändas till flera personer. Genom att endast bjuda in Dikar Konsult, utan att motivera detta beslut, har den upphandlande myndigheten gett bolaget en oberättigad fördel och begränsat deltagandet i en obestämd krets av ekonomiska aktörer som är intresserade av upphandlingen. Efter överklagande av den upphandlande myndigheten upphävde Administrativen sad Blagoevrad (Förvaltningsdomstolen i Blagoevrad, Bulgarien) beslutet av den 15 april 2020. Enligt den domstolen medför villkoren för genomförandet av det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande att det i praktiken blir omöjligt att tillämpa principen om skydd för konkurrensen med bredast möjliga underlag, antingen på grund av kontraktets särskilda föremål eller på grund av att lämpliga anbud inte lämnats. Dessutom ger artikel 18.7 i lagen om offentlig upphandling uttryckligen den upphandlande myndigheten möjlighet att förhandla om avtalsvillkoren med en eller flera bestämda personer. Ministern överklagade detta avgörande till Varhoven administrativen sad (Högsta förvaltningsdomstolen, Bulgarien), i syfte att få klarhet i om en upphandlande myndighet åsidosätter principerna om likabehandling, icke-diskriminering och fri konkurrens när den riktar en inbjudan att ingå ett offentligt kontrakt till en enda ekonomisk aktör inom ramen för ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, vilket dels inleds efter det att ett resultatlöst öppet förfarande avslutats, dels återger de ursprungliga villkoren för kontraktet, utan att dessa ändras, och även om kontraktsföremålet inte har något särdrag som motiverar att den inbjudna aktören anförtros genomförandet av kontraktet. Den hänskjutande domstolen har i detta avseende påpekat att det finns skillnader mellan bulgariska domstolar, även inom den domstolen, vad gäller tolkningen av artikel 79.1 punkt 1 i lagen om offentlig upphandling, jämförd med artikel 160.2 och artikel 164.1 d i budgetförordningen. Den hänskjutande domstolen har för det första påpekat att även om det enligt artikel 160.2 i budgetförordningen i undantagsfall är tillåtet att avvika från principen om att en offentlig upphandling ska vara så konkurrensutsatt som möjligt, får denna bestämmelse inte till följd att principerna om likabehandling och icke-diskriminering åsidosätts. I artikel 164.4 första meningen i budgetförordningen hänvisas för övrigt till ”anbudsgivarna” i plural. Den hänskjutande domstolen anser vidare att även om budgetförordningen normalt sett inte är tillämplig på nationella upphandlande myndigheter, bör den tillämpas i förevarande fall då värdet på det aktuella offentliga kontraktet inte når upp till det tröskelvärde som anges i direktiv 2014/24. Tillämpningen av artikel 160.1 och 160.2 i budgetförordningen skulle kunna motiveras genom användningen av medel från unionens budget. Den hänskjutande domstolen har slutligen påpekat att de relevanta omständigheterna i förevarande mål ägde rum medan förordning nr 966/2012 fortfarande var i kraft, medan beslutet av den 15 april 2020 antogs efter det att denna förordning hade upphävts och budgetförordningen hade trätt i kraft. Under alla omständigheter är innehållet i artikel 160 i budgetförordningen och innehållet i artikel 102.1 och 102.2 i förordning nr 966/2012, som är tillämplig i det nationella målet, identiska. Mot denna bakgrund beslutade Varhoven administrativen sad (Högsta förvaltningsdomstolen, Bulgarien), att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen: ”1) Ska artiklarna 160.1 och 160.2 förordning 2018/1046 samt 102.1 och 102.2 i förordning nr 966/2012 tolkas så, att de även gäller för upphandlande myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater, om de offentliga kontrakt som dessa upphandlar finansieras med medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna? 2) Ska, för den händelse att den första frågan ska besvaras jakande, de i artikel 160.1 i förordning 2018/1046 och artikel 102.1 i förordning nr 966/2012 fastställda principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering tolkas så, att de inte utgör ett hinder för en fullständig konkurrensbegränsning vid offentlig upphandling genom ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, om föremålet för det offentliga kontraktet inte uppvisar särdrag som objektivt kräver att detta endast bör utföras av den ekonomiska aktör som inbjudits till förhandlingar? Ska i synnerhet artikel 160.1 och 160.2 i förordning 2018/1046 jämförd med artikel 164.1 d i samma förordning och artikel 102.1 och 102.2 i förordning nr 966/2012 jämförd med artikel 104.1 d i samma förordning tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell bestämmelse sådan som den som berörs i det nationella målet, enligt vilken den upphandlande myndigheten – efter det att ett förfarande för offentlig upphandling har avslutats på grund av att det enda ingivna anbudet var olämpligt – kan inbjuda endast en ekonomisk aktör till att delta i ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, om föremålet för det offentliga kontraktet inte uppvisar särdrag som objektivt kräver att det utförs endast av den ekonomiska aktör som inbjudits till förhandlingar?” Prövning av tolkningsfrågorna Den första frågan Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 160.1 och 160.2 i budgetförordningen och artikel 102.1 och 102.2 i förordning nr 966/2012 ska tolkas så, att de är tillämpliga på upphandlingsförfaranden som anordnas av upphandlande myndigheter i medlemsstaterna, när dessa kontrakt finansieras med medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Artikel 160 i budgetförordningen har rubriken ”Principer för kontrakt samt tillämpningsområde”. I artikel 160.1 föreskrivs att ”[a]lla kontrakt som helt eller delvis finansieras genom budgeten ska respektera principerna om öppenhet, proportionalitet, likabehandling och icke-diskriminering.” I punkt 2 i samma artikel anges att ”[a]ll upphandling ska ske med så brett deltagande som möjligt, utom i de fall då det förfarande som avses i artikel 164.1 d används”, det vill säga det förhandlade förfarandet, även utan föregående offentliggörande. Såsom framgår av punkt 35 i förevarande dom bygger den första frågan på antagandet att budgetförordningen, även om den inte är tillämplig på nationella upphandlande myndigheter, ändå kan kompensera för att direktiv 2014/24 inte är tillämpligt på ett offentligt kontrakt vars värde understiger det tröskelvärde som fastställs i direktivet. Det är med rätta som den hänskjutande domstolen har påpekat att budgetförordningen inte är tillämplig på upphandlingsförfaranden som anordnas av upphandlande myndigheter i medlemsstaterna. Det framgår nämligen av artikel 2.51 i budgetförordningen att ett ”offentligt kontrakt” i den mening som avses i den förordningen är ”ett kontrakt mot ersättning som ingås skriftligen av en eller flera ekonomiska aktörer och en eller flera upphandlande myndigheter i den mening som avses i artiklarna 174 och 178, för att mot betalning av ett pris som helt eller delvis belastar budgeten erhålla leverans av lös eller fast egendom, ett utförande av byggentreprenader eller ett tillhandahållande av tjänster …”. I artikel 174 i förordningen, som har rubriken ”Upphandlande myndighet”, föreskrivs i punkt 1 första stycket första meningen att ”[u]nionsinstitutionerna, genomförandeorgan eller unionsorgan som avses i artiklarna 70 och 71 ska betraktas som upphandlande myndigheter om de tilldelar kontrakt för egen räkning, utom när de gör inköp från en inköpscentral.” Såsom anges i bilaga II till budgetförordningen motsvarar lydelsen i artikel 174 i denna förordning lydelsen i artikel 117.1 i förordning nr 966/2012, vilken upphävdes genom budgetförordningen med verkan från och med den 2 augusti 2018. Begreppet upphandlande myndighet i förordning nr 966/2012 har således inte ändrats i sak efter budgetförordningens ikraftträdande, vilket innebär att detta begrepp ska tolkas på samma sätt inom ramen för båda förordningarna. Det framgår således tydligt av artikel 174 i budgetförordningen att begreppet ”upphandlande myndighet”, som det hänvisas till i artikel 2.51 i denna förordning, i likhet med artikel 117 i förordning nr 966/2012 endast omfattar unionsinstitutioner, genomförandeorgan eller unionsorgan som avses i artiklarna 70 och 71 i budgetförordningen. Av detta följer att ingen av dessa förordningar är tillämplig på förfaranden för offentlig upphandling som genomförs av de upphandlande myndigheterna i medlemsstaterna. Det följer dessutom av artikel 63.1 i budgetförordningen att när kommissionen genomför budgeten genom delad förvaltning, ska uppgifter som har samband med genomförandet av budgeten delegeras till medlemsstaterna. Dessa ska bland annat följa de kompletterande bestämmelser som ska fastställas i sektorsspecifika regler. Såsom kommissionen har understrukit i sitt skriftliga yttrande är medlemsstaterna följaktligen enligt artikel 63.1 i denna förordning skyldiga att, även när de utför budgetgenomförandeuppgifter genom offentlig upphandling som finansieras med medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, inte tillämpa budgetförordningen utan sin nationella lagstiftning, inbegripet bestämmelserna om genomförande av direktiven om offentlig upphandling. Det framgår således att, även när ett offentligt kontrakt finansieras av medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, kan skyldigheten för medlemsstaternas upphandlande myndigheter att iaktta de grundläggande principerna för offentlig upphandling, det vill säga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet, inte följa av artikel 160 i budgetförordningen. Av det anförda följer att den första frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 160.1 och 160.2 i budgetförordningen och artikel 102.1 och 102.2 i förordning nr 966/2012 ska tolkas så, att de inte är tillämpliga på offentliga upphandlingsförfaranden som anordnas av upphandlande myndigheter i medlemsstaterna, även när dessa kontrakt finansieras med medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Den andra frågan Domstolen erinrar inledningsvis om att en tolkningsfråga ska prövas mot bakgrund av alla de bestämmelser i fördragen och i sekundärrätten som kan vara relevanta för problemet i fråga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 juli 1985, Mutsch, 137/84 , EU:C:1985:335 , punkt ). Den omständigheten att den hänskjutande domstolen formellt sett har formulerat en tolkningsfråga med hänvisning till vissa bestämmelser i unionsrätten utgör inte hinder för att EU‑domstolen tillhandahåller den domstolen alla uppgifter om unionsrättens tolkning som kan vara användbara vid avgörandet av det nationella målet, oberoende av om det har hänvisats därtill i frågorna eller inte (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 december 1990, SARPP, C‑241/89 , EU:C:1990:459 , punkt , och dom av den 8 juni 2017, Medisanus, C‑296/15 , EU:C:2017:431 , punkt ). Den hänskjutande domstolen har i sin andra fråga hänvisat till artiklarna 160 och 164 i budgetförordningen samt till artiklarna 102 och 104 i förordning nr 966/2012. Det framgår emellertid av svaret på den första frågan att dessa bestämmelser inte är tillämpliga i förevarande mål. Dessa bestämmelser, i vilka principerna för offentlig upphandling anges, har emellertid samma syfte som artikel 18.1 i direktiv 2014/24, av vilken det också följer en skyldighet att iaktta de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Även om värdet av det kontrakt som är i fråga i det nationella målet inte når upp till det tröskelvärde för tillämpning av direktiv 2014/24, som i artikel 4 c i direktivet fastställs till 209000 euro för offentliga varukontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter under den centrala nivån, såsom kommunen Razlog, har bestämmelserna i direktiv 2014/24 genom nationell rätt gjorts direkt och ovillkorligt tillämpliga på situationer som, i likhet med den situation som är aktuell i det nationella målet, normalt faller utanför direktivets tillämpningsområde. Det följer nämligen av artikel 49.2 i lagen om europeiska struktur- och investeringsfonder att lagen om offentlig upphandling, genom vilken direktiv 2014/24 korrekt har införlivats med bulgarisk rätt, är tillämplig på alla förfaranden för offentlig upphandling för vilka medel utgår från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, oberoende av kontraktens värde. När regleringen i nationell lagstiftning av situationer som inte omfattas av en viss unionsrättsakt på ett direkt och ovillkorligt sätt har anpassats till den reglering som har valts i denna rättsakt föreligger det emellertid ett klart unionsintresse av att de bestämmelser som har hämtats från unionsrättsakten ges en enhetlig tolkning. Detta gör det nämligen möjligt att undvika divergerande tolkningar i framtiden och att säkerställa att dessa situationer behandlas på samma sätt som de situationer som omfattas av tillämpningsområdet för nämnda bestämmelser (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 oktober 1990, Dzodzi, C‑297/88 och C‑197/89 , EU:C:1990:360 , punkterna och , dom av den 5 april 2017, Borta, C‑298/15 , EU:C:2017:266 , punkterna och , och dom av den 31 mars 2022, Smetna palata na Republika Bulgaria, C‑195/21 , EU:C:2022:239 , punkt ). Eftersom den andra frågan avser ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, ska det påpekas att artikel 32.2 i direktiv 2014/24, i vilken det i punkterna a–c uppräknas i vilka fall ett sådant förfarande får tillämpas, är relevant för svaret på den andra frågan. Denna uppräkning är för övrigt uttömmande, eftersom det i artikel 26.6 i direktivet preciseras att medlemsstaterna inte får tillåta att det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande tillämpas i andra fall än de som anges i artikel 32 i direktivet (se, analogt, dom av den 8 april 2008, kommissionen/Italien, C‑337/05 , EU:C:2008:203 , punkterna och , och dom av den 15 oktober 2009, kommissionen/Tyskland, C‑275/08 , ej publicerad, EU:C:2009:632 , punkt ). Under dessa omständigheter ska artikel 32.2 a i detta direktiv, jämförd med artikel 18.1 första stycket i samma direktiv, tolkas så, att en upphandlande myndighet, inom ramen för ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, kan vända sig till en enda ekonomisk aktör när detta förfarande, utan väsentliga ändringar, återger de ursprungliga villkoren för det kontrakt som angetts i ett tidigare öppet förfarande som avslutats på grund av att det enda anbud som lämnats var olämpligt och även om kontraktets föremål inte objektivt sett har särdrag som motiverar att genomförandet uteslutande anförtros den aktören. Enligt artikel 32.2 a första stycket i direktiv 2014/24 får detta förfarande bland annat tillämpas för offentlig upphandling av varor om inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats vid ett öppet eller selektivt förfarande, förutsatt att de ursprungliga villkoren för kontraktet inte väsentligt ändrats och att en rapport lämnas till kommissionen, om den så begär. Det framgår således tydligt av denna bestämmelses ordalydelse att en upphandlande myndighet kan tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande när tre kumulativa villkor är uppfyllda. För det första ska vederbörande visa att han inte mottagit något anbud, eller i vart fall inget lämpligt anbud, i ett tidigare öppet eller selektivt upphandlingsförfarande som avslutades av detta skäl. För det andra får det i det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande inte ha skett en väsentlig ändring av de ursprungliga villkoren för kontraktet, såsom de framgick av meddelandet om upphandling i det tidigare öppna eller selektiva förfarandet. För det tredje ska den upphandlande myndigheten vara i stånd att lämna en lägesrapport till kommissionen om denna begär det. Eftersom det sistnämnda villkoret inte är i fråga i förevarande mål, ska innebörden av de två första villkoren för tillämpning av artikel 32.2 a första stycket i direktiv 2014/24 preciseras. Vad gäller det första villkoret framgår det av artikel 32.2 a andra stycket i detta direktiv att ett anbud inte ska anses vara lämpligt om det inte har något samband med kontraktet, eftersom det är uppenbart att det inte utan väsentliga ändringar kan uppfylla den upphandlande myndighetens behov och krav enligt upphandlingsdokumenten. Ett anbud ska nämligen anses olämpligt om det är oacceptabelt i den mening som avses i artikel 26.4 b andra stycket i direktivet, vilken bland annat omfattar förhandlade förfaranden under konkurrens. Enligt den sistnämnda bestämmelsen anses bland annat anbud från anbudsgivare vars pris överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds som oacceptabla. Så är uppenbarligen fallet med ett anbud som, i likhet med det som avses i punkt 25 i förevarande dom, avsåg ett belopp som var mer än två gånger högre än det uppskattade kontraktsvärdet som den upphandlande myndigheten hade valt. När det gäller det andra villkoret för att tillämpa denna bestämmelse förefaller det följa av begäran om förhandsavgörande att den upphandlande myndigheten, inom ramen för det förhandlade förfarande som är aktuellt i det nationella målet, inte har gjort några väsentliga ändringar av de ursprungliga villkoren för kontraktet, vilket det emellertid ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera. Vidare påverkar varken skäl 50 eller artikel 18.1 i direktiv 2014/24 denna bokstavstolkning av artikel 32.2 a i direktivet. Såsom framgår av dess allmänna systematik avser skäl 50 i direktiv 2014/24 nämligen de fall då ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande tillämpas som inte motsvarar det förfarande som avses i artikel 32.2 a i direktivet. När en upphandlande myndighet beslutar att vända sig till en enda ekonomisk aktör inom ramen för ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, som anordnas efter det att ett öppet eller selektivt förfarande misslyckats och som utan väsentliga ändringar återger de villkor som ursprungligen angavs i det meddelande om upphandling som offentliggjordes i det tidigare öppna eller selektiva förfarandet, är ett sådant förhållningssätt dessutom förenligt med de principer för tilldelning av kontrakt som anges i artikel 18.1 första stycket i direktiv 2014/24, även om föremålet för det aktuella kontraktet inte objektivt sett kräver att man ska vända sig till den aktören. I en sådan situation utgör nämligen det tidigare öppna eller selektiva förfarandet, å ena sidan, och det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande, å andra sidan, en odelbar helhet, vilket innebär att det inte kan bortses från den omständigheten att de ekonomiska aktörer som potentiellt är intresserade av kontraktet har haft tillfälle att visa sitt intresse och förfarandet således varit utsatt för konkurrens. Under dessa omständigheter kan ekonomiska aktörer som inte har visat tillbörlig omsorg och inte har lämnat ett lämpligt anbud i ett öppet eller selektivt förfarande inte tvinga den upphandlande myndigheten att inleda förhandlingar med dem inom ramen för det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande. Det var nämligen möjligt för dem att lämna ett anbud inom ramen för det tidigare öppna eller selektiva förfarandet och följaktligen att fullt ut dra nytta av principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. För att kunna visa att kontraktet i fråga inte har utformats i syfte att undanta det från tillämpningsområdet för direktiv 2014/24 eller att på ett konstlat sätt begränsa konkurrensen, såsom krävs enligt artikel 18.1 andra stycket i direktivet, måste den upphandlande myndigheten emellertid kunna bevisa att det pris som myndigheten har kommit överens om med den vinnande anbudsgivaren motsvarar marknadspriset och att det inte överstiger kontraktets uppskattade värde, beräknat i enlighet med föreskrifterna i artikel 5 i direktivet. Härigenom följer den upphandlande myndigheten principen enligt vilken det är den som avser att åberopa ett undantag enligt artikel 32 i nämnda direktiv som har bevisbördan för att de särskilda omständigheter verkligen föreligger som motiverar undantag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 mars 1987, kommissionen/Italien, 199/85 , EU:C:1987:115 , punkt , och dom av den 8 april 2008, kommissionen/Italien, C‑337/05 , EU:C:2008:203 , punkt ). Genom att fastställa att priset för det kontrakt som ingåtts efter det förhandlade förfarandet utan föregående offentliggörande motsvarar marknadspriset, har den upphandlande myndigheten visat att offentliga medel har utnyttjats så effektivt som möjligt, såsom anges i skäl 2 i samma direktiv, och att det därför inte har förekommit någon oegentlighet i den mening som avses i unionslagstiftningen om europeiska struktur- och investeringsfonder (se, analogt, dom av den 26 maj 2016, Județul Neamț och Județul Bacău, C‑260/14 och C‑261/14 , EU:C:2016:360 , punkt , och dom av den 1 oktober 2020, Elme Messer Metalurgs, C‑743/18 , EU:C:2020:767 , punkt ). Mot bakgrund av det ovan anförda ska den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 32.2 a i direktiv 2014/24, jämförd med artikel 18.1 första stycket i samma direktiv, ska tolkas så, att en upphandlande myndighet, inom ramen för ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, kan vända sig till en enda ekonomisk aktör när detta förfarande, utan väsentliga ändringar, återger de ursprungliga villkoren för det kontrakt som angetts i ett tidigare öppet förfarande som avslutats på grund av att det enda anbud som lämnats var olämpligt, även om kontraktets föremål inte objektivt sett har särdrag som motiverar att genomförandet uteslutande anförtros den aktören. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (åttonde avdelningen) följande: 1) Artikel 160.1 och 160.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 102.1 och 102.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28 oktober 2015 ska tolkas så, att de inte är tillämpliga på offentliga upphandlingsförfaranden som anordnas av upphandlande myndigheter i medlemsstaterna, även när dessa kontrakt finansieras med medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. 2) Artikel 32.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i dess lydelse enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170 av den 24 november 2015, jämförd med artikel 18.1 andra stycket i samma direktiv, i dess lydelse enligt delegerad förordning 2015/2170, ska tolkas så, att en upphandlande myndighet, inom ramen för ett förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande, kan vända sig till en enda ekonomisk aktör när detta förfarande, utan väsentliga ändringar, återger de ursprungliga villkoren för det kontrakt som angetts i ett tidigare öppet förfarande som avslutats på grund av att det enda anbud som lämnats var olämpligt, även om kontraktets föremål inte objektivt sett har särdrag som motiverar att genomförandet uteslutande anförtros den aktören. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: bulgariska.

62009TJ0469

fr

Demande d’annulation de la décision 2009/721/CE de la Commission, du 24 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 257, p. 28). Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

62002TJ0080

en

Grounds Legal context 1 Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings (OJ 1989 L 395, p. 1, corrected version in OJ 1990 L 257, p. 13, as amended by Council Regulation (EC) No 1310/97 of 30 June 1997 (OJ 1997 L 180, p. 1), hereinafter the Regulation) provides for a system of control by the Commission of concentrations having a Community dimension as defined by Article 1(2) of the Regulation. 2 Article 2 of the Regulation states: 1. Concentrations within the scope of this Regulation shall be appraised in accordance with the following provisions with a view to establishing whether or not they are compatible with the common market. ... 3. A concentration which creates or strengthens a dominant position as a result of which effective competition would be significantly impeded in the common market or in a substantial part of it shall be declared incompatible with the common market. ... 3 Article 4 of the Regulation requires the party acquiring control, or the parties acquiring joint control, of another undertaking to notify the concentration to the Commission within a week of completing it. 4 Although Article 7(1) of the Regulation provides that a concentration is not to be put into effect either before its notification or until it has been declared compatible with the common market, the implementation of a public bid that has been notified to the Commission may, in accordance with Article 7(3) of the Regulation, proceed provided that the acquirer does not exercise the voting rights attached to the securities in question or does so only to maintain the full value of those investments and on the basis of a derogation granted by the Commission under paragraph 4. 5 Once proceedings have been initiated in respect of a notification, the decision-making powers of the Commission are fixed by Article 8 of the Regulation. That article provides inter alia: 3. Where the Commission finds that a concentration fulfils the criterion laid down in Article 2(3) ..., it shall issue a decision declaring that the concentration is incompatible with the common market. 4. Where a concentration has already been implemented, the Commission may, in a decision pursuant to paragraph 3 or by separate decision, require the undertakings or assets brought together to be separated or the cessation of joint control or any other action that may be appropriate in order to restore conditions of effective competition. Background to the case 6 On 27 March 2001, Tetra Laval SA, a privately held company incorporated under French law and a wholly owned subsidiary of Tetra Laval BV, a holding company belonging to the Tetra Laval group (hereinafter Tetra or the applicant), announced a public bid for all outstanding shares in Sidel SA (hereinafter Sidel), a French publicly quoted company. On the same day, Tetra Laval SA acquired roughly 9.75% of the shares in Sidel from Azeo (5.56%) and Sidel's directors (4.19%). 7 Pursuant to the bid, Tetra acquired approximately 81.3% of the outstanding shares in Sidel. After the closing of the bid, the applicant acquired certain additional shares, making its current holdings roughly 95.20% of the shares and 95.93% of the voting rights in Sidel. 8 On 18 May 2001, the operations by which Tetra acquired its shareholding in Sidel were notified to the Commission. In accordance with Article 7(3) of the Regulation, the applicant undertook not to exercise the voting rights attached to those shares without express authorisation from the Commission. 9 It is agreed by the parties that those operations constitute an acquisition within the meaning of Article 3(1)(b) of the Regulation and have a Community dimension within the meaning of Article 1(2) thereof. 10 On 30 October 2001, the Commission adopted a decision pursuant to Article 8(3) of the Regulation (Decision C (2001) 3345 final, Case No COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel, hereinafter the prohibition decision). 11 Under Article 1 of that decision: The concentration notified to the Commission by Tetra Laval BV ... on 18 May 2000, whereby Tetra would acquire sole control of the undertaking Sidel SA is declared incompatible with the common market and the functioning of the EEA Agreement. 12 On 19 November 2001, following the prohibition decision, the Commission notified to the applicant a statement of objections, pursuant to Article 13(1) of Commission Regulation (EC) No 447/98 of 1 March 1988 on the notifications, time-limits and hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 4064/89 on the control of concentrations between undertakings (OJ 1998 L 61, p. 1), setting out the specific measures which it considered appropriate in order to restore conditions of effective competition. 13 The applicant replied to that statement of objections on 3 December 2001. 14 On 14 December 2001, a hearing was held before the hearing officer, in accordance with Articles 14, 15 and 16 of Regulation No 447/98. 15 On 30 January 2002, the Commission adopted a decision setting out measures in order to restore conditions of effective competition pursuant to Article 8(4) of Council Regulation (EEC) No 4064/89 (Case No COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel), hereinafter the divestiture decision). The divestiture decision, which was notified to the applicant on 4 February 2002, orders Tetra to divest itself of its shares in Sidel and lays down the principles governing that divestiture. 16 Article 1 of the divestiture decision orders the applicant to separate itself from Sidel ... in accordance with the provisions of the Annex to this Decision. 17 Point 1(5) of the Annex to the divestiture decision requires Tetra to divest itself of its entire shareholding in Sidel so that ... neither Tetra nor any directly or indirectly affiliated member of its group hold any equity interest, either directly or indirectly, in Sidel. According to point 2(1) of the Annex, Tetra is not to take any measure to implement the concentration without the Commission's prior written approval in the transitional period pending divestiture, whilst point 2(2) prohibits it from exercising the voting rights attached to the shares or from acquiring shares without such approval. Point 2(8) requires the applicant inter alia to keep the Commission informed in writing on a monthly basis during the transitional period of the developments in negotiations with potential purchasers of Sidel. Point 3(1) deals with the appointment of an independent trustee, whose mandate and appointment are to be subject to the approval of the Commission, and who must have sufficient expertise and powers to monitor the divestiture process and Sidel's viability and effective functioning. Lastly, point 4 of the Annex covers the timing for divestiture, which, under the terms of paragraph 1, includes a specific deadline for its completion. Procedure 18 By application lodged with the Registry of the Court of First Instance on 15 January 2002, the applicant brought an action against the prohibition decision, registered under case number T-5/02. By a separate document lodged the same day, the applicant also applied for an expedited procedure, pursuant to Article 76a of the Rules of Procedure of the Court of First Instance. 19 On 6 February 2002, the First Chamber of the Court of First Instance, to which the case had been assigned, decided to grant the application for the procedure to be expedited in Case T-5/02. 20 By application lodged at the Registry of the Court of First Instance on 19 March 2002, the applicant brought the present action against the divestiture decision and applied for the joinder of the present case with Case T-5/02. By a separate document lodged on the same day, it also requested an expedited procedure, which the Commission, in its observations on that application, lodged on 3 April 2002, agreed was justified. That case was also assigned to the First Chamber of the Court of First Instance. 21 By a separate document also lodged on 19 March 2002 at the Registry of the Court of First Instance, the applicant made an application for interim measures, registered under number T-80/02 R, seeking suspension of the operation of the time-limit for Tetra's divestiture of its holdings in Sidel, as laid down in point 4 of the Annex to the divestiture decision. 22 By way of measures of organisation of procedure, on 19 March 2002 the parties were requested, pursuant to Article 64(3)(e) of the Rules of Procedure, to attend an informal meeting on 4 April 2002 with the Judge-Rapporteur. 23 On 18 April 2002, the First Chamber of the Court of First Instance granted the application for an expedited procedure in the present case and set 26 and 27 June 2002 as the dates for the hearings in Cases T-5/02 and T-80/02. In accordance with the statements by the applicant at the informal meeting, the application to have the present case and Case T-5/02 joined was deemed withdrawn. 24 The Commission lodged its defence on 30 April 2002. 25 Pursuant to the agreement reached between the parties at the hearing on 24 April 2002 in Case T-80/02 R, concerning the postponement of the time-limit fixed for Tetra's divestiture of its shares in Sidel, the applicant withdrew its application for interim measures by letter of 3 May 2002. Case T-80/02 R was, as a result, removed from the register by order of 15 May 2002 of the President of the Court of First Instance, and a decision on costs was reserved. 26 Upon hearing the report of the Judge-Rapporteur, the First Chamber of the Court of First Instance decided, at its meeting on 10 June 2002, to open the oral procedure and, by way of measures of organisation of the procedure, invited the parties to answer a number of written questions notified by letter of 11 June 2002. 27 On 19 June 2002, the parties lodged at the Registry of the Court the speaking notes they had been asked to lodge during the informal meeting and answered the written questions. 28 As one of the Judges of the First Chamber of the Court of First Instance was prevented from attending, the President of the Court designated Judge Pirrung on 24 June 2002, pursuant to Article 32(3) of the Rules of Procedure, in order to attain the quorum necessary to give judgment and rescheduled the two hearings for 3 and 4 July 2002. 29 The parties presented oral argument and answered questions put to them by the Court at the hearing on 3 and 4 July 2002. Forms of order sought 30 Since the conditions stated during the informal meeting for the amendment of the form of order sought have been met, the applicant claims that the Court should: - annul the divestiture decision; - order the Commission to pay the costs. 31 The Commission contends that the Court should: - dismiss the action; - order the applicant to pay the costs. Law 32 The applicant puts forward four pleas in support of its action: first, infringement of its procedural rights; second, lack of legal basis for the divestiture decision as a result of the illegality of the prohibition decision; third, non-applicability of Article 8(4) of the Regulation; and fourth, infringement of the principle of proportionality. The applicant partially abandoned the fourth plea in its speaking notes. 33 By judgment delivered today in Case T-5/02, the Court of First Instance annulled the prohibition decision. Accordingly, it is appropriate to begin by examining the second plea, alleging that there is an inevitable link between the illegality of the prohibition decision and that of the divestiture decision. 34 The applicant claims that the link between the divestiture decision and the prohibition decision arises from both the wording of the divestiture decision, essentially the 10th recital in it, and the fact that the divestiture decision is merely a measure for implementing the prohibition decision, with a view to restoring conditions of effective competition. Since the divestiture decision is dependent upon the prohibition decision, the annulment of the prohibition decision completely deprives the divestiture decision of any legal basis. 35 The Commission contends that the divestiture decision is based on the prohibition decision before its annulment. Accordingly, any subsequent annulment of the prohibition decision has no effect on the validity of the divestiture decision. Thus, if all of the other pleas in the present action were to be dismissed, the illegality of the prohibition decision would not justify annulment of the divestiture decision. The Commission would have to give due effect to the annulment of the prohibition decision, pursuant to Article 233 EC, as interpreted by the Court of Justice (Joined Cases 97/86, 193/86, 99/86 and 215/86 Asteris and Others v Commission [1988] ECR 2181, paragraphs 30 and 32, hereinafter the judgment in Asteris). 36 The Court finds, first of all, that the scheme of the Regulation, and particularly the 16th recital, show that the objective of Article 8(4) is to allow the Commission to adopt all the decisions necessary for the restoration of conditions of effective competition. When, as in the present case, the concentration has been implemented pursuant to Article 7(3) of the Regulation, the separation of the undertakings involved in the concentration is the logical consequence of the decision declaring the concentration incompatible with the common market. 37 However, the adoption of a divestiture decision subsequent to the adoption of a decision declaring a concentration incompatible with the common market presupposes that the latter decision is valid. Since the object of a divestiture decision adopted pursuant to Article 8(4) of the Regulation is to restore conditions of effective competition which have been impeded by the prohibited concentration, it is obvious that its validity is contingent on that of the decision prohibiting the concentration and that, accordingly, annulment of the latter decision completely deprives the divestiture decision of any legal basis. 38 This conclusion is confirmed by the fact that, under Article 8(4) of the Regulation, the divestiture of shareholdings acquired in a concentration transaction can be ordered even in the prohibition decision that has been adopted pursuant to Article 8(3). 39 Moreover, this conclusion is not called into question by the Commission's reference to the judgment in Asteris, cited above. First of all, it should be noted that in that case the Court of Justice confirmed the retroactive effects of judgments by which measures are annulled (paragraph 30). Secondly, the judgment in Asteris concerned in particular the effects which the annulment of a regulation with a clearly defined temporal scope have on provisions of subsequent regulations with the same content as the one found to be illegal. That case thus concerns the scope of the obligation under Article 233 EC on the institution responsible for the adoption of the subsequent regulations to take the necessary measures to comply with the judgment annulling the first regulation. 40 The present case, however, unlike the situation which gave rise to the judgment in Asteris, does not concern regulations containing identical provisions, but rather a divestiture decision which merely gives effect to an earlier prohibition decision. The mere fact that the prohibition decision had not yet been annulled when the divestiture decision was adopted cannot cause the subsequent declaration of annulment of the earlier decision to be deprived of retroactive effect. 41 As stated in paragraph 33 above, the Court has annulled the prohibition decision by its judgment today in Case T-5/02. 42 Since the illegality of the prohibition decision thus leads to the illegality of the divestiture decision, the present action for annulment of the divestiture decision must be upheld and it is not necessary to examine the other pleas raised by the applicant. 43 Accordingly, the divestiture decision is annulled. Decision on costs Costs 44 Under Article 87(2) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party's pleadings. Since the defendant has been unsuccessful and the applicant has asked for the defendant to pay the costs, the latter must be ordered to bear its own costs and to pay those of the applicant, including those relating to the interim proceedings. Operative part On those grounds, THE COURT OF FIRST INSTANCE (First Chamber), hereby: 1. Annuls the Commission Decision of 30 January 2002 setting out measures in order to restore conditions of effective competition pursuant to Article 8(4) of Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings (Case No COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel); 2. Orders the Commission to bear its own costs and to pay those of the applicant, including those relating to the interim proceedings.

62013CJ0183

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Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 17 din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare ( JO L 145, p. 1 , astfel cum a fost modificată prin Directiva 95/7/CE a Consiliului din 10 aprilie 1995, JO L 102, p. 18 , denumită în continuare „A șasea directivă”). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Fazenda Pública (Trezoreria publică), pe de o parte, și Banco Mais SA (denumită în continuare „Banco Mais”), societate de leasing, pe de altă parte, cu privire la regula de calcul care trebuie utilizată pentru a stabili dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată (denumită în continuare „TVA”) datorate sau achitate la achiziționarea de bunuri și de servicii utilizate pentru a efectua atât operațiuni care dau drept de deducere, cât și operațiuni care nu dau drept de deducere (denumite în continuare „bunuri și servicii de folosință mixtă”). Cadrul juridic Dreptul Uniunii Articolul 17 din A șasea directivă, intitulat „Originea și sfera de aplicare a dreptului de deducere”, prevede la alineatele (2) și (5) următoarele: „(2)   În măsura în care bunurile și serviciile sunt utilizate în scopul operațiunilor taxabile ale unei persoane impozabile, persoana impozabilă are dreptul de a deduce din taxa pe care o datorează: (a) [TVA‑ul datorat sau achitat] în statul membru în cauză pentru bunurile care îi sunt sau care urmează a‑i fi livrate și pentru serviciile care îi sunt sau urmează a‑i fi prestate de o altă persoană impozabilă; [...] (5)   În cazul bunurilor și serviciilor utilizate de o persoană impozabilă atât pentru operațiunile care dau drept de deducere prevăzute la alineatele (2) și (3), cât și pentru operațiuni care nu dau drept de deducere, deducerea este permisă numai pentru partea din [TVA] care poate fi atribuită primelor operațiuni. Prorata de deducere se stabilește, pentru toate operațiunile desfășurate de persoana impozabilă, conform articolului 19. Totuși, statele membre pot: (a) să autorizeze persoana impozabilă să stabilească o prorata pentru fiecare sector al activității sale, cu condiția să țină evidențe contabile distincte pentru fiecare sector; (b) să oblige persoana impozabilă să stabilească o prorata pentru fiecare sector al activității sale și să țină evidențe contabile distincte pentru fiecare sector; (c) să autorizeze sau să oblige persoana impozabilă să efectueze deducerea pe baza utilizării tuturor bunurilor și serviciilor sau a unei părți a acestora; (d) să autorizeze sau să oblige persoana impozabilă să efectueze deducerea în conformitate cu norma stabilită la primul paragraf, pentru toate bunurile și serviciile utilizate pentru toate operațiunile prevăzute la paragraful menționat anterior; (e) să prevadă ca, atunci când [TVA‑ul] care nu poate fi dedus [...] de persoana impozabilă este nesemnificativ [...], [acesta] să fie considerat [...] nul [...]” [traducere neoficială] Articolul 19 alineatul (1) din a șasea directivă, intitulat „Calculul proratei de deducere”, prevede: „Prorata de deducere, prevăzută la articolul 17 alineatul (5) primul paragraf, este compusă dintr‑un raport cuprinzând următoarele sume: — la numărător, valoarea totală, fără [TVA], a cifrei de afaceri anuale aferente operațiunilor care dau drept de deducere conform articolului 17 alineatele (2) și (3); — la numitor, valoarea totală, fără [TVA], a cifrei de afaceri anuale aferente operațiunilor incluse la numărător și operațiunilor care nu dau drept de deducere. Statele membre pot include de asemenea la numitor valoarea subvențiilor, altele decât cele specificate la articolul 11 secțiunea A alineatul (1) litera (a). Prorata de deducere se determină anual, se stabilește ca procent și se rotunjește la o cifră care nu depășește următorul număr întreg.” [traducere neoficială] Dreptul portughez Articolul 23 din Codul privind taxa pe valoarea adăugată (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado), în versiunea aplicabilă exercițiului fiscal 2004 (denumit în continuare „CIVA”), prevede: „1.   Atunci când persoana impozabilă, în cadrul activității sale, efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii dintre care o parte nu dă naștere unui drept de deducere, taxa achitată aferentă achizițiilor este deductibilă numai pentru partea corespunzătoare cuantumului anual al operațiunilor care dau naștere unui drept de deducere. 2.   Prin derogare de la dispozițiile alineatului precedent, persoana impozabilă va putea să efectueze deducerea în funcție de utilizarea reală a tuturor bunurilor și serviciilor utilizate sau a unei părți a acestora, cu condiția să informeze în prealabil despre aceasta Direcția generală a impozitelor, fără a aduce atingere posibilității acesteia din urmă de a‑i impune condiții speciale sau de a pune capăt acestei proceduri în cazul unor distorsiuni importante în impozitare. 3.   Administrația fiscală poate obliga persoana impozabilă să procedeze în conformitate cu alineatul precedent: a) când persoana impozabilă desfășoară activități economice distincte; b) când aplicarea procedurii prevăzute la alineatul 1 determină distorsiuni importante în impozitare. 4.   Procentajul de deducere specific vizat la alineatul 1 rezultă dintr‑o fracție care cuprinde, la numărător, valoarea anuală, excluzând taxa, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii care dau naștere dreptului de deducere conform articolului 19 și articolului 20 alineatul 1 și, la numitor, valoarea anuală, excluzând taxa, a tuturor operațiunilor efectuate de persoana impozabilă, inclusiv operațiunile scutite sau care nu intră în domeniul de aplicare al taxei, în special subvențiile neimpozitate care nu sunt subvenții pentru echipamente. 5.   Cu toate acestea, în calculul precedent se face abstracție de livrările de bunuri din activul imobilizat care au fost utilizate în activitatea întreprinderii, precum și de operațiunile imobiliare sau financiare care au un caracter accesoriu în raport cu activitatea exercitată de persoana impozabilă. [...]” Litigiul principal și întrebarea preliminară Banco Mais este o bancă ce desfășoară activități de leasing pentru sectorul autovehiculelor, precum și alte activități financiare. Din dosarul aflat la dispoziția Curții rezultă că, în exercitarea acestor activități, Banco Mais realizează atât operațiuni care dau drept de deducere, cât și operațiuni care nu dau drept de deducere. În acest caz, Banco Mais utilizează bunuri și servicii destinate exclusiv uneia sau celeilalte dintre aceste categorii de operațiuni, precum și bunuri și servicii de folosință mixtă pentru obținerea cărora trebuie să plătească TVA. Pentru exercițiul fiscal 2004, Banco Mais a dedus integral TVA‑ul plătit la achiziționarea bunurilor și serviciilor utilizate exclusiv în scopul realizării de operațiuni care dau drept de deducere, printre care se numărau achizițiile de vehicule necesare pentru activitatea de leasing desfășurată de această bancă. În ceea ce privește bunurile și serviciile de folosință mixtă, Banco Mais a calculat prorata sa de deducere pe baza unei fracții care include, la numărător, încasările percepute cu ocazia operațiunilor financiare care dau drept de deducere la care s‑a adăugat cifra de afaceri generată de operațiunile de leasing care dau drept de deducere, iar la numitor încasările percepute cu ocazia tuturor operațiunilor financiare, la care s‑a adăugat cifra de afaceri generată de toate operațiunile de leasing. În practică, această metodă a determinat Banco Mais să considere că 39 % din TVA‑ul datorat sau achitat pentru bunurile și serviciile respective era deductibil. În urma unui control fiscal efectuat în cursul anului 2007 și care privea exercițiul fiscal 2004, Banco Mais a fost supusă, printr‑o decizie de impunere adoptată de Fazenda Pública din 7 februarie 2008, la plata unui TVA stabilit suplimentar plus dobânzi compensatorii, pentru motivul că metoda utilizată de această societate pentru a stabili dreptul său de deducere condusese la o distorsiune importantă în determinarea cuantumului taxei datorate. În această decizie, Fazenda Pública nu a repus în discuție posibilitatea ca Banco Mais să calculeze prorata sa de deducere în ceea ce privește alte operațiuni de credit ale acesteia decât leasingul prin raportare, în esență, la partea de încasări percepute aferentă unor operațiuni care dau drept de deducere. În schimb, aceasta a apreciat, legat de operațiunile de leasing, că faptul de a fi utilizat drept criteriu partea din cifra de afaceri generată de operațiuni care dau drept de deducere, fără a exclude din această cifră de afaceri partea de rate de leasing încasate care compensau costul de achiziție a vehiculelor, a avut ca efect denaturarea calculului proratei de deducere. Printr‑o acțiune introdusă la 6 mai 2008, Banco Mais a contestat, la Tribunal Tributário de Lisboa, decizia adoptată de Fazenda Pública la 7 februarie 2008. Această instanță a admis acțiunea introdusă de Banco Mais pentru motivul că administrația fiscală interpretase contra legem articolul 23 alineatul 4 din CIVA, întrucât dispoziția menționată prevedea, fără a stabili o excepție în ceea ce privește activitățile de leasing, că prorata care trebuie utilizată pentru bunurile și serviciile de folosință mixtă trebuia calculată prin raportare la partea din cifra de afaceri aferentă operațiunilor care dau drept de deducere. În conformitate cu această dispoziție, Banco Mais ar fi trebuit să i se permită să țină seama de toate ratele de leasing plătite de utilizatori. Fazenda Pública a formulat apel la instanța de trimitere împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță invocând, în esență, că litigiul nu privește interpretarea alineatului 4 al articolului 23 din CIVA, care detaliază regula de deducere prevăzută la alineatul 1 al acestui articol, ci posibilitatea administrației de a impune unei persoane impozabile să stabilească întinderea dreptului său de deducere în funcție de utilizarea bunurilor și a serviciilor în cauză pentru a remedia o distorsiune importantă în impozitare. Astfel, metoda utilizată de Banco Mais, care consta în a include la numărătorul și la numitorul fracției pe baza căreia a stabilit prorata sa de deducere, toate ratele de leasing plătite de clienți în cadrul contractului lor de leasing, ar conduce la o astfel de distorsiune, întrucât, printre altele, partea ratelor de leasing care compensează achiziționarea vehiculelor nu ar reflecta partea reală a cheltuielilor aferente bunurilor și serviciilor de folosință mixtă care poate fi imputată asupra unor operațiuni impozabile. În aceste condiții, Supremo Tribunal Administrativo a decis să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară: „Într‑un contract de leasing financiar, rata plătită de client, care este compusă din amortizarea financiară, dobânzi și alte taxe, trebuie sau nu trebuie inclusă în totalitate la numitorul proratei ori, dimpotrivă, trebuie luate în considerare exclusiv dobânzile, având în vedere că acestea constituie remunerarea activității sau câștigul obținute din activitatea bancară prin intermediul contractului de leasing?” Cu privire la întrebarea preliminară Din elementele dosarului aflat la dispoziția Curții rezultă că litigiul principal are ca obiect legalitatea deciziei adoptate de Fazenda Pública de a recalcula dreptul de deducere al Banco Mais în ceea ce privește bunurile și serviciile de folosință mixtă, prin aplicarea regimului de deducere prevăzut la articolul 23 alineatul 2 din CIVA. Or, potrivit acestei din urmă dispoziții coroborată cu articolul 23 alineatul 3 din CIVA, în cazul unor distorsiuni importante în impozitare, o persoană impozabilă poate fi obligată să efectueze deducerea TVA‑ului în funcție de utilizarea reală a tuturor bunurilor și serviciilor utilizate sau a unei părți a acestora. Astfel, dispoziția menționată reia, în esență, regula determinării dreptului de deducere prevăzută la articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă, care constituie o dispoziție derogatorie în raport cu regula prevăzută la articolul 17 alineatul (5) primul paragraf și la articolul 19 alineatul (1) din această directivă. În consecință, trebuie să se considere, astfel cum a confirmat guvernul portughez în ședință, că articolul 23 alineatul 2 din CIVA constituie o transpunere în dreptul intern al statului membru în cauză a articolului 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă. În aceste condiții, întrebarea adresată trebuie înțeleasă ca privind, în esență, aspectul dacă articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă trebuie interpretat în sensul că se opune posibilității ca un stat membru, în împrejurări precum cele din cauza principală, să oblige o bancă ce desfășoară în special activități de leasing să includă la numărătorul și la numitorul fracției, pe baza căreia se stabilește o unică prorata de deducere pentru toate bunurile și serviciile de folosință mixtă ale acesteia, numai acea parte din ratele de leasing plătite de clienți în cadrul contractelor lor de leasing care corespunde dobânzilor. Potrivit unei jurisprudențe constante, în vederea interpretării unei dispoziții de drept al Uniunii, trebuie să se țină seama atât de termenii acesteia, cât și de contextul său și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte acea dispoziție (Hotărârea SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764 , punctul 34). În speță, articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă prevede că un stat membru poate să autorizeze sau să oblige o persoană impozabilă să efectueze deducerea TVA‑ului pe baza utilizării tuturor bunurilor și serviciilor sau a unei părți a acestora. Având în vedere modul de redactare a acestei dispoziții, un stat membru poate prevedea un regim de deducere care ține seama de utilizarea specială a tuturor bunurilor și serviciilor în cauză sau a unei părți a acestora. În lipsa oricărei alte precizări în A șasea directivă cu privire la regulile care pot fi utilizate în acest caz, revine statelor membre sarcina de a le stabili (a se vedea în acest sens Hotărârea Royal Bank of Scotland, C‑488/07, EU:C:2008:750 , punctul 25, și Hotărârea Crédit Lyonnais, C‑388/11, EU:C:2013:541 , punctul 31). Astfel, pe de o parte, după cum reiese cu claritate din textul articolului 17 alineatul (5) și al articolului 19 alineatul (1) din A șasea directivă, această din urmă dispoziție nu trimite decât la prorata de deducere prevăzută la articolul 17 alineatul (5) primul paragraf din această directivă și, prin urmare, nu stabilește o regulă detaliată de calcul decât pentru situația menționată la acest articol 17 alineatul (5) primul paragraf (a se vedea în acest sens Hotărârea Royal Bank of Scotland, EU:C:2008:750 , punctul 22). Pe de altă parte, deși al doilea paragraf al articolului 17 alineatul (5) din A șasea directivă prevede că această regulă de calcul se aplică tuturor bunurilor și serviciilor de folosință mixtă achiziționate de o persoană impozabilă, al treilea paragraf al acestui articol 17 alineatul (5), care conține de asemenea dispoziția prevăzută la litera (c), începe cu termenul „totuși”, care implică existența unor derogări de la regula menționată (Hotărârea Royal Bank of Scotland, EU:C:2008:750 , punctul 23). Cu toate acestea, în exercitarea posibilității conferite de articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă, de a deroga de la regula de calcul prevăzută de această directivă, orice stat membru trebuie să respecte finalitatea și economia directivei menționate, precum și principiile pe care se întemeiază sistemul comun al TVA‑ului (Hotărârea BLC Baumarkt, C‑511/10, EU:C:2012:689 , punctul 22, și Hotărârea Crédit Lyonnais, EU:C:2013:541 , punctul 52). În această privință, Curtea a amintit că regimul deducerilor urmărește să degreveze în întregime întreprinzătorul de sarcina TVA‑ului datorat sau achitat în cadrul tuturor activităților sale economice. Sistemul comun al TVA‑ului trebuie să garanteze, prin urmare, perfecta neutralitate în ceea ce privește sarcina fiscală corespunzătoare tuturor activităților economice, indiferent de scopurile sau de rezultatele acestora, cu condiția ca, în principiu, aceste activități să fie ele însele supuse la plata TVA‑ului (Hotărârea Royal Bank of Scotland, EU:C:2008:750 , punctul 15). Pe de altă parte, Curtea a decis că articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf din A șasea directivă urmărește să permită statelor membre să țină seama de caracteristicile specifice ale unora dintre activitățile persoanelor impozabile pentru a ajunge la rezultate mai exacte în stabilirea întinderii dreptului de deducere (a se vedea în acest sens Hotărârea Royal Bank of Scotland, EU:C:2008:750 , punctul 24, și Hotărârea BLC Baumarkt, EU:C:2012:689 , punctele 23 și 24). Din cele de mai sus rezultă că, având în vedere, în primul rând, modul de redactare a articolului 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă, în al doilea rând, contextul în care se încadrează această dispoziție, în al treilea rând, principiile neutralității fiscale și proporționalității și, în al patrulea rând, finalitatea articolului 17 alineatul (5) al treilea paragraf din această directivă, orice stat membru care uzează de posibilitatea conferită de articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă trebuie să garanteze că modalitățile de calcul al dreptului la deducere permit stabilirea cu cea mai mare precizie a părții TVA‑ului care este aferentă unor operațiuni care dau drept de deducere (a se vedea în acest sens Hotărârea BLC Baumarkt, EU:C:2012:689 , punctul 23). Astfel, principiul neutralității, inerent sistemului comun al TVA‑ului, impune ca modalitățile de calcul al deducerii să reflecte în mod obiectiv partea reală a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și de servicii de folosință mixtă care poate fi imputată asupra unor operațiuni care dau drept de deducere (a se vedea în acest sens Hotărârea Securenta, C‑437/06, EU:C:2008:166 , punctul 37). În acest scop, A șasea directivă nu se opune ca statele membre să aplice, pentru o operațiune determinată, o altă metodă sau o altă cheie de repartizare decât cea întemeiată pe cifra de afaceri, cu condiția ca această metodă să garanteze o stabilire a proratei de deducere a TVA‑ului achitat în amonte mai exactă decât cea care rezultă din aplicarea metodei întemeiate pe cifra de afaceri (a se vedea în acest sens Hotărârea BLC Baumarkt, EU:C:2012:689 , punctul 24). În această privință, este necesar să se arate că, deși realizarea, de către o bancă, a unor operațiuni de leasing pentru sectorul autovehiculelor precum cele în discuție în litigiul principal poate necesita utilizarea unor bunuri sau servicii de folosință mixtă precum clădiri, consum de electricitate sau anumite servicii transversale, cel mai adesea această utilizare este ocazionată, în primul rând, de finanțarea și de gestionarea contractelor încheiate de finanțator cu clienții săi, iar nu de punerea la dispoziție a vehiculelor. Este de competența instanței de trimitere să se asigure că situația se prezintă astfel în cauza principală. Or, în aceste condiții, calculul dreptului de deducere prin aplicarea metodei întemeiate pe cifra de afaceri, care ține seama de cuantumurile aferente părții din ratele de leasing pe care le plătesc clienții și care au menirea de a compensa punerea la dispoziție a vehiculelor, conduce la stabilirea unei prorate de deducere a TVA‑ului plătite în amonte mai puțin exacte decât cea rezultată din metoda aplicată de Fazenda Pública, întemeiată numai pe partea din ratele de leasing corespunzătoare dobânzilor care constituie contraprestația costurilor legate de finanțarea și de gestionarea contractelor suportate de finanțator, din moment ce aceste ultime două activități determină cea mai mare parte din utilizarea bunurilor și a serviciilor de folosință mixtă în vederea realizării de operațiuni de leasing pentru sectorul autovehiculelor. Având în vedere toate considerațiile de mai sus, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă trebuie interpretat în sensul că nu se opune posibilității ca un stat membru, în împrejurări precum cele din cauza principală, să oblige o bancă ce desfășoară în special activități de leasing să includă la numărătorul și la numitorul fracției pe baza căreia se stabilește o unică prorata de deducere pentru toate bunurile și serviciile de folosință mixtă ale acesteia numai acea parte din ratele de leasing plătite de clienți în cadrul contractelor lor de leasing care corespunde dobânzilor, atunci când utilizarea bunurilor și a serviciilor respective este ocazionată, în primul rând, de finanțarea și de gestionarea contractelor în cauză, ceea ce este de competența instanței de trimitere să verifice. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări. Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declară: Articolul 17 alineatul (5) al treilea paragraf litera (c) din A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare trebuie interpretat în sensul că nu se opune posibilității ca un stat membru, în împrejurări precum cele din cauza principală, să oblige o bancă ce desfășoară în special activități de leasing să includă la numărătorul și la numitorul fracției pe baza căreia se stabilește o unică prorata de deducere pentru toate bunurile și serviciile de folosință mixtă ale acesteia numai acea parte din ratele de leasing plătite de clienți în cadrul contractelor lor de leasing care corespunde dobânzilor, atunci când utilizarea bunurilor și a serviciilor respective este ocazionată, în primul rând, de finanțarea și de gestionarea contractelor în cauză, ceea ce este de competența instanței de trimitere să verifice. Semnături ( *1 ) Limba de procedură: portugheza.

62007TJ0184

ro

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 22 martie 2007 (cauza R 1471/2006‑2) privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a semnului verbal ANEW ALTERNATIVE Date privind cauza Solicitantul mărcii comunitare: Avon Products, Inc. Marca comunitară vizată: Marca verbală ANEW ALTERNATIVE pentru produse din clasa 3 – cererea nr. 4357919 Decizia examinatorului: Refuză înregistrarea Decizia camerei de recurs: Respinge recursul Dispozitivul 1) Respinge acțiunea. 2) Obligă Avon Products, Inc. la plata cheltuielilor de judecată.

62019CJ0282

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των ρητρών 4 και 5 της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 (στο εξής: συμφωνία-πλαίσιο) και έχει προσαρτηθεί στην οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP ( ΕΕ 1999, L 175, σ. 43 ), των άρθρων 1 και 2, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία ( ΕΕ 2000, L 303, σ. 16 ), καθώς και του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, αφενός, των YT, ZU, AW, BY, CX, DZ, EA, FB, GC, IE, JF, KG, LH, MI, NY, PL, HD και OK (στο εξής: ενάγοντες της κύριας δίκης), καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, και, αφετέρου, του Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – MIUR (Υπουργείου Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, Ιταλία, στο εξής: MIUR) και της Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης Καμπανίας, Ιταλία), αφορώσας το αίτημα των εναγόντων της κύριας δίκης για μετατροπή της σύμβασής τους εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Η οδηγία 1999/70 Η αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας 1999/70 έχει ως εξής: «[Τ]α υπογράφοντα μέρη θέλησαν να συνάψουν συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, όπου θα διαγράφονται οι γενικές αρχές και ελάχιστες απαιτήσεις για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και τις εργασιακές σχέσεις· έχουν δείξει την επιθυμία τους να βελτιώσουν την ποιότητα της εργασίας ορισμένου χρόνου, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης, καθώς και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο για να αποτραπεί η κατάχρηση που προκύπτει από διαδοχικές σχέσεις εργασίας ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου.» Η συμφωνία-πλαίσιο Στο δεύτερο εδάφιο του προοιμίου της συμφωνίας-πλαισίου επισημαίνεται ότι τα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου «αναγνωρίζουν ότι οι συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι και θα συνεχίσουν να είναι η γενική μορφή εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων [και ότι] οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποκρίνονται, σε ορισμένες περιστάσεις, στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων». Τα σημεία 6 έως 8 και 10 των γενικών παρατηρήσεων της συμφωνίας-πλαισίου έχουν ως εξής: «6. εκτιμώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου αποτελούν τη γενική μορφή εργασιακών σχέσεων και συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων και βελτιώνουν την απόδοση· 7. εκτιμώντας ότι η χρήση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει αντικειμενικών λόγων είναι ένας τρόπος για να προληφθεί η κατάχρηση· 8. εκτιμώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της απασχόλησης σε ορισμένους τομείς, επαγγέλματα και δραστηριότητες που μπορεί να εξυπηρετεί και τους εργοδότες και τους εργαζομένους· […] 10. εκτιμώντας ότι η παρούσα συμφωνία παραπέμπει στα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των γενικών αρχών της, των ελάχιστων απαιτήσεων και διατάξεων, ώστε να ληφθεί υπόψη η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος, και οι ιδιαίτερες συνθήκες ορισμένων τομέων και επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εποχιακής φύσης». Κατά τη ρήτρα 1 της συμφωνίας-πλαισίου: «Σκοπός της παρούσας συμφωνίας πλαισίου είναι: α) η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με τη διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης· β) η καθιέρωση ενός πλαισίου για να αποτραπεί η κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή εργασιακών σχέσεων ορισμένου χρόνου.» Η ρήτρα 2 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία επιγράφεται «Πεδίο εφαρμογής», προβλέπει στο σημείο 1 τα ακόλουθα: «Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου που έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική σε κάθε κράτος μέλος.» Η ρήτρα 3 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία τιτλοφορείται «Ορισμοί», ορίζει τα εξής: «Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, 1. ως “εργαζόμενος ορισμένου χρόνου” νοείται ένα πρόσωπο που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου συναφθείσα απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας, η ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου ή πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος. […]» Η ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία φέρει τον τίτλο «Αρχή της μη διάκρισης», προβλέπει στο σημείο 1 τα εξής: «Όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.» Η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου με τίτλο «Μέτρα για την αποφυγή κατάχρησης» ορίζει τα ακόλουθα: «1. Για να αποτραπεί η κατάχρηση που μπορεί να προκύψει από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, τα κράτη μέλη, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις ή πρακτική, ή/και οι κοινωνικοί εταίροι, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων, λαμβάνουν κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ειδικών τομέων ή/και κατηγοριών εργαζομένων, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: α) αντικειμενικούς λόγους που να δικαιολογούν την ανανέωση τέτοιων συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας· β) τη μέγιστη συνολική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου· γ) τον αριθμό των ανανεώσεων τέτοιων συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας. 2. Τα κράτη μέλη ύστερα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους ή/και οι κοινωνικοί εταίροι καθορίζουν, όταν χρειάζεται, υπό ποιες συνθήκες οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου: α) θεωρούνται “διαδοχικές”· β) χαρακτηρίζονται συμβάσεις ή σχέσεις αορίστου χρόνου.» Η ρήτρα 8 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία επιγράφεται «Διατάξεις εφαρμογής», προβλέπει τα εξής: «1. Τα κράτη μέλη ή/και οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διατηρήσουν ή να εισαγάγουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους εργαζομένους από τις διατάξεις της παρούσας [συμφωνίας-πλαισίου]. […]» Η οδηγία 2000/78 Η αιτιολογική σκέψη 24 της οδηγίας 2000/78 έχει ως εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δήλωσή της αριθ. 11 σχετικά με το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, η οποία επισυνάπτεται στην τελική πράξη της Συνθήκης του Άμστερνταμ, αναγνώρισε ρητώς ότι σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που απολαμβάνουν στα κράτη μέλη εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας και ότι σέβεται ωσαύτως το καθεστώς των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών ενώσεων. Με αυτή την προοπτική, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ουσιώδεις, θεμιτές και δικαιολογημένες επαγγελματικές απαιτήσεις που ενδέχεται να απαιτούνται για την άσκηση σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.» Το άρθρο 1 της ανωτέρω οδηγίας ορίζει ότι σκοπός της οδηγίας είναι η θέσπιση γενικού πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω, μεταξύ άλλων, θρησκείας ή πεποιθήσεων στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη. Το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, της εν λόγω οδηγίας προβλέπει τα ακόλουθα: «1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει την απουσία άμεσης ή έμμεσης διάκρισης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1: α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1, ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο, β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση ενός προσώπου μιας ορισμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, με μια ορισμένη ειδική ανάγκη, μιας ορισμένης ηλικίας, ή ενός ορισμένου γενετήσιου προσανατολισμού, σε σχέση με άλλα άτομα εκτός εάν, i) η εν λόγω διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα θεμιτό στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία, […] […]». Το ιταλικό δίκαιο Το άρθρο 3, παράγραφοι 4, 7, 8 και 9, του legge n. 186 – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (νόμου αριθ. 186 περί του νομικού καθεστώτος των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα των ιδρυμάτων και των σχολείων όλων των ειδών και βαθμίδων), της 18ης Ιουλίου 2003 (GURI αριθ. 170, της 24ης Ιουλίου 2003), ορίζει τα ακόλουθα: «4.   Κάθε υποψήφιος στον διαγωνισμό πρέπει να διαθέτει το πιστοποιητικό ικανότητας […] που χορηγεί ο κατά τόπον αρμόδιος επίσκοπος και μπορεί να διεκδικήσει μόνο τις θέσεις που είναι διαθέσιμες εντός της οικείας επισκοπής […] 7.   Οι επιτροπές καταρτίζουν τον πίνακα των επιτυχόντων στον διαγωνισμό λαμβάνοντας υπόψη, πέραν του αποτελέσματος των δοκιμασιών, μόνον τα πιστοποιητικά […] Ο περιφερειάρχης εγκρίνει τον πίνακα και αποστέλλει τα ονόματα των προσώπων που μπορούν, βάσει της σειράς κατάταξής τους, να καταλάβουν τις οργανικές θέσεις στον κατά τόπον αρμόδιο επίσκοπο […] Ο περιφερειάρχης αποσπά από τον πίνακα των επιτυχόντων στον διαγωνισμό όσα ονόματα είναι αναγκαία για την κάλυψη των οργανικών θέσεων που θα καταστούν ενδεχομένως κενές κατά την περίοδο ισχύος του διαγωνισμού προκειμένου να τα κοινοποιήσει στον επίσκοπο. 8.   Η πρόσληψη με σύμβαση αορίστου χρόνου γίνεται από τον περιφερειάρχη, κατόπιν διαβούλευσης με τον κατά τόπον αρμόδιο επίσκοπο […] 9.   Στους λόγους καταγγελίας της σχέσης εργασίας τους οποίους προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις προστίθεται η εκ μέρους του κατά τόπον αρμόδιου επισκόπου απόφαση ανάκλησης του πιστοποιητικού ικανότητας η οποία έχει καταστεί εκτελεστή βάσει του κανονικού δικαίου […]». Το άρθρο 36, παράγραφοι 1, 2 και 5, του decreto legislativo n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (νομοθετικού διατάγματος αριθ. 165 περί γενικών κανόνων για την οργάνωση της εργασίας στις δημόσιες αρχές), της 30ής Μαρτίου 2001 (τακτικό συμπλήρωμα στην GURI αριθ. 106, της 9ης Μαΐου 2001), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης της κύριας δίκης (στο εξής: νομοθετικό διάταγμα 165/2001), προέβλεπε τα εξής: «1.   Για την κάλυψη των τακτικών αναγκών τους, οι δημόσιες αρχές προσλαμβάνουν προσωπικό αποκλειστικώς με συμβάσεις μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου […]. 2.   Για την κάλυψη αποκλειστικώς πρόσκαιρων ή εκτάκτων αναγκών, οι δημόσιες αρχές δύνανται, τηρώντας την ισχύουσα διαδικασία πρόσληψης, να προσφεύγουν σε ευέλικτες μορφές συμβάσεων πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού που προβλέπονται από τον αστικό κώδικα και τους νόμους περί σχέσεων μισθωτής εργασίας σε επιχειρήσεις. […] 5.   Εν πάση περιπτώσει και υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε ευθύνης και κυρώσεως που μπορεί να προκύψει, η εκ μέρους δημοσίων αρχών παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου για την πρόσληψη ή την απασχόληση εργαζομένων δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου με τις εν λόγω δημόσιες αρχές. Ο οικείος εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας που προήλθε από την παροχή εργασίας κατά παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.» Το άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 4 bis, του decreto legislativo n. 368 –Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (νομοθετικού διατάγματος αριθ. 368 περί μεταφοράς της οδηγίας 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP), της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 (GURI αριθ. 235, της 9ης Οκτωβρίου 2001), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης της κύριας δίκης (στο εξής: νομοθετικό διάταγμα 368/2001), όριζε τα ακόλουθα: «2.   Εάν η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν της τριακοστής ημέρας, σε περίπτωση συμβάσεως με διάρκεια κάτω των έξι μηνών και εφόσον έχει παρέλθει επίσης ο συνολικός χρόνος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 bis, ή πέραν της πεντηκοστής ημέρας στις λοιπές περιπτώσεις, η σύμβαση λογίζεται ως αορίστου χρόνου από τη λήξη των ως άνω χρονικών περιόδων. […] 4 bis.   […] εάν, λόγω διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την εκτέλεση παρόμοιων καθηκόντων, η συνολική διάρκεια της σχέσης εργασίας μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζομένου υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων και των ανανεώσεων και μη λαμβανομένων υπόψη των τυχόν διαστημάτων μη απασχόλησης που μεσολαβούν μεταξύ των συμβάσεων, η σχέση εργασίας λογίζεται ως αορίστου χρόνου κατά την έννοια της παραγράφου 2 […]» Το άρθρο 10, παράγραφος 4 bis, του νομοθετικού διατάγματος 368/2001 προέβλεπε τα εξής: «[…] από […] την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος εξαιρούνται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες συνάπτονται για την αναπλήρωση διδακτικού και διοικητικού, τεχνικού και επικουρικού προσωπικού, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας διασφαλίσεως της διαρκούς παροχής σχολικής εκπαιδεύσεως, ακόμη και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του διδακτικού και του διοικητικού, τεχνικού και επικουρικού προσωπικού που απασχολείται με σχέσεις εργασίας αορίστου ή και ορισμένου χρόνου. […]» To decreto legislativo n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n o 183 (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 81 περί του οργανικού καθεστώτος των συμβάσεων εργασίας και της αναθεώρησης της νομοθεσίας περί των καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 1, παράγραφος 7, του νόμου 183 της 10ης Δεκεμβρίου 2014), της 15ης Ιουνίου 2015 (τακτικό συμπλήρωμα στην GURI αριθ. 144, της 24ης Ιουνίου 2015) (στο εξής: νομοθετικό διάταγμα 81/2015), το οποίο κατήργησε και αντικατέστησε το νομοθετικό διάταγμα 368/2001, επανέλαβε, κατ’ ουσίαν, στο άρθρο 19, τη διάταξη του άρθρου 5, παράγραφος 4 bis, του τελευταίου νομοθετικού διατάγματος. Το εν λόγω άρθρο 19 προέβλεπε τα ακόλουθα: «1.   Η σύμβαση εργασίας μπορεί να συναφθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες. 2.   Με την επιφύλαξη διαφορετικών όρων των συλλογικών συμβάσεων, […] η διάρκεια των σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζομένου, η οποία προκύπτει από διαδοχικές συμβάσεις συναφθείσες για την εκπλήρωση καθηκόντων της ίδιας βαθμίδας και της αυτής νομικής κατηγορίας, και μη λαμβανομένων υπόψη των διαστημάτων μη απασχόλησης μεταξύ της μίας σύμβασης εργασίας και της επόμενης, δεν δύναται να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες. […] Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των τριάντα έξι μηνών, κατόπιν μίας και μόνης σύμβασης ή διαδοχικών συμβάσεων, η σύμβαση τρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου.» Το άρθρο 29, παράγραφος 2, στοιχείο γʹ, του νομοθετικού διατάγματος 81/2015 επαναλαμβάνει, κατ’ ουσίαν, το περιεχόμενο του άρθρου 10, παράγραφος 4 bis, του νομοθετικού διατάγματος 368/2001, καθόσον ορίζει ότι αποκλείονται επίσης από το πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου III του νομοθετικού διατάγματος 81/2015 σχετικά με την εργασία ορισμένου χρόνου οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτονται με καθηγητές, καθώς και με το διοικητικό, τεχνικό και επικουρικό προσωπικό για την πλήρωση θέσεων αναπληρωτών. Το άρθρο 309 του decreto legislativo n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (νομοθετικού διατάγματος αριθ. 297 περί εγκρίσεως του ενιαίου κειμένου των διατάξεων που διέπουν τον τομέα της εκπαίδευσης και αυτών που αφορούν τα σχολεία όλων των ειδών και βαθμίδων), της 16ης Απριλίου 1994 (τακτικό συμπλήρωμα GURI αριθ. 115, της 19ης Μαΐου 1994, στο εξής: νομοθετικό διάταγμα 297/1994), προβλέπει τα ακόλουθα: «1.   Στα μη πανεπιστημιακά δημόσια σχολεία όλων των ειδών και βαθμίδων, η διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα διέπεται από τη συμφωνία μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Αγίας Έδρας και από το σχετικό πρόσθετο πρωτόκολλο […] καθώς και από τις συμφωνίες που προβλέπονται στο σημείο 5, στοιχείο b, του εν λόγω προσθέτου πρωτοκόλλου. 2.   Για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, ο επικεφαλής του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος προσλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις που υπενθυμίζονται στην παράγραφο 1, το εκπαιδευτικό προσωπικό ετησίως, κατόπιν διαβούλευσης με τον επίσκοπο.» Το άρθρο 399 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος ορίζει ότι η μονιμοποίηση του διδακτικού προσωπικού προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου του διδακτικού προσωπικού των καλλιτεχνικών λυκείων και των ινστιτούτων τέχνης, πραγματοποιείται, για το ήμισυ των κενών θέσεων κάθε σχολικού έτους, μέσω διαγωνισμών βάσει πιστοποιητικών και εξετάσεων και, για το έτερο ήμισυ, προσφεύγοντας σε εφεδρικούς πίνακες διαρκούς ισχύος τους οποίους προβλέπει το άρθρο 401. Αν εξαντληθεί ο πίνακας των επιτυχόντων σε διαγωνισμό βάσει πιστοποιητικών και εξετάσεων και απομένουν θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν βάσει του εν λόγω πίνακα, οι τελευταίες πρέπει να προστεθούν στις θέσεις που αναλογούν στον αντίστοιχο εφεδρικό πίνακα διαρκούς ισχύος. Οι θέσεις αυτές θα επανενταχθούν στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία. Το άρθρο 1, παράγραφος 95, του legge n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (νόμου αριθ. 107 για τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την ανάθεση αρμοδιοτήτων για την αναθεώρηση των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων), της 13ης Ιουλίου 2015 (GURI αριθ. 162, της 15ης Ιουλίου 2015, στο εξής: νόμος 107/2015), προβλέπει ότι, για το σχολικό έτος 2015/2016, το [MIUR] εξουσιοδοτείται να καταρτίσει έκτακτο πρόγραμμα πρόσληψης καθηγητών με συμβάσεις αορίστου χρόνου στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων για την κάλυψη όλων των “εκ του νόμου” θέσεων απασχόλησης τακτικού και επικουρικού προσωπικού, οι οποίες παραμένουν κενές και διαθέσιμες μετά την ολοκλήρωση των μονιμοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν για το εν λόγω σχολικό έτος δυνάμει του άρθρου 399 του νομοθετικού διατάγματος 297/1994, κατόπιν των οποίων καταργούνται οι πίνακες των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς βάσει πιστοποιητικών και εξετάσεων που είχαν δημοσιευθεί πριν από το 2012. Το άρθρο 40, παράγραφοι 1 και 5, της εθνικής συλλογικής σύμβασης για τον τομέα της «εκπαίδευσης», της 29ης Νοεμβρίου 2007, την οποία συμπληρώνει η εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, της 19ης Απριλίου 2018 (τακτικό συμπλήρωμα αριθ. 274 στην GURI αριθ. 292, της 17ης Δεκεμβρίου 2007) (στο εξής: CCNL), ορίζει τα ακόλουθα: «1.   Οι διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφοι 2, 3 και 4, έχουν εφαρμογή στο προσωπικό που προβλέπει το παρόν άρθρο. […] 5.   Οι καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα προσλαμβάνονται βάσει του καθεστώτος του άρθρου 309 του νομοθετικού διατάγματος 297/1994 με ετήσια σύμβαση εργασίας η οποία θεωρείται επιβεβαιωμένη όταν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.» Το άρθρο 25, παράγραφος 3, της CCNL προβλέπει τα εξής: «Οι ατομικές σχέσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων όλων των ειδών και βαθμίδων θεσπίζονται με βάση και διέπονται από ατομικές συμβάσεις, τηρουμένων των νομοθετικών διατάξεων, της νομοθεσίας της Ένωσης και της ισχύουσας εθνικής συλλογικής συμβάσεως.» Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα Οι ενάγοντες της κύριας δίκης είναι καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα οι οποίοι έχουν προσληφθεί από το MIUR και εργάζονται επί πολλά έτη σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εκτιμώντας ότι η σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου είναι παράνομη και διαπιστώνοντας ότι δεν μπόρεσαν να υπαχθούν στον μηχανισμό μονιμοποίησης του άρθρου 399 του νομοθετικού διατάγματος 297/1994, οι ενάγοντες της κύριας δίκης θεωρούν ότι υφίστανται δυσμενή διάκριση σε σχέση με τους καθηγητές άλλων μαθημάτων. Ως εκ τούτου, άσκησαν αγωγή ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου ζητώντας, δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφοι 2 και 4bis, του νομοθετικού διατάγματος 368/2001, τη μετατροπή των υφισταμένων συμβάσεών τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου ή, επικουρικώς, την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Η Federazione GILDA-UNAMS (ομοσπονδία GILDA-UNAMS), επαγγελματική και συνδικαλιστική οργάνωση καθηγητών, η οποία παρενέβη στην κύρια δίκη ως συνδικαλιστική οργάνωση που έχει υπογράψει τη CCNL, υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα υφίστανται δυσμενή διάκριση, διότι, μολονότι διαθέτουν το ίδιο πιστοποιητικό ικανότητας για διδασκαλία όπως οι λοιποί καθηγητές, είναι αδύνατη η μετατροπή της σχέσης εργασίας τους ορισμένου χρόνου σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Το αιτούν δικαστήριο εκτιμά ότι κανένα από τα αιτήματα των εναγόντων της κύριας δίκης δεν μπορεί να γίνει δεκτό βάσει του ιταλικού δικαίου. Συναφώς, διευκρινίζει, κατ’ αρχάς, ότι, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής των εναγόντων της κύριας δίκης, οι αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας τους είχαν συνολική διάρκεια άνω των τριάντα έξι μηνών. Κατά το αιτούν δικαστήριο, μολονότι, για την περίπτωση αυτή, το νομοθετικό διάταγμα 368/2001 προβλέπει, κατ’ αρχήν, τη μετατροπή των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου, το άρθρο 36, παράγραφος 5, του νομοθετικού διατάγματος 165/2001 αποκλείει ρητώς τέτοια μετατροπή στον δημόσιο τομέα. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει, περαιτέρω, ότι, ενώ στην περίπτωση διαδοχικών, χωρίς διακοπή, συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με διάρκεια άνω των τριάντα έξι μηνών είναι επίσης δυνατή, βάσει του άρθρου 36, παράγραφος 5, του νομοθετικού διατάγματος 165/2001, η επιβολή της κύρωσης της αποκατάστασης της ζημίας που υπέστη ο εργαζόμενος λόγω τέτοιας διαδοχής, το άρθρο 10, παράγραφος 4 bis, του νομοθετικού διατάγματος 368/2001, όπως επιβεβαίωσε μεταγενεστέρως το άρθρο 29, παράγραφος 2, του νομοθετικού διατάγματος 81/2015, αποκλείει τέτοια δυνατότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Επιπλέον, το αιτούν δικαστήριο υπογραμμίζει ότι οι ενάγοντες της κύριας δίκης δεν μπόρεσαν να μονιμοποιηθούν ούτε δυνάμει του άρθρου 399 του νομοθετικού διατάγματος 297/1994 ούτε βάσει του νόμου 107/2015, ο οποίος οδήγησε σε γενική τακτοποίηση του επικουρικού εκπαιδευτικού προσωπικού, επιτρέποντας τη σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου. Από τα ανωτέρω στοιχεία συνάγεται, κατά το αιτούν δικαστήριο, ότι, όσον αφορά τους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα σε δημόσια ιδρύματα, το ιταλικό δίκαιο δεν προβλέπει κανένα μέτρο για την πρόληψη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά την έννοια της ρήτρας 5 της συμφωνίας-πλαισίου. Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, συνεπώς, αν το ιταλικό δίκαιο συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης. Συναφώς, επισημαίνει ότι, κατά πάγια νομολογία του Corte suprema di cassazione (Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Ιταλία), το άρθρο 10, παράγραφος 4 bis, του νομοθετικού διατάγματος 368/2001, το οποίο αποτελεί lex specialis, αποκλείει στον τομέα της εκπαίδευσης τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που συνάπτονται για την αναπλήρωση προσωπικού σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει επίσης ότι, κατά το Corte costituzionale (Συνταγματικό Δικαστήριο, Ιταλία), το οποίο πραγματοποίησε έλεγχο συνταγματικότητας του άρθρου 10, παράγραφος 4 bis, του νομοθετικού διατάγματος 368/2001 και του άρθρου 36, παράγραφος 5, του νομοθετικού διατάγματος 165/2001, είναι αδύνατη η μετατροπή σχέσεως εργασίας ορισμένου χρόνου σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα. Κατά το αιτούν δικαστήριο, η νομολογία αυτή αντιβαίνει προς αυτή που απορρέει από την απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, Sciotto ( C‑331/17 , EU:C:2018:859 ), με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, δυνάμει της οποίας δεν εφαρμόζονται στον κλάδο δραστηριότητας των ιδρυμάτων λυρικής τέχνης και συμφωνικής μουσικής οι κανόνες του κοινού δικαίου που διέπουν τις σχέσεις εργασίας και επιβάλλουν, σε περίπτωση καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, την αυτόματη μετατροπή της σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου, στην περίπτωση κατά την οποία η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν μιας συγκεκριμένης διάρκειας, όταν η εσωτερική έννομη τάξη δεν προβλέπει κανένα άλλο αποτελεσματικό μέτρο για την πάταξη των καταχρηστικών πρακτικών που διαπιστώνονται στον κλάδο αυτόν. Τέλος, το αιτούν δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα είναι δυνατή μόνον εάν ο επίσκοπος έχει χορηγήσει «πιστοποιητικό ικανότητας» στον καθηγητή (στο εξής: πιστοποιητικό ικανότητας) και εφόσον το εν λόγω πιστοποιητικό δεν έχει ανακληθεί. Η ανάκληση του πιστοποιητικού ικανότητας συνιστά, επομένως, έγκυρο λόγο απόλυσης, όπερ επίσης αποδεικνύει τον επισφαλή χαρακτήρα της σχέσης εργασίας καθηγητή θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Tribunale di Napoli (πρωτοδικείο Νάπολης, Ιταλία) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Συνιστά η διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσεται μόνο στους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, όπως είναι οι ενάγοντες [της κύριας δίκης], διάκριση για θρησκευτικούς λόγους, κατά την έννοια του άρθρου 21 του Χάρτη […] και της οδηγίας [2000/78], ή μήπως το γεγονός ότι δύναται να ανακληθεί το πιστοποιητικό ικανότητας που διαθέτει ο εργαζόμενος συνιστά ικανό δικαιολογητικό λόγο για τη διαφορετική μεταχείριση μόνο των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, όπως είναι οι ενάγοντες [της κύριας δίκης], σε σχέση με τους λοιπούς διδάσκοντες και τη μη κάλυψη των καθηγητών αυτών από κανένα αποτρεπτικό μέτρο προβλεπόμενο στη ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου […]; 2) Στην περίπτωση που κριθεί ότι υφίσταται άμεση διάκριση, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, της οδηγίας [2000/78] για θρησκευτικούς λόγους (άρθρο 1), καθώς και κατά την έννοια του Χάρτη […], ζητείται από το Δικαστήριο να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τα μέσα που το [αιτούν] δικαστήριο δύναται να χρησιμοποιήσει για την εξάλειψη των συνεπειών της διάκρισης αυτής, λαμβανομένου υπόψη του ότι όλοι οι διδάσκοντες, πλην των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, έχουν ενταχθεί στο έκτακτο πρόγραμμα προσλήψεων που προβλέπεται στον νόμο 107/2015, εξασφαλίζοντας τη μονιμοποίησή τους και, κατά συνέπεια, την κατάρτιση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου· ως εκ τούτου, πρέπει το [αιτούν] δικαστήριο να επιβάλει τη σύσταση σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου με την εναγομένη [της κύριας δίκης] διοικητική αρχή; 3) Έχει η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου […] την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίδικη, βάσει της οποίας οι κανόνες του κοινού δικαίου που διέπουν τις σχέσεις εργασίας και αποσκοπούν στην πάταξη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, μέσω της αυτόματης μετατροπής σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου αν η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν μιας συγκεκριμένης περιόδου, δεν εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, και ειδικότερα στους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η επ’ αόριστον σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου; Ιδίως, μπορεί να συνιστά “αντικειμενικό λόγο”, κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, η ανάγκη σύμφωνης γνώμης του επισκόπου, ή, αντιθέτως, πρέπει να θεωρηθεί ως διάκριση που απαγορεύεται κατά την έννοια του άρθρου 21 του [Χάρτη]; 4) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης επί του τρίτου ερωτήματος, επιτρέπουν το άρθρο 21 του [Χάρτη], η ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου […] ή το άρθρο 1 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ τη μη εφαρμογή των κανόνων που εμποδίζουν την αυτόματη μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου αν η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν μιας συγκεκριμένης περιόδου;» Επί της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου Η Ιταλική Κυβέρνηση, επικαλούμενη το άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, εκτιμά ότι το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί των προδικαστικών ερωτημάτων που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο, διότι τα ερωτήματα αυτά αφορούν τις σχέσεις της έννομης τάξης της Ιταλικής Δημοκρατίας με την ομολογιακή έννομη τάξη, εν προκειμένω αυτή της Καθολικής Εκκλησίας, οι οποίες διέπονται αποκλειστικά από το εσωτερικό δίκαιο. Το άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ επιβάλλει υποχρέωση σεβασμού του καθεστώτος που έχουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων, οι εκκλησίες, υποχρέωση η οποία μεταφράζεται στη μη επέμβαση σε αυστηρώς θρησκευτικά θέματα και η οποία καθιερώθηκε από το ΕΔΔΑ με την απόφαση της 15ης Μαΐου 2012, Fernández Martínez κατά Ισπανίας (CE:ECHR:2012:0515JUD005603007). Εν προκειμένω, η σχέση εργασίας μεταξύ του οικείου σχολικού ιδρύματος και των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα διέπεται από τη συμφωνία περί τροποποιήσεως της συμφωνίας που συνήφθη στις 18 Φεβρουαρίου 1984 μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Αγίας Έδρας (στο εξής: συμφωνία) καθώς και από το σχετικό πρόσθετο πρωτόκολλο. Κατά το σημείο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα παρέχεται από καθηγητές οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλοι από την εκκλησιαστική αρχή και οι οποίοι έχουν διοριστεί, σε συμφωνία με την τελευταία, από τη σχολική αρχή. Κατά τον κανόνα 804, παράγραφος 2, του κώδικα κανονικού δικαίου, ο κατά τόπον αρμόδιος επίσκοπος μεριμνά ώστε οι καθηγητές θρησκευτικών στα σχολεία, ακόμη και στα μη καθολικά, να διακρίνονται για την ορθή τήρηση του δόγματος, τη μαρτυρία χριστιανικής ζωής και τη διδακτική τους ικανότητα. Επομένως, δεν αμφισβητείται ότι υφίσταται σχέση μεταξύ, αφενός, του πιστοποιητικού ικανότητας και, αφετέρου, της πρόσληψης και της συνέχισης της σχέσης εργασίας του καθηγητή θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα. Επομένως, κατά την Ιταλική Κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η ύπαρξη διάκρισης, κατά την έννοια της οδηγίας 2000/78, εις βάρος των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς να επέλθει η συνέπεια της παράβασης της υποχρέωσης μη επεμβάσεως η οποία κατοχυρώνεται ρητώς στο άρθρο 17 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιταλική Κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι, όπως προκύπτει, μεταξύ άλλων, από το άρθρο 9, παράγραφος 2, της συμφωνίας, η διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα είναι προαιρετική, όπερ επιβεβαιώθηκε εξάλλου από το Corte costituzionale (Συνταγματικό Δικαστήριο). Κατά την Ιταλική Κυβέρνηση, ο εν λόγω προαιρετικός χαρακτήρας έχει κατ’ ανάγκην συνέπειες στο καθεστώς που διέπει τη σχέση εργασίας των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα. Η «ζήτηση» για το μάθημα αυτό είναι, μεταξύ άλλων, απρόβλεπτη και εξαιρετικά ευμετάβλητη στον χρόνο, η δε μεταβολή μπορεί να επέλθει εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, δεδομένου ότι η παρακολούθηση του εν λόγω μαθήματος εξαρτάται πλήρως από την επιλογή των μαθητών και/ή των γονέων τους. Η Ιταλική Κυβέρνηση καταλήγει ότι η σχέση εργασίας των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, με αποτέλεσμα το 30 % περίπου των καθηγητών που διδάσκουν θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα να συνάπτει σύμβαση ορισμένου χρόνου. Εξάλλου, η Ιταλική Κυβέρνηση υπενθυμίζει ότι το άρθρο 351 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις συναφθείσες πριν από την 1η Ιανουαρίου 1958 μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφενός, και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου, δεν θίγονται από τις Συνθήκες. Η συμφωνία του 1984 τροποποίησε τη συμφωνία του 1929, της οποίας το άρθρο 36 προέβλεπε ότι η διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα πρέπει να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει την έγκριση της εκκλησιαστικής αρχής ή τα οποία, εν πάση περιπτώσει, διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας χορηγηθέν από τον επίσκοπο και ότι η ανάκληση του πιστοποιητικού αρκεί για να στερήσει τον καθηγητή από την ικανότητά του για διδασκαλία. Συναφώς, υπενθυμίζεται πρώτον ότι, κατά το άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη. Όπως, όμως, έχει κρίνει το Δικαστήριο, η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ως αποτέλεσμα να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/78 η διαφορετική μεταχείριση την οποία ενέχει εθνική νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την αναγνώριση αργίας υπέρ ορισμένων εργαζομένων με σκοπό την παροχή δυνατότητας εορτασμού θρησκευτικής εορτής και να αποκλείεται ο αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος της συμβατότητας της διαφορετικής μεταχειρίσεως αυτής προς την οδηγία (απόφαση της 22ας Ιανουαρίου 2019, Cresco Investigation, C‑193/17 , EU:C:2019:43 , σκέψη ). Ομοίως, η εν λόγω διάταξη δεν συνεπάγεται ότι η ενδεχόμενη διαφορετική μεταχείριση των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα των ανωτέρω ιδρυμάτων, την οποία ενέχει εθνική νομοθετική ρύθμιση προβλέποντας κυρώσεις για την περίπτωση καταχρηστικής συνάψεως διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε σχέση με τους λοιπούς καθηγητές εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής τόσο της οδηγίας όσο και της συμφωνίας-πλαισίου. Πράγματι, αφενός, το γράμμα του άρθρου 17 ΣΛΕΕ αντιστοιχεί, κατ’ ουσίαν, σε εκείνο της δηλώσεως υπ’ αριθ. 11, για το καθεστώς των Εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων, η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Το γεγονός όμως ότι γίνεται ρητή μνεία της εν λόγω δηλώσεως στην αιτιολογική σκέψη 24 της οδηγίας 2000/78 καταδεικνύει ότι ο νομοθέτης της Ένωσης έλαβε κατ’ ανάγκην υπόψη την εν λόγω δήλωση κατά τη θέσπιση της οδηγίας αυτής (απόφαση της 22ας Ιανουαρίου 2019, Cresco Investigation, C‑193/17 , EU:C:2019:43 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Αφετέρου, το άρθρο 17 ΣΛΕΕ εκφράζει, βεβαίως, την ουδετερότητα της Ένωσης όσον αφορά την οργάνωση, από τα κράτη μέλη, των σχέσεών τους με τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες (αποφάσεις της 17ης Απριλίου 2018, Egenberger, C‑414/16 , EU:C:2018:257 , σκέψη · της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, IR, C‑68/17 , EU:C:2018:696 , σκέψη , και της 22ας Ιανουαρίου 2019, Cresco Investigation, C‑193/17 , EU:C:2019:43 , σκέψη ). Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι οι επίμαχες στην κύρια δίκη εθνικές διατάξεις δεν αποσκοπούν στην οργάνωση των σχέσεων κράτους μέλους με τις εκκλησίες, εν προκειμένω με την Καθολική Εκκλησία, αλλά αφορούν τους όρους εργασίας των καθηγητών που διδάσκουν θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 22ας Ιανουαρίου 2019, Cresco Investigation, C‑193/17 , EU:C:2019:43 , σκέψη ). Ασφαλώς, υφίσταται, όπως υποστηρίζει η Ιταλική Δημοκρατία, σχέση μεταξύ, αφενός, του πιστοποιητικού ικανότητας που χορηγείται στους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα και, αφετέρου, της πρόσληψης και της συνέχισης της σχέσης εργασίας των καθηγητών αυτών. Εντούτοις, όχι μόνον η χορήγηση και η ανάκληση του πιστοποιητικού, καθώς και οι συνέπειες της εν λόγω χορήγησης ή ανάκλησης συνδέονται με την πρόσληψη και τη συνέχιση της σχέσης εργασίας των εν λόγω καθηγητών, αλλά επιπροσθέτως η αρμοδιότητα του επισκόπου δεν θίγεται από τις διατάξεις τις οποίες αφορούν τα προδικαστικά ερωτήματα και θα συνεχίσει να υφίσταται, ανεξαρτήτως του αν οι ενάγοντες της κύριας δίκης επιτύχουν ή όχι τη μετατροπή της σύμβασής τους ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Εξάλλου, η εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου στα πραγματικά περιστατικά της κύριας δίκης δεν συνεπάγεται τη διατύπωση κρίσης όσον αφορά τον προαιρετικό χαρακτήρα της διδασκαλίας των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα. Επομένως, στην υπόθεση της κύριας δίκης δεν τίθεται εν αμφιβόλω το «καθεστώς» το οποίο έχουν, δυνάμει του ιταλικού δικαίου, οι εκκλησίες που προβλέπει το άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, όπως, εν προκειμένω, η Καθολική Εκκλησία. Η αρμοδιότητα του Δικαστηρίου στην υπό κρίση υπόθεση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε βάσει του άρθρου 351, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, κατά το οποίο «[τ]α δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1958 ή, για τα κράτη που προσχωρούν, πριν από την ημερομηνία της προσχώρησής τους, μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφενός, και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου, δεν θίγονται από τις Συνθήκες». Υπενθυμίζεται, συναφώς, ότι σκοπός της ανωτέρω διάταξης είναι η παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας σεβασμού των δικαιωμάτων που τα τρίτα κράτη αντλούν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, από τις προγενέστερες αυτές συμβάσεις [γνωμοδότηση 2/15 (Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σινγκαπούρη), της 16ης Μαΐου 2017, EU:C:2017:376 , σημείο και εκεί μνημονευόμενη νομολογία]. Όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 43 των προτάσεών του, η εν λόγω διάταξη δεν είναι κρίσιμη για τη διαδικασία της κύριας δίκης, καθόσον οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την Αγία Έδρα ή συνδέονται με αυτήν αφορούν την αρμοδιότητα των επισκόπων για την έκδοση και ανάκληση του πιστοποιητικού ικανότητας για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, αρμοδιότητα η οποία δεν θίγεται, όπως προκύπτει από τη σκέψη 52 της παρούσας απόφασης, από τις διατάξεις τις οποίες αφορούν τα προδικαστικά ερωτήματα και ειδικότερα η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου. Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να θεωρηθεί ότι το Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί της αιτήσεως για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως. Επί των προδικαστικών ερωτημάτων Με τα ερωτήματά του, τα οποία πρέπει να εξεταστούν από κοινού, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί, αφενός, αν η απαγόρευση των διακρίσεων για θρησκευτικούς λόγους, κατά την οδηγία 2000/78 και το άρθρο 21 του Χάρτη, καθώς και η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση που εξαιρεί τους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή των κανόνων οι οποίοι αποσκοπούν στην πάταξη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και, αφετέρου, αν η ανωτέρω ρήτρα έχει την έννοια ότι η απαίτηση περί πιστοποιητικού ικανότητας χορηγηθέντος από εκκλησιαστική αρχή προκειμένου να επιτραπεί στους καθηγητές να διδάξουν θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα συνιστά «αντικειμενικό λόγο», κατά την έννοια του σημείου 1, στοιχείο αʹ, της ίδιας ρήτρας. Υπενθυμίζεται προκαταρκτικώς ότι, βάσει του άρθρου 1 της οδηγίας 2000/78 και όπως συνάγεται τόσο από τον τίτλο και το προοίμιο όσο και από το περιεχόμενο και τον σκοπό της, η οδηγία αυτή έχει ως σκοπό τον καθορισμό ενός γενικού πλαισίου για την καταπολέμηση, στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, των διακρίσεων για, μεταξύ άλλων, θρησκευτικούς λόγους, προκειμένου να εφαρμοσθεί, εντός των κρατών μελών, η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, παρέχοντας σε όλους αποτελεσματική προστασία έναντι των διακρίσεων οι οποίες βασίζονται, μεταξύ άλλων, στον λόγο αυτόν (πρβλ. απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19 , EU:C:2021:64 , σκέψη ). Επομένως, η εν λόγω οδηγία εξειδικεύει, στον τομέα τον οποίο καλύπτει, τη γενική αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων η οποία κατοχυρώνεται πλέον με το άρθρο 21 του Χάρτη (απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19 , EU:C:2021:64 , σκέψη ). Επομένως, όταν του υποβάλλεται προδικαστικό ερώτημα με αντικείμενο την ερμηνεία της γενικής αρχής περί απαγορεύσεως των διακρίσεων για θρησκευτικούς λόγους, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη, καθώς και των διατάξεων της οδηγίας 2000/78, με τις οποίες εφαρμόστηκε το άρθρο 21 και οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του άρθρου 21, στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ ιδιώτη και δημόσιας διοίκησης, το Δικαστήριο εξετάζει το ερώτημα υπό το πρίσμα και μόνον της οδηγίας αυτής (πρβλ. απόφαση της 13ης Νοεμβρίου 2014, Vital Pérez, C‑416/13 , EU:C:2014:2371 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/78, «η αρχή της ίσης μεταχείρισης» σημαίνει την απουσία άμεσης ή έμμεσης διάκρισης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας. Το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, της οδηγίας διευκρινίζει ότι συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1 της εν λόγω οδηγίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι θρησκευτικοί λόγοι, ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται σε ανάλογη κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο. Βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας, συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση ενός προσώπου μιας ορισμένης θρησκείας σε σχέση με άλλα άτομα. Εξάλλου, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, στο μέτρο που το ΕΔΔΑ, μεταξύ άλλων στην απόφασή του της 15ης Μαΐου 2012, Fernández Martínez κατά Ισπανίας (CE:ECHR:2012:0515JUD005603007), και, ακολούθως, ο Χάρτης δέχονται την ευρεία έννοια του όρου «θρησκεία», καθόσον περιλαμβάνουν στην έννοια αυτή την ελευθερία των προσώπων να εκδηλώνουν τη θρησκεία τους, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η βούληση του νομοθέτη της Ένωσης, κατά την έκδοση της οδηγίας 2000/78, ήταν να ακολουθήσει την ίδια άποψη και ότι, συνεπώς, ο όρος «θρησκεία» στο άρθρο 1 της οδηγίας αυτής έχει την έννοια ότι καλύπτει τόσο το forum internum, δηλαδή την ύπαρξη πεποιθήσεων, όσο και το forum externum, δηλαδή τη δημόσια εκδήλωση της θρησκευτικής πίστεως (απόφαση της 14ης Μαρτίου 2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15 , EU:C:2017:203 , σκέψη ). Εν προκειμένω, από την αίτηση προδικαστικής αποφάσεως προκύπτει ότι, συνεπεία της επίμαχης στην κύρια δίκη εθνικής ρύθμισης, οι καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως είναι οι ενάγοντες της κύριας δίκης, δεν στερούνται λόγω της θρησκείας τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη σύμβασή τους εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και/ή να λάβουν αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αλλά λόγω του ότι, όπως και οι λοιποί καθηγητές των ανωτέρω ιδρυμάτων, εμπίπτουν στον δημόσιο εκπαιδευτικό τομέα. Επιπλέον, μολονότι, εν αντιθέσει προς τους τελευταίους, δεν υπήχθησαν στις διαδικασίες του άρθρου 399 του νομοθετικού διατάγματος 297/1994 ούτε σε εκείνες του εκτάκτου προγράμματος προσλήψεων που προβλέπει ο νόμος 107/2015, η ετήσια διάρκεια της σύμβασης εργασίας τους και όχι το ανωτέρω γεγονός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν τους επετράπη να εγγραφούν στους εφεδρικούς πίνακες, ενώ η εγγραφή αυτή ήταν προαπαιτούμενο για τις μονιμοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν βάσει των πιστοποιητικών διαρκούς ισχύος. Τέλος, η συγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ουδόλως συνδέεται με τη χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας και με την ομολογία πίστης που είναι τα προαπαιτούμενα για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, καθώς και με τη δυνατότητα ανάκλησης του πιστοποιητικού, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν επίσης τους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα που προσλαμβάνονται με σύμβαση αορίστου χρόνου. Επομένως, ακόμη και αν υποτεθεί ότι οι καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ευρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση με τους καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν άλλα μαθήματα στα ίδια ιδρύματα με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο εν λόγω άρθρο 399 ή στο ανωτέρω πρόγραμμα, τέτοια διαφορετική μεταχείριση δεν οφείλεται σε θρησκευτικούς λόγους, αλλά αφορά αποκλειστικά το καθεστώς που διέπει τη σχέση εργασίας. Τέλος, το αιτούν δικαστήριο δεν διερωτήθηκε σχετικά με την ενδεχόμενη ύπαρξη έμμεσης διάκρισης, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2000/78, και η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δεν περιέχει τα στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι το εκ πρώτης όψεως ουδέτερο κριτήριο που περιλαμβάνει η επίμαχη στην κύρια δίκη νομοθετική ρύθμιση θα οδηγούσε, στην πράξη, στο να περιέλθουν τα πρόσωπα συγκεκριμένης θρησκείας σε ιδιαιτέρως μειονεκτική θέση. Αντιθέτως, όπως επισήμανε η Επιτροπή, η προβαλλόμενη από τους ενάγοντες της κύριας δίκης ζημία, η οποία απορρέει αποκλειστικά από την αδυναμία επίκλησης των μέσων προστασίας που προβλέπει το εθνικό δίκαιο για την πάταξη της καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου, αποτελεί αντικείμενο ειδικής ρύθμισης της Ένωσης, ήτοι αυτής που προβλέπει η συμφωνία-πλαίσιο. Υπό τις συνθήκες αυτές, προκειμένου να δοθεί χρήσιμη απάντηση στο αιτούν δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς της οποίας έχει επιληφθεί, τα προδικαστικά ερωτήματα πρέπει να αναδιατυπωθούν αποκλειστικά υπό το πρίσμα των σχετικών διατάξεων της συμφωνίας-πλαισίου και να γίνει δεκτό ότι, με τα ερωτήματά του, το εν λόγω δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που εξαιρεί τους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα από την εφαρμογή των κανόνων οι οποίοι αποσκοπούν στην πάταξη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και αν η απαίτηση περί πιστοποιητικού ικανότητας χορηγηθέντος από εκκλησιαστική αρχή συνιστά «αντικειμενικό λόγο» κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου. Στην περίπτωση κατά την οποία η εθνική ρύθμιση δεν προβλέπει κανένα μέτρο ικανό να αποτρέψει, κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου, ή να πατάξει την κατάχρηση που προκύπτει από τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, το εν λόγω δικαστήριο διερωτάται αν η ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου επιτρέπει τη μη εφαρμογή των κανόνων που εμποδίζουν την αυτόματη μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου, όταν η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν μιας συγκεκριμένης περιόδου. Εισαγωγικώς, υπενθυμίζεται ότι, όπως προκύπτει από το γράμμα της ρήτρας 2, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου, το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας αυτής ορίζεται κατά τρόπο ευρύ, με αναφορά γενικώς στους «εργαζομένους ορισμένου χρόνου που έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική σε κάθε κράτος μέλος». Επιπλέον, ο ορισμός της έννοιας των «εργαζομένων ορισμένου χρόνου» κατά τη συμφωνία-πλαίσιο, που περιλαμβάνεται στη ρήτρα 3, σημείο 1, της συμφωνίας αυτής, καταλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων, χωρίς να κάνει διάκριση ανάλογα με τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του εργοδότη με τον οποίο συνδέονται (διάταξη της 21ης Σεπτεμβρίου 2016, Popescu, C‑614/15 , EU:C:2016:726 , σκέψη ). Καθόσον η συμφωνία-πλαίσιο δεν αποκλείει κανέναν συγκεκριμένο κλάδο από το πεδίο εφαρμογής της, έχει, συνεπώς, εφαρμογή και στο προσωπικό που προσλαμβάνεται στον τομέα της παρεχόμενης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπαίδευσης (πρβλ. απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2014, Mascolo κ.λπ., C‑22/13, C‑61/13, C‑63/13 και C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , σκέψη ). Επομένως, εργαζόμενοι όπως οι ενάγοντες της κύριας δίκης, οι οποίοι απασχολούνται από το MIUR και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισμένο χρόνο, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου. Όσον αφορά τη ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου, υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία, δεδομένου ότι η αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων εφαρμόσθηκε και εξειδικεύθηκε με τη συμφωνία-πλαίσιο αποκλειστικώς όσον αφορά τη διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και των εργαζομένων αορίστου χρόνου οι οποίοι τελούν σε συγκρίσιμη κατάσταση, τυχόν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ορισμένων κατηγοριών προσωπικού ορισμένου χρόνου δεν εμπίπτει στο πεδίο της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων την οποία κατοχυρώνει η συμφωνία αυτή (πρβλ. απόφαση της 21ης Νοεμβρίου 2018, Viejobueno Ibáñez και de la Vara González, C‑245/17 , EU:C:2018:934 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Η ρήτρα 4, ιδίως, της συμφωνίας-πλαισίου αποσκοπεί στην εφαρμογή της εν λόγω αρχής στους εργαζομένους ορισμένου χρόνου ώστε να εμποδίσει τη χρήση μιας τέτοιας σχέσεως εργασίας από τον εργοδότη προκειμένου αυτός να στερήσει από τους ως άνω εργαζομένους τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους εργαζομένους αορίστου χρόνου (απόφαση της 17ης Μαρτίου 2021, Consulmarketing, C‑652/19 , EU:C:2021:208 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Πάντως, το γεγονός ότι ορισμένοι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, όπως οι ενάγοντες της κύριας δίκης, δεν μπορούν να μετατρέψουν τη σύμβαση τους εργασίας σε σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ τούτο είναι δυνατό για καθηγητές άλλων μαθημάτων στον δημόσιο εκπαιδευτικό τομέα οι οποίοι τελούν σε συγκρίσιμη κατάσταση, συνιστά ακριβώς διαφορετική μεταχείριση μεταξύ δύο κατηγοριών εργαζομένων ορισμένου χρόνου. Επομένως, σε μια τέτοια περίπτωση, το αιτούν δικαστήριο δεν μπορεί να αφήσει ανεφάρμοστους τους εθνικούς κανόνες οι οποίοι εμποδίζουν, στην περίπτωση των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, την αυτόματη μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου όταν η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν μιας συγκεκριμένης περιόδου βάσει της ρήτρας 4 της συμφωνίας-πλαισίου, δεδομένου ότι η ανωτέρω κατάσταση δεν εμπίπτει στην εν λόγω ρήτρα. Όσον αφορά τη ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου, υπενθυμίζεται ότι η ρήτρα αυτή επιδιώκει την επίτευξη ενός από τους σκοπούς της συμφωνίας-πλαισίου και συγκεκριμένα τη δημιουργία ορισμένου πλαισίου για τις διαδοχικές συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες θεωρούνται δυνητικώς πηγή καταχρήσεων σε βάρος των εργαζομένων, προβλέποντας τη θέσπιση ορισμένων διατάξεων ελάχιστης προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να περιέρχονται οι μισθωτοί σε κατάσταση αβεβαιότητας (απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19 , EU:C:2021:439 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Πράγματι, όπως προκύπτει από το δεύτερο εδάφιο του προοιμίου της συμφωνίας-πλαισίου, καθώς και από τα σημεία 6 και 8 των γενικών παρατηρήσεών αυτής, η υπέρ του εργαζομένου σταθερότητα της απασχόλησης θεωρείται μείζον στοιχείο της προστασίας των εργαζομένων, ενώ μόνον υπό ορισμένες περιστάσεις μπορούν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων [πρβλ. απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ‐ MIUR κ.λπ. (Πανεπιστημιακοί ερευνητές), C‑326/19 , EU:C:2021:438 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία]. Επομένως, για την αποφυγή της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου επιβάλλει, στο σημείο 1, στα κράτη μέλη την υποχρέωση να θεσπίσουν κατά τρόπο αποτελεσματικό και δεσμευτικό τουλάχιστον ένα από τα απαριθμούμενα σε αυτή μέτρα, όταν δεν υπάρχουν ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα στο εσωτερικό τους δίκαιο. Ως εκ τούτου, τα τρία συνολικώς μέτρα που απαριθμούνται στη ρήτρα 5, σημείο 1, στοιχεία αʹ έως γʹ, αφορούν την ύπαρξη αντικειμενικών λόγων που δικαιολογούν την ανανέωση τέτοιων συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας, τη μέγιστη συνολική διάρκεια αυτών των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας και τον μέγιστο αριθμό των ανανεώσεών τους (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Ως προς το ζήτημα αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν περιθώριο εκτιμήσεως, καθώς έχουν την ευχέρεια είτε να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που απαριθμούνται στη ρήτρα 5, σημείο 1, στοιχεία αʹ έως γʹ, της συμφωνίας-πλαισίου είτε, ακόμη, να αρκεστούν σε υφιστάμενα ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα. Επομένως, η ρήτρα 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου επιτάσσει στα κράτη μέλη την επίτευξη γενικού σκοπού, δηλαδή της πρόληψης τέτοιων καταχρηστικών πρακτικών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μέσα για την επίτευξή του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα διακυβεύουν τον σκοπό ή την πρακτική αποτελεσματικότητα της συμφωνίας-πλαισίου (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Όπως προκύπτει από τη ρήτρα 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου, και σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του προοιμίου της, καθώς και με τα σημεία 8 και 10 των γενικών παρατηρήσεών της, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια, εντός του πλαισίου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας-πλαισίου και εφόσον τούτο δικαιολογείται αντικειμενικά, να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων κλάδων δραστηριοτήτων ή/και ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων (απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, Sciotto, C‑331/17 , EU:C:2018:859 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Εξάλλου, η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου δεν προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις για την περίπτωση που παρά ταύτα διαπιστώνονται καταχρηστικές πρακτικές. Σε μια τέτοια περίπτωση, απόκειται στις εθνικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα που πρέπει να είναι όχι μόνο σύμφωνα προς την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και αρκούντως αποτελεσματικά και αποτρεπτικά για να εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητα των κανόνων που έχουν θεσπισθεί κατ’ εφαρμογήν της συμφωνίας-πλαισίου (πρβλ. απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Συνεπώς, η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου δεν επιβάλλει γενική υποχρέωση στα κράτη μέλη να προβλέπουν τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Πράγματι, η ρήτρα 5, σημείο 2, της συμφωνίας-πλαισίου καταλείπει κατ’ αρχήν στα κράτη μέλη τη μέριμνα να καθορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι συμβάσεις ή οι σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου χαρακτηρίζονται ως αορίστου χρόνου. Κατά συνέπεια, η συμφωνία-πλαίσιο δεν ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνεται χρήση συμβάσεων αορίστου χρόνου (απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19 , EU:C:2021:439 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Ωστόσο, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι τέτοια εθνική ρύθμιση συνάδει προς τη συμφωνία-πλαίσιο, η εσωτερική έννομη τάξη του οικείου κράτους μέλους πρέπει πάντως να προβλέπει έτερο αποτελεσματικό μέτρο για να αποτρέπεται η καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και, αν απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις για την κατάχρηση αυτή (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Επομένως, στην περίπτωση των καταχρηστικών διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής μέτρου που να παρέχει αποτελεσματικές και ισοδύναμες εγγυήσεις για την προστασία των εργαζομένων, ώστε να επιβάλλονται δεόντως κυρώσεις για την κατάχρηση αυτή και να εξαλείφονται οι συνέπειες της παραβάσεως του δικαίου της Ένωσης. Πράγματι, κατά το γράμμα του άρθρου 2, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 1999/70, τα κράτη μέλη οφείλουν να «λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο που να τους επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι σε θέση να διασφαλίζουν τα αποτελέσματα που επιβάλλει η [ως άνω] οδηγία» (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εν προκειμένω, εφόσον αποδειχθεί ότι η επίμαχη στην κύρια δίκη εθνική ρύθμιση δεν προβλέπει άλλο αποτελεσματικό μέτρο για την αποτροπή και την πάταξη των καταχρηστικών πρακτικών που έχουν ενδεχομένως διαπιστωθεί εις βάρος του προσωπικού που διδάσκει θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα στον δημόσιο τομέα, πρόκειται για κατάσταση ικανή να θίξει τον σκοπό και την πρακτική αποτελεσματικότητα της ρήτρας 5 της συμφωνίας-πλαισίου. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι δεν απόκειται στο Δικαστήριο να αποφαίνεται επί της ερμηνείας των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, καθόσον τούτο αποτελεί έργο των αρμοδίων εθνικών δικαστηρίων, τα οποία οφείλουν να κρίνουν κατά πόσον οι απαιτήσεις τις οποίες θέτει η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου πληρούνται από τις διατάξεις της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Συνεπώς, στο αιτούν δικαστήριο απόκειται, εν προκειμένω, να εκτιμήσει εάν και κατά πόσον οι προϋποθέσεις εφαρμογής καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου συνιστούν κατάλληλο μέτρο για την πρόληψη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και, αν απαιτείται, για την επιβολή κυρώσεων για την κατάχρηση αυτή (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Εντούτοις, το Δικαστήριο, αποφαινόμενο επί των αιτήσεων προδικαστικής αποφάσεως, δύναται να παράσχει διευκρινίσεις ώστε να καθοδηγήσει τα αιτούντα δικαστήρια κατά την εκτίμησή τους (απόφαση της 19ης Μαρτίου 2020, Sánchez Ruiz κ.λπ., C‑103/18 και C‑429/18 , EU:C:2020:219 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει, αφενός, ότι η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης εθνική ρύθμιση επιτρέπει την πρόσληψη μεγάλου αριθμού καθηγητών στον δημόσιο τομέα για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς να προβλέπει κανένα από τα όρια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχεία βʹ και γʹ, της συμφωνίας-πλαισίου όσον αφορά τη μέγιστη συνολική διάρκεια των συμβάσεων ή τον αριθμό των ανανεώσεών τους και, αφετέρου, ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί στον εν λόγω τομέα εξαιρούνται ρητώς από το πεδίο εφαρμογής των εθνικών διατάξεων οι οποίες επιτρέπουν τη μετατροπή τέτοιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί διαδοχικώς για περίοδο υπερβαίνουσα ορισμένη διάρκεια, σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, καθώς και, ενδεχομένως, την αποκατάσταση της προκληθείσας από τέτοια διαδοχή ζημίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέσχε το αιτούν δικαστήριο, δεν ισχύουν για τους ενάγοντες της κύριας δίκης οι εφαρμοστέες δυνάμει του άρθρου 399 του νομοθετικού διατάγματος 297/1994 διαδικασίες ούτε οι διαδικασίες του εκτάκτου προγράμματος προσλήψεως εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου το οποίο έθεσε σε εφαρμογή το MIUR, οι οποίες μπορούν, κατά το Δικαστήριο, να εξομοιωθούν με μορφή μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου (απόφαση της 8ης Μαΐου 2019, Rossato και Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, C‑494/17 , EU:C:2019:387 , σκέψεις έως ). Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να εξακριβωθεί αν η σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα μπορεί να δικαιολογηθεί από την ύπαρξη, στο εθνικό δίκαιο, αντικειμενικών λόγων, κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, και, ειδικότερα, αν η χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας από τον επίσκοπο, προκειμένου να επιτραπεί στον καθηγητή θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα να διδάξει το μάθημα αυτό, θα μπορούσε να συνιστά τέτοιον αντικειμενικό λόγο. Πράγματι, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από το σημείο 7 των γενικών παρατηρήσεων της συμφωνίας-πλαισίου, τα συμβαλλόμενα σε αυτή μέρη εκτίμησαν ότι η σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει «αντικειμενικών λόγων» αποτελεί μέσο αποτροπής των καταχρηστικών πρακτικών (απόφαση της 3ης Ιουνίου 2021, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, C‑726/19 , EU:C:2021:439 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Όσον αφορά την έννοια των «αντικειμενικών λόγων», κατά τη ρήτρα 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, η έννοια αυτή αφορά ακριβείς και συγκεκριμένες περιστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν συγκεκριμένη δραστηριότητα και οι οποίες, κατά συνέπεια, μπορούν να δικαιολογήσουν, στο ειδικό αυτό πλαίσιο, τις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι περιστάσεις αυτές μπορούν να οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων για την εκτέλεση των οποίων έχουν συναφθεί οι συμβάσεις αυτές και στα εγγενή χαρακτηριστικά των καθηκόντων αυτών ή, ενδεχομένως, στην επιδίωξη ενός θεμιτού σκοπού κοινωνικής πολιτικής εκ μέρους κράτους μέλους (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Αντιθέτως, μια εθνική διάταξη που θα περιοριζόταν στο να επιτρέπει γενικά και αφηρημένα, μέσω κανόνα προβλεπομένου σε νόμο ή κανονιστική πράξη, τη χρήση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου δεν θα ήταν σύμφωνη προς τις απαιτήσεις που προσδιορίστηκαν στην προηγούμενη σκέψη. Πράγματι, μια τέτοια, αμιγώς τυπική, διάταξη δεν καθιστά δυνατή τη συναγωγή αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων προκειμένου να ελεγχθεί αν η ανανέωση των συμβάσεων αυτών ανταποκρίνεται πράγματι σε μια γνήσια ανάγκη, αν είναι πρόσφορη προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και αν είναι αναγκαία προς τούτο. Μια τέτοια διάταξη ενέχει συνεπώς πραγματικό κίνδυνο καταχρήσεως αυτού του είδους των συμβάσεων, οπότε δεν είναι συμβατή προς τον σκοπό και την πρακτική αποτελεσματικότητα της συμφωνίας-πλαισίου (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψεις και και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Η Ιταλική Κυβέρνηση προβάλλει διάφορα επιχειρήματα προκειμένου να αποδείξει ότι συντρέχουν, εν προκειμένω, σαφείς και συγκεκριμένες περιστάσεις ικανές να δικαιολογήσουν την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα σε δημόσια ιδρύματα, περιστάσεις οι οποίες προκύπτουν κυρίως από τη σχέση μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Αγίας Έδρας, καθώς και από την οργανωτική ευελιξία που απαιτείται για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα. Όσον αφορά την πρώτη πτυχή, η Ιταλική Κυβέρνηση υπογραμμίζει, κατ’ αρχάς, ότι η διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα στα δημόσια σχολεία αποτελεί ιδιαιτερότητα του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η σχέση ειδικής εμπιστοσύνης που πρέπει να υφίσταται μεταξύ του καθηγητή που διδάσκει το εν λόγω μάθημα και του επισκόπου συνεπάγεται ότι ο υποψήφιος για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα αξιολογείται κατ’ ανάγκην από τον ίδιο τον επίσκοπο προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη πρόσκρουση της διδασκαλίας προς τις προδιαγραφές της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Αγίας Έδρας, για τον λόγο δε αυτόν παρέχεται στον επίσκοπο η δυνατότητα να εκτιμά, σε ετήσια βάση, την ικανότητα κάθε καθηγητή. Περαιτέρω, η ανωτέρω κυβέρνηση επικαλείται το γεγονός ότι ένας καθηγητής θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα μπορεί να διδάσκει το μάθημα αυτό μόνο μετά τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας από τον επίσκοπο, με το οποίο αξιολογείται εάν ο καθηγητής πληροί τις προβλεπόμενες από το κανονικό δίκαιο προϋποθέσεις και το αν το πιστοποιητικό μπορεί να διατηρηθεί. Συναφώς, η Ιταλική Κυβέρνηση διευκρινίζει ότι ο «αντικειμενικός λόγος», κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, δεν απορρέει από την ενδεχόμενη ανάκληση τέτοιου πιστοποιητικού, αλλά από την ανάγκη τήρησης της συμφωνίας και την ανάγκη διδασκαλίας των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα κατά τρόπο που να συνάδει με τις αρχές της συμφωνίας, προκειμένου, ιδίως, να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των μαθητών και των γονέων τους. Επιπλέον, συμβάλλοντας, όπως ορίζει η συμφωνία, με πλήρη αυτονομία στον καθορισμό, ιδίως, των προσόντων των καθηγητών, στην αναγνώριση της ικανότητάς τους και στον διορισμό τους, η Καθολική Εκκλησία αναλαμβάνει τα καθήκοντα που συνδέονται με τα ομολογιακά ζητήματα μιας διδασκαλίας την παροχή της οποίας επιτρέπει και διευκολύνει το κράτος χωρίς, ωστόσο, να συμμετέχει σε αυτήν. Η συμφωνία αναγνωρίζει την αξία του θρησκευτικού πολιτισμού και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι αρχές του καθολικισμού αποτελούν μέρος της ιταλικής ιστορικής κληρονομιάς, διατηρώντας παράλληλα την απόσταση που αρμόζει σε ένα κοσμικό, πλουραλιστικό κράτος το οποίο δεν ταυτίζεται με κανένα θρήσκευμα. Όσον αφορά τη δεύτερη πτυχή, η Ιταλική Κυβέρνηση επισημαίνει ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον τομέα της διδασκαλίας των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα διασφαλίζει την απορρέουσα από τον προαιρετικό χαρακτήρα της εν λόγω διδασκαλίας ευελιξία, όπερ επιτρέπει να προσαρμόζεται ο αναγκαίος αριθμός καθηγητών απλώς με τη μη ανανέωση ορισμένων συμβάσεων ετήσιας διάρκειας, αντί με την καταγγελία συμβάσεων αορίστου χρόνου. Η ανωτέρω προσέγγιση, η οποία καθιστά δυνατή την προσήκουσα αντιμετώπιση των διακυμάνσεων στη ζήτηση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, λαμβανομένου υπόψη του προαιρετικού χαρακτήρα του μαθήματος, έχει εγκριθεί από το Corte costituzionale (Συνταγματικό Δικαστήριο) και συμβάλλει, επιπλέον, στη διαφύλαξη των οικονομικών και οργανωτικών συμφερόντων του κράτους. Σε σχέση, πρώτον, με το επιχείρημα το οποίο στηρίζεται στην ειδική σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να υφίσταται μεταξύ του καθηγητή που διδάσκει θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα και του επισκόπου, αρκεί η διαπίστωση ότι η σχέση αυτή αφορά τόσο τους καθηγητές που έχουν συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου όσο και αυτούς που έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου και, ως εκ τούτου, το ανωτέρω επιχείρημα δεν μπορεί να προβληθεί προς δικαιολόγηση της καταχρηστικής σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Όσον αφορά, δεύτερον, τη διατήρηση του ιταλικού θρησκευτικού πολιτισμού και της ιταλικής ιστορικής κληρονομιάς, επισημαίνεται ότι, μολονότι ο σκοπός αυτός μπορεί να θεωρηθεί άξιος συνταγματικής προστασίας, εντούτοις η Ιταλική Κυβέρνηση δεν εξηγεί για ποιον λόγο η επίτευξη του σκοπού αυτού δικαιολογεί την πρόσληψη του 30 % των καθηγητών που διδάσκουν θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (πρβλ. απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, Sciotto, C‑331/17 , EU:C:2018:859 , σκέψη ). Εντούτοις, στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνεται, τρίτον, ότι δεν αποκλείεται η διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα στον δημόσιο τομέα να απαιτεί συνεχή προσαρμογή μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα αυτόν και του αριθμού των δυνητικών χρηστών, όπερ, όπως υπογραμμίζει η Ιταλική Κυβέρνηση, συνεπάγεται για τον εργοδότη προσωρινές ανάγκες πρόσληψης. Συνεπώς, η προσωρινή πρόσληψη εργαζομένου για την κάλυψη προσωρινών και συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη σε προσωπικό μπορεί κατ’ αρχήν να αποτελεί «αντικειμενικό λόγο», κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου (απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, Sciotto, C‑331/17 , EU:C:2018:859 , σκέψη ). Συναφώς, η παροχή υπηρεσίας σχολικής εκπαιδεύσεως πρέπει να οργανώνεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται διαρκώς η ισορροπία μεταξύ του αριθμού των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Δεν μπορεί, πάντως, να αμφισβητηθεί ότι η εξασφάλιση της ισορροπίας αυτής εξαρτάται από πληθώρα παραμέτρων, οι οποίες ενίοτε είναι δυσχερώς ελέγξιμες ή προβλέψιμες, όπως οι ροές της εξωτερικής και της εσωτερικής μετανάστευσης ή η επιλογή κατευθύνσεων σπουδών από τους μαθητές (πρβλ. απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2014, Mascolo κ.λπ., C‑22/13, C‑61/13 έως C‑63/13 και C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , σκέψη ). Οι παράμετροι αυτές επιβεβαιώνουν ότι στον επίμαχο στην κύρια δίκη κλάδο της εκπαίδευσης υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για ευελιξία, η οποία, όπως υπομνήσθηκε στη σκέψη 102 της παρούσας αποφάσεως, μπορεί να αποτελέσει, στον συγκεκριμένο κλάδο, αντικειμενικό λόγο, κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, για τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθεί επαρκώς η ζήτηση σχολικής εκπαίδευσης και να μην εκτεθεί το κράτος, ως εργοδότης στον εν λόγω κλάδο, στον κίνδυνο μονιμοποιήσεως αριθμού εκπαιδευτικών κατά πολύ υψηλότερου αυτού που είναι αναγκαίος για την κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεών του (απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2014, Mascolo κ.λπ., C‑22/13, C‑61/13 έως C‑63/13 και C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , σκέψη ). Αντιθέτως, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μπορούν να ανανεώνονται προς τον σκοπό της πάγιας και διαρκούς άσκησης των καθηκόντων που εμπίπτουν στη συνήθη δραστηριότητα του εκπαιδευτικού κλάδου. Όπως έχει επανειλημμένα κρίνει το Δικαστήριο, η ανανέωση συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών οι οποίες δεν είναι στην πραγματικότητα προσωρινές, αλλά πάγιες και διαρκείς, δεν δικαιολογείται βάσει της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, καθόσον μια τέτοια χρήση των συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου θα ήταν ευθέως αντίθετη προς την παραδοχή επί της οποίας βασίζεται η συμφωνία-πλαίσιο, ότι δηλαδή οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου συνιστούν τη γενική μορφή των σχέσεων εργασίας, έστω και αν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της απασχολήσεως σε ορισμένους τομείς ή για ορισμένα επαγγέλματα και δραστηριότητες (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Επομένως, για την τήρηση της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου πρέπει να διαπιστώνεται συγκεκριμένα ότι η ανανέωση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου αποσκοπεί στην κάλυψη προσωρινών αναγκών και ότι διάταξη εθνικής νομοθεσίας όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης δεν χρησιμοποιείται, στην πραγματικότητα, για να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του εργοδότη σε προσωπικό (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Προς τούτο, πρέπει να εξετάζονται, στην κάθε περίπτωση, όλες οι προκείμενες περιστάσεις, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, του αριθμού των εν λόγω διαδοχικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με το ίδιο πρόσωπο ή για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κατάχρησης από τους εργοδότες των συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, έστω και αν αυτές συνάπτονται φαινομενικά για την κάλυψη ανάγκης σε αναπληρωματικό προσωπικό (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Σε περίπτωση που συντρέχει «αντικειμενικός λόγος» κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου αποκλείεται, κατ’ αρχήν, η ύπαρξη καταχρήσεως, εκτός εάν από τη συνολική εξέταση των περιστάσεων της ανανεώσεως των οικείων συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προκύπτει ότι οι παροχές που αξιώνονται από τον εργαζόμενο δεν αντιστοιχούν σε προσωρινή μόνον ανάγκη (απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2014, Mascolo κ.λπ., C‑22/13, C‑61/13 έως C‑63/13 και C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , σκέψη ). Συνεπώς, το γεγονός ότι η επίμαχη στις κύριες δίκες εθνική κανονιστική ρύθμιση μπορεί να δικαιολογηθεί από «αντικειμενικό λόγο» κατά την έννοια της προαναφερθείσας διατάξεως δεν εξασφαλίζει τη συμβατότητα της ρυθμίσεως αυτής προς το δίκαιο της Ένωσης, εφόσον προκύπτει ότι η εφαρμογή της ρυθμίσεως σε μια συγκεκριμένη περίπτωση καταλήγει εν τοις πράγμασι σε καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2014, Mascolo κ.λπ., C‑22/13, C‑61/13 έως C‑63/13 και C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , σκέψη ). Ωστόσο, αφενός, η επίδικη στην κύρια δίκη εθνική ρύθμιση δεν εξαρτά από καμιά προϋπόθεση τέτοιας φύσεως την παρέκκλιση που εισάγει από τους εφαρμοστέους στις συμβάσεις εργασίας κανόνες του κοινού δικαίου οι οποίοι αποσκοπούν στην πάταξη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Αφετέρου, η σύναψη των επίμαχων στην κύρια δίκη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας φαίνεται να μην ανταποκρίνεται σε απλές προσωρινές ανάγκες του εργοδότη, αλλά να εμπίπτει μάλλον στις ανάγκες της εκ μέρους του συνήθους διαχείρισης. Επιπλέον, οι διάφορες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με τις οποίες προσελήφθησαν οι ενάγοντες της κύριας δίκης οδήγησαν στην εκτέλεση παρόμοιων, αν όχι ίδιων, καθηκόντων επί πολλά έτη, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι η σχέση αυτή εργασίας ικανοποίησε ανάγκη η οποία δεν ήταν προσωρινή αλλά, αντιθέτως, διαρκής, όπερ εναπόκειται πάντως στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. Όσον αφορά, τέταρτον, το επιχείρημα το σχετικό με τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους, υπενθυμίζεται ότι το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι οι λόγοι δημοσιονομικής φύσεως μπορούν να αποτελούν το έρεισμα των επιλογών κράτους μέλους σε σχέση με την κοινωνική του πολιτική και να επηρεάζουν τη φύση και το εύρος εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής προστασίας που επιθυμεί να θεσπίσει, πλην όμως δεν αποτελούν αυτοί καθεαυτούς τον επιδιωκόμενο με την πολιτική αυτή σκοπό και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την απόλυτη έλλειψη μέτρων που αποτρέπουν την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου (απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, Sciotto, C‑331/17 , EU:C:2018:859 , σκέψη ). Όσον αφορά, πέμπτον, το ζήτημα αν η ανάγκη χορήγησης του πιστοποιητικού ικανότητας το οποίο πρέπει να διαθέτουν οι καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα για τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού μπορεί να συνιστά «αντικειμενικό λόγο», κατά την έννοια της ρήτρας 5, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, διαπιστώνεται ότι από τη δικογραφία που έχει στη διάθεσή του το Δικαστήριο προκύπτει ότι το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται άπαξ, κατά το χρονικό σημείο κατά το οποίο η σχολική αρχή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων, και ανεξαρτήτως της διάρκειας της σύμβασης εργασίας του οικείου καθηγητή θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα. Επομένως, η χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού σε όλους τους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, είτε έχουν συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου είτε σύμβαση ορισμένου χρόνου, αποτελεί, όπως αναφέρθηκε στη σκέψη 64 της παρούσας απόφασης, πτυχή ανεξάρτητη από τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα. Ομοίως, η ανάκληση του πιστοποιητικού ικανότητας συνιστά λόγο καταγγελίας της σχέσεως εργασίας τόσο των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα που έχουν μονιμοποιηθεί όσο και εκείνων οι οποίοι, όπως οι ενάγοντες της κύριας δίκης, έχουν απλώς σύμβαση ορισμένου χρόνου και, ως εκ τούτου, δεν συνιστά «αντικειμενικό λόγο», κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου. Τέλος, στο μέτρο που η χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας δεν συνδέεται με τη θέσπιση μέτρων που αναγνωρίζονται ως επιδιώκοντα θεμιτούς σκοπούς κοινωνικής πολιτικής, όπως τα μέτρα προστασίας της κυήσεως και της μητρότητας ή του συμβιβασμού μεταξύ του επαγγελματικού και του οικογενειακού βίου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί την επιδίωξη σκοπού κοινωνικής πολιτικής, δεδομένου ότι η έννοια του «αντικειμενικού λόγου» που περιλαμβάνεται στη ρήτρα 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου εμπερικλείει, όπως προκύπτει από τη νομολογία που υπομνήσθηκε στη σκέψη 93 της παρούσας αποφάσεως, την επιδίωξη τέτοιου σκοπού (πρβλ. απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2014, Mascolo κ.λπ., C‑22/13, C‑61/13 έως C‑63/13 και C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , σκέψεις και και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Επομένως, το πιστοποιητικό ικανότητας δεν συνιστά «αντικειμενικό λόγο», κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου. Ως εκ τούτου, υπό την επιφύλαξη ότι δεν υφίστανται «ισοδύναμα νομοθετικά μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων», κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει, εθνική ρύθμιση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα στον δημόσιο τομέα όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη δεν είναι ικανή να αποτρέψει ή να πατάξει την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Απόκειται, συναφώς, στις δικαιοδοτικές αρχές του οικείου κράτους μέλους να εξασφαλίσουν την τήρηση της ρήτρας 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου, μεριμνώντας ώστε οι εργαζόμενοι εις βάρος των οποίων σημειώθηκε κατάχρηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου να μην αποτρέπονται, λόγω της ελπίδας τους να συνεχίσουν να απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, από το να προβάλλουν ενώπιον των εθνικών αρχών, περιλαμβανομένων και των δικαιοδοτικών, τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή εκ μέρους της εθνικής νομοθεσίας όλων των αποτρεπτικών μέτρων που προβλέπει η ρήτρα 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου (απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2018, Sciotto, C‑331/17 , EU:C:2018:859 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Ειδικότερα, στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει τις κρίσιμες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου, κατά το μέτρο του δυνατού και εφόσον έχει γίνει καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τρόπον ώστε να επιβληθεί η προσήκουσα κύρωση για την κατάχρηση αυτή και να εξαλειφθούν οι συνέπειες της παραβίασης του δικαίου της Ένωσης [απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 2021, M.Β. κ.λπ. (Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα), C‑760/18 , EU:C:2021:113 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία]. Εν προκειμένω, δεδομένου ότι η επίδικη στην κύρια δίκη εθνική ρύθμιση περιέχει κανόνες εφαρμοστέους στις συμβάσεις εργασίας του κοινού δικαίου οι οποίοι αποσκοπούν στην πάταξη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, προβλέποντας την αυτόματη μετατροπή της σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου όταν η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν μιας συγκεκριμένης περιόδου, η εφαρμογή τέτοιων κανόνων στην υπόθεση της κύριας δίκης θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει μέτρο για την αποτροπή τέτοιας κατάχρησης, κατά την έννοια της ρήτρας 5 της συμφωνίας-πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται εντούτοις ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η ρήτρα 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου δεν είναι απαλλαγμένη αιρέσεων και αρκούντως ακριβής, ώστε να μπορούν οι ιδιώτες να την επικαλούνται ενώπιον εθνικού δικαστηρίου. Επομένως, δεν είναι δυνατή η επίκληση, αυτής καθεαυτήν, διάταξης του δικαίου της Ένωσης χωρίς άμεσο αποτέλεσμα, στο πλαίσιο διαφοράς σχετικής με το δίκαιο της Ένωσης, για να αποκλειστεί η εφαρμογή ρύθμισης του εθνικού δικαίου που αντιβαίνει στη διάταξη αυτή. Ως εκ τούτου, τα εθνικά δικαστήρια δεν είναι υποχρεωμένα να αφήνουν ανεφάρμοστη διάταξη του εθνικού δικαίου που αντιβαίνει στην εν λόγω ρήτρα (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Κατόπιν της διευκρινίσεως αυτής, υπενθυμίζεται ότι, κατά την εφαρμογή του εσωτερικού δικαίου, τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να το ερμηνεύουν κατά το μέτρο του δυνατού με γνώμονα το γράμμα και τον σκοπό της οικείας οδηγίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με την οδηγία και, κατά συνέπεια, να τηρείται το άρθρο 288, τρίτο εδάφιο, ΣΛΕΕ (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Η υποχρέωση σύμφωνης προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνείας του εθνικού δικαίου είναι πράγματι συμφυής προς το σύστημα της Συνθήκης ΛΕΕ, καθόσον επιτρέπει στα εθνικά δικαστήρια να διασφαλίζουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, την πλήρη αποτελεσματικότητα του δικαίου της Ένωσης όταν αποφαίνονται επί των διαφορών των οποίων έχουν επιληφθεί [απόφαση της 11ης Φεβρουαρίου 2021, M.Β. κ.λπ. (Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα), C‑760/18 , EU:C:2021:113 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία]. Βεβαίως, η υποχρέωση του εθνικού δικαστηρίου να αναφέρεται στο περιεχόμενο μιας οδηγίας όταν ερμηνεύει και εφαρμόζει τους σχετικούς κανόνες του εσωτερικού δικαίου έχει ως όρια τις γενικές αρχές του δικαίου, ιδίως τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της μη αναδρομικότητας, και δεν μπορεί να αποτελέσει έρεισμα για την contra legem ερμηνεία του εθνικού δικαίου (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Η αρχή της σύμφωνης ερμηνείας επιβάλλει εντούτοις στα εθνικά δικαστήρια να πράττουν ό,τι είναι δυνατόν εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του εσωτερικού δικαίου και εφαρμόζοντας τις αναγνωρισμένες από το δίκαιο αυτό μεθόδους ερμηνείας, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικότητα της οικείας οδηγίας και να καταλήγουν σε λύση σύμφωνη προς τον σκοπό που επιδιώκει η οδηγία αυτή (απόφαση της 24ης Ιουνίου 2021, Obras y Servicios Públicos και Acciona Agua, C‑550/19 , EU:C:2021:514 , σκέψη και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Επομένως, στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να εξακριβώσει αν είναι δυνατή τέτοια σύμφωνη ερμηνεία των εθνικών διατάξεων. Λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ανωτέρω σκέψεων, στα υποβληθέντα ερωτήματα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου έχει την έννοια, αφενός, ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που εξαιρεί τους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα από την εφαρμογή των κανόνων οι οποίοι αποσκοπούν στην πάταξη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον η εσωτερική έννομη τάξη δεν προβλέπει κανένα άλλο αποτελεσματικό μέτρο για την πάταξη της εν λόγω κατάχρησης που διαπιστώνεται στον κλάδο αυτόν, και, αφετέρου, ότι η απαίτηση περί πιστοποιητικού ικανότητας χορηγηθέντος από εκκλησιαστική αρχή, προκειμένου να επιτραπεί στους εν λόγω καθηγητές να διδάξουν θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα, δεν συνιστά «αντικειμενικό λόγο», κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, δεδομένου ότι το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται άπαξ και όχι πριν από την έναρξη κάθε σχολικού έτους κατά την οποία συνάπτεται η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται: Η ρήτρα 5 της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, έχει την έννοια, αφενός, ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση που εξαιρεί τους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα από την εφαρμογή των κανόνων οι οποίοι αποσκοπούν στην πάταξη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον η εσωτερική έννομη τάξη δεν προβλέπει κανένα άλλο αποτελεσματικό μέτρο για την πάταξη της εν λόγω κατάχρησης που διαπιστώνεται στον κλάδο αυτόν και, αφετέρου, ότι η απαίτηση περί πιστοποιητικού ικανότητας χορηγηθέντος από εκκλησιαστική αρχή προκειμένου να επιτραπεί στους εν λόγω καθηγητές να διδάξουν θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα δεν συνιστά «αντικειμενικό λόγο», κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο αʹ, της συμφωνίας-πλαισίου, δεδομένου ότι το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται άπαξ και όχι πριν από την έναρξη κάθε σχολικού έτους κατά την οποία συνάπτεται η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.

62019CJ0206

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Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 18 FEUF, 49 FEUF, 63 FEUF och 345 FEUF. Begäran har framställts i ett mål mellan ”KOB” SIA, ett bolag etablerat i Lettland, och Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (omprövningsnämnden i kommunen Madona, Lettland), angående omprövningsnämndens beslut att avslå KOB:s ansökan om förvärv av jordbruksmark. Tillämpliga bestämmelser Unionsrätt Artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden ( EUT L 376, 2006, s. 36 ) har följande lydelse: ”I detta direktiv fastställs de allmänna bestämmelser som skall underlätta utövandet av etableringsfriheten för tjänsteleverantörer och den fria rörligheten för tjänster, samtidigt som tjänsternas höga kvalitetsnivå bibehålls.” Artikel 2.1 i direktivet har följande lydelse: ”Detta direktiv skall tillämpas på tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer som är etablerade i en medlemsstat.” I artikel 4 i nämnda direktiv anges följande: ”I detta direktiv används följande definitioner: … 5. etablering : tjänsteleverantörens faktiska utövande av en ekonomisk verksamhet enligt artikel 43 i fördraget under en obegränsad tid och genom en stabil infrastruktur varifrån näringsverksamhet för att tillhandahålla tjänster faktiskt bedrivs. 6. tillståndsförfarande : förfarande som innebär att en tjänsteleverantör eller tjänstemottagare måste vända sig till en behörig myndighet för att erhålla ett formellt eller ett indirekt beslut om att få tillträde till eller utöva en tjänsteverksamhet. …” I artikel 9 i samma direktiv, med rubriken ”Tillståndsförfaranden”, föreskrivs följande i punkt 1: ”Medlemsstaterna får endast kräva tillstånd för tillträde till och utövande av tjänsteverksamhet om följande villkor är uppfyllda: a) Tillståndsförfarandet diskriminerar inte tjänsteleverantören i fråga. …” Artikel 10 i direktiv 2006/123 har följande lydelse: ”1.   Tillståndsförfaranden skall grundas på kriterier som hindrar de behöriga myndigheterna från att göra en godtycklig bedömning. 2.   De kriterier som avses i punkt 1 skall vara a) icke-diskriminerande, …” I artikel 14 i direktivet, med rubriken ”Otillåtna krav”, föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna får inte ställa något av följande krav för att tillåta tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet på landets territorium: 1. Diskriminerande krav som direkt eller indirekt grundar sig på nationalitet eller, i fråga om företag, platsen för dess säte, och i synnerhet … b) krav på att tjänsteleverantören, dess personal, aktie- eller andelsägare eller medlemmar i ledning och styrelse skall vara bosatta på landets territorium. …” Lettisk rätt I artikel 28 första stycket punkt 2 i likums ”Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (lagen om privatisering av mark inom landsbygdsområdena, Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs , 1992, nr 32–34) föreskrivs att juridiska personer ”får förvärva äganderätten till jordbruksmark och mark som främst är avsedd att användas för jordbruk, och en andel av samäganderätten till sådan mark … [under förutsättning att de] uppfyller samtliga nedanstående villkor: … b) Parterna ska skriftligen intyga att marken, om den har varit föremål för direkt betalning under föregående år eller innevarande år, kommer att börja användas för jordbruksverksamhet inom ett år från det att den förvärvades, och garanterar att denna verksamhet ska vara varaktig, eller, om marken inte har varit föremål för direkt betalning under föregående år eller innevarande år, att de kommer att börja bruka marken för jordbruksändamål inom tre år efter förvärvet, samt garanterar att denna verksamhet ska vara varaktig. … f) Ägaren eller ägare som tillsammans företräder mer än hälften av det röstberättigade kapitalet i bolaget och samtliga personer som har rätt att företräda bolaget är medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiziska edsförbundet, ska förfoga över ett intyg om registrering som unionsmedborgare och en handling som styrker kunskaper i det officiella språket på en nivå som motsvarar minst B2.” Enligt artikel 25 i Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 ”Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā” (ministerrådets dekret nr 675 om förfarandet för inresa och vistelse i Lettland för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar) av den 30 augusti 2011 ( Latvijas Vēstnesis , 2011, nr 141) måste en unionsmedborgare, som vill bosätta sig i Lettland i mer än tre månader, registrera sig vid Myndigheten för migrations- och medborgarskapsfrågor (Lettland) och få ett intyg om registrering. Metoderna för att kontrollera kunskaperna i Republiken Lettlands officiella språk fastställs i Ministru kabineta noteikumi Nr. 733 ”Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” (Ministerrådets dekret nr 733 om kunskapsnivån för det officiella språket, om förfarandena för att kontrollera denna kunskap för utförandet av uppgifterna inom ett yrke eller en anställning, om beviljande av ett permanent uppehållstillstånd, och om beviljande av status som stadigvarande bosatt inom EU, samt om de officiella avgifterna för kontroll av kunskaperna i det officiella språket) av den 7 juli 2009 ( Latvijas Vēstnesis , 2009, nr 110). Enligt detta dekret krävs det, för att en person ska kunna hävda B2-kunskaper i detta språk, att vederbörande kan föra samtal om vardagliga och yrkesrelaterade ämnen. Det nationella målet och tolkningsfrågan KOB är ett bolag med säte i Lettland som bedriver jordbruksverksamhet. Bolagets styrelse består av en enda person, nämligen VP, en tysk medborgare som även har rätt att ensam företräda bolaget. Tre andra bolag som är registrerade i Lettland och som ägs av tyska medborgare innehar andelar i KOB. De verkliga huvudmännen i KOB är VP och ZT. Den senare är också tysk medborgare. Den 10 januari 2018 ingick KOB ett avtal om köp av jordbruksmark på 8,10 hektar och ansökte hos de behöriga nationella myndigheterna om tillstånd till detta förvärv. Genom beslut av den 6 april 2018 avslog nämnden för överklaganden i förvaltningsärenden i Madona kommun ansökan om godkännande av förvärvet. Till stöd för sin talan mot detta beslut vid den hänskjutande domstolen (Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (förvaltningsdomstol på distriktsnivå, avdelningen i Riga, Lettland)), har KOB gjort gällande att den lettiska lagstiftning som reglerar villkoren för godkännande av förvärv av jordbruksmark, strider mot förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, och mot grundläggande friheter i artiklarna 18 FEUF, 49 FEUF och 63 FEUF samt artikel 45 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den hänskjutande domstolen har i detta avseende påpekat att lettisk rätt tillåter en juridisk person att förvärva jordbruksmark i Lettland. När en juridisk person företräds eller kontrolleras av en medborgare i en annan medlemsstat måste emellertid två villkor vara uppfyllda. För det första ska den utländske medborgaren registrera sig som unionsmedborgare i Lettland, vilket innebär att vederbörande önskar vistas där i mer än tre månader. För det andra måste den utländska medborgaren bevisa att vederbörande uppfyller kunskapsnivå B2 i det lettiska språket, vilket innebär att han eller hon ska kunna föra ett samtal om ett yrkesrelaterat ämne. Samma villkor gäller för medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiziska edsförbundet. Den hänskjutande domstolen anser att denna lagstiftning väcker frågor om dess förenlighet med unionsrätten. Den har särskilt, med hänvisning till punkt 80 i domen av den 24 maj 2011, kommissionen/Belgien ( C‑47/08 , EU:C:2011:334 ), erinrat om att artikel 49 FEUF innebär att nationell behandling ska tillförsäkras var och en som är medborgare i en medlemsstat och som etablerar sig i en annan medlemsstat för att där utöva verksamhet som egenföretagare, och artikeln förbjuder varje diskriminering på grund av nationalitet. I sin dom av den 23 september 2003, Ospelt och Schlössle Weissenberg ( C‑452/01 , EU:C:2003:493 , punkt ), slog domstolen dessutom fast att även om artikel 345 FEUF inte påverkar medlemsstaternas möjlighet att föreskriva särskilda åtgärder för förvärv av jordbruksmark, så undgår sådana åtgärder ändå inte unionsrättens bestämmelser om bland annat icke-diskriminering, etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital. Det följer dessutom av kommissionens tolkningsmeddelande om förvärv av jordbruksmark ( EUT C 350, 2017, s. 5 ) att rätten att förvärva, bruka och avyttra jordbruksmark omfattas av artikel 63 FEUF, avseende fri rörlighet för kapital. Med hänvisning till jordbruksmarkers särart har Europeiska kommissionen emellertid medgett att de nationella myndigheterna har möjlighet att motivera vissa begränsningar med hänsyn till mål, såsom att bevara den traditionella formen av jordbruk, att bevara jordbrukssamhällena, att motstå trycket på jordbruksmarken, eller att bevara en blomstrande landsbygd. Mot denna bakgrund beslutade Administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (förvaltningsdomstol på distriktsnivå, avdelningen i Riga) att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen: ”Utgör unionsrätten, i synnerhet artiklarna 18 FEUF, 49 FEUF och 63 FEUF, hinder för en nationell lagstiftning som innebär att juridiska personer, i de fall där den eller de ägare som tillsammans företräder mer än hälften av det röstberättigade kapitalet i bolaget och alla personer som har rätt att företräda bolaget är medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen, måste uppvisa ett intyg om att bolagets ägare och företrädare är registrerade som unionsmedborgare och en handling som visar att de har kunskaper i det officiella språket på en nivå som minst motsvarar B2 för att kunna förvärva äganderätten till jordbruksmark?” Prövnings av tolkningsfrågan Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artiklarna 18 FEUF, 49 FEUF och 63 FEUF ska tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken rätten för en juridisk person – vars delägare tillsammans företräder mer än hälften av rösterna i denna person och de personer som har rätt att företräda densamma är medborgare i andra medlemsstater – att förvärva jordbruksmark i denna medlemsstat, villkoras med att dessa delägare eller företrädare måste uppvisa dels ett intyg om att de registrerats som bosatta i denna medlemsstat, dels en handling som intygar att de har tillräckliga kunskaper i det officiella språket i samma medlemsstat för att kunna föra ett samtal om vardagliga och yrkesrelaterade ämnen. Domstolen erinrar inledningsvis om att artikel 345 FEUF, även om den uttrycker principen att fördragen är neutrala i förhållande till medlemsstaternas egendomsordning, inte leder till att de grundläggande reglerna i EUF-fördraget inte ska tillämpas på medlemsstaternas befintliga egendomsordningar. Även om denna artikel således inte påverkar medlemsstaternas möjlighet att införa ett system för förvärv av mark som innehåller specifika åtgärder som gäller för transaktioner avseende jordbruksmark och skogsmark, omfattas ett sådant system ändå av, bland annat, icke-diskrimineringsprincipen och bestämmelserna om etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2018, SEGRO och Horváth, C‑52/16 och C‑113/16 , EU:C:2018:157 , punkt och där angiven rättspraxis). Vidare hänvisas det i tolkningsfrågan till EUF-fördragets bestämmelser om etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital. Vad gäller den fria rörligheten har domstolen slagit fast att den, när en nationell åtgärd kan knytas till flera olika grundläggande friheter samtidigt, i princip endast ska utgå från en enda av dessa friheter om det, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, framgår att de övriga friheterna är helt underordnade denna frihet och kan knytas till denna (dom av den 8 juni 2017, Van der Weegen m.fl., C‑580/15 , EU:C:2017:429 , punkt ). Det följer av fast rättspraxis att man i detta sammanhang ska beakta ändamålet med den aktuella lagstiftningen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 mars 2014, Bouanich, C‑375/12 , EU:C:2014:138 , punkt , och dom av den 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C‑323/18 , EU:C:2020:140 , punkterna och ). Det framgår av beslutet om hänskjutande att KOB vill köpa jordbruksmark i Lettland för att bedriva jordbruksverksamhet på den. Ur detta beslut framgår också att den ifrågavarande nationella lagstiftningen reglerar inte enbart förvärv av jordbruksmark i Lettland utan också säkerställandet av ett hållbart jordbruk. Det är således inte möjligt att endast utifrån ändamålet med denna lagstiftning fastställa huruvida denna till övervägande del omfattas av artikel 49 FEUF eller artikel 63 FEUF. Under sådana förhållanden tar domstolen hänsyn till de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet i syfte att avgöra huruvida den situation som är i fråga i det nationella målet omfattas av den ena eller den andra av dessa båda bestämmelser (se, analogt, dom av den 13 mars 2014, Bouanich, C‑375/12 , EU:C:2014:138 , punkt ). I förevarande fall framgår det av beslutet om hänskjutande och av de handlingar som ingetts till domstolen att den faktiska situation som ligger till grund för det nationella målet kännetecknas av att ett kommersiellt bolag inte har rätt att förvärva jordbruksmark i Lettland för att där bedriva sin jordbruksverksamhet såvida inte dess företrädare och delägare bevisar att de är bosatta i denna medlemsstat och att de till en viss grad behärskar det lettiska språket. Domstolen konstaterar att förevarande situation, i motsats till andra situationer i vilka domstolen har funnit att de till övervägande del omfattas av den fria rörligheten för kapital (se, bland annat, dom av den 6 mars 2018, SEGRO och Horváth, C‑52/16 och C‑113/16 , EU:C:2018:157 , punkterna och ), till övervägande del omfattas av etableringsfriheten. Följaktligen, och i enlighet med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 22, konstaterar domstolen att en sådan nationell lagstiftning som den som är i fråga i det nationella målet enbart ska prövas mot bakgrund av den sistnämnda friheten. Eftersom artikel 49 FEUF innehåller en särskild bestämmelse om icke‑diskriminering, är artikel 18 FEUF, som också har åberopats av den hänskjutande domstolen, inte tillämplig (se, analogt, dom av den 29 oktober 2015, Nagy, C‑583/14 , EU:C:2015:737 , punkt ). Domstolen erinrar dessutom om att varje nationell bestämmelse inom ett område som blivit föremål för fullständig harmonisering på unionsnivå ska bedömas mot bakgrund av harmoniseringsåtgärdens bestämmelser och inte mot bakgrund av de primärrättsliga bestämmelserna (dom av den 16 december 2008, Gysbrechts och Santurel Inter, C‑205/07 , EU:C:2008:730 , punkt och där angiven rättspraxis). Det ska i detta hänseende påpekas att det i artikel 1.1 i direktiv 2006/123 fastställs allmänna bestämmelser som ska underlätta utövandet av etableringsfriheten för tjänsteleverantörer. Kapitel III i detta direktiv, som omfattar artiklarna 9–15, reglerar etableringsfriheten för tjänsteleverantörer. Artiklarna 9–13 i direktiv 2006/123 uppställer krav på medlemsstaterna som deras lagstiftning måste uppfylla när tjänsteverksamheten är underkastad tillstånd. I likhet med vad som redan slagits fast med avseende på artikel 14 i direktiv 2006/123, i vilken det räknas upp krav som är ”otillåtna” vid utövande av etableringsfriheten, konstateras att artiklarna 9–13 i direktivet utgör en uttömmande harmonisering vad gäller de tjänster som omfattas av deras tillämpningsområde (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juli 2016, Promoimpresa m.fl., C‑458/14 och C‑67/15 , EU:C:2016:558 , punkterna och ). Eftersom den aktuella nationella lagstiftningen, såsom framgår av punkt 27 ovan, kan påverka etableringsfriheten, ska den följaktligen prövas mot bakgrund av bestämmelserna i kapitel III i direktiv 2006/123. Såsom framgår av beslutet om hänskjutande har det genom den nationella lagstiftning som är aktuell i det nationella målet införts ett förfarande genom vilket en juridisk person måste ha ett förhandstillstånd för att få förvärva jordbruksmark i Lettland. Detta tillstånd är förenat med vissa villkor, bland annat ett skriftligt intyg om att marken i fråga fortsättningsvis kommer att användas för jordbruksverksamhet. Ett sådant förfarande skulle kunna utgöra ett tillståndsförfarande, i den mening som avses i artikel 4.6 i direktiv 2006/123, det vill säga ett förfarande som innebär att en tjänsteleverantör eller tjänstemottagare måste vända sig till en behörig myndighet för att erhålla ett formellt eller ett indirekt beslut om att få tillträde till eller utöva en tjänsteverksamhet. I artikel 9.1 i direktiv 2006/123 uppställs vissa villkor för medlemsstaternas möjlighet att föreskriva ett tillståndssystem. Ett sådant förfarande får till exempel inte diskriminera tjänsteleverantören i fråga. Enligt artikel 10.2 a i direktivet krävs även att kriterierna för tillstånd inte är diskriminerande. I artikel 14 i samma direktiv föreskrivs dessutom att medlemsstaterna inte får uppställa något av däri uppräknade krav för att tillåta tillträde till eller utövande av tjänsteverksamhet på landets territorium. Enligt punkt 1 i denna artikel är det bland annat förbjudet med diskriminerande krav som direkt eller indirekt grundar sig på nationalitet, och krav på att andelsägare eller medlemmar i ledning och styrelse ska vara bosatta på landets territorium. I detta avseende har domstolen slagit fast att det framgår av såväl lydelsen av artikel 14 i direktiv 2006/123 som systematiken i direktivet att de krav som anges i denna artikel inte kan rättfärdigas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juni 2015, Rina Services m.fl., C‑593/13 , EU:C:2015:399 , punkterna – , och dom av den 23 februari 2016, kommissionen/Ungern, C‑179/14 , EU:C:2016:108 , punkt ). I förevarande mål ska det påpekas att den lagstiftning som är i fråga i det nationella målet föreskriver särskilda villkor för en situation i vilken en juridisk person som önskar förvärva jordbruksmark i Lettland kontrolleras eller företräds av medborgare i andra medlemsstater, nämligen att dessa personer ska anmäla sig som bosatta i Lettland och styrka att de har kunskaper i det officiella språket i denna medlemsstat som motsvarar åtminstone B2, vilket innebär att de måste kunna föra ett samtal om vardagliga och yrkesrelaterade ämnen på denna medlemsstats officiella språk. Eftersom dessa särskilda villkor inte är tillämpliga på lettiska medborgare, konstaterar domstolen att de aktuella bestämmelserna innebär en direkt diskriminering på grund av nationalitet. En sådan diskriminering strider följaktligen mot artiklarna 9, 10 och 14 i direktiv 2006/123. Det saknas således anledning att pröva huruvida även artikel 63 FEUF utgör hinder för en sådan lagstiftning som den som är aktuell i det nationella målet. Mot bakgrund av det ovanstående ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande: Artiklarna 9, 10 och 14 i direktiv 2006/123 ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt vilken rätten för en juridisk person – vars delägare tillsammans företräder mer än hälften av rösterna i denna person och de personer som har rätt att företräda densamma är medborgare i andra medlemsstater – att förvärva jordbruksmark i denna medlemsstat villkoras med att dessa delägare eller företrädare måste uppvisa dels ett intyg om att de registrerats som bosatta i denna medlemsstat, dels en handling som intygar att de har tillräckliga kunskaper i det officiella språket i samma medlemsstat för att kunna föra ett samtal om vardagliga och yrkesrelaterade ämnen. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande: Artiklarna 9, 10 och 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning enligt vilken rätten för en juridisk person – vars delägare tillsammans företräder mer än hälften av rösterna i denna person och de personer som har rätt att företräda densamma är medborgare i andra medlemsstater – att förvärva jordbruksmark i denna medlemsstat villkoras med att dessa delägare eller företrädare måste uppvisa dels ett intyg om att de registrerats som bosatta i denna medlemsstat, dels en handling som intygar att de har tillräckliga kunskaper i det officiella språket i samma medlemsstat för att kunna föra ett samtal om vardagliga och yrkesrelaterade ämnen. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: lettiska.

61979CJ0793

en

1 BY AN ORDER OF 19 SEPTEMBER 1979 RECEIVED AT THE COURT REGISTRY ON 5 NOVEMBER 1979 THE BUNDESSOZIALGERICHT REFERRED A QUESTION TO THE COURT OF JUSTICE UNDER ARTICLE 177 OF THE TREATY ON THE INTERPRETATION OF ARTICLE 46 ( 2 ) OF REGULATION NO 1408/71 OF THE COUNCIL OF 14 JUNE 1971 ON THE APPLICATION OF SOCIAL SECURITY SCHEMES TO EMPLOYED PERSONS AND THEIR FAMILIES MOVING WITHIN THE COMMUNITY ( OFFICIAL JOURNAL , ENGLISH SPECIAL EDITION 1971 ( II ), P . 416 ). 2 THE QUESTION REFERRED TO THE COURT BY THE BUNDESSOZIALGERICHT IS WORDED IN THIS WAY : ' ' MUST THE EXPRESSIONS ' PERIODS OF INSURANCE . . . COMPLETED ' AND ' PERIODS OF INSURANCE . . . COMPLETED . . . BEFORE THE RISK MATERIALIZES ' CONTAINED IN ARTICLE 46 ( 2 ) ( A ) AND ( B ) OF REGULATION ( EEC ) NO 1408/71 OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES BE INTERPRETED AS ALSO INCLUDING THOSE PERIODS TREATED AS SUCH WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 1 ( R ) OF THE REGULATION WHICH CAN ONLY START TO RUN WHEN THE RISK MATERIALIZES BUT WHICH MUST , IN ORDER TO OBTAIN AN APPROPRIATE PENSION , BE ADDED ON TO THE PERIODS OF INSURANCE COMPLETED WHEN THE RISK MATERIALIZES , SUCH AS THE GERMAN SUPPLEMENTARY PERIOD ( ZURECHNUNGSZEIT ) WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 37 OF THE AVG? ' ' 3 THIS QUESTION IS ASKED IN THE CONTEXT OF A DISPUTE BETWEEN A NATIONAL OF THE UNITED KINGDOM RESIDING IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY , THE PLAINTIFF IN THE MAIN ACTION , AND THE BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUR ANGESTELLTE ( FEDERAL INSURANCE OFFICE FOR CLERICAL STAFF ), BERLIN , THE DEFENDANT IN THE MAIN ACTION . THE PLAINTIFF SUFFERED AN ACCIDENT AT WORK IN THE FEDERAL REPUBLIC IN DECEMBER 1975 AT A TIME WHEN HE HAD 24 MONTHS OF INSURANCE CONTRIBUTIONS IN GERMANY AND 248 MONTHS IN THE UNITED KINGDOM . 4 IN ORDER TO DETERMINE THE AMOUNT OF THE OCCUPATIONAL INVALIDITY PENSION TO WHICH THE PLAINTIFF WAS ENTITLED , THE DEFENDANT , FOR THE PURPOSE OF CALCULATING THE THEORETICAL AMOUNT REFERRED TO IN ARTICLE 46 ( 2 ) ( A ) OF REGULATION NO 1408/71 , TOOK INTO ACCOUNT NOT ONLY PERIODS OF INSURANCE ACTUALLY COMPLETED BY HIM IN GERMANY AND IN THE UNITED KINGDOM BUT ALSO A SUPPLEMENTARY PERIOD ( ZURECHNUNGSZEIT ) OF 199 MONTHS PURSUANT TO ARTICLE 37 OF THE LAW ON INSURANCE OF CLERICAL STAFF ( ANGESTELLTENVERSICHERUNGSGESETZ ). THAT SUPPLEMENTARY PERIOD WHICH IS INTENDED TO HELP EVALUATE THE BENEFITS GRANTED IN THE CASE OF PREMATURE INVALIDITY OR DEATH OF AN INSURED PERSON , IS CREDITED TO INSURED PERSONS WHO HAVE SUFFERED OCCUPATIONAL INVALIDITY BEFORE REACHING THE AGE OF 55 AND IS EQUAL TO THE PERIOD BETWEEN THE MONTH IN WHICH THE RISK MATERIALIZED AND THE LAST MONTH OF THE YEAR IN WHICH THE INSURED PERSON REACHES THE AGE OF 55 . IN THE CALCULATION OF THE ACTUAL AMOUNT OF THE BENEFIT PURSUANT TO ARTICLE 46 ( 2 ) ( B ) OF REGULATION NO 1408/71 THE DEFENDANT REFUSED HOWEVER TO TAKE THAT SUPPLEMENTARY PERIOD INTO ACCOUNT AND CONSEQUENTLY CALCULATED THE TIME-APPORTIONED RATIO OF THE BENEFITS ON THE FOLLOWING BASIS : 24 : 24 + 248 , AMOUNTING TO 8.82% OF THE THEORETICAL AMOUNT IN GERMANY . 5 THE DEFENDANT HAS ARGUED IN PARTICULAR THAT THIS METHOD OF CALCULATION IS IN KEEPING WITH DECISION NO 95 OF THE ADMINISTRATIVE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES ON SOCIAL SECURITY FOR MIGRANT WORKERS OF 24 JANUARY 1974 CONCERNING THE INTERPRETATION OF ARTICLE 46 ( 2 ) OF REGULATION NO 1408/71 ON THE CALCULATION OF PRO RATA PENSIONS ( OFFICIAL JOURNAL C 99 , P . 5 ). ACCORDING TO THAT DECISION OF THE ADMINISTRATIVE COMMISSION - WHOSE TASK UNDER ARTICLE 81 ( A ) OF THE REGULATION IS TO DEAL WITH ALL QUESTIONS OF INTERPRETATION ARISING FROM THE PROVISIONS OF THE REGULATION WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHT OF THE AUTHORITIES , INSTITUTIONS AND THE PERSONS CONCERNED TO HAVE RECOURSE TO THE PROCEDURES AND TRIBUNALS PROVIDED FOR BY THE LEGISLATIONS OF MEMBER STATES , BY THE REGULATION OR BY THE TREATY - THE COMPETENT INSTITUTION OF THE MEMBER STATE WHOSE LEGISLATION PROVIDES THAT THE AMOUNT OF BENEFITS MUST BE DETERMINED BY TAKING INTO ACCOUNT PERIODS PRESUMED TO HAVE BEEN COMPLETED AFTER THE OCCURENCE OF THE EVENT INSURED AGAINST SHALL TAKE THESE PERIODS INTO CONSIDERATION SOLELY FOR CALCULATING THE THEORETICAL AMOUNT REFERRED TO IN ARTICLE 46 ( 2 ) ( A ) OF REGULATION NO 1408/71 , AND NOT FOR CALCULATING THE ACTUAL AMOUNT REFERRED TO IN ARTICLE 46 ( 2 ) ( B ) OF THAT REGULATION . 6 THE PLAINTIFF ON THE OTHER HAND ARGUED THAT THE SUPPLEMENTARY PERIOD IN QUESTION MUST BE TAKEN INTO ACCOUNT FOR THE PURPOSE OF CALCULATING THE ACTUAL AMOUNT AS WELL . HE CONSEQUENTLY BROUGHT AN ACTION FOR A DECLARATION THAT HE IS ENTITLED TO A BENEFIT CALCULATED ON THE FOLLOWING BASIS : 24 + 199 : 24 + 248 + 199 , EQUIVALENT TO 47.34% OF THE THEORETICAL AMOUNT IN GERMANY . 7 THE QUESTION REFERRED TO THE COURT BY THE BUNDESSOZIALGERICHT IS MEANT TO ESTABLISH THE EXTENT TO WHICH A SUPPLEMENTARY PERIOD SUCH AS THAT PROVIDED FOR BY ARTICLE 37 OF THE ANGESTELLTENVERSICHERUNGSGESETZ MUST BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE CALCULATION OF THE BENEFITS REFERRED TO IN SUBPARAGRAPHS ( A ) AND ( B ) OF ARTICLE 46 ( 2 ) OF REGULATION NO 1408/71 , BEARING IN MIND ARTICLE 1 ( R ) OF THAT REGULATION WHICH DEFINES ' ' PERIODS OF INSURANCE ' ' AS MEANING ' ' PERIODS OF CONTRIBUTION OR PERIODS OF EMPLOYMENT AS DEFINED OR RECOGNIZED AS PERIODS OF INSURANCE BY THE LEGISLATION UNDER WHICH THEY WERE COMPLETED OR CONSIDERED AS COMPLETED , AND ALL PERIODS TREATED AS SUCH , WHERE THEY ARE REGARDED BY THE SAID LEGISLATION AS EQUIVALENT TO PERIODS OF INSURANCE ' ' . 8 IT SHOULD BE OBSERVED AT THE OUTSET THAT THE ANSWER TO THE QUESTION REFERRED TO THE COURT MUST BE SOUGHT FIRST IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS AND THE PURPOSE OF ARTICLE 46 ( 2 ) OF THE REGULATION QUOTED WHICH GOVERNS THE CALCULATION OF THE BENEFITS IN QUESTION . IF IT EMERGES THAT TAKING THE SUPPLEMENTARY PERIOD INTO ACCOUNT AT SOME STAGE IN THE CALCULATION PROVIDED FOR BY ARTICLE 46 ( 2 ) RUNS COUNTER TO THE SCHEME OF THAT PROVISION , THAT PERIOD MUST BE LEFT ASIDE AND ITS EXCLUSION MAY NOT BE CALLED IN QUESTION BY INVOKING ARTICLE 1 ( R ) OF THE SAID REGULATION . 9 THE CALCULATION OF THE BENEFITS REFERRED TO IN ARTICLE 46 ( 2 ) CAN BE BROKEN DOWN INTO TWO STAGES . AT THE FIRST STAGE REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH ( A ) OF THAT PROVISION , WHERE A WORKER HAS BEEN SUBJECT TO THE LEGISLATION OF A MEMBER STATE , THE COMPETENT INSTITUTION OF THAT MEMBER STATE MUST FIRST CALCULATE THE THEORETICAL AMOUNT OF THE BENEFIT WHICH THE PERSON CONCERNED COULD CLAIM IF ALL THE PERIODS OF INSURANCE COMPLETED UNDER THE LEGISLATIONS OF THE MEMBER STATES CONCERNED HAD BEEN COMPLETED IN THE STATE IN QUESTION AND UNDER THE LEGISLATION ADMINISTERED BY IT . AT THE SECOND STAGE REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH ( B ) OF THE SAME PROVISION , THE INSTITUTION THEN ESTABLISHES THE ACTUAL AMOUNT OF THE BENEFIT FOR WHICH IT IS RESPONSIBLE ON THE BASIS OF THE THEORETICAL AMOUNT REFERRED TO IN THE PRECEDING SUBPARAGRAPH AND IN THE RATIO WHICH THE LENGTH OF THE PERIODS OF INSURANCE COMPLETED BEFORE THE RISK MATERIALIZES UNDER THE LEGISLATION ADMINISTERED BY THAT INSTITUTION BEARS TO THE TOTAL LENGTH OF THE PERIODS OF INSURANCE COMPLETED UNDER THE LEGISLATIONS OF ALL THE MEMBER STATES CONCERNED BEFORE THE RISK MATERIALIZED . 10 AS REGARDS THE THEORETICAL AMOUNT , THE EXPRESS EFFECT OF ARTICLE 46 ( 2 ) ( A ) IS THAT IT MUST BE CALCULATED AS IF THE INSURED PERSON HAD CARRIED OUT HIS OCCUPATIONAL ACTIVITY EXCLUSIVELY IN THE MEMBER STATE IN QUESTION . IT FOLLOWS THAT IF , IN ORDER TO EVALUATE THE BENEFIT AWARDED IN THE EVENT OF PREMATURE INVALIDITY OR DEATH OF THE INSURED PERSON , THE LEGISLATION OF THAT STATE PROVIDES THAT THE BENEFIT MUST BE CALCULATED IN RELATION TO NOT ONLY PERIODS OF INSURANCE COMPLETED BY THE INSURED PERSON BUT ALSO IN RELATION TO A SUPPLEMENTARY PERIOD EQUIVALENT TO THE INTERVAL OF TIME BETWEEN THE AGE OF THE INSURED PERSON AT THE TIME AT WHICH THE RISK MATERIALIZED AND THE TIME AT WHICH HE REACHED THE AGE OF 55 , THAT SUPPLEMENTARY PERIOD MUST ALSO BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE CALCULATION OF THE THEORETICAL AMOUNT REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH ( A ). 11 SUCH A PERIOD , WHICH IS INTENDED TO ENSURE THAT THE LEVEL OF BENEFITS IS CALCULATED AS IF AN INSURED PERSON WAS AT LEAST 55 YEARS OF AGE AT THE TIME AT WHICH THE RISK MATERIALIZED , IRRESPECTIVE OF HIS TRUE AGE , CANNOT HOWEVER BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE CALCULATION OF THE ACTUAL AMOUNT REFERRED TO IN SUBPARAGRAPH ( B ). ALTHOUGH THE CALCULATION TO BE CARRIED OUT UNDER SUBPARAGRAPH ( A ) IS INTENDED TO GIVE A WORKER THE MAXIMUM THEORETICAL AMOUNT WHICH HE COULD CLAIM IF ALL PERIODS OF INSURANCE HAD BEEN COMPLETED IN THE STATE IN QUESTION , THE PURPOSE OF THE CALCULATION UNDER SUBPARAGRAPH ( B ) IS DIFFERENT . THE LATTER PROVISION IS INTENDED SOLELY TO APPORTION THE RESPECTIVE BURDENS OF THE BENEFIT BETWEEN THE INSTITUTIONS OF THE MEMBER STATES CONCERNED IN THE RATIO OF THE LENGTH OF THE PERIODS OF INSURANCE COMPLETED IN EACH OF THE SAID MEMBER STATES BEFORE THE RISK MATERIALIZED . THE TAKING INTO ACCOUNT , IN THE CALCULATION OF THE APPORTIONMENT , OF A SUPPLEMENTARY PERIOD LIKE THE ONE IN THIS CASE , WHICH DOES NOT CORRESPOND TO ANY PERIOD OF INSURANCE OR EVEN OF ACTUAL RESIDENCE IN THE MEMBER STATE IN QUESTION COMPLETED BEFORE THE RISK MATERIALIZED , RESULTS IN UNILATERALLY AND ARTIFICIALLY UPSETTING THE BALANCE OF THE BURDEN OF THE BENEFITS EXISTING BETWEEN MEMBER STATES IN A WAY WHICH IS INCOMPATIBLE WITH THE SCHEME OF ARTICLE 46 ( 2 ). 12 CONSEQUENTLY THE ANSWER TO THE QUESTION REFERRED TO THE COURT SHOULD BE THAT A SUPPLEMENTARY PERIOD ( ZURECHNUNGSZEIT ) WHICH THE LEGISLATION OF A MEMBER STATE ADDS TO THE PERIODS OF INSURANCE COMPLETED BEFORE THE RISK MATERIALIZED IN ORDER TO EVALUATE THE BENEFIT AWARDED IN THE EVENT OF THE PREMATURE INVALIDITY OR THE PREMATURE DEATH OF AN INSURED PERSON MUST BE TAKEN INTO ACCOUNT IN THE CALCULATION OF THE THEORETICAL AMOUNT REFERRED TO IN ARTICLE 46 ( 2 ) ( A ) BUT NOT IN THE CALCULATION OF THE ACTUAL AMOUNT REFERRED TO IN ARTICLE 46 ( 2 ) ( B ) OF REGULATION NO 1408/71 . Decision on costs 13 THE COSTS INCURRED BY THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES WHICH HAS SUBMITTED OBSERVATIONS TO THE COURT ARE NOT RECOVERABLE . SINCE THE PROCEEDINGS ARE , IN SO FAR AS THE PARTIES TO THE MAIN ACTION ARE CONCERNED , IN THE NATURE OF A STEP IN THE ACTION PENDING BEFORE THE NATIONAL COURT , THE DECISION ON COSTS IS A MATTER FOR THAT COURT . Operative part ON THOSE GROUNDS , THE COURT ( THIRD CHAMBER ) IN ANSWER TO THE QUESTION REFERRED TO IT BY THE BUNDESSOZIALGERICHT BY AN ORDER OF 19 SEPTEMBER 1979 , HEREBY RULES : A SUPPLEMENTARY PERIOD ( ZURECHNUNGSZEIT ) WHICH THE LEGISLATION OF A MEMBER STATE ADDS TO THE PERIODS OF INSURANCE COMPLETED BEFORE THE RISK MATERIALIZED IN ORDER TO EVALUATE THE BENEFIT AWARDED IN THE EVENT OF THE PREMATURE INVALIDITY OR THE PREMATURE DEATH OF AN INSURED PERSON MUST BE TAKEN INTO ACOUNT IN THE CALCULATION OF THE THEORETICAL AMOUNT REFERRED TO IN ARTICLE 46 ( 2 ) ( A ) BUT NOT IN THE CALCULATION OF THE ACTUAL AMOUNT REFERRED TO IN ARTICLE 46 ( 2 ) ( B ) OF REGULATION NO 1408/71 .

62016CJ0310

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 325.1 FEUF, artiklarna 1.1 b och 2.1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, undertecknad i Luxemburg den 26 juli 1995 ( EGT C 316, 1995, s. 48 ) (nedan kallad konventionen) och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan). Begäran har framställts i ett brottmål mot Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov och Milko Velkov som står åtalade för skattebrott avseende mervärdesskatt. Tillämpliga bestämmelser Unionsrätt I artikel 325 FEUF anges följande: ”1.   Unionen och medlemsstaterna ska bekämpa bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen genom åtgärder som ska vidtas i enlighet med denna artikel och som ska ha avskräckande effekt och ge ett effektivt skydd i medlemsstaterna liksom i unionens institutioner, organ och byråer. 2.   Medlemsstaterna ska vidta samma åtgärder för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, som de vidtar för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot deras egna ekonomiska intressen. …” Konventionen I artikel 1 i konventionen föreskrivs följande: ”1.   I denna konvention förstås med bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas finansiella intressen … b) i fråga om inkomster, varje uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet som är att hänföra till – användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument, om detta leder till att medel från Europeiska gemenskapernas allmänna budget eller från de budgetar som förvaltas av Europeiska gemenskaperna eller för deras räkning minskas på ett olagligt sätt, – undanhållande av information som skall lämnas i enlighet med särskilda föreskrifter, om gärningen har samma effekt, – missbruk av en förmån som lagligen erhållits, om gärningen har samma effekt. 2.   Om inte annat följer av artikel 2.2 skall varje medlemsstat vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder för att överföra bestämmelserna i punkt 1 till den nationella straffrätten så att de förfaranden som avses där beläggs med straff. …” I artikel 2.1 i konventionen föreskrivs följande: ”Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att sådana förfaranden som avses i artikel 1, liksom medhjälp, anstiftan eller försök till de gärningar som avses i artikel 1.1, beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder, däribland, åtminstone i allvarliga fall, frihetsberövande påföljder som kan medföra utlämning, varvid det står klart att med allvarliga fel menas de bedrägerier som rör minst det minimibelopp som varje medlemsstat fastställt. Detta minimibelopp får inte överstiga 50000 [euro].” Beslut 2007/436/EG I artikel 2.1 i rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel ( EUT L 163, 2007, s. 17 ) föreskrivs följande: ”Följande inkomster skall utgöra egna medel som redovisas i Europeiska unionens allmänna budget: … b) En för alla medlemsstater enhetlig procentsats på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, beräknade enligt gemenskapens bestämmelser …” Bulgarisk rätt Republiken Bulgariens grundlag Enligt artikel 32.2 i Republiken Bulgariens grundlag är avlyssning förbjuden utom i de fall som föreskrivs i lag. I artikel 121.4 i grundlagen stadgas att rättsliga avgöranden ska vara motiverade. NPK I artikel 348 i Nakazatelno-protsesualen kodeks (straffprocesslagen) (nedan kallad NPK) föreskrivs följande: ”(1)   Domen eller beslutet kan upphävas eller ändras efter överklagande … 2. om den innebär ett väsentligt åsidosättande av formföreskrifter. … (3)   Åsidosättandet av formföreskrifter är väsentligt 1. om det leder till en begränsning av de processuella rättigheterna för den tilltalade eller andra parter och detta inte har åtgärdats. 2. om det inte har motiverats eller inte har upprättats protokoll från muntlig förhandling i första instans eller besvärsinstans. 3. om domen eller beslutet har meddelats av en obehörig sammansättning. 4. om tystnadsplikten rörande överläggningarna har åsidosatts vid tidpunkten för meddelandet av domen eller beslutet.” ZIDNPK Zakon za izmenenie i dopalnenie na Nakazatelno-protsesualnia kodeks (lagen om ändring och komplettering av straffprocesslagen, nedan kallad ZIDNPK) om inrättande av och om verksamheten vid Spetsializiran nakazatelen sad (särskild brottmålsdomstol) trädde i kraft den 1 januari 2012. I lagen föreskrivs en överföring av vissa befogenheter från Sofiyski gradski sad (Stadsdomstolen i Sofia, Bulgarien) till Spetsializiran nakazatelen sad (särskild brottmålsdomstol), som har exklusiv behörighet att pröva alla mål med koppling till en kriminell organisation. Enligt artikel 5 ZIDNPK överfördes befogenheten att godkänna telefonavlyssning av personer som misstänks vara delaktiga i en kriminell organisation från Sofiyski gradski sad (Stadsdomstolen i Sofia) till Spetsializiran nakazatelen sad (särskild brottmålsdomstol). Enligt artikel 9.2 ZIDNPK skulle förundersökningar som redan hade inletts fortsätta att handläggas av de myndigheter som fram till den tidpunkten hade varit behöriga. Denna bestämmelse ändrades den 6 mars 2012, vilket innebar att det förtydligades att den rättsliga prövningen av dessa förundersökningar fortsatt ankom på den domstol som var behörig före den 1 januari 2012. Bestämmelserna om särskilda utredningsmetoder Förfarandet för att genomföra telefonavlyssning regleras i artiklarna 1–3, 6 och 12–18 i Zakon za spetsialnite razuznavatelni sredstva (lagen om särskilda utredningsmetoder) och i artiklarna 172–177 NPK. Den hänskjutande domstolen har förklarat att telefonavlyssning får genomföras både under en förundersökning och efter det att ett brottmålsförfarande har inletts. En sådan åtgärd måste först godkännas av en behörig domstol på begäran antingen av direktören för det generaldirektorat som ansvarar för kampen mot organiserad brottslighet eller av åklagaren. Det domstolsbeslut som ger tillstånd till telefonavlyssning ska innehålla en motivering och, i enlighet med artikel 15 i lagen om särskilda utredningsmetoder och artikel 174 NPK, vara antaget av ordföranden för den behöriga domstolen eller av dess vice ordförande som getts sådan befogenhet. Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov och Milko Velkov står åtalade för att mellan den 1 juni 2011 och den 31 mars 2012 ha begått skattebrott, med hjälp av bolaget Karoli Kepital EOOD. Petar Dzivev åtalas bland annat för att ha lett en kriminell organisation i vilken de andra tre tilltalade ingick, och som i förevarande fall syftade till att erhålla ekonomiska fördelar genom undandragande av skatt som skulle erläggas enligt Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (mervärdesskattelagen) (DV nr 63 av den 4 augusti 2006), i dess lydelse vid tiden för omständigheterna i det nationella målet. Under förundersökningen beviljade Sofiyski gradski sad (Stadsdomstolen i Sofia) ett flertal ansökningar om tillstånd att genomföra telefonavlyssning avseende de fyra tilltalade, vilka ingetts av direktören för Glavna direktsia za borba organiziranata prestnapost (generaldirektoratet för bekämpning av organiserad brottslighet, Bulgarien) mellan november 2011 och februari 2012. Efter det att brottmålsförfarandet inletts ansökte den allmänna åklagaren hos Spetsializiran nakazatelen sad (särskild brottmålsdomstol) om ett flertal tillstånd för nya telefonavlyssningar avseende dessa tilltalade, vilka beviljades i mars 2012. Enligt den hänskjutande domstolen innehöll inget av de tillstånd som är aktuella i det nationella målet någon motivering och de tillstånd som utfärdades mellan november 2011 och januari 2012 angav bland annat inte på korrekt sätt vem av ordföranden eller vice ordföranden för Sofiyski gradski sad (Stadsdomstolen i Sofia) som varit beslutsfattare. Dessa brister medför inte att de tillstånd som är aktuella i det nationella målet blir rättsstridiga. Emellertid har de tillstånd som beviljades i januari och februari 2012 beviljats av en obehörig domstol. Efter detta datum skulle nämligen alla ansökningar om tillstånd ha skickats till ordföranden för Spetsializiran nakazatelen sad (särskild brottmålsdomstol) och inte längre till ordföranden för Sofiyski gradski sad (Stadsdomstolen i Sofia). Eftersom sistnämnda domstol inte längre var behörig att pröva och bevilja dessa ansökningar skulle den ha överlämnat ansökningarna till ordföranden för Spetsializiran nakazatelen sad (särskild brottmålsdomstol). Den hänskjutande domstolen har angett att det sedermera har fastställts att det förekommit systematiska oegentligheter vad gäller beviljandet av tillstånd att använda särskilda utredningsmetoder, i synnerhet telefonavlyssning, vilket uppgetts ha lett till en ändring i den relevanta lagstiftningen. Enligt den hänskjutande domstolen var det oklart huruvida övergångsbestämmelsen i artikel 9 ZIDNPK också omfattade pågående förundersökningar. Denna bestämmelse har gett upphov till omfattande och motstridig rättspraxis. Tolkningsdom nr 5/14 av den 16 januari 2014, som meddelades av Varhoven kasatsionen sad (Högsta domstolen, Bulgarien), bekräftade att inga undantag kan göras från principen att domstolar har exklusiv behörighet på det straffrättsliga området. Den hänskjutande domstolen har påpekat att denna princip är av stor betydelse i nationell lagstiftning, i synnerhet i fråga om användningen av särskilda undersökningsmetoder, inbegripet avlyssning av telekommunikation. Med hänvisning till dom av den 17 december 2015, WebMindLicenses ( C‑419/14 , EU:C:2015:832 , punkt ) frågar den hänskjutande domstolen sig dock om den vägledning som följer av denna tolkningsdom även är giltig när saken rör iakttagandet av unionsrätten. Den hänskjutande domstolen har tillagt att vad gäller Petar Dzivev är det endast telefonavlyssningarna som genomfördes med stöd av tillstånd som utfärdats av den obehöriga domstolen som tydligt och otvivelaktigt styrker att han begått de brott som han är åtalad för och som gör det möjligt att döma honom, medan övriga tilltalade skulle kunna dömas på grundval av den bevisning som erhållits lagligt. Mot denna bakgrund beslutade Spetsializiran nakazatelen sad (särskild brottmålsdomstol, Bulgarien) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen: ”1) Är det förenligt med – artikel 325.1 FEUF, som föreskriver att medlemsstaterna ska vidta åtgärder som ger ett effektivt skydd mot bedrägerier och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, – artikel 2.1 i [konventionen] jämförd med artikel 1.1 b i [konventionen] och artikel 2.1 b i beslut 2007/436, enligt vilket medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att bestraffa bedrägeri i fråga om mervärdesskatt. – artikel 47 första och andra styckena i stadgan, som säkerställer rätten till ett effektivt rättsmedel inför en domstol som inrättats enligt lag, att bevisning som inhämtats genom användning av ’särskilda utredningsmetoder’, nämligen genom telefonavlyssning av personer som senare har åtalats för skattebrott avseende mervärdesskatt, inte får användas enligt nationell rätt eftersom tillstånden har meddelats av en obehörig domstol, med beaktande av följande omständigheter: – ansökan om avlyssning av en del av dessa telefoner lämnades in och godkändes vid en tidigare tidpunkt (mellan en och tre månader tidigare) av samma domstol, vid vilken tidpunkt denna domstol fortfarande var behörig, – ansökan om tillstånd till den omtvistade telefonavlyssningen (om förlängning av den tidigare telefonavlyssningen och avlyssning av nya telefonanslutningar) lämnades in till samma domstol, som inte längre var behörig, eftersom dess behörighet omedelbart dessförinnan överförts till en annan domstol och den ursprungliga domstolen trots sin bristande behörighet har prövat ansökan i sak och godkänt denna, – en ny ansökan om tillstånd att avlyssna samma telefonanslutning gjordes vid en senare tidpunkt (cirka en månad senare) och godkändes av den nya behöriga domstolen, – ingen av de godkända ansökningarna innehåller en motivering, – lagbestämmelsen som fastställde överföringen av behörigheten var otydlig och ledde till en mängd motstridiga domstolsbeslut och föranledde därför ett bindande tolkningsbeslut från Varhoven kasatsionen sad (Högsta domstolen) cirka två år efter överföringen och den aktuella telefonavlyssningen, – domstolen som har att avgöra föreliggande mål har inte behörighet att fatta beslut om ansökningar om användning av särskilda utredningsmetoder (telefonavlyssning), men den är behörig att fatta beslut om lagligheten hos en genomförd telefonavlyssning, vilket även omfattar att fastställa att ett tillstånd inte uppfyller lagkraven och att därför bortse från bevisning som har inhämtats på detta sätt, domstolen har endast sådan behörighet om ett giltigt tillstånd för telefonavlyssning har meddelats, – användningen av denna bevisning (de tilltalades telefonsamtal, som en domstol gett tillstånd att avlyssna, men som redan hade förlorat sin behörighet) är av grundläggande betydelse för att avgöra frågan om ansvaret såsom ledare av en kriminell organisation som bildats i syfte att begå skattebrott enligt [mervärdesskattelagen, i dess lydelse vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet] och såsom anstiftare av de konkreta skattebrotten, varvid vederbörande endast kan dömas till ansvar om dessa telefonsamtal får användas som bevisning och han i annat fall måste frikännas? 2) Är domen avseende begäran om förhandsavgörande [som kommer att meddelas] i mål Ognyanov (C‑614/14) tillämplig i förevarande mål?” Förfarandet vid domstolen Genom beslut av den 25 juli 2016, som inkom till EU-domstolen den 4 augusti 2016, beslutade den hänskjutande domstolen att återkalla sin andra fråga. I detta avseende har den hänskjutande domstolen konstaterat att den andra frågan förlorat sitt föremål efter avkunnandet av domen av den 5 juli 2016, Ognyanov ( C‑614/14 , EU:C:2016:514 ). Vidare vilandeförklarades föreliggande mål genom beslut av domstolens ordförande av den 12 maj 2017 fram till meddelande av dom i mål M.A.S. och M.B. (dom av den 5 december 2017, C‑42/17 , EU:C:2017:936 ). Förfarandet vid EU-domstolen återupptogs den 12 december 2017. Prövning av tolkningsfrågan Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 325.1 FEUF och artiklarna 1.1 b och 2.1 i konventionen, lästa mot bakgrund av stadgan, ska tolkas så, att de, mot bakgrund av principen om effektiv lagföring av skattebrott avseende mervärdesskatt, utgör hinder för att den nationella domstolen tillämpar en nationell bestämmelse som innebär att bevismedel, såsom till exempel telefonavlyssning, som kräver ett förhandstillstånd från en domstol, inte får användas om tillståndet har utfärdats av en obehörig domstol, även om det endast är genom detta bevismedel som de aktuella brotten kan styrkas. För att besvara denna fråga ska det erinras om att unionsrätten enligt det rådande rättsläget inte föreskriver regler, som kan tillämpas på omständigheterna i förevarande fall, vad gäller formerna för bevisupptagning och användningen av dessa bevis i straffrättsliga förfaranden som rör mervärdesskatt. Detta område omfattas därmed i princip av medlemsstaternas behörighet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 december 2015, WebMindLicenses, C‑419/14 , EU:C:2015:832 , punkt , och dom av den 2 maj 2018, Scialdone, C‑574/15 , EU:C:2018:295 , punkt ). Enligt artikel 325.1 FEUF är medlemsstaterna skyldiga att bekämpa bedrägerier, och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, genom effektiva och avskräckande åtgärder (dom av den 5 juni 2018, Kolev m.fl., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punkt och där angiven rättspraxis). Enligt artikel 2 b i beslut 2007/436 utgörs unionens egna medel bland annat av inkomsterna från tillämpningen av en enhetlig procentsats på de harmoniserade beräkningsunderlagen för mervärdesskatt, beräknade enligt unionsbestämmelserna, och det föreligger därmed ett direkt samband mellan uppbörd av inkomster från mervärdesskatt enligt tillämplig unionsrätt och ställandet av motsvarande medel från mervärdesskatt till unionsbudgetens förfogande. Eventuella luckor i uppbörden av förstnämnda inkomster kan ge upphov till en minskning av sistnämnda medel (dom av den 5 december 2017, M.A.S. och M.B., C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punkt , och dom av den 5 juni 2018, Kolev m.fl., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punkt ). I syfte att säkerställa uppbörden av dessa inkomster och därigenom värna unionens ekonomiska intressen, står det medlemsstaterna fritt att själva välja de påföljder som ska vara tillämpliga. Dessa kan utgöras av administrativa påföljder eller av straffrättsliga påföljder eller av en kumulering av dessa båda påföljder. Straffrättsliga påföljder kan emellertid vara nödvändiga för att på ett effektivt och avskräckande sätt bekämpa vissa fall av grovt mervärdesskattebedrägeri, enligt artikel 2.1 i konventionen, jämförd med artikel 1.1 i samma konvention (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 mars 2018, Menci, C‑524/15 , EU:C:2018:197 , punkt , dom av den 2 maj 2018Scialdone, C‑574/15 , EU:C:2018:295 , punkt , och dom av den 5 juni 2018, Kolev m.fl., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punkt ). Härvidlag ska medlemsstaterna se till att överträdelser av unionsrätten, inbegripet de harmoniserade regler som har sitt ursprung i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ( EUT L 347, 2006, s. 1 ), beivras enligt regler motsvarande de materiella regler och handläggningsregler som gäller för överträdelser av liknande art och svårhetsgrad enligt nationell rätt. Sanktionerna ska dock under alla omständigheter vara effektiva, stå i rimlig proportion till överträdelsen samt vara avskräckande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 maj 2018, Scialdone, C‑574/15 , EU:C:2018:295 , punkt ). Medlemsstaterna ska också se till att straffprocessreglerna i den nationella lagstiftningen gör det möjligt att effektivt beivra brott som avser sådana handlingar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 december 2015, WebMindLicenses, C‑419/14 , EU:C:2015:832 , punkt , och dom av den 5 juni 2018, Kolev m.fl., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punkt ). Av detta följer att även om medlemsstaternas processuella och institutionella autonomi omfattar de sanktioner samt de administrativa och straffrättsliga förfaranden avseende dessa sanktioner som medlemsstaterna tillämpar för att bekämpa överträdelser av de harmoniserade mervärdesskattereglerna, begränsas denna autonomi emellertid, inte bara av proportionalitetsprincipen och principen om likvärdighet, vilkas tillämpning inte aktualiseras här, utan även av effektivitetsprincipen, som kräver att sanktionerna ska vara effektiva och avskräckande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 2 maj 2018, Scialdone, C‑574/15 , EU:C:2018:295 , punkt ). I detta sammanhang ankommer det på den nationella lagstiftaren att vidta nödvändiga åtgärder. Det ankommer således på lagstiftaren, i förekommande fall, att ändra sin lagstiftning och se till att de förfaranderegler som är tillämpliga vid lagföring av brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen inte är utformade på ett sådant sätt att de på grund av sin natur medför en systemrisk för straffrihet avseende sådana överträdelser, och att säkerställa skyddet av de grundläggande rättigheterna för de anklagade (dom av den 5 juni 2018, Kolev m.fl., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punkt ). Vad gäller de nationella domstolarna har EU-domstolen slagit fast att det ankommer på dem att säkerställa den fulla verkan av de skyldigheter som följer av artikel 325.1 FEUF och underlåta att tillämpa bestämmelser i nationell rätt, som i ett brottmål om grovt mervärdesskattebedrägeri hindrar att det utdöms effektiva och avskräckande påföljder för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (dom av den 5 december 2017, M.A.S. och M.B., C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punkt ). Skyldigheten att säkerställa en effektiv uppbörd av unionens egna medel innebär dock inte att de nationella domstolarna inte behöver iaktta de grundläggande rättigheter som garanteras i stadgan och i unionslagstiftningens allmänna principer, eftersom åtal för skattebrott avseende mervärdesskatt utgör en tillämpning av unionsrätten i den mening som avses i artikel 51.1 i stadgan På det straffrättsliga området ska dessa rättigheter och dessa principer iakttas inte bara under domstolsförfarandet, utan även under förundersökningen från det ögonblick den berörda personen står anklagad för ett brott (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 december 2017, M.A.S. och M.B., C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punkt , dom av den 5 juni 2018, Kolev m.fl., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punkterna och , och dom av den 20 mars 2018, Di Puma och Zecca, C‑596/16 och C‑597/16 , EU:C:2018:192 , punkt och där angiven rättspraxis). Skyldigheten att säkerställa en effektiv uppbörd av unionens egna medel befriar således inte dessa domstolar från skyldigheten att iaktta legalitetsprincipen och rättsstatsprincipen, eftersom rättsstaten är ett av de främsta värden som Europeiska unionen bygger på, såsom framgår av artikel 2 FEU. Härvidlag följer av bland annat legalitetsprincipens och rättsstatsprincipens krav att rätten att vidta sanktioner i princip inte får utövas utanför de rättsliga gränser inom vilka en myndighet får agera enligt den nationella rätten i myndighetens egen stat (se, analogt, dom av den 1 oktober 2015, Weltimmo, C‑230/14 , EU:C:2015:639 , punkt ). Telefonavlyssningen utgör dessutom ett ingrepp i den rätt till respekt för privatlivet som slås fast i artikel 7 i stadgan. Ett sådant ingrepp är enligt artikel 52.1 i stadgan endast tillåtet om det föreskrivs i lag och är förenligt med det väsentliga innehållet i denna rättighet och proportionalitetsprincipen, samt är nödvändigt och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 december 2015, WebMindLicenses, C‑419/14 , EU:C:2015:832 , punkterna och ). Det är utrett att de telefonavlyssningar som är aktuella i det nationella målet hade godkänts av en domstol som inte hade nödvändig behörighet att meddela ett sådant godkännande. Dessa telefonavlyssningar ska således anses inte vara föreskrivna i lag i den mening som avses i artikel 52.1 i stadgan. Den bestämmelse som är i fråga i det nationella målet hänför sig till de krav som angetts i punkterna 35–37 ovan, eftersom den ålägger den nationella domstolen att i det straffrättsliga förfarandet inte beakta bevismedel, såsom telefonavlyssning, vilken kräver ett föregående tillstånd från domstol, när detta tillstånd har utfärdats av en obehörig domstol. Härav följer att unionsrätten inte medför en skyldighet för nationella domstolar att underlåta att tillämpa en sådan processuell bestämmelse, även om användningen av olagligt erhållen bevisning skulle kunna öka effektiviteten i lagföringen genom att göra det möjligt för de nationella myndigheterna att besluta om sanktioner i vissa fall av bristande efterlevnad av unionsrätten (se, analogt, när det gäller inhemska processregler om rättskraft, dom av den 24 oktober 2018, XC m.fl., C‑234/17 , EU:C:2018:853 , punkt och där angiven rättspraxis). Den av den hänskjutande domstolen påpekade omständigheten att den rättsstridiga handlingen beror på att den i det nationella målet aktuella övergångsbestämmelsen är otydlig, saknar härvidlag betydelse. Kravet på att varje begränsning i utövandet av den rättighet som följer av artikel 7 i stadgan ska vara föreskriven i lag innebär nämligen att den rättsliga grund som tillåter nämnda begränsning måste vara tillräckligt klar och precis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 december 2015, WebMindLicenses, C‑419/14 , EU:C:2015:832 , punkt ). Det saknar även betydelse att, vad gäller en av de fyra tilltalade i det nationella målet, endast de avlyssningar som genomförts på grundval av tillstånd som beviljats av en myndighet som saknade behörighet kan styrka vederbörandes skuld och motivera en fällande dom. Mot bakgrund av det ovan anförda ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 325.1 FEUF och artiklarna 1.1 b och 2.1 i konventionen, lästa mot bakgrund av stadgan, ska tolkas så, att de, mot bakgrund av principen om effektiv lagföring av skattebrott avseende mervärdesskatt, inte utgör hinder för att den nationella domstolen tillämpar en nationell bestämmelse som innebär att bevismedel, såsom till exempel telefonavlyssning, som kräver ett förhandstillstånd från en domstol, inte får användas om tillståndet har utfärdats av en obehörig domstol, även om det endast är genom detta bevismedel som de aktuella brotten kan styrkas. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande: Artikel 325.1 FEUF och artiklarna 1.1 b och 2.1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, undertecknad i Luxemburg den 26 juli 1995, lästa mot bakgrund av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas så, att de, mot bakgrund av principen om effektiv lagföring av skattebrott avseende mervärdesskatt, inte utgör hinder för att den nationella domstolen tillämpar en nationell bestämmelse som innebär att bevismedel, såsom till exempel telefonavlyssning, som kräver ett förhandstillstånd från en domstol, inte får användas om tillståndet har utfärdats av en obehörig domstol, även om det endast är genom detta bevismedel som de aktuella brotten kan styrkas. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: bulgariska.

62021TJ0039

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By their action under Article 270 TFEU, the applicants, PP, PS, PQ, PR and PT, seek, in essence, first, annulment of the decisions of the European Parliament of 14 April 2020 authorising PQ and PS to work part time outside their place of employment due to the COVID-19 pandemic and of 18 May 2020 authorising PP to work part time outside his place of employment due to the COVID-19 pandemic (together, ‘the decisions authorising part-time work’), the decisions of 7, 15, 16 April and 19 May 2020 suspending payment of the applicants’ expatriation allowance during the period they were working outside their place of employment (together, ‘the decisions suspending the expatriation allowance’) and the decisions of 6 May 2020 to recover the sums overpaid to PR and PT (together, ‘the decisions to recover overpayments’) and, second, compensation for the damage which they claim to have suffered as a result of those decisions. I. Background to the dispute The applicants are officials of the European Parliament. On their entry into service, they were granted the expatriation allowance. On 11 March 2020, due to the alarming levels of circulation and severity of the coronavirus disease brought about by the SARS-CoV-2 virus, namely COVID-19, the World Health Organisation (WHO) stated that the COVID-19 outbreak was a pandemic due to the rapidly rising case numbers outside China and the growing number of countries affected. By email of the same date, the Secretary-General of the Parliament (‘the Secretary-General’) informed all members of staff that, in view of the health situation, he had instructed the Directors-General to introduce 70% teleworking for all colleagues whose physical presence on the Parliament’s premises was not absolutely necessary. The email also stated that that measure would take effect on 16 March 2020 and that, depending on further developments in the situation, teleworking could be increased to 100% of working time. On 16 March 2020, the Secretary-General informed members of staff that, in view of the development of the health situation, the teleworking time of colleagues whose physical presence on the Parliament’s premises was not essential, and who were already teleworking for 70% of their working time, was being increased to 100%. On 19 March 2020, the Secretary-General sent an email to all members of staff pursuant to which, in the context of the COVID-19 pandemic, they were allowed to work half time in order to take care of their direct family members. Contrary to usual practice, this half-time work could be carried out from any Member State of the European Union in line with the established residence of the close relatives for whom the official or staff member wished to care. That decision entered into force immediately and was to apply for as long as the COVID-19 pandemic might last. On 31 March 2020, the Secretary-General adopted a new decision on temporary part-time work away from the place of employment for family reasons in response to the COVID-19 pandemic (‘the Secretary-General’s decision of 31 March 2020’). That decision, which replaced the decision on half-time work of 19 March 2020, was worded as follows: ‘Having regard to Rule 234(2) of the Rules of Procedure of the European Parliament: Colleagues wishing to take more intensively care of direct relatives like parents, children or spouses for the duration of this special situation caused by COVID-19 are herewith authorised to work 75% part-time. Contrary to customary practice, this part-time work can be done from within whatever Member State of the European Union in line with the established residence of those relatives and until the end of the transitional period on 31 December 2020 from the United Kingdom. Please submit a formal request to your Resource Director as soon as possible prior to the requested starting date. The request shall specify the name of the relative, family ties as well as the period requested. For the period covered by the authorisation, the staff member shall be entitled to 75% of his or her remuneration. Article 3 of Annex IVa to the Staff Regulations [of Officials of the European Union] shall apply. The expatriation allowance or the foreign residence allowance according to Article 4 of Annex VII to the Staff Regulations cannot be granted. This decision applies to officials employed by the [European Parliament] Secretariat. This decision applies by analogy to officials who left their place of employment and are able to telework. In this case, the Appointing Authority may decide without a formal request. As regards requests submitted in line with Article 6(2) of the internal rules on part-time working, the Appointing Authority reserves its right to refuse them. The authorisation to work part-time is given for three months renewable. This decision enters into force on 1 April 2020 and shall apply as long as the COVID-19 pandemic lasts. This decision replaces the decision of 19 March 2020.’ A. PP’s situation PP is an official of the Parliament in Luxembourg (Luxembourg). On 14 March 2020, in view of the imminent closure of the boarding school where his son was studying, PP travelled to Hungary with his family to join his son there. On 12 May 2020, in the light of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, PP submitted a request for authorisation to work part time (75%) from Hungary, retroactively with effect from 1 April 2020. On 18 May 2020, that request was granted for the period from 1 April to 30 June 2020. On 18 May 2020, PP resumed full-time work in Luxembourg. By decision of 19 May 2020, following PP’s request referred to in paragraph 10 above and as a direct consequence of the application of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, the Head of the Individual Entitlements Unit of the Directorate-General (DG) for Personnel of the Parliament suspended PP’s expatriation allowance with effect from 1 April 2020, for the period during which he had been authorised to work part time in Hungary. On 12 June 2020, PP lodged a complaint against, inter alia, the decisions referred to in paragraphs 10 and 12 above. On 27 October 2020, the Secretary-General, in his capacity as appointing authority, rejected PP’s complaint in so far as it was directed against the decisions referred to in paragraphs 10 and 12 above. B. PQ’s situation PQ is an official of the Parliament in Luxembourg. On 10 March 2020, PQ travelled to Denmark by aeroplane before the imposition of the first travel restrictions in the European Union owing to the COVID-19 pandemic. She could not return on 22 March 2020 as planned because all flights between Luxembourg and Denmark had been cancelled. In view of her wish to remain with her husband, who was considered to be a person at risk from the virus, PQ was exceptionally allowed to work temporarily from Denmark, pending the adoption of general measures by the Parliament concerning the health situation. On 6 April 2020, in the light of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, PQ submitted a request for authorisation to work part time (75%) from Denmark for a period of three months with effect from 1 April 2020. On 14 April 2020, the Director-General of DG Translation of the Parliament granted PQ’s request to work part time (75%) for the period from 1 April to 30 June 2020. On 15 April 2020, following PQ’s request referred to in paragraph 17 above and as a direct consequence of the application of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, the Head of the Individual Entitlements Unit of the DG for Personnel of the Parliament suspended PQ’s expatriation allowance with effect from 1 April 2020 for the duration of the period for which she had been authorised to work part time in Denmark. On 27 May 2020, PQ lodged a complaint against the decisions referred to in paragraphs 17 and 19 above. On 1 July 2020, PQ resumed her full-time work in Luxembourg. On 16 October 2020, the Secretary-General, in his capacity as appointing authority, rejected PQ’s complaint. C. PR’s situation PR is an official of the Parliament in Luxembourg. On 27 March 2020, she travelled to France to care for her parents. On 2 April 2020, following the adoption of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, PR submitted a request for authorisation to work part time (75%) for a period of three months, which was granted by decision of the same day. By decision of 7 April 2020, following PR’s request referred to in paragraph 25 above and as a direct consequence of the application of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, the Head of the Individual Entitlements Unit of the Parliament’s DG for Personnel suspended PR’s expatriation allowance with effect from 2 April 2020 for the duration of the period for which she had been authorised to work part time. By email of 6 May 2020, PR was informed that, following the change in her working time due to the COVID-19 pandemic, she had received an overpayment in the amount of EUR 2 173.40, and that that amount would be recovered by means of a deduction from her remuneration for May 2020. On 3 June 2020, PR lodged a complaint against the decision to suspend her expatriation allowance and the decision to recover the amount overpaid, referred to in paragraphs 26 and 27 above, respectively. On 1 July 2020, PR returned to Luxembourg. On 22 October 2020, the Secretary-General, in his capacity as appointing authority, rejected PR’s complaint. D. PS’s situation PS is an official of the Parliament in Luxembourg. At the end of March 2020, he travelled to Malta to enable him to look after his daughter. On 7 April 2020, in the light of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, PS submitted a request for authorisation to work part time (75%) in Malta. That request was granted on 14 April, for a period of three months from 23 March 2020 to 23 June 2020. By decision of 15 April 2020, following PS’s request referred to in paragraph 33 above and as a direct consequence of the application of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, the Head of the Individual Entitlements Unit of the Parliament’s DG for Personnel suspended PS’s expatriation allowance with effect from 23 March 2020 for the period during which he would be working part time in Malta. On 4 July 2020, PS resumed his full-time work in Luxembourg. On 13 July 2020, PS lodged a complaint against the decisions referred to in paragraphs 33 and 34 above. By decision of 24 November 2020, issued by letter to PS on 2 December 2020, the Secretary-General, in his capacity as appointing authority, rejected PS’s complaint. E. PT’s situation PT is an official of the Parliament in Brussels (Belgium). On 13 March 2020, PT travelled to Ireland to join her children there. On 14 April 2020, PT submitted a request for authorisation to work part time (75%) in Ireland, on the basis of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020. That request was granted on the same day, for a period starting on 15 April 2020. By decision of 16 April 2020, following PT’s request referred to in paragraph 40 above and as a direct consequence of the application of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, the Head of the Individual Entitlements Unit of the Parliament’s DG for Personnel suspended PT’s expatriation allowance with effect from 15 April 2020, for the period during which she would be working part time in Ireland. By email of 6 May 2020, PT was informed that, following the change in her working time due to the COVID-19 pandemic, she had received an overpayment in the amount of EUR 931.01, and that that amount would be recovered by means of a deduction from her remuneration for May 2020. On 23 June 2020, PT lodged a complaint against the decision to suspend her expatriation allowance, referred to in paragraph 41 above, and sought the annulment of all the effects of that decision. By decision of 27 October 2020, received by PT on 20 December 2020, the Secretary-General, in his capacity as appointing authority, rejected PT’s complaint. II. Forms of order sought The applicants claim, in essence, that the Court should: –        annul, first, the decisions authorising part-time work, second, the decisions suspending the expatriation allowance and, third, the decisions to recover overpayments (together, ‘the contested decisions’); –        annul, in so far as necessary, the decisions by which the Parliament rejected the complaints which they had lodged against the contested decisions; –        order the Parliament to pay compensation for the non-material damage suffered, assessed, ex aequo et bono , at EUR 1 000 for each of them; –        order the Parliament to pay compensation for the material damage suffered, corresponding to 25% of their respective remuneration, together with compensatory interest and default interest accrued; –        order the Parliament to pay the costs. The Parliament contends, essentially, that the Court should: –        reject the claims for compensation for non-material damage as partly inadmissible and partly unfounded; –        dismiss the action as being, in any event, unfounded; –        order the applicants to pay the costs. III. Law A. The claims for annulment 1. The subject matter of the claims for annulment By their second head of claim, the applicants seek annulment, in so far as necessary, of the decisions by which the Parliament rejected their respective complaints. It should be borne in mind that, according to settled case-law, an administrative complaint, such as that referred to in Article 90(2) of the Staff Regulations, and its rejection, whether express or implied, constitute an integral part of a complex procedure and are no more than a precondition for bringing the matter before the judicature. Consequently, the action before the judicature, even if formally directed against the rejection of the complaint, has the effect of bringing before the judicature the act adversely affecting the applicant against which the complaint was submitted, except where the scope of the rejection of the complaint differs from that of the measure against which that complaint was made (see judgment of 24 April 2017, HF v Parliament , T‑584/16, EU:T:2017:282, paragraph 70 and the case-law cited). An express decision rejecting a complaint may, in the light of its content, not be confirmatory of the measure contested. That is the case where the decision rejecting the complaint contains a re-examination of the situation of the person concerned in the light of new elements of law or of fact, or where it changes or adds to the original decision. In such circumstances, the rejection of the complaint constitutes a measure subject to review by the judicature, which will take it into consideration when assessing the legality of the contested measure or will even regard it as an act adversely affecting the applicant replacing the contested measure (see judgment of 24 April 2017, HF v Parliament , T‑584/16, EU:T:2017:282, paragraph 71 and the case-law cited). In the present case, the decision rejecting PP’s complaint directed against the decision of 18 May 2020 authorising part-time work and the decision of 19 May 2020 suspending his expatriation allowance, in so far as it rejected the complaint against those two decisions, merely confirmed those decisions. In addition, the decisions rejecting the complaints of PS, PR and PT merely confirm the decisions against which each of those complaints was directed, by stating the reasons in support of them. Accordingly, the claim for annulment of the decisions rejecting the complaints of PP, PS, PR and PT lack independent content with regard to the contested decisions referred to in paragraph 50 above and there is therefore no need to rule on that claim specifically. However, when examining the legality of each of the contested decisions, the statement of reasons for the decision rejecting the complaint should be taken into account, as it is deemed to cover the statement of reasons in the contested decision in question (see, to that effect, judgment of 30 April 2019, Wattiau v Parliament , T‑737/17, EU:T:2019:273, paragraph 43 and the case-law cited). In the decision rejecting PQ’s complaint, the Secretary-General examined not only the complaint directed, in essence, against the decision of 14 April 2020 permitting her to work part time, but also PQ’s request, made for the first time in her complaint, for authorisation to work, in the future, on a full-time basis outside her place of employment. It is apparent from the scheme of that decision that the Secretary-General rejected that request on the same grounds as those relied on in support of the rejection of the complaint. Thus, in so far as it rejects the request for authorisation to work full time outside the place of employment, the decision rejecting PQ’s complaint cannot be confirmatory of the contested act and therefore constitutes a measure that is subject to review by the General Court. 2. Admissibility (a) Admissibility of the claims for annulment in general The Parliament considers that the application lacks clarity as regards the decisions referred to in the various pleas of the claims for annulment. It therefore doubts whether the requirements of clarity imposed by Article 76(d) of the Rules of Procedure of the General Court have been met. The Parliament also takes the view that, in the reply, the applicants extended the scope of the plea of illegality in respect of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 to the second, third and fourth pleas, raised to challenge the lawfulness of the contested decisions. Such a clarification at the stage of the reply, it submits, amounts to an amendment of the application, which is inadmissible. It should be recalled that, in accordance with Article 21 of the Statute of the Court of Justice of the European Union and Article 76(d) of the Rules of Procedure, the application initiating proceedings must contain the subject matter of the dispute and a brief statement of the pleas in law on which the application is based. According to the case-law, the information given must be sufficiently clear and precise to enable the defendant to prepare its defence and the General Court to rule on the application, if necessary without any further supporting information (see, to that effect, judgment of 2 April 2019, Fleig v EEAS , T‑492/17, EU:T:2019:211, paragraph 41 (not published)). Furthermore, the pleas may be expressed in terms of their substance rather than of their legal classification, provided, however, that the application sets those pleas out with sufficient clarity (judgment of 13 May 2020, Agmin Italy v Commission , T‑290/18, not published, EU:T:2020:196, paragraph 96). Moreover, a plea of illegality is raised implicitly in so far as it is quite clear that the applicant is in fact raising such a plea (see judgment of 30 June 2021, GY v ECB , T‑746/19, not published, EU:T:2021:390, paragraph 21 and the case-law cited). In the present case, while it is true that the body of the application does not always expressly identify the measures against which the various pleas and arguments are directed, it is nevertheless clear from paragraphs 2 to 6 of the application and from the form of order sought that the decisions covered by the claims for annulment are the contested decisions, as defined in paragraph 45 above, and, in so far as is necessary, in essence, the decisions rejecting each of the applicants’ complaints against those decisions. Moreover, the applicants confirmed in the reply that those decisions formed the subject matter of the dispute, formal note of which was taken by the Parliament in the rejoinder. Moreover, it is sufficiently clear from the application and the reply that the first plea concerns a plea of illegality in respect of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020. The second plea concerns both the legality of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 and the lawfulness of the contested decisions. Although, in the reply, it is stated that the second part of the second plea is raised only in the event that the plea of illegality in respect of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 is rejected, the fact remains that the arguments put forward in that part of the plea also concern the lawfulness of that decision. Furthermore, it is apparent from the arguments raised in the context of the third plea, both in the application and in the reply, that the applicants there challenge the lawfulness of the contested decisions on the ground that they were adopted in breach, first, of the principles of equal treatment and non-discrimination and, second, of the principle of sound administration and the duty to have regard for the welfare of officials. As the applicants confirmed at the hearing, those complaints are directed, in a similar manner in the application and in the reply, at the lawfulness of the contested decisions. Furthermore, the fourth plea, relating to the failure to satisfy the conditions laid down in Article 85 of the Staff Regulations for the recovery of sums unduly paid to an official or other staff member, is raised in the alternative, in the event that the first three pleas should be rejected. This plea concerns only the lawfulness of the decisions to recover overpayments. Therefore, contrary to what the Parliament claims, it must be held that the requirements of Article 76(d) of the Rules of Procedure have been complied with in the present case, and that the reply does not contain any amendment of the scope of the plea of illegality in respect of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020. (b) Admissibility of the claim s for annulment of the decisions authorising part-time work and of the decision rejecting PQ’s complaint in so far as it rejects her request to work full time In its replies to the measures of organisation of procedure, the Parliament challenges the admissibility of the claims for annulment of the decisions authorising part-time work. The Parliament considers, in particular, that, by adopting those decisions, it granted the requests of PP, PS and PQ, and that those applicants therefore have no interest in bringing proceedings against those decisions. As a preliminary point, it should be noted that only PP, PS and PQ seek annulment of the decisions authorising part-time work adopted in their regard. It should be borne in mind that an action for annulment brought by a natural or legal person is not admissible unless the applicant establishes a vested and present interest in seeing the contested measure annulled. Such an interest presupposes, inter alia, that the contested measure adversely affects the person who has brought the action and that, accordingly, the annulment of that measure must be capable of procuring an advantage for that person. Therefore, a measure which gives full satisfaction to that person is not, by definition, capable of adversely affecting him or her and that person has no interest in seeking its annulment (see judgment of 1 February 2012, mtronix v OHIM – Growth Finance (mtronix) , T‑353/09, not published, EU:T:2012:40, paragraph 16 and the case-law cited; see also, to that effect, judgment of 11 March 2009, TF1 v Commission , T‑354/05, EU:T:2009:66, paragraph 85 and the case-law cited). In the present case, it should be noted that the decisions authorising part-time work in respect of PP, PS and PQ were adopted at the request of those parties, on the basis of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, so that they could join their relatives outside their place of employment, and that the Parliament granted those requests in full. Since the Parliament granted the requests of the applicants concerned, the latter have no interest in seeking annulment of the decisions authorising part-time work, with the result that their claims to that end must be rejected as inadmissible. It is true that the applicants argued that they had been forced to submit requests for part-time work on the basis of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, since that decision constituted the only opportunity to leave their place of employment in order to join their relatives while continuing to work. However, while it is true that the Secretary-General of the Parliament took no decision providing officials with the opportunity to submit a request for permission to work full time outside their place of employment, the fact remains that it was possible for the applicants to submit a request to that effect to the appointing authority, on the basis of Article 90(1) of the Staff Regulations, setting out the specific grounds for their request. Accordingly, the claims for annulment of the decisions authorising part-time work must be rejected as inadmissible. Furthermore, as is apparent from paragraphs 53 and 54 above, PQ, in her complaint, asked the Parliament if she could be given the opportunity to work full time outside her place of employment. She therefore submitted a request to the appointing authority asking it to take a decision relating to her, within the meaning of Article 90(1) of the Staff Regulations, which was rejected in the decision rejecting her complaint. That said, it must be borne in mind that, according to settled case-law, the admissibility of an action brought before the General Court under Article 270 TFEU and Article 91 of the Staff Regulations depends upon the pre-litigation procedure being conducted in the proper manner and upon compliance with the time limits prescribed for that procedure (see judgment of 24 April 2017, HF v Parliament , T‑584/16, EU:T:2017:282, paragraph 64 and the case-law cited). In particular, any action challenging an act adversely affecting an applicant and originating from the appointing authority must, as a general rule, necessarily be preceded by a pre-litigation complaint which has been rejected by an express or implied decision (see, to that effect, judgment of 23 March 2000, Rudolph v Commission , T‑197/98, EU:T:2000:86, paragraph 53). In the present case, however, PQ did not lodge a complaint against the decision rejecting her request to work full time, as contained in the express decision rejecting the complaint at issue. Since the mandatory pre-litigation procedure was not followed, the action for annulment of that decision refusing her request to work full time is manifestly inadmissible. Moreover, if the applicants seek to criticise the Parliament for having exerted psychological pressure on them to request application of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, such pressure would constitute, not an act adversely affecting an official against which an action for annulment could be brought, but conduct not in the nature of a decision on the part of the Parliament which it would be open to the applicants to challenge in an action for damages. In that regard, it should be borne in mind that an action for damages which seeks compensation for damage caused not by an act adversely affecting the applicant the annulment of which is sought, but by conduct not in the nature of a decision of the administration, must, if it is not to be declared inadmissible, be preceded by a two-stage administrative procedure. It is mandatory for that procedure to begin with the submission of a request, for the purposes of Article 90(1) of the Staff Regulations, asking the appointing authority to make good the alleged damage, and be followed, where appropriate, with the lodging of a complaint for the purposes of Article 90(2) of the Staff Regulations against the decision rejecting the request (see, to that effect, judgment of 19 May 1999, Connolly v Commission , T‑214/96, EU:T:1999:103, paragraph 34). Officials or other staff members must submit such a request to the institution within a reasonable period from the time at which they became aware of the situation of which they complain. The reasonableness of a period of time must be appraised in the light of the circumstances specific to each case and, in particular, the importance of the case for the person concerned, its complexity and the conduct of the parties to the case (see, to that effect, judgment of 28 February 2013, Review of Arango Jaramillo and Others v EIB , C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, paragraph 28). In the present case, the applicants have not submitted a claim for compensation in respect of the conduct of the Parliament which allegedly put pressure on them to submit a request for permission to work part time. 3. Substance In support of their claims for annulment, the applicants put forward four pleas in law, alleging, first, the unlawfulness of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, second, infringement of Article 4 of Annex VII to the Staff Regulations, a manifest error of assessment, a manifest misinterpretation of the concept of ‘expatriation’, infringement of Articles 62 and 69 of the Staff Regulations and failure to observe the principles of legality and legal certainty, third, failure to observe the principles of equal treatment and non-discrimination, failure to observe the principle of sound administration and breach of the duty to have regard for the welfare of officials, and, fourth, infringement of Article 85 of the Staff Regulations and failure to observe the principle of the protection of legitimate expectations. At the outset, it should be noted that only the first three pleas concern the decisions suspending the expatriation allowance, with the result that the lawfulness of those decisions will be examined in the light of those three pleas. The fourth plea, which relates to the decisions to recover overpayments, is raised in the alternative, in the event that the claims for annulment of the other contested decisions are rejected. It will therefore be necessary to examine this fourth plea only if and in so far as the first three pleas in law, inasmuch as they concern the other contested decisions, are rejected. (a) The claim s for annulment of the decisions suspending the expatriation allowance As is apparent from paragraphs 79 and 80 above, the applicants put forward three pleas in law in support of their claims for annulment of the decisions suspending the expatriation allowance. In particular, in the context of the first plea, the applicants claim that the Secretary-General could not rely on Rule 234(2) of the Rules of Procedure of the Parliament to alter the rights which they derive from the provisions of the Staff Regulations concerning the expatriation allowance. In addition, by the first part of the second plea, the applicants submit that the general suspension of the expatriation allowance, as provided for in the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, is contrary to Article 4(1)(a) of Annex VII to the Staff Regulations. Entitlement to the expatriation allowance is, they argue, assessed by reference to the situation of each official or member of staff on the date on which he or she entered the service of the European Union, and is acquired when the conditions laid down in that provision of the Staff Regulations are satisfied. In the present case, there was no event substantially altering the applicants’ situations which would have enabled the Parliament to review their situations as regards the grant of the expatriation allowance. The applicants also claim that, in order to be entitled to the expatriation allowance, an official is not required to reside in the place where he or she is employed. At most, an official is obliged to reside at no greater distance from the place where he or she is employed as is compatible with the proper performance of his or her duties, in accordance with Article 20 of the Staff Regulations. At the time when the decisions suspending the expatriation allowance were adopted, all staff were subject to compulsory teleworking arrangements as a result of the health situation. Thus, the distance from the place from which an official carries out his or her work had to be interpreted taking into consideration the exceptional circumstances arising from the COVID-19 pandemic. The Parliament replies that, although Rule 234(2) of its Rules of Procedure does not contain any delegation of power directly authorising the Secretary-General to adopt specific measures concerning the working conditions of the staff of the Parliament’s Secretariat, the Secretary-General was nevertheless empowered, by a delegation from the Bureau of the Parliament, to adopt internal rules on the working conditions of officials. He was also charged to that effect, by decision of the President of the Parliament, in the light of the rapid development of the COVID-19 pandemic. The Parliament adds that the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 does not provide for the withdrawal of the expatriation allowance, but merely for its suspension for the duration of the part-time work arrangement authorised at the request of the person concerned. There was no revision of the applicants’ entitlement to the expatriation allowance, since neither their place of employment nor their degree of integration in the place of employment had changed. According to the Parliament, payment of the expatriation allowance is intended to compensate for the consequences of the official being away from his or her place of origin. The payment of that allowance was therefore no longer justified in respect of the officials who were teleworking outside their place of employment. Furthermore, the obligation to reside at the place of employment, laid down in Article 20 of the Staff Regulations, applies to all officials, including the applicants who are employed in DG ‘Translation’ and those who have recourse to part-time working arrangements, as provided for in Article 55a of and Annex IVa to the Staff Regulations. That obligation is justified by the need to ensure the proper functioning of the institution. In addition, teleworking is not a right under the Staff Regulations and it does not release officials from their obligation to be available to their institution at any time. At the beginning of the health crisis, the proximity of officials to their workplace was essential in order to ensure the continuity of the Parliament’s work. In the present case, it is apparent from the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 that, for the period covered by the authorisation to work part time pursuant to that decision, the official would not receive the expatriation allowance provided for in Article 4 of Annex VII to the Staff Regulations, to which he or she was normally entitled. That decision therefore derogates from that provision in relation to the relevant members of staff of the Parliament. Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations, in the version applicable to the present case (as at 1 January 2020), provides as follows: ‘An expatriation allowance equal to 16% of the total of the basic salary, household allowance and dependent child allowance paid to the official shall be paid: (a)      to officials: –        who are not and have never been nationals of the State in whose territory the place where they are employed is situated, –        who during the five years ending six months before they entered the service did not habitually reside or carry on their main occupation within the European territory of that State. For the purposes of this provision, circumstances arising from work done for another State or for an international organisation shall not be taken into account; (b)      to officials who are or have been nationals of the State in whose territory the place where they are employed is situated but who during the ten years ending at the date of their entering the service habitually resided outside the European territory of that State for reasons other than the performance of duties in the service of a State or of an international organisation. The expatriation allowance shall not be less than EUR 567.38 per month.’ The Secretary-General’s decision of 31 March 2020 was adopted on the basis of Rule 234(2) of the Rules of Procedure of the Parliament. Under that provision, the Secretary-General is to head a secretariat the composition and organisation of which are to be determined by the Bureau of the Parliament. It should be recalled that Rule 234(2) of the Rules of Procedure of the Parliament cannot be interpreted as meaning that the Secretary-General has the power, even in exceptional circumstances such as those linked to the COVID-19 pandemic, to adopt internal directives which derogate from higher-ranking provisions, such as the provisions of the Staff Regulations (see, to that effect and by analogy, judgments of 20 November 2007, Ianniello v Commission , T‑308/04, EU:T:2007:347, paragraph 38, and of 20 March 2018, Argyraki v Commission , T‑734/16, not published, EU:T:2018:160, paragraphs 66 and 67). Furthermore, it should be noted that Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations does not expressly provide that entitlement to the expatriation allowance may be reassessed in the light of a change in circumstances during the course of an official’s career (judgment of 5 October 2020, Brown v Commission , T‑18/19, EU:T:2020:465, paragraph 36), nor, a fortiori, that payment of that allowance to an official may be suspended where he or she finds it necessary, in the course of his or her career, temporarily to telework outside his or her place of employment. That said, it in no way follows from the wording of Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations that payment of the expatriation allowance constitutes an established right (see, to that effect, judgment of 28 September 1993, Magdalena Fernández v Commission , T‑90/92, EU:T:1993:78, paragraph 32). An official may have his or her financial rights revised by the institution employing him or her in the event of an irregular grant or irregular continued payment of an element of remuneration (see, to that effect, judgment of 9 March 1978, Herpels v Commission , 54/77, EU:C:1978:45, paragraph 39). In addition, an allowance is paid on a monthly basis to officials who satisfy the conditions for it. The administration cannot therefore continue to pay it where an event occurs which substantially alters the situation of the person receiving it in so far as it affects the conditions governing the grant of that allowance. By contrast to the retroactive withdrawal of a decision, revocation as regards the future is always possible where the circumstances that justified that decision no longer exist (judgment of 5 October 2020, Brown v Commission , T‑18/19, EU:T:2020:465, paragraph 37). It is therefore necessary to ascertain whether, in the present case, the temporary practice of teleworking outside the place of employment in the context of the COVID-19 pandemic constituted an event capable of substantially altering the factual or legal situation of an official receiving an expatriation allowance under Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations. In that regard, the purpose of the expatriation allowance provided for in Article 69 of the Staff Regulations, the conditions for the granting of which are set out in Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations, is to compensate officials for the extra expense and inconvenience of taking up employment with the European Union if they have been thereby obliged to change their residence and move to the country of employment and to integrate themselves in a new environment (see judgments of 2 May 1985, De Angelis v Commission , 246/83, EU:C:1985:165, paragraph 13 and the case-law cited; of 29 November 2007, Salvador García v Commission , C‑7/06 P, EU:C:2007:724, paragraph 43 and the case-law cited; and of 24 January 2008, Adam v Commission , C‑211/06 P, EU:C:2008:34, paragraph 38 and the case-law cited). The concept of ‘extra expense and inconvenience’ was explained in Council Information Note GS/84/59 of 11 December 1959 on the expatriation or separation allowance. As the Parliament has observed, it is apparent from that note, which is part of the travaux préparatoires relating to Article 4 of Annex VII to the Staff Regulations, that the ‘expatriation or separation’ allowance is given as compensation for material expenses and moral inconvenience resulting from the fact that the official is away from his or her place of origin and that officials generally maintain family ties with their region of origin. In the light of the foregoing, it is necessary to ascertain whether, in the context of the COVID-19 pandemic, officials who, like the applicants, temporarily changed their actual place of residence in order to care for their close relatives, continued to bear the financial burdens and moral disadvantages resulting from their taking up employment with the European Union in a new environment. As regards the financial burdens, it is apparent from the documents before the Court that the applicants worked outside their place of employment for a brief period, during which they continued to bear costs connected with their residence at their place of employment, such as rent or repayment of a loan, energy bills, water bills and co-ownership maintenance bills. They remained responsible for those costs in view of the fact that the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, which constituted an exceptional measure of a temporary nature, allowed them to work outside their place of employment only for an initial period of three months, during the COVID-19 pandemic the duration of which nobody could have foreseen. Thus, in the exceptional circumstances linked to the COVID-19 pandemic, the payment of the expatriation allowance to the applicants had in no way lost its raison d’être. It is true that the grant of the expatriation allowance under Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations is intrinsically linked to the residence obligation imposed on officials of the European Union, laid down in Article 20 of the Staff Regulations, under which, first, every official is required to reside either in the place where he or she is employed or at no greater distance therefrom as is compatible with the proper performance of his or her duties and, second, an official is required to notify the appointing authority of his or her address and inform it immediately of any change of address. However, Article 20 of the Staff Regulations must be read in conjunction with Article 55(1) thereof, according to which officials in active employment are required at all times to be at the disposal of their institution. It follows that an official who does not reside in his or her place of employment must nevertheless be in a position to travel to his or her workplace at any time, in accordance with the rules governing the organisation of work applicable to him or her, in order to carry out there the duties assigned to him or her in the interests of the service. In the exceptional circumstances linked to the COVID-19 pandemic, the internal rules on teleworking and on the physical presence of staff members on Parliament premises were temporarily no longer applicable, as evidenced by the various decisions taken by the Secretary-General at the beginning of the pandemic, referred to in paragraphs 4 to 7 above. All members of staff whose presence was not considered essential were required to telework on a full-time basis from 16 March 2020, including the applicants, as is apparent from paragraph 5 above. The Parliament cannot therefore maintain that the ‘general suspension’ of the payment, including to the applicants, of the expatriation allowance provided for in the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 was linked to non-compliance with the residence obligation laid down in Article 20 of the Staff Regulations. Furthermore, the Staff Regulations do not contain any provision allowing an EU institution, body, office or agency to suspend payment of the expatriation allowance, even in exceptional circumstances such as those linked to the COVID-19 pandemic. Thus, the suspension of the expatriation allowance provided for by the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 is contrary to Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations. Moreover, it should be noted that, although the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 did not definitively withdraw entitlement to the expatriation allowance, but merely suspended it for a limited period, that suspension nevertheless had the effect of reducing the applicants’ remuneration during that period, with no possibility of recovering it. Therefore, the fact that the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 provided for only the suspension of the expatriation allowance of the Parliament officials concerned, such as the applicants, and not the withdrawal of that allowance, is not such as to remove the unlawfulness of that decision. In the light of the foregoing, it must be concluded that the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 was adopted in infringement of higher-ranking provisions, with the result that the Secretary-General exceeded the limits of his powers in that regard. That decision infringes Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations, in so far as that decision provides for the suspension of payment of the expatriation allowance to officials temporarily teleworking outside their place of employment in order to care for their close relatives in the context of the COVID-19 pandemic. Consequently, the decisions suspending the expatriation allowance have no legal basis, with the result that they must be annulled, without it being necessary to rule on the other pleas and arguments raised by the applicants in support of their claims for annulment of those decisions. (b) The claim s for annulment of the decisions to recover overpayments It should be recalled that only PT and PR seek the annulment of the decisions to recover overpayments contested by the present action for annulment. In the fourth plea, which is the only plea invoked in support of the claims for annulment of the decisions to recover overpayments, the applicants submit, in the alternative, in the event that the claims for annulment of the other contested decisions are dismissed, that the conditions laid down in Article 85 of the Staff Regulations for recovery of undue payments are not satisfied. They add that, when the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 was adopted, PT and PR had already made arrangements to travel to their respective families outside their place of employment, and that accordingly they had a legitimate expectation that they would retain their full remuneration. The Parliament disputes the applicants’ arguments. In the present case, as is apparent from paragraph 112 above, the decisions suspending the expatriation allowance have no legal basis and must be annulled. By contrast, the claims for annulment of the decisions authorising part-time work have been rejected as inadmissible, as has the action in so far as it was brought against the decision rejecting PQ’s request to work full time. Since the fourth plea is invoked only in the alternative, in the event the claims for annulment of the other contested decisions are rejected, it is necessary to examine this plea only in so far as it concerns the recovery of the part of PT and PR’s remuneration connected to the limitation of their working time to 75%. In that regard, in the first place, it should be recalled that the first paragraph of Article 85 of the Staff Regulations provides that any sum overpaid is to be recovered if the recipient was aware that there was no due reason for the payment or if the fact of the overpayment was patently such that he or she could not have been unaware of it. In the present case, it is clear from the Secretary-General’s decision of 31 March 2020 that the officials who were authorised to participate in the derogating regime established by that decision would receive remuneration calculated pro rata on the basis of the time worked, namely 75%. PR and PT, who had requested to benefit from the scheme established by that decision, could not therefore have been unaware, at the very least, of the financial consequences of the authorisation that would be granted to them. In the second place, as regards the alleged failure to observe the principle of the protection of legitimate expectations, it should be borne in mind that three conditions must be satisfied in order to claim entitlement to such protection. First, precise, unconditional and consistent assurances originating from authorised and reliable sources must have been given to the person concerned by the EU administration. Second, those assurances must be such as to give rise to a legitimate expectation on the part of the person to whom they are addressed. Third, the assurances given must comply with the applicable rules (judgment of 12 February 2020, ZF v Commission , T‑605/18, EU:T:2020:51, paragraph 151). In the present case, however, the applicants do not put forward any evidence capable of demonstrating that precise, unconditional and consistent assurances were given to PR or PT by the Parliament giving rise to a legitimate expectation that their full remuneration would continue to be paid for the period during which they would be working part time outside their place of employment. Furthermore, such maintenance would be contrary to the first paragraph of Article 3 of Annex IVa to the Staff Regulations, which provides that an official is entitled, during the period for which part-time work is authorised, to a percentage of his or her remuneration corresponding to the percentage of the normal time worked. The fourth plea in law is therefore unfounded. Consequently, the claims for annulment of the decisions to recover overpayments, which are based on the fourth plea, must be rejected, without it being necessary to examine the admissibility of those claims in so far as they were made by PT. 4. Conclusion on the claims for annulment It follows from the foregoing that the claims for annulment of the decisions suspending the expatriation allowance must be upheld on the basis of the first part of the second plea in law. By contrast, the claims for annulment of the decisions authorising part-time work are rejected as inadmissible and the claim for annulment of the decision rejecting PQ’s complaint, in so far as it rejects her request for full time work, is rejected as manifestly inadmissible. In addition, the claims for annulment of the decisions to recover overpayments must be rejected as being, in any event, unfounded. B. The claims for compensation In their claims for compensation, the applicants seek, first, compensation for the material damage corresponding to 25% of their remuneration, together with compensatory interest and default interest accrued and, second, compensation for the non-material damage suffered, which they assess ex aequo et bono at EUR 1 000 for each of them. The applicants claim that that damage results from the absence of a legal basis and the unlawfulness of the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, as well as from maladministration on the part of the Parliament and from the Parliament’s failure to have regard for their welfare. They also allege infringement of their right to working conditions that respect their health and dignity, and the existence of an administrative fault on the part of the Parliament, inasmuch as it did not entrust them with full-time work. The Parliament disputes the applicants’ arguments. As a preliminary point, it should be recalled that an action for compensation brought pursuant to Article 270 TFEU may succeed on its merits only if a number of factors are proven: the illegality of the allegedly wrongful act committed by the institutions; actual harm suffered; and the existence of a causal link between the act and the damage alleged to have been suffered (judgments of 1 June 1994, Commission v Brazzelli Lualdi and Others , C‑136/92 P, EU:C:1994:211, paragraph 42, and of 21 February 2008, Commission v Girardot , C‑348/06 P, EU:C:2008:107, paragraph 52). Those three conditions are cumulative, with the result that failure to satisfy one of them is sufficient for an action for damages to be dismissed. 1. Material damage As regards the material damage alleged, it should be noted that the applicants seek solely compensation for material damage corresponding to 25% of their remuneration, together with compensatory interest and default interest accrued. That damage is linked, in essence, to the reduction in their working hours to 75% following the adoption of the decisions authorising part-time work. According to settled case-law in civil service matters, a claim for compensation for damage must be dismissed where it is closely associated with a claim for annulment which has itself been dismissed either as inadmissible or as unfounded (judgment of 30 September 2003, Martínez Valls v Parliament , T‑214/02, EU:T:2003:254, paragraph 43; see also, to that effect, judgment of 9 April 2019, Aldridge and Others v Commission , T‑319/17, not published, EU:T:2019:231, paragraph 64). In the present case, the claims for compensation for material damage are closely linked to the claims for annulment of the decisions authorising part-time work, which were rejected as inadmissible, and to the claim for annulment of the decision rejecting PQ’s complaint in so far as it rejected her request to work full time, which was rejected as manifestly inadmissible. Furthermore, the applicants do not put forward any argument that would serve to explain how the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, which allowed officials to work near their close relatives in the context of the COVID-19 pandemic, infringed their right to working conditions which respect their health and dignity. Consequently, the claims for compensation for material damage must be rejected. 2. Non-material damage The claims for compensation for non-material damage resulting from the adoption of the decisions authorising part-time work must be rejected for the same reasons as those set out in paragraphs 130 to 132 above. As regards compensation for the non-material damage suffered as a result of the adoption of the decisions suspending the expatriation allowance, it is apparent from paragraph 112 above that those decisions must be annulled on the ground that the Secretary-General’s decision of 31 March 2020, on which they are based, is unlawful. The condition relating to the unlawfulness of the conduct of the administration, referred to in paragraph 128 above, is therefore satisfied. However, it should be borne in mind that the annulment of an unlawful measure may constitute, in itself, adequate and, in principle, sufficient compensation for all non-material damage which that measure may have caused, unless the applicant shows that he or she has suffered non-material damage which is incapable of being entirely repaired by that annulment (judgment of 28 April 2021, Correia v EESC , T‑843/19, EU:T:2021:221, paragraph 86). In the present case, the applicants submit that the annulment of the decisions suspending the expatriation allowance will not constitute adequate and sufficient compensation for the non-material damage suffered, in view of the adverse effect on their dignity and the quality of their professional life, as well as the anxiety caused and the health problems from which PP in particular has suffered. In the reply, the applicants add that the loss of part of their remuneration caused insomnia and stress attacks. That said, it must be held that the applicants have not adduced any evidence capable of substantiating their assertions. Nor do they explain how the decisions suspending the expatriation allowance may have adversely affected their dignity and the quality of their professional life. Consequently, the claims for compensation for material and non-material damage must be rejected. IV. Costs Under Article 134(3) of the Rules of Procedure, the parties are to bear their own costs where each party succeeds on some and fails on other heads. However, if it appears justified in the circumstances of the case, the General Court may order that one party, in addition to bearing its own costs, pay a proportion of the costs of the other party. In the present case, the claims for annulment are upheld as regards the decisions suspending the expatriation allowance. By contrast, the claims for annulment have been rejected in so far as concerned the decisions authorising part-time work and the decisions to recover overpayments, and in so far as those claims was directed against the decision rejecting PQ’s request to work full time contained in the decision rejecting her complaint. The claims for damages have also been rejected. In the circumstances of the present case, the applicants must be ordered to bear half of their own costs. The Parliament, in addition to bearing its own costs, must pay half of the applicants’ costs. On those grounds, THE GENERAL COURT (Seventh Chamber, Extended Composition) hereby: 1. Annuls the decision of the European Parliament of 19 May 2020 suspending PP’s expatriation allowance; 2. Annuls the decision of the European Parliament of 7 April 2020 suspending PR’s expatriation allowance; 3. Annuls the decision of the European Parliament of 15 April 2020 suspending PQ’s expatriation allowance; 4. Annuls the decision of the European Parliament of 15 April 2020 suspending PS’s expatriation allowance; 5. Annuls the decision of the European Parliament of 16 April 2020 suspending PT’s expatriation allowance; 6. Dismisses the remainder of the action; 7. Orders PP, PS, PR, PQ and PT to bear half of their own costs; 8. Orders the Parliament, in addition to bearing its own costs, to pay half of the costs of PP, PS, PR, PQ and PT. da Silva Passos Valančius Reine Truchot Sampol Pucurull Delivered in open court in Luxembourg on 19 April 2023. [Signatures] * Language of the case: French.

61981CJ0044

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί τών δικαστικών εξόδων 20 Κατά τό άρθρο 69 , παράγραφος 2 , τού κανονισμού διαδικασίας , ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στά δικαστικά έξοδα , εφ’ οσον υπήρχε σχετικό αίτημα τού νικήσαντος διαδίκου . Επειδή ούτε οι προσφεύγουσες ούτε η παρεμβαίνουσα διετύπωσαν σχετικό αίτημα , τά δικαστικά έξοδα πρέπει νά συμψηφισθούν . Διατακτικό Διά ταύτα ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ κρίνει καί αποφασίζει : 1 ) Ακυρώνει τήν απόφαση τής Επιτροπής τής 10ης Δεκεμβρίου 1980 περί αρνήσεως καταβολής στήν Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερ- μανίας τών υπολοίπων τών συνδρομών τού Κοινωνικού Ταμείου υψους 16 928 855,52 DM . 2)Απορρίπτει τήν προσφυγή κατά τά λοιπά . 3)Κάθε διάδικος φέρει τά δικαστικά του έξοδα .

62001CJ0230

sv

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) har, genom beslut av den 31 maj 2001 som inkom till domstolen den 12 juni 2001, i enlighet med artikel 234 EG ställt tre frågor om tolkningen av rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 405, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 47, s. 159) och kommissionens förordning (EEG) nr 536/93 av den 9 mars 1993 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 57, s. 12; svensk specialutgåva, område 3, volym 50, s. 202). Frågorna har uppkommit i en tvist mellan mjölkproducenten Penycoed Farming Partnership (nedan kallat Penycoed) och Intervention Board for Agricultural Produce (nedan kallat Board), ett organ med ansvar för administrationen av systemet med mjölkkvoter i Förenade kungariket. Tvisten avser ett direkt krav till Penycoed i egenskap av producent av mjölk om betalning av tilläggsavgift för mjölk för de 2,11 miljoner liter som nämnda producent levererat utöver sin kvot under regleringsåret 1997/1998. Tillämpliga bestämmelser De gemenskapsrättsliga bestämmelserna Genom rådets förordning (EEG) nr 3950/92 förlängdes med sju nya på varandra följande tolvmånadersperioder, med början den 1 april 1993, tillämpningstiden för uttag av den tilläggsavgift på mjölk som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 856/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 90, s. 10; svensk specialutgåva, område 3, volym 17, s. 95). Om någon av de totala garantikvantiteterna överskrids blir, enligt det sjätte skälet i förordning nr 3950/92, ”konsekvensen för medlemsstaten att avgiften måste betalas av de producenter som bidragit till överskridandet”. I åttonde skälet i nämnda förordning anges att ”[f]ör att undvika långa dröjsmål mellan uppsamling och erläggande av avgiften som förekommit tidigare och som inte är förenliga med systemets syfte, bör det fastställas att uppköparna, som förefaller ha de bästa möjligheterna att vidta de åtgärder som krävs, skall betala avgiften och att de i sin tur ges de möjligheter som krävs för att uppbära avgiften från de betalningsskyldiga producenterna”. I artikel 1 i förordning nr 3950/92 föreskrivs följande: ”Under sju nya på varandra följande tolvmånadersperioder, som börjar löpa den 1 april 1993, skall producenter av komjölk betala en tilläggsavgift för sådana kvantiteter mjölk eller mjölkekvivalent som levereras till en uppköpare eller säljs direkt för konsumtion under den aktuella tolvmånadersperioden och som överstiger en viss kvantitet som skall fastställas. Avgiften skall vara 115 % av riktpriset på mjölk.” I artikel 2.1–2.3 i förordning nr 3950/92 föreskrivs följande: ”1. Avgiften skall betalas för samtliga kvantiteter mjölk eller mjölkekvivalent som saluförs under den aktuella tolvmånadersperioden och som överstiger den aktuella kvantitet som avses i artikel 3. Den skall delas mellan de producenter som bidragit till överskottet. Sedan de outnyttjade referenskvantiteterna eventuellt har omfördelats skall, i enlighet med medlemsstatens beslut, producenternas andel av den avgift som skall betalas fastställas antingen på uppköparnivå, på grundval av det överskott som återstår sedan de outnyttjade referenskvantiteterna har fördelats i proportion till varje producents referenskvantiteter, eller på nationell nivå, på grundval av överskottet i proportion till varje enskild producents referenskvantitet. 2. Vad beträffar leveranser skall den avgiftsskyldige uppköparen, före ett datum och i enlighet med närmare bestämmelser som skall fastställas, betala det belopp han är skyldig till det behöriga organet i medlemsstaten och dra av detta från det mjölkpris som betalas till de producenter som är skyldiga att betala avgiften eller, om detta inte är möjligt, ta ut avgiften på annat lämpligt sätt. … Om de kvantiteter som en producent har levererat överstiger hans referenskvantitet, skall uppköparen ha befogenhet att, i enlighet med närmare bestämmelser som fastställts av medlemsstaten, som ett förskott på den avgift som skall betalas, dra av ett belopp från mjölkpriset för varje leverans från denne producent som överstiger hans referenskvantitet. 3. Vad beträffar direktförsäljning skall producenten betala den avgift han är skyldig till det behöriga organet i medlemsstaten, före ett datum och i enlighet med bestämmelser som skall fastställas.” Artikel 9 e i förordning nr 3950/92 har följande lydelse: ”I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges: … e) uppköpare: ett företag eller en sammanslutning som köper upp mjölk eller andra mjölkprodukter från producenter för att – behandla eller bearbeta mjölken eller mjölkprodukterna, – sälja mjölken eller mjölkprodukterna till ett eller flera företag som behandlar eller bearbetar mjölk eller andra mjölkprodukter. Som uppköpare betraktas även varje sammanslutning av uppköpare inom samma geografiska område som för medlemmarnas räkning utför det administrativa och bokföringsmässiga arbete som krävs för betalningen av avgiften …” Tillämpningsföreskrifter för betalningen av avgiften fastställs i förordning nr 536/93. Enligt femte skälet i denna förordning har ”[d]e erfarenheter som förvärvats … visat att systemet inte har fungerat helt effektivt till följd av betydande förseningar både i samband med ingivandet av siffror om insamling, direktförsäljning och betalningen av avgiften. Dessa erfarenheter bör beaktas och nödvändiga slutsatser dras så att strikta villkor fastställs beträffande tidsfrister för meddelanden och betalningar samt möjliggöra för påföljder i de fall där tidsfristerna överskrids.” I sjunde skälet i förordning nr 536/93(EEG) anges att i enlighet med förordning (EEG) nr 3950/92 ”bär uppköparna huvudansvaret för att systemet tillämpas korrekt. Det är följaktligen väsentligt att medlemsstaterna godkänner de uppköpare som bedriver verksamhet inom deras territorier.” I artikel 3.1, 3.2 och 3.4 i förordning nr 536/93 föreskrivs följande: ”1. I slutet av var och en av de perioder som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 3950/92, skall uppköparen för varje producent utarbeta en avräkning som för den referenskvantitet producenten förfogar över och den representativa fetthalten i hans produktion anger kvantiteten av och fetthalten i den mjölk och mjölkekvivalenter som han har levererat under perioden. ... 2. Före den 15 maj varje år skall uppköpare till den behöriga myndigheten i medlemsstaten inge en sammanfattning av de avräkningar som utarbetats för varje producent eller, i förekommande fall, efter medlemsstatens beslut, den totala kvantiteten, den i enlighet med punkt 2.2 korrigerade kvantiteten och den genomsnittliga fetthalten i den mjölk och mjölkekvivalenter som producenterna har levererat till dem samt summan av de individuella referenskvantiteterna och den genomsnittliga representativa fetthalten för dessa producenters produktion. … 4. Före den 1 september varje år skall den betalningsskyldige uppköparen till den behöriga myndigheten betala det belopp han är skyldig i enlighet med föreskrifter som fastställts av medlemsstaten. …” Vad gäller direktförsäljning föreskrivs följande i artikel 4.2 och 4.4 i förordning nr 536/93: ”2. Producenten skall inge deklarationer till den behöriga myndigheten i medlemsstaten före den 15 maj varje år. … 4. Före den 1 september varje år skall producenten till den behöriga myndigheten betala det belopp han är skyldig i enlighet med föreskrifter som fastställts av medlemsstaten.” I artikel 5.2 i förordning nr 536/93 föreskrivs följande: ”Medlemsstater skall vidta alla ytterligare åtgärder som krävs för att säkerställa att de avgifter som skall betalas erläggs till kommissionen inom den fastställda tidsfristen. Om det av den uppsättning handlingar som avses i artikel 3.5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2776/88 …, och som medlemsstaterna skall ge in till kommissionen varje månad, framgår att denna tidsfrist har överskridits, skall kommissionen göra ett avdrag på förskotten vid bokföringen av jordbruksutgifterna i proportion till det förfallna beloppet eller en uppskattning av detta belopp. Ränta som betalats i enlighet med artiklarna 3.4 och 4.4 skall av medlemsstaterna dras av från utgifterna för mjölk och mjölkprodukter.” Artikel 7.1 och 7.2 i nämnda förordning har följande lydelse: ”1. Medlemsstater skall vidta alla de kontrollåtgärder som krävs för att säkerställa betalning av avgiften för eventuella kvantiteter mjölk och mjölkekvivalenter som saluförts och utöver de kvantiteter som avses i artikel 3 i förordning (EEG) nr 3950/92. För detta ändamål gäller följande bestämmelser: a) Varje uppköpare som verkar inom en medlemsstats territorium skall vara godkänd av denna medlemsstat. … b) Producenter skall försäkra sig om att de uppköpare som de levererar till är godkända. c) Uppköpare skall under minst tre år hålla följande handlingar tillgängliga för den behöriga myndigheten i medlemsstaten: dels lagerbokföring per tolvmånadersperioder med uppgift om varje producents namn och adress, den referenskvantitet som är disponibel i början och i slutet av varje period, de kvantiteter mjölk eller mjölkekvivalenter som han har levererat per månad eller fyraveckorsperiod, de representativa och genomsnittliga fetthalterna i hans leveranser, dels de handelsdokument, korrespondens och den övriga information som avses i rådets förordning (EEG) nr 4045/89 och som gör det möjligt att kontrollera nämnda lagerbokföring. d) Uppköpare skall vara ansvariga för att registrera alla kvantiteter mjölk och mjölkprodukter som levererats till dem enligt tilläggsavgiftssystemet. I detta syfte skall de under minst tre år hålla följande handlingar tillgängliga för den behöriga myndigheten: förteckningar över uppköpare och företag som behandlar eller bearbetar mjölk eller andra mjölkprodukter och som levererar mjölk eller andra mjölkprodukter till dem samt den kvantitet som varje leverantör har levererat per månad. e) Vid insamlingen i ett jordbruksföretag, skall mjölk eller mjölkprodukter åtföljas av en handling som gör det möjligt att identifiera den enskilda leveransen. Dessutom skall uppköpare under minst tre år bevara register över varje enskild leverans. … 2. Medlemsstaten skall vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att … – säkerställa att de berörda parterna har kännedom om de straffrättsliga och administrativa sanktioner som de kan utsättas för om de underlåter att följa bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3950/92 och i denna förordning.” De nationella bestämmelserna Den tillämpliga nationella lagstiftningen är Dairy Produce Quota Regulations 1997 (förordningen om 1997 års mjölkkvoter) (Statutory Instruments, SI 1997 No  733). I Regulation 2.1 föreskrivs följande: ”I dessa bestämmelser, såvida inte sammanhanget fordrar annorlunda ... förstås med 'uppköpare' en uppköpare i den mening som avses i artikel 9 e i rådets förordning [nr 3950/92] och som har godkänts av Intervention Board i enlighet med artikel 7.1 a i kommissionens förordning [nr 536/93].” I Regulation 20.2 och 20.3 föreskrivs följande: ”(2) Om någon del av avgiften är obetald efter den 1 september varje år, kan Intervention Board från direktförsäljaren eller (alltefter omständigheterna) uppköparen kräva in den del av avgiften som kvarstår vid detta datum jämte ränta för varje dag därefter till dess att det nämnda beloppet är betalt. Räntesatsen skall fastställas till en procentenhet över den tremånadersränta i pund sterling som används vid belåning mellan banker på Londons kapitalmarknad [LIBOR]. (3) Med avseende på artikel 2.2 tredje stycket i rådets förordning [nr 3950/92] (som behandlar avräkning på den avgift som skall erläggas) gäller följande. Om en producent som levererar till grossister överskrider sin grossistkvot, efter eventuell korrigering av denna kvot i enlighet med artikel 2.2 i kommissionens förordning [nr 536/93], får uppköparen omedelbart avräkna ett belopp motsvarande den avgift som han eventuellt skulle bli skyldig att erlägga till följd av att kvoten överskreds. Avräkningen skall ske från det belopp som uppköparen är skyldig att betala producenten för leveranserna. Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna Penycoed är ett jordbrukskollektiv som bland annat ägnar sig åt uppfödning av mjölkkor men utan att inneha några mjölkkvoter. Penycoed slöt avtal med Hugh Phillips som, inledningsvis via Elm Farms Ltd (nedan kallat Elm Farms), ett bolag bildat enligt engelsk rätt, och därefter från och med den 1 januari 1998 genom TDM Diary Management Inc. (nedan kallat TDM), ett bolag registrerat i delstaten Delaware (Amerikas förenta stater), som tagit kontrollen över Elm Farms verksamhet sedan detta bolag försatts i konkurs på grund av obetalda avgifter, genomförde följande upplägg. Penycoed upplät mot hyra en del av sin mark och sin besättning först till Elm Farms och därefter till TDM. Dessa bolag slöt en rad avtal vari föreskrevs att Penycoed, mot ersättning, skulle stå för underhåll och mjölkning av djuren för bolagens räkning. Syftet med avtalet var att Penycoed skulle kunna ägna sig åt mjölkproduktion utan att behöva någon mjölkkvot. Bolaget skulle inte vara producent i den mening som avses i förordningarna nr 3950/92 och 536/93 och Elm Farms och TDM inte uppköpare. I stället skulle Elm Farms och TDM själva vara producenter och erhålla en mjölkkvot eller bli betalningsskyldiga för eventuella avgifter. Board fördömde upplägget och ansåg att Penycoed förblev producent, att Elm Farms och TDM var uppköpare, och att Penycoed levererat mjölk till dessa båda bolag. Penycoed ansågs därför ha levererat mjölk utan mjölkkvot. I januari 1999 väckte Board talan och yrkade att Penycoed skulle förpliktas att erlägga 561 872,44 GBP till Board. Beloppet motsvarade avgiften för de 2,11 miljoner liter mjölk som Penycoed hade levererat under regleringsåret 1997/1998. Penycoed anförde en invändning om rättegångshinder mot Boards yrkande med motiveringen att även om de påstådda omständigheterna var riktiga, saknade Board rätt att vidta åtgärder direkt mot Penycoed. Enligt Penycoed kunde detta organ endast vidta rättsliga åtgärder mot uppköparna av mjölken vilka sedan fick vända sig till Penycoed. Beträffande invändningen om rättegångshinder har Penycoed begärt att Boards analys skall förutsättas vara korrekt. Parterna i målet vid den nationella domstolen är eniga om att det därmed skulle följa att Penycoed var en producent i den mening som avses i förordningarna nr 3950/92 och 536/93, att Elm Farms och TDM var uppköpare och att svaranden levererade mjölk till dessa bolag enligt förordning nr 3950/92 eller åtminstone enligt artikel 7 i förordning nr 536/93. Vidare följer härav att Board inte godkänt Elm Farms och TDM som uppköpare i enlighet med denna bestämmelse. Det var mot bakgrund härav som Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutade att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen: ”1. Är det förenligt med artiklarna 1 och/eller 2 i rådets förordning nr 3950/92 att det behöriga organet i en medlemsstat vidtar rättsliga åtgärder direkt mot en producent för att uppbära förfallna avgifter som samme producent är skyldig att betala (i annat fall än som avses i artikel 2.3 beträffande direktförsäljning)? 2. Om så är fallet, under vilka omständigheter kan detta ske? 3. Får sådana åtgärder i synnerhet vidtas om den uppköpare som mjölken levererades till (a) inte var godkänd enligt artikel 7 i kommissionens förordning nr 536/93 och/eller (b) inte har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 7 i denna förordning och/eller (c) inte har uppburit eller försökt uppbära avgifter från de berörda producenterna?” Prövning av tolkningsfrågorna Den nationella domstolen har ställt dessa frågor, som skall prövas tillsammans, för att få klarhet i om, och i sådant fall på vilka villkor, artiklarna 1 och/eller 2 i förordning nr 3950/92 ger det behöriga organet i en medlemsstat rätt att vidta rättsliga åtgärder direkt mot en producent av mjölk för att uppbära den tilläggsavgift för mjölk som denne är skyldig att betala. Domstolen erinrar inledningsvis om systemet med tilläggsavgift för mjölk som infördes genom förordning nr 3950/92. Systemet med tilläggsavgift för mjölk baseras på skillnaden mellan referenskvantiteter för försäljning av mjölk direkt till konsumtion och referenskvantiteter för mjölk som levereras till en uppköpare (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 april 1999 i mål C-288/97, Consorzio Caseifici dell'Altopiano di Asiago, REG 1999, s. I-2575, punkt 18). Vid direktförsäljning skall producenten betala avgiften till det behöriga organet i medlemsstaten i enlighet med artikel 2.3 i förordning nr 3950/92. Vad beträffar leveranser framgår det av artikel 2.2 att den avgiftsskyldige uppköparen skall betala det belopp han är skyldig till detta organ och dra av beloppet från det mjölkpris som betalas till de producenter som är skyldiga att betala avgiften eller, om detta inte är möjligt, ta ut avgiften på annat lämpligt sätt. I båda fallen åligger avgiften producenten. Vad beträffar leveranser syftar emellertid systemet med tilläggsavgifter, såsom det infördes genom förordning nr 3950/92 och förordning nr 536/93, endast till att reglera förhållandet mellan den betalningsskyldige och den avgiftsskyldige samt mellan den betalningsskyldige och det behöriga organ som skall motta beloppen. Artikel 2 i förordning nr 3950/92 kan därför inte tjäna som rättslig grund för det behöriga organet i en medlemsstat att i annat fall än vid direktförsäljning vidta rättsliga åtgärder direkt mot en producent i syfte att uppbära förfallna avgifter som denne är skyldig att betala. Det förhållandet att uppköparen inte uppfyller eller inte längre uppfyller sin roll som betalningsskyldig medför inte att producenten träder i uppköparens ställe i förhållande till det behöriga organet. En sådan sanktionsåtgärd skulle förutsätta att det först fanns en rättslig grund som definierar villkoren och omfattningen härför (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juli 1994 i mål C-352/92, Milchwerke Köln mot Wuppertal, REG 1994, s. I-3385, punkt 22, och av den 13 november 2001 i mål C-277/98, Frankrike mot kommissionen, REG 2001, s. I‑8453, punkt 37). Någon sådan rättslig grund föreligger dock inte i förevarande fall. Av det ovan anförda följer att förordning nr 3950/92 inte utgör någon rättslig grund för det behöriga organet att uppbära tilläggsavgiften direkt av producenten. Systemet kan emellertid inte anses uttömmande på så sätt att det utgör hinder för varje annan form av uppbörd för det fall uppköparen har åsidosatt sina skyldigheter. Domstolen erinrar härvid om åttonde skälet i förordning nr 3950/92 vari anges att det är uppköparna, vilka förefaller ha de bästa möjligheterna att vidta de åtgärder som krävs, som skall betala avgiften. I den mån denna bedömning skulle vara felaktig, särskilt om uppköparen åsidosatt sin uppbördsskyldighet, kan en möjlighet för det behöriga organet att uppbära avgiften direkt av producenten inte uteslutas. Såsom följer av sjätte skälet i förordning nr 3950/92 skall avgiften betalas endast av de producenter som bidragit till överskridandet. Det framgår av fast rättspraxis att när det i gemenskapslagstiftning inte uttryckligen föreskrivs någon påföljd för överträdelser av bestämmelserna däri, eller det i detta hänseende hänvisas till nationella lagar och andra författningar, är medlemsstaterna enligt artikel 10 EG skyldiga att vidta alla åtgärder som är ägnade att säkerställa gemenskapsrättens tillämplighet (dom av den 21 september 1989 i mål 68/88, kommissionen mot Grekland, REG 1989, s. 2965, punkt 23, svensk specialutgåva, volym 10, s. 153, av den 10 juli 1990 i mål C‑326/88, Hansen, REG 1990, s. I-2911, punkt 17, svensk specialutgåva, volym 10, s. 459, domen i det ovannämnda målet Milchwerke Köln mot Wuppertal, punkt 23, dom av den 26 oktober 1995 i mål C-36/94, Siesse, REG 1995, s. I-3573, punkt 20, av den 27 februari 1997 i mål C-177/95, Ebony Maritime och Loten Navigation, REG 1997, s. I-1111, punkt 35, och av den 30 september 2003 i mål C-167/01, Inspire Art, REG 2003, s. I-0000, punkt 62). I skyldigheten enligt artikel 10 EG ingår även att vidta de förvaltningsrättsliga, skatterättsliga eller civilrättsliga åtgärder som krävs för att uppbära eller indriva skatter och avgifter som någon genom bedrägeri har underlåtit att betala eller för att erhålla skadestånd (domen i det ovannämnda målet Milchwerke Köln mot Wuppertal, punkt 23). Medlemsstaterna är därför skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa att avgifter erläggs för det fall mekanismen i artikel 2.2 i förordning nr 3950/92 inte har fungerat. Skyldigheten inbegriper möjligheten att vidta åtgärder direkt gentemot producenten i syfte att indriva det belopp som denne är skyldig att betala i form av tilläggsavgift för mjölk, om det styrks att producenten inte har erlagt denna avgift till uppköparen och den senare inte har för avsikt att kräva betalning härför av producenten. Det är däremot inte i sig relevant att de villkor som föreskrivs i artikel 7 i förordning nr 536/93, och då särskilt att personen saknar tillstånd som uppköpare, inte har uppfyllts, eftersom betalningen av den tilläggsavgift som skall erläggas till det behöriga organet inte nödvändigtvis äventyras av att dessa villkor inte är uppfyllda. Den främsta målsättningen med avgiftssystemet, nämligen att bestraffa överproduktion, kan uppnås trots sådana brister. Av vad som anförts ovan följer att de ställda frågorna skall besvaras så, att artiklarna 1 och 2 i förordning nr 3950/92 inte i annat fall än vid direktförsäljning ger det behöriga organet rätt att vidta rättsliga åtgärder direkt mot en producent av mjölk för att uppbära den tilläggsavgift för mjölk som denne är skyldig att betala. Medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 10 EG att vidta åtgärder för att säkerställa att avgiften uppbärs om mekanismen i artikel 2.2 i denna förordning inte har fungerat inbegriper möjligheten att vidta åtgärder direkt gentemot producenten i syfte att driva in det belopp denne är skyldig att erlägga om det styrks att han inte har erlagt detta belopp till uppköparen och den senare inte har för avsikt att kräva betalning härför av producenten. Det är däremot inte i sig relevant att de villkor som föreskrivs i artikel 7 i förordning nr 536/93, och då särskilt att personen saknar tillstånd som uppköpare, inte har uppfyllts. Rättegångskostnader De kostnader som har förorsakats Förenade kungarikets regering, den grekiska och den italienska regeringen samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. På dessa grunder beslutar DOMSTOLEN (sjätte avdelningen) – angående de frågor som genom beslut av den 31 maj 2001 har ställts av – Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) ‑ följande dom: Artiklarna 1 och 2 i rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ger inte i annat fall än vid direktförsäljning det behöriga organet rätt att vidta rättsliga åtgärder direkt mot en producent av mjölk för att uppbära den tilläggsavgift för mjölk som denne är skyldig att betala. Medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 10 EG att vidta åtgärder för att säkerställa att avgiften uppbärs om mekanismen i artikel 2.2 i denna förordning inte har fungerat inbegriper emellertid möjligheten att vidta åtgärder direkt gentemot producenten i syfte att driva in det belopp denne är skyldig att erlägga om det styrks att han inte har erlagt beloppet till uppköparen och den senare inte har för avsikt att kräva betalning härför av producenten. Det är däremot inte i sig relevant att de villkor som föreskrivs i artikel 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 536/93 av den 9 mars 1993 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter, och då särskilt att personen saknar tillstånd som uppköpare, inte har uppfyllts. Skouris Puissochet Schintgen Macken Colneric Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 januari 2004. R. Grass V. Skouris Justitiesekreterare Ordförande på sjätte avdelningen – Rättegångsspråk: engelska.

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Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách ( Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29 ; Mim. vyd. 15/002, s. 288). Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. (ďalej len „Lombard“) a PN vo veci právnych účinkov zmluvnej podmienky týkajúcej sa kurzového rizika, ktoré znáša spotrebiteľ v prípade zmluvy o úvere vyjadrenom v cudzej mene, ktorý sa má ale uhradiť v národnej mene. Právny rámec Právo Únie Článok 4 smernice 93/13 znie: „1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7, nekalosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy, v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí. 2.   Hodnotenie nekalej povahy podmienok sa nevzťahuje ani k definícii hlavného predmetu zmluvy ani na primeranú cenu a úhradu na jednej strane, ako aj tovar alebo služby dodávané výmenným spôsobom na druhej strane, pokiaľ tieto podmienky sú zrozumiteľné.“ Podľa článku 5 prvej vety uvedenej smernice „v prípade zmlúv, v ktorých sú všetky alebo niektoré podmienky ponúkané spotrebiteľovi v písomnej forme, musia byť vždy tieto podmienky vypracované [jasne a] zrozumiteľne“. Článok 6 ods. 1 tej istej smernice stanovuje: „Členské štáty zabezpečia, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva, neboli záväzné pre spotrebiteľa a aby zmluva bola podľa týchto podmienok naďalej záväzná pre strany, ak je jej ďalšia existencia možná bez nekalých podmienok.“ Článok 7 ods. 1 smernice 93/13 stanovuje: „Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili súvislému uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcov alebo dodávateľov.“ Podľa článku 8 tejto smernice: „Členské štáty môžu prijať alebo si ponechať najprísnejšie opatrenia kompatibilné so zmluvou v oblasti obsiahnutej touto smernicou s cieľom zabezpečenia maximálneho stupňa ochrany spotrebiteľa.“ Maďarské právo § 209 Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (zákon č. IV z roku 1959 o Občianskom zákonníku) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej (ďalej len „predchádzajúci Občiansky zákonník“) stanovoval: „1.   Všeobecná zmluvná podmienka alebo zmluvná podmienka, ktorá nebola v spotrebiteľskej zmluve individuálne dohodnutá, je nekalá, ak v rozpore s požiadavkami dôvery a spravodlivého zaobchádzania jednostranne a bez oprávneného dôvodu určuje práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy spôsobom, ktorý znevýhodňuje zmluvnú stranu v porovnaní s osobou, ktorá dotknutú zmluvnú podmienku sformulovala. 2.   Na účely nekalosti podmienky je potrebné preskúmať všetky okolnosti existujúce v čase uzavretia zmluvy, ktoré viedli k jej uzavretiu, ako aj povahu dohodnutej služby a vzťah spornej podmienky k ostatným zmluvným podmienkam alebo iným zmluvám. 3.   Osobitným predpisom sa môžu určiť podmienky spotrebiteľských zmlúv, ktoré sú nekalé alebo ktoré sa majú považovať za nekalé, pokiaľ sa nepreukáže opak. 4.   Skutočnosť, že všeobecné zmluvné podmienky a podmienky spotrebiteľskej zmluvy, ktoré neboli individuálne dohodnuté, nie sú sformulované jasne a zrozumiteľne, sama osebe zakladá ich nekalosť. 5.   Ustanovenia o nekalých zmluvných podmienkach nemožno uplatniť na zmluvné ustanovenia, ktoré vymedzujú hlavné plnenie, ani na zmluvné ustanovenia, ktoré určujú primeranosť medzi plnením a protiplnením, pokiaľ sú uvedené ustanovenia sformulované jasne a zrozumiteľne.“ Podľa § 209/A predchádzajúceho Občianskeho zákonníka: „1.   Poškodená zmluvná strana môže napadnúť nekalé podmienky, ktoré sú súčasťou zmluvy ako všeobecné zmluvné podmienky. 2.   Nekalé podmienky, ktoré sú obsiahnuté v spotrebiteľských zmluvách ako všeobecné podmienky alebo ktoré predajca alebo dodávateľ stanovil jednostranne, vopred a bez predchádzajúceho individuálneho dojednania, sú neplatné. Neplatnosti sa možno dovolávať iba v záujme spotrebiteľa.“ § 237 tohto zákonníka znel takto: „1.   V prípade neplatnosti zmluvy sa musí obnoviť stav, ktorý existoval pred jej uzavretím. 2.   Ak nie je možné obnoviť stav, ktorý existoval pred uzavretím zmluvy, súd môže určiť, že zmluva sa uplatňuje až do vydania jeho rozhodnutia. Neplatná zmluva môže byť vyhlásená za platnú, pokiaľ je možné odstrániť dôvod neplatnosti, predovšetkým odstránením neprimeranej výhody v prípade zjavnej neprimeranosti medzi plneniami zmluvných strán v úžerníckych zmluvách. V takýchto prípadoch treba rozhodnúť o vrátení poskytnutých služieb, prípadne aj bez protiplnenia.“ § 203 ods. 4 a 5 hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (zákon č. CXII z roku 1996 o úverových a finančných inštitúciách) v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej, stanovoval: „4.   V prípade zmlúv uzavretých s klientmi v postavení spotrebiteľa, ktorými sa poskytuje úver v cudzej mene alebo ktoré zavádzajú opčné právo na kúpu nehnuteľnosti, je finančná inštitúcia povinná vysvetliť klientovi riziko, ktoré mu vzniká pri zmluvnej transakcii, pričom klient podpisom potvrdí, že bol informovaný. 5.   Vyhlásenie uvedené v odseku 4 musí obsahovať: a) v prípade zmluvy o poskytnutí úveru v cudzej mene predloženie kurzového rizika, ako aj jeho vplyv na výšku splátok, …“ § 1 Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [zákon č. XL z roku 2014 upravujúci ustanovenia, ktorými sa riadi vyúčtovanie uvedené v zákone XXXVIII z roku 2014 upravujúcom špecifické záležitosti týkajúce sa rozhodnutia Kúria (Najvyšší súd, Maďarsko) o harmonizácii judikatúry o zmluvách o úvere uzavretými finančnými inštitúciami so spotrebiteľmi, a týkajúcimi sa viacerých ďalších ustanovení; ďalej len „zákon DH2“] stanovuje: „Účinok tohto zákona sa vzťahuje aj na zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré patria do pôsobnosti Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [zákon č. XXXVIII z roku 2014 upravujúci špecifické záležitosti týkajúce sa rozhodnutia Kúria (Najvyšší súd) o harmonizácii judikatúry o zmluvách o úvere uzavretých medzi úverovými inštitúciami a spotrebiteľmi)].“ § 37 zákona DH2 znie: „1.   Vo vzťahu ku zmluvám, ktoré sú predmetom tohto zákona, zmluvné strany môžu podať súdnemu orgánu návrh na určenie neplatnosti zmluvy alebo určitých zmluvných podmienok (ďalej len ‚čiastočná neplatnosť‘) – bez ohľadu na dôvody takejto neplatnosti – iba ak súčasne požiadajú o vyvodenie právnych dôsledkov neplatnosti, konkrétne o určenie platnosti alebo účinnosti zmluvy do momentu vydania rozhodnutia. Za nedodržanie tejto požiadavky – a po tom, čo nedošlo k využitiu poskytnutej príležitosti na odstránenie vád – bude žaloba považovaná za neprípustnú a nebude možné rozhodnúť vo veci samej. Ak zmluvné strany podajú návrh na vyvodenie právnych dôsledkov úplnej alebo čiastočnej neplatnosti, sú tiež povinné uviesť právny dôsledok, ktorý by mal súdny orgán uplatniť. Vo vzťahu k uplatneniu právnych dôsledkov sú zmluvné strany povinné predložiť výslovný, kvantitatívne vymedzený nárok, ktorého súčasťou je tiež vyúčtovanie medzi nimi. 2.   Pri zohľadnení ustanovení odseku 1 vo vzťahu k zmluvám, ktorých sa tento zákon týka, žaloba musí byť vyhlásená za neprípustnú bez predvolania strán sporu alebo sa musí prerušiť skúmanie veci v prebiehajúcom konaní o vyhlásenie úplnej alebo čiastočnej neplatnosti zmluvy podľa § 239/A ods. 1 [predchádzajúceho Občianskeho zákonníka] alebo § 6:108 ods. 2 Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [zákon č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku], pri splnení podmienok ustanovených týmto zákonom. Žaloba nesmie byť vyhlásená za neprípustnú bez predvolania strán sporu a konanie vo veci nesmie byť prerušené, ak sa príslušná zmluvná strana v tom istom konaní okrem vyhlásenia úplnej alebo čiastočnej neplatnosti zmluvy dožaduje aj inej formy rozhodnutia; v takom prípade sa treba domnievať, že zmluvná strana netrvá na svojom nároku na vyhlásenie neplatnosti. Rovnaký postup sa vykoná v konaní, ktoré bolo obnovené po skončení prerušenia.“ V súlade s § 33 ods. 1 bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (zákon č. LXVI z roku 1997 o organizácii a správe súdov) spoločný senát Kúria (Najvyšší súd) posúdi judikatúru a predkladá stanovisko k sporným otázkam uplatňovania práva s cieľom zabezpečiť jednotnosť judikatúry. Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky Dňa 4. decembra 2009 PN uzavrel so spoločnosťou Lombard Finanszírozási Zrt. zmluvu o individuálnom úvere s variabilnou úrokovou sadzbou na kúpu vozidla (ďalej len „predmetná zmluva o úvere“). Táto zmluva bola vyjadrená vo švajčiarskych frankoch (CHF) a mesačné splátky, ktoré mali byť uhradené, boli konvertované na maďarské forinty (HUF). Pri uzavretí uvedenej zmluvy PN podpísal vyhlásenie o oboznámení sa s rizikom. PN jednak spresnil, že existencia kurzového rizika bola pre spotrebiteľa záťažou, a jednak, že budúci vývoj výmenných kurzov bol nepredvídateľný. Mesačné splátky tak boli stanovené vo švajčiarskych frankoch a neskôr konvertované na maďarské forinty a kurzový rozdiel vypočítaný pri tejto konverzii mal znášať dlžník. Z tohto dokumentu tiež vyplývalo, že ak sa kurz cudzej meny v porovnaní s maďarským forintom v deň splatnosti líšil od referenčného výmenného kurzu vymedzeného pri uzavretí zmluvy, rozdiel medzi predajným a nákupným kurzom znášal tiež dlžník. Dňa 31. augusta 2010 bola Lombard Finanszírozási Zrt. zrušená zlúčením a Lombard sa stala jej univerzálnou právnou nástupkyňou. V dôsledku toho boli všetky záväzky a práva spoločnosti Lombard Finanszírozási Zrt. prevedené na Lombard. V apríli 2015 bola predmetná zmluva o úvere upravená prostredníctvom vyúčtovania podľa zákona DH2. Po tomto vyúčtovaní bola od dlžnej sumy PN odpočítaná suma 284502 HUF (približne 800 eur), ktorá bola považovaná za neoprávnene prijatú veriteľom. Naopak ročná úroková sadzba, ktorá bola 22,32 % pred úpravou predmetnej úverovej zmluvy, zostala rovnaká. Toto vyúčtovanie bolo zaslané PN, ktorý nepodal sťažnosť. Keďže PN bol v omeškaní s mesačnými splátkami podľa predmetnej zmluvy o úvere, Lombard ho 12. augusta 2015 informovala, že dlhuje sumu 121722 HUF (približne 342 eur) s tým, že v prípade nezaplatenia bude táto zmluva s okamžitou platnosťou vypovedaná. PN nevyhovel tejto žiadosti, takže Lombard jednostranne vypovedala uvedenú zmluvu 14. septembra 2015 a vyzvala PN, aby uhradil dlžný zostatok vo výške 472399 HUF (približne 1320 eur). PN bola táto výzva doručená 15. októbra 2015. Lombard následne podala žalobu na prvostupňový súd, v ktorej žiadala, aby bola predmetná zmluva o úvere vyhlásená so spätnou účinnosťou za platnú a aby bola PN uložená povinnosť zaplatiť sumu 490102 HUF (približne 1370 eur) ako istinu zmluvnej pohľadávky, ako aj úroky z omeškania. PN sa dovolával nekalej povahy podmienok obsiahnutých v predmetnej úverovej zmluve, ktoré naňho v celom rozsahu prenášali kurzové riziko. Spochybnil skutočnosť, že informačné oznámenie o výmennom kurze bolo jasné a zrozumiteľné. V rámci protinávrhu najmä žiadal, aby bola spoločnosti Lombard uložená povinnosť uhradiť mu sumu 1734144 HUF (približne 4870 eur) z dôvodu bezdôvodného obohatenia vyplývajúceho z neplatnosti tejto zmluvy. Prvostupňový súd preskúmal najmä podmienky, za ktorých môže byť taká zmluva, akou je predmetná zmluva o úvere, vyhlásená za platnú vzhľadom na stanovisko, ktoré v júni 2019 vydal poradný orgán Kúria (Najvyšší súd) (ďalej len „stanovisko Kúria“). Podľa uvedeného stanoviska ak je zmluva o úvere vyhlásená za platnú, súdom sa ponúkajú dve riešenia. Buď môžu vyhlásiť zmluvu za platnú tak, že sa bude považovať za vyjadrenú v maďarských forintoch s úrokovou sadzbou zodpovedajúcou hodnote úrokovej sadzby platnej pre transakcie v maďarských forintoch v deň uzavretia uvedenej zmluvy, zvýšenej o uplatnenú maržu. Alebo môžu vyhlásiť zmluvu za platnú tak, že maximalizujú výmenný kurz medzi cudzou menou a maďarským forintom, pričom úroková sadzba stanovená v zmluve zostáva nezmenená až do dňa konverzie na maďarské forinty. Prvostupňový súd rozhodol, že hoci ustanovenie predmetnej zmluvy o úvere, podľa ktorého mal kurzové riziko znášať PN, malo nekalú povahu, túto zmluvu bolo potrebné považovať za platnú so spätnou účinnosťou ku dňu jej uzavretia, ale za vyjadrenú od toho istého dátumu v maďarských forintoch. Navyše rozhodol, že ročná úroková sadzba mala byť stanovená na 23,07 % na základe výpočtu vykonaného spoločnosťou Lombard, ktorý vychádzal z rozdielu medzi pôvodnou výškou úveru a celkovou výškou mesačných splátok uhradených PN. V prejednávanej veci bola pôvodná výška úveru 1417500 HUF (približne 4000 eur) a bolo stanovené, že celková výška mesačných splátok na uhradenie bola 2689225 HUF (približne 7600 eur). Vzhľadom na to, že PN zaplatil v skutočnosti sumu 3151644 HUF (približne 8900 eur), prvostupňový súd uložil spoločnosti Lombard z dôvodu bezdôvodného obohatenia povinnosť uhradiť rozdiel medzi týmito dvoma poslednými uvedenými sumami, a to 462419 HUF (približne 1300 eur). Lombard podala proti tomuto rozsudku odvolanie na vnútroštátny súd Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta Budapešť, Maďarsko), pričom spochybnila rozhodnutie, podľa ktorého sa mala predmetná zmluva o úvere považovať za zmluvu, ktorá bola od dátumu jej uzavretia vyjadrená v maďarských forintoch. Tvrdí najmä, že vyhlásenie platnosti tejto zmluvy nemôže mať za následok narušenie zmluvnej rovnováhy medzi zmluvnými stranami v takej miere a takým spôsobom, že v právnom vzťahu vznikne nerovnováha medzi príslušnými hodnotami plnenia a protiplnenia. Okrem toho podľa spoločnosti Lombard nemožno takéto zmluvy vyjadrené v cudzej mene, ktoré prenášajú kurzové riziko na ťarchu spotrebiteľov, ako také vyhlásiť za nezákonné. Vnútroštátny súd má pochybnosti o právnych možnostiach, ktoré má k dispozícii, keď sa zmluva v prípade neplatnosti týkajúcej sa jej hlavného predmetu vyhlási za platnú alebo sa určí, že vyvoláva právne účinky medzi zmluvnými stranami. Za týchto podmienok Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta Budapešť) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky: „1. V prípade, že sa nekalá zmluvná podmienka týka hlavného predmetu zmluvy (neadekvátne informácie o výmennom kurze), v dôsledku čoho zmluva nemôže ďalej existovať, a neexistuje žiadna dohoda medzi stranami, zabezpečuje plný účinok smernice [93/13] skutočnosť, že pri absencii dispozitívneho ustanovenia vnútroštátneho práva existuje stanovisko súdu, ktorý má v rámci hierarchie súdov najvyššie postavenie, ktoré však nie je záväzné pre súdy nižšieho stupňa, ale poskytuje usmernenie pre vyhlásenie o platnosti alebo účinnosti zmluvy? 2. V prípade zápornej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, je možné obnoviť pôvodnú situáciu, keď zmluva nemôže ďalej existovať z dôvodu nekalej podmienky týkajúcej sa hlavného predmetu zmluvy, medzi stranami neexistuje žiadna dohoda a nemožno uplatniť ani vyššie uvedené stanovisko? 3. V prípade kladnej odpovede na druhú prejudiciálnu otázku, ak ide o návrh na vyhlásenie neplatnosti týkajúcej sa hlavného predmetu zmluvy, v súvislosti s [týmto] typom zmlúv, môže zákon uložiť požiadavku, aby spotrebiteľ spolu s týmto návrhom musel podať aj návrh na vyhlásenie platnosti alebo účinnosti zmluvy? 4. V prípade zápornej odpovede na druhú prejudiciálnu otázku, keď nie je možné obnoviť pôvodnú situáciu, možno zmluvy vyhlásiť za platné alebo účinné a posteriori legislatívnou cestou, aby sa zabezpečila rovnováha medzi stranami?“ O prejudiciálnych otázkach O prvej otázke O prípustnosti Treba pripomenúť, že na to, aby Súdny dvor mohol podať výklad práva Únie, ktorý bude pre vnútroštátny súd užitočný, z článku 94 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora vyplýva, že návrh na začatie prejudiciálneho konania musí obsahovať uvedenie dôvodov, pre ktoré sa vnútroštátny súd rozhodol položiť otázku o výklade alebo platnosti určitých ustanovení práva Únie, ako aj súvislosti, ktoré vnútroštátny súd vidí medzi týmito ustanoveniami a vnútroštátnou právnou úpravou uplatniteľnou v spore vo veci samej (rozsudok zo 17. septembra 2020, Burgo Group, C‑92/19 , EU:C:2020:733 , bod ). Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora prináleží len vnútroštátnemu súdu, ktorému bol spor predložený a ktorý musí niesť zodpovednosť za prijaté súdne rozhodnutie, aby s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci posúdil tak nevyhnutnosť prejudiciálneho rozhodnutia na vydanie svojho rozsudku, ako aj relevantnosť otázok, ktoré predkladá Súdnemu dvoru a ktoré sa považujú za relevantné. Preto pokiaľ sa položená otázka týka výkladu alebo platnosti právneho predpisu Únie, Súdny dvor je v zásade povinný rozhodnúť, okrem prípadu, ak je zjavné, že požadovaný výklad nemá nijakú súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu vo veci samej, ak ide o hypotetický problém alebo ak Súdny dvor nedisponuje skutkovými a právnymi podkladmi potrebnými na užitočnú odpoveď na uvedenú otázku (rozsudok z 21. decembra 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , bod a citovaná judikatúra). Rovnako bolo ustálené, že v rámci konania upraveného v článku 267 ZFEÚ, vychádzajúceho zo zreteľného rozdelenia úloh medzi vnútroštátne súdy a Súdny dvor jedine vnútroštátny súd je oprávnený vykladať a uplatňovať ustanovenia vnútroštátneho práva, zatiaľ čo Súdny dvor je oprávnený len rozhodnúť o výklade alebo platnosti textu Únie na základe skutočností, ktoré mu uviedol vnútroštátny súd (rozsudok z 21. decembra 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , bod a citovaná judikatúra). V prejednávanej veci, ako zdôrazňuje maďarská vláda vo svojich písomných pripomienkach, je pravda, že informácie poskytnuté vnútroštátnym súdom, pokiaľ ide o dôvody, pre ktoré je potrebné vykladať právo Únie, a o relevantnosť prvej otázky na účely rozhodnutia sporu vo veci samej, sú stručné. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu však vyplýva, že Lombard podala odvolanie proti prvostupňovému rozsudku na vnútroštátny súd, pričom namietala najmä rekvalifikovanie predmetnej zmluvy o úvere na zmluvu vyjadrenú v maďarských forintoch. Z uvedeného rozhodnutia pritom tiež vyplýva, že toto rekvalifikovanie bolo vykonané na základe prvého riešenia uvedeného v stanovisku Kúria. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je zjavné, že prvá otázka týkajúca sa možnosti využiť podľa smernice 93/13 takéto stanovisko na určenie prístupu, ktorý sa má uplatniť pri vyhlásení zmluvy za platnú alebo účinnú, ak táto zmluva nemôže ďalej existovať z dôvodu nekalej povahy podmienky týkajúcej sa jej hlavného predmetu, je na účely rozhodnutia sporu vo veci samej irelevantná. Z toho vyplýva, že prvá otázka je prípustná. O veci samej Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má smernica 93/13 vykladať v tom zmysle, že potrebný účinok jej ustanovení možno v prípade neexistencie vnútroštátnej právnej normy dispozitívnej povahy upravujúcej takúto situáciu zabezpečiť nezáväzným stanoviskom vydaným súdom najvyššieho stupňa dotknutého členského štátu, v ktorom sa súdom nižšej inštancie uvedie, aký postup majú uplatniť, aby vyhlásili zmluvu za platnú alebo účinnú medzi zmluvnými stranami, ak táto zmluva nemôže ďalej existovať z dôvodu nekalej povahy podmienky týkajúcej sa jej hlavného predmetu. Na úvod treba pripomenúť, že hoci z článku 288 tretieho odseku ZFEÚ vyplýva, že členské štáty pri preberaní smernice disponujú širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o voľbu spôsobov a prostriedkov určených na zabezpečenie jej prebratia, táto sloboda nemá žiadny dosah na povinnosť uloženú všetkým členským štátom, ktorým je smernica určená, a to prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie plného účinku dotknutej smernice v súlade s cieľom, ktorý smernica sleduje (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. júla 2019, Fashion ID, C‑40/17 , EU:C:2019:629 , bod a citovanú judikatúru). Pokiaľ ide o smernicu 93/13, táto smernica ukladá členským štátom povinnosť stanoviť primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili uplatňovaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcov alebo dodávateľov (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. júna 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10 , EU:C:2012:349 , bod ). Okrem toho z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že nemožno vylúčiť, že súdy najvyššieho stupňa členského štátu môžu v rámci ich úlohy harmonizácie výkladu práva a v záujme právnej istoty vypracovať pri dodržaní smernice 93/13 určité kritériá, podľa ktorých musia súdy nižšieho stupňa skúmať nekalú povahu zmluvných podmienok (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 7. augusta 2018, Banco Santander a Escobedo Cortés, C‑96/16 , EU:C:2018:643 , bod ). Z toho však tiež vyplýva, že usmernenia týchto súdov najvyššieho stupňa, ktoré obsahujú takéto kritériá, nemôžu brániť príslušnému vnútroštátnemu súdu, aby na jednej strane zabezpečil plný účinok smernice 93/13 tým, že by v prípade potreby z vlastnej iniciatívy neuplatnil akékoľvek odporujúce ustanovenie vnútroštátneho práva, aj keby bolo prijaté neskôr, vrátane akejkoľvek odporujúcej súdnej praxe, a to bez toho, aby musel požadovať alebo čakať na ich predchádzajúce zrušenie či už zákonodarnou alebo súdnou cestou alebo akýmkoľvek iným ústavným postupom, a na druhej strane brániť možnosti obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. marca 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , bod ). Súdny dvor tak rozhodol, že smernica 93/13 v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie nebráni tomu, aby súd najvyššieho stupňa členského štátu prijal v záujme jednotného výkladu práva záväzné rozhodnutia týkajúce sa spôsobov vykonania tejto smernice, pokiaľ tieto rozhodnutia príslušnému súdu nebránia ani v zabezpečení plného účinku noriem stanovených v uvedenej smernice a poskytnutí spotrebiteľovi účinného prostriedku nápravy na účely ochrany práv, ktoré mu z toho môžu plynúť, ani v tom, aby sa v tejto súvislosti obrátil na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania (rozsudok zo 14. marca 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , bod ). Existencia nezáväzného stanoviska súdu najvyššieho stupňa členského štátu, ktoré tak umožňuje súdom nižšieho stupňa, ktoré sa ním majú riadiť, aby sa od neho voľne odchýlili, však nemôže byť považovaná za takú, ktorá by zabezpečila potrebný účinok smernice 93/13 tým, že osobám poškodeným nekalou podmienkou zaručí, že budú v plnom rozsahu chránené. Je pravda, že z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že v situácii, v ktorej zmluva uzatvorená medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom nemôže pretrvať po zrušení nekalej podmienky, článok 6 ods. 1 smernice 93/13 nebráni tomu, aby vnútroštátny súd na základe zásad zmluvného práva zrušil nekalú podmienku a nahradil ju podporným ustanovením vnútroštátneho práva v situáciách, v ktorých by bol súd na základe neplatnosti nekalej podmienky nútený vyhlásiť zmluvu ako celok za neplatnú, čím by spotrebiteľa vystavil obzvlášť nepriaznivým dôsledkom, ktoré by ho penalizovali (rozsudok z 3. marca 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18 , EU:C:2020:138 , bod a citovaná judikatúra). Treba sa pritom domnievať, že nezáväzné stanovisko súdu najvyššieho stupňa členského štátu, akým je stanovisko Kúria, nemožno považovať za také dispozitívne ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré má nahradiť podmienku zmluvy o úvere, ktorá sa považuje za nekalú. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy treba na prvú otázku odpovedať tak, že smernica 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že potrebný účinok jej ustanovení nemožno, v prípade neexistencie vnútroštátnej právnej normy dispozitívnej povahy upravujúcej takúto situáciu, zabezpečiť len nezáväzným stanoviskom súdu najvyššieho stupňa dotknutého členského štátu, v ktorom sa súdom nižšej inštancie uvedie, aký postup majú uplatniť, aby vyhlásili zmluvu za platnú alebo účinnú medzi zmluvnými stranami, ak táto zmluva nemôže ďalej existovať z dôvodu nekalej povahy podmienky týkajúcej sa jej hlavného predmetu. O druhej otázke O prípustnosti Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora pripomenutú v bodoch 27 až 29 tohto rozsudku, ako aj na skutočnosti uvedené v bode 31 tohto rozsudku sa nezdá byť zjavné, že na účely rozhodnutia sporu vo veci samej je druhá otázka týkajúca sa možnosti obnoviť situáciu zmluvných strán zmluvy o úvere, v akej by boli, keby táto zmluva nebola uzavretá, irelevantná, ak uvedená zmluva z dôvodu nekalej podmienky týkajúcej sa jej hlavného predmetu nemôže ďalej existovať, zmluvné strany sa nedohodnú a nezáväzné stanovisko uvedené v prvej otázke nemožno uplatniť. Z toho vyplýva, že druhá otázka je prípustná. O veci samej Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má smernica 93/13 vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby sa príslušný vnútroštátny súd rozhodol obnoviť situáciu zmluvných strán zmluvy o úvere, v akej by boli, keby táto zmluva nebola uzavretá z dôvodu, že podmienka uvedenej zmluvy týkajúca sa jej hlavného predmetu má byť podľa tejto smernice vyhlásená za nekalú. Na úvod treba pripomenúť, že podľa článku 4 ods. 2 smernice 93/13 sa hodnotenie nekalej povahy podmienok netýka definície hlavného predmetu zmluvy, pokiaľ sú tieto podmienky formulované jasne a zrozumiteľne. Článok 8 tejto smernice však stanovuje možnosť členských štátov v oblasti obsiahnutej touto smernicou prijať tieto alebo ponechať prísnejšie opatrenia kompatibilné so Zmluvou s cieľom zabezpečiť maximálny stupeň ochrany spotrebiteľa. V bodoch 30 až 35, 40 a 43 rozsudku z 3. júna 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ( C‑484/08 , EU:C:2010:309 ), Súdny dvor po tom, čo konštatoval, že podmienky uvedené v článku 4 ods. 2 smernice 93/13 patria do oblasti upravenej touto smernicou a že článok 8 tejto smernice sa preto uplatňuje aj na uvedený článok 4 ods. 2, tak rozhodol, že tieto dve ustanovenia nebránia vnútroštátnej právnej úprave umožňujúcej súdne preskúmanie nekalej povahy takýchto podmienok, ktoré poskytuje spotrebiteľovi vyššiu úroveň ochrany, než je úroveň stanovená v tejto smernici. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora sa má článok 6 ods. 1 smernice 93/13 vykladať v tom zmysle, že zmluvnú podmienku, ktorá bola vyhlásená za nekalú, treba v zásade chápať tak, že nikdy neexistovala, takže nemôže voči spotrebiteľovi vyvolávať účinky. Určenie nekalej povahy tejto podmienky súdnym rozhodnutím v zásade musí viesť k navráteniu právnej a skutkovej situácie spotrebiteľa, v ktorej by sa nachádzal, ak by uvedená podmienka neexistovala (rozsudok z 21. decembra 2016, Gutiérrez Naranjo a i., C‑154/15, C‑307/15 a C‑308/15 , EU:C:2016:980 , bod ). Súdny dvor tiež rozhodol, že cieľom článku 6 ods. 1 smernice 93/13 je nahradenie formálnej rovnováhy, ktorú zmluva nastoľuje medzi právami a povinnosťami zmluvných strán, rovnováhou skutočnou, ktorá môže nastoliť rovnosť medzi týmito zmluvnými stranami (pozri v tomto zmysle rozsudky z 15. marca 2012, Pereničová a Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , bod , ako aj z 3. marca 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18 , EU:C:2020:138 , bod a citovanú judikatúru). Pokiaľ ide o vplyv konštatovania nekalosti zmluvných podmienok na platnosť dotknutej zmluvy, treba zdôrazniť, že podľa článku 6 ods. 1 na konci smernice 93/13 bude uvedená „zmluva… podľa týchto podmienok naďalej záväzná pre strany, ak je jej ďalšia existencia možná bez nekalých podmienok“ (rozsudky z 15. marca 2012, Pereničová a Perenič, C‑453/10 , EU:C:2012:144 , bod , a z 29. apríla 2021, Bank BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , bod ). V tomto kontexte sú vnútroštátne súdy, ktoré konštatujú nekalosť zmluvných podmienok, povinné na základe článku 6 ods. 1 smernice 93/13 jednak vyvodiť všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú podľa vnútroštátneho práva, aby spotrebiteľ nebol uvedenými podmienkami viazaný, a jednak posúdiť, či dotknutá zmluva môže existovať bez týchto nekalých podmienok (uznesenie z 22. februára 2018, ERSTE Bank Hungary, C‑126/17 , neuverejnené, EU:C:2018:107 , bod a citovaná judikatúra). Cieľ, ktorý sleduje normotvorca Únie v smernici 93/13 totiž spočíva v nastolení rovnováhy medzi zmluvnými stranami s tým, aby bola v zásade zachovaná platnosť zmluvy ako celku, a nie v tom, aby boli všetky zmluvy, ktoré obsahujú nekalé podmienky, vyhlásené za neplatné (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. marca 2019, Dunai, C‑118/17 , EU:C:2019:207 , bod a citovanú judikatúru, ako aj z 2. septembra 2021, C‑932/19 , OTP Jelzálogbank a i., C‑932/19 , EU:C:2021:673 , bod ). Súdny dvor opakovane rozhodol, že hoci členským štátom prislúcha, aby prostredníctvom svojho vnútroštátneho práva definovali metódy, v rámci ktorých je preukázané určenie nekalej povahy podmienky obsiahnutej v zmluve, a či konkrétne právne účinky tohto určenia sú materiálnej povahy, nič to nemení na skutočnosti, že toto určenie musí umožniť navrátenie právnej a skutkovej situácie, v ktorej by sa spotrebiteľ nachádzal, ak by táto nekalá podmienka neexistovala, najmä na základe práva vrátenia výhod, ktoré predajca alebo dodávateľ neoprávnene prijal na základe uvedenej nekalej podmienky na ujmu spotrebiteľa (rozsudok z 31. mája 2018, Sziber, C‑483/16 , EU:C:2018:367 , bod a citovaná judikatúra). Ak sa navyše vnútroštátny súd domnieva, že predmetná úverová zmluva vo veci, ktorú prejednáva, nemôže podľa zmluvného práva právne ďalej existovať po odstránení dotknutých nekalých podmienok, a pokiaľ neexistuje žiadne ustanovenie vnútroštátneho práva dispozitívnej povahy alebo ustanovenie uplatniteľné v prípade súhlasu zmluvných strán, ktoré by mohlo nahradiť uvedené podmienky, je potrebné usúdiť, že v rozsahu, v akom spotrebiteľ neprejavil svoje želanie zachovať nekalé podmienky a zrušenie zmluvy by mohlo vystaviť tohto spotrebiteľa obzvlášť nepriaznivým dôsledkom, vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, ktorú treba v súlade so smernicou 93/13 zabezpečiť, vyžaduje, aby na účely opätovného zavedenia skutočnej rovnováhy medzi právami a povinnosťami zmluvných strán, vnútroštátny súd s ohľadom na vnútroštátne právo ako celok prijal všetky potrebné opatrenia na ochranu spotrebiteľa pred osobitne nepriaznivými dôsledkami, ktoré by mohlo spôsobiť zrušenie predmetnej úverovej zmluvy, najmä z dôvodu okamžitej splatnosti pohľadávky obchodníka alebo dodávateľa voči spotrebiteľovi (rozsudok z 25. novembra 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , bod ). Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že ak sa v situácii, o akú ide vo veci samej, vnútroštátny súd vzhľadom na povahu úverovej zmluvy domnieva, že nie je možné obnoviť situáciu účastníkov konania, v akej by sa nachádzali, keby táto zmluva nebola uzavretá, prináleží mu zabezpečiť, aby sa spotrebiteľ v konečnom dôsledku dostal do situácie, v akej by sa nachádzal, keby podmienka, ktorá bola považovaná za nekalú, nikdy neexistovala. V situácii, o akú ide vo veci samej, by tak záujmy spotrebiteľa mohli byť chránené najmä prostredníctvom toho, že mu budú vrátené sumy, ktoré veriteľ neoprávnene získal na základe podmienky považovanej za nekalú, pričom k takému vráteniu dôjde z dôvodu bezdôvodného obohatenia. V prejednávanej veci, ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, prvostupňový súd rekvalifikoval predmetnú zmluvu o úvere na zmluvu o úvere vyjadrenú v maďarských forintoch a následne stanovil uplatniteľnú úrokovú sadzbu a uložil spoločnosti Lombard povinnosť vrátiť sumu zodpovedajúcu takémuto bezdôvodnému obohateniu. Treba však pripomenúť, že právomoc súdu nemôže ísť nad rámec toho, čo je nevyhnutné na obnovenie zmluvnej rovnováhy medzi zmluvnými stranami, a tým chrániť spotrebiteľa pred osobitne nepriaznivými dôsledkami, ktoré by mohlo spôsobiť vyhlásenie neplatnosti predmetnej úverovej zmluvy (rozsudok z 25. novembra 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , bod ). Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy treba na druhú otázku odpovedať tak, že smernica 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby príslušný vnútroštátny súd rozhodol obnoviť situáciu zmluvných strán zmluvy o úvere, v akej by boli, keby táto zmluva nebola uzavretá z dôvodu, že podmienka uvedenej zmluvy týkajúca sa jej hlavného predmetu má byť podľa tejto smernice vyhlásená za nekalú, pričom v prípade, ak toto obnovenie nie je možné, prináleží tomuto súdu zabezpečiť, aby sa spotrebiteľ v konečnom dôsledku dostal do situácie, v akej by bol, keby podmienka, ktorá sa považuje za nekalú, nikdy neexistovala. O tretej otázke Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má smernica 93/13 vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá ukladá spotrebiteľovi, ktorý podal žalobu o určenie neplatnosti týkajúcej sa hlavného predmetu zmluvy, povinnosť doplniť svoju žalobu o návrh na to, aby bola zmluva o úvere vyhlásená za platnú alebo účinnú. V tejto súvislosti treba na jednej strane uviesť, že z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že v spore vo veci samej spotrebiteľ nie je, ako to zdôraznila Lombard vo svojich písomných pripomienkach, žalobcom, ale žalovaným. Na druhej strane zo spisu, ktorý má Súdny dvor k dispozícii, nevyplýva, že by takáto procesná požiadavka bola uplatniteľná alebo bola uplatnená na jeho vzájomný návrh podaný na prvostupňový súd, pričom vnútroštátny súd neuviedol, v akom rozsahu by odpoveď na tretiu otázku bola nevyhnutná na rozhodnutie sporu, ktorý prejednáva. V dôsledku toho treba konštatovať, že vnútroštátny súd tým, že neuviedol dostatočne jasne a presne dôvody, ktoré ho viedli k položeniu tretej otázky, nesplnil požiadavku uvedenú v článku 94 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora pripomenutú v bode 27 tohto rozsudku. Za týchto podmienok je táto otázka neprípustná. O štvrtej otázke Svojou štvrtou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či v prípade, že nie je možné obnoviť situáciu, v ktorej by sa zmluvné strany nachádzali, ak by táto zmluva nebola uzavretá, ako je uvedené v druhej otázke, môže byť predmetná zmluva o úvere vyhlásená prijatím neskorších právnych predpisov za platnú alebo účinnú, aby sa zabezpečila rovnováha medzi zmluvnými stranami. Ako zdôraznila maďarská vláda vo svojich písomných pripomienkach, treba na jednej strane konštatovať, že vnútroštátny súd nedefinoval, čo rozumie pod „prijatím neskorších právnych predpisov“, na čo odkazuje v tejto otázke. Na druhej strane vnútroštátny súd tiež neuvádza, v akom rozsahu je odpoveď na uvedenú otázku nevyhnutná na rozhodnutie sporu, ktorý prejednáva. V dôsledku toho je táto otázka z rovnakého dôvodu, ako je uvedený v bode 64 tohto rozsudku, neprípustná. O trovách Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené. Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol takto: 1. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že potrebný účinok jej ustanovení nemožno v prípade neexistencie vnútroštátnej právnej normy dispozitívnej povahy upravujúcej takúto situáciu zabezpečiť len nezáväzným stanoviskom súdu najvyššieho stupňa dotknutého členského štátu, v ktorom sa súdom nižšej inštancie uvedie, aký postup majú uplatniť, aby vyhlásili zmluvu za platnú alebo účinnú medzi zmluvnými stranami, ak táto zmluva nemôže ďalej existovať z dôvodu nekalej povahy podmienky týkajúcej sa jej hlavného predmetu. 2. Smernica 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby príslušný vnútroštátny súd rozhodol obnoviť situáciu zmluvných strán zmluvy o úvere, v akej by boli, keby táto zmluva nebola uzavretá z dôvodu, že podmienka uvedenej zmluvy týkajúca sa jej hlavného predmetu má byť podľa tejto smernice vyhlásená za nekalú, pričom v prípade, ak toto obnovenie nie je možné, prináleží tomuto súdu zabezpečiť, aby sa spotrebiteľ v konečnom dôsledku dostal do situácie, v akej by bol, keby podmienka, ktorá sa považuje za nekalú, nikdy neexistovala. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: maďarčina.

62016CJ0648

fr

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( JO 2006, L 347, p. 1 , ci-après la « directive TVA »). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me Fortunata Silvia Fontana à l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (administration fiscale – direction provinciale de Reggio de Calabre, Italie) (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet d’un avis d’imposition portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le cadre juridique Le droit de l’Union Le considérant 59 de la directive TVA est libellé comme suit : « Il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou continuer à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. » L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre : i) par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36 ; ii) lorsqu’il s’agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie ; iii) lorsqu’il s’agit de produits soumis à accises, au titre desquelles les droits d’accise sont exigibles sur le territoire de l’État membre en vertu de la directive 92/12/CEE, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ; c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; d) les importations de biens. » L’article 73 de la directive TVA dispose : « Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. » Aux termes de l’article 242 de cette directive : « Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale. » L’article 244 de ladite directive prévoit : « Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues. » L’article 250, paragraphe 1, de la directive TVA énonce : « Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. » Aux termes de l’article 273 de cette directive : « Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière. [...] » Le droit italien L’article 39, paragraphe 1, du decreto del Presidente della Repubblica n o 600 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (décret du président de la République n o 600, portant dispositions communes en matière d’établissement de l’impôt sur le revenu), du 29 septembre 1973 (GURI n o 268, du 16 octobre 1973), dispose : « Concernant les revenus des personnes physiques exerçant une activité économique ou professionnelle indépendante, le bureau [des recettes] procède au redressement : [...] d) si les éléments indiqués dans la déclaration et ses annexes s’avèrent incomplets, faux ou inexacts au terme du contrôle des écritures comptables et des autres vérifications prévues à l’article 33, ou du contrôle du caractère complet, exact et véridique des enregistrements comptables en tenant compte des factures et des autres actes et documents relatifs à l’entreprise, ainsi que des données et des informations recueillies par le bureau, conformément aux modalités prévues à l’article 32. L’existence d’activités non déclarées ou l’inexistence des déficits déclarés peut également être constatée sur la base de présomptions simples, [à la condition] qu’elles soient graves, précises et concordantes. » Le decreto del Presidente della Repubblica n o 633, istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (décret du président de la République n o 633, instituant et régissant la taxe sur la valeur ajoutée), du 26 octobre 1972 (GURI n o 292, du 11 novembre 1972), réglemente les modalités selon lesquelles le redressement des déclarations relatives à la TVA est opéré. L’article 54 de ce décret prévoit, en substance, que le contrôle de la véracité des déclarations relatives à cette taxe peut se réaliser par une révision formelle de la déclaration présentée ou de manière plus approfondie soit sur la base des éléments et des données dont dispose l’administration fiscale, soit sur la base de ceux recueillis par cette administration en vertu de ses pouvoirs d’instruction. L’article 62 bis du décret législatif n o 331/93 (GURI n o 203, du 30 août 1993), converti en loi n o 427, du 29 octobre 1993 (GURI n o 255, du 29 octobre 1993), dispose : « 1.   Les bureaux des recettes du ministère des Finances, après avoir entendu les associations professionnelles, commerciales et industrielles, élaborent au plus tard le 31 décembre 1996, en ce qui concerne différents secteurs économiques, des études sectorielles spécifiques afin de rendre plus efficace l’action de recouvrement et de permettre une définition plus circonstanciée des coefficients de présomption visés à l’article 11 du décret-loi n o 69, du 2 mars 1989, converti, après modifications, en loi n o 154, du 27 avril 1989, et ses modifications successives. À cette fin, ces bureaux déterminent les échantillons significatifs de contribuables appartenant aux mêmes secteurs nécessitant un contrôle afin de définir les éléments qui caractérisent l’activité exercée. Les études sectorielles sont approuvées par décrets du ministère des Finances, qui sont publiés à la Gazzetta ufficiale [ della Repubblica italiana ] au plus tard le 31 décembre 1995. Elles peuvent être révisées et sont valables aux fins du redressement fiscal à compter de la période d’imposition de 1995. » L’article 62 sexies, paragraphe 3, du décret législatif n o 331/93 est libellé comme suit : « Les redressements fiscaux prévus à l’article 39, premier alinéa, point d), du décret du président de la République n o 600, du 29 septembre 1973, et ses modifications successives et à l’article 54 du décret du président de la République n o 633, du 26 octobre 1972, et ses modifications successives, peuvent également être fondés sur l’existence de graves divergences entre les revenus, les rétributions et les contreparties déclarés et ceux que les caractéristiques et conditions d’exercice de l’activité particulière exercée, ou les études sectorielles élaborées en vertu de l’article 62 bis du présent décret, permettent de déduire de manière fondée. » L’article 10 de la loi n o 146, du 8 mai 1998 (GURI n o 110, supplément ordinaire à la GURI n o 93), dispose : « 1)   Les redressements fiscaux fondés sur les études sectorielles, prévus à l’article 62 sexies du décret législatif n o 331, du 30 août 1993, modifié et converti en loi n o 427, du 29 octobre 1993, visent les contribuables suivant les modalités prévues au présent article lorsque les revenus ou rétributions déclarés s’avèrent inférieurs aux revenus ou rétributions qui peuvent être déterminés sur la base desdites études. [...] 3 bis )   Dans les hypothèses visées au paragraphe 1, le service, avant de notifier l’avis d’imposition, invite le contribuable à comparaître en vertu de l’article 5 du décret législatif n o 218, du 19 juin 1997. 3 ter )   En cas de non-adéquation aux revenus ou rétributions déterminés sur le fondement des études sectorielles, les causes justifiant la non–adéquation des revenus ou rétributions déclarés à ceux qui découlent de l’application de ces études peuvent être attestées. Les causes justifiant une incohérence entre la déclaration et les indices économiques relevés par les études susmentionnées peuvent également être attestées. Une telle attestation est délivrée, à la demande des contribuables, par les personnes indiquées sous a) et b) de l’article 3, paragraphe 3, du règlement établi par le décret du président de la République n o 322, du 22 juillet 1998, lesquelles sont habilitées à transmettre les déclarations par voie électronique, par les préposés à l’assistance fiscale des centres constitués par les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, sous a), b), et c), du décret législatif n o 241, du 9 juillet 1997, et par les employés et fonctionnaires des associations professionnelles habilitées à fournir l’assistance technique prévue à l’article 12, paragraphe 2, du décret législatif n o 546, du 31 décembre 1992. [...] 5)   Aux fins de la [TVA], on applique au montant des revenus ou rétributions plus élevés, déterminé sur le fondement desdites études sectorielles, compte tenu de l’existence d’opérations non imposables ou soumises à des régimes spéciaux, le taux moyen résultant du rapport entre l’impôt sur les opérations imposables et le chiffre d’affaires déclaré, déduction faite de l’impôt relatif aux livraisons de biens amortissables, et le chiffre d’affaires déclaré. [...] 7)   Une commission d’experts désignés par le ministre compte tenu également des signalements effectués par les organisations économiques professionnelles et les ordres professionnels est instituée par décret du ministère des Finances. Cette commission, avant approbation et publication de chaque étude sectorielle, émet un avis relatif à la capacité de ces études à représenter la réalité à laquelle elles se réfèrent. Aucune contrepartie n’est prévue pour l’activité de consultation des membres de la commission. [...] » Le litige au principal et la question préjudicielle Assujettie à la TVA, M me Fontana a fait l’objet d’une procédure de redressement fiscal portant sur l’exercice 2010. L’administration fiscale a adressé à la requérante au principal, le 14 mai 2014, une invitation à comparaître, qui a abouti à l’ouverture d’une procédure contradictoire de redressement. À l’occasion de cette procédure, M me Fontana a contesté le montant du redressement fiscal qu’il était envisagé de lui notifier et qui était déterminé sur la base de l’étude sectorielle se rapportant à la catégorie des experts comptables et des conseillers fiscaux. Le 24 décembre 2014, l’administration fiscale a notifié à M me Fontana un avis d’imposition portant sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe régionale sur les activités productives et la TVA dus au titre de l’exercice 2010. La requérante au principal a saisi la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria (commission fiscale provinciale de Reggio de Calabre, Italie) afin de contester, notamment, le montant des arriérés de TVA qui lui étaient réclamés par l’administration fiscale. En particulier, elle a fait valoir que l’administration fiscale avait appliqué à tort à sa situation l’étude sectorielle se rapportant aux experts comptables et aux conseillers fiscaux, et non celle relative aux conseillers en gestion du personnel, que la requérante au principal estime être sa principale activité. En outre, elle a fait valoir que le montant de la TVA avait été évalué sur la base d’une étude sectorielle qui ne permet pas de donner une image cohérente des revenus générés par son entreprise en termes de proportionnalité et de cohérence. La Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria (commission fiscale provinciale de Reggio de Calabre) indique que la contestation soulevée par la requérante au principal et relative au fait que l’administration fiscale aurait rattaché, à tort, ses activités à celle des experts comptables et des conseils en fiscalité n’est pas fondée, dans la mesure où « [l]es arguments de la requérante [au principal] ne sont pas étayés par une base factuelle incontestable ». Elle fait toutefois part de ses doutes, notamment au regard des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, en ce qui concerne la méthode d’évaluation des arriérés de TVA, basée sur une étude sectorielle. À cet égard, la juridiction de renvoi souligne qu’une telle méthode d’évaluation ne tient compte que d’un revenu global, sans prendre en considération chacune des opérations économiques réalisées par l’assujetti et son droit de déduire le montant de la TVA dont il s’est acquitté en amont. Dans ces conditions, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria (commission fiscale provinciale de Reggio de Calabre) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les articles 113 et 114 TFUE [ainsi que la directive TVA] font–ils obstacle à la réglementation nationale italienne figurant à l’article 62 sexies, paragraphe 3, et à l’article 62 bis du décret législatif n o 331/93, [converti en loi] n o 427, du 29 octobre 1993, en ce qu’elle autorise l’application de la TVA à un chiffre d’affaires global, établi par induction, eu égard au respect des obligations de déduction et de répercussion et, sur un plan plus général, au principe de neutralité et de transfert de la taxe ? » Sur la question préjudicielle Sur la recevabilité Le gouvernement italien estime que la question posée est hypothétique, dans la mesure où la contestation de la requérante au principal, qui portait essentiellement sur la classification erronée appliquée à son activité professionnelle dans le cadre des études sectorielles, a été rejetée par la juridiction de renvoi, laquelle aurait déjà, de fait, exclu que l’étude sectorielle en cause au principal ne représente pas la réalité de cette activité économique. À cet égard, il convient de rappeler que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 26 octobre 2017, BB construct, C‑534/16 , EU:C:2017:820 , point et jurisprudence citée). En l’occurrence, la requérante au principal a contesté les résultats de l’étude sectorielle, au motif qu’ils ne reflétaient pas la réalité de son activité économique. Cela a amené la juridiction de renvoi à s’interroger sur le point de savoir si la méthode d’évaluation, basée sur cette étude sectorielle, qui se fonde sur un chiffre d’affaires global, sans prendre en compte chacune des opérations économiques réalisées par l’assujetti, est conforme ou non au traité FUE, à la directive TVA ainsi qu’aux principes de neutralité fiscale et de proportionnalité. Par conséquent, la question posée par la juridiction de renvoi n’apparaissant pas dépourvue de lien avec la réalité ou l’objet du litige au principal, il y a lieu de la déclarer comme étant recevable. Sur le fond À titre liminaire, il convient de relever que les articles 113 et 114 TFUE, auxquels se réfère la juridiction de renvoi dans la question posée, ne sont pas pertinents en l’occurrence, dans la mesure où ces articles concernent les modalités institutionnelles d’adoption des mesures de rapprochement des législations des États membres au sein de l’Union européenne. Compte tenu de cette observation, il y a lieu de comprendre que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive TVA ainsi que les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’administration fiscale de recourir à une méthode inductive basée sur des études sectorielles approuvées par décret ministériel pour déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par un assujetti et de procéder, en conséquence, à un redressement fiscal imposant le paiement d’un montant supplémentaire de TVA. À cet égard, il convient de souligner que, conformément à la règle générale énoncée à l’article 73 de la directive TVA, la base d’imposition pour la livraison d’un bien ou la prestation d’un service, effectuées à titre onéreux, est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l’assujetti (arrêt du 7 novembre 2013, Tulică et Plavoşin, C‑249/12 et C‑250/12 , EU:C:2013:722 , point ainsi que jurisprudence citée). Afin de permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale, les articles 242 et 244 ainsi que l’article 250, paragraphe 1, de la directive TVA imposent aux assujettis redevables de cette taxe de tenir une comptabilité adéquate, de stocker la copie de toutes les factures qu’ils ont émises, ainsi que toutes les factures dont il se sont acquittés et, enfin, de déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la TVA exigible. Afin d’assurer l’exacte perception de la TVA et d’éviter la fraude, l’article 273, premier alinéa, de la directive TVA permet aux États membres de prévoir d’autres obligations que celles énoncées dans cette directive qu’ils jugent nécessaires à ces fins, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre les États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu, dans les échanges entre les États membres, à des formalités liées au passage d’une frontière. En outre, selon le considérant 59 de la directive TVA, celle-ci vise à autoriser les États membres à prendre, dans certaines limites et conditions, des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe et d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales. La Cour a jugé qu’il découle de l’article 273, premier alinéa, ainsi que de l’article 2, de l’article 250, paragraphe 1, de la directive TVA et de l’article 4, paragraphe 3, TUE que chaque État membre a l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire et à lutter contre la fraude (arrêts du 5 octobre 2016, Maya Marinova, C‑576/15 , EU:C:2016:740 , point et jurisprudence citée, ainsi que du 20 mars 2018, Menci, C‑524/15 , EU:C:2018:197 , point ). À cet égard, il convient de souligner que l’absence de déclaration par un assujetti de la totalité du chiffre d’affaires réalisé ne saurait faire obstacle à la perception de la TVA et qu’il appartient aux institutions nationales compétentes de rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence d’un tel comportement de l’assujetti (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, Maya Marinova, C‑576/15 , EU:C:2016:740 , point ). La Cour a jugé que, en dehors des limites qu’elles fixent, les dispositions de l’article 273 de la directive TVA ne précisent ni les conditions ni les obligations que les États membres peuvent prévoir et qu’elles confèrent, dès lors, à ceux-ci une marge d’appréciation quant aux moyens visant à atteindre les objectifs de recouvrer l’intégralité de la TVA et de lutter contre la fraude. Toutefois, ils sont tenus d’exercer leur compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux et, notamment, dans le respect du principe de proportionnalité et du principe de neutralité fiscale (voir en ce sens, notamment, arrêts du 5 octobre 2016, Maya Marinova, C‑576/15 , EU:C:2016:740 , points et ainsi que jurisprudence citée, et du 17 mai 2018, Vámos, C‑566/16 , EU:C:2018:321 , point ). Ainsi, l’article 273 de la directive TVA ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui détermine le montant de la TVA due par un assujetti, sur la base du chiffre d’affaires global, tel qu’évalué de manière inductive sur le fondement des études sectorielles approuvées par décret ministériel, afin d’assurer l’exacte perception de la TVA et de prévenir la fraude fiscale. Néanmoins, cette réglementation nationale et l’application qui en est faite ne peuvent être conformes au droit de l’Union que si elles respectent les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, Maya Marinova, C‑576/15 , EU:C:2016:740 , point ). Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier la compatibilité des mesures nationales en cause au principal avec les exigences indiquées au point précédent. La Cour peut néanmoins lui fournir toute indication utile afin de résoudre le litige qui lui est soumis (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, Maya Marinova, C‑576/15 , EU:C:2016:740 , point ). En ce qui concerne le principe de neutralité fiscale, selon la jurisprudence de la Cour, le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de TVA. Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques, à condition que ses activités soient en principe elles-mêmes soumises à la TVA (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Salomie et Oltean, C‑183/14 , EU:C:2015:454 , points et ainsi que jurisprudence citée). Ainsi que la Cour l’a itérativement souligné, le droit à déduction fait partie intégrante du mécanisme de la TVA et ne peut, en principe, être limité (arrêt du 26 avril 2018, Zabrus Siret, C‑81/17 , EU:C:2018:283 , point et jurisprudence citée). Il ressort de l’application du principe de neutralité fiscale que, lorsque l’administration fiscale envisage d’adresser un redressement de TVA, dont le montant résulte d’un chiffre d’affaires supplémentaire global, établi par la méthode inductive, l’assujetti concerné doit avoir le droit de déduire la TVA dont il s’est acquitté en amont, dans les conditions prévues à cet effet dans le titre X de la directive TVA. S’agissant du principe de proportionnalité, ce principe ne s’oppose pas à une législation nationale prévoyant que seules des divergences importantes entre le montant du chiffre d’affaires déclaré par l’assujetti et celui déterminé par la méthode inductive, en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par des personnes exerçant la même activité que cet assujetti, sont susceptibles de déclencher la procédure aboutissant au redressement. Les études sectorielles utilisées afin d’établir ce chiffre d’affaires par induction doivent être exactes, fiables et à jour. Une telle divergence peut seulement donner naissance à une présomption réfragable, qui peut être renversée par l’assujetti, sur la base de preuves contraires. Dans ce contexte, il convient de relever que, tout au long de la procédure de redressement fiscal, les droits de la défense de l’assujetti doivent être assurés, ce qui implique notamment que, avant d’adopter une mesure faisant grief à l’assujetti, celui-ci soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments sur lesquels les autorités entendent fonder leur décision (arrêt du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics et Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 et C‑130/13 , EU:C:2014:2041 , point ). Ainsi, l’assujetti doit, d’une part, avoir la possibilité de contester tant l’exactitude de l’étude sectorielle en cause et/ou la pertinence de cette étude aux fins de l’appréciation de sa situation spécifique. D’autre part, l’assujetti doit être en mesure d’expliciter les circonstances pour lesquelles le chiffre d’affaires déclaré, bien qu’il soit inférieur au chiffre d’affaires déterminé par la méthode inductive, correspond à la réalité de son activité au cours de la période concernée. Dans la mesure où l’application d’une étude sectorielle implique pour ledit assujetti de devoir prouver, le cas échéant, des faits négatifs, le principe de proportionnalité exige que le niveau de preuve requis ne soit pas excessivement élevé. Dans ces conditions, il convient de constater que le mécanisme en cause au principal, par sa conception, sa structure et les dispositions concrètes le régissant, n’apparaît pas porter atteinte au principe de proportionnalité, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive TVA ainsi que les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise une administration fiscale, en cas de graves divergences entre les recettes déclarées et les recettes estimées sur la base d’études sectorielles, à recourir à une méthode inductive, fondée sur de telles études sectorielles, pour déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par un assujetti et de procéder, en conséquence, à un redressement fiscal imposant le paiement d’un montant supplémentaire de TVA, à condition que cette réglementation et son application permettent à l’assujetti, dans le respect des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité ainsi que des droits de la défense, de remettre en cause les résultats obtenus par cette méthode, sur la base de l’ensemble des preuves contraires dont il dispose, et d’exercer son droit à déduction conformément aux dispositions figurant sous le titre X de la directive TVA, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Sur les dépens La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise une administration fiscale, en cas de graves divergences entre les recettes déclarées et les recettes estimées sur la base d’études sectorielles, à recourir à une méthode inductive, fondée sur de telles études sectorielles, pour déterminer le montant du chiffre d’affaires réalisé par un assujetti et de procéder, en conséquence, à un redressement fiscal imposant le paiement d’un montant supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à condition que cette réglementation et son application permettent à l’assujetti, dans le respect des principes de neutralité fiscale et de proportionnalité ainsi que des droits de la défense, de remettre en cause les résultats obtenus par cette méthode, sur la base de l’ensemble des preuves contraires dont il dispose, et d’exercer son droit à déduction conformément aux dispositions figurant sous le titre X de la directive 2006/112, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l’italien.

62020CJ0683

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Europa-Kommissionen har i stævningen nedlagt påstand om, at det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj ( EFT 2002, L 189, s. 12 ), sammenholdt med bilag VI til dette direktiv, idet den ikke har udarbejdet handlingsplaner og ikke har sendt resuméer af handlingsplanerne for de større veje og større jernbaner, der er nævnt i bilaget til denne dom, til Kommissionen. Retsforskrifter Artikel 3 i direktiv 2002/49 med overskriften »Definitioner« fastsætter: »I dette direktiv forstås ved: […] n) »større vej«: en regional, national eller international vej, udpeget af medlemsstaten, hvor der passerer over 3 mio. køretøjer om året o) »større jernbane«: en jernbane, udpeget af medlemsstaten, hvor der passerer over 30000 tog om året […] t) »handlingsplan«: en plan med foranstaltninger beregnet på håndtering af støjproblemer og ‑virkninger, herunder om fornødent støjreduktion […]« Dette direktivs artikel 8 med overskriften »Handlingsplaner« fastsætter: »[…] 2.   Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder senest den 18. juli 2013 har udarbejdet handlingsplaner, navnlig med henblik på at udføre prioriterede opgaver, der kan identificeres ved, at en relevant grænseværdi overskrides, eller efter andre kriterier, der vælges af medlemsstaterne, for byområder og for større veje og større jernbaner på deres område. […] 5.   Handlingsplanerne skal gennemgås og om nødvendigt revideres, når der sker væsentlige ændringer, som påvirker den eksisterende støjsituation, og mindst hvert femte år efter deres godkendelse. […] 7.   Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden høres om forslag til handlingsplaner, at den hurtigt og effektivt får mulighed for at deltage i udarbejdelsen og revisionen af handlingsplanerne, at resultaterne af denne deltagelse tages i betragtning, og at offentligheden informeres om de afgørelser, der træffes. Der skal gives rimelige tidsfrister, således at der er tilstrækkelig tid til hvert enkelt stadium i offentlighedens deltagelse. Hvis forpligtelsen til en procedure med deltagelse af offentligheden foreskrives samtidig ved dette direktiv og ved anden [EU-]lovgivning, kan medlemsstaterne etablere fælles procedurer for at undgå overlapning.« Dette direktivs artikel 10 med overskriften »Medlemsstaternes og Kommissionens indsamling og offentliggørelse af data« bestemmer i stk. 2: »Medlemsstaterne sikrer, at oplysningerne fra strategiske støjkort og resuméer af handlingsplaner som omhandlet i bilag VI sendes til Kommissionen senest seks måneder efter de datoer, der er fastsat i henholdsvis artikel 7 og 8. […]« Bilag V til dette direktiv fastsætter mindstekravene til handlingsplanerne. I bilag VI til samme direktiv er angivet, hvilke data der skal sendes til Kommissionen, hvilket for så vidt angår større veje, større jernbaner og større lufthavne bl.a. omfatter »[e]t resumé af handlingsplanen, herunder de relevante aspekter som omhandlet i bilag V, på højst 10 sider«. Den administrative procedure Den 25. juni 2010 sendte de slovakiske myndigheder via den elektroniske portal Reportnet i Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet) en liste til Kommissionen over de byområder, større veje, større jernbaner og større lufthavne, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2002/49. Den 16. januar 2014 ajourførte myndighederne denne liste hvad angår de større jernbaner. Efter en første udveksling af skrivelser sendte Kommissionens tjenestegrene den 27. marts 2015 inden for rammerne af EU-pilotprojektproceduren 7453/15/ENVI en anmodning til de slovakiske myndigheder vedrørende gennemførelsen af direktiv 2002/49. Den 26. maj 2015 besvarede de slovakiske myndigheder denne anmodning, og den 24. juli 2015 ajourførte de dataene vedrørende byområderne og de større veje. Den 29. april 2016 tilstillede Kommissionen Den Slovakiske Republik en åbningsskrivelse, hvori den konstaterede flere tilsidesættelser af de forpligtelser, der påhvilede denne medlemsstat i henhold til direktiv 2002/49, bl.a. forpligtelsen i artikel 8, stk. 2, til at udarbejde handlingsplaner, og forpligtelsen i artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag V og VI til dette direktiv, til at sende resuméer af disse handlingsplaner til Kommissionen. Ved skrivelse af 17. juni 2016 besvarede Den Slovakiske Republik denne åbningsskrivelse. Efter at have undersøgt dette svar og de senere indgivne oplysninger sendte Kommissionen den 15. juni 2017 en begrundet udtalelse til Den Slovakiske Republik. I denne udtalelse konstaterede Kommissionen navnlig, at denne medlemsstat havde undladt at udarbejde handlingsplaner for 462 større veje og 16 større jernbaner i strid med artikel 8, stk. 2 og 4, i direktiv 2002/49, sammenholdt med bilag V hertil, og undladt at sende resuméer af handlingsplanerne for de pågældende større veje og større jernbaner i strid med samme direktivs artikel 10, stk. 2, sammenholdt med bilag V og VI hertil. Kommissionen gav Den Slovakiske Republik en frist på to måneder fra modtagelsen af den nævnte udtalelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til at bringe disse tilsidesættelser til ophør. Ved skrivelse af 24. juli 2017 oplyste Den Slovakiske Republik, at den ikke havde været i stand til fuldt ud og rettidigt at opfylde de forpligtelser, der følger af direktiv 2002/49, idet vejinfrastrukturforvalterne og jernbaneoperatørerne ikke havde overholdt deres lovbestemte forpligtelser inden for de fastsatte frister. Denne medlemsstat præciserede desuden over for Kommissionen, at 17 handlingsplaner vedrørende større veje var under udarbejdelse. Den 21. august og den 10. september 2020 sendte de slovakiske myndigheder nye oplysninger til Eionet-netværket vedrørende de større veje og større jernbaner. Eftersom Den Slovakiske Republik ikke havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49, sammenholdt med bilag VI hertil, har kommissionen besluttet at anlægge nærværende søgsmål. Om søgsmålet Parternes argumentation Samtidig med, at det anerkendes, at Den Slovakiske Republik har gjort fremskridt hvad angår gennemførelsen af direktivet 2002/49 efter iværksættelsen af nærværende søgsmål, har Kommissionen gjort gældende, at denne medlemsstat har tilsidesat sin forpligtelse i artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49, sammenholdt med bilag VI hertil, til at sende resuméer af handlingsplanerne for 445 større veje uden for byområder og 16 større jernbaner uden for byområder til Kommissionen. I mangel af oplysninger om det modsatte har Kommissionen heraf udledt, at Den Slovakiske Republik har undladt at udarbejde handlingsplaner for disse veje og jernbaner, og at den derfor har tilsidesat sin forpligtelse i henhold til dette direktivs artikel 8, stk. 2. Den Slovakiske Republik har anerkendt, at den har opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49 for sent. Den Slovakiske Republik er imidlertid af den opfattelse, at den foreliggende sag er blevet uden genstand. Efter den 10. september 2020 at have tilsendt Kommissionen et dokument med titlen »Handlingsplan for beskyttelse mod støj fra visse større jernbaner, der drives af det slovakiske jernbaneselskab (ŽSR), og som var i drift i 2011 – Resumé« fra juli 2013, og den 31. december 2020 et dokument med titlen »Handlingsplan for beskyttelse mod støj fra visse større veje, der drives af de slovakiske vejmyndigheder (SSC) på grundlag af situationen i 2011 – Resumé«, fra november 2020, består det hævdede traktatbrud nemlig ikke. Kommissionen har i replikken bestridt relevansen af disse dokumenter. Dokumenterne henviser nemlig til offentlige høringer, der blev gennemført i løbet af 2020. Eftersom offentlige høringer i henhold til artikel 8, stk. 7, i direktiv 2002/49 skal gå forud for udarbejdelsen af handlingsplaner, kan disse dokumenter ikke vedrøre handlingsplaner for perioden fra 2013 til 2018. Der er sandsynligvis tale om nyere dokumenter vedrørende en tidligere situation. Det følger imidlertid af en systematisk fortolkning af bestemmelserne i direktiv 2002/49, at en handlingsplan skal vedtages rettidigt for at dække en fremtidig periode. Det følger navnlig af den ordning med forpligtelser, der er indført ved nævnte direktiv, bl.a. af direktivets artikel 8, stk. 5, at handlingsplanerne skal gennemgås og om nødvendigt revideres mindst hvert femte år. En udarbejdelse i 2020 af en handlingsplan, der burde have været udarbejdet i 2013, kan dermed ikke anses for at være i overensstemmelse med direktiv 2002/49. Hvis det var muligt at udarbejde handlingsplaner efter udløbet af den periode, som de vedrører, ville direktiv 2002/49 blive frataget dets effektive virkning. Kommissionen har tilføjet, at spørgsmålet om, hvorvidt Den Slovakiske Republik har opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49, under alle omstændigheder skal vurderes på baggrund af situationen, som den var ved udløbet af fristen i den begrundede udtalelse, i det foreliggende tilfælde den 15. august 2017. Det er imidlertid ubestridt, at Den Slovakiske Republik på daværende tidspunkt endnu ikke havde udarbejdet handlingsplaner for 445 større veje og 16 større jernbaner. Den Slovakiske Republik har afvist Kommissionens argumentation, som den finder ulogisk og forvirrende. Det følger af direktiv 2002/49, at de handlingsplaner, som denne medlemsstat var forpligtet til at udarbejde for 16 større jernbaner og for 445 større veje inden den 18. juli 2013, skulle støttes på oplysninger fra 2011 og omfatte foranstaltninger for 2013 til 2018. Den Slovakiske Republik har efterfølgende opfyldt denne forpligtelse. De krav, som Kommissionen har formuleret i replikken, svarer i praksis til, at Den Slovakiske Republik skal afholde sig fra – i hvert fald efterfølgende – at opfylde den forpligtelse, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2002/49, og som er genstand for nærværende søgsmål, samtidig med at Den Slovakiske Republik pålægges at opfylde en anden forpligtelse, nemlig den i artikel 8, stk. 5, i direktiv 2002/49 fastsatte forpligtelse, idet denne medlemsstats manglende overholdelse heraf ikke har været genstand for noget søgsmål mod denne. Kommissionens argumenter indebærer med andre ord, at en medlemsstat, som ikke opfylder sine forpligtelser inden for den frist, der er fastsat i dette direktiv, aldrig har mulighed for at opfylde disse forpligtelser. For så vidt som Kommissionen i replikken har gjort gældende, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat forpligtelsen i artikel 8, stk. 7, i direktiv 2002/49 til i tide at foretage en offentlig høring om handlingsplanerne og forpligtelsen i artikel 8, stk. 5, i direktiv 2002/49 til at gennemgå og revidere handlingsplanerne mindst hvert femte år efter godkendelsen heraf, er Den Slovakiske Republik af den opfattelse, at disse klagepunkter skal afvises. Den Slovakiske Republik har desuden indledningsvis anført, at selv om de handlingsplaner, der er genstand for dette søgsmål, ikke forelå i færdig form førend i 2020, betyder dette ikke, at der efter 2013 ikke blev vedtaget nogen foranstaltninger til bekæmpelse af ekstern støj på de pågældende større veje og jernbaner. Den Slovakiske Republik har i denne forbindelse henvist til flere foranstaltninger til modernisering af jernbanerne, eller som direkte tager sigte på at reducere støjkilderne. Den Slovakiske Republik er endvidere fuldt bevidst om de forpligtelser, den er pålagt i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2002/49. Den Slovakiske Republik har bekræftet, at den i medfør af denne bestemmelse har udarbejdet og sendt flere resuméer af handlingsplaner til Kommissionen, hvori der tages højde for situationen i 2016. Endelig har Den Slovakiske Republik fremhævet, at den langt fra er den eneste medlemsstat, der har været forsinket med opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49. Domstolens bemærkninger Det følger af Domstolens faste praksis at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger et traktatbrud, skal vurderes på baggrund af forholdene i den berørte medlemsstat, som de var ved udløbet af fristen i den begrundede udtalelse, og at ændringer af forholdene i tiden derefter ikke tages i betragtning af Domstolen (jf. dom af 27.1.2021, Kommissionen mod Østrig (Moms – rejsebureauer), C-787/19 , ikke trykt i Sml., EU:C:2021:72 , præmis og den deri nævnte retspraksis). I det foreliggende tilfælde har Den Slovakiske Republik ikke bestridt, at den på tidspunktet for udløbet af den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse, dvs. den 15. august 2017, hverken havde udarbejdet handlingsplaner for de større veje og større jernbaner, der er nævnt i bilaget til nærværende dom, eller sendt resuméer af disse handlingsplaner til Kommissionen. Hvad angår dokumentet med titlen »Handlingsplan for beskyttelse mod støj fra visse større jernbaner, der drives af det slovakiske jernbaneselskab (ŽSR), og som var i drift i 2011 – Resumé«, og dokumentet med titlen »Handlingsplan for beskyttelse mod støj fra visse større veje, der drives af de slovakiske vejmyndigheder (SSC) på grundlag af situationen i 2011 – Resumé«, har Den Slovakiske Republik ikke bestridt, at den sendte disse til Kommissionen den 10. september og den 31. december 2020, dvs. efter udløbet af den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse. Hvad angår det første af disse to dokumenter har Den Slovakiske Republik præciseret, at angivelsen af 2013 (jf. denne doms præmis 18) fortsat fremgik af dette dokument, eftersom handlingsplanen oprindeligt skulle være udarbejdet i 2013. Den Slovakiske Republik har imidlertid bekræftet, at dette dokument ikke forelå i færdig form førend i 2020, efter den offentlige høring. Det følger heraf, at disse dokumenter i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i denne doms præmis 26, er uden relevans for vurderingen af, om de hævdede traktatbrud forelå på dette tidspunkt. Det skal i øvrigt fastslås, at Den Slovakiske Republiks påstand om afvisning af visse af Kommissionens argumenter hviler på en fejlagtig læsning af denne institutions skriftlige indlæg. Som Den Slovakiske Republik selv har anført, har Kommissionen nemlig ikke nedlagt påstand om, at Domstolen fastslår, at der foreligger en tilsidesættelse af andre forpligtelser end dem, der er fastsat i artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49. Faktisk henviste Kommissionen alene til de i dette direktivs artikel 8, stk. 5 og 7, omhandlede forpligtelser til at revidere handlingsplanerne og høre offentligheden om de forslag til handlingsplaner med hensyn til de dokumenter, der er nævnt i denne doms præmis 28, og dette for bl.a. at godtgøre, at disse dokumenter blev udarbejdet for nylig og under alle omstændigheder efter udløbet af den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse, hvilket Den Slovakiske Republik ikke har bestridt inden for rammerne af den foreliggende sag. For så vidt som Den Slovakiske Republik har fremhævet, at den langt fra var den eneste medlemsstat, der var forsinket med opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49, er det tilstrækkeligt at bemærke, at Domstolen gentagne gange har fastslået, at en medlemsstat ikke kan påberåbe sig den omstændighed, at andre medlemsstater har undladt at opfylde eller undlader at opfylde deres forpligtelser, som begrundelse for, at den selv undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til EUF-traktaten (dom af 18.11.2010, Kommissionen mod Spanien, C-48/10 , ikke trykt i Sml., EU:C:2010:704 , præmis og den deri nævnte retspraksis). På denne baggrund skal søgsmålet tages til følge. Under hensyn til samtlige ovenstående betragtninger skal det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til henholdsvis artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/49, sammenholdt med bilag VI hertil, idet den dels har undladt at udarbejde handlingsplaner for de større veje og større jernbaner, der er nævnt i bilaget til denne dom, dels har undladt at sende resuméer af disse handlingsplaner til Kommissionen. Sagsomkostninger Ifølge artikel 138, stk. 1, i Domstolens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Kommissionen har nedlagt påstand om, at Den Slovakiske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og da denne har tabt sagen, bør det pålægges Den Slovakiske Republik at betale sagsomkostningerne. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Ottende Afdeling) for ret: 1) Den Slovakiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til henholdsvis artikel 8, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, i Europa-Parlamentets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, sammenholdt med bilag VI hertil, idet den dels har undladt at udarbejde handlingsplaner for de større veje og større jernbaner, der er nævnt i bilaget til denne dom, dels har undladt at sende resuméer af disse handlingsplaner til Europa-Kommissionen. 2) Den Slovakiske Republik betaler sagsomkostningerne. Underskrifter Bilag Større veje Nationalt identifikationsnummer Individuelt identifikationsnummer 90269 SK_b_rd001 90260 SK_b_rd002 90290 SK_b_rd003 90290 SK_b_rd004 90308 SK_b_rd005 90308 SK_b_rd006 90309 SK_b_rd007 90309 SK_b_rd008 90309 SK_b_rd009 90100 SK_b_rd010 90100 SK_b_rd011 90100 SK_b_rd012 90118 SK_b_rd013 90118 SK_b_rd014 90118 SK_b_rd015 90118 SK_b_rd016 90119 SK_b_rd017 90120 SK_b_rd018 90120 SK_b_rd019 90120 SK_b_rd020 90120 SK_b_rd021 90120 SK_b_rd022 90120 SK_b_rd023 90130 SK_b_rd024 90130 SK_b_rd025 90140 SK_b_rd026 90149 SK_b_rd027 90149 SK_b_rd028 90149 SK_b_rd029 90149 SK_b_rd030 90149 SK_b_rd031 90158 SK_b_rd032 90158 SK_b_rd033 90158 SK_b_rd034 90158 SK_b_rd035 90158 SK_b_rd036 90158 SK_b_rd037 90169 SK_b_rd038 90170 SK_b_rd039 90180 SK_b_rd040 90180 SK_b_rd041 90187 SK_b_rd042 90187 SK_b_rd043 90187 SK_b_rd044 90210 SK_b_rd045 90210 SK_b_rd046 90220 SK_b_rd047 37 SK_b_rd048 30 SK_b_rd049 30 SK_b_rd050 47 SK_b_rd051 47 SK_b_rd052 40 SK_b_rd053 40 SK_b_rd054 69 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62012CJ0006

hu

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az uniós jog állami támogatásokra vonatkozó releváns rendelkezéseinek értelmezésére vonatkozik. E kérelmet a P Oy (a továbbiakban: P) és a társasági adó területén illetékes nemzeti hatóságok között azzal kapcsolatban folyamatban lévő jogvita keretében terjesztették elő, hogy e hatóságok a P-től megtagadták az adott évben őt ért veszteségeknek az alkalmazandó nemzeti szabályozás által főszabály szerint előírt levonhatóságára vonatkozó kedvezményben való részesülést és e veszteségeknek a következő évekre való átvitelét. Jogi háttér Az uniós jog Az EUMSZ 108. cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet ( HL L 83., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.) „Fogalommeghatározások” című 1. cikkében kimondja: „E rendelet alkalmazásában: […] b) »létező támogatás«: i. [az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány ( HL 1994. C 241., 21. o. és HL 1995. L 1., 1. o. ; a továbbiakban: csatlakozási okmány)] 144. és 172. cikke sérelme nélkül, minden támogatás, amely a Szerződésnek az érintett tagállamokban történő hatálybalépését megelőzően már létezett, vagyis az olyan támogatási programok és egyedi támogatások, amelyeket a Szerződés hatálybalépése előtt vezettek be, és azt követően is alkalmazhatók; […]” A finn jog A jövedelemadóról szóló, 1992. december 30-i 1535/1992. sz. törvény (Tuloverolaki, a továbbiakban: TVL) „Veszteségek és levonásuk” című 117. §-a kimondja: „A megállapított veszteségek e rész rendelkezéseivel összhangban vonhatók le a következő évek eredményéből. A veszteségeket keletkezésük sorrendjében kell levonni.” E törvény „Gazdasági vagy mezőgazdasági tevékenységből eredő veszteségek” című 119. §-a a következőképpen rendelkezik: „Az adóév során gazdasági vagy mezőgazdasági tevékenységből származó veszteségek levonhatók a következő tíz év során a gazdasági vagy mezőgazdasági tevékenységgel elért eredményből, amennyiben ilyen eredmény keletkezik. A gazdasági tevékenységből származó veszteségek alatt a veszteségeknek a szakmai tevékenységből származó jövedelmet terhelő adóról szóló törvény (laki elinkeinotulon verottamisesta) szerint kiszámított összege értendő […]” Ugyanezen törvény „A tulajdonosváltásnak a veszteségek levonhatóságára való hatása” című 122. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy nem vonhatók le a társaságot ért veszteségek, ha a veszteséges adóévben vagy azt követően a részesedések vagy részvények több mint fele – törvényes vagy végintézkedésen alapuló öröklés esetét kivéve – új tulajdonoshoz került, vagy ha e társaság tagjainak több mint fele kicserélődött. A TVL említett 122. §-ának (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az illetékes adóközpont kivételes okokból, ha ezt a társaság tevékenységének folytatása megköveteli, kérelemre engedélyezheti a veszteségek levonását. A TVL 122. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezés magyarázata és a közigazgatási gyakorlatok összehangolása érdekében a Verohallitus (finn adóügyi főigazgatóság) 1996. február 14-én közzétette a 634/348/96. sz. iránymutatást, amelynek releváns rendelkezései a következők: „2. Az eltérés engedélyezésére vonatkozó eljárás 2.1. Az engedélyezés feltételei A TVL 122. §-ának megfelelően valamely [társaság] kérelemre engedélyt kaphat a megállapított veszteségek levonására, amennyiben ez a tevékenységének folytatásához szükséges. Kivételes oknak tekinthető különösen: — a generációváltással összefüggő átruházás; — a vállalkozás munkavállalók részére történő értékesítése; — tevékenységet még nem folytató új vállalkozás megvásárlása; — a vállalatcsoporton belüli tulajdonosváltás; — a szanálási tervvel összefüggő tulajdonosváltás; — a foglalkoztatásra gyakorolt különleges hatások, és — a tőzsdén jegyzett társaságok tulajdonosváltása. 2.1.1 Különös feltételek A TVL 122. §-a rendelkezéseinek célja annak elkerülése, hogy a veszteséges vállalkozások árucikké válhassanak. Amennyiben a vállalkozás tulajdonosváltása nem bír az említett jellemzőkkel, a veszteségek levonása engedélyezhető. […] 2.1.2 A tevékenység folytatása Engedélyezhető a veszteségek levonása, amennyiben a levonás a [társaság] tevékenységének folytatásához szükséges. Abszolút feltétel lehet az, hogy a [társaság] a tevékenységét a tulajdonosváltást követően is folytassa. Amennyiben a [társaság] gyakorlatilag megszüntette tevékenységét, és értéke lényegében a megállapított veszteségeken alapul, az eltérés engedélyezése nem indokolt.” A finn adóügyi főigazgatóság által 1999. február 17-én közzétett 2/1999. sz. körlevél kivételes okként megemlíti a tevékenység vállalkozások felvásárlása útján történő kiterjesztését is. Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések A Bírósághoz benyújtott ügyiratokból kitűnik, hogy az 1998-ban alapított P társaság 2008. szeptember 3-án kérte, hogy az illetékes adóhatóság a TVL 122. §-a (3) bekezdésének megfelelően biztosítsa számára az 1998-tól 2004-ig terjedő évek során őt ért veszteségek levonására vonatkozó kedvezményben való részesülést, annak ellenére, hogy 2004 augusztusában tulajdonosváltásra került sor. A vállalkozás e tulajdonosváltást, valamint a későbbi tulajdonosváltásokat követően is folytatta gazdasági tevékenységét. Az illetékes adóhatóság 2008. október 24-én elutasította e kérelmet arra hivatkozva, hogy a P nem bizonyított olyan kivételes okokat, amelyek alapján a bekövetkezett tulajdonosváltások ellenére indokolt lett volna ezen engedély megadása. A Helsingin hallinto-oikeus (helsinki közigazgatási bíróság) a 2009. december 2-i határozatával az illetékes adóhatóság által hivatkozottakkal megegyező okokból elutasította a P keresetét. A P e határozattal szemben fellebbezést nyújtott be a Korkein hallinto-oikeushoz, amely lényegében arra keres választ, hogy az uniós jog állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései, és különösen az adóhatóságnak a jelen ügyben rendelkezésére álló mérlegelési jogköre fényében értelmezett szelektivitási kritérium kizárja-e olyan határozat meghozatalát, amely tulajdonosváltás ellenére engedélyezi valamely társaság veszteségeinek levonását, amennyiben ezen intézkedést az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése alapján nem jelentették be megfelelően az Európai Bizottságnak. A kérdést előterjesztő bíróság szerint valamely intézkedés szelektivitásának értékelésekor meg kell vizsgálni, hogy egy adott jogi szabályozás keretén belül ezen intézkedés előnyben részesít-e bizonyos vállalkozásokat olyan más vállalkozásokhoz képest, amelyek hasonló ténybeli és jogi helyzetben vannak. A referenciakeret e célból való meghatározása különös jelentőséggel bír adóintézkedések esetében, mivel magának az előnynek a fennállását csupán egy úgynevezett „általános” adóztatáshoz viszonyítva lehet megállapítani. A kérdést előterjesztő bíróság rámutat arra, hogy e referenciakeret meghatározását illetően két lehetőség létezik. Az első lehetőség szerint e keretet a TVL 117. és 119. §-ában előírt, a veszteségek átvitelére vonatkozó általános szabály adhatná. E szabály szerint az eltérés tulajdonosváltás esetén való engedélyezése nem eredményezné azt, hogy a kedvezményezett társaság az általános szabály szerinti helyzettől előnyösebb helyzetbe kerül. A második lehetőség szerint a referenciakeretet a TVL 122. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabály adná, amely szerint a veszteségek tulajdonosváltást követően nem vonhatók le. E referenciakerethez képest a TVL 122. §-ának (3) bekezdésében foglalt, eltérést engedő szabály olyan mérlegelési jogkört ruházna az adóhatóságra, amely a kedvezményezett vállalkozást előnyösebb helyzetbe hozhatná azon vállalkozással szemben, amely számára az engedélyezési eljárásban nem biztosították a levonási jogot. A kérdést előterjesztő bíróság kiemeli továbbá, hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint az olyan állami intézkedések, amelyek vállalkozások között különbségtételt vezetnek be, és ennélfogva eleve szelektívek, igazolhatók, amennyiben e különbségtétel azon rendszer jellegéből vagy felépítéséből ered, amelynek a részét képezik. E tekintetben megjegyzi, hogy az alapeljárásban szóban forgó szabályozás által bevezetett adórendszer célja annak elkerülése, hogy a vállalkozások veszteségei kereskedelem vagy visszaélés tárgyává váljanak. Ennek veszélye különösen azon veszteséges, nem aktív vállalkozásokat érinti, amelyeket más vállalkozások különböző eszközökkel megpróbálhatnak megszerezni, hogy e veszteségeket saját nyereségükből levonják. Az adóhatóságnak a jelen ügyben rendelkezésre álló mérlegelési jogköre ezen adórendszer egésze keretében vizsgálható, amelynek célja, hogy a veszteségek levonhatóságára vonatkozó kedvezményben való részesülést minden olyan esetben biztosítsa, amikor a visszaélés veszélye nem bizonyított. E megfontolásokra tekintettel a Korkein hallinto-oikeus úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjeszti a Bíróság elé: „1) Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdéséből eredő szelektivitási feltételt a [TVL] 122. §-ának (3) bekezdése szerintihez hasonló engedélyezési eljárás keretében, hogy az tulajdonosváltás esetén kizárja a veszteségek levonásához való jogot, ha nem tartják tiszteletben az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének utolsó mondata szerinti eljárást? 2) A szelektivitási feltétel értelmezése keretében és különösen a viszonyítási csoport meghatározása során a [TVL] 117. és 119. §-ában szereplő, a megállapított veszteségek levonhatóságára vonatkozó általános szabályt, vagy pedig a tulajdonosváltásra vonatkozó rendelkezéseket kell-e figyelembe venni? 3) Amennyiben az EUMSZ 107. cikk szerinti szelektivitási feltétel eleve teljesítettnek tekintendő, igazolhatónak tekinthető-e a [TVL] 122. §-ának (3) bekezdéséből eredő szabályozás azért, mert az adószabályozás jellegében rejlő – például az adóelkerülés megakadályozásához szükséges – mechanizmusról van szó? 4) Milyen jelentőség tulajdonítandó a hatóságokat megillető mérlegelési jogkör terjedelmének annak megítélése során, hogy fennáll-e esetleg valamely igazoló ok, és hogy az adószabályozás jellegében rejlő mechanizmusról van-e szó? Szükséges-e az adószabályozás jellegében rejlő mechanizmus megállapításához, hogy a jogalkalmazó ne rendelkezzen semmilyen mérlegelési jogkörrel, és az eltérés alkalmazásának feltételeit a törvény pontosan meghatározza?” Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről A másodiktól a negyedikig terjedő kérdésekről A másodiktól a negyedikig terjedő kérdéseivel, amelyeket együttesen és első helyen kell megvizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy a TVL 122. §-ának (1) és (3) bekezdéséből eredőhöz hasonló adószabályozás teljesíti-e az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett „állami támogatás” fogalmának elemét jelentő szelektivitási feltételt, és igenlő válasz esetén, vajon az e rendelkezés (3) bekezdésében előírt kivételt igazolja-e azon tény, hogy e kivétel az adószabályozás jellegében rejlik. A kérdést előterjesztő bíróság továbbá azzal kapcsolatban is felvilágosítást kér a Bíróságtól, hogy e szabályozás alkalmazása során milyen jelentőséggel bírhat az illetékes hatóságok mérlegelési jogkörének terjedelme. Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése főszabály szerint tiltja az olyan támogatásokat, amelyek „bizonyos vállalkozások[at] vagy bizonyos áruk[at] előnyben részesít[enek]”, azaz a szelektív támogatásokat. Így az az intézkedés, amellyel a hatóságok olyan előnyös adójogi bánásmódot biztosítanak egyes vállalkozásoknak, amely ugyan nem jár együtt állami források átruházásával, de pénzügyileg kedvezőbb helyzetbe hozza a kedvezményezetteket, mint a többi adóalanyt, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül. A valamennyi gazdasági szereplőre megkülönböztetés nélkül alkalmazandó, általános intézkedésből eredő előnyök azonban nem minősülnek az EUMSZ 107. cikk értelmében vett állami támogatásnak (a C-106/09. P. és C-107/09. P. sz., Bizottság és Spanyolország kontra Government of Gibraltar és Egyesült Királyság egyesített ügyekben 2011. november 15-én hozott ítélet [EBHT 2011., I-11113. o.] 72. és 73. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint valamely nemzeti adóintézkedés „szelektívnek” minősítéséhez először is előzőleg meg kell határozni és meg kell vizsgálni az érintett tagállamban alkalmazandó közös vagy „általános” adószabályozást. Ehhez a közös vagy „általános” adószabályozáshoz képest kell ezután értékelni és megállapítani a szóban forgó adóintézkedéssel biztosított előny esetleges szelektív jellegét, bizonyítva, hogy ez az intézkedés eltér az említett közös rendszertől, mivel különbséget tesz az e tagállam adórendszere által kitűzött célra tekintettel hasonló ténybeli és jogi helyzetben lévő gazdasági szereplők között (lásd a C-78/08-C-80/08. sz., Paint Graphos és társai egyesített ügyekben 2011. szeptember 8-án hozott ítélet [EBHT 2011., I-7611. o.] 49. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). E tekintetben meg kell állapítani, hogy e minősítés nem csupán a releváns jogi szabályok tartalmának ismeretét feltételezi, hanem megköveteli e szabályok hatályának a közigazgatási és bírósági gyakorlat, valamint az e szabályok személyi hatályának terjedelmére vonatkozó információk alapján való vizsgálatát is. Mivel a kérdést előterjesztő bíróság nem közölte mindezen információkat, a Bíróság úgy véli, hogy e minősítéssel kapcsolatban nem tud állást foglalni. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint nem felel meg a szelektivitási feltételnek azon intézkedés, amelyet – noha valamely kedvezményezett számára előnyt jelent – igazol azon rendszer jellege vagy általános felépítése, amelynek a részét képezi (a C-143/99. sz., Adria-Wien Pipeline és Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke ügyben 2001. november 8-án hozott ítélet [EBHT 2001., I-8365. o.] 42. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ennélfogva az általános adórendszer alkalmazása alóli kivételnek minősülő intézkedés igazolható, ha az érintett tagállam bizonyítani tudja, hogy ezen intézkedés közvetlenül az adórendszere alapelveiből vagy vezérlő elveiből ered (lásd a fent hivatkozott Paint Graphos és társai egyesített ügyekben hivatkozott ítélet 65. pontját, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). E tekintetben ki kell emelni, hogy valamely engedélyezési rendszer jelenléte önmagában nem zárja ki az ilyen igazolhatóságot. Lehetséges ugyanis az igazolás abban az esetben, ha az engedélyezési eljárás keretében az illetékes hatóság mérlegelési jogköre azon feltételek vizsgálatára korlátozódik, amelyeket valamely meghatározható adóztatási célkitűzés érdekében állítottak fel, és az e hatóság által alkalmazandó kritériumok az adószabályozás jellegében rejlenek. Az illetékes hatóság jogkörét illetően a Bíróság ítélkezési gyakorlata kimondja, hogy az olyan mérlegelési jogkör, amely e hatóság számára lehetővé teszi a nyújtott intézkedés kedvezményezettjeinek vagy feltételeinek meghatározását, nem tekinthető általános jellegűnek (lásd ebben az értelemben a C-256/97. sz. DM Transport ügyben 1999. június 29-én hozott ítélet [EBHT 1999., I-3913. o.] 27. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Így a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló, a veszteségeknek a következő adóévekre való átvitelét lehetővé tévő engedélyezési rendszer alkalmazása főszabály szerint nem tekinthető szelektívnek, ha az illetékes hatóságok az engedélyezés iránti kérelemről való döntésük során csak olyan objektív kritériumok által körülhatárolt mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, amelyek a szóban forgó szabályozás által bevezetett adórendszertől nem idegenek, mint például a veszteségekkel való kereskedelem elkerülésének célkitűzése. Amennyiben viszont az illetékes hatóságok a nyújtott intézkedés kedvezményezettjeinek és feltételeinek az adórendszertől idegen kritériumok – mint például a foglalkoztatás fenntartása – alapján való meghatározását illetően széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, akkor úgy kell tekinteni, hogy e jogkör gyakorlása „bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos árukat” előnyben részesít más olyan vállalkozásokkal vagy árukkal szemben, amelyek a követett célkitűzésre tekintettel hasonló ténybeli és jogi helyzetben vannak (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Bizottság és Spanyolország kontra Government of Gibraltar és Egyesült Királyság egyesített ügyekben hozott ítélet 75. pontját). Márpedig e tekintetben a előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy a finn adóügyi főigazgatóság kiadott egy, a jelen ítélet 8. pontjában említett iránymutatást, amely a veszteségek levonásának tilalmától való eltérés engedélyezése érdekében „kivételes okként” felsorolja többek között a foglalkoztatásra gyakorolt különleges hatásokat is. Ezzel összefüggésben emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság kimondta, hogy valamely regionális fejlesztési vagy társadalmi kohéziós politika mint olyan alkalmazása nem teheti lehetővé, hogy valamely, e politika keretében elfogadott intézkedést a nemzeti adórendszer jellege és felépítése alapján igazoltnak tekintsenek (lásd ebben az értelemben a C-88/03. sz., Portugália kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 6-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-7115. o.] 82. pontját). Noha az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból e tekintetben kitűnik, hogy a fent hivatkozott iránymutatás jogilag nem kötelező jellegű, ki kell emelni, hogy amennyiben az illetékes hatóságnak a veszteségek levonásában részesülő kedvezményezetteket az adórendszertől idegen kritériumok, mint például a foglalkoztatás fenntartása alapján kellene tudni meghatároznia, úgy kellene tehát tekinteni, hogy az e jogkör ilyen gyakorlása „bizonyos vállalkozásokat vagy bizonyos árukat” előnyben részesít más olyan vállalkozásokkal vagy árukkal szemben, amelyek a követett célkitűzésre tekintettel hasonló ténybeli és jogi helyzetben vannak. A Bíróság azonban nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy értékelje az alapeljárásban szóban forgó adószabályozás esetlegesen szelektív jellegének igazolását. E körülmények között a másodiktól a negyedikig terjedő kérdésekre azt a választ kell adni, hogy az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló adószabályozás teljesítheti az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett „állami támogatás” fogalmának elemét jelentő szelektivitási feltételt, amennyiben megállapítást nyer, hogy a referenciarendszer, azaz az „általános” rendszer a TVL 122. §-ának (1) bekezdése értelmében vett, a veszteségek tulajdonosváltás esetén való levonásának tilalmában áll, amelyhez képest az e rendelkezés (3) bekezdésében előírt engedélyezési rendszer kivételt jelent. Az ilyen szabályozást igazolhatja azon rendszer jellege vagy általános felépítése, amelynek a részét képezi, mindazonáltal ezen igazolás kizárja, hogy az illetékes nemzeti hatóság a veszteségek levonásának tilalmától való eltérés engedélyezését illetően olyan mérlegelési jogkörrel rendelkezhessen, amely feljogosítja arra, hogy engedélyező határozatait ezen adószabályozástól idegen kritériumokra alapítsa. A Bíróság azonban nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy e minősítésekről végleges döntést hozzon. Egyébiránt emlékeztetni kell arra, hogy a szelektivitás a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak csak az egyik eleme. E tekintetben rendelkezésre álló információk hiányában a többi elemre vonatkozó kérdés sem képezi a Bíróság általi vizsgálat tárgyát. Az első kérdésről Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében előírt, a támogatási tervek végrehajtására vonatkozó tilalom kizárja-e a TVL 122. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglalt adószabályozás alkalmazását. Az EUMSZ 107. és az EUMSZ 108. cikk által a tagállamokra rótt kötelezettségek betartásának ellenőrzését illetően emlékeztetni kell ez utóbbi cikk rendelkezéseinek megfogalmazására, valamint azon hatáskörökre és feladatokra, amelyeket e rendelkezések egyrészről a Bizottságra, másrészről pedig a tagállamokra ruháznak. Az EUMSZ 108. cikk különböző eljárásokat vezet be, aszerint hogy létező vagy új támogatásokról van-e szó. Míg az új támogatásokat az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének megfelelően előzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak, és nem hajthatók végre mindaddig, amíg az eljárásban végleges határozat nem születik, a létező támogatások az EUMSZ 108. cikk (1) bekezdésének megfelelően jogszerűen végrehajthatók, amíg a Bizottság nem állapítja meg a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségüket (a C-262/11. sz. Kremikovtzi-ügyben 2012. november 29-én hozott ítélet 49. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ezen ellenőrzési rendszer keretében a Bizottság és a nemzeti bíróságok különböző feladatokkal és hatáskörökkel rendelkeznek (a C-44/93. sz. Namur-Les assurances du crédit ügyben 1994. augusztus 9-én hozott ítélet [EBHT 1994., I-3829. o.] 14. pontja). E bíróságokhoz lehet fordulni olyan jogvitákban, amelyek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésében említett támogatás fogalmának értelmezésére és alkalmazására késztetik őket, különösen annak eldöntése végett, hogy az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése szerinti előzetes vizsgálati eljárás figyelembevétele nélkül bevezetett valamely állami intézkedést annak alá kellene-e vetni, vagy sem. E bíróságok viszont nem rendelkeznek hatáskörrel arra, hogy valamely állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségéről döntsenek (a C-119/05. sz. Lucchini-ügyben 2007. július 18-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-6199. o.] 50. és 51. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Miközben a Bizottság köteles a tervezett támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségét megvizsgálni még olyan esetben is, amikor a tagállam megszegte az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének utolsó mondatában foglalt, a támogatási intézkedések végrehajtására vonatkozó tilalmat, a nemzeti bíróságok ilyen helyzetben a Bizottság végleges határozatáig csak megvédik a jogalanyok jogait az e tilalom állami hatóságok által történő esetleges figyelmen kívül hagyásával szemben (lásd ebben az értelemben a C-199/06. sz., CELF és Ministre de la Culture et de la Communication ügyben 2008. február 12-én hozott ítélet [EBHT 2008., I-469. o.] 38. pontját, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). A létező támogatásokat illetően emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 108. cikk (1) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja azokat. E vizsgálatot követően a Bizottság javaslatot tehet az érintett tagállamnak a közös piac fokozatos fejlődése vagy működése által megkövetelt megfelelő intézkedések meghozatalára, és adott esetben határozhat az általa a belső piaccal összeegyeztethetetlennek tartott támogatás megszüntetéséről vagy módosításáról. E támogatások mindaddig jogszerűnek tekintendők, amíg a Bizottság meg nem állapítja a belső piaccal való összeegyeztethetetlenségüket (a C-322/09. P. sz., NDSHT kontra Bizottság ügyben 2010. november 18-án hozott ítélet [EBHT 2010., I-11911. o.] 52. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Így e körülmények között az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése nem ruházza fel a nemzeti bíróságokat arra vonatkozó hatáskörrel, hogy valamely létező támogatás végrehajtását megtiltsák. A 659/1999/EK rendelet 1. cikke b) pontjának i. alpontja szerint a csatlakozási okmány 144. és 172. cikke sérelme nélkül „létező támogatásnak” minősül minden olyan támogatás, amely a Szerződésnek az érintett tagállamban történő hatálybalépését megelőzően már létezett, vagyis az olyan támogatási programok és egyedi támogatások, amelyeket a Szerződés hatálybalépése előtt vezettek be, és azt követően is alkalmazhatók. A Bírósághoz benyújtott ügyiratokban szereplő információk szerint, és amint azt mind a finn kormány, mind pedig a Bizottság kiemelte, a TVL 122. §-ának (1) és (3) bekezdésében előírt szabályozást az Európai Gazdasági Térségről szóló 1992. május 2-i megállapodás ( HL 1994. L 1., 3. o. ) 1994. január 1-jén való hatálybalépését megelőzően vezették be, és ezen időpontot követően is alkalmazható volt. A Finn Köztársaság 1995. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Ezenkívül, amint a Bizottság megjegyezte, a csatlakozási okmány 144. és 172. cikkében előírt körülmények, amelyek között a 659/1999 rendelet 1. cikke b) pontjának a „létező támogatás” fogalmának meghatározására vonatkozó i. alpontja nem alkalmazható, a jelen ügyben nem relevánsak. Emlékeztetni kell arra, hogy valamely támogatási program alkalmazási feltételeinek módosítása bizonyos feltételek mellett e program új támogatásnak való minősítéséhez vezethet. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy az alapeljárásban szóban forgó szabályozás alkalmazási feltételeit nem módosították-e. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az esetleges módosítások hatására a szabályozás hatálya kiterjedt, szükséges lehet annak megállapítása, hogy új támogatásról van szó, amelynek következtében alkalmazhatóvá válik az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében foglalt bejelentési eljárás. Következésképpen az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése nem zárja ki, hogy a TVL 122. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglalthoz hasonló adószabályozást, amennyiben azt „állami támogatásnak” kellene minősíteni, „létező” jellege miatt – a Bizottság említett EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében előírt hatáskörének sérelme nélkül – az ezen adószabályozást bevezető tagállamban továbbra is alkalmazzák. A költségekről Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (ötödik tanács) a következőképpen határozott: 1) Az alapeljárásban szóban forgóhoz hasonló adószabályozás teljesítheti az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett „állami támogatás” fogalmának elemét jelentő szelektivitási feltételt, amennyiben megállapítást nyer, hogy a referenciarendszer, azaz az „általános” rendszer a jövedelemadóról szóló, 1992. december 30-i 1535/1992. sz. törvény (Tuloverolaki) 122. §-ának (1) bekezdése értelmében vett, a veszteségek tulajdonosváltás esetén való levonásának tilalmában áll, amelyhez képest az e rendelkezés (3) bekezdésében előírt engedélyezési rendszer kivételt jelent. Az ilyen szabályozást igazolhatja azon rendszer jellege vagy általános felépítése, amelynek a részét képezi, mindazonáltal ezen igazolás kizárja, hogy az illetékes nemzeti hatóság a veszteségek levonásának tilalmától való eltérés engedélyezését illetően olyan mérlegelési jogkörrel rendelkezhessen, amely feljogosítja arra, hogy engedélyező határozatait ezen adószabályozástól idegen kritériumokra alapítsa. A Bíróság azonban nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy e minősítésekről végleges döntést hozzon. 2) Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése nem zárja ki, hogy az 1535/1992. sz. törvény 122. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglalthoz hasonló adószabályozást, amennyiben azt „állami támogatásnak” kellene minősíteni, „létező” jellege miatt – az Európai Bizottság említett EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében előírt hatáskörének sérelme nélkül – az ezen adószabályozást bevezető tagállamban továbbra is alkalmazzák. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: finn.

62019CJ0087

bg

Преюдициалното запитване се отнася основно до тълкуването на член 2, буква м) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) ( OВ L 108, 2002 г., стр. 33 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195, наричана по-нататък „Рамковата директива“) и на член 31, параграф 1 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) ( OВ L 108, 2002 г., стр. 51 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 213), изменена с Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите ( ОВ L 337, 2009 г., стр. 11 , наричана по-нататък „Директивата за универсалната услуга“). Запитването е отправено в рамките на спор между TV Play Baltic AS (по-рано Viasat AS) и Lietuvos ravizijos komisija (Литовска комисия за радио и телевизия, наричана по-нататък „LRTK“) по повод отхвърляне от страна на последната на искането на Viasat да бъде освободено от задължението да препредава телевизионния канал LRT Kultūra. Правна уредба Правото на Съюза Член 2 от Рамковата директива, озаглавен „Определения“, гласи в точка м): „предоставяне на електронна съобщителна мрежа“ означава създаването, оперирането, контрола или осигуряването на достъп до такава мрежа“. Съображения 43—45 от Директивата за универсалната услуга гласят: „(43) В момента държавите членки налагат известни задължения за пренос върху мрежите за излъчване на радио или телевизионен сигнал за обществото. Държавите членки следва да бъдат в състояние да установят пропорционални задължения за предприятията под тяхна юрисдикция в интерес на законните интереси на обществената политика, но такива задължения следва да се налагат, само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес, които се определят от държавите членки в съответствие със законодателството на [Съюза], и когато са пропорционални, прозрачни и подлежащи на периодично преразглеждане. Налаганите от държавите членки задължения за пренос следва да бъдат разумни, т.е. пропорционални и прозрачни с оглед на ясно определените цели от общ интерес и при необходимост могат да предполагат пропорционално възнаграждение. Задълженията за пренос могат да включват преноса на услуги, насочени конкретно към осигуряването на подходящ достъп за потребители-инвалиди. (44) Мрежите, използвани за разпространение на радио или телевизионен сигнал за гражданите включват кабелни, сателитни и наземни предавателни мрежи. Те могат също така да включват и други мрежи, доколкото значителен брой крайни потребители използват такива мрежи като основно средство за получаване на радио и телевизионен сигнал. (45) Услугите, които предоставят съдържание, като например предложения за продажба на пакети звуково или телевизионно предавано съдържание, не са обхванати от общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги. На доставчиците на такива услуги не следва да се налагат задължения за предоставяне на универсална услуга по отношение на тези дейности. Настоящата директива не накърнява мерките, взети на национално ниво в съответствие със законодателството на [Съюза], по отношение на тези услуги“. Член 31 от Директивата за универсалната услуга, озаглавен „Задължения за „наложителен пренос“, гласи следното: „1.   Държавите членки може да налагат разумни задължения за пренос на определени радио и телевизионни канали и допълващи ги услуги, особено услуги за достъп, целящи предоставяне на подходящ достъп за крайни ползватели с увреждания, върху попадащи под тяхната юрисдикция предприятия, които предоставят електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио или телевизионни канали на обществото, когато значителен брой крайни ползватели на такива мрежи ги използват като основно средство за получаване на радио и телевизионни канали. Такива задължения се налагат само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес, както те са ясно определени от всяка държава членка, и са пропорционални и прозрачни. […]“. Литовското право Член 33, параграфи 5—7 от Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Литовски закон за предоставяне на информация на обществеността, наричан по-нататък „Законът за предоставяне на информация“), изменен със Закон № XII‑1731 от 21 май 2015 г., предвижда: „5.   Операторите, които предоставят в Литва услуги за препредаване на телевизионни програми, както и други лица, които предоставят на литовските потребители услуги за разпространение в интернет на телевизионни канали и/или телевизионни предавания, са длъжни да препредават и разпространяват в интернет всички национални телевизионни канали на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, които не са кодирани. 6.   Lietuvos ravizijos komisija [Литовската комисия за радио и телевизия] може да реши да освободи от задължението за препредаване или за разпространяване в интернет на националните телевизионни канали на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, които не са кодирани, ако това решение не ограничава възможностите на потребителя да гледа тези канали с единствените технически средства, с които разполага. 7.   Препредаването и/или задължителното онлайн разпространяване на телевизионни програми не води до извършването на плащания между радиоразпространителите, операторите, които препредават, и другите оператори, които предоставят на литовските потребители услуги за разпространение в интернет на телевизионни канали и/или предавания“. Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси TV Play Baltic е дружество, установено в Естония, което разпространява платени пакети от телевизионни канали в Литва посредством сателитна мрежа, принадлежаща на трето лице, на което плаща възнаграждение за тази цел. След като Законът за предоставяне на информация е изменен през 2015 г., дейностите на жалбоподателя в главното производство се приравняват на дейности за препредаване на телевизионни програми, като в съответствие с член 33, параграф 5 от този закон той е длъжен да препредава каналите на Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija VšĮ (наричано по-нататък „LRT“), сред които е каналът LRT Kultūra. Жалбоподателят в главното производство иска от LRTK да бъде освободен от задължението за пренос на този канал. След като искането му да бъде освободен от това задължение, е отхвърлено, жалбоподателят в главното производство подава жалба за отмяна на решението, с което то е отхвърлено, пред Vilniaus apygardos administracinis teismas (Окръжен административен съд, Вилнюс, Литва). С решение от 4 януари 2017 г. по-специално тази юрисдикция потвърждава задължението на жалбоподателя в главното производство да препредава посочения канал. Сезиран с въззивна жалба, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Върховен административен съд, Литва) има съмнения относно тълкуването, което трябва да се даде на правото на Съюза, и по-специално на член 56 ДФЕС, както и на Рамковата директива и на Директивата за универсалната услуга. Най-напред запитващата юрисдикция уточнява, че задължението за препредаване, предвидено в член 33, параграф 5 от Закона за предоставяне на информация, изменен със Закон № XII‑1731 от 21 май 2015 г., не е подчинено на нито едно условие и че тази разпоредба транспонира в литовското право член 31 от Директивата за универсалната услуга. На първо място, тази юрисдикция поставя въпроса дали дейностите на жалбоподателя в главното производство трябва да се приемат за „предоставяне на електронна съобщителна мрежа“ по смисъла на член 2, буква м) от Рамковата директива и на член 31 от Директивата за универсалната услуга. В това отношение тя отбелязва, че той препредава телевизионни канали, като използва срещу заплащане комуникационна инфраструктура, принадлежаща на други икономически оператори. Посочената юрисдикция отбелязва обаче, че определени ресурси на тази инфраструктура се използват изключително за изпращане на сигналите, предавани от жалбоподателя в главното производство, и че той може да се приеме за мрежов оператор по смисъла на Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях (Директива за достъпа) ( ОВ L 108, 2002 г., стр. 7 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 169), изменена с Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. ( ОВ L 337, 2009 г., стр. 37 ). На второ място, запитващата юрисдикция смята, че ако дейностите на жалбоподателя в главното производство не попадат в обхвата на понятието за предоставяне на електронна съобщителна мрежа, следва да се определи дали дадена държава членка може да наложи задължения за пренос на икономически оператори, различни от посочените в член 31 от Директивата за универсалната услуга. Според нея дейностите на жалбоподателя в главното производство могат да се приемат за електронни съобщителни услуги, попадащи в приложното поле на Рамковата директива и на Директивата за универсалната услуга. Тя обаче не изключва възможността тези дейности да се разглеждат като услуга за предоставяне на съдържание, по отношение на която не се прилагат задълженията за предоставяне на универсална услуга, предвидени в последната директива. На трето място, запитващата юрисдикция поставя въпроса за тълкуването на изискването по член 31, параграф 1 от Директивата за универсалната услуга, според което задължение за пренос може да се наложи само когато значителен брой крайни ползватели използват въпросната мрежа като основно средство за получаване на радио- и телевизионни канали. Тя отбелязва, че макар това изискване да не се прилага за предприятията, които не попадат в приложното поле на тази разпоредба, литовският законодател осигурява еднакво третиране на всички оператори, които препредават, с оглед на това задължение. На четвърто място, запитващата юрисдикция отбелязва, че задължението за пренос ограничава свободното предоставяне на услуги по член 56 ДФЕС. Според нея, ако подобно ограничение може да бъде обосновано с императивни съображения от обществен интерес, свързан с културната политика, това задължение трябва да бъде пропорционално и необходимо за постигане на преследваните цели. Запитващата юрисдикция поставя обаче въпроса дали възможността самото LRT да разпространява LRT Kultūra по същата сателитна мрежа като използваната от клиентите на жалбоподателя в главното производство, е релевантна в това отношение, тъй като LRT разпространява друг безплатен канал по същия сателит като използвания от жалбоподателя в главното производство. Тя поставя също въпрос във връзка с факта, че този канал се разпространява чрез наземна телевизионна мрежа и че част от съдържанието му е достъпна безплатно в интернет. При тези условия Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Върховен административен съд, Литва) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси: „1) Следва ли член 2, буква м) от [Рамковата директива] да се тълкува в смисъл, че „предоставяне на електронна съобщителна мрежа“ не обхваща дейностите по повторно излъчване на телевизионни програми чрез спътникови мрежи, собственост на трети лица, като извършваните от жалбоподателя [в главното производство]? 2) Следва ли член 31, параграф 1 от [Директивата за универсалната услуга] да се тълкува в смисъл, че не допуска държавите членки да налагат задължение за „наложителен пренос“ (за излъчване на телевизионен канал чрез спътникови мрежи, собственост на трети лица, и за предоставяне на достъп до това излъчване на крайните ползватели) на икономическите оператори като жалбоподателя [в главното производство], които: [първо,] излъчват телевизионен канал, защитен от система за условен достъп през спътникови мрежи, притежавани от трети лица, като за целта приемат сигнали от телевизионни програми (канали), излъчвани по това време, конвертират ги, кодират ги и ги препращат към изкуствен сателит на Земята, от който те непрекъснато се предават обратно към Земята, и [второ,] предлагат пакети от телевизионни канали на клиенти, като за целта предоставят достъп до защитеното телевизионно предаване (или до част от него) чрез устройства за условен достъп срещу възнаграждение? 3) Следва ли член 31, параграф 1 от [Директивата за универсалната услуга] да се тълкува в смисъл, че за целите на прилагане на тази разпоредба, следва да се приеме, че значителен брой крайни ползватели не използват електронни съобщителни мрежи (в конкретния случай сателитна телевизионна мрежа) като основен източник (средство) за получаване на телевизионни предавания, когато тези мрежи се използват като основен източник (средство) от само около 6 % от всички крайни ползватели (в конкретния случай, домакинства)? 4) Следва ли при анализа дали приложението на член 31, параграф 1 от [Директивата за универсалната услуга] е обосновано, да се вземат предвид интернет потребителите, които могат безплатно да гледат въпросните телевизионни програми (или част от тях) на живо онлайн? 5) Следва ли член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува като забраняващ на държавите членки да налагат задължение за икономическите оператори, като жалбоподателя [в главното производство], да излъчват повторно телевизионен канал по електронни съобщителни мрежи безплатно, когато операторът, в полза на когото е предвидено това задължение, е напълно способен самият той да излъчва тези телевизионни канали чрез същата мрежа със свои собствени средства? 6) Следва ли член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз да се тълкува като забраняващ на държавите членки да налагат задължение за икономическите оператори, като жалбоподателя [в главното производство], да излъчват повторно телевизионен канал по електронни съобщителни мрежи безплатно, когато това задължение би обхванало само около 6 % от всички домакинства, като тези домакинства имат възможността да гледат телевизионния канал чрез мрежата за наземно разпространение или интернет?“. По преюдициалните въпроси По първия въпрос С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска да се установи дали дейност по препредаване на телевизионни програми посредством сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, попада в обхвата на понятието „предоставяне на електронна съобщителна мрежа“ по смисъла на член 2, буква м) от Рамковата директива. Следва да се посочи, че според Съда предприятие, което просто предлага гледане на телевизионни програми пряко и чрез стрийминг по интернет, не предоставя електронна съобщителна мрежа, но за сметка на това предлага достъп до съдържанието на аудио-визуални услуги, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи (вж. в този смисъл решение от 13 декември 2018 г., France Télévisions, C‑298/17 , EU:C:2018:1017 , т. и ). Положението на предприятие, което подобно на жалбоподателя в главното производство препредава телевизионни канали по сателит, обаче не се различава от положението на предприятие, което разпространява такива канали по интернет, в смисъл че подобно на последното предоставя достъп до съдържанието на аудио-визуални услуги, предоставяни чрез електронни съобщителни мрежи, в конкретния случай чрез сателитна мрежа. Ако обаче запитващата юрисдикция иска да се установи дали има възможност посочената в главното производство дейност да се разглежда като състояща се в предоставяне на електронна съобщителна мрежа, тъй като някои ресурси на сателитната инфраструктура са използвани изключително за изпращане на сигналите, предавани от жалбоподателя в главното производство, безспорно е, че последният не изпълнява нито една от задачите, осигурявани от предоставящия електронна съобщителна мрежа по смисъла на член 2, буква м) от Рамковата директива, а именно да отговаря за създаването, оперирането, контрола или осигуряването на достъп до такава мрежа. С оглед на всички изложени по-горе съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 2, буква м) от Рамковата директива трябва да се тълкува в смисъл, че дейност по препредаване на телевизионни програми посредством сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, не попада в обхвата на понятието „предоставяне на електронна съобщителна мрежа“ по смисъла на тази разпоредба. По втория въпрос С втория си въпрос по същество запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 31, параграф 1 от Директивата за универсалната услуга допуска държавите членки да налагат задължение за пренос на телевизионна програма на предприятия, които препредават чрез сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, телевизионни програми, защитени със система за условен достъп, и предлагат на клиентите си пакети от телевизионни програми. Следва да се припомни, че според Съда директивите, които са част от общата регулаторна рамка, сред които са Рамковата директива и Директивата за универсалната услуга, не засягат мерките, предприети на национално ниво в съответствие със законодателството на Съюза, за да се постигнат цели от общ интерес, и по-специално свързани с регулирането на съдържанието и с аудио-визуалната политика, като тази обща рамка не обхваща съдържанието на услугите, предоставяни по електронни съобщителни мрежи (вж. в този смисъл решение от 13 декември 2018 г., France Télévisions, C‑298/17 , EU:C:2018:1017 , т. и ). В резултат на това Съдът приема, че Директивата за универсалната услуга оставя възможност на държавите членки да налагат задължения за пренос извън тези по член 31, параграф 1 от нея, включително в тежест на предприятия, които, без да предоставят електронни съобщителни мрежи, предлагат гледане на телевизионни програми пряко и чрез стрийминг по интернет (решение от 13 декември 2018 г., France Télévisions, C‑298/17 , EU:C:2018:1017 , т. ). Също както дейността, разглеждана по делото, по което е постановено това решение, дейност по препредаване посредством сателитна мрежа на телевизионни програми, защитени със система за условен достъп, се състои в осигуряването на достъп до телевизионно съдържание. От нито един от материалите по делото, с които разполага Съдът, не следва, че дейност по пренос на телевизионно съдържание следва да се преценява по различен начин от гледна точка на член 31, параграф 1 от Директивата за универсалната услуга в зависимост от това дали се упражнява чрез сателит, или по интернет. Ето защо на втория въпрос следва да се отговори, че член 31, параграф 1 от Директивата за универсалната услуга трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държавите членки да налагат задължение за пренос на телевизионна програма на предприятия, които препредават чрез сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, телевизионни програми, защитени със система за условен достъп, и предлагат на клиентите си пакети от телевизионни програми. По третия и четвъртия въпрос Предвид отговорите, дадени на първия и втория въпрос, не е необходимо да се отговаря на третия и четвъртия въпрос. По петия и шестия въпрос С петия и шестия въпрос по същество запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 56 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска държавите членки да налагат задължение за безплатен пренос на телевизионен канал на предприятия, които препредават чрез сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, телевизионни програми, защитени със система за условен достъп, и предлагат на клиентите си пакети от телевизионни програми, при положение че, от една страна, радиоразпространителят, в полза на когото това задължение е наложено, има възможност да разпространява сам, за своя сметка, съответния канал по същата мрежа, а от друга страна, посоченото задължение позволява да се достигнат само около 6 % от всички домакинства, като те имат възможността да гледат този канал, използвайки наземната мрежа за радиоразпространение или интернет. Най-напред следва да се констатира, че правото на Съюза не е осъществило пълна хармонизация в сектора на електронните съобщителни услуги и следователно разглежданата в главното производство уредба трябва да се прецени с оглед на член 56 ДФЕС, доколкото се отнася до аспекти, които не са включени по-специално в Рамковата директива и в Директивата за универсалната услуга (вж. в този смисъл решение от 30 април 2014 г., UPC DTH, C‑475/12 , EU:C:2014:285 , т. ). Съгласно постоянната практика на Съда предаването на телевизионни съобщения, в това число посредством разпространение на телевизионен сигнал, само по себе си представлява предоставяне на услуги по смисъла на член 56 ДФЕС (решение от 13 декември 2007 г., United Pan-Europe Communications Belgium и др., C‑250/06 , EU:C:2007:783 , т. и цитираната съдебна практика). По отношение на въпроса дали национална правна уредба като разглежданата в главното производство съдържа ограничение, забранено на основание член 56 ДФЕС, следва да се припомни, че съгласно съдебната практика свободното предоставяне на услуги изисква премахването по отношение на установените в друга държава членка доставчици на услуги не само на всяка дискриминация, основана на тяхното гражданство, но и на всяко ограничение, дори то да се прилага, без да се прави разлика между национални доставчици и доставчици от други държави членки, когато това ограничение може да доведе до забрана, затрудняване или по-слаба привлекателност на дейността на доставчик, установен в друга държава членка, в която той законно предлага аналогични услуги (решение от 13 декември 2007 г., United Pan-Europe Communications Belgium и др., C‑250/06 , EU:C:2007:783 , т. и цитираната съдебна практика). Следва да се констатира, че като налага задължение за пренос на някои телевизионни програми на LRT на предприятията, които независимо от мястото им на установяване препредават телевизионни програми по сателит, насочени към литовските телевизионни зрители, разглежданата в главното производство национална уредба въвежда ограничение на свободното предоставяне на услуги по смисъла на член 56 ДФЕС. Съгласно съдебната практика подобно ограничение на гарантирана от ДФЕС основна свобода може да бъде обосновано, доколкото отговаря на императивни съображения от обществен интерес, стига да бъде в състояние да гарантира осъществяване на преследваната цел и да не надхвърля необходимото за постигането ѝ (решение от 13 декември 2007 г., United Pan-Europe Communications Belgium и др., C‑250/06 , EU:C:2007:783 , т. и цитираната съдебна практика). В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната практика на Съда културната политика може да представлява императивно съображение от обществен интерес, оправдаващо ограничение на свободното предоставяне на услуги. Всъщност запазването на плурализма, което тази политика се стреми да гарантира, е свързано със свободата на словото, закриляна от член 10 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г., като тази свобода е сред основните права, гарантирани от правния ред на Съюза, по-специално от член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз (вж. в този смисъл решение от 13 декември 2007 г., United Pan-Europe Communications Belgium и др., C‑250/06 , EU:C:2007:783 , т. и цитираната съдебна практика). В конкретния случай литовското правителство е подчертало, че задължението за пренос на телевизионния канал LRT Kultūra, наложено на предприятията, като жалбоподателя в главното производство, преследва цел от обществен интерес, свързана с културната политика, предвид съществената социална и културна стойност на този канал за литовските телевизионни зрители. Подобна цел на културната политика може да обоснове наличието на ограничение на свободното предоставяне на услуги. Националната уредба, която въвежда подобно ограничение, обаче трябва да бъде в състояние да гарантира осъществяването на преследваната цел. По този въпрос, при условие че запитващата юрисдикция следва да извърши съответните проверки, задължението за пренос на някои телевизионни програми може да позволи постигането на преследваната с нея цел на културната политика, доколкото може да гарантира, че литовските телевизионни зрители, които разполагат само с телевизионен достъп по сателит, имат възможността да гледат програмите на канала LRT Kultūra, до които не биха имали достъп по друг начин. По отношение на пропорционалността на разглежданата в главното производство мярка, която по-специално е предмет на петия и шестия въпрос, ако запитващата юрисдикция следва да се произнесе в това отношение с оглед на фактите и обстоятелствата, доведени до знанието ѝ в спора по главното производство, Съдът може да ѝ даде насоки относно параметрите, които да вземе предвид при това разглеждане. Така, както подчертава Европейската комисия в становището си, запитващата юрисдикция следва да отчете броя или процента на крайните ползватели, които действително прибягват до средствата за разпространение на телевизионните канали, за да прецени дали разглежданото в главното производство задължение за пренос е пропорционално. Освен това, за да прецени дали разглежданото в главното производство задължение за пренос е пропорционално, запитващата юрисдикция ще трябва да вземе предвид също, след като направи съответните проверки, факти като географското разпределение на крайните ползватели на услугите, предоставяни от жалбоподателя в главното производство, обстоятелството, че каналът LRT Kultūra се препредава от него, без да е кодиран, достигайки по този начин до по-широк кръг ползватели, и обстоятелството, че този канал, или голяма част от неговите програми, е достъпен безплатно в интернет, както и посредством наземната телевизионна мрежа. С оглед на тези съображения на петия и шестия въпрос следва да се отговори, че член 56 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държавите членки да налагат задължение за безплатен пренос на телевизионен канал на предприятия, които препредават чрез сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, телевизионни програми, защитени със система за условен достъп, и предлагат на клиентите си пакети от телевизионни програми, при условие че, от една страна, това задължение за пренос позволява на значителен брой или на значителен процент на крайните ползватели на средствата за разпространение на телевизионните програми като цяло да имат достъп до канала, който се ползва от въпросното задължение, и от друга страна, при условие че се вземе предвид географското разпределение на крайните ползватели на услугите, предоставяни от оператора, на когото е наложено същото това задължение за пренос, обстоятелството, че той препредава този канал, без да го кодира, и обстоятелството, че въпросният канал е достъпен безплатно в интернет, както и посредством наземната телевизионна мрежа, което запитващата юрисдикция следва да провери. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (девети състав) реши: 1) Член 2, буква м) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) трябва да се тълкува в смисъл, че дейност по препредаване на телевизионни програми посредством сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, не попада в обхвата на понятието „предоставяне на електронна съобщителна мрежа“ по смисъла на тази разпоредба. 2) Член 31, параграф 1 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държавите членки да налагат задължение за пренос на телевизионна програма на предприятия, които препредават чрез сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, телевизионни програми, защитени със система за условен достъп, и предлагат на клиентите си пакети от телевизионни програми. 3) Член 56 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че допуска държавите членки да налагат задължение за безплатен пренос на телевизионен канал на предприятия, които препредават чрез сателитни мрежи, принадлежащи на трети лица, телевизионни програми, защитени със система за условен достъп, и предлагат на клиентите си пакети от телевизионни програми, при условие че, от една страна, това задължение за пренос позволява на значителен брой или на значителен процент на крайните ползватели на средствата за разпространение на телевизионните програми като цяло да имат достъп до канала, който се ползва от въпросното задължение, и от друга страна, при условие че се вземе предвид географското разпределение на крайните ползватели на услугите, предоставяни от оператора, на когото е наложено същото това задължение за пренос, обстоятелството, че той препредава този канал, без да го кодира, и обстоятелството, че въпросният канал е достъпен безплатно в интернет, както и посредством наземната телевизионна мрежа, което запитващата юрисдикция следва да провери. Подписи ( *1 ) Език на производството: литовски.

61996CJ0387

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Motifs de l'arrêt 1 Par ordonnance du 22 novembre 1996, parvenue à la Cour le 27 novembre suivant, le Svea hovrätt a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 13 et 14 du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 1). 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de M. Sjöberg pour infraction à l'article 27, paragraphes 1, deuxième alinéa, et 2, du förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter (règlement relatif aux heures de conduite et de repos ainsi qu'aux tachygraphes dans le domaine des transports par route, ci-après le «règlement suédois») et à l'article 14 du règlement n_ 3820/85. 3 L'article 13 du règlement n_ 3820/85 prévoit notamment: «1. Chaque État membre peut accorder des dérogations sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé, sur le territoire d'un autre État membre, à toute disposition du présent règlement applicable aux transports effectués au moyen d'un véhicule appartenant à une ou à plusieurs des catégories énumérées ci-après: ... b) véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels; ... Les État membres informent la Commission des dérogations qu'ils accordent au titre du présent paragraphe». 4 L'article 14 dispose: «1. Dans le cas des transports réguliers de voyageurs: - nationaux, ... assujettis au présent règlement, un horaire et un registre de service sont établis par l'entreprise. 2. Le registre doit indiquer, pour chaque conducteur, le nom et le point d'attache, ainsi que l'horaire préalablement fixé pour les différentes périodes de conduite, les autres périodes de travail et les périodes de disponibilité. 3. Le registre doit comprendre toutes les mentions visées au paragraphe 2 pour une période minimale couvrant la semaine en cours ainsi que celle qui la précède et celle qui la suit. 4. ... 5. Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe 1 doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service». 5 Les dispositions du règlement n_ 3820/85 ont en substance été reprises par le règlement suédois. 6 Dans chaque département suédois, le «landsting» (l'assemblée départementale) a pour mission de gérer les transports collectifs par route aux niveaux local et régional. Le Stockholm läns landsting gère ce service à titre exclusif par l'intermédiaire d'une société anonyme, l'Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (ci-après «SL»), dont il détient la totalité du capital. SL possède neuf filiales d'exploitation du réseau local, dont SL Buss AB. 7 Depuis 1993, les services de transport font l'objet d'appels d'offres. Ainsi, SL Buss AB a obtenu le droit exclusif de desservir certaines lignes dans différentes zones sur la base de contrats d'une durée de trois à cinq ans avec une possibilité de prolongation jusqu'à dix ans. 8 Par jugement du 8 mai 1996, le Norrtälje tingsrätt a condamné M. Sjöberg, gérant de SL Buss AB, à une amende de 1 500 SKR, pour infraction à l'article 14 du règlement n_ 3820/85 et à la disposition correspondante du règlement suédois. 9 M. Sjöberg a interjeté appel de ce jugement devant le Svea hovrätt. Il a notamment fait valoir que les véhicules de SL Buss AB devaient être considérés comme des véhicules au sens de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85, qui, dès lors, bénéficiaient d'une dérogation. Il a également soutenu que les conducteurs de deux des véhicules mis en cause étaient porteurs d'un extrait du registre de service satisfaisant aux critères de l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement. 10 Le ministère public a, en revanche, considéré que SL Buss AB était une entreprise privée et non une autorité publique, en sorte qu'elle était soumise aux règles de la concurrence. Par ailleurs, il a considéré qu'un extrait du registre de service limité à un seul jour ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 14 du règlement n_ 3820/85. 11 Dans ces circonstances, le Svea hovrätt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) La disposition dérogatoire de l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil s'applique-t-elle aux activités de transport exercées par le Stockholms läns landsting par l'intermédiaire de SL Buss AB? 2) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du même règlement, chaque conducteur affecté à un service visé à l'article 14, paragraphe 1, doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service. Cette exigence est-elle satisfaite lorsque la portée de l'extrait du registre de service est limitée à un seul jour?» Sur la première question 12 A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour n'est pas compétente, dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 177 du traité, pour appliquer les règles de droit communautaire à une espèce déterminée (voir, notamment, arrêt du 4 avril 1968, Tivoli, 20/67, Rec. p. 293, et du 20 avril 1988, Bekaert, 204/87, Rec. p. 2029, point 5). 13 Eu égard aux éléments du dossier de l'affaire au principal, il y a donc lieu de comprendre la première question comme visant à savoir si la dérogation accordée aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels, prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85, s'applique aux véhicules appartenant à une entreprise dont le capital est détenu par une autorité publique et qui assure un service de transport en commun de voyageurs dans le cadre d'un contrat lui accordant, pour une durée déterminée, un droit d'exclusivité. 14 A cet égard, il convient d'abord de rappeler que l'article 13 du règlement n_ 3820/85 énumère certaines catégories de transports pour lesquelles les États membres peuvent accorder, à l'intérieur de leur territoire, des dérogations à toute disposition dudit règlement. Constituant ainsi une dérogation au régime général, l'article 13 ne saurait être interprété de façon extensive. De plus, la portée des dérogations qu'il prévoit doit être déterminée en tenant compte des finalités du règlement (voir arrêts du 21 mars 1996, Mrozek et Jäger, C-335/94, Rec. p. I-1573, point 9, et Goupil, C-39/95, Rec. p. I-1601, point 8). 15 Il y a lieu d'observer que l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85 a pour objet de permettre aux autorités publiques des États membres de ne pas se soumettre au régime strict imposé par ce règlement lorsqu'elles effectuent des transports afférents à des services publics. 16 L'octroi de cette exemption ne doit pourtant pas compromettre les objectifs du règlement n_ 3820/85 qui consistent, ainsi qu'il ressort de son premier considérant, à harmoniser les conditions de concurrence et à améliorer les conditions de travail et de la sécurité routière. En outre, selon le vingt-deuxième considérant, les États membres doivent s'assurer, en cas de dérogations, que le niveau de protection sociale et de sécurité routière n'est pas mis en cause. 17 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'interpréter les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85, selon lesquelles les véhicules doivent être utilisés par les autorités publiques, pour des services publics et qu'ils ne doivent pas concurrencer les transporteurs professionnels. Il convient de commencer par l'examen de cette dernière condition. 18 A cet égard, la Commission soutient que l'élément essentiel réside dans l'absence de concurrence pendant l'exécution du contrat. Une société telle que SL Buss AB, qui a obtenu un droit exclusif pour une durée de trois à cinq ans, ne concurrencerait donc pas, pendant cette période, les transporteurs professionnels. 19 Il convient toutefois de constater que l'exigence de l'absence de concurrence avec les transporteurs professionnels, d'une part, permet de mieux garantir la sécurité routière et, d'autre part, vise à éviter que la concurrence soit perturbée du fait qu'un seul transporteur est exempté du respect des dispositions du règlement n_ 3820/85. 20 Eu égard à ce double objectif, l'absence de concurrence avec les transporteurs professionnels doit s'apprécier tant au moment où le droit exclusif d'assurer un service public est accordé que pendant l'exécution du contrat. Il est en effet constant que, jusqu'à la conclusion du contrat, l'entreprise qui souhaite obtenir la gestion d'un service public doit adopter un comportement concurrentiel. Après la signature dudit contrat, cette même entreprise n'est pas non plus exclue du jeu de la concurrence, puisqu'elle gérera cette activité de manière que son contrat soit renouvelé à son échéance. 21 En l'occurrence, il est constant que le service en question a fait l'objet d'un appel d'offres. Il existait par conséquent une concurrence entre différents transporteurs professionnels désireux également d'obtenir le marché. Cette concurrence est bien évidemment destinée à persister dans la mesure où il y aura un nouvel appel d'offres à l'expiration du contrat, celui-ci n'ayant été conclu que pour une période déterminée. 22 Il convient donc de constater que des véhicules utilisés par une entreprise ayant obtenu le droit de gestion exclusif d'un service de transport par la voie d'un appel d'offres et pour une période déterminée concurrencent les transporteurs professionnels, car ladite entreprise est tenue d'adopter un comportement concurrentiel afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement du contrat à son échéance. 23 Étant donné que la condition tenant à l'absence de concurrence avec les transporteurs professionnels n'est pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions sont réunies. 24 Il convient par conséquent de répondre à la première question que la dérogation accordée aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels, prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n_ 3820/85, ne s'applique pas aux véhicules appartenant à une entreprise dont le capital est détenu par une autorité publique et qui assure un service de transport en commun de voyageurs dans le cadre d'un contrat lui accordant, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, un droit d'exclusivité pour une durée déterminée. Sur la seconde question 25 A titre liminaire, il convient de rappeler que la finalité de l'obligation de détenir un extrait du registre de service est d'assurer un contrôle efficace des dispositions du règlement n_ 3820/85. 26 En effet, il résulte du vingt-cinquième considérant dudit règlement que, pour les conducteurs des véhicules affectés à des services réguliers de voyageurs, une copie de l'horaire et un extrait du registre de l'entreprise peuvent se substituer à l'appareil de contrôle. L'installation d'un tel appareil de contrôle est prévue par le règlement (CEE) n_ 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370, p. 8). 27 L'article 15, paragraphe 7, du règlement n_ 3821/85 prévoit que le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les feuilles d'enregistrement de la semaine en cours et, en tout cas, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit. S'agissant de cette disposition, la Cour a jugé, dans l'arrêt du 13 décembre 1991, Nijs et Transport Vanschoonbeek-Matterne (C-158/90, Rec. p. I-6035, point 13), qu'elle vise à permettre que soit contrôlé le respect de la période obligatoire de repos hebdomadaire. 28 Étant donné que, dans le cas des transports réguliers de voyageurs, l'extrait du registre de service et la copie de l'horaire de service se substituent à l'appareil de contrôle, cet extrait ainsi que cette copie doivent permettre de vérifier avec la même efficacité si le conducteur a respecté les dispositions relatives au temps de conduite et de repos. 29 Il convient par conséquent de répondre à la seconde question que l'exigence établie à l'article 14, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85, selon laquelle chaque conducteur affecté à un service visé à l'article 14, paragraphe 1, doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service, n'est pas satisfaite lorsque l'extrait du registre de service ne concerne que le jour du contrôle. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 30 Les frais exposés par les gouvernements suédois, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (cinquième chambre), statuant sur les questions à elle soumises par le Svea hovrätt, par ordonnance du 22 novembre 1996, dit pour droit: 1) La dérogation accordée aux véhicules utilisés par les autorités publiques pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels, prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n_ 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, ne s'applique pas aux véhicules appartenant à une entreprise dont le capital est détenu par une autorité publique et qui assure un service de transport en commun de voyageurs dans le cadre d'un contrat lui accordant, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, un droit d'exclusivité pour une durée déterminée. 2) L'exigence établie à l'article 14, paragraphe 5, du règlement n_ 3820/85, selon laquelle chaque conducteur affecté à un service visé à l'article 14, paragraphe 1, doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie de l'horaire de service, n'est pas satisfaite lorsque l'extrait du registre de service ne concerne que le jour du contrôle.

62007TJ0369

fr

Par lettre du 16 août 2006, la République de Lettonie a notifié à la Commission des Communautés européennes, en application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87, son plan national d’allocation pour la période allant de 2008 à 2012 (ci-après le « PNA »). Selon le PNA, la République de Lettonie entendait allouer à son industrie nationale couverte par l’annexe I de la directive 2003/87 une moyenne annuelle totale de 7,763883 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (MteCO ). Le 29 novembre 2006, la Commission a adopté une première décision de rejet, dont le dispositif se lit comme suit : « Article premier L’aspect suivant du [PNA] pour la première période de cinq ans visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive est incompatible avec les critères [n os ] 1 [à] 3 de l’annexe III de la directive [2003/87] : la fraction de la quantité totale de quotas à allouer – égale à la somme du volume annuel d’émissions de 4,480580 [MteCO ] – n’est pas conforme aux évaluations effectuées conformément à la décision 280/2004/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49, p. 1),] et n’est pas compatible avec le potentiel, y compris technologique, de réduction des émissions des activités [concernées]. Article 2 Il ne sera pas soulevé d’objections au [PNA] sous réserve que les modifications ci-après y soient apportées de manière non discriminatoire et soient notifiées à la Commission le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales sans retard indu : la quantité totale de quotas à allouer aux fins du système communautaire est réduite de 4,480580 [MteCO ]. Article 3 1.      La quantité totale annuelle moyenne de quotas de 3,283303 MteCO à allouer par la [République de] Lettonie, conformément à son [PNA], aux installations mentionnées dans ce plan et aux nouveaux entrants ne doit pas être dépassée. 2.      Le [PNA] peut être modifié sans accord préalable de la Commission, si la modification concerne les quotas alloués à certaines installations, dans les limites de la quantité totale de quotas à allouer aux installations mentionnées dans le plan, par suite d’améliorations de la qualité des données, ou si elle consiste à réduire le pourcentage des quotas à allouer gratuitement dans les limites définies à l’article 10 de la directive [2003/87]. 3.      Toutes modifications du [PNA] autres que celles visant à mettre en œuvre l’article 2 doivent être notifiées avant le 31 décembre 2006, délai prévu à l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2003/87], et requièrent l’accord préalable de la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive [2003/87]. Article 4 La République de Lettonie est destinataire de la présente décision. » Par lettre du 29 décembre 2006, la République de Lettonie a notifié à la Commission un PNA révisé prévoyant l’allocation d’une moyenne annuelle totale de 6,253146 MteCO . Par lettre du 30 mars 2007, rédigée en langue anglaise, la Commission a constaté que les informations contenues dans le PNA révisé étaient incomplètes et a demandé à la République de Lettonie de répondre à certaines questions et de lui fournir des informations supplémentaires. Par lettre du 25 avril 2007, la République de Lettonie a répondu à cette demande de renseignements. Le 13 juillet 2007, la Commission a adopté la décision C (2007) 3409, concernant la modification du PNA de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Lettonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87 (ci-après la « décision attaquée »), dont le dispositif se lit, notamment, comme suit : « Article premier Les aspects suivants de la modification proposée du [PNA] de la Lettonie pour la période de cinq ans prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2003/87] sont conformes en particulier aux critères cités ci-après et sont donc approuvés : 1.      Critères [n os ] 1 [à] 3 de l’annexe III de la directive [2003/87] : accroissement de la quantité totale annuelle de quotas de 0,144813 [MteCO ], ce qui est conforme aux évaluations effectuées conformément à la décision 280/2004/CE et au potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités [concernées]. […] Article 2 L’aspect suivant de la modification proposée du [PNA] de la Lettonie pour la période de cinq ans prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2003/87] est incompatible avec les critères cités ci-après et est donc rejeté : critères [n os ] 1 [à] 3 de l’annexe III de la directive [2003/87] : accroissement de la quantité totale annuelle de quotas de 2,825030 [MteCO ], ce qui est incompatible avec les évaluations effectuées conformément à la décision [280/2004] et au potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités [concernées]. Article 3 La République de Lettonie est destinataire de la présente décision. » Au point 1 des motifs de la décision attaquée, la Commission se réfère à l’article 3, paragraphe 3, de la première décision de rejet autorisant la République de Lettonie à notifier des modifications de son PNA pour la période allant de 2008 à 2012 avant le 31 décembre 2006, délai visé par l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87. Au point 3 des motifs de la décision attaquée, la Commission constate, notamment, que, dans la mesure où les informations soumises par la République de Lettonie comportent une modification de la substance du PNA, celle-ci requiert l’acceptation préalable de la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. La décision attaquée serait limitée à ces aspects des informations soumises. D’autres aspects desdites informations, en particulier ceux visant la mise en œuvre de la première décision de rejet ou exprimant un point de vue divergeant de l’appréciation effectuée par la Commission dans ladite décision, n’auraient pas été pris en considération aux fins de la décision attaquée. Au point 6 des motifs de la décision attaquée, il est constaté que la République de Lettonie n’a pas soumis d’information susceptible de justifier un changement du mode de calcul de la quantité maximale de quotas, tel que défini dans le cadre de la première décision de rejet. Enfin, au point 8 des motifs de la décision attaquée, au regard de données plus précises fournies par la République de Lettonie quant à un investissement particulièrement élevé dans le secteur du ciment, la Commission accepte, sur le fondement de ce mode de calcul, un ajustement à la hausse du contingent maximal de quotas disponible tel qu’identifié à l’article 1 er de la décision attaquée. Procédure et conclusions des parties Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2007, la République de Lettonie a introduit le présent recours. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la République de Lettonie a demandé à ce qu’il soit statué selon la procédure accélérée visée à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 13 novembre 2007, le Tribunal (troisième chambre) a rejeté cette demande. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 novembre 2007, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la Commission. Par ordonnance du 12 juin 2008, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déposé son mémoire en intervention le 28 août 2008. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2007, confirmé par lettre du 26 mai 2008, la République de Lettonie a demandé, en vertu de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, le traitement confidentiel de certaines parties de l’annexe 7 de la requête à l’égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 décembre 2007, la République de Lituanie a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la République de Lettonie. Par ordonnance du 12 juin 2008, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La République de Lituanie a déposé son mémoire en intervention le 29 août 2008. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 janvier 2009, la Commission a soumis ses observations sur les mémoires en intervention déposés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que par la République de Lituanie. La République de Lettonie n’a pas soumis d’observations sur lesdits mémoires dans le délai imparti. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2008, la République slovaque a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République de Lettonie. Par ordonnance du 12 juin 2008, le président de la troisième chambre du Tribunal a constaté que cette demande avait été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure, mais après l’expiration du délai de six semaines visé à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement. Partant, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette demande, tout en limitant les droits de la République slovaque à ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, dudit règlement. La République de Lettonie, soutenue par la République de Lituanie, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner la Commission aux dépens. La Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la République de Lettonie aux dépens. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Par lettre du 12 juillet 2010, au titre de mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de déposer certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans les délais impartis. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 21 septembre 2010. En droit Au soutien du recours, la République de Lettonie avance quatre moyens tirés, en premier lieu, de la violation des compétences fixées par le traité CE en matière de politique énergétique, en deuxième lieu, de la violation du « principe de non-discrimination », en troisième lieu, de la méconnaissance des obligations découlant du protocole de Kyoto et, en quatrième lieu, du non-respect du délai de trois mois prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’article 1 er de la décision attaquée Arguments des parties Selon la Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, alors même que la République de Lettonie demande l’annulation de l’intégralité de la décision attaquée, cette demande ne vise, en réalité, que l’annulation de son article 2 et non celle de son article 1 er , par lequel il est conclu à la compatibilité de certaines des modifications proposées dans le PNA révisé avec les critères de l’annexe III de la directive 2003/87. Or, un acte ne pourrait faire l’objet d’un recours en annulation que lorsque cet acte produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante. Dès lors que l’article er de la décision attaquée n’affecte pas les intérêts de la République de Lettonie, celle-ci n’aurait aucun intérêt à voir annuler cet article et le recours devrait être déclaré irrecevable à cet égard. La République de Lettonie conteste cette argumentation. Appréciation du Tribunal S’agissant de la notion d’intérêt à agir invoquée par la Commission, il convient de rappeler que le traité fait une distinction nette entre le droit de recours en annulation des institutions et des États membres, d’une part, et celui des personnes physiques et morales, d’autre part. En effet, le droit de contester par un recours en annulation la légalité des décisions de la Commission est ouvert à tout État membre, sans que l’exercice de ce droit soit conditionné par la justification d’un intérêt à agir. Un État membre n’a donc pas à démontrer qu’un acte de la Commission qu’il attaque produit des effets juridiques à son égard pour que son recours soit recevable (ordonnance de la Cour du 27 novembre 2001, Portugal/Commission, C‑208/99, Rec. p. I‑9183, points 22 et 23, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, TV 2/Danmark e.a./Commission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 et T‑336/04, Rec. p. II‑2935, point 63). Ce constat résulte également de la définition jurisprudentielle de l’intérêt à agir, qui ne vise que les recours formés par des personnes physiques ou morales et non ceux des institutions de l’Union ou des États membres (voir arrêt du Tribunal du 21 mai 2010, France e.a./Commission, T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 et T‑456/04, non encore publié au Recueil, point 118, et la jurisprudence qui y est citée). En outre, la notion d’intérêt à agir ne saurait être confondue avec le concept d’acte attaquable en vertu duquel un acte doit être destiné à produire des effets juridiques susceptibles de faire grief pour qu’il puisse faire l’objet d’un recours en annulation, ce qu’il convient de déterminer en s’attachant à sa substance (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, points 25 et 27 ; ordonnances de la Cour Portugal/Commission, point 33 supra, point 24, et du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission, C‑164/02, Rec. p. I‑1177, points 18 et 19 ; arrêt France e.a./Commission, point 33 supra, point 119). Or, il ne saurait être nié que la décision attaquée produit, de par sa substance, de tels effets juridiques. Par conséquent, la fin de non-recevoir concernant la demande d’annulation de l’article 1 er de la décision attaquée doit être rejetée. Le Tribunal estime opportun d’apprécier, en premier lieu, le bien-fondé du quatrième moyen. Sur le quatrième moyen, tiré du non-respect du délai de trois mois prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 Observation liminaire À titre liminaire, il convient de préciser que, si la Commission et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord font valoir que, à l’occasion du présent recours, la République de Lettonie ne peut pas remettre en cause la première décision de rejet du 29 novembre 2006, faute de l’avoir contestée dans les délais, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la recevabilité du quatrième moyen tiré d’un vice propre à la décision attaquée. Arguments des parties Selon la République de Lettonie, soutenue par la République de Lituanie, la décision attaquée doit être considérée comme étant « inexistante », car elle a été adoptée au mépris de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Aux termes de cette disposition, la Commission pourrait rejeter un PNA dans les trois mois qui suivent sa notification par un État membre. Le PNA révisé aurait été notifié le 29 décembre 2006. Partant, le délai dans lequel la Commission devait réagir, si elle souhaitait rejeter ce PNA en tout ou en partie, aurait expiré le 29 mars 2007. Or, ce n’est que le 30 mars 2007 que la Commission aurait adressé à la République de Lettonie une lettre – d’ailleurs rédigée en langue anglaise, en violation de l’article 3 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385) –, dans laquelle, d’une part, elle indiquait que le PNA révisé était incomplet et, d’autre part, elle réclamait des explications supplémentaires. Enfin, la République de Lettonie précise que le délai de trois mois prévu l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 a commencé à courir à compter du jour où sa lettre du 29 décembre 2006 portant notification du PNA révisé a été réellement reçue par la Commission, et non à la suite de l’enregistrement par celle-ci, le 5 janvier 2007, du document en cause. La Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, considère qu’elle s’est conformée à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, le délai de trois mois qui y est prévu ne s’appliquant qu’au PNA notifié et non à ses modifications. Il y aurait lieu de distinguer clairement entre, d’une part, la notification du PNA, à partir de laquelle ce délai commencerait à courir, et, d’autre part, les modifications proposées, pour lesquelles aucun délai ne serait fixé. La Commission reconnaît que, lorsqu’elle ne se prononce pas avant l’expiration du délai de trois mois, le PNA est réputé accepté. Toutefois, la situation serait différente lorsqu’un État membre propose des modifications dudit PNA. En effet, dans un tel cas, l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87 n’autorise un État membre à prendre une décision d’allocation au titre de l’article 11 de ladite directive que si les modifications qu’il a proposées ont été acceptées par la Commission, ce qui revient à exiger une approbation expresse de la Commission. D’après la Commission, si l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87 ne lui fixe aucun délai aux fins de l’approbation des modifications du PNA proposées par l’État membre, il n’en résulte pas pour autant qu’elle dispose d’un délai illimité pour examiner ces modifications. Elle devrait se prononcer à cet égard le plus rapidement possible et, en tout état de cause, avant le début de la période d’échange concernée. En outre, la Commission se serait conformée au point 55 de l’arrêt du Tribunal du 23 novembre 2005, Royaume-Uni/Commission (T‑178/05, Rec. p. II‑4807), en communiquant aux autorités lettones, dans sa lettre du 30 mars 2007, ses critiques quant aux modifications proposées. De la même manière, la Commission soutient, contrairement à la République de Lituanie, que le point 73 dudit arrêt ne contient qu’un obiter dictum lorsqu’il précise qu’il n’y a aucune raison de supposer que, lorsqu’un PNA incomplet a été notifié, le délai de trois mois visé à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, dont la Commission dispose pour rejeter le plan, ne peut pas commencer à courir. D’une part, le passage de l’arrêt en cause devrait être interprété au regard des circonstances particulières de cette affaire. D’autre part, le Tribunal aurait précisé, au même point de cet arrêt, que, si le PNA est incomplet ou « provisoire », la Commission est en droit de le rejeter soit en ce qu’il n’est pas conforme aux critères établis par la directive soit en ce qu’il l’empêche d’apprécier sa conformité avec lesdits critères. Dans ces hypothèses, le Tribunal considèrerait que la Commission serait en droit, en rejetant le PNA, d’obliger l’État membre à notifier un nouveau PNA complet, avant qu’il ne puisse prendre sa décision en application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ajoute que la Commission doit être en mesure d’apprécier le PNA, ce qui n’est possible que lorsqu’elle dispose d’informations complètes. Dès lors, le délai de trois mois prévu par l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 ne doit commencer à courir qu’à partir du moment où ces informations sont disponibles, sous peine de priver la procédure d’examen de son effet utile. En effet, s’il n’en était pas ainsi, la Commission devrait rejeter le PNA au seul motif qu’elle manquerait d’informations suffisantes, avec pour conséquence que l’État membre devrait procéder à une nouvelle notification de son PNA, déclenchant un nouveau délai de trois mois. La Commission, soutenue par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, précise que le principe de loyauté prévu à l’article 10 CE lui interdit, lorsqu’elle n’a pas reçu tous les éléments requis pour apprécier les modifications d’un PNA à la lumière des critères de l’annexe III de la directive 2003/87, de rejeter automatiquement ces modifications sans permettre à l’État membre concerné de fournir les éléments manquants dans un délai déterminé. Si tel n’était pas le cas, pour respecter le délai de trois mois, la Commission devrait rejeter les modifications du PNA alors même que l’État membre, de sa propre initiative ou sur demande, s’efforcerait de rassembler et de communiquer ces éléments manquants. Selon le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le comportement de la République de Lettonie est contraire au principe de bonne foi, dès lors que, si, dans un premier temps, celle-ci a reconnu que le PNA était incomplet et a fourni les renseignements complémentaires demandés par la Commission, dans un second temps, elle a invoqué le grief du non-respect du délai de trois mois. À l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la Commission a renoncé à son argument subsidiaire selon lequel, en tout état de cause, le délai de trois mois n’aurait commencé à courir qu’à la date d’enregistrement par le secrétariat général de la Commission du PNA révisé, le 5 janvier 2007, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Enfin, la Commission estime que, si sa lettre du 30 mars 2007 a été rédigée en langue anglaise et non en letton, cette circonstance n’a pas eu d’effet sur la validité de la décision attaquée. Elle souligne ainsi qu’elle a dû examiner les 27 PNA dans un délai très court et que la plupart des États membres, dont la République de Lettonie, ont fait preuve de courtoisie à son égard en lui envoyant leurs PNA traduits en anglais. L’échange de lettres postérieur aurait, lui aussi, principalement eu lieu en langue anglaise. La Commission aurait donc considéré que, aux fins de l’examen du PNA, la République de Lettonie avait accepté l’anglais comme langue de correspondance, puisque, dans sa lettre du 25 avril 2007, elle avait répondu à la lettre du 30 mars 2007 sans objecter à l’emploi de cette langue. En tout état de cause, la violation du règlement n° 1 serait une irrégularité de procédure ne pouvant entraîner l’annulation de l’acte finalement adopté que si, en son absence, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Or, en l’espèce, la fourniture d’une traduction lettone de toute la correspondance entre la Commission et la République de Lettonie aurait certes allongé la procédure, mais n’aurait pas pu modifier son résultat. Appréciation du Tribunal –       Sur le pouvoir de contrôle de la Commission au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 En vertu de l’article 9, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2003/87, dans les trois mois qui suivent la notification d’un PNA par un État membre, la Commission peut rejeter ce PNA ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10 de ladite directive. Aux termes de la deuxième phrase de cette disposition, l’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, de la même directive, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Enfin, la troisième phrase de cette disposition prévoit que toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée. Ainsi qu’il a été reconnu par la jurisprudence, le pouvoir de contrôle et de rejet par la Commission des PNA, qui résulte de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, est fort circonscrit, celui-ci ayant des limites tant substantielles que temporelles. D’une part, ce contrôle est limité à l’examen par la Commission de la compatibilité du PNA avec les critères de l’annexe III et avec les dispositions de l’article 10 de la directive 2003/87 et, d’autre part, il doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit PNA par l’État membre (ordonnance du Tribunal du 30 avril 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T‑387/04, Rec. p. II‑1195, point 104 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Allemagne/Commission, T‑374/04, Rec. p. II‑4431, point 116). Par ailleurs, le contrôle préalable effectué en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 n’aboutit pas nécessairement à une décision de la part de la Commission. Celle-ci est certes tenue, à la suite de la notification d’un PNA, de vérifier, avec soin et impartialité, la compatibilité dudit PNA avec les critères de l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de la directive 2003/87. Il ressort toutefois des termes « peut rejeter » que la Commission dispose d’un certain pouvoir d’appréciation discrétionnaire à cet égard. Il en résulte, en outre, que, si la Commission renonce, dans le délai de trois mois qui suit la notification par l’État membre de son PNA, à faire usage de ce pouvoir, l’État membre peut, en principe, mettre en œuvre ledit PNA dans les conditions prévues aux articles 11 et suivants de la directive 2003/87, sans que cela nécessite l’approbation de la Commission. Ainsi, la procédure d’examen du PNA ne doit pas nécessairement être close par une décision formelle, notamment lorsque l’État membre apporte, au cours de cette procédure, toutes les modifications demandées. En revanche, la Commission peut être conduite à faire usage de son pouvoir décisionnel, au titre de l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87, lorsque l’État membre s’abstient de, ou se refuse à, modifier son PNA, avant l’expiration du délai de trois mois, malgré les objections soulevées. En effet, à défaut d’une telle décision de rejet de la Commission, le PNA notifié devient définitif et bénéficie d’une présomption de légalité permettant à l’État membre de le mettre en œuvre (voir, en ce sens, ordonnance EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, point 46 supra, points 106, 107, 111, 115 et 120). À cet égard, la Commission ne saurait valablement faire valoir que l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87, qui fait mention de « modifications proposées » devant être « acceptées par la Commission », requiert qu’elle adopte une décision formelle portant approbation de ces modifications. Ainsi qu’il a déjà été jugé par le Tribunal, les modifications en cause interviennent au cours d’une phase ultérieure de la procédure d’examen, à savoir à la suite d’objections de la Commission à l’égard du PNA notifié ou de certains de ses aspects, et elles ont précisément pour objet d’écarter les objections initialement exprimées par la Commission concernant la compatibilité de ces derniers avec les critères énoncés à l’annexe III et les dispositions de l’article 10 de la directive 2003/87. Dès lors, l’acceptation desdites modifications par la Commission n’est que le corollaire des objections initialement formulées par celle-ci dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de rejet limité, qui lui est conféré par l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, et non l’expression d’un pouvoir général d’autorisation (ordonnance EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, point 46 supra, point 104). Par ailleurs, il ne ressort pas de cette jurisprudence que l’acceptation par la Commission des modifications apportées au PNA doit faire l’objet d’une décision formelle de sa part. Au contraire, d’une part, une telle interprétation irait à l’encontre du principe selon lequel la Commission ne dispose pas d’un pouvoir général d’autorisation du PNA. D’autre part, elle ne serait pas en conformité avec l’économie de l’article 9, paragraphe 3, troisième phrase, de la directive 2003/87, qui ne vise qu’une décision de rejet et non une décision d’autorisation. C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, la Commission a respecté les prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. –       Sur la notion de notification au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 Il y a lieu de rappeler que la République de Lettonie avance, en substance, que, s’agissant de la procédure d’examen du PNA révisé, la Commission a méconnu le délai de trois mois prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. En effet, à la suite de la notification dudit PNA révisé, le 29 décembre 2006, ce délai aurait expiré le 29 mars 2007. Or, ce n’est que le 30 mars 2007 que la Commission lui aurait adressé une demande de renseignements – en langue anglaise et donc en violation de l’article 3 du règlement n° 1 – qui indiquait que ledit PNA était incomplet. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification du PNA révisé, le 29 décembre 2006, mais seulement le 13 juillet 2007. Dans ces conditions, il convient d’examiner si un nouveau délai de trois mois a commencé à courir à la suite de la notification du PNA révisé après que la procédure d’examen a été provisoirement close par la première décision de rejet. En d’autres termes, il convient d’apprécier si la notion de notification d’un PNA, au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, vise tant la notification initiale du PNA que celle du PNA révisé, notamment, à la suite d’une décision de rejet de la Commission. Le libellé de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 n’opère pas de distinction quant à la « notification d’un [PNA] » faisant courir le délai de trois mois selon qu’il s’agit de la notification initiale du PNA ou de la notification ultérieure d’un PNA révisé, en particulier, à la suite de l’adoption d’une décision de rejet de la Commission. En outre, la précision selon laquelle cette notification intervient « conformément au paragraphe 1 » de ce même article, en vertu duquel « chaque État membre élabore un [PNA] précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période [d’échange] considérée et la manière dont il se propose de les attribuer », n’apporte pas d’éclaircissement supplémentaire à cet égard, dès lors que tant la notification initiale du PNA que la notification ultérieure du PNA révisé ont pour objet une quantification envisagée par l’État membre des quotas à allouer. Par ailleurs, la formulation « modifications proposées » n’exclut pas la possibilité, voire l’obligation, pour l’État membre, de proposer de telles modifications sous forme d’une « notification » formelle d’un PNA révisé, en particulier lorsqu’il s’agit de modifications ayant une portée substantielle. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà reconnu, d’une part, que l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87 n’impose aucune limite quant aux modifications possibles et, d’autre part, que toute modification doit être notifiée à la Commission et acceptée par celle-ci avant que le PNA tel que modifié ne puisse servir de fondement à une décision prise par l’État membre en application de l’article 11 de la directive 2003/87 (arrêt Royaume-Uni/Commission, point 40 supra, point 56). Dans le même sens, le Tribunal a considéré que la Commission était en droit, en rejetant le PNA, d’obliger l’État membre à notifier un nouveau PNA complet, avant qu’il ne puisse prendre sa décision (arrêt Royaume-Uni/Commission, point 40 supra, point 73). D’ailleurs, conformément à ces principes, il résulte du dispositif de la première décision de rejet (article 2 et article 3, paragraphe 3) que la Commission a estimé elle-même que, en l’espèce, toutes les modifications du PNA devaient lui être « notifiées » et que celles-ci étaient ainsi soumises à son contrôle préalable au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. En outre, du point de vue téléologique, la procédure engagée au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 vise, hormis la possibilité d’un contrôle préalable par la Commission, à assurer aux États membres une sécurité juridique et, en particulier, à leur permettre d’être rapidement fixés, dans de courts délais, sur la manière dont ils peuvent allouer les quotas d’émission et gérer le système d’échange communautaire sur le fondement de leur PNA durant la période d’allocation concernée. En effet, eu égard à la durée limitée de cette période, qui est de trois ou cinq ans (article 11 de la directive 2003/87), il existe un intérêt légitime tant de la Commission que des États membres à ce que tout différend quant au contenu du PNA soit réglé rapidement et à ce que ce PNA ne soit pas exposé, tout au long de sa période de validité, à un risque de contestation par la Commission (ordonnance EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, point 46 supra, point 117). Ces considérations s’appliquent à tout PNA, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit ou non de la version notifiée initialement ou d’une version révisée et notifiée ultérieurement. De surcroît, l’exigence pour la Commission d’effectuer, à la suite de la notification d’un PNA révisé, un contrôle rapide et efficace, est d’autant plus importante lorsque ce contrôle a déjà été précédé d’une première phase d’examen du PNA initial ayant abouti, le cas échéant, à une décision de rejet et, ensuite, à des modifications dudit PNA. Or, si la Commission soutient qu’elle est autorisée à examiner les modifications proposées d’un PNA, ou un PNA révisé, sans devoir respecter le délai de trois mois visé à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, une telle thèse est susceptible de contrecarrer l’objectif d’un contrôle rapide et efficace ainsi que la sécurité juridique à laquelle l’État membre notifiant a droit pour pouvoir allouer les quotas d’émission aux installations implantées sur son territoire avant le début de la période d’échange au titre de l’article 11 de ladite directive. Enfin, la Commission ne saurait soutenir que, à la fin de la seconde phase de la procédure d’examen concernant l’appréciation des modifications proposées du PNA, elle devrait adopter une décision formelle d’approbation desdites modifications, ce qui distinguerait cette phase de celle visant le PNA notifiée initialement, puisqu’une telle décision n’est ni prévue par l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, ni nécessaire (voir point 48 ci-dessus). Par conséquent, il y a lieu de conclure que la notion de notification au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 couvre la notification tant initiale que subséquente de différentes versions d’un PNA, de sorte que chacune de ces notifications fait partir un nouveau délai de trois mois. –       Sur l’écoulement du délai de trois mois au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 Il résulte des considérations qui précèdent que, en l’espèce, la notification du PNA révisé, le 29 décembre 2006, a fait partir un nouveau délai de trois mois au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87. Eu égard à l’écoulement du délai de trois mois au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 le 29 mars 2007, la demande de renseignements de la Commission adressée à la République de Lettonie le 30 mars 2007 était tardive. Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier, d’une part, si une demande de ce type, à supposer qu’elle eût été formulée dans ce délai, aurait été susceptible de l’interrompre ou de le suspendre et, d’autre part, si un tel effet d’interruption ou de suspension pouvait avoir lieu nonobstant le fait que cette lettre était rédigée en langue anglaise et non en langue lettone. Il s’ensuit que le PNA révisé était devenu définitif le 30 mars 2007. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la République de Lettonie, le vice procédural qui tient au non-respect du délai de trois mois au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 n’est pas à ce point grave et évident qu’il puisse justifier de qualifier la décision attaquée d’acte inexistant (voir arrêt de la Cour du 6 mars 2008, Commission/Espagne, C‑196/07, non publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence qui y est citée). En effet, les actes des institutions, même irréguliers, jouissent en principe d’une présomption de validité et produisent, dès lors, des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec. p. II‑3019, point 55, et la jurisprudence qui y est citée). Ainsi qu’il a été constaté au point 47 ci-dessus, compte tenu des particularités de la procédure d’examen au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, au terme de cette procédure, en l’absence de décision de la Commission dans le délai de trois mois, le PNA devient définitif et bénéficie d’une présomption de légalité. Néanmoins, l’illégalité constatée en l’espèce, à savoir le caractère tardif de la décision attaquée, ne saurait être considérée comme étant à ce point grave et évidente qu’elle entraînerait son inexistence. En effet, eu égard au principe fondamental de sécurité juridique, la conclusion de l’inexistence d’un acte doit être réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, points 48 et 50 ; du 8 juillet 1999, Chemie Linz/Commission, C‑245/92 P, Rec. p. I‑4643, points 93 et 95, et du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, Rec. p. I‑8923, points 18 et 20). Dès lors, la décision attaquée doit être annulée pour violation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et sur le fond des autres moyens invoqués par la République de Lettonie. Sur les dépens Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la République de Lettonie. Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la République de Lituanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République slovaque supporteront leurs propres dépens. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête : 1) La décision C (2007) 3409 de la Commission, du 13 juillet 2007, concernant la modification du plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Lettonie pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est annulée. 2) La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République de Lettonie. 3) La République de Lituanie, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens. Azizi Cremona Frimodt Nielsen Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2011. Signatures * Langue de procédure : le letton.

62008TJ0062

cs

Skutkový základ sporu Italská republika zestátnila odvětví elektrické energie zákonem č. 1643 ze dne 6. prosince 1962, kterým byla založena společnost Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) a byly na ní převedeny podniky z odvětví elektrárenského průmyslu (GURI č. 316, ze dne 12. prosince 1962, s. 5007, dále jen „zákon č. 1643/62“). Uvedeným zákonem Italská republika svěřila společnosti ENEL monopolní postavení na vnitrostátním území v oblasti výroby, dovozu a vývozu, přepravy, transformace, distribuce a prodeje elektrické energie bez ohledu na zdroj výroby, avšak s určitými výjimkami Podle čl. 4 odst. 6 zákona č. 1643/62 byly z procesu zestátnění v odvětví elektrické energie vyloučeny podniky vyrábějící elektřinu hlavně pro vlastní spotřebu (dále jen „samovýrobci“). V dané době byla společnost Terni, jejímž většinovým akcionářem byl stát, činná v odvětvích výroby oceli, chemických látek a cementu. Navíc vlastnila a provozovala vodní elektrárny, jejichž produkce sloužila především k zásobování výrobních procesů společnosti S ohledem na její strategický význam pro zásobování země elektrickou energií byla část společnosti Terni čítající vodní elektrárny zahrnuta do zestátnění, navzdory tomu, že měl daný podnik postavení samovýrobce. Výnosem prezidenta republiky č. 1165 ze dne 21. srpna 1963 o převodu na ENEL veškerých aktiv týkajících se činností uvedených v čl. 1 prvním pododstavci zákona č. 1643/62 a vykonávaných „Terni: Società per l’Industria e l’Elettricità“ SpA (řádná příloha ke GURI č. 230, ze dne 31. srpna 1963, s. 58, dále jen „výnos č. 1165/63“) Italská republika poskytla za převod aktiv společnosti Terni náhradu v podobě preferenční sazby za elektřinu (dále jen „sazba Terni“) pro období od roku 1963 do roku 1992. V roce 1964 se společnost Terni rozdělila na tři společnosti: Terni Acciai Speciali, která vyrábí ocel, Nuova Terni Industrie Chimiche, činná v odvětví chemických látek, a Cementir, která vyrábí cement (dále společně jen „společnosti ex-Terni“). Tyto společnosti byly později privatizovány a odkoupeny společnostmi ThyssenKrupp, Norsk Hydro a Caltagirone, přičemž tento proces vyústil ve vznik ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA a Cementir SpA, které nadále využívaly sazbu Terni. Zákonem č. 9 ze dne 9. ledna 1991, kterým se stanoví prováděcí předpisy pro nový národní energetický plán: institucionální aspekty, vodní elektrárny a sítě, uhlovodíky a geotermální energie, samovýroba a daňová ustanovení: (řádná příloha ke GURI č. 13, ze dne 16. ledna 1991, s. 3, dále jen „zákon č. 9/91“), Italská republika prodloužila do 31. prosince 2001 platnost stávajících koncesí pro vodní elektrárny, tedy koncesí, na základě kterých fungovaly společnosti využívající veřejné vodní zdroje k výrobě elektrické energie. Podle čl. 20 odst. 4 uvedeného zákona Italská republika prodloužila do 31. prosince 2001 rovněž sazbu Terni. Bylo také stanoveno, že množství dotované elektrické energie dodávané společnostem ex-Terni se během následujících šesti let (2002–2007) bude postupně snižovat tak, aby do konce roku 2007 byla platnost zvýhodněné sazby ukončena. Zákon č. 9/91 byl italskými orgány oznámen Komisi, která dne 6. srpna 1991 přijala rozhodnutí nevznášet námitky (rozhodnutí o státní podpoře NN 52/91; dále jen „rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991“). Legislativním nařízením č. 79 ze dne 16. března 1999, které se týkalo směrnice 96/92/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (GURI č. 75, ze dne 31. března 1999, s. 8, dále jen „nařízení č. 79/99“), Italská republika prodloužila platnost stávajících koncesí pro vodní elektrárny. Článek 12 odst. 7 a 8 uvedeného nařízení zní takto: „7.       Koncese, jejichž doba platnosti skončila nebo skončí nejpozději dne 31. prosince 2010, se prodlužují do posledně uvedeného data a držitelé dotčených koncesí, aniž je třeba v této souvislosti vydávat správní akt, pokračují v činnosti a informují o tom orgán, který koncesi vydal, ve lhůtě 90 dnů od data vstupu tohoto nařízení v platnost […] 8.       Na koncese, jejichž doba platnosti končí po dni 31. prosince 2010, se vztahují podmínky pro uplynutí platnosti stanovené aktem udělujícím koncesi.“ Na základě čl. 11 odst. 11 legislativního nařízení č. 35 ze dne 14. března 2005 o naléhavých opatřeních v rámci akčního plánu pro hospodářský, sociální a územní rozvoj (GURI č. 62, ze dne 16. března 2005, s. 4) přeměněného na zákon č. 80 ze dne 14. května 2005 (dále jen „zákon č. 80/05“) Italská republika opětovně prodloužila sazbu Terni až do roku 2010, přičemž opatření bylo použitelné ode dne 1. ledna 2005 (dále jen „sporné opatření“). Zákon č. 80/05 uvádí, že až do roku 2010 budou společnosti ex-Terni využívat stejného zacházení, jakého se jim dostávalo do dne 31. prosince 2004, pokud jde o dodávané množství (celkem 926 GWh pro tři společnosti ex-Terni) a ceny (1,32 eurocentu/kWh). Krátce poté byly zákonem č. 266 ze dne 23. prosince 2005 koncese pro vodní elektrárny obecně prodlouženy až do roku 2020. Komise se o uvedeném opatření o prodloužení dozvěděla při vyšetřování jiné věci a dopisem ze dne 23. prosince 2005 si vyžádala informace od italských orgánů, které odpověděly dopisem ze dne 24. února 2006, přičemž následovaly dva další dopisy ze dne 2. března a 27. dubna 2006. Dopisem ze dne 19. července 2006 Komise informovala Italskou republiku o rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 ES. Rozhodnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. C 214, s. 5) a Komise vyzvala dotčené třetí osoby, aby předložily připomínky týkající se daného opatření. Italská republika podala své připomínky dopisem ze dne 25. října 2006 a doplňující informace poskytla dopisy ze dne 9. listopadu a 7. prosince 2006. Komise obdržela připomínky dotčených třetích osob a předala je italským orgánům, které měly možnost se k nim vyjádřit. Připomínky Italské republiky obdržela v dopise ze dne 22. prosince 2006. Dopisem ze dne 20. února 2007 si Komise vyžádala další informace, které italské orgány poskytly prostřednictvím dopisů ze dne 16. dubna, 10. a 14. května 2007. Dne 20. listopadu 2007 Komise přijala rozhodnutí o státní podpoře C 36/A/06 (ex NN 38/06) kterou Itálie poskytla ve prospěch společností ThyssenKrupp Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche (Úř. věst. 2008, L 144, s. 37, dále jen „napadené rozhodnutí“). Bod 163 odůvodnění napadeného rozhodnutí zní takto: „Komise shledala, že [Italská republika] v rozporu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES protiprávně provedla ustanovení paragrafu [čl. ] 11 odst. 11 vyhlášky [legislativního nařízení] [35]/2005 přeměněné[ho] na zákon [č. 80/05], které umožnilo změnit a prodloužit platnost zvýhodněných sazeb za elektrickou energii pro tři společnosti ex-Terni až do roku 2010. Komise má za to, že toto opatření, které představuje čistou provozní podporu, není způsobilé pro jakoukoliv výjimku podle Smlouvy o ES, je proto neslučitelné se společným trhem. Části výše uvedeného opatření, které ještě nebyly poskytnuty nebo vyplaceny, proto nesmí být provedeny. Podpora, která již byla vyplacena, musí být navrácena. Částky, na něž by příjemci měli nárok v letech 2005, 2006 a 2007 podle zákona [č. 9/91], mohou být odečteny z celkové částky, jež má být navrácena.“ Výrok napadeného rozhodnutí obsahuje následující ustanovení: „Článek 1 1.       Státní podpora, kterou [Italská republika] poskytla ve prospěch společností ThyssenKrupp Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche je neslučitelná se společným trhem. 2.       Státní podpora, kterou [Italská republika] přiznala společnostem ThyssenKrupp Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche dosud ji však nevyplatila, je rovněž neslučitelná se společným trhem, nesmí být proto provedena. Článek 2 1.       [Italská republika] zajistí, aby příjemci navrátili podporu uvedenou v čl. 1 odst. 1. […]“ Řízení a návrhová žádání účastnic řízení Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 6. února 2008 podala žalobkyně projednávanou žalobu Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál: –        prohlásil napadené rozhodnutí za protiprávní a zrušil jej v plném rozsahu; –        uložil Komisi náhradu nákladů řízení; –        nařídil v případě potřeby Komisi, aby v souladu s články 64 a 66 jednacího řádu Tribunálu předložila sdělení zaslaná a obdržená italskými orgány v září a listopadu 1991, jakož i veškerá další organizační procesní opatření nebo důkazní opatření považovaná za vhodná; nebo podpůrně,zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v kterém: –        prohlašuje, že Italská republika provedla podporu poskytnutou žalobkyni Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche, v rozporu s čl. 88 odst. 3 ES; –        prohlašuje, že žalobkyně, Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche musejí vrátit finanční částky a v důsledku toho; –        nařizuje Italské republice bez prodlení přistoupit k vybrání uvedených částek včetně úroků; nebo podpůrněji, zrušit napadené rozhodnutí v rozsahu, v jakém nařizuje Italské republice bez prodlení přistoupit k vybrání podpory včetně úroků, neboť by takové vybrání bylo v rozporu s obecnou zásadou ochrany legitimního očekávání. Komise navrhuje, aby Tribunál: –        zamítl žalobu; –        uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení. Právní otázky Žalobkyně uplatňuje čtyři žalobní důvody vycházející zaprvé z porušení čl. 87 odst. 1 ES, zadruhé z porušení podstatných procesních náležitostí a z porušení článků 87 ES a 88 ES z důvodu zjevně nesprávného posouzení hospodářské studie předložené italskými orgány, zatřetí z porušení čl. 88 odst. 3 ES a začtvrté z porušení čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. [88 ES] (Úř. věst. L 83, s. 1; Zvl. vyd. 08/01, s. 339), a z porušení zásady ochrany legitimního očekávání. K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 87 odst. 1 ES Argumenty účastnic řízení Žalobkyně tvrdí, že Komise neprávem kvalifikovala sporné opatření jako státní podporu, a v důsledku toho se domnívala, že jí mělo být uvedené opatření oznámeno. Uvádí, že opatření týkající se náhrady poskytnuté členskými státy jako náhrada škody způsobené podnikům zejména v důsledku vyvlastnění, se nepovažují za státní podporu, což sama Komise připouští v bodě 70 odůvodnění napadeného rozhodnutí. V projednávané věci mimořádné vyvlastnění utrpěné společností Terni v roce 1962 umístilo posledně jmenovanou do zjevně nevýhodného soutěžního postavení ve srovnání s jejími soutěžiteli, což zákonodárce vedlo k tomu, že za účelem nápravy této závažné diskriminace zavedl pro společnost Terni „kritérium“ náhrady zcela odlišné od náhrady poskytované ve formě jednorázové finanční náhrady ostatním vyvlastněným podnikům, aby tak „nebyla narušena vnitřní rovnováha daného podniku“, jež měl podle zákona zestátnění uniknout. Zákon č. 1643/62 tedy společnosti Terni udělil nárok na hospodářskou kompenzaci ve formě zvláštní sazby za dodávky elektřiny, a umístil ji tak do postavení virtuálního samovýrobce, aby dlouhodobě vyrovnal případné dodatečné škody – obtížně odhadnutelné v okamžiku vyvlastnění – způsobené vývojem cen elektřiny a aby tak průběžně neutralizoval jeho účinky. Na základě daného flexibilního kritéria, jež sestávalo ze zachování nediskriminační souběžnosti mezi společností Terni a ostatními nevyvlastněnými samovýrobci, stanovil výnos č. 1165/63, že sazba Terni má mít stejnou dobu platnosti, jako je doba platnosti koncesí na vodní elektrárny udělené nevyvlastněným samovýrobcům, tedy do dne 31. prosince 1992, přičemž k tomuto datu pravděpodobně ustanou diskriminační účinky vyvlastnění části společnosti Terni čítající vodní elektrárny. Společnost Terni by totiž ke konci roku 1992 přišla o koncese povolující využívání vodních zdrojů za účelem samovýroby elektřiny. Takto stanovená náhrada tedy vychází ze tří činitelů: množství elektřiny, její cena a doba platnosti. Pouze první z činitelů byl stanoven s konečnou platností v závislosti na spotřebě společnosti Terni v roce 1961 a odhadu zvýšení spotřeby spojené s již zahájenými, avšak v roce 1962 dosud nedokončenými, investicemi. Cena nebyla určena částkou, ale spíše způsobem výpočtu, neboť pouze flexibilita ceny umožnila dodržet logiku stanovené náhrady. Doba platnosti byla stanovena na 30 let nikoli proto, že tato doba umožnila pokrýt hodnotu vyvlastněného majetku, ale proto, že to podle kritéria srovnání s nevyvlastněnými samovýrobci byla doba platnosti koncesí na vodní elektrárny, což Komise uznala v bodech 18 a 77 odůvodnění napadeného rozhodnutí. Cíl směřující k znovunastolení v největším možném rozsahu hospodářských podmínek a rovnováhy, které společnost Terni požívala před vyvlastněním, byl rovněž stanoven na základě italských ústavních zásad, konkrétně zásady zákazu diskriminace a zásady stanovící „vážnou“, „náležitou a přiměřenou“ náhradu za vyvlastnění, jakož i na základě zásady práva Společenství, která chrání volnou hospodářskou soutěž a je stanovena v čl. 4 prvním pododstavci ES. Tento prvotní mechanismus náhrad je rovněž v souladu se zásadami stanovenými v článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950 (dále jen „ÚOLP“), jakož i judikaturou Evropského dvora pro lidská práva (dále jen „ESLP“). Komise neprávem tvrdila, že jakékoli časové prodloužení daného režimu znamená změnu prvotního mechanismu, což by neoddiskutovatelně a bez výjimky vedlo ke změně nápravné povahy náhrady. Případnou změnu povahy náhrady prostřednictvím prodloužení sazebního opatření je třeba posoudit s ohledem na dodržení výše uvedeného cíle vymezeného ex ante . Žalobkyně uvádí, že zákon č. 529 ze dne 7. srpna 1982 o úpravě vztahů mezi společností ENEL, energetickými podniky místních společností a podniky, které byly samovýrobci elektrické energie, v oblasti koncesí na velké vodní elektrárny (GURI č. 222 ze dne 13. srpna 1982, s. 5771), a čl. 24 zákona č. 9/91 prodloužili ve prospěch stávajících koncesionářů do 31. prosince 2001 koncese na velkokapacitní vodní elektrárny, jejichž platnost končila na konci roku 1992, a že toto zcela mimořádné a v okamžiku zestátnění zajisté nepředvídatelné obnovení způsobilo opětovné vyvolání problému týkající se uplatnění kompenzačního kritéria vytvořeného pro společnost Terni. V souladu se způsobem stanovení náhrady vymezeného zákonem č. 1643/62, jakož i nařízením č. 1165/63, a za účelem zachování paralely mezi společností Terni a ostatními samovýrobci se zákonodárce prostřednictvím přijetí čl. 20 odst. 4 zákona č. 9/91 rozhodl prodloužit platnost sazby Terni do dne 31. prosince 2001. Žalobkyně poznamenává, že v rozporu s tvrzeními Komise obsahuje článek 20 zákona č. 9/91, který stanoví prodloužení platnosti sazby Terni, dva výslovné a jeden nepřímý odkaz na samovýrobce, které potvrzují, že prodloužení platnosti uvedené sazby bylo pro italský stát povinným aktem za účelem uplatnění kompenzačního „kritéria“ stanoveného zákonem č. 1643/62. Dále zdůrazňuje, že rozhodnutím ze dne 6. srpna 1991 Komise rozhodla, že „nevznese námitky“ proti použití zákona č. 9/91. Mimoto Komise poté, co Italskou republiku požádala o zvláštní informace „týkající se údajné státní podpory poskytnuté společnosti Ilva [nástupce společnosti Terni] prostřednictvím snížení sazby za elektřinu“ a obdržela odpovědi objasňující pravou kompenzační povahu preferenční sazby, nezahájila žádné řízení v této věci. Z toho podle žalobkyně plyne, že Komise přijala závěr, že dané prodloužení představuje legální pokračování opatření týkajícího se náhrady poskytnuté společnosti Terni zákonem č. 1643/62, jakož i nařízením č. 1165/63, a že z toho titulu daný sazební režim nepodléhá právní úpravě Společenství týkající se státních podpor. Žalobkyně připomíná, že koncese na vodní elektrárny byly znovu prodlouženy až do 31. prosince 2010 prostřednictvím čl. 12 odst. 7 výnosu č. 79/99, zatímco sazba Terni nebyla prodloužena ve stejném okamžiku, neboť prodloužení stanovené zákonem č. 9/91 rovněž zavedlo režim postupného ukončení, jež mělo začít uplynutím platnosti koncesí na vodní elektrárny (tedy na konci roku 2001) a být dokončeno na konci roku 2007. Mimoto liberalizace trhu s elektřinou, která byla také zavedena nařízením č. 79/99, měla podle předpokladů umožnit společnostem ex-Terni získat na liberalizovaném trhu elektřinu za konkurenční ceny podobné výrobním nákladům, které by vynaložily, kdyby měly nadále v držení vyvlastněné elektrárny. V roce 2005 však liberalizace trhu s elektřinou v Itálii nedosáhla příznivých účinků na úrovni hospodářské soutěže a společnosti ex-Terni se opět nacházely v situaci, kdy byly diskriminovány ve vztahu k nevyvlastněným samovýrobcům, což zákonodárce vedlo k přijetí sporného opatření. Podle žalobkyně je zjevné, že když se Italská republika rozhodla znovu posunout, do roku 2010, uplynutí platnosti koncesí na vodní elektrárny, žalobkyně a ostatní společnosti ex-Terni již měly nárok na prodloužení sazby Terni, i když nikoli ve stejném rozsahu a na stejnou dobu, jako byla platnost uvedených koncesí. Sporné opatření nakonec zachovalo nedotčenou původní logiku náhrady spočívající v zacházení se společností Terni jako s virtuálním samovýrobcem. Žalobkyně zdůrazňuje, že postavení virtuálního samovýrobce bylo v průběhu let zachováno pro jiné účely, zejména když byla v Itálii zavedena do sazby za elektřinu složka nazvaná „tepelný příplatek“, od níž byla společnost Terni osvobozena podobně jako všichni samovýrobci. Krom toho jak Corte suprema di cassazione (italský nejvyšší kasační soud), tak Consiglio di Stato (italská státní rada) v rozsudcích vydaných in tempore non suspecto a ve věcech, jejichž předmět byl zcela jiný, než je předmět projednávané věci, oficiálně uznaly zvláštní logiku souběžnosti a kritéria virtuálního samovýrobce, jež byly základem sazby Terni. Uvedené dva nejvyšší soudy totiž potvrdily, že i po roce 1992 by sazba za elektřinu, kterou má společnost Terni platit společnosti ENEL, měla být složena se stejných prvků jako náklady samovýrobců. Námitka Komise, podle které je tento výklad irelevantní, neboť nezohledňuje výnos č. 1165/63, ale pouze zákon č. 9/91, je formální a nepravdivá, protože závěry uvedených rozsudků spočívaly právě na zvláštní logice náhrady poskytnuté společnosti Terni v rámci zestátnění, a zejména na výkladu čl. 4 zákona č. 1643/62 a článků 7 a 8 výnosu č. 1165/63. Stanovisko Komise odhaluje rozpory jak v samotném napadeném rozhodnutí, tak rozpory mezi napadeným rozhodnutím a žalobní odpovědí. Žalobkyně uplatňuje, že tvrzení Komise, podle kterého „jakákoli následná revize částek nebo mechanismu nutně mění povahu opatření“, je ve zjevném rozporu s tím, co sama Komise uznává, tedy s tím, že podstatou logiky prodloužení je „zachovat podobnost se zacházením s těmi výrobci elektrické energie z vodní energie, kterým byla platnost koncesí prodloužena“ (bod 92 odůvodnění napadeného rozhodnutí), že původní doba platnosti byla stanovena v závislosti na uplynutí doby platnosti koncesí na vodní elektrárny (bod 77 odůvodnění napadeného rozhodnutí), nebo že způsob náhrad zvolený italským zákonodárcem v roce 1962 byl odůvodněn v rozsahu, v jakém umožňoval „neutralizova[t] riziko dodatečné škody […] společnosti Terni […], která by mohla […] vzniknout v průběhu let například v případě zvýšení cen energie“ (bod 73 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Posledně uvedené tvrzení je implicitním uznáním skutečnosti, že škoda, kterou společnost Terni utrpěla v důsledku vyvlastnění, byla úzce spojena s výhodou, které mohli využít ostatní samovýrobci, pokud jde o náklady na zásobování elektřinou, a je tedy třeba uznat, že prodloužení doby platnosti náhrady, spojené s prodloužením doby platnosti koncesí, nepředstavuje nové opatření (ani nové kritérium), ale výhradně spravedlivé provedení původního opatření. Jediný důvod, proč Komise v napadeném rozhodnutí zpochybnila kompenzační povahu prodloužení platnosti sazby Terni, spočíval na časovém prvku, což představuje extrémně formální přístup, jež není koherentní ani s výkladovými kritérii italského právního řádu, jež uznává význam úmyslu zákonodárce, ani s „věcným posouzením“, jež přijala jak Komise, tak judikatura Společenství, zejména při uplatňování ustanovení Smlouvy o ES. Žalobkyně tvrdí, že pokud se uzná, že náhrada nespočívala ve skutečné valorizaci vyvlastněných aktiv, ale měla zachovat hospodářskou a finanční rovnováhu společnosti Terni s ohledem na náklady na elektřinu podle logiky připodobnění k virtuálnímu samovýrobci, nelze již připustit tvrzení, že jedna z proměnných definovaných pro účely dosažení takového výsledku musí zůstat nezměněna v případě změny činitele, na základě kterého byla původně vymezena. To podle žalobkyně znamená, že stejně jako cena elektřiny dodávané společnosti Terni (tedy sazba Terni) sledovala vývoj sazeb společnosti ENEL, tak byla doba platnosti dané sazby pozměňována v závislosti na posunutí okamžiku uplynutí doby platnosti koncesí na vodní elektrárny, stanovené ke dni 31. prosince 2001. Jediným rozdílem bylo, že zatímco změna cen byla jasně a výslovně stanovena v článku 8 výnosu č. 1165/63 v rozsahu, v jakém byla změna cen uplatňovaných společností ENEL běžnou a v okamžiku přijetí daného předpisu předvídatelnou událostí, změna doby platnosti nebyla uvedena výslovně, neboť nikdo nemohl s 30ti ročním předstihem předvídat, že se zákonodárce rozhodne prodloužit dobu platnosti koncesí. Konečně se Komise dopustila dalšího omylu v uvažování, když tvrdila, že pokud společnost Terni nebyla s náhradou spokojena, měla ji napadnout na základě čl. 5 odst. 5, zákona č. 1643/62. Komise opomněla zohlednit, že vzhledem k velmi zvláštní povaze a flexibilitě způsobu přijatého pro účely poskytnutí preferenční sazby společnosti Terni, nemohla posledně jmenovaná mít žádný zájem na zpochybnění přiměřenosti uvedené sazby. Žalobkyně dodává, že dotčené ustanovení bylo ve skutečnosti použitelné pouze na případy, kdy byla za vyvlastnění poskytnuta náhrada ve formě „platby v hotovosti“, a nikoli preferenční sazby jako v případě společnosti Terni. Komise tvrdí, že žalobní důvod uplatněný žalobkyní musí být zamítnut jako založený na nesprávném předpokladu a zpochybňuje, že by její stanovisko v projednávané věci vykazovalo jakoukoli rozporuplnost. Připomíná, že napadené rozhodnutí uvádí, že sazba Terni byla poskytnuta po přesně určenou dobu na základě čl. 6 výnosu č. 1165/63, tedy do dne 31. prosince 1992. Z daného ustanovení jasně vyplývá, že uvedená sazba byla společnosti Terni z titulu náhrady poskytnuta po přesně určenou dobu stanovenou s konečnou platností v okamžiku vyvlastnění, a že tato doba byla pravděpodobně stanovena s ohledem na zbývající dobu platnosti koncese společnosti Terni na vodní elektrárny, což bylo při určení hodnoty vyvlastněné koncese zásadní skutečností. Komise tvrdí, že ani zákon č. 1643/62, ani výnos č. 1165/63 nijak nespojily dobu platnosti sazby Terni prostřednictvím dynamického odkazu s budoucí dobou platnosti koncesí na vodní elektrárny ostatních nevyvlastněných samovýrobců prostřednictvím stanovení automatického prodloužení uvedené sazby v případě obnovení koncesí či prodloužení jejich platnosti. Podle Komise, i kdyby bylo možné, že italský zákonodárce při stanovení doby platnosti sazby Terni myslel na uplynutí platnosti ostatních koncesí na vodní elektrárny, nelze popřít, že ve znění zákona č. 1643/62 se objevuje pouze rozhodnutí zákonodárce odškodnit společnost Terni (za vyvlastnění koncese na vodní elektrárnu) nikoli prostřednictvím vyplacení jediné částky, ale prostřednictvím dodávek elektřiny za sníženou cenu po určené období (stanovené později výnosem č. 1165/63). Zdůrazňuje, že na základě italské judikatury hermeneutické kritérium, podle kterého musí být zákon vykládán podle vlastního významu slov, převládá nad všemi ostatními kritérii, pokud je znění zákona jednoznačné. Tato zásada je obvykla uplatňována soudy Společenství. Výklad výnosu č. 1165/63 obhajovaný Komisí vůbec není v rozporu s rozsudky Corte suprema di cassazione a Consiglio di Stato uvedenými žalobkyní. Uvedené rozsudky totiž nespočívají na původním znění uvedeného výnosu, ale na právní úpravě použitelné po prodloužení platnosti sazby Terni stanovené zákonem č. 9/91. Je zjevné, že uvedené rozsudky připomínají ustanovení zákona č. 1643/62 a výnosu č. 1165/63 pouze v rozsahu, v jakém byla daná ustanovení prodloužena a učiněna použitelnými po uplynutí platnosti dne 31. prosince 1992 prostřednictvím zákona č. 9/91. Komise tvrdí, že dané rozsudky popírají tezi žalobkyně. Ohledně zákona č. 9/91 napadené rozhodnutí pouze uvádí, že na základě informací poskytnutých italskými orgány se Komise domnívala, že rozhodnutí prodloužit sazbu Terni do roku 2001 (s jejím postupným ukončováním během let 2002 až 2007) bylo přijato s ohledem na téměř souběžné prodloužení platnosti koncesí na vodní elektrárny. Avšak ze znění dotčeného zákona jasně vyplývá, že prodloužení platnosti sazby Terni nebylo spojeno s prodloužením platnosti koncesí na vodní elektrárny ostatních samovýrobců a tvrzení, podle kterého bylo prodloužení platnosti sazby Terni „nezbytným“ aktem je zjevně neopodstatněné s ohledem na obsah zákona č. 1643/62 a výnosu č. 1165/63. Rovněž není žádný důvod se domnívat, že prodloužení platnosti uvedené sazby provedené v roce 2005 prostřednictvím sporného opatření je zvláště spojeno s prodloužením platnosti koncesí poskytnutým o šest let dříve nařízením č. 79/99. Krom toho, že znění sporného opatření neobsahovalo žádný náznak v tomto smyslu, je obtížené pochopit, proč zákonodárce, pokud jeho skutečným úmyslem bylo sladit platnost sazby Terni s novým datem uplynutí platnosti stanoveným pro koncese na vodní elektrárny, čekal šest let před prodloužením platnosti uvedené sazby. Tato nesoudržnost je zjevná s ohledem na skutečnost, že několik měsíců po prodloužení platnosti sazby Terni stanovil zákon č. 266/05 nové prodloužení platnosti koncesí na vodní elektrárny (do roku 2020), aniž však stanovil odpovídající prodloužení platnosti sazby Terni. Naopak ze zákona č. 80/05 jasně vyplývá, že prodloužení platnosti zvýhodněných sazeb, včetně sazby Terni, bylo poskytnuto obecně za účelem „umožnění rozvoje a restrukturalizace výroby dotčených podniků“, kterýžto cíl byl výslovně potvrzen italskými orgány během správního řízení. Komise uplatňuje, že pokud by výnos č. 1165/63 stanovil automatické prodloužení platnosti sazby Terni v případě prodloužení platnosti koncesí ostatních samovýrobců, bylo by to v rozporu se zásadou, podle které musí být náhrada za vyvlastnění majetku určena s ohledem na hodnotu daného majetku v okamžiku vyvlastnění (tato hodnota v případě vyvlastnění koncese závisí také na zbývající době platnosti koncese). Jakmile byla náhrada stanovena s ohledem na hodnotu vyvlastněného majetku, nemohla být změněna ex post na základě pozdějších změn (zvýšení či snížení) hodnoty majetku způsobených změnami právních či správních předpisů. Volba formy náhrady pro společnost Terni neimplikuje neomezený nebo trvalý nárok na zachování dané preferenční sazby a Komise nerozumí tomu, v jakém rozsahu je výklad navrhovaný žalobkyní potvrzen judikaturou ESLP. Závěry Tribunálu Podle ustálené judikatury vyžaduje kvalifikace jako „podpora“ ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES, aby byly splněny všechny podmínky uvedené v daném ustanovení (rozsudky Soudního dvora ze dne 21. března 1990, Belgie v. Komise, zvaný „Tubemeuse“, C‑142/87, Recueil, s. I‑959, bod 25, a ze dne 1. července 2008, Chronopost a La Poste v. Ufex a další, C‑341/06 P a C‑342/06 P, Sb. rozh. s. I‑4777, bod 121). Zaprvé se musí jednat o státní zásah nebo zásah ze státních prostředků. Zadruhé tento zásah musí být takový, že ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Zatřetí musí svého příjemce zvýhodnit. Začtvrté musí narušit nebo hrozit narušením hospodářské soutěže (rozsudky Soudního dvora ze dne 30. března 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, C‑451/03, Sb. rozh. s. I‑2941, bod 56, a Chronopost a La Poste v. Ufex a další, bod 55 výše, bod 122). Je třeba připomenout, že různé formy opatření, která snižují náklady, jež obvykle zatěžují rozpočet podniku, a která se v tomto ohledu podobají dotaci, představují zvýhodnění ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES (rozsudky Soudního dvora ze dne 23. února 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. Vysoký úřad, 30/59, Recueil, s. 1, 39; ze dne 29. června 1999, DM Transport, C‑256/97, Recueil, s. I‑3913, bod 19, a ze dne 14. září 2004, Španělsko v. Komise, C‑276/02, Sb. rozh. s. I‑8091, bod 24), jako zejména poskytnutí majetku nebo služeb za zvýhodněných podmínek (viz rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2004, Valmont v. Komise, T‑274/01, Sb. rozh. s. II‑3145, bod 44, a citovaná judikatura). V projednávané věci žalobkyně tvrdí, že sporné opatření nelze kvalifikovat jako státní podporu, neboť není splněna podmínka zvýhodnění příjemce, protože dané opatření má čistě kompenzační povahu. Je nesporné, že některé formy náhrad poskytnuté podnikům nepředstavují podporu. Soudní dvůr v rozsudku ze dne 27. září 1988, Asteris a další (106/87 až 120/87, Recueil, s. 5515, body 23 a 24) uvedl, že veřejné podpory představující opatření veřejného orgánu zvýhodňující určité podniky nebo určité produkty, mají zásadně jinou právní povahu než náhrada škody, kterou by případně musely vnitrostátní orgány vyplatit jednotlivcům jako náhradu za újmu, kterou jim způsobily, a že uvedená náhrada škody tedy nepředstavuje podporu ve smyslu článků 87 ES a 88 ES. Soudní dvůr rovněž uvedl, že veřejné dotace, které jsou poskytnuté podnikům výslovně pověřeným plněním povinností veřejné služby za účelem kompenzace nákladů vynaložených na plnění uvedených povinností, a které splňují určité podmínky, nespadají do působnosti čl. 87 odst. 1 ES (rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Recueil, s. I‑7747, bod 94). V projednávané věci Komise uvádí, že náhrada poskytnutá státem za vyvlastnění aktiv obecně nepředstavuje státní podporu (bod 70 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Sporné opatření sestává z prodloužení prvního opatření, jímž byla společnosti Terni poskytnuta preferenční sazba použitelná na dodávky elektřiny, a to z titulu náhrady za zestátnění části této společnosti čítající vodní elektrárny v roce 1962 Článek 6 výnosu č. 1165/63, jež vymezuje danou náhradu, zní takto: „Společnost ENEL dodá společnosti Terni […] 1 025 000 000 kWh (jednu miliardu dvacet pět milionů) ročně, o výkonu 170 000 kW (stosedmdesát tisíc), tedy množství elektrické energie spotřebované společností Terni v roce 1961 […] pro činnosti nezahrnuté mezi činnostmi uvedenými v článku 1 zákona č. 1643[/62], a 595 000 000 kWh (pět set devadesát pět milionů) ročně, o průměrném výkonu 100 000 kW (sto tisíc) pro činnosti vykonávané k datu vstupu zákona č. 1643[/62] v platnost. Uvedené dodávky se uskuteční do 31. prosince 1992 v odběrných bodech nacházejících se v provozovnách společnosti Terni určených společnou dohodou stran“. Toto stanovené množství elektrické energie mělo být dodáno za preferenční sazbu určenou v článku 7 výnosu č. 1165/63 takto: „Za dodávku 1 025 000 000 kWh […] ročně se cena za kWh určí v závislosti na průměrné interní transferové ceně uplatňované v období 1959‑1961 částí společnosti Terni činnou v odvětví výroby elektřiny […] vůči provozovnám společnosti činným v jiných odvětvích. Za množství elektrické energie spotřebované společností Terni […] a přesahující 1 025 000 000 kWh […] ročně, až do 595 000 000 kWh […] ročně, se cena stanovená v předchozím pododstavci zvyšuje o 0,45 [italské] liry za kWh.“ Zdá se tedy, že opatření, jehož adresátem byla společnost Terni, vychází ze tří činitelů: množství elektřiny, její cena a doba platnosti preferenčního režimu. Komise má za to, že původní opatření představuje náhradu, která byla přiměřená, a že sazba Terni příjemcům neposkytla žádnou výhodu po celou dobu platnosti stanovenou uvedeným opatřením, tedy až do roku 1992. S odkazem na doslovné znění článku 6 výnosu č. 1165/63 a na jasně stanovenou dobu pro uplatňování uvedené sazby v délce 30 let, Komise tvrdí, že její prodloužení nelze považovat za nedílnou součást náhrady a činí závěr, že daná sazba poskytnutá v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 11 zákona č. 80/05 ode dne 1. ledna 2005 představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES (body 78, 79, 94 a 117 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Žalobkyně tento závěr zpochybňuje a opírá se o dynamický výklad vnitrostátních ustanovení týkajících se náhrady. Tvrdí, že daná ustanovení zavádějí zvláštní flexibilní kompenzační mechanismus, neboť množství elektřiny je jediným ze tří určujících činitelů náhrady, vedle ceny a doby platnosti, který je stanoven jednou provždy. Tento mechanismus měl za cíl zajistit hospodářskou rovnováhu, z níž měla prospěch společnost Terni před zestátněním v roce 1962, přičemž šlo o opatření mimořádné a diskriminační vůči ostatním samovýrobcům elektřiny, bez ohledu na to, zda byli konkurenty společnosti Terni či nikoli. Za těchto okolností bylo úmyslem zákonodárce odškodnit společnost Terni prostřednictvím mechanismu založeného na připodobnění uvedené společnosti k virtuálnímu samovýrobci, který měl zajistit pokračující paralelu v zacházení se společností Terni ve srovnání s nevyvlastněnými samovýrobci. V souladu s původní logikou náhrady tedy italské orgány kvůli obnovení koncesí na vodní elektrárny samovýrobců prodloužily platnost sazby Terni, přičemž toto prodloužení bylo povinným úkonem k provedení opatření týkajícího se náhrady, od něhož jej nebylo možné oddělit. Tuto argumentaci nelze přijmout. Zaprvé je třeba zdůraznit, že tento spor spadá do kontextu zestátnění odvětví elektrické energie v Itálii na základě článku 43 italské ústavy, přičemž právním nástrojem pro jeho provedení je zákon č. 1643/62 doplněný výnosem č. 1165/63. Právě na posledně uvedené texty je třeba odkázat za účelem pochopení dotčeného zestátnění ve všech jeho ohledech, včetně zákonem vyžadované náhrady v uvedené situaci převodu majetku na základě jednostranného rozhodnutí státu. Ze zcela jednoznačného znění článku 6 výnosu č. 1165/63 přitom vyplývá, že sazba Terni byla poskytnuta jako náhrada po jasně určené období, bez možnosti prodloužení. Tentýž článek stanoví, že dodávky elektřiny společnosti Terni „se uskuteční do 31. prosince 1992“, přičemž uvedení přesného data a priori vylučuje jakékoli problémy s výkladem časové působnosti ustanovení. Mimoto žalobkyně neuvedla žádné ustanovení zákona č. 1643/62 či výnosu č. 1165/63, které by stanovilo revizi doby platnosti sazby Terni s možným prodloužením této doby nad stanovené konečné datum. Naopak je třeba poznamenat, že možnost revize ceny dodávek elektřiny společnosti Terni byla vnitrostátním zákonodárcem výslovně stanovena v článku 8 výnosu č. 1165/63. Žalobkyně zdůrazňuje, že datum uplynutí platnosti koncesí na vodní elektrárny samovýrobců vnitrostátní zákonodárce zohlednil v okamžiku zestátnění, když ve výnosu č. 1165/63 určil datum 31. prosince 1992, a tvrdí, že neexistence výslovného ustanovení ohledně možnosti revize doby platnosti sazby Terni v závislosti na době platnosti koncesí je vysvětlena tím, že obnovení koncesí bylo pro téhož zákonodárce v téže době „zajisté nepředvídatelnou“ událostí. Je třeba uvést, že původní stanovení doby platnosti koncesí již samo o sobě přinášelo otázku ohledně budoucnosti těchto koncesí po uplynutí jejich platnosti a jejich zachování prostřednictvím prodloužení na základě zákona nebo výběrového řízení bylo předvídatelnou možností, a nikoli „zajisté nepředvídatelnou“ událostí. Ze spisu vyplývá, že neexistence výslovného ustanovení ve vnitrostátní právní úpravě ohledně možnosti revize doby platnosti sazby Terni se zdá být prostým důsledkem rozhodnutí zákonodárce poskytnout společnosti Terni náhradu v podobě preferenční sazby pro dodávky elektřiny po jasně určené období, stanovené s konečnou platností v okamžiku zestátnění. I za předpokladu, že v souladu s tím, co tvrdí žalobkyně, by bylo třeba zohlednit kontext a úmysly vnitrostátního zákonodárce pro účely výkladu dotčených vnitrostátních právních předpisů, navzdory jejich jednoznačnému znění, nelze zpochybnit výše uvedenou analýzu. Zaprvé žalobkyně klade důraz na přípravné práce parlamentu a konkrétněji na práci poslanecké sněmovny na zasedání odpoledne 18. září 1962 a na práci senátu republiky na zasedání odpoledne 15. listopadu 1962. V rámci prvního odkazu žalobkyně uvádí tento výňatek: „[C]o tedy můžeme učinit [pro odškodnění společnosti Terni]? […] Komise původně vymezila velmi přesné kritérium: poskytnout stávajícím provozovnám společnosti Terni množství elektřiny spotřebované v roce 1961 za cenu daného roku. Nebo můžeme naopak stanovit kritérium.“ Ohledně zasedání senátu žalobkyně uvádí, že bylo výslovně uvedeno, že forma zvláštní náhrady poskytnuté společnosti Terni byla „přirozeně určena tak, aby nebyla narušena vnitřní rovnováha daného podniku“. Tyto odkazy odhalují nanejvýš snahu zákonodárců zachovat finanční rovnováhu společnosti Terni, jež měla v zásadě uniknout účinkům zákona č. 1643/62, a jednak vymezit kritérium či mechanismus náhrady, což se skutečně promítlo do legislativy prostřednictvím volby zvláštního způsobu odškodnění, jakož i schválením obsahu článku 6 výnosu č. 1165/63. Je nesporné, že náhrada v projednávané věci není tvořena výplatou paušální částky určené tržní hodnotou vyvlastněných aktiv, ale mechanismem, který stanoví dodávky daného množství elektrické energie za cenu, jakou by společnost Terni platila, kdyby jí zůstala zařízení pro výrobu elektřiny, a po dobu odpovídající zbývající době platnosti vyvlastněné koncese, což vyjadřuje snahu zákonodárce nenarušit vnitřní rovnováhu společnosti Terni. Je pravda, že doba platnosti sazby Terni slabě překročila zbývající dobu platnosti koncese společnosti Terni a že Komise uvádí, že si lze představit, že italské orgány se rozhodly synchronizovat uplynutí platnosti dané sazby s obecným datem uplynutí platnosti italských koncesí na vodní elektrárny (bod 77 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Nic to nemění na tom, že vnitrostátní zákonodárce stanovil přesné datum uplynutí planosti sazby Terni bez dalšího časového údaje ve výnosu č. 1165/63 a že žalobkyně neprokázala, že parlamentní práce vykazují vůli daného zákonodárce sladit dobu platnosti sazby Terni s dobou platnosti koncesí na vodní elektrárny samovýrobců, v tom smyslu, že obnovení koncesí s sebou automaticky nese prodloužení platnosti uvedené sazby. Zadruhé žalobkyně uplatňuje jednoznačný výklad úmyslu zákonodárce provedený nejvyššími italskými soudy a cituje v tomto ohledu rozsudek č. 17686 Corte suprema di cassazione ze dne 21. listopadu 2003 a rozsudek č. 606 Consiglio di Stato ze dne 21. února 2005, jež potvrdily nezbytnost, i po roce 1992, zajistit společnosti Terni zacházení srovnatelné se zacházením s nevyvlastněnými samovýrobci. Odkaz na uvedené dva rozsudky je však irelevantní, neboť byly vydány po přijetí zákona č. 9/91, jež prodloužil ustanovení, která společnosti Terni poskytují preferenční sazbu jako náhradu, a učinil je použitelnými po dni uplynutí jejich platnosti 31. prosince 1992. Mimoto, jak žalobkyně uvádí, uvedené rozsudky byly vydány „ve věcech, jejichž předmět se lišil od předmětu projednávané věci“. Vnitrostátní soudy neřešily otázku, zda prodloužením platnosti sazby Terni po dni 31. prosince 1992 italské orgány porušily povinnost uloženou členským státům v čl. 88 odst. 3 ES neprovádět novou státní podporu, aniž o tom předem informovaly Komisi. Otázka položená daným soudům byla, zda po změně struktury vnitrostátní sazby za elektřinu má společnost Terni nést dodatečné náklady na dodávky elektřiny. Soudy odpověděly negativně, v právním kontextu připomenutém v bodě 87 výše, a opřely svou odpověď o smysl existence zvláštního režimu určování cen dodávek elektřiny společnosti Terni, stanoveného jako náhrada pro danou společnost za zestátnění. Bylo rozhodnuto, že cílem sazby Terni bylo zachovat ve prospěch dané společnosti možnost zásobování elektřinou „za náklady celkově podobné nákladům, které by sama společnost Terni nesla, kdyby se mohla nadále zásobovat elektřinou jako samovýrobce“, a že daná společnost si tedy nemohla nárokovat „dodatečné náklady [na dodávky elektřiny], kterých by byla zproštěna, pokud by mohla nadále vyrábět elektřinu pro vlastní spotřebu a spotřebovávat tedy elektřinu jako samovýrobce“. Toto odůvodnění zpochybňuje tezi žalobkyně. V rozporu s jejími tvrzeními vnitrostátní soudy neměly za to, že sazba za elektřinu, jež měla společnost Terni platit společnosti ENEL, měla zůstat podobná „jako u ostatních samovýrobců“, ale že má odpovídat nákladům, které by „sama společnost Terni“ nesla, kdyby se mohla nadále zásobovat elektřinou jako samovýrobce, což by bylo možné pouze na základě její koncese na vodní elektrárnu a po dobu její platnosti. V souladu s logikou náhrady takto vymezenou vnitrostátními soudy, pokud jde o prvek ceny elektřiny, nemohla doba platnosti sazby Terni, jak správně tvrdí Komise, být abstrahována od zbývající doby platnosti vyvlastněné koncese a přizpůsobena budoucímu vývoji koncesí na vodní elektrárny samovýrobců. Zadruhé je třeba uvést, že právní úprava týkající se prodloužení platnosti koncesí na vodní elektrárny přijatá po zákoně č. 1643/62 a výnosu č. 1165/63 protiřečí výkladu uvedených předpisů obhajovanému žalobkyní, podle kterého posledně uvedené předpisy spojovaly dobu platnosti sazby Terni prostřednictvím dynamického a implicitního odkazu s dobou platnosti koncesí na vodní elektrárny samovýrobců, takže prodloužení platnosti koncesí znamená automaticky prodloužení platnosti dané sazby. Tento výklad naráží již na skutečnost, že prodloužení platnosti sazby Terni, jež vůbec nejsou automatická, vyžadují legislativní zásah směřující ke změně náhrady původně stanovené výnosem č. 1165/63. První prodloužení platnosti sazby Terni vyplývá z čl. 20 odst. 4 zákona č. 9/91, který prodloužil rovněž platnost stávajících koncesí na vodní elektrárny do roku 2001. Tento zákon nelze zestručnit, jak to činí žalobkyně, na pouhé současné prodloužení doby platnosti sazby Terni a doby platnosti koncesí na vodní elektrárny samovýrobců do roku 2001, neboť má dvojí cíl, a to nejen prodloužení platnosti sazby Terni, ale také odstranění dané sazby do konce roku 2007 (viz bod 19 odůvodnění napadeného rozhodnutí), tedy k pozdějšímu datu a nezávisle na datu uplynutí platnosti stávajících koncesí na vodní elektrárny. Tyto dvě skutečnosti nelze oddělit a ve skutečnosti prokazují autonomii otázky doby platnosti uvedené sazby ve vztahu k situaci samovýrobců. Rozlišení údělu společností ex-Terni od údělu samovýrobců je potvrzeno skutečností, že italské orgány v roce 1999 zasáhly výhradně za účelem obnovy existujících koncesí na vodní elektrárny do roku 2010. Druhé prodloužení platnosti sazby Terni vyplývá z čl. 11 odst. 11 zákona č. 80/05, jež stanoví: „Za účelem „umožnění rozvoje a restrukturalizace výroby dotčených podniků se uplatňování sazebních podmínek výhodných pro dodavatele elektrické energie uvedených v čl. 1 odst. 1 [písm. ] c) legislativního nařízení č. 25 ze dne 18. února 2003, po změnách přeměněného v zákon […] č. 83 ze dne 17. dubna 2003, prodlužuje na celý rok 2010 za sazebních podmínek použitelných ke dni 31. prosince 2004“. Uvedené ustanovení neodkazuje na koncese na vodní elektrárny, ani neobsahuje žádnou indikaci umožňující domnívat se, že zákonodárce měl v úmyslu sladit dobu platnosti sazby Terni s dobou platnosti uvedených koncesí. Naopak z téhož ustanovení vyplývá, že sazba Terni je pouze jednou z výhodných sazebních podmínek, jejichž prodloužení má za cíl „umožnění rozvoje a restrukturalizaci výroby dotčených podniků“. V bodě 67 odůvodnění napadeného rozhodnutí, který shrnuje připomínky italských orgánů přednesené v rámci formálního vyšetřovacího řízení, se uvádí, že italské orgány zdůrazňují následující: „[s]porné prodloužení platnosti sazby stanovené v paragrafu [čl. ] 11 odst. 11 zákona č. 80/05 je spojeno s rozsáhlým programem investic, které společnost ThyssenKrupp realizuje v průmyslové oblasti Terni-Narni. Podle tohoto akčního plánu bude v této oblasti vybudována nová kapacita na výrobu elektrické energie. Sazba je tedy dočasné řešení, dokud nebude tato výrobní kapacita vybudována, a její zrušení by ohrozilo investice, které se v současnosti již realizují.“ Jak je uvedeno v bodě 61 odůvodnění napadeného rozhodnutí, který se týká „politických důvodů [druhého] prodloužení“, italské orgány tvrdily následující: „[S]sazba je nezbytná k zajištění rovných podmínek mezi společnostmi s vysokou spotřebou energie působícími v Itálii a jejich konkurenty v [Evropské unii], kteří rovněž využívají snížených cen energie (na základě sazby nebo smlouvy), až do dokončení probíhajících infrastrukturních projektů v oblasti výroby a přenosu elektrické energie. Pokud by byla sazba zrušena, dotyčné společnosti by přesunuly své činnosti mimo [Unii]. To by nevyhnutelně vedlo k průmyslové krizi a ztrátám velkého počtu pracovních míst v postižených oblastech. Proto by se podle názoru [Italské republiky] prodloužení platnosti sazby mělo považovat za přechodné řešení.“ Nejde tedy o otázku opatření, které je legálním pokračováním náhrad ve prospěch společnosti Terni po zestátnění její části čítající vodní elektrárny v roce 1962. Je třeba mimoto uvést, že k tomuto prodloužení platnosti sazby Terni došlo téměř šest let po obnovení koncesí na vodní elektrárny prostřednictvím výnosu č. 79/99, přičemž taková časová prodleva popírá údajné spojení mezi sporným opatřením a prodloužením platnosti uvedených koncesí. Žalobkyně tvrdí, že platnost sazby Terni nebyla prodloužena ve stejném okamžiku, tedy v roce 1999, proto, že zákon č. 9/91 zavedl režim „postupného ukončení“, přičemž používání uvedené sazby mělo skončit v roce 2007. Stačí konstatovat, že tento argument nepodporuje tezi žalobkyně a pouze potvrzuje rozlišení mezi sazbou Terni a sazbou pro samovýrobce, kteří byli držiteli koncese na vodní elektrárny. Toto zjištění objektivního spojení mezi plánovaným a postupným ukončením platnosti sazby Terni a neexistencí jejího prodloužení v roce 1999 nemůže být zpochybněno pouhou hypotézou žalobkyně, podle které daná sazba nebyla prodloužena v roce 1999, protože se očekávalo snížení cen elektřiny v důsledku liberalizace trhu, přičemž tuto hypotézu žalobkyně nijak neprokázala. Ve skutečnosti se zdá, že italské orgány v roce 1991 přijaly rozhodnutí postupně ukončit uplatňování sazby Terni a že si to v roce 2005 rozmyslely a sporným opatřením doplnily investice uskutečněné konkrétně žalobkyní. Je třeba konečně uvést, že několik měsíců po prodloužení platnosti sazby Terni stanovil zákon č. 266/05 nové prodloužení platnosti koncesí na vodní elektrárny (do roku 2020), aniž však stanovil odpovídající prodloužení platnosti sazby Terni. Zatřetí je třeba zdůraznit, že argumentace žalobkyně vycházející z rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 a obecněji z údajných rozporů Komise je irelevantní. Žalobkyně zaprvé tvrdí, že z rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 „nevznášet námitky“ proti uplatnění zákona č. 9/91 a z korespondence mezi Komisí a italskými orgány vyplývá, že Komise přijala závěr, podle něhož prodloužení platnosti sazby Terni v roce 1991 bylo zákonným pokračováním opatření poskytujícího náhradu přiznanou společnosti Terni zákonem č. 1643/62 a výnosem č. 1165/63, a že z toho titulu nebyl tento sazební režim podřízen právní úpravě Společenství týkající se státních podpor. Je nesporné, že po oznámení italskými orgány zákona č. 9/91, jehož čl. 20 odst. 4 poprvé prodloužil platnost sazby Terni, Komise přijala rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991, podle kterého se rozhodla nevznášet námitky. V napadeném rozhodnutí Komise uvádí, aniž to žalobkyně zpochybňuje, že zákon č. 9/91 jí byl oznámen zároveň se zákonem č. 10/91, který se rovněž týkal energetiky, a že dokumenty, na nichž bylo rozhodnutí Komise založeno, obsahovaly pouze stručný popis a hodnocení článků, jež mají význam s ohledem na státní podporu. Článek 20 odst. 4 zákona č. 9/91, který stanoví prodloužení platnosti sazby Terni, zmíněn nebyl (viz body 20 a 134 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Komise dodává, že vzhledem k nedostatečným informacím nebylo bohužel možno vysledovat zpět odůvodnění v daném případě, a zejména zjistit, zda Komise sazbu Terni prověřila a hodlala schválit, ale že v každém případě se jak oznámení předložené Italskou republikou, tak rozhodnutí o schválení týkala celého zákona (body 135 a 136 odůvodnění napadeného rozhodnutí). V rozporu s tvrzeními žalobkyně prohlásila Komise „podporu obsaženou v obou zákonech za slučitelnou podle pravidel státní podpory“ (bod 20 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Tento závěr je potvrzen zněním rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991, v němž Komise uvádí, že „vzhledem k tomu, že úspory elektrické energie jsou cílem energetické politiky Společenství, a po přezkumu finančních pobídek stanovených [dotčenými] zákony, s ohledem na závazky italských orgánů ve vztahu k určitým ustanovením, [se Komise] rozhodla nevznést žádnou námitku proti jejich uplatňování“. Výslovné odkazy na ochranu životního prostředí a na závazky vnitrostátních orgánů v následujících odstavcích téhož rozhodnutí, a zejména s uvedením horní hranice stanovené pro regionální podpory potvrzují, že opatření obsažená v zákonech č. 9/91 a č. 10/91 byla nejdříve považována za podpory a poté schválena jako slučitelná se společným trhem, ačkoli rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 neuvádí výslovně, jaká výjimka byla uplatněna. Krom toho je třeba připomenout, že rozhodnutí nevznést námitky podle definice uvedené v čl. 4 odst. 3 nařízení č. 659/1999, jež kodifikuje a posiluje praxi v oblasti přezkumu státních podpor v souladu s judikaturou Společenství (rozsudek Soudního dvora ze dne 17. července 2008, Athinaïki Techniki v. Komise, C‑521/06 P, Sb. rozh. s. I‑5829, bod 5), odpovídá situaci, v níž Komise po předběžném přezkumu určí, že oznámené opatření, které spadá do působnosti čl. 87 odst. 1 ES, nevyvolává pochybnosti o své slučitelnosti se společným trhem, a v důsledku toho rozhodne, že toto opatření je se společným trhem slučitelné. Žalobkyně mimo jiné tvrdí, na základě dopisu italského Ministerstva průmyslu, obchodu a řemeslné výroby ze dne 19. září 1991 zaslaného italskému Ministerstvu pro správu státních podílů, že Komise se obrátila na italské orgány se žádostí o informace týkající se údajné podpory poskytnuté „společnosti Ilva“, původně společnosti Terni, a že po obdržení odpovědi od uvedených orgánů, podle níž prodloužení platnosti sazby Terni zákonem č. 9/91 nepředstavovalo podporu, ale formu rozšíření náhrady stanovené zákonem č. 1643/62, Komise tento výklad nezpochybnila. Kromě námitek Komise ohledně předání dané odpovědi italskými orgány nelze z mlčení Komise vyvodit, s ohledem na znění nařízení č. 659/1999, jakékoli zaujetí stanoviska Komise vůči opatření stanovenému zákonem č. 9/91, ostatně obsaženému již v rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991. V každém případě je třeba zdůraznit, že prodloužení platnosti sazby Terni zákonem č. 9/91 není sporným opatřením, které vedlo k přijetí napadeného rozhodnutí, jež je předmětem projednávané žaloby, a že argumentace žalobkyně vycházející z rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 a z údajné korespondence mezi Komisí a italskými orgány vyplývá z diskuze ohledně údajného porušení zásady ochrany legitimního očekávání ze strany Komise, což je předmětem posledního žalobního důvodu směřujícího ke zrušení vzneseného žalobkyní. Zadruhé posledně jmenovaná tvrdí, že napadené rozhodnutí je rozporné, neboť Komise v něm kvalifikovala sporné opatření jako státní podporu, přičemž připustila, že podstatou logiky prodloužení bylo „zachovat podobnost se zacházením s těmi výrobci elektrické energie z vodní energie, kterým byla platnost koncesí prodloužena“ (bod 92 odůvodnění napadeného rozhodnutí), že původní doba platnosti byla stanovena v závislosti na datu uplynutí platnosti koncesí na vodní elektrárny (bod 77 odůvodnění napadeného rozhodnutí), nebo že forma náhrady zvolená italským zákonodárcem v roce 1962 byla odůvodněná, neboť to „neutralizovalo riziko dodatečné škody, která by mohla společnosti Terni vzniknout v průběhu let […] v případě zvýšení cen energie“ (bod 73 odůvodnění napadeného rozhodnutí), přičemž posledně uvedené tvrzení je výslovným uznáním skutečnosti, že škoda utrpěná společností Terni v důsledku vyvlastnění je úzce spojena s výhodou, kterou mohli získat ostatní samovýrobci. Tato argumentace vychází z podjatého a subjektivního výkladu napadeného rozhodnutí a konkrétněji z jeho bodu 92 odůvodnění, jež shrnuje analýzu provedenou Komisí a zní takto: „Co se týká prodloužení platnosti sazby Terni, Komise uznává, že podstatou bylo zachovat podobnost se zacházením s těmi výrobci elektrické energie z vodní energie, kterým byla platnost koncesí prodloužena. Tato podobnost, která je jádrem kompenzačního mechanismu, je však předpokládána v opatření souvisejícím s vyvlastněním pouze po dobu [30] let, nikoli neomezeně. Proto z důvodů objasněných v bodech 73 až 78 nelze uvažovat [mít za to], že tato prodloužení mají kompenzační povahu.“ Komise v bodě odůvodnění 93 napadeného rozhodnutí dodává následující: „Tento závěr je ještě zřejmější v případě druhého prodloužení platnosti sazby. Toto prodloužení přerušilo mechanismus postupného vyřazování, který měl usnadnit přechod společností na plnou sazbu, což signalizovalo přesvědčení italských orgánů, že společnosti již byly plně odškodněny. [Italská republika] obšírně objasnila důvody, které vedly k tomuto druhému prodloužení a které souvisely pouze s průmyslovou politikou (viz připomínky [Italské republiky] v bodě 60).“ Neexistuje tedy žádná nejednoznačnost ani rozpor v uvažování Komise, která se domnívá, že logika, která řídila výběr formy náhrady společnosti Terni nemůže odůvodnit prodloužení platnosti sazby Terni nad rámec lhůty 30 let velmi přesně stanovené vnitrostátním zákonodárcem. Nakonec je třeba uvést, že úvaha žalobkyně by vedla k zavedení náhrady na neurčitou dobu, a tedy náhrady množstevně neomezené, přičemž právoplatnost této situace žalobkyně neprokázala ani z pohledu vnitrostátního právního řádu, ani z pohledu judikatury ESLP. Je třeba připomenout, že rozhodnutí italských orgánů zestátnit část společnosti Terni čítající vodní elektrárny bylo přijato na základě čl. 43 italské Ústavy, který stanoví, že „[p]ro účely veřejného zájmu může zákon prostřednictvím vyvlastnění za náhradu od počátku vyhradit, nebo převést na stát, veřejnoprávní organizace či společenství zaměstnanců nebo uživatelů vlastnictví určitých podniků nebo kategorií podniků působících v oblasti základních veřejných služeb, nebo zdrojů energie, nebo v situaci monopolního postavení, které podléhají základnímu veřejnému zájmu“. Žalobkyně uvádí, že podle judikatury Corte suprema di cassazione a Corte costituzionale (italský Ústavní soud) musí být náhrada „náležitá a přiměřená“, „vážná“ a její výpočet musí odkazovat na „hodnotu majetku ve vztahu k jeho základním vlastnostem, které jsou zjevné při jeho možném hospodářském využití“. Komise tato tvrzení nezpochybňuje a cituje rozsudek Corte costituzionale ze dne 30. ledna 1980, č. 5/1980, jež uvádí: „[N]áhrada poskytnutá vyvlastněnému […], i když nepředstavuje úplnou náhradu vzniklé škody – v rozsahu, v jakém je třeba práva jednotlivce sladit s obecným zájmem, k jehož dosažení má vyvlastnění vést −, však nemůže být stanovena ve směšném či pouze symbolickém rozsahu, ale musí představovat vážnou nápravu. Aby to bylo možné, je třeba při výpočtu náhrady odkazovat na hodnotu majetku ve vztahu k jeho základním vlastnostem, které jsou zjevné při jeho možném hospodářském využití, v souladu se zákonem.“ Je nesporné, že způsob náhrady stanovený v článku 6 výnosu č. 1165/63 byl vymezen v závislosti na povaze zestátněných aktiv, tedy elektráren provozovaných na základě koncese, jejíž doba platnosti umožňuje koncesionáři vynaloženou investici amortizovat. Italská republika se rozhodla poskytnout náhradu nikoli ve formě vyplacení paušální částky náhrady určené tržní hodnotou vyvlastněných aktiv, ale prostřednictvím dodávek společnosti Terni určeného množství elektrické energie za cenu, kterou by zaplatila, kdyby jí zůstala zařízení pro výrobu elektřiny. V tomto rámci vnitrostátní orgány logicky zohlednily zbývající dobu platnosti koncese společnosti Terni za účelem určení doby platnosti sazby Terni, přičemž datum uplynutí platnosti uvedené sazby bylo dokonce o něco pozdější než datum uplynutí platnosti uvedené koncese. Jak v bodě odůvodnění 75 napadeného rozhodnutí zdůrazňuje Komise, celková výše náhrady tedy závisí na době platnosti sazby Terni. Podle žalobkyně má být uvedená sazba v souladu s původní logikou mechanismu náhrady stanoveného vnitrostátním zákonodárcem systematicky prodlužována v závislosti na obnovování koncesí nevyvlastněných samovýrobců, aby byly „průběžně“ neutralizovány škodlivé účinky zestátnění s ohledem na vývoj cen elektrické energie. Výklad článku 6 výnosu č. 1165/63 provedený žalobkyní by vedl k tomu, že náhrada za zestátnění části společnosti Terni čítající vodní elektrárny by byla poskytnuta na neurčitou dobu, přičemž výpočet její výše by závisel na pozdějších událostech, pozdějších i o několik let, než je datum zestátnění, a že v důsledku toho by jak výše náhrady, tak hodnota zestátněných aktiv byla neurčitá a neomezená. Přitom je třeba konstatovat, že žalobkyně neuvedla žádné pravidlo, žádnou zásadu práva Společenství, žádné ustanovení vnitrostátního právního řádu, ani žádné rozhodnutí vnitrostátního soudu, na kterém by mohla založit svůj výklad vedoucí k poskytnutí náhrady stanovené na neurčité období, nebo obecně předvídající možnost zohlednění událostí, k nimž dojde po stanovení náhrady, za účelem změny odhadu hodnoty zestátněného či vyvlastněného majetku, a následně rozsahu náhrady. Mimoto se zdá, že žalobkyně uznává nemožnost takového výkladu, když souhlasí s obsahem ustanovení, na které Komise odkazuje, tedy článkem 32 výnosu prezidenta republiky č. 327 ze dne 8. června 2001, který se týká sjednocení právních a správních předpisů v oblasti vyvlastnění z důvodu veřejného užitku. V tomto ohledu uvádí, že „zajisté je pravda, že ,náhrada poskytnutá za vyvlastnění nemůže spočívat v časově neomezeném opatření‘ a že ,musí být předvídatelným způsobem jasně stanovena v okamžiku vyvlastnění‘“. Článek 32 uvedeného výnosu totiž stanoví, že „náhrada za vyvlastnění se vypočítá na základě povahy majetku v okamžiku uzavření smlouvy převodu majetku nebo ke dni zveřejnění rozhodnutí o vyvlastnění“. Žalobkyně však tvrdí, že „prvotní mechanismus náhrad je vzhledem k mimořádnosti vyvlastnění společnosti Terni rovněž v souladu se zásadami stanovenými v článku 1 Dodatkového protokolu [ÚOLP], jakož i judikaturou [ESLP]“. Uvedený článek nazvaný „Ochrana majetku“ zní takto: „1.      Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva. 2.      Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.“ Postačí konstatovat, že dané ustanovení zakotvuje vlastnické právo zároveň se stanovením jeho mezí, a že odkaz na samotné znění neumožňuje podložit tvrzení žalobkyně v projednávané věci. Pokud jde o judikaturu ESLP, žalobkyně cituje rozsudek ze dne 11. dubna 2002, Lallement v. Francie, z něhož vyplývá, že požadavek na náhradu v rozumném poměru k hodnotě vyvlastněného majetku může „někdy znamenat nezbytnost stanovit částky jasně přesahující pouhou hodnotu vyvlastněného majetku“. V uvedené věci týkající se vyvlastnění nemovitosti používané pro zemědělské účely ESLP připomíná, že opatření zasahující do vlastnického práva, jako například vyvlastnění, musí vykazovat „spravedlivou rovnováhu“ mezi požadavky obecného zájmu společnosti a nezbytností chránit základní práva jednotlivce. V oblasti vyvlastnění je tato rovnováha obecným pravidlem, které je dodrženo, pokud vyvlastněná osoba obdrží náhradu „v rozumném poměru“ k tržní hodnotě majetku, i když legitimní cíl vyvlastnění z důvodu veřejného užitku může svědčit ve prospěch odškodnění nižšího, než je plná tržní hodnota. ESLP má za to, že bez ohledu na prostor pro uvážení daného státu, jestliže je vyvlastněný majetek „pracovním nástrojem“ vyvlastněné osoby, není vyplacená náhrada v rozumném poměru k hodnotě majetku, pokud tak či onak nepokrývá tuto specifickou ztrátu nebo neumožňuje tento nástroj po vyvlastnění znovu vytvořit (body 18, 20, 23). Nejenže je přitom diskutabilní analogie tvrzená žalobkyní mezi situací společnosti Terni a situací vedoucí k vydání uvedeného rozsudku, tedy vyvlastnění zemědělských pozemků, jež se dotklo výrobních prostředků zemědělce a mohlo ohrozit jeho schopnost nadále provozovat výdělečnou činnost, ale rozsudek ESLP navíc neobsahuje žádnou výslovnou zmínku o „nezbytnosti stanovit částky přesahující pouhou hodnotu vyvlastněného majetku“. Tento rozsudek je totiž založen na vztahu proporcionality, který musí existovat mezi výší náhrady a hodnotou vyvlastněného majetku, což je odůvodnění neslučitelné s výsledkem výkladu článku 6 výnosu č. 1165/63 provedeného žalobkyní, který by z důvodu neexistence časového omezení vedl ke vzniku neomezeného či trvalého nároku na uplatňování sazby Terni. Ze souhrnu výše uvedeného vyplývá, že nelze mít za to, že prodloužení platnosti sazby Terni poskytnuté v roce 2005 sporným opatřením bylo nedílnou součástí náhrady náležející společnosti Terni za vyvlastnění utrpěné v roce 1962. Toto tvrzení žalobkyně nadto vychází z extrapolace původní logiky náhrady stanovené vnitrostátním zákonodárcem založené na připodobnění společnosti Terni k virtuálnímu samovýrobci. Směřuje k odstranění časového omezení pro uplatňování sazby Terni a vede ke zkreslení jasných a přesných podmínek článku 6 výnosu č. 1165/63. Komise tedy správně uvedla, že nemůže být pochyb, že dodávky elektrické energie za nižší ceny v porovnání s běžnou sazbou představují pro příjemce jednoznačnou hospodářskou výhodu, jelikož to snižuje jejich výrobní náklady a posiluje jejich konkurenční postavení (bod 99 odůvodnění napadeného rozhodnutí), a dospěla k závěru, že preferenční sazba poskytnutá společnostem ex-Terni od 1. ledna 2005 představovala státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES. Z toho vyplývá, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 87 odst. 1 ES musí být zamítnut. K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení podstatných procesních náležitostí a z porušení článků 87 ES a 88 ES z důvodu zjevně nesprávného posouzení hospodářské studie předložené italskými orgány K porušení podstatných procesních náležitostí –       Argumenty účastnic řízení Žalobkyně uvádí, že Komise dopisem ze dne 20. února 2007 výslovně požádala Italskou republiku, aby jí poskytla informace umožňující objektivně porovnat hodnotu vyvlastněných aktiv s hodnotou výhody poskytnuté prostřednictvím sazby Terni od počátku uvedeného režimu do roku 2010, s aktualizací dotčených hodnot. Zdůrazňuje, že Komise v daném dopise uvedla, že požadované informace byly „nezbytné k dosažení závěru v dotčených věcech“, což vedlo italské orgány a dotčené společnosti vykonávající práva, která jim náleží z titulu účasti na formálním vyšetřovacím řízení, k tomu, že pro řešení otázky kvalifikace sazby Terni jako státní podpory považovaly za rozhodující výsledky požadované srovnávací analýzy. V odpovědi na uvedenou žádost Italská republika v dubnu 2007 předala Komisi studii provedenou na žádost společností ex-Terni nezávislým poradcem v energetickém odvětví, jež uvádí, že celková hodnota výhody poskytnuté prostřednictvím sazby Terni je nižší než účetní hodnota (aktualizovaná v roce 2006) majetku vyvlastněného z důvodu zestátnění, a konstatuje tedy neexistenci nadměrné náhrady. Komise přitom v napadeném rozhodnutí bez přípravy a „improvizovaně“ tvrdila, že studie je irelevantní, a měla za to, že přiměřenost mechanismu náhrad lze změřit pouze v okamžiku vyvlastnění ( ex ante ), a nikoli po něm ( ex post ). Napadené rozhodnutí bylo přijato za podmínek, které žalobkyni bránily plně využít práva na obhajobu a účastnit se řízení, pokud jde o otázku, která byla jeho předmětem. Tím, že Komise žalobkyni neoznámila radikální změnu svého posouzení v průběhu řízení, odvedla pozornost žalobkyně k aspektům, které nakonec v napadeném rozhodnutí považovala za zcela irelevantní. Způsobilo to závažné porušení zásady kontradiktornosti, jež je hlavní a neporušitelnou zárukou všech správních řízení, včetně správních řízení Společenství. Žádné správní řízení se nemůže vyhnout dodržování základní zásady práva na obhajobu jednotlivců, kteří se takového řízení účastní. Judikatura uvedená Komisí v jejích písemnostech spočívá na nesprávném výkladu článku 20 nařízení č. 659/1999 a nezohledňuje čl. 88 odst. 2 ES, jež předvídá kontradiktorní řízení, neboť Komise musí vyzvat „zúčastněné strany k podání připomínek“. Žalobkyně tvrdí, že je zjevné, že členský stát zajisté není jediným právním subjektem dotčeným aktem, který prohlašuje podporu za neslučitelnou ve smyslu článku 87 ES. Naopak jak příjemce podpory, tak jeho konkurenční podniky jako „zúčastněné strany“ jsou přímo dotčeni rozhodovací pravomocí přiznanou správním orgánům Společenství a související pravomocí nařídit vrácení protiprávních podpor a jsou aktivně legitimováni jednat proti zápornému rozhodnutí Komise. Právo na obhajobu je tedy spojeno se správním aktem nepříznivým pro jeho adresáty (tedy jak členský stát, tak třetí osoby vyloučené z podpory kritizované Komisí) a tuto situaci, kdy došlo ke znevýhodnění, je třeba považovat za podmínku pro uplatnění zásady kontradiktornosti vůči všem adresátům. Judikatura citovaná Komisí uznává přinejmenším, že „právo [ostatních zúčastněných stran, kromě členského státu] účasti ve správním řízení [musí být zajištěno] v rozsahu přiměřeném s ohledem na okolnosti projednávaného případu“. V projednávané věci je přitom jedním z bodů rozhodujících pro řešení otázky slučitelnosti sazby Terni s právní úpravou Společenství v oblasti státních podpor posouzení hospodářské a finanční situace společností ex-Terni v okamžiku vyvlastnění provedeného zákonem č. 1643/62. Podle žalobkyně je tento bod zrovna tak rozhodující pro řešení věci jako srovnání aktualizované hodnoty vyvlastněných aktiv společnosti Terni s aktualizovanou hodnotou sazby Terni až do 31. prosince 2010, nebo jako sporný bod týkající se výhradně možnosti považovat nové prodloužení uvedené sazby za dodatečnou náhradu za mimořádné vyvlastnění utrpěné společností Terni. Žalobkyně konečně tvrdí, že se Komise nicméně i při pominutí výše uvedeného dopustila závažného porušení podstatných procesních náležitostí při formálním vyšetřovacím řízení jak vůči žalobkyni, tak vůči Italské republice. I při restriktivním výkladu práva na obhajobu žalobkyně by napadené rozhodnutí bylo protiprávním, neboť je stiženo nenapravitelným rozporem mezi vyšetřováním, odůvodněním a výrokem napadeného rozhodnutí. Zúčastněným osobám se totiž v řízení nedostalo přiměřených záruk umožňujících kontradiktorní diskuzi s orgánem, který řízení zahájil, ohledně bodu, který se následně ukázal být zásadním pro přijetí napadeného rozhodnutí. Tento nedostatek zbavil jakékoli užitečnosti podrobnou odpověď Italské republiky na otázky Komise položené v dopise ze dne 20. února 2007. Komise odpověděla, že z ustálené judikatury vyplývá, že v rámci řízení o kontrole státních podpor si příjemci podpory nemohou činit nárok na účast na kontradiktorní diskuzi s Komisí, nemohou se domáhat práva na obhajobu a nemohou uplatňovat právo na obhajobu přiznané státu, vůči kterému bylo řízení zahájeno. Podpůrně Komise tvrdí, že jí v projednávané věci nelze vytýkat jakékoli porušení zásady kontradiktornosti nebo práva na obhajobu Italské republiky. Tvrdí, že v průběhu řízení nikdy danému členskému státu nenaznačila, že posoudí ex post přiměřenost sazby Terni, aniž přezkoumala, zda by prodloužení dané sazby stanovené sporným opatřením mohlo být odůvodněno z titulu náhrady za vyvlastnění, jež společnost Terni utrpěla v roce 1962, což je potvrzeno skutečností, že italské orgány a orgány společností ex-Terni v průběhu řízení skutečně uplatnily argumenty určené k prokázání, že uvedené prodloužení musí být považováno za nedílnou součást kritéria stanoveného ex ante výnosem č. 1165/63 k odškodnění společnosti Terni. Komise zdůrazňuje, že i když studii předloženou italskými orgány kvalifikovala jako irelevantní, stejně ji meritorně přezkoumala a dospěla k závěru, že způsob jejího provedení byl nepřesný nebo nesprávný. Dodává, že tvrzením, že „[napadené] rozhodnutí je v každém případě protiprávní, neboť je stiženo nenapravitelným rozporem mezi vyšetřováním, odůvodněním a výrokem“ žalobkyně vznáší nový žalobní důvod, který musí být na základě čl. 48 odst. 2 jednacího řádu prohlášen za nepřípustný. –       Závěry Tribunálu Je třeba připomenout, že Komise dopisem ze dne 19. července 2006 informovala Italskou republiku o svém rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 ES a že při zveřejnění uvedeného rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie vyzvala dotčené třetí strany, aby předložily připomínky ke spornému opatření. Komise v dopisu ze dne 20. února 2007 konstatovala, že další informace jsou „nezbytné k dosažení závěru“, a požádala Italskou republiku, aby jí poskytla zejména informace umožňující objektivně porovnat hodnotu vyvlastněných aktiv s hodnotou výhody poskytnuté prostřednictvím sazby Terni od počátku uvedeného režimu do roku 2010, s aktualizací dotčených hodnot. V odpovědi na uvedenou žádost Italská republika v dubnu 2007 předala Komisi studii provedenou na žádost společností ex-Terni nezávislým poradcem, jež uvádí, že celková hodnota výhody poskytnuté prostřednictvím sazby Terni je nižší než účetní hodnota (aktualizovaná v roce 2006) majetku vyvlastněného z důvodu zestátnění, a konstatuje tedy neexistenci nadměrné náhrady. Z bodů 82 a 83 napadeného rozhodnutí vyplývá, že Komise měla za to, že daná studie je neopodstatněná, neboť jakoukoli analýzu přiměřenosti mechanismu náhrad bylo třeba provést ex ante , tedy v okamžiku vyvlastnění. V souladu s tímto přístupem Komise dospěla k závěru, že až do uplynutí platnosti původního kompenzačního sazebního opatření, a pouze do daného data, neměli příjemci žádnou výhodu, přičemž tento závěr nemohl být zpochybněn výpočty zisků a ztrát, zvláště když byly provedeny a posteriori . Komise podpůrně meritorně přezkoumala studii předloženou italskými orgány a dospěla k závěru, že studie byla provedena nepřesně a nesprávně, neboť systematicky podhodnocovala výhody poskytnuté společnostem ex-Terni a pravděpodobně nadhodnocovala hodnotu vyvlastněných aktiv (body 87 až 90 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Zaprvé žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí bylo přijato za podmínek, které jí bránily plně využít práva na obhajobu a „účastnit se řízení, pokud jde o otázku, která byla jeho předmětem“. Po obdržení studie obsahující požadovanou srovnávací analýzu Komise improvizovaně, aniž ji o tom informovala, tvrdila, že studie je irelevantní. Komise tím, že jí v průběhu řízení neoznámila změnu svého posouzení informací požadovaných v dopise ze dne 20. února 2007, a tedy sporného opatření, neumožnila žalobkyni při formálním vyšetřovacím řízení napadnout stanovisko orgánu ve věci protiprávnosti prodloužení platnosti sazby Terni s ohledem na právní úpravu týkající se státních podpor. S touto argumentací nelze souhlasit. Pokud jde o údajné porušení práva na obhajobu, z ustálené judikatury vyplývá, že řízení o kontrole státních podpor je vzhledem ke své obecné logice řízením zahájeným proti členskému státu odpovědnému, s ohledem na jeho povinnosti vyplývající z práva Společenství, za poskytnutí podpory (rozsudky Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Belgie v. Komise, 234/84, Recueil, s. 2263, bod 29, a ze dne 24. září 2002, Falck a Acciaierie di Bolzano v. Komise, C‑74/00 P a C‑75/00 P, Recueil, s. I‑7869, bod 81). V rámci tohoto řízení se jiné zúčastněné strany než členský stát odpovědný za poskytnutí podpory nemohou samy zúčastnit kontradiktorní diskuse s Komisí, obdobné té, která je zahájena ve prospěch zmíněného členského státu (rozsudky Soudního dvora ze dne 2. dubna 1998, Komise v. Sytraval a Brink’s France, C‑367/95 P, Recueil, s. I‑1719, bod 59, a Falck a Acciaierie di Bolzano v. Komise, bod 161 výše, bod 82). Jejich hlavní úlohou je tudíž být hlavním zdrojem informací pro Komisi (rozsudky Tribunálu ze dne 22. října 1996, Skibsværftsforeningen a další v. Komise, T‑266/94, Recueil, s. II‑1399, bod 256, a ze dne 25. června 1998, British Airways a další v. Komise, T‑371/94 a T‑394/94, Recueil, s. II‑2405, bod 59). V tomto ohledu žádné ustanovení upravující řízení o kontrole státních podpor nevyhrazuje mezi zúčastněnými stranami zvláštní roli příjemci podpory. Je ostatně třeba připomenout, že řízení o kontrole státních podpor není řízením zahájeným „proti“ příjemci podpor, což by znamenalo, že by příjemce podpor mohl uplatnit tak široká práva, jako jsou práva obhajoby jako taková (rozsudek Falck a Acciaierie di Bolzano v. Komise, bod 161 výše, bod 83, a rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004, Technische Glaswerke Ilmenau v. Komise, T‑198/01, Sb. rozh. s. II‑2717, bod 193). Žalobkyně tvrdí, že výše uvedená judikatura spočívá na nesprávném výkladu článku 20 nařízení č. 659/1999 a nezohledňuje čl. 88 odst. 2 ES, jež předvídá kontradiktorní řízení, neboť Komise musí vyzvat „zúčastněné strany k podání připomínek“. Postačí konstatovat, že předmětem dotčené judikatury byl právě výklad čl. 88 odst. 2 ES, jakož i články 6 a 20 nařízení č. 659/1999, jež stanoví právo zúčastněných stran podat v průběhu formálního vyšetřovacího řízení připomínky. Mimoto v rozporu s tvrzeními žalobkyně nelze žalobkyni považovat za adresáta napadeného rozhodnutí, ačkoli dané rozhodnutí prohlašuje za neslučitelnou podporu, kterou žalobkyně obdržela. Jedinými adresáty rozhodnutí přijatých Komisí v oblasti státních podpor jsou dotčené členské státy (viz článek 25 nařízení č. 659/1999 a rozsudek Komise v. Sytraval a Brink’s France, bod 162 výše, bod 45). Je třeba v tomto kontextu uvést, že obecné právní zásady dovolávané žalobkyní, jako například právo být vyslechnut nebo zásada řádné správy, nemohou dovolit soudu Společenství rozšířit procesní práva přiznaná zúčastněným stranám v rámci řízení o kontrole státních podpor Smlouvou a sekundárním právem (rozsudek Technische Glaswerke Ilmenau v. Komise, bod 163 výše, bod 194). Není to možné ani na základě skutečnosti, že žalobkyně je aktivně legitimována jednat proti napadenému rozhodnutí. Konečně bylo rozhodnuto, že z žádného ustanovení týkajícího se státních podpor ani z judikatury nevyplývá, že by Komise byla povinna vyslechnout příjemce státních prostředků ke svému právnímu posouzení dotčeného opatření, nebo že je povinna informovat dotčený členský stát − a a fortiori příjemce podpory − o svém stanovisku před přijetím rozhodnutí, pokud zúčastněné strany a členský stát byly vyzvány k předložení svých připomínek (rozsudek Technische Glaswerke Ilmenau v. Komise, bod 163 výše, bod 198). V každém případě je třeba zdůraznit, že žalobkyně byla vyzvána k podání připomínek, a že této možnosti využila a podala Komisi podrobné připomínky. Uvedla, že sazba Terni je legitimní náhradou, na niž měla společnost Terni nárok po vyvlastnění jejích aktiv, nelze ji proto považovat za státní podporu. Zopakovala historii vzniku sazby a zdůraznila, že všechna prodloužení platnosti sazby Terni po roce 1991 byla doprovázena obecným prodloužením koncesí pro vodní elektrárny ostatních výrobců a odpovídají tedy zásadě zákazu diskriminace mezi Terni a ostatními samovýrobci, kteří nebyli vyvlastněni, a kteří proto mohli elektrickou energii nadále vyrábět a spotřebovávat s velmi nízkými náklady (body 43 a 44 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Žalobkyně tedy během formálního vyšetřovacího řízení uplatnila argumenty určené k prokázání, že prodloužení platnosti sazby Terni musí být považováno za nedílnou součást kritéria stanoveného ex ante článkem 6 výnosu č. 1165/63 k odškodnění společnosti Terni Přitom právě v tomto ohledu Komise dospěla k závěru, že sporné opatření představovalo státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES. Žalobkyně tedy neprávem tvrdí, že jí Komise bránila „účastnit se řízení, pokud jde o otázku, která byla jeho předmětem“ nebo že jí „bezdůvodně neumožnila napadnout stanovisko správního orgánu Společenství ve věci protiprávnosti prodloužení platnosti sazby Terni s ohledem na právní úpravu týkající se státních podpor“. Je třeba dále uvést, že tvrzení žalobkyně, podle kterého Komise v průběhu řízení radikálně změnila své posouzení informací požadovaných v dopise ze dne 20. února 2007, a tedy sporného opatření, pomíjí předmět formálního vyšetřovacího řízení a vychází z nesprávného výkladu žádosti o informace ze dne 20. února 2007. Komise skutečně měla za nezbytné získat informace týkající se účetní hodnoty majetku převedeného na stát v okamžiku zestátnění. Nejednalo se však o jediný předmět žádosti o informace obsažené v dopise ze dne 20. února 2007, a formulace, podle které byly požadované informace „nezbytné k dosažení závěru“ v projednávané věci, musí být umístěna do kontextu formálního vyšetřovacího řízení a jeho cílů, a tedy umožnit zúčastněným stranám být vyslechnuty a umožnit Komisi zcela se seznámit se všemi okolnostmi věci před přijetím rozhodnutí (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 20. března 1984, Německo v. Komise, 84/82, Recueil, s. 1451, bod 13). Formální vyšetřovací řízení nemůže mít jiný účel, než výše popsaný, a zejména nemůže mít za účel rozhodovat s konečnou platností o některých součástech spisu před přijetím konečného rozhodnutí. Z dopisu ze dne 20. února 2007 nelze vyvodit, jak tvrdí žalobkyně, že Komise „při řešení otázky kvalifikace sazby Terni jako státní podpory považovala za rozhodující prokázání skutečnosti, že (aktualizovaná) hodnota dané náhrady byla stejná nebo nižší než hodnota vyvlastněného majetku“. Toto tvrzení vychází z nesprávného výkladu dotčeného dopisu. Komise v žádném případě nikdy Italské republice ani společnostem ex-Terni nenaznačila, že posoudí ex post přiměřenost sazby Terni, aniž by přezkoumala, zda prodloužení dané sazby prostřednictvím sporného opatření mohlo být odůvodněno z titulu náhrady za vyvlastnění utrpěné společností Terni v roce 1962. Z předcházejících úvah vyplývá, že výtka vycházející z porušení práva na obhajobu žalobkyně musí být zamítnuta. Zadruhé žalobkyně tvrdí, že i při připuštění ( quod non ) restriktivního výkladu práva na obhajobu zúčastněných stran v rámci řízení zahájeného na základě nařízení č. 659/1999 by napadené rozhodnutí bylo protiprávní, neboť je stiženo nenapravitelným rozporem mezi vyšetřováním, odůvodněním a výrokem rozhodnutí. Komise považuje uvedený žalobní důvod za nepřípustný z důvodu porušení čl. 48 odst. 2 jednacího řádu, jež stanoví, že nové důvody nelze předkládat v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení. Je však třeba poznamenat, že daný žalobní důvod nelze považovat za nový, neboť již byl uveden v žalobě. Námitka Komise týkající se jeho nepřípustnosti tedy musí být zamítnuta. Přesný dosah žalobního důvodu je obtížné pochopit, neboť pouhé tvrzení „nenapravitelného rozporu mezi vyšetřováním, odůvodněním a výrokem napadeného rozhodnutí“ neumožňuje konstatovat konkrétní protiprávnost s ohledem na případné porušení právního ustanovení nebo obecné zásady práva Unie Komisí. V replice je uvedení žalobního důvodu následováno tímto vysvětlením: „[z]účastněným stranám se totiž v řízení nedostalo přiměřených záruk umožňujících kontradiktorní diskuzi s orgánem (Komise), který řízení zahájil, ohledně bodu, který se následně ukázal být zásadním pro přijetí napadeného rozhodnutí“. Tato argumentace ukazuje, že dotčený žalobní důvod se neliší od žalobního důvodu vycházejícího z porušení práva žalobkyně na obhajobu, přičemž ten byl zamítnut, jak je uvedeno v bodě 178 výše. Na závěr je třeba uvést, že v replice je uvedeno, že „se však Komise dopustila závažného porušení podstatných procesních náležitostí při formálním vyšetřovacím řízení jak vůči Italské republice, tak vůči žalobkyni, neboť oběma bezdůvodně neumožnila napadnout stanovisko správního orgánu […] ve věci protiprávnosti prodloužení platnosti preferenční sazby s ohledem na právní úpravu týkající se státních podpor“. Vzhledem k tomu, že žalobkyně zamýšlela vznést žalobní důvod vycházející z porušení práva Italské republiky na obhajobu musí být daný žalobní důvod zamítnut jako nepřípustný, a v každém případě jako neopodstatněný. Je totiž třeba připomenout, že porušení práva na obhajobu svou povahou představuje důvod relativní protiprávnosti (viz rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004, JFE Engineering a další v. Komise, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 a T‑78/00, Sb. rozh. s. II‑2501, bod 425, a citovaná judikatura), jehož se tedy musí dovolávat sám dotyčný členský stát (viz v tomto smyslu rozsudek Technische Glaswerke Ilmenau v. Komise, bod 163 výše, bod 203). Žalobkyně tudíž nemůže uplatňovat výtku vycházející z porušení práva na obhajobu dotyčného členského státu v projednávaném případě Italské republiky. I za předpokladu, že by taková výtka byla přípustná, nemůže být přijata jako opodstatněná. Podle ustálené judikatury vyžaduje zásada dodržování práva na obhajobu, aby dotčený členský stát mohl užitečně vyjádřit svůj názor k připomínkám předloženým třetími zúčastněnými stranami v souladu s čl. 88 odst. 2 ES, na nichž Komise zamýšlí založit své rozhodnutí. Pokud se členský stát nemohl k takovým připomínkám vyjádřit, Komise je nemůže vzít v úvahu ve svém rozhodnutí proti tomuto státu. Avšak k tomu, aby takové porušení práva na obhajobu mělo za následek zrušení, je třeba, aby v případě, že by k uvedené nesrovnalosti nedošlo, řízení mohlo vést k jinému výsledku (rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1987, Francie v. Komise, 259/85, Recueil, s. 4393, body 12 a 13, a ze dne 14. února 1990, Francie v. Komise, C‑301/87, Recueil, s. I‑307, body 29 až 31). V projednávané věci postačí konstatovat, že Komisi není nijak vytýkáno, že napadené rozhodnutí založila na připomínkách zúčastněné třetí osoby, ke kterým se Italská republika nemohla vyjádřit. V souladu s požadavky čl. 88 odst. 2 ES a čl. 6 odst. 2 nařízení č. 659/1999, Italská republika mohla předložit připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení a připomínky zúčastněných stran v této souvislosti jí byly oznámeny, na což odpověděla prostřednictvím dopisu ze dne 22. prosince 2006 (bod 6 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Žalobkyně tvrdí, že Komise tím, že Italské republice v průběhu řízení neoznámila radikální změnu svého posouzení informací požadovaných v dopise ze dne 20. února 2007, a tedy sporného opatření, neumožnila Italské republice při formálním vyšetřovacím řízení napadnout stanovisko Komise ve věci protiprávnosti prodloužení platnosti sazby Terni s ohledem na právní úpravu týkající se státních podpor. Je třeba zdůraznit, že v rámci připomínek předložených Komisi během formálního vyšetřovacího řízení Italská republika uvedla, že původní dohoda o sazbě – legitimní náhradě společnosti Terni za vyvlastnění jejích aktiv – ani její pozdější prodloužení nepředstavovala státní podporu. Na podporu tohoto tvrzení Itálie citovala řadu rozsudků Soudního dvora, podle kterých některé formy náhrad vyplacených podnikům nepředstavují podporu, zejména náhrady škody a náhrady za služby obecného hospodářského zájmu (bod 58 odůvodnění napadeného rozhodnutí Bod 59 napadeného rozhodnutí rovněž uvádí následující: „Co se týká povolení státní podpory v případě sazby Terni, [Italská republika] zdůrazňuje, že zákon č. 9/91, který stanoví první prodloužení platnosti sazby, byl Komisi řádně oznámen a Komisí schválen. Následná prodloužení doby platnosti sazby, která doprovázejí prodloužení koncesí pro vodní elektrárny ve prospěch výrobců elektrické energie, sledují stejnou logiku, jež nebyla Komisí nikdy zpochybněna. Proto by podle názoru [Italské republiky] měla být sazba Terni považována za stávající opatření, které nepředstavuje podporu.“ Italská republika tedy v průběhu formálního vyšetřovacího řízení jasně uplatnila svůj názor na kompenzační povahu sporného opatření. Krom toho tvrzení žalobkyně uvedené v bodě 191 výše opomíjí předmět formálního vyšetřovacího řízení a vychází z nesprávného výkladu žádosti o informace ze dne 20. února 2007, jak již bylo uvedeno. Konečně je třeba připomenout, že z žádného ustanovení týkajícího se státních podpor ani z judikatury nevyplývá, že by Komise byla povinna vyslechnout příjemce státních prostředků ke svému právnímu posouzení dotčeného opatření, nebo že je povinna informovat dotčený členský stát − a a fortiori příjemce podpory − o svém stanovisku před přijetím rozhodnutí, pokud zúčastněné strany a členský stát byly vyzvány k předložení svých připomínek (rozsudek Technische Glaswerke Ilmenau v. Komise, bod 163 výše, bod 198). Ke zjevně nesprávnému posouzení hospodářské studie předložené italskými orgány –       Argumenty účastnic řízení Žalobkyně uvádí, že Komise napadá platnost studie předložené italskými orgány ve dvou bodech. Zaprvé daná studie podcenila hodnotu vyvlastněných provozoven, když nezohlednila, že dané provozovny a aktiva s nimi spojená měly být v souladu s podmínkami koncese vráceny státu. Žalobkyně tvrdí, že výpočet hodnoty vyvlastněného majetku v závislosti na výroční bilanci společnosti Terni je právě to, co Komise požadovala, a že původní notářsky ověřené bilance jsou naprosto v souladu s právní úpravou použitelnou v oblasti práva obchodních společností a účetnictví, včetně povinnosti poměrně „amortizovat“ hodnotu majetku v závislosti na zbývající době platnosti případných koncesí. Kromě toho, že argumentace Komise by vedla k obrácení důkazního břemene, nezohlednila skutečnost, že bez vyvlastnění by koncese na vodní elektrárny, které měla společnost Terni v držení, byly několikrát prodlouženy až do 31. prosince 2020, stejně jako byly prodlouženy ostatní koncese na vodní elektrárny nevyvlastněných samovýrobců. Zadruhé žalobkyně tvrdí, že podle Komise dotčená studie podcenila hodnotu výhody poskytnuté prostřednictvím sazby Terni, neboť pro výpočet uvedené výhody měla být částka skutečně zaplacená společností Terni srovnána se sazbou běžně placenou provozovatelem, který není samovýrobcem, a který má podobnou spotřebu jako uvedená společnost. Žalobkyně namítá, že společnost Terni a její nástupkyně byly osvobozeny od určitých složek sazby (včetně tepelného příplatku) právními a správními ustanoveními, která jsou zcela odlišná od zákona č. 1643/62 a jeho prováděcího nařízení a která byla přijata později, ale v souladu s logikou srovnání se samovýrobci, na níž byl založen uvedený zákon. Bylo by tedy nesprávné tvrdit, že pro posouzení hodnoty získané výhody musí být sazba Terni porovnána s „běžnou sazbou“ (včetně tepelného příplatku), kterou musí platit provozovatel, který není samovýrobcem. Tatáž úvaha se použije na výpočet „kompenzačních výhod“, jež společnosti ex-Terni obdržely z vyrovnávacího fondu pro odvětví elektrické energie v letech 2000 až 2006. Proto má podle žalobkyně být výhoda vypočítána v závislosti na ceně, kterou by společnosti ex-Terni musely v každém případě zaplatit na základě výše uvedených ustanovení (odlišných od sazby Terni), a nikoli v závislosti na běžné ceně na trhu s elektřinou, jak nesprávně tvrdí Komise. Komise připomíná, že studii předloženou italskými orgány přezkoumala pouze podpůrně, a že pokud se potvrdí její závěr o irelevanci dotčené studie, jsou argumenty uplatňované ve druhé části tohoto žalobního důvodu v každém případě neúčinné. Zdůrazňuje, že žalobkyně nezpochybňuje poznámku vyjádřenou v bodě 90 odůvodnění napadeného rozhodnutí, podle níž „studie jednoduše bere jako účetní hodnotu aktiv rozdíl mezi položkou ,zařízení a stroje‘ v rozvaze Terni na rok 1962 […] a stejnou položkou z následujícího roku“, zatímco „neexistuje žádný konkrétní důkaz, že rozdíl lze přičíst výhradně ztrátě vodní elektrárny“. Tato námitka dostačujícím způsobem prokazuje malou důvěryhodnost studie, neboť nebylo prokázáno, že přiměřenost náhrady byla přezkoumána pouze s ohledem na vyvlastnění vodní elektrárny. Komise tvrdí, že studie předložená italskými orgány neuvádí, zda hodnota provozoven vycházející z bilance společnosti Terni z roku 1963 zohlednila skutečnost, že při uplynutí platnosti koncesí by velká část těchto zařízení přešla do rukou státu. Nejasnost ohledně tohoto zásadního aspektu neřeší formální vyjádření žalobkyně k rozsahu notářsky ověřené bilance. Pokud jde o tvrzení žalobkyně, podle kterého by bez vyvlastnění byly koncese na vodní elektrárny společnosti Terni prodlouženy až do prosince 2020, Komise tvrdí, že pro posouzení hodnoty majetku vyvlastněného v roce 1962 je třeba odkazovat na situaci v okamžiku vyvlastnění, aniž je možné zohlednit změny, k nimž by bez vyvlastnění mohlo dojít později, a že datum 2020 je v každém případě nesprávné, neboť prodloužení koncesí na vodní elektrárny do roku 2020 stanovené zákonem č. 266/05 bylo prohlášeno za neústavní. Pokud jde o srovnávací analýzu sazeb, Komise tvrdí, že dotčená studie použila nesprávně jako referenční bod cenu placenou samovýrobcem (místo běžné tržní ceny), a opominula, že skutečnost, že společnost Terni byla do roku 1992 považována za virtuálního samovýrobce byla součástí náhrady poskytnuté dané společnosti. Pokud by byla společnost vyvlastněna bez náhrady, nebyla by přirovnána k „virtuálnímu samovýrobci“, a v důsledku toho by musela platit za elektřinu běžnou tržní cenu (a nikoli cenu placenou samovýrobcem osvobozeným od určitých složek sazby). Proto je pro účely posouzení výše náhrady poskytnuté společnosti Terni třeba vypočítat rozdíl mezi tržní cenou (tedy cenou v případě neposkytnutí náhrady) a sníženou sazbou poskytnutou dané společnosti (připodobněné k virtuálnímu samovýrobci) z titulu náhrady. –       Závěry Tribunálu Je třeba připomenout, že Komise studii přezkoumala pouze podpůrně, a že ji považovala za irelevantní, neboť jakoukoli analýzu přiměřenosti mechanismu náhrad bylo třeba provést ex ante , tedy v okamžiku vyvlastnění. V souladu s tímto přístupem Komise dospěla k závěru, že až do uplynutí platnosti původního kompenzačního sazebního opatření a pouze do daného data, neměli příjemci žádnou výhodu, přičemž tento závěr nemohl být zpochybněn výpočty zisků a ztrát, zvláště když byly provedeny a posteriori (body 82 až 85 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Žalobkyně výslovně nezpochybňuje tento přístup Komise ohledně a priori irelevance dotčené studie s ohledem na otázku kvalifikace sporného opatření ve vztahu k právním předpisům týkajícím se státních podpor. V rámci druhého žalobního důvodu směřující ke zrušení uplatnila pouze procesní vadu plynoucí z údajného porušení práva na obhajobu. Naproti tomu zpochybňuje opodstatněnost závěru na základě daného přístupu v rámci žalobního důvodu směřujícího ke zrušení vycházejícího z porušení čl. 87 odst. 1 ES. Přitom je třeba připomenout, že Komise měla právem za to, že prodloužení preferenční sazby poskytnuté v roce 2005 sporným opatřením nebylo nedílnou součástí náhrady náležející společnosti Terni za vyvlastnění utrpěné v roce 1962 a že dospěla k závěru, že preferenční sazba stanovená pro společnosti ex-Terni ode dne 1. ledna 2005 představovala státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 ES. Za těchto okolností musí být žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení hospodářské studie předložené italskými orgány provedeného Komisí zamítnut jako irelevantní. K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 88 odst. 3 ES Argumenty účastnic řízení Žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí je protiprávní, neboť Komise tvrdí, že Italská republika provedla sporné opatření v rozporu s čl. 88 odst. 3 ES, a v důsledku toho nařídila danému členskému státu přistoupit k vybrání částek již poskytnutých na základě zákona č. 80/05. Uvádí, že sporné opatření nezrušilo zákon č. 9/91, který stanovil prodloužení platnosti sazby Terni až do 31. prosince 2007 s postupným snižováním v letech 2002 až 2007, ale že jej ve skutečnosti „překročil“, neboť zmrazil množství, na která podniky měly nárok ke dni 31. prosince 2004, a přitom prodloužil uplatňování dané sazby do roku 2010. Pokud by tedy sporné opatření bylo protiprávní, ustanovení zákona č. 9/91 by se nadále uplatnila až do uplynutí jejich původní platnosti. Přitom Autorità per l’energia elettrica e il gas (úřad pro elektrickou energii a plyn, dále jen „AEEG“) v letech 2005 a 2006 na základě zásady opatrnosti přijal řadu rozhodnutí s tím účelem, aby žalobkyně a ostatní společnosti ex-Terni obdržely výhradně částky sazby Terni splatné na základě zákona č. 9/91, již přezkoumaného a schváleného Komisí. Z dopisů potvrzujících platby, které žalobkyně obdržela z vyrovnávacího fondu pro odvětví elektrické energie v období 2005–2007 vyplývá, že všechny platby z titulu sazby Terni byly placeny, a to i po vstupu zákona č. 80/05 v platnost, bez jakéhokoli odkazu na dané ustanovení, což potvrdilo skutečnost, že neprovedení plateb stanovených sporným opatřením ve prospěch žalobkyně bylo důsledkem vůle italských orgánů dodržet povinnost platby pozastavit, která je stanovena v čl. 88 odst. 3 ES. Žalobkyně tvrdí, že ani během, ani po skončení řízení, které vedlo k přijetí napadeného rozhodnutí, neobdržela žádnou platbu z titulu sazby, jejíž platnost sporné opatření prodloužilo, a peníze, které obdržela, byly vyplaceny výhradně na základě zákona č. 9/91. Žalobkyně uvádí, že Komise věděla, že částky, které žalobkyně obdržela do roku 2007 jí byly vyplaceny jako zálohy na částky splatné na základě zákona č. 9/91, jak prokazují body 33 až 35 a bod 162 odůvodnění napadeného rozhodnutí. Tvrzení Komise, podle kterého tato okolnost nemůže ovlivnit platnost napadeného rozhodnutí a týká se výhradně jeho výkonu, je zjevně nesprávné. Nelze popřít, že pokud není sporné opatření účinně provedeno ve smyslu čl. 88 odst. 3 ES, nejsou splněny základní podmínky umožňující prohlásit podporu za protiprávní a nařídit státu, aby přistoupil k jejímu vybrání. Mimoto teze Komise, směřující k tomu, že porušení povinnosti pozastavit poskytování podpory představuje pouhé zveřejnění nebo pouhý vstup v platnost sporného opatření, je nejen v rozporu s doslovným zněním čl. 88 odst. 3 ES, ale je také v rozporu se smyslem existence a užitečným účinkem daného zákazu. Základním cílem ustanovení čl. 88 odst. 2 a 3 ES je zabránit případnému narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu způsobenému výhodou, z níž by měl prospěch příjemce podpory ke škodě svých konkurentů při čekání na rozhodnutí Komise o slučitelnosti dané podpory se společným trhem. Povinnost podporu pozastavit má zaručit skutečnou rovnost zacházení mezi provozovateli, neboť podnik je zvýhodněn pouze v okamžiku, kdy stát podporu provádí před tím, než Komise přezkoumá její slučitelnost se společným trhem. V projednávané věci žalobkyně nemohla obdržet částky poskytnuté sporným opatřením, a tudíž neměla prospěch z žádné výhody nad svými konkurenty a na společném trhu nedošlo k žádnému narušení hospodářské soutěže. Komise uvádí, že žalobkyně nepopírá, že prodloužení platnosti sazby Terni stanovené sporným opatřením vstoupilo v platnost bez předchozího oznámení, v rozporu s požadavky čl. 88 odst. 3 ES, a uznává dokonce, že AEEG přijala zvláštní prováděcí opatření týkající se kompenzačních prvků odpovídajících sazbě Terni, když povolila jejich vyplacení za podmínky, že podniky příjemci poskytnou zvláštní záruku. Za těchto okolností, a dokonce i za předpokladu, že částky stanovené sporným opatřením nebyly vyplaceny, to v každém případě nic nemění na tom, že provádění daného opatření bylo zahájeno v rozporu s povinností předběžného oznámení stanovenou ve výše uvedeném článku. V rozporu s tvrzením žalobkyně je toto stanovisko Komise zcela koherentní se zněním a logikou čl. 88 odst. 3 ES. Jakmile vstoupí v platnost režim podpor, jako je režim stanovený sporným opatřením, nemůže již být kvalifikován jako pouhý „záměr“ směřující k zavedení podpory ve smyslu uvedeného článku. V takové situaci by totiž bylo absurdní, a v rozporu s logikou systému předběžné kontroly státních podpor, domnívat se, že Komise může konstatovat porušení čl. 88 odst. 3 ES pouze po přezkoumání, zda měl každý příjemce skutečně prospěch z výhod poskytnutých dotčeným režimem. Z judikatury vyplývá, že skutečnost, že žalobkyně neobdržela částky stanovené sporným opatřením musí být posouzena v rámci výkonu napadeného rozhodnutí a nemůže ovlivnit jeho legalitu. Komise zdůrazňuje, že během správního řízení nebylo tvrzeno, že navzdory vstupu sporného opatření v platnost žalobkyně nezískala výhody s ním spojené, což vysvětluje zmínku, uvedenou v napadeném rozhodnutí, o protiprávním poskytnutí podpory v rozporu s čl. 88 odst. 3 ES a o nařízení navrácení podpory, avšak s nezbytným ověřením, ve fázi výkonu napadeného rozhodnutí, skutečné výše podpory obdržené jednotlivými příjemci. Připomíná, že podle ustálené judikatury, jakmile Komise umožnila zúčastněným stranám účinně předložit jejich připomínky, nemůže jí být vytýkáno, že nepřihlédla k případným skutkovým či právním poznatkům, které jí mohly být, ale nebyly, předloženy během správního řízení, vzhledem k tomu, že Komise není povinna bez návrhu a na základě svých dohadů zkoumat, jaké jsou poznatky, které jí mohly být předloženy. Konečně uvádí, že žalobkyně nijak neprokázala, že neměla prospěch z výhod poskytnutých sporným opatřením a že z údajů poskytnutých italskými orgány po přijetí napadeného rozhodnutí se naopak zdá, že v souhrnu měly společnosti ex-Terni prospěch z prodloužení platnosti sazby Terni, když získaly náhrady přesahující náhrady stanovené zákonem č. 9/91. Závěry Tribunálu Z bodů 118 až 132 odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že Komise měla za to, že sporné opatření musí být považováno za novou podporu počínaje dnem 1. ledna 2005, a jelikož Italská republika čl. 11 odst. 11 zákona č. 80/05 neoznámila, je tato podpora protiprávní. Komise konstatovala, že podpora nemůže využít žádné z výjimek stanovených v článku 87 ES a prohlásila druhé prodloužení platnosti sazby Terni za neslučitelné se společným trhem (bod 147 odůvodnění napadeného rozhodnutí), a poté uvedla, že veškeré částky neslučitelné podpory, které obdržela žalobkyně Cementir, jakož i společnosti Nuova Terni Industrie Chimiche na základě čl. 11 odst. 11 zákona č. 80/05 a které se vztahují na období ode dne 1. ledna 2005 musí být navráceny spolu s úroky (bod 160 odůvodnění napadeného rozhodnutí). V bodech 161 a 162 napadeného rozhodnutí Komise dále uvádí následující: „161) Je třeba připomenout, že účelem navrácení podpory je obnovit konkurenční postavení příjemce, které měl v době před poskytnutím neslučitelné podpory. Při zjišťování konkurenční situace společností ex-Terni před zavedením zákona je nutno vzít v úvahu existenci stávajícího opatření podpory stanoveného v zákoně č. 9/91, který byl schválen až do roku 2007. 162)               Komise proto usuzuje, že zbývající částky podpory, na něž by příjemci měli nárok podle zákona č. 9/91 v letech 2005, 2006 a 2007, pokud by nebyl zaveden zákon č. 80/05, lze odečíst od částek, jež mají být navráceny, pokud se [Italská republika] domnívá, že příjemci na ně mají nárok podle vnitrostátních právních předpisů.“ Žalobkyně tvrdí, že pokud není sporné opatření účinně provedeno ve smyslu čl. 88 odst. 3 ES, nejsou splněny základní podmínky umožňující prohlásit podporu za protiprávní a nařídit členskému státu, aby přistoupil k jejímu vybrání. Přitom žalobkyně neobdržela žádnou částku z titulu sazby prodloužené sporným opatřením a peníze obdržené do roku 2007 byly vyplaceny výhradně jako záloha na částky splatné na základě provedení zákona č. 9/91 potvrzeného Komisí. V případě neexistence porušení povinnosti předchozího oznámení a v případě neexistence jakékoli částky k navrácení by Komise prohlášením podpory za protiprávní, a v důsledku toho nařízením jejího vrácení porušila čl. 88 odst. 3 ES. Tuto argumentaci nelze přijmout. Je třeba připomenout, že ve vztahu k novým podporám, jež členské státy zamýšlejí poskytnout, je stanoven postup předběžné kontroly, bez něhož nemůže být žádná podpora považována za řádně poskytnutou (rozsudky Soudního dvora ze dne 9. srpna 1994, Namur-Les assurances du crédit, C‑44/93, Recueil, s. I‑3829, bod 12, a Komise v. Sytraval a Brink’s France, bod 162 výše, bod 35). V souladu s čl. 88 odst. 3 ES a s články 2 a 3 nařízení č. 659/1999 všechny záměry poskytnutí nebo změny podpor musí být oznámeny Komisi a nesmí být uskutečněny dříve, než Komise mlčky nebo výslovně vyjádří svůj souhlas. Členské státy musí splnit dvě neoddělitelné povinnosti, tedy povinnost předběžného oznámení záměrů podpor a povinnost neprovádět své záměry dříve, než Komise rozhodne o slučitelnosti opatření se společným trhem. Podle čl. 1 písm. f) nařízení č. 659/1999 se protiprávní podporou rozumí „nová podpora uskutečňovaná v rozporu s čl. [88] odst. 3 Smlouvy“, tedy podpora poskytnutá bez jejího předběžného oznámení Komisi, nebo pokud byla oznámena, podpora poskytnutá před tím, než se Komise ve stanovené lhůtě vyjádřila. V projednávané věci je nesporné, že druhé prodloužení platnosti sazby Terni není obsaženo v návrhu zákona, ale v čl. 11 odst. 11 zákona č. 80/05, a že italské orgány nepřistoupily k žádnému oznámení Komisi, což je situace, kdy došlo k porušení čl. 88 odst. 3 ES. Tvrzení žalobkyně ohledně neprovedení plateb celé částky z titulu sazby prodloužené sporným opatřením je v tomto ohledu irelevantní. Z judikatury totiž vyplývá, že podpora může být považována za poskytnutou, i když dosud nebyla příjemci vyplacena. Soudní dvůr rozhodl, že členský stát nesplnil povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 88 odst. 3 ES, pokud opatření zavádějící režimy podpor oznámí až po jejich přijetí prostřednictvím zákona (rozsudek Soudního dvora ze dne 27. března 1984, Komise v. Itálie, 169/82, Recueil, s. 1603, bod 11). Na základě znění uvedeného ustanovení Tribunál rozhodl, že opatření podpory musí být oznámena Komisi již ve stádiu záměru, tedy před svým provedením, a tedy dokud mohou být upravena podle případných připomínek Komise (rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 1998, Waterleiding Maatschappij v. Komise, T‑188/95, Recueil, s. II‑3713, bod 118). Tento výklad čl. 88 odst. 3 ES je v souladu jak s doslovným zněním, tak s cíli sledovanými právní úpravou, jejíž je toto ustanovení součásti, tedy s cílem zajistit Komisi příležitost včas a v obecném zájmu provést kontrolu všech záměrů směřujících k zavedení nebo ke změně podpor a provést tak preventivní přezkum (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 14. února 1990, Francie v. Komise, bod 189 výše, bod 17). Domnívat se, že Komise může konstatovat porušení čl. 88 odst. 3 ES pouze po přezkoumání, zda měl každý příjemce skutečně prospěch z výhod poskytnutých dotčeným opatřením, by bylo v rozporu s logikou systému předběžné kontroly státních podpor. Komise tedy správně kvalifikovala sporné opatření jako protiprávní podporu. V bodě 147 odůvodnění napadeného rozhodnutí Komise rovněž konstatuje, že druhé prodloužení platnosti sazby Terni je neslučitelné se společným trhem, jelikož podpora nemůže využít žádné z výjimek stanovených v článku 87 ES. Přitom podle článku 14 nařízení č. 659/1999 „[j]e-li v případech protiprávní podpory přijato záporné rozhodnutí, Komise rozhodne, že dotyčný členský stát učiní všechna nezbytná opatření, aby příjemce podporu navrátil“. Toto znění vyjadřuje systematičnost vracení podpor. Napadené rozhodnutí proto stanoví, že státní podpora, kterou Italská republika poskytla ve prospěch žalobkyně Cementir a Nuova Terni Industrie Chimiche, je neslučitelná se společným trhem (článek 1) a Italská republika zajistí, aby příjemci uvedenou podporu navrátili (článek 2). Žalobkyně zpochybňuje platnost příkazu k navrácení podpory a tvrdí, že částky obdržené do roku 2007 jí byly vyplaceny výhradně z titulu zálohy na částky splatné na základě provádění zákona č. 9/91, o čemž Komise věděla, jak prokazují body 33 až 35 a bod 162 odůvodnění napadeného rozhodnutí. Především je třeba zdůraznit, že krok, spočívající v informování Komise během správního řízení o tom, že sporné podpory nebyly dosud příjemcům vyplaceny, nezaručuje, že nebyly vyplaceny následně, zejména mezi okamžikem, kdy došlo k informování Komise, a okamžikem oznámení konečného rozhodnutí. V žádném případě nelze Komise vytýkat, že ve snaze zajistit vyšší úroveň právní jistoty jasně uvedla konkrétní důsledky svého rozhodnutí (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 28. dubna 1993, Itálie v. Komise, C‑364/90, Recueil, s. I‑2097, body 48 a 49), což Komise učinila v bodech 160 až 162 odůvodnění napadeného rozhodnutí. Je třeba dále uvést, že z napadeného rozhodnutí vyplývá, že po zahájení formálního vyšetřovacího řízení agentura AEEG rozhodnutím č. 190/06 podmínila platby podle zákona č. 80/05 poskytnutím záruky společnostmi ex-Terni ke krytí rizika navrácení podpory (bod 33 odůvodnění napadeného rozhodnutí). V témže rozhodnutí AEEG předpokládala alternativu vyplatit v roce 2006 jako zálohu částky podpory, které by byly splatné do konce doby platnosti předchozího opatření (2007) na základě zákona č. 9/91. U těchto částek AEEG záruku nepožadovala. Tuto možnost společnosti ex-Terni přijaly a AEEG provedla (bod 34 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Komise uvádí, že s výjimkou zálohových plateb uvedených v předchozím bodě „se na všechny ostatní platby uskutečněné Cassa Conguaglio [per il settore elettrico (vyrovnávací fond pro odvětví elektrické energie)] pro společnosti podle zákona č. 80/05 vztahuje záruka“ (bod 35 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Zdá se, že Komise měla ohledně údajů, které měla k dispozici během správního řízení, za to, že žalobkyně obdržela v roce 2006 podporu jak z titulu zálohy na základě zákona č. 9/91, tak z titulu zákona č. 80/05. To vysvětluje, proč Komise požadovala navrácení již vyplacené podpory a uváděla, že zbývající částky podpory, které by si příjemci mohli nárokovat na základě zákona č. 9/91, „pokud by nebyl zaveden zákon č. 80/05“, mohou být odečteny z celkové částky, která má být vrácena (bod 162 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Ve svých písemnostech Komise zdůraznila skutečnost, že během správního řízení ani italské orgány, ani žalobkyně netvrdily, že navzdory vstupu sporného opatření v platnost společnosti ex-Terni nezískaly výhody s ním spojené. Písemnosti žalobkyně neobsahují žádnou skutečnost umožňující toto prohlášení Komise zpochybnit. Naproti tomu je toto prohlášení potvrzeno obsahem žaloby, v níž žalobkyně vytýká Komisi, že neprovedla šetření, které by jí umožnilo konstatovat neexistenci jakékoli částky, která má být vrácena. Žalobkyně tvrdí, že Komisi nezajímalo „ověřit, zda konkrétně [Italská republika] skutečně provedla nové opatření v části, která přesahuje částky, na které by [žalobkyně] měla nárok na základě zákona č. 9/91 (případně po složení záruky)“. V tomto stádiu je třeba připomenout ustálenou judikaturu, podle které musí být legalita rozhodnutí v oblasti státních podpor posuzována v závislosti na informacích, které měla Komise k dispozici v okamžiku, kdy jej přijala (rozsudky Soudního dvora ze dne 13. června 2002, Nizozemsko v. Komise, C‑382/99, Recueil, s. I‑5163, bod 49, a Španělsko v. Komise, bod 57 výše, bod 31). Přitom není prokázáno, že by Komise při přijetí napadeného rozhodnutí věděla, že částky vyplacené žalobkyni vyrovnávacím fondem pro odvětví elektrické energie byly vyplaceny výhradně na základě zákona č. 9/91. Konečně je třeba uvést, že povinnost členského státu vypočítat přesnou částku podpor k navrácení, zejména v případech, kdy tento výpočet závisí na údajích, které uvedený stát nesdělil Komisi, je součástí obecnější povinnosti vzájemné loajální spolupráce mezi Komisí a členskými státy při provádění pravidel Smlouvy v oblasti státních podpor (rozsudek Nizozemsko v. Komise, bod 248 výše, bod 91). Nemůže být Komisi vytýkáno, že nezohlednila případné skutkové či právní okolnosti, které jí mohly být předloženy během správního řízení, avšak předloženy nebyly, neboť Komise není povinna šetřit z úřední povinnosti a odhadem, které informace jí mohly být předloženy (rozsudek Tribunálu ze dne 14. ledna 2004, Fleuren Compost v. Komise, T‑109/01, Recueil, s. II‑127, bod 49). V důsledku toho i za předpokladu, že by skutečnost tvrzená žalobkyní a připomenuté v bodě 249 výše byla pravdivá, nemůže ovlivnit platnost napadeného rozhodnutí, nýbrž pouze způsob navracení podpory [rozsudek Tribunálu ze dne 31. května 2006, Kuwait Petroleum (Nizozemsko) v. Komise, T‑354/99, Sb. rozh. s. II‑1475, bod 68]. Navrácení podpory je třeba v zásadě provést podle příslušných ustanovení vnitrostátního práva, avšak s výhradou, že použití těchto ustanovení prakticky neznemožní navrácení vyžadované právem Společenství (rozsudky Soudní dvora Tubemeuse, bod 55 výše, bod 61, a ze dne 20. září 1990, Komise v. Německo, C‑5/89, Recueil, s. I‑3437, bod 12), přičemž řešení sporů týkajících se provedení uvedeného navrácení přísluší výhradně vnitrostátním soudům [výše uvedený rozsudek Kuwait Petroleum (Nederland) v. Komise, bod 68]. Z výše uvedených úvah vyplývá, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 88 odst. 3 ES musí být zamítnut. K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 14 odst. 1 nařízení č. 659/1999 a zásady ochrany legitimního očekávání Argumenty účastnic řízení Žalobkyně uvádí, že podle čl. 14 odst. 1 nařízení č. 659/1999 „Komise nebude vyžadovat navrácení podpory, pokud by to bylo v rozporu s obecnými zásadami práva Společenství“. V projednávané věci přitom nařízení vrátit podporu obsažené v napadeném rozhodnutí představuje porušení zásady ochrany legitimního očekávání, které se v oblasti státních podpor, pokud je vykládána restriktivně, lze dovolávat za podmínek nebo mimořádných okolností, které mohou založit očekávání v určitý právní stav. Komise nemůže z judikatury spadající do jiného kontextu, než je kontext projednávané věci, vyvodit absolutní a univerzální pravidlo omezující ochranu legitimního očekávání pouze na případy, kdy správní orgán poskytl dotčené osobě „konkrétní ujištění“ ohledně daného právního stavu. Legitimní očekávání žalobkyně ohledně režimu Terni bylo vyvoláno souhrnem významných, ověřitelných a jednoznačných právních aktů a jednání. Žalobkyně připomíná, že italské orgány poprvé prodloužily sazbu Terni v čl. 20 odst. 4 zákona č. 9/91 z důvodu souběžného prodloužení platnosti koncesí na vodní elektrárny samovýrobců, kteří „unikli“ zestátnění v odvětví elektrické energie v roce 1962, a poté daný zákon oznámily Komisi, aby jej přezkoumala z pohledu právní úpravy týkající se státních podpor. Prostřednictvím rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 Komise v plném rozsahu a bez námitek povolila zákon č. 9/91. Dané rozhodnutí neobsahovalo žádný bod kvalifikující prodloužení platnosti sazby Terni stanovené v čl. 20 odst. 4 zákona č. 9/91 jako „slučitelnou podporu“. Naopak Komise v daném rozhodnutí prohlásila, že se rozhodla nevznést námitky proti používání ustanovení uvedeného zákona. Komise nepředložila důkaz svých tvrzení, podle kterých rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991, které ani zdaleka neuvádělo, že režim stanovený zákonem č. 9/91 nemá povahu podpory, prohlásilo daný režim za slučitelný se společným trhem. Žalobkyně tvrdí, že po přijetí rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 nastala fáze dialogu mezi italskými orgány a Komisí, následovaná vyšetřováním Komise ohledně prodloužení platnosti sazby Terni obsaženého v zákoně č. 9/91 ES, jež byl schválen dopisem italského Ministerstva průmyslu, obchodu a řemeslné výroby ze dne 19. září 1991 zaslaným italskému Ministerstvu pro správu státních podílů a v listopadu 1991 zaslán faxem předsednictvím Rady Stálému zastoupení Italské republiky při Evropských společenstvích. V této korespondenci italské orgány zpochybnily, že by prodloužení platnosti sazby Terni mohlo být považováno za státní podporu. Přitom Komise nevznesla žádnou námitku vůči závěrům uvedených orgánů, a tím implicitně uznala jejich opodstatněnost. Tato výměna dopisů, k níž došlo po přijetí rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991, odporuje tezi Komise, podle které uvedené rozhodnutí schvalující prodloužení platnosti sazby Terni považovalo dané prodloužení za podporu slučitelnou s právem Společenství. Komise se omezila na popření možnosti nalézt obsah výše uvedeného dopisu a faxu ve spisu, na základě kterého bylo přijato rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991, a Tribunál ji musel vyzvat, aby předložila korespondenci zaslanou Italské republice patrně v září 1991 týkající se prodloužení platnosti sazby Terni. Žalobkyně tvrdí, že rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991, následná výměna dopisů, jakož i následný souhlas Komise, zakládají „právní stav“. To u žalobkyně vzbudilo legitimní očekávání ohledně zachování kompenzační povahy režimu Terni i po jeho ex post opětovném vymezení, jež by mělo být považováno za legální. Tyto úvahy vylučují kvalifikaci daného režimu jako státní podpory. Uvedené skutečnosti umožňují prokázat existenci mimořádných okolností, jež žalobkyni, jakož i italské orgány, vedly ke spoléhání na to, že kompenzační povaha režimu Terni nebude při prodloužení platnosti sazby Terni změněna a že bude dodržena souběžnost, o níž bylo rozhodnuto na počátku, mezi virtuálním samovýrobcem a samovýrobcem, který má v držení koncesi na vodní elektrárny. Zjištění Komise uvedené v bodě 123 odůvodnění napadeného rozhodnutí, podle kterého sporné opatření změnilo způsob výpočtu sazby Terni, nemůže vyvrátit závěr uvedený v předchozím bodě. Podle žalobkyně souhrn skutečností, které u ní vyvolaly legitimní očekávání, neplyne z totožnosti způsobů výpočtu přijatých pro účely stanovení dané sazby v roce 1991 a poté v roce 2005, ale z toho, že v obou případech byla náhrada poskytnutá společnosti Terni (a její nástupkyně) právoplatně opětovně vymezena ex post v souladu s původním důvodem své existence a že rovněž v obou případech opětovné vymezení ex post daného opatření týkajícího se náhrady nemohlo samo o sobě způsobit kvalifikaci daného opatření jako podpory. Komise opomněla zohlednit skutečnost, že tento způsob revize byl méně výhodný pro podniky příjemce nepodléhající výnosu č. 1165/63 a jeho jediným cílem bylo odrážet v určité míře změny cen elektřiny zaznamenané na trzích, což bylo v roce 1963 zjevně nemožné. Žalobkyně zdůrazňuje, že v dobré víře důvěřovala souhlasu, který Komise vydala ohledně kompenzační povahy prodloužení, o níž bylo rozhodnuto v roce 1991 za účelem uskutečnění významných investic do odvětví metalurgie na základě dohody s italskými orgány, pro něž bylo prodloužení kompenzačního opatření hlavním závazkem v odpovědi na významná rozhodnutí převzatá v oblasti investic a zachování pracovních míst. Nakonec tvrdí, že případné vrácení preferenční sazby by rovněž bylo v rozporu s pravidlem non venire contra factum proprium , jež zakazuje Komisi jednat ve stejných otázkách podstatně odlišným způsobem, zejména pokud takové jednání vyvolalo u jeho adresátů přesvědčení, že existuje určitý právní stav. Tato zásada ochrany legitimního očekávání zakazuje Komisi vrátit se v projednávané věci k jejímu posouzení kompenzační povahy preferenční sazby. Komise tvrdí, že judikatura jasně a stále potvrzuje, že zásadu ochrany legitimního očekávání lze uplatnit pouze pokud existují „konkrétní ujištění“, která byla poskytnuta správním orgánem, a nikoli, jako v projednávané věci, vágní a navíc neupřesněné okolnosti považované za důvod vzniku „právního stavu“. Žalobkyně nemůže založit svůj žalobní důvod na pouhé výměně dopisů mezi různými italskými správními orgány. Je zjevné, že i za předpokladu, že skutečně došlo ke stykům mezi Komisí a italskými orgány, nelze mít v žádném případě za to, že mohly založit právní stav dovolávaný žalobkyní bez znalosti obsahu případných sdělení Komise, po kterých není žádná stopa. Zdálo by se, že z dopisu ze dne 19. září 1991 uvedeného žalobkyní vyplývá, že Komise požádala italské orgány o informace ve věci prodloužení platnosti sazby Terni stanoveného zákonem č. 9/91. Tato skutečnost, která zdaleka nepotvrzuje tezi žalobkyně, naopak naznačuje, že v rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 Komise nezaujala ohledně prodloužení platnosti sazby Terni konkrétní stanovisko, neboť žádost o informace by v opačném případě neměla smysl. V každém případě nemohla žádná skutečnost týkající se rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 podnítit italské orgány ani společnosti ex-Terni k tomu, aby si myslely, že Komise nepovažuje prodloužení platnosti sazby Terni za státní podporu. Komise dodává, že sporné opatření nejenže prodloužilo dobu platnosti preferenční sazby, ale také zcela změnilo metodu výpočtu dané sazby, a vyvodila z toho, že se tedy společnosti ex-Terni nemohou domnívat, ani s ohledem na tuto významnou změnu, že sporné opatření bylo nepřímo zahrnuto v rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991, jež odkazovalo na zákon č. 9/91. Závěry Tribunálu Je třeba připomenout, že sporné opatření bylo zavedeno bez předchozího oznámení, čímž byl porušen čl. 88 odst. 3 ES. Přitom s ohledem na imperativní charakter kontroly státních podpor prováděné Komisí na základě článku 88 ES mohou podniky v zásadě mít legitimní očekávání, že byla při poskytování podpory zachována pravidla pouze v případě, že tato podpora byla poskytnuta v souladu s postupem upraveným uvedeným článkem. S řádnou péčí postupující hospodářský subjekt musí být totiž běžně schopen ujistit se o tom, že byl tento postup dodržen (rozsudky Soudního dvora Komise v. Německo, bod 251 výše, bod 14, a ze dne 14. ledna 1997, Španělsko v. Komise, C‑169/95, Recueil, s. I‑135, bod 51; rozsudek Tribunálu ze dne 6. března 2002, Diputación Foral de Álava a další v. Komise, T‑127/99, T‑129/99 a T‑148/99, Recueil, s. II‑1275, bod 235). Konkrétně, pokud je podpora poskytnuta bez předchozího oznámení Komisi, takže je podle čl. 88 odst. 3 ES protiprávní, příjemce podpory nemůže mít v tomto okamžiku legitimní očekávání, že byla při poskytování podpory zachována pravidla (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 2004, Demesa a Territorio Histórico de Álava v. Komise, C‑183/02 P a C‑187/02 P, Recueil, s. I‑10609, bod 45). Judikatura však nevylučuje možnost, že by se příjemci protiprávní podpory dovolávali výjimečných okolností, které v nich mohly vyvolat legitimní očekávání ohledně souladu této podpory s pravidly, aby zabránili jejímu navrácení (rozsudky Soudního dvora ze dne 10. června 1993, Komise v. Řecko, C‑183/91, Recueil, s. I‑3131, bod 18, a Demesa a Territorio Histórico de Álava v. Komise, bod 270 výše, bod 51; rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 1998, BFM a EFIM v. Komise, T‑126/96 a T‑127/96, Recueil, s. II‑3437, bod 69). Je třeba uvést, že je přípustné, aby příjemci protiprávní podpory uplatnili takové okolnosti, jak vyplývá z rozsudku Soudního dvora ze dne 24. listopadu 1987, RSV v. Komise (223/85, Recueil, s. 4617, bod 17). V daném rozsudku měl Soudní dvůr za to, že dlouhá doba, kterou Komise potřebovala k rozhodnutí, že podpora je protiprávní a že musí být členským státem zrušena a vybrána zpět, může za určitých okolností u příjemců uvedené podpory vyvolat legitimní očekávání, které může Komisi bránit v tom, aby přikázala uvedenému členskému státu, aby nařídil její navrácení. Z toho vyplývá, že existence mimořádných okolností může odůvodnit zrušení rozhodnutí Komise, pokud je Komise opomene zohlednit, a že příjemce podpory může před soudem Společenství uplatnit argument legitimního očekávání. Je třeba rovněž a zejména uvést, že přijetí nařízení č. 659/1999 vytvořilo novou situaci, co se týče navrácení neslučitelných podpor, z čehož je třeba vyvodit veškeré právní důsledky. Článek 14 odst. 1 uvedeného nařízení potvrzuje systematičnost navrácení (první věta), přičemž stanoví výjimku (druhá věta) pokud by navrácení podpory bylo v rozporu s obecnými zásadami práva Unie. Existuje tedy ustanovení sekundárního práva, které musí Komise zohlednit při přijetí svých rozhodnutí, a které ji může případně vést k tomu, že se vzdá požadavku na vrácení neslučitelné podpory. Je nezpochybnitelné, že porušení takového ustanovení lze uplatnit na podporu zrušení části rozhodnutí, které nařizuje vrátit podporu. To je případ v projednávané věci v tom smyslu, že Komise v bodech 149 až 159 odůvodnění napadeného rozhodnutí ověřila existenci mimořádných okolností, které by mohly založit legitimní očekávání ze strany společností ex-Terni ohledně legality napadeného opatření, a dospěla k tomu, že neexistují, což žalobkyně zpochybňuje a uplatňuje porušení článku 14 nařízení č. 659/1999 a zásady ochrany legitimního očekávání. Pokud jde o opodstatněnost uvedeného žalobního důvodu, argumentace žalobkyně neprokázala existenci mimořádných okolností, které by mohly být základem legitimního očekávání ohledně regulérnosti dotčené podpory, nebo jak tvrdí žalobkyně, ohledně skutečnosti, že sporné opatření není státní podporou. Je totiž nesporné, že rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 nevznášet námitky podle definice v čl. 4 odst. 3 nařízení č. 659/1999 odpovídá situaci, v níž Komise po předběžném přezkumu určí, že oznámené opatření, které spadá do působnosti čl. 87 odst. 1 ES, nevyvolává pochybnosti o své slučitelnosti se společným trhem, a v důsledku toho rozhodne, že toto opatření je se společným trhem slučitelné. Znění uvedeného rozhodnutí potvrzuje prohlášení Komise, podle kterého opatření týkající se prodloužení platnosti sazby Terni obsažené v zákoně č. 9/91 bylo kvalifikováno jako slučitelná podpora (viz bod 113 výše). Skutečnost, že z dopisu italského Ministerstva průmyslu, obchodu a řemeslné výroby ze dne 19. září 1991 zaslaného italskému Ministerstvu pro správu státních podílů vyplývá, že po přijetí rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 Komise požádala italské orgány o informace ve věci prodloužení platnosti sazby Terni stanovené zákonem č. 9/91, nemůže tento závěr zpochybnit. Tato skutečnost spíše prokazuje, jak uvádí Komise v bodech 134 a 135 odůvodnění napadeného rozhodnutí, že dokumenty, na nichž bylo rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 založeno, obsahovaly pouze stručný popis a hodnocení článků, zákona č. 9/91, jež mají význam s ohledem na státní podporu, a že čl. 20 odst. 4 zákona, který stanoví prodloužení platnosti sazby Terni, zmíněn nebyl, což neumožňuje s jistotou určit, zda Komise sazbu Terni prověřila a hodlala schválit. Pouhá žádost Komise o informace a její mlčení po obdržení odpovědi italských orgánů nemůže být základem pro legitimní očekávání žalobkyně, dokonce ani za předpokladu, že byla skutečně vydána a Komisí obdržena. Jednání Komise od srpna do listopadu 1991 mohlo u žalobkyně nanejvýš vyvolat dojem jistého zmatení a vyvolat otázky o jeho smyslu. Přitom pouhá skutečnost, že kvalifikace opatření týkajícího se prodloužení platnosti sazby Terni stanovené zákonem č. 9/91 jako státní podpory se příjemci podpory mohla zdát pochybná, je zjevně nedostačující pro odůvodnění jakéhokoli legitimního očekávání ze strany příjemce v regulérnost podpory nebo ve skutečnost, že sporné opatření nepředstavuje státní podporu (viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 29. září 2000 ESTM v. Komise, T‑55/99, Recueil, s. II‑3207, bod 128). Konečně, jak v bodě 154 odůvodnění napadeného rozhodnutí poznamenává Komise, rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 se týká pouze opatření stanoveného zákonem č. 9/91, a proto povolení daného opatření nezakládá legitimní očekávání ohledně legality nového opatření zavedeného zákonem č. 80/05 nebo ohledně skutečnosti, že v něm obsažené prodloužení platnosti sazby Terni nepředstavuje podporu. Je třeba v tomto ohledu připomenout, že zákon č. 9/91 měl dvojí cíl, tedy současné prodloužení doby platnosti sazby Terni a koncesí na vodní elektrárny samovýrobců do roku 2001, ale také odstranění dané sazby do konce roku 2007. Je nesporné, že sporné opatření jednak ukončilo proces postupného snižování sazby Terni, neboť stanovilo jeho uplatnění přinejmenším do roku 2010, a jednak zcela změnilo způsob výpočtu uvedené sazby, jak vyplývá z bodů 123 a 124 odůvodnění napadeného rozhodnutí. V tomto kontextu Komise kvalifikovala sporné opatření jako novou podporu, přičemž žalobkyně tuto kvalifikaci nezpochybňuje. Dané opatření mělo být oznámeno Komisi v souladu s čl. 88 odst. 3 ES, k čemuž nedošlo. Z toho plyne, že žalobkyně nemohla z rozhodnutí ze dne 6. srpna 1991 a následného chování Komise vyvodit, že nové opatření týkající se prodloužení zavedeného zákonem č. 80/05 nelze kvalifikovat jako státní podporu ve smyslu článku 87 ES. Za těchto okolností je třeba zamítnout žalobní důvod vycházející z porušení čl. 14 odst. 1 nařízení č. 659/1999 a ze zásady ochrany legitimního očekávání. Ze souhrnu výše uvedených úvah, aniž je třeba ukládat požadovaná organizační procesní opatření, vyplývá, že žaloba musí být zamítnuta v plném rozsahu. K nákladům řízení Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že Komise požadovala náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení Z těchto důvodů TRIBUNÁL (pátý senát) rozhodl takto: 1) Žaloba se zamítá. 2) Společnosti ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA se ukládá náhrada nákladů řízení. Vilaras Prek Ciucă Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 1. července 2010. Podpisy. * Jednací jazyk: italština.

61994CJ0050

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 7 de Fevereiro de 1994, a República Helénica pediu, ao abrigo do artigo 173. , primeiro parágrafo, do Tratado CE, a anulação parcial da Decisão 93/659/CE da Comissão, de 25 de Novembro de 1993, relativa ao apuramento das contas dos Estados-Membros quanto às despesas financiadas pelo Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), secção "Garantia", com respeito ao exercício financeiro de 1990 (JO L 301, p. 13), na parte que a concerne. 2 O recurso tem por objecto a anulação desta decisão na medida em que a Comissão declarou não imputáveis ao FEOGA os montantes seguintes: ° 866 305 307 DR a título de restituições à exportação de alimentos para animais; ° 981 233 150 DR a título de um décimo da ajuda à produção de azeite; ° 4 491 969 372 DR a título de restituições à exportação e de prémios ao tabaco, pagos com base numa quantidade de 9 786 652 kg, equivalentes a um montante de 3 632 654 033 DR, e a título de restituições à exportação e de prémios ao tabaco equivalentes a um montante de 859 315 339 DR, montantes que foram objecto de uma reserva negativa em relação ao exercício de 1990. 3 Na audiência, o Governo helénico desistiu do seu recurso no que respeita à soma de 4 491 969 372 DR a título de restituições à exportação e de prémios ao tabaco. Quanto às despesas a título de restituições à exportação de alimentos para animais 4 A Comissão resumiu as razões das correcções financeiras impostas num relatório de síntese de 10 de Junho de 1993, do qual resulta que, com base numa missão de controlo efectuada em 1992, a Comissão concluiu que tinha havido, até 16 de Novembro de 1990, e no que toca à fixação dos preços de compra e de venda, intervenção do Serviço Central de Gestão da Produção Nacional (a seguir "KYDEP") no mercado dos alimentos para animais e que os prejuízos resultantes destas operações, acrescidos dos juros impostos pelo Banco Agrícola da Grécia, foram declarados ao Estado. Durante a visita de controlo, verificou-se nomeadamente que o KYDEP continuou a vender cereais (milho, cevada) aos produtores de alimentos para animais, a preços inferiores ao custo de compra. Dado que os défices declarados ao Estado na sequência das intervenções no mercado de alimentos para animais eram largamente superiores aos montantes declarados ao FEOGA a título de restituições à exportação, a Comissão impôs uma correcção financeira de 866 305 307 DR, ou seja, a totalidade dos montantes declarados a título de restituições à exportação de alimentos para animais com respeito ao exercício de 1990. 5 O Governo helénico alega, em primeiro lugar, que a Comissão, para proceder ao apuramento das contas, não tem direito a basear-se em factos que, como neste caso, só chegaram ao seu conhecimento após a data-limite mencionada no artigo 5. , n. 2, alínea b), do Regulamento (CEE) n. 729/70 do Conselho, de 21 de Abril de 1970, relativo ao financiamento da política agrícola comum (JO L 94, p. 13; EE 03 F3 p. 220), uma vez que esta disposição prevê que o apuramento das contas tenha lugar antes do fim do ano que sucede ao exercício considerado. Ora, referindo-se o apuramento impugnado ao ano de 1990, e mais particularmente ao período de 16 de Outubro de 1989 a 15 de Outubro de 1990, a Comissão tomou erradamente em consideração informações obtidas no decurso da missão de controlo de 1992, que, por conseguinte, são posteriores a 31 de Dezembro de 1991. 6 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão de 27 de Janeiro de 1988, Dinamarca/Comissão, 349/85, Colect., p. 169, n. 19), enquanto as contas não estiverem devidamente apuradas, a Comissão é obrigada, por força do artigo 2. do Regulamento n. 729/70, a recusar a tomada a cargo pelo FEOGA de restituições que não tiverem sido concedidas de acordo com as normas comunitárias. Esta obrigação não desaparece só pelo facto de o apuramento de contas ocorrer após a extinção do prazo previsto pelo artigo 5. do mesmo regulamento. Na falta de qualquer sanção ligada à inobservância desse prazo e tendo em conta a natureza da decisão de apuramento de contas, cujo objecto essencial é assegurar que as despesas efectuadas pelas autoridades nacionais o tenham sido de acordo com as normas comunitárias, aquele tem de ser considerado como um prazo indicativo, sob reserva de violação dos interesses dos Estados-Membros. 7 Segue-se que, neste caso, a Comissão tinha o direito de ter em conta os resultados da missão de controlo efectuada em 1992. Nestas condições, a argumentação do Governo helénico nesta matéria não pode ser acolhida. 8 Em segundo lugar, o Governo helénico acusa a Comissão de ter insuficientemente fundamentado a sua decisão de não reconhecer todas as despesas com a exportação. Considera, assim, que a Comissão deveria não somente ter demonstrado que existia um nexo entre a política do KYDEP e as exportações de alimentos para animais mas também qual teria sido, na falta desse nexo, o nível dos preços dos alimentos para animais e o das despesas correspondentes. 9 A este respeito, há que recordar, em primeiro lugar, que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça (v., nomeadamente, acórdão de 24 de Março de 1988, Reino Unido/Comissão, 347/85, Colect., p. 1749, n. 60), as decisões de apuramento das contas não exigem uma fundamentação detalhada, na medida em que o Governo interessado esteve estreitamente associado ao processo de elaboração da decisão e, portanto, conhece a razão pela qual a Comissão considera não dever imputar ao FEOGA os montantes em litígio. 10 No caso em apreço, é pacífico que o Governo helénico esteve estreitamente associado ao processo de elaboração da decisão impugnada e, portanto, conhecia a razão pela qual a Comissão considerava não dever imputar ao FEOGA o montante em litígio. Com efeito, por um lado, as conclusões da Comissão assentam em informações obtidas durante a visita de controlo efectuada na Grécia de 1 a 4 de Junho de 1992 e, por outro, a Comissão discutiu estas verificações com as autoridades helénicas, pois, tal como resulta do relatório de síntese, estas, não podendo aceitar as correcções propostas, pediram uma reserva positiva, que foi recusada. 11 É conveniente recordar seguidamente que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão Reino Unido/Comissão, já referido, n. 14), quando a Comissão se recusa a imputar ao FEOGA determinadas despesas, devido ao facto de terem sido provocadas por infracções à regulamentação comunitária imputáveis a um Estado-Membro, compete a este Estado demonstrar que estão reunidas as condições para obter o financiamento recusado pela Comissão. 12 No caso em apreço, resulta das conclusões contidas no relatório de síntese que os alimentos para animais eram geridos pelo KYDEP no quadro da execução de um monopólio estatal e que dava lugar a uma cobertura total pelo orçamento do Estado das despesas efectuadas, entre as quais nomeadamente os prejuízos com a venda destes produtos. Segundo a Comissão, a venda abaixo do preço de custo constitui uma ajuda nacional ilegal que, no caso de exportação desses produtos, se junta à restituição comunitária. Ora, numa situação normal, o impacto destas diminuições do preço de custo dos alimentos seria tal que, sem qualquer ajuda nacional, esses produtos não teriam podido ser exportados, devido ao seu preço elevado. 13 Para apoiar as suas afirmações, a Comissão referiu-se nomeadamente a uma carta do Ministério da Agricultura helénico ao KYDEP, que levou este a cessar as suas intervenções no mercado a partir de 16 de Novembro de 1990. O Governo helénico apresentou antes da audiência, a pedido do Tribunal, cópia desta carta. Nesta carta confidencial de 9 de Novembro de 1990, o ministério informava o KYDEP da revogação parcial, pelo Banco Nacional da Grécia, de duas das suas decisões, as de 26 de Julho e de 27 de Agosto de 1990. A pedido do Tribunal, o Governo helénico apresentou, após a audiência, a cópia destes documentos, cujo autor é a Comissão dos Preços e dos Rendimentos. 14 Referindo-se a diversas decisões anteriores dos anos de 1983, 1988 e 1990, relativas ao mesmo assunto, a decisão de 27 de Agosto de 1990, já referida, especifica os preços de colocação dos cereais forrageiros, por intermédio do KYDEP, à disposição dos criadores da Grécia, bem como das empresas industriais e artesanais de fabrico de alimentos compostos para animais, cujos produtos são exclusivamente destinados à colocação no consumo interno. No que concerne aos alimentos para animais destinados à exportação, a decisão autoriza o KYDEP a colocar cereais forrageiros à disposição das indústrias de fabrico de alimentos compostos para animais a um preço igual ao preço de custo (ou seja, o preço do mercado acrescido de todas as despesas inerentes à gestão, ao transporte, etc.), sem que daí resultem encargos, quaisquer que sejam, para o Tesouro Público. 15 Resulta deste documento que, durante todo o período em litígio, o KYDEP intervinha no mercado nacional dos alimentos para animais, diminuindo artificialmente os preços. Não se pode excluir que esta intervenção tenha tido incidência nas exportações de alimentos para animais. Com efeito, como salientou o advogado-geral no n. 25 das suas conclusões, a ajuda atribuída aos produtores de alimentos para animais, no que respeita às suas vendas no mercado nacional, pode ter-lhes permitido prosseguir as suas actividades, quando, na falta dessa ajuda, outros produtores comunitários teriam tido, em relação a eles, uma vantagem concorrencial, de modo que a manutenção da sua capacidade para exportarem e para beneficiarem de restituições à exportação podia depender desta ajuda no mercado nacional. 16 Tendo sido provado o nexo entre a política do KYDEP, que consistia em vender cereais abaixo do preço de custo, e os seus efeitos no regime das restituições à exportação, competia ao Governo helénico refutar a tese da Comissão de que os défices reclamados ao Estado na sequência das intervenções no mercado dos alimentos para animais eram largamente superiores aos montantes declarados ao FEOGA a título de restituições à exportação. Não tendo o Governo helénico apresentado essa prova, a Comissão tinha o direito de recusar o pagamento da totalidade do montante das despesas declaradas a título de restituições à exportação de alimentos para animais. 17 O Governo helénico afirma, em terceiro lugar, que, durante o período em litígio, o Estado não tinha qualquer ligação com o KYDEP. As ligações descritas na jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça não existiam neste período. Segundo ele, o KYDEP controlava absolutamente as suas operações, sem qualquer participação ou encorajamento do Governo helénico, e os seus défices não eram cobertos nem pela República Helénica nem pelo Banco Agrícola da Grécia. 18 Neste contexto, o Governo helénico sublinha que, por decisão de 31 de Maio de 1993, o Efeteio colocou o KYDEP em regime de liquidação especial. Se o KYDEP dispusesse de verdadeiros créditos em relação ao Estado, teria podido recorrer a dois processos para escapar à sua dissolução a breve prazo, a saber, chamar o Estado ao processo para que este pagasse o que devia ou intentar uma acção de indemnização contra este. Em conformidade com as disposições nacionais em vigor, os créditos de terceiros em relação ao Estado prescrevem no prazo de cinco anos a contar do seu nascimento. Portanto, no que toca a eventuais créditos em relação ao Estado surgidos em 1 de Janeiro de 1988, a acção de indemnização deveria ter sido intentada o mais tardar em 1992, o que não aconteceu. Em consequência, não houve qualquer envolvimento do Estado após o termo do ano de 1987. 19 Tal como resulta dos n.os 12 a 16 do presente acórdão, é, em primeiro lugar, pacífico que, durante o período em litígio, as autoridades helénicas controlaram as operações efectuadas pelo KYDEP no mercado nacional dos alimentos para animais e que estas intervenções tiveram repercussão no regime das restituições à exportação. Em segundo lugar, embora o KYDEP tenha sido colocado em liquidação em 1993, a pedido do Banco Agrícola da Grécia, estando os seus activos longe de serem suficientes para cobrir os seus prejuízos, o perdão das suas dívidas a um banco pertencente ao Estado teve, finalmente, por consequência ter este coberto deste modo os custos das suas intervenções no mercado. 20 O argumento relativo às despesas a título de restituições às exportações de alimentos para animais deve, por conseguinte, ser rejeitado. Quanto às despesas a título de ajudas à produção de azeite 21 Quanto ao capítulo "Ajuda à produção de azeite", o relatório de síntese refere uma insuficiência no controlo das despesas. Uma auditoria efectuada no âmbito do apuramento das contas revelou graves lacunas na organização do controlo da ajuda. Em particular, o relatório verifica a falta de um cadastro olivícola, quando o Regulamento (CEE) n. 154/75 do Conselho, de 21 de Janeiro de 1975, que estabelece o cadastro olivícola nos Estados-Membros produtores de azeite (JO L 19, p. 1; EE 03 F8 p. 72), com as alterações nele introduzidas pelo Regulamento (CEE) n. 3453/80 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1980 (JO L 360, p. 15; EE 03 F20 p. 73), previa o dia 31 de Outubro de 1988 como data-limite para a ultimação deste. Além disso, havia atrasos importantes na constituição de ficheiros informatizados, quando estes deviam ter sido criados até 31 de Outubro de 1990 [artigo 11. , n. 2, primeiro período, do Regulamento (CEE) n. 3061/84 da Comissão, de 31 de Outubro de 1984, que estabelece regras de aplicação do regime de ajuda à produção de azeite (JO L 288, p. 52; EE 03 F32 p. 169), na versão resultante do Regulamento (CEE) n. 98/89 da Comissão, de 17 de Janeiro de 1989 (JO L 14, p. 14)]. Aquando do controlo, verificou-se que os dados referentes a importantes regiões produtoras de azeite ainda não tinham sido registados. 22 O relatório salienta, além disso, que nomeadamente o DIDAGEP, o organismo pagador, não utiliza as informações contidas no ficheiro para efectuar verificações antes de pagar a ajuda. O serviço de controlo do azeite só realizou 499 controlos no local, em relação a todo o território helénico, no âmbito da campanha de 1989/1990, ou seja, uma percentagem absolutamente insuficiente, quando a regulamentação em vigor para esta campanha previa o controlo de 5% dos pedidos de ajuda. Em consequência, tendo em conta a inexistência de cadastro olivícola e de ficheiros informatizados, a situação existente na República Helénica não oferecia as garantias reclamadas pelo FEOGA. Uma retenção fixa de 10% do montante da ajuda paga a título da campanha de 1989/1990 estaria, portanto, justificada no âmbito do apuramento. 23 O Governo helénico alega, em primeiro lugar, que a falta de reconhecimento de uma quota-parte fixa das despesas constitui uma sanção que não está prevista na legislação comunitária e que excede os limites do poder discricionário da Comissão. 24 A Comissão recorda que, em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal, quando verifica a falta de mecanismos de controlo, pode recusar-se a pagar todas as subvenções. Apesar disso, só teve em conta, no caso em apreço, 10% dos montantes declarados, aplicando os critérios adoptados pelo comité interserviços, aprovados pela Comissão e comunicados a todos os Estados-Membros no seio do Comité de Gestão do FEOGA, onde tiveram um acolhimento favorável. Segundo a Comissão, estes critérios constituem uma base de acordo comum no sentido de que, se se verificar ser impossível determinar exactamente o montante das correcções, é seguida uma via média, escolhendo-se um montante fixo, o que permite simultaneamente o respeito do direito comunitário e a boa gestão dos recursos comunitários e satisfazer a vontade compreensível dos Estados-Membros, que desejam evitar correcções desmesuradas e desproporcionadas. 25 Os critérios prevêem três níveis de reduções fixas dos reembolsos, a saber, 2%, 5% e 10%, para ter em conta o grau de risco que apresentam, para o FEOGA, os diferentes níveis de falta de controlo. Uma correcção à taxa fixa de 10% da despesa pode ser operada se a falta disser respeito a todos ou aos elementos fundamentais do sistema de controlo ou ainda à execução de controlos essenciais destinados a garantir a regularidade da despesa, de modo que se pode razoavelmente concluir que existe um risco elevado de perda generalizada para o FEOGA. 26 É conveniente recordar, em primeiro lugar, que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão Reino Unido/Comissão, já referido, n. 13), na hipótese de se revelar impossível estabelecer com segurança em que medida uma actuação nacional incompatível com o direito comunitário provocou um aumento das despesas que figuram numa rubrica orçamental do FEOGA, a Comissão não tem outra alternativa senão recusar o financiamento da totalidade das despesas em questão. 27 Há que salientar, em seguida, que, quando a Comissão recusa imputar ao FEOGA determinadas despesas devido ao facto de terem sido provocadas por infracções à regulamentação comunitária imputáveis a um Estado-Membro, compete a este Estado-Membro demonstrar que estão reunidas as condições para obter o financiamento recusado pela Comissão (acórdão Reino Unido/Comissão, já referido, n. 14). Resulta do n. 15 deste acórdão que estas mesmas considerações são válidas quando a Comissão, em lugar de rejeitar a totalidade das despesas relacionadas com a infracção, procura demonstrar o impacto financeiro da acção ilegal por meio de cálculos baseados numa apreciação da situação que se teria verificado no mercado em questão se não tivesse existido a infracção. Em tal caso, o ónus de provar que estes cálculos não são exactos incumbe ao Estado que pede a anulação da recusa de financiamento. 28 Ora, embora, no âmbito da sua missão de apurar as contas, a Comissão se esforce, em lugar de recusar o financiamento da totalidade das despesas, por estabelecer regras destinadas a distinguir consoante o grau de risco que apresentam, para o FEOGA, os diferentes níveis de falta de controlo, o Estado-Membro deve demonstrar que estes critérios são arbitrários e injustos. Não tendo o Governo helénico feito essa prova, há que rejeitar a sua argumentação nesta matéria. 29 Em segundo lugar, o Governo helénico rejeita toda a responsabilidade da sua parte no atraso verificado na criação tanto do cadastro olivícola como dos ficheiros informatizados. O atraso verificado é, antes, imputável a razões objectivas. 30 Quanto ao cadastro olivícola, o Governo helénico salienta em especial que, em 28 de Dezembro de 1988, tinha enviado à Comissão um programa de ensaios para o estabelecimento desse cadastro. Em 21 de Junho de 1991, a Comissão propôs ao ministro da Agricultura a execução de trabalhos-piloto, antes de se realizar a tarefa principal. Ora, tendo as autoridades helénicas, de imediato, informado directamente a Comissão do problema da impossibilidade objectiva da criação e da rápida aplicação do cadastro olivícola e tendo os órgãos da República Helénica colaborado estreitamente com os da Comissão para resolver, desde o ano de 1988, este problema, a Comissão vem imputar a posteriori responsabilidades à República Helénica e recusa-se a reconhecer despesas efectuadas com as ajudas à produção de azeite. 31 No que diz respeito aos ficheiros informatizados, o Governo helénico observa que o atraso na sua constituição diz apenas respeito ao índice especial. 89% dos dados relativos à produção dos anos de 1985/1986 a 1988/1989 foram já informatizados. A informatização dos pedidos dos produtores relativos ao período de 1989/1990 foi realizada em 47%. Aqui também, o atraso será devido a uma impossibilidade objectiva. 32 A Comissão não contesta que tenha sido trocada correspondência durante os anos de 1991/1992 entre as administrações helénica e comunitária relativamente às dificuldades de constituição do cadastro olivícola, nem que se tenha comprometido a apoiar as operações a ele referentes. Sublinha que respeitou os seus compromissos e continuará a respeitá-los, mas que o resultado não foi atingido, o que prova, pelo menos, a negligência da administração nacional em instituir um meio indispensável para o controlo eficaz do sector. De facto, não existiu, em 1990, qualquer plano realista de elaboração de um cadastro olivícola. 33 A Comissão observa, além disso, que os ficheiros informatizados, ou seja, o meio tradicional de exercício dos controlos no domínio do azeite, não são actualizados desde há muitos anos. 34 Segundo o artigo 14. , n. 1, do Regulamento (CEE) n. 2261/84 do Conselho, de 17 de Julho de 1984, que adopta as regras gerais relativas à concessão de ajudas à produção de azeite e às organizações de produtores (JO L 208, p. 3); EE 03 F31 p. 232), "cada Estado-Membro produtor aplica um regime de controlos que garanta que o produto para o qual a ajuda é concedida tem direito ao benefício dessa ajuda". 35 Para a realização dos controlos e verificações, o Estado-Membro utiliza, entre outros meios, ficheiros informatizados de dados olivícolas (artigo 14. , n. 5, do Regulamento n. 2261/84). Estes ficheiros devem conter todos os elementos adequados para facilitar as operações de controlo e a investigação rápida das irregularidades (artigo 16. , n. 2, do mesmo regulamento). 36 O artigo 11. , n. 2, primeiro período, do Regulamento n. 3061/84, na redacção que lhe foi dada pelo Regulamento n. 98/89, prevê que todos os elementos do ficheiro informatizado deviam estar operacionais até 31 de Outubro de 1990. Além disso, os Estados-Membros utilizam os dados para os controlos, à medida que constituam ficheiros específicos (artigo 11. , n. 2, segundo período). 37 Além disso, segundo o artigo 11. , n. 1, segundo período, do mesmo regulamento, os Estados-Membros procederão à introdução dos dados de base do cadastro olivícola no ficheiro. Este cadastro, cuja função é fornecer os dados necessários sobre o potencial de produção e melhorar o funcionamento do regime das ajudas, devia estar plenamente constituído na República Helénica em 31 de Outubro de 1988 (artigo 1. do Regulamento n. 154/75, tal como alterado pelo Regulamento n. 3453/80). 38 O Governo helénico não contesta que, tanto na constituição do cadastro olivícola como no estado de adiantamento dos trabalhos de constituição do ficheiro informatizado, havia um atraso importante. 39 Uma vez que o Governo helénico alega impossibilidade objectiva de cumprir os prazos previstos, é conveniente recordar que, embora o Tribunal admita que um Estado-Membro possa invocar a impossibilidade absoluta de cumprir correctamente uma decisão comunitária (acórdão de 2 de Fevereiro de 1988, Comissão/Países Baixos, 213/85, Colect., p. 281, n. 22), esse Estado-Membro deve, em todo o caso, submeter em tempo útil os problemas ligados a essa execução à apreciação da instituição competente. Em tal caso, a instituição e o Estado-Membro devem, por força da regra que impõe aos Estados-Membros e às instituições comunitárias deveres recíprocos de cooperação leal, que inspira, nomeadamente, o artigo 5. do Tratado CE, colaborar de boa fé com vista a superar as dificuldades, no pleno respeito das disposições do Tratado (v., nomeadamente, acórdão de 4 de Abril de 1995, Comissão/Itália, C-348/93, Colect., p. I-673, n. 17). 40 Quanto ao cadastro olivícola, só por carta de 28 de Dezembro de 1988, ou seja, após a expiração do prazo fixado pelo Regulamento n. 3453/80, é que o Governo helénico apresentou à Comissão um programa de ensaios com vista à constituição do cadastro. O representante do Governo helénico confirmou, na audiência, que as dificuldades para constituir esse cadastro só foram notificadas à Comissão após a expiração do prazo prescrito. Ora, o facto de a Comissão ter apoiado, após esta data, os esforços do Governo helénico para cumprir as suas obrigações não pode, nestas condições, provar uma impossibilidade absoluta de constituição do cadastro na data exigida, não tendo o Governo helénico invocado qualquer argumento referente ao período anterior a 31 de Outubro de 1988. 41 No que diz respeito ao ficheiro informatizado, resulta do relatório dos controlos efectuados entre 4 e 8 de Novembro de 1991, junto do serviço de controlo do azeite, que os dados relativos a importantes regiões produtoras não constavam desse ficheiro. O relatório nota que não pôde ser apresentada qualquer justificação quanto ao atraso na constituição deste ficheiro. 42 Nestas condições, o Governo helénico não demonstrou que o atraso na constituição do cadastro olivícola e na constituição do ficheiro informatizado se devia a uma impossibilidade absoluta. 43 Em terceiro lugar, o Governo helénico observa que, quando surgiram problemas na recolha de dados, se procedeu a uma verificação suplementar dos dados através das direcções locais da agricultura. Essencialmente, não terá havido um problema de insuficiência de controlos em relação àqueles cujos dados não tinham ainda sido registados. 44 Neste contexto, o Governo helénico sublinha que a registada falta de controlos no local efectuados pelo serviço de controlo do azeite, controlos que atingem o número de 499 em relação ao exercício considerado, foi compensada pelos 1 534 controlos efectuados pelas direcções de agricultura localmente competentes. Elevando-se, assim, a taxa de controlo a 4,89% no que toca ao exercício considerado, a taxa de controlo de 4% imposta pelo Regulamento n. 98/89 foi largamente atingida. 45 A Comissão salienta que, neste caso, o FEOGA baseia a correcção do montante de 981 233 150 DR não apenas na falta do cadastro olivícola, constituindo este o instrumento privilegiado do controlo no sector do azeite, mas sobretudo numa execução muito deficiente dos controlos previstos, nomeadamente através dos ficheiros informatizados. 46 A Comissão observa ainda que, segundo o relatório dos controlos efectuados entre 4 e 8 de Novembro de 1991, o serviço de controlo do azeite procedeu, em 1990, a cerca de 500 controlos, em vez dos, pelo menos, 2 000 inicialmente previstos. Com base neste relatório, a Comissão estima que o pagamento pelo DIDAGEP, o organismo competente, das ajudas, como são pedidas pelos produtores por intermédio do Eleourgiki, que agrupa 76 organizações de produtores, sem qualquer verificação nem qualquer outro controlo dos dados, parece ser uma prática bem estabelecida. 47 É conveniente salientar, em primeiro lugar, que os controlos que devem ser efectuados nos termos do Regulamento n. 2261/84 são função da eventual inscrição do produtor numa organização ou associação de produtores. 48 No que concerne aos produtores associados, as organizações reconhecidas apresentam as declarações de cultura dos seus membros e efectuam um controlo no local de 5% destas declarações (artigo 6. , n. 1, do Regulamento n. 2261/84, conjugado com o artigo 4. , n. 2, do Regulamento n. 3061/84). Nos termos do artigo 14. , n. 2, do Regulamento n. 2261/84, os Estados-Membros produtores controlarão a actividade de cada organização de produtores e de cada união e, nomeadamente, as operações de controlo efectuadas por estes organismos. 49 No caso dos produtores independentes, o Estado-Membro em causa deve efectuar controlos por sondagem, no local, a fim de verificar a exactidão das declarações de cultura e o destino das azeitonas colhidas para a produção de azeite e, se possível, a transformação efectiva destas azeitonas em azeite (artigo 14. , n. 4, do Regulamento n. 2261/84). Estes controlos incidem sobre 1% dos olivicultores nas zonas em que os dados de base do cadastro olivícola estejam disponíveis e sobre 4% dos olivicultores nas outras zonas (artigo 10. , n. 2, do Regulamento n. 3061/84, na redacção que lhe foi dada pelo Regulamento n. 98/89). 50 No que diz respeito ao controlo dos produtores associados, resulta, em primeiro lugar, do relatório da Comissão sobre a sua visita de 4 a 8 de Novembro de 1991, que as organizações de produtores só efectuaram um controlo puramente documental de 5% dos pedidos de ajuda com base em registos anteriores, em vez de proceder a um controlo no local, tal como previsto no artigo 6. , n. 1, do Regulamento n. 2261/84. O Governo helénico e a Comissão estão de acordo, seguidamente, sobre o facto de que o serviço de controlo do azeite, sendo responsável pelo controlo das organizações de produtores nos termos do artigo 14. , n. 2, do Regulamento n. 2261/84, apenas fez ele próprio 499 controlos em vez dos 2 000 previstos. 51 O facto de, como defende o Governo helénico, as direcções departamentais do Ministério da Agricultura terem procedido a 1 534 controlos no local não pode colmatar estas lacunas, pois as autoridades em causa só são responsáveis pelo controlo dos produtores não associados. 52 O Governo helénico não demonstrou, portanto, que as afirmações da Comissão sobre a insuficiência dos controlos são inexactas. 53 Por último, e quanto à alegação do Governo helénico de que o serviço de controlo do azeite é mais um organismo comunitário do que um organismo nacional e que as suas eventuais carências não podem ser imputadas à República Helénica, é conveniente salientar que, segundo as verificações constantes do relatório do controlo, este serviço de controlo está colocado sob a autoridade do Ministério da Agricultura helénico e os seus agentes são funcionários públicos. Este argumento do Governo helénico não pode, portanto, ser acolhido. 54 O fundamento referente às despesas a título de ajudas à produção de azeite deve, por conseguinte, ser também rejeitado. 55 Resulta das considerações que precedem que deve ser negado provimento a todo o recurso. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 56 Por força do disposto no n. 2 do artigo 69. do Regulamento de Processo, a parte vencida deve ser condenada nas despesas. Tendo a República Helénica sido vencida, há que condená-la nas despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção) decide: 1) É negado provimento ao recurso. 2) A República Helénica é condenada nas despesas.

62014CJ0299

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Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 18 AEUV und 45 Abs. 2 AEUV, der Art. 4 und 70 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit ( ABl. L 166, S. 1 , berichtigt in ABl. 2004, L 200, S. 1 ) in der durch die Verordnung (EU) Nr. 1244/2010 der Kommission vom 9. Dezember 2010 ( ABl. L 338, S. 35 ) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 883/2004) sowie von Art. 24 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG ( ABl. L 158, S. 77 , berichtigt in ABl. 2004, L 229, S. 35 ). Es ergeht in einem Rechtsstreit zwischen dem Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen (im Folgenden: Jobcenter) einerseits und Herrn Peña Cuevas und Frau García-Nieto sowie ihrer gemeinsamen Tochter, Jovanlis Peña García, und dem Sohn von Herrn Peña Cuevas, Joel Luis Peña Cruz (im Folgenden zusammen: Familie Peña-García), andererseits wegen der Weigerung des Jobcenters, Leistungen der Grundsicherung nach den deutschen Rechtsvorschriften zu gewähren. Rechtlicher Rahmen Internationales Recht Art. 1 des Europäischen Fürsorgeabkommens, das von den Mitgliedern des Europarats am 11. Dezember 1953 in Paris unterzeichnet wurde und in Deutschland seit 1956 gilt (im Folgenden: Fürsorgeabkommen), stellt ein Gleichbehandlungsgebot mit folgendem Wortlaut auf: „Jeder der Vertragschließenden verpflichtet sich, den Staatsangehörigen der anderen Vertragschließenden, die sich in irgendeinem Teil seines Gebietes, auf das dieses Abkommen Anwendung findet, erlaubt aufhalten und nicht über ausreichende Mittel verfügen, in gleicher Weise wie seinen eigenen Staatsangehörigen und unter den gleichen Bedingungen die Leistungen der sozialen und Gesundheitsfürsorge … zu gewähren, die in der in diesem Teil seines Gebietes geltenden Gesetzgebung vorgesehen sind.“ Nach Art. 16 Buchst. b des Fürsorgeabkommens hat „[j]eder Vertragschließende … dem Generalsekretär des Europarates alle neuen Rechtsvorschriften mitzuteilen, die in Anhang I noch nicht aufgeführt sind. Gleichzeitig mit dieser Mitteilung kann der Vertragschließende Vorbehalte hinsichtlich der Anwendung dieser neuen Rechtsvorschriften auf die Staatsangehörigen der anderen Vertragschließenden machen.“ Der von der deutschen Regierung am 19. Dezember 2011 gemäß dieser Vorschrift erklärte Vorbehalt hat folgenden Wortlaut: „Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland übernimmt keine Verpflichtung, die im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – [im Folgenden: SGB II] in der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Leistungen an Staatsangehörige der übrigen Vertragsstaaten in gleicher Weise und unter den gleichen Bedingungen wie den eigenen Staatsangehörigen zuzuwenden.“ Dieser Vorbehalt wurde den übrigen vertragschließenden Parteien des Fürsorgeabkommens gemäß dessen Art. 16 Buchst. c zur Kenntnis gebracht. Unionsrecht Verordnung Nr. 883/2004 Art. 4 („Gleichbehandlung“) der Verordnung Nr. 883/2004 bestimmt: „Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, haben Personen, für die diese Verordnung gilt, die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats wie die Staatsangehörigen dieses Staates.“ Art. 70 („Allgemeine Vorschrift“) der Verordnung Nr. 883/2004 steht in Kapitel 9 („Besondere beitragsunabhängige Geldleistungen“) des Titels III dieser Verordnung. Er sieht vor: „(1)   Dieser Artikel gilt für besondere beitragsunabhängige Geldleistungen, die nach Rechtsvorschriften gewährt werden, die aufgrund ihres persönlichen Geltungsbereichs, ihrer Ziele und/oder ihrer Anspruchsvoraussetzungen sowohl Merkmale der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit als auch Merkmale der Sozialhilfe aufweisen. (2)   Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck ‚besondere beitragsunabhängige Geldleistungen‘ die Leistungen: a) die dazu bestimmt sind: i) einen zusätzlichen, ersatzweisen oder ergänzenden Schutz gegen die Risiken zu gewähren, die von den in Artikel 3 Absatz 1 genannten Zweigen der sozialen Sicherheit gedeckt sind, und den betreffenden Personen ein Mindesteinkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts garantieren, das in Beziehung zu dem wirtschaftlichen und sozialen Umfeld in dem betreffenden Mitgliedstaat steht, oder ii) allein dem besonderen Schutz des Behinderten zu dienen, der eng mit dem sozialen Umfeld dieser Person in dem betreffenden Mitgliedstaat verknüpft ist, und b) deren Finanzierung ausschließlich durch obligatorische Steuern zur Deckung der allgemeinen öffentlichen Ausgaben erfolgt und deren Gewährung und Berechnung nicht von Beiträgen hinsichtlich der Leistungsempfänger abhängen. Jedoch sind Leistungen, die zusätzlich zu einer beitragsabhängigen Leistung gewährt werden, nicht allein aus diesem Grund als beitragsabhängige Leistungen zu betrachten, und c) die in Anhang X aufgeführt sind. (3)   Artikel 7 und die anderen Kapitel dieses Titels gelten nicht für die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Leistungen. (4)   Die in Absatz 2 genannten Leistungen werden ausschließlich in dem Mitgliedstaat, in dem die betreffenden Personen wohnen, und nach dessen Rechtsvorschriften gewährt. Die Leistungen werden vom Träger des Wohnorts und zu seinen Lasten gewährt.“ In Anhang X („Besondere beitragsunabhängige Geldleistungen“) der Verordnung Nr. 883/2004 sind für die Bundesrepublik Deutschland folgende Leistungen aufgeführt: „… b) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts der Grundsicherung für Arbeitssuchende, soweit für diese Leistungen nicht dem Grunde nach die Voraussetzungen für den befristeten Zuschlag nach Bezug von Arbeitslosengeld (§ 24 Absatz 1 [SGB II]) erfüllt sind“. Richtlinie 2004/38 Die Erwägungsgründe 10, 16 und 21 der Richtlinie 2004/38 lauten: „(10) Allerdings sollten Personen, die ihr Aufenthaltsrecht ausüben, während ihres ersten Aufenthalts die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch nehmen. … … (16) Solange die Aufenthaltsberechtigten die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch nehmen, sollte keine Ausweisung erfolgen. Die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen sollte daher nicht automatisch zu einer Ausweisung führen. Der Aufnahmemitgliedstaat sollte prüfen, ob es sich bei dem betreffenden Fall um vorübergehende Schwierigkeiten handelt, und die Dauer des Aufenthalts, die persönlichen Umstände und den gewährten Sozialhilfebetrag berücksichtigen, um zu beurteilen, ob der Leistungsempfänger die Sozialhilfeleistungen unangemessen in Anspruch genommen hat, und in diesem Fall seine Ausweisung zu veranlassen. In keinem Fall sollte eine Ausweisungsmaßnahme gegen Arbeitnehmer, Selbstständige oder Arbeitssuchende in dem vom Gerichtshof definierten Sinne erlassen werden, außer aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit. … (21) Allerdings sollte es dem Aufnahmemitgliedstaat überlassen bleiben, zu bestimmen, ob er anderen Personen als Arbeitnehmern oder Selbstständigen, Personen, die diesen Status beibehalten, und ihren Familienangehörigen Sozialhilfe während der ersten drei Monate des Aufenthalts oder im Falle von Arbeitssuchenden für einen längeren Zeitraum gewährt oder vor Erwerb des Rechts auf Daueraufenthalt Unterhaltsbeihilfen für die Zwecke des Studiums, einschließlich einer Berufsausbildung, gewährt.“ Art. 6 („Recht auf Aufenthalt bis zu drei Monaten“) dieser Richtlinie bestimmt: „(1)   Ein Unionsbürger hat das Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten, wobei er lediglich im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein muss und ansonsten keine weiteren Bedingungen zu erfüllen oder Formalitäten zu erledigen braucht. (2)   Absatz 1 gilt auch für Familienangehörige im Besitz eines gültigen Reisepasses, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen und die den Unionsbürger begleiten oder ihm nachziehen.“ Art. 7 („Recht auf Aufenthalt für mehr als drei Monate“) Abs. 1 der Richtlinie sieht vor: „Jeder Unionsbürger hat das Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats für einen Zeitraum von über drei Monaten, wenn er a) Arbeitnehmer oder Selbstständiger im Aufnahmemitgliedstaat ist oder b) für sich und seine Familienangehörigen über ausreichende Existenzmittel verfügt, so dass sie während ihres Aufenthalts keine Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats in Anspruch nehmen müssen, und er und seine Familienangehörigen über einen umfassenden Krankenversicherungsschutz im Aufnahmemitgliedstaat verfügen … …“ Art. 14 („Aufrechterhaltung des Aufenthaltsrechts“) der Richtlinie 2004/38 lautet: „(1)   Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen steht das Aufenthaltsrecht nach Artikel 6 zu, solange sie die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch nehmen. (2)   Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen steht das Aufenthaltsrecht nach den Artikeln 7, 12 und 13 zu, solange sie die dort genannten Voraussetzungen erfüllen. In bestimmten Fällen, in denen begründete Zweifel bestehen, ob der Unionsbürger oder seine Familienangehörigen die Voraussetzungen der Artikel 7, 12 und 13 erfüllen, können die Mitgliedstaaten prüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Prüfung wird nicht systematisch durchgeführt. (3)   Die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistungen durch einen Unionsbürger oder einen seiner Familienangehörigen im Aufnahmemitgliedstaat darf nicht automatisch zu einer Ausweisung führen. (4)   Abweichend von den Absätzen 1 und 2 und unbeschadet der Bestimmungen des Kapitels VI darf gegen Unionsbürger oder ihre Familienangehörigen auf keinen Fall eine Ausweisung verfügt werden, wenn a) die Unionsbürger Arbeitnehmer oder Selbstständige sind oder b) die Unionsbürger in das Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats eingereist sind, um Arbeit zu suchen. In diesem Fall dürfen die Unionsbürger und ihre Familienangehörigen nicht ausgewiesen werden, solange die Unionsbürger nachweisen können, dass sie weiterhin Arbeit suchen und dass sie eine begründete Aussicht haben, eingestellt zu werden.“ Art. 24 („Gleichbehandlung“) der Richtlinie 2004/38 sieht vor: „(1)   Vorbehaltlich spezifischer und ausdrücklich im Vertrag und im abgeleiteten Recht vorgesehener Bestimmungen genießt jeder Unionsbürger, der sich aufgrund dieser Richtlinie im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats aufhält, im Anwendungsbereich des Vertrags die gleiche Behandlung wie die Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaats. Das Recht auf Gleichbehandlung erstreckt sich auch auf Familienangehörige, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen und das Recht auf Aufenthalt oder das Recht auf Daueraufenthalt genießen. (2)   Abweichend von Absatz 1 ist der Aufnahmemitgliedstaat jedoch nicht verpflichtet, anderen Personen als Arbeitnehmern oder Selbstständigen, Personen, denen dieser Status erhalten bleibt, und ihren Familienangehörigen während der ersten drei Monate des Aufenthalts oder gegebenenfalls während des längeren Zeitraums nach Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe b) einen Anspruch auf Sozialhilfe oder vor Erwerb des Rechts auf Daueraufenthalt Studienbeihilfen, einschließlich Beihilfen zur Berufsausbildung, in Form eines Stipendiums oder Studiendarlehens, zu gewähren.“ Deutsches Recht Sozialgesetzbuch § 19a Abs. 1 des Sozialgesetzbuchs Erstes Buch sieht folgende zwei Hauptarten von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor: „Nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende können in Anspruch genommen werden 1. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, 2. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.“ § 1 („Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende“) SGB II bestimmt in seinen Abs. 1 und 3: „(1)   Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. … (3)   Die Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst Leistungen 1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und 2. zur Sicherung des Lebensunterhalts.“ § 7 („Leistungsberechtigte“) SGB II sieht in seinem Abs. 1 vor: „Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben, 2. erwerbsfähig sind, 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (erwerbsfähige Leistungsberechtigte). Ausgenommen sind 1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund des § 2 Absatz 3 des [Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern, im Folgenden: FreizügG/EU] freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die ersten drei Monate ihres Aufenthalts, 2. Ausländerinnen und Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche ergibt, und ihre Familienangehörigen.“ Satz 2 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.“ Gemäß § 7 Abs. 2 und 3 SGB II haben nicht erwerbsfähige Minderjährige, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer „Bedarfsgemeinschaft“ leben, einen abgeleiteten Anspruch auf die Leistungen nach dem SGB II. § 8 („Erwerbsfähigkeit“) Abs. 1 SGB II lautet: „Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.“ § 9 Abs. 1 SGB II bestimmt: „Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.“ § 20 SGB II enthält ergänzende Bestimmungen über den Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts. § 21 SGB II regelt die Mehrbedarfe und § 22 SGB II die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Die §§ 28 bis 30 SGB II schließlich regeln die Leistungen für Bildung und Teilhabe. In § 1 des Sozialgesetzbuchs Zwölftes Buch – Sozialhilfe – (im Folgenden: SGB XII) heißt es: „Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. …“ § 21 SGB XII bestimmt: „Personen, die nach dem [SGB II] als Erwerbsfähige oder als Angehörige dem Grunde nach leistungsberechtigt sind, erhalten keine Leistungen für den Lebensunterhalt …“ FreizügG/EU Der Anwendungsbereich des FreizügG/EU in seiner zur maßgeblichen Zeit geltenden Fassung war in dessen § 1 geregelt: „Dieses Gesetz regelt die Einreise und den Aufenthalt von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) und ihrer Familienangehörigen.“ § 2 FreizügG/EU sah hinsichtlich des Rechts auf Einreise und Aufenthalt Folgendes vor: „(1)   Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen haben das Recht auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe dieses Gesetzes. (2)   Gemeinschaftsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind: 1. Unionsbürger, die sich als Arbeitnehmer, zur Arbeitssuche oder zur Berufsausbildung aufhalten wollen, … 5. nicht erwerbstätige Unionsbürger unter den Voraussetzungen des § 4, 6. Familienangehörige unter den Voraussetzungen der §§ 3 und 4, … (3)   Das Recht nach Absatz 1 bleibt für Arbeitnehmer und selbständig Erwerbstätige unberührt bei 1. vorübergehender Erwerbsminderung infolge Krankheit oder Unfall, 2. unfreiwilliger durch die zuständige Agentur für Arbeit bestätigter Arbeitslosigkeit oder Einstellung einer selbständigen Tätigkeit infolge von Umständen, auf die der Selbständige keinen Einfluss hatte, nach mehr als einem Jahr Tätigkeit; der Zusammenhang ist nicht erforderlich, wenn der Unionsbürger seinen Arbeitsplatz unfreiwillig verloren hat. 3. Aufnahme einer Berufsausbildung, wenn zwischen der Ausbildung und der früheren Erwerbstätigkeit ein Zusammenhang besteht; der Zusammenhang ist nicht erforderlich, wenn der Unionsbürger seinen Arbeitsplatz unfreiwillig verloren hat. Bei unfreiwilliger durch die zuständige Agentur für Arbeit bestätigter Arbeitslosigkeit nach weniger als einem Jahr Beschäftigung bleibt das Recht aus Absatz 1 während der Dauer von sechs Monaten unberührt. …“ § 3 („Familienangehörige“) FreizügG/EU bestimmte: „Familienangehörige der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 genannten Unionsbürger haben das Recht nach § 2 Abs. 1, wenn sie den Unionsbürger begleiten oder ihm nachziehen. Für Familienangehörige der in § 2 Abs. 2 Nr. 5 genannten Unionsbürger gilt dies nach Maßgabe des § 4. (2)   Familienangehörige sind 1. der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 und 7 genannten Personen oder ihrer Ehegatten, die noch nicht 21 Jahre alt sind, 2. die Verwandten in aufsteigender und in absteigender Linie der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 und 7 genannten Personen oder ihrer Ehegatten, denen diese Personen oder ihre Ehegatten Unterhalt gewähren. …“ § 5 FreizügG/EU („Aufenthaltskarten, Bescheinigung über das Daueraufenthaltsrecht“) sah vor: „(1)   Freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union wird von Amts wegen unverzüglich eine Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht ausgestellt. … (3)   Die zuständige Ausländerbehörde kann verlangen, dass die Voraussetzungen des Rechts nach § 2 Abs. 1 drei Monate nach der Einreise glaubhaft gemacht werden. Für die Glaubhaftmachung erforderliche Angaben und Nachweise können von der zuständigen Meldebehörde bei der meldebehördlichen Anmeldung entgegengenommen werden. Diese leitet die Angaben und Nachweise an die zuständige Ausländerbehörde weiter. … …“ Ausgangsverfahren und Vorlagefragen Sämtliche Mitglieder der Familie Peña-García sind spanische Staatsangehörige. Frau García-Nieto und Herr Peña Cuevas lebten seit mehreren Jahren in Spanien als Paar, ohne eine Ehe geschlossen oder eine eingetragene Partnerschaft begründet zu haben, in einem gemeinsamen Haushalt mit ihrer gemeinsamen Tochter, Jovanlis Peña García, und dem noch minderjährigen Sohn von Herrn Peña Cuevas, Joel Luis Peña Cruz, zusammen. Im April 2012 reiste Frau García-Nieto zusammen mit ihrer Tochter, Jovanlis Peña García, nach Deutschland ein und meldete sich am 1. Juni 2012 Arbeit suchend. Ab dem 12. Juni 2012 übte sie den Beruf einer Küchenhilfe aus; aufgrund dieser Tätigkeit unterlag sie ab dem 1. Juli 2012 der Versicherungspflicht in der deutschen Sozialversicherung und erhielt eine monatliche Nettovergütung von 600 Euro. Am 23. Juni 2012 zogen Herr Peña Cuevas und sein Sohn Frau García-Nieto und Jovanlis nach. Bis zum 1. November 2012 wohnte die Familie Peña-García bei der Mutter von Frau García-Nieto und bestritt ihren Lebensunterhalt aus dem Einkommen von Frau García-Nieto. Außerdem bezogen Herr Peña Cuevas und Frau García-Nieto seit Juli 2012 Kindergeld für ihre Kinder Jovanlis und Joel Luis, die seit dem 22. August 2012 die Schule besuchen. Am 30. Juli 2012 beantragte die Familie Peña-García beim Jobcenter Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II (im Folgenden: in Rede stehende Leistungen). Das Jobcenter lehnte jedoch die Bewilligung der in Rede stehenden Leistungen an Herrn Peña Cuevas und seinen Sohn für die Monate August und September 2012 ab; es bewilligte sie allerdings ab Oktober 2012. Das Jobcenter stützte seine Entscheidung über die Nichtbewilligung auf § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB II und führte zur Begründung aus, dass sich Herr Peña Cuevas und sein Sohn zum Zeitpunkt des Antrags weniger als drei Monate in Deutschland aufgehalten hätten und Herr Peña Cuevas im Übrigen weder Arbeitnehmer noch Selbständiger gewesen sei. Dem Jobcenter zufolge galt der Leistungsausschluss auch für den Sohn von Herrn Peña Cuevas. Nachdem die deutsche Regierung am 19. Dezember 2011 den Vorbehalt hinsichtlich des Fürsorgeabkommens erklärt habe, sei dieses nämlich nicht mehr anspruchsbegründend. Der Klage, die die Familie Peña-García gegen die Entscheidung des Jobcenters erhob, wurde vom Sozialgericht Gelsenkirchen stattgegeben, das die Ausschlussgründe nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB II aus gesetzessystematischen Gründen für nicht anwendbar hielt. Das Jobcenter legte gegen dieses Urteil beim vorlegenden Gericht, dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Berufung ein. Das vorlegende Gericht äußert Zweifel, ob der vollständige Ausschluss von den in Rede stehenden Leistungen mit dem Unionsrecht, wie in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB II vorgesehen, vereinbar sei. Unter diesen Umständen hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 1. Gilt das Gleichbehandlungsgebot des Art. 4 der Verordnung Nr. 883/2004 – mit Ausnahme des Exportausschlusses des Art. 70 Abs. 4 der Verordnung Nr. 883/2004 – auch für die besonderen beitragsunabhängigen Geldleistungen im Sinne von Art. 70 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 883/2004? 2. Falls 1) bejaht wird: Sind – gegebenenfalls in welchem Umfang – Einschränkungen des Gleichbehandlungsgebots des Art. 4 der Verordnung Nr. 883/2004 durch Bestimmungen in nationalen Rechtsvorschriften in Umsetzung des Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 möglich, nach denen der Zugang zu diesen Leistungen ausnahmslos für die ersten drei Monate des Aufenthalts nicht besteht, wenn Unionsbürger in der Bundesrepublik Deutschland weder Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund des § 2 Abs. 3 des FreizügG/EU freizügigkeitsberechtigt sind? 3. Falls 1) verneint wird: Stehen andere primärrechtliche Gleichbehandlungsgebote – insbesondere Art. 45 Abs. 2 AEUV in Verbindung mit Art. 18 AEUV – einer nationalen Bestimmung entgegen, die Unionsbürgern eine Sozialleistung in den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts ausnahmslos verweigert, die der Existenzsicherung dient und gleichzeitig auch den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert, wenn diese Unionsbürger zwar weder Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch aufgrund des § 2 Abs. 3 des FreizügG/EU freizügigkeitsberechtigt sind, aber eine tatsächliche Verbindung zum Aufnahmestaat und insbesondere zum Arbeitsmarkt des Aufnahmestaats aufweisen können? Mit Entscheidung vom 19. März 2015 hat das vorlegende Gericht allerdings die erste Frage für erledigt erklärt, da eine Frage gleichen Inhalts in der Rechtssache gestellt worden war, in der das Urteil Dano ( C‑333/13 , EU:C:2014:2358 ) ergangen ist, wo er sie bejaht und insoweit entschieden hat, dass „die Verordnung Nr. 883/2004 dahin auszulegen ist, dass ihr Art. 4 für die ‚besonderen beitragsunabhängigen Geldleistungen‘ im Sinne von Art. 3 Abs. 3 und Art. 70 dieser Verordnung gilt“. Zu den Vorlagefragen Zur zweiten Frage Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 24 der Richtlinie 2004/38 und Art. 4 der Verordnung Nr. 883/2004 dahin auszulegen sind, dass sie der Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, nach der Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die sich in einer von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 erfassten Situation befinden, vom Bezug bestimmter „besonderer beitragsunabhängiger Geldleistungen“ im Sinne von Art. 70 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004, die auch eine Leistung der „Sozialhilfe“ im Sinne von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 darstellen, ausgeschlossen werden. Im Urteil Alimanovic ( C‑67/14 , EU:C:2015:597 , Rn. bis ) hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass Leistungen wie die in Rede stehenden Leistungen nicht als finanzielle Leistungen, die den Zugang zum Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats erleichtern sollen, eingestuft werden können, sondern als „Sozialhilfe“ im Sinne von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 anzusehen sind. Hinsichtlich des Zugangs zu solchen Leistungen kann ein Unionsbürger eine Gleichbehandlung mit den Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats nach Art. 24 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 nur verlangen, wenn sein Aufenthalt im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats die Voraussetzungen der Richtlinie 2004/38 erfüllt (Urteile Dano, C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , Rn. , und Alimanovic, C‑67/14 , EU:C:2015:597 , Rn. ). Ließe man nämlich zu, dass Personen, denen kein Aufenthaltsrecht nach der Richtlinie 2004/38 zusteht, unter den gleichen Voraussetzungen wie Inländer Sozialleistungen beanspruchen könnten, liefe dies dem im zehnten Erwägungsgrund dieser Richtlinie genannten Ziel zuwider, eine unangemessene Inanspruchnahme der Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats durch Unionsbürger, die Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten sind, zu verhindern (Urteile Dano, C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , Rn. , und Alimanovic, C‑67/14 , EU:C:2015:597 , Rn. ). Um feststellen zu können, ob Sozialhilfeleistungen wie die in Rede stehenden Leistungen auf der Grundlage der Ausnahmebestimmung des Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 verweigert werden dürfen, muss daher vorab geprüft werden, ob der Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 24 Abs. 1 dieser Richtlinie anwendbar ist, und damit, ob sich der betreffende Unionsbürger rechtmäßig im Gebiet des Aufnahmemitgliedstaats aufhält (Urteil Alimanovic, C‑67/14 , EU:C:2015:597 , Rn. ). Wie aus den dem Gerichtshof vorgelegten Akten hervorgeht, kann Herr Peña Cuevas ein Aufenthaltsrecht aus Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 ableiten. Nach dieser Bestimmung hat ein Unionsbürger nämlich das Recht auf Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten, wobei er lediglich im Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses sein muss und ansonsten keine weiteren Bedingungen zu erfüllen oder Formalitäten zu erledigen braucht, und nach Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie besteht dieses Recht für den Unionsbürger und seine Familienangehörigen fort, solange sie die Sozialhilfeleistungen des Aufnahmemitgliedstaats nicht unangemessen in Anspruch nehmen (Urteile Ziolkowski und Szeja, C‑424/10 und C‑425/10 , EU:C:2011:866 , Rn. , sowie Dano, C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , Rn. ). Unbeschadet dessen kann sich der Mitgliedstaat in einem solchen Fall aber auf die Ausnahmebestimmung des Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 berufen, um dem betreffenden Unionsbürger die beantragte Sozialhilfeleistung zu verweigern (Urteil Dano, C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , Rn. ). Aus dem Wortlaut dieser Vorschrift geht nämlich ausdrücklich hervor, dass der Aufnahmemitgliedstaat anderen Personen als Arbeitnehmern, Selbständigen oder Personen, denen dieser Status erhalten bleibt, während der ersten drei Monate ihres Aufenthalts jegliche Sozialhilfeleistungen verweigern darf. Die betreffende Vorschrift steht – wie der Generalanwalt in Rn. 70 seiner Schlussanträge ausgeführt hat – im Einklang mit dem Ziel der Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts der Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten, das mit der Richtlinie 2004/38 verfolgt wird, was sich u. a. aus deren zehntem Erwägungsgrund ergibt. Da die Mitgliedstaaten von Unionsbürgern nicht verlangen dürfen, dass diese für einen Aufenthalt von bis zu drei Monaten im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats über ausreichende Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts und eine persönliche Absicherung für den Fall der Krankheit verfügen, ist es legitim, dass den betreffenden Mitgliedstaaten nicht auferlegt wird, während dieses Zeitraums die Kosten für sie zu übernehmen. In diesem Kontext ist außerdem darauf hinzuweisen, dass der Mitgliedstaat zwar die persönlichen Umstände des Betreffenden berücksichtigen muss, wenn er eine Ausweisung veranlassen oder feststellen will, dass diese Person im Rahmen ihres Aufenthalts dem Sozialhilfesystem eine unangemessene Belastung verursacht (Urteil Brey, C‑140/12 , EU:C:2013:565 , Rn. , und ), eine solche individuelle Prüfung aber bei einer Fallgestaltung wie der des Ausgangsverfahrens nicht geboten ist. Der Gerichtshof hat nämlich im Urteil Alimanovic ( C‑67/14 , EU:C:2015:597 , Rn. ) bereits festgestellt, dass die Richtlinie 2004/38, die ein abgestuftes System für die Aufrechterhaltung der Erwerbstätigeneigenschaft schafft, das das Aufenthaltsrecht und den Zugang zu Sozialleistungen sichern soll, selbst verschiedene Faktoren berücksichtigt, die die jeweiligen persönlichen Umstände der eine Sozialleistung beantragenden Person kennzeichnen, insbesondere die Dauer der Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Wenn daher eine solche Prüfung bei einem Arbeit suchenden Unionsbürger, der nicht mehr den Status eines Erwerbstätigen hat, nicht erforderlich ist, gilt dies erst recht bei Personen, die sich in einer Situation befinden wie Herr Peña Cuevas im Ausgangsverfahren. Da die Ausnahme nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB II in Verbindung mit Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38, wonach die Bundesrepublik Deutschland einem Unionsbürger während der ersten drei Monate seines Aufenthalts in ihrem Hoheitsgebiet keinen Anspruch auf Sozialhilfe einräumen muss, es den Betroffenen ermöglicht, ihre Rechte und Pflichten eindeutig zu erfassen, ist sie nämlich geeignet, bei der Gewährung von Sozialhilfeleistungen im Rahmen der Grundsicherung ein erhöhtes Maß an Rechtssicherheit und Transparenz zu gewährleisten, und steht zugleich im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (vgl. entsprechend Urteil Alimanovic, C‑67/14 , EU:C:2015:597 , Rn. ). Was zudem die individuelle Prüfung angeht, mit der eine umfassende Beurteilung der Frage vorgenommen werden soll, welche Belastung die Gewährung einer Leistung konkret für das gesamte im Ausgangsverfahren in Rede stehende nationale Sozialhilfesystem darstellen würde, ist festzustellen, dass die einem einzigen Antragsteller gewährte Hilfe schwerlich als „unangemessene Inanspruchnahme“ eines Mitgliedstaats im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 eingestuft werden kann; eine solche Inanspruchnahme kann nämlich den betreffenden Mitgliedstaat nicht infolge eines einzelnen Antrags, sondern nur nach Aufsummierung sämtlicher bei ihm gestellten Einzelanträge belasten (vgl. Urteil Alimanovic, C‑67/14 , EU:C:2015:597 , Rn. ). Unter diesen Umständen steht Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden nicht entgegen, wenn diese die Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten, die sich in einer von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 erfassten Situation befinden, vom Bezug bestimmter „besonderer beitragsunabhängiger Geldleistungen“ im Sinne des Art. 70 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004 ausschließt. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Auslegung von Art. 4 der Verordnung Nr. 883/2004. Die in Rede stehenden Leistungen, bei denen es sich um „besondere beitragsunabhängige Geldleistungen“ im Sinne des Art. 70 Abs. 2 dieser Verordnung handelt, werden nämlich nach Art. 70 Abs. 4 ausschließlich in dem Mitgliedstaat, in dem die betreffenden Personen wohnen, und nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats gewährt. Daher spricht nichts dagegen, solche Leistungen Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten, die weder Arbeitnehmer oder Selbständige sind noch Personen, denen dieser Status erhalten bleibt, während der ersten drei Monate ihres Aufenthalts im Aufnahmestaat zu verweigern (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteile Brey, C‑140/12 , EU:C:2013:965 , Rn. , und Dano, C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , Rn. ). Nach alledem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 24 der Richtlinie 2004/38 und Art. 4 der Verordnung Nr. 883/2004 dahin auszulegen sind, dass sie der Regelung eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, nach der Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die sich in einer von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 erfassten Situation befinden, vom Bezug bestimmter „besonderer beitragsunabhängiger Geldleistungen“ im Sinne von Art. 70 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004, die auch eine Leistung der „Sozialhilfe“ im Sinne von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 darstellen, ausgeschlossen werden. Zur dritten Frage Da die dritte Frage für den Fall gestellt worden ist, dass die erste Frage verneint wird, und der Gerichtshof in den Rechtssachen, die zu den Urteilen Dano ( C‑333/13 , EU:C:2014:2358 ) und Alimanovic ( C‑67/14 , EU:C:2015:597 ) geführt haben, eine Frage gleichen Inhalts bejaht hat, braucht die dritte Vorlagefrage nicht beantwortet zu werden. Kosten Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt: Art. 24 der Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG und Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in der durch die Verordnung (EU) Nr. 1244/2010 der Kommission vom 9. Dezember 2010 geänderten Fassung sind dahin auszulegen, dass sie der Regelung eines Mitgliedstaats nicht entgegenstehen, nach der Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die sich in einer von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 2004/38 erfassten Situation befinden, vom Bezug bestimmter „besonderer beitragsunabhängiger Geldleistungen“ im Sinne von Art. 70 Abs. 2 der Verordnung Nr. 883/2004, die auch eine Leistung der „Sozialhilfe“ im Sinne von Art. 24 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38 darstellen, ausgeschlossen werden. Unterschriften ( *1 )   Verfahrenssprache: Deutsch.

61996CJ0390

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Tuomion perustelut 1 Rechtbank van eerste aanleg te Brussel on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 26.11.1996 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 2.12.1996, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kolme ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL 1977, L 145, s. 1; jäljempänä kuudes arvonlisäverodirektiivi) 9 artiklan 1 kohdan sekä EY:n perustamissopimuksen 6 ja 59 artiklan tulkinnasta. 2 Nämä kysymykset on esitetty riita-asiassa, jossa kantajana on Lease Plan Luxembourg SA (jäljempänä LPL), jonka kotipaikka on Luxemburg, ja vastaajana Belgian valtio ja jossa on kysymys kyseisen yhtiön Belgiasta hankkimien autojen oston sekä niiden tuossa valtiossa suoritetun huollon ja korjauksen yhteydessä maksetun arvonlisäveron palauttamisesta. 3 Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: "Palvelujen suorituspaikkana on pidettävä paikkaa, jossa suorittajalla on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta palvelu suoritetaan, taikka jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, suorittajan kotipaikkaa tai pysyvää asuinpaikkaa." 4 Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 2 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta - arvonlisäveron soveltaminen irtaimen aineellisen omaisuuden vuokraukseen - 31 päivänä heinäkuuta 1984 annetulla kymmenennellä neuvoston direktiivillä 84/386/ETY (EYVL 1984, L 208, s. 58; jäljempänä kymmenes arvonlisäverodirektiivi), tarkennetaan seuraavaa: "Kuitenkin - - e) jäljempänä lueteltujen palvelujen osalta, jotka suoritetaan yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneille vastaanottajille tai yhteisöön, mutta muuhun kuin suorittajan maahan sijoittautuneille verovelvollisille, suorituspaikka on paikka, jossa vastaanottajalla on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, jolle palvelu suoritetaan, taikka näiden puuttuessa vastaanottajan kotipaikka tai vastaanottajan pysyvä asuinpaikka: - - - irtaimen aineellisen omaisuuden vuokraus, lukuun ottamatta kulkuneuvojen vuokrausta." 5 Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 3 kohdassa esitetään periaatteet, jotka koskevat verollisen hankinnan yhteydessä maksetun arvonlisäveron vähennysoikeutta ja oikeutta saada tämä arvonlisävero palautetuksi. 6 Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 17 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä virkkeessä lisätään seuraavaa: "Neuvosto pyrkii 31 päivään joulukuuta 1977 mennessä yksimielisesti komission ehdotuksesta vahvistamaan yhteisön yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, joiden mukaan 3 kohdan mukaiset palautukset on myönnettävä maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille." 7 Tämän säännöksen mukaisesti neuvosto antoi 6 päivänä joulukuuta 1979 jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä - kahdeksannen neuvoston direktiivin 79/1072/ETY (EYVL 1979, L 331, s. 11; jäljempänä kahdeksas arvonlisäverodirektiivi), jonka 7 artiklan 4 kohdassa säädetään seuraavaa: "Palautushakemuksia koskevat päätökset on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin hakemukset on jätetty 3 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle, varustettuina kaikilla niillä asiakirjoilla, jotka tämän direktiivin mukaan vaaditaan hakemuksen käsittelemiseksi. Palautus on suoritettava edellä mainitussa määräajassa hakijan pyynnöstä joko palautuksen suorittavassa jäsenvaltiossa tai siinä valtiossa, johon hakija on sijoittautunut. Jälkimmäisessä tapauksessa hakija vastaa palautuksen toimittamisesta aiheutuvista pankkikuluista. Hakemuksen hylkääminen on perusteltava. Hylkäävistä päätöksistä on voitava hakea muutosta kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta toimielimiltä siinä muodossa ja siinä määräajassa, jotka säädetään kyseiseen valtioon sijoittautuneiden verovelvollisten palautushakemuksia koskevasta muutoksenhausta." 8 LPL on leasingvuokrausta harjoittava yhtiö, jonka päätoimialana on henkilöautojen vuokralleanto leasingsopimuksin. 9 LPL on solminut valtaosan sopimuksistaan Luxemburgiin sijoittautuneiden yhtiöiden kanssa. Yhtiöille leasingvuokratut autot on ostettu Luxemburgista, niiden vakuutukset on otettu luxemburgilaisista vakuutusyhtiöistä ja niistä on tehty kokonaissopimukset, joiden mukaisesti vuokralleottajayhtiöt maksavat vuokramaksua, jolla katetaan rahoitus, huolto, vakuutukset ja korjaukset. Luxemburgiin sijoittautuneet yhtiöt antavat nämä autot omien työntekijöidensä käyttöön, joista osa asuu raja-alueella tai muualla Belgiassa. Belgiaan sijoittautuneet huoltamot, joiden palveluita nämä työntekijät käyttävät, lähettävät laskunsa LPL:lle, joka suorittaa arvonlisäveron. 10 LPL on lisäksi antanut kymmenkunta autoa lähes tuhannen auton kannastaan leasingvuokralle Belgiaan sijoittautuneille asiakkaille. LPL on ostanut nämä autot Belgiasta eikä niiden osalta, toisin kuin Luxemburgiin sijoittautuneille yhtiöille vuokrattujen autojen osalta, ole solmittu kokonaissopimuksia. Belgiaan sijoittautuneiden asiakkaiden on huolehdittava huollosta, vakuutuksista, korjauksista ja veroista omalla kustannuksellaan. 11 LPL haki Belgiasta hankkimiensa ja tuohon valtioon sijoittautuneille asiakkaille vuokraamiensa autojen oston sekä belgialaisten huoltamojen Luxemburgiin sijoittautuneille yhtiöille vuokratuille autoille suorittaman huollon ja korjauksen yhteydessä maksamansa arvonlisäveron palautusta. 12 Belgian verohallinto hylkäsi LPL:n arvonlisäveronpalautushakemuksen sillä perusteella, että yhtiö harjoitti Belgiassa liiketoimintaa, josta se oli arvonlisäverovelvollinen. Tästä oli verohallinnon mukaan kyse, kun Luxemburgiin sijoittautuneille yhtiöille vuokratuille autoille suoritettiin tavanomaiseen huoltoon kuulumattomia korjauksia. Tällaiset korjaukset eivät sen mukaan sisältyneet kokonaissopimuksiin, ja ne olivat siten erillisiä palveluja, jotka suoritettiin siellä, missä autot olivat. Belgian verohallinto väittää lisäksi, että 1.1.1993 jälkeen taloudellisen toiminnan harjoittaminen autoja Belgiassa vuokrattavana pitämällä riittää siihen, että hakijalla voidaan katsoa olevan Belgian 3.7.1969 annetun arvonlisäverolain, sellaisena kuin se on muutettuna 28.12.1992 annetulla, 1.1.1993 voimaan tulleella lailla (jäljempänä laki), 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu kiinteä toimipaikka tuossa valtiossa. 13 Lain 4 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa: "Verovelvollinen on jokainen, joka päätoimisesti tai sivutoimisesti säännöllistä ja itsenäistä taloudellista toimintaa harjoittaessaan joko voittoa tavoitellen tai sitä tavoittelematta luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tavaroita tai suorittaa tässä laissa tarkoitettuja palveluja, riippumatta siitä, missä tätä taloudellista toimintaa harjoitetaan." 14 Lain 21 §:n 1 ja 2 momentissa tarkennetaan seuraavaa: "Palvelu suoritetaan Belgiassa, kun se paikka, jossa se 2-4 §:n mukaisesti katsotaan suoritetun, on Belgiassa. Palvelun suorituspaikkana pidetään sitä paikkaa, jossa palvelun suorittajalla on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta käsin palvelu suoritetaan, tai jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, palvelun suorittajan kotipaikkaa tai vakinaista asuinpaikkaa." 15 Belgian verohallinnon mukaan LPL:n olisi pitänyt rekisteröityä arvonlisäveroviranomaisten pitämään rekisteriin belgialaisena arvonlisäverovelvollisena, koska yhtiö harjoitti Belgiassa liiketoimintaa, josta se oli arvonlisäverovelvollinen, ja hakea palautusta neljännesvuosittain annettavan arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä. 16 Belgian verohallinnon päätöksen takia LPL nosti Rechtbank van eerste aanleg te Brusselissa kanteen Belgian valtiota vastaan vaatien 7 669 095 Belgian frangin suuruista palautusta laillisine korkoineen. 17 Tältä osin LPL tähdensi, että sillä oli oikeus samaan, viivästyneelle arvonlisäveron palautukselle maksettavaan lailliseen korkoon kuin Belgiaan sijoittautuneella verovelvollisella. Belgiaan sijoittautuneen verovelvollisen ollessa hakijana lain 76 §:n 1 momentissa säädetään vuoden lopussa vähentämättä jääneen arvonlisäveron palautuksesta kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen tekopäivästä. Mikäli arvonlisäveroa ei palauteta 76 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kolmen kuukauden määräajassa, Belgiaan sijoittautuneelle verovelvolliselle maksetaan saman lain 91 §:n 3 momentin mukaisesti korkoa 0,8 prosenttia kuukaudessa tuon kolmen kuukauden määräajan päättymisestä lukien. 18 Sitä vastoin Belgiaan sijoittautumattoman verovelvollisen ollessa hakijana saman lain 91 §:n 4 momentissa säädetään, että viivästyneille saamisille maksetaan "yksityisoikeudellisille saamisille suoritettavan koron suuruista" viivästyskorkoa "yksityisoikeudellisten säännösten mukaisesti". Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyistä huomautuksista käy ilmi, että 31.8.1996 saakka tällaisiin hakemuksiin sovellettiin 8 prosentin vuotuista korkoa ja että tämä korko lankesi maksettavaksi vasta siitä lähtien, kun velkoja oli kahdeksannen arvonlisäverodirektiivin 7 artiklan 4 kohdan mukaisen kuuden kuukauden määräajan päätyttyä vaatinut Belgian valtiolta tällaista suoritusta. 19 LPL ei ole riitauttanut kuuden kuukauden määräaikaa, joka koskee kahdeksannen arvonlisäverodirektiivin 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille maksettavia palautuksia ja joka on pitempi kuin lain 91 §:n 3 momentissa säädetty, maan alueelle sijoittautuneita verovelvollisia koskeva kolmen kuukauden määräaika. LPL:n mukaan tällainen ero voi hyvinkin olla perusteltu siksi, että maahan sijoittautumattomille verovelvollisille maksettavien palautusten ollessa kyseessä valvonta ja palautuksen suorittaminen vievät enemmän aikaa kuin maahan sijoittautuneille verovelvollisille maksettavien palautusten yhteydessä. 20 Koska ei ollut varmaa tietoa siitä, voitiinko LPL:n Belgiassa käytössä olevan autokannan katsoa muodostavan kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä tarkoitetun kiinteän toimipaikan, ja ottaen huomioon kiistan, joka koski haettuun arvonlisäveron palautukseen sovellettavaa korkoa, Rechtbank lykkäsi asian käsittelyä ja pyysi yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin: "1) Onko kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 kohdassa olevaa 'kiinteän toimipaikan' käsitettä tulkittava siten, että jäsenvaltioon sijoittautuneella yrityksellä, joka vuokraa tai leasingvuokraa autoja toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille asiakkaille, on tämän vuokrauksen perusteella kiinteä toimipaikka tuossa toisessa jäsenvaltiossa? 2) Jos vastaus edelliseen kysymykseen on myöntävä, onko kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että ajoneuvojen leasingvuokrauksesta koostuvat palvelut voidaan katsoa suoritetun kiinteästä toimipaikasta Belgiasta, kun palvelujen suorittaja on sijoittautunut Luxemburgiin ja kun lähes kaikki sopimukset neuvotellaan tästä Luxemburgissa sijaitsevasta liikepaikasta käsin ja tehdään luxemburgilaisten asiakkaiden kanssa ja kun ainoastaan pieni osa ajoneuvoista (kymmenkunta autoa noin tuhannen ajoneuvon kannasta) ostetaan Belgiasta ja huolletaan ja korjataan siellä? 3) Onko ETY:n perustamissopimuksen 6 ja 59 artiklaa tulkittava siten, että niiden vastaista on se, että ulkomaalaisille verovelvollisille, jotka vastaanottavat tavaroita tai palveluja Belgiassa ja hakevat kahdeksannen arvonlisäverodirektiivin mukaista arvonlisäveron palautusta, maksetaan viivästyneen palautuksen osalta alempaa korkoa, joka lisäksi alkaa kertyä vasta siitä lukien, kun nämä ulkomaalaiset verovelvolliset sitä vaativat Belgian valtiolta, kun taas belgialaisille verovelvollisille maksetaan viivästyneen palautuksen osalta korkeampaa korkoa, joka ilman maksuvaateen esittämistä tai muitakaan toimenpiteitä alkaa kertyä siitä lukien, kun palautukselle säädetty määräaika on päättynyt?" Ensimmäinen kysymys 21 Aivan ensiksi on huomattava, että asiassa C-190/95, ARO Lease, 17.7.1997 annetun tuomion (Kok. 1997, s. I-4383) johdosta pääasian asianosaiset ovat myöntäneet suullisessa käsittelyssä, ettei LPL:llä ollut haettuun arvonlisäveron palautukseen liittyvänä ajanjaksona Belgiassa kiinteää toimipaikkaa, josta käsin se olisi suorittanut palveluja. 22 Toiseksi on muistettava - kuten yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa ARO Lease antamansa tuomion 12 kohdassa todennut - että kymmenennen arvonlisäverodirektiivin neljännen perustelukappaleen mukaan "kulkuneuvojen vuokrauksen osalta olisi [kuudennen arvonlisäverodirektiivin] 9 artiklan 1 kohtaa kuitenkin valvontasyistä sovellettava tarkasti ja pidettävä siten palvelun suorittajan taloudellisen toiminnan kotipaikkaa näiden palvelujen suorituspaikkana". Tämä on itse asiassa vahvistettu kuudennen arvonlisäverodirektiivin, sellaisena kuin se on muutettuna kymmenennellä arvonlisäverodirektiivillä, 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa. 23 Tämän osalta yhteisöjen tuomioistuin on saman tuomion 14 kohdassa todennut, että koska kulkuneuvot voivat helposti ylittää rajat, on vaikeaa tai jopa mahdotonta määritellä niiden käyttöpaikka ja on kussakin yksittäistapauksessa vahvistettava järkevä peruste, jonka mukaan arvonlisäveron kantaminen määräytyy. Tästä syystä kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä säädetään kaikkien kulkuneuvojen vuokrauksen osalta verotuspaikan määrittelyn yksinkertaistamisen vuoksi ja yleisen periaatteen mukaisesti, että verotuksellinen liityntäpaikka on vuokralle annetun omaisuuden käyttöpaikan asemesta paikka, jossa palvelujen suorittajalla on liiketoiminnan kotipaikka (asia 51/88, Hamann, tuomio 15.3.1989, Kok. 1989, s. 767, 17 ja 18 kohta). 24 Yhteisöjen tuomioistuin muistutti samoin edellä mainitun asiassa ARO Lease antamansa tuomion 15 kohdassa, että ensisijaisena liityntäpaikkana pidetään paikkaa, jossa on palvelujen suorittajan liiketoiminnan kotipaikka, ja sellainen toinen toimipaikka, josta käsin palveluja suoritetaan, otetaan huomioon ainoastaan silloin, kun liityntä liiketoiminnan kotipaikkaan ei johda verotuksellisesti järkevään lopputulokseen tai se aiheuttaa ristiriidan toisen jäsenvaltion kanssa. Tästä seuraa, kuten yhteisöjen tuomioistuin on saman tuomion 16 kohdassa todennut, että jotta toista toimipaikkaa liiketoiminnan kotipaikan sijasta voitaisiin pitää palvelujen suorituspaikkana, tuon toimipaikan on oltava riittävän pysyvä ja sen henkilöstörakenne ja tekninen välineistö toimivat, jotta kyseisten palvelujen itsenäiseksi katsottava tarjoaminen on mahdollista. 25 Tämän osalta yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitun asiassa ARO Lease antamansa tuomion 18 kohdassa huomauttanut, että leasingajoneuvojen vuokraamisesta koostuvissa palveluissa on kyse lähinnä sopimusten neuvottelemisesta, laatimisesta, allekirjoittamisesta ja hallinnoinnista sekä leasingyhtiön omistuksessa edelleen olevien sovittujen ajoneuvojen luovuttamisesta asiakkaiden käyttöön. 26 Saman tuomion 19 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että silloin kun leasingyhtiöllä ei ole jäsenvaltiossa omaa henkilöstöä tai riittävän pysyvää rakennetta, jonka puitteissa sopimukset voidaan laatia tai hallinnolliset päätökset tehdä, eli rakennetta, joka mahdollistaa kyseisten palvelujen tarjoamisen itsenäisesti, yhtiöllä ei voida katsoa olevan kiinteää toimipaikkaa tässä jäsenvaltiossa. 27 Näin on asianlaita myös esillä olevassa pääasiassa: LPL:llä ei ole omaa henkilöstöä eikä riittävän pysyvää rakennetta Belgiassa. 28 Toisaalta, kuten yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitun asiassa ARO Lease antamansa tuomion 20 kohdassa todennut, kuudennen arvonlisäverodirektiivin, sellaisena kuin se on muutettuna, 9 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan e alakohdan sanamuodosta ja päämäärästä sekä edellä mainitusta asiassa Hamann annetusta tuomiosta käy ilmi, että ajoneuvojen tosiasiallista saattamista asiakkaiden käyttöön leasingsopimuksella, sen enempää kuin autojen käyttöpaikkaakaan, ei voida pitää kuudennen arvonlisäverodirektiivin tavoitteita vastaavana varmana, yksinkertaisena ja käyttökelpoisena perusteena, jolla voitaisiin perustella kiinteän toimipaikan olemassaoloa. 29 Ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että kuudennen arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 kohdassa olevaa "kiinteän toimipaikan" käsitettä on tulkittava siten, että jäsenvaltioon sijoittautuneella yrityksellä, joka vuokraa tai leasingvuokraa ajoneuvoja toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille asiakkaille, ei ole tällaisen vuokrauksen perusteella kiinteää toimipaikkaa tuossa toisessa jäsenvaltiossa. Toinen kysymys 30 Ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus huomioon ottaen toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata. Kolmas kysymys 31 Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, ovatko sellaiset kansalliset säännökset perustamissopimuksen 6 ja 59 artiklan vastaisia, joiden nojalla jäsenvaltioon sijoittautumattomalle verovelvolliselle, joka hakee kahdeksannen arvonlisäverodirektiivin mukaisesti arvonlisäveron palautusta, maksetaan korkoa vasta siitä lukien, kun sitä koskeva vaade esitetään tälle jäsenvaltiolle, ja tämä korko on alempi kuin kyseisen valtion alueelle sijoittautuneelle verovelvolliselle viran puolesta maksettava korko, joka alkaa kertyä palautusten suorittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä lukien. 32 On huomattava, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaisten säännösten mukaan kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautumattomalle verovelvolliselle maksetaan palautusten suorittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä lukien alempaa korkoa kuin tämän saman valtion alueelle sijoittautuneelle verovelvolliselle. Lisäksi vaikka viimeksi mainitulle maksetaan palautuksen viivästyessä korko viran puolesta, kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautumattoman verovelvollisen on vaadittava koron suorittamista tältä valtiolta ja vastattava tästä ylimääräisestä muodollisuudesta aiheutuvista kuluista saadakseen korot hyväkseen palautusten suorittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä lukien. 33 Säännökset, jotka kohtelevat verovelvollisia eri tavalla sen mukaan, ovatko ne sijoittautuneet kyseisen jäsenvaltion alueelle, voivat merkitä perustamissopimuksen 59 artiklassa kiellettyä syrjintää. 34 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan syrjintää on kuitenkin ainoastaan erilaisten sääntöjen soveltaminen samankaltaisissa tilanteissa tai saman säännön soveltaminen erilaisissa tilanteissa (ks. mm. asia C-279/93, Schumacker, tuomio 14.2.1995, Kok. 1995, s. I-225, 30 kohta). 35 Tältä osin Belgian hallitus tähdentää, että kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautuneita ja samassa tilanteessa olevia muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneita verovelvollisia kohdellaan aivan samalla tavoin. Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneella verovelvollisella, joka antaa veroilmoituksen Belgian veroviranomaisille, on Belgian hallituksen mukaan palautuksen viivästyessä oikeus lain 91 §:n 3 momentin mukaiseen viran puolesta maksettavaan korkeampaan korkoon. Kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneella verovelvollisella, joka vain satunnaisesti harjoittaa verollista liiketoimintaa ja joka sen vuoksi antaa arvonlisäveroilmoituksen vain hyvin harvoin, on sitä vastoin oikeus vain lain 91 §:n 4 momentin mukaiseen alempaan korkoon vaateen esittämisestä lukien. Näin on Belgian hallituksen mukaan asianlaita myös kyseen ollessa tähän jäsenvaltioon sijoittautuneesta verovelvollisesta, joka kyllä on taloudellisen toimintansa puolesta säännöllisesti arvonlisäverovelvollinen, mutta hakee arvonlisäveron palautusta sellaisen liiketoimen osalta, joka ei liitykään yksinomaan elinkeinon harjoittamiseen. 36 On silti huomattava, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneen ja siellä säännöllistä arvonlisäverollista taloudellista toimintaa harjoittavan ja siihen liittyen arvonlisäveron palautusta toisessa jäsenvaltiossa suoritetun liiketoimen osalta hakevan verovelvollisen tilannetta ei voida verrata toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen, joko siellä satunnaisesti verollista taloudellista toimintaa harjoittavan tai arvonlisäveron palautusta sellaisen liiketoimen osalta, joka ei liity yksinomaan elinkeinon harjoittamiseen, hakevan verovelvollisen tilanteeseen. 37 Tilannetta on maksettavan koron suuruuden ja sen kertymisen alkamishetken osalta verrattava tilanteeseen, jossa kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautunut verovelvollinen LPL:n tapaan harjoittaa säännöllistä arvonlisäverollista taloudellista toimintaa ja hakee siihen liittyen vähentämättä jääneen arvonlisäveron palautusta. 38 Palautuksen viivästyessä tällaisella veroilmoituksensa veroviranomaisille säännöllisesti antavalla verovelvollisella on kuitenkin Belgian hallituksen mukaan, toisin kuin kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautumattoman verovelvollisen ollessa kyseessä, oikeus viran puolesta maksettavaan korkeampaan korkoon. 39 Koska muuta tällaiseen syrjintään oikeuttavaa syytä ei ole esitetty, on katsottava, että pääasiassa esillä olevan kaltaiset säännökset ovat perustamissopimuksen 59 artiklan vastaisia siltä osin kuin niiden mukaan kyseisen jäsenvaltion alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille maksetaan korkoa vasta siitä lukien, kun tältä valtiolta on sitä vaadittu, ja tämä korko on alempi kuin kyseisen valtion alueelle sijoittautuneille verovelvollisille palautusten suorittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä lukien viran puolesta maksettava korko. 40 Koska pääasiassa esillä olevan kaltaiset säännökset liittyvät perustamissopimuksen 59 artiklan soveltamiseen, ei ole tarpeen pohtia, ovatko ne perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisia. 41 Näin ollen kolmanteen kysymykseen on vastattava, että perustamissopimuksen 59 artiklan vastaisia ovat kansalliset säännökset, joiden mukaan jäsenvaltioon sijoittautumattomille, kahdeksannen arvonlisäverodirektiivin mukaisesti arvonlisäveron palautusta hakeville verovelvollisille maksetaan korkoa vasta siitä lukien, kun ne ovat sitä tältä valtiolta vaatineet, ja tämä korko on alempi kuin kyseisen valtion alueelle sijoittautuneille verovelvollisille palautusten suorittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä lukien viran puolesta maksettava korko. Oikeudenkäyntikulut Päätökset oikeudenkäyntikuluista 42 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Belgian ja Luxemburgin hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Päätöksen päätösosa Näillä perusteilla YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto) on ratkaissut Rechtbank van eerste aanleg te Brusselin 26.11.1996 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti: 43 Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 9 artiklan 1 kohdassa olevaa "kiinteän toimipaikan" käsitettä on tulkittava siten, että jäsenvaltioon sijoittautuneella yrityksellä, joka vuokraa tai leasingvuokraa ajoneuvoja toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille asiakkaille, ei ole tällaisen vuokrauksen perusteella kiinteää toimipaikkaa tuossa toisessa jäsenvaltiossa. 44 EY:n perustamissopimuksen 59 artiklan vastaisia ovat kansalliset säännökset, joiden mukaan jäsenvaltioon sijoittautumattomille verovelvollisille, jotka hakevat jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt - 6 päivänä joulukuuta 1979 annetun kahdeksannen neuvoston direktiivin 79/1072/ETY mukaista arvonlisäveron palautusta, maksetaan korkoa vasta siitä lukien, kun ne ovat sitä tältä jäsenvaltiolta vaatineet, ja tämä korko on alempi kuin kyseisen valtion alueelle sijoittautuneille verovelvollisille palautusten suorittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä lukien viran puolesta maksettava korko.

62008TJ0214

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Vorgeschichte des Rechtsstreits Am 2. März 2005 meldeten Hervé Dias Martinho und Manuel Carlos Dias Martinho nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke ( ABl. 1994, L 11, S. 1 ) in ihrer geänderten Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ ABl. L 78, S. 1 ]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das folgende Bildzeichen: Die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, gehören u. a. zu den Klassen 18 und 25 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen dort folgender Beschreibung: — Klasse 18: „Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Brieftaschen, Geldbörsen, nicht aus Edelmetall; Handtaschen, Rucksäcke, Einkaufstaschen mit Rollen, Reisetaschen, Badetaschen; Kosmetikkoffer“; — Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Hemden, Bekleidungsstücke aus Leder oder Lederimitationen, Gürtel (Bekleidung), Handschuhe (Bekleidung), Halstücher, Wirkwaren, Socken, Hausschuhe, Strandschuhe, Skischuhe oder Sportschuhe, Unterwäsche; Kombinationen, nämlich Surfkombinationen, Skianzüge“. Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 39/2005 vom 26. September 2005 veröffentlicht. Am 23. Dezember 2005 erhob die Klägerin, die Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, nach Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle oben in Randnr. 3 genannten Waren. Der Widerspruch wurde auf die Wortmarke OUTBURST gestützt, die am 31. August 1999 in Deutschland unter der Nr. 39940713 für Waren der Klasse 25 des Abkommens von Nizza eingetragen worden war, die folgender Beschreibung entsprechen: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“. Der Widerspruch war auf alle von der älteren Marke erfassten Waren gestützt. Begründet wurde der Widerspruch mit einem Eintragungshindernis gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009). Am 10. Juli 2006 verlangten Hervé Dias Martinho und Manuel Carlos Dias Martinho nach Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009), dass die Klägerin den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erbringe. Mit Schreiben vom 12. Juli 2006 forderte das HABM die Klägerin auf, diesen Nachweis innerhalb einer Frist von zwei Monaten, also bis spätestens 13. September 2006, zu erbringen. In Beantwortung dieses Schreibens legte die Klägerin am 11. September 2006 folgende Nachweise vor: — eine schriftliche Erklärung ihres Geschäftsführers vom 25. August 2006, in der dieser angab, dass ihre Tochtergesellschaft, die Heinrich Nickel GmbH & Co. KG, die ältere Marke seit dem Jahr 2000 in großem Umfang für Sportbekleidung benutze, und für die Jahre 2000 bis 2005 jeweils die Absatzzahlen dieser Tochtergesellschaft für Bekleidung dieser Marke und die Zahl der betreffenden Kleidungsstücke nannte; — als Belege in Anlage zu dieser schriftlichen Erklärung eine nach Kunden aufgeschlüsselte Aufstellung der Jahresabsätze von Bekleidung der älteren Marke von 2000 bis 2005, eine nach Art des Bekleidungsstücks aufgeschlüsselte Aufstellung dieser Absätze, verschiedene Auftragsscheine, Lieferscheine und Rechnungen, zwei Seiten (davon eine mit Datum August 2004) aus zwei für Handelsmessen aufgelegten Katalogen, Fotos von Bekleidungsstücken, Etiketten von Bekleidungsstücken und einen zweiseitigen Auszug aus einem Werbeprospekt; — eine schriftliche Erklärung des Geschäftsführers einer Gesellschaft vom 4. September 2006, in der dieser angab, dass die betreffende Gesellschaft bei Heinrich Nickel Sportbekleidung der älteren Marke gekauft und in ihren Einzelhandelsgeschäften mindestens seit dem Jahr 2000 „in großem Maßstab“ verkauft habe, wobei für die Jahre 2000 bis 2005 jeweils der Betrag dieser Einkäufe und die Zahl der gekauften Kleidungsstücke genannt wurden. Mit Entscheidung vom 26. Juni 2007 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch in vollem Umfang zurück und begründete dies damit, dass die Klägerin nicht den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke erbracht habe. Am 8. August 2007 legte die Klägerin beim HABM nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein. Am 23. Oktober 2007 reichte sie beim HABM ihre Beschwerdebegründung ein, in deren Anlage sie die bereits im ersten Verfahrenszug vorgelegten Beweise um weitere Beweise ergänzte. Mit Entscheidung vom 13. März 2008 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Die von der Klägerin am 11. September 2006 beigebrachten Beweise (vgl. oben, Randnr. 11) hielt die Beschwerdekammer für „insgesamt“ nicht ausreichend für den Nachweis einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke. Die ergänzenden Beweise sah die Beschwerdekammer unter Berufung auf Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 22 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 ( ABl. L 303, S. 1 ) als verspätet an, da sie nach Ablauf der vom HABM gesetzten Frist (vgl. oben, Randnr. 10) beigebracht worden seien und es keine neu zutage getretenen Gesichtspunkte gebe, die die verspätete Beibringung rechtfertigen könnten. Unter diesen Umständen war die Beschwerdekammer der Ansicht, dass die Voraussetzungen für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nicht geprüft zu werden brauchten. Anträge der Parteien Die Klägerin beantragt, — die angefochtene Entscheidung aufzuheben; — dem HABM die Kosten aufzuerlegen. Das HABM beantragt, — den ersten Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen; — falls das Gericht entscheiden sollte, dass Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 im vorliegenden Fall anwendbar ist, auch den zweiten Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen, die Klage insgesamt abzuweisen und der Klägerin die Kosten aufzuerlegen; — falls das Gericht entscheiden sollte, dass Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, die Sache an die Beschwerdekammer zur Ermessensausübung gemäß Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) zurückzuverweisen und dem HABM nur seine eigenen Kosten aufzuerlegen. Rechtliche Würdigung Die Klägerin macht zwei Klagegründe geltend, nämlich einen Verstoß gegen Art. 43 Abs. 2 und 3 und Art. 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 78 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009) in Verbindung mit Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 und einen Verstoß gegen Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95. Der erste Klagegrund wirft die Frage auf, ob die Beweise, die die Klägerin vor der Widerspruchsabteilung innerhalb der gesetzten Frist beibrachte, eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke rechtlich hinreichend nachweisen, und beim zweiten Klagegrund stellt sich die Frage, ob die Beschwerdekammer auch die Beweise hätte berücksichtigen müssen, die erstmals vor ihr beigebracht wurden. Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen die Art. 43 Abs. 2 und 3 und 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 Wie sich aus dem neunten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, dass der Schutz einer älteren Marke nur insoweit berechtigt ist, als sie tatsächlich benutzt worden ist. Im Einklang mit diesem Erwägungsgrund kann der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke nach Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 den Nachweis verlangen, dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung, gegen die sich der Widerspruch richtet, in ihrem Schutzgebiet ernsthaft benutzt worden ist. Nach Regel 22 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 muss sich der Benutzungsnachweis auf den Ort, die Zeit, den Umfang und die Art der Benutzung der älteren Marke beziehen (vgl. Urteil des Gerichts vom 10. September 2008, Boston Scientific/HABM – Terumo [CAPIO], T-325/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 27 und die dort angeführte Rechtsprechung). Bei der Auslegung des Begriffs der ernsthaften Benutzung ist zu berücksichtigen, dass der Normzweck des Erfordernisses, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung entgegengehalten werden zu können, darin besteht, Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein berechtigter wirtschaftlicher Grund vorliegt, der einer tatsächlichen Funktion der Marke auf dem Markt entspringt (Urteil des Gerichts vom 12. März 2003, Goulbourn/HABM – Redcats [Silk Cocoon], T-174/01, Slg. 2003, II-789 , Randnr. 38). Dagegen zielen die oben in den Randnrn. 19 und 20 genannten Bestimmungen weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens oder darauf ab, den Markenschutz nur umfangreichen geschäftlichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM – Espadafor Caba [VITAFRUIT], T-203/02, Slg. 2004, II-2811 , Randnrn. 36 bis 38 und die dort angeführte Rechtsprechung). Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, worunter eine symbolische Benutzung allein zur Wahrung der durch die Marke begründeten Rechte nicht zu subsumieren ist (vgl. entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 11. März 2003, Ansul, C-40/01, Slg. 2003, I-2439 , Randnr. 43). Mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke wird außerdem verlangt, dass die Marke so, wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (Urteil VITAFRUIT, oben in Randnr. 21 angeführt, Randnr. 39; vgl. in diesem Sinne auch entsprechend Urteil Ansul, Randnr. 37). Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, die die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen können; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (Urteil VITAFRUIT, oben in Randnr. 21 angeführt, Randnr. 40; vgl. auch entsprechend Urteil Ansul, oben in Randnr. 22 angeführt, Randnr. 43). Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie die Länge des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen stattgefunden haben, und die Häufigkeit dieser Handlungen zu berücksichtigen (Urteile des Gerichts VITAFRUIT, oben in Randnr. 21 angeführt, Randnr. 41, und vom 8. Juli 2004, MFE Marienfelde/HABM – Vétoquinol [HIPOVITON], T-334/01, Slg. 2004, II-2787 , Randnr. 35). Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer älteren Marke in einem konkreten Fall ist eine umfassende Beurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren dieses Falles vorzunehmen (Urteil VITAFRUIT, oben in Randnr. 21 angeführt, Randnr. 42). Die ernsthafte Benutzung einer Marke lässt sich außerdem nicht mit Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern muss auf konkreten und objektiven Umständen beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen (Urteile des Gerichts vom 12. Dezember 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/HABM – Harrison [HIWATT], T-39/01, Slg. 2002, II-5233 , Randnr. 47, und vom 6. Oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/HABM – Krafft [VITAKRAFT], T-356/02, Slg. 2004, II-3445 , Randnr. 28). Hier war die Beschwerdekammer in Randnr. 23 der angefochtenen Entscheidung der Ansicht, dass die von der Klägerin am 11. September 2006 beigebrachten Beweise (vgl. oben, Randnr. 11) „insgesamt“ nicht ausreichten, um eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke in Deutschland im maßgeblichen Zeitraum nachzuweisen. Die Klägerin ist dagegen der Auffassung, dass diese Beweise zusammen genommen den klaren Nachweis einer solchen ernsthaften Benutzung erbringen. Das HABM teilt die Beurteilung der Beschwerdekammer. Vor der Widerspruchsabteilung legte die Klägerin zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke eine schriftliche Erklärung ihres Geschäftsführers mit einer Reihe von Belegen und eine schriftliche Erklärung des Geschäftsführers einer Gesellschaft, die Kunde ihrer Tochtergesellschaft Heinrich Nickel war, vor (vgl. oben, Randnr. 11). Zu der ersten schriftlichen Erklärung führte die Beschwerdekammer zunächst in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung aus, ihr könne nicht der „volle“ Beweiswert einer schriftlichen Erklärung im Sinne des Art. 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 zukommen. Damit eine solche Erklärung diesen Wert haben könne, müsse der Betroffene nämlich dartun, dass sie nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben worden sei, „als Erklärung ‚unter Eid‘ oder ‚an Eides statt‘ einzustufen ist oder zumindest ähnliche Wirkung hat“. Im vorliegenden Fall habe die Klägerin aber nicht dargelegt, welches die Bestimmungen des deutschen Rechts seien, nach denen „eine falsche Erklärung vor dem [HABM] in einem anhängigen Verfahren über eine Gemeinschaftsmarke in gleicher Weise geahndet wird wie eine Falschaussage unter Eid vor den deutschen Behörden“. In Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer sodann klar, dass allerdings allein der Umstand, dass die fragliche schriftliche Erklärung nicht „in der“ von der genannten Bestimmung „vorgeschriebenen Form“ abgegeben worden sei, nicht ausreiche, um ihr jeglichen Beweiswert abzusprechen. Das HABM könne sie nämlich bei seiner „Gesamtwürdigung“ der ihm unterbreiteten Unterlagen berücksichtigen, und sie könne die „systematische Beurteilung“ und das Verständnis der verschiedenen Beweisstücke erleichtern sowie die darin enthaltenen Informationen ergänzen. Die in der schriftlichen Erklärung enthaltenen Aussagen müssten jedoch durch zusätzliche objektive Beweise gestützt werden. Schließlich stellte die Beschwerdekammer in den Randnrn. 19 bis 21 der angefochtenen Entscheidung fest, dass die der fraglichen schriftlichen Erklärung beigefügten Belege mit Ausnahme der mit August 2004 datierten Seite eines der beiden Kataloge für Handelsmessen den Ort, die Zeit und den Umfang der Benutzung der älteren Marke nicht hinreichend bestätigten. Zu der zweiten schriftlichen Erklärung führte die Beschwerdekammer zunächst in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung aus, dass diese zwar als „zulässiger Beweis“ angesehen werden könne, es aber erforderlich sei, eine Gesamtwürdigung der Aktenstücke vorzunehmen und dabei alle maßgeblichen Faktoren zu berücksichtigen. Sie gelangte sodann zu der Auffassung, dass „eine eidesstattliche Erklärung eines Kunden des betroffenen Beteiligten und eine Seite aus einem Messekatalog zusammen nicht eine stetige, stabile und tatsächliche Benutzung der Marke durch die Widerspruchsführerin beweisen, die einer ernsthaften Benutzung dieser Marke gleichkommen kann“. Als Erstes ist, was die schriftliche Erklärung des Geschäftsführers der Klägerin angeht, zunächst daran zu erinnern, dass Art. 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 als Beweismittel für die Benutzung der Marke im Sinne der Verweisung in Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 „schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben“, nennt. Daher sind die Wirkungen einer schriftlichen Erklärung nur dann nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats zu ermitteln, wenn sie nicht unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurde (Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005, Lidl Stiftung/HABM – REWE-Zentral [Salvita], T-303/03, Slg. 2005, II-1917 , Randnr. 40). Hier steht fest, dass es sich bei der schriftlichen Erklärung des Geschäftsführers der Klägerin um eine eidesstattliche Erklärung handelt und dass sie als solche von der Beschwerdekammer für zulässig gehalten wurde. Sie gehört demnach, ohne dass ihre Wirkungen nach deutschem Recht geprüft zu werden brauchen, zu den Beweismitteln, die nach Art. 76 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94, auf den Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 verweist, in Betracht kommen (Urteil Salvita, Randnr. 40). Sodann ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung geirrt hat, als sie befand, dass eine solche schriftliche Erklärung vor dem HABM nur dann „vollen“ Beweiswert haben könne, wenn sie nach dem betreffenden nationalen Recht als Erklärung „unter Eid“ oder „an Eides statt“ eingestuft werde oder zumindest ähnliche Wirkung habe. Sie hat auch geirrt, als sie der schriftlichen Erklärung des Geschäftsführers der Klägerin deshalb keinen „vollen“ Beweiswert zuerkannte, weil die Klägerin nicht dargelegt hatte, nach welchen Bestimmungen des deutschen Rechts eine falsche Erklärung geahndet wird. Die Verordnung Nr. 40/94 und die Verordnung Nr. 2868/95 enthalten nämlich nichts, was die Schlussfolgerung erlauben würde, dass die Beweiskraft der Nachweise für die Benutzung der Marke einschließlich der eidesstattlichen Erklärungen im Licht der innerstaatlichen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats zu prüfen wäre (Urteil Salvita, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnr. 42). Im Übrigen hat das HABM in seiner Antwort auf die ihm vom Gericht gestellte schriftliche Frage ausdrücklich eingeräumt, dass die Ausführungen in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung von denen des Urteils Salvita (oben in Randnr. 32 angeführt) abwichen. So hat es zutreffend zugestanden, dass „unabhängig von der Lage nach nationalem Recht die Beweiskraft einer schriftlichen Erklärung in Verfahren vor dem [HABM] relativ ist, ihr Inhalt also frei gewürdigt werden muss“. Diese Fehler haben jedoch keine Auswirkung auf die Richtigkeit der Analyse der Beschwerdekammer, da sie nicht dazu geführt haben, dass diese der schriftlichen Erklärung des Geschäftsführers der Klägerin jeden Beweiswert abgesprochen hat. Aus den Randnrn. 18 bis 23 der angefochtenen Entscheidung ergibt sich nämlich, dass die Beschwerdekammer, wie es ihr oblag (vgl. in diesem Sinne Urteil Salvita, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnr. 41), dieser schriftlichen Erklärung im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Aktenstücke gebührend Rechnung trug. Sie war zwar in Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung der Ansicht, dass besagte schriftliche Erklärung für sich allein genommen nicht ausreiche und die darin enthaltenen Aussagen durch zusätzliche „objektive“ Gesichtspunkte gestützt werden müssten. Wie das HABM zu Recht geltend macht, ist dies jedoch nicht zu beanstanden, da diese Erklärung von einem Geschäftsführer der Klägerin abgegeben wurde und nicht von einem Dritten oder einer unabhängigen Person (vgl. in diesem Sinne Urteil Salvita, Randnrn. 43 bis 45, und Urteil des Gerichts vom 16. Dezember 2008, Deichmann-Schuhe/HABM – Design for Woman [DEITECH], T-86/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 50). Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass zur Beurteilung des Beweiswerts eines Dokuments vor allem die Wahrscheinlichkeit der darin enthaltenen Information zu untersuchen ist. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die Herkunft des Dokuments, die Umstände seiner Ausarbeitung und sein Adressat, und es ist die Frage zu beantworten, ob es seinem Inhalt nach vernünftig und glaubhaft erscheint (Urteile Salvita, Randnr. 42, und DEITECH, Randnr. 47). Hier enthält die schriftliche Erklärung des Geschäftsführers der Klägerin Angaben zur Benutzung der älteren Marke in Bezug auf den Ort (Deutschland), die Zeit (2000 bis 2005), den Umfang (Jahresumsätze und Zahl der jährlich verkauften Artikel) und die Art der bezeichneten Waren (Sportbekleidung, insbesondere Jacken, Regenbekleidung, Skibekleidung, Hosen, Jeans, T-Shirts …). Wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, werden diese Angaben aber durch die Anlagen zu dieser schriftlichen Erklärung nicht hinreichend bestätigt. Die nach Kunden aufgeschlüsselte Aufstellung der Jahresabsätze von 2000 bis 2005 und die nach Art des Bekleidungsstücks aufgeschlüsselte Aufstellung dieser Absätze enthalten nämlich abgesehen davon, dass auch sie von der Klägerin selbst erstellt wurden, keinerlei Bezugnahme auf die ältere Marke. Auch die Bestellscheine, die Lieferscheine und die Rechnungen nennen, wie die Klägerin im Übrigen in ihren Schriftsätzen ausdrücklich einräumt, die ältere Marke nicht und betreffen darüber hinaus nur die Jahre 2004 bis 2006. Die einzige Marke, die in diesen Unterlagen vorkommt, ist die Bildmarke Nickel Sportswear. Die Fotos und die Etiketten der Bekleidung liefern keine Information darüber, wo, wann und in welchem Umfang Waren tatsächlich unter der älteren Marke verkauft wurden, was von der Klägerin in ihren Schriftsätzen auch ausdrücklich zugestanden wird. Gleiches gilt für die zweite der beiden Seiten aus den Katalogen für Handelsmessen und für die beiden Seiten aus dem Werbeprospekt. Zu dem Werbeprospekt ist insbesondere festzustellen, dass allein sein Vorhandensein weder seine Ausgabe an eine potenzielle deutsche Kundschaft noch das Ausmaß seiner etwaigen Verbreitung und auch nicht die Absatzmenge von mit der älteren Marke geschützten Waren belegt (vgl. in diesem Sinne Urteil VITAKRAFT, oben in Randnr. 25 angeführt, Randnr. 34). Der einzige im Ansatz erhebliche Anhaltspunkt liegt, obwohl er für sich genommen u. a. mangels Angabe über das Ausmaß der Benutzung bei Weitem nicht ausreichend ist, darin, dass eine Seite aus einem der beiden genannten Messekataloge vom August 2004 datiert. Die Klägerin kann sich nicht darauf berufen, dass die Angaben in der schriftlichen Erklärung ihres Geschäftsführers den vorstehend in Randnr. 36 festgestellten Unzulänglichkeiten abhelfen können. Wie nämlich das HABM zutreffend vorbringt, sind es die Angaben in der schriftlichen Erklärung, die der Bestätigung durch sonstige Anhaltspunkte bedürfen und nicht umgekehrt. Sodann ist die schriftliche Erklärung des Geschäftsführers einer Gesellschaft, die Kunde einer Tochtergesellschaft der Klägerin ist, an sich hinreichend, um bestimmte Tatsachen zu belegen, da sie von einer im Verhältnis zur Klägerin dritten Gesellschaft stammt. Wie jedoch die Beschwerdekammer in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung richtig ausgeführt hat, lässt sich mit dieser schriftlichen Erklärung, die nur bestimmte Einkäufe eines vereinzelten Kunden einer Tochtergesellschaft der Klägerin betrifft, nur eine sehr begrenzte Benutzung der älteren Marke in Deutschland während des maßgeblichen Zeitraums nachweisen. In Anbetracht der vorstehend in den Randnrn. 34 bis 38 getroffenen Feststellungen ist mit der Beschwerdekammer davon auszugehen, dass die verschiedenen von der Klägerin vor der Widerspruchsabteilung fristgerecht beigebrachten Beweise bei einer Gesamtwürdigung nicht für den Nachweis einer umfangreichen, stetigen und tatsächlichen Benutzung der älteren Marke in Deutschland während des maßgeblichen Zeitraums ausreichen. Im Ergebnis hat die Beschwerdekammer deshalb fehlerfrei befunden, dass im vorliegenden Fall der Nachweis einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke nicht fristgemäß erbracht worden sei. Daher ist der erste Klagegrund zurückzuweisen. Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 Nach Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 braucht das HABM Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. Nach ständiger Rechtsprechung folgt aus dem Wortlaut von Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94, dass die Beteiligten als allgemeine Regel und vorbehaltlich einer gegenteiligen Vorschrift Tatsachen und Beweismittel auch dann noch vorbringen können, wenn die für dieses Vorbringen nach den Bestimmungen dieser Verordnung geltenden Fristen abgelaufen sind, und dass es dem HABM keineswegs untersagt ist, solche verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zu berücksichtigen (Urteil des Gerichtshofs vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C-29/05 P, Slg. 2007, I-2213 , Randnr. 42; Urteile des Gerichts vom 6. November 2007, SAEME/HABM – Racke [REVIAN’s], T-407/05, Slg. 2007, II-4385 , Randnr. 56, und vom 12. Dezember 2007, K & L Ruppert Stiftung/HABM – Lopes de Almeida Cunha u. a. [CORPO livre], T-86/05, Slg. 2007, II-4923 , Randnr. 44). Die Beteiligten des Verfahrens vor dem HABM haben nicht uneingeschränkt die Möglichkeit, Tatsachen und Beweismittel nach Ablauf der dafür gesetzten Fristen vorzubringen; vielmehr hängt diese Möglichkeit davon ab, dass keine gegenteilige Vorschrift besteht. Nur wenn diese Voraussetzung vorliegt, hat das HABM ein Ermessen in Bezug auf die Berücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel, das ihm der Gerichtshof im Wege der Auslegung von Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 zuerkannt hat (Urteil CORPO livre, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 47). Im vorliegenden Fall gibt es aber eine Vorschrift, die der Berücksichtigung der von der Widerspruchsführerin erstmals vor der Beschwerdekammer beigebrachten Beweise entgegensteht, nämlich Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 in seiner Konkretisierung durch Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95. Die letztgenannte Vorschrift lautet nämlich: „Hat der Widersprechende den Nachweis der Benutzung zu erbringen oder den Nachweis, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, so fordert das [HABM] ihn auf, die erforderlichen Beweismittel innerhalb einer vom [HABM] gesetzten Frist vorzulegen. Legt der Widersprechende diese Beweismittel nicht fristgemäß vor, so weist das Amt den Widerspruch zurück.“ Aus dem zweiten Satz dieser Vorschrift geht hervor, dass die Vorlage von Beweismitteln für die Benutzung der älteren Marke nach Ablauf der dafür gesetzten Frist grundsätzlich zur Zurückweisung des Widerspruchs führt, ohne dass das HABM insoweit über ein Ermessen verfügt. Ob die ältere Marke ernsthaft benutzt wurde, ist nämlich eine Vorfrage, die als solche beantwortet werden muss, bevor eine Entscheidung über den Widerspruch selbst getroffen wird (Urteil CORPO livre, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 49). Das Gericht hat jedoch entschieden, dass Regel 22 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung Nr. 2868/95 nicht dahin ausgelegt werden kann, dass sie der Berücksichtigung zusätzlicher Beweise im Hinblick auf neu zutage getretene Gesichtspunkte entgegensteht, und zwar auch dann nicht, wenn die Beweise nach Ablauf dieser Frist beigebracht werden (Urteile HIPOVITON, oben in Randnr. 24 angeführt, Randnr. 56, und CORPO livre, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 50). Hier war die Beschwerdekammer in den Randnrn. 27 bis 29 der angefochtenen Entscheidung unter Berufung auf die vorstehend in den Randnrn. 41 bis 46 dargestellten Grundsätze der Ansicht, dass sie über keinerlei Ermessensspielraum verfüge, der ihr eine Berücksichtigung der von der Klägerin erstmals vor ihr vorgelegten Beweismittel erlaube, da es keinen neuen Gesichtspunkt gebe, der die verspätete Vorlage rechtfertige. Die Klägerin ist der Auffassung, dass diese Beweismittel von der Beschwerdekammer hätten berücksichtigt werden müssen, da sie die der Widerspruchsabteilung fristgerecht vorgelegten Beweismittel nur ergänzten und verdeutlichten. Die im Urteil HIPOVITON (oben in Randnr. 24 angeführt) aufgestellten Grundsätze gälten nicht nur dann, wenn die verspäteten Beweise vor Ablauf der gesetzten Frist nicht verfügbar gewesen seien oder der Anmelder der Gemeinschaftsmarke neue tatsächliche Gesichtspunkte geltend gemacht oder die Beweise des Widerspruchsführers erfolgreich entkräftet habe, sondern auch dann, wenn die Widerspruchsabteilung die letztgenannten Beweise für unzureichend gehalten habe. Das HABM schließt sich der Argumentation der Beschwerdekammer, wie sie oben in Randnr. 47 dargestellt worden ist, an. Es regt jedoch an, Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 so auszulegen, dass die Beschwerdekammern danach unabhängig vom Vorliegen „neuer Gesichtspunkte“ Beweise zulassen können, die erstmals vor ihnen beigebracht werden, wenn diese „rein ergänzend“ sind, d. h. nur dazu bestimmt, im ersten Verfahrenszug fristgerecht beigebrachte Beweise zu vervollständigen. Diese Auslegung scheine den vom Gerichtshof im Urteil HABM/Kaul (oben in Randnr. 42 angeführt) für die Zulassung verspäteter Beweismittel aufgestellten Kriterien zu genügen und dem „Geist“ dieses Urteils zu entsprechen. Das HABM räumt ein, dass, falls hier eine solche Auslegung zugrunde gelegt werden sollte, festzustellen wäre, dass die Beschwerdekammer irrig zu dem Ergebnis gelangt sei, dass sie in diesem Bereich über keinen Ermessensspielraum verfüge, und dass folglich der zweite Klagegrund durchgreifen würde und die angefochtene Entscheidung aufzuheben wäre. In der mündlichen Verhandlung hat das HABM hinzugefügt, dass diese Auslegung in Richtung des Ansatzes gehe, den das Gericht in seinen Urteilen vom 29. September 2011, New Yorker SHK Jeans/HABM – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht), und vom 16. November 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/HABM – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) ( T-308/06, Slg. 2011, II-7881 ), gewählt habe, und dass es die Entscheidung, ob dieser Ansatz auch hier zugrunde gelegt werden sollte, vertrauensvoll in die Hände des Gerichts lege. Es ist zwischen den Parteien unstreitig und geht auch aus den Akten hervor, dass die Klägerin vor der Widerspruchsabteilung einschlägige Beweise zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke fristgerecht beibrachte, und zwar in dem guten Glauben, dass sie ausreichten, um ihre Behauptungen zu stützen. Ebenso ist zwischen den Parteien unstreitig und geht aus den Akten hervor, dass die Beweise, die von der Klägerin erstmals vor der Beschwerdekammer in Anlage zu ihrer Beschwerdebegründung, mit der sie eine umfassende Neuprüfung der Sache begehrte, beigebracht wurden, bloß den Inhalt der ursprünglichen Beweise verstärken oder verdeutlichen sollten. Sie waren also nicht die ersten und einzigen Beweise für die Benutzung. In Anbetracht der vorstehend in den Randnrn. 50 und 51 geschilderten Umstände ist davon auszugehen, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall anders als von ihr in der angefochtenen Entscheidung angenommen über ein Ermessen verfügte, aufgrund dessen es ihr freistand, die mit der Beschwerdebegründung beigebrachten ergänzenden Beweise zu berücksichtigen oder nicht. Regel 22 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 ist nämlich in dem Sinn zu verstehen, dass nichts gegen die Berücksichtigung ergänzender Beweise sprechen kann, die lediglich zu anderen, fristgerecht beigebrachten Beweisen hinzukommen, wenn den ursprünglichen Beweisen nicht die Erheblichkeit abzusprechen ist, sondern sie für unzureichend befunden wurden. Diese Überlegung, die die genannte Regel keinesfalls überflüssig macht, gilt umso mehr, als die Klägerin keinen Fristmissbrauch durch absichtliche Verzögerungstaktiken oder offenkundige Fahrlässigkeit begangen hat und die von ihr beigebrachten ergänzenden Beweise darauf beschränkt waren, die Anhaltspunkte zu bestätigen, die sich bereits aus den fristgemäß abgegebenen schriftlichen Erklärungen ergaben. Eine solche Auslegung steht nicht in Widerspruch zu der oben in Randnr. 46 angeführten Rechtsprechung, die zu anders gelagerten Sachverhalten ergangen ist. In der Rechtssache, in der das Urteil HIPOVITON (oben in Randnr. 24 angeführt) ergangen ist, hatte die Widerspruchsführerin fristgemäß Beweise beigebracht. Später hatten die Anmelderinnen der Marke in ihrem bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsatz neue Tatsachen und Argumente vorgebracht. Das Gericht beanstandete, dass die Beschwerdekammer die Widerspruchsführerin nicht aufgefordert habe, zu diesem Schriftsatz Stellung zu nehmen, und befand, dass der Widerspruchsführerin die Gelegenheit genommen worden sei, die Zweckmäßigkeit der Beibringung zusätzlicher Beweise zu beurteilen. Es fügte hinzu, dass die Beschwerdekammer somit nicht alle Kriterien habe berücksichtigen können, die für die Beurteilung relevant seien, ob die Benutzung der betreffenden Marke als ernsthaft einzustufen sei, und sich so auf eine unvollständige tatsächliche Grundlage gestützt habe (Urteil HIPOVITON, oben in Randnr. 24 angeführt, Randnrn. 54 und 58). In der Rechtssache, in der das Urteil CORPO livre (oben in Randnr. 42 angeführt) ergangen ist, stellte das Gericht für die Feststellung, dass das HABM über keinen Ermessensspielraum verfügt habe, um nach der gesetzten Frist vorgelegte Beweismittel zu berücksichtigen, ausdrücklich darauf ab, dass es bei diesen Beweismitteln „nicht um zusätzliche Beweise, sondern um die ersten und einzigen Beweise für die Benutzung“ der in jener Rechtssache geltend gemachten älteren Marken gegangen sei (Urteil CORPO livre, oben in Randnr. 42 angeführt, Randnr. 50). Die Schlussfolgerung, dass der Beschwerdekammer die Möglichkeit offenstand, die von der Klägerin vor ihr am 23. Oktober 2007 beigebrachten ergänzenden Beweise zu berücksichtigen, steht im Übrigen völlig mit den Grundsätzen in Einklang, die der Gerichtshof im Urteil HABM/Kaul (oben in Randnr. 42 angeführt) aufgestellt hat. So hat der Gerichtshof in Randnr. 44 jenes Urteils klargestellt, dass die Berücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen oder Beweismittel durch das HABM, wenn es im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens zu entscheiden hat, insbesondere dann gerechtfertigt sein kann, wenn das HABM zu der Auffassung gelangt, dass zum einen diese Tatsachen oder Beweismittel auf den ersten Blick von wirklicher Relevanz für das Ergebnis des bei ihm eingelegten Widerspruchs sein können und dass zum anderen das Verfahrensstadium, in dem das verspätete Vorbringen erfolgt, und die Umstände, die es begleiten, einer solchen Berücksichtigung nicht entgegenstehen. Im Urteil HABM/Kaul (oben in Randnr. 42 angeführt) hat der Gerichtshof außerdem die Zulassung verspäteter Beweismittel auf der Grundlage der Grundsätze der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung gerechtfertigt, nach denen die Prüfung der Begründetheit eines Widerspruchs so vollständig wie möglich sein muss, damit die Eintragung von Marken vermieden wird, die später für nichtig erklärt werden könnten (vgl. in diesem Sinne Randnrn. 48, 57 und 58 jenes Urteils). Daher können diese Grundsätze vor dem Grundsatz der Verfahrenseffizienz, der der Notwendigkeit der Einhaltung von Fristen zugrunde liegt, Vorrang haben, wenn die Umstände des konkreten Falles dies rechtfertigen. Nach alledem greift der zweite Klagegrund durch. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Da außerdem das HABM hilfsweise die Rückverweisung der Sache an die Beschwerdekammer beantragt hat, ist festzustellen, dass das HABM im Rahmen einer beim Gericht erhobenen Klage gegen die Entscheidung einer Beschwerdekammer nach Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des Gerichts ergeben. Deshalb ist dieser Antrag zurückzuweisen. Kosten Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da hier das HABM unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen. Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Fünfte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 13. März 2008 (Sache R 1261/2007-2) wird aufgehoben. 2. Das HABM trägt die Kosten. Papasavvas Vadapalas O’Higgins Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 28. März 2012. Unterschriften ( *1 ) Verfahrenssprache: Englisch.

61992CJ0107

es

Motivación de la sentencia 1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de abril de 1992, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 185, p. 5; EE 17/01, p. 9; en lo sucesivo, "Directiva"), al haber omitido enviar a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, un anuncio de licitación para la construcción de una barrera antialudes en la localidad de Colle Isarco/Brennero. 2 El título III de la Directiva establece, entre otras medidas, normas relativas a una publicidad adecuada de los anuncios de licitación que ofrezca a todos los contratistas interesados de la Comunidad la posibilidad de ser informados sobre la licitación y, en su caso, de participar en ella. 3 En virtud del artículo 12 de la Directiva, los anuncios de licitación deberán enviarse a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, que procederá a su publicación en el Diario Oficial, como muy tarde, nueve días después de la fecha de envío. En el párrafo cuarto de esta misma disposición se precisa, no obstante, que en el procedimiento acelerado, previsto en el artículo 15, dicho plazo de publicación no será superior a cinco días después de la fecha de envío. 4 Con arreglo al artículo 14 de la Directiva, el plazo de recepción de las solicitudes de participación y el de recepción de las ofertas que los candidatos elegidos están invitados a presentar serán, como mínimo, de veintiún días en cada caso, a partir de la fecha de envío del anuncio y a partir de la fecha de envío de la invitación por escrito dirigida a los candidatos, respectivamente. No obstante, el artículo 15 precisa que en el caso de que la urgencia haga impracticables los plazos establecidos en el artículo 14, los poderes adjudicadores podrán aplicar plazos reducidos, a saber, doce días a partir de la fecha de envío del anuncio para las solicitudes de participación, y diez días a partir de la fecha de invitación por escrito para las ofertas. En consecuencia, dicho procedimiento acelerado reduce el plazo total del procedimiento de publicidad de cuarenta y dos a veintidós días, como mínimo. 5 En el artículo 9 de la Directiva se exceptúan de la aplicación de sus disposiciones en materia de publicidad una serie de supuestos. Más concretamente, en la letra d) del artículo 9 se prevé una excepción "en la medida estrictamente necesaria, cuando una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevistos para los poderes adjudicadores no sea compatible con los plazos requeridos por otros procedimientos." 6 El 18 de junio de 1988, el Ufficio del Genio Civile (Oficina de Ingeniería civil) de Bolzano, servicio que depende del ministero dei Lavori pubblici (Ministerio de Obras Públicas italiano), celebró un contrato público de obras con la empresa italiana Collini e Rabbiosi SpA, para la construcción de una barrera antialudes en la región denominada "Alpe Gallina", en Colle Isarco/Brennero, sin que se publicase previamente el anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 7 Por considerar que dicha omisión constituía una infracción de las disposiciones de la Directiva, la Comisión, mediante carta de 24 de enero de 1990, requirió a la República Italiana para que le presentara sus observaciones en el plazo de un mes. 8 La respuesta proporcionada por el Gobierno italiano el 15 de marzo de 1990 condujo a la Comisión a dirigirle un dictamen motivado el 13 de febrero de 1991. Habida cuenta de la falta de respuesta a dicho dictamen, la Comisión decidió interponer el presente recurso. 9 La Comisión estima que el Gobierno Italiano no aportó la prueba de la existencia de una imperiosa urgencia derivada de acontecimientos imprevistos, con arreglo a la letra d) del artículo 9 de la Directiva. A este respecto, en primer lugar, destaca que entre la presentación, el 10 de junio de 1988, a las autoridades nacionales competentes, del informe del Servicio geológico del ministero dell' Ambiente (Ministerio del Medio ambiente), en el que se recomendaba una intervención urgente en el presente caso y el comienzo de las obras el 21 de septiembre de 1988, transcurrieron más de tres meses, y que, durante dicho período, el Gobierno italiano hubiera podido iniciar el procedimiento acelerado de veintidós días previsto en la Directiva. En segundo lugar, señala que el último alud registrado en la región de Brenner en 1975 no podía justificar una intervención de urgencia. 10 Según el Gobierno italiano, la postura de la Comisión no toma en consideración el hecho nuevo que se deriva del informe geológico antes mencionado, en relación con el peligro imprevisto e inminente de aludes en la región. Alega que, teniendo en cuenta la urgencia así señalada, las autoridades italianas consideraron que las obras debían comenzar imperativamente antes de finalizar el otoño de 1988; que, por tanto, el procedimiento administrativo debía concluirse durante el breve plazo de los tres meses de verano y que, en consecuencia, era imposible respetar las disposiciones de la Directiva. 11 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal. 12 A tenor de la letra d) del artículo 9 de la Directiva, la excepción prevista en dicha disposición, a saber, la dispensa de la obligación de publicar un anuncio de licitación, está supeditada al cumplimiento de tres requisitos acumulativos. En efecto, supone la existencia de un acontecimiento imprevisto, de una imperiosa urgencia incompatible con los plazos requeridos en otros procedimientos y, por último, de una relación de causalidad entre el acontecimiento imprevisto y la imperiosa urgencia que del mismo se deriva. 13 A este respecto, la cronología analizada en detalle por el Abogado General en los puntos 8 y 13 de sus conclusiones muestra que nada impedía que el Gobierno italiano respetara, en el presente caso, los plazos del procedimiento acelerado previstos en la Directiva. 14 Por consiguiente, procede admitir, de acuerdo con la Comisión, que el Gobierno italiano no ha acreditado la existencia de una imperiosa urgencia, con arreglo a la letra d) del artículo 9. 15 En consecuencia, y sin que deba comprobarse si, en el presente caso, se cumplían los dos requisitos restantes de la excepción, procede declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva, al haber omitido enviar a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, un anuncio de licitación para la construcción de una barrera antialudes en la localidad de Colle Isarco/Brennero. Decisión sobre las costas Costas 16 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Italiana, procede condenarla en costas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA decide: 1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, al haber omitido enviar a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, para su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, un anuncio de licitación para la construcción de una barrera antialudes en la localidad de Colle Isarco/Brennero. 2) Condenar en costas a la República Italiana.

62000TJ0308

et

Õiguslik raamistik 1       ST artikkel 4 sätestab: „Söe ja terase ühisturuga on kokkusobimatud ja ühenduse piires käesoleva lepinguga ette nähtud tingimustel kaotatud ja keelatud: […] c) riikide antavad subsiidiumid või abi või nende määratavad erimaksud mis tahes vormis.” 2       ST artikkel 67 sätestab: „1. Asjaomane valitsus peab teatama komisjonile kõigist liikmesriigi meetmetest, millel võib olla märgatav mõju konkurentsitingimustele söe- ja terasetööstuses. 2. Kui meede suurendab oluliselt tootmiskulude erinevust, mille põhjuseks ei ole tootlikkuse muutus ja mis võib põhjustada tõsist turu tasakaalustamatust, võib komisjon pärast nõuandekomitee ja nõukoguga konsulteerimist rakendada järgmisi meetmeid: –       kui liikmesriigi meede mõjutab kahjulikult selle riigi jurisdiktsiooni all olevaid söe- või teraseettevõtjaid, võib komisjon lubada anda neile abi, mille suurus, tingimused ja kestus määratakse kindlaks kokkuleppel komisjoniga; […] –       kui liikmesriigi meede mõjutab kahjulikult teiste liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevaid söe- või teraseettevõtjaid, adresseerib komisjon talle soovituse, et korvata seda mõju meetmetega, mida asjaomane liikmesriik peab oma majanduse tasakaalu seisukohalt kõige sobivamateks. […]” 3       ST artikli 95 esimene ja teine lõik sätestavad: „Kui käesolevas lepingus käsitlemata juhtudel osutub komisjoni otsus või soovitus vajalikuks, et artikli 5 kohaselt saavutada söe ja terase ühisturul mõnda artiklites 2, 3 ja 4 määratletud ühenduse eesmärki, võib sellise otsuse või soovituse võtta vastu nõukogu ühehäälsel nõusolekul ja pärast nõuandekomiteega konsulteerimist. Võimalikud sanktsioonid määratakse sama otsuse või soovitusega, mis võetakse vastu samasuguses korras.” 4       Terasesektori ümberstruktureerimise vajadustest lähtuvalt seadis Euroopa Ühenduste Komisjon ST artiklile 95 tuginedes alates 1980. aastate algusest sisse ühenduse korra, mis lubas piiratud juhtudel anda terasetööstusele riigiabi. Terasetööstuse konjunktuuriprobleemide lahendamiseks on seda korda järk-järgult muudetud. Sel eesmärgil vastu võetud järjestikuseid otsuseid tähistatakse ühiselt nimetusega „teraseabikoodeksid”. 5       18. detsembril 1996 võttis komisjon vastu otsuse 2496/96/ESTÜ, millega kehtestati kuues teraseabikoodeks ehk ühenduse eeskirjad terasetööstusele antava riigiabi kohta (EÜT L 338, lk 42). See otsus oli kehtiv 1. jaanuarist 1997 kuni 22. juulini 2002. Vaidluse taust 6       Salzgitter AG – Stahl und Technologie (edaspidi „hageja”) on terasesektoris tegutsev kontsern, mis ühendab endas Preussag Stahl AG ja teisi terasesektoris tegutsevaid ettevõtjaid. 7       5. augustil 1971 võeti Saksamaal vastu Zonenrandförderungsgesetz (Saksa seadus endise Saksa Demokraatliku Vabariigiga ja endise Tšehhoslovakkia Vabariigiga külgnevate piirialade arengu toetamise kohta, edaspidi „ZRFG”), mille komisjon kiitis heaks koos selle hilisemate muudatustega, olles hinnanud ettenähtud meetmeid EÜ asutamislepingu artikli 92 alusel (pärast muudatusi EÜ artikkel 87) ja EÜ asutamislepingu artikli 93 alusel (nüüd EÜ artikkel 88). Viimaseid ZRFG muudatusi hindas komisjon kui EÜ asutamislepinguga kooskõlas olevat riigiabi (EÜT 1993, C 3, lk 3). ZRFG kaotas kehtivuse 1995. aastal. 8       Algusest saadik nägi ZRFG § 3 ette maksusoodustusi eriamortisatsiooni (Sonderabschreibungen) ja maksuvabade reservide (steuerfreie Rücklagen) vormis investeeringute puhul, mida tehti endise Saksa Demokraatliku Vabariigiga või endise Tšehhoslovakkia Vabariigiga külgneval piirialal (edaspidi Zonenrandgebiet ) asuvasse ettevõttesse. Eriamortisatsioon tähendas võimalust kanda esimestel aastatel pärast kõnealusesse ettevõttesse investeerimist ettevõtja bilanssi subsideeritava investeeringuna suurem amortisatsioonisumma kui üldreeglina lubatud. See tõi ettevõtjale esimestel investeeringujärgsetel aastatel kaasa väiksema maksubaasi ja seega rohkem likviidseid vahendeid, tagades talle varalise kasu. Samasugust kasu sai ettevõtja maksuvabade reservide kaudu. Kuid eriamortisatsioon ja maksuvabad reservid ei olnud kumuleeritavad. 9       Pärast seda, kui komisjon oli praegu Salzgitter AG kontserni kuuluva äriühingu Preussag Stahl AG raamatupidamise aastaaruande põhjal avastanud, et aastatel 1986–1995 on sellele äriühingule antud korduvalt riigiabi ZRFG § 3 alusel, teatas komisjon 3. märtsi 1999. aasta kirjaga Saksamaa Liitvabariigile oma otsusest algatada kuuenda teraseabikoodeksi artikli 6 lõikes 5 ette nähtud menetlus seoses abiga, mida Saksamaa on andnud Preussag Stahl AG-le ja teistele Salzgitter AG kontserni kuuluvatele tütarettevõtjatele. Kõnealuse otsusega, mis avaldati 24. aprillil 1999 Euroopa Ühenduste Teatajas (EÜT C 113, lk 9), küsis komisjon asjaosalistelt selle abi kohta selgitusi. 10     Haldusmenetluse käigus sai komisjon Saksa ametiasutuste kommentaarid 10. mai 1999. aasta kirjaga ning ta edastas Saksamaa Liitvabariigile ainsa menetlusse astunud asjaosalise, UK Steel Association’i selgitused. 11     28. juunil 2000 võttis komisjon vastu otsuse 2000/797/ESTÜ riigiabi kohta, mida Saksamaa Liitvabariik andis Salzgitter AG-le, Preussag Stahl AG-le ja kontserni kuuluvatele terasetööstuses tegutsevatele tütarettevõtjatele, kelle praegune ühine nimi on Salzgitter AG – Stahl und Technologie (SAG) (EÜT L 323, lk 5, edaspidi „vaidlustatud otsus”), millega tunnistati ühisturuga kokkusobimatuks riigiabiks ZRFG §-s 3 ette nähtud eriamortisatsioon ja maksuvabad reservid, mida hagejale võimaldati vastavalt 484 miljoni ja 367 miljoni Saksa marga suuruse abikõlbliku baasi kohta. Vaidlustatud otsuse artiklite 2 ja 3 kohaselt käskis komisjon Saksamaa Liitvabariigil nõuda kõnealuse abi saajalt selle tagastamist ja teatada komisjonile abi tagastamise täpsed tingimused. Menetluse käik ja poolte taotlused 12     Hageja esitas hagiavalduse Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kantseleisse 21. septembril 2000. 13     Hageja poolt oma hagiavalduses esitatud taotluse järel palus Esimese Astme Kohus kohtusekretäri 13. novembri 2000. aasta kirjaga kostjal täita ESTÜ kohtu põhikirja protokolli artiklist 23 tulenevad kohustused. 3. jaanuaril 2001 esitas kostja kohtukantseleisse 27 dokumendist koosneva haldustoimiku, kusjuures ükski neist dokumentidest ei olnud konfidentsiaalne. 11. jaanuari 2001. aasta kirjaga teatas kohtusekretär hagejale, et tal on lubatud tutvuda kohtukantseleisse esitatud toimikuga. 14     30. jaanuaril 2001 taotles Saksamaa Liitvabariik menetlusse astumist, et toetada hageja nõudeid. 15     Pooled ei esitanud Saksamaa Liitvabariigi menetlusse astumise taotlusele vastuväiteid ning 29. märtsil 2001 lubas Esimese Astme Kohtu neljanda, laiendatud koja esimees oma määrusega Saksamaa Liitvabariigil menetlusse astuda. 16     Saksamaa Liitvabariigi kui menetlusse astuja seisukohti käsitlevate hageja ja kostja kirjalike märkuste esitamise järel kuulutati 3. septembril 2001 kirjalik menetlus lõppenuks. 17     Olles ära kuulanud ettekandjaks oleva kohtuniku ettekande, otsustas Esimese Astme Kohus (neljas, laiendatud koda) avada suulise menetluse ning palus menetlust korraldava abinõuna pooltel esitada dokumente ja vastata enne kohtuistungit küsimustele, mida määratud tähtaja jooksul ka tehti. 18     16. oktoobri 2003. aasta kohtuistungil kuulati ära poolte kohtukõned ja nende vastused Esimese Astme Kohtu küsimustele. 19     Hageja ja tema toetuseks menetlusse astunud Saksamaa Liitvabariik palusid Esimese Astme Kohtul: –       tühistada vaidlustatud otsus; –       mõista kohtukulud välja kostjalt. 20     Kostja palus Esimese Astme Kohtul: –       jätta hagi kui põhjendamatu rahuldamata; –       mõista kohtukulud välja hagejalt. Õigusküsimused 21     Tühistamishagi toetuseks esitas hageja kaheksa väidet. Esimese väite kohaselt on komisjon korduvalt teinud ebaõigeid otsustusi riigiabi mõiste kohta; teise väite kohaselt on ST artikli 4 punkti c ja artiklit 67 vääralt tõlgendatud; kolmanda väite kohaselt on jäetud kohaldamata ST artikkel 95; neljanda väite kohaselt on tehtud kaalutlusviga sellega, et teatavaid investeeringuid peeti ESTÜ asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvaks; viienda väite kohaselt on tehtud kaalutlusviga sellega, et komisjon ei pidanud teatavaid investeerimisprojekte keskkonnakaitsemeetmeteks; kuuenda väite kohaselt on kasutatava diskontomäära kindlaksmääramisel tehtud kaalutlusviga; seitsmenda väite kohaselt on rikutud õiguskindluse põhimõtet ja viimase, kaheksanda väite kohaselt on rikutud põhjendamiskohustust. Esimene väide, mille järgi on komisjon teinud korduvalt ebaõigeid riigiabi mõistet käsitlevaid otsustusi 22     Oma esimeses väites kinnitas hageja, et komisjonil ei olnud õigus, kui ta kvalifitseeris ZRFG §-s 3 ette nähtud eriamortisatsiooni ja maksuvabad reservid riigiabiks ESTÜ asutamislepingu mõttes. See väide jaguneb neljaks osaks, mis käsitlevad vastavalt ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmete üldist laadi, meetmete väidetavalt korvavat laadi, väidetavat vajadust uurida ühenduse liikmesriikide maksueeskirju, et teha kindlaks, milline on „normaalne” maksukoormus, ning komisjoni väidetavat kohustust tõendada ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmete mõju konkurentsile. Väite esimene osa, mis käsitleb ZRFG § 3 maksueeskirjade ebaõiget kvalifitseerimist niivõrd, kuivõrd on tegemist üldiste maksueeskirjadega –       Poolte argumendid 23     Hageja väitis, et ZRFG maksueeskirjad on üldised eeskirjad, mida kohaldatakse kõikide ühenduse ettevõtjate suhtes, kellel on ettevõtteid endise Saksa Demokraatliku Vabariigiga ja endise Tšehhoslovakkia Vabariigiga külgnevatel piirialadel. Neil asjaoludel leidis hageja, et ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmeid ei saa kvalifitseerida riigiabiks. 24     Menetlusse astuja oli selle seisukohaga põhimõtteliselt nõus. 25     Kostja märkis kõigepealt, et varasemate ZRFG-d käsitlevate komisjoni otsuste lõplikkus välistab sellise otsuse tegemise, mis ei kvalifitseeriks ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmeid riigiabiks, sest ST artikli 4 punktis c ja EÜ artiklis 87 esitatud riigiabi määratlused on vaieldamatult identsed, ehkki nendega seonduvad eeskirjad on täiesti erinevad. 26     Kostja täpsustas, et ZRFG §-s 3 ette nähtud maksusoodustused on regioonispetsiifilised. Isegi kui kõik ettevõtjad võivad nimetatud sättega ette nähtud meetmetest kasu saada, annavad need meetmed konkurentsieelise vaid soositud regioonis tehtud investeeringutele, mitte investeeringutele, mis on tehtud väljaspool kõnealust regiooni asuvatesse ettevõtetesse. Meetmed võeti vastu konkreetse regiooni soodustamiseks ja seega tuleb neid pidada riigiabiks. –       Esimese Astme Kohtu hinnang 27     Kõigepealt tuleb märkida, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on riigiabi mõiste laiem kui subsiidiumi mõiste, sest see ei hõlma mitte ainult konkreetseid toetusi nagu subsiidiumid, vaid ka meetmeid, mis erineval viisil kergendavad ettevõtjal tavaliselt lasuvat maksukoormust ja mis seetõttu, ehkki tegemist ei ole otseses tähenduses subsiidiumidega, on samalaadsed ja samasuguse mõjuga (Euroopa Kohtu 23. veebruari 1961. aasta otsus kohtuasjas 30/59: De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. ülemamet, EKL 1961, lk 1, 34; 15. märtsi 1994. aasta otsus kohtuasjas C-387/92: Banco Exterior de España, EKL 1994, lk I-877, punkt 13, ja 1. detsembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-200/97: Ecotrade, EKL 1998, lk I-7907, punkt 34). 28     Lisaks on ühenduse kohus täpsustanud mõisteid, mida on kasutatud riigiabi käsitlevates EÜ asutamislepingu sätetes. Need täpsustused on analoogiliste ESTÜ asutamislepingu sätete kohaldamisel asjakohased niivõrd, kuivõrd nad ei ole sellega vastuolus. ST artikli 4 punktis c ettenähtud riigiabi kohta tehtud otsuste seaduslikkuse hindamisel on tuginemine EÜ asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvat riigiabi käsitlevale kohtupraktikale seega põhjendatud. Eelkõige on see nii riigiabi mõistet käsitleva kohtupraktika puhul (Esimese Astme Kohtu 21. jaanuari 1999. aasta otsus kohtuasjades T-129/95, T 2/96 ja T-97/96: Neue Maxhütte Stahlwerke ja Lech-Stahlwerke v. komisjon, EKL 1999, lk II-17, punkt 100, ja 29. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas T-234/95: DSG v. komisjon, EKL 2000, lk II-2603, punkt 115). 29     Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on riikliku meetme spetsiifilisus või selektiivsus üks riigiabi mõistesse kuuluvaid tunnuseid nii EÜ asutamislepingu (vt selle kohta Euroopa Kohtu 26. septembri 1996. aasta otsus kohtuasjas C-241/94: Prantsusmaa v. komisjon, EKL 1996, lk I-4551, punkt 24, ja 19. mai 1999. aasta otsus kohtuasjas C 6/97: Itaalia v. komisjon, EKL 1999, lk I-2981, punkt 17) kui ka ESTÜ asutamislepingu puhul (vt punktis 27 osundatud Ecotrade’i otsus, punkt 40), hoolimata sellest, et ST artikli 4 punkt c kõnealuseid kriteeriume otseselt ei maini. Seega on vaja kontrollida, kas kõnealuse meetmega kaasnevatest eelistest saavad kasu üksnes teatavad ettevõtjad ja teatavad tegevusvaldkonnad või mitte (vt selle kohta punktis 27 osundatud Ecotrade’i otsus, punktid 40 ja 41). 30     Viimasena tuleb rõhutada, et EÜ asutamislepingus määratletud riigiabi mõiste on õigusliku tähendusega ning seda tuleb tõlgendada objektiivsetest teguritest lähtudes. Seetõttu peab ühenduse kohus, võttes arvesse nii talle esitatud vaidluse konkreetseid tegureid kui ka komisjoni kaalutluste tehnilist või kompleksset laadi, põhimõtteliselt kontrollima küsimust täielikult, et otsustada, kas meede kuulub EÜ artikli 87 lõike 1 reguleerimisalasse (Euroopa Kohtu 16. mai 2000. aasta otsus kohtuasjas C-83/98 P: Prantsusmaa v. Ladbroke Racing ja komisjon, EKL 2000, lk I-3271, punkt 25; Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2000. aasta otsus kohtuasjas T-296/97: Alitalia v. komisjon, EKL 2000, lk II-3871, punkt 95, ja 17. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-98/00: Linde v. komisjon, EKL 2002, lk II-3961, punkt 40). 31     Teisiti ei ole see ka siis, kui tegemist on küsimusega, kas meede kuulub ST artikli 4 punkti c reguleerimisalasse, sest selline kohtulik kontroll ei ole ESTÜ asutamislepinguga vastuolus. 32     Käesolevas asjas heidab hageja sisuliselt komisjonile ette seda, et komisjon pidas ZRFG § 3 maksueeskirju selektiivseteks. 33     Punktis 29 osundatud kohtupraktikat silmas pidades on vaja kontrollida, kas kõnealuse meetmega kaasnevatest eelistest saavad kasu üksnes teatavad ettevõtjad ja teatavad tegevusvaldkonnad või mitte. 34     Tuleb märkida, et ZRFG § 3 sätestab, et maksukohustuslased, kes investeerivad Zonenrandgebiet ’is asuvasse ettevõttesse, võivad taotluse korral ning selle regiooni omapärast eeldatavalt tulenevaid majandusprobleeme arvestades kasutada teatavaid maksubaasi vähendavaid tegureid. ZRFG § 3 alusel lubatud eriamortisatsiooni ja maksuvabade reservidega seotud dotatsioonid puudutavad ettevõtte vara hulka kuuluvat vallas- ja kinnisvara. Eriamortisatsiooni summasid – 50% vara omahinnast – võib arvestada sel majandusaastal, mil toimus vara soetamine või valmistamine, või neljal järgneval majandusaastal lisaks tulumaksuseaduses ettenähtud kulumile. Maksuvabasid reserve (50% soetatud põhivara omahinnast) võib moodustada kuni kaks aastat enne investeeringu lõppu. 35     On tõsi, et ZRFG § 3 kehtib ühtmoodi kõikide tegevusalade, igat liiki investeeringute – nii vallas- kui ka kinnisvarainvesteeringute – ja kõikide ettevõtjate suhtes, olenemata nende suurusest, tegevusalast või asukohast. 36     Samuti on tõsi, et ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmete kasutamise eeltingimus on see, et ettevõtted, millesse investeeritakse, peavad asuma Zonenrandgebiet ’is. Vaidlust pole selles, et hageja sai kasu ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmete kohaldamisest oma kahe Zonenrandgebiet ’is (Peines ja Salzgitteris) asuva ettevõtte suhtes. 37     Selline föderaalseaduses ettenähtud maksumeetme kasutamise eeltingimus nagu käesolevas asjas, et investeeringud tuleb teha liikmesriigi territoriaalselt piiratud vööndisse, on põhimõtteliselt piisav selleks, et leida, et kõnealune meede puudutab kindlaksmääratud ettevõtjatekategooriat. 38     Riigiabiks kvalifitseeritava maksumeetme põhimõtteline erinevus üldisest maksumeetmest on selles, et selle kasutajate ring on seadusega või tegelikkuses piiratud. Sellega seoses leiab Esimese Astme Kohus, et ei ole oluline, kas meetme selektiivsus tuleneb valdkondlikust kriteeriumist või – nagu käesolevas asjas – liikmesriigi piiratud territooriumiosal paiknemise kriteeriumist. Et meedet saaks kvalifitseerida riigiabiks, on aga oluline, et sellest meetmest kasu saavad ettevõtjad kuuluksid kategooriasse, mille kindlaksmääramiseks kohaldatakse seaduses või tegelikkuses kõnealuse meetmega ettenähtud kriteeriumi (vt selle kohta EFTA kohtu 20. mai 1999. aasta otsus kohtuasjas E-6/98: Norra v. EFTA järelevalveamet, Report of EFTA Court, lk 74, punkt 37). 39     Käesoleva asja puhul tuleb märkida, et kõnealuste maksumeetmete eesmärk on soodustada investeeringuid Saksamaa territooriumi geograafiliselt piiritletud vööndisse, s.o endise Saksa Demokraatliku Vabariigiga ja endise Tšehhoslovakkia Vabariigiga külgnevatesse piirialadesse. Selles osas ei vaidlusta ei hageja ega menetlusse astuja, et vastavate maksusoodustuste saamiseks peavad investeeringud olema tehtud ettevõtetesse, mis paiknevad Saksamaa territooriumi geograafiliselt piiritletud osas. 40     On tõsi, et ZRFG §-s 3 ette nähtud eriamortisatsiooni dotatsioone ega maksuvabade reservide moodustamist ei saanud Saksamaal asuvad ettevõtjad kasutada investeeringute puhul, mida nad tegid oma ettevõtetesse, mis ei paiknenud Zonenrandgebiet ’is. Järelikult ei saanud kõik riigi territooriumil asuvad ettevõtjad neist meetmetest ühtmoodi kasu. 41     Seda tõdemust ei kummuta asjaolu, et ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmed pidasid silmas vaid Zonenrandgebiet ’is paiknevaid „ettevõtteid” ja mitte ettevõtjaid. Eitada selliste meetmete selektiivsust motiivil, et meetmetest ei saa otseselt kasu ettevõtjad, vaid üksnes nende Zonenrandgebiet ’is paiknevad ettevõtted, soodustaks ühenduse riigiabirežiimist kõrvalehiilimist. Igal juhul on hageja käesolevas asjas tunnistanud, et tema oli ainus Zonenrandgebiet ’is tegutsev teraseettevõtja. 42     Viimasena tuleb märkida, et hageja ei ole väitnud, nagu oleks kõnealustest maksumeetmetest tuleneva diferentseerimise tinginud selle süsteemi laad ja struktuur, mille osaks nad olid (vt analoogia põhjal Euroopa Kohtu 2. juuli 1974. aasta otsus kohtuasjas 173/73: Itaalia v. komisjon, EKL 1974, lk 709, punkt 33; 9. detsembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-353/95 P: Tiercé Ladbroke v. komisjon, EKL 1997, lk I-7007, punktid 32–37, ja 13. veebruari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-409/00: Hispaania v. komisjon, EKL 2003, lk I-1487, punkt 52; Esimese Astme Kohtu 18. septembri 1995. aasta otsus kohtuasjas T-471/93: Tiercé Ladbroke v. komisjon, EKL 1995, lk II-2537, punkt 62). 43     Kirjeldatud asjaoludel tuleb esimese väite esimene osa tagasi lükata. Väite teine osa, mis käsitleb ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmete väidetavalt korvavat laadi –       Poolte argumendid 44     Hageja leidis, et ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmetega ei tehta finantssoodustusi ettevõtjatele, kes vastavad eriamortisatsiooni või maksuvabade reservide kasutamise tingimustele, vaid tegemist on (vähemalt osaliselt) lihtsa kompensatsiooniga erilise halvemuse eest, mis tuleneb majandustegevusest regioonis, mis on Euroopa jagamise tõttu oma loomulikest majanduslikest tagamaadest kunstlikult isoleeritud. Seega ei ole hageja sõnutsi ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmete puhult tegemist regionaalabi meetmetega, mille eesmärk on kompenseerida loomulikku piirkondlikku halvemust. Kõnealuste sätete eesmärk oli kompenseerida teatavate Saksamaa piirialade kunstlikust isolatsioonist tingitud majanduslikku halvemust, mille põhjused olid puhtpoliitilised. 45     Sellega seoses märkis hageja, et EÜ artikli 87 lõike 2 punkt c, millega tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks Saksamaa jagamisest kahjustatud Saksamaa Liitvabariigi teatud piirkondade majandusele antav abi, võimaldab järeldada, et tingimused endise Saksa Demokraatliku Vabariigiga külgnevatel piirialadel ei olnud „normaalsed”. See tõendab, et piirialade toetamiseks võetud meetmed ei ole tavalise regionaalabi programmi osa, vaid sui generis reeglite kogum. Eelnevat kokku võttes leidis hageja, et see, mis kehtib EÜ asutamislepingu reguleerimisalas, kehtib samamoodi ka ESTÜ asutamislepingu reguleerimisalas. 46     Menetlusse astuja väitis, et EÜ artikkel 87 teeb vahet kahju hüvitamisele suunatud meetmetel, mida näeb ette lõike 2 punkt c, ja tavalisel regionaalabil, mida näevad ette lõike 3 punktid a ja c – seega ei hinnata korvavaid meetmeid ja kõnealust abi ühtemoodi. Regionaalabi iseloomustab see, et ebasoodsas piirkonnas asuvale ettevõtjale antakse riigiabi kaudu eeliseid tema loomulike majandus- ja konkurentsitingimustega võrreldes. Menetlusse astuja arvates on aga EÜ artikli 87 lõike 2 punktis c ettenähtud abi eesmärk korvata kahju, mis ei tulene mitte asjaomase ettevõtja loomulikest majandustingimustest, vaid vääramatust jõust, s.o Euroopa jagamisest. Seega on kahju korvava abi eesmärk vaid tagada selle saajale tingimused, mis on lähedased tingimustele, mis tal oleksid olnud ilma kahju tekitanud sündmuseta. 47     Menetlusse astuja arvates ei ole ESTÜ asutamislepingus arvestatud käesolevas asjas käsitletavate Saksamaa piirialade olukorda ajaloolistel põhjustel: ESTÜ asutamisleping sõlmiti 18. aprillil 1951, s.o kuupäeval, mil veel usuti, et Saksamaa jagamine on ajutine ja üldise rahulepinguga see lõpetatakse. 48     Veel väitis menetlusse astuja, et niivõrd, kuivõrd ZRFG ja eelkõige selle § 3 näeb ette meetmed, mis ei ole mõeldud ainult terasesektorile, ei ole ESTÜ asutamislepinguga vastuolus, kui terasesektorile ja võimalusele teraseettevõtjatel neid üldmeetmeid kasutada kohaldatakse täiendavalt EÜ artikli 87 lõike 2 punkti c. Kontrollides ZRFG-d ja selle hilisemaid muudatusi EÜ artikli 87 lõike 2 punkti c seisukohalt ning jõudes järeldusele, et ZRFG sätted olid vajalikud korvamaks Saksamaa jagamisest tulenevat majanduslikku halvemust, on komisjon tunnistanud põhjuslikku seost Saksamaa jagamise ja ZRFG-ga ette nähtud korvavate meetmete vajalikkuse vahel. Menetlusse astuja arvates oli Saksamaal seega komisjoni teostatud kontrolli põhjal lubatud – ka üksnes EÜ asutamislepingu alusel – kehtestada terasesektoris ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmed, ilma et selleks oleks vaja komisjoni luba. Veel märkis menetlusse astuja, et komisjonil puudub igasugune „heakskiitmispädevus” seoses EÜ artikli 87 lõike 2 punktiga c, mis sätestab seadusliku erandi süsteemi. Kokkuvõtteks leidis menetlusse astuja, et komisjonil puudub pädevus tuvastada, et teraseettevõtja poolt eriamortisatsiooni kasutamine ZRFG § 3 alusel on vastuolus söe ja terase ühisturgu reguleerivate eeskirjadega. 49     Kostja väitis vastu, et selliste nagu ZRFG §-s 3 ette nähtud soodustavate meetmete valikuline võimaldamine on riigiabi ka siis, kui nende eesmärk on korvata majanduslikku halvemust. Kostja arvates tuleb abi hindamisel lähtuda selle toimest, mitte taotletavast eesmärgist. Seega ei saa ZRFG §-i 3 pidada üldiseks maksumeetmeks, mis ei ole riigiabi, üksnes sel põhjusel, et selle sõnastatud eesmärk on korvata ühe piirkonna majanduslikku halvemust. 50     Lisaks välistas kostja võimaluse kohaldada EÜ artikli 87 lõike 2 punkti c analoogia põhjal. ST artikli 4 punkt c keelab riigi poolt mis tahes vormis antavad subsiidiumid ja abi. Mõeldamatu on selle keelu rangust mingil viisil leevendada. Veel leidis kostja, et sellist kohaldamist õigustaks vaid lünk ESTÜ asutamislepingus, mida aga tema meelest ei ole. Kostja arvates on ESTÜ asutamislepingus Saksamaa piirialasid käsitleva erisätte puudumine tingitud selles sektoris valitsevast rangemast distsipliinist ning see tõendab, et asutamislepingu autorid ei soovinud sooduskohtlemist. Igal juhul leidis kostja, et EÜ artikli 87 lõike 2 punkt c ei välista komisjoni kaalutluspädevust, arvestades asjaolu, et komisjon peab kontrollima, kas abi on Saksamaa jagamisest tingitud majandusliku halvemuse kompenseerimiseks tõepoolest vajalik. –       Esimese Astme Kohtu hinnang 51     Oma esimese väite teise osaga väidab hageja sisuliselt seda, et komisjon ei ole tõendanud riigiabi teise tunnuse olemasolu, s.o kõnealuste meetmetega antud eelist. 52     Seetõttu tuleb kontrollida, kas ZRFG §-st 3 tulenevad maksumeetmed on andnud hagejale eelise, nagu komisjon vaidlustatud otsuses märgib. 53     Käesoleva otsuse punktis 27 osundatud kohtupraktika kohaselt hõlmab abi mõiste riiklikke meetmeid, mis erineval viisil kergendavad ettevõtjal tavaliselt lasuvat maksukoormust. 54     ZRFG §-st 3 nähtub, et Saksamaa Liitvabariik ei kohaldanud Saksa üldisi maksueeskirju amortisatsioonidotatsioonide ja erireservide moodustamise puhul seoses investeeringutega Zonenrandgebiet ’is paiknevatesse ettevõtetesse. 55     Nagu käesoleva otsuse punktis 36 märgitud, sai hageja kasu ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmete kohaldamisest oma kahe Zonenrandgebiet ’is (Peines ja Salzgitteris) asuva ettevõtte suhtes. 56     ZRFG § 3 sõnastuse kohaselt võisid need meetmed anda hagejale vähemalt kahes suhtes maksusoodustusi, mida ta ei oleks Saksa üldise maksurežiimi kohaldamisel saanud kasutada. 57     Esiteks andsid need meetmed talle võimaluse kasutada esimestel aastatel pärast investeeringute tegemist täiendavaid amortisatsioonivõimalusi lisaks tavalisele kulumile; kuna see dotatsioon arvati brutokasumist maha, võis ettevõtja maksustatav tulu kõnealustel aastatel oluliselt väheneda. Nagu komisjon vaidlustatud otsuse 60. põhjenduses märkis, sai hageja seeläbi varalist kasu, mida ta poleks saanud, kui ettevõtted ei oleks paiknenud Zonenrandgebiet ’is. Veel tuleb täheldada, et hageja on oma kirjalikes märkustes tunnistanud, et ta on saanud ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmetest tulenevalt varalist kasu, nagu komisjon on vaidlustatud otsuse 100. põhjenduses märkinud. 58     Teiseks tuleneb ZRFG §-st 3, et eriamortisatsiooni võib kasutada mitte üksnes sel majandusaastal, mil tehti investeering, vaid ka neljal järgmisel majandusaastal; seda võimalust kasutades sai ettevõtja oma maksustatavat tulubaasi jaotada aastate peale või isegi vähendada. Nagu täpsustab vaidlustatud otsuse 61. põhjendus, „võib kõnealust maksu ajatamist […] käsitada kui ajatatud maksu suuruses summas ja ajatamise tähtajaks antud 0% intressiga laenu”. Hoolimata sellest, et ajatamise tähtaja lõppedes tuli maks tasuda, sai ettevõtja kogu ajatamise tähtaja jooksul kasu, mis võrdus ajatamise tähtaja lõpul diskonteeritud maksusumma (arvestades intressimäära) ja selle maksusumma vahega, mis oleks tulnud tasuda, kui ajatamist ei oleks toimunud. 59     Järelikult oli ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmete puhul tegemist maksu tasumise ajatamisega, mis kergendas hagejal tavaliselt lasuvat maksukoormust. 60     Seda järeldust ei kummuta hageja ja menetlusse astuja argumendid, et esiteks oli ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmete eesmärk vaid korvata majanduslikku halvemust, mis tulenes Zonenrandgebiet ’i piirkondade kunstlikust isoleerimisest poliitilistel põhjustel, ja teiseks, et EÜ artikli 87 lõike 2 punkt c tõendab, et olukord jagatud Saksamaa piiraladel oli ebanormaalne. 61     Esiteks, hageja ja menetlusse astuja osutatud asjaolu, et EÜ artikli 87 lõike 2 punkt c tunnistab ühisturuga kokkusobivaks „Saksamaa jagamisest kahjustatud Saksamaa Liitvabariigi teatud piirkondade majandusele antava abi määral, mis on vajalik nimetatud jagamisest põhjustatud majandusliku halvemuse korvamiseks”, ei mõjuta meetme kvalifitseerimist riigiabiks ESTÜ asutamislepingu mõistes. 62     Sellega seoses tuleb märkida, et EÜ artikli 305 lõike 1 järgi ei mõjuta EÜ asutamislepingu sätted ESTÜ asutamislepingu sätete kohaldamist, eelkõige liikmesriikide õigusi ja kohustusi, kõnealuse ühenduse institutsioonide volitusi ega nimetatud lepinguga söe ja terase ühisturu toimimiseks ette nähtud eeskirju. Seega jäävad ESTÜ asutamislepingu sätted kohaldatavaks nende oma reguleerimisalas (Esimese Astme Kohtu 25. märtsi 1999. aasta otsus kohtuasjas T‑37/97: Forges de Clabecq v. komisjon, EKL 1999, lk II-859, punkt 132). ESTÜ asutamislepingus käsitletud toodete suhtes võib EÜ asutamislepingut ja selle kohaldamiseks vastu võetud sätteid kohaldada vaid siis, kui tegemist on küsimustega, mis ei kuulu ESTÜ asutamislepingu ega selle alusel vastu võetud eeskirjade reguleerimisesemesse (Euroopa Kohtu 15. detsembri 1987. aasta otsus kohtuasjas 328/85: Deutsche Babcock, EKL 1987, lk 5119, punkt 10, ja 24. septembri 2002. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-74/00 P ja C-75/00 P: Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komisjon, EKL 2002, lk I-7869, punkt 100). 63     Nagu Euroopa Kohus on otsustanud, käsitleb ST artikli 4 punkt c riigiabi andmist ja järelikult ei ole liikmesriigid soovinud selles küsimuses näha ette ühesuguseid reegleid ega ühesugust ühenduste meetmete ulatust (vt punktis 62 osundatud kohtuotsus: Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komisjon, punktid 101 ja 102). 64     Järelikult, kuna ESTÜ asutamislepingus puuduvad EÜ artikli 87 lõike 2 punkti c sätetega samasugused või samaväärsed sätted, ei mõjuta asjaolu, et EÜ asutamisleping tunnistab Saksamaa jagamisest kahjustatud Saksamaa Liitvabariigi teatud piirkondade majandusele antava abi ühisturuga kokkusobivaks, ei ST artikli 4 punkti c reguleerimisala ega järelikult ka nimetatud sättes kasutatud riigiabi mõistet. 65     Samuti ei saa nõustuda menetlusse astuja argumendiga, et EÜ artikli 87 lõike 2 punkti c sätetega samasuguste või samaväärsete sätete puudumine ESTÜ asutamislepingus on tingitud ajaloolistest põhjustest. 66     Nii ST artikli 4 punkti c sõnastusest kui ka kõnealuse sätte kontekstist ja eesmärgist järeldub, et ESTÜ asutamislepinguga sooviti kehtestada eriti range riigiabi keeld. Ehkki 1951. aastal võidi uskuda – nagu Saksamaa valitsus väidab –, et Saksamaa jagamine on vaid ajutine, on vaieldamatu, et 1948. aastal kahe okupeeritud tsooni vahelise demarkatsioonijoone loomisega tekkinud olukorda oli ESTÜ asutamislepingu koostamise ajal võimalik arvesse võtta ja lepingu tekstis kajastada. 67     On tõsi, et kuni esimese teraseabikoodeksi (komisjoni 1. veebruari 1980. aasta otsus nr 257/80/ESTÜ, millega kehtestati terasetööstuse eriabi ühenduse eeskirjad (EÜT L 29, lk 5)) kehtivuse lõppemiseni 31. detsembril 1981 kasutas komisjon käesolevas asjas esitatust erinevat tõlgendust, mille kohaselt on ST artikli 4 punkt c kohaldatav üksnes söe- ja terasesektori ettevõtjatele antava eriabi – s.o abi, mille ainsad või põhilised saajad on kõnealused ettevõtjad – suhtes ning terasesektorile üldise ja regionaalse abi andmist kontrollib komisjon nii ST artikli 67 kui ka EÜ artiklite 87 ja 88 alusel. 68     Kui ST artikli 4 punkti c ja ST artikli 67 tõlgendamist käsitleva teise väite kontrollimisel ei leita teisiti, ei mõjuta ESTÜ asutamislepingu reguleerimisala asjaolu, et komisjon oli otsuseid tehes teatava aja jooksul seisukohal, et ST artikli 4 punkt c ei käsitle üldist ja regionaalset riigiabi ka mitte siis, kui seda kohaldatakse terasesektorile. 69     ESTÜ asutamislepingust ei nähtu, et selle autorid oleksid selgelt tahtnud anda ST artikli 4 punktile c sedavõrd kitsast reguleerimisala ning et seetõttu ei pidanud nad vajalikuks teha sellest sättest Saksmaa jagamist arvestavat erandit. 70     Erandit EÜ asutamislepingus ette nähtud keelust oleks ebaõige laiendada automaatselt ja tagasiulatuvalt samaväärsele keelule ESTÜ asutamislepingus, mis sõlmiti varem. See tähendaks ESTÜ asutamislepingu parandamist, kasutamata selleks ette nähtud menetlust. 71     Teiseks, isegi kui hageja väite kohaselt eeldada, et pelgalt EÜ artikli 87 lõike 2 punkti c olemasolu tõendab Zonenrandgebiet ’i territooriumil valitsenud tingimuste „ebanormaalsust”, ei piisa sellest tõdemusest käesolevas asjas ST artikli 4 punkti c kohaldamata jätmiseks motiivil, et ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmed väidetavalt korvasid selle territooriumi majanduslikku halvemust. 72     Nagu Euroopa Kohus on seoses ESTÜ asutamislepinguga märkinud, ei saa ST artikli 4 punktis c ette nähtud üldist ja absoluutset riigiabi kaotamist ja keeldu tühistada umbmäärase ja ebakindla korvamiskorra sisseseadmisega (punktis 27 osundatud kohtuotsus: De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. ülemamet, punkt 55). Pealegi ei ole hageja tõendanud kindlat põhjuslikku seost väidetava halvemuse ja selle korvamiseks ette nähtud meetmete vahel. 73     Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb veel, et riigiabi valdkonnas tehtud otsuse seaduslikkuse hindamisel tuleb lähtuda informatsioonist, mis oli komisjoni käsutuses otsuse tegemise ajal (Euroopa Kohtu 10. juuli 1986. aasta otsus kohtuasjas 234/84: Belgia v. komisjon, EKL 1986, lk 2263, punkt 16, ja punktis 29 osundatud otsus kohtuasjas C-241/94: Prantsusmaa v. komisjon, punkt 33). 74     Käesolevas asjas nähtub toimiku materjalidest, et komisjoni haldusmenetluse käigus piirdus menetlusse astuja lihtsalt viitamisega riigiabi andmise keelu erandile EÜ artikli 87 lõike 2 punktis c, järeldades sellest, et ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmed korvasid Saksamaa jagamisest tingitud halvemust. Samal seisukohal oli ta Esimese Astme Kohtus toimunud kirjaliku menetluse ajal. Kuid nagu käesoleva otsuse punktides 64–66 on täpsustatud, ei kohaldata EÜ artikli 87 lõike 2 punkti c ESTÜ asutamislepingu raames ning selles puudub samaväärne säte. Selliste meetmete korvava laadi hindamine on komisjoni kaalutluspädevuses, kes kontrollib, kas taotletava erandi tingimused on täidetud (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 15. detsembri 1999. aasta otsus kohtuasjades T-132/96 ja T-143/96: Freistaat Sachsen jt v. komisjon, EKL 1999, lk II-3663, punkt 140). 75     Seega ei saa EÜ artikli 87 lõike 2 punktis c ette nähtud erandi lihtsat mainimist pidada ESTÜ asutamislepingu kohaseks kindla põhjusliku seose tõendamiseks hagejale antud eelise ja väidetava majandusliku halvemuse vahel, mille all kannatasid Zonenrandgebiet ’is paiknevad ettevõtted. 76     Eelnevat arvestades tuleb esimese väite teine osa tagasi lükata. Väite kolmas osa, mis käsitleb väidetavat vajadust uurida liikmesriikide maksueeskirju, et tuvastada, milline on „normaalne” maksukoormus –       Poolte argumendid 77     Hageja leidis, et vaidlustatud otsus ei maini ühtegi tõsiselt võetavat ja ühenduse kohtus kontrollitavat kriteeriumi, et tuvastada, milline on ettevõtjate „normaalne” maksukoormus”, millest lähtudes saaks hinnata riigiabi olemasolu ST artikli 4 punkti c mõistes. Hageja arvates ei oleks komisjon pidanud „normaalsega” võrdlemisel piirduma vaid Saksamaa Liitvabariigi maksueeskirjadele viitamisega, nagu ta tegi vaidlustatud otsuse 60. põhjenduses, kus ta vastandas ZRFG-st tulenevaid eriamortisatsiooni eeskirju Saksamaal eriamortisatsiooni suhtes kohaldatavatele üldreeglitele. Komisjon oleks pidanud viitama ka investeeringute maksumääradele ja amortiseerimise tähtaegadele kogu ühisturu terasesektoris või vähemalt neis liikmesriikides, kus asuvad hageja konkurendid. Vaid selline eri liikmesriikides kohaldatavate maksueeskirjade võrdlev uurimine võimaldanuks kontrollida, kas ZRFG § 3 kohaldamise tõttu on hageja saanud kasu, mis on samalaadne ja samade tagajärgedega nagu subsiidium selle sõna täpses tähenduses. 78     Kostja väitis vastu, et baastingimused ja eelkõige infrastruktuur on liikmesriigiti erinevad ning et üldreeglina on suurem maksustamine seotud paremate baastingimustega. Kostja arvates tuleks seetõttu lähtuda vaadeldava meetme selektiivsuse kontrollimisel asjaomasest liikmesriigist. Eri liikmesriikides kohaldatavate eeskirjade võrdlemisel ei ole seega mõtet. –       Esimese Astme Kohtu hinnang 79     Nagu Euroopa Kohus on EÜ asutamislepingu alusel otsustanud, on EÜ artikli 87 lõike 1 kohaldamiseks vaja vaid kindlaks määrata, kas vastava õigusliku režiimi alusel soodustab riiklik meede „teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist” võrreldes teiste ettevõtjatega, kes on kõnealuse režiimi eesmärki arvestades analoogilises faktilises ja õiguslikus olukorras (Euroopa Kohtu 8. novembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-143/99: Adria-Wien Pipeline ja Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, EKL 2001, lk I-8365, punkt 41, ja punktis 42 osundatud kohtuotsus Hispaania v. komisjon, punkt 47). 80     Samasugust hindamist tuleb kasutada ka ESTÜ asutamislepingu puhul (vt selle kohta punktis 27 osundatud Ecotrade’i otsus, punkt 41). 81     Seega tuvastamaks riigiabi mõistet käsitleva kohtupraktika mõttes eelise olemust on vaja vastava õigusliku režiimi raames kindlaks määrata võrdluspunkt, millest lähtudes seda eelist hinnata. Selleks et käesolevas asjas kindlaks määrata, milline on kõnealuse kohtupraktika mõistes „normaalne” maksukoormus, ei saa võrdlevalt uurida kõikide või teatavate liikmesriikide maksueeskirju, moonutamata seejuures riigiabi kontrollimist käsitlevate sätete olemust. Kuna ühenduse tasandil ei ole liikmesriikide maksueeskirju ühtlustatud, viiks selline uurimine liikmesriikide erinevast regulatsioonist tuleneva faktilise ja õigusliku olukorra erisuste võrdlemiseni. Käesoleva hagi raames hageja esitatud andmetest nähtub, et liikmesriikide vahel on eelkõige investeeringute maksubaasi ja maksumäära osas lahknevusi. 82     Seega oli komisjonil õigus, kui ta uuris ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmetest tulenevat eelist vaid Saksa üldise maksurežiimiga võrreldes. 83     Vastupidi sellele, mida väidab hageja, ei kohusta ühenduse kohtupraktika komisjoni tõendama, et ettevõtjal tavaliselt lasuva maksukoormuse kergendamisel oleks samasugune mõju nagu subsiidiumil selle sõna täpses tähenduses. 84     Kuigi riigiabi mõiste hõlmab peale konkreetsete toetuste (nagu subsiidiumid) ka meetmeid, mis erineval viisil kergendavad ettevõtjal tavaliselt lasuvat maksukoormust ja mis seetõttu, ehkki tegemist ei ole otseses tähenduses subsiidiumidega, on samalaadsed ja samasuguse mõjuga (vt eelkõige punktis 27 osundatud kohtuotsused De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. ülemamet, punkt 39, Banco Exterior de España, punkt 13, ja Ecotrade, punkt 34), ei ole kohtupraktika eesmärgiks subsiidiume selle sõna täpses tähenduses ja sellega samastatavaid muid meetmeid hierarhiseerida, vaid määratleda riigiabi mõiste ST artikli 4 punkti c tähenduses. Sellest määratlusest tuleneb, et kui on tõendatud, et riiklik meede kujutab endast ettevõtjal tavaliselt lasuva maksukoormuse kergendamist, tuleb see meede kvalifitseerida riigiabiks ning sellise kvalifikatsiooni tõttu on tal samasugune mõju nagu subsiidiumil selle sõna täpses tähenduses. Järelikult ei ole erinevalt hageja ettepanekust vaja esitada mingeid täiendavaid tõendeid. 85     Seega tuleb esimese väite kolmas osa tagasi lükata. Väite neljas osa, mis käsitleb komisjoni väidetavat kohustust tõendada, et ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmetel on samasugune mõju konkurentsile nagu klassikalisel subsiidiumil –       Poolte argumendid 86     Hageja väitis, et vaidlustatud otsuses ei sisaldu mingit hinnangut mõjule, mida komisjoni kritiseeritud meetmed oleksid avaldanud konkurentsile, ehkki punktis 27 osundatud Ecotrade’i otsuse punktist 34 tuleneb, et komisjon saab ST artikli 4 punkti c mõistes abi kvalifitseerida ettevõtja maksukoormust vähendavateks riiklikeks meetmeteks vaid siis, kui ta on eelnevalt tuvastanud, et nendel meetmetel on konkurentsile samasugune mõju nagu klassikalisel subsiidiumil. 87     Kostja leidis kõigepealt, et riigiabi kontrollimine on piiratud ülesanne, sest selle eesmärk ei ole kaotada kõik konkurentsimoonutused ühisturul, vaid üksnes keelata teatavad riiklikud meetmed, nagu riigiabi andmine. Veel märkis kostja, et riigiabi mõiste on üldisem kui subsiidiumi mõiste, sest see hõlmab ka meetmeid, mis nende laadi või mõju poolest on otseste subsiidiumidega võrdväärsed. Tema arvates järeldub sellest, et kvalifitseerides meetmed abiks ST artikli 4 punkti c mõttes ei ole vaja eelnevalt tõendada, et kõnealustel meetmetel on samasugune mõju konkurentsile nagu klassikalistel subsiidiumidel. Peale selle, riigiabi valdkonda käsitlevad sätted, nimelt EÜ artikli 87 lõige 1 ja ST artikli 4 punkt c, ei tee mingit vahet riigiabil, mis on klassikalises tähenduses subsiidium, ja riigiabil, mis seda ei ole. Punktis 27 osundatud Ecotrade’i otsuse kohta, mis käsitleb erinevust ühelt poole rangelt võttes subsiidiumide, s.o otseste rahaeraldiste, ja teiselt poolt muude abivormide vahel, nagu loobumine tavaliselt sissenõutavast maksutulust, märkis kostja, et see vahetegemine ei ole käesolevas asjas vaadeldavate meetmete hindamisel üldse asjakohane ega mõjuta nende selektiivsuse kontrollimist mingil viisil. –       Esimese Astme Kohtu hinnang 88     Oma esimese väite neljandas osas heidab hageja esiteks komisjonile ette, et see ei kontrollinud, kas ettevõtja tavalise maksukoormuse kergendamisel oli samasugune mõju kui klassikalisel subsiidiumil. Teiseks leiab hageja, et punktis 27 osundatud Ecotrade’i otsusest tuleneb, et komisjon oleks pidanud tõendama ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmete mõju konkurentsile. 89     Esimese etteheite osas leiab Esimese Astme Kohus samasugusel motiivil nagu käesoleva otsuse punktis 84, et komisjon ei ole kohustatud kontrollima, kas ettevõtjal tavaliselt lasuva maksukoormuse kergendamisel on samasugune mõju kui subsiidiumil selle sõna täpses tähenduses. Seetõttu tuleb kõnealune etteheide tagasi lükata. 90     Teise etteheite kohta, mis käsitleb vajadust tõendada ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmete mõju konkurentsile, järeldub väljakujunenud kohtupraktikast, et ST artikli 4 punkti c alusel peetakse riigiabi ühisturuga kokkusobimatuks, ilma et oleks vaja tuvastada või isegi uurida, kas tegelikult on kahjustatud konkurentsitingimusi või esineb selle oht (Esimese Astme Kohtu 12. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-164/96–T-167/96, T-122/97 ja T-130/97: Moccia Irme jt v. komisjon, EKL 1999, lk II-1477, punkt 82, ja 16. detsembri 1999. aasta otsus kohtuasjas T-158/96: Acciaierie di Bolzano v. komisjon, EKL 1999, lk II-3927, punkt 113). 91     Järelikult ei ole ST artikli 4 punkti c kohaldamiseks tingimata vaja, et abimeede mõjutaks liikmesriikidevahelist kaubandust või konkurentsi (Euroopa Kohtu 21. juuni 2001. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-280/99 P – C-282/99 P: Moccia Irme jt v. komisjon, EKL 2001, lk I-4717, punktid 32 ja 33, ning punktis 62 osundatud otsus Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komisjon, punkt 102). 92     Peale selle, vastupidi hageja seisukohale ei käsitle punktis 27 osundatud Ecotrade’i otsuse punkt 34 riigiabiks kvalifitseerida võidava meetme mõju konkurentsile, vaid piirdub käesoleva otsuse punktis 84 osundatud riigiabi mõistet käsitleva kohtupraktika meenutamisega. 93     Vastupidi hageja väidetele ei pidanud komisjon kontrollima, kas ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmed mõjutavad konkurentsi, selleks et kvalifitseerida neid ST artikli 4 punkti c mõistes riigiabiks. 94     Seega tuleb esimese väite neljas osa ja esimene väide tervikuna tagasi lükata. Teine väide, mis käsitleb ST artikli 4 punkti c ja EÜ artikli 67 väära tõlgendamist Poolte argumendid 95     Hageja leidis, et ESTÜ asutamislepinguga loodud „osalise integratsiooni” tõttu peab ST artikli 4 punkt c silmas vaid söe- ja terasesektori ettevõtjatele antavat eriabi. Järelikult „üldine abi”, s.o käesoleva kohtuasja puhul abisüsteemid, millest saavad kasu mitte üksnes söe- ja terasesektori ettevõtjad, vaid kõigi majandussektorite ettevõtjad, ei kuulu ST artikli 4 punktis c sätestatud keelu alla. Hageja oli seisukohal, et Euroopa Kohtu praktikast ja komisjoni halduspraktikast tulenevalt on üldist abi ette nägevad liikmesriikide abisüsteemid allutatud üksnes kooskõlastatud kontrollile, mida reguleerivad EÜ asutamislepingu riigiabisätted ja ST artikkel 67. 96     Seetõttu leidis hageja, et vaidlustatud otsus põhineb ST artikli 4 punkti c reguleerimisala laiendamisel, mis on vastuolus asutamislepinguga. Õiguspäraselt ei oleks selline laiendamine saanud muuta ST artikli 4 punkti c ja artikli 67 reguleerimisala. Hageja sõnutsi toimus kõnealune laiendamine teraseabikoodeksite vastuvõtmisel, millega komisjon alates 1986. aastast loobus eriabi ja üldise abi eristamisest. 97     Hageja leidis, et ST artikli 67 reguleerimisala ei piirdu liikmesriikide meetmetega, millel puudub riigiabi iseloom. Kõnealune säte on kohaldatav kõigile üldistele toetusmeetmetele, mida liikmesriigid on oma majandus- ja maksupoliitilise üldpädevuse raames vastu võtnud. Lähtudes eelkõige EÜ artiklist 305, ei oleks komisjon pidanud hilisemaid teraseabikoodekseid vastu võttes muutma ESTÜ asutamislepinguga ettenähtud integratsiooni osalisust. 98     Hageja oli seisukohal, et teatamiskohustus, millele komisjon vaidlustatud otsuse 67.–76. põhjenduses tugines, ei kehtinud, sest ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmed ei ole ST artikli 4 punkti c mõistes riigiabi. Kuid hageja arvates on ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmete näol tegemist „liikmesriigi meetmetega” ST artikli 67 lõike 1 mõistes, millest Saksamaa Liitvabariik pidanuks komisjonile teatama juhul, kui nende kohaldamisel oleks olnud „märgatav mõju konkurentsitingimustele söe- ja terasetööstuses”. Hageja sõnutsi on küsimus nende tingimuste koosesinemisest käesolevas asjas tähtsusetu, sest Saksamaa Liitvabariik teatas ZRFG-st komisjonile korduvalt EÜ artikli 88 lõike 2 alusel. Tähtsust ei ole ka asjaolul, et Saksamaa Liitvabariik haldusmenetluse käigus ST artiklile 67 ei tuginenud, nagu märkis komisjon vaidlustatud otsuse 66. põhjenduses, kuna hageja arvates on nimetatud artikkel imperatiivne säte, mis põhineb pädevuse jagamisel ühenduse ja liikmesriikide vahel vastavalt ESTÜ asutamislepinguga ettenähtud osalisele integratsioonile. 99     Menetlusse astuja ühines hageja argumentidega. 100   Kostja väitis vastu, et vahetegemine üldise abi ja eriabi vahel ei ole asjakohane, sest ESTÜ asutamisleping ei näe sellist vahetegemist ette. Kostja leidis, et kuigi ST artikkel 67 on kohaldatav liikmesriikide maksupoliitika paljudele tahkudele, ei kehti ta maksumeetmete suhtes, mis kuuluvad üksnes ST artikli 4 punkti c reguleerimisalasse. Selline piiritlemine näitab selgelt, et kohaldatava ESTÜ asutamislepingu sätte leidmisel on määravaks vaid abi laad. 101   Menetlusse astuja seisukohti käsitlevates märkustes väitis kostja veel, et ST artikli 4 punktis c sätestatud keelu rangus kaotaks oma tähenduse, kui seda sätet ei kohaldataks abisüsteemi suhtes, mis ei ole mõeldud ainult söe- ja terasesektorile. Kostja sõnutsi oleks liikmesriikidel lihtne vältida selle sätte kohaldamist, kasutades üldisi abisüsteeme, millest nende tingimuste tõttu saaks kasu mitte eranditult, kuid siiski peamiselt söe- ja terasesektor. 102   Viimasena väitis kostja, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei saa ST artiklis 67 ettenähtud meetmed olla need, mida ST artikli 4 punkt c kuulutab nende vormist olenemata söe ja terase ühisturuga kokkusobimatuks ning kaotatuks ja keelatuks. Kostja arvates on ST artikli 67 lõige 2 erisäte, mille kohaldamisel tuleb järgida selles ettenähtud tingimusi. Sellega seoses on vaid komisjonil ainupädevus lubada finantsabi andmist ST artikli 67 lõike 2 esimeses taandes ettenähtud tingimustel või anda selleks oma nõusolek ST artiklite 54–56 rangeid nõudeid järgides. Kostja sõnutsi on ST artikli 4 punkt c, millega abi keelatakse, igal juhul üldsäte ning ST artikli 67 lõike 2 esimene taane, mis võimaldab teatud juhtudel abi lubada, on erand. Esimese Astme Kohtu hinnang 103    Kõigepealt tuleb märkida, et ST artikli 80 kohaselt kehtib ESTÜ asutamisleping vaid nende ettevõtjate suhtes, kes tegelevad tootmistegevusega söe- ja terasesektoris. 104   Järelikult kehtib ST artikli 4 punktis c sätestatud keeld ettevõtja suhtes vaid niivõrd, kuivõrd see ettevõtja kõnealuse tootmistegevusega tegeleb (vt selle kohta Euroopa Kohtu 17. detsembri 1959. aasta otsus kohtuasjas 14/59: Société des fonderies de Pont-à-Mousson v. ülemamet, EKL 1959, lk 445, 467 ja 468, ning 28. jaanuari 2003. aasta otsus kohtuasjas C-334/99: Saksamaa v. komisjon, EKL 2003, lk I-1139, punkt 78). 105   Nagu on märkinud komisjon vaidlustatud otsuse 13. põhjenduses, on käesolevas asjas hageja ST artikli 80 mõistes ettevõtja. 106   Võttes arvesse esimesele väitele antud hinnangut, leiab Esimese Astme Kohus, et käesoleva väite kontrollimisel tuleb piirduda tuvastamisega, kas komisjonil oli õigus, kui ta vaidlustatud otsuses leidis, et ST artikli 4 punkt c on kohaldatav abi suhtes, mis ei ole söe- ja terasesektorile eriomane. 107   ST artikli 4 punkti c alusel on ESTÜ asutamislepingus ettenähtud tingimustel keelatud riikide antavad subsiidiumid või abi mis tahes vormis. 108   Selle sätte eesmärk on kaotada ja keelata teatavad liikmesriikide meetmed valdkonnas, mille ESTÜ asutamisleping annab ühenduse pädevusse (vt selle kohta punktis 27 osundatud otsus: De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. ülemamet, punkt 47). 109   Tuleb märkida, et ST artikli 4 punkt c ei erista individuaalset abi abisüsteemidest ega söe- ja terasesektorile eriomaseid abisüsteeme üldistest abisüsteemidest. Peale selle on kõnealuses sättes ette nähtud riigiabi keeld sõnastatud rangelt (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 9. septembri 1999. aasta otsus kohtuasjas T-110/98: RJB Mining v. komisjon, EKL 1999, lk. II-2585, punkt 76). 110   ST artikli 67 eesmärk on ära hoida konkurentsimoonutusi, mida liikmesriikide pädevuse teostamine paratamatult kaasa toob (punktis 27 osundatud otsus De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. ülemamet, lk 47, ja Esimese Astme Kohtu 5. juuni 2001. aasta otsus kohtuasjas T 6/99: ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi v. komisjon, EKL 2001, lk II-1523, punkt 83). Seega piirdub ST artikkel 67 vaid kaitsemeetmete sätestamisega, mida ühendus võib võtta liikmesriigi meetme puhul, millel on küll märgatav mõju konkurentsitingimustele söe- ja terasetööstuses, kuid mis vahetult ja otseselt kõnealust tööstust ei puuduta (Euroopa Kohtu 10. mai 1960. aasta otsus kohtuasjades 27/58–29/58: Hauts fourneaux et fonderies de Givors jt v. ülemamet, EKL 1960, lk 503, 526). 111   Järelikult on ühenduse kohus otsustanud, et ST artikli 4 punkt c ja artikkel 67 käsitlevad erinevaid valdkondi (punktis 27 osundatud otsus De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. ülemamet, lk 47, ja Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-390/98: Banks, EKL 2001, lk I-6117, punkt 88) ning artikkel 67 ei ole riigiabi valdkonnas asjakohane (punktis 62 osundatud otsus Forges de Clabecq v. komisjon, punkt 141). 112   On tõsi, et 1970. aastate algusest kuni ajani, kui võeti vastu komisjoni 7. augusti 1981. aasta otsus nr 2320/81/ESTÜ, millega kehtestati teine teraseabikoodeks ehk ühenduse eeskirjad terasetööstusele antava riigiabi kohta (EÜT L 228, lk 14), oli komisjon seisukohal, et ST artikli 4 punkt c on kohaldatav üksnes teraseettevõtjatele antava eriabi suhtes – s.o abi suhtes, millest saavad kasu ainult või peamiselt teraseettevõtjad – ning üldiste ja regionaalsete abisüsteemide terasetööstusele kohaldamist kontrollib komisjon nii ST artikli 67 kui ka EÜ artiklite 87 ja 88 alusel. 113   Selle seisukoha tingis vajadus vältida ST artikli 4 punktis c sätestatud rangest keelust tuleneda võivaid konkurentsimoonutusi, mis kahjustaksid söe- ja terasesektoris tegutsevaid ettevõtjaid, kui samal ajal antaks riigiabi asjaomase riigi teistele tööstussektoritele, ning vajadus leida lahendus terasesektorit sügavalt mõjutavatele majandus- ja finantsprobleemidele. Terasesektoris vajaliku ümberstruktureerimise jaoks, milleks „peaaegu kõikidel teraseettevõtjatel napib finantsvahendeid” ning ka ühenduse käsutuses ei ole selle olukorra lahendamiseks piisavalt vahendid, kehtestas komisjon nõukogu ühehäälsel heakskiidul süsteemi liikmesriikide terasetööstusele antava abi kontrollimiseks ja ühenduse pädevusse viimiseks; ühenduse nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb kõnealuse abi andmisel järgida ühenduse sellealaseid suuniseid (esimese teraseabikoodeksi 1. põhjendus). Siiski nähti ette, et esimene teraseabikoodeks piirdub eriabiga, sest üldiste regionaalabisüsteemide kohaldamist terasesektorile kontrollib komisjon ST artikli 67 ning EÜ asutamislepingute artiklite 87 ja 88 alusel. 114   Kuid sellise teraseettevõtjaid soodustava lähenemisviisi omaksvõtt ei tähenda, et komisjon oleks riigiabi kontrollimisel loobunud võimalusest otsustada, et teraseettevõtjate vajaliku ümberstruktureerimise tõttu ja riigiabi järkjärgulise kaotamise vajaduse tõttu peab ST artikli 4 punktis c sätestatud keeld põhimõtteliselt taas leidma täit rakendamist, kui komisjon ei leia, et terasesektorile eriomane või üldine abi on „ühenduse nõuetele vastav” abi ja seega ühisturuga kokkusobiv. Selliselt tuleb tõlgendada teist teraseabikoodeksit ja sellele järgnevaid teraseabikoodekseid, k.a kuues teraseabikoodeks, millele tugineb vaidlustatud otsus. 115   Kui alates teisest teraseabikoodeksist käsitlesid koodeksid „igasugust terasetööstusele antavat abi […] olenemata sellest, kas tegemist on üldise või eriabiga”, oli selle täpsustuse eesmärk lihtsalt taastada ST artikli 4 punkti c algne ulatus, sest nimetatud säte ei erista keelatud abi liike. 116   Nagu Esimese Astme Kohus on käesolevas asjas hageja esimese väite kontrollimise käigus sedastanud, kujutavad hagejat soodustavad ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmed endast riigiabi ja järelikult kuuluvad need ST artikli 4 punkti c reguleerimisalasse. 117   Seega, hoolimata selgusetusest, mida käesolevas asjas võib tekitada komisjoni tõlgenduse muutumine – seda asjaolu kontrollitakse edaspidi hageja seitsmenda väite hindamise käigus –, oli komisjonil õigus, kui ta vaidlustatud otsuse 66. põhjenduses märkis, et kohaldada tuleb ST artikli 4 punkti c, mitte artiklit 67. 118   Järelikult tuleb teine väide, mille järgi on ST artikli 4 punkti c ja ST artiklit 67 vääralt tõlgendatud, tagasi lükata. Kolmas väide, mis käsitleb ST artikli 95 kohaldamata jätmist Poolte argumendid 119   Hageja leidis, et juhul, kui Esimese Astme Kohus ei nõustu ST artikli 67 väära tõlgendamist käsitleva väitega, tuleks otsustada, et komisjon tegi vea, kui ta omal algatusel ei kontrollinud, kas ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmeid saab kuulutada ühisturuga kokku sobivaks, pidades silmas kõiki ESTÜ asutamislepingu eesmärke (ST artiklid 2–4). Oma repliigis täpsustas hageja, et komisjonil puudub igasugune kaalutlusõigus otsustada küsimust, kas ta peaks teostama kontrolli ST artikli 95 alusel. Komisjoni kaalutlusõigus piirdub ST artiklis 95 mainitud artiklite 2, 3 ja 4 tõlgendamise ja kohaldamisega. 120   Hageja ei nõustunud vaidlustatud otsuse 123. põhjenduses esitatud komisjoni väitega, et Esimese Astme Kohtu otsus Irish Steel’i kohtuasjas (Esimese Astme Kohtu 7. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas T-106/96: Wirtschaftsvereinigung Stahl v. komisjon, EKL 1999, lk II-2155) keelab tal ST artikli 95 alusel lubada abi, mis ei vasta teraseabikoodeksites kindlaksmääratud lubamiskriteeriumidele. Hageja arvates on Esimese Astme Kohus nimetatud otsuses sedastanud, et igas sellises koodeksis sätestatud keeld kehtib vaid koodeksis loetletud ja ühisturuga kokkusobivaks peetud abi puhul ning komisjon on kohustatud kõnealust koodeksit järgima vaid siis, kui ta hindab koodeksis ette nähtud abi vastavust ESTÜ asutamislepingule. Väljaspool seda eeldust ei ole hageja arvates teraseabikoodeks kohaldatav ega saa järelikult mõjutada ST artiklil 95 põhinevat komisjoni otsust. Kuna ZRFG §-s 3 ette nähtud eriamortisatsiooni eeskirjad ei vasta teraseabikoodeksites käsitletud abi määratlusele, leidis hageja, et ST artiklil 95 põhineva otsuse vastuvõtmine ei olnud välistatud. 121   Hageja lisas, et pidades silmas ESTÜ asutamislepingu eesmärke, mis on sõnastatud ST artiklites 2, 3 ja 4, on ZRFG § 3 ühisturuga kokkusobivuse tunnistamine vajalik piisavate stiimulite tagamiseks, et ettevõtjad arendaksid ja parandaksid (ST artikli 3 punkt d) piirialadel paiknevate ettevõtete tootmispotentsiaali, vältides tööjõu väljavoolu kõnealustest piirkondadest ja majanduslikku allakäiku (ST artikli 2 teine lõik). Hageja arvates on tegemist samasuguste poliitiliste kaalutlustega, mille tõttu Rooma lepingu autorid kuulutasid EÜ artikli 87 lõike 2 punktis c teatavatele piirialadele antava toetuse ühisturuga kokkusobivaks. Seetõttu tuleks ESTÜ asutamislepingu eesmärkide puhul võtta arvesse ka neid kaalutlusi. Käesolevas asjas komisjon seda ST artikliga 95 seoses ei teinud. 122   Menetlusse astuja leidis, et liikmesriigi poolt teatamata jätmine ST artikli 95 alusel ei ole piisav põhjus, et komisjon ei võiks või koguni ei saaks näidata selle artikli alusel üles initsiatiivi ja tunnistada abi ühisturuga kokkusobivaks. 123   Menetlusse astuja lisas, et teraseabikoodeksid ei maini Saksamaa jagamisest tuleneva halvemuse korvamise erijuhtu. Teraseabikoodeksite mittekohaldatavus tuleneb ka punktis 120 osundatud Irish Steel’i kohtuotsusest, mille järgi koodeksites ette nähtud kategooriatesse mitte kuuluva abi suhtes võib teha individuaalse erandi ST artikli 95 alusel. Menetlusse astuja oli seisukohal, et kuna kõnealuseid korvavaid meetmeid ei või mingil juhul samastada regionaalabiga teraseabikoodeksite mõttes, ei ole nimetatud koodeksid käesolevas asjas kohaldatavad ega takista seega komisjonil ST artikli 95 alusel otsuse tegemist. 124   Viimasena heitis menetlusse astuja komisjonile ette, et kasutades oma kaalutlusõigust ST artikli 95 alusel on komisjon teinud ilmse kaalutlusvea. See viga on tingitud asjaolust, et komisjon ei lähtunud teatavatele Saksamaa piirialadele kahju korvamiseks antud abi hindamisel mitte vääramatust jõust ehk Saksamaa jagamisest tingitud kahju spetsiifikast, vaid üksnes teraseabikoodeksite eeskirjadest, mis aga ei ole käesolevas asjas kohaldatavad. Igal juhul leidis menetlusse astuja, et kuna Saksamaa jagamisest tingitud halvemus on olukord, mida ESTÜ asutamisleping ei käsitle, oleks komisjon pidanud hindamise aluseks võtma EÜ artikli 87 lõike 2 punktis c loetletud kriteeriumid. 125   Kostja väitis vastu, et esiteks, isegi kui teraseabikoodeksite kohaldamisest olenemata tunnustaks ühenduse kohtupraktika võimalust võtta ST artikli 95 alusel vastu individuaalne otsus teraseabikoodeksites käsitlemata abikategooriate kohta, on sellise otsuse vastuvõtmine komisjoni kaalutlusõigus. Siin ei saa olla küsimust komisjonil lasuvast kohustusest või koguni omal algatusel kontrollimise kohustusest. Seega on komisjonil õigus hinnata, kas teatavad asjaolud õigustavad ST artikli 95 kohaldamist konkreetsel juhul. Sellega seoses viitas kostja vaidlustatud otsuse 124. põhjendusele, milles ta on märkinud, et ta on teostanud ST artikli 95 alusel kontrolli ja otsustanud mitte teha otsust kõnealuse artikli alusel. 126   Teiseks ei käsitle vaidlustatud otsus kostja arvates mitte ZRFG-d ennast, vaid eriamortisatsiooni kasutamist ja maksuvabade reservide moodustamist hageja poolt, s.o individuaalset abi. Seega ei ole ST artikli 95 alusel otsuse tegemise vajadust käsitleva küsimuse puhul oluline, kas ZRFG oli vajalik selleks, et tagada ettevõtjatele piisavate stiimulite olemasolu, et nad arendaksid ja parandaksid piirialadel paiknevate ettevõtete tootmispotentsiaali, ning jälgida, et neil aladel ei toimuks püsivat töökohtade vähenemist. Kostja arvates oleks olnud vaja tõendada, et eriamortisatsioon ja maksuvabad reservid olid teatavate ESTÜ asutamislepinguga seonduvate investeeringute realiseerimiseks hädavajalikud, mida hageja aga ei teinud. 127   Oma märkustes menetlusse astuja seisukoha kohta toonitas kostja veel, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei ole ST artikli 95 esimesel lõigul muud eesmärki kui teha spetsiaalne erand ESTÜ asutamislepingust, et võimaldada komisjonil lahendada ettenägematuid olukordi. Komisjon ei saa lubada sellise riigiabi andmist, mis ei ole ESTÜ asutamislepingu eesmärkide saavutamiseks hädavajalik ja millega võivad kaasneda konkurentsimoonutused. Esimese Astme Kohtu hinnang –       Esialgsed sedastused 128   Tuleb märkida, et ST artikkel 95 volitab komisjoni nõukogu ühehäälsel heakskiidul ja pärast ESTÜ nõuandekomiteega konsulteerimist võtma vastu otsuse või soovituse kõigil asutamislepingus käsitlemata juhtudel, mil selline otsus või soovitus on vajalik, et saavutada ST artikli 5 kohaselt söe ja terase ühisturul mõnda ühenduse eesmärki, mis on määratletud ST artiklites 2, 3 ja 4. 129   ESTÜ asutamislepingu süsteemis ei ole ST artikli 4 punktiga c vastuolus, kui komisjon erandkorras lubab ettenägematute olukordade lahendamiseks kavandatavat liikmesriikide abi, mis on kooskõlas asutamislepingu eesmärkidega, tuginedes ST artikli 95 esimesele ja teisele lõigule (Esimese Astme Kohtu 24. oktoobri 1977. aasta otsus kohtuasjas T-239/94: EISA v. komisjon, EKL 1977, lk II-1839, punkt 63). 130   Riigiabi valdkonnas on komisjon kasutanud ST artikli 95 esimest ja teist lõiku erinevalt. Ühelt poolt on ta vastu võtnud üldotsuseid, s.o teraseabikoodekseid, millega teatavate abikategooriate puhul tehakse üldine erand riigiabikeelust. Teiselt poolt on ta vastu võtnud üksikotsuseid, mis erandjuhul lubavad konkreetset abi. 131   Seega ei keela ST artikli 4 punkt c komisjonil lubada riigiabi teraseabikoodeksites spetsiaalselt ette nähtud kategooriatena või neisse kategooriatesse mitte kuuluva riigiabi puhul vahetult ST artikli 95 esimese ja teise lõigu alusel (vt selle kohta punktis 129 osundatud kohtuotsus EISA v. komisjon, punktid 70–72; punktis 62 osundatud kohtuotsus Forges de Clabecq v. komisjon, punkt 79, ja punktis 28 osundatud kohtuotsus DSG v. komisjon, punkt 204). 132   Käesolevas asjas loobus komisjon ST artikli 95 kohaldamisest järgmistel vaidlustatud otsuses esitatud motiividel: „(121) Kõigepealt märgib komisjon, et käesolevas asjas ei ole Saksamaa talle esitanud ametlikku taotlust algatada ST artiklis 95 ette nähtud menetlus. (122) ESTÜ asutamislepinguga loodud riigiabisüsteem võimaldab komisjonil teatud tingimustel ja ST artiklis 95 ette nähtud menetlust järgides lubada riigiabi andmist kõigil asutamislepingus käsitlemata juhtudel, mil selline otsus näib vajalik, et saavutada ST artikli 5 kohaselt söe ja terase ühisturul mõnda ühenduse eesmärki, mis on määratletud ST artiklites 2, 3 ja 4. (123) Vastavalt Esimese Astme Kohtu 7. juuli 1999. aasta otsusele kohtuasjas T-106/96: Wirtschaftsvereinigung Stahl v. komisjon, EKL 1999, lk II 2155, ei ole teatamata jätmine piisav põhjus, et komisjon ei võiks või koguni ei saaks näidata [ST] artikli 95 alusel üles initsiatiivi ja vajaduse korral tunnistada abi ühisturuga kokkusobivaks. Kuid nimetatud otsuse punkt 42 täpsustab, et komisjonile on [teraseabikoodeksiga] kehtestatud üleüldine süsteem siduv, kui ta hindab selles koodeksis käsitletud abi ühisturuga kokkusobivust asutamislepingu seisukohalt. Seega ei saa ta lubada riigiabi andmist üksikotsusega, mis oleks vastuolus kõnealuse koodeksiga kehtestatud üldreeglitega. 1986. aastast [kehtinud teraseabikoodeksiga] olid regionaalsed investeeringutoetused lubatud vaid täpselt piiritletud aladel, mis ei hõlmanud paiku, kus tehti eriamortisatsiooni ja maksuvabade reservide kaudu toetatavad investeeringud. Seega leiab komisjon, et käesolevas asjas ei ole [ST] artikkel 95 kohaldatav. (124) Peale selle, oma kaalutlusõigust kasutades võtab komisjon seisukoha, et menetletavas asjas ei ole tegemist asutamislepingus käsitlemata juhuga, mille puhul võiks olla vajalik konkreetne otsus, et saavutada mõnda [ST] artiklites 2, 3 ja 4 määratletud ühenduse eesmärki. Näiteks ei ole antud abi eesmärk tagada Saksamaa terasetööstusele terve ja majanduslikult elujõuline struktuur. Ka ei ole Saksamaa kordagi maininud võimalikku asjaomase kontserni tootmisvõimsuse vähendamise kava, mis oleks otseselt seotud eriamortisatsiooni ja maksuvabade reservide võimaldamisega. Seetõttu ei oleks käesolevas asjas abi lubamine [ST] artikli 95 alusel õigustatud. (125) Peale selle, pidades silmas terasetööstuse majanduslikku ja finantsolukorda 1990. aastate alguses ja [ST] artikli 95 alusel tehtud üksikotsuseid, millega lubati anda ümberstruktureerimisabi mitmetele ettevõtjale, märkisid nõukogu ja komisjon nõukogu 17. detsembri 1993. aasta protokolli kantud ühisavalduses, et „piiramata liikmesriikide õigust taotleda otsust [ST] artikli 95 alusel ning kooskõlas nõukogu 25. veebruari 1993. aasta järeldustega deklareerib nõukogu, et ta on kindlalt otsustanud vältida üksikettevõtjatele antava abi puhul edaspidiseid erandeid artikli 95 alusel.” 133   Nendest põhjendustest nähtub, et komisjon on ST artikli 95 kohaldamisest loobumisel tuginenud esiteks punktis 120 osundatud kohtuotsuse (Wirtschaftsvereinigung Stahl v. komisjon) punktile 42, mille järgi võib komisjon teraseabikoodeksis käsitletud riigiabi lubada ST artikli 95 alusel vaid siis, kui selline üksikluba ei ole kõnealuse koodeksiga kehtestatud üldreeglitega vastuolus (vaidlustatud otsuse 123. põhjendus). Teiseks tuleneb vaidlustatud otsuse 124. põhjendusest, et komisjon on käesolevas asjas leidnud, et ei esine kõiki ST artikli 95 kohaldamise tingimusi. 134   Seega erinevalt hageja väidetust ei ole komisjon keeldunud kontrollimast, kas ST artikkel 95 võiks olla käesolevas asjas kohaldatav. On tõsiasi, et komisjon, hoolimata sellest, et Saksamaa Liitvabariik ei taotlenud ST artikli 95 kohaldamist, kontrollis vaidlustatud otsuse 124. põhjenduses, kas nimetatud säte võiks olla kohaldatav. Komisjon leidis aga, et käesolevas asjas puuduvad selle sätte rakendamiseks vajalikud tingimused. Neil asjaoludel ei ole vaja võtta seisukohta hageja etteheite osas, mis käsitleb punktis 120 osundatud kohtuotsuse (Wirtschaftsvereinigung Stahl v. komisjon) väära tõlgendamist komisjoni poolt, kuna hoolimata sellisest tõlgendusest pidas komisjon vaidlustatud otsuse punktis 124 siiski vajalikuks kontrollida, kas käesolevas asjas esinevad kõik ST artikli 95 kohaldamise tingimused. 135   Neid täpsustusi tuleb silmas pidada, kontrollides, kas see oli komisjoni kaalutlusviga – nagu väidab hageja –, et komisjon keeldus ST artikli 4 punktis c sätestatud riigiabi keelu suhtes kohaldamast ST artikli 95 erandit. –       Väidetav kaalutlusviga ST artikli 95 kohaldamisest keeldumisel 136   Kõigepealt tuleb märkida, et komisjonil on ST artikli 95 alusel tõepoolest kaalutlusõigus otsustada, kas abi on asutamislepingu eesmärkide saavutamiseks vajalik (vt selle kohta punktis 129 osundatud Esimese Astme Kohtu otsus EISA v. komisjon, punkt 72; 7. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas T-89/96: British Steel v. komisjon, EKL 1999, lk II-2089, punkt 47, ja punktis 120 osundatud otsus Wirtschaftsvereinigung Stahl v. komisjon, punkt 43). 137   Seetõttu peab seaduslikkuse kontroll selles valdkonnas piirduma kontrollimisega, kas komisjon ei ole ületanud oma kaalutlusõiguse piire faktide moonutamisega või asjaolude ilmselt väära hindamisega või võimu kuritarvitamisega või menetlusnõuete rikkumisega (vt eelkõige punktis 120 osundatud kohtuotsus Wirtschaftsvereinigung Stahl v. komisjon, punkt 63). 138   Selleks et tuvastada komisjoni ilmne viga asjaolude hindamisel, mis õigustaks vaidlustatud otsuse tühistamist, peavad hageja esitatud tõendid olema piisavad, et kõnealuses otsuses asjaoludele antud hinnang muutuks ebausutavaks (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 1996. aasta otsus kohtuasjas T-380/94: AIUFFASS ja AKT v. komisjon, EKL 1996, lk II-2169, punkt 59). 139   Sellega seoses tuleb meenutada, et hageja on piirdunud märkimisega, et silmas pidades ESTÜ asutamislepingu eesmärke, mis on sõnastatud ST artiklites 2, 3 ja 4, oleks ZRFG § 3 tunnistamist asutamislepinguga kokkusobivaks olnud vaja piisavate stiimulite tagamiseks, et ettevõtjad arendaksid ja parandaksid (ST artikli 3 punkt d) oma piirialadel paiknevate ettevõtete tootmispotentsiaali, ning vältimaks tööjõu väljavoolu kõnealusest piirkonnast ja selle majanduslikku allakäiku (ST artikli 2 teine lõik). Seesugust üldist väidet ei saa pidada piisavaks, et komisjoni antud hinnang muutuks ebausutavaks. 140   Lisaks tuleb sedastada, et hageja ei too esile ühtegi asjaolu, mis võimaldaks tõendada, et eriamortisatsiooni ja maksuvabade reservide kujul talle antud investeeringutoetus olnuks ESTÜ asutamislepingu eesmärkide saavutamiseks hädavajalik. 141   Hageja lihtsat viitamist Saksmaa Liitvabariigi 14. jaanuari 2000. aasta teatisele, et EÜ artikli 87 lõike 2 alusel ühisturuga kokkusobivaks tunnistatud riigiabi vastab ilmselgelt ka ST artiklites 2 ja 3 sõnastatud eesmärkidele, ei saa pidada kõnealuse abi hädavajalikkuse tõendamiseks ST artikli 95 mõttes. Piisab, kui täpsustada, et esiteks ei ole EÜ artikli 87 lõige 2 ESTÜ asutamislepingu raames kohaldatav, ning teiseks, et abi vajalikkuse hindamine ST artikli 95 alusel peab toimuma ESTÜ asutamislepingu enda eesmärke silmas pidades, mille hulka ei kuulu EÜ artikli 87 lõike 2 kohaselt ühisturuga kokkusobivaks tunnistatud abi. 142   Igal juhul leiab Esimese Astme Kohus, et komisjon ei ole teinud ilmset kaalutlusviga, kui ta ST artikli 95 kohaldamise välistamiseks vaidlustatud otsuse 124. põhjenduses märkis, et Saksamaa Liitvabariik ei ole kordagi maininud võimalikku Salzgitteri kontserni tootmisvõimsuse vähendamise kava, mis oleks otseselt seotud antud abiga. 143   Ülemäära suure tootmisvõimsusega sektoris nagu terasesektor võib tootmisvõimsuse vähendamine tõepoolest olla vajalik asutamislepingu eesmärkide saavutamiseks abi raames, mille kohta võidakse teha üksikotsus ST artikli 95 alusel. Tootmisvõimsuse vähendamine võib kaasa aidata tingimuste säilitamisele, mis stimuleeriks ettevõtjaid arendama ja parandama oma tootmispotentsiaali (ST artikli 3 punkt d) või moderniseerima toodangut (ST artikli 3 punkt g). Peale selle, terasesektori ülemääraste tootmisvõimsuste puhul välistaks kõnealuse kriteeriumi kasutamine selliste majanduslikult ebakindlate algatuste soodustamise, mis vaid suurendaksid asjaomasel turul valitsevat tasakaalustamatust ega pakuks lõppkokkuvõttes asjaomaste piirkondade ja ettevõtjate probleemidele tõhusat ja püsivat lahendust. 144   Võttes arvesse asutamislepingus sätestatud eesmärkide mitmekesisust ja komisjonile nende erinevate eesmärkide pidevaks kooskõlastamiseks antud tegevusvabadust, et oma kaalutlusõigust kasutades jõuda ühiseid huve rahuldavale tulemusele (vt selle kohta eelkõige punktis 120 osundatud kohtuotsus Wirtschaftsvereinigung Stahl v. komisjon, punkt 65, ja teised osundatud kohtuotsused), ei kujuta käesolevas asjas komisjoni kasutatud tootmisvõimsuse vähendamise kriteerium endast ilmset kaalutlusviga ST artikli 95 kohaldatavuse kontrollimisel. 145   Kuna komisjon ei saanud isegi kaaluda võimalust, et kõnealused investeeringutoetused võinuks vähendada hageja tootmisvõimsust, sest Saksamaa Liitvabariik ei informeerinud teda tootmisvõimsuste vähendamise kavast, ei saanud komisjon otsustada, et kõnealune abi aitaks kaasa asutamislepingu eesmärkide saavutamisele. 146   Järelikult tuleb kolmas väide tervikuna tagasi lükata. 147   Eelnevast järeldub, et komisjonil oli õigus otsustada, et ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmed, millest hageja sai kasu, on ühisturuga kokkusobimatu riigiabi. Esimese Astme Kohus leiab, et nüüd on vaja kontrollida hageja seitsmendat väidet, mis käsitleb õiguskindluse põhimõtte rikkumist sellega, et komisjon käskis Saksamaa Liitvabariigil nõuda hagejalt ühisturuga kokkusobimatu abi tagastamist. Seitsmes väide, mis käsitleb õiguskindluse põhimõtte rikkumist Poolte argumendid 148   Kõigepealt märkis hageja, et vaidlustatud otsuse 81. põhjenduses näib komisjon kaitsvat seisukohta, et erinevalt EÜ asutamislepingus sätestatust on ESTÜ asutamislepingu raames üldiselt välistatud abi tagastamise nõude aegumine, sest see „oleks vastuolus ESTÜ asutamislepingu aluspõhimõttega” – riigiabi täieliku keelamisega. Hageja arvates tekitab selline argument erinevuse ESTÜ asutamislepingust tuleneva ja EÜ asutamislepingust tuleneva riigiabiõiguse vahel, mida aga tegelikult kõnealuste asutamislepingute mõttes ja sättes ning komisjoni praktikas ei ole. Keelu väidetav absoluutsus ei välista õiguskindluse põhimõtte järgimist ega aegumistähtaja tunnustamist. 149   Hageja arvates võib seega ka ESTÜ asutamislepingu reguleerimisalas tugineda õiguskindluse põhimõttele. Pealegi on tegemist õiguse üldprintsiibiga, mida tuleb kohaldada ka riigiabiõiguse valdkonnas ning mis ei ole komisjoni määrata. 150   Veel väitis hageja, et ühenduse õigusega ette nähtud riigiabi tagastamiskorralduse eesmärk on kõrvaldada õigusvastaselt saadud konkurentsieelised, mis on võimaldanud abi saanud ettevõtjal rakendada oma konkurentidest soodsamaid hindu. Hageja arvates ei ole komisjon käesolevas asjas teinud ühtegi otsustust selle kohta, milline oli ZRFG §-s 3 ette nähtud eriamortisatsiooni mõju konkurentsile. 151   Hageja leidis ka seda, et komisjoni pädevuse suhtes nõuda riigiabi tagastamist kehtib igal juhul kümneaastane aegumistähtaeg. Sellest tähtajast, mis on sätestatud nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ artikli [88] kohaldamiseks (EÜT L 83, lk 1), artiklis 15, oleks komisjon pidanud käesolevas asjas lähtuma, sest sellega on õiguskindluse põhimõte ja vajadus taastada aus konkurents tasakaalustatud. 152   Lõpuks, vastates Esimese Astme Kohtu kirjalikele küsimustele, millega hagejal paluti oma teatavaid väiteid põhjendada ja täpsustada, teatas hageja, et ta on alates 1980/1981. aastast regulaarselt saatnud tegevusaruandeid ja raamatupidamise aastaaruandeid komisjonile, eelkõige selle talitustele, kes kõnealusel ajal vastutasid riigiabi kontrollimise ja ümberstruktureerimise eest terasesektoris 1980. aastatel loodud süsteemi raames, mis käsitles terasetööstuse tootmiskvootide kasutamist ja komisjoni seonduvaid meetmeid, et Euroopa terasetööstus ümber struktureerida. Hageja kordas neid väiteid Esimese Astme Kohtus. 153   Oma kirjalikes märkustes viitas menetlusse astuja punktis 90 osundatud kohtuotsuse (Acciaierie di Bolzano v. komisjon) punktile 69, milles Esimese Astme Kohus kinnitas, et kuna kohtuotsuses käsitletud otsuse vastuvõtmise ajal ei olnud kindlaks määratud mingit aegumistähtaega, ei pidanud komisjon otsuse vastuvõtmisel aegumist kohaldama. Sellest kohtuotsusest järeldub, et Esimese Astme Kohus oleks aegumise küsimuse lahendanud teisiti, kui vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajaks oleks määrus nr 659/1999 olnud juba jõustunud. Menetlusse astuja arvates on võimalik kohaldada ESTÜ asutamislepinguga hõlmatud valdkondadele täiendavalt EÜ asutamislepingut ja selle alusel vastu võetud teisese õiguse sätteid, seega saaks määruse nr 659/1999 täiendava kohaldamise ESTÜ reguleerimisalasse kuuluva riigiabi suhtes välistada vaid juhul, kui see oleks vastuolus ESTÜ asutamislepinguga, kuid käesolevas asjas see nii ei ole. 154   Kostja viitas vaidlustatud otsuse 80. põhjendusele ja Esimese Astme Kohtu 15. septembri 1998. aasta otsusele kohtuasjades T-126/96 ja T-127/96: BFM ja EFIM v. komisjon, EKL 1998, lk II-3437, punkt 67), mille kohaselt „peab õiguskindluse tagamiseks olema aegumistähtaeg põhimõtteliselt ühenduse seadusandja poolt varem kindlaks määratud”. Kostja märkis, et käesolevas asjas see nii ei olnud. 155   Määruse nr 659/1999 täiendava kohaldamise väite kohta märkis kostja, et nimetatud määrus puudutab vaid EÜ asutamislepingut ning selle reguleerimisala ei saa juriidilise tõlgendamise abil laiendada ESTÜ asutamislepingu valdkonnale. Selleks on volitatud vaid seadusandja. Punktis 90 osundatud kohtuotsus Acciaierie di Bolzano v. komisjon ei muuda midagi. Kui kõnealune määrus olekski olnud vaidlustatud otsuse vastuvõtmise ajal jõus, on siiski vaieldamatu, et ESTÜ asutamisleping ei näe aegumist ette, seega ei oleks määruses sätestatud aegumistähtaeg olnud kohaldatav. 156   Ja lõpuks, vastuseks Esimese Astme Kohtu kirjalikele küsimustele märkis kostja, et sellel ei ole tähtsust, kas ta hageja edastatud aastaaruandeid arvestas või mitte, sest aruannete edastamine ei asenda teatamist riigiabimenetluse raames. Esimese Astme Kohtu hinnang 157   Kõigepealt tuleb meenutada, et vaidlustatud otsuse 81. põhjenduses märkis komisjon järgmist: „Vastavalt ESTÜ asutamislepingule on keelatud igasugune riigiabi, välja arvatud juhul, kui [ST] artiklil 95 põhineva teraseabikoodeksiga on antud selleks eriluba. See olukord erineb põhimõtteliselt [EÜ] artikli 87 lõigetes 1 ja 3 käsitletud olukorrast, kus komisjonil on ulatuslik kaalutlusõigus ja riigiabi ei ole keelatud mitte alati, vaid ainult siis, kui see ei sobi kokku ühisturuga. Määruses nr 659/1999 ette nähtud aegumissäte on vajalik õiguskindluse tagamiseks EÜ asutamislepingus käsitletud olukordades, kuid aegumisel puudub mõte ESTÜ sektoris, sest selles kehtib jätkuvalt absoluutne riigiabi keeld. ESTÜ asutamislepingus sätestatud keeld tagab õiguskindluse, sest ilma eriloata on igasugune riigiabi õigusvastane. Meetmete kontrollimise ajaline piiratus oleks selle ESTÜ asutamislepingu aluspõhimõttega vastuolus.” 158   Seda analüüsi kontrollimine ei kinnita. 159   On tõsi, et oma eesmärgi täitmiseks peab aegumistähtaeg olema varem kindlaks määratud. Aegumistähtaja ja selle kohaldamise tingimuste kindlaksmääramine on ühenduse seadusandja pädevuses. ESTÜ asutamislepingu alusel antud riigiabi kontrollimiseks ei ole ühenduse seadusandja aegumistähtaega määranud (vt eelkõige punktis 62 osundatud kohtuotsus Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komisjon, punkt 139). 160   Samas tuleb meenutada, et õiguskindluse põhinõue oma eri avaldumisvormides on mõeldud tagama ühenduse õigusega seotud olukordade ja õigussuhete ettenähtavust (Euroopa Kohtu 15. veebruari 1996. aasta otsus kohtuasjas C-63/93: Duff jt, EKL 1996, lk I-569, punkt 20, ja Esimese Astme Kohtu 19. märtsi 1997. aasta otsus kohtuasjas T-73/95: Oliveira v. komisjon, EKL 1997, lk II-381, punkt 29). 161   Vastupidiselt komisjoni seisukohale Esimese Astme Kohtus ei saa õiguskindluse põhimõtte rikkumist komisjoni poolt käesolevas asjas välistada ei aegumistähtaja puudumise tõttu ega ka põhjusel, et Saksamaa Liitvabariik riigiabist eelnevalt ESTÜ asutamislepinguga ette nähtud korras ei teatanud. 162   Sellega seoses tuleb kõigepealt märkida, et punktis 62 osundatud kohtuotsuse (Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komisjon) aluseks olnud asjas ei välistanud Euroopa Kohus võimalust sedastada, et komisjon on rikkunud õiguskindluse põhimõtet, ega võimalust vajaduse korral selle eest karistus määrata, kui komisjon on võtnud vastu riigiabi tagastamist nõudva otsuse, kusjuures puudub aegumistähtaeg ja riigiabist ei ole eelnevalt teatatud (punktis 62 osundatud kohtuotsus Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komisjon, punkt 140). 163   Veel tuleb märkida, et käesolevas asjas on õiguskindluse põhimõtte rikkumise tõstatanud hageja, kes on kõnealuse abi saaja. Kuuenda teraseabikoodeksiga sätestatud riigiabi kontrollimise süsteem ei pane abi saajale mingeid konkreetseid kohustusi. Esiteks on kuuenda teraseabikoodeksi artiklis 6 sätestatud kohustus – teatada riigiabiprojektidest ja keeld neid enne seda ellu viia – suunatud liikmesriigile. Teiseks on liikmesriik otsuse adressaat, millega komisjon tuvastas riigiabi ühisturuga kokkusobimatuse ja palus liikmesriigil see komisjoni määratud tähtaja jooksul lõpetada (vt analoogia põhjal EÜ asutamislepingut käsitlev Euroopa Kohtu 11. juuli 1996. aasta otsus kohtuasjas C-39/94: SFEI jt, EKL 1996, lk I-3547, punkt 73). Kuna ESTÜ asutamislepingu kohasel riigiabi kontrollimisel on liikmesriik ainus osapool, kellega komisjon kui institutsioon on kohustatud suhtlema (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 31. märtsi 1998. aasta otsus kohtuasjas T-129/96: Preussag Stahl v. komisjon, EKL 1998, lk I-3547, punkt 73), ei saa järelikult pidada hagejat vastutavaks kõnealusest abist eelnevalt teatamata jätmise eest. 164   Komisjoni argumendiga nõustumine tähendaks seda, et komisjoni pädevust nõuda riigiabi tagastamist oleks võimatu vaidlustada juhul, kui liikmesriik abist eelnevalt ei teatanud, kuigi teatamiskohustust ei rikkunud abisaaja. 165   On tõsi, et ühenduse kohus on välistanud võimaluse, et abi saajal võiks muidu kui ainult erandjuhul olla õiguspärane ootus riigiabi eelkontrolli korda rikkudes antud abi seaduslikkuse suhtes. Hoolsal ettevõtjal peaks tavaliselt olema võimalik kindlaks teha, kas nimetatud korda on järgitud (Euroopa Kohtu 20. septembri 1990. aasta otsus kohtuasjas C 5/89: komisjon v. Saksamaa, EKL 1990, lk I-3437, punkt 14, ja 14. jaanuari 1997. aasta otsus kohtuasjas C-169/95: Hispaania v. komisjon, EKL 1997, lk I-135, punkt 51; punktis 163 osundatud kohtuotsus Preussag Stahl v. komisjon, punkt 77; 29. septembri 2000. aasta otsus kohtuasjas T-55/99: CETM v. komisjon, EKL 2000, lk II-3207, punkt 121, ja punktis 110 osundatud kohtuotsus ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi v. komisjon, punkt 182). 166   Kuid hageja ei tugine riigiabi seaduslikkuse õiguspärasele ootusele, vaid õiguskindluse põhimõtte rikkumisele, mis ei ole piiratud abisaaja õiguspärase ootuse eelduseks olevate tingimustega. 167   Seega tuleb kontrollida, kas käesolevas asjas on komisjon toiminud õiguskindluse põhimõtte vastaselt. 168   Asjakohane on lähtuda olukorrast, mille tekitas komisjoni 4. augusti 1971. aasta otsus mitte vastustada ZRFG §-s 3 ette nähtud abisüsteemi kohaldamist. 169   Nagu on märgitud käesoleva otsuse punktis 67, kasutas komisjon kuni esimese teraseabikoodeksi kehtivuse lõppemiseni 31. detsembril 1981 vaidlustatud otsuses esitatust erinevat tõlgendust, mille kohaselt kontrollib terasesektorile üldise ja regionaalse abi andmist komisjon nii ST artikli 67 kui ka EÜ artiklite 87 ja 88 alusel, kuid mitte ST artikli 4 punkti c alusel. 170   Vastavalt sellele tõlgendusele oli kuni 31. detsembrini 1981 võimalik arvata, et üldisi ja regionaalseid abisüsteeme, mida komisjon ei ole vastustanud EÜ artiklite 87 ja 88 alusel – nagu see oli käesolevas asjas vastavalt komisjoni 4. augusti 1971. aasta otsusele ZRFG § 3 kohta –, võivad teraseettevõtjad seaduslikult kasutada. 171   Seevastu alates teise teraseabikoodeksi jõustumisest 1. jaanuaril 1982 ja sellele järgnevate koodeksite jõustumisest kehtestas komisjon ühtse korra, et tagada igasuguse terasetööstusele antava abi ühetaoline kohtlemine ühe menetluse raames, mis hõlmaks nii eriabi (s.o abi, mida antakse abisüsteemide alusel, mille eesmärk või peamine mõju on teraseettevõtjate soodustamine) kui ka üldise abi, mille alla kuulub eelkõige üldise või regionaalse abisüsteemi alusel antud abi. Kõnealuse korra kehtestamine oli osa kriisiseisundis terasetööstuse vajaliku ümberstruktureerimise nimel tehtud pingutustest ja nägi ette riigiabi järkjärgulise kaotamise. Teine teraseabikoodeks ei käsitlenud siiski küsimust, milliseid tagajärgi toob see uus kord kaasa üldistele või regionaalsetele abisüsteemidele, mida varem lubati. 172   1. jaanuarist 1986 kuni 31. detsembrini 1988 kehtinud kolmanda teraseabikoodeksi (komisjoni 27. novembri 1985. aasta otsus nr 3484/85/ESTÜ, millega kehtestati ühenduse eeskirjad terasetööstusele antava eriabi kohta (EÜT L 340, lk 1)) artiklis 6 täpsustas komisjon, et talle tuleb piisavalt aegsasti teatada, nii et ta jõuaks esitada oma seisukoha, kõigist „kavadest” kohaldada terasesektorile abisüsteeme, mille kohta ta on juba võtnud seisukoha EÜ asutamislepingu alusel. Komisjonile pidi abikavadest teatama koodeksi artikli 6 kohaselt hiljemalt 30. juunil 1988. 173   Kolmanda teraseabikoodeksi vastuvõtmist võib vähemalt alates selle vastuvõtmise ajast käsitada kui komisjoni varjatud taganemist oma vastustamisest loobumist käsitlevast 1971. aasta otsusest ESTÜ reguleerimisalasse kuuluvate ettevõtjate puhul, seega ka hageja puhul. Peale selle ei olnud selge, kas ZRFG § 3 hilisem hageja kasuks kohaldamine allus kolmanda teraseabikoodeksi artiklis 6 ette nähtud kohustusele „kavadest” teatada. Kuna hagejale oli korra juba võimaldatud kasutada ZRFG §-st 3 tulenevat soodustust, jätkas ta kasu saamist nimetatud paragrahvi – mille tingimustele ta vastas – kohaldamisest. 174   Seega iseloomustavad teise ja kolmanda teraseabikoodeksi vastuvõtmisele järgnenud olukorda komisjoni süül tekkinud järgmised ebakindluse ja ebaselguse tegurid: –       varjatud – ja seega mitte piisavalt selge – taganemine vastustamisest loobumist käsitlevast komisjoni 1971. aasta otsusest; –       vastustamisest loobumisest taganemise ulatuse ebaselgus küsimuse osas, kas ZRFG § 3 hilisemast kohaldamisest tuleks teatada kui „kavast” kolmanda teraseabikoodeksi artikli 6 mõistes. 175   Sellele ebakindluse ja ebaselguse olukorrale liitusid hilisemad tegurid (loetletud käesoleva otsuse punktis 179 ja sellele järgnevates punktides), mis seondusid terasesektori sügava kriisi tõdemise järel kehtestatud õigusliku raamistikuga (kirjeldatud käesoleva otsuse punktides 176–178). 176   Kõnealuse sügava kriisi ja ülemäära suurte tootmisvõimsuste tõttu kehtestas komisjon 31. oktoobri 1980. aasta otsusega nr 2794/80/ESTÜ (terasetootmiskvootide süsteemi kehtestamise kohta teraseettevõtjate jaoks (EÜT L 291, lk 1)) kvoodisüsteemi, et taastada teraseturul pakkumise ja nõudmise tasakaal. Nähti ette, et kvootide arvutamine toimub iga teraseettevõtja baastootmisnäitajate alusel, kusjuures lubati teatavaid kohandusi arvestamaks investeeringuid või ettevõtja ümberstruktureerimiseks tehtud pingutusi. Kvoodisüsteemi kohaldamiseks tuli komisjonile regulaarselt edastada ajakohastatud informatsiooni asjaomaste ettevõtjate toodangu ja tarnete kohta ning komisjonil olid volitused talle edastatud informatsiooni kontrollida, sealhulgas korraldada kohapealseid kontrolle. Komisjon uuendas seda keerukat kvootide määramise ja turujärelevalve süsteemi korduvalt, püüdes seda lihvida ja täiustada. 177   Komisjon kohandas kehtestatud süsteemi, seostades lubamatu abi andmise ja tootmiskvoodid, et vältida nende meetmete kumuleerumist. Alates komisjoni 28. juuli 1983. aasta otsusest nr 2177/83/ESTÜ, millega pikendati teatud toodete järelevalvesüsteemi ja tootmiskvoote teraseettevõtjate jaoks (EÜT L 208, lk 1), võis komisjon vastavalt selle otsuse artiklile 15A „vähendada ettevõtja kvoote, kui ta tuvastab, et ettevõtja on saanud abi, milleks komisjon ei ole andnud luba otsuse nr 2320/81/ESTÜ alusel [teine teraseabikoodeks], või kui ei ole täidetud riigiabi loaga seostatud tingimusi”. Nimetatud sätte kohaselt „välistavad need asjaolud, et ettevõtjal oleks õigus kohandustele [otsuse nr 2177/83] artiklite 14, 14A, 14B, 14C ja 16 alusel”. Põhiliselt samasugust sõnastust kasutati hilisemates järelevalvesüsteemi ja tootmiskvootide pikendamise otsustes, eelkõige komisjoni 27. novembri 1985. aasta otsuse nr 3485/85/ESTÜ, millega pikendati järelevalvesüsteemi ja tootmiskvoote teraseettevõtjate jaoks (EÜT L 340, lk 5), artiklis 15A ja komisjoni 6. jaanuari 1988. aasta otsuse nr 194/88/ESTÜ, millega pikendati järelevalvesüsteemi ja teatud toodete tootmiskvoote teraseettevõtjate jaoks (EÜT 25, lk 1) artiklis 15A, kuni 30. juunini 1988. Veel tuleb märkida, et Euroopa Kohus on korduvalt sedastanud, et kvoodisüsteem ja teraseabikoodeksid moodustavad kokkukuuluva terviku ja järgivad ühist eesmärki – ümberstruktureerimine, mis on vajalik kohandamaks tootmist ja tootmisvõimsusi prognoositava nõudlusega ja taastamaks Euroopa terasetööstuse konkurentsivõime –, mistõttu ei ole meelevaldne ega diskrimineeriv, kui ühe kõnealuse süsteemi kohaldamisel saadud andmeid kasutada lähtealusena teise süsteemi puhul (Euroopa Kohtu 15. jaanuari 1985. aasta otsus kohtuasjas 250/83: Finsider v. komisjon, EKL 1985, lk 131, punkt 9; 15. oktoobri 1985. aasta otsus liidetud kohtuasjades 211/83, 212/83, 77/84 ja 78/84: Krupp ja Thyssen v. komisjon, EKL 1985, lk 3409, punkt 34, ja 7. aprilli 1987. aasta otsus kohtuasjas 226/85: Dillinger Hüttenwerke v. komisjon, EKL 1987, lk 1621, punkt 2). 178   Seega kontrollis komisjon igal juhul teraseettevõtjatelt saadud tootmisandmeid, eelkõige selleks, et kontrollida, kas tootmisvõimsuste säilitamine või suurendamine ei ole tingitud lubamatu riigiabi andmisest, mis oleks olnud vastuolus terasetööstuse ümberstruktureerimise eesmärgiga. Kontrollimise eesmärk oli eelkõige tuvastada, kas tuleks vähendada ettevõtjale regulaarselt ja nimeliselt eraldatud kvoote. Komisjonile ei võinud olla teadmata, et ta pani samal ajal teraseettevõtjatele täiendava kohustuse teatada oma investeerimisprogrammidest, sealhulgas nende rahastamisallikatest, et komisjon saaks aegsasti teada suundumustest, mis võivad suurendada tootmisvõimsuste tasakaalustamatust, vastavalt komisjoni 18. novembri 1981. aasta otsusele nr 3302/81/ESTÜ andmete kohta, mida teraseettevõtjad peavad oma investeeringute kohta esitama (EÜT L 333, lk 35), muudetud komisjoni 26. juuli 1985. aasta otsusega nr 2093/85/ESTÜ (EÜT L 197, lk 19), mis kehtis kuni 16. oktoobrini 1991. 179   Sellises teraseettevõtjatel lasuvate erikohustuste olukorras saatis hageja „Stahlwerke Peine – Salzgitter AG perioodil” 1988. aasta lõpus komisjonile oma tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande 1987/1988. aasta kohta, millest nähtus, et ta oli saanud ZRFG § 3 alusel kasutada erireserve (Sonderposten mit Rücklageanteil) oma Peines ja Salzgitteris ( Zonenrandgebiet ’is) paiknevatesse ettevõtetesse tehtud investeeringute puhul. Hageja edastatud tegevus- ja raamatupidamisaruanded järgnevate aastate kohta sisaldasid samasugust informatsiooni. Selle informatsiooni põhjal, mille edastamist komisjon ei vaidlusta, oleks komisjon pidanud märkama riigiabist teatamata jätmist ning algatama asjakohase menetluse. Veel tuleb märkida, et komisjon kontrollis ZRFG §-s 3 ette nähtud abisüsteemi uuesti 1988. aastal ning võttis 14. detsembril 1988 vastu otsuse (SG (88) D/1748) kõnealust abi mitte vastustada. 180   Käesoleva otsuse punktis 174 kirjeldatud ebakindluse ja ebaselguse olukord kumuleerus komisjoni reaktsiooni kauaaegse puudumise tõttu, kuigi komisjon hageja saadud abist teadis, mille tulemusel tekkis komisjoni hoolsuskohustuse rikkumise tõttu kahemõtteline olukord, mille komisjon oleks pidanud lahendama enne meetmete võtmist juba antud abi tagastamise nõudmiseks (vt selle kohta Euroopa Kohtu 9. juuli 1970. aasta otsus kohtuasjas 26/69: komisjon v. Prantsusmaa, EKL 1970, lk 565, punktid 28–32). 181   Tuleb sedastada, et komisjon ei selgitanud olukorda. Eelkõige tuleb meenutada seda, et teraseabikoodeksite hilisemates versioonides komisjon lihtsalt kordas kolmanda teraseabikoodeksi artikli 6 sõnastust. 182   Järelikult ei saa käesoleva asja konkreetseid asjaolusid arvestades komisjon nõuda hagejale aastatel 1986–1995 antud abi tagastamist, rikkumata seejuures õiguskindluse põhimõtet. 183   Seega tuleb nõustuda õiguskindluse põhimõtte rikkumist käsitleva väitega ja tühistada vaidlustatud otsuse artiklid 2 ja 3 osas, milles need puudutavad Saksamaa Liitvabariigi kohustust nõuda hagejalt abi tagasi. 184   Kuna on välistatud hagejale aastatel 1986–1995 antud abi tagasinõudmine, leiab Esimese Astme Kohus, et ei ole vaja võtta seisukohta hageja nende väidete suhtes, mis käsitlevad tagastatava abisumma vähendamist ja arvutamist. Kõnealuse abi ühisturuga kokkusobimatuse kohta tehtud otsuse põhjendamata jätmist käsitleva väite suhtes nähtub kolme esimese hageja tõstatatud argumendi kohtulikust kontrollist, et see kohustus oli täidetud. Kohtukulud 185   Kui osa taotlusi rahuldatakse ühe poole, osa teise poole kasuks, võib Esimese Astme Kohus kodukorra artikli 87 lõike 3 kohaselt määrata kulude jaotuse või jätta kummagi poole kohtukulud tema enda kanda. Käesolevas asjas rahuldati enamik hageja taotlusi. 186   Seetõttu otsustab Esimese Astme Kohus asjaolusid hinnates, et hageja kannab kolmandiku oma kohtukuludest ja komisjon kannab oma kohtukulud ning temalt mõistetakse välja kaks kolmandikku hageja kohtukuludest. 187   Kodukorra artikli 87 lõike 4 esimese lõigu kohaselt kannab Saksamaa Liitvabariik oma kohtukulud. Esitatud põhjendustest lähtudes ESIMESE ASTME KOHUS (neljas, laiendatud koda) otsustab: 1. Tühistada komisjoni 28. juuni 2000. aasta otsuse 2000/797/ESTÜ riigiabi kohta, mida Saksamaa Liitvabariik andis Salzgitter AG-le, Preussag Stahl AG-le ja kontserni kuuluvatele terasetööstuses tegutsevatele tütarettevõtjatele, kelle praegune ühine nimi on Salzgitter AG – Stahl und Technologie (SAG), artiklid 2 ja 3. 2. Hageja kannab kolmandiku oma kohtukuludest. 3. Komisjon kannab oma kohtukulud ja temalt mõistetakse välja kaks kolmandikku hageja nõutud kohtukuludest. 4. Saksamaa Liitvabariik kannab oma kohtukulud. Tiili Pirrung Mengozzi Meij Vilaras Kuulutatud avalikul kohtuistungil 1. juulil 2004 Luxembourgis. Kohtusekretär Koja esimees H. Jung V. Tiili Sisukord Õiguslik raamistik Vaidluse taust Menetluse käik ja poolte taotlused Õigusküsimused Esimene väide, mille järgi on komisjon teinud korduvalt ebaõigeid riigiabi mõistet käsitlevaid otsustusi Väite esimene osa, mis käsitleb ZRFG § 3 maksueeskirjade ebaõiget kvalifitseerimist niivõrd, kuivõrd on tegemist üldiste maksueeskirjadega – Poolte argumendid – Esimese Astme Kohtu hinnang Väite teine osa, mis käsitleb ZRFG §-s 3 ette nähtud maksumeetmete väidetavalt korvavat laadi – Poolte argumendid – Esimese Astme Kohtu hinnang Väite kolmas osa, mis käsitleb väidetavat vajadust uurida liikmesriikide maksueeskirju, et tuvastada, milline on „normaalne” maksukoormus – Poolte argumendid – Esimese Astme Kohtu hinnang Väite neljas osa, mis käsitleb komisjoni väidetavat kohustust tõendada, et ZRFG §-s 3 ette nähtud meetmetel on samasugune mõju konkurentsile nagu klassikalisel subsiidiumil – Poolte argumendid – Esimese Astme Kohtu hinnang Teine väide, mis käsitleb ST artikli 4 punkti c ja EÜ artikli 67 väära tõlgendamist Poolte argumendid Esimese Astme Kohtu hinnang Kolmas väide, mis käsitleb ST artikli 95 kohaldamata jätmist Poolte argumendid Esimese Astme Kohtu hinnang – Esialgsed sedastused – Väidetav kaalutlusviga ST artikli 95 kohaldamisest keeldumisel Seitsmes väide, mis käsitleb õiguskindluse põhimõtte rikkumist Poolte argumendid Esimese Astme Kohtu hinnang Kohtukulud * Kohtumenetluse keel: saksa.

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Dommens præmisser $ 2381DA (1 - 40) $$ 2381DA (1 - 40) $ 1 Ved afgørelse af 23. juni 1998, indgået til Domstolen den 7. juli 1998, har Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 52 (efter ændring nu artikel 43 EF). 2 Spørgsmålet er rejst i en sag mellem Hugo Fernando Hocsman og det franske ministerium for beskæftigelse og solidaritet angående et afslag på at give ham tilladelse til at udøve virksomhed som læge i Frankrig. Fællesskabsretten 3 Det bestemmes i EF-traktatens artikel 52: »Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser skal de restriktioner, som hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område, gradvis ophæves i løbet af overgangsperioden. ... ... etableringsfriheden (indebærer) adgang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed ... på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere.« 4 I EF-traktatens artikel 57, stk. 1 og 3 (efter ændring nu artikel 47, stk. 1 og 3, EF), bestemmes: »1. For at lette adgangen til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed udsteder Rådet efter fremgangsmåden i artikel 189 B direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser. ... 3. For så vidt angår udøvelse af lægegerning eller lignende virksomhed eller af farmaceutisk virksomhed, forudsætter den gradvise ophævelse af restriktionerne en samordning af de betingelser, der er opstillet af de forskellige medlemsstater for udøvelse af sådanne erhverv.« 5 Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993, som tilsigter at fremme den frie bevægelighed for læger og den gensidige anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT L 165, s. 1), finder ifølge sin artikel 1 anvendelse på virksomhed som læge, som statsborgere i medlemsstaterne udøver som lønmodtager eller som selvstændig. 6 Det følger af artikel 2 i direktiv 93/16: »Hver medlemsstat anerkender de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, der udstedes til medlemsstaternes statsborgere af de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 23, og som er anført i artikel 3, ved at tildele dem den samme virkning på sit område for så vidt angår adgang til og udøvelse af virksomhed som læge, som de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, den selv udsteder.« 7 I direktiv 93/16's artikel 23 og 24, som er indeholdt i direktivets afsnit III med overskriften »Samordning af ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser vedrørende lægevirksomhed«, opstilles de betingelser, som lægeuddannelsen skal opfylde, for at eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som udstedes efter endt uddannelse, kan blive anerkendt i de andre medlemsstater. Artikel 23 i direktiv 93/16 omhandler eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser for læger, som udstedes efter endt grunduddannelse, hvorimod direktivets artikel 24 omhandler eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser for speciallæger. 8 Det fremgår af artikel 23 i direktiv 93/16: »1. Medlemsstaterne gør adgangen til at optage og udøve virksomhed som læge betinget af besiddelse af et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis for læger som omhandlet i artikel 3, som yder garanti for, at den pågældende gennem hele sin uddannelse har erhvervet: a) fyldestgørende kendskab til de videnskaber, som lægegerningen bygger på, samt en god forståelse af videnskabelig metode, herunder principperne for måling af biologiske funktioner, vurdering af videnskabeligt fastlagte kendsgerninger og bedømmelse af oplysningerne b) fyldestgørende kendskab til raske og syge menneskers opbygning, funktion og adfærd, samt til forbindelserne mellem menneskets sundhedstilstand og dets fysiske og sociale miljø c) fyldestgørende kendskab til kliniske discipliner og behandlinger, som giver den pågældende et sammenhængende billede af de mentale og fysiske sygdomme, af lægegerningen set ud fra den profylaktiske, den diagnostiske og den terapeutiske synsvinkel, og af den menneskelige forplantning d) fyldestgørende klinisk erfaring på sygehuse under passende tilsyn. 2. Den samlede medicinske uddannelse omfatter mindst seks års studier eller 5 500 timers teoretisk og praktisk undervisning ved et universitet eller under tilsyn af et universitet. 3. Adgang til denne uddannelse forudsætter, at den studerende er i besiddelse af et eksamensbevis eller certifikat, som giver ham adgang til det pågældende studium ved universiteterne i en medlemsstat. 4. For personer, som påbegyndte deres studier inden den 1. januar 1972, kan den i stk. 2 omhandlede uddannelse omfatte en praktisk heltidsuddannelse på universitetsniveau af seks måneders varighed under tilsyn af de kompetente myndigheder. 5. Dette direktiv udelukker ikke medlemsstaternes mulighed for på deres eget område efter deres egen lovgivning at give indehavere af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som ikke er erhvervet i en medlemsstat, adgang til at optage og udøve virksomhed som læge.« 9 Artikel 24 i direktiv 93/16 bestemmer følgende: »1. Medlemsstaterne drager omsorg for, at den uddannelse, der fører til erhvervelsen af et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis for speciallæger, mindst opfylder følgende betingelser: a) den forudsætter gennemførelse og godkendelse af seks års studier inden for rammerne af den i artikel 23 omhandlede uddannelsescyklus; den uddannelse, der fører til udstedelse af et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis for speciallæger i tand-, mund- og kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge og som tandlæge), forudsætter desuden gennemførelse og anerkendelse af tandlægeuddannelsen som omhandlet i artikel 1 i Rådets direktiv 78/687/EØF af 25. juli 1978 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlæge b) den omfatter en teoretisk og praktisk undervisning c) den følges på heltidsbasis under tilsyn af de kompetente myndigheder eller organer i overensstemmelse med punkt 1 i bilag I d) den finder sted på et universitet, på et universitetssygehus eller efter omstændighederne i en anden institution inden for sundhedsområdet, der er godkendt til dette formål af de kompetente myndigheder eller organer e) den omfatter speciallægekandidatens personlige deltagelse i de pågældende forvaltningers virksomhed og ansvar. 2. Medlemsstaterne gør udstedelsen af et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis for speciallæger betinget af besiddelsen af et de i artikel 23 omhandlede eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser for læger; udstedelse af et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis for speciallæger i tand-, mund-, kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge og som tandlæge) er desuden betinget af, at den pågældende er i besiddelse af et af de i artikel 1 i direktiv 78/687/EØF omhandlede eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser for tandlæger.« National ret 10 Det bestemmes i artikel L. 356 i code de la santé publique (den franske lov om folkesundhed): »Ingen kan udøve virksomhed som læge, tandlæge eller jordemoder i Frankrig medmindre den pågældende er: 1) indehaver af et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis omtalt i artikel L. 356-2 ... 2) fransk statsborger eller statsborger i en af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs medlemsstater eller i andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ... ...« 11 Det følger af lovens artikel L. 356-2, at de eksamensbeviser, certifikater og kvalifikationsbeviser, som kræves for at udøve lægegerningen, enten er diplôme français d'État de docteur en médecine (statens eksamensbevis for læger) eller, såfremt den pågældende er statsborger i en af De Europæiske Fællesskabers medlemsstater eller i andre stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis for lægeuddannelse, der er udstedt af en af disse stater og optaget på en fortegnelse, der er opstillet i overensstemmelse med de fællesskabsretlige regler eller regler, som følger af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, ved en af sundhedsministeren og undervisningsministeren i fællesskab udstedt bekendtgørelse. Tvisten i hovedsagen 12 Det fremgår af sagen, at Hugo Fernando Hocsman er indehaver af dels et eksamensbevis som læge, som er udstedt i 1976 af Buenos Aires' Universitet (Argentina), dels et eksamensbevis for specialisering i urologi, som er udstedt i 1982 af Barcelona's Universitet (Spanien). 13 Hugo Fernando Hocsman er af argentinsk oprindelse, opnåede spansk statsborgerskab i 1986 og blev fransk statsborger i 1998. 14 I 1980 havde de spanske myndigheder anerkendt hans argentinske eksamensbevis som ligestillet med en spansk eksamen i medicin og kirurgi, hvilket gav ham ret til at virke som læge i Spanien og til her at få adgang til en uddannelse som speciallæge. 15 Da Hugo Fernando Hocsman ikke var spansk statsborger på det tidspunkt, hvor han studerede til sin specialisering, var det eksamensbevis i urologi, som blev udstedt til ham i 1982, en akademisk grad. Efter at Hugo Fernando Hocsman havde fået spansk statsborgerskab, fik han i 1986 tilladelse til at drive virksomhed som speciallæge i urologi i Spanien. 16 Det følger af forskellige attestationer, at Hugo Fernando Hocsman i en årrække har arbejdet i Spanien. Han rejste til Frankrig i 1990 og har siden udøvet virksomhed som tilknyttet læge eller som reservelæge med speciale i urologisk kirurgi på forskellige franske hospitaler, herunder navnlig, siden 1991, på hospitalscentret i Laon. 17 Hugo Fernando Hocsman har ved flere lejligheder henvendt sig til de franske myndigheder med henblik på at blive optaget i Frankrigs fortegnelse over læger, der kan udøve lægegerning i Frankrig. 18 Ved skrivelse af 27. juni 1997 gav ministeren for beskæftigelse og solidaritet Hugo Fernando Hocsman afslag på hans ansøgning om tilladelse til at udøve lægegerning i Frankrig med henvisning til, at han ikke opfyldte betingelserne i artikel L. 356 i code de la santé publique, eftersom hans argentinske eksamensbevis ikke gav ham ret til at virke som læge i Frankrig. 19 Under den sag, som blev anlagt til prøvelse af denne afgørelse, fandt Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, at en fortolkning af fællesskabsretten var nødvendig for tvistens afgørelse og besluttede at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »Bør en ligestilling, der er givet i en medlemsstat, medføre, at en anden medlemsstat, på grundlag af Rom-traktatens artikel 52, skal undersøge, om de ved denne ligestilling anerkendte erfaringer og kvalifikationer svarer til dem, som kræves efter de nationale eksamensbeviser og kvalifikationsbeviser, navnlig i det tilfælde, hvor den, der har fået ligestilling, er indehaver af et eksamensbevis for en specialisering, som er opnået i en medlemsstat, og som er omfattet af anvendelsesområdet for et direktiv om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser[?]«. Det præjudicielle spørgsmål 20 Hugo Fernando Hocsman har anført, at det er selvmodsigende, at han i årevis lovligt har udøvet beskæftigelse som speciallæge i urologi på forskellige hospitaler i Frankrig samtidig med, at han har fået afslag på at blive optaget i Frankrigs fortegnelse over læger. Med henvisning til Domstolens praksis vedrørende traktatens artikel 52, herunder navnlig dom af 7. maj 1991 (sag C-340/89, Vlassopoulou, Sml. I, s. 2357) og dom af 9. februar 1994, (sag C-319/92, Haim, Sml. I, s. 425), har han gjort gældende, at de franske myndigheders afslag på at anerkende hans argentinske eksamensbevis som læge er i strid med såvel bestemmelsens ånd som dens ordlyd. 21 Domstolen fastslog i den ovennævnte Vlassopoulou-doms præmis 16, at traktatens artikel 52 skal fortolkes således, at det påhviler en medlemsstat, når der til denne indgives ansøgning om tilladelse til at udøve et erhverv, hvortil adgangen ifølge national ret er betinget af, at vedkommende har et eksamensbevis eller erhvervsmæssige kvalifikationer, at tage hensyn til eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som vedkommende har erhvervet med henblik på at kunne udøve dette erhverv i en anden medlemsstat, idet den skal foretage en sammenligning mellem den kompetence, der er dokumenteret ved beviserne, og de krav om kundskaber og kvalifikationer, der stilles i de nationale regler. 22 Domstolen fastslog i den ovennævnte Haim-doms præmis 28, at det følger af dette princip, at de kompetente nationale myndigheder ved afgørelsen af, om kravet ifølge de nationale bestemmelser om gennemførelse af en turnus er opfyldt, skal tage hensyn til den faglige erfaring, som den pågældende har erhvervet, herunder den erfaring, han har erhvervet i en anden medlemsstat. 23 Eftersom denne retspraksis flere gange er blevet bekræftet (jf. senest dom af 8.7.1999, sag C-234/97, Fernández de Bobadilla, Sml. I, s. 4773, præmis 29, 30 og 31), må det således lægges til grund, at myndighederne i en medlemsstat, når der til disse indgives ansøgning om tilladelse til at udøve et erhverv, hvortil adgangen ifølge national ret er betinget af, at vedkommende har et eksamensbevis eller erhvervsmæssige kvalifikationer, eller perioder med erhvervserfaring, er forpligtet til at tage hensyn til samtlige eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, herunder den pågældendes relevante erfaring, idet de skal foretage en sammenligning mellem på den ene side den kompetence, der er dokumenteret ved disse kvalifikationsbeviser og denne erfaring, og på den anden side de krav om kundskaber og kvalifikationer, der stilles ifølge national ret. 24 Det bemærkes, at denne praksis blot er udtryk for udmøntningen i retspraksis af et princip, som hører til de grundlæggende friheder i traktaten. 25 Den spanske og den italienske regering, som under retsmødet blev støttet af den franske regering, har gjort gældende, at dette princip ikke finder anvendelse i den foreliggende sag. Når der findes et direktiv om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser såsom direktiv 93/16, og når det kvalifikationsbevis, som den berørte råder over, ikke opfylder betingelserne i direktivet, kan denne ikke direkte påberåbe sig bestemmelser i traktaten om Fællesskabets grundlæggende friheder. 26 Disse regeringer anfører, at den frie bevægelighed for personer, som udøver lægegerning, lignende virksomhed eller farmaceutisk virksomhed, ifølge traktatens artikel 57, stk. 3, er undergivet visse betingelser, som er fastsat i afledet ret, og den udleder heraf, at de pågældende personer kun kan udnytte denne ret i overensstemmelse med den fremgangsmåde og nærmere bestemmelser i den afledede ret, og hvad hovedsagen angår, nærmere bestemt inden for rammerne af direktiv 93/16. 27 Disse regeringer har gjort gældende, at Domstolens praksis omhandler erhverv som advokat (som var genstand for den sag, der førte til den ovennævnte Vlassopoulou-dom) eller som ejendomsmægler (jf. dom af 7.5.1992, sag C-104/91, Aguirre Borrell m.fl., Sml. I, s. 3003), som på det tidspunkt, hvor denne praksis blev udviklet, ikke var omfattet af noget direktiv om samordning eller gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. Denne retspraksis er således irrelevant for lægers frie bevægelighed, som udtømmende er reguleret i direktiv 93/16, både hvad angår afgørelsen af, hvem kan gøre krav på denne frihed, og hvem der er afskåret herfra. 28 De har tilføjet, at den begrænsning, som blev indført ved traktatens artikel 57, stk. 3, i relation til lægegerningen, lignende virksomhed og farmaceutisk virksomhed har til formål at sikre et højt niveau af sundhedsbeskyttelse, hvilket er en af de målsætninger, der udtrykkeligt påhviler Fællesskabet i henhold til EF-traktatens artikel 3, litra o) [efter ændring nu artikel 3, litra p), EF]. Opfyldelsen af denne målsætning bringes i fare, såfremt det antages, at lægegerningen og lignende virksomhed kan udøves i strid med betingelserne i de direktiver, som finder anvendelse. 29 Derimod har den finske og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen anført, at de forpligtelser, som vedrører den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser, og som er pålagt medlemsstaterne i henhold til traktatens artikel 52, gælder uafhængig af, om der findes et fællesskabsdirektiv på området. Kommissionen har gjort gældende, at det ville være paradoksalt, såfremt det forhold, at der findes et direktiv om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, begrænsede etableringsfriheden, således at den fællesskabsstatsborger, der er indehaver af et eksamensbevis, som ikke opfylder de betingelser, der er opstillet i dette direktiv, afskæres fra at kunne påberåbe sig det princip, som er gennemgået ovenfor i præmis 23 og 24, selv om han utvivlsomt kunne have påberåbt sig det, såfremt der ikke havde eksisteret et sådant direktiv. 30 Henset til disse bemærkninger er det nødvendigt at præcisere anvendelsesområdet for det princip, som er angivet ovenfor i præmis 23 og 24. 31 Selv om princippet ganske rigtig fandt anvendelse i sager, som angik erhverv, for hvilke der ikke på daværende tidspunkt var truffet foranstaltninger til harmonisering eller samordning, må det ikke desto mindre antages, at princippet ikke kan anses for at miste en del af sin retsgyldighed som følge af, at der udstedes direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser. 32 Således tilsigter sådanne direktiver, som det fremgår af traktatens artikel 57, stk. 1, at lette adgangen til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed og dermed at forenkle den allerede eksisterende adgang til disse former for virksomhed for statsborgere fra andre medlemsstater. På denne baggrund har Domstolen udtalt, at når den i traktatens artikel 52 foreskrevne etableringsfrihed kan sikres i en medlemsstat enten i medfør af gældende love eller administrativt fastsatte bestemmelser eller i medfør af forvaltningens eller faglige sammenslutningers praksis, kan en person, der omfattes af fællesskabsretten, derfor ikke hindres i faktisk at udnytte denne frihed, alene fordi de i traktatens artikel 52 foreskrevne direktiver endnu ikke er blevet udstedt for et givet erhverv (jf. dom af 28.4.1977, sag 71/76, Thieffry, Sml. s. 765, præmis 17). 33 Betydningen af de direktiver, som opstiller fælles regler og kriterier for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, er således, at der indføres en ordning, som pålægger medlemsstaterne at anerkende ligestillingen mellem visse eksamensbeviser, uden at de kan kræve, at de berørte opfylder andre betingelser end dem, der er opstillet i de direktiver, som finder anvendelse på området. 34 En sådan gensidig anerkendelse af disse eksamensbeviser medfører således - forudsat at betingelser, som de i direktiv 93/16 indeholdte, er opfyldt - at en eventuel anerkendelse af disse eksamensbeviser i henhold til det princip, som er opstillet i nærværende doms præmis 23 og 24, er overflødig. Princippet har dog fortsat en klar betydning i de tilfælde, som ikke er omfattet af disse direktiver, som det er tilfældet for Hugo Fernando Hocsman. 35 I en sådan situation er myndighederne i en medlemsstat, som det blev fastslået ovenfor i præmis 23 - når de modtager ansøgning om tilladelse til at udøve et erhverv, hvortil adgangen ifølge national ret er betinget af, at ansøgeren har et eksamensbevis eller erhvervsmæssige kvalifikationer, eller perioder med erhvervserfaring - forpligtet til at tage hensyn til samtlige eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, herunder ansøgerens relevante erfaring, idet myndighederne skal foretage en sammenligning mellem på den ene side den kompetence, der er dokumenteret ved disse kvalifikationsbeviser og denne erfaring, og på den anden side de krav om kundskaber og kvalifikationer, der stilles ifølge national ret. 36 Såfremt det på grundlag af sammenligningen af kvalifikationsbeviserne med tilhørende erhvervserfaring kan konstateres, at de kundskaber og kvalifikationer, der er dokumenteret ved det udenlandske bevis, svarer til de krav, der stilles i de nationale bestemmelser, er de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten forpligtet til at anerkende, at kvalifikationsbeviset og eventuelt den hertil hørende erhvervserfaring opfylder disse krav. Hvis der ved sammenligningen derimod kun fremgår delvis overensstemmelse mellem kundskaberne og kvalifikationerne, er de pågældende myndigheder berettiget til at kræve, at ansøgeren dokumenterer, at han eller hun har erhvervet de ikke godtgjorte kundskaber og kvalifikationer (jf. i denne retning Vlassopoulou-dommens præmis 19 og 20, og Fernández de Bobadilla-dommen, præmis 32 og 33). 37 Nærværende sag vedrører en læge, hvis argentinske eksamensbevis som læge er blevet anerkendt som sidestillet med et nationalt eksamensbevis i en medlemsstat, hvilket indebærer, at han således kan gennemføre en specialisering inden for urologi i samme medlemsstat og heri opnå et eksamensbevis som specialist i urologi. Denne specialisering ville ifølge de oplysninger, som er forelagt for Domstolen, i henhold til fællesskabsretten have været anerkendt som ligestillet i samtlige medlemsstater, såfremt eksamensbeviset fra grunduddannelsen også havde været udstedt i en medlemsstat. 38 Endvidere har den pågældende person efterfølgende i adskillige år i værtslandet lovligt udøvet virksomhed inden for den lægelige specialisering, som han netop ønsker at kunne udøve på selvstændigt grundlag i fremtiden, hvilket forudsætter, at han optages på en fortegnelse over læger i værtsmedlemsstaten, og således at han er i besiddelse af bevis for bestået grunduddannelse som læge, som er udstedt af de kompetente nationale myndigheder, eller som anerkendes som sidestillet hermed. 39 Det påhviler den forelæggende ret, og i givet fald de nationale myndigheder på grundlag af samtlige forhold i sagen samt de ovenstående betragtninger at tage stilling til, om Hugo Fernando Hocsman's eksamensbevis kan ligestilles med et tilsvarende fransk eksamensbevis. I den forbindelse skal det navnlig undersøges, om anerkendelsen i Spanien af Hugo Fernando Hocsman's argentinske eksamensbevis som ligestillet med det spanske bevis for eksamen i medicin og kirurgi, er blevet foretaget på grundlag af tilsvarende kriterier som dem, der inden for rammerne af direktiv 93/16 har til formål at sikre, at medlemsstaterne kan have tillid til kvaliteten af de eksamensbeviser, som udstedes af de andre medlemsstater. 40 Det følger af ovenstående, at det præjudicielle spørgsmål skal besvares med, at traktatens artikel 52 skal fortolkes således, at når en fællesskabsstatsborger, i en situation, som ikke er reguleret i et direktiv om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, indgiver en ansøgning om tilladelse til at udøve et erhverv, hvortil adgangen ifølge national ret er betinget af, at ansøgeren har et eksamensbevis eller erhvervsmæssige kvalifikationer eller perioder med erhvervserfaring, er myndighederne i medlemsstaten forpligtet til at tage hensyn til samtlige eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, herunder den pågældendes relevante erfaring, idet de skal foretage en sammenligning mellem på den ene side den kompetence, der er dokumenteret ved disse kvalifikationsbeviser og denne erfaring, og på den anden side de krav om kundskaber og kvalifikationer, der stilles ifølge national ret. $ 2381DA $ Afgørelse om sagsomkostninger Sagens omkostninger 41 De udgifter, der er afholdt af den franske, den spanske, den italienske, den nederlandske, den finske og Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Afgørelse På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN (Femte Afdeling) vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ved afgørelse af 23. juni 1998, for ret: EF-traktatens artikel 52 (efter ændring nu artikel 43 EF) skal fortolkes således, at når en fællesskabsstatsborger, i en situation, som ikke er reguleret i et direktiv om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, indgiver en ansøgning om tilladelse til at udøve et erhverv, hvortil adgangen ifølge national ret er betinget af, at ansøgeren har et eksamensbevis eller erhvervsmæssige kvalifikationer eller perioder med erhvervserfaring, er myndighederne i medlemsstaten forpligtet til at tage hensyn til samtlige eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, herunder ansøgerens relevante erfaring, idet de skal foretage en sammenligning mellem på den ene side den kompetence, der er dokumenteret ved disse kvalifikationsbeviser og denne erfaring, og på den anden side de krav om kundskaber og kvalifikationer, der stilles ifølge national ret.

62008TJ0501

sv

Talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 28 augusti 2008 (ärende R 1388/2007‑4) om ett invändningsförfarande mellan C More Entertainment AB och NEC Display Solutions Europe GmbH. Domslut 1) Talan ogillas. 2) NEC Display Solutions Europe GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

61993CJ0017

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1 Die Rechtbank van eerste aanleg Gent hat mit Urteil vom 15. Januar 1993, beim Gerichtshof eingegangen am 20. Januar 1993, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag drei Fragen nach der Auslegung der Artikel 30 und 36 EWG-Vertrag sowie der Richtlinie 79/112/EWG des Rates vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von für den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (ABl. L 33, S. 1) zur Vorabentscheidung vorgelegt. 2 Diese Fragen stellen sich in einem Strafverfahren, das gegen Herrn van der Veldt wegen des Verkaufs von Brot, dessen Salzgehalt dem belgischen Recht nicht entsprochen habe, auf dem belgischen Markt und wegen Verstosses gegen die Verpflichtung, auf dem Etikett von Bäckereierzeugnissen den spezifischen Namen oder die EWG-Nummer des verwendeten Konservierungsstoffes anzugeben, durchgeführt wird. 3 Aus den von Herrn van der Veldt beim Gerichtshof eingereichten schriftlichen Erklärungen geht hervor, daß die Firma Hema België, für die Herr van der Veldt als Leiter eines Geschäfts in Gent tätig ist, praktisch alle ihre Erzeugnisse, u. a. das Brot und die anderen Bäckereierzeugnisse, aus den Niederlanden einführt. 4 Kontrollen, die am 8. September und 29. November 1988 von der Lebensmittelaufsicht durchgeführt wurden und Proben im Geschäft in Gent verkaufter Erzeugnisse betrafen, zeigten, daß das Brot Salz in einer Menge von 2,11 % bis 2,17 % enthielt, während die belgische Königliche Verordnung vom 2. September 1985 über Brot und andere Bäckereierzeugnisse (Belgisch Staatsblad vom 7. November 1985), die zur Durchführung des Gesetzes vom 24. Januar 1977 zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher in bezug auf Lebensmittel und andere Erzeugnisse (Belgisch Staatsblad vom 8. April 1977) erlassen worden war, nur einen Salzgehalt von 2 % gestattet. Ausserdem enthielt die Verpackung der streitigen Erzeugnisse die Angabe "Konservierungsstoff" und nicht, wie es die ebenfalls zur Durchführung des vorerwähnten Gesetzes vom 24. Januar 1977 erlassene belgische Königliche Verordnung vom 13. November 1986 (Belgisch Staatsblad vom 2. Dezember 1986) verlangt, die Angabe des spezifischen Namens oder der EWG-Nummer der verwendeten Zutat, nämlich "Propionsäure" oder "E 280". 5 Die zuletzt genannte Verordnung führt Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 79/112 im belgischen Recht durch, wonach "° ... Zutaten, die zu einer der in Anhang II aufgeführten Klassen gehören, mit dem Namen dieser Klasse bezeichnet werden [müssen], dem der spezifische Name oder die EWG-Nummer zu folgen hat". Zu den in Anhang II der Richtlinie 79/112 ausdrücklich aufgeführten Klassen zählt die der Konservierungsstoffe. 6 Nach Artikel 22 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 79/112 mussten die Staaten innerhalb von vier Jahren nach Bekanntgabe der Richtlinie ihre Rechtsvorschriften in der Weise ändern, daß das Inverkehrbringen von dieser Richtlinie nicht entsprechenden Erzeugnissen untersagt ist. Abweichend von dieser Regel brauchten jedoch nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a die Mitgliedstaaten die Bestimmungen nicht zwingend vorzuschreiben, die die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich vorgesehene Angabe des spezifischen Namens oder der EWG-Nummer der Zutaten, die zu einer der in Anhang II aufgeführten Klassen gehörten, betrafen. Die Niederlande machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. 7 Diese Wahlmöglichkeit wurde nach den Ereignissen des Ausgangsverfahrens ab 20. Juni 1992 beseitigt, und zwar durch Artikel 2 der Richtlinie 89/395/EWG des Rates vom 14. Juni 1989 zur Änderung der Richtlinie 79/112/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von für den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (ABl. L 186, S. 17). 8 Da die streitigen Erzeugnisse in den Niederlanden rechtmässig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden waren, wo der Salzgehalt von Brot auf 2,5 % begrenzt ist und wo Zusätze nur durch die Angabe "Konservierungsstoff", ein in Anhang II des Algemeen Aanduidingsbesluit (Warenwet) erwähnter Klassenname, bezeichnet werden können, hat es die Rechtbank van eerste aanleg Gent für erforderlich gehalten, vor Erlaß ihres Urteils dem Gerichtshof folgende Fragen vorzulegen: 1) Ist eine gesetzliche Bestimmung eines Mitgliedstaats, die den Verkauf von Brot mit einem höchsten Salzgehalt in der Trockenmasse von mehr als 2 % verbietet, als mengenmässige Beschränkung oder Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmässige Beschränkung im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag anzusehen, wenn aufgrund dieser nationalen Maßnahme Brot, das in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig in den Verkehr gebracht worden ist und dessen höchster Salzgehalt in der Trockenmasse mehr als 2,5 % beträgt, bei der Einfuhr in den erstgenannten Mitgliedstaat nicht verkauft werden darf, weil der Salzgehalt die in diesem Staat geltende Hoechstgrenze von 2 % überschreitet? 2) Falls die erste Frage bejaht wird und eine solche Bestimmung gegen Artikel 30 EWG-Vertrag verstösst, kann sich dann der erstgenannte Mitgliedstaat unter den genannten Umständen auf die in Artikel 36 EWG-Vertrag geregelte Ausnahme und den darin vorgesehenen Schutz der öffentlichen Gesundheit berufen, um die Maßnahme aufrechtzuerhalten und das Verbot des Artikels 30 EWG-Vertrag ausser acht zu lassen? 3) Nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 79/112/EWG des Rates vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von für den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (ABl. L 33, S. 1) brauchen die Mitgliedstaaten die Bestimmungen in bezug auf die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich vorgesehene Angabe des spezifischen Namens oder der EWG-Nummer der Zutaten, die zu einer der in Anhang II aufgeführten Klassen (u. a. Konservierungsstoffe) gehören, nicht zwingend vorzuschreiben, so daß ein Hinweis auf die allgemeine Klasse genügt. a) Wenn ein Mitgliedstaat die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich vorgesehenen Angaben doch vorgeschrieben hat, darf er dann den Verkauf von in einem anderen Mitgliedstaat, der diese Angaben nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a nicht vorgeschrieben hat, rechtmässig in den Verkehr gebrachten Erzeugnissen, die die in dem erstgenannten Mitgliedstaat vorgeschriebenen Angaben nicht enthalten, verbieten? Mit anderen Worten, ist der erstgenannte Mitgliedstaat berechtigt, die betreffenden Erzeugnisse von dem in Artikel 30 EWG-Vertrag vorgesehenen freien Warenverkehr auszuschließen? b) Darf sich der erstgenannte Mitgliedstaat, wenn Artikel 30 in bezug auf das nicht den Vorschriften entsprechende Erzeugnis seine volle Wirkung behält, auf Artikel 36 EWG-Vertrag berufen, um die Anwendung von Artikel 30 EWG-Vertrag aufgrund der Tatsache auszuschließen, daß auf der Verpackung dieses Erzeugnisses nicht die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich vorgesehenen Angaben angebracht sind, die im erstgenannten Mitgliedstaat, aber nicht in dem Mitgliedstaat, in dem das Erzeugnis rechtmässig in den Verkehr gebracht wurde, vorgeschrieben sind? Zur ersten Frage 9 Mit der ersten Frage möchte das nationale Gericht wissen, ob Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die das Inverkehrbringen von Brot und anderen Bäckereierzeugnissen untersagen, deren Salzgehalt in der Trockenmasse die Hoechstgrenze von 2 % überschreitet, eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmässige Beschränkung im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag darstellen, wenn sie auch für die Einfuhr von Erzeugnissen gelten, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind. 10 Nach ständiger Rechtsprechung ist es in Ermangelung gemeinsamer oder harmonisierter Vorschriften über die Herstellung und das Inverkehrbringen von Brot und anderen Bäckereierzeugnissen Sache der Mitgliedstaaten, alle Vorschriften über die Merkmale der Zusammensetzung, die Herstellung und das Inverkehrbringen dieser Nahrungsmittel für ihr Hoheitsgebiet zu erlassen, soweit diese Vorschriften nicht geeignet sind, zu Diskriminierungen importierter Erzeugnisse zu führen oder die Einfuhr von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten zu behindern (vgl. Urteile vom 19. Februar 1981 in der Rechtssache 130/80, Kelderman, Slg. 1981, 527, und vom 7. Februar 1984 in der Rechtssache 237/82, Jongeneel Kaas, Slg. 1984, 483). 11 Die Ausdehnung der Verpflichtung, einen maximalen Salzgehalt in der Trockenmasse einzuhalten, auf eingeführte Erzeugnisse kann zur Folge haben, daß in dem betreffenden Staat das Inverkehrbringen von Brot und anderen Bäckereierzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist. Wenn in diesen Staaten nämlich nicht die gleichen Herstellungskriterien vorgeschrieben sind, wird diese Ausdehnung eine Herstellung erfordern, die je nach dem Bestimmungsland des betreffenden Brotes oder Bäckereierzeugnisses unterschiedlich ist, und so den Verkehr der Erzeugnisse, die dort rechtmässig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind, behindern. 12 Daher ist auf die erste Frage zu antworten, daß Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die das Inverkehrbringen von Brot und anderen Bäckereierzeugnissen verbieten, deren Salzgehalt in der Trockenmasse die Hoechstgrenze von 2 % überschreitet, und die auf Erzeugnisse angewandt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind, eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmässige Beschränkung im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag darstellen. Zur zweiten Frage 13 Mit der zweiten Frage möchte das nationale Gericht wissen, ob eine Regelung, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede steht, gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag als durch den Schutz der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt angesehen werden kann. 14 Die betreffende belgische Regelung ist zur Durchführung des erwähnten Gesetzes vom 24. Januar 1977 erlassen worden, das, wie schon aus seinem Titel hervorgeht, den Schutz der Gesundheit der Verbraucher bezweckt. 15 Da es sich um eine Ausnahme vom Grundsatz des freien Warenverkehrs handelt, haben die nationalen Behörden darzutun, daß ihre Regelung dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entspricht, d. h., daß sie erforderlich ist, um das angestrebte Ziel, im vorliegenden Fall den Schutz der öffentlichen Gesundheit, zu erreichen. 16 Insoweit beschränkt sich das belgische Gesundheitsministerium in seinem Schreiben vom 6. August 1990 an die Staatsanwaltschaft Gent, das im Schriftsatz von Herrn van der Veldt wörtlich wiedergegeben ist, auf die Erklärung, daß "[die] für die Gesundheitspolitik zuständigen belgischen Behörden ... der Meinung [sind], daß die niederländischen Normen zu hoch sind". Das Ministerium führt aus: "Würde man die niederländische Norm zugrunde legen, so würde die tägliche Zufuhr 3,1 g betragen und sich damit für die Durchschnittsbevölkerung, also ohne die grossen Brotverbraucher, um 0,6 g Salz pro Tag erhöhen." 17 Mit derart allgemeinen Überlegungen wird nicht dargetan, daß eine Erhöhung des Salzverbrauchs in dem erwähnten Ausmaß eine wirkliche Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt. Zwar reicht, wie der Gerichtshof bereits entschieden hat (vgl. Urteil vom 6. Juni 1984 in der Rechtssache 97/83, Melkunie, Slg. 1984, 2367), das blosse Bestehen einer Gefahr für die Verbraucher aus, um die Rechtsvorschriften als mit den Erfordernissen des Artikels 36 vereinbar anzusehen. Diese Gefahr ist jedoch nicht anhand allgemeiner Überlegungen, sondern auf der Grundlage von relevanten wissenschaftlichen Untersuchungen zu beurteilen (vgl. insbesondere Urteil des Gerichtshofes vom 12. März 1987 in der Rechtssache 178/84, Kommission/Deutschland, Slg. 1987, 1227). 18 Da die belgischen Behörden keine wissenschaftlichen Daten mitgeteilt haben, auf die sich der belgische Gesetzgeber für den Erlaß der fraglichen Maßnahmen gestützt hat und die deren Beibehaltung rechtfertigen könnten, haben sie nicht die Gefahr nachgewiesen, die ein Salzgehalt von mehr als 2 % für die öffentliche Gesundheit darstellt. 19 Überdies hätte der belgische Gesetzgeber, anstatt das Inverkehrbringen von Brot und anderen Bäckereierzeugnissen mit einem Salzgehalt von mehr als 2 % zu verbieten und mit Strafsanktionen zu belegen, eine geeignete Etikettierung vorsehen können, die den Verbrauchern die gewünschten Informationen über die Zusammensetzung des Erzeugnisses liefert. Diese Lösung hätte den freien Warenverkehr in geringerem Masse eingeschränkt und zugleich dem Ziel des Schutzes der öffentlichen Gesundheit entsprochen. 20 Aus allen vorstehenden Überlegungen ergibt sich, daß die belgischen Behörden nicht nachgewiesen haben, daß die streitige Regelung zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher erforderlich ist und daß sie nicht die Grenze dessen überschreitet, was zur Erreichung dieses Ziels erforderlich ist. Die streitige Regelung entspricht daher nicht dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 21 Unter diesen Umständen ist auf die zweite Frage zu antworten, daß eine Regelung, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede steht, geeignet ist, den Handelsverkehr zwischen Mitgliedstaaten zu behindern, und nicht gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag als durch den Schutz der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt angesehen werden kann. Zur dritten Frage 22 Mit der dritten Frage möchte das nationale Gericht im wesentlichen wissen, ob unter der Geltung der Richtlinie 79/112 ein Mitgliedstaat, der die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich vorgesehene Angabe des spezifischen Namens oder der EWG-Nummer der in Anhang II der Richtlinie aufgeführten Zutaten zwingend vorgeschrieben hatte, berechtigt war, sich unter Berufung auf das zwingende Erfordernis des Verbraucherschutzes oder auf einen der in Artikel 36 EWG-Vertrag genannten Gründe dem Inverkehrbringen eines Erzeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat, der von der in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht und nur die Angabe der Klasse "Konservierungsstoff" verlangt hatte, zu widersetzen. 23 Vorab ist festzustellen, daß das Erfordernis, auf der Verpackung der verkauften Erzeugnisse den spezifischen Namen oder die EWG-Nummer des Konservierungsstoffes anzugeben, zur Folge hat, daß die Einfuhr der gleichen Erzeugnisse aus anderen Mitgliedstaaten, die eine solche Angabe nicht verlangen, schwieriger wird. Infolgedessen fällt nach ständiger Rechtsprechung (vgl. insbesondere Urteile vom 11. Juli 1974 in der Rechtssache 8/74, Dassonville, Slg. 1974, 837, und vom 20. Februar 1979 in der Rechtssache 120/78, Rewe, Slg. 1979, 649) ein solches Erfordernis grundsätzlich unter das Verbot des Artikels 30 EWG-Vertrag. 24 Weiter ist daran zu erinnern, daß sich u. a. nach dem Urteil vom 11. Mai 1989 in der Rechtssache 76/86 (Kommission/Deutschland, Slg. 1989, 1021) aus den Artikeln 30 ff. EWG-Vertrag ergibt, daß eine in Ermangelung gemeinsamer oder harmonisierter Vorschriften erlassene nationale Regelung, die unterschiedslos auf einheimische wie auf solche Produkte Anwendung findet, die aus anderen Mitgliedstaaten eingeführt werden, in denen sie rechtmässig hergestellt und in den Verkehr gebracht wurden, mit dem Vertrag nur insoweit vereinbar ist, als sie notwendig ist, um Gründen des Gemeinwohls, die in Artikel 36 EWG-Vertrag aufgeführt sind, oder zwingenden Erfordernissen insbesondere des Verbraucherschutzes gerecht zu werden. 25 Schließlich ergibt sich aus dem Urteil vom 5. Oktober 1977 in der Rechtssache 5/77 (Tedeschi, Slg. 1977, 1555), daß der Rückgriff auf Artikel 36 nur dann nicht mehr gerechtfertigt ist, wenn in Anwendung von Artikel 100 EWG-Vertrag Gemeinschaftsrichtlinien die vollständige Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften vorsehen. Somit ist anzuerkennen, daß, wenn die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf einem bestimmten Gebiet noch nicht verwirklicht ist, diese Rechtsvorschriften die Anwendung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs behindern können, soweit die Hindernisse aus einem der in Artikel 36 EWG-Vertrag genannten Gründe oder durch zwingende Erfordernisse gerechtfertigt sind. 26 Im vorliegenden Fall stellt die Richtlinie 79/112, wie insbesondere aus ihrer ersten und ihrer achten Begründungserwägung hervorgeht, nur die erste Stufe eines Harmonisierungsprozesses dar, der auf die schrittweise Abschaffung aller Hindernisse für den freien Verkehr mit Lebensmitteln abzielt, die sich aus den Unterschieden zwischen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung dieser Erzeugnisse ergeben. 27 Da die im Ausgangsverfahren streitige Bestimmung zudem unterschiedslos auf einheimische und eingeführte Erzeugnisse anwendbar ist, ist zu prüfen, ob sie durch zwingende Erfordernisse des Verbraucherschutzes oder aus einem der in Artikel 36 EWG-Vertrag genannten Gründe gerechtfertigt werden kann. 28 Wie aus der sechsten Begründungserwägung der Richtlinie 79/112 sowie aus der zweiten Begründungserwägung der Richtlinie 89/395, die die Angabe des spezifischen Namens oder der EWG-Nummer der Zutaten auf der Verpackung der Lebensmittel zwingend vorschreibt, hervorgeht, soll jede Regelung über die Etikettierung von Lebensmitteln vor allem der Unterrichtung und dem Schutz der Verbraucher dienen. Dies bedeutet auch, daß die Verbraucher die Möglichkeit haben müssen, alle verschiedenen Zutaten, die verwendet wurden, genau zu kennen. 29 Die Verpflichtung, auf der Verpackung von Brot und anderen Bäckereierzeugnissen den spezifischen Namen oder die EWG-Nummer der Konservierungsstoffe anzugeben, setzt diese Anliegen um und zielt damit auf die Gewährleistung des Verbraucherschutzes ab, der in der Rechtsprechung des Gerichtshofes als zwingendes Erfordernis anerkannt worden ist. 30 Eine solche Verpflichtung muß jedoch mit Mitteln erfuellt werden, die nicht ausser Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen und die Einfuhr von in anderen Mitgliedstaaten rechtmässig hergestellten und in Verkehr gebrachten Erzeugnissen nur so wenig wie möglich behindern. 31 Die Anbringung der obligatorischen Angabe des spezifischen Namens oder der EWG-Nummer des Konservierungsstoffes erfuellt diese Anforderungen: Die blosse Angabe der Klasse "Konservierungsstoff" würde sich nämlich insbesondere wegen der Vielzahl der Konservierungsstoffe, die den betreffenden Erzeugnissen zugesetzt werden können, als unzureichend erweisen. Ausserdem hat der Gerichtshof bereits ausgeführt (vgl. Urteil vom 20. Juni 1991 in der Rechtssache C-39/90, Denkavit, Slg. 1991, I-3069, Randnr. 24), daß die Etikettierung eines der Mittel ist, die den freien Warenverkehr in der Gemeinschaft am wenigsten beschränken. 32 Daher ist auf die dritte Frage zu antworten, daß unter der Geltung der Richtlinie 79/112 ein Mitgliedstaat, der die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich vorgesehene Angabe des spezifischen Namens oder der EWG-Nummer der in Anhang II der Richtlinie aufgeführten Zutaten zwingend vorgeschrieben hatte, berechtigt war, sich unter Berufung auf das zwingende Erfordernis des Verbraucherschutzes dem Inverkehrbringen eines Erzeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat, der von der in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht und nur die Angabe der Klasse "Konservierungsstoff" verlangt hatte, zu widersetzen. Kostenentscheidung Kosten 33 34 Die Auslagen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben hat, sind nicht erstattungsfähig. Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer) auf die ihm von der Rechtbank van eerste aanleg Gent mit Urteil vom 15. Januar 1993 vorgelegten Fragen für Recht erkannt: 1) Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats, die das Inverkehrbringen von Brot und anderen Bäckereierzeugnissen verbieten, deren Salzgehalt in der Trockenmasse die Hoechstgrenze von 2 % überschreitet, und die auf Erzeugnisse angewandt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmässig hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sind, stellen eine Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine mengenmässige Beschränkung im Sinne von Artikel 30 EWG-Vertrag dar. 2) Eine Regelung, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede steht, ist geeignet, den Handelsverkehr zwischen Mitgliedstaaten zu behindern, und kann nicht gemäß Artikel 36 EWG-Vertrag als durch den Schutz der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt angesehen werden. 3) Unter der Geltung der Richtlinie 79/112/EWG des Rates vom 18. Dezember 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von für den Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür war ein Mitgliedstaat, der die die in Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b zweiter Gedankenstrich vorgesehene Angabe des spezifischen Namens oder der EWG-Nummer der in Anhang II der Richtlinie aufgeführten Zutaten zwingend vorgeschrieben hatte, berechtigt, sich unter Berufung auf das zwingende Erfordernis des Verbraucherschutzes dem Inverkehrbringen eines Erzeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat, der von der in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht und nur die Angabe der Klasse "Konservierungsstoff" verlangt hatte, zu widersetzen.

62015CJ0401

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Οι αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως αφορούν την ερμηνεία του άρθρου 45 ΣΛΕΕ και του άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης ( ΕΕ 2011, L 141, σ. 1 ). Οι αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν στο πλαίσιο τριών ένδικων διαφορών μεταξύ, αντιστοίχως, των Noémie Depesme και Saïd Kerrou, του Adrien Kauffmann και του Maxime Lefort, αφενός, και του ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Υπουργού Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως και Έρευνας, στο εξής: υπουργός), αφετέρου, λόγω της αρνήσεως του τελευταίου να χορηγήσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, το κρατικό οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές στην Ν. Depesme, καθώς και στους Α. Kauffmann και Μ. Lefort. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Κατά το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ ειδ. έκδ. 05/001, σ. 33): «1.   Ο εργαζόμενος υπήκοος ενός κράτους μέλους δεν δύναται στην επικράτεια των άλλων κρατών μελών να έχει, λόγω της ιθαγενείας του, διαφορετική μεταχείριση από τους ημεδαπούς εργαζομένους, ως προς τους όρους απασχολήσεως και εργασίας, ιδίως όσον αφορά την αμοιβή, την απόλυση, την επαγγελματική επανένταξη ή την επαναπασχόληση αν έχει καταστεί άνεργος. 2.   Απολαύει των ιδίων κοινωνικών και φορολογικών πλεονεκτημάτων με τους ημεδαπούς εργαζομένους. […]» Το άρθρο 10 του κανονισμού 1612/68 προέβλεπε τα εξής: «1.   Ανεξαρτήτως της ιθαγενείας των, έχουν δικαίωμα εγκαταστάσεως μετά του εργαζομένου υπηκόου ενός κράτους μέλους που απασχολείται στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους τα εξής πρόσωπα: α) έκαστος των συζύγων και οι κατιόντες τους οι οποίοι έχουν ηλικία κάτω των 21 ετών ή συντηρούνται απ’ αυτόν· […]». Το άρθρο 10 του κανονισμού 1612/68 καταργήθηκε με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ ( ΕΕ 2004, L 158, σ. 77 , και διορθωτικό ΕΕ 2004, L 229, σ. 35 ). Οι αιτιολογικές σκέψεις 3 και 5 της οδηγίας 2004/38 ορίζουν τα εξής: «(3) Ιθαγένεια της Ένωσης θα πρέπει να είναι το θεμελιώδες καθεστώς των υπηκόων των κρατών μελών όταν ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να κωδικοποιηθούν και να επανεξετασθούν οι ισχύουσες κοινοτικές πράξεις που διέπουν χωριστά τους μισθωτούς, τους μη μισθωτούς, καθώς και τους φοιτητές και άλλα πρόσωπα άνευ επαγγέλματος, προκειμένου να απλοποιηθεί και να ενισχυθεί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής όλων των πολιτών της Ένωσης. […] (5) Το δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, προκειμένου να ασκείται υπό αντικειμενικές συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας, θα πρέπει να παρέχεται και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο ορισμός του “μέλους της οικογένειας” θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον καταχωρισμένο σύντροφο εάν η νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς τον γάμο.» Το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει τα εξής: «Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: […] 2) “Μέλος της οικογένειας”: α) ο (η) σύζυγος· β) ο (η) σύντροφος με τον (την) οποίο(α) ο πολίτης της Ένωσης έχει σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους, εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης ως ισοδύναμη προς τον γάμο, και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής, γ) οι απευθείας κατιόντες οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή είναι συντηρούμενοι καθώς και εκείνοι του (της) συζύγου ή του (της) συντρόφου, όπως ορίζεται στο στοιχείο βʹ· […] […]». Ο κανονισμός 1612/68 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε, από 16ης Ιουνίου 2011, με τον κανονισμό 492/2011. Το άρθρο 7 του κανονισμού 492/2011 επαναλαμβάνει το γράμμα του άρθρου 7 του κανονισμού 1612/68. Η αιτιολογική σκέψη 1 της οδηγίας 2014/54/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ( ΕΕ 2014, L 128, σ. 8 ), ορίζει τα εξής: «Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία των πολιτών της Ένωσης και πυλώνα της εσωτερικής αγοράς στην Ένωση, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή της αναπτύσσεται περαιτέρω από το δίκαιο της Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους πολίτες της Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς τους. Η φράση “μέλη της οικογένειάς τους” θα πρέπει να νοείται κατά το άρθρο 2, σημείο 2, της οδηγίας [2004/38/ΕΚ], το οποίο εφαρμόζεται και στα μέλη της οικογένειας των μεθοριακών εργαζομένων.» Το άρθρο 1 της οδηγίας αυτής προβλέπει τα εξής: «Η παρούσα οδηγία θεσπίζει διατάξεις που διευκολύνουν την ενιαία εφαρμογή και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και από τα άρθρα 1 έως 10 του κανονισμού [492/2011]. Η παρούσα οδηγία ισχύει έναντι των πολιτών της Ένωσης που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα και των μελών των οικογενειών τους (“εργαζόμενοι της Ένωσης και μέλη των οικογενειών τους”).» Το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει τα εξής: «1.   Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επί των ακολούθων θεμάτων, όπως αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 10 του κανονισμού [492/2011], στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων: […] γ) πρόσβαση στις κοινωνικές παροχές και τα φορολογικά πλεονεκτήματα· […] 2.   Το πεδίο εφαρμογής [της παρούσας οδηγίας] ταυτίζεται με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού [492/2011].» Το λουξεμβουργιανό δίκαιο Το κρατικό οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές διεπόταν, κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών των υποθέσεων των κύριων δικών, από τον νόμο της 22ας Ιουνίου 2000 περί κρατικού οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές ( Mémorial A 2000, σ. 1106), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο της 19ης Ιουλίου 2013 ( Mémorial A 2013, σ. 3214) (στο εξής: τροποποιημένος νόμος της 22ας Ιουνίου 2000). Ο νόμος της 19ης Ιουλίου 2013, ο οποίος εκδόθηκε κατόπιν της αποφάσεως της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ. ( C‑20/12 , EU:C:2013:411 ), και δυνάμει του οποίου επήλθαν τροποποιήσεις στον νόμο της 22ας Ιουνίου 2000 οι οποίες αφορούσαν μόνον το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, προσέθεσε το άρθρο 2bis στον εν λόγω νόμο. Το άρθρο 2bis του τροποποιημένου νόμου της 22ας Ιουνίου 2000 προέβλεπε τα εξής: «Σπουδαστής μη διαμένων στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου δύναται επίσης να λάβει το οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τέκνο μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζομένου Λουξεμβούργιου υπηκόου ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο [της 2ας Μαΐου 1992 ( ΕΕ 1992, L 1, σ. 3 )] ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που απασχολείται ή ασκεί τη δραστηριότητά του στο Λουξεμβούργο και ο οποίος είχε απασχοληθεί ή ασκήσει τη δραστηριότητά του στο Λουξεμβούργο αδιαλείπτως επί τουλάχιστον πέντε έτη στο χρονικό σημείο υποβολής από τον σπουδαστή της αιτήσεως για το οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές. Η απασχόληση στο Λουξεμβούργο πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το ήμισυ της κανονικής διάρκειας εργασίας που ισχύει στην επιχείρηση δυνάμει του νόμου ή της τυχόν εν ισχύι συλλογικής συμβάσεως εργασίας. Ο μη μισθωτός εργαζόμενος πρέπει να είναι υποχρεωτικά και συνεχώς ασφαλισμένος στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου δυνάμει του άρθρου 1, σημείο 4 του Code de la sécurité sociale [κώδικα κοινωνικής ασφαλίσεως] κατά τη διάρκεια των πέντε ετών πριν από την αίτηση για το οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές.» Ο τροποποιημένος νόμος της 22ας Ιουνίου 2000 καταργήθηκε με τον νόμο της 24ης Ιουλίου 2014 περί κρατικού οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές ( Mémorial A 2014, σ. 2188). Το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου προβλέπει τα εξής: «Δικαιούχοι του κρατικού οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές είναι οι σπουδαστές και μαθητές που ορίζονται στο άρθρο 2, αποκαλούμενοι στο εξής με τον όρο “σπουδαστής”, οι οποίοι πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: […] (5) για τους σπουδαστές που είναι κάτοικοι του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου: […] b) είναι τέκνα εργαζομένου Λουξεμβούργιου υπηκόου ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που απασχολείται ή ασκεί τη δραστηριότητά του στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στο χρονικό σημείο υποβολής από τον σπουδαστή της αιτήσεως για το οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω εργαζόμενος συνεχίζει να συμβάλλει στη συντήρηση του σπουδαστή και είχε απασχοληθεί ή ασκήσει τη δραστηριότητά του στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου επί τουλάχιστον πέντε έτη στο χρονικό σημείο υποβολής από τον σπουδαστή της αιτήσεως για το οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές εντός περιόδου αναφοράς επτά ετών που υπολογίζεται αναδρομικώς από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές ή, κατά παρέκκλιση, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που διατηρεί το καθεστώς εργαζομένου πληρούσε το προαναφερόμενο κριτήριο της πενταετούς απασχολήσεως κατά τα επτά έτη αναφοράς όταν έπαυσε τη δραστηριότητά του. […]» Οι διαφορές των κύριων δικών και το προδικαστικό ερώτημα Οι διαφορές των κύριων δικών αφορούν τις προβλεπόμενες στον τροποποιημένο νόμο της 22ας Ιουνίου 2000 προϋποθέσεις χορηγήσεως οικονομικών βοηθημάτων τα οποία καταβλήθηκαν από το Λουξεμβουργιανό Δημόσιο για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 σε σπουδαστές οι οποίοι δεν διαμένουν στο Λουξεμβούργο, προκειμένου να παρακολουθήσουν πρόγραμμα ανώτατων σπουδών. Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, τα εν λόγω οικονομικά βοηθήματα χορηγούνται στους σπουδαστές που δεν διαμένουν στο Λουξεμβούργο υπό την προϋπόθεση, αφενός, ο δικαιούχος τους να είναι τέκνο μισθωτού ή μη μισθωτού, ο οποίος είναι υπήκοος Λουξεμβούργου ή πολίτης της Ένωσης, και, αφετέρου, ο εν λόγω εργαζόμενος να είχε απασχοληθεί ή ασκήσει τη δραστηριότητά του στο Λουξεμβούργο αδιαλείπτως επί τουλάχιστον πέντε έτη κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Δεν αμφισβητείται ότι η N. Depesme και ο A. Kauffmann, Γάλλοι υπήκοοι οι οποίοι διαμένουν στη Γαλλία, και ο M. Lefort, Βέλγος υπήκοος ο οποίος διαμένει στο Βέλγιο, ζήτησαν από τις αρχές του Λουξεμβούργου, για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, τη χορήγηση κρατικού οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία, οι δύο πρώτοι, και στο Βέλγιο, ο τρίτος. Με τις από 26 Σεπτεμβρίου, 17 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2013 επιστολές, αντιστοίχως, ο υπουργός απέρριψε τις αιτήσεις των N. Depesme, A. Kauffmann και M. Lefort, με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του τροποποιημένου νόμου της 22ας Ιουνίου 2000. Από τις τρεις αποφάσεις περί παραπομπής προκύπτει ότι καθένας εκ των ως άνω σπουδαστών κατέθεσε αίτηση χορηγήσεως οικονομικού βοηθήματος επικαλούμενος, συναφώς, αποκλειστικώς την ιδιότητα του πατριού του ως μισθωτού στο Λουξεμβούργο. Ο υπουργός έκρινε ότι η Ν. Depesme, καθώς και οι A. Kauffmann και M. Lefort, δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «τέκνα» μεθοριακού εργαζομένου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 2bis του τροποποιημένου νόμου της 22ας Ιουνίου 2000 προϋπόθεση, δεδομένου ότι μόνον οι πατριοί τους εργάζονταν στο Λουξεμβούργο. Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η N. Depesme άσκησε προσφυγή ενώπιον του tribunal administratif de Luxembourg (διοικητικού πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου) ζητώντας την ακύρωση της απορριπτικής αποφάσεως του υπουργού που την αφορούσε. Ο πατριός της, S. Kerrou, επικαλούμενος την ιδιότητά του ως μισθωτού στο Λουξεμβούργο και ισχυριζόμενος ότι συντηρεί την Ν. Depesme, παρενέβη εκουσίως στη δίκη επί της προσφυγής που αυτή άσκησε. Στις 29 Ιανουαρίου και στις 25 Απριλίου 2014, αντιστοίχως, ο M. Lefort και ο A. Kauffmann άσκησαν παρόμοιες προσφυγές ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου κατά των απορριπτικών αποφάσεων που τους αφορούσαν. Με αποφάσεις της 5ης Ιανουαρίου 2015, το tribunal administratif de Luxembourg (διοικητικό πρωτοδικείο του Λουξεμβούργου) έκρινε τις προσφυγές των N. Depesme και S. Kerrou, καθώς και των A. Kauffmann και M. Lefort παραδεκτές, αλλά αβάσιμες. Η N. Depesme και ο S. Kerrou, καθώς και οι A. Kauffmann και M. Lefort άσκησαν έφεση κατά των εν λόγω αποφάσεων ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου. H N. Depesme και ο S. Kerrou προβάλλουν, μεταξύ άλλων, ότι ο S. Kerrou, μεθοριακός εργαζόμενος στο Λουξεμβούργο από δεκατετραετίας, νυμφεύθηκε, στις 24 Μαΐου 2006, τη μητέρα της N. Depesme και ότι, έκτοτε, οι τρεις τους αποτελούν οικογένεια. Υποστηρίζουν δε ότι ο S. Kerrou συμβάλλει στη συντήρηση του τέκνου της συζύγου του, συμπεριλαμβανομένων των ανωτάτων της σπουδών, και ότι, πριν την έναρξη των ανωτάτων σπουδών της προγονής του, είχε λάβει για αυτήν οικογενειακά επιδόματα από το Λουξεμβούργο. Ο A. Kauffmann υποστηρίζει ότι οι γονείς του τελούν εν διαστάσει από το 2003 και ότι έλαβαν διαζύγιο στις 20 Ιουνίου 2005, η δε αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των τέκνων του ζεύγους ανατέθηκε στη μητέρα. Επισημαίνει ότι η μητέρα του παντρεύτηκε, στις 10 Μαρτίου 2007, τον P. Kiefer, μεθοριακό εργαζόμενο στο Λουξεμβούργο, με τον οποίον ο A. Kauffmann έκτοτε συμβιώνει. Ο A. Kauffmann υποστηρίζει ότι ο P. Kiefer καλύπτει τη διαβίωση και την εκπαίδευση του ιδίου και ότι έχει λάβει για αυτόν οικογενειακά επιδόματα από το Λουξεμβούργο. O M. Lefort υποστηρίζει ότι ο πατέρας του έχει αποβιώσει, ότι η μητέρα του παντρεύτηκε εκ νέου με τον P. Terwoigne, μεθοριακό εργαζόμενο στο Λουξεμβούργο από πενταετίας και πλέον, και ότι, από τον χρόνο τελέσεως του ως άνω γάμου, ζει με τη μητέρα του και τον πατριό του στην ίδια εστία. O M. Lefort υποστηρίζει ότι ο P. Terwoigne μετέχει στα οικογενειακά έξοδα και επίσης συμβάλλει στα έξοδα των ανωτάτων σπουδών του M. Lefort. Το Λουξεμβουργιανό Δημόσιο ζητεί την επικύρωση των αποφάσεων του tribunal administratif de Luxembourg (διοικητικού πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου) της 5ης Ιανουαρίου 2015 και υποστηρίζει ότι τόσο η Ν. Depesme όσο και οι Α. Kauffmann και Μ. Lefort δεν είναι τέκνα των πατριών τους υπό τη νομική έννοια του όρου. Το Cour administrative (διοικητικό δικαστήριο, Λουξεμβούργο) υπογραμμίζει ότι η προϋπόθεση περί σχέσεως γονέα και τέκνου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2bis του τροποποιημένου νόμου της 22ας Ιουνίου 2000, εισήχθη προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ. ( C‑20/12 , EU:C:2013:411 ). Κατά το αιτούν δικαστήριο, η επίλυση των τριών διαφορών που εκκρεμούν ενώπιόν του εξαρτάται από την ερμηνεία του όρου «τέκνο» μεθοριακού εργαζομένου, υπό την έννοια του άρθρου 2bis του τροποποιημένου νόμου της 22ας Ιουνίου 2000, λαμβανομένης υπόψη της ως άνω αποφάσεως, καθώς και της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011. Έτσι, εκθέτει ότι «το κριτήριο το οποίο προτάσσει [η απόφαση αυτή] είναι εκείνο του πραγματικού βαθμού συνδέσεως σπουδαστή κατοίκου αλλοδαπής –και ζητούμενου οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές– με την κοινωνία και την αγορά εργασίας του Λουξεμβούργου». Στην περίπτωση που αυτός ο σύνδεσμος προκύπτει όχι απευθείας από τον σπουδαστή, λόγω του ότι δεν είναι μόνιμος κάτοικος, αλλά από τον μεθοριακό εργαζόμενο αναφοράς, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται ως προς το πώς πρέπει να εκληφθεί, είτε από αυστηρώς νομικής είτε από οικονομικής απόψεως, η σχέση μεταξύ του σπουδαστή ο οποίος ζητεί τη χορήγηση κρατικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές και του μεθοριακού εργαζομένου. Κατά το αιτούν δικαστήριο, είναι κατ’ αρχήν νοητές οι δύο ακόλουθες περιπτώσεις. Στην περίπτωση που με τον όρο «τέκνο», υπό την έννοια του τροποποιημένου νόμου της 22ας Ιουνίου 2000, νοείται το συντηρούμενο τέκνο, τότε τίθεται το ζήτημα εάν έχει σημασία σε ποιο βαθμό ο μεθοριακός εργαζόμενος συντηρεί τον σπουδαστή. Το Cour administrative (διοικητικό δικαστήριο) διευκρινίζει ότι το ερώτημα αυτό αφορά τη σύγκριση του βαθμού στον οποίο συντηρεί τον σπουδαστή ο μεθοριακός εργαζόμενος και του βαθμού στον οποίο τον συντηρούν οι γονείς του ή ένας εκ των γονέων του. Τέλος, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν έχει σημασία πόσο στενός είναι ο σύνδεσμος του μεθοριακού εργαζομένου προς έναν εκ των γονέων του σπουδαστή. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Cour administrative (διοικητικό δικαστήριο) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα, το οποίο είναι διατυπωμένο πανομοιότυπα στις υποθέσεις C‑401/15 έως C‑403/15, με μόνη διαφοροποίηση μία προσθήκη στην υπόθεση C‑403/15, η οποία παρατίθεται εντός αγκυλών: «Προκειμένου να τηρηθούν οι επιταγές περί απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 2, του [κανονισμού 492/2011] και του άρθρου 45, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ [υπόθεση C‑403/15: “υπό το πρίσμα του άρθρου 33, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό, αναλόγως της περιπτώσεως, με το άρθρο του 7”], κατά την εκτίμηση του πραγματικού βαθμού συνδέσεως σπουδαστή κατοίκου αλλοδαπής –και αιτούντος οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές– με την κοινωνία και την αγορά εργασίας του Λουξεμβούργου, κράτους μέλους στο οποίο μεθοριακός εργαζόμενος απασχολήθηκε ή άσκησε τη δραστηριότητά του υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2bis του [τροποποιημένου νόμου της 22ας Ιουνίου 2000], το οποίο προστέθηκε σε ευθεία συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της 20ής Ιουνίου 2013[, Giersch κ.λπ. ( C‑20/12 , EU:C:2013:411 )], — πρέπει να θεωρηθεί ότι η προϋπόθεση ο εν λόγω σπουδαστής να είναι “τέκνο” του προαναφερθέντος μεθοριακού εργαζομένου έχει την έννοια ότι ο σπουδαστής πρέπει να είναι “σε ευθεία γραμμή και σε πρώτο βαθμό κατιών και ο δεσμός γονέα-τέκνου να προκύπτει από τον νόμο”, διδομένης εμφάσεως στον νομικό δεσμό γονέα-τέκνου μεταξύ του σπουδαστή και του μεθοριακού εργαζομένου, ο οποίος δεσμός τεκμαίρεται ότι αποτελεί το βάθρο του προαναφερθέντος βαθμού συνδέσεως, ή — πρέπει να δίδεται έμφαση στο γεγονός ότι ο μεθοριακός εργαζόμενος “εξακολουθεί να φροντίζει για τη συντήρηση του σπουδαστή”, χωρίς να τον συνδέει κατ’ ανάγκην νομικός δεσμός γονέα-τέκνου με τον σπουδαστή, ιδίως όταν διαπιστώνεται επαρκής δεσμός κοινού βίου ικανός να τον συνδέσει με έναν από τους γονείς του σπουδαστή με τον οποίο υπάρχει νομικός δεσμός γονέα-τέκνου; Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει η –εξ ορισμού μη υποχρεωτική– συμβολή του μεθοριακού εργαζομένου στη συντήρηση του τέκνου να πληροί ορισμένα ουσιαστικά κριτήρια όταν δεν προέρχεται μόνο από αυτόν αλλά παρέχεται παράλληλα με τη συμβολή του ή των γονέων που συνδέονται με νομικό δεσμό γονέα-τέκνου με τον σπουδαστή και, ως εκ τούτου, έχουν κατ’ αρχήν νομική υποχρέωση συντηρήσεώς του;» Επί του προδικαστικού ερωτήματος Με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί εάν το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011 έχουν την έννοια ότι με τον όρο «τέκνο μεθοριακού εργαζομένου», το οποίο δύναται να απολαύει εμμέσως των κοινωνικών πλεονεκτημάτων του άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011, όπως είναι η χρηματοδότηση σπουδών την οποία παρέχει κράτος μέλος στα παιδιά των εργαζομένων που ασκούν ή άσκησαν τη δραστηριότητά τους στο κράτος αυτό, νοείται μόνον το τέκνο το οποίο συνδέεται με τον εργαζόμενο αυτόν με δεσμό γονέα-τέκνου ή και το τέκνο του συζύγου ή του καταχωρισμένου συντρόφου του εν λόγω εργαζομένου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, κατ’ ουσίαν, εάν ο βαθμός στον οποίον ο μεθοριακός εργαζόμενος συμβάλλει στη συντήρηση του εν λόγω τέκνου έχει σημασία για το δικαίωμα του τέκνου να λάβει οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές, όπως το επίμαχο στις υποθέσεις των κύριων δικών. Προκαταρκτικώς, επιβάλλεται να υπομνησθεί ότι, κατά το άρθρο 45, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας (απόφαση της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ., C‑20/12 , EU:C:2013:411 , σκέψη ). Το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68, του οποίου το γράμμα επανέλαβε το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011, αποτελεί ειδικότερη έκφραση, στον συγκεκριμένο τομέα της χορηγήσεως κοινωνικών πλεονεκτημάτων, του κανόνα της ίσης μεταχειρίσεως που καθιερώνει το άρθρο 45, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ και πρέπει να ερμηνεύεται κατά τον ίδιο τρόπο με τη διάταξη αυτή (βλ. αποφάσεις της 23ης Φεβρουαρίου 2006, Επιτροπή κατά Ισπανίας, C‑205/04 , μη δημοσιευθείσα, EU:C:2006:137 , σκέψη , της 11ης Σεπτεμβρίου 2007, Hendrix, C‑287/05 , EU:C:2007:494 , σκέψη , καθώς και της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ., C‑20/12 , EU:C:2013:411 , σκέψη ). Κατά το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68 και το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011, ο εργαζόμενος που είναι υπήκοος κράτους μέλους απολαύει, στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών, των ιδίων κοινωνικών και φορολογικών πλεονεκτημάτων με τους ημεδαπούς εργαζομένους. Το Δικαστήριο έχει επανειλημμένως κρίνει ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2 του κανονισμού 1612/68 ευνοεί αδιακρίτως τόσο τους διακινούμενους εργαζομένους που διαμένουν σε κράτος μέλος υποδοχής όσο και τους μεθοριακούς εργαζομένους οι οποίοι, μολονότι ασκούν την έμμισθη δραστηριότητά τους στο τελευταίο αυτό κράτος μέλος, διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος (βλ. αποφάσεις της 18ης Ιουλίου 2007, Geven, C‑213/05 , EU:C:2007:438 , σκέψη , της 14ης Ιουνίου 2012, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών, C‑542/09 , EU:C:2012:346 , σκέψη , της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ., C‑20/12 , EU:C:2013:411 , σκέψη , καθώς και της 14ης Δεκεμβρίου 2016, Bragança Linares Verruga κ.λπ., C‑238/15 , EU:C:2016:949 , σκέψη ). Επιπροσθέτως, κατά πάγια νομολογία, ενίσχυση που χορηγείται για τη διαβίωση και την εκπαίδευση με σκοπό την πραγματοποίηση πανεπιστημιακών σπουδών για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων αποτελεί κοινωνικό πλεονέκτημα υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68 (αποφάσεις της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ., C‑20/12 , EU:C:2013:411 , σκέψη , και της 14ης Δεκεμβρίου 2016, Bragança Linares Verruga κ.λπ., C‑238/15 , EU:C:2016:949 , σκέψη καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Το Δικαστήριο έχει κρίνει επίσης ότι η χρηματοδότηση σπουδών η οποία παρέχεται από κράτος μέλος προς τα τέκνα των εργαζομένων αποτελεί για τον διακινούμενο εργαζόμενο κοινωνικό πλεονέκτημα κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68 όταν ο οικείος εργαζόμενος εξακολουθεί να συντηρεί το τέκνο (απόφαση της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ., C‑20/12 , EU:C:2013:411 , σκέψη καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Εξάλλου, κατά τη νομολογία, τα μέλη της οικογένειας διακινούμενου εργαζομένου απολαύουν εμμέσως της ίσης μεταχειρίσεως που προβλέπει υπέρ του εν λόγω εργαζομένου το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68. Εφόσον η χορήγηση χρηματοδοτήσεως για σπουδές σε τέκνο διακινούμενου εργαζομένου αποτελεί για τον εν λόγω εργαζόμενο κοινωνικό πλεονέκτημα, το ίδιο το τέκνο δύναται να επικαλεστεί τη διάταξη αυτή προκειμένου να λάβει την εν λόγω χρηματοδότηση, εάν αυτή, δυνάμει του εθνικού δικαίου, χορηγείται απευθείας στον σπουδαστή (απόφαση της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ., C‑20/12 , EU:C:2013:411 , σκέψη καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Στις υποθέσεις των κύριων δικών, το αιτούν δικαστήριο καλείται να κρίνει προσφυγές σπουδαστών που δεν διαμένουν στο Λουξεμβούργο, οι οποίες ασκήθηκαν κατόπιν της απορρίψεως από το εν λόγω κράτος μέλος των αιτήσεών τους περί χορηγήσεως κρατικού οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές. Οι εν λόγω σπουδαστές εκτιμούν ότι δύνανται να λάβουν το εν λόγω βοήθημα λόγω των οικογενειακών τους δεσμών με μεθοριακό εργαζόμενο ο οποίος, καίτοι δεν είναι πατέρας τους, παντρεύτηκε τη μητέρα τους μετά το διαζύγιο των γονέων τους ή, ειδικώς στην περίπτωση του M. Lefort, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί εάν ο όρος «τέκνο διακινούμενου εργαζομένου», υπό την έννοια με την οποία χρησιμοποιείται στη σχετική με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68 νομολογία του Δικαστηρίου, η οποία δύναται να εφαρμοστεί και σε σχέση με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011, και ιδίως υπό την έννοια με την οποία χρησιμοποιείται στην απόφαση της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ. ( C‑20/12 , EU:C:2013:411 ), συμπεριλαμβάνει τα τέκνα του συζύγου ή του αναγνωρισμένου από το εθνικό δίκαιο συντρόφου του εν λόγω εργαζομένου. Συναφώς, πρέπει να επισημανθεί ότι το άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 1612/68, το οποίο καταργήθηκε με την οδηγία 2004/38, προέβλεπε ότι είχαν δικαίωμα εγκαταστάσεως από κοινού με τον εργαζόμενο ο οποίος ήταν υπήκοος κράτους μέλους και εργαζόταν σε άλλο κράτος μέλος, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, ο σύζυγος του εργαζομένου αυτού και «οι κατιόντες τους οι οποίοι έχουν ηλικία κάτω των 21 ετών ή συντηρούνται απ’ αυτόν». Το Δικαστήριο ερμήνευσε τη διάταξη αυτή υπό την έννοια ότι ετύγχαναν του δικαιώματος εγκαταστάσεως από κοινού με τον ως άνω εργαζόμενο τόσο οι κατιόντες του όσο και οι κατιόντες του συζύγου του. Πράγματι, στενή ερμηνεία της ως άνω διατάξεως, υπό την έννοια ότι μόνο τα τέκνα τα οποία απέκτησαν από κοινού ο διακινούμενος εργαζόμενος και ο/η σύζυγός του μπορούν να απολαύουν του εν λόγω δικαιώματος θα αντέβαινε στον σκοπό της ενσωματώσεως των μελών της οικογένειας των διακινούμενων εργαζόμενων που επιδιωκόταν με τον κανονισμό 1612/68 (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2002, Baumbast και R, C‑413/99 , EU:C:2002:493 , σκέψη ). Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο είχε ήδη την ευκαιρία να επισημάνει ότι τα μέλη της οικογένειας εργαζομένου τα οποία απολαύουν εμμέσως της ίσης μεταχειρίσεως η οποία αναγνωρίζεται στους διακινούμενους εργαζομένους δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού 1612/68 ήταν τα μέλη της οικογένειας υπό την έννοια του άρθρου 10 του κανονισμού 1612/68 (βλ., υπ’ αυτήν έννοια, απόφαση της 18ης Ιουνίου 1987, Lebon, 316/85 , EU:C:1987:302 , σκέψη ). Διαπιστώνεται ότι το άρθρο 10 του κανονισμού 1612/68 καταργήθηκε με την οδηγία 2004/38, διότι ο νομοθέτης της Ένωσης επιδίωξε να κωδικοποιήσει, σε ενιαίο νομοθέτημα, το δικαίωμα οικογενειακής επανενώσεως των μισθωτών και των μη μισθωτών, των σπουδαστών και των λοιπών ανέργων προσώπων, προκειμένου να το απλοποιήσει και να το ενισχύσει. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμίσεως αυτής, ο νομοθέτης επανέλαβε, στο άρθρο 2, σημείο 2, στοιχείο γʹ, της οδηγίας αυτής, την έννοια του «μέλους της οικογένειας», όπως ορίστηκε από το Δικαστήριο στο πλαίσιο του κανονισμού 1612/68, διευκρινίζοντας ότι αυτή νοείται ως περιλαμβάνουσα τους απευθείας κατιόντες του εν λόγω πολίτη οι οποίοι έχουν ηλικία κάτω των 21 ετών ή οι οποίοι συντηρούνται από αυτόν και «εκείν[ους] του (της) συζύγου ή του (της) συντρόφου» που έχει αναγνωρισθεί από το εθνικό δίκαιο. Όπως επισήμανε και ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 43 των προτάσεών του, σε αυτό το νομολογιακό και νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο εκτέθηκε στις σκέψεις 42 έως 47 της παρούσας αποφάσεως, εντάσσεται η απόφαση της 20ής Ιουνίου 2013, Giersch κ.λπ. ( C‑20/12 , EU:C:2013:411 ), και ο όρος «τέκνο», ο οποίος χρησιμοποιείται σε αυτήν. Επομένως, φαίνεται ότι ο όρος «τέκνο διακινούμενου εργαζομένου», υπό την έννοια με την οποία χρησιμοποιείται στη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68, συμπεριλαμβάνει τα τέκνα του συζύγου ή του αναγνωρισμένου από το εθνικό δίκαιο συντρόφου του εν λόγω εργαζομένου. Το επιχείρημα της Λουξεμβουργιανής Κυβερνήσεως, κατά το οποίο η οδηγία 2004/38 αφορά μόνον το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών και όχι το κατά το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011 δικαίωμα των μεθοριακών εργαζομένων να απολαύουν των ίδιων κοινωνικών πλεονεκτημάτων με τους ημεδαπούς εργαζομένους, δεν είναι ικανό να κλονίσει αυτήν την ερμηνεία. Πράγματι, από την εξέλιξη της νομοθεσίας της Ένωσης όπως αυτή εκτέθηκε στις σκέψεις 46 και 47 της παρούσας αποφάσεως, καθώς και από το γεγονός ότι το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011 απλώς επανέλαβε αυτολεξεί το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68, προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας τα οποία δύνανται να απολαύουν εμμέσως της ίσης μεταχειρίσεως δυνάμει του κανονισμού 492/2011 είναι τα μέλη της οικογένειας υπό την έννοια της οδηγίας 2004/38. Από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο νομοθέτης της Ένωσης είχε ως σκοπό να θεσπίσει, όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας, στεγανή διάκριση μεταξύ των πεδίων εφαρμογής της οδηγίας 2004/38 και του κανονισμού 492/2011 αντιστοίχως, κατά την οποία τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης υπό την έννοια της οδηγίας 2004/38 δεν είναι κατ’ ανάγκην τα ίδια πρόσωπα με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη αυτού όταν αυτός εκλαμβάνεται υπό την ιδιότητά του ως εργαζομένου. Εξάλλου, το γεγονός ότι ο όρος «τέκνο μεθοριακού εργαζομένου», το οποίο δύναται να τυγχάνει εμμέσως της προστασίας της αρχής της ισότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011, πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα της έννοιας «μέλη της οικογένειας», όπως αυτή ορίστηκε από τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με τον κανονισμό 1612/68 και επαναλήφθηκε εν συνεχεία στο άρθρο 2 της οδηγίας 2004/38, ενισχύεται από την οδηγία 2014/54, της οποίας η προθεσμία μεταφοράς έληξε στις 21 Μαΐου 2016. Πράγματι, από την αιτιολογική σκέψη 1 της οδηγίας 2014/54, κατά την οποία η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων «αναπτύσσεται περαιτέρω από το δίκαιο της Ένωσης με στόχο την εξασφάλιση της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στους πολίτες της Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς τους», προκύπτει ότι η φράση «“μέλη της οικογένειάς τους” θα πρέπει να νοείται κατά το άρθρο 2, σημείο 2, της οδηγίας [2004/38], το οποίο εφαρμόζεται και στα μέλη της οικογένειας των μεθοριακών εργαζομένων». Πάντως, κατά το άρθρο 2, σημείο 2, της οδηγίας 2014/54, το πεδίο εφαρμογής της ταυτίζεται με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 492/2011. Εξάλλου, το άρθρο 1 της οδηγίας 2014/54 ορίζει ότι σκοπός της είναι να διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και από τα άρθρα 1 έως 10 του κανονισμού 492/2011. Επομένως, καθόσον εμπίπτουν στον ορισμό του «μέλους της οικογένειας», υπό την έννοια του άρθρου 2, σημείο 2, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2004/38, μεθοριακού εργαζομένου ο οποίος παρουσιάζει επαρκείς δεσμούς προς την κοινωνία του κράτους μέλους υποδοχής, φαίνεται ότι τα τέκνα του συζύγου ή του συντρόφου που έχει αναγνωρισθεί από το οικείο κράτος μέλος υποδοχής του εν λόγω μεθοριακού εργαζομένου μπορούν να εκληφθούν ως τέκνα του, ώστε να δύνανται να τύχουν του δικαιώματος λήψεως οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές, το οποίο θεωρείται κοινωνικό πλεονέκτημα υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011. Επίσης, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, κατ’ ουσίαν, εάν ο βαθμός στον οποίον ο μεθοριακός εργαζόμενος συμβάλλει στη συντήρηση του τέκνου του συζύγου του επηρεάζει το δικαίωμα του εν λόγω τέκνου να λάβει οικονομικό βοήθημα για ανώτατες σπουδές, όπως το επίμαχο στις κύριες δίκες. Συναφώς, προκύπτει από τη νομολογία που υπομνήσθηκε στη σκέψη 39 της παρούσας αποφάσεως ότι εφόσον ο διακινούμενος εργαζόμενος εξακολουθεί να συντηρεί το τέκνο, η χρηματοδότηση των σπουδών η οποία παρέχεται από κράτος μέλος στο τέκνο αυτό συνιστά για τον εργαζόμενο κοινωνικό πλεονέκτημα, υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 1612/68. Επιπροσθέτως, πρέπει να επισημανθεί ότι το άρθρο 10 του κανονισμού 1612/68, το οποίο καταργήθηκε με την οδηγία 2004/38, προέβλεπε ότι διέθεταν το δικαίωμα εγκαταστάσεως από κοινού με τον εργαζόμενο ο οποίος είναι υπήκοος κράτους μέλους και εργάζεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς του, «έκαστος των συζύγων και οι κατιόντες τους οι οποίοι έχουν ηλικία κάτω των 21 ετών ή συντηρούνται από αυτόν». Ο νομοθέτης της Ένωσης, με την οδηγία 2004/38, έκρινε επίσης ότι πρέπει να εκλαμβάνονται ως «μέλη της οικογένειας», υπό την έννοια του άρθρου 2, σημείο 2, στοιχείο γʹ, της οικείας οδηγίας, «οι απευθείας κατιόντες οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι του (της) συζύγου ή του (της) συντρόφου [που έχει αναγνωρισθεί]». Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ιδιότητα του συντηρούμενου μέλους της οικογένειας, υπό την έννοια του άρθρου 10 του κανονισμού 1612/68, δεν προϋπέθετε δικαίωμα διατροφής. Πράγματι, σε διαφορετική περίπτωση, η οικογενειακή επανένωση θα εξαρτιόταν από τις εθνικές νομοθεσίες, που ποικίλλουν στα διάφορα κράτη μέλη, κάτι που θα οδηγούσε σε ανομοιογενή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Έτσι, το Δικαστήριο ερμήνευσε το άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού 1612/68 υπό την έννοια ότι η ιδιότητα του συντηρούμενου μέλους της οικογένειας προκύπτει από πραγματική κατάσταση. Πρόκειται για μέλος της οικογένειας του οποίου τη συντήρηση εξασφαλίζει ο εργαζόμενος, χωρίς να είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι λόγοι της προσφυγής σε αυτή την οικονομική στήριξη ούτε να τεθεί το ερώτημα εάν ο ενδιαφερόμενος είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του μέσω της ασκήσεως αμειβόμενης δραστηριότητας. Αυτήν την ερμηνεία επιτάσσει η αρχή κατά την οποία οι διατάξεις στις οποίες κατοχυρώνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η οποία συνιστά ένα από τα θεμέλια της Ένωσης, πρέπει να ερμηνεύονται διασταλτικώς (βλ., υπ’ αυτήν την έννοια, απόφαση της 18ης Ιουνίου 1987, Lebon, 316/85 , EU:C:1987:302 , σκέψεις έως ). Όπως διαπίστωσε και ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 67 των προτάσεών του, η ερμηνεία αυτή έχει επίσης εφαρμογή όσον αφορά τη συμβολή μεθοριακού εργαζομένου στη συντήρηση των τέκνων του συζύγου του ή του αναγνωρισμένου του συντρόφου. Επομένως, κρίνεται, εν προκειμένω, ότι η ιδιότητα του συντηρούμενου μέλους της οικογένειας προκύπτει από πραγματική κατάσταση η εκτίμηση της οποίας εναπόκειται στο κράτος μέλος και, εν ανάγκη, στον εθνικό δικαστή. Η ιδιότητα του μέλους της οικογένειας μεθοριακού εργαζομένου το οποίο συντηρείται από αυτόν είναι δυνατόν επίσης να προκύπτει, εφόσον αφορά την περίπτωση τέκνου του συζύγου ή του αναγνωρισμένου συντρόφου του εν λόγω εργαζομένου, από αντικειμενικά στοιχεία, όπως η ύπαρξη κοινής εστίας μεταξύ του εν λόγω εργαζομένου και του σπουδαστή, χωρίς να είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι λόγοι της συμβολής του μεθοριακού εργαζομένου στη συντήρηση του σπουδαστή ή να αποτιμηθεί το ακριβές ύψος της. Εντούτοις, η Λουξεμβουργιανή Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να απαιτηθεί από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία να διερευνά, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, εάν και σε ποιον βαθμό ο μεθοριακός εργαζόμενος ο οποίος είναι πατριός ή μητριά του σπουδαστή που ζητεί τη χορήγηση του επίμαχου στις υποθέσεις των κύριων δικών οικονομικού βοηθήματος, συμβάλλει στη συντήρηση του εν λόγω σπουδαστή. Όμως, αφενός διαπιστώνεται ότι ο νομοθέτης της Ένωσης θεωρεί ότι, εν πάση περιπτώσει, τεκμαίρεται ότι τα τέκνα συντηρούνται έως την ηλικία των 21 ετών, όπως προκύπτει ιδίως από το άρθρο 2, σημείο 2, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2004/38. Αφετέρου, από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο Λουξεμβουργιανός νομοθέτης υπέβαλε και ο ίδιος τη χορήγηση του κρατικού οικονομικού βοηθήματος για ανώτατες σπουδές, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 του νόμου της 24ης Ιουλίου 2014, ο οποίος εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015, στην προϋπόθεση ο εργαζόμενος να «συνεχίζει να συμβάλλει στη συντήρηση του σπουδαστή». Επομένως, η Λουξεμβουργιανή Κυβέρνηση δεν μπορεί βασίμως να υποστηρίζει ότι η προϋπόθεση περί συμβολής στη συντήρηση του σπουδαστή δεν μπορεί να διερευνηθεί από τη διοίκηση. Κατόπιν του συνόλου των ανωτέρω σκέψεων, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 492/2011 έχουν την έννοια ότι με τον όρο «τέκνο μεθοριακού εργαζομένου», το οποίο δύναται να απολαύει εμμέσως των κοινωνικών πλεονεκτημάτων που προβλέπει η διάταξη αυτή, όπως είναι η χρηματοδότηση σπουδών την οποία παρέχει κράτος μέλος στα παιδιά των εργαζομένων που ασκούν ή άσκησαν τη δραστηριότητά τους στο κράτος αυτό, δεν νοείται μόνον το τέκνο το οποίο συνδέεται με τον εργαζόμενο αυτόν με δεσμό γονέα-τέκνου, αλλά επίσης το τέκνο του συζύγου ή του καταχωρισμένου συντρόφου του εν λόγω εργαζομένου, εφόσον ο εν λόγω εργαζόμενος συντηρεί το τέκνο αυτό. Η τελευταία ως άνω απαίτηση προκύπτει από πραγματική κατάσταση, την οποία εναπόκειται στη διοίκηση και, εν ανάγκη, στον εθνικό δικαστή να εκτιμήσει, χωρίς να χρειάζεται να προσδιοριστούν οι λόγοι αυτής της συμβολής ή να αποτιμηθεί το ακριβές ύψος της. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους των κύριων δικών τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται: Το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης, έχουν την έννοια ότι με τον όρο «τέκνο μεθοριακού εργαζομένου», το οποίο δύναται να απολαύει εμμέσως των κοινωνικών πλεονεκτημάτων που προβλέπει η διάταξη αυτή, όπως είναι η χρηματοδότηση σπουδών την οποία παρέχει κράτος μέλος στα παιδιά των εργαζομένων που ασκούν ή άσκησαν τη δραστηριότητά τους στο κράτος αυτό, δεν νοείται μόνον το τέκνο το οποίο συνδέεται με τον εργαζόμενο αυτόν με δεσμό γονέα-τέκνου, αλλά επίσης το τέκνο του συζύγου ή του καταχωρισμένου συντρόφου του εν λόγω εργαζομένου, εφόσον ο εν λόγω εργαζόμενος συντηρεί το τέκνο αυτό. Η τελευταία ως άνω απαίτηση προκύπτει από πραγματική κατάσταση, την οποία εναπόκειται στη διοίκηση και, εν ανάγκη, στον εθνικό δικαστή να εκτιμήσει, χωρίς να χρειάζεται να προσδιοριστούν οι λόγοι αυτής της συμβολής ή να αποτιμηθεί το ακριβές ύψος της. (υπογραφές) ( *1 ) * Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.

62020CJ0325

bg

Преюдициалното запитване се отнася до член 14, точка 6 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар ( ОВ L 376, 2006 г., стр. 36 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50). Запитването е отправено в рамките на три производства, инициирани от BEMH и Conseil national des centres commerciaux (CNCC), отнасящи се по-конкретно до законосъобразността на Décret n o 2019‑331, du 17 avril 2019, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (Декрет № 2019-331 от 17 април 2019 г. относно състава и функционирането на регионалните комисии за търговска инфраструктура и заявленията за разрешение за търговска дейност (JORF от 18 април 2019 г., текст № 11). Правна уредба Правото на Съюза Член 14, точка 6 от Директива 2006/123 гласи: „Държавите членки не може да поставят достъпа до или упражняването на дейност по предоставянето на услуга на тяхна територия в зависимост от което и да било от следните условия: […] 6. прякото или непряко включване на конкурентни оператори, включително в рамките на консултативни органи, при предоставянето на разрешение или взимането на други решения от компетентните органи, с изключение на професионални институции и сдружения или други организации, в случаите когато действат като компетентни органи; тази забрана не се отнася до консултация с организации като търговски камари или социални партньори по въпроси различни от конкретното разрешително или до консултации с широката общественост“. По силата на член 15, параграф 3 от тази директива: „Държавите членки удостоверяват, че изискванията, посочени в параграф 2, отговарят на следните условия: а) недискриминация: изискванията не трябва да дискриминират нито пряко, нито непряко на основата на националност, нито на основание местоположение на адреса на управление по отношение на компаниите; б) необходимост: изискванията трябва да са оправдани от [императивно съображение от общ] интерес; в) пропорционалност: изискванията трябва да са подходящи за постигане на преследваната цел, не трябва да надхвърлят необходимото за нейното постигане и не трябва да е възможно да бъдат заменени с други, по-малко рестриктивни мерки, които постигат същия резултат“. Съгласно член 16, параграф 1, трета алинея от посочената директива: „Държавите членки не поставят достъпа до или упражняването на дейност по предоставянето на услуга на тяхна територия, в зависимост от изпълнението на всякакви изисквания, които не са съобразени със следните принципи: а) недискриминация: изискването не може да дискриминира нито пряко, нито непряко на основание националност, а по отношение на юридическите лица, с оглед на държавата членка, в която са установени; б) необходимост: изискването трябва да бъде оправдано по съображения, свързани с обществен[ ред], обществена сигурност, обществено здраве или опазване на околната среда; в) пропорционалност: изискванията трябва да са подходящи за постигане на преследваната цел и не трябва да надхвърлят необходимото за нейното постигане“. Френското право По силата на член L. 710-1 от Code de commerce (Търговски кодекс): „В качеството си на междинно държавно учреждение всяка от структурите от мрежата на търговско-промишлените палати изпълнява функцията да представлява интересите на промишлеността, търговията и сектора на услугите пред публичните органи или чуждестранните органи […]“. Съгласно член L. 751-1 от този кодекс: „Регионалната комисия за търговска инфраструктура се произнася по заявленията за разрешение за търговска дейност, подадени до нея на основание членове L. 752-1, L. 752-3 и L. 752-15“. Декретът от 17 април 2019 г. е приет по-специално за прилагането на член L. 751-2 от посочения кодекс, в редакцията му след измененията, въведени с Loi n o 2018‑1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Закон № 2018-1021 от 23 ноември 2018 г. за развитие на жилищното настаняване, благоустройството и цифровите технологии (JORF от 24 ноември 2018 г., текст № 1) (известен като „Законът ELAN“). Посоченият член L. 751-2 предвижда, че регионалната комисия за търговска инфраструктура (РКТИ) се състои по-специално, както следва: „II. В департаментите, различни от Париж […] 3° от три квалифицирани лица, които са представители на икономическата среда: едно, посочено от Chambre de commerce et d’industrie (Търговско-промишлена палата), едно, посочено от Chambre de métiers et de l’artisanat (Занаятчийска камара), и едно, посочено от Chambre d’agriculture (Земеделска камара). […] Комисията изслушва всеки, който може да даде яснота във връзка с нейното решение или становище. Без да участват в гласуването, лицата, посочени от Chambre de commerce et d’industrie и от Chambre de métiers et de l’artisanat, представят положението на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, и въздействието на проекта върху тази икономическа среда […]. III.- В Париж […] 3° от две квалифицирани лица, които са представители на икономическата среда: едно, посочено от Chambre de commerce et d’industrie, и едно, посочено от Chambre de métiers et de l’artisanat. За да получи яснота във връзка с нейното решение или становище, комисията изслушва всеки, чието становище представлява интерес. Без да участват в гласуването, квалифицираните лица, посочени от Chambre de commerce et d’industrie и от Chambre de métiers et de l’artisanat, представят положението на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, и въздействието на проекта върху тази икономическа среда“. В член L. 752-1 от същия кодекс са изброени проектите, за които се изисква разрешение за търговска дейност. Сред тези проекти в точка 1 от тази разпоредба се предвижда: „[с]ъздаването на магазин за търговия на дребно с търговска площ над 1000 квадратни метра вследствие на ново строителство или преобразуване на съществуващ недвижим имот“. Съгласно член L. 5-1, втора алинея от Code de l’artisanat (Кодекс за занаятите): „Мрежата от занаятчийски камари допринася за икономическото развитие на предприятията, вписани в регистъра на занаятите, както и за териториалното развитие, като изпълнява в полза на икономическите оператори и в сътрудничество със съществуващите структури всяка задача от общ интерес в полза на занаятчийския сектор […]“. Фактите по спора и преюдициалният въпрос РКТИ е колегиален орган, който се произнася по-специално по заявленията за разрешение за търговска дейност относно проекти за създаване или разширяване на магазини за търговия на дребно или на търговски комплекси с търговска площ над 1000 m . В жалбите си по главното производство BEMH, което е проектантско бюро, специализирано в областта на търговско градоустройство, и CNCC считат, че разпоредбите на френското право, определящи състава на РКТИ, са несъвместими с член 49 ДФЕС и с член 14, точка 6 от Директива 2006/123. В това отношение запитващата юрисдикция отбелязва, че съгласно член L.751-2 от Code de commerce РКТИ се състоят по-конкретно от квалифицирани лица, които са представители на икономическата среда, посочени от Chambre de commerce et d’industrie, от Chambre de métiers et de l’artisanat и от Chambre d’agriculture. Подобен състав би бил несъвместим с изискванията по член 14, точка 6 от Директива 2006/123, доколкото последната разпоредба предвижда, че държавите членки не могат да поставят достъпа до или упражняването на дейност по предоставянето на услуга в зависимост от прякото или непряко включване на конкурентни оператори при издаването на разрешения. Запитващата юрисдикция уточнява, че съгласно член L.751-2 от Code de commerce тези лица само „представят“ положението на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, и въздействието на проекта върху тази икономическа среда, без да вземат участие в гласуването по заявлението за разрешение. При тези обстоятелства Conseil d’État (Франция) решава да спре производството и да постави на Съда следния преюдициален въпрос: „[Трябва ли] член 14, точка 6 от Директива [2006/123] да се тълкува в смисъл, че позволява в рамките на колегиален орган, компетентен да дава становище относно издаването на разрешение за търговска дейност, да има квалифицирано лице, което е представител на икономическата среда и чиято роля се свежда до представяне на положението на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, и въздействието на проекта върху тази икономическа среда, без да взема участие в гласуването по заявлението за разрешение?“. По преюдициалния въпрос С въпроса си запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 14, точка 6 от Директива 2006/123 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда, че в рамките на колегиален орган, компетентен да дава становище относно издаването на разрешение за търговска дейност, присъстват квалифицирани лица, които са представители на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, и не вземат участие в гласуването по заявлението за разрешение, а само представят положението в тази икономическата среда и въздействието на съответния проект върху нея. За да се отговори на преюдициалния въпрос, следва да се тълкува член 14, точка 6 от Директива 2006/123, като се вземат предвид не само текстът на тази разпоредба, но и контекстът, в който тя се вписва, и целите, преследвани от правната уредба, от която тя е част (вж. в този смисъл решение от 6 октомври 2020 г., Jobcenter Krefeld, C‑181/19 , EU:C:2020:794 , т. и цитираната съдебна практика). От текста на член 14, точка 6 от Директива 2006/123 е видно, че държавите членки не могат да поставят достъпа до или упражняването на дейност по предоставянето на услуга на тяхна територия в зависимост от прякото или непрякото включване на конкурентни оператори, включително в рамките на консултативни органи, при издаването на разрешение или взимането на други решения от компетентните органи. Тази разпоредба предвижда две изключения, а именно, от една страна, включването на професионални институции и сдружения или други организации, в случаите, когато действат като компетентни органи, и от друга страна, консултацията с организации като търговски камари. Последното изключение обаче не се прилага в случаите, когато тези органи се включват по въпроси относно индивидуални заявления за разрешение. Така от текста на член 14, точка 6 от Директива 2006/123 следва, че предвидената в него забрана е формулирана широко и може да обхваща всяко включване извън това на професионални институции и сдружения или други организации, в случаите, когато действат като компетентни органи както пряко, така и непряко, включително в рамките на консултативни органи, на оператори, които са конкуренти на заявителя за разрешение за търговска дейност, когато става въпрос за издаване на такова разрешение. Що се отнася до контекста, в който се вписва член 14, точка 6 от Директива 2006/123, следва да се припомни, че преди влизането в сила на Директива 2006/123 Съдът се е произнесъл по съвместимостта с разпоредбите на Договора за ЕС, посветени на свободата на установяване, на национална правна уредба, предвиждаща присъствието на конкуренти на заявителя за разрешение за търговска дейност в рамките на колегиални органи, компетентни да издават такова разрешение. Така в точка 39 от решение от 15 януари 2002 г., Комисия/Италия ( C‑439/99 , EU:C:2002:14 ), Съдът е приел, че разпоредби на италианското право, които поставят организирането на панаири от включването, макар и само с консултативна цел, на организации, съставени от оператори, които извършват тази дейност и вече присъстват на съответната територия, или на организации, представляващи тези оператори, за целите на признаването и одобряването на организиращото панаира образувание, съставляват ограничение на свободата на установяване или на свободното предоставяне на услуги. Освен това в решение от 24 март 2011 г., Комисия/Испания ( C‑400/08 , EU:C:2011:172 , т. и ), при разглеждането на въпроса дали е налице евентуална обосновка за нарушаването на свободата на установяване вследствие на разглежданата национална правна уредба, Съдът се е произнесъл, че със създаването на комисия, състояща се по-специално от представители на търговския сектор, която има за задача да изготви доклад, преди приемането на решение, с което се издава или се отказва издаването на разрешение, не може да се постигнат целите, свързани с териториалното и селищно устройство, опазването на околната среда и защитата на потребителите. Всъщност единственият представен в тази комисия секторен интерес е този на присъстващите на пазара местни търговци, а оттук и този на потенциалните конкуренти на заявителя за разрешение за търговска дейност. Що се отнася до тълкуването на член 14, точка 6 от Директива 2006/123 с оглед на нейните цели, следва да се отбележи, че според съображение 12 от тази директива тя има за цел създаването на правна рамка, която да осигури свободата на установяване и свободата на движението на услуги между държавите членки. Влиянието върху процеса на вземане на решения обаче, упражняван от конкуренти на заявителя за разрешение за търговска дейност, макар те да не участват в гласуването по заявлението за разрешение, може да затрудни или да направи по-малко привлекателно упражняването на тези основни свободи. Всъщност тези конкуренти биха могли да се опитат да забавят приемането на необходимите решения, да насърчат приемането на прекомерни ограничения или да получат важна информация с оглед на конкуренцията. Така от буквалното, контекстуалното и телеологическото тълкуване на член 14, точка 6 от Директива 2006/123 следва, че предвидената в тази разпоредба забрана се отнася както до потенциалните конкуренти на заявителя за разрешение за търговска дейност, така и до конкурентните на това лице — оператори или представителите на такива конкуренти, които, макар да не участват пряко в гласуването по заявлението за разрешение, са част от компетентния в това отношение колегиален орган и на това основание участват в процеса на приемане на това разрешение за търговска дейност. Освен това следва да се отбележи, че противно на други разпоредби от Директива 2006/123, изискванията, изброени в член 14 от тази директива, не могат да бъдат обосновани (вж. в този смисъл решение от 16 юни 2015 г., Rina Services и др., C‑593/13 , EU:C:2015:399 , т. ). Всъщност да се приеме, че „забранените изисквания“ по член 14 от Директива 2006/123 могат да бъдат обосновани въз основа на първичното право, би лишило тази разпоредба от полезното ѝ действие, което в крайна сметка би поставило под въпрос целевата хармонизация, която се извършва с нея (вж. в този смисъл решение от 16 юни 2015 г., Rina Services и др., C‑593/13 , EU:C:2015:399 , т. ). Следователно забраната, предвидена в член 14, точка 6 от Директива 2006/123, не допуска по-специално решението за издаване на разрешение за търговска дейност да се взема, след като квалифицираните лица, които са представители на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, представят положението в тази икономическа среда, и въздействието на съответния проект върху нея. По-конкретно, доколкото тези лица биха могли да участват, най-малкото непряко, в процедурата по издаване на разрешение за търговска дейност, тяхното поведение може да се квалифицира като включване „при предоставянето на разрешение“ по смисъла на член 14, точка 6 от Директива 2006/123. Освен това следва да се приеме, че квалифицираните лица, които са представители на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, биха могли да олицетворяват по-специално проявлението на интересите на настоящи или потенциални конкуренти на заявителя за разрешение за търговска дейност, доколкото последните участват при посочването на тези лица, което запитващата юрисдикция следва да провери. При тези обстоятелства е видно, че посочените лица могат да съставляват най-малкото представители на настоящи или потенциални конкуренти на заявителя за разрешение за търговска дейност, и следователно възложената им роля в процедурата по издаване на разрешение може да попадне в обхвата на понятието „пряко или непряко включване на конкурентни оператори“ по смисъла на член 14, точка 6 от Директива 2006/123. С оглед на всички изложени по-горе съображения на поставения въпрос следва да се отговори, че член 14, точка 6 от Директива 2006/123 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда, че в рамките на колегиален орган, компетентен да дава становище относно издаването на разрешение за търговска дейност, присъстват квалифицирани лица, които са представители на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, дори когато тези лица не вземат участие в гласуването по заявлението за разрешение, а само представят положението в тази икономическата среда и въздействието на съответния проект върху нея, доколкото настоящите или потенциалните конкуренти на заявителя участват при посочването на същите лица. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (шести състав) реши: Член 14, точка 6 от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда, че в рамките на колегиален орган, компетентен да дава становище относно издаването на разрешение за търговска дейност, присъстват квалифицирани лица, които са представители на икономическата среда в съответната зона, в която се намират потенциалните клиенти, дори когато тези лица не вземат участие в гласуването по заявлението за разрешение, а само представят положението в тази икономическа среда и въздействието на съответния проект върху нея, доколкото настоящите или потенциалните конкуренти на заявителя участват при посочването на същите лица. Подписи ( *1 ) Език на производството: френски.

62009CJ0311

it

Inadempimento da parte di uno Stato – Violazione degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Trasporto internazionale di persone su strada – Normativa nazionale che impone ai trasportatori domiciliati all’estero di assolvere l’IVA secondo un sistema forfetario basato unicamente sul numero di persone trasportate nel territorio nazionale e che non permette la detrazione dell’imposta applicata nella fase precedente. Dispositivo 1) Avendo prelevato l’imposta sul valore aggiunto in base alle modalità fissate al capo 13, n. 35, punti 1, 3, 4 e 5 del regolamento del Ministro delle finanze 27 aprile 2004, relativo all’applicazione di talune disposizioni della legge relativa all’imposta sui prodotti e servizi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 73, 168 e 273 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

62014CJ0153

fr

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial ( JO L 251, p. 12 ). Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant le Minister van Buitenlandse Zaken (ministre des Affaires étrangères) à, respectivement, K et A, concernant leur demande d’autorisation de séjour provisoire aux Pays-Bas à des fins de regroupement familial avec leurs conjoints résidant dans cet État membre. Le cadre juridique Le droit de l’Union L’article 1 er de la directive 2003/86 énonce: «Le but de la présente directive est de fixer les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres.» L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose: «Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu’à l’article 16, des membres de la famille suivants: a) le conjoint du regroupant; [...]» Le chapitre IV de la directive 2003/86, intitulé «Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial», contient les articles 6 à 8 de celle-ci. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive: «Les États membres peuvent rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un des membres de la famille pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.» L’article 7 de la directive 2003/86 est libellé comme suit: «1.   Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose: a) d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné; b) d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l’État membre concerné, pour lui-même et les membres de sa famille; c) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille. 2.   Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national. En ce qui concerne les réfugiés et/ou les membres de la famille de réfugiés visés à l’article 12, les mesures d’intégration visées au premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.» L’article 17 de ladite directive dispose: «Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille.» Le droit néerlandais Il ressort de la décision de renvoi que les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86 ont été transposés aux articles 14 et 16, paragraphe 1, phrase introductive et sous h), de la loi de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenwet 2000, ci-après la «Vw 2000»), ainsi qu’aux articles 3.71a, 3.98a et 3.98b de l’arrêté de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingenbesluit 2000, ci-après le «Vb 2000»). La politique appliquée par le secrétaire d’État en exécution desdites dispositions est mise en œuvre au paragraphe B1/4.7.1.2 de la circulaire de 2000 sur les étrangers (Vreemdelingencirculaire 2000), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la «Vc 2000»). Il convient de tenir compte également de la loi relative à l’intégration civique (Wet inburgering, ci-après la «Wi») ainsi que du règlement de 2000 sur les étrangers (Voorschrift Vreemdelingen 2000, ci-après le «règlement de 2000») et de l’instruction publique de service n o 2011/7 du service de l’immigration et des naturalisations (ci-après l’«instruction de service»). La Vw 2000 L’article 1 er , sous h), de la Vw 2000 est libellé comme suit: «Au sens de la présente loi et des dispositions adoptées sur son fondement, on entend par: [...] h) autorisation de séjour provisoire: un visa pour un séjour de plus de trois mois demandé en personne par un étranger auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire [du Royaume] des Pays-Bas dans le pays de provenance ou de résidence permanente ou, à défaut, le pays le plus proche dans lequel est établie une représentation [...] et délivré par ladite représentation en vertu d’une autorisation préalable accordée par le ministre des Affaires étrangères [...]» Aux termes de l’article 8 de la Vw 2000: «Un étranger séjourne légalement aux Pays-Bas: a) s’il dispose d’un titre de séjour à durée limitée tel que visé à l’article 14; b) s’il dispose d’un titre de séjour à durée illimitée tel que visé à l’article 20; c) s’il dispose d’un titre de séjour à durée limitée tel que visé à l’article 28; d) s’il dispose d’un titre de séjour à durée illimitée tel que visé à l’article 33. [...]» Conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la Vw 2000, le ministre est compétent pour approuver, rejeter ou bien ne pas prendre en considération la demande visant à obtenir une autorisation de séjour à durée limitée. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, sous h), de la Vw 2000, une demande d’autorisation de séjour à durée limitée, visée à l’article 14 de cette loi, peut être rejetée si le ressortissant de pays tiers, qui ne relève pas de l’une des catégories visées à l’article 17, paragraphe 1, de la même loi, est soumis, après avoir reçu l’autorisation de séjour régulier aux Pays-Bas, à l’obligation d’intégration civique aux termes des articles 3 et 5 de la Wi et ne dispose pas des connaissances de base relatives à la langue et à la société néerlandaises. L’article 17, paragraphe 1, de la Vw 2000 désigne un certain nombre de catégories de ressortissants de pays tiers auxquels les demandes d’autorisation de séjour à durée limitée, au sens de l’article 14 de la même loi, ne sont pas refusées en raison du défaut d’autorisation de séjour provisoire. La Wi Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la Wi: «Est tenu à l’obligation d’intégration civique l’étranger séjournant régulièrement au sens de l’article 8, sous a) à e), ou l), de la Vw 2000 qui: a. réside aux Pays-Bas dans un but autre que temporaire [...]» L’article 5 de la Wi désigne un certain nombre de catégories de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation d’intégration civique. Le Vb 2000 L’article 3.71, paragraphe 1, du Vb 2000 est libellé comme suit: «La demande d’octroi d’une autorisation de séjour à durée limitée visée à l’article 14 de la [Vw 2000] est rejetée, si l’étranger ne dispose pas d’une autorisation valable de séjour provisoire [...]» Aux termes de l’article 3.71a du Vb 2000: «1.   Un étranger dispose d’une connaissance de base de la langue néerlandaise et de la société néerlandaise au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous h), de la [Vw 2000], s’il a réussi, dans l’année précédant directement la demande d’autorisation de séjour provisoire, l’examen de base relatif à l’intégration civique, visé à l’article 3.98a. 2.   La demande d’octroi d’une autorisation de séjour à durée limitée visée à l’article 14 de la [Vw 2000], n’est pas rejetée sur la base de l’article 16, paragraphe 1, sous h), de [ladite loi], si l’étranger: [...] c. a établi de façon satisfaisante auprès du Minister voor Wonen, Wijken en Integratie [ci-après le ‘ministre du Logement, des Quartiers et de l’Intégration’] que, en raison d’un handicap physique ou mental, il n’est durablement pas en mesure de passer l’examen de base relatif à l’intégration civique, visé à l’article 3.98a; d. n’a pas réussi l’examen de base relatif à l’intégration civique, visé à l’article 3.98a et si le rejet de cette demande devait mener, selon le ministre du Logement, des Quartiers et de l’Intégration, à une injustice grave. [...]» L’article 3.98a du Vb 2000 est libellé comme suit: «1.   Notre ministre du Logement, des Quartiers et de l’Intégration arrête l’examen de base relatif à l’intégration civique destiné à évaluer la connaissance de la langue et de la société néerlandaises, tel que visé à l’article 16, paragraphe 1, sous h), de la [Vw 2000], au moyen d’un système automatisé. 2.   L’examen de base relatif à l’intégration civique comporte un examen des aptitudes de l’étranger en compréhension écrite et [en compréhension] orale ainsi qu’en expression orale en néerlandais. 3.   Notre ministre du Logement, des Quartiers et de l’Intégration arrête un programme d’examen des aptitudes en compréhension écrite et [en compréhension] orale et en expression orale. Ce programme d’examen vise à garantir que l’étranger qui a passé l’examen avec succès dispose des aptitudes suivantes en langue néerlandaise au niveau A1 du cadre européen de référence pour les langues modernes étrangères: a. compréhension écrite; b. compréhension orale; c. expression orale. 4.   La normalisation des aptitudes en matière de compréhension écrite et [de compréhension] orale et en matière d’expression orale de l’examen de base d’intégration civique est alignée sur l’un des niveaux du cadre européen pour les langues modernes étrangères. 5.   L’examen de base d’intégration civique comporte également un examen de la connaissance de la société néerlandaise. 6.   Notre ministre du Logement, des Quartiers et de l’Intégration arrête un programme d’examen pour la connaissance requise de la société néerlandaise. Ce programme d’examen garantit que l’étranger qui a réussi l’examen de base d’intégration civique dispose d’une connaissance pratique élémentaire des éléments suivants: a. le [Royaume des] Pays-Bas, y compris sa topographie, son histoire et son organisation politique; b. le logement, l’enseignement, le travail, la santé publique et l’intégration civique aux Pays-Bas; c. ses droits et obligations après son arrivée aux Pays-Bas; d. les droits et obligations des tiers aux Pays-Bas; e. les règles de la vie en société en vigueur aux Pays-Bas. 7.   L’examen de base d’intégration civique se déroule en néerlandais et ne dépasse pas le niveau visé au paragraphe 3. 8.   Les programmes d’examen visés aux paragraphes 3 et 6 sont mis à disposition conformément aux règles à établir par notre ministre du Logement, des Quartiers et de l’Intégration, moyennant le paiement du montant à définir par ce dernier.» L’article 3.98b du Vb 2000 est libellé comme suit: «1.   N’est pas admis à l’examen de base d’intégration l’étranger qui: a. ne s’est pas acquitté des frais y afférents conformément aux règles à fixer par notre ministre du Logement, des Quartiers et de l’Intégration [...] [...] 2.   Les frais visés au paragraphe 1, sous a), s’élèvent à 350 euros. [...]» Le règlement de 2000 L’article 3.11 du règlement de 2000 énonce: «1.   Les programmes d’examen visés à l’article 3.98a, paragraphes 3 et 6, [du Vb 2000] qui sont repris dans le dossier d’auto-apprentissage Naar Nederland sont disponibles auprès de toutes les librairies agréées ainsi que via les librairies en ligne. 2.   Le prix recommandé du dossier d’auto-apprentissage s’élève à 110 euros.» La Vc 2000 Conformément au paragraphe B1/4.7.1.2 de la Vc 2000, la demande d’autorisation de séjour à durée limitée n’est pas refusée, en application de l’article 3.71a, paragraphe 2, sous d), du Vb 2000, si le ressortissant de pays tiers n’a pas réussi l’examen de base d’intégration civique et que le rejet de sa demande donnerait lieu à une situation d’injustice majeure. Tel est le cas si, par la suite d’une combinaison de circonstances individuelles très particulières, le ressortissant de pays tiers n’est durablement pas en mesure de réussir l’examen de base d’intégration civique. Selon la Vc 2000, le seul fait de s’être présenté une ou plusieurs fois audit examen ne permet pas d’invoquer avec succès la clause d’équité prévue à l’article 3.71a, paragraphe 2, sous d), du Vb 2000. L’instruction de service Selon la juridiction de renvoi, l’instruction de service indique que sont soumis à l’obligation d’intégration civique les ressortissants de pays tiers qui doivent être en possession d’une autorisation de séjour provisoire avant leur arrivée aux Pays-Bas, qui viennent aux Pays-Bas dans un but de séjour non temporaire au sens de la Wi et qui ne sont pas dispensés de l’obligation d’intégration civique en vertu des articles 3 et 5 de la Wi. L’examen de base d’intégration civique, visé à l’article 3.98a du Vb 2000, se compose d’un test de langue néerlandaise parlée, d’un test de connaissance de la société néerlandaise ainsi que d’un test de compréhension à la lecture. Cet examen a lieu dans une ambassade ou dans un consulat général du pays de provenance ou de résidence permanente du membre de la famille du regroupant et s’effectue par téléphone en liaison directe avec un ordinateur parlant. Le test de langue néerlandaise parlée se subdivise comme suit, à savoir répéter des phrases, répondre à de courtes questions, formuler des propositions adversatives et reformuler deux fois un bref récit. Le niveau linguistique requis est le niveau A1 du cadre européen de référence pour les langues. La partie de l’examen consacrée à la connaissance de la société néerlandaise consiste en des questions sur le film Aux Pays-Bas, que le membre de la famille doit visionner chez lui. Les questions possibles portent notamment sur les points de savoir si les hommes et les femmes ont les mêmes droits, où siège le gouvernement néerlandais, si le Royaume des Pays-Bas connaît une séparation entre l’Église et l’État, quel pays a occupé le Royaume des Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale, si l’assurance maladie est obligatoire et jusqu’à quel âge s’applique l’obligation scolaire. Toutes les questions et les réponses peuvent être étudiées à domicile à l’aide d’un dossier d’auto-apprentissage. Ce dossier est disponible en 18 langues et contient notamment des DVD, un album de photographies, un livre d’exercices, des disques compacts audio, un manuel d’auto-apprentissage et des modèles de tests. Depuis le mois de mars 2011, ledit dossier contient également un module d’alphabétisation permettant de préparer le test de compréhension à la lecture. Ce test évalue si le membre de la famille est capable de lire le néerlandais au niveau A1 du cadre européen de référence pour les langues. En ce qui concerne la clause d’équité prévue à l’article 3.71a, paragraphe 2, sous d), du Vb 2000, selon la juridiction de renvoi, l’instruction de service prévoit qu’il y a lieu d’appliquer cette clause d’équité si, par la suite d’une combinaison de circonstances individuelles très particulières, le ressortissant de pays tiers n’est durablement pas en mesure de réussir l’examen de base d’intégration civique. Le ressortissant de pays tiers doit démontrer à cet égard avoir fourni les efforts qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui. Peut notamment apporter cette démonstration le fait de se présenter une ou plusieurs fois à l’examen d’intégration civique en réussissant, par exemple, les tests de langue néerlandaise parlée et de connaissance de la société néerlandaise, mais non le test de compréhension à la lecture. L’instruction de service indique que le seul fait que le candidat ne dispose pas de ressources financières ou techniques suffisantes pour se préparer et se présenter à l’examen ou qu’il soit confronté à des problèmes concernant son voyage et à d’autres difficultés de ce type ne suffit pas en lui-même pour invoquer avec succès ladite clause d’équité. Par ailleurs, la seule circonstance que le matériel pédagogique ne soit pas disponible dans une langue maîtrisée par le candidat, que ce dernier ne dispose pas d’un soutien adéquat pour préparer l’examen ou qu’il soit analphabète ne suffit pas non plus pour pouvoir invoquer avec succès cette même clause d’équité. Les litiges au principal et les questions préjudicielles L’affaire K K est une ressortissante azerbaïdjanaise qui, le 22 février 2011, a introduit, auprès de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Ankara (Turquie), une demande d’autorisation de séjour provisoire, au titre du regroupement familial, pour séjourner aux Pays-Bas avec son conjoint résidant dans cet État membre. À cet effet, elle a produit un certificat médical en faisant valoir que, en raison des problèmes de santé attestés par ledit certificat, elle ne serait pas en état de se présenter à l’examen d’intégration civique en dehors du territoire du Royaume des Pays-Bas. Par une décision du 30 mai 2011, le Minister van Buitenlandse Zaken a rejeté la demande d’autorisation de séjour provisoire de K. Par une décision du 28 février 2012, le Minister van Buitenlandse Zaken a déclaré non fondée la réclamation introduite par K contre la décision du 30 mai 2011, en soutenant que les problèmes de santé de K ne donnaient pas lieu à la dispense de l’obligation de réussir l’examen d’intégration civique. Selon le Minister van Buitenlandse Zaken, imposer la réussite de l’examen d’intégration civique à K avant l’obtention de l’autorisation d’entrée et de séjour de cette dernière n’est, par ailleurs, pas contraire à la directive 2003/86. Par une décision du 23 novembre 2012, le Rechtbank ’s‑Gravenhage (tribunal de La Haye) a déclaré fondé le recours de K contre la décision du Minister van Buitenlandse Zaken du 28 février 2012 et, par conséquent, a annulé cette décision et a décidé que ce dernier devait accorder une autorisation de séjour provisoire à K. Le Minister van Buitenlandse Zaken a interjeté appel de la décision du Rechtbank ’s‑Gravenhage du 23 novembre 2012 auprès de la juridiction de renvoi. L’affaire A A est une ressortissante nigériane qui, le 18 juin 2008, a introduit auprès de la représentation du Royaume des Pays-Bas à Abuja (Nigeria) une demande d’autorisation de séjour provisoire, au titre du regroupement familial, pour séjourner aux Pays-Bas avec son conjoint résidant dans cet État membre. À cet effet, elle a produit des documents médicaux établissant qu’elle souffre de troubles mentaux pour lesquels elle a recours à une médication. Par une décision du 18 août 2009, le Minister van Buitenlandse Zaken a rejeté la demande d’autorisation de séjour provisoire de A. Par une décision du 30 juillet 2012, le Minister van Buitenlandse Zaken a déclaré non fondée la réclamation introduite par A contre ladite décision du 18 août 2009, en soutenant que les troubles mentaux de cette dernière ne donnaient pas lieu à la dispense de l’exigence d’intégration civique et qu’elle ne pouvait pas non plus bénéficier de la clause d’équité prévue à l’article 3.71a, paragraphe 2, sous d), du Vb 2000, au motif qu’elle n’avait pas fourni la preuve d’avoir fait des efforts raisonnables pour réussir l’examen d’intégration civique. Selon le Minister van Buitenlandse Zaken, l’argument selon lequel A ne serait pas en état de voyager jusqu’à l’ambassade du Royaume des Pays-Bas en raison de ses troubles mentaux n’est pas recevable, dès lors que cette circonstance n’est aucunement étayée. En outre, le Minister van Buitenlandse Zaken estime que l’exigence d’intégration civique n’est pas contraire à la directive 2003/86. Il ressort de la décision de renvoi que les trois enfants de A ont également introduit une demande d’autorisation de séjour provisoire pour séjourner aux Pays-Bas avec leur père et que, contrairement à ce qui a été décidé en ce qui concerne A, par la même décision du 30 juillet 2012, le Minister van Buitenlandse Zaken a déclaré fondée la réclamation introduite par lesdits enfants contre le rejet de leur demande d’autorisation de séjour provisoire. Par une décision du 12 décembre 2012, le Rechtbank ’s‑Gravenhage a déclaré fondé le recours de A contre la décision du Minister van Buitenlandse Zaken du 30 juillet 2012 et, par conséquent, a annulé cette décision et a décidé que ce dernier devait accorder une autorisation de séjour provisoire à A. Le Minister van Buitenlandse Zaken a interjeté appel, auprès de la juridiction de renvoi, de la décision du Rechtbank ’s‑Gravenhage du 12 décembre 2012. Considérations relatives aux deux affaires Il n’est pas contesté que tant les regroupants que K et A sont des ressortissants de pays tiers, que les regroupants sont les conjoints de K et de A et qu’ils se trouvent en situation de séjour légal au sens de l’article 8, sous a) ou b), de la Vw 2000. Il n’est pas non plus contesté que K et A ne relèvent pas de l’une des catégories visées par la loi néerlandaise, pour lesquelles les demandes d’autorisation de séjour à durée limitée, au sens de l’article 14 de la Vw 2000, ne sont pas rejetées en raison du défaut d’autorisation de séjour provisoire, et qu’elles sont soumises à l’obligation d’intégration civique, au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous h), de la Vw 2000. Dans les deux affaires au principal, le Rechtbank ’s‑Gravenhage a jugé contraire à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86 le fait d’exiger d’un ressortissant d’un pays tiers qui introduit en dehors de l’Union européenne une demande d’autorisation de séjour provisoire, dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il satisfasse à l’exigence d’intégration civique préalablement à son admission aux Pays-Bas. Le Rechtbank ’s‑Gravenhage a considéré comme décisif, à cet égard, le fait que, dans ses observations écrites présentées dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Mohammad Imran (C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387 ) et qui ont été versées au dossier par K devant le Rechtbank ’s‑Gravenhage, la Commission européenne a soutenu que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86 ne permet pas à un État membre de refuser l’entrée et le séjour au conjoint d’un ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement dans cet État membre au seul motif que ledit conjoint n’a pas réussi, en dehors de l’Union européenne, l’examen d’intégration civique prévu par la législation dudit État membre. Or, dans le cadre des appels interjetés contre les décisions du Rechtbank ’s‑Gravenhage, le Minister van Buitenlandse Zaken fait valoir qu’il ressort du livre vert relatif au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne (directive 2003/86) [COM (2011) 735 final] (ci-après le «livre vert»), postérieur aux observations écrites de la Commission mentionnées au point précédent, que la Commission ne considère pas inconditionnellement comme contraire à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86 l’obligation, pour les conjoints des regroupants, de réussir un examen d’intégration civique avant la délivrance de l’autorisation d’entrée et de séjour sur le territoire de l’État membre concerné. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, effectivement, au point II, 2.1, du livre vert, intitulé «Mesures d’intégration», la Commission indique que l’admissibilité des mesures d’intégration dépend des points de savoir si elles servent ou non à faciliter l’intégration et si elles respectent ou non les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Étant donné que ni la directive 2003/86 ni le critère de proportionnalité tel que défini dans le livre vert n’indiquent quelle est la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour imposer des mesures d’intégration, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive, et compte tenu du fait que la Cour ne s’est jamais prononcée sur la notion de «mesures d’intégration», au sens de cette disposition, de sorte que la portée de cette notion n’a pas été clarifiée, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) a) Peut-on interpréter les termes ‘mesures d’intégration’, figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86, en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre peuvent exiger d’un membre de la famille d’un regroupant qu’il démontre disposer d’une connaissance de la langue officielle de cet État membre à un niveau correspondant au niveau A1 du cadre européen de référence pour les langues, ainsi que d’une connaissance de base de la société de cet État membre, avant d’autoriser l’entrée et le séjour de ce membre de la famille? b) Pour répondre à cette question, importe-t-il, également au regard du critère de proportionnalité tel que défini dans le livre vert, que la législation nationale comportant l’exigence visée à la première question, sous a), prévoie que, sous réserve de la circonstance où le membre de la famille a démontré qu’il n’est, en raison d’un handicap mental ou physique, durablement pas en mesure de se présenter à l’examen d’intégration civique, ce n’est qu’en cas de combinaison de circonstances individuelles très particulières permettant de supposer que le membre de la famille n’est durablement pas en mesure de satisfaire aux mesures d’intégration que la demande d’autorisation d’entrée et de séjour ne fera pas l’objet d’un rejet? 2) Compte tenu du critère de proportionnalité tel que défini dans le livre vert, l’objectif de la directive 2003/86 et, en particulier, son article 7, paragraphe 2, s’opposent-ils à ce que les frais afférents à l’examen ayant pour objet d’évaluer si le membre de la famille satisfait aux mesures d’intégration susmentionnées s’élèvent à un montant de 350 euros, dû à chaque présentation à l’examen, et à ce que le coût, dû une seule fois, du dossier de préparation à l’examen s’élève à 110 euros?» Sur les questions préjudicielles Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils réussissent un examen d’intégration civique, tel que celui en cause au principal, comprenant l’évaluation d’une connaissance élémentaire tant de la langue que de la société de l’État membre concerné et impliquant le paiement de différents frais, avant d’autoriser l’entrée et le séjour desdits ressortissants sur leur territoire aux fins du regroupement familial. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86, les États membres autorisent l’entrée et le séjour au conjoint du regroupant aux fins du regroupement familial, pour autant que les conditions visées au chapitre IV de cette directive, intitulé «Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial», sont respectées. La Cour a déjà reconnu que cette disposition impose aux États membres des obligations positives précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis, puisqu’elle leur impose, dans les hypothèses déterminées par ladite directive, d’autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant sans pouvoir exercer leur marge d’appréciation (arrêt Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117 , point 41). Parmi les conditions visées au chapitre IV de la directive 2003/86, l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de celle-ci prévoit que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2003/86 prévoit que, en ce qui concerne les réfugiés et/ou les membres de la famille de réfugiés, les mesures d’intégration visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial. Par conséquent, dans le cadre des regroupements familiaux autres que ceux relatifs aux réfugiés et aux membres de leur famille, l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86 ne s’oppose pas à ce que les États membres subordonnent l’octroi de l’autorisation d’entrée sur leur territoire aux membres de la famille du regroupant au respect par ceux-ci de certaines mesures préalables d’intégration. Toutefois, l’autorisation du regroupement familial étant la règle générale, l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86 doit être interprété de manière stricte. Par ailleurs, la marge de manœuvre reconnue aux États membres ne doit pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de cette directive, qui est de favoriser le regroupement familial, ainsi qu’à l’effet utile de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117 , point 43). À cet égard, conformément au principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, les moyens mis en œuvre par la réglementation nationale transposant l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86 doivent être aptes à réaliser les objectifs visés par cette réglementation et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir, par analogie, arrêt Commission/Pays-Bas, C‑508/10, EU:C:2012:243 , point 75). Ainsi, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86 ne vise que des mesures «d’intégration», force est de constater que les mesures que les États membres peuvent exiger sur le fondement de cette disposition ne peuvent être considérées comme légitimes que si elles permettent de faciliter l’intégration des membres de la famille du regroupant. Dans ce contexte, il ne saurait être contesté que l’acquisition de connaissances tant de la langue que de la société de l’État membre d’accueil facilite largement la communication entre les ressortissants de pays tiers et les ressortissants nationaux et, de surcroît, favorise l’interaction et le développement de rapports sociaux entre ceux-ci. Il ne saurait non plus être contesté que l’acquisition de la connaissance de la langue de l’État membre d’accueil rend moins difficile l’accès des ressortissants de pays tiers au marché du travail et à la formation professionnelle [voir, en ce qui concerne l’interprétation de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ( JO 2004, L 16, p. 44 ), arrêt P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369 , point 47)]. Dans cette perspective, l’obligation de réussir un examen d’intégration civique de niveau élémentaire permet d’assurer l’acquisition par les ressortissants de pays tiers concernés des connaissances qui s’avèrent incontestablement utiles pour établir des liens avec l’État membre d’accueil. En outre, compte tenu du niveau élémentaire des connaissances exigées pour réussir l’examen d’intégration civique en cause au principal, il y a lieu de considérer que, en principe, l’obligation de réussir un tel examen ne porte pas, en elle-même, atteinte à l’objectif du regroupement familial poursuivi par la directive 2003/86. Toutefois, le critère de proportionnalité exige, en tout état de cause, que les conditions d’application d’une telle obligation n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. Tel serait, notamment, le cas si l’application de ladite obligation empêchait de manière automatique le regroupement familial des membres de la famille du regroupant lorsque, tout en ayant échoué à l’examen d’intégration, ceux-ci ont apporté la preuve de leur volonté de réussir cet examen et des efforts qu’ils ont déployés à cette fin. En effet, les mesures d’intégration visées à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86 doivent avoir pour but non pas de sélectionner les personnes qui pourront exercer leur droit au regroupement familial, mais de faciliter l’intégration de ces dernières dans les États membres. En outre, des circonstances individuelles particulières, telles que l’âge, le niveau d’éducation, la situation financière ou l’état de santé des membres de la famille du regroupant concernés, doivent être prises en considération, en vue de dispenser ceux-ci de l’obligation de réussir un examen tel que celui en cause au principal, lorsque, en raison de ces circonstances, il s’avère que ces derniers ne sont pas en mesure de se présenter à cet examen ou de réussir celui-ci. S’il en était autrement, dans de telles circonstances, une telle obligation pourrait constituer un obstacle difficilement surmontable pour rendre effectif le droit au regroupement familial reconnu par la directive 2003/86. Cette interprétation est confortée par l’article 17 de la directive 2003/86, qui impose une individualisation de l’examen des demandes de regroupement. Or, en l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, sous réserve de la circonstance où le membre de la famille concerné démontre qu’il n’est, en raison d’un handicap mental ou physique, durablement pas en mesure de se présenter à l’examen d’intégration civique en cause au principal, ce n’est qu’en cas d’application de la clause d’équité prévue à l’article 3.71a, paragraphe 2, sous d), du Vb 2000 que la demande d’autorisation d’entrée et de séjour ne fera pas l’objet d’un rejet. Il ressort également de la décision de renvoi que ce n’est que si, par suite d’une combinaison de circonstances individuelles très particulières, le membre de la famille concerné n’est durablement pas en mesure de réussir ledit examen qu’il y a lieu d’appliquer ladite clause d’équité. Il apparaît ainsi que la clause d’équité prévue à l’article 3.71a, paragraphe 2, sous d), du Vb 2000 ne permet pas de dispenser, compte tenu des circonstances particulières propres à leur situation, les membres de la famille du regroupant concernés de l’obligation de réussir l’examen d’intégration civique dans tous les cas de figure où le maintien de cette obligation rendrait impossible ou excessivement difficile le regroupement familial. Enfin, s’agissant notamment des frais afférents à l’examen d’intégration civique en cause au principal, il convient de préciser que, s’il est loisible aux États membres d’exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils s’acquittent des frais afférents aux mesures d’intégration adoptées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86 ainsi que de fixer le montant de ces frais, il n’en demeure pas moins que, conformément au principe de proportionnalité, le niveau auquel lesdits frais sont fixés ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial, sous peine de porter atteinte à l’objectif poursuivi par la directive 2003/86 et de priver celle-ci de son effet utile. Tel serait notamment le cas si le montant des frais exigibles pour se présenter à l’examen d’intégration civique en cause au principal était excessif au regard de son incidence financière considérable sur les ressortissants de pays tiers concernés (voir, par analogie, arrêt Commission/Pays-Bas, C‑508/10, EU:C:2012:243 , point 74). À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, tant les frais d’inscription pour se présenter à l’examen d’intégration civique en cause au principal que les frais concernant la préparation de celui-ci sont à la charge des membres de la famille du regroupant concernés. Il convient de relever également que le coût du dossier de préparation à l’examen, qui est dû une seule fois, s’élève à 110 euros, et que le montant des frais d’inscription s’élève à 350 euros, les membres de la famille du regroupant concernés devant engager ces derniers frais chaque fois qu’ils se présentent audit examen. Il ressort également de la décision de renvoi que le membre de la famille du regroupant concerné qui ne s’est pas acquitté des frais d’inscription n’est pas admis à l’examen d’intégration civique en cause au principal. Dans ces conditions, ainsi que M me l’avocat général l’a relevé au point 53 de ses conclusions, force est de constater que le montant des frais afférents à l’examen d’intégration civique en cause au principal est de nature à rendre impossible ou excessivement difficile, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le regroupement familial. Il en est, a fortiori, ainsi dès lors que les frais d’inscription doivent être versés à chaque nouvelle présentation à cet examen et par chacun des membres de la famille du regroupant souhaitant rejoindre ce dernier dans l’État membre d’accueil, et que, à ces frais, s’ajoutent ceux que les membres de la famille du regroupant concernés doivent engager pour se rendre au siège de la représentation néerlandaise la plus proche pour se présenter audit examen. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils réussissent un examen d’intégration civique, tel que celui en cause au principal, comprenant l’évaluation d’une connaissance élémentaire tant de la langue que de la société de l’État membre concerné et impliquant le paiement de différents frais, avant d’autoriser l’entrée et le séjour desdits ressortissants sur leur territoire aux fins du regroupement familial, si les conditions d’application d’une telle obligation ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial. Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, ces conditions, en tant qu’elles ne permettent pas de tenir compte de circonstances particulières faisant objectivement obstacle à ce que les intéressés puissent réussir cet examen et en tant qu’elles fixent le montant des frais afférents à un tel examen à un niveau trop élevé, rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial. Sur les dépens La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: L’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils réussissent un examen d’intégration civique, tel que celui en cause au principal, comprenant l’évaluation d’une connaissance élémentaire tant de la langue que de la société de l’État membre concerné et impliquant le paiement de différents frais, avant d’autoriser l’entrée et le séjour desdits ressortissants sur leur territoire aux fins du regroupement familial, si les conditions d’application d’une telle obligation ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial. Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, ces conditions, en tant qu’elles ne permettent pas de tenir compte de circonstances particulières faisant objectivement obstacle à ce que les intéressés puissent réussir cet examen et en tant qu’elles fixent le montant des frais afférents à un tel examen à un niveau trop élevé, rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.

61994CJ0143

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Tuomion perustelut 1 Tribunale amministrativo regionale del Lazio on esittänyt 31.3.1994 tekemällään ja 24.5.1994 yhteisöjen tuomioistuimen saapuneella päätöksellä EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti ennakkoratkaisupyynnön julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/305/ETY (EYVL L 185, s. 5) 29 artiklan 5 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä heinäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/440/ETY (EYVL L 210, s. 1) 1 artiklan 20 kohdan nojalla, tulkinnasta. 2 Tämä kysymys on esitetty Furlanis costruzioni generali SpA -yhtiön (jäljempänä Furlanis) valitettua julkisen hankintaviranomaisen Azienda nazionale autonoma straden (jäljempänä ANAS) julkista rakennusurakkaa koskevassa rajoitetussa menettelyssä tekemän päätöksen johdosta. 3 Direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 89/440/ETY 1 artiklan 20 kohdalla, vahvistetaan menettely, jota on noudatettava julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten teossa sellaisten tarjousten osalta, jotka vaikuttavat sopimuksen kohteeseen nähden poikkeuksellisen edullisilta. Kyseisen säännöksen ensimmäisen alakohdan mukaan "Jos tiettyä sopimusta varten jätetyt tarjoukset vaikuttavat sopimuksen kohteeseen nähden poikkeuksellisen edullisilta, hankintaviranomaisen on, ennen kuin tarjous mahdollisesti hylätään, pyydettävä kirjallisesti tiedot olennaisiksi katsomistaan tarjouksen keskeisistä kohdista ja saamansa selvityksen perusteella tutkittava nämä keskeiset kohdat." 4 Kyseisen säännöksen viimeisessä alakohdassa on säädetty väliaikainen poikkeus tästä säännöstä, ja sen mukaan "Vuoden 1992 loppuun asti hankintaviranomaisella on kuitenkin oikeus, jos voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö sallii ja syrjimättä tarjoajia kansallisuuden perusteella, poikkeuksellisesti hylätä sopimuksen kohteeseen nähden poikkeuksellisen edulliset tarjoukset ilman, että niiden on noudatettava tämän artiklan ensimmäistä alakohtaa, jos edellä tarkoitettuja tarjouksia rakennusurakasta on niin monta, että menettelyn soveltaminen johtaisi päätöksen huomattavaan viivästymiseen ja vaarantaisi rakennusurakan toteuttamiseen liittyvän yleisen edun. Tämän poikkeusmenettelyn käyttämisestä on mainittava 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa." 5 Direktiivi 89/440/ETY on pantu täytäntöön Italian oikeusjärjestyksessä 19.12.1991 annetulla presidentin asetuksella nro 406/91. Tämän asetuksen 29 pykälän kuudennessa momentissa, jolla pannaan täytäntöön edellä mainittu poikkeussäännös, säädetään, että 31.12.1992 saakka "... hankintaviranomainen voi hylätä poikkeuksellisen edullisilta vaikuttavat tarjoukset noudattamatta säädettyä menettelyä ..., jos jätettyjen tarjousten lukumäärä on yli 30. Tiettyjen tarjousten hylkäämismahdollisuudesta ja korotusprosentista keskiarvoon nähden on mainittava tarjouspyyntöilmoituksessa." 6 Asiakirjoista ilmenee, että ANAS aloitti edellä mainitun presidentin asetuksen nro 406/91 perusteella rajoitetun menettelyn 28.9.1992 päivätyllä tarjouspyyntöilmoituksella, joka julkaistiin Italian tasavallan virallisessa lehdessä 2.10.1992 ja joka koski tarjouskilpailua Piceno-Aprutinan tien Ascoli Picenon ja Comunanzan välisen osuuden toisen osan toisen vaiheen rakennusurakan toteuttamiseksi 36 900 000 000 Italian liiran (ITL) enimmäishintaan. 7 Tarjouspyyntöilmoituksessa määrättiin, että sellaisia tarjouksia pidettäisiin kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla sopimuksen kohteeseen nähden poikkeuksellisen edullisina, joissa alennusprosentti (laskettuna urakkaa varten vahvistettuun perushintaan nähden) olisi seitsemän prosenttiyksikköä suurempi kuin menettelyyn hyväksyttyjen tarjousten alennusprosenttien keskiarvo. 8 Furlanis esitti osallistumishakemuksensa vaadittuine asiakirjoineen, ja sen perusteella se sai 12.12.1992 päivätyllä kirjeellä kutsun osallistua tarjouskilpailuun, joka oli tarkoitus ratkaista 4.2.1993. Tämän tarjouspyyntökirjeen perusteella Furlanis jätti tarjouksen. Hankintaviranomainen antoi 4.2.1993 urakan Edilvie-yhtiölle, josta myöhemmin tuli Itinera Co. Ge. SpA -yhtiö (jäljempänä Itinera). Furlanis suljettiin pois tarjouskilpailusta, koska sen tarjousta oli tarjouspyyntöilmoituksessa asetettujen ehtojen perusteella pidettävä poikkeuksellisen edullisena. 9 Furlanis riitautti Tribunale amministrativo regionale del Laziossa päätöksen antaa kyseinen urakka Edilvielle. Tässä tuomioistuimessa Furlanis on pääosin korostanut, että sekä yhteisön oikeuden säännöksen että italialaisen täytäntöönpanoasetuksen mukaan poikkeuksellisen edullisia tarjouksia varten säädetty poikkeusmenettely koski ainoastaan sellaisia tarjouskilpailuja, jotka oli ratkaistu ennen 31.12.1992, eikä pelkästään tarjouspyyntöilmoituksen julkaiseminen ennen tätä päivämäärää riitä sen soveltamiseksi. 10 Kansallinen tuomioistuin katsoo, että päivämäärä 31.12.1992 kyseisen poikkeussäännöksen viimeisenä soveltamispäivänä vaatii tulkintaa, ja on päättänyt lykätä asian ratkaisua sekä esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen: "Onko julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 71/305/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 89/440/ETY 1 artiklan 20 kohtaa tulkittava siten, että vuoden 1992 loppuun saakka voimassa oleva sopimuksen kohteeseen nähden poikkeuksellisen edullisten tarjousten käsittelyä koskeva poikkeusmenettely on sovellettavissa a) sellaiseen sopimuksentekomenettelyyn, joka on todellisuudessa viety päätökseen tämän ajanjakson aikana, vai b) sellaiseen sopimuksentekomenettelyyn, joka on aloitettu tämän ajanjakson aikana?" Tutkittavaksi ottaminen 11 Itinera katsoo, ettei ennakkoratkaisukysymys ole merkityksellinen asian kannalta ja että se näin ollen olisi jätettävä tutkimatta, koska kyseisen yhteisön oikeuden säännöksen tulkinnasta ei voi olla minkäänlaista epäselvyyttä. Sen yleisen periaatteen perusteella, jonka mukaan julkista hankintaa edeltävään menettelyyn sovellettavat säännöt määritetään menettelyn aloittavassa päätöksessä, voidaan Itineran mielestä itse asiassa katsoa, että päivämäärä 31.12.1992 koskee ainoastaan tarjouspyyntöilmoituksen julkaisemista. 12 On muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ainoastaan riita-asiaa käsittelevien ja tehtävästä oikeudellisesta ratkaisusta vastuun kantavien kansallisten tuomioistuinten on harkittava kuhunkin asiaan liittyvien erityispiirteiden kannalta, onko ennakkoratkaisukysymys tarpeellinen tuomion antamiseksi ja ovatko sen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämät kysymykset merkityksellisiä asian kannalta. Kansallisen tuomioistuimen esittämän pyynnön tutkimatta jättäminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun ilmenee selvästi, että pyydetyllä yhteisön oikeuden tulkinnalla ei ole mitään liittymäkohtaa pääasian tosiseikkoihin tai kohteeseen (ks. viimeksi tästä annettu tuomio asiassa C-62/93, Soupergaz, tuomio 6.7.1995, 10 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ei kuitenkaan ole tässä tapauksessa. 13 Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen on tutkittava kansallisen tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö. Ennakkoratkaisukysymys 14 Kansallinen tuomioistuin haluaa kysymyksellään pääasiallisesti saada tietää, onko direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdan viimeistä alakohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna, tulkittava siten, että siinä säädettyä poikkeusta voidaan soveltaa ainoastaan sellaisiin menettelyihin, joissa tarjouskilpailu on ratkaistu viimeistään 31.12.1992 vai koskeeko se kaikkia menettelyitä, joita koskeva tarjouspyyntöilmoitus oli julkaistu ennen tätä päivämäärää. 15 Itinera ja Italian hallitus väittävät, että kyseinen poikkeussäännös koskee myös menettelyitä, joita koskeva tarjouspyyntöilmoitus on julkaistu ennen 31.12.1992, vaikka tarjouskilpailua ei olisi vielä lopullisesti ratkaistu, koska sopimuksentekomenettelyn aineellista kulkua sääntelevät säännöt on määritelty tarjouspyyntöilmoituksessa, jossa hankintaviranomainen oikeudellisesti rajoittaa toimintavapauttaan. 16 Furlanis ja komissio korostavat sitä vastoin, että koska tarkasteltava säännös on poikkeussäännös, sitä on tulkittava suppeasti siten, että se koskee ainoastaan tarjouskilpailuita, jotka on ratkaistu ennen 31.12.1992. 17 Tästä on todettava, että kyseisen säännöksen sanamuodon mukaan hankintaviranomainen voi "hylätä" vuoden 1992 loppuun saakka sopimuksen kohteeseen nähden poikkeuksellisen edulliset tarjoukset. Tämän säännöksen sanamuoto tarkoittaa näin ollen päätöstä, jolla hankintaviranomainen päättää lopullisesti sille jätetyistä tarjouksista, eikä päätöstä, jolla tarjouskilpailu on aloitettu. 18 Tätä tulkintaa tukee se seikka, että kyseinen säännös sisältyy direktiivin lukuun, joka on otsikoitu "sopimuksen tekemisen perusteet" ja koskee tarjouskilpailumenettelyn viimeistä vaihetta. 19 On myös muita kuin säännöksen sanamuotoon liittyviä syitä, jotka tukevat sen suppeaa tulkintaa. 20 On korostettava, että yhteisöjen tuomioistuin on asiassa komissio vastaan Italia 10.3.1987 antamassaan tuomiossa (asia 199/85, Kok. 1987, s. 1039, 14 kohta) todennut, että sellaisia säännöksiä, joissa myönnetään poikkeuksia sellaisista direktiivin säännöistä, joiden tarkoituksena on taata perustamissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteutuminen julkisten rakennusurakoiden osalta, on tulkittava suppeasti. Tämä näkemys pätee myös kyseiseen säännökseen, jolla poiketaan väliaikaisesti yhteisön oikeudessa normaalisti säädetystä menettelystä. 21 Tarkasteltavan säännöksen suppeaa tulkintaa tukee myös se seikka, että kyseinen väliaikainen poikkeussäännös saatettiin voimaan, kuten komissio esitti, ainoastaan yhden jäsenvaltion toivomuksesta, sen sisäisessä järjestyksessä aiheutuneiden erityisten vaikeuksien vuoksi. 22 Näin ollen esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdan viimeistä alakohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin 89/440/ETY 1 artiklan 20 kohdalla, on tulkittava siten, että siinä säädettyä poikkeusmenettelyä voidaan soveltaa ainoastaan sellaisissa menettelyissä, joissa tarjouskilpailu on lopullisesti ratkaistu viimeistään 31.12.1992. Päätökset oikeudenkäyntikuluista Oikeudenkäyntikulut 23 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Italian hallitukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Päätöksen päätösosa Näillä perusteilla YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto) on ratkaissut Tribunale amministrativo regionale del Lazion 31.3.1994 tekemällä päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti: Julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/305/ETY 29 artiklan 5 kohdan viimeistä alakohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä heinäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/440/ETY 1 artiklan 20 kohdalla, on tulkittava siten, että siinä säädettyä poikkeusmenettelyä voidaan käyttää ainoastaan sellaisissa menettelyissä, joissa tarjouskilpailu on lopullisesti ratkaistu viimeistään 31.12.1992.

62001TJ0237

sv

Domskäl Tillämpliga bestämmelser 1 I artikel 51 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, föreskrivs följande: "1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt: a) om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 5 eller artikel 7, eller b) om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. 2. Om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7.1 b), c) eller d), får det ändå inte förklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess användning, har uppnått särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat. 3. Om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, skall varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster." 2 I artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 föreskrivs att varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning inte får registreras. 3 Enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 skall artikel 7.1 b-c i denna förordning inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering. Bakgrund till tvisten 4 Den 1 april 1996 ingav Alcon Pharmaceuticals Ltd med stöd av förordning nr 40/94 en ansökan om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån). 5 Det varumärke som registreringsansökan avsåg är uttrycket BSS. 6 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 5 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila lösningar för ögonkirurgi." 7 Varumärket registrerades den 7 augusti 1998 och offentliggjordes den 19 oktober 1998. 8 I skrivelse av den 27 september 1999 begärde Alcon Universal Ltd (nedan kallad sökanden) att harmoniseringsbyrån skulle registrera detta företags övertagande av gemenskapsvarumärket i fråga. Den 29 november 1999 registrerade harmoniseringsbyrån överföringen av nämnda varumärke till sökanden. 9 Den 7 december 1998 ingav intervenienten en ansökan om att gemenskapsvarumärket skulle ogiltigförklaras med stöd av artikel 51.1 i förordning nr 40/94. De skäl som anfördes var de som anges i artikel 7 i förordning nr 40/94. 10 I beslut av den 15 december 1999 ogiltigförklarade annulleringsenheten gemenskapsvarumärket BSS med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 med motiveringen att detta varumärke bestod av ett kännetecken vilket i det dagliga språkbruket kommit att bli en sedvanlig beteckning i den mening som avses i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94. Annulleringsenheten ansåg vidare att sökanden inte hade visat att kännetecknet hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94. 11 Den 15 februari 2000 överklagades annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån, i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94. 12 Överklagandet avslogs av första överklagandenämnden i beslut av den 13 juli 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), vilket delgavs sökanden den 18 juli 2001. 13 Överklagandenämnden ansåg att annulleringsenhetens beslut var välgrundat. Den noterade att uttrycket BSS på både tyska och engelska används i det dagliga språkbruket för att beteckna oftalmologiska farmaceutiska preparat. Vad gäller artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94 ansåg överklagandenämnden vidare att de bevis som sökanden förebringat inte styrkte att kännetecknet hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Förfarande och parternas yrkanden 14 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 september 2001 väckte sökanden förevarande talan. Den 28 januari 2002 inkom harmoniseringsbyrån med sitt svaromål. Intervenienten ingav en svarsinlaga den 1 februari 2002. Sökanden ingav en replik den 12 april 2002. Harmoniseringsbyrån ingav en duplik den 14 juni 2002. Intervenienten ingav en duplik den 1 juli 2002. 15 I ett meddelande av den 19 november 2002 underrättade sökanden förstainstansrätten om att bolaget ändrat firma från och med den 21 december 2001. 16 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall - ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, - förplikta harmoniseringsbyrån att avslå ansökan om ogiltigförklaring av varumärket, och - besluta om rättegångskostnaderna. 17 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall - ogilla talan, och - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. 18 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall - ogilla talan, och - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna. 19 Vid förhandlingen återkallade sökanden sitt andra yrkande om att förstainstansrätten skulle förplikta harmoniseringsbyrån att avslå ansökan om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket. Rättslig bedömning 20 Sökanden har till stöd för sin talan anfört en grund som avser att artikel 51.1 a och 51.2 i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Parternas argument 21 Sökanden har gjort gällande att den vid harmoniseringsbyråns annulleringsenhet har styrkt att den år 1959 var först med att använda uttrycket BSS som varumärke och att den har vidtagit åtgärder för att bevara detta varumärkes särskiljningsförmåga och att den fortsätter att vidta sådana åtgärder. 22 I detta hänseende anser sökanden att överklagandenämnden inte i tillräcklig mån har beaktat de åtgärder som sökanden har vidtagit för att bevaka tredje mans användning av uttrycket BSS. Sökanden har särskilt framhållit att den har deltagit i åtgärder som syftar till att begränsa bolagen Ciba Visions och Pharmacia & Upjohns användning av orden IOCARE BSS respektive PHARMACIA & UPJOHN BSS. Sökanden anser vidare att överklagandenämnden felaktigt har underkänt varumärkesinnehavarens behörighet att använda varumärket i kombination med ett annat varumärke utan att dess särskiljningsförmåga påverkas. 23 I replikinlagan har sökanden åberopat ett flertal handlingar, bland annat kopior av utdrag ur farmaceutiska ordböcker, en uppdatering av sin "bevakningsförteckning avseende BSS" som ingivits till överklagandenämnden den 17 april 2000, 18 intyg från personer verksamma inom det medicinska området i Frankrike, Finland, Grekland, Belgien och Nederländerna som intygar att varumärket BSS har särskiljningsförmåga, en förteckning över datum när produkter med varumärket BSS släpptes för första gången i olika europeiska länder efter att de först hade släppts i Förenta Staterna samt upplysningar om registreringsvillkoren för ordmärket BSS i Förenade kungariket och Tyskland. 24 Harmoniseringsbyrån anser att det var med rätta som överklagandenämnden, mot bakgrund av annulleringsenhetens konstaterande att uttrycket BSS utgör ett generiskt uttryck för de produkter som omfattas av varumärket i fråga, fastställde att gemenskapsvarumärket BSS är ogiltigt. 25 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden med rätta bedömde att uttrycket BSS vid den tidpunkt då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket BSS ingavs av sökanden, åtminstone i en del av Europeiska unionen, användes som en beteckning för "balanserad saltlösning" ("Balanced Salt Solution") och att det således var omöjligt att särskilja ett företags varor från andra företags varor på grundval av uttrycket i fråga. Detta bekräftas enligt harmoniseringsbyrån av de sju utdrag ur specialiserade tekniska ordböcker och vetenskapliga publikationer på tyska och engelska inom området oftalmologi samt från ett flertal webplatser på internet som har granskats av överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet. 26 Harmoniseringsbyrån anser att sökandens argument att det är sökanden som har skapat uttrycken "Balanced Salt Solution" och "BSS" saknar relevans i förevarande fall. 27 Vidare anser harmoniseringsbyrån att sökandens argument, att överklagandenämnden inte i tillräcklig mån har beaktat de äldre nationella registreringarna av uttrycket BSS eller sådana registreringar som innehåller nämnda uttryck, saknar grund med hänsyn till att dessa registreringar, enligt förstainstansrättens fasta rättspraxis, inte är bindande för harmoniseringsbyrån och att de för övrigt inte överensstämmer med det varumärke som tvisten avser. 28 Vad gäller den särskiljningsförmåga som har förvärvats till följd av användningen av varumärket BSS, anser harmoniseringsbyrån att sökanden varken vid annulleringsenheten eller vid överklagandenämnden har visat att det föreligger en sådan särskiljningsförmåga. 29 I duplikinlagan har harmoniseringsbyrån slutligen gjort gällande att de handlingar som sökanden åberopade för första gången i replikinlagan till förstainstansrätten, inte kan prövas i enlighet med artikel 48.1 i förstainstansrättens rättegångsregler, eftersom de har åberopats sent och det ej angivits några skäl för detta. 30 Intervenienten anser att de handlingar som sökanden har åberopat vid harmoniseringsbyrån inte räcker för att bibehålla registreringen av gemenskapsvarumärket BSS. Enligt intervenienten används uttrycket BSS av ett flertal tillverkare som ett generiskt eller beskrivande uttryck för att beteckna balanserad saltlösning och sökanden har inte visat att den har vidtagit åtgärder för att förbjuda konkurrenternas användning av uttrycket BSS. I detta avseende anser intervenienten att "bevakningsförteckningen avseende BSS" som sökanden har åberopat saknar relevans, eftersom den endast upptar en tvist angående detta varumärke och, i gengäld, inte nämner bolagen Ciba Visions och Pharmacia & Upjohns användning av uttrycken IOCARE BSS respektive PHARMACIA & UPJOHN BSS i Tyskland. 31 Intervenienten anser att sökandens egen användning av uttrycket BSS tillsammans med andra uttryck reser frågetecken kring huruvida denna användning kan medföra att endast en beståndsdel av kännetecknet förvärvar särskiljningsförmåga. 32 Till duplikinlagan har intervenienten fogat ytterligare handlingar i syfte att visa att varumärket BSS är av generisk och beskrivande karaktär. Förstainstansrättens bedömning 33 I förevarande talan har sökanden ifrågasatt ett beslut av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd att avslå sökandens överklagande av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns annulleringsenhet, i vilket den på yrkande av intervenienten ogiltigförklarade gemenskapsvarumärket BSS, som registrerats för "oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila lösningar för ögonkirurgi". 34 Härvid skall det först undersökas huruvida det var riktigt av överklagandenämnden att anse att gemenskapsvarumärket BSS i enlighet med artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 inte skulle ha registrerats på grund av att det för varumärket i fråga förelåg absoluta registreringshinder, och om så visar sig vara fallet, skall det därefter undersökas huruvida det var med rätta som överklagandenämnden konstaterade att varumärket i fråga inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94. 35 Det kan för det första konstateras att annulleringsenhetens beslut grundas på en tillämpning i förevarande fall av artikel 7.1 d i förordning nr 40/94, enligt vilken varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning inte får registreras. Prövningen av huruvida det ifrågasatta beslutet, genom vilket annulleringsenhetens beslut fastställdes, var lagenligt skall således göras på grundval av samma rättsliga grund. 36 Inledningsvis konstateras att det inte finns någon praxis från gemenskapsdomstolarna angående tillämpningen av denna bestämmelse. Domstolen har emellertid prövat en fråga angående tolkningen av artikel 3.1 d i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vars innehåll i huvudsak är identiskt med det i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94 (domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959). 37 Enligt domstolen skall artikel 3.1 d i direktiv 89/104 tolkas så att den endast utgör hinder för att registrera ett varumärke om de tecken eller upplysningar som varumärket uteslutande består av, i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning för att beskriva de varor eller tjänster för vilka varumärket har anmälts för registrering (domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 31). Det skall således framhållas att bedömningen av huruvida ett varumärke utgör en sedvanlig beteckning endast kan göras dels i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av varumärket, trots att det i bestämmelsen i fråga inte uttryckligen hänvisas till sådana varor och tjänster, dels i förhållande till hur målgruppen uppfattar varumärket. 38 Vad gäller målgruppen skall det konstateras att frågan huruvida ett kännetecken utgör en sedvanlig beteckning skall bedömas med beaktande av de förväntningar som den berörda produktkategorins genomsnittskonsument, som förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 47). 39 Domstolen har vidare ansett att även om det är uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för artikel 3.1 c och artikel 3.1 d i direktiv 89/104 överlappar varandra, grundas en vägran att registrera de varumärken som avses i den senare bestämmelsen inte på varumärkenas beskrivande karaktär, utan på det gällande bruket i de handelskretsar till vilka handeln med de varor och tjänster för vilka nämnda varumärken har anmälts för registrering hör (domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 35). 40 Domstolen underströk slutligen att tecken eller upplysningar som utgör ett varumärke och som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk har kommit att bli en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster som avses med varumärket inte kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster, och de fyller följaktligen inte varumärkets grundläggande funktion, såvida inte det bruk som har gjorts av tecknen eller upplysningarna har medfört att de har förvärvat särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 3.3 i direktiv 89/104 (domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 37). 41 I det förevarande fallet skall det noteras att varumärket i fråga hade registrerats för "oftalmiska farmaceutiska preparat; sterila lösningar för ögonkirurgi" och att frågan huruvida uttrycket BSS utgör en sedvanlig beteckning således skall undersökas i förhållande till dessa produkter. 42 Mot bakgrund av den avsedda användningen för de produkter som omfattas av varumärket i fråga består målgruppen av en specialiserad målgrupp inom det medicinska området, särskilt ögonspecialister och ögonkirurger. Mot bakgrund av de kunskaper som läkare och apotekare inom Europeiska unionen har beträffande engelska vetenskapliga termer, såsom det tekniska språk som används på området, får det dessutom anses att den relevanta målgruppen består av ögonspecialister och ögonkirurger i hela Europeiska unionen. 43 De bevis som intervenienten förebringat vid harmoniseringsbyrån för att uttrycket BSS skall anses utgöra en sedvanlig beteckning i förhållande till en målgrupp som är specialiserad inom oftalmologi, visar att detta uttryck har blivit en vanlig generisk beteckning för balanserad saltlösning (Balanced Salt Solution). Det skall nämligen noteras att de ordböcker i kemiska, medicinska och farmaceutiska termer samt de vetenskapliga artiklar som har åberopats av intervenienten styrker att uttrycket BSS utgör en generisk term för dem som är verksamma inom detta vetenskapliga område. 44 Det kan således konstateras, i enlighet med vad som har framhållits av överklagandenämnden i punkt 17 i det ifrågasatta beslutet, att i de ordböcker som intervenienten har förebringat vid annulleringsenheten, nämligen (Dictionary of Chemistry and Chemical Technology av Helmut Gross, Elsevier 1989, Lexicon medizinischwissenschaftlicher Abkürzungen av Dr Rolf Heister, F.K. Schattauer Verlag 1985, Medical and Pharmaceutical Dictionary av Werner. E. Bunjes, Georg Thieme Verlag 1981, MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations av Betty Hamilton och Barbara Guidos, Neal Schuman Publishers, Inc. 1984 och Abbreviations av Ralph De Sola, Elsevier 1986) samt i de artiklar som har åberopats vid överklagandenämnden, och bland vilka överklagandenämnden har nämnt de som publicerats av Winterlude (utgåva 1995) och New England Eye Center (utgåva 1996), nämns uttrycket BSS som en generisk benämning på produkten Balanced Salt Solution eller Buffered Saline Solution. 45 Det kan även noteras att 1997, 1998 och 1999 års utgåvor av Rote Liste (tysk medicinsk handbok) som intervenienten förebringat vid annulleringsenheten samt utgåvan för år 2000 som förebringats vid överklagandenämnden visar att andra bolag än sökanden saluför oftalmologiska produkter med beteckningar som innehåller uttrycket BSS. Exempelvis nämns i 1999 års utgåva bolaget Ciba Visions användning av beteckningen IOCARE BSS, bolaget Pharmacia & Upjohns användning av beteckningen PHARMACIA & UPJOHN BSS och bolaget Serag-Wiessners användning av beteckningen Serag Ophtal BSS. 46 Överklagandenämnden ansåg, i punkt 19 i det ifrågasatta beslutet, följaktligen med rätta att de bevis som åberopats av intervenienten vid harmoniseringsbyrån räckte för att styrka att termen BSS, vid den tidpunkt då sökanden ingav registreringsansökan för varumärket BSS, hade kommit att bli en sedvanlig beteckning inom specialistområdet i form av en generisk benämning på "sterila lösningar för ögonkirurgi". Det kan vidare konstateras att sökanden vid harmoniseringsbyrån inte har åberopat några bevis som styrker att varumärket BSS inte omfattas av tillämpningsområdet för de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 d i förordning nr 40/94. 47 Vad gäller sökandens påstående att den har visat att den år 1959 var det första bolag att använda uttrycket BSS som varumärke, anser förstainstansrätten att denna omständighet inte är ett bevis för att varumärket i fråga under de 37 år som gått inte har blivit en sedvanlig beteckning på grund av dess användning som generisk beteckning inom det oftalmologiska området. 48 Ett kännetecken som vid en viss tidpunkt hade kunnat utgöra ett varumärke, kan nämligen på grund av tredje mans användning av detta som sedvanlig benämning på en produkt förlora sin förmåga att uppfylla varumärkets funktion, särskilt den att identifiera varans kommersiella ursprung, för att därigenom möjliggöra för de konsumenter som köper den vara som varumärket avser att träffa samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE), REG 2002, s. II-705, punkt 26). 49 För det andra måste det undersökas huruvida sökanden vid harmoniseringsbyrån har bevisat att varumärket BSS hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i fråga om de produkter för vilka det är registrerat. 50 Enligt domstolens rättspraxis kan vid bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som har förvärvats till följd av användning, hänsyn bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som till följd av varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag samt yttranden från handelskammare eller branschorganisationer. Om det på grundval av sådana uppgifter fastslås att den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, till följd av varumärket kan identifiera varan såsom härrörande från ett visst företag, skall villkoret i artikel 3.3 i direktiv 89/104 - och genom en analogisk tillämpning även villkoret i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 - för registrering av varumärket anses vara uppfyllt (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkterna 51 och 52, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, REG 2002, s. I-5475, punkterna 60 och 61). 51 Ett varumärkes särskiljningsförmåga, inbegripet särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning, skall bedömas med avseende på de produkter som ansökan om registrering omfattar och med beaktande av den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den berörda kategorin produkter eller tjänster kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 59 och 63). 52 Vad gäller frågan om vilken omfattning användningen måste ha för att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, har förstainstansrätten ansett att det måste visas att varumärket till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i den väsentliga del av gemenskapen där sådan förmåga saknas enligt artikel 7.1 b-d i denna förordning (förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkt 27). 53 I det förevarande fallet skulle sökanden vid harmoniseringsbyrån visa att dess varumärke, antingen före ingivandet av registreringsansökan för varumärket den 1 april 1996 eller under tiden från dagen för registrering den 7 augusti 1998 till dagen för ansökan om ogiltigförklaring den 7 december 1998, i hela eller i en väsentlig del av Europeiska unionen hade förvärvat särskiljningsförmåga. 54 Sökanden anser att överklagandenämnden inte i tillräcklig mån har beaktat de åtgärder som den har vidtagit, och fortsätter att vidta, för att bevara särskiljningsförmågan hos varumärket BSS. Harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att de bevis som sökanden har åberopat vid harmoniseringsbyrån inte räcker för att bibehålla registreringen av detta varumärke. 55 Förstainstansrätten anser att frågan huruvida ett uttryck, som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk utgör en sedvanlig beteckning, har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning bland annat beror på målgruppens uppfattning av detta begrepp, det vill säga om den uppfattar det som en generisk benämning på den ifrågavarande produkten eller som ett särskiljande kännetecken från ett specifikt företag. Innehavarens åtgärder beaktas således i den mån de har lett till objektiva resultat såvitt avser den berörda målgruppens uppfattning av uttrycket i fråga. 56 Bland de handlingar som sökanden har åberopat vid annulleringsenheten, och därefter vid överklagandenämnden, för att visa att varumärket BSS hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, har sökanden åberopat en "bevakningsförteckning avseende BSS" och avtal som sökanden har ingått med tredje man vilka har till syfte att visa förekomsten av ett program för att kontrollera tredje mans användning av detta varumärke, särskilt i Förenta staterna, Italien, Tyskland och Förenade kungariket. Inte desto mindre är verkan av detta program och dess resultat vad gäller påverkan av målgruppen inte kända. 57 Den omständigheten att sökanden har vidtagit åtgärder för att säkerställa att varumärket i fråga behåller sin särskiljningsförmåga räcker nämligen inte för att bevisa att nämnda varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i fråga om de varor som registreringen omfattar, förutsatt att dessa åtgärder inte har lett till att målgruppen har uppmärksammats på att uttrycket BSS är ett varumärke. Det kan härvid konstateras att "bevakningsförteckningen avseende BSS" enbart är en anvisning om sökandens avsikt att undvika att konkurrenter använder varumärket BSS, men den visar inte att målgruppen uppfattar uttrycket BSS som ett varumärke och bevisar således inte att uttrycket BSS inte längre är en sedvanlig benämning inom det oftalmologiska området. 58 Det kan slutligen konstateras att sökandens argument, avseende uppgifter om omsättning och investeringar som gjorts i form av reklam samt de handlingar som den har åberopat vid harmoniseringsbyrån, bland annat nationella registreringsbevis avseende varumärken innehållande uttrycket BSS och prospekt avseende produkterna ALCON BSS och BSS PLUS, inte mer än de tidigare undersökta argumenten och handlingarna visar att varumärket BSS skulle ha särskiljningsförmåga. Sökanden har för övrigt inte i ansökan anfört något argument angående dessa handlingars bevisvärde. 59 Vad gäller sökandens argument avseende en varumärkesinnehavares rätt att använda ett varumärke i kombination med andra kännetecken utan att det påverkar dess särskiljningsförmåga, skall det framhållas att det saknar betydelse för bedömningen av om varumärket BSS har förvärvat särskiljningsförmåga. Det komplexa system som används för att identifiera de produkter som sökanden saluför (ALCON BSS, BSS PLUS eller ALCON BSS PLUS) skulle även kunna utgöra ett tecken på att sökanden själv anser att varumärket BSS inte har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna användas utan tillägg av någon annan beståndsdel för att identifiera produkten. 60 Förstainstansrätten anser således att det var med rätta som överklagandenämnden konstaterade att sökanden inte hade visat att dess varumärke hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94. 61 De handlingar som har bifogats ansökan, sökandens duplik och intervenientens replik, och som inte har prövats av överklagandenämnden eftersom de åberopades för första gången vid förstainstansrätten, kan inte beaktas med hänsyn till att talan vid förstainstansrätten syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, pröva lagenligheten av de beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder fattar. 62 Eftersom det inte är förstainstansrättens uppgift att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som för första gången har förebringats vid denna, prövar förstainstansrätten under dessa förhållanden inte de handlingar som sökanden och intervenienten har åberopat för första gången vid denna utan att det därvid är nödvändigt att undersöka deras bevisvärde. 63 Av ovanstående överväganden följer att det var med rätta som överklagandenämnden ansåg att varumärket BSS i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk hade kommit att bli en sedvanlig beteckning och att sökanden inte vid harmoniseringsbyrån hade visat att varumärket i fråga om de produkter för vilka det hade registrerats hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av dess användning. 64 Talan skall följaktligen lämnas utan bifall. Beslut om rättegångskostnader Rättegångskostnader 65 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas. Domslut På dessa grunder beslutar FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen) följande dom: 1) Talan ogillas. 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

62014TJ0051

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Pravni okvir Uredbe br. 1234/2007 i br. 445/2007 Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT‑u) ( SL L 299, str. 1 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 9., str. 61.) provela je spajanje sve 21 zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta za svaki proizvod ili skupinu proizvoda na koje su se prije toga primjenjivale mnoge različite osnovne uredbe kao i uredbe Vijeća koje su ih nadopunjavale. Kad je riječ o mlijeku, mliječnim proizvodima i mastima, usvojeno je više pravnih instrumenata radi uređenja njihovog stavljanja na tržište i njihovog označivanja kao što je Uredba Vijeća (EZ) br. 2991/94 od 5. prosinca 1994. o utvrđivanju standarda za mazive masti ( SL L 316, str. 2 .). Uredba br. 1234/2007, koja je stavila izvan snage i zamijenila, među ostalim, Uredbu br. 2991/94, preuzevši pritom sve njezine odredbe, ima za cilj, kako osobito proizlazi iz njezine uvodne izjave 51., ujednačiti uporabu trgovačkih oznaka s ciljem očuvanja tržišnog natjecanja i zaštite potrošača (presuda od 18. listopada 2012., Komisija/Češka Republika, C‑37/11, Zb., u daljnjem tekstu: presuda C‑37/11, EU:C:2012:640 , t. 2. i 61.). Članak 115. Uredbe br. 1234/2007 tako, upućujući na svoj Prilog XV., određuje tržišne standarde za masti primjenjive na proizvode s masenim udjelom masti od najmanje 10%, ali ne više od 90%, koji su namijenjeni za prehranu ljudi. Dodatak Prilogu XV. Uredbi br. 1234/2007, na koji upućuje članak 115. te uredbe, propisuje da je prodajna oznaka „maslac“ namijenjena za „proizvod[u] čiji udio mliječne masti iznosi najmanje 80%, a najviše 90%, udio vode najviše 16% te udio bezmasne suhe tvari mlijeka najviše 2%“. Odstupanja od te uredbe utvrđena su u točki I. stavku 2. podstavku 3. tog priloga i odnose se na: a) oznaku proizvoda čija su svojstva jasno razvidna na temelju tradicionalne uporabe i/ili kada se oznake jasno upotrebljavaju za opis značajke svojstvene proizvodu; b) koncentrirane proizvode (maslac, margarin, mješavine) čiji je sadržaj masti 90% ili više. Proizvodi čiji udio mliječne masti iznosi najviše 80% i udio vode najmanje 16% moraju imati jedan od naziva navedenih u dijelu A Dodatka Prilogu XV. Uredbi br. 1234/2007. Točka 4. dijela A tog Dodatka predviđa dakle da proizvodi čiji udio mliječne masti iznosi najviše 39% odnosno najmanje 41%, ali manje od 60% odnosno najmanje 62%, ali najviše 80%, trebaju sadržavati izraz „mliječni namaz X %“. Članak 121. točka (c) podtočka i. Uredbe br. 1234/2007 ovlašćuje Europsku komisiju da odredi podrobna pravila za odstupanje od pravila propisanih tom uredbom i, osobito, da uspostavi popis proizvoda na koje se, temeljem popisa koje Komisiji pošalju države članice, primjenjuju ta odstupanja. Uredba Komisije (EZ) br. 445/2007 od 23. travnja 2007. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2991/94 i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1898/87 o zaštiti oznaka koje se upotrebljavaju pri stavljanju mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište ( SL L 106, str. 24 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 39., str. 186.), kojom je zamijenjena Uredba Komisije (EZ) br. 577/97 od 1. travnja 1997. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2991/94 i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1898/87 o zaštiti oznaka koje se upotrebljavaju pri stavljanju mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište ( SL L 87, str. 3 .), obuhvaća, u Prilogu I., popis proizvoda na koje se primjenjuju odstupanja predviđena u točki I. stavku 2. podstavku 3. pod (a) Priloga XV. Uredbi br. 1234/2007. Sukladno uvodnoj izjavi 4. Uredbe br. 445/2007 taj popis je sveobuhvatan, na što je Sud podsjetio u presudi C‑37/11, točka 2. supra ( EU:C:2012:640 , t. 59.). Uredbe br. 509/2006 i br. 1151/2012 Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2006 od 20. ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima ( SL L 93, str. 1 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 3., str. 185.) uspostavila je registar garantirano tradicionalnih specijaliteta koji omogućuje registraciju poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda proizvedenih uporabom tradicionalnih sirovina ili koji su proizvedeni ili prerađeni na način koji odgovara tradicionalnoj vrsti proizvodnje ili prerade. Uredba br. 509/2006 je 3. siječnja 2013. stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode ( SL L 343, str. 1 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.). Cilj te nove uredbe bio je, s jedne strane, ujediniti različite tekstove koji su se odnosili na kvalitetu poljoprivrednih proizvoda (uvodne izjave 10. do 13.) i, s druge strane, poboljšati, pojasniti i pooštriti odredbe Uredbe br. 509/2006 da bi sustav zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (u daljnjem tekstu: ZTS) postao privlačniji potencijalnim podnositeljima zahtjeva, s obzirom na to da je bilo registrirano samo nekoliko naziva (uvodna izjava 34.). Uredba br. 1151/2012 uspostavlja, u skladu sa svojim člankom 1. stavkom 2., sustave kvalitete koji služe kao temelj za označivanje te, prema potrebi, zaštitu naziva i izraza koji, točnije, navode ili opisuju poljoprivredne proizvode s obilježjima proizvoda s dodanom vrijednošću ili svojstvima s dodanom vrijednošću koja je posljedica poljoprivrednih metoda ili metoda prerade koje se koriste prilikom njihove proizvodnje ili mjesta njihove proizvodnje ili stavljanja na tržište. Ta uredba objedinjuje tri različita sustava kvalitete: zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, ZTS i neobavezne izraze o kvaliteti. Članak 2. stavak 3. Uredbe br. 1151/2012 propisuje da se „ova Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje određene odredbe Unije vezane uz stavljanje proizvoda na tržište te, posebno uz jedinstvenu zajedničku organizaciju tržišta, te označivanje hrane“. U skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe br. 1151/2012, naziv je prihvatljiv da ga se registrira kao ZTS kada opisuje specifičan proizvod ili hranu koja je posljedica načina proizvodnje, prerade ili sastava koji odgovara tradicionalnom postupku za taj proizvod ili hranu ili koji se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste. Članak 18. stavak 2. spomenute uredbe nadalje propisuje da, kako bi se naziv registriralo kao zajamčeno tradicionalni specijalitet, on mora biti tradicionalno korišten za označivanje specifičnog proizvoda ili mora opisivati tradicionalna ili specifična svojstva proizvoda. Registracija naziva proizvoda ili prehrambenog proizvoda kao ZTS‑a treba, u tu svrhu, ispuniti uvjete koje je postavila ta uredba i, osobito, biti u skladu sa specifikacijom proizvoda definiranom u članku 19. iste uredbe. Registracija pruža navedenim nazivima zaštitu definiranu u člancima 23. i 24. predmetne uredbe. Članci 49. do 52. Uredbe br. 1151/2012 uspostavljaju postupak registracije koji omogućuje skupinama koje rade s predmetnim proizvodima odnosno fizičkim ili pravnim osobama koje ispunjavaju određene uvjete podnošenje zahtjeva za registraciju ZTS‑a državi članici u kojoj skupina ima sjedište. Država članica provjerava opravdanost zahtjeva i, prema potrebi, podnosi Komisiji spis zahtjeva. Kada Komisija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju ZTS‑a, ona donosi provedbene akte kojima se odbija zahtjev. Okolnosti spora Dana 22. prosinca 2010. Češka Republika podnijela je Komisiji zahtjev za upis oznake „pomazánkové máslo“ (mazivi maslac) u Registar ZTS‑a na temelju odredaba Uredbe br. 509/2006. Dana 1. travnja 2011. Komisija je obavijestila Češku Republiku da je dovršila ispitivanje predviđeno člankom 8. stavkom 1. Uredbe br. 509/2006 i da je zaključila da zahtjev nije ispunjavao uvjete određene tom uredbom, a osobito uvjete navedene u članku 4. stavku 3. točki (b) te uredbe prema kojima se ne može registrirati naziv koji izražava posebna svojstva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda „ako je zbunjujući, čiji je poseban primjer upućivanje na svojstvo takvo da ne odgovara specifikaciji pa stoga može navesti potrošača na pogrešno mišljenje o karakteristikama proizvoda“. Komisija je stoga smatrala da je naziv „pomazánkové máslo“, koji je sadržavao pojam „máslo“ (maslac), zbunjujući za potrošača s obzirom na to da je sugerirao da proizvod ima karakteristike koje on nije imao. Naime, udio masti proizvoda nije bio, prema mišljenju Komisije, u skladu sa zahtjevima definiranim Uredbom br. 1234/2007. Dana 30. svibnja 2011. Češka Republika je odgovorila Komisiji da provodi pravnu analizu Komisijinog stajališta s obzirom na postupak pred Sudom u predmetu u kojem je donesena presuda C‑37/11 iz točke 2. supra ( EU:C:2012:640 ). Naime, Češka Republika je od Komisije dvaput zatražila, 18. lipnja 2004. i 14. ožujka 2007., da na proizvod „pomazánkové máslo“ primijeni izuzeće predviđeno u članku 2. stavku 2. podstavku 3. prvoj alineji Uredbe br. 2991/94 (izuzeće u točki I. stavku 2. podstavku 3. točki (a) Priloga XV. Uredbi br. 1234/2007), ali Komisija je, dopisima od 23. rujna 2005. i 27. kolovoza 2007., odbila odobriti te zahtjeve. Budući da Češka Republika nije izmijenila svoje zakonodavstvo, Komisija joj je 6. lipnja 2008. uputila pismo opomene. Dana 3. studenoga 2009. Komisija joj je uputila obrazloženo mišljenje, a zatim je 25. siječnja 2011. Komisija pred Sudom Europske unije pokrenula postupak zbog povrede obveze. Presudom C‑37/11 iz točke 2. supra ( EU:C:2012:640 ) Sud je smatrao da je odobrenjem prodaje „pomazánkové máslo“ pod nazivom „máslo“, premda je udio mliječne masti tog proizvoda iznosio najviše 80%, a udjeli vode i bezmasne suhe tvari mlijeka najmanje 16% odnosno 2%, Češka Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 115. Uredbe br. 1234/2007, u vezi s točkom I. stavkom 2. podstavcima 1. i 2. Priloga XV. toj uredbi kao i s dijelom A točkama 1. i 4. Dodatka tom prilogu. Dopisom od 23. listopada 2012. Češka Republika je izjavila Komisiji da smatra da ništa ne sprečava nastavak postupka upisa naziva „pomazánkové máslo“ u Registar ZTS‑a i da je nacionalno istraživanje utvrdilo da češki proizvođači tu oznaku nisu smatrali zbunjujućom. Uredbom br. 1151/2012, koja je stupila na snagu 3. siječnja 2013., stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba br. 509/2006. Dana 14. svibnja 2013. Češka Republika obavijestila je Komisiju da je, nakon presude C‑37/11 iz točke 2. supra ( EU:C:2012:640 ), započela zakonodavni postupak koji bi trebao dovesti do zamjene prodajne oznake „pomazánkové máslo“ oznakom „tradiční pomazánkové“ (tradicionalni namaz) koja sadržava izraz „mléčná pomazánka 34%“ (mliječni namaz 34%). Dana 2. srpnja 2013. Komisija je obavijestila Češku Republiku da, na temelju ispitivanja provedenog u skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe br. 1151/2012, zahtjev za registraciju nije ispunjavao uvjete definirane tom uredbom jer nije poštovao odredbe Uredbe br. 1234/2007, što je u suprotnosti s člankom 2. stavkom 3. Uredbe br. 1151/2012. Komisija je zatražila odbijanje zahtjeva za registraciju naziva „pomazánkové máslo“ kao ZTS‑a na raspravi Odbora za politiku kvalitete poljoprivrednih proizvoda 17. listopada 2013. Na prijedlog Komisije taj odbor je većinom glasova donio pozitivno mišljenje. Odlukom od 13. studenoga 2013. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) Komisija je donijela Provedbenu odluku 2013/658/EU o neodobravanju zahtjeva za upis u registar ZTS‑a kako je predviđeno Uredbom br. 1151/2012 (Pomazánkové máslo (GTS)) ( SL L 305 str. 22 .). Postupak i zahtjevi stranaka Zahtjevom podnesenim tajništvu Općeg suda 22. siječnja 2014. Češka Republika je podnijela ovu tužbu. Češka Republika od Općeg suda zahtijeva da: — poništi pobijanu odluku; — naloži Komisiji snošenje troškova. Komisija od Općeg suda zahtijeva da: — odbije tužbu; — naloži Češkoj Republici snošenje troškova. Pravo U prilog osnovanosti tužbe Češka Republika ističe jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članaka 50. i 52. u vezi s člankom 18. Uredbe br. 1151/2012 navodeći da Komisija nije ispitivala jesu li bili ispunjeni uvjeti za upis naziva „pomazánkové máslo“ kao zajamčeno tradicionalnog specijaliteta i da nije odbila predmetni zahtjev zbog toga što on nije ispunjavao uvjete za upis, nego iz nekog drugog razloga. Češka Republika stoga tvrdi da je Komisija svoje neodobravanje zahtjeva za registraciju naziva „pomazánkové máslo“ temeljila na nepoštovanju specifikacije predviđene Uredbom br. 1234/2007 koja osobito utvrđuje pravila koja se odnose na upotrebu prodajne oznake maslaca i drugih mazivih masti iako nijedna odredba Uredbe br. 1151/2012 ne predviđa takav uvjet. Češka Republika smatra da te odredbe utvrđuju alternativni način registracije naziva poljoprivrednih proizvoda kako bi se pomoću oba načina osiguralo informiranje potrošača o svojstvima proizvoda zahvaljujući nazivu. Češka Republika smatra da je članak 2. stavak 3. Uredbe br. 1151/2012, na temelju kojeg se ta uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje druge posebne odredbe Europske unije povezane sa stavljanjem proizvodâ na tržište, a osobito s jedinstvenom zajedničkom organizacijom tržišta i označivanjem hrane, samo izjava kojom se navodi da ovaj tekst ne uređuje u cijelosti pitanje stavljanja na tržište i opisivanje hrane. U skladu s člankom 50. stavkom 1. Uredbe br. 1151/2012, „Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev zaprimljen skladno članku 49., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta odgovarajućeg sustava“. Članak 52. stavak 1. te uredbe određuje da „kada na temelju informacija dostupnih Komisiji iz postupka provedenog sukladno prvom podstavku članka 50. stavka 1., Komisija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju, ona donosi provedbene akte kojima se odbija zahtjev“ i da „se ti provedbeni akti donose u skladu s ispitnim postupkom iz članka 57. stavka 2.“. U skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe br. 1151/2012 „[n]aziv je prihvatljiv za registraciju kao zajamčeno tradicionalni specijalitet kada opisuje specifičan proizvod ili prehrambeni proizvod koji […] je rezultat s obzirom na način proizvodnje, prerade ili sastava odgovarajućeg tradicionalnog postupka za taj proizvod ili prehrambeni proizvod […] ili […] se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste“. Članak 18. stavak 2. te uredbe nadalje navodi da „za registraciju naziva kao zajamčeno tradicionalni specijalitet, on mora […] biti tradicionalno korišten za označivanje specifičnog proizvoda […] ili […] opisivati tradicionalna svojstva ili specifična svojstva proizvoda“. Iako Češka Republika tvrdi da je Komisija trebala ispitivanje zahtjeva za registraciju ograničiti na provjeru toga ispunjava li predmetni naziv uvjete predviđene člankom 18. Uredbe br. 1151/2012, Komisija smatra da je također trebala provjeriti ispunjava li predmetni naziv uvjete predviđene Uredbom br. 1234/2007 na temelju članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012. Prema tom posljednjem stavku, koji je dio općih odredbi primjenjivih na Uredbu i koji određuje područje njezine primjene „[o]va se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje određene odredbe Unije vezane uz stavljanje proizvoda na tržište te, posebno uz jedinstvenu zajedničku organizaciju tržišta, te označivanje hrane“. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, pri tumačenju odredbe prava Unije, u obzir treba uzeti ne samo njezin tekst, nego i kontekst u kojem se nalazi te ciljeve propisa kojeg je dio (vidjeti presudu od 7. lipnja 2005., VEMW i dr., C‑17/03, Zb., EU:C:2005:362 , t. 41. i navedenu sudsku praksu; presudu od 26. listopada 2010., Njemačka/Komisija, T‑236/07, Zb., EU:T:2010:451 , t. 44.). Važno je dakle uzeti u obzir svrhu pravila Unije kako bi se tumačila na način koji osigurava njihovu učinkovitost (presuda od 13. srpnja 2004., Komisija/Vijeće, C‑27/04, Zb., EU:C:2004:436 , t. 74.). S obzirom na ta načela, treba razmotriti je li odredbe članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012, prema kojima se ta uredba „primjenjuje ne dovodeći u pitanje određene odredbe Unije vezane uz stavljanje proizvoda na tržište te, posebno uz jedinstvenu zajedničku organizaciju tržišta, te označivanje hrane“, potrebno tumačiti tako da naziv može biti upisan u Registar ZTS‑a samo ako ispunjava uvjete za stavljanje proizvoda na tržište definirane u Uredbi br. 1234/2007. Kao prvo, čini se da se odgovor na to pitanje može dobiti doslovnim tumačenjem članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012 s obzirom na jasno značenje izraza „ne dovodeći u pitanje određene odredbe Unije vezane uz stavljanje proizvoda na tržište te, posebno uz jedinstvenu zajedničku organizaciju tržišta, te označivanje hrane“. Naime, taj izraz znači da spomenuta uredba neće sprečavati primjenu Uredbe br. 1234/2007 koja utvrđuje pravila te zajedničke organizacije. Kao drugo, čini se da je tumačenje izneseno gore u točki 36. u skladu s općom strukturom Uredbe br. 1234/2007. U tom pogledu, važno je podsjetiti na temeljnu ulogu te uredbe u okviru europske poljoprivredne politike. U skladu s člankom 288. stavkom 2. UFEU‑a, ta uredba je, kao sve uredbe, u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Ona sadrži niz pravila o upravljanju poljoprivrednim tržištem, stavljanju na tržište i proizvodnji poljoprivrednih proizvoda kao i o njihovom uvozu i izvozu. Što se tiče mlijeka, mliječnih proizvoda i masti uvedeno je više pravnih instrumenata za reguliranje stavljanja na tržište i označivanja tih proizvoda kojima je cilj „poboljšati položaj mlijeka i mliječnih proizvoda na tržištu s jedne strane i osigurati pošteno tržišno natjecanje za mazive masti mliječnog i nemliječnog podrijetla s druge strane, a sve u korist proizvođača i potrošača“ (uvodna izjava 51. Uredbe 1234/2007). Uredba br. 2991/94, koja je sadržavala klasifikaciju zajedno s pravilima koja se odnose na naziv, definirala je tako tržišne standarde za mlijeko i nemliječne proizvode (uvodna izjava 51. Uredbe br. 1234/2007). Uredba br. 1234/2007, koja je stavila izvan snage i zamijenila Uredbu br. 2991/94, preuzima sve njezine odredbe (presuda C‑37/11, t. 2. supra , EU:C:2012:640 , t. 56.). Stoga je cilj te uredbe ujednačiti uporabu prodajnih oznaka s ciljem očuvanja tržišnog natjecanja i zaštite potrošača (uvodna izjava 51. Uredbe br. 1234/2007 i presuda C‑37/11, t. 2. supra , EU:C:2012:640 , t. 61.). Dodatak Prilogu XV. Uredbi br. 1234/2007, na koji upućuje članak 115. te uredbe, propisuje da je prodajna oznaka maslac namijenjena „proizvod[u] čiji udio mliječne masti iznosi najmanje 80%, a najviše 90%, udio vode najviše 16% te udio bezmasne suhe tvari mlijeka najviše 2%“. Jedina odstupanja od tog pravila utvrđena su u točki I. stavku 2. podstavku 3. ovog priloga i odnose se na: a) oznaku proizvoda čija su svojstva jasno razvidna na temelju tradicionalne uporabe ili kada se oznake jasno upotrebljavaju za opis značajke svojstvene proizvodu; b) koncentrirane proizvode (maslac, margarin, mješavine) čiji je sadržaj masti 90% ili više. Uredba br. 445/2007 obuhvaća u svojem Prilogu I. popis proizvoda za koje je odobreno odstupanje predviđeno u članku 2. stavku 2. podstavku 3. Uredbe (EZ) br. 2991/94. Kao što su stranke priznale tijekom rasprave, stavljanje Uredbe br. 2991/94 izvan snage Uredbom br. 1234/2007 nije imalo učinak stavljanja izvan snage Uredbe br. 445/2007 jer su odredbe članka 2. stavka 2. podstavka 3. Uredbe br. 2991/94 jednako preuzete u točki I. stavku 2. podstavku 3. pod (a) Priloga XV. Uredbi br. 1234/2007. Taj popis je dakle ostao na snazi i propisuje doseg točke I. stavka 2. podstavka 3. pod (a) tog priloga. Kao što je Sud naglasio u presudi C‑37/11, iz točke 2. supra ( EU:C:2012:640 , t. 57.), odstupanja predviđena u točki I. stavku 2. podstavku 3. pod a) tog priloga nužno su izuzetak zbog toga što u skladu sa sedmom uvodnom izjavom Uredbe br. 2991/94 potonji imaju za cilj uspostaviti ujednačenu klasifikaciju za mazive masti. Kao što to navodi uvodna izjava 4. Uredbe br. 445/2007 i kao što proizlazi iz presude C‑37/11 navedene u točki 2. supra ( EU:C:2012:640 , t. 59.), taj popis je sveobuhvatan. U tim okolnostima, zbog važnosti koju europski zakonodavac pripisuje ujednačavanju uporabe prodajnih oznaka s ciljem očuvanja tržišnog natjecanja i zaštite potrošača, pravila koja se odnose na prodajnu oznaku „maslac“ treba tumačiti na način koji osigurava njihovu učinkovitost. Posljedica tumačenja članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012 koje predlaže Češka Republika bilo bi dopuštanje državi članici da upotrijebi sustav ZTS‑a kako bi izbjegla pravila koja se odnose na tržišne standarde određene Uredbom br. 1234/2007 i, pod pretpostavkom da predmetni proizvod može biti stavljen na tržište, da potonjem dodjeli nepravednu konkurentnu prednost i da zavara potrošača. Nasuprot tomu, tumačenje te odredbe za koje se u pobijanoj odluci zalaže Komisija i koje je navedeno gore u točki 36. omogućuje poštovanje pravila koja se odnose na prodajnu oznaku „maslac“. Kao treće, čini se da je tumačenje članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012 utvrđeno gore u točki 36. usklađeno s ciljevima tog teksta. Naime, u skladu s uvodnom izjavom 34. Uredbe br. 1151/2012, pružanje pomoći proizvođačima tradicionalnih proizvoda pri obavješćivanju potrošača o obilježjima dodane vrijednosti njihovih proizvoda poseban je cilj sustava zajamčeno tradicionalnih specijaliteta. Članak 17. te uredbe isto tako navodi da je sustav ZTS‑a „uspostavljen kako bi sačuvao tradicionalne metode proizvodnje i recepte pružajući pomoć proizvođačima tradicionalnog proizvoda prilikom stavljanja na tržište i obavješćivanja potrošača o svojstvima koja dodaju vrijednost njihovim tradicionalnim receptima i proizvodima“. Naprotiv, nije nikako riječ o uvođenju sustava tržišnih standarda za poljoprivredne proizvode koji bi bio usporedan i alternativan onome koji je uveden Uredbom br. 1234/2007, a još manje o odstupanju od pravila definiranih potonjom uredbom. Nadalje, kada bi se prihvatila teza Češke Republike, to bi imalo za učinak da se proizvodima koji ne ispunjavaju tržišne standarde predviđene Uredbom br. 1234/2007 i koji stoga, u načelu, ne mogu biti stavljeni na tržište, čak ni u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe br. 1151/2012, koji propisuje da naziv registriran kao zajamčeno tradicionalni specijalitet može upotrebljavati svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja proizvod koji je u skladu s odgovarajućom specifikacijom, omogući da ih se registrira kao ZTS. Kao četvrto i posljednje, ostali argumenti koje je podnijela Češka Republika ne mogu dovesti u pitanje tumačenje članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012 koje je u pobijanoj odluci usvojila Komisija i koje je navedeno gore u točki 36. Češka Republika tvrdi da je tumačenje članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012 koje je ona predložila dosljedno zbog toga što su uvjeti određeni člankom 18. Uredbe br. 1151/2012 usklađeni s uvjetima predviđenima u odredbama točke I. stavka 2. podstavka 3. pod (a) Priloga XV. Uredbi br. 1234/2007. Međutim, treba u svakom slučaju najprije podsjetiti da čak i pod pretpostavkom da se podudaraju uvjeti predviđeni člankom 18. Uredbe br. 1151/2012 i odredbe točke I. stavka 2. podstavka 3. pod (a) Priloga XV. Uredbi br. 1234/2007., Komisija ostaje vezana člankom 2. stavkom 3. Uredbe br. 1151/2012 koji joj nameće poštovanje odredaba Uredbe br. 1234/2007. Nadalje, doseg odredaba točke I. stavka 2. podstavka 3. pod (a) Priloga XV. Uredbi br. 1234/2007 ograničen je sveobuhvatnim popisom uspostavljenim u Prilogu I. Uredbi br. 445/2007 (vidjeti gore navedenu točku 40.). Podredno, treba utvrditi da su, kao što smatra Komisija, uvjeti predviđeni odredbama točke I. stavka 2. podstavka 3. pod (a) Priloga XV. Uredbi br. 1234/2007 i uvjeti određeni člankom 18. Uredbe 1152/2012 različiti. Uredbu br. 1234/2007 koja predviđa primjenu odstupanja od pravila označivanja mazivih masti, osobito što se tiče „oznake proizvoda čija su svojstva jasno razvidna na temelju tradicionalne uporabe“, treba, naime, tumačiti tako da nameće ne samo da se predmetna oznaka tradicionalno upotrebljava, već jednako tako da se stvarna svojstva predmetnog proizvoda razlikuju od stvarnih svojstava proizvoda čija je oznaka zaštićena. Nasuprot tomu, Uredba br. 1151/2012 isključivo propisuje da je predmetni proizvod rezultat načina proizvodnje, prerade ili sastava odgovarajućeg tradicionalnog postupka i da je riječ o nazivu koji je tradicionalno korišten ili naznačuje tradicionalna svojstva proizvoda. Takvo tumačenje točke I. stavka 2. podstavka 3. pod (a) Priloga XV. Uredbi br. 1234/2007 je, naime, u skladu s ciljevima zaštite potrošača i očuvanja tržišnog natjecanja, koje odobrava odstupanja samo za proizvode čija stvarna svojstva ne mogu biti zamijenjena svojstvima proizvoda čiji je naziv zaštićen. Isto tako, argument Češke Republike prema kojem obrazloženje Komisije ima za posljedicu smanjenje korisnog učinka Uredbe br. 1151/2012 propisujući dodatni postupak i ograničavajući privlačnost kvalifikacije ZTS neće se koristiti. Naime, dvije uredbe ostvaruju djelomično različite ciljeve (vidjeti gore navedene točke 38. i 43.) i predviđaju drukčije uvjete (vidjeti gore navedenu točku 48.). Primjereno je da se općim uvjetima stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, predviđenima Uredbom br. 1234/2007, pridoda poseban odvojen postupak predviđen Uredbom br. 1151/2012, čija je namjena jamčiti potrošačima da određeni poljoprivredni proizvodi pravilno izražavaju karakteristike proizvoda s dodanom vrijednošću. Naposljetku, iako je točno, kao što smatra Češka Republika, da sud nije donio odluku o pitanju ispunjava li „pomazánkové máslo“ uvjete predviđene odredbama Uredbe br. 1151/2012 u presudi C‑37/11 iz točke 2. supra ( EU:C:2012:640 ), ta okolnost ne utječe na zakonitost pobijane odluke. Komisija se naime u točki 2. ove posljednje odluke poziva na zaključak Suda prema kojemu sporni naziv nije bio u skladu s Uredbom br. 1234/2007, zaključak koji je na temelju članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012 opravdao odbijanje predmetnog zahtjeva za registraciju. Iz svega prethodno navedenoga proizlazi da Komisija nije počinila pogrešku koja se tiče prava prilikom tumačenja članka 2. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012 time što je smatrala da naziv nije mogao biti upisan u registar ZTS‑a jer nije poštovao uvjete stavljanja na tržište definirane Uredbom br. 1234/2007. Jedini tužbeni razlog, koji se temelji na povredi odredaba članaka 50. i 52. Uredbe br. 1151/2012 u vezi s člankom 18. iste uredbe, treba stoga odbiti kao neosnovan i prema tome tužba se mora odbiti u cijelosti. Troškovi U skladu s člankom 87. stavkom 2. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev. Budući da je Češka Republika izgubila spor, valja naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevu Komisije. Slijedom navedenoga, OPĆI SUD (drugo vijeće) proglašava i presuđuje: 1. Tužba se odbija. 2. Češkoj Republici nalaže se snošenje troškova. Martins Ribeiro Gervasoni Madise Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 12. svibnja 2015. Potpisi ( *1 ) Jezik postupka: češki

62013CJ0315

it

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 56 TFUE e 57 TFUE, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi ( GU 1997, L 18, pag. 1 ), e dell’articolo 19 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ( GU L 376, pag. 36 ). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti, da un lato, dei sigg. De Clercq nonché delle sig.re Rottiers e Tampère, cittadini belgi e, dall’altro, della Thermotec NV, società di diritto belga (in prosieguo, congiuntamente: gli «imputati»), segnatamente per aver violato ripetutamente, nel periodo dal 1 o aprile 2007 al 18 novembre 2008 incluso, un obbligo di dichiarazione riguardante lavoratori dipendenti distaccati, imposto dalla legislazione nazionale. Contesto normativo Il diritto dell’Unione La direttiva 96/71 L’articolo 1 della direttiva 96/71, intitolato «Campo d’applicazione», così dispone: «1.   La presente direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori, a norma del paragrafo 3, nel territorio di uno Stato membro. (...) 3.   La presente direttiva si applica nella misura in cui le imprese di cui al paragrafo 1 adottino una delle misure transnazionali seguenti: a) distacchino un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un contratto concluso tra l’impresa che lo invia e il destinatario della prestazione di servizi che opera in tale Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; o b) distacchino un lavoratore nel territorio di uno Stato membro, in uno stabilimento o in un’impresa appartenente al gruppo, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa che lo invia; (...)». L’articolo 3 della direttiva 96/71, intitolato «Condizioni di lavoro e di occupazione», recita: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate: — da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o — da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, a norma del paragrafo 8, sempreché vertano sulle attività menzionate in allegato [ossia, tutte le attività nel settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici]: a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima delle ferie annuali retribuite; c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; (...) d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo; e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. (...) 10.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri, nel rispetto del trattato, impongano alle imprese nazionali ed a quelle di altri Stati, in pari misura: — condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, primo comma del presente articolo laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico; — condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in contratti collettivi o arbitrati a norma del paragrafo 8 riguardanti attività diverse da quelle contemplate dall’allegato». L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Misure», enuncia quanto segue: «Gli Stati membri adottano misure adeguate in caso di inosservanza della presente direttiva. Essi vigilano in particolare affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di procedure adeguate ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva». La direttiva 2006/123 L’articolo 16 della direttiva 2006/123, intitolato «Libera prestazione di servizi», al suo paragrafo 2, dispone quanto segue: «Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti: (...) g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 19». L’articolo 19 della direttiva 2006/123, contenuto nel capo IV, sezione 2, della medesima, relativa ai diritti dei destinatari di servizi nell’ambito della libera circolazione dei servizi, è intitolato «Restrizioni vietate». Tale articolo prevede quanto segue: «Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti: a) l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse; (...)». Secondo il suo articolo 44, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in parola entro il 28 dicembre 2009. Il diritto belga La legge sul nuovo orientamento economico del 4 agosto 1978 La legge sul nuovo orientamento economico del 4 agosto 1978 ( Moniteur belge del 17 agosto 1978, pag. 9106), al suo articolo 69, così disponeva: «§ 1   Ogni persona presso la quale o per la quale vengono impiegati lavoratori di terzi ancora soggetti al regime previdenziale di uno Stato membro (…) diverso dal Belgio, deve comunicare, il primo giorno di presenza di detti lavoratori, al servizio dell’Ispezione previdenziale del Ministero della Previdenza sociale, i nomi di coloro che non sono in grado di fornire prova di siffatto assoggettamento mediante presentazione del certificato di distacco previsto dall’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità [ GU L 74, pag. 1 ], nonché il nome o la denominazione e l’indirizzo dei loro datori di lavoro. (...) § 2   (...) Le sanzioni penali di cui agli articoli 35 e 39 della [legge del 27 giugno 1969, che modifica il decreto legge del 28 dicembre 1944 sulla previdenza sociale dei lavoratori] sono applicabili alle persone che non osservano le prescrizioni di cui al § 1». Tale articolo 69 è stato abrogato dall’articolo 149 della legge programmatica (I) del 27 dicembre 2006 ( Moniteur belge del 28 dicembre 2006, pag. 75178; in prosieguo: la «legge programmatica»). La legge programmatica La sezione 1 del capo VIII del titolo IV della legge programmatica, contenente gli articoli 137 e 138 della medesima, precisa l’ambito di applicazione di tale capo e talune definizioni. L’articolo 137 della legge programmatica così dispone: «Ai fini dell’applicazione del presente capo e dei relativi decreti di attuazione, s’intende per: o lavoratori dipendenti: le persone che forniscono prestazioni lavorative, dietro corrispettivo e sotto l’autorità di un’altra persona; 2° lavoratori dipendenti distaccati: le persone di cui al punto 1 che effettuano temporaneamente o parzialmente una prestazione lavorativa in Belgio e che a) lavorano abitualmente sul territorio di uno o più paesi diversi dal Belgio, oppure b) sono stati assunti in un paese diverso dal Belgio; 3° datori di lavoro; le persone fisiche o giuridiche presso le quali sono impiegati i lavoratori di cui al punto 2; 4° tirocinanti: le persone che, nell’ambito di un programma di studi o di una formazione professionale, effettuano un tirocinio obbligatorio o volontario al fine di conseguire il diploma o certificato o un’esperienza pratica; 5° tirocinanti distaccati: le persone di cui al punto 4 che effettuano sul territorio belga nell’ambito di un programma di studi estero o di una formazione professionale estera un tirocinio o parte di un tirocinio; 6° istituzione presso la quale il tirocinante segue il proprio corso di studi o la propria formazione professionale: l’impresa, l’istituto di formazione privato o pubblico o qualsiasi altro organismo per il quale viene seguito il tirocinio; (...)». A termini dell’articolo 138 della legge programmatica: «Il presente capo si applica: — ai lavoratori dipendenti distaccati e ai loro datori di lavoro; — ai tirocinanti distaccati ed eventualmente alle istituzioni presso le quali seguono il proprio corso di studi o la propria formazione professionale; (...)». Il capo VIII del titolo IV della legge programmatica è intitolato «Dichiarazione preliminare per i lavoratori dipendenti ed autonomi distaccati». Tale capo, entrato in vigore il 1 o aprile 2007, istituisce un regime di dichiarazione preliminare per i lavoratori dipendenti ed autonomi distaccati denominato «regime della dichiarazione Limosa», poiché tale obbligo di dichiarazione preliminare è stato introdotto nell’ambito di un progetto più ampio, denominato sistema «Limosa», acronimo di «Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratieonderzoek bij de Sociale Administratie» (sistema di informazione transfrontaliero ai fini della ricerca in materia di migrazione presso l’amministrazione sociale). La sezione 2 del suddetto capo VIII, che contiene gli articoli da 139 a 152 della legge programmatica, è intitolata «La dichiarazione preliminare per i lavoratori dipendenti distaccati». Nella sua versione applicabile al momento dello svolgimento dei fatti nel procedimento principale, l’articolo 139 della legge programmatica disponeva: «Prima di impiegare un lavoratore dipendente distaccato sul territorio belga, il suo datore di lavoro o un suo rappresentante o mandatario deve presentare all’Ente nazionale di previdenza sociale una dichiarazione per via elettronica, redatta ai sensi dell’articolo 140, secondo le modalità stabilite dal Re. Prima dell’inizio del suo tirocinio sul territorio belga, il tirocinante straniero distaccato o l’istituzione presso la quale egli segue il suo corso di studi o la sua formazione professionale deve presentare, presso l’Ente nazionale di previdenza sociale, una dichiarazione per via elettronica, redatta ai sensi dell’articolo 140, secondo le modalità stabilite dal Re. (...) Immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione di cui ai precedenti commi, il dichiarante riceve un avviso di ricevimento (...) (...)». A norma dell’articolo 140 della legge programmatica, «[i]l Re stabilisce le categorie di dati che devono figurare nella dichiarazione preliminare di cui all’articolo 139» e «[l]’Ente nazionale di previdenza sociale definisce il contenuto di siffatte categorie di dati». L’articolo 141 della legge programmatica, collocato nella sottosezione 2 della sezione 2 del capo VIII del titolo IV della legge programmatica, relativa all’obbligo degli utilizzatori finali o dei committenti di lavoratori dipendenti distaccati, così dispone: «Ogni persona presso la quale o per la quale vengono impiegate, direttamente o mediante subappalto, le persone di cui all’articolo 137, paragrafi 2 e 5, deve comunicare per via elettronica, prima dell’inizio dell’impiego di tali persone, secondo le modalità stabilite dal Re, i dati identificativi delle persone che non sono in grado di presentare l’avviso di ricevimento rilasciato ai sensi dell’articolo 139, comma 4, del presente capo, all’Ente nazionale di previdenza sociale. Immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma, il dichiarante riceve un avviso di ricevimento (...) (...)». Nella sezione 4 del suddetto capo VIII, intitolato «Sorveglianza e sanzioni», l’articolo 157 della legge programmatica prevedeva la sanzione applicabile in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 139 della medesima. L’articolo 158 della legge programmatica, collocato nella medesima sezione, riguardava segnatamente la dichiarazione prevista dall’articolo 141 di quest’ultima ed era formulato nei seguenti termini: «Fatti salvi gli articoli da 269 a 274 del codice penale, [viene punito] con un’ammenda da EUR 250 a EUR 2 500 chiunque non rispetti le disposizioni [dell’]articol[o] 141 (...); l’ammenda viene inflitta tante volte quanti sono i lavoratori dipendenti o autonomi distaccati rispetto ai quali è stata commessa un’infrazione, fermo restando, tuttavia, che l’importo totale delle ammende non può eccedere EUR 125 000». Il codice penale sociale e il codice penale La legge del 6 giugno 2010 ( Moniteur belge del 1 o luglio 2010, pag. 43712), entrata in vigore il 1 o luglio 2011, al suo articolo 2 ha introdotto il codice penale sociale. L’articolo 109, punto 55, di tale legge abroga segnatamente l’articolo 158 della legge programmatica. L’articolo 183 del codice penale sociale, intitolato «Gli obblighi degli utilizzatori finali o committenti», così dispone: «È punito con una sanzione di livello 3: o ogni persona presso la quale o per la quale, direttamente o mediante subappalto, vengono impiegati lavoratori dipendenti distaccati e tirocinanti distaccati, la quale, in violazione del capo VIII del titolo IV della legge programmatica (…) e dei relativi decreti di attuazione, non abbia dichiarato all’Ente nazionale di previdenza sociale per via elettronica e secondo le modalità stabilite dal Re, prima dell’inizio dell’impiego di tali persone, i dati identificativi delle persone che non sono in grado di presentare un avviso di ricevimento. (...) Per quanto riguarda le infrazioni di cui al comma 1, l’ammenda è moltiplicata per il numero di lavoratori, di tirocinanti, di lavoratori autonomi o tirocinanti automi interessati». In forza dell’articolo 101 del codice penale sociale, «[l]a sanzione di livello 3 consiste in un’ammenda penale da EUR 100 a EUR 1 000 o in un’ammenda amministrativa da EUR 50 a EUR 500». L’articolo 102 del medesimo codice prevede che i fattori di correzione, previsti dall’articolo 1, primo comma, della legge del 5 marzo 1952 relativa ai fattori di correzione sulle ammende penali ( Moniteur belge del 3 aprile 1952, pag. 2606), quale modificata dalla legge del 28 dicembre 2011 recante disposizioni diverse nel settore della giustizia (II) ( Moniteur belge del 30 dicembre 2011, pag. 81669), siano applicabili a predette ammende penali come a predette ammende amministrative. L’applicazione di tali fattori comporta la moltiplicazione per sei dell’importo delle ammende in parola. L’articolo 2, secondo comma, del codice penale prevede che, «[q]ualora la pena applicabile al momento della sentenza sia diversa da quella stabilita al momento dell’infrazione, sarà applicata la pena più lieve». Il regio decreto Il capo VIII del titolo IV della legge programmatica è stato completato dal regio decreto del 20 marzo 2007 adottato in esecuzione di tale capo ( Moniteur belge del 28 marzo 2007, pag. 16975), quale modificato dal regio decreto del 31 agosto 2007 ( Moniteur belge del 13 settembre 2007, pag. 48537; in prosieguo: il «regio decreto»). In forza dell’articolo 7 del regio decreto: «La dichiarazione di cui [all’]articol[o] 141 (...) della legge programmatica (...) contiene i seguenti dati: o Dati d’identificazione del dichiarante. Qualora questi disponga di un numero di impresa o di un numero di identificazione presso la previdenza sociale, laddove si tratti di persona fisica priva dello status di impresa ai sensi della menzionata legge del 16 gennaio 2003, tale numero è sufficiente; 2° Dati d’identificazione del lavoratore dipendente (...) o del tirocinante distaccato. Qualora quest’ultimo disponga di un numero di identificazione del Registro nazionale o Numero della “Banque-Carrefour” di cui all’articolo 8 della menzionata legge del 15 gennaio 1990, tale numero è sufficiente; 3° Dati d’identificazione del datore di lavoro del lavoratore dipendente distaccato o dell’istituzione presso la quale il tirocinante effettua il tirocinio o la formazione professionale. Qualora questi/a disponga di un numero di impresa o di un numero di identificazione presso la previdenza sociale, laddove si tratti di persona fisica priva dello status di impresa ai sensi della menzionata legge del 16 gennaio 2003, tale numero è sufficiente». Procedimento principale e questione pregiudiziale Dalla decisione di rinvio emerge che la Thermotec NV è una società di diritto belga, la cui attività consiste nella fabbricazione di sistemi industriali di raffreddamento. Le quattro persone fisiche perseguite nel procedimento principale ne sono o ne erano gli amministratori. Una società consorella, la Thermotec sp. z o.o., è stata fondata in Polonia. Essa svolge la stessa attività della Thermotec NV. Nel corso di un controllo effettuato il 5 maggio 2008 nella sede della Thermotec NV, i servizi dell’ispezione previdenziale hanno riscontrato la presenza di quattro lavoratori polacchi, di cui tre impiegati dalla Thermotec sp z o.o. Nessun formulario E 101 ha potuto essere presentato per i lavoratori di cui trattasi. La Thermotec sp. z o.o. non ha potuto presentare neppure l’avviso di ricevimento rilasciato in seguito alla dichiarazione preliminare al distacco di cui all’articolo 139 della legge programmatica (in prosieguo: l’«avviso di ricevimento») e la Thermotec NV, utilizzatore finale dei servizi, non aveva comunicato al servizio belga competente i dati identificativi dei lavoratori distaccati che non erano in grado di presentare l’avviso di ricevimento. Da una verifica è emerso che anche per i periodi di occupazione anteriori di lavoratori o tirocinanti polacchi nessun formulario E 101 era stato richiesto dalla Thermotec sp. z o.o. Inoltre, per il periodo anteriore al 1 o aprile 2007 gli imputati non avevano comunicato il nome di tali lavoratori né il nome o la denominazione e l’indirizzo dei loro datori di lavoro presso l’ispezione previdenziale durante il loro primo giorno di presenza. Per il periodo successivo a tale data, non erano stati comunicati i dati identificativi delle persone che non avevano potuto presentare l’avviso di ricevimento. Il 3 ottobre 2008 l’«auditeur du travail» ha avviato un’indagine giudiziaria. In tale contesto, il 18 novembre 2008 è stata effettuata una perquisizione. Il 21 novembre 2008, formulari E 101, validi con efficacia retroattiva, sono stati rilasciati dal servizio dell’ispezione previdenziale polacco. Un verbale di infrazione è stato redatto a carico della Thermotec sp z.o.o. Peraltro, con decisione del 17 febbraio 2012, la Thermotec NV e le quattro persone fisiche perseguite nel procedimento principale sono state rinviate dinanzi al giudice del rinvio per rispondere di due infrazioni. La prima si riferisce a fatti commessi tra il 27 giugno 2004 e il 31 marzo 2007 incluso e consiste nella violazione dell’articolo 69, paragrafi 1, primo comma, e 2, secondo comma, della legge sul nuovo orientamento economico del 4 agosto 1978. La seconda si riferisce a fatti che hanno avuto luogo dal 1 o aprile 2007 al 18 novembre 2008 incluso e consiste nella violazione dell’articolo 141 della legge programmatica. Queste due infrazioni sono passibili di sanzioni pecuniarie di natura penale. Il giudice del rinvio precisa che gli imputati non sono perseguiti per non avere presentato la dichiarazione preliminare al distacco che incombe al datore di lavoro dei lavoratori distaccati, ma in quanto, quali utilizzatori finali o committenti, essi non hanno comunicato i dati identificativi delle persone che non hanno potuto presentare l’avviso di ricevimento. Dinanzi al giudice del rinvio, i sigg. De Clercq e la sig.ra Rottiers fanno valere che l’obbligo di dichiarazione imposto dall’articolo 141 della legge programmatica (in prosieguo: l’«obbligo di dichiarazione di cui trattasi») rappresenta un ostacolo sproporzionato alla libera prestazione di servizi. Essi sottolineano che occorre tenere conto del fatto che tale obbligo si aggiunge all’obbligo di dichiarazione del prestatore di servizi straniero imposto dall’articolo 139 della legge programmatica e invocano parimenti l’articolo 19, lettera a), della direttiva 2006/123. Il giudice del rinvio rileva che, secondo le conclusioni presentate dall’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Commissione/Belgio (C‑577/10, EU:C:2012:477 , punto 54), la direttiva 2006/123 può non essere pertinente nel caso di specie in quanto i fatti addebitati sono anteriori al 2 ottobre 2009. Esso ritiene che occorra però tenere conto della direttiva 96/71. Tale giudice osserva che l’obbligo degli utilizzatori e dei committenti di comunicare alle autorità belghe i dati identificativi dei lavoratori dipendenti distaccati non dichiarati dai loro datori di lavoro può essere qualificato, per gli utilizzatori di prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, come restrizione alla libera prestazione di servizi. Esso indica, tuttavia, che nel caso di specie potrebbero essere invocate varie giustificazioni, quali la tutela dei lavoratori dipendenti distaccati e la necessità di possedere le informazioni che consentono di procedere ad un controllo effettivo del rispetto della legislazione belga applicabile a questi ultimi, la prevenzione della concorrenza sleale, tra cui la lotta al dumping sociale, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale e la necessità di prevenire la frode e di combattere gli abusi. Esso si interroga tuttavia sulla questione se l’obbligo di dichiarazione di cui trattasi e la sanzione prevista per la sua inosservanza (in prosieguo, congiuntamente: la «normativa nazionale di cui trattasi») non vadano oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi. Il giudice del rinvio indica inoltre che, alla data in cui esso adotta la decisione di rinvio, la Corte non si è ancora pronunciata sulla causa Commissione/Belgio (C‑577/10), che riguarda a sua volta la legge programmatica. Esso sottolinea tuttavia che quest’ultima causa riguarda i lavoratori autonomi, mentre, nel caso di specie, sono in discussione gli obblighi dell’utilizzatore finale nell’ambito del distacco di lavoratori e tirocinanti dipendenti e la presente causa riguarda dunque disposizioni della legge programmatica diverse da quelle che sono in esame nella causa Commissione/Belgio. Ciò premesso, il rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (tribunale di primo grado di Malines) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE (già articoli 49 CE e 50 CE) e l’articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva [96/71], in combinato disposto o meno con l’articolo 19 della [direttiva 2006/123], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla disposizione di cui all’articolo 141 della [legge programmatica], in forza della quale a qualsiasi persona presso la quale o per la quale vengono impiegati, direttamente o mediante subappalto, lavoratori dipendenti o tirocinanti distaccati, è imposto l’obbligo di comunicare all’Ente nazionale di previdenza sociale, per via elettronica (o in caso di impossibilità, a mezzo fax o a mezzo posta), prima dell’inizio dell’impiego di suddette persone, i dati identificativi delle persone che non sono in grado di presentare l’[avviso di ricevimento], in combinato disposto con l’articolo 157 della [legge programmatica] e con l’articolo 183, paragrafo 1, primo comma, del codice penale sociale, che puniscono la violazione di tale obbligo con sanzioni penali». Sulla questione pregiudiziale In via preliminare, va rilevato, da un lato, che nella sua questione il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 157 della legge programmatica. Tale articolo prevedeva in particolare la sanzione applicabile al datore di lavoro di lavoratori distaccati che violi l’obbligo di dichiarazione ad esso incombente ai sensi dell’articolo 139 della legge programmatica. Orbene, come emerge dalla decisione di rinvio, nel procedimento principale è in discussione la sanzione applicabile al destinatario di servizi che non ottemperi all’obbligo di dichiarazione dei lavoratori non preventivamente dichiarati dal loro datore di lavoro. Tale sanzione era prevista dall’articolo 158 della legge programmatica. Il 1 o luglio 2011, il suddetto articolo è stato sostituito dall’articolo 183 del codice penale sociale e quest’ultima disposizione, come indicato dal giudice del rinvio, è applicabile nel procedimento principale conformemente all’articolo 2, secondo comma, del codice penale. Dall’altro, sebbene, come emerge dalla decisione di rinvio, gli imputati siano stati rinviati dinanzi al giudice nazionale per rispondere di due infrazioni, quest’ultimo interroga la Corte soltanto a proposito dell’infrazione consistente nell’asserita violazione dell’articolo 141 della legge programmatica. Peraltro, occorre dapprima precisare che se, nella sua questione, il giudice del rinvio si riferisce tanto ai lavoratori quanto ai tirocinanti distaccati sul territorio belga, le disposizioni nazionali loro applicabili sono mutatis mutandis identiche. Di conseguenza, i seguenti rilievi relativi ai lavoratori distaccati valgono anche per i suddetti tirocinanti, poiché il loro tirocinio viene effettuato nelle condizioni di un’attività dipendente reale ed effettiva (v., in tal senso, sentenze Lawrie-Blum, 66/85, EU:C:1986:284 , punto 22, nonché Bernini, C‑3/90, EU:C:1992:89 , punti 14 e 15). Ciò premesso, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE, nonché l’articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva 96/71, in combinato disposto o meno con l’articolo 19 della direttiva 2006/123, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il destinatario di servizi realizzati dai lavoratori dipendenti distaccati di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto a dichiarare alle autorità competenti, prima dell’inizio dell’impiego di suddetti lavoratori, i dati identificativi di questi ultimi qualora essi non siano in grado di fornire la prova della dichiarazione che il loro datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare presso le autorità competenti di tale Stato membro ospitante prima dell’inizio della prestazione di cui trattasi. I governi belga, danese e francese fanno sostanzialmente valere che la normativa nazionale di cui trattasi non può essere qualificata come ostacolo alla libera prestazione di servizi e che, ad ogni modo, tale normativa, da una parte, è giustificata da motivi imperativi di interesse generale attinenti segnatamente alla tutela dei lavoratori, alla prevenzione della concorrenza sleale e alla lotto contro la frode e, dall’altra, è necessaria per il conseguimento di tali obiettivi. Peraltro, tali governi ritengono che, nel caso di specie, non sia necessario interpretare né la direttiva 96/71 né la direttiva 2006/123. Il governo austrico ritiene, in sostanza, che la normativa nazionale di cui trattasi sia conforme al disposto dell’articolo 5 della direttiva 96/71, secondo cui gli Stati membri adottano misure adeguate in caso di inosservanza della medesima. I sigg. De Clercq e la sig.ra Rottiers sostengono invece che tale normativa costituisce una restrizione sproporzionata alla libera prestazione di servizi, contraria agli articoli 56 TFUE e 57 TFUE. Essi aggiungono che la direttiva 2006/123 vieta espressamente agli Stati membri di imporre un obbligo di dichiarazione al fine di poter beneficiare di una prestazione da parte di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro. La Commissione europea fa valere che, alla luce della giurisprudenza della Corte, nel caso di specie non è necessario interpretare l’articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva 96/71 ed essa rileva che la direttiva 2006/123 non trova applicazione ratione temporis ai fatti del procedimento principale. Peraltro, la Commissione è del parere che la normativa nazionale di cui trattasi costituisca un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Tale normativa potrebbe essere giustificata, ma spetterebbe al giudice del rinvio accertare e valutare concretamente e precisamente l’obiettivo da essa perseguito, nonché la sua proporzionalità. Sull’applicabilità dell’articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva 96/71 Ai termini del suo titolo, l’articolo 3 della direttiva 96/71 concerne le «[c]ondizioni di lavoro e di occupazione» dei lavoratori distaccati. Pertanto, il paragrafo 1 di tale articolo 3 prevede che gli Stati membri provvedano affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese stabilite in uno Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano lavoratori sul territorio di un altro Stato membro, garantiscano a questi ultimi condizioni di lavoro e di occupazione che, nello Stato membro sul cui territorio è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi o da arbitrati sempreché attengano a determinate attività nel settore edilizio, enumerate in allegato alla direttiva in parola, e che riguardano segnatamente i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, le tariffe minime salariali nonché la sicurezza, la salute e l’igiene sul lavoro. Analogamente, il paragrafo 10 del suddetto articolo 3 precisa che gli Stati membri possono anche imporre, in pari misura e nel rispetto del Trattato FUE, alle imprese nazionali ed a quelle di altri Stati membri, condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate al paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo nei limiti in cui si tratti di disposizioni di ordine pubblico, nonché delle condizioni di lavoro e di occupazione stabilite in contratti collettivi o arbitrati riguardanti attività diverse da quelle contemplate dall’allegato della direttiva 96/71. I paragrafi 1 e 10 dell’articolo 3 della direttiva 96/71 mirano quindi a garantire ai lavoratori distaccati l’applicazione delle norme di protezione minima dello Stato membro ospitante per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie indicate al suddetto paragrafo 1 nonché, eventualmente, quelle precisate dagli Stati membri in forza del suddetto paragrafo 10, mentre svolgono temporaneamente un’attività lavorativa sul territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Laval un Partneri, C‑341/05, EU:C:2007:809 , punto 76). Nel caso di specie, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che la normativa nazionale di cui trattasi non riguarda direttamente le condizioni di lavoro e di occupazione di cui alle suddette disposizioni, ma sarebbe volta a garantire l’efficacia dei controlli che possono essere operati dalle autorità belghe al fine di assicurare il rispetto delle suddette condizioni di lavoro e di occupazione. Orbene, la Corte ha già statuito che tali misure di controllo non rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva 96/71 né sono armonizzate a livello dell’Unione europea, poiché la direttiva 96/71 è diretta a coordinare le discipline nazionali sostanziali relative alle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati, indipendentemente dalle norme amministrative accessorie destinate a consentire la verifica dell’osservanza di dette condizioni. Siffatte misure possono quindi essere liberamente definite dagli Stati membri, nel rispetto del Trattato e dei principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dos Santos Palhota e a., C‑515/08, EU:C:2010:589 , punti da 25 a 27). Di conseguenza, una situazione come quella in esame nel procedimento principale non è soggetta alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 10, della direttiva 96/71. Sull’applicabilità dell’articolo 19 della direttiva 2006/123 L’articolo 16, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123 dispone che gli Stati membri non possono restringere la libera prestazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro imponendo le restrizioni alla libera prestazione di servizi di cui all’articolo 19 della medesima direttiva. Orbene, come rilevato dai sig.ri De Clercq e dalla sig.ra Rottiers, da una lettura congiunta del suddetto articolo 16, paragrafo 2, lettera g) e dell’articolo 19, lettera a), della direttiva 2006/123 emerge che gli Stati membri non possono imporre al destinatario di servizi requisiti che restringono l’uso di un servizio fornito da un prestatore con sede in un altro Stato membro, segnatamente l’obbligo di presentare una dichiarazione presso le rispettive autorità competenti. Tuttavia, va rilevato che dalla decisione di rinvio emerge che gli imputati sono perseguiti per fatti svoltisi tra il 1 o aprile 2007 e il 18 novembre 2008, ovvero prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2006/123, fissato al 28 dicembre 2009 dal suo articolo 44, paragrafo 1. Quest’ultima non è quindi applicabile ratione temporis al procedimento principale. Ciò premesso, non occorre prendere in considerazione le disposizioni dell’articolo 19 della direttiva 2006/123 nell’ambito dell’esame della questione pregiudiziale. Sugli articoli 56 TFUE e 57 TFUE In via preliminare, va rilevato che, come emerge dalla decisione di rinvio, il procedimento principale riguarda i destinatari di servizi effettuati da un’impresa stabilita in uno Stato membro, che ha distaccato i propri lavoratori per un periodo determinato presso un’impresa del medesimo gruppo stabilita in un altro Stato membro al fine di eseguirvi una prestazione di servizi. Poiché l’articolo 56 TFUE conferisce diritti non soltanto al prestatore di servizi stesso ma anche al destinatario dei medesimi, una simile situazione di fatto rientra negli articoli 56 TFUE e 57 TFUE (v., in tal senso, sentenze dos Santos Palhota e a., EU:C:2010:589 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché Strojírny Prostějov e ACO Industries Tábor, C‑53/13 e C‑80/13, EU:C:2014:2011 , punto 26 nonché la giurisprudenza ivi citata). Sull’esistenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’articolo 56 TFUE prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in base alla sua cittadinanza o alla circostanza che esso è stabilito in un Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere eseguita, ma anche l’eliminazione di qualsiasi restrizione, anche qualora si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, se sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro nel quale fornisce legittimamente servizi analoghi (v., in particolare, sentenze dos Santos Palhota e a., EU:C:2010:589 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata; Commissione/Belgio, C‑577/10, EU:C:2012:814 , punto 38, nonché Essent Energie Productie, C‑91/13, EU:C:2014:2206 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, l’articolo 56 TFUE conferisce diritti non soltanto al prestatore di servizi stesso ma anche al destinatario dei suddetti servizi. Nel caso di specie, dall’articolo 141 della legge programmatica emerge che l’obbligo di dichiarazione di cui trattasi comporta, per gli utilizzatori finali o i committenti presso i quali o per i quali vengono impiegati, direttamente o mediante subappalto, lavoratori dipendenti distaccati, di verificare, prima dell’inizio della prestazione di servizi, se tali lavoratori distaccati siano in grado di presentare l’avviso di ricevimento. Qualora l’avviso di ricevimento non possa essere presentato, tali utilizzatori finali o committenti sono tenuti ad effettuare, per via elettronica, una dichiarazione alle autorità belghe competenti. Ai sensi dell’articolo 7 del regio decreto, tale dichiarazione deve contenere i dati d’identificazione del dichiarante, che possono essere eventualmente limitati a un numero d’impresa o a un numero di identificazione presso la previdenza sociale, i dati identificativi del lavoratore distaccato che non sia stato in grado di presentare l’avviso di ricevimento, che possono essere eventualmente un numero di identificazione del Registro nazionale o «Numero della “Banque-Carrefour”», nonché i dati identificativi del datore di lavoro del lavoratore, i quali possono eventualmente essere un numero d’impresa o un numero di identificazione presso la previdenza sociale. In forza degli articoli 101 e 183 del codice penale sociale, l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione di cui trattasi da parte del destinatario dei servizi è passibile o di un’ammenda penale di importo compreso tra EUR 100 e EUR 1 000, o di un’ammenda amministrativa di importo compreso tra EUR 50 e EUR 500, ove sono applicabili i fattori di correzione e l’ammenda viene moltiplicata per il numero di lavoratori interessati. La normativa nazionale di cui trattasi impone quindi ai destinatari di una prestazione di servizi effettuata da lavoratori distaccati da un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, non soltanto di controllare, prima dell’inizio della prestazione, se il datore di lavoro di predetti lavoratori abbia esso stesso ottemperato all’obbligo di dichiarazione impostogli dall’articolo 139 della legge programmatica, ma anche, se del caso, di raccogliere presso i medesimi lavoratori, parimenti prima di ogni inizio di esecuzione della prestazione, i loro dati identificativi nonché quelli del loro datore di lavoro e di trasmetterli, unitamente ai propri, alle autorità belghe competenti. È dunque giocoforza constatare che una normativa che imponga siffatti obblighi, la cui inosservanza può essere sanzionata penalmente, è atta a rendere meno attraenti, per i destinatari di servizi stabiliti in Belgio, i servizi forniti dai prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri e a dissuadere conseguentemente detti destinatari dal ricorrere a prestatori di servizi residenti in altri Stati membri. Di conseguenza, tale normativa costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 57 TFUE, in linea di principio vietata dall’articolo 56 TFUE. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento del governo belga secondo cui, in sostanza, gli effetti della normativa di cui trattasi sono trascurabili, poiché viene richiesta solo la comunicazione di un numero limitato di informazioni, l’obbligo di dichiarazione di cui trattasi è puramente declaratorio e sorge solo in via sussidiaria. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, ad ogni modo, anche una restrizione di debole portata o di importanza minore di una libertà fondamentale, in via di principio, è vietata dal Trattato [sentenze Corsica Ferries (Francia), C‑49/89, EU:C:1989:649 , punto 8, nonché Strojírny Prostějov e ACO Industries Tábor, EU:C:2014:2011 , punto 42]. Sulla giustificazione della restrizione alla libera prestazione di servizi Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una normativa nazionale che ricada in un settore non oggetto di armonizzazione a livello dell’Unione e che si applichi indistintamente a qualsiasi soggetto o impresa che eserciti un’attività sul territorio dello Stato membro interessato può risultare giustificata, malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libera prestazione di servizi, se risponde a un motivo imperativo d’interesse generale e tale interesse non sia già tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito, qualora sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo da essa perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenze Arblade e a., C‑369/96 e C‑376/96, EU:C:1999:575 , punti 34 e 35; dos Santos Palhota e a., EU:C:2010:589 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Belgio, EU:C:2012:814 , punto 44). Inoltre, la Corte ha già statuito che, alla luce della possibilità, per le autorità dello Stato membro sul cui territorio una prestazione di servizi è effettuata, di eseguire controlli volti a garantire il rispetto dei diritti che la legislazione dello Stato membro medesimo attribuisce ai lavoratori sul proprio territorio, le imprese stabilite nello Stato membro sul cui territorio la prestazione è effettuata e quelle stabilite in uno Stato membro diverso, che distacchino lavoratori sul territorio di tale primo Stato membro al fine di fornirvi un servizio, si trovano in situazioni oggettivamente diverse (v., in tal senso, sentenze Finalarte e a., C‑49/98, C‑50/98, da C‑52/98 a C‑54/98 e da C‑68/98 a C‑71/98, EU:C:2001:564 , punti 63, 64 e 73, nonché Commissione/Belgio, EU:C:2012:814 , punto 48). Nel caso di specie, a parere del giudice del rinvio, la normativa nazionale di cui trattasi potrebbe essere giustificata dalla tutela dei lavoratori dipendenti distaccati, dalla necessità di poter eseguire un controllo effettivo dell’osservanza della legislazione belga applicabile a questi ultimi, dalla prevenzione della concorrenza sleale, tra cui la lotta al dumping sociale, dal mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale o anche dalla necessità di prevenire la frode e di combattere gli abusi. Il governo belga sostiene anche che la normativa nazionale di cui trattasi è giustificata dagli obiettivi di tutela dei lavoratori, di prevenzione della concorrenza sleale e di lotta contro la frode. A tal riguardo, va ricordato che la Corte ha già statuito che, tra i motivi imperativi di interesse generale, idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione di servizi, figurano segnatamente la tutela dei lavoratori (sentenza dos Santos Palhota e a., EU:C:2010:589 , punto 47 nonché la giurisprudenza ivi citata), la prevenzione della concorrenza sleale da parte delle imprese che retribuiscono i loro dipendenti distaccati a un livello inferiore rispetto a quello corrispondente al salario minimo, in quanto tale scopo integra un obiettivo di tutela dei lavoratori mediante la lotta contro il dumping sociale (v., in tal senso, sentenza Wolff & Müller, C‑60/03, EU:C:2004:610 , punti 35, 36 e 41), nonché la lotta contro la frode, segnatamente sociale, e la prevenzione degli abusi, in particolare la lotta contro il lavoro dissimulato, nei limiti in cui tale obiettivo possa essere segnatamente ricondotto all’obiettivo di tutelare l’equilibrio finanziario dei regimi previdenziali (v., in tal senso, sentenza Rüffert, C‑346/06, EU:C:2008:189 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha riconosciuto agli Stati membri la facoltà di verificare il rispetto delle disposizioni nazionali e del diritto dell’Unione in materia di prestazione di servizi e ha ammesso che i motivi imperativi di interesse generale che giustificano le disposizioni sostanziali di una normativa possono altresì giustificare le misure di controllo necessarie per assicurarne il rispetto (v., in tal senso, sentenze Arblade e a., EU:C:1999:575 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata, nonché dos Santos Palhota e a., EU:C:2010:589 , punto 48). In tale contesto, va ricordato che, a proposito dell’obbligo di dichiarazione preliminare imposto, in sostanza, dall’articolo 153 della legge programmatica ai prestatori di servizi autonomi legalmente stabiliti in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio e che desiderano fornire temporaneamente servizi in Belgio, la Corte ha dichiarato che il Regno del Belgio poteva far valere, quale giustificazione all’ostacolo alla libera prestazione di servizi causato da tale disposizione, l’obiettivo di lottare contro la frode, segnatamente sociale, di prevenire gli abusi e di tutelare i lavoratori (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, EU:C:2012:814 , punto 45). Nella specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che l’obbligo di dichiarazione di cui trattasi viene imposto al destinatario dei servizi e che esso completa l’obbligo di dichiarazione preliminare già imposto al datore di lavoro dei lavoratori distaccati. Inoltre, va rilevato che, in particolare in materia di diritto del lavoro, i lavoratori distaccati sul territorio belga dal loro datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro beneficiano, in linea di principio, segnatamente in forza della direttiva 96/71, di taluni diritti sociali di cui la normativa nazionale di cui trattasi mira a garantire il rispetto. Ne deriva che gli obiettivi di tutela dei lavoratori distaccati e di lotta alla frode, invocati nel caso di specie dal governo belga, possono giustificare anche la normativa nazionale in esame e che quest’ultima, nei limiti in cui costituisce una misura di controllo necessaria per assicurare il rispetto dei suddetti motivi imperativi di interesse generale, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 65 e 66 della presente sentenza, a priori, è atta a garantire la realizzazione di tali obiettivi. Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio valutare se tale normativa è proporzionata alla realizzazione degli obiettivi individuati tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti (v., in tal senso, sentenze Finalarte e a., EU:C:2001:564 , punto 49, nonché International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union, C‑438/05, EU:C:2007:772 , punto 84). Ai fini di tale valutazione, va ricordato che la Corte si è già pronunciata nel senso che l’obbligo imposto ad un datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro di segnalare alle autorità dello Stato membro ospitante, anteriormente al distacco, la presenza di uno o più lavoratori dipendenti da distaccare, la durata prevista di tale presenza e la o le prestazioni di servizi che giustificano il distacco, costituisce una misura efficace e proporzionata, atta a consentire alle suddette autorità, da un lato, di controllare l’osservanza della normativa in materia sociale e retributiva dello Stato membro ospitante durante il periodo di distacco, tenendo conto degli obblighi ai quali predetto datore di lavoro è già soggetto per effetto delle norme di diritto del lavoro vigenti nello Stato membro d’origine e, dall’altro, di lottare contro la frode (v., in tal senso, sentenza dos Santos Palhota e a., EU:C:2010:589 , punti 51, 53 e 54 nonché la giurisprudenza ivi citata). Orbene, come indicato dal governo belga, la normativa nazionale di cui trattasi, comportando un controllo dell’obbligo di dichiarazione incombente al datore di lavoro di lavoratori temporaneamente distaccati sul territorio belga, può considerarsi come corollario di un siffatto obbligo, necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti dal sistema Limosa. Giova altresì ricordare che l’inflizione di sanzioni, comprese quelle di natura penale, può considerarsi necessaria al fine di garantire il rispetto effettivo di una normativa nazionale, a condizione tuttavia che la natura e l’importo della sanzione inflitta siano in ogni caso di specie proporzionati alla gravità dell’infrazione che essa intende sanzionare (v., in tal senso, sentenze Louloudakis, C‑262/99, EU:C:2001:407 , punti 69 e 70, nonché Commissione/Grecia, C‑156/04, EU:C:2007:316 , punto 72). Alla luce di tali elementi, risulta che la normativa nazionale di cui trattasi possa essere proporzionata agli obiettivi indicati dal giudice del rinvio e dal governo belga, circostanza che spetta tuttavia al giudice nazionale verificare. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, in forza della quale il destinatario di servizi realizzati dai lavoratori dipendenti distaccati di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto a dichiarare alle autorità competenti, prima dell’inizio dell’impiego di tali lavoratori, i dati identificativi di questi ultimi qualora essi non siano in grado di fornire la prova della dichiarazione che il loro datore di lavoro avrebbe dovuto presentare presso le autorità competenti di tale Stato membro ospitante prima dell’inizio della prestazione di cui trattasi, poiché una siffatta normativa può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori o la lotta alla frode sociale, a condizione che venga provato che essa è atta a garantire il conseguimento del o degli obiettivi legittimi perseguiti e che essa non vada oltre quanto necessario per conseguirli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sulle spese Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, in forza della quale il destinatario di servizi realizzati dai lavoratori dipendenti distaccati di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto a dichiarare alle autorità competenti, prima dell’inizio dell’impiego di tali lavoratori, i dati identificativi di questi ultimi qualora essi non siano in grado di fornire la prova della dichiarazione che il loro datore di lavoro avrebbe dovuto presentare presso le autorità competenti di tale Stato membro ospitante prima dell’inizio della prestazione di cui trattasi, poiché una siffatta normativa può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori o la lotta alla frode sociale, a condizione che venga provato che essa è atta a garantire il conseguimento del o degli obiettivi legittimi perseguiti e che essa non vada oltre quanto necessario per conseguirli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

62007CJ0263

el

Παράβαση κράτους μέλους — Πλημμελής μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη των άρθρων 9, παράγραφος 4, και 13, παράγραφος 1, και του παραρτήματος Ι της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΕΕ L 257, σ. 26) — Έννοια της φράσης «χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών» και της φράσης «περιοδική επανεξέταση» των όρων της άδειας εκμετάλλευσης Διατακτικό Το Δικαστήριο αποφασίζει: Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, μεταφέροντας πλημμελώς στην εθνική έννομη τάξη του τα άρθρα 9, παράγραφος 4, και 13, παράγραφος 1, και το παράρτημα I της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή. Καταδικάζει το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στα δικαστικά έξοδα.

62003CJ0458

es

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1), de los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, así como de los principios de no discriminación, transparencia e igualdad de trato. 2       Dicha petición se planteó a raíz de un litigio entre la sociedad Parking Brixen GmbH (en lo sucesivo, «Parking Brixen»), por un lado, y la Gemeinde Brixen (Municipio de Brixen) y la sociedad Stadtwerke Brixen AG, por otro, relativo a la adjudicación a esta última de la gestión de dos aparcamientos ubicados en la demarcación de ese municipio. Marco jurídico Derecho comunitario 3       El artículo 43 CE dispone: «En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. […] La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal como se definen en el segundo párrafo del artículo 48, en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo relativo a los capitales.» 4       El artículo 49 CE, párrafo primero, establece: «En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación.» 5       El octavo considerando de la Directiva 92/50 precisa: «[...] la presente Directiva se refiere sólo a las prestaciones de servicios bajo contrato público; [...] quedan excluidas las prestaciones de servicios con arreglo a otros instrumentos jurídicos, como leyes, disposiciones administrativas o contratos laborales». 6       El artículo 1 de la citada Directiva dispone: «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) contratos públicos de servicios: los contratos a título oneroso celebrados por escrito entre un prestador de servicios y una entidad adjudicadora [...] […] b) entidad adjudicadora: el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público y las asociaciones formadas por uno o varios de dichos organismos de Derecho público o de dichos entes. […]» Derecho nacional 7       El artículo 22, apartado 3, de la Ley italiana nº 142, de 8 de junio de 1990, sobre la organización de las entidades locales (suplemento ordinario de la GURI nº 135, de 12 de junio de 1990; en lo sucesivo, «Ley nº 142/1990»), establece que los municipios y provincias pueden utilizar las siguientes formas de gestión de los servicios públicos locales que, a tenor de la Ley, pertenezcan a su ámbito de competencias: «a)      mediante gestión directa, cuando debido a las dimensiones modestas o a las características del servicio no resulte oportuno crear una institución o una empresa; b)      mediante concesión a terceros, cuando existan razones técnicas, económicas o de conveniencia social; c)      mediante empresas especiales, también para la gestión de varios servicios de interés económico y comercial; d)      mediante instituciones, para el ejercicio de servicios sociales sin interés comercial; e)      mediante sociedades anónimas con capital municipal mayoritario, cuando se considere pertinente la participación de otras entidades públicas o privadas, en función de la naturaleza del servicio que debe prestarse.» 8       En su versión inicial, el artículo 44 de la Ley regional nº 1, de 4 de enero de 1993, reprodujo en gran medida el artículo 22 de la Ley nº 142/1990. Posteriormente, dicho artículo 44 fue modificado por la Ley regional nº 10, de 23 de octubre de 1998. 9       El artículo 44 de la Ley regional nº 1, en su versión modificada por la Ley regional nº 10, dispone: «[…] 6.      Los municipios regularán mediante reglamento los procedimientos y los criterios de selección de las formas de organización señaladas a continuación para la gestión de los servicios públicos que tengan una relevancia económica y empresarial: a)      La constitución de empresas especiales. b)      La constitución o participación en sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada apropiadas en las que el ente público local ejerza una influencia decisiva. c)      La adjudicación de la gestión de servicios públicos a terceros, para lo cual deberán establecerse procedimientos de licitación adecuados para su selección. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, esta relación no podrá tener una duración superior a veinte años y únicamente podrá renovarse con el mismo sujeto por medio de las modalidades previstas en el presente subapartado. Las cooperativas, las asociaciones legales de inválidos y discapacitados así como las asociaciones benéficas y empresas sin ánimo de lucro tendrán preferencia, en igualdad de condiciones. […] 18.      Las mancomunidades municipales podrán, en todo momento, confiar a las sociedades constituidas según lo dispuesto en el apartado 6 y a las sociedades contempladas en el apartado 17 la ejecución de otros servicios públicos compatibles con el objeto social de éstas, mediante acuerdo de la entidad en el que se apruebe simultáneamente el correspondiente contrato de servicios.» 10     El contenido del artículo 44, apartados 6 y 18, de la Ley regional nº 1, en su versión modificada por la Ley regional nº 10, está reproducido literalmente en el artículo 88, apartados 6 y 18, del Texto refundido de las ordenanzas municipales de la Región Autónoma de Trentino-Südtirol. 11     El artículo 115 del Decreto legislativo nº 267, de 18 de agosto de 2000, Texto refundido de la legislación en materia de organización de las entidades locales (suplemento ordinario de la GURI nº 227, de 28 de septiembre de 2000, en lo sucesivo, «Decreto legislativo nº 267/2000»), permite a los municipios transformar sus empresas especiales en sociedades anónimas y permanecer como accionista único de éstas durante un período que no supere los dos años a partir de la fecha de transformación. Litigio principal y cuestiones prejudiciales 12     En aplicación del artículo 22 de la Ley nº 142/1990, la Gemeinde Brixen encomendó la gestión de determinados servicios públicos locales de su competencia a Stadtwerke Brixen, empresa especial propiedad de dicho municipio. 13     Según el artículo 1 de sus estatutos, Stadtwerke Brixen estaba dotada de personalidad jurídica y de autonomía empresarial desde el 1 de enero de 1999. Se trataba de un organismo municipal cuya función específica consistía en la prestación unitaria e integrada de servicios públicos locales. 14     Con arreglo al artículo 2 de dichos estatutos, Stadtwerke Brixen tenía por objeto, en particular: «f)      la gestión de aparcamientos y edificios de aparcamientos, así como la realización de todas las actividades conexas». 15     En aplicación del artículo 115 del Decreto legislativo nº 267/2000, la Gemeinde Brixen transformó la empresa especial Stadtwerke Brixen en una sociedad anónima denominada «Stadtwerke Brixen AG», mediante acuerdo nº 97, de 25 de octubre de 2001. 16     Con arreglo al artículo 1, apartado 3, de los estatutos de esta última, «tras la transformación subsistirán todos los derechos y obligaciones preexistentes de la empresa especial [Stadtwerke Brixen], y la sociedad [Stadtwerke Brixen AG] ocupará, en consecuencia, todas las posiciones acreedoras y deudoras en los negocios jurídicos de [la empresa especial] Stadtwerke Brixen». 17     Con arreglo al artículo 4 de sus estatutos, Stadtwerke Brixen AG puede ejercer, en particular, las siguientes actividades a nivel local, nacional e internacional: «g)      la explotación de aparcamientos y garajes, así como las actividades conexas». 18     A tenor del artículo 18 de los estatutos de Stadtwerke Brixen AG, se atribuyen su consejo de administración las siguientes facultades: «1)      El consejo de administración dispondrá de los más amplios poderes para la gestión ordinaria de la sociedad, con la facultad de realizar todos los actos que considere adecuados o necesarios para la consecución del objeto social. 2)      Salvo que lo autorice la junta general de accionistas, se prohíbe al consejo de administración constituir garantías por un valor superior a 5 (cinco) millones de euros, así como suscribir letras de cambio contra el propio librador y aceptar letras de cambio que superen dicho importe. 3)      La compra y venta de participaciones de otras sociedades; la compra, venta y arrendamiento de empresas o de sectores de empresas y la compra y venta de vehículos hasta un importe máximo de 5 (cinco) millones de euros por operación se considerarán actos incluidas en la gestión ordinaria. 4)      Será competencia exclusiva del consejo de administración la adopción de acuerdos que tengan por objeto la fijación o modificación de la retribución de determinadas tareas, de conformidad con el artículo 2389, párrafo segundo, del Código civil italiano.» 19     De conformidad con el artículo 5, apartado 2, de los estatutos de Stadtwerke Brixen AG, «la participación de la Gemeinde Brixen en el capital social no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de las acciones». Además, la Gemeinde Brixen tiene derecho a nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración de dicha sociedad. En cuanto al consejo de vigilancia de la sociedad, compuesto por tres miembros efectivos y dos suplentes, el municipio nombra al menos a dos de los miembros efectivos y a uno de los suplentes. 20     Según el órgano jurisdiccional remitente, la transformación de una empresa especial en sociedad anónima conlleva un manifiesto aumento de autonomía en favor de esta última. En efecto, el ámbito de actividad de Stadtwerke Brixen AG se amplió considerablemente respecto del de Stadtwerke Brixen, puesto que la primera puede actuar a nivel local, nacional e internacional, mientras que la actividad de la empresa especial Stadtwerke Brixen se limitaba a la demarcación de la Gemeinde Brixen. Además, la empresa especial Stadtwerke Brixen estaba sometida al control e influencia directos del Consejo Municipal, mientras que, en el caso de Stadtwerke Brixen AG, el control que ejerce el municipio se limita al margen de actuación de que dispone la mayoría de socios en virtud del Derecho de sociedades. 21     Mediante acuerdo nº 37, de 23 de marzo de 2000, el Consejo Municipal de Brixen encargó a Stadtwerke Brixen la construcción y gestión de una piscina pública. Cuando esta empresa se transformó en una sociedad anónima, con fecha 25 de octubre de 2001, Stadtwerke Brixen AG asumió los derechos y obligaciones derivados de dicho acuerdo. 22     Mediante acuerdo nº 118, de 18 de diciembre de 2001, el Consejo Municipal de Brixen cedió a Stadtwerke Brixen AG un derecho de superficie sobre el suelo y subsuelo del terreno destinado a la piscina, en particular sobre la finca catastral 491/11, situada en la demarcación de la Gemeinde Brixen, para la construcción de plazas de aparcamiento subterráneas. 23     En espera de la ejecución de dicho proyecto de aparcamiento subterráneo, se previó un aparcamiento provisional en superficie. A tal fin, la parcela 491/11, utilizada hasta entonces como campo de fútbol, fue recubierta provisionalmente de macadán y acondicionada como aparcamiento, con una capacidad de aproximadamente 200 plazas. Según el órgano jurisdiccional remitente, no se adoptó ningún acuerdo para la explotación de la parcela 491/11 como aparcamiento en superficie. 24     Con el fin de ofrecer más plazas de aparcamiento, el Consejo Municipal de Brixen encomendó a Stadtwerke Brixen AG, mediante acuerdo nº 107, de 28 de noviembre de 2002, la gestión del aparcamiento en superficie situado sobre el terreno adyacente, a saber, la finca catastral 491/6 ubicada igualmente en la demarcación de la Gemeinde Brixen, con una capacidad aproximada de 200 plazas y que había sido gestionado directamente por el municipio desde hacía más de 10 años. En dicho acuerdo, se precisa que, «en relación con la actividad de baños, Stadtwerke Brixen AG ya ha construido provisionalmente un aparcamiento junto al terreno comunal» y que «parece por tanto necesario y oportuno encomendar igualmente a Stadtwerke Brixen AG la gestión del terreno adyacente, la parcela 491/6, [...] con una superficie de 5.137 m , que en la actualidad está gestionado directamente por el Municipio». 25     En aplicación del acuerdo nº 107, la Gemeinde Brixen celebró con fecha 19 de diciembre de 2002 un convenio con Stadtwerke Brixen AG, por el cual encomendaba a esta sociedad la gestión del aparcamiento ubicado en la finca 491/6 durante un plazo de nueve años. 26     Como contrapartida por la gestión de dicho aparcamiento, Stadtwerke Brixen AG cobra las tasas de aparcamiento. Ahora bien, dicha sociedad paga a la Gemeinde Brixen una compensación anual por importe de 151.700 euros, vinculada a los precios de los tiques de aparcamiento, de suerte que un incremento en el precio de éstos se traduce en un aumento de la compensación abonada al municipio. Además de la gestión del aparcamiento, Stadtwerke Brixen AG se hace cargo del servicio de alquiler gratuito de bicicletas y acepta que el mercado semanal se siga instalando sobre el área en cuestión. Stadtwerke Brixen AG ha mantenido igualmente al personal empleado anteriormente en ese área por la Gemeinde Brixen. Finalmente, corresponde a la sociedad el mantenimiento ordinario y extraordinario del área, asumiendo toda responsabilidad al respecto. 27     En virtud de un contrato de concesión celebrado el 19 de junio de 1992 con la Gemeinde Brixen, Parking Brixen se hizo cargo de la construcción y gestión de un aparcamiento, distinto de los que son objeto del caso de autos, situado igualmente en la demarcación de dicho municipio. Parking Brixen recurrió ante el Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, contra la atribución de la gestión de los aparcamientos ubicados en las fincas 491/6 y 491/11 a Stadtwerke Brixen AG. A juicio de la recurrente, la Gemeinde Brixen hubiese debido aplicar las disposiciones en materia de licitación pública. 28     Las demandadas en el litigio principal, Stadtwerke Brixen AG y la Gemeinde Brixen, niegan que exista una obligación de tramitar un procedimiento de licitación pública. La Gemeinde Brixen alega al respecto que tiene control completo sobre Stadtwerke Brixen AG, por lo que no se ha producido una contratación pública con un tercero. 29     En estas circunstancias, el Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1)      La adjudicación de la gestión de los aparcamientos públicos de pago controvertidos, ¿constituye un contrato público de servicios a efectos de la Directiva 92/50/CEE, o bien una concesión de servicios públicos a la que deben aplicarse las normas comunitarias de la competencia, en particular la obligación de igualdad de trato y de transparencia? 2)      En el supuesto de que se trate efectivamente de una concesión de servicios relativa a la gestión de un servicio público local: dado que la adjudicación de la gestión de aparcamientos públicos de pago puede efectuarse sin licitación pública previa, de conformidad con el artículo 44, apartado 6, letra b), de la Ley regional nº 1, de 4 de enero de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley regional nº 10, de 23 de enero de 1998, y con el artículo 88, apartado 6, letras a) y b) del Texto refundido de las ordenanzas municipales, ¿tal adjudicación es compatible con el Derecho comunitario, en particular con los principios de libre prestación de servicios, libre competencia y prohibición de discriminación y las consecuentes obligaciones de igualdad de trato y de transparencia, así como con el principio de proporcionalidad, en caso de que recaiga en una sociedad anónima constituida mediante la transformación de una empresa especial de un municipio, de conformidad con el artículo 115 del Decreto legislativo nº 267/2000, dándose la circunstancia de que el capital social de dicha sociedad anónima pertenece en su totalidad al municipio en el momento de la adjudicación, pero el consejo de administración de la sociedad dispone de las más amplias facultades de gestión ordinaria hasta un importe de 5 millones de euros por operación?» 30     Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de mayo de 2004 se declaró la inadmisibilidad de la demanda de intervención presentada por Energy Service Srl. Sobre la primera cuestión 31     En su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la adjudicación de la gestión de los aparcamientos públicos de pago controvertidos constituye un contrato público de servicios, a los efectos de la Directiva 92/50, o bien una concesión de servicios públicos. 32     Ha de precisarse, de entrada, que no corresponde al Tribunal de Justicia calificar en concreto las operaciones controvertidas en el litigio principal. Tal calificación es competencia exclusiva del juez nacional. El papel del Tribunal de Justicia se limita a proporcionar al juez nacional una interpretación del Derecho comunitario útil para la resolución que a éste corresponde adoptar en el litigio del que está conociendo. 33     En cumplimiento de este objetivo, el Tribunal de Justicia puede extraer de los autos del litigio principal los datos pertinentes para la interpretación del Derecho comunitario. 34     En este contexto, debe señalarse que el caso de autos se refiere a la adjudicación de la gestión de dos aparcamientos diferentes: el que se encuentra situado en la finca 491/11 y el ubicado en la finca 491/6. 35     En relación con el aparcamiento en superficie sito en la finca 491/11, la resolución de remisión tan sólo indica que no se adoptó ningún acuerdo para su explotación. En particular, la resolución de remisión no contiene información alguna acerca de las condiciones de retribución de la explotación de ese aparcamiento. 36     Dadas las circunstancias, el Tribunal de Justicia no puede sino constatar que no dispone de información suficiente para proceder a una interpretación útil del Derecho comunitario en respuesta a esta parte de la cuestión. 37     En relación con el aparcamiento ubicado en la finca 491/6, de la resolución de remisión se desprende, tal y como se ha recogido en los apartados 24 a 26 de la presente sentencia, que la Gemeinde Brixen gestionó dicho aparcamiento durante más de 10 años antes de que tal gestión fuera encomendada a Stadtwerke Brixen AG por un plazo de nueve años, mediante un convenio celebrado el 19 de diciembre de 2002 entre la sociedad y el municipio. Como contrapartida por la gestión de este aparcamiento, Stadtwerke Brixen AG cobra tasas de aparcamiento a los usuarios y revierte una compensación anual a la Gemeinde Brixen. Además, Stadtwerke Brixen AG acepta que el mercado semanal se siga instalando sobre el área en cuestión, se hace cargo del servicio de alquiler gratuito de bicicletas y asume el mantenimiento del área. 38     Habida cuenta de los anteriores datos, debe entenderse que, en su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la adjudicación de la gestión de un aparcamiento público de pago por una autoridad pública a un prestador de servicios, en contrapartida de la cual el prestador percibe como retribución las cantidades abonadas por terceros para el uso de dicho aparcamiento, constituye un contrato público de servicios, a los efectos de la Directiva 92/50, o bien una concesión de servicios públicos a la cual no resulta de aplicación dicha Directiva. 39     Tal y como resulta de su octavo considerando, la Directiva 92/50 se aplica a los «contratos públicos de servicios», que se definen en el artículo 1, letra a), de dicha Directiva como «los contratos a título oneroso celebrados por escrito entre un prestador de servicios y una entidad adjudicadora». De esta definición se deduce que un contrato público de servicios, en el sentido de la Directiva, requiere una contrapartida pagada directamente por la entidad adjudicadora al prestador de servicios. 40     En cambio, en la situación a que se refiere la primera cuestión, la retribución del prestador de servicios no procede de la autoridad pública, sino de las cantidades abonadas por terceros para el uso del aparcamiento. Esta modalidad de retribución implica que el prestador asume el riesgo de explotación de los servicios, lo cual es una característica de la concesión de servicios públicos. Por consiguiente, la situación descrita en el litigio principal no se trata de un contrato público de servicios, sino de una concesión de servicios públicos. 41     A este respecto, debe destacarse que dicha interpretación viene confirmada por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114), aun cuando no resultara de aplicación cuando se produjeron los hechos del caso de autos. A tenor del artículo 1, apartado 4, de dicha Directiva, la «“concesión de servicios” es un contrato que presente las mismas características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio». 42     Consta que las concesiones de servicios públicos están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50 (véase el auto de 30 de mayo de 2002, Buchhändler‑Vereinigung, C‑358/00, Rec. p. I‑4685, apartado 28). 43     Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que la adjudicación de la gestión de un aparcamiento público de pago por una autoridad pública a un prestador de servicios, en contrapartida de la cual el prestador percibe como retribución las cantidades abonadas por terceros para el uso de dicho aparcamiento, constituye una concesión de servicios públicos a la que no resulta de aplicación la Directiva 92/50. Sobre la segunda cuestión 44     En su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la adjudicación de una concesión de servicios públicos sin previa licitación pública es compatible con el Derecho comunitario en caso de que la empresa concesionaria sea una sociedad anónima constituida mediante la transformación de una empresa especial de una autoridad pública, sociedad anónima cuyo capital social pertenece en su totalidad a la autoridad pública concedente en el momento de la adjudicación, pero cuyo consejo de administración dispone de las más amplias facultades de gestión ordinaria y puede realizar de forma autónoma, sin acuerdo de la junta general de accionistas, determinadas operaciones hasta un importe de cinco millones de euros. 45     Esta cuestión se refiere, por una parte, a la conducta de la autoridad concedente en relación con la adjudicación de una concesión concreta y, por otra, a la legislación nacional que permite la adjudicación de tal concesión sin previa licitación. 46     Pese a que, en el estado actual del Derecho comunitario, los contratos de concesión de servicios públicos se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50, las autoridades públicas que los celebren están obligadas no obstante a respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado CE y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad (véanse en este sentido las sentencias de 7 de diciembre de 2000, Teleaustria y Telefonadress, C‑324/98, Rec. p. I‑10745, apartado 60, y de 21 de julio de 2005, Coname, C‑231/03, Rec. p. I‑0000, apartado 16). 47     El artículo 12 CE proclama la prohibición de toda discriminación por razón de nacionalidad. Entre las disposiciones del Tratado aplicables más específicamente a las concesiones de servicios públicos cabe destacar, en particular, el artículo 43 CE, cuyo primer párrafo prohíbe las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro, y el artículo 49 CE, conforme a cuyo primer párrafo quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación. 48     Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los artículos 43 CE y 49 CE constituyen una expresión particular del principio de igualdad de trato (véase la sentencia de 5 de diciembre de 1989, Comisión/Italia, C‑3/88, Rec. p. 4035, apartado 8). La prohibición de discriminación por razón de nacionalidad constituye igualmente una expresión específica del principio general de igualdad de trato (véase la sentencia de 8 de octubre 1980, Überschär, 810/79, Rec. p. 2747, apartado 16). En la jurisprudencia relativa a las directivas comunitarias en materia de contratación pública, el Tribunal de Justicia ha precisado que el principio de igualdad de trato de los licitadores tiene por objeto que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus ofertas, con independencia de su nacionalidad (véase en este sentido la sentencia de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C‑87/94, Rec. p. I‑2043, apartados 33 y 54). De ello se deduce que el principio de igualdad de trato de los licitadores es aplicable a las concesiones de servicios públicos aun cuando no exista una discriminación por razón de nacionalidad. 49     Los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de nacionalidad implican, en particular, una obligación de transparencia que permita que la autoridad pública concedente se asegure de que los mencionados principios son respetados. Esta obligación de transparencia que recae sobre dicha autoridad consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación (véase en este sentido la sentencia Teleaustria y Telefonadress, antes citada, apartados 61 y 62). 50     Corresponde a la autoridad pública concedente apreciar, bajo el control de los tribunales competentes, la adecuación de las modalidades de licitación a las particularidades de cada concesión de servicios públicos. Sin embargo, la falta total de licitación en la adjudicación de una concesión de servicios públicos como la que es objeto del caso de autos no responde a los requisitos de los artículos 43 CE y 49 CE ni a los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. 51     Además, el artículo 86 CE, apartado 1, establece que los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del presente Tratado, especialmente las previstas en los artículos 12 CE y 81 CE a 89 CE, ambos inclusive. 52     De lo anterior se desprende que los Estados miembros no deben mantener en vigor una normativa nacional que permita la adjudicación de concesiones de servicios públicos sin licitación, puesto que tal adjudicación infringe los artículos 43 CE o 49 CE, o vulnera los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. 53     Se han formulado dos alegaciones en defensa de la no aplicación de las disposiciones del Tratado ni de los principios generales señalados en los apartados 46 a 52 de la presente sentencia a una concesión de servicios públicos adjudicada en las circunstancias del litigio principal. 54     Por una parte, Stadtwerke Brixen AG alega que los artículos 43 CE a 55 CE no son aplicables a la situación del caso de autos, puesto que se trata de una situación puramente interna de un solo Estado miembro, habida cuenta de que tanto Parking Brixen como Stadtwerke Brixen AG y la Gemeinde Brixen están domiciliadas en Italia. 55     No procede acoger esta alegación. En el caso de autos, no se puede excluir que la prestación de servicios controvertida hubiese podido interesar a empresas establecidas en Estados miembros distintos de la República Italiana (véase en este sentido la sentencia Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 33). Pues bien, dado que la adjudicación de la concesión de servicios públicos objeto del litigio principal se llevó a cabo sin publicidad y sin apertura a la competencia, se ha producido una discriminación, al menos potencial, en perjuicio de las empresas de otros Estados miembros a las que se ha impedido ejercer la libertad de prestación de servicios y la libertad de establecimiento recogidas en el Tratado (véase en este sentido la sentencia Coname, antes citada, apartado 17). 56     Por otra parte, la República Italiana, Stadtwerke Brixen AG y la Gemeinde Brixen alegan que en el caso de autos está excluida la aplicación de las normas del Tratado y de los principios generales del Derecho comunitario, puesto que Stadtwerke Brixen AG no es una entidad independiente de dicho municipio. En apoyo de esta alegación, se remiten a la sentencia de 18 de noviembre de 1999, Teckal (C‑107/98, Rec. p. I‑8121, apartados 49 a 51). 57     A estos efectos, debe recordarse que, en la sentencia Teckal, antes citada, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), es aplicable cuando una entidad adjudicadora, como un ente territorial, proyecta celebrar por escrito, con una entidad formalmente distinta de ella y autónoma respecto a ella desde el punto de vista decisorio, un contrato a título oneroso que tiene por objeto el suministro de productos. 58     Por lo que se refiere a la existencia de tal contrato, el Tribunal de Justicia ha precisado en el apartado 50 de la misma sentencia Teckal, antes citada, que, conforme al artículo 1, letra a), de la Directiva 93/36, basta, en principio, con que el contrato haya sido celebrado entre, por una parte, un ente territorial y, por otra, una persona jurídicamente distinta de éste. Sólo puede ser de otra manera en el supuesto de que, a la vez, el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con el ente o los entes a que pertenece. 59     El Tribunal de Justicia ha confirmado la aplicabilidad de las mismas consideraciones a las Directivas 92/50, relativa a los contratos públicos de servicios, y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54) (véanse, respectivamente, las sentencias de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C‑26/03, Rec. p. I‑1, apartados 48, 49 y 52, y de 13 de enero de 2005, Comisión/España, C‑84/03, Rec. p. I‑139, apartado 39). 60     Dichas consideraciones parten de la premisa de que la aplicación de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 depende de la existencia de un contrato celebrado entre dos personas distintas (véase la sentencia Teckal, antes citada, apartados 46 y 49). Ahora bien, la aplicación de los artículos 12 CE, 43 CE y 49 CE, así como de los principios de igualdad, no discriminación y transparencia asociados a dichos artículos, no dependen de la existencia de un contrato. Por consiguiente, las consideraciones desarrolladas por la jurisprudencia citada en los apartados 56 a 59 de la presente sentencia no se aplican automáticamente a estas disposiciones del Tratado ni a los mencionados principios. 61     No obstante, debe señalarse que dichas consideraciones pueden trasponerse a las disposiciones del Tratado y principios relativos a las concesiones de servicios públicos excluidas del ámbito de aplicación de las directivas sobre contratación pública. En efecto, en el ámbito de la contratación pública y de las concesiones de servicios públicos, el principio de igualdad de trato y sus expresiones específicas, que son la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad y los artículos 43 CE y 49 CE, son aplicables en el supuesto de que una autoridad pública encomiende la prestación de actividades económicas a un tercero. En cambio, no procederá aplicar las normas comunitarias en materia de contratación pública o de concesiones de servicios públicos en caso de que una autoridad pública realice las tareas de interés público que le corresponden con sus propios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo, sin recurrir a entidades externas (véase en este sentido la sentencia Stadt Halle y RPL Lochau, antes citada, apartado 48). 62     Por consiguiente, en el ámbito de las concesiones de servicios públicos estará excluida la aplicación de lo dispuesto en los artículos 12 CE, 43 CE y 49 CE, así como de los principios generales cuya expresión específica constituyen dichos artículos, en el supuesto de que, cumulativamente, la autoridad pública concedente ejerza sobre la entidad concesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y la entidad realice la parte esencial de su actividad junto con la autoridad a que pertenece. 63     Dado que se trata de una excepción a las normas generales del Derecho comunitario, ambos requisitos expuestos en el apartado anterior deben ser objeto de una interpretación estricta, y la carga de la prueba de que existen realmente las circunstancias excepcionales que justifican la excepción a dichas normas incumbe a quien quiera beneficiarse de ella (véase la sentencia Stadt Halle y RPL Lochau, antes citada, apartado 46). 64     Procede examinar, en primer lugar, si la autoridad pública concedente ejerce sobre la entidad concesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. 65     Dicha apreciación debe tener en cuenta el conjunto de disposiciones legales y circunstancias pertinentes. Del referido examen, ha de resultar que la entidad concesionaria en cuestión está sometida a un control que permita a la autoridad pública influir en sus decisiones. Debe tratarse de una posibilidad de influencia determinante, tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes. 66     De la resolución de remisión se desprende que, según el artículo 1 de los estatutos de la empresa especial Stadtwerke Brixen, ésta constituía un organismo municipal cuya función específica consistía en la prestación unitaria e integrada de servicios públicos locales. El Consejo Municipal establecía la orientación general, dotaba su capital, se encargaba de la cobertura de eventuales gastos sociales, verificaba los resultados de la gestión y desempeñaba funciones de supervisión estratégica, si bien se garantizaba a la empresa su necesaria autonomía. 67     En cambio, Stadtwerke Brixen AG adquirió una vocación de mercado que pone en precario el control municipal. En este sentido, cabe destacar los siguientes aspectos: a)      La transformación de Stadtwerke Brixen –empresa especial de la Gemeinde Brixen– en una sociedad anónima (Stadtwerke Brixen AG) y la naturaleza de este tipo de sociedad; b)      La ampliación del objeto social, puesto que la sociedad comenzó a trabajar en nuevos e importantes ámbitos, en particular el transporte de personas y de mercancías, así como la informática y las telecomunicaciones. Debe resaltarse que la sociedad mantuvo la amplia gama de actividades que anteriormente había desarrollado la empresa especial, en particular el abastecimiento de agua y el tratamiento de aguas residuales, el suministro de calefacción y de energía, la eliminación de residuos y la construcción de carreteras. c)      La apertura obligatoria de la sociedad, a corto plazo, a capital ajeno. d)      La expansión del ámbito territorial de las actividades de la sociedad a toda Italia y al extranjero. e)      Los considerables poderes atribuidos al consejo de administración, sin que, en la práctica, el municipio ejerza ningún control sobre la gestión. 68     Concretamente, en lo relativo a los poderes atribuidos al consejo de administración, en la resolución de remisión se señala que los estatutos de Stadtwerke Brixen AG, en particular su artículo 18, otorgan a dicho órgano amplios poderes para la gestión de la sociedad, puesto que dispone de la facultad de realizar todo acto que considere necesario para la consecución del objeto social. Además, la facultad que contempla el citado artículo 18 para la constitución de garantías hasta un valor de cinco millones de euros o la realización de otras operaciones sin previo acuerdo de la junta general de accionistas, muestra que la sociedad dispone de una amplia autonomía respecto de sus socios. 69     La resolución de remisión indica igualmente que la Gemeinde Brixen tiene derecho a nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración de Stadtwerke Brixen AG. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente destaca que el control municipal sobre Stadtwerke Brixen AG se limita, esencialmente, a las medidas cuya adopción atribuye el Derecho de sociedades a la mayoría de los accionistas, lo cual reduce considerablemente la relación de dependencia que existía entre el municipio y la empresa especial Stadtwerke Brixen, sobre todo si se tienen en cuenta las amplias facultades con que cuenta el consejo de administración de Stadtwerke Brixen AG. 70     Cuando una entidad concesionaria dispone de un margen de autonomía de las características descritas en los apartados 67 a 69 de la presente sentencia, no cabe entender que la autoridad pública concedente ejerce sobre la entidad concesionaria un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. 71     Dadas las circunstancias, y sin que sea necesario examinar la cuestión de si la entidad concesionaria realiza la parte esencial de su actividad junto con la autoridad pública concedente, no puede considerarse que la adjudicación de una concesión de servicios públicos por una autoridad pública a tal entidad constituya una operación interna de dicha autoridad, a la que no resulten aplicables las normas comunitarias. 72     Habida cuenta de cuanto antecede, procede dar la siguiente respuesta a la segunda cuestión: Los artículos 43 CE y 49 CE, así como los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad pública adjudique, sin licitación previa, una concesión de servicios públicos a una sociedad anónima constituida mediante la transformación de una empresa especial de dicha autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de actividad se ha expandido a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de administración dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercer de forma autónoma. Costas 73     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 1) La adjudicación de la gestión de un aparcamiento público de pago por una autoridad pública a un prestador de servicios, en contrapartida de la cual el prestador percibe como retribución las cantidades abonadas por terceros para el uso de dicho aparcamiento, constituye una concesión de servicios públicos a la que no resulta de aplicación la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios. 2) Los artículos 43 CE y 49 CE, así como los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad pública adjudique, sin licitación previa, una concesión de servicios públicos a una sociedad anónima constituida mediante la transformación de una empresa especial de dicha autoridad pública, sociedad anónima cuyo objeto social se ha ampliado a nuevos e importantes ámbitos, cuyo capital debe abrirse obligatoriamente a corto plazo a otros inversores, cuyo ámbito territorial de actividad se ha expandido a todo el país y al extranjero y cuyo consejo de administración dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercer de forma autónoma. Firmas * Lengua de procedimiento: alemán.

61991TJ0031

pt

(fundamentos não reproduzidos) decide: 1) A Decisão 91/298/CEE da Comissão, de 19 de Dezembro de 1990, relativa a um processo de aplicação do artigo 85. do Tratado CEE (IV/33.133-B: Carbonato de sódio ° Solvay, CFK), é anulada na parte que concerne à recorrente. 2) A Comissão é condenada nas despesas.

62005TJ0448

de

Klage auf teilweise Nichtigerklärung der Entscheidung K(2005) 3452 der Kommission vom 14. September 2005 in einem Verfahren nach den Artikeln 81 [EG] und 53 des EWR-Abkommens (Sache COMP/38.337 – PO/Garne) in ihrer durch die Entscheidung K(2005) 3765 der Kommission vom 13. Oktober 2005 geänderten Fassung und, hilfsweise, auf Herabsetzung der mit dieser Entscheidung gegen die Klägerin verhängten Geldbuße Tenor 1. Die Klage wird abgewiesen. 2. Die Oxley Threads Ltd trägt die Kosten.

62011TJ0388

de

Vorgeschichte des Rechtsstreits Zu dem Prüfverfahren zwischen 1999 und 2002 Im Jahr 1950 errichtete die Bundesrepublik Deutschland eine Post, die Deutsche Bundespost. Im Jahr 1989 ersetzte die Bundesrepublik Deutschland die Deutsche Bundespost durch drei gesonderte Unternehmen. Es handelte sich hierbei um den Postdienst, die Postbank und die Telekom. Mit dem Gesetz vom 14. September 1994 zur Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bundespost in die Rechtsform der Aktiengesellschaft (BGBl. 1994 I, S. 2325) wurde der Postdienst in die Deutsche Post AG, Klägerin in der vorliegenden Rechtssache, umgewandelt, und ebenso wurden die Postbank und die Telekom ab 1. Januar 1995 in Aktiengesellschaften umgewandelt. Am 17. August 1999 entschied die Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach Eingang einer Beschwerde der UPS Europe NV/SA, jetzt UPS Europe SPRL/BVBA (im Folgenden: UPS), Streithelferin im vorliegenden Rechtsstreit, ein förmliches Prüfverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland zu eröffnen, das sich auf mehrere zunächst dem Postdienst und dann der Klägerin gewährte Beihilfen bezog (im Folgenden: Eröffnungsentscheidung von 1999). Zu den streitigen Beihilfen gehörten die der Klägerin von den deutschen Behörden zur Deckung der Pensionen von Beschäftigten mit Beamtenstatus gezahlten Subventionen (im Folgenden: Pensionssubventionen). Mit der Entscheidung 2002/753/EG vom 19. Juni 2002 über Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zugunsten der Deutschen Post AG ( ABl. 2002, L 247, S. 27 , im Folgenden: endgültige Entscheidung von 2002) schloss die Kommission das 1999 eröffnete förmliche Prüfverfahren ab. Nach der Feststellung, dass der staatliche Ausgleich für Nettomehrkosten einer Rabattpolitik bei den dem Wettbewerb offenstehenden Haus-zu-Haus-Paketdiensten einen Vorteil im Sinne von Art. 87 Abs. 1 EG darstelle, erklärte die Kommission in Art. 1 des verfügenden Teils der Entscheidung diese staatliche Beihilfe zugunsten der Klägerin in Höhe von 572 Mio. Euro für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, und schrieb der Bundesrepublik Deutschland in Art. 2 des verfügenden Teils die Beitreibung der Beihilfe vor. Nach Ansicht der Kommission war die streitige Beihilfe in mehreren Formen zustande gekommen, nämlich insbesondere in Form von Transferzahlungen, die über die Telekom zugunsten der Klägerin vorgenommen wurden, staatlichen Bürgschaften zugunsten der Klägerin und Pensionssubventionen. Am 4. September 2002 erhob die Klägerin beim Gericht eine unter dem Aktenzeichen T‑266/02 in das Register eingetragene Klage auf Nichtigerklärung der endgültigen Entscheidung von 2002. Mit Urteil vom 1. Juli 2008, Deutsche Post/Kommission ( T‑266/02 , EU:T:2008:235 ), erklärte das Gericht die endgültige Entscheidung von 2002 für nichtig, weil die Kommission nicht nachgewiesen hatte, dass ein Vorteil für die Klägerin gegeben war. Mit Urteil vom 2. September 2010, Kommission/Deutsche Post ( C‑399/08 P , EU:C:2010:481 ), wies der Gerichtshof das gegen dieses Urteil eingelegte Rechtsmittel zurück. a) Zum Beschluss von 2007, das förmliche Prüfverfahren einzuleiten Mit Schreiben vom 12. September 2007 nach Einlegung einer zweiten Beschwerde, mit der UPS rügte, dass nicht alle in der ersten Beschwerde genannten Maßnahmen geprüft worden und nach Erlass der endgültigen Entscheidung von 2002 rechtswidrige Beihilfen gewährt worden seien, sowie einer weiteren Beschwerde durch einen Wettbewerber der Klägerin teilte die Kommission der Bundesrepublik Deutschland ihren Beschluss mit, wegen der staatlichen Beihilfe C 36/07 (ex NN 25/07), die der Deutschen Post von den deutschen Behörden gewährt worden sei, das Verfahren nach Art. 88 Abs. 2 EG einzuleiten ( ABl. 2007, C 245, S. 21 , im Folgenden: Eröffnungsbeschluss von 2007). In diesem neuen Beschluss bezeichnete die Kommission es als erforderlich, sich eingehend mit den Wettbewerbsverzerrungen zu befassen, die durch die der Klägerin gewährten staatlichen Mittel hervorgerufen worden seien. Sie wies darauf hin, dass das durch die Eröffnungsentscheidung von 1999 eingeleitete Verfahren ergänzt werde, um die neu übermittelten Informationen einzubeziehen und endgültig zur Vereinbarkeit der gewährten Mittel mit dem EG-Vertrag Stellung zu nehmen. Mit Klageschrift, die am 22. November 2007 bei der Kanzlei des Gerichts einging und unter dem Aktenzeichen T‑421/07 in das Register eingetragen wurde, beantragte die Klägerin die Nichtigerklärung des Eröffnungsbeschlusses von 2007. Mit Urteil vom 8. Dezember 2011, Deutsche Post/Kommission ( T‑421/07 , EU:T:2011:720 ), stellte das Gericht dort in Rn. 75 fest, dass, „bei Vornahme [des Eröffnungsbeschlusses von 2007] das 1999 im Hinblick auf die streitigen Maßnahmen eingeleitete förmliche Prüfverfahren mit der [endgültigen] Entscheidung von 2002 nicht über die in deren verfügendem Teil genannten 572 Millionen Euro hinaus abgeschlossen worden war“. Das Gericht schloss in Rn. 78 des Urteils daraus, dass „[der Eröffnungsbeschluss von 2007] bei [seiner] Vornahme weder die rechtliche Bedeutung der streitigen Maßnahmen noch die Rechtsstellung der Klägerin geändert [hat]“, und kam in Rn. 80 des Urteils zu dem Ergebnis, dass die Klage für unzulässig zu erklären war. Im Rechtsmittelverfahren stellte der Gerichtshof in seinem Urteil vom 24. Oktober 2013, Deutsche Post/Kommission ( C‑77/12 P , nicht veröffentlicht, EU:C:2013:695 ), fest, dass die Kommission das mit der Eröffnungsentscheidung von 1999 eröffnete Verfahren dadurch vollständig abschlossen hatte, dass sie in Art. 1 des verfügenden Teils der endgültigen Entscheidung von 2002 die Beihilfe für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar erklärt und in Art. 2 dieses verfügenden Teils der Bundesrepublik Deutschland die Rückforderung dieser Beihilfe aufgegeben hatte. Der Gerichtshof schloss daraus, dass das Gericht mit der Feststellung, dass das 1999 eröffnete förmliche Prüfverfahren mit der endgültigen Entscheidung von 2002 nicht über die in deren verfügendem Teil genannten 572 Mio. Euro hinaus abgeschlossen worden war, einen Rechtsfehler begangen hatte. Folglich hob der Gerichtshof das Urteil vom 8. Dezember 2011, Deutsche Post/Kommission ( T‑421/07 , EU:T:2011:720 ), auf und verwies die Rechtssache an das Gericht zurück. In seinem Urteil vom 18. September 2015, Deutsche Post/Kommission ( T‑421/07 RENV , EU:T:2015:654 ), stellte das Gericht in Rn. 44 fest, dass der Eröffnungsbeschluss von 2007 hinsichtlich aller von ihm betroffenen Maßnahmen als eine Entscheidung, ein vollständig abgeschlossenes förmliches Prüfverfahren wiederzueröffnen, anzusehen ist. Das Gericht stellte fest, dass dieser Beschluss unter Verstoß gegen die Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von [Artikel 108 AEUV] ( ABl. 1999, L 83, S. 1 ) und den Grundsatz der Rechtssicherheit erlassen worden war, da die Kommission durch ihn das mit der endgültigen Entscheidung von 2002 vollständig abgeschlossene förmliche Prüfverfahren wieder eröffnet hatte, um eine neue endgültige Entscheidung zu erlassen, ohne die endgültige Entscheidung von 2002 zu widerrufen oder zurückzunehmen. Da gegen jenes Urteil kein Rechtsmittel eingelegt wurde, wurde es rechtskräftig. b) Zum Beschluss von 2011, das förmliche Prüfverfahren auszuweiten, und zum endgültigen Beschluss von 2012 Am 10. Mai 2011 setzte die Kommission die Bundesrepublik Deutschland von dem Beschluss K(2011) 3081 endg., das förmliche Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 AEUV in Bezug auf die staatliche Beihilfe C 36/07 (ex NN 25/07) der Bundesrepublik Deutschland zugunsten der Deutschen Post auszuweiten, in Kenntnis, von dem eine Zusammenfassung im Amtsblatt der Europäischen Union ( ABl. 2011, C 263, S. 4 ) veröffentlicht wurde (im Folgenden: angefochtener Beschluss). Mit diesem Beschluss wurde das förmliche Prüfverfahren betreffend die staatlichen Beihilfen, die der Klägerin als Ausgleich für ihre Universaldienstverpflichtungen gewährt wurden, auf die Subventionen ausgeweitet, die der Klägerin von den deutschen Behörden zur Finanzierung der Pensionen von Arbeitnehmern, die den Status von Beamten haben, gezahlt wurden. Mit diesem neuen Beschluss sollte das 2007 wiedereröffnete förmliche Prüfverfahren ausgeweitet werden, um speziell die Pensionsregelung zu prüfen, auf die zuvor nur oberflächlich eingegangen worden war. Mit Beschluss 2012/636/EU vom 25. Januar 2012 über die Maßnahme C 36/07 (ex NN 25/07) Deutschlands zugunsten der Deutschen Post AG ( ABl. 2012, L 289, S. 1 , im Folgenden: endgültiger Beschluss von 2012) stellte die Kommission u. a. fest, dass die staatliche Finanzierung der Ruhegehälter eine rechtswidrige staatliche Beihilfe darstelle, die mit dem Binnenmarkt unvereinbar sei. Bestimmte staatliche Ausgleichszahlungen zugunsten der Klägerin stellten dagegen eine mit dem Binnenmarkt vereinbare staatliche Beihilfe dar, und die staatlichen Garantien für Verbindlichkeiten, die von der Deutschen Bundespost vor ihrer Umwandlung in drei Aktiengesellschaften eingegangen worden seien, seien eine bestehende Beihilfe. Mit Klageschrift, die am 30. März 2012 bei der Kanzlei des Gerichts einging und unter dem Aktenzeichen T‑143/12 in das Register der Kanzlei eingetragen wurde, erhob die Bundesrepublik Deutschland Klage auf Nichtigerklärung des endgültigen Beschlusses von 2012. Mit Klageschrift, die am 4. April 2012 bei der Kanzlei des Gerichts einging und unter dem Aktenzeichen T‑152/12 in das Register der Kanzlei eingetragen wurde, erhob auch die Klägerin Klage auf Nichtigerklärung der Art. 1, 2, 4, 5 und 6 des endgültigen Beschlusses von 2012. Mit Urteil vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), erklärte das Gericht die Art. 1, 4, 5 und 6 des endgültigen Beschlusses von 2012 für nichtig, weil die Kommission einen Vorteil für die Klägerin nicht nachgewiesen hatte. Gegen das Urteil vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), wurde vor Ablauf der maßgeblichen Frist kein Rechtsmittel eingelegt. Daher wurde es rechtskräftig. Mit Beschluss vom 17. März 2017, Deutsche Post/Kommission ( T‑152/12 , nicht veröffentlicht, EU:T:2017:188 ), entschied das Gericht, dass der Rechtsstreit in der Rechtssache T‑152/12 in der Hauptsache erledigt war, da diese Klage denselben Gegenstand hatte wie die Klage in der Rechtssache T‑143/12, in der das Urteil vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), ergangen war, ein auf Teilnichtigkeit lautendes Urteil, das rechtskräftig geworden war. Verfahren und Anträge der Parteien Mit Klageschrift, die am 22. Juli 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben. Mit gesondertem Schriftsatz, der am 6. Oktober 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Kommission eine Einrede der Unzulässigkeit nach Art. 114 § 1 der Verfahrensordnung des Gerichts vom 2. Mai 1991 erhoben. Mit Beschluss vom 23. Juli 2013 ist nach Anhörung der Parteien das Verfahren in der vorliegenden Rechtssache bis zu der das Verfahren in der Rechtssache C‑77/12 P beendenden Entscheidung des Gerichtshofs über das Urteil vom 8. Dezember 2011, Deutsche Post/Kommission ( T‑421/07 , EU:T:2011:720 ), ausgesetzt worden, die am 24. Oktober 2013 ergangen ist. Mit Beschluss vom 12. Mai 2014 sind UPS und die UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, jetzt United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG, als Streithelferinnen zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen worden. Mit Beschluss vom 15. September 2014 ist das Verfahren in der vorliegenden Rechtssache bis zu der das Verfahren in der Rechtssache T‑421/07 RENV beendenden Entscheidung erneut ausgesetzt worden, die am 18. September 2015 ergangen ist und zur Nichtigerklärung des Eröffnungsbeschlusses von 2007 geführt hat. Nach der Fortsetzung des Verfahrens hat das Gericht mit Beschluss vom 20. November 2015 entschieden, die Entscheidung über die Einrede der Unzulässigkeit dem Endurteil vorzubehalten. Am 7. Januar 2016 hat die Kommission die Klagebeantwortung eingereicht. Am 25. Februar 2016 hat die Klägerin die Erwiderung eingereicht. Am 14. März 2016 haben die Streithelferinnen einen gemeinsamen Streithilfeschriftsatz eingereicht. Am 20. April 2016 hat die Kommission die Gegenerwiderung eingereicht. Mit Schreiben der Kanzlei vom 24. November 2016 hat das Gericht die Parteien im Rahmen prozessleitender Maßnahmen gebeten, zu den Folgen Stellung zu nehmen, die sich aus dem Urteil vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), im Hinblick auf eine mögliche Erledigung der Hauptsache nach Art. 131 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ergeben, insbesondere betreffend die Fortführung des förmlichen Prüfverfahrens in Bezug auf den für nichtig erklärten Teil des endgültigen Beschlusses von 2012, sowie zum Fortbestand des Rechtsschutzinteresses der Klägerin. Die Parteien haben fristgemäß Stellung genommen. Auf Vorschlag der Ersten Kammer hat das Gericht nach Art. 28 der Verfahrensordnung beschlossen, die Rechtssache an einen erweiterten Spruchkörper zu verweisen. Mit Schreiben der Kanzlei vom 18. Dezember 2017 hat das Gericht den Parteien im Rahmen prozessleitender Maßnahmen im Hinblick auf die mündliche Verhandlung Fragen zur schriftlichen Beantwortung gestellt. Die Parteien haben die Fragen des Gerichts fristgemäß beantwortet. Die Klägerin beantragt, – die Einrede der Unzulässigkeit zurückzuweisen; – den angefochtenen Beschluss für nichtig zu erklären; – der Kommission die Kosten aufzuerlegen. Die Kommission, unterstützt durch die Streithelferinnen, beantragt, – die Klage als unzulässig abzuweisen; – hilfsweise, die Klage wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses für gegenstandslos zu erklären; – höchst hilfsweise, die Klage als unbegründet abzuweisen; – der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Rechtliche Würdigung Zur Zulässigkeit In der Einrede der Unzulässigkeit macht die Kommission geltend, der angefochtene Beschluss diene ausschließlich der Sicherung der Verteidigungsrechte der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Begriffs der Beihilfe und hinsichtlich der Vereinbarkeit der streitigen Maßnahmen mit dem Binnenmarkt, ohne selbständige Rechtswirkungen zu entfalten, und sei daher keine anfechtbare Handlung. Auch deshalb habe die Klägerin jedenfalls kein Interesse an seiner Nichtigerklärung. Die Kommission ist zudem der Ansicht, dass die Hauptsache infolge des Urteils vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), nicht erledigt sei. Die Klägerin weist das Vorbringen der Kommission zurück und trägt vor, ihr Rechtsschutzinteresse bestehe so lange fort, wie die Kommission den angefochtenen Beschluss nicht zurücknehme. Die Streithelferinnen unterstützen die Anträge der Kommission zur Zulässigkeit der Klage und vertreten ebenfalls die Auffassung, dass die Hauptsache infolge des Urteils vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), nicht erledigt sei. Infolge der Nichtigerklärung des endgültigen Beschlusses von 2012 durch das Gericht bestehe das Interesse der Klägerin am Erlass eines neuen endgültigen Beschlusses durch die Kommission fort. Es ist festzustellen, dass die Kommission die Unzulässigkeit der vorliegenden Klage im Wesentlichen mit derselben Begründung einredeweise geltend macht, die sie bereits im Rahmen der Klage gegen den Eröffnungsbeschluss von 2007 vortrug. Obwohl der Gerichtshof dieses Vorbringen in seinem Urteil vom 24. Oktober 2013, Deutsche Post/Kommission ( C‑77/12 P , nicht veröffentlicht, EU:C:2013:695 ), bereits zurückgewiesen hat, hat die Kommission in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass sie ihre Einrede der Unzulässigkeit aufrechterhalten möchte. Nach gefestigter Rechtsprechung stellen Maßnahmen, die verbindliche Rechtswirkungen erzeugen, die die Interessen des Klägers durch eine qualifizierte Änderung seiner Rechtsstellung beeinträchtigen können, Handlungen oder Entscheidungen dar, die Gegenstand einer Nichtigkeitsklage nach Art. 263 AEUV sein können (Urteile vom 13. Oktober 2011, Deutsche Post und Deutschland/Kommission, C‑463/10 P und C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , Rn. und , und vom 24. Oktober 2013, Deutsche Post/Kommission, C‑77/12 P , nicht veröffentlicht, EU:C:2013:695 , Rn. ). Was speziell die verbindlichen Rechtswirkungen einer Entscheidung anbelangt, das förmliche Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 AEUV in Bezug auf eine in der Durchführung begriffene und als neue Beihilfe eingestufte Maßnahme einzuleiten, ändert eine solche Entscheidung notwendigerweise die Rechtslage in Bezug auf die betreffende Maßnahme sowie die durch sie begünstigten Unternehmen, insbesondere was ihre weitere Umsetzung angeht. Nach dem Erlass einer solchen Entscheidung bestehen zumindest erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme, die den Mitgliedstaat veranlassen müssen, die Zahlung auszusetzen, da die Einleitung des Verfahrens nach Art. 108 Abs. 2 AEUV es ausschließt, dass eine sofortige Entscheidung ergeht, mit der die Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt festgestellt würde und die es ermöglichen würde, die Durchführung der Maßnahme ordnungsgemäß fortzusetzen. Eine solche Entscheidung könnte vor einem nationalen Gericht geltend gemacht werden, das aufgerufen ist, alle Konsequenzen aus dem Verstoß gegen Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV zu ziehen. Schließlich kann sie die von der Maßnahme begünstigten Unternehmen veranlassen, auf jeden Fall neue Zahlungen zurückzuweisen oder Rückstellungen vorzunehmen, die für etwaige spätere Rückzahlungen erforderlich sind. Auch die Geschäftskreise werden in ihren Beziehungen zu den Beihilfeempfängern deren geschwächte Rechts- und Finanzlage berücksichtigen (vgl. Urteil vom 24. Oktober 2013, Deutsche Post/Kommission, C‑77/12 P , nicht veröffentlicht, EU:C:2013:695 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung, und Beschluss vom 22. Mai 2015, Autoneum Germany/Kommission, T‑295/14 , nicht veröffentlicht, EU:T:2015:350 , Rn. ). Im vorliegenden Fall stufte die Kommission in Rn. 80 des angefochtenen Beschlusses die Pensionssubventionen als neue Beihilfe ein. In Rn. 103 des angefochtenen Beschlusses nannte sie einen Betrag von mehreren Milliarden Euro, den die Klägerin für den Zeitraum von 1995 bis 2007 an Beitragszahlungen an den Pensionsfonds hätte leisten müssen, um den Fortbestand des Wettbewerbs mit den anderen Wettbewerbern auf demselben Markt zu gewährleisten. Außerdem erinnerte sie die Bundesrepublik Deutschland in Rn. 106 des angefochtenen Beschlusses an die Pflicht zur Aussetzung der streitigen Beihilfemaßnahmen. Wie sich aus der oben in Rn. 42 angeführten Rechtsprechung ergibt, ist die Pflicht zur Aussetzung der Durchführung der betreffenden Maßnahme nicht die einzige Rechtswirkung einer Entscheidung, das förmliche Prüfverfahren zu eröffnen, wie dem angefochtenen Beschluss. Die Klägerin läuft nämlich aufgrund eines solchen Beschlusses insbesondere Gefahr, dass ein nationales Gericht einstweilige Maßnahmen erlässt, um zum einen die Interessen der beteiligten Parteien und zum anderen die praktische Wirksamkeit der Entscheidung, das förmliche Prüfverfahren zu eröffnen, zu wahren. In diesem Zusammenhang ist es möglich, dass das nationale Gericht insbesondere die Rückforderung der etwaigen Beihilfen anordnet (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Dezember 2016, Kommission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P , EU:C:2016:971 , Rn. bis ). Im vorliegenden Fall hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung bestätigt, dass sie nach Erlass des angefochtenen Beschlusses Rückstellungen über die Beträge vorgenommen habe, die im Fall des Erlasses eines abschlägigen endgültigen Beschlusses für etwaige von ihr zu leistende Rückzahlungen erforderlich wären. Aus alledem ist zu schließen, dass der angefochtene Beschluss bei Erhebung der Klage einen Rechtsakt darstellte, der die Interessen der Klägerin durch eine qualifizierte Änderung ihrer Rechtsstellung beeinträchtigen konnte, und daher alle Merkmale einer anfechtbaren Handlung im Sinne des Art. 263 AEUV aufweist. Ferner ist hinsichtlich des Vorbringens der Kommission und der Streithelferinnen, mit dem der Fortbestand des Rechtsschutzinteresses der Klägerin in Frage gestellt werden soll, daran zu erinnern, dass nach ständiger Rechtsprechung das Rechtsschutzinteresse erste und wesentliche Grundvoraussetzung einer jeden Klage ist (vgl. Beschluss vom 15. Mai 2013, Post Invest Europe/Kommission, T‑413/12 , nicht veröffentlicht, EU:T:2013:246 , Rn. ). Durch dieses Erfordernis wird auf der Verfahrensebene im Interesse einer geordneten Rechtspflege sichergestellt, dass die Gerichte nicht mit Anträgen auf Gutachten und/oder rein theoretischen Fragen befasst werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. Juni 2009, Socratec/Kommission, T‑269/03 , nicht veröffentlicht, EU:T:2009:211 , Rn. ). Der Unionsrichter kann auch über das bloße Vorbringen der Parteien hinaus von Amts wegen prüfen, ob ein Rechtsbehelfsführer aufgrund einer nach der Einlegung des Rechtsbehelfs eingetretenen Tatsache, durch die der Rechtsbehelf jeden Vorteil für den Rechtsbehelfsführer verlieren kann, kein Interesse an der Einlegung oder Aufrechterhaltung eines Rechtsbehelfs hat, und den Rechtsbehelf aus diesem Grund für unzulässig oder gegenstandslos erklären (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 19. Oktober 1995, Rendo u. a./Kommission, C‑19/93 P , EU:C:1995:339 , Rn. ). Das Rechtsschutzinteresse muss bis zum Erlass der gerichtlichen Entscheidung weiter vorliegen – andernfalls ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt –, was voraussetzt, dass die Klage der Partei, die sie erhoben hat, im Ergebnis einen Vorteil verschaffen kann (Urteil vom 7. Juni 2007, Wunenburger/Kommission, C‑362/05 P , EU:C:2007:322 , Rn. , und Beschluss vom 7. Dezember 2011, Fellah/Rat, T‑255/11 , nicht veröffentlicht, EU:T:2011:718 , Rn. ). Im Rahmen einer Nichtigkeitsklage ist der Fortbestand des Rechtsschutzinteresses eines Klägers im konkreten Fall und insbesondere unter Berücksichtigung der Folgen des geltend gemachten Rechtsverstoßes zu beurteilen (Urteil vom 28. Mai 2013, Abdulrahim/Rat und Kommission, C‑239/12 P , EU:C:2013:331 , Rn. ). Der Fortbestand des Rechtsschutzinteresses des Klägers setzt voraus, dass die Nichtigerklärung der angefochtenen Handlung als solche ihm gegenüber weiterhin Rechtswirkungen erzeugen kann (vgl. Beschluss vom 15. Mai 2013, Post Invest Europe/Kommission, T‑413/12 , nicht veröffentlicht, EU:T:2013:246 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall ist, ohne sich dabei unbedingt auf das Vorbringen der Parteien zu beschränken, zu prüfen, ob der angefochtene Beschluss, mit dem das mit dem Eröffnungsbeschluss von 2007 wiedereröffnete Verfahren ausgeweitet wurde, um „eingehender zu prüfen“, ob die Pensionssubventionen der Klägerin einen Vorteil verschafften, nach Erlass des endgültigen Beschlusses von 2012, mit dem das 2007 wiedereröffnete und durch den angefochtenen Beschluss ausgeweitete Verfahren abgeschlossen wurde, und nach Verkündung des Urteils vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), mit dem der endgültige Beschluss von 2012 für nichtig erklärt wurde, der Klägerin gegenüber weiterhin Rechtswirkungen erzeugt. Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass bei Erhebung von Klagen zum einen gegen einen Beschluss, ein förmliches Prüfverfahren hinsichtlich einer nationalen Maßnahme zu eröffnen, und zum anderen gegen einen endgültigen Beschluss, mit dem dieses Verfahren abgeschlossen und festgestellt wird, dass die geprüfte nationale Maßnahme eine mit dem Binnenmarkt unvereinbare staatliche Beihilfe ist, die Abweisung der gegen den endgültigen Beschluss gerichteten Klage dazu führt, dass der Gegenstand der gegen den Beschluss zur Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens gerichteten Klage wegfällt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juni 2000, EPAC/Kommission, T‑204/97 und T‑270/97 , EU:T:2000:148 , Rn. bis , vom 6. März 2002, Diputación Foral de Álava/Kommission, T‑168/99 , EU:T:2002:60 , Rn. bis , und vom 9. September 2009, Diputación Foral de Álava u. a./Kommission, T‑30/01 bis T‑32/01 und T‑86/02 bis T‑88/02 , EU:T:2009:314 , Rn. bis ). Diese Rechtsprechung lässt sich jedoch nicht auf den vorliegenden Fall übertragen, weil sich der angefochtene Beschluss dadurch auszeichnet, dass er erstens auf das Urteil vom 1. Juli 2008, Deutsche Post/Kommission ( T‑266/02 , EU:T:2008:235 ), hin ergangen ist, mit dem das Gericht die endgültige Entscheidung von 2002 für nichtig erklärt hat, zweitens den Eröffnungsbeschluss von 2007 vertiefen sollte, der in der Folge durch Urteil vom 18. September 2015, Deutsche Post/Kommission ( T‑421/07 RENV , EU:T:2015:654 ), für nichtig erklärt wurde, und drittens dem endgültigen Beschluss von 2012 vorausgegangen ist, der durch das Urteil vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), ebenfalls für nichtig erklärt wurde. Es ist daran zu erinnern, dass gegen das zuletzt genannte Urteil kein Rechtsmittel eingelegt wurde und es daher rechtskräftig wurde. Da der endgültige Beschluss von 2012 durch das Urteil vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), für nichtig erklärt wurde, ist indes darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung das Verfahren, mit dem eine für nichtig erklärte rechtswidrige Handlung ersetzt werden soll, genau an dem Punkt wieder aufgenommen werden kann, in dem die festgestellte Regelwidrigkeit begangen worden ist, sofern diese Regelwidrigkeit nicht zur Rechtswidrigkeit des gesamten Verfahrens geführt hat. Die Nichtigerklärung eines Rechtsakts der Union berührt somit nicht notwendig die vorbereitenden Handlungen, und die Nichtigerklärung eines Rechtsakts, der ein Verwaltungsverfahren abschließt, das mehrere Phasen umfasst, hat nicht notwendig und unabhängig von den materiellen oder formellen Gründen des Nichtigkeitsurteils die Nichtigkeit des gesamten Verfahrens zur Folge, das dem Erlass des angefochtenen Rechtsakts vorausgegangen ist (Urteile vom 7. November 2013, Italien/Kommission, C‑587/12 P , nicht veröffentlicht, EU:C:2013:721 , Rn. , und vom 6. Juli 2017, SNCM/Kommission, T‑1/15 , nicht veröffentlicht, EU:T:2017:470 , Rn. ). Insoweit ist festzustellen, dass die Kommission im Lauf des Verfahrens in der vorliegenden Rechtssache zwar stillschweigend eingeräumt hat, dass der angefochtene Beschluss, ohne aus der Unionsrechtsordnung getilgt worden zu sein, nicht mehr Grundlage für einen neuen, das förmliche Prüfverfahren abschließenden Beschluss sein kann, doch hat sie diesen Beschluss bis heute nicht zurückgenommen. Daraus könnte folgen, dass die Kommission in diesem Stadium weiterhin die Möglichkeit hat, das Verfahren im Stadium des Erlasses des angefochtenen Beschlusses wieder aufzunehmen. Folglich ist die Klägerin weiterhin der sich aus diesem Beschluss ergebenden Gefahr einer Rückforderung der von der Kommission gerügten Beihilfen ausgesetzt, wie oben in Rn. 44 bereits ausgeführt worden ist. Des Weiteren ist in Anbetracht der Verflochtenheit der drei von der Kommission seit 1999 eröffneten förmlichen Prüfverfahren und der Abfolge der verschiedenen Entscheidungen des Gerichtshofs und des Gerichts über die Beschlüsse, mit denen diese Verfahren eröffnet und abgeschlossen wurden, festzustellen, dass die Kommission aufgrund ihrer Pflichten gemäß Art. 266 AEUV die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus den von den Unionsgerichten bereits erlassenen und rechtskräftig gewordenen Urteilen vom 1. Juli 2008, Deutsche Post/Kommission ( T‑266/02 , EU:T:2008:235 ), vom 18. September 2015, Deutsche Post/Kommission ( T‑421/07 RENV , EU:T:2015:654 ), und vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), ergeben. Nach ständiger Rechtsprechung hat das Organ, dem die vom Unionsrichter für nichtig erklärten Rechtsakte zur Last fallen, zwar zu bestimmen, welche Maßnahmen zur Durchführung der Nichtigkeitsurteile erforderlich sind. Allerdings hat das betroffene Organ bei der Ausübung des ihm insoweit zustehenden Ermessens sowohl die Gründe dieser Urteile als auch die anwendbaren Bestimmungen des Unionsrechts zu beachten (vgl. Urteil vom 24. April 2017, HF/Parlament, T‑584/16 , EU:T:2017:282 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Art. 266 AEUV verpflichtet das betroffene Organ jedoch, die für nichtig erklärte Handlung nicht durch eine Handlung zu ersetzen, die eben die Fehler aufweist, die in dem Nichtigkeitsurteil festgestellt wurden. Diese Grundsätze gelten umso mehr, wenn das betreffende Nichtigkeitsurteil rechtskräftig geworden ist (Urteil vom 10. November 2010, HABM/Simões Dos Santos, T‑260/09 P , EU:T:2010:461 , Rn. und ). Folglich besteht das Interesse der Klägerin an der Nichtigerklärung des angefochtenen Beschlusses und an seiner Tilgung aus der Rechtsordnung fort, da sich die Kommission in dem Fall, dass der Beschluss für nichtig erklärt werden sollte und sie, um die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus den oben in Rn. 55 angeführten drei Nichtigkeitsurteilen ergeben und gemäß den Anforderungen von Art. 266 AEUV geboten sind, entschiede, erneut einen das förmliche Prüfverfahren wieder eröffnenden Beschluss zu erlassen, vergewissern müsste, dass dieser neue Beschluss nicht dieselben Fehler aufweist, die alle vorangegangenen Beschlüsse aufweisen. Unter Berücksichtigung der außergewöhnlichen prozessualen Komplexität, die sich aus dem Vorliegen mehrerer Entscheidungen der Verwaltung und der Gerichte über dieselben Beihilfemaßnahmen ergibt, ist festzustellen, dass sich die Klägerin in einer Situation besonderer Rechtsunsicherheit befindet, die sich nur durch die Prüfung der Begründetheit der vorliegenden Rechtssache und die etwaige Nichtigerklärung des angefochtenen Beschlusses klären lässt, was ihr Interesse an der Anfechtung dieses Beschlusses verstärkt. Insoweit ist festzustellen, dass die Klägerin die Höhe der Beihilfe oder gegebenenfalls der Zinsen für die Dauer der Rechtswidrigkeit, die sie möglicherweise rückerstatten muss, noch nicht einmal vorläufig vorhersehen kann, solange die Kommission von der Möglichkeit ausgeht, einen neuen endgültigen Beschluss erlassen zu können. Denn je nachdem, ob die Kommission annimmt, dass die der Klägerin zur Verfügung gestellten Beträge getrennt unter das 1999, 2007 oder 2011 begonnene Verfahren fallen, könnte die Höhe der möglicherweise zurückzufordernden Beihilfen im Fall der Einstufung der streitigen Beihilfen als neue Beihilfen und der Feststellung ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt erheblich variieren, da nach Art. 17 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2015/1589 des Rates vom 13. Juli 2015 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 108 AEUV ( ABl. 2015, L 248, S. 9 ) die erste Maßnahme, die die Kommission oder ein Mitgliedstaat auf Antrag der Kommission bezüglich der rechtswidrigen Beihilfe ergreift, eine Unterbrechung der Frist darstellt. Gegebenenfalls wäre, wenn die etwaigen Beihilfen für mit dem Binnenmarkt vereinbar gehalten würden, so dass die Kommission nur die Rückzahlung der Zinsen für die Dauer der Rechtswidrigkeit anordnen könnte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Februar 2008, CELF und Ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06 , EU:C:2008:79 , Rn. ), die Dauer der Rechtswidrigkeit, auf deren Grundlage die Zinsen zu berechnen wären, je nach Zeitpunkt des Beginns des förmlichen Prüfverfahrens der Kommission ebenfalls unterschiedlich. Nach alledem ist festzustellen, dass das Interesse der Klägerin an der Anfechtung des angefochtenen Beschlusses fortbesteht, und zwar trotz der Tatsache, dass der Wiedereröffnungsbeschluss von 2007 und der endgültige Beschluss von 2012 bereits für nichtig erklärt worden sind. Folglich ist die Klage zulässig und nicht gegenstandslos geworden. Deshalb ist die Einrede der Unzulässigkeit insgesamt zurückzuweisen, ebenso wie das gesamte Vorbringen der Kommission und der Streithelferinnen, das auf die Feststellung des Wegfalls des Rechtsschutzinteresses der Klägerin gerichtet ist. Zur Begründetheit Die Klägerin stützt ihre Klage im Wesentlichen auf sechs Klagegründe. Die ersten fünf Klagegründe betreffen offensichtliche Beurteilungsfehler der Kommission. Der sechste Klagegrund betrifft einen Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Art. 296 Abs. 2 AEUV, gegen die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Rechtssicherheit und gegen das Diskriminierungsverbot. Es ist daran zu erinnern, dass der Klagegrund einer fehlenden oder unzulänglichen Begründung auf den Nachweis einer Verletzung wesentlicher Formvorschriften gerichtet ist und daher eine als solche von der Beurteilung der Unrichtigkeit der Gründe des angefochtenen Beschlusses, deren Kontrolle zur Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit des Beschlusses gehört, gesonderte Prüfung erfordert (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 2. April 1998, Kommission/Sytraval und Brink’s France, C‑367/95 P , EU:C:1998:154 , Rn. , und vom 15. Dezember 2005, Italien/Kommission, C‑66/02 , EU:C:2005:768 , Rn. ). Im vorliegenden Fall ist daher der sechste Klagegrund, da er u. a. auf einen Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Art. 296 Abs. 2 AEUV gestützt ist, zu prüfen, bevor erforderlichenfalls die materielle Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses kontrolliert wird, auf die sich die übrigen Klagegründe beziehen. Nach Art. 107 Abs. 1 AEUV sind, „[soweit] in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, … staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“. Nach ständiger Rechtsprechung verlangt die Einstufung als „staatliche Beihilfe“ im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV, dass alle Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind. Erstens muss es sich um eine staatliche oder aus staatlichen Mitteln bestrittene Maßnahme handeln. Zweitens muss die Maßnahme geeignet sein, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Drittens muss dem Begünstigten durch sie ein selektiver Vorteil gewährt werden. Viertens muss sie den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen (vgl. Urteil vom 21. Dezember 2016, Kommission/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P , EU:C:2016:971 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Bei der vorläufigen rechtlichen Einstufung einer Maßnahme als „staatliche Beihilfe“ in einem das förmliche Prüfverfahren einleitenden Beschluss ist die Begründungspflicht in Bezug auf alle Voraussetzungen von Art. 107 Abs. 1 AEUV zu beachten. Die nach Art. 296 Abs. 2 AEUV und Art. 41 Abs. 2 Buchst. c der Charta der Grundrechte der Europäischen Union erforderliche Begründung muss der Natur des betreffenden Rechtsakts angepasst sein und die Überlegungen des Organs, das den Rechtsakt erlassen hat, so klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die erlassene Maßnahme entnehmen können und das zuständige Gericht seine Kontrollaufgabe wahrnehmen kann (vgl. Urteil vom 21. Dezember 2016, Club Hotel Loutraki u. a./Kommission, C‑131/15 P , EU:C:2016:989 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Was speziell die Begründung eines das förmliche Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 AEUV einleitenden Beschlusses der Kommission anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass ein solcher Beschluss nach Art. 4 Abs. 2 und 4 der Verordnung 2015/1589 nur erlassen werden kann, wenn die Kommission nach einer vorläufigen Prüfung zu dem Schluss gelangt, dass die Maßnahme eine neue staatliche Beihilfe darstellt und Anlass zu Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt gibt. Folglich muss jeder Beschluss, den die Kommission nach Abschluss der Vorprüfungsphase erlässt, eine vorläufige Würdigung des Beihilfecharakters der fraglichen staatlichen Maßnahme und – wenn sie die Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens beschließt – Ausführungen über die Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt enthalten, denn anderenfalls würde die Begründungspflicht nach Art. 296 Abs. 2 AEUV ausgehöhlt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Oktober 2008, TV2/Danmark u. a./Kommission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 und T‑336/04 , EU:T:2008:457 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Ein solcher nach Abschluss der Vorprüfungsphase erlassener Beschluss muss insbesondere die Betroffenen in die Lage versetzen, sich in wirksamer Weise am förmlichen Prüfverfahren zu beteiligen, in dem sie ihre Argumente geltend machen können. Hierzu muss er es den Beteiligten ermöglichen, zu erfahren, welche Überlegungen die Kommission zu der vorläufigen Ansicht, dass die in Rede stehende Maßnahme eine neue staatliche Beihilfe darstellen könnte, und zu Zweifeln an ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt veranlasst haben (vgl. Urteil vom 22. Oktober 2008, TV2/Danmark u. a./Kommission, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 und T‑336/04 , EU:T:2008:457 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Im Rahmen der Prüfung des sechsten Klagegrundes ist insbesondere zu prüfen, ob die Kommission im angefochtenen Beschluss die Gründe hinreichend dargelegt hat, aus denen sie nach einer Vorprüfung zu der Ansicht gelangte, dass die in Rede stehende Maßnahme vorläufig als staatliche Beihilfe eingestuft werden konnte, noch bevor sie geprüft hat, ob diese Beihilfe neu und mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. Die Klägerin macht im Wesentlichen geltend, die Kommission habe gegen die ihr im vorliegenden Fall obliegende Begründungspflicht verstoßen. Erstens habe sie im angefochtenen Beschluss nicht die Differenz zwischen dem Betrag der tatsächlich von der Bundesrepublik Deutschland an die Klägerin gezahlten Sozialbeiträge (abzüglich des der Erhöhung der genehmigten Briefentgelte entsprechenden Betrags) und dem Betrag der von den dem allgemeinen Sozialversicherungssystem unterliegenden Wettbewerbern gezahlten Sozialbeiträge berechnet. Zweitens habe sie keine Gründe für ihre Ansicht angegeben, dass die Frage, in welcher Höhe die Klägerin Sozialbeiträge entrichtet habe, für die Berechnung des Betrags der angeblichen staatlichen Beihilfe unerheblich sei. Drittens habe sie ihre Einschätzung, dass eine Quersubventionierung vorliege, die in der Form einer Erhöhung der genehmigten Briefentgelte zur Berücksichtigung der von der Klägerin entrichteten Soziallasten eingeführt worden sei, unzulänglich begründet. Viertens habe sie nicht erläutert, warum diese Untersuchung ausschließlich auf eine Prüfung der Vereinbarkeit der Kosten mit dem Binnenmarkt zu stützen sei. Die Kommission und die Streithelferinnen treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Zunächst ist daran zu erinnern, dass der angefochtene Beschluss nicht der erste Beschluss zur Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens ist, den die Kommission in Bezug auf die streitige Maßnahme erlassen hat. Die in der Form von Beiträgen zum Pensionsfonds der Klägerin gewährte Beihilfe war nämlich schon Gegenstand der Eröffnungsentscheidung von 1999, des Eröffnungsbeschlusses von 2007, der endgültigen Entscheidung von 2002 und des endgültigen Beschlusses von 2012. Mit Urteil vom 18. September 2015, Deutsche Post/Kommission ( T‑421/07 RENV , EU:T:2015:654 ), hat das Gericht den Eröffnungsbeschluss von 2007 jedoch für nichtig erklärt, in dessen Rahmen – wie die Kommission in Rn. 5 des angefochtenen Beschlusses ausgeführt hat – die Frage, ob die Pensionssubventionen der Klägerin einen Vorteil verschafften, „oberflächlich behandelt“ wurde und noch „eingehender zu prüfen“ war. In Anbetracht dieses besonderen Verfahrenshintergrundes ist festzustellen, dass der Kommission beim Erlass des angefochtenen Beschlusses eine besondere Begründungspflicht im Sinne von Art. 296 Abs. 2 AEUV oblag, da sie sich bereits im Rahmen des ursprünglich im Jahr 1999 eingeleiteten und im Jahr 2007 wiedereröffneten förmlichen Prüfverfahrens mit der Frage hatte befassen können, ob die staatlichen Beiträge zum Pensionsfonds der Klägerin eine staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV darstellten. Da die Kommission den angefochtenen Beschluss als Beschluss zur Ausweitung des 2007 wiedereröffneten Verfahrens eingestuft hat, konnte sie nicht ohne Verstoß gegen die Begründungspflicht nach Art. 296 Abs. 2 AEUV annehmen, dass sie noch nicht einmal vorläufig feststellen konnte, ob eines der Kriterien von Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllt war, und sich darauf beschränken, Bedenken zum Ausdruck zu bringen, ohne insoweit hinlängliche Gründe anzugeben. Aus den Rn. 64 bis 67 des angefochtenen Beschlusses geht hervor, dass die Kommission in dem Teil dieses Beschlusses, der der Beurteilung des Vorliegens einer staatlichen Beihilfe anhand von Art. 107 Abs. 1 AEUV und insbesondere des Vorliegens eines ausschließlichen wirtschaftlichen Vorteils gewidmet ist, lediglich auf die Schwierigkeiten hinwies, mit denen sie konfrontiert gewesen wäre, wenn sie die Wirtschaftsteilnehmer hätte ermitteln müssen, deren rechtliche und tatsächliche Situation als mit der Situation der Klägerin vergleichbar angesehen werden könnte. Sie hob insbesondere hervor, dass sich die Klägerin aufgrund der Tatsache, dass sie im Bereich der Universalpostdienste über ein Ausschließlichkeitsrecht verfügt habe und im Rahmen der Umwandlung der Bundespost viele staatliche Ausgleichszahlungen und Garantien erhalten habe, in einer besonderen und beispiellosen Situation befunden habe. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass sich das Vorliegen eines ausschließlichen wirtschaftlichen Vorteils nicht durch einen Vergleich zwischen den Lasten der Klägerin und den Lasten ihrer Wettbewerber nachweisen lasse. Demgegenüber führte sie aus, dass eine vergleichende Prüfung mit den Wettbewerbern der Klägerin im Rahmen der Prüfung der Vereinbarkeit der Beihilfen, insbesondere im Stadium einer eingehenderen Prüfung der Beeinträchtigung des Wettbewerbs, angemessen sei. So war die Kommission an späterer Stelle des angefochtenen Beschlusses im Stadium der Prüfung der Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt der Ansicht, dass es auf der Grundlage eines Referenzsatzes möglich sei, die von der Klägerin entrichteten Sozialbeiträge mit den von ihren privaten Wettbewerbern entrichteten Sozialbeiträgen zu vergleichen. Sie erläuterte jedoch nicht, inwiefern die Feststellungen, die im Rahmen der Prüfung der Vereinbarkeit der streitigen Beihilfe vorgenommen wurden, die Feststellungen zur Beurteilung des Vorliegens eines selektiven wirtschaftlichen Vorteils oder gar einer staatlichen Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV stützten oder nicht widerlegten. Aus alledem ist zu schließen, dass die Klägerin zutreffend dargetan hat, dass ein Verstoß gegen die Begründungspflicht gemäß Art. 296 AEUV vorliegt, indem sie hervorgehoben hat, dass der angefochtene Beschluss keine Berechnung enthält, anhand deren sich im Stadium der Einstufung der streitigen Maßnahme als staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV ein Vergleich zwischen den Lasten der Klägerin und den Lasten ihrer Wettbewerber vornehmen lässt, während bei der Beurteilung der Vereinbarkeit der in Rede stehenden Beihilfe mit dem Binnenmarkt ein solcher Vergleich vorgenommen wurde. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht in Rn. 148 des Urteils vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), mit dem der endgültige Beschluss von 2012, den die Kommission nach Abschluss des 2007 wiedereröffneten und durch den angefochtenen Beschluss ausgeweiteten förmlichen Prüfverfahrens erlassen hatte, für nichtig erklärt wurde, auf die Rechtsprechung verwiesen hat, nach der die Kommission im Stadium der Anwendung von Art. 107 Abs. 1 AEUV, d. h. dem Nachweis des Vorliegens eines Vorteils, darzulegen hat, dass eine teilweise Befreiung von der Verpflichtung, Beiträge zum Rentenschutzfonds zu zahlen, für einen ehemaligen angestammten Wirtschaftsteilnehmer einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern darstellt. In den Rn. 150 und 151 des Urteils vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), hat das Gericht im Wesentlichen ausgeführt, dass die Kommission im endgültigen Beschluss von 2012 zwar versucht hat, das Vorliegen eines selektiven wirtschaftlichen Vorteils nachzuweisen, doch hat sie diese Prüfung erst im Stadium der Prüfung der Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt vorgenommen. Es hat somit dem Vorbringen der Bundesrepublik Deutschland beigepflichtet, dass die Kommission rechtsfehlerhaft „[e]inen konkreten Vergleich mit den Kosten, die ein Unternehmen nach deutschem Sozialrecht für Privatangestellte ‚normalerweise‘ zu tragen hat, … erst im Rahmen der Vereinbarkeitsprüfung [begonnen hat]“. Ferner hat das Gericht in den Rn. 152 bis 154 des Urteils vom 14. Juli 2016, Deutschland/Kommission ( T‑143/12 , EU:T:2016:406 ), darauf hingewiesen, dass der Kommission die Pflicht, das Vorliegen eines selektiven wirtschaftlichen Vorteils zugunsten des durch die Beihilfe Begünstigten nachzuweisen, ab dem Zeitpunkt obliegt, zu dem sie die Frage prüft, ob eine Maßnahme in den Anwendungsbereich von Art. 107 Abs. 1 AEUV fällt. Da die – vorläufige – Einstufung einer Maßnahme als „Beihilfe“ im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV gemäß Art. 108 Abs. 2 AEUV in Verbindung mit Art. 4 Abs. 2 und 4 der Verordnung 2015/1589 ab dem Zeitpunkt der vorläufigen Prüfung dieser Maßnahme und dem Erlass des das förmliche Prüfverfahren einleitenden Beschlusses vorgenommen wird, ist im vorliegenden Fall festzustellen, dass der Kommission auf der Grundlage von Art. 107 Abs. 1 AEUV eine Begründungspflicht in Bezug auf das Vorliegen eines selektiven wirtschaftlichen Vorteils gegenüber der Klägerin bereits nach Abschluss der Vorprüfungsphase und nicht erst hinsichtlich des nach Abschluss des förmlichen Prüfverfahrens erlassenen Beschlusses oblag. Folglich hat die Kommission dadurch, dass sie das Vorliegen eines die Voraussetzungen von Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllenden Vorteils nicht hinreichend klar und eindeutig begründet hat, zugleich aber bereits die Vereinbarkeit der streitigen Beihilfe mit dem Binnenmarkt beurteilt hat, die Klägerin nach Abschluss der Vorprüfungsphase und im Stadium des Erlasses des angefochtenen Beschlusses in eine Situation der Rechtsunsicherheit versetzt. Zudem ist es dem Unionsrichter aufgrund dieses Säumnisses der Kommission nicht möglich, die vorläufige Einstufung der streitigen Maßnahme als „Beihilfe“ im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV zu kontrollieren. Folglich greift der sechste Rechtsmittelgrund in Bezug auf den Vorwurf eines Verstoßes gegen die Begründungspflicht durch. Da die Prüfung des vorliegenden Rechtsmittelgrundes, soweit dieser auf einen Verstoß gegen die Begründungspflicht gestützt ist, ergeben hat, dass der angefochtene Beschluss in Bezug auf Gesichtspunkte, die für seine allgemeine Systematik wesentlich sind, Fehler aufwies, ist er wegen Verletzung wesentlicher Formvorschriften für nichtig zu erklären, ohne dass die Begründetheit des übrigen, im Rahmen dieses Rechtsmittelgrundes geltend gemachten Vorbringens und der übrigen Rechtsmittelgründe geprüft zu werden braucht. Kosten Gemäß Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kommission im vorliegenden Fall mit ihrem Vorbringen unterlegen ist und die Klägerin einen entsprechenden Antrag gestellt hat, sind der Kommission ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der Klägerin aufzuerlegen. UPS und United Parcel Service Deutschland tragen gemäß Art. 138 Abs. 3 der Verfahrensordnung jeweils ihre eigenen Kosten. Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Erste erweiterte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Die Einrede der Unzulässigkeit wird zurückgewiesen. 2. Der Beschluss K(2011) 3081 endg. der Europäischen Kommission vom 10. Mai 2011, das förmliche Prüfverfahren nach Art. 108 Abs. 2 AEUV in Bezug auf die staatliche Beihilfe C 36/07 (ex NN 25/07) der Bundesrepublik Deutschland zugunsten der Deutschen Post auszuweiten, wird für nichtig erklärt. 3. Die Kommission trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten der Deutschen Post AG. 4. Die UPS Europe SPRL/BVBA und die United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG tragen jeweils ihre eigenen Kosten. Pelikánová Valančius Nihoul Svenningsen Öberg Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 10. April 2019. Der Kanzler E. Coulon Der Präsident I. Pelikánová ( *1 ) Verfahrenssprache: Deutsch.

61999CJ0328

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Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 1 de Setembro de 1999 e registada sob o número C-328/99, a República Italiana interpôs, nos termos do artigo 230.° , primeiro parágrafo, CE, um recurso destinado: - a título principal, a anular a Decisão 2000/536/CE da Comissão, de 2 de Junho de 1999, relativa ao auxílio estatal concedido pela Itália à empresa Seleco SpA (JO 2000, L 227, p. 24, a seguir «decisão impugnada»), e - a título subsidiário, a anular essa decisão, por um lado, na medida em que impõe à República Italiana que tome as medidas necessárias para recuperar junto da Seleco SpA (a seguir «Seleco») o auxílio incompatível concedido pela Ristrutturazione Elettronica SpA (a seguir «REL») em 1996 e, por outro, na medida em que impõe à República Italiana que tome as medidas necessárias para recuperar junto da Seleco Multimedia Srl (a seguir «Multimedia») e de quaisquer empresas que tenham beneficiado de transferências de activos os auxílios incompatíveis concedidos à Seleco, na parte que não pode ser recuperada junto desta. 2 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 6 de Setembro de 1999 e registada sob o número T-195/99, a SIM 2 Multimedia SpA (a seguir «SIM Multimedia»), sucessora jurídica da Multimedia, interpôs um recurso destinado a anular o artigo 2.° , n.° 1, da decisão impugnada, na medida em que impõe à República Italiana que tome as medidas necessárias para recuperar junto da Multimedia os auxílios incompatíveis concedidos à Seleco, na parte que não pode ser recuperada junto desta. 3 Em conformidade com o artigo 47.° , terceiro parágrafo, do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça e com o artigo 80.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, o Tribunal de Primeira Instância, por despacho de 16 de Outubro de 2000, declarou-se incompetente, remetendo o processo T-195/99 para o Tribunal de Justiça, a fim de este poder decidir sobre o pedido de anulação. Este processo foi registado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 31 de Outubro de 2000, sob o número C-399/00. 4 Dada a conexão entre os dois processos, o presidente do Tribunal de Justiça decidiu, por despacho de 5 de Fevereiro de 2001, apensá-los para efeitos da fase oral e do acórdão, em conformidade com o artigo 43.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça. Enquadramento jurídico 5 Nos termos do artigo 87.° , n.° 1, CE, «[s]alvo disposição em contrário do presente Tratado, são incompatíveis com o mercado comum, na medida em que afectam as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções». 6 O artigo 88.° , n.° 2, primeiro parágrafo, CE dispõe: «Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado comum nos termos do artigo 87.° , ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.» 7 Segundo o artigo 88.° , n.° 3, CE, «[p]ara que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado projecto de auxílio não é compatível com o mercado comum nos termos do artigo 87.° , deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado-Membro em causa não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final». Matéria de facto do litígio Partes interessadas 8 A Seleco exercia a sua actividade no mercado da electrónica destinada ao grande público, mais precisamente nos sectores das televisões a cores, dos descodificadores de programas e dos projectores de vídeo e monitores. 9 A Multimedia foi constituída em 1995. Em Março de 1996, a Seleco reagrupou na Multimedia as suas actividades mais rentáveis (projectores de vídeo e monitores), injectando aí 29 mil milhões de ITL de capital e tornando-se a única proprietária. Em Junho de 1996, a Multimedia foi transformada em sociedade por acções. Em Julho de 1996, a Seleco vendeu à Italtel 33,33% das acções que detinha na Multimedia e 33,33% à Friulia SpA (a seguir «Friulia»). O preço de venda foi de 10 mil milhões de ITL por cada um desses dois lotes de acções. As restantes acções foram transferidas para uma sociedade-ecrã que pertence à Seleco e depois foram vendidas a uma sociedade privada, em venda pública que teve lugar em 20 de Dezembro de 1997, no quadro da liquidação da Seleco. Objecto da decisão impugnada 10 No final do ano de 1993, o capital da Seleco era detido pela SOpA (a seguir «SOFIN»), pela Friulia e a REL, respectivamente, em 37%, 3,7% e 59,3%. A SOé uma sociedade privada. A Friulia é uma sociedade financeira inteiramente controlada pela Região de Friul-Venécia Júlia, cujo desenvolvimento económico está incumbida de promover. A REL é uma sociedade constituída em 1982 e controlada pelo Ministério da Indústria, do Comércio e do Artesanato italiano, cujo objectivo era reorganizar o sector da electrónica destinada ao grande público, através da criação de sociedades, da aquisição de participações e da concessão de financiamentos a empresas nas quais detinha participações. 11 Na mesma época, os prejuízos da Seleco tinham-se tornado de tal modo avultados que os seus accionistas tinham como única alternativa, por força da legislação italiana, proceder à liquidação da sociedade ou à sua recapitalização. Nestas circunstâncias, os accionistas optaram, numa primeira fase, pela liquidação (decisão do conselho de administração de 1 de Fevereiro de 1994), e depois, após a intervenção das autoridades italianas provocada pelas perturbações sociais causadas pela decisão de liquidação, acabaram por concordar em proceder à sua recapitalização. 12 Segundo este acordo, a REL devia financiar a totalidade dos prejuízos que excedessem o capital social, incluindo a parte que deveria ter sido financiada pelos outros accionistas, enquanto estes últimos deviam reconstituir o capital da Seleco. O acordo celebrado entre a REL e os outros accionistas foi formalizado por uma directiva do Conselho de Ministros italiano antes de ser comunicado à Seleco. Foi assim que a REL renunciou parcialmente aos créditos que detinha sobre a Seleco (16,8 mil milhões de ITL num total de 82 mil milhões de ITL), que a Friulia entrou com 13 mil milhões de ITL (entrada de capital de 7 mil milhões de ITL e conversão de um empréstimo de 6 mil milhões de ITL, anteriormente concedido à Seleco, em acções desta sociedade), que a SOentrou com 19 mil milhões de ITL e que um consórcio de bancos entrou com 10,5 mil milhões de ITL. 13 Depois destas medidas, o novo capital da Seleco encontrava-se repartido do seguinte modo: SOFIN, 42,64%, Friulia, 28,98%, o consórcio de bancos, 23,33%, e os trabalhadores da Seleco, 5,13%. 14 Em 1994 e 1995, a Seleco sofreu ainda graves prejuízos que implicaram, mais uma vez, no final de 1995, a obrigação de optar pela liquidação ou pela recapitalização. Decidiu-se novamente proceder à recapitalização. Em especial, um novo accionista, a sociedade privada SOREC, entrou com 28,8 mil milhões de ITL. Em Fevereiro de 1996, o capital da Seleco apresentava a seguinte estrutura: SOREC, 87,91%, SOFIN, 5,22%, Friulia, 3,49%, o consórcio de bancos, 2,82%, e os trabalhadores, 0,56%. Em Abril de 1996, a Friulia concedeu à Seleco um empréstimo convertível de 12 mil milhões de ITL garantido por quatro marcas industriais da Seleco. Em Junho do mesmo ano, a REL cedeu à Seleco o remanescente do seu crédito de 65,2 mil milhões de ITL, pelo montante de 20 mil milhões de ITL. 15 Uma vez que estas intervenções não foram suficientes para permitir, do ponto de vista jurídico, a prossecução da actividade da Seleco, foram indispensáveis outras intervenções. Assim, a Seleco emitiu um empréstimo obrigacionista, que foi subscrito por um consórcio de bancos, e vendeu dois terços das acções que detinha na Multimedia, como foi indicado no n.° 9 do presente acórdão. 16 Em 17 de Abril de 1997, foi declarada a falência da Seleco. O administrador judicial intentou uma acção revogatória do resgate da dívida residual de 65,2 mil milhões de ITL, devida pela Seleco à REL, pelo montante de 20 mil milhões de ITL. O órgão jurisdicional italiano a que recorreu suprimiu o privilégio de que gozava a dívida que a Seleco tinha contraído perante a Friulia. Esta última recebeu mil milhões de ITL a título de compensação pela perda do penhor sobre as quatro marcas industriais da Seleco que lhe tinham sido dadas em garantia. A decisão impugnada 17 Após ter tomado conhecimento de que o auxílio a favor da Seleco, que lhe tinha sido notificado pela Região Autónoma de Friul-Venécia Júlia, já tinha sido aplicado e que a REL tinha renunciado parcialmente aos créditos que detinha sobre a Seleco com base num acordo celebrado em 1994 destinado a cobrir os prejuízos do exercício de 1993, a Comissão decidiu, em 27 de Setembro de 1994, dar início ao procedimento previsto no artigo 93.° , n.° 2, do Tratado CE (actual artigo 88.° , n.° 2, CE). Tendo, posteriormente, tomado conhecimento, através da imprensa, de que outras intervenções públicas tinham sido concedidas à Seleco, a Comissão, por decisão de 3 de Fevereiro de 1998, alargou o referido procedimento a estas outras medidas. 18 Este procedimento foi encerrado com a adopção da decisão impugnada, cujo dispositivo está redigido do seguinte modo: «Artigo 1.° : São incompatíveis com o mercado comum os seguintes auxílios estatais aplicados pela Itália em benefício da Seleco SpA: a) A renúncia parcial da Ristrutturazione Elettronica SpA de 16,8 mil milhões em relação a 82 mil milhões de liras de créditos de 1994; b) O resgate por parte da Seleco SpA do saldo da dívida para com a Ristrutturazione Elettronica SpA de 65,2 mil milhões de liras pelo preço de 20 mil milhões de liras em 1996; c) A conversão em acções por parte da Friulia SpA de um empréstimo de 6 mil milhões de liras concedido por esta empresa em 1992; d) A dotação de 7 mil milhões de liras de capital efectuada pela Friulia SpA em 1994; e) A concessão por parte da Friulia SpA em 1996 de um empréstimo convertível de 12 mil milhões de liras à taxa de 7%, garantido pelo penhor de 4 marcas industriais da Seleco SpA. Artigo 2.° 1. A Itália deverá tomar todas as medidas necessárias para recuperar os auxílios referidos no artigo 1.° , postos ilegalmente à disposição dos beneficiários, da Seleco SpA e, subsidiariamente, no que se refere à parte não recuperável junto da Seleco SpA, da empresa Seleco Multimedia Srl e de qualquer outra empresa que tenha beneficiado de transferências de activos susceptíveis de iludir os efeitos da presente decisão. 2. A recuperação é efectuada com base nos procedimentos do direito nacional. Os montantes a recuperar produzem juros a correr da data em que foram postos à disposição do beneficiário e até à sua recuperação efectiva. Os juros são calculados com base na taxa de referência utilizada para o cálculo do equivalente-subvenção no âmbito dos auxílios com finalidade nacional no momento da concessão dos auxílios. Artigo 3.° No prazo de dois meses a contar da data de notificação da presente decisão, a Itália informará a Comissão sobre as medidas tomadas para lhe dar cumprimento. Artigo 4.° A República Italiana é a destinatária da presente decisão.» 19 Foi nestas condições que a República Italiana e a SIM Multimedia interpuseram recurso da decisão impugnada. Quanto ao mérito 20 O recurso interposto pelo Governo italiano põe em causa a qualificação como auxílios de Estado das operações da REL e da Friulia, a obrigação de recuperar junto da Seleco o alegado auxílio que a REL lhe concedeu em 1996 bem como a obrigação de recuperar os supostos auxílios de Estado junto da Multimedia. Apenas este último aspecto foi objecto do recurso da SIM Multimedia. Quanto à qualificação como auxílios de Estado das operações da REL e da Friulia Argumentos das partes 21 O Governo italiano alega que, embora as duas operações de recapitalização da Seleco, realizadas em 1994 e 1996, comportassem um certo risco, apresentavam, no entanto, a priori, perspectivas razoáveis de êxito. A este respeito, o Governo italiano recorda que, em 1994, as intervenções públicas foram da ordem dos 30 mil milhões de ITL e as intervenções privadas de cerca de 32 mil milhões de ITL. Em 1996, as intervenções da Friulia elevaram-se a 12 mil milhões de ITL e as da REL a 45 mil milhões de ITL, enquanto o sector privado contribuiu com 40,8 mil milhões de ITL. Esta intervenção significativa de investidores privados demonstra, por si só, que as duas operações de recapitalização que visavam o relançamento das actividades da Seleco eram consideradas razoáveis para um investidor privado que opera nas condições normais de uma economia de mercado. 22 Este governo contesta o argumento da Comissão segundo o qual os investidores privados foram induzidos pelos poderes públicos a recapitalizar a Seleco. Na realidade, foram as entidades públicas que decidiram só intervir na medida em que os investidores privados também estivessem dispostos a fazê-lo. 23 Quanto à intervenção da REL em 1994, o Governo italiano indica que o crédito de 82 mil milhões de ITL não era acompanhado de qualquer garantia e que, em caso de liquidação da Seleco, a REL não tinha tido praticamente nenhuma hipótese de cobrança, mesmo que parcial. Nestas condições, a REL preferiu renunciar a um quinto do seu crédito, na condição de outros investidores assegurarem a totalidade da recapitalização. Ao fazê-lo, pôde abandonar o capital da Seleco em conformidade com os compromissos que tinha tomado relativamente à Comissão de ceder a accionistas privados as participações que detinha nas empresas do sector. Além disso, a REL tinha esperanças fundadas de recuperar os quatro quintos restantes do seu crédito. Do mesmo modo, ao ceder, em 1996, o crédito residual de 65,2 mil milhões de ITL, pelo montante de 20 mil milhões de ITL, a REL agiu pelos mesmos motivos. 24 Quanto à Friulia, o Governo italiano sublinha que, embora a participação da Região de Friul-Venécia Júlia no capital desta sociedade seja maioritário, os accionistas privados dispõem aí de amplos poderes de decisão e de liberação. Foi com os seus próprios fundos que a Friulia interveio em 1994 e 1996. Portanto, as intervenções desta sociedade não são de natureza pública. 25 Em todo o caso, tendo em conta os prejuízos registados pela Seleco no exercício de 1993 e tendo verificado que, em caso de liquidação, ela só poderia realizar, no máximo, 50% do seu crédito de 6 mil milhões de ITL, a Friulia considerou, em 1994, oportuno converter esse crédito em acções e injectar novos capitais até 7 mil milhões de ITL, como faziam, paralelamente, operadores privados e bancos públicos e privados. 26 No que respeita à concessão, em 1996, pela Friulia do empréstimo convertível de 12 mil milhões de ITL à taxa de 7%, garantido por quatro marcas da Seleco, o Governo italiano alega que se tratava de uma operação em conformidade com o mercado. Com efeito, por um lado, o valor das marcas era manifestamente considerável e, por outro, foi concedido um empréstimo obrigacionista do mesmo montante, a uma taxa mais baixa e sem outra garantia ou contrapartida, por um consórcio de bancos privados e públicos, sem que a Comissão tenha levantado objecções a esse respeito. O facto de, quando da liquidação da Seleco, estas marcas terem sido cedidas por apenas mil milhões de ITL deve-se à diminuição importante do seu valor depois da falência. Por último, contrariamente ao que a Comissão referiu no n.° 91 dos fundamentos da decisão impugnada, a legislação italiana não prevê, quando da liquidação de uma sociedade em falência, que os créditos relativos a um empréstimo obrigacionista são prioritários relativamente aos outros créditos quirográficos. 27 A Comissão, referindo-se à sua comunicação 94/C 368/05, intitulada «Orientações comunitárias relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação concedidos a empresas em dificuldade», publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 23 de Dezembro de 1994 (JO C 368, p. 12), alega que as medidas concedidas à Seleco não se inscreviam na lógica de um investidor privado normal. Segundo a Comissão, estas medidas tinham como único objectivo atrasar o mais possível o desaparecimento da Seleco e evitar as consequências sociais decorrentes de um plano de despedimentos. 28 A este respeito, a Comissão salienta, essencialmente, que a má situação financeira da Seleco já era antiga e que não existia qualquer plano de reestruturação credível. Além disso, desde 1992, o sector europeu de bens de consumo electrónicos sofreu uma crise de superprodução acompanhada de um aumento dos custos, de uma queda dos preços, de um aumento da concorrência e de uma redução sensível da mão-de-obra. Uma vez que a erosão dos preços se revelou mais rápida em Itália do que nos outros Estados-Membros, os concorrentes da Seleco decidiram aumentar as suas despesas de publicidade e os seus investimentos na investigação e no desenvolvimento. 29 A Comissão sustenta que a decisão de não proceder à liquidação da Seleco, adoptada em 1994, e a intervenção de investidores privados e públicos na operação de recapitalização desta foram, na realidade, ditadas pelas autoridades italianas. Não constituem operações realizadas por um investidor privado agindo segundo os princípios habituais do mercado. O facto de investidores privados terem participado nas duas recapitalizações não pode excluir automaticamente a natureza de auxílios de Estado das intervenções concomitantes efectuadas pelas autoridades públicas. Estas últimas não se deveriam lançar em investimentos insensatos, mesmo que investidores privados mal informados se arrisquem a fazê-lo. 30 Segundo a Comissão, a Friulia, cujo capital social pertence em 87% à Região de Friul-Venécia Júlia, está sob controlo desta região. Por conseguinte, as suas injecções de capitais resultaram de um comportamento imputável ao Estado-Membro. Apreciação do Tribunal de Justiça 31 Há que examinar, antes de mais, se se deve considerar que as operações da Friulia referidas no artigo 1.° , alíneas c), d) e e), da decisão impugnada, conforme recordadas designadamente no n.° 18 do presente acórdão, foram realizadas através de recursos estatais, na acepção do artigo 87.° , n.° 1, CE. 32 A este respeito, há que indicar que, embora tendo alegado que os accionistas privados da Friulia dispunham aí de amplos poderes de decisão e de liberação, o Governo italiano não contesta a alegação da Comissão segundo a qual esta sociedade se encontra sob controlo da Região de Friul-Venécia Júlia. 33 Ora, os recursos financeiros de uma sociedade de direito privado, como a Friulia, detida a 87% por uma colectividade pública, como a Região de Friul-Venécia Júlia, e agindo sob controlo desta última, podem ser considerados recursos estatais na acepção do artigo 87.° , n.° 1, CE (v., neste sentido, acórdãos de 14 de Novembro de 1984, Intermills/Comissão, 323/82, Recueil, p. 3809, n.° 32, e de 2 de Fevereiro de 1988, Van der Kooy e o./Comissão, 67/85, 68/85 e 70/85, Colect., p. 219, n.os 36 e 38). O facto de a Friulia ter intervindo com os seus próprios fundos não é pertinente a este respeito. Com efeito, para que estes sejam considerados recursos estatais, basta, como se verifica no caso vertente, que estejam constantemente sob controlo público e, por conseguinte, à disposição das autoridades públicas competentes (v., neste sentido, acórdão de 16 de Maio de 2002, França/Comissão, C-482/99, Colect., p. I-4397, n.° 37). 34 Daí resulta que a Comissão pôde, legitimamente, considerar, na decisão impugnada, que as operações da Friulia tinham sido realizadas através de recursos estatais, na acepção do artigo 87.° , n.° 1, CE. 35 Seguidamente, há que recordar que o artigo 87.° CE tem por objecto evitar que as trocas comerciais entre Estados-Membros sejam afectadas por benefícios concedidos pelas autoridades públicas que, sob diversas formas, falseiem ou ameacem falsear a concorrência ao favorecer certas empresas ou certas produções. O conceito de auxílio pode, por isso, abranger não só prestações positivas, como subsídios, empréstimos ou tomadas de participação no capital de empresas, mas também intervenções que, sob diversas formas, aliviam os encargos que normalmente oneram o orçamento de uma empresa e que, por essa razão, não sendo subsídios na acepção estrita da palavra, têm a mesma natureza e efeitos idênticos (v., neste sentido, acórdãos de 10 de Julho de 1986, Bélgica/Comissão, 234/84, Colect., p. 2263, n.° 13, e de 11 de Julho de 1996, SFEI e o., C-39/94, Colect., p. I-3547, n.° 58). 36 De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a intervenção dos poderes públicos no capital de uma empresa, seja por que forma for, pode constituir um auxílio de Estado quando as condições estabelecidas no artigo 87.° , n.° 1, CE se encontram preenchidas (v., nomeadamente, acórdãos de 21 de Março de 1990, Bélgica/Comissão, dito «Tubemeuse», C-142/87, Colect., p. I-959, n.° 25; de 14 de Setembro de 1994, Espanha/Comissão, C-278/92 a C-280/92, Colect., p. I-4103, n.° 20; e França/Comissão, já referido, n.° 68). 37 Além disso, deve sublinhar-se que resulta do princípio da igualdade de tratamento entre empresas públicas e privadas que os capitais postos à disposição de uma empresa, directa ou indirectamente, pelo Estado, em circunstâncias que correspondem às condições normais do mercado, não podem ser considerados auxílios de Estado (acórdão de 21 de Março de 1991, Itália/Comissão, C-303/88, Colect., p. I-1433, n.° 20). 38 Por conseguinte, ainda segundo jurisprudência assente, há que apreciar se, em circunstâncias similares, um investidor privado de dimensão comparável à dos organismos que gerem o sector público poderia ter sido levado a proceder a entradas de capitais da mesma importância (acórdãos de 3 de Outubro de 1991, Itália/Comissão, C-261/89, Colect., p. I-4437, n.° 8; Espanha/Comissão, já referido, n.° 21; e de 14 de Setembro de 1994, Espanha/Comissão, C-42/93, Colect., p. I-4175, n.° 13), atendendo, nomeadamente, às informações disponíveis e às evoluções previsíveis na data dos financiamentos em causa (v. acórdão França/Comissão, já referido, n.° 70). 39 Uma vez que se trata aqui de uma apreciação económica complexa, o controlo jurisdicional de um acto da Comissão que envolva uma apreciação desse tipo deve limitar-se à verificação do respeito das regras processuais e da fundamentação, da exactidão da matéria de facto em que se baseou a opção contestada, da inexistência de erro manifesto na apreciação da matéria de facto e da inexistência de desvio de poder (v., designadamente, acórdão de 29 de Fevereiro de 1996, Bélgica/Comissão, C-56/93, Colect., p. I-723, n.° 11). 40 Por conseguinte, no caso presente, há que apreciar se, em circunstâncias similares, um investidor privado de dimensão comparável à da REL ou da Friulia poderia ter sido levado a proceder a entradas de capitais da mesma importância, atendendo, nomeadamente, às informações disponíveis e às evoluções previsíveis na data dos financiamentos em causa. 41 Em primeiro lugar, é facto assente que, na época da primeira operação de recapitalização da Seleco, a situação financeira desta sociedade era má. Com efeito, assim como se recorda no n.° 62 dos fundamentos da decisão impugnada, apesar de a Seleco ter beneficiado de auxílios públicos durante mais de dez anos, teve resultados negativos durante todo este período, à excepção de lucros muito baixos durante os exercícios financeiros de 1991 e 1992. Em especial, o resultado líquido do exercício de 1993 revelou perdas de 77,5 mil milhões de ITL, montante uma vez e meia superior ao capital social da Seleco (n.os 19 e 61 dos fundamentos da decisão impugnada). Além disso, este resultado inseria-se num contexto de recessão económica que tinha provocado um abrandamento do crescimento, um reforço da concorrência e uma queda sensível dos preços no sector europeu da electrónica de consumo, cujo declínio tinha começado em 1992 (n.os 52 e 53 dos fundamentos da decisão impugnada). O ano de 1993, que é também o segundo ano de declínio no mercado italiano da electrónica destinada ao grande público, conheceu uma erosão dos preços mais rápida em Itália do que nos outros Estados-Membros. No mercado italiano, que, de acordo com as previsões, devia sentir os efeitos da recessão económica ao longo do ano de 1994, os concorrentes da Seleco investiram montantes mais importantes na publicidade e na investigação e desenvolvimento, e alguns deles lançaram mesmo novos produtos (n.os 54 e 56 dos fundamentos da decisão impugnada). 42 Em segundo lugar, há que recordar que o plano de reestruturação da Seleco relativo ao período de 1993 a 1996, que era o segundo desde o início da década, projectava um «retorno da rendibilidade» a partir de 1995, enquanto o primeiro plano, que abrangia os anos de 1990 a 1993, previu um retorno a um lucro significativo em 1993 (n.° 68 dos fundamentos da decisão impugnada). No entanto, a pedido da Friulia, o plano de reestruturação relativo ao período de 1993 a 1996 tinha sido examinado pela KPMG Peat Marwick Corporate Finance (a seguir «KPMG»), uma sociedade independente de peritagem, que tinha concluído que este plano era demasiado ambicioso devido à situação da Seleco e às hipóteses em que se baseava. Em especial, o estudo da KPMG indicava que: «- as previsões de uma contracção significativa do volume de vendas, compensada por um aumento de 8% dos preços a partir da segunda metade de 1994, eram infundadas, - a Seleco não tinha os meios para lançar o seu produto como um produto de tecnologia e qualidade, - a hipótese associada ao aumento dos preços não tinha em conta a força contratual dos grandes armazéns e portanto uma redução ainda maior das margens de lucro da Seleco, desde sempre o seu ponto fraco. Com efeito, o posicionamento da Seleco numa faixa de preços médios nunca lhe tinha permitido afirmar-se nem em termos de margens (preços elevados) nem em termos de quantidade (quotas de mercado insuficientes), - o desenvolvimento do único sector efectivamente rendível da Seleco (produtos profissionais), para o qual se previa um aumento de 21% em 1995, arriscava-se a ser atrasado pela crise financeira do grupo». 43 Em terceiro lugar, resulta da acta da assembleia da Seleco de 1 de Fevereiro de 1994, cuja cópia figura em anexo à petição do Governo italiano, que a REL, cujos representantes tinham participado em várias reuniões com representantes do Ministério da Indústria e da Presidência do Conselho, se declarou pronta, tendo em conta, designadamente, os interesses relacionados com o emprego, a pagar o montante dos prejuízos que excedessem o património líquido da sociedade proporcionalmente à sua quota social, renunciando parcialmente aos créditos que detinha na Seleco. 44 Resulta do exposto que, em relação à operação de recapitalização da Seleco de 1994, nem a Friulia nem a REL se comportaram como um investidor privado que opera nas condições normais de uma economia de mercado. Com efeito, um investidor privado que opera em tais condições não teria procedido a injecções de capital permitidas pela Friulia ou pela REL a favor de uma empresa em dificuldades, como a Seleco, sem dispor de um plano de reestruturação credível e realista ou tendo em conta preocupações de ordem social (v., quanto a este último aspecto, acórdão de 21 de Março de 1991, Itália/Comissão, já referido, n.os 18 e 24), não procurando, assim, assegurar-se de uma perspectiva verosímil de rentabilidade de tais injecções financeiras. 45 Portanto, a Comissão pôde, com razão, considerar que a REL e a Friulia não podiam esperar que as injecções de capital conferidas no quadro da operação de recapitalização da Seleco de 1994 geram um rendimento aceitável para um investidor privado que opera em condições normais de mercado. 46 Por conseguinte, há que considerar que as intervenções da REL e da Friulia no quadro da primeira operação de recapitalização da Seleco constituíam auxílios de Estado na acepção do artigo 87.° , n.° 1, CE. 47 No que respeita à segunda operação de recapitalização da Seleco, importa salientar que o exercício de 1995 se saldou, para a Seleco, por um prejuízo de 64,2 mil milhões de ITL, representando aproximadamente duas vezes o montante do seu capital social, ao passo que o plano de reestruturação desta sociedade para o período de 1993 a 1996 contava com um «retorno à rendibilidade» a partir de 1995. 48 Uma vez que o plano de reestruturação da Seleco se revelou irrealizável, e não tendo recebido comunicação de qualquer outro plano de reestruturação que lhe permitisse, sendo caso disso, considerar aceitável essa segunda intervenção, a Comissão pôde, com razão, considerar que nenhum investidor privado sensato, que opere nas condições normais de uma economia de mercado, teria procedido às injecções de capitais que a REL e a Friulia, na operação de recapitalização da Seleco de 1996, efectuaram nesta sociedade, cuja situação financeira continuava má, até mesmo crítica. 49 Por conseguinte, as intervenções da REL e da Friulia no quadro da segunda operação de recapitalização da Seleco constituíam também auxílios de Estado na acepção do artigo 87.° , n.° 1, CE. 50 Por conseguinte, há que julgar improcedente o primeiro fundamento apresentado pelo Governo italiano. Quanto à obrigação de recuperar junto da Seleco o auxílio que a REL lhe concedeu em 1996 Argumentos das partes 51 Segundo o Governo italiano, a decisão da Comissão, na medida em que impõe às autoridades italianas a recuperação do auxílio que consistiu na aquisição pela Seleco, em 1996, do crédito de 65,2 mil milhões de ITL que a REL ainda detinha sobre ela, por um montante de 20 mil milhões de ITL, não faz sentido à luz da salvaguarda dos interesses comunitários. Com efeito, se tal operação de aquisição constituísse um auxílio, deveria ser anulada. Neste caso, a REL devia restituir 20 mil milhões de ITL à massa falida e, em seguida, declarar na falência o seu crédito quirográfico anterior de 65,2 mil milhões de ITL. Ora, um tal resultado apenas aproveita à Seleco. 52 A Comissão alega que, ao ordenar a recuperação do auxílio ilegal, se limita a aplicar um princípio geral e vinculativo que ela não pode modular em função dos interesses das empresas implicadas num processo de falência. A supressão de um auxílio ilegal através da sua restituição constitui a consequência lógica da declaração da sua ilegalidade. Apreciação do Tribunal de Justiça 53 A este respeito, há que recordar que resulta de jurisprudência assente que a supressão de um auxílio ilegal através de recuperação é a consequência lógica da declaração da sua ilegalidade (v., designadamente, acórdãos Tubemeuse, já referido, n.° 66, e de 22 de Março de 2001, Comissão/França, C-261/99, Colect., p. I-2537, n.° 22). 54 Assim, na medida em que a compra pela Seleco, em 1996, do crédito de 65,2 mil milhões de ITL que a REL ainda detinha sobre ela, pelo montante de 20 mil milhões de ITL, constitui um auxílio de Estado ilegal, a Comissão pode ordenar à República Italiana que tome as medidas necessárias para o recuperar (v., neste sentido, acórdão de 24 de Fevereiro de 1987, Deufil/Comissão, 310/85, Colect., p. 901, n.° 24). 55 A circunstância de a REL dever restituir 20 mil milhões de ITL à massa falida e pedir a inscrição do seu crédito quirográfico anterior de 65,2 mil milhões de ITL no passivo da Seleco, mesmo supondo que seja provada, não pode, no presente caso, pôr em causa o princípio da recuperação do auxílio ilegal. 56 Por conseguinte, o segundo fundamento do Governo italiano deve ser julgado improcedente. Quanto à obrigação de recuperar os auxílios de Estado junto da Multimedia 57 A decisão impugnada, na medida em que obriga a República Italiana a recuperar, se for caso disso, os auxílios em causa junto da Multimedia, é objecto de vários fundamentos de anulação. O Governo italiano e a SIM Multimedia invocam ambos um fundamento assente em violação do direito de defesa. A SIM Multimedia invoca também fundamentos assentes na inexistência de auxílios de Estado a favor da Multimedia, na insuficiência e no carácter contraditório da fundamentação da decisão impugnada, assim como na desproporção entre a ordem de recuperação em detrimento da Multimedia e a dimensão do ramo da empresa em questão. 58 Há que examinar, em primeiro lugar, o fundamento assente em inexistência de auxílios a favor da Multimedia. Argumentos das partes 59 A SIM Multimedia alega que a Comissão não demonstrou que o ramo da empresa que abrange os projectores de vídeo e os monitores (a seguir «ramo multimédia»), que foi separado da Seleco e incorporado na Multimedia, beneficiou dos auxílios referidos no artigo 1.° da decisão impugnada. No que respeita aos auxílios concedidos pela REL e pela Friulia à Seleco em 1994 [v. artigo 1.° , alíneas a), c) e d), da decisão impugnada], a SIM Multimedia alega que resulta da análise das contas económicas da Seleco, relativas aos exercícios de 1993, 1994 e 1995, que o ramo multimédia não beneficiou deles. Em relação aos auxílios que a Seleco recebeu da REL e da Friulia em 1996 [v. artigo 1.° , alíneas b) e e), da decisão impugnada], o ramo multimédia também não podia ter beneficiado deles. Com efeito, os referidos auxílios foram concedidos à Seleco posteriormente à cessão do seu ramo multimédia à Multimedia. 60 A SIM Multimedia recorda que, na sequência da cessão do ramo multimédia à Multimedia, a Seleco, que tinha obtido 100% das acções da Multimedia em troca desta cessão, vendeu à Friulia e à Italtel dois terços dessas acções, a um preço correspondente ao valor desse ramo da empresa, conforme tinha sido calculado por um perito independente. Por conseguinte, mesmo supondo que o ramo multimédia tenha beneficiado dos auxílios em questão, o seu montante foi incluído no valor deste, calculado pelo perito independente e transferido em seguida para a Seleco mediante o preço pago pelas acções da Multimedia. Assim, a Seleco continuava a ser a única e verdadeira beneficiária dos referidos auxílios. Daí resulta que o património da massa falida dessa sociedade não se empobreceu nem sofreu qualquer prejuízo. 61 A Comissão indica que o ramo multimédia foi parte integrante da Seleco, pelo menos até 18 de Julho de 1996, data em que esta sociedade, da qual a Multimedia era uma filial a 100%, vendeu à Friulia e à Italtel dois terços das acções que detinha na Multimedia. Portanto, o ramo multimédia devia aos auxílios referidos no artigo 1.° da decisão impugnada não só a sua sobrevivência mas a sua própria existência. A este respeito, a Comissão recorda que, tendo em conta o estado de crise profunda da Seleco desde 1983, a empresa teria desaparecido há muito tempo sem os auxílios da REL e da Friulia. Por outro lado, esses auxílios foram concedidos à Seleco para compensar as perdas de exploração consideradas globalmente, sem que os poderes públicos impusessem condições específicas quanto ao seu destino. Assim, todos os ramos da Seleco beneficiaram indistintamente desses auxílios a diferentes títulos. Com efeito, sem os referidos auxílios, os administradores da Seleco teriam certamente desviado dinheiro proveniente dos seus recursos próprios e destinado às actividades multimédia, de modo a satisfazer as exigências sociais, por definição, prioritárias. 62 No que respeita, mais especialmente, aos auxílios concedidos à Seleco em 1996, a Comissão alega que o ramo multimédia usufruiu realmente deles. Com efeito, trata-se de auxílios de salvação, ou seja, auxílios destinados a compensar perdas anteriormente sofridas pela Seleco, no caso presente, prejuízos registados no decurso do exercício de 1995, época em que a Seleco não tinha ainda cedido o referido ramo à Multimedia e em que esta última sociedade ainda não era mais do que uma concha vazia. 63 A Comissão alega também que o facto de a sociedade-mãe decidir, ulteriormente, vender a terceiros a totalidade ou uma grande parte das acções da filial em sua posse não é pertinente para efeitos da obrigação de a filial restituir os auxílios indevidamente recebidos. Com efeito, embora a evolução do grupo de accionistas modifique a relação patrimonial com a sociedade-mãe sob o plano interno, não modifica a capacidade de produção da filial, que, através das suas actividades económicas que beneficiaram indevidamente de auxílios ilícitos, continua a provocar distorções da concorrência. 64 Por último, a Comissão salienta que o preço da cessão do ramo multimédia foi influenciado pela circunstância de os interessados, em especial a Friulia e a Italtel, assim como o perito independente, não terem certamente ignorado os riscos inerentes ao procedimento iniciado ao abrigo do artigo 93.° , n.° 2, do Tratado, que foi objecto de uma comunicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 29 de Dezembro de 1994 (JO C 373, p. 5), especialmente o de dever, a termo, restituir os auxílios. Apreciação do Tribunal de Justiça 65 A título liminar, há que recordar que, em conformidade com o direito comunitário, quando verifica que os auxílios são incompatíveis com o mercado comum, a Comissão pode ordenar ao Estado-Membro que recupere esses auxílios junto dos beneficiários (v. acórdão de 12 de Julho de 1973, Comissão/Alemanha, 70/72, Colect., p. 309, n.° 20). 66 A supressão de um auxílio ilegal mediante recuperação é a consequência lógica da declaração da sua ilegalidade (v. acórdão Tubemeuse, já referido, n.° 66) e visa o restabelecimento da situação anterior (acórdão de 13 de Junho de 2002, Países Baixos/Comissão, C-382/99, Colect., p. I-5163, n.° 89). 67 O artigo 2.° , n.° 1, da decisão impugnada dispõe que a República Italiana é obrigada a tomar todas as medidas necessárias para recuperar os auxílios incompatíveis identificados pela Comissão e já postos ilegalmente à disposição dos beneficiários, junto da Seleco, e, no que se refere à parte não recuperável junto desta, junto da Multimedia e de qualquer outra empresa que tenha beneficiado de transferências de activos susceptíveis de privar a decisão impugnada dos seus efeitos. 68 Foi legitimamente que a Comissão fundamentou esta parte do dispositivo da decisão impugnada, recordando, no n.° 113 dos fundamentos, que, com vista a uma correcta execução da referida decisão, o Estado-Membro deve adoptar o comportamento de um credor privado. 69 Foi também legitimamente que nos n.os 113 a 115 dos fundamentos da decisão impugnada, a Comissão indica o seguinte: - Com vista a uma correcta execução da decisão da Comissão, o Estado-Membro deve proceder sem atrasos à recuperação do auxílio, recorrendo a todos os meios jurídicos disponíveis, incluindo o arresto dos activos da empresa e se necessário a colocação em liquidação da mesma, caso esta não esteja em condições de proceder ao reembolso em questão. O produto da venda dos activos permite proceder ao reembolso dos diferentes credores, entre os quais o Estado-Membro, mesmo que se verificasse que não são suficientes para cobrir a totalidade das dívidas da empresa e, consequentemente, que o auxílio não seja recuperado integralmente. Nestas circunstâncias, a liquidação da empresa é de qualquer forma importante do ponto de vista da concorrência, na medida em que liberta a parte de mercado ocupada pela empresa liquidada, pondo-a à disposição dos credores, oferecendo deste modo também a estes a possibilidade de adquirirem os activos e empregá-los mais eficientemente; - todavia, existem circunstâncias que podem obstar a este processo ou pôr em causa a eficácia da decisão de recuperação e tornar vãs as regras sobre os auxílios estatais. Isto verifica-se quando, na sequência da investigação ou da decisão da Comissão, o activo e o passivo da empresa em funcionamento são transferidos para uma outra empresa, controlada pelas mesmas pessoas, em condições inferiores ao preço de mercado ou através de processos não transparentes. Uma operação deste género pode ser destinada a pôr os referidos activos fora do alcance dos efeitos da decisão da Comissão e a continuar indefinidamente a actividade económica em causa; - como em qualquer outro procedimento de recuperação, o Estado-Membro, para agir como um credor diligente, deve adaptar todos os instrumentos jurídicos disponíveis no próprio ordenamento jurídico, como os instrumentos contra os comportamentos fraudulentos em detrimento dos credores constituídos por actos da empresa em liquidação executados no período suspeito anterior à falência, que permitem obter a declaração de ineficácia de tais actos. 70 Seguidamente, há que recordar, como se indica no n.° 47 dos fundamentos da decisão impugnada, que, segundo o Governo italiano, «[a] Seleco teria criado a Multimedia sobretudo para se associar ao único outro produtor italiano do mesmo género de produtos (projectores de vídeo, monitores e descodificadores), a Italtel, e para beneficiar deste modo da colocação em comum do saber-fazer técnico e da clientela que a Seleco tinha neste mercado» e que «a venda das acções da Multimedia permitiu à Seleco obter uma parte da liquidez necessária para a cobertura das perdas de 1995». 71 Por outro lado, resulta do processo que: - num primeiro momento, após a constituição, em 1995, da Multimedia, a Seleco reagrupou, em Março de 1996, na Multimedia, algumas das suas actividades e tornou-se a sua única proprietária; - num segundo momento, em Junho de 1996, a Multimedia foi transformada em sociedade por acções; - num terceiro momento, em Julho de 1996, a Seleco vendeu dois terços das acções que detinha na Multimedia, respectivamente, à Italtel e à Friulia, pelo montante de 20 mil milhões de ITL, continuando a Seleco proprietária do último terço; - num quarto momento, este último terço das acções na Multimedia foi vendido, em Dezembro de 1997, a uma sociedade privada, durante uma venda judicial pública, no quadro da liquidação da Seleco. 72 Além disso, é facto assente que o valor do ramo multimédia cedido pela Seleco à Multimedia em troca da totalidade das acções desta última tinha sido calculado por um perito ajuramentado nomeado para esse efeito por um juiz nacional. Também é facto assente que o preço pago pela Friulia e pela Italtel pela compra, efectuada alguns meses após a referida cessão, dos dois terços das acções que a Seleco detinha na Multimedia correspondia, no essencial, aos dois terços do valor do ramo multimédia, como foi calculado pelo referido perito ajuramentado. Ora, a Comissão não apresentou nenhum elemento de prova concreto do qual se pudesse inferir que o dito perito calculou o valor do ramo multimédia cedido pela Seleco à Multimedia, tomando em consideração o risco de esta última sociedade ser obrigada, sendo caso disso, a restituir a totalidade ou parte dos auxílios concedidos à Seleco. 73 Também é facto assente que o administrador judicial da massa falida da Seleco não impugnou a cessão, pela Seleco, dos dois terços das acções que detinha na Multimedia. 74 Por último, resulta do processo que a peritagem efectuada, em finais de 1997, a pedido do juiz da falência, fixou para o capital económico da Multimedia um valor sensivelmente inferior ao que tinha sido calculado no âmbito da peritagem precedente. 75 Nestas circunstâncias, coloca-se a questão de saber se se pode considerar que a Multimedia foi também beneficiária do auxílio. 76 A este respeito, há que salientar que a possibilidade, para uma sociedade em dificuldades económicas, de tomar as medidas de saneamento da empresa não pode ser afastada, a priori, por causa das exigências ligadas à recuperação dos auxílios incompatíveis com o mercado comum. 77 No entanto, como alegou essencialmente a Comissão no Tribunal de Justiça, se fosse permitido, sem mais, a uma empresa que se encontra em dificuldades e prestes a ser declarada em falência criar, no decurso do procedimento de inquérito formal sobre os auxílios que lhe dizem individualmente respeito, uma filial para a qual transferisse em seguida, antes da conclusão do procedimento de inquérito, os seus activos mais rentáveis, admitir-se-ia a possibilidade de qualquer sociedade subtrair esses activos do património da empresa-mãe no momento da recuperação dos auxílios, o que cria o risco de privar de efeitos a cobrança da totalidade ou de parte dos referidos auxílios. 78 Por isso, a Comissão indicou, nos n.os 116 e 117 dos fundamentos da decisão impugnada, que: - para evitar que a decisão de recuperação dos auxílios perca o seu efeito útil e que a distorção da concorrência continue, a Comissão poderá exigir que a recuperação não se limite à empresa original, mas que se alargue à empresa que continue a sua actividade, utilizando os meios de produção transferidos, na medida em que certos elementos de transferência permitam verificar uma continuidade económica entre as duas empresas; - entre estes elementos, a Comissão examina o objecto da transferência (activos e passivos, continuidade da força de trabalho, activos bundled), o preço da transferência, a identidade dos accionistas ou dos proprietários da empresa adquirente e da original, o momento em que a transferência é realizada (após o início das investigações, do início do procedimento ou da decisão final) ou por fim a lógica económica da operação. 79 No presente caso, é, na verdade, pertinente sublinhar, como fez a Comissão nos n.os 118 e 119 dos fundamentos da decisão impugnada, que: - em Março de 1996, a Seleco agrupou as suas actividades mais lucrativas na empresa Multimedia, injectando 29 mil milhões de ITL no capital desta sociedade; - esta operação, que contribuiu para esvaziar duplamente a Seleco da sua substância (actividades e capital), realizou-se no momento em que a Comissão iniciou o procedimento previsto no n.° 2 do artigo 93.° do Tratado; - é verosímil que a operação não se tenha limitado a uma transferência de activos e que a transferência das principais actividades da Seleco tenha sido acompanhada de uma transferência do pessoal correspondente (ou de uma parte deste) para a Multimedia e, portanto, de uma transferência de dívidas, pelo menos, sociais; - após a venda pela Seleco dos dois terços das suas acções na Multimedia, esta continuou sob controlo da Seleco e/ou da Friulia (esta última era o terceiro accionista da Seleco e concedeu a esta última um empréstimo convertível de 12 mil milhões de ITL). 80 No entanto, há que observar que, nesta fundamentação, a Comissão de modo algum se exprimiu a respeito do preço da transferência, quando ela própria mencionou esse elemento na decisão impugnada como sendo um dos dois que era necessário tomar em consideração. 81 A este respeito, alega designadamente na tréplica: - que supõe que o preço da cessão do ramo multimédia é influenciado e ditado pelas circunstâncias: noutros termos, na fixação do preço de venda e do valor dos activos em questão, as partes não podiam certamente ignorar que corriam o risco de incorrer num procedimento nos termos do artigo 88.° , n.° 2, CE e de dever, a termo, reembolsar os auxílios qualificados de ilegais, e - que, de qualquer forma, o montante do preço de venda não é pertinente no caso vertente, visto tratar-se de uma operação relativa às acções. 82 Ora, no que respeita à primeira destas afirmações, há que sublinhar, por um lado, que, como foi recordado no n.° 72 do presente acórdão, a Comissão não apresentou nenhuma prova concreta da qual se possa concluir que o perito ajuramentado teve em conta esse risco quando do seu cálculo do valor do ramo multimédia. 83 Em relação à segunda afirmação, há que salientar que, se é exacto que a venda de acções de uma sociedade beneficiária de um auxílio ilegal por um accionista a um terceiro não influencia a obrigação de recuperação, a situação em causa no caso vertente é diferente desta situação. Com efeito, trata-se da venda de acções na Multimedia, feita pela Seleco, que constituiu esta sociedade e cujo património beneficia do preço de venda das acções. Portanto, não se pode excluir que a Seleco conservou o benefício dos auxílios recebidos pela venda das suas acções ao preço de mercado (v., a este respeito, acórdão de 20 de Setembro de 2001, Banks, C-390/98, Colect., p. I-6117, n.os 77 e 78). 84 Além disso, há que recordar que a Comissão não tomou em consideração, na decisão impugnada, as consequências, para a República Italiana, da obrigação de recuperar os auxílios ilegais junto da Multimedia em relação à sociedade privada que, no decurso de uma venda pública judicial no âmbito da liquidação da Seleco, comprou o último terço das acções na Multimedia. 85 Tendo em conta o exposto, verifica-se que a fundamentação em que se baseia a decisão impugnada é insuficiente à luz do artigo 253.° CE, designadamente, no que respeita ao carácter pretensamente irrelevante do facto de as acções na Multimedia terem sido compradas a um preço que parece ser o preço de mercado, quando este aspecto devia também ter sido tomado em consideração no caso vertente. 86 Nestas condições, há que anular o artigo 2.° , n.° 1, da decisão impugnada na medida em que determina que a República Italiana tome todas as medidas necessárias para recuperar, junto da Multimedia, os auxílios previstos no artigo 1.° , na parte não recuperável junto da Seleco. 87 Nega-se provimento ao recurso quanto ao restante. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 88 Nos termos do artigo 69.° , n.° 3, do Regulamento de Processo, o Tribunal de Justiça pode, se cada parte obtiver vencimento parcial, determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes, ou que cada parte suporte as suas despesas. Tendo cada parte, no processo C-328/99, obtido vencimento parcial, há que determinar que cada parte suporte as suas próprias despesas. 89 Nos termos do artigo 69.° , n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. No processo C-399/00, a SIM Multimedia pediu a condenação da Comissão e, tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção) decide: 1) O artigo 2.° , n.° 1, da Decisão 2000/536/CE da Comissão, de 2 de Junho de 1999, relativa ao auxílio estatal concedido pela Itália à empresa Seleco SpA, é anulada na medida em que determina que a República Italiana tome todas as medidas necessárias para recuperar, junto da Seleco Multimedia Srl, os auxílios previstos no artigo 1.° , na parte não recuperável junto da Seleco SpA. 2) Nega-se provimento ao recurso quanto ao restante. 3) No processo C-328/99, a República Italiana e a Comissão das Comunidades Europeias suportam cada uma as suas próprias despesas. 4) No processo C-399/00, a Comissão das Comunidades Europeias é condenada nas despesas.

62009CJ0538

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De Europese Commissie verzoekt het Hof vast te stellen dat het Koninkrijk België, door voor bepaalde activiteiten geen passende milieueffectstudie te vereisen wanneer deze activiteiten een Natura 2000-gebied kunnen aantasten, en door bepaalde activiteiten aan een aanmeldingsregeling te onderwerpen, de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206, blz. 7; hierna: „habitatrichtlijn”). Rechtskader Unierecht Volgens artikel 2, lid 1, ervan, heeft de habitatrichtlijn tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biodiversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het WEU-Verdrag van toepassing is. Artikel 3, lid 1, van die richtlijn bepaalt: „Er wordt een coherent Europees ecologisch netwerk gevormd van speciale beschermingszones, Natura 2000 genaamd. Dit netwerk, dat bestaat uit gebieden met in bijlage I genoemde typen natuurlijke habitats en habitats van in bijlage II genoemde soorten, moet de betrokken typen natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. [...]” Artikel 4 van die richtlijn regelt de procedure voor de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk en de aanwijzing van de speciale beschermingszones door de lidstaten. Artikel 6 van de habitatrichtlijn, dat de instandhoudingsmaatregelen voor die zones vaststelt, bepaalt in de leden 2 en 3: „2.      De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn, een significant effect zouden kunnen hebben. 3.      Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.” Nationaal recht De Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud ( Belgisch Staatsblad van 11 september 1973, blz. 10306), zoals gewijzigd bij het Decreet van het Waalse Gewest van 22 mei 2008 ( Belgisch Staatsblad van 17 juni 2008, blz. 31074; hierna: „wet op het natuurbehoud”), bepaalt in artikel 28, § 2: „De algemene verbodsbepalingen die van toepassing zijn in of, in voorkomend geval, buiten de Natura 2000-gebieden alsook elke andere algemene preventieve maatregel die moet worden getroffen in of, in voorkomend geval, buiten de gebieden om de beschadiging te voorkomen van de natuurlijke habitats en de kenmerkende verstoringen die de soorten treffen waarvoor het gebied aangewezen is, worden door de Regering besloten.” Artikel 29, § 2, van de wet op het natuurbehoud luidt: „Voor elk plan of project dat een vergunning behoeft en dat, ten aanzien van de als regel geldende voorschriften van het besluit tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied, niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een dergelijk gebied, wordt een beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, zoals bedoeld in de decreetgeving tot organisatie van de beoordeling van de gevolgen voor het leefmilieu in het Waalse Gewest, rekening houdende met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied en volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten. [...]” Het Decreet van het Waalse Gewest van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning ( Belgisch Staatsblad van 8 juni 1999, blz. 21114), in de versie die op het onderhavige geding van toepassing is (hierna: „decreet van 11 maart 1999”), bepaalt in artikel 3: „De installaties en activiteiten zijn opgenomen in rubrieken en onderverdeeld in drie klassen (klasse 1, klasse 2 en klasse 3), al naargelang het afnemende belang van hun weerslag op mens en milieu, alsmede hun geschiktheid om aan algemene, sectorale en integrale normen te voldoen. Klasse 3 omvat de installaties en activiteiten die weinig effect op mens en milieu hebben en waarvoor de Regering integrale normen heeft uitgevaardigd. [...] De Regering kan criteria voorschrijven op grond waarvan de aangever kan bepalen of de geplande inrichting van klasse 3 kan voldoen aan de integrale voorwaarden. Als zulks niet het geval is, wordt de geplande inrichting in klasse 2 ingedeeld en dient de aangever een aanvraag in voor een milieuvergunning in klasse 2. In dit geval bepaalt de Regering welke gegevens bij de milieuvergunningsaanvraag gevoegd moeten worden.” Artikel 10, § 1, van het decreet van 11 maart 1999 luidt: „Inrichtingen van klasse 1 of 2 mogen niet zonder vergunning geëxploiteerd worden. [...]” Artikel 11, eerste alinea, van dat decreet bepaalt: „Inrichtingen van klasse 3 mogen niet zonder voorafgaande aangifte geëxploiteerd worden. [...]” In artikel 13 van dat decreet is bepaald: „Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente op het grondgebied waarvan de vestiging van de inrichting gepland is, is bevoegd om kennis te nemen van de aangiften en de aanvragen om milieuvergunning. [...]” Het Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten ( Belgisch Staatsblad van 21 september 2002, blz. 42502), in de versie die op het onderhavige geding van toepassing is (hierna: „besluit van 4 juli 2002”), bepaalt in artikel 2, § 1: „De aan een effectstudie onderworpen projecten en de ingedeelde installaties en activiteiten staan op de lijst in bijlage I bij dit besluit.” Bijlage I bij het besluit van 4 juli 2002 noemt een aantal projecten, installaties en activiteiten die niet aan een milieueffectstudie zijn onderworpen. Van deze projecten, installaties of activiteiten stelt de Commissie in haar verzoekschrift specifiek de volgende aan de orde: –        elk gebouw of andere infrastructuur voor huisvesting niet opgenomen in rubriek 01.20.01.01 met een capaciteit van 4 à 500 dieren voor activiteiten voor de teelt of het fokken van runderen van 6 maanden en meer, in rubriek 01.20.01.02.01; –        opslag in bulk of in silo van graangewassen, graan en andere producten bestemd voor dierenvoeding, behalve stro en hooi, met een capaciteit van meer dan 50 m , in rubriek 01.49.01.01; –        installaties voor de distributie van koolwaterstoffen met een vlampunt hoger dan 55 °C en gelijk aan 100 °C of minder, voor motorvoertuigen, met andere commerciële doeleinden dan de verkoop aan het publiek, zoals de distributie van koolwaterstoffen bestemd voor de voorziening van een wagenpark in eigen beheer of voor eigen rekening, met maximaal twee pistolen en voor zover de capaciteit van de koolwaterstoffenopslagplaats gelijk is aan 3 000 liter of meer en lager dan 25 000 liter, in rubriek 50.50.01, en –        de individuele zuiveringseenheid van 20 inwonerequivalent of minder, in rubriek 90.11. Voorgeschiedenis van het geding en precontentieuze procedure In 2006 heeft de Commissie een klacht ontvangen over de onregelmatige exploitatie van een industriële stal op het grondgebied van de gemeente Philippeville, in het Waalse Gewest (België), aan de rand van het als speciale beschermingszone aangewezen Natura 2000-gebied „Bassin de Fagnard de l’Eau blanche en aval de Mariembourg”. De klager vermeldde daarbij dat de kwaliteit van het milieu van dat Natura 2000-gebied sterk achteruitging door het afvalwater van de betrokken stal. Dit vormde volgens hem een bedreiging voor diverse soorten die zijn vermeld in bijlage bij richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103, blz. 1), en in bijlage bij de habitatrichtlijn. Bij brief van 23 augustus 2006 heeft de Commissie het Koninkrijk België verzocht opmerkingen te maken over de naleving van de eisen van artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn. Op basis van het antwoord van het Koninkrijk België heeft de Commissie geoordeeld dat de Belgische wetgeving in werkelijkheid niet voldeed aan de eisen van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn, aangezien zij geen milieueffectbeoordeling vereiste en voorzag in een aanmeldingsregeling voor bepaalde activiteiten wanneer deze een Natura 2000-gebied konden aantasten. Na het Koninkrijk België op 23 maart 2007 te hebben aangemaand zijn opmerkingen in te dienen, heeft de Commissie deze lidstaat op 6 mei 2008 in een met redenen omkleed advies verzocht om binnen een termijn van twee maanden vanaf de ontvangst ervan de nodige maatregelen te nemen om aan dat advies te voldoen. Het Koninkrijk België heeft op 11 juli 2008 op dat met redenen omkleed advies geantwoord met het betoog dat het aanvankelijk aan de orde gestelde landbouwbedrijf sindsdien was uitgerust met een waterzuiveringsinstallatie en dat er geen lozingen in het Natura 2000-gebied meer plaatsvonden. Voorts heeft die lidstaat aangevoerd dat de wet op het natuurbehoud inmiddels een artikel 28, § 2, bevatte, dat in punt 6 van het onderhavige arrest is weergegeven, en dat werd gewerkt aan de definitieve vaststelling van een besluit tot uitvoering van die bepaling. Na een „pakketvergadering” tussen het Koninkrijk België en de Commissie op 17 maart 2009, heeft die lidstaat zijn antwoord op het met redenen omkleed advies op 5 mei 2009 aangevuld met informatie over de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die het Waalse Gewest heeft vastgesteld om elk risico op milieuschade te vermijden. Van oordeel dat die bepalingen er niet voor kunnen zorgen dat de door artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn vereiste beoordeling van de gevolgen voor het beschermde gebied systematisch gebeurt, heeft de Commissie het onderhavige beroep ingesteld. Beroep Argumenten van partijen De Commissie benadrukt dat de nationale autoriteiten overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn de verwezenlijking van een plan of project slechts kunnen toestaan nadat zij een milieueffectbeoordeling hebben verricht, waarbij op de reële of potentiële gevolgen van het plan of project voor het beschermde gebied moet worden gewezen. Wanneer criteria voor uitsluiting van een categorie van plannen of projecten niet volstaan om met zekerheid te waarborgen dat de betrokken plannen of projecten geen significante schadelijke gevolgen zullen hebben voor de natuurlijke kenmerken van het beschermde gebied, dient die beoordeling volgens de Commissie systematisch te gebeuren. In casu volgt uit artikel 29, § 1, van de wet op het natuurbehoud dat plannen of projecten waarvoor geen milieuvergunning vereist is, waaronder de categorieën van plannen of projecten die enkel moeten worden aangemeld bij de gemeentelijke administratie, niet aan een milieueffectbeoordeling hoeven te worden onderworpen. Die uitsluiting van de verplichting om een dergelijke beoordeling te verrichten voor plannen en projecten waarvoor een aanmeldingsregeling geldt, berust niet op een objectief criterium. Er kan immers niet worden uitgesloten dat de activiteiten die onder de door het besluit van 4 juli 2002 bepaalde drempels blijven, significante gevolgen voor het betrokken gebied zullen hebben. In dit verband stelt de Commissie de in punt 13 van het onderhavige arrest vermelde activiteiten en installaties aan de orde en vermeldt zij dat het fokken van 500 runderen, door de lozingen van afvalwater die het meebrengt, gevolgen kan hebben voor een bepaald gebied, ook al zouden deze lozingen geen gevolgen hebben voor een ander gebied. In haar memorie in repliek voegt de Commissie toe dat, wat het argument betreft dat inrichtingen van klasse 3 kunnen worden heringedeeld in klasse 2, artikel 3, vijfde alinea, van het decreet van 11 maart 1999 deze verantwoordelijkheid aan de aanmelder verleent, terwijl het overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn aan de bevoegde nationale autoriteiten staat om aan de hand van een passende studie te verifiëren dat plannen en projecten de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet aantasten. Overigens volgt uit artikel 3, vijfde alinea, dat de herindeling in klasse 2 in plaats van klasse 3 verband houdt met de onmogelijkheid om aan de integrale voorwaarden te voldoen, en niet met het risico dat een Natura 2000-gebied loopt. Bovendien vallen de in artikel 28, § 2, van de wet op het natuurbehoud bedoelde algemene verboden onder artikel 6, lid 2, van de habitatrichtlijn, dat geen betrekking heeft op de verplichte beoordeling van de gevolgen van een nieuw project voor het gebied. Bijgevolg volstaat artikel 28, § 2, niet om de uitvoering van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn te waarborgen. Het Koninkrijk België betoogt dat uit de door zijn diensten verrichte controles niet is gebleken dat de door de klacht aan de orde gestelde stal negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied „Bassin de Fagnard de l’Eau blanche en aval de Mariembourg”. Meer algemeen volgt uit artikel 3 van het decreet van 11 maart 1999 dat de derde klasse van inrichtingen, waarvoor een aanmeldingsregeling geldt, per definitie de installaties en activiteiten omvat die weinig gevolgen voor mens en milieu hebben. Bovendien houdt de exploitatie van een installatie of activiteit van klasse 3 in dat de bepalingen van het milieuwetboek en de integrale, per activiteitssector vastgestelde, voorwaarden worden nageleefd. Die integrale voorwaarden beogen de milieugevolgen te beperken en te vermijden dat Natura 2000-gebieden worden aangetast. Daarenboven heeft het Waalse Gewest bij de opstelling van de lijst van ingedeelde activiteiten en installaties een studie doen verrichten over de activiteiten die milieugevolgen kunnen hebben, rekening houdend met de criteria van bijlage III bij richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40). Om elk risico op milieuschade als gevolg van een onverwachte situatie het hoofd te bieden, voorziet het decreet van 11 maart 1999 ook in de mogelijkheid van een verandering van klasse voor een inrichting van klasse 3 die de voor haar geldende integrale voorwaarden niet kan naleven. De aanmelder dient dan een milieuvergunning voor de tweede klasse aan te vragen. In dat geval kan de bevoegde autoriteit op basis van de informatie in de vergunningaanvraag beslissen om de gevolgen van de inrichting voor het betrokken Natura 2000-gebied te beoordelen. Artikel 28 van de wet op het natuurbehoud vormt het laatste onderdeel van de bescherming. Artikel 28, § 1, bepaalt immers dat alle exploitanten het algemene verbod op verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en op verstoring van de soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, moeten naleven. Artikel 28, § 2, biedt de regering de mogelijkheid om door middel van algemene maatregelen alle activiteiten te bestrijken die gevolgen voor Natura 2000-gebieden kunnen hebben. Van die bepaling is gebruikgemaakt door het Besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties ( Belgisch Staatsblad van 27 november 2008, blz. 62636) en door het Besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot vaststelling van sommige modaliteiten van de preventieve regeling die van toepassing is op de Natura 2000-locaties ( Belgisch Staatsblad van 27 november 2008, blz. 62644). Indien de combinatie van die bepalingen, die een doeltreffende bescherming van de Natura 2000-gebieden waarborgen, onvoldoende zou blijken, beschikt de Waalse regering steeds over de mogelijkheid om algemene beschermingsmaatregelen vast te stellen die gelden buiten de Natura 2000-gebieden en die de bepalingen betreffende de gebieden zelf aanvullen. In zijn memorie in dupliek benadrukt het Koninkrijk België dat de enige beperking van de toepasselijkheid van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn de afwezigheid van eventuele significante gevolgen voor de speciale beschermingszones is. De Belgische autoriteiten volgen die benadering door middel van artikel 3 van het decreet van 11 maart 1999. Met betrekking tot de mogelijkheid dat inrichtingen van klasse 3 in klasse 2 worden heringedeeld, is de uitlegging van de Commissie onjuist, aangezien de aanmelder zich op door de Waalse regering bepaalde criteria moet baseren om vast te stellen dat voor de betrokken inrichting een milieuvergunning in plaats van aanmelding vereist is. Wat het argument betreft dat die herindeling afhankelijk is van de naleving van de integrale voorwaarden, preciseert het Koninkrijk België dat gelet op de Belgische regelgeving een inrichting van klasse 3 die aan de voor haar geldende integrale voorwaarden voldoet, geen of weinig gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid en het milieu. Het Koninkrijk België betoogt dat het artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn dan ook juist heeft uitgevoerd door een regeling in te voeren waarbij de gevolgen van alle activiteiten die een beschermd gebied kunnen aantasten, passend worden beoordeeld. Beoordeling door het Hof Volgens vaste rechtspraak stelt artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn voor het vereiste van een passende beoordeling van de gevolgen van een plan of project als voorwaarde dat de waarschijnlijkheid of het risico bestaat dat dit plan of project significante gevolgen heeft voor het betrokken gebied. In het bijzonder gelet op het voorzorgsbeginsel bestaat dit risico wanneer op grond van objectieve gegevens niet kan worden uitgesloten dat het plan of project significante gevolgen heeft voor het betrokken gebied (zie arresten van 7 september 2004, Waddenvereniging en Vogelbeschermingsvereniging, C‑127/02, Jurispr. blz. I‑7405, punten 43 en 44; 20 oktober 2005, Commissie/Verenigd Koninkrijk, C‑6/04, Jurispr. blz. I‑9017, punt 54, en 13 december 2007, Commissie/Ierland, C‑418/04, Jurispr. blz. I‑10947, punt 226). Het risico moet met name worden beoordeeld in het licht van de kenmerken en de specifieke milieuomstandigheden van het gebied waarop een dergelijk plan of project betrekking heeft (zie arrest Waddenvereniging en Vogelbeschermingsvereniging, reeds aangehaald, punt 49, en arrest van 4 oktober 2007, Commissie/Italië, C‑179/06, Jurispr. blz. I‑8131, punt 35). Bovendien staat de voorwaarde waarvan de beoordeling van de gevolgen van een plan of project voor een bepaald gebied afhangt, welke impliceert dat er bij twijfel over het ontbreken van significante gevolgen een dergelijke beoordeling moet plaatsvinden, niet toe om bepaalde categorieën van projecten daaraan te onttrekken op basis van criteria die niet kunnen waarborgen dat deze projecten geen significante gevolgen kunnen hebben voor beschermde gebieden (zie in die zin arrest van 10 januari 2006, Commissie/Duitsland, C‑98/03, Jurispr. blz. I‑53, punt 41). De mogelijkheid om bepaalde activiteiten, in overeenstemming met de geldende regels, algemeen uit te sluiten van een verplichte beoordeling van de gevolgen voor het betrokken gebied, waarborgt immers niet dat deze activiteiten de natuurlijke kenmerken van het beschermde gebied niet aantasten (zie in die zin arrest Commissie/Duitsland, reeds aangehaald, punten 43 en 44, en arrest van 4 maart 2010, Commissie/Frankrijk, C‑241/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31). Artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn kan een lidstaat dan ook niet machtigen nationale regels uit te vaardigen waardoor ruimtelijkeordeningsplannen op algemene wijze aan de verplichte beoordeling van de gevolgen daarvan voor het gebied zouden worden onttrokken, hetzij op grond van het geringe bedrag van de geplande uitgaven, hetzij vanwege de specifieke in geding zijnde werkterreinen (zie arrest van 6 april 2000, Commissie/Frankrijk, C‑256/98, Jurispr. blz. I‑2487, punt 39). Evenzo komt een lidstaat, door de programma’s en projecten voor bouw‑ of ontwikkelingswerkzaamheden waarvoor een aanmeldingsregeling geldt, systematisch vrij te stellen van de procedure van beoordeling van de gevolgen voor het gebied, de krachtens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn op hem rustende verplichtingen niet na (zie in die zin arrest van 4 maart 2010, Commissie/Frankrijk, reeds aangehaald, punt 62). Bijgevolg volgt uit de rechtspraak van het Hof dat een lidstaat in beginsel overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn bepaalde categorieën van plannen of projecten niet systematisch en algemeen aan de verplichte beoordeling van de gevolgen ervan voor Natura 2000-gebieden kan onttrekken, op basis van het werkterrein of door de invoering van een aanmeldingsregeling. Tegen de achtergrond van die overwegingen moet in casu worden onderzocht of de door het Koninkrijk België vastgestelde bepalingen in overeenstemming zijn met artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn. Artikel 29, § 2, van de wet op het natuurbehoud bepaalt dat voor elk plan of project dat een vergunning behoeft en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, een beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen voor het gebied, zoals bedoeld in de decreetgeving tot organisatie van de beoordeling van de gevolgen voor het leefmilieu in het Waalse Gewest. Tezelfdertijd is in het decreet van 11 maart 1999 bepaald dat voor de activiteiten en installaties van klasse 3 enkel een voorafgaande aangifte is vereist bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente op het grondgebied waarvan de vestiging van de inrichting gepland is. De Commissie leidt uit de combinatie van die bepalingen af dat voor activiteiten en installaties van klasse 3 geen vergunning vereist is en dat de gevolgen ervan voor een Natura 2000-gebied dus niet kunnen worden beoordeeld. Het Koninkrijk België betwist dit niet. In dit verband verwijst de Commissie naar bijlage I bij het besluit van 4 juli 2002, waarin wordt gepreciseerd welke projecten, installaties en activiteiten niet aan een milieueffectstudie worden onderworpen. Daarbij gaat het onder meer om de in punt 13 van het onderhavige arrest vermelde projecten, installaties en activiteiten, die tot klasse 3 behoren. Bijgevolg heeft het Koninkrijk België een aanmeldingsregeling ingevoerd waardoor bepaalde activiteiten en installaties algemeen worden onttrokken aan de verplichte beoordeling van de gevolgen ervan voor een Natura 2000-gebied. Die lidstaat gaat er dus van uit dat de plannen en projecten waarvoor die aanmeldingsregeling geldt, geen significante gevolgen kunnen hebben voor een beschermd gebied. Wanneer een lidstaat een aanmeldingsregeling invoert, die dus niet voorziet in een beoordeling van het risico op basis van met name de kenmerken en specifieke milieuomstandigheden van het betrokken gebied, staat het dan ook aan deze lidstaat aan te tonen dat op basis van de door hem vastgestelde bepalingen, op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat plannen of projecten waarvoor die aanmeldingsregeling geldt, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied (zie in die zin, naar analogie, arrest van 4 maart 2010, Commissie/Frankrijk, reeds aangehaald, punt 32). Uit artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn kan immers worden afgeleid dat de bevoegde nationale autoriteiten zich enkel kunnen onttrekken aan de verrichting van een beoordeling van de gevolgen van een plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, wanneer op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat dit plan of project afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen heeft voor dat gebied (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Waddenvereniging en Vogelbeschermingsvereniging, punt 45, en Commissie/Ierland, punt 238). In de eerste plaats verwijst het Koninkrijk België naar artikel 3 van het decreet van 11 maart 1999, volgens hetwelk de aanmeldingsregeling uitsluitend betrekking heeft op installaties en activiteiten die weinig effect op mens en milieu hebben en waarvoor de regering integrale normen heeft uitgevaardigd. Ook een project van beperkte omvang kan echter aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu wanneer het gelegen is op een plaats waar milieufactoren als dier en plant, bodem, water, klimaat of cultureel erfgoed gevoelig zijn voor de minste verandering (zie in die zin, met betrekking tot richtlijn 85/337, arrest van 21 september 1999, Commissie/Ierland, C‑392/96, Jurispr. blz. I‑5901, punt 66). Een lidstaat kan er dus niet van uitgaan dat categorieën van plannen of projecten, gedefinieerd door specifieke werkterreinen en installaties, per definitie weinig gevolgen voor mens en milieu zullen hebben. In de tweede plaats geeft het Koninkrijk België te kennen dat het Waalse Gewest bij de opstelling van de lijst van ingedeelde activiteiten en installaties een studie heeft doen verrichten over de activiteiten die milieugevolgen kunnen hebben, rekening houdend met de criteria van bijlage III bij richtlijn 85/337. Het Koninkrijk België heeft die studie niet voorgelegd. Zoals de Commissie betoogt, kan, anders dan artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn vereist, op basis van een dergelijke voorafgaande studie hoe dan ook met name niet in principe worden voorspeld welke gevolgen een plan of project in combinatie met andere plannen of projecten kan hebben voor een bepaald gebied. In de derde plaats betoogt het Koninkrijk België dat een geplande inrichting van klasse 3 die niet aan de voor haar geldende integrale voorwaarden kan voldoen, overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999 wordt heringedeeld in klasse 2. Op basis van de door de aanmelder in de milieuvergunningsaanvraag voor klasse 2 verstrekte informatie kan de bevoegde autoriteit dan beslissen om een beoordeling van de gevolgen van de geplande inrichting voor het betrokken Natura 2000-gebied te vereisen, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Het Koninkrijk België heeft de bepalingen van de integrale voorwaarden voor de door de Commissie aan de orde gestelde installaties en activiteiten en de criteria op basis waarvan de aanmelder kan bepalen of de geplande inrichting van klasse 3 aan die integrale voorwaarden kan voldoen, echter niet voorgelegd. Die lidstaat zet evenmin uiteen hoe, concreet, op basis van die bepalingen zou kunnen worden verholpen aan het ontbreken van een passende beoordeling van de gevolgen van plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor het beschermde gebied. In de vierde plaats beroept het Koninkrijk België zich op de bepalingen voor toepassing van artikel 28, § 2, van de wet op het natuurbehoud die volgens hem hoe dan ook waarborgen dat de Natura 2000-gebieden in het Waalse Gewest doeltreffend worden beschermd. Die lidstaat verstrekt echter enkel de verwijzingen van de twee in punt 34 van het onderhavige arrest vermelde besluiten van het Waalse Gewest van 23 oktober 2008, zonder de inhoud ervan te onderzoeken en zonder uiteen te zetten waarom deze besluiten zouden volstaan om artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn uit te voeren. In de vijfde plaats vermeldt het Koninkrijk België ook de verplichting om het milieuwetboek na te leven, maar verduidelijkt het daarbij niet concreet hoe de bepalingen van dat wetboek, gelezen in samenhang met de algemene voorwaarden, de bescherming van het milieu kunnen waarborgen. Bijgevolg heeft het Koninkrijk België niet de gegevens voorgelegd op basis waarvan het Hof kan nagaan of de door het Koninkrijk België vastgestelde bepalingen volstaan om op grond van objectieve gegevens uit te sluiten dat plannen of projecten waarvoor de aanmeldingsregeling geldt, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen zullen hebben voor een Natura 2000-gebied. Het beroep van de Commissie is dan ook gegrond. Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat het Koninkrijk België, door voor bepaalde activiteiten waarvoor een aanmeldingsregeling geldt, geen passende milieueffectstudie te vereisen wanneer deze activiteiten een Natura 2000-gebied kunnen aantasten, de krachtens artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. Kosten Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dit is gevorderd. Aangezien het Koninkrijk België in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van de Commissie in de kosten worden verwezen. Het Hof (Eerste kamer) verklaart: 1) Door voor bepaalde activiteiten waarvoor een aanmeldingsregeling geldt, geen passende milieueffectstudie te vereisen wanneer deze activiteiten een Natura 2000-gebied kunnen aantasten, is het Koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 2) Het Koninkrijk België wordt verwezen in de kosten. ondertekeningen * Procestaal: Frans.

62013CJ0523

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 45 PDEU in člena 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, v različici po spremembi in posodobitvi z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 3), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1992/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 ( UL L 392, str. 1 , v nadaljevanju: Uredba št. 1408/71). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med W. Larcherjem in Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd glede dodelitve starostne pokojnine na podlagi zaposlitve s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja („Altersrente nach Altersteilzeitarbeit“). Pravni okvir Pravo Unije Člen 2(1) Uredbe št. 1408/71 določa: „Ta uredba se uporablja za zaposlene ali samozaposlene osebe in študente, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic in ki so državljani ene od držav članic, ali osebe brez državljanstva, ali begunce, ki stalno prebivajo na ozemlju ene od držav članic, pa tudi za njihove družinske člane in njihove preživele osebe.“ Člen 3(1) navedene uredbe določa: „V skladu s posebnimi določbami te uredbe imajo osebe, za katere se uporablja ta uredba, enake pravice in obveznosti po zakonodaji vsake države članice, kot državljani te države članice.“ V skladu s členom 4(1) navedene uredbe se ta uredba uporablja za vso zakonodajo v zvezi s področji socialne varnosti, med drugim v zvezi s starostnimi prejemki in prejemki za brezposelnost. Člen 45(1) Uredbe št. 1408/71 določa: „Kadar zakonodaja države članice v sistemu, ki ni posebni sistem v smislu odstavkov 2 in 3, pogojuje pridobitev, ohranitev ali ponovno pridobitev pravice do dajatev z dopolnitvijo zavarovalnih dob ali dob prebivanja, pristojni nosilec te države članice po potrebi upošteva tudi zavarovalne dobe ali dobe prebivanja, dopolnjene po zakonodaji druge države članice v splošnem ali v posebnem sistemu ali v sistemu za zaposlene ali za samozaposlene osebe. V ta namen upošteva te dobe, kot če bi bile dopolnjene po zakonodaji, ki jo uporablja.“ Nacionalni zakonodaji Nemško pravo Določbe nemškega prava, ki se uporabijo za dejansko stanje v postopku v glavni stvari, so določbe zakonika o socialnem zavarovanju (Sozialgesetzbuch), kot je bil spremenjen z zakonom z dne 21. julija 2004 (BGBl. 2004 I, str. 1791, v nadaljevanju: SGB), in določbe zakona o zaposlitvi s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja (Altersteilzeitgesetz), kakor je bil spremenjen z zakonom z dne 23. aprila 2004 (BGBl. 2004 I, str. 602, v nadaljevanju: AltTZG). Člen 237(1) SGB določa: „Zavarovanci imajo pravico do starostne pokojnine, če: 1. so rojeni pred 1. januarjem 1952, 2. so dopolnili starost 60 let 3. ali a) so ob upokojitvi brezposelni in so bili, potem ko so dopolnili starost 58 let in 6 mesecev, brezposelni skupaj 52 tednov ali so prejemali dodatek za nekdanje delavce v rudarstvu ali b) so najmanj 24 koledarskih mesecev delali s krajšim delovnim časom, da bi [pridobili ugodnosti] postopnega upokojevanja v smislu člena 2 in člena 3(1), točka 1, AltTZG, 4. so se zanje v zadnjih desetih letih pred upokojitvijo osem let plačevali obvezni prispevki za zaposlitev ali zavarovano dejavnost, pri čemer se desetletno obdobje podaljša za obdobja vplačevanja, vračunavanja in prejemanja pokojnine na podlagi lastnega zavarovanja, ki niso hkrati obdobja plačevanja obveznih prispevkov za zaposlitev ali zavarovano dejavnost, in 5. so izpolnili minimalno petnajstletno zavarovalno dobo.“ Člen 2(1) in (2), prvi stavek, AltTZG določa: „(1)   Dajatve se dodelijo zaposlenim, ki 1. so dopolnili starost 55 let, 2. so po 14. februarju 1996 s pogodbo s svojim delodajalcem, ki mora kriti vsaj obdobje do datuma, ko se lahko zahteva starostna pokojnina, za polovico skrajšali svoj dotedanji tedenski delovni čas in so prek zaposlitve vključeni v sistem obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti v skladu s knjigo III SGB (krajši delovni čas zaradi postopnega upokojevanja) ter 3. so bili v zadnjih petih letih pred postopnim upokojevanjem vsaj 1080 koledarskih dni prek svoje zaposlitve obvezno zavarovani za primer brezposelnosti v skladu s knjigo III SGB. […] (2)   Če pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja določa različna obdobja tedenskega delovnega časa ali razporeditev, ki je drugačna od tedenskega delovnega časa, je pogoj iz odstavka 1, točka 2, prav tako izpolnjen, če: 1. tedenski delovni čas, ki ga zaposleni v povprečju opravi v obdobju do treh let, ali v primeru določb v kolektivni pogodbi oziroma v sporazumu na ravni podjetja, če kolektivna pogodba omogoča to možnost, ali v ureditvenih določbah cerkva in javnih verskih ustanov, v obdobju do šest let, ne presega polovice tedenskega delovnega časa, ki ga je zaposleni dotlej opravljal, in če je delavec prek zaposlitve vključen v sistem obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti v skladu s knjigo III SGB ter 2. se plača za zaposlitev s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja in povišanje plače na podlagi člena 3(1), točka 1(a), [AltTZG] plačujeta nepretrgano.“ Člen 3(1) AltTZG določa: „Pravica do dajatev iz člena 4 je pogojena s tem, da je: 1. delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe […] a) za vsaj dvajset odstotkov povišal plačo v obdobju krajšega delovnega časa zaradi postopnega upokojevanja, pri čemer mora nova plača ustrezati znesku vsaj sedemdesetih odstotkov prejšnje plače, kot je opredeljeno v členu 6(1), zmanjšana za znesek davkov in prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih običajno plačajo delavci (minimalni neto znesek), in b) za delavca plačal prispevke v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja vsaj v višini, ki velja za razliko med 90 % prejšnjega plačila v skladu s členom 6(1) [AltTZG] in plačilom za delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, pri čemer se navedeno prejšnje plačilo upošteva le do meje, ki se uporabi kot osnova za izračun prispevkov, ter da 2. delodajalec v primeru odhoda delavca na delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja a) zaposli na delovno mesto, ki se je sprostilo ali je bilo v tem okviru sproščeno s premestitvijo, delavca, ki je kot brezposelna oseba vpisan na zavodu za zaposlovanje, ali delavca, ki je končal vajeniško dobo v okviru delovnega mesta, za katero se plačuje prispevek za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s knjigo III SGB; za delodajalce, ki običajno ne zaposlujejo več kot 50 delavcev, pa se neovrgljivo domneva, da se delavec zaposli na delovno mesto, ki se je sprostilo ali je bilo v tem okviru sproščeno s premestitvijo, ali b) zaposli vajenca v okviru delovnega mesta, za katero se plačuje prispevek za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s knjigo III SGB, če delodajalec običajno ne zaposluje več kot 50 delavcev, […]“ Člen 4 AltTZG določa, da nacionalni urad za delo delodajalcu plača državno subvencijo za finančne stroške, ki jih ima zaradi delavca, ki dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja. Dodelitev pravice do starostne pokojnine na podlagi dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, določena v členu 237(1), točka 3(b), SGB, pa ni pogojena s tem, da zavod za zaposlovanje plača to subvencijo zadevnemu delodajalcu ali da mu zagotovi kakršno koli finančno pomoč. Za izplačilo navedene subvencije se predpostavlja, da bo sproščeno delovno mesto ponovno zasedel delavec, ki je kot brezposelna oseba vpisan na zavodu za zaposlovanje, ali delavec, ki je končal usposabljanje, ter da delodajalec delavcu, ki dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, plačuje povečano plačo. Za plačilo tega povečanja ni pomembno, ali je bilo delovno mesto, ki je bilo sproščeno zaradi postopnega upokojevanja delavca, dejansko ponovno zapolnjeno. Avstrijsko pravo Po mnenju predložitvenega sodišča se za delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja v obdobju, ki je upoštevno v zadevi v glavni stvari, uporabijo določbe zakona iz leta 1977 o zavarovanju za primer brezposelnosti (Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977), kot je bil spremenjen z zakonom z dne 30. decembra 2003 (BGBl I, 128/2003, v nadaljevanju: AlVG). V skladu s členom 27(2), točka 1, AlVG se torej v sistem krajšega delovnega časa zaradi postopnega upokojevanja lahko vključijo delavci, in sicer moški, stari več kot 55 let, ki so bili v zadnjih 25 letih zaposleni najmanj 15 let in se je zanje plačeval prispevek za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti. Na podlagi člena 27(2), točka 2, AlVG, je delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja urejeno s pogodbenim dogovorom, ki mora določati skrajšanje delovnega časa tako, da znaša od 40 % do 60 % običajnega delovnega časa. V skladu s členom 27(5) AlVG je krajši delovni čas lahko tudi neenakomerno razporejen v obdobju postopnega upokojevanja. Delodajalec delavcu, ki dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, plača nadomestilo plače v znesku, ki znaša najmanj 50 % razlike med povprečno plačo v zadnjem letu pred skrajšanjem običajnega delovnega časa in plačo, ki ustreza dolžini krajšega delovnega časa. Če torej delavec dela na primer s 50 % skrajšanjem delovnega časa, od svojega delodajalca prejme 75 % svoje prejšnje plače. V skladu s členom 27(2), točka 3(a) in (b), AlVG mora delodajalec odvajati prispevke za socialno zavarovanje v skladu z osnovo za odmero prispevkov pred skrajšanjem običajnega delovnega časa. Na podlagi člena 27(1) in (4) AlVG mora zavod za zaposlovanje nadomestiti 50 % dodatnih finančnih izdatkov delodajalca za plačila za delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja. Znesek tega nadomestila lahko znaša tudi 100 % izdatkov, če je bila zaposlena pred tem nezaposlena oseba oziroma če se je usposabljal dodatni vajenec. Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje W. Larcher, rojen 19. maja 1946, je avstrijski državljan in prebiva v Avstriji. Več kot 29 let je bil zaposlen in vključen v sistem obveznega socialnega zavarovanja v Nemčiji. Od 1. decembra 2000 je bil v Avstriji zaposlen za polni delovni čas in vključen v obvezno socialno zavarovanje. Na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja je od 1. marca 2004 delal s krajšim delovnim časom in skrajšal običajni tedenski delovni čas iz dotedanjih 38,5 ur na 15,4 ure. Teh 15,4 ure je ustrezalo 40 % njegovega dotedanjega običajnega tedenskega delovnega časa. Navedene ure so bile razporejene na štiri dni v tednu. W. Larcher je 30. septembra 2006 nehal delati s krajšim delovnim časom. Od 4. oktobra 2006 pa je bil pri istem delodajalcu zaposlen le še neznatno v smislu socialne varnosti. Med zaposlitvijo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja je delodajalec W. Larcherju izplačeval nadomestilo plače v višini polovice razlike med mesečno bruto plačo, ki je ustrezala zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, in plačo za poln delovni čas, ki ga je prej opravljal, in poleg tega odvajal prispevke avstrijskemu pokojninskemu zavarovanju v skladu z osnovo za odmero prispevkov pred skrajšanjem običajnega delovnega časa. Avstrijski zavod za zaposlovanje je temu delodajalcu dodelil nadomestilo zaradi zaposlitve s krajšim delovnim časom za delno izravnavo finančnih izdatkov, ki so mu nastali zaradi zaposlitve W. Larcherja s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja. W. Larcher od 1. oktobra 2006 prejema avstrijsko „predčasno starostno pokojnino za dolgotrajno zavarovalno dobo“ v znesku 370,25 EUR. Poleg tega pa od 1. junija 2009 prejema nemško „starostno pokojnino za osebe z dolgoletnim zavarovanjem“ v znesku 696,81 EUR. Ti pokojnini nista predmet spora o glavni stvari. Februarja 2006 je W. Larcher pri Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd vložil prošnjo za priznanje nemške starostne pokojnine na podlagi zaposlitve s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja. Ta prošnja je bila zavrnjena z obrazložitvijo, da naj W. Larcher obdobja postopnega upokojevanja v Avstriji ne bi opravil v skladu z nemškimi določbami. Ker je bila upravna pritožba W. Larcherja zavrnjena, se je obrnil na nemška sodišča. Njegov zahtevek pa je bil zavrnjen na prvi in na pritožbeni stopnji. Natančneje, Bayrisches Landessozialgericht (vrhovno socialno sodišče na Bavarskem, Nemčija), ki je odločalo o pritožbi, se je oprlo predvsem na argument, da niso izpolnjeni pogoji za dodelitev navedene pokojnine, saj W. Larcher – v nasprotju s tem, kar določa AltTZG – svojega delovnega časa v okviru postopnega upokojevanja v Avstriji ni skrajšal na 50 % dotedanjega tedenskega delovnega časa, ampak na 40 % tega časa. Poleg tega naj tudi na podlagi določb prava Unije ne bi bilo mogoče sklepati v korist W. Larcherja. Njegovega obdobja postopnega upokojevanja v Avstriji naj torej ne bi bilo mogoče upoštevati na podlagi člena 45(1) Uredbe št. 1408/71, ker naj predmet spora v obravnavanem primeru ne bi bil izračun obdobij zavarovanja, ampak upoštevanje obdobja postopnega upokojevanja kot predhodnega pogoja za obstoj pravice do pokojnine. Poleg tega naj ne bi obstajala posredna diskriminacija v smislu člena 3(1) te uredbe, kot je ta, ki se je obravnavala v zadevi, v kateri je bila izdana sodba Öztürk (C‑373/02, EU:C:2004:232 ). Na podlagi avstrijskega prava bi namreč W. Larcher lahko v obdobju postopnega upokojevanja svoj delovni čas skrajšal za od 40 % do 60 %. Lahko bi se torej odločil, da ta čas skrajša le za 50 % običajnega delovnega časa, s čimer bi izpolnjeval pogoje iz nemškega prava. Uresničevanje pravice do prostega gibanja delavcev naj zato ne bi bilo ovirano. W. Larcher v podporo svoji reviziji, ki jo je vložil pri Bundessozialgericht (zvezno sodišče za socialne zadeve), navaja, da je pritožbeno sodišče kršilo člen 237(1), točka 3(b), SGB, ker ga je razlagalo neskladno s pravom Unije. Po razlagi, skladni s pravom Unije, naj bi ta določba zahtevala le to, da se postopno upokojevanje odvija v skladu z zakonodajo zadevne države članice. Uporabljena razlaga pa naj bi bila v nasprotju s prepovedjo diskriminacije na podlagi državljanstva in načelom prostega gibanja delavcev. Glede na sodno prakso Sodišča, natančneje sodbo Öztürk ( EU:C:2004:232 ), naj bi šlo za neupravičeno posredno diskriminacijo. V zadevi v glavni stvari bi bilo treba uporabiti člen 5(b) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 72). Zato bi bilo treba delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, določeno v nemški zakonodaji, šteti za enakovredno delu s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, ki je bilo opravljeno po avstrijskem pravu. Predložitveno sodišče poudarja, da Sodišče doslej ni odločalo o vračunavanju obdobja dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja – ki je bilo opravljeno v državah članicah, ki niso države, v katerih je bila vložena zahteva za pokojnino – kot pogoju za dodelitev starostne pokojnine in da na vprašanja, ki se zastavljajo v okviru postopka v glavni stvari, ni mogoče odgovoriti zgolj na podlagi dosedanje sodne prakse. Poleg tega, v nasprotju s tem, kar trdi W. Larcher, v zadevi v glavni stvari ne bi bilo mogoče odločiti s sklicevanjem zgolj na sodbo Öztürk ( EU:C:2004:232 ). Po mnenju predložitvenega sodišča izkušnje kažejo, da je v praksi večina delavcev do upokojitve delala zgolj v eni državi in ti delavci torej lažje izpolnjujejo pogoje za dodelitev nacionalne starostne pokojnine po postopku postopnega upokojevanja kot pa delavec, kot na primer W. Larcher, ki je bil zaposlen v več državah članicah. Če delavec sprejme zaposlitev v drugi državi članici, bo verjetno zaradi razlik med predpisi, ki se zanj uporabijo, ob uveljavljanju pokojninskih pravic v slabšem položaju kot delavec, ki je celotno poklicno kariero opravil v zgolj eni državi članici. Vsebina določb v zvezi s postopnim upokojevanjem je namreč lahko v različnih državah različna, pri čemer je malo verjetno, da pogoji za uporabo dane sheme postopnega upokojevanja natančno ustrezajo tistim v drugi državi članici, kar zadeva dodelitev pokojnine. S členi od 45 PDEU do 48 PDEU in Uredbo št. 1408/71 naj bi se namreč preprečevalo, da bi delavci migranti, ki so uporabili pravico do prostega gibanja in so bili zaposleni v več kot eni državi članici, bili brez objektivne utemeljitve obravnavani manj ugodno kot delavci, ki so bili celotno poklicno kariero zaposleni v eni sami državi članici. Taka dejanska ovira pri izvrševanju prostega gibanja delavcev bi torej lahko bila podana v postopku v glavni stvari, ker je W. Larcher, ki je končal svojo poklicno kariero v matični državi, tam opravljal delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja po določbah te države članice, vendar mu druga država članica, v kateri je opravil največji del svoje poklicne kariere, noče dodeliti starostne pokojnine na podlagi zaposlitve s krajšim delovnim časom. Po mnenju predložitvenega sodišča iz preizkusa utemeljitve takega različnega obravnavanja izhaja drugo vprašanje. To metodološko vprašanje naj bi se nanašalo na elemente, ki jih je treba upoštevati pri primerjavi dveh nacionalnih določb o krajšem delovnem času zaradi postopnega upokojevanja. Predložitveno sodišče se zato v postopku v glavni stvari nagiba k temu, da se med drugim preizkusi, ali je avstrijska ureditev dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja glede svoje funkcije in strukture primerljiva z ureditvijo, ki se uporablja v Nemčiji. V teh okoliščinah je Bundessozialgericht prekinilo odločanje in Sodišču postavilo ti vprašanji za predhodno odločanje: „1. Ali načelo enakosti [obravnavanja] iz člena 39(2) ES (postal člen 45(2) PDEU) in člena 3(1) Uredbe [št. 1408/71] nasprotuje nacionalni določbi, v skladu s katero je pogoj za starostno pokojnino na podlagi zaposlitve s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja to, da je bilo delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja opravljeno v skladu z nacionalno zakonodajo te, ne pa neke druge države članice? 2. Če je odgovor pritrdilen, katere zahteve so postavljene z načelom enakega obravnavanja v členu 39(2) ES […] in členu 3(1) Uredbe št. 1408/71 za izenačitev dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, opravljenega na podlagi zakonodaje druge države članice, kot pogoj za pravico do nacionalne starostne pokojnine: a) Ali je potrebna primerjalna analiza pogojev zaposlitve s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja? b) Če je odgovor pritrdilen, ali zadostuje, da je zaposlitev s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja po svojih značilnostih in zgradbi v obeh državah članicah v bistvu urejena enako? c) Ali morajo biti pogoji zaposlitve s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja v obeh državah urejeni povsem enako?“ Vprašanji za predhodno odločanje Prvo vprašanje Za odgovor na prvo vprašanje je treba najprej spomniti, da je bilo načelo prepovedi diskriminacije iz člena 45 PDEU v zvezi s prostim gibanjem delavcev na področju socialne varnosti delavcev migrantov konkretizirano s členom 3(1) Uredbe št. 1408/71. Ker ni sporno, da dajatve, kot so te v postopku v glavni stvari, spadajo na področje uporabe Uredbe št. 1408/71, je treba vprašanji predložitvenega sodišča preizkusiti z vidika navedene uredbe oziroma, natančneje, njenega člena 3(1). Kot je Sodišče že večkrat odločilo, je cilj člena 3(1) Uredbe št. 1408/71 osebam, za katere se ta uredba uporablja, v skladu s členom 45 PDEU zagotoviti enakost na področju socialne varnosti brez razlikovanja glede na državljanstvo tako, da se izključi vsaka diskriminacija v zvezi s tem, ki izhaja iz nacionalnih zakonodaj (glej zlasti sodbe Mora Romero, C‑131/96, EU:C:1997:317 , točka 29; Borawitz, C‑124/99, EU:C:2000:485 , točka 23, in Celozzi, C‑332/05, EU:C:2007:35 , točka 22). Iz ustaljene sodne prakse je prav tako razvidno, da načelo enakega obravnavanja, kot ga določa navedeni člen 3(1), ne prepoveduje le očitne diskriminacije na podlagi državljanstva upravičencev do socialne varnosti, ampak tudi vse prikrite oblike diskriminacije, ki z uporabo drugih razlikovalnih meril dejansko privedejo do enakega rezultata (sodba Celozzi, EU:C:2007:35 , točka 23). Sodišče je torej odločilo, da je treba določbo nacionalnega prava, če ni objektivno upravičena in sorazmerna z želenim ciljem, šteti za posredno diskriminatorno, če lahko že samo zaradi svoje narave bolj vpliva na državljane drugih držav članic kot na domače državljane in če lahko zato zlasti državljane drugih držav postavi v slabši položaj (glej v tem smislu sodbe O’Flynn, C‑237/94, EU:C:1996:206 , točka 20; Meints, C‑57/96, EU:C:1997:564 , točka 45; Borawitz, EU:C:2000:485 , točka 27, in Celozzi, EU:C:2007:35 , točka 26). Glede tega ni treba dokazati, da zadevna določba v praksi bistveno bolj vpliva na položaj delavcev migrantov. Zadostuje ugotovitev, da bi ta določba lahko imela tak učinek (glej v tem smislu sodbe O’Flynn, EU:C:1996:206 , točka 21; Öztürk, EU:C:2004:232 , točka 57, in Celozzi, EU:C:2007:35 , točka 27). V obravnavanem primeru ni sporno, da se nacionalni predpisi iz postopka v glavni stvari uporabljajo ne glede na državljanstvo zadevnih delavcev ali njihovo stalno prebivališče ter da ne vsebujejo nobene določbe glede obveznega bivanja na nacionalnem ozemlju. Navedeni predpisi torej sami po sebi ne določajo nobene očitne razlike pri obravnavanju domačih delavcev in delavcev iz drugih držav članic. Vendar je treba ugotoviti, da – kot je poudaril generalni pravobranilec v točkah od 40 do 43 sklepnih predlogov – bi bili zaradi istih predpisov, ker določajo, da mora biti delavec, ki želi pridobiti starostno pokojnino na podlagi krajšega delovnega časa zaradi postopnega upokojevanja, zaposlen s krajšim delovnim časom izključno na podlagi nemškega prava, postavljeni v slabši položaj še zlasti delavci, ki so uporabili svojo pravico do prostega gibanja. Namreč, po eni strani taka zakonodaja delavca migranta, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki je – potem ko je pretežni del svoje poklicne kariere opravil v državi članici – zaposlen v drugi državi članici v kateri dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, s tem postavlja v položaj, ki je manj ugoden od položaja delavca, ki je celotno poklicno kariero opravil v eni državi članici in v njej dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja. Po drugi strani pa, kot je poudaril generalni pravobranilec v točki 45 sklepnih predlogov, bi lahko taka zakonodaja odvrnila delodajalce – ki nimajo sedeža v Zvezni republiki Nemčiji, ampak v drugi državi članici – da bi na podlagi njihove nacionalne zakonodaje o sistemu postopnega upokojevanja zaposlili osebo, ki je opravila pretežni del svoje poklicne kariere v Nemčiji, kadar se ti nacionalni predpisi o sistemu postopnega upokojevanja razlikujejo od nemških predpisov o tem sistemu. V teh okoliščinah je treba še preveriti, ali je taka nacionalna zakonodaja lahko kljub temu upravičena. V zvezi s tem so v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča nacionalni ukrepi, kot so ti, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, lahko dovoljeni zgolj, če uresničujejo cilje v javnem interesu, če so primerni za zagotovitev uresničitve teh ciljev in če ne presegajo tega, kar je nujno za njihovo uresničitev (glej zlasti sodbo van den Booren, C‑127/11, EU:C:2013:140 , točka 45). Kot je poudarilo predložitveno sodišče je cilj zakonodaje v postopku v glavni stvari po eni strani zagotoviti, da se delavcem, ki se želijo upokojiti, omogoči čim lažji prehod v pokoj, po drugi strani pa spodbujati zaposlovanje brezposelnih oseb in vajencev. Čeprav je res, kot je poudaril generalni pravobranilec v točki 48 sklepnih predlogov, da je za ta dva cilja, ki sta v obravnavani zadevi neločljivo povezana, mogoče šteti, da sta legitimna cilja socialne politike (glej v tem smislu sodbi Palacios de la Villa, C‑411/05, EU:C:2007:604 , točka 64, in Caves Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798 , točki 50 in 51), je treba še preveriti, ali so nacionalni ukrepi, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, primerni za zagotavljanje njunega uresničevanja in ne presegajo tega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev. Čeprav ni sporno, da so navedeni ukrepi primerni za zagotavljanje uresničevanja želenih ciljev, pa je treba ugotoviti, da – ker zahtevajo, da se postopno upokojevanje opravi izključno v skladu z nemško zakonodajo in torej izključujejo dodelitev starostne pokojnine na podlagi dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja delavcem, ki so bili vključeni v sistem krajšega delovnega časa zaradi postopnega upokojevanja, ki je urejen po določbah druge države članice – presegajo to, kar je potrebno za doseganje teh ciljev. Namreč, kot je nemška vlada sama priznala v svojih pisnih stališčih, jasna in nedvoumna izključitev upoštevanja obdobja dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, opravljenega v drugi državi članici, pri pridobitvi nemške nacionalne starostne pokojnine ne upošteva dejstva, da lahko ureditev dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, določena v tej drugi državi članici, sledi, kjer je primerno, ciljem, ki so enaki ali podobni ciljem v nemškem pravu, v skladu s podrobnimi pravili, ki so prav tako enaka ali podobna tistim, določenim v tem pravu, tako da se s to ureditvijo ravno tako lahko uresniči zadevni legitimni cilj oziroma cilji. Iz tega sledi, da člen 3(1) Uredbe št. 1408/71 nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta v postopku v glavni stvari, če se razlaga in uporablja tako, kot je predložitveno sodišče med drugim opisalo v prvem vprašanju. Vendar je treba poudariti, da morajo nacionalna sodišča pri uporabi nacionalnega prava to pravo povsod, kjer je to mogoče, razlagati v skladu s pravom Unije, da bi v okviru svojih pristojnosti zagotavljala polni učinek prava Unije pri obravnavanju sporov, o katerih odločajo (glej v tem smislu zlasti sodbo Pfeiffer in drugi, od C‑397/01 do C‑403/01, EU:C:2004:584 , točki 113 in 114). Zato, kot poudarja predložitveno sodišče, če je nacionalne določbe, ki so predmet postopka v glavni stvari, mogoče razlagati tako, da ne nasprotujejo temu, da se starostne pokojnine na podlagi dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja lahko izplačajo v primerih, ko je bilo delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja opravljeno v skladu z določbami druge države članice, načelo skladne razlage nacionalnega prava od upravnih in sodnih organov zahteva, da uporabijo to razlago. Glede na navedene ugotovitve je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da načelo enakega obravnavanja, določeno v členu 3(1) Uredbe št. 1408/71, nasprotuje določbi države članice, po kateri se za dodelitev starostne pokojnine na podlagi dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja zahteva, da je bilo delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja opravljeno izključno po nacionalnih določbah te države članice. Drugo vprašanje Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba načelo enakega obravnavanja, določeno v členu 3(1) Uredbe št. 1408/71, razlagati tako, da je treba za priznanje – v državi članici – dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, ki je bilo opravljeno v skladu z zakonodajo druge države članice, opraviti primerjalno analizo določb o delu s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja v zakonodajah teh dveh držav članic, in – v primeru pritrdilnega odgovora – kako podobne si morajo biti te določbe. Za odgovor na to vprašanje je treba najprej opozoriti, da je ureditev, ki jo uvaja navedena uredba, le sistem koordinacije, ki se nanaša predvsem na določitev zakonodaje ali zakonodaj, ki se uporabljajo za zaposlene in samozaposlene osebe, ki v različnih okoliščinah uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja, in da je za tak sistem značilno, da se pogoji za dodelitev starostne pokojnine razlikujejo po državah članicah (glej v tem smislu sodbo Tomaszewska, C‑440/09, EU:C:2011:114 , točki 25 in 26). Vendar so države članice z določitvijo navedenih pogojev zavezane, da se kar najbolje zagotovi enako obravnavanje vseh oseb, zaposlenih na njihovem ozemlju, in se ne kaznujejo delavci, ki uresničujejo pravico do prostega gibanja (glej v tem smislu sodbe Piatkowski, C‑493/04, EU:C:2006:167 , točka 19; Nikula, C‑50/05, EU:C:2006:493 , točka 20, in Derouin, C‑103/06, EU:C:2008:185 , točka 20). Čeprav torej člen 3(1) Uredbe št. 1408/71, kot izhaja iz točk od 41 do 43 te sodbe, nasprotuje temu, da država članica pri dodelitvi starostne pokojnine na svojem ozemlju sistematično ne upošteva obdobja dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, ki je bilo opravljeno po zakonodajnih določbah druge države članice, pa ta določba ne zavezuje te prve države, da samodejno prizna delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja kot enakovredno delu s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, ki ga določa njena domača zakonodaja. Vsaka razlaga navedene določbe, ki bi zavezovala države članice, da samodejno izenačijo pomen tega dela, bi namreč tem državam odvzela njihovo pristojnost na področju socialnega varstva. Iz tega izhaja, da morajo nacionalni organi opraviti primerjalno analizo teh dveh ureditev dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja. Glede na to, da mora ta preizkus, ki ga opravijo organi države članice, predvsem zagotoviti oceno, ali pogoji uporabe ukrepa dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, ki je bilo opravljeno v drugi državi članici, omogočajo doseganje legitimnih ciljev, ki jih s postopnim upokojevanjem želi doseči prva država članica, ti organi ne morejo zahtevati, da so ti pogoji enaki. Namreč, po eni strani ni izključeno, da je isti cilj mogoče doseči na različne načine in da se torej pogoji uporabe ukrepa dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja med seboj razlikujejo. Po drugi strani pa bi zahtevanje enakih pogojev v praksi odvzelo polni učinek zadevnemu preizkusu, saj je malo verjetno, da bi bile zakonodajne določbe dveh držav članic povsem enake. Treba je poudariti, da je ta razlaga člena 3(1) Uredbe št. 1408/71 edina, ki omogoča, da se hkrati upošteva načelo, po katerem države članice ostanejo pristojne za določitev pogojev dodelitve socialnih dajatev, in zagotavlja enako obravnavanje vseh delavcev, zaposlenih na ozemlju ene države članice, ne da bi se pri tem postavljali v slabši položaj tisti delavci, ki uresničujejo ali so uresničevali svojo pravico do prostega gibanja. Zlasti glede ocene podobnosti več pogojev v shemah o delu s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, ki so določeni v dveh različnih državah članicah, je treba poudariti, da je treba oceno opraviti za vsak primer posebej in da se na manjše razlike, ki ne vplivajo znatno na uresničevanje želenih ciljev, pri zavrnitvi priznanja enakovrednosti dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja, ki je bilo opravljeno na podlagi zakonodajnih določb druge države članice, ni mogoče sklicevati. Poudariti je treba, da v postopku v glavni stvari ni sporno, da imata obe nacionalni ureditvi o krajšem delovnem času zaradi postopnega upokojevanja, ki se obravnavata v postopku v glavni stvari, enake cilje, in sicer delavcem zagotoviti lažji postopni prehod v pokoj in spodbujati zaposlovanje brezposelnih oseb oziroma vajencev, ter da so pogoji uporabe teh določb zelo podobni, saj je delovni čas po nemški ureditvi skrajšan za 50 %, po avstrijski pa od 40 % do 60 %. Desetodstotna razlika v obsegu delovnega časa torej ni tako velika, da bi ogrozila uresničitev ciljev socialne politike, ki jih uresničuje AltTZG. Glede na zgoraj navedene ugotovitve je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba načelo enakega obravnavanja, določeno v členu 3(1) Uredbe št. 1408/71, razlagati tako, da je treba za priznanje – v državi članici – dela s krajšim delovnim časom zaradi postopne upokojitve, ki je bilo opravljeno v skladu z zakonodajo druge države članice, opraviti primerjalno analizo pogojev uporabe shem dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja v teh dveh državah članicah, da se za vsak primer posebej ugotovi, ali bi ugotovljene razlike lahko ogrozile uresničitev ciljev, ki jih legitimno želi doseči zadevna zakonodaja te prve države članice. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo: 1. Načelo enakega obravnavanja, določeno v členu 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, v različici, ki je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2. decembra 1996, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1992/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006, nasprotuje določbi države članice, po kateri se za dodelitev starostne pokojnine na podlagi krajšega delovnega časa zaradi postopnega upokojevanja zahteva, da je bilo delo s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja opravljeno izključno po nacionalnih določbah te države članice. 2. Načelo enakega obravnavanja, določeno v členu 3(1) Uredbe št. 1408/71 v različici, ki je bila spremenjena in posodobljena z Uredbo št. 118/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1992/2006, je treba razlagati tako, da je treba za priznanje – v državi članici – dela s krajšim delovnim časom zaradi postopne upokojitve, ki je bilo opravljeno v skladu z zakonodajo druge države članice, opraviti primerjalno analizo pogojev uporabe shem dela s krajšim delovnim časom zaradi postopnega upokojevanja v teh dveh državah članicah, da se za vsak primer posebej ugotovi, ali bi ugotovljene razlike lahko ogrozile uresničitev ciljev, ki jih legitimno želi doseči zadevna zakonodaja te prve države članice. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: nemščina.

62004TJ0066

en

1. Officials – Recruitment – Appointment in grade – Appointment to the higher grade in a career bracket – Not applicable to an appointment following an internal competition to change category (Staff Regulations, Arts 5, 31(1) and (2) and 45(2); Annex I) 2. Officials – Recruitment – Appointment in grade – Appointment to the higher grade in a career bracket – Appointing authority’s discretion (Staff Regulations, Art. 31(2)) 3. Officials – Recruitment – Appointment in grade – Appointment to the higher grade in a career bracket – Taking into account of the official’s exceptional qualifications (Staff Regulations, Arts 5(3) and 31(2)) 1. While it is true that a literal interpretation of Articles 31(1) and (2) and 45(2) of the Staff Regulations does not preclude an official from being appointed to the higher grade in a career bracket pursuant to Article 31(2) of the Staff Regulations where he passes an internal competition to change to a higher category, such an interpretation would be inconsistent with the system and purpose of those provisions. First, the use of the possibility recognised in Article 31(2) of the Staff Regulations must be reconciled with observance of the requirements inherent in the concept of a career bracket resulting from Article 5 of the Staff Regulations and from Annex I thereto. A person can therefore be recruited to the higher grade in a career bracket only exceptionally, so that the conditions justifying such a classification must be interpreted restrictively. Secondly, the purpose of the exception set out in Article 31(2) of the Staff Regulations is to enable the institution concerned, in its capacity as an employer, to secure the services of a person who, in the context of the labour market, may well be sought after by many other potential employers and therefore be lost to the institution. Article 31(2) of the Staff Regulations thus gives the institutions the opportunity, in exceptional cases, of granting more attractive conditions to an exceptional candidate in order to secure his or her services for itself. Where the appointment is made following an internal competition to change category open to officials or members of staff already employed within the institution, that justification for the possibility of an exceptional classification for the person concerned does not apply. Furthermore, in a competition to change category, experience acquired within the institution has already been taken into account in the definition of the conditions for admission to the competition, which is open to officials previously employed in a lower category, and cannot constitute an exceptional merit to be taken into account for determining whether a new official might be given a classification other than the basic grade for the career bracket to which he is recruited, since that would be tantamount to taking the same factors into account for a second time. It follows that Article 31(2) of the Staff Regulations is not applicable to appointments following an internal competition to change category. (see paras 30-35) See: C‑155/98 P Alexopoulou v Commission [1999] ECR I‑4069, paras 32 and 33; T‑195/96 Alexopoulou v Commission [1998] ECR-SC I‑A‑51 and II‑117, para. 37; T‑235/97 Campoli v Commission [1998] ECR-SC I‑A‑577 and II‑1731, para. 32; T‑203/97 Forvass v Commission [1999] ECR-SC I‑A‑129 and II‑705, para. 44; T‑284/03 Aycinena v Commission [2005] ECR-SC I‑A‑29 and II‑125, para. 71; T‑145/04 Righini v Commission [2005] ECR-SC I‑A‑349 and II‑1547, para. 49; T-65/05 Seldis v Commission [2007] ECR-SC I-A-0000, para. 55 2. It is for the appointing authority to consider in practice whether a newly‑recruited official or member of staff who requests the application of Article 31(2) of the Staff Regulations has exceptional qualifications or if the specific needs of a department call for the recruitment of a specially qualified official. Where it accepts that one of those criteria is satisfied, the appointing authority is required specifically to assess the possible application of Article 31(2) of the Staff Regulations. It may also decide, at that stage, taking into account the interests of the service in general, whether or not it is appropriate to grant a newly‑recruited official or member of staff a classification in the higher grade. The use of the verb ‘may’ in Article 31(2) of the Staff Regulations implies that the appointing authority is not obliged to apply that provision and that newly‑recruited members of staff or officials do not have an individual right to such a classification. It follows from the above that the Commission has a wide discretion, within the framework laid down by Article 31 of the Staff Regulations, both to consider whether the post to be filled requires the recruitment of a specially qualified official or if the official has exceptional qualifications, and to consider the implications of those findings. In such a context, the Court’s review cannot replace the assessment of the appointing authority and must therefore be confined to verifying that there has been no infringement of essential procedural requirements, that the appointing authority has not based its decision on incorrect or incomplete material facts, and that the decision is not vitiated by misuse of powers, a manifest error of assessment or an inadequate statement of grounds. (see paras 39-42) See: C-155/98 P Alexopoulou v Commission , para. 43; T-195/96 Alexopoulou v Commission , para. 21; T‑133/02 Chawdhry v Commission [2003] ECR-SC I‑A‑329 and II‑1617, para. 44; T‑55/03 Brendel v Commission [2004] ECR-SC I‑A‑311 and II‑1437, para. 61; Righini v Commission , para. 52; T‑411/03 Herbillon v Commission [2006] ECR-SC I‑A‑2‑45 and II‑A‑2‑193, para. 25 3. Since the exceptional nature of a newly-recruited official’s qualifications under Article 31(2) of the Staff Regulations cannot be assessed in the abstract, but in the light of the post for which he was recruited, that assessment is of a casuistic nature which prevents the official concerned from reasonably being able to rely on an infringement of the principle of equal treatment. That is particularly true for officials appointed following an internal competition to change category. In such a situation, the official’s specific professional experience has already been taken into account for his appointment to the higher category. (see paras 45, 46) See: Chawdhry v Commission , para. 102

62004TJ0127

da

Sagens baggrund KME Germany AG (tidligere KM Europa Metal AG), KME France SAS (tidligere Tréfimétaux SA) og KME Italy SpA (tidligere Europa Metalli SpA) udgør en del af en europæisk, børsnoteret koncern, som er repræsenteret i hele verden. Denne koncern er en af verdens største producenter af halvfærdige kobberprodukter og kobberlegeringer. Indtil juni 1995 udgjorde KME France og KME Italy tilsammen en virksomhed, der adskilte sig fra KME Germany. Først derefter udgjorde KME Germany, KME Italy og KME France en enkelt, fælles koncern (herefter benævnes KME Germany, KME Italy og KME France uden forskel »sagsøgerne« eller »KME-koncernen«). Efter Mueller Industries Inc.’s fremsendelse af oplysninger iværksatte Kommissionen i marts 2001 en uanmeldt kontrolundersøgelse af forretningslokalerne i selskaberne Outokumpu Oyj og Luvata Oy (tidligere Outokumpu Copper Products Oy, herefter under ét »Outokumpu«), i Wieland-Werke AG (herefter »Wieland«) og i sagsøgernes selskaber i henhold til artikel 14 i Rådets forordning nr. 17 af 6. februar 1962, første forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel [81] og [82] (EFT 1959-1962, s. 81). Den 9. april 2001 tilbød Outokumpu Kommissionen at samarbejde i henhold til Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager ( EFT 1996 C 207, s. 4 , herefter »samarbejdsmeddelelsen af 1996«). Kommissionen fremlagde et positionspapir desangående den . Som svar på en begæring om oplysninger i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning nr. 17, som Kommissionen i juli 2002 tilstillede KME-koncernen og Wieland, ansøgte sidstnævnte den 30. september 2002 om anvendelsen af samarbejdsmeddelelsen af 1996. Som svar på denne begæring om oplysninger anmodede KME-koncernen den 15. oktober 2002 for sit eget vedkommende om anvendelse af samarbejdsmeddelelsen. Efter at have foretaget en undersøgelse, herunder yderligere kontrolundersøgelser i Outokumpus og KME-koncernens forretningslokaler, efter at have deltaget i møder med repræsentanter fra Outokumpu, KME-koncernen og Wieland samt efter i henhold til artikel 11 i forordning nr. 17 at have tilstillet begæringer om yderligere oplysninger til KME-koncernen og Wieland, iværksatte Kommissionen i juli 2003 en overtrædelsesprocedure og udstedte en klagepunktsmeddelelse til sagsøgerne, til Wieland og til Outokumpu. Da de virksomheder, meddelelsen var rettet til, afslog afholdelsen af en høring, blev en sådan ikke tilrettelagt. Den 16. december 2003 vedtog Kommissionen beslutning K(2003) 4820 endelig udg. om en procedure efter artikel 81 [EF] og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/E-1/38.240 — Industrirør) (herefter »den anfægtede beslutning«), hvoraf et sammendrag er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende af ( EFT L 125, s. 50 ). Det fremgår af den anfægtede beslutning, at producenterne, der var organiseret i foreningen for kvaliteten af rør anvendt i sektoren for klimaanlæg og kølesystemer (Cuproclima Quality Association, herefter »Cuproclima«), blandt hvilke sagsøgerne figurerer ved slutningen af 1980’erne, udvidede samarbejdet til at omfatte konkurrencespørgsmål. De møder, som Cuproclima afholdt to gange årligt, var en fast lejlighed til at drøfte og fastsætte priser samt øvrige handelsvilkår for industrirør, efter at man havde drøftet punkterne på den officielle dagsorden. Bilaterale kontakter mellem de berørte virksomheder i strid med konkurrencereglerne blev indledt på disse møder. De berørte virksomheder fastsatte målsætninger for priser og andre handelsvilkår for industrirør, samordnede forhøjelserne af priser samt opdelte kunder og markedsandele, ligesom de kontrollerede gennemførelsen af deres konkurrencebegrænsende ordninger, dels ved at udpege markedsledere, dels ved at udveksle fortrolige oplysninger. Den anfægtede beslutning indeholder bl.a. følgende bestemmelser: » Artikel 1 Følgende virksomheder har overtrådt artikel 81, stk. 1, [EF], og fra den 1. januar 1994 EØS-aftalens artikel 53, stk. 1, ved i de anførte perioder at have deltaget i et kompleks af aftaler og samordnet praksis vedrørende fastsættelse af priser og opdeling af markeder i sektoren for industrirør: a) [Wieland] fra den 3. maj 1988 til den b) Outokumpu […] alene fra den 3. maj 1988 til den og sammen med Outokumpu Copper Products Oy fra den til den c) [Luvata] fra den 31. december 1988 til den (sammen med Outokumpu […]) d) [KME Germany] alene fra den 3. maj 1988 til den og sammen med [KME France] og [KME Italy] fra den til den e) [KME Italy] sammen med [KME France] fra den 3. maj 1988 til den og sammen med [KME Germany] og [KME France] fra den til den f) [KME France] sammen med [KME Italy] fra den 3. maj 1988 til den og sammen med [KME Germany] og [KME Italy] fra den til den . Artikel 2 Der pålægges følgende bøder for de i artikel 1 omhandlede overtrædelser: a) [Wieland]: 20,79 mio. EUR b) Outokumpu […] og [Luvata] in solidum: 18,13 mio. EUR c) [KME Germany], [KME France] og [KME Italy] in solidum: 18,99 mio. EUR d) [KME Germany]: 10,41 mio. EUR e) [KME Italy] og [KME France] in solidum: 10,41 mio. EUR.« Hvad for det første angår fastsættelsen af udgangsbeløbet for bøden fastslog Kommissionen, at overtrædelsen, der i det væsentlige bestod i at fastsætte priser og opdele markeder, ved sin beskaffenhed var en alvorlig overtrædelse (betragtning 294 til den anfægtede beslutning). For at fastsætte overtrædelsens grovhed tog Kommissionen endvidere hensyn til, at kartellet havde påvirket hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEE) (betragtning 316 til den anfægtede beslutning). Kommissionen undersøgte desuden overtrædelsens reelle indvirkning og fastslog, at kartellet »ud fra en helhedsbetragtning [havde] haft en indvirkning på markedet«) (betragtning 314 til den anfægtede beslutning). Kommissionen lagde bl.a. følgende indicier til grund for denne sidstnævnte konstatering. For det første henviste den, angående gennemførelsen af kartellet, til den omstændighed, at deltagerne havde udvekslet oplysninger om salgsmængder og prisniveauer (betragtning 300 til den anfægtede beslutning). For det andet fremgik det af elementer i sagsakterne, at priserne var faldet i perioder med en svag grad af overholdelse af den svigagtige aftale, og væsentligt forhøjet i andre perioder (betragtning 310 til den anfægtede aftale). For det tredje henviste Kommissionen til kartelmedlemmernes samlede markedsandel på 75-85% (betragtning 310 til den anfægtede beslutning). For det fjerede fastslog Kommissionen, at karteldeltagernes respektive markedsandele forblev relativt stabile i løbet af hele overtrædelsesperioden, selv om deltagernes kundekreds indimellem havde ændret sig (betragtning 312 til den anfægtede beslutning). Endelig tog Kommissionen i forbindelse med fastlæggelsen af overtrædelsens grovhed hensyn til, at markedet for industrirør af kobber udgjorde en væsentlig sektor, til en værdi vurderet til 288 mio. EUR i EØS (betragtning 318 til den anfægtede beslutning). På baggrund af disse omstændigheder konkluderede Kommissionen, at den omhandlede overtrædelse skulle anses for meget alvorlig (betragtning 320 til den anfægtede beslutning). For det andet behandlede Kommissionen de berørte virksomheder forskelligt for at tage hensyn til deres faktiske, økonomiske muligheder for at påføre konkurrenterne alvorlig skade. I den forbindelse bemærkede Kommissionen, at der var en forskel på markedsandelene på markedet for industrirør i EØS, som markedslederen i EØS, KME-koncernen besad med [ fortroligt ]% ( ) af markedsandelene på den ene side, og dem, som Outokumpu og Wieland besad med henholdsvis [ fortroligt ] og 13,4% af markedsandelene, på den anden side. På baggrund af denne forskel blev udgangsbeløbet for den bøde, som blev pålagt Outokumpu og Wieland, fastsat til 33% af den bøde, som blev pålagt KME-koncernen, dvs. 11,55 mio. EUR til Outokumpu og Wieland og 35 mio. EUR til KME-koncernen (betragtning 327 og 328 til den anfægtede beslutning). Eftersom KME-koncernen blev stiftet i 1995, delte Kommissionen udgangsbeløbet for den bøde, koncernen blev pålagt, dvs. 35 mio. EUR, i to. Den første del for perioden 1988-1995 (ved at adskille KME Germany fra KME France og KME Italy) og den anden for perioden 1995-2001 (ved at anse de tre enheder for en koncern). Dette udgangsbeløb blev dernæst fordelt som følger: 8,75 mio. EUR til KME Germany (1988-1995), 8,75 mio. EUR til KME Italy og KME France in solidum (1988-1995) og 17,50 mio. EUR til KME-koncernen, dvs. til KME Germany, KME France og KME Italy in solidum (1995-2001) (betragtning 329 til den anfægtede beslutning). For det tredje forhøjede Kommissionen, for at hense til behovet for, at bøden fik afskrækkende virkning, udgangsbeløbet for den bøde, der var pålagt Outokumpu, med 50%, således at bøden blev på 17,33 mio. EUR, eftersom dette selskabs globale omsætning var større end 5 mia. EUR, hvilket var et tegn på, at det var af en sådan størrelse og havde en sådan økonomisk styrke, at en sådan forhøjelse var mulig (betragtning 334 til den anfægtede beslutning). For det fjerde kvalificerede Kommissionen varigheden af overtrædelsen, der forløb fra den 3. maj 1988 til den , som »lang«. Følgelig fandt Kommissionen det passende at forhøje udgangsbeløbet for den bøde, der blev pålagt de berørte virksomheder, med 10% for hvert år, de deltog i kartellet. Således forhøjede Kommissionen udgangsbeløbet for den bøde, som blev pålagt KME-koncernen for perioden 1995-2001, med 55%, og udgangsbeløbet for den bøde, som blev pålagt KME Germany på den ene side, og KME Italy og KME France på den anden side, med 70% for perioden 1988-1995. Bødens grundbeløb blev følgelig fastsat til 56,88 mio. EUR for hele KME-koncernen (betragtning 338, 342 og 347 til den anfægtede beslutning). For det femte blev grundbeløbet af den bøde, der var pålagt Outokumpu, på grund af skærpede omstændigheder forhøjet med 50% med den begrundelse, at selskabet var skyld i gentagne overtrædelser, eftersom det var genstand for Kommissionens beslutning 90/417/EKSF af 18. juli 1990 om en procedure i henhold til artikel 65 [EKSF] vedrørende en aftale og samordnet praksis mellem europæiske producenter af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål ( EFT L 220, s. 28 ) (betragtning 354 til den anfægtede beslutning). For det sjette har Kommissionen i forbindelse med de formildende omstændigheder bemærket, at den uden samarbejdet med Outokumpu kun kunne have godtgjort, at der forelå ulovlig adfærd i en periode på fire år, hvorfor den nedsatte grundbeløbet for dette selskabs bøde med 22,22 mio. EUR, således at bødens grundbeløb svarer til den bøde, som selskabet ville være blevet pålagt for en sådan periode (betragtning 386 til den anfægtede beslutning). For det syvende og sidste har Kommissionen i henhold til afsnit D i samarbejdsmeddelelsen af 1996 nedsat bøden med 50% for Outokumpu, med 20% for Wieland og med 30% for KME-koncernen (betragtning 402, 408 og 423 til den anfægtede beslutning). Retsforhandlinger og parternes påstande Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 1. april 2004 anlagde sagsøgerne denne sag. Da sammensætningen af Rettens afdelinger er blevet ændret, er den refererende dommer blevet tilknyttet Ottende Afdeling, og den foreliggende sag er følgelig blevet henvist til denne afdeling. I duplikken har Kommissionen krævet sagsøgernes bøde forhøjet, da de i replikken har anfægtet visse faktiske omstændigheder, som under den administrative procedure var ubestridte. Retten har opfordret sagsøgerne til at fremsætte deres bemærkninger til denne modpåstand, hvilken opfordring de har efterkommet inden for den fastsatte frist. På grundlag af den refererende dommers rapport har Retten (Ottende Afdeling) besluttet at indlede den mundtlige forhandling, og den har inden for rammerne af foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse efter artikel 64 i Rettens procesreglement opfordret parterne til at indgive bestemte dokumenter, ligesom den har stillet dem skriftlige spørgsmål, som de har besvaret inden for den fastsatte frist. Parterne afgav mundtlige indlæg og besvarede mundtlige spørgsmål fra Retten under retsmødet den 27. februar 2008. Ved denne lejlighed anvendte sagsøgerne, til støtte for et af deres anbringender, dokumenter, der bl.a. indeholdt statistikker og grafer vedrørende prisudviklingen for industrirør på den ene side og prisen for kobber på den anden side. Kommissionen har gjort indsigelser mod anvendelsen af disse dokumenter og herved anført, at den ikke har haft mulighed for at kontrollere rigtigheden af disse oplysninger, og at de under alle omstændigheder vedrører en anden periode end den, der vedrører de omtvistede omstændigheder. De dokumenter, sagsøgerne indleverede under retsmødet, er ikke blevet tilført sagsakterne. Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande: — Den bøde, der er pålagt KME-koncernen, nedsættes væsentligt. — Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger. — Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgernes udgifter til oprettelsen af en bankgaranti i stedet for betaling af bøden, under afventning af Rettens dom. — Retten anordner de øvrige foranstaltninger, som den finder hensigtsmæssige. Kommissionen har nedlagt følgende påstande: — Frifindelse. — Sagsøgerne tilpligtes at betale sagens omkostninger. — Den bøde, der er pålagt sagsøgerne, forhøjes. Retlige bemærkninger Til støtte for dette søgsmål har sagsøgerne fremsat fem anbringender, der alle vedrører fastsættelsen af den pålagte bøde. De omhandler en utilstrækkelig hensyntagen til kartellets konkrete indvirkning i forbindelse med beregningen af udgangsbeløbet for bøden, en utilstrækkelig vurdering af det relevante markeds størrelse, en fejlagtig forhøjelse af bøden på grund af overtrædelsens varighed, manglende hensyntagen til formildende omstændigheder og en fejlagtig anvendelse af samarbejdsmeddelelsen af 1996. Der skal indledningsvis lægges vægt på, dels at det fremgår af betragtning 290-387 til den anfægtede beslutning, at de bøder, Kommissionen har pålagt på grund af overtrædelsen, blev pålagt i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17, dels at det — selv om Kommissionen ikke udtrykkeligt i den anfægtede beslutning har henvist til retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17 og artikel 65, stk. 5 [EKSF] ( EFT 1998 C 9, s. 3 , herefter »retningslinjerne«) — er ubestridt, at den har fastsat bødens størrelse under anvendelse af den i disse retningslinjer fastlagte metode. Selv om retningslinjerne ikke kan anses for retsregler, fastsætter de dog vejledende regler for den praksis, der skal følges, og som Kommissionen ikke kan fravige i konkrete tilfælde uden at angive grunde, som er i overensstemmelse med princippet om ligebehandling (jf. Domstolens dom af 18.5.2006, sag C-397/03 P, Archer Daniels Midland og Archer Daniels Midland Ingredients mod Kommissionen, Sml. I, s. 4429 , præmis 91 og den deri nævnte retspraksis). Det tilkommer således Retten, inden for rammerne af legalitetskontrollen af bøder pålagt ved den anfægtede beslutning at efterprøve, om Kommissionen har udøvet sin skønsbeføjelse i henhold til den i retningslinjerne fastsatte metode, og i det omfang den skulle fastslå, at Kommissionen har overskredet denne beføjelse, at efterprøve, om overskridelsen er berettiget og tilstrækkeligt retligt begrundet. I den forbindelse må det bemærkes, at Domstolen har bekræftet gyldigheden dels af selve princippet med retningslinjer, dels af den metode, der er angivet heri (Domstolens dom af 28.6.2005, forenede sager C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P — C-208/02 P og C-213/02 P, Dansk Rørindustri m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 5425, præmis 252-255, 266, 267, 312 og 313). Kommissionens begrænsning af sin egen skønsbeføjelse som følge af vedtagelsen af retningslinjer er nemlig ikke uforenelig med opretholdelsen af en væsentlig skønsmargen til Kommissionen. Retningslinjerne er på flere punkter fleksible, hvilket giver Kommissionen mulighed for at udøve sit skøn i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning nr. 17, således som disse er fortolket af Domstolen (dommen i sagen Dansk Rørindustri m.fl. mod Kommissionen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 267). På de områder, hvor Kommissionen har bibeholdt en skønsmargen, f.eks. for så vidt angår forhøjelsessatsen i forhold til varigheden, er legalitetskontrollen af disse bedømmelser derfor begrænset til, om der er tale om en åbenbar bedømmelsesfejl (jf. i denne retning Rettens dom af 18.7.2005, sag T-241/01, Scandinavian Airlines System mod Kommissionen, Sml. II, s. 2917 , præmis 64 og 79). Kommissionens skønsmargin og de grænser, den har fastsat herfor, er desuden i princippet ikke til hinder for, at Fællesskabets retsinstanser udøver deres fulde prøvelsesret (Rettens dom af 8.7.2004, forenede sager T-67/00, T-68/00, T-71/00 og T-78/00, JFE Engineering m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 2501 , præmis 538), og de kan ophæve, nedsætte eller forhøje den af Kommissionen pålagte bøde (jf. i denne retning Domstolens dom af , sag C-3/06 P, Groupe Danone mod Kommissionen, Sml. I, s. 1331 , præmis 60-62, og Rettens dom af , sag T-368/00, General Motors Nederland og Opel Nederland mod Kommissionen, Sml. II, s. 4491 , præmis 181). Om det første anbringende vedrørende et utilstrækkeligt hensyn til kartellets konkrete indvirkning Parternes argumenter Som led i det første anbringende har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionen i forbindelse med fastsættelsen af bøderne i den foreliggende sag er forpligtet til at tage kartellets konkrete indvirkning på markedet i betragtning. Ifølge sagsøgerne er den anfægtede beslutning behæftet med en fejl, eftersom Kommissionen har tilsidesat denne forpligtelse. Derved har den tillige tilsidesat principperne om ligebehandling og proportionalitet samt retningslinjerne. Desuden er argumentationen og konklusionen i den anfægtede beslutning vedrørende kartellets konkrete indvirkning fejlagtig, udokumenteret og selvmodsigende. Desuden har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionen i den foreliggende sag var så meget desto mere forpligtet til på tilstrækkelig vis at fastslå kartellets konkrete indvirkning som følge af begrundelsen for at pålægge sagsøgerne en bøde med et udgangsbeløb tre gange større end det, der blev anvendt for Wieland og Outokumpu. Sagsøgerne har nemlig henvist til, at Kommissionen har begrundet denne forskelsbehandling med behovet for at tage hensyn til hver virksomheds særlige vægt og følgelig til den reelle virkning på konkurrencen af deres ulovlige adfærd. Sagsøgerne finder det er åbenbart, at denne begrundelse hviler på forudsætningen om, at kartellet har en reel indvirkning. Det forhold, at der pålægges forskellige bøder alt efter de medvirkende selskabers individuelle adfærd, giver kun mening, hvis overtrædelsen i sin helhed har haft en konkret indvirkning på markedet. Således er Kommissionens stillingtagen, hvorefter kartellets art på grund af grovheden, er tilstrækkelig begrundelse for udgangsbeløbet for den bøde, der blev pålagt KME-koncernen, ikke retfærdiggjort og kan ikke stadfæstes. Sagsøgerne påpeger, at de som svar på klagepunktsmeddelelsen fremlagde en rapport udarbejdet af et konsulentfirme (herefter »den oprindelige rapport«), der dokumenterer, at overtrædelsen ikke har haft nogen reel indvirkning på priserne. Desuden har sagsøgerne under den nærværende procedure fremlagt to andre rapporter (herefter »den første uddybende rapport« og »den anden uddybende rapport«), som blev vedlagt henholdsvis stævningen og replikken. Disse to uddybende rapporter er blevet affattet af de to ophavsmænd til den oprindelige rapport, og de bekræfter konklusionerne i denne sidstnævnte rapport. Under henvisning til betragtning 299, 300 og 314 til den anfægtede beslutning har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionens fremgangsmåde er selvmodsigende, da det ikke er logisk, at Kommissionen på den ene side fastslår, at det er umuligt at fastlægge kartellets indvirkning på priserne, og på den anden side fastslår, at kartellet reelt har haft en indvirkning på priserne. Sagsøgerne har, henset til det sammentræf mellem prisforhøjelserne og den forøgede efterspørgsel, som Kommissionen observerede, anført, at Kommissionen skulle have foretaget en empirisk undersøgelse. I mangel af en passende økonometrisk undersøgelse skulle Kommissionen have fastslået, at det som udgangspunkt var umuligt at afgøre, om prisforhøjelserne var et resultat af en samordning mellem virksomheder, eller om de alene skyldtes en forøget efterspørgsel. I øvrigt har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionens påstande vedrørende den oprindelige rapport er fejlagtige. De har i denne forbindelse primært henvist til de to uddybende rapporter og har anført, at analysen i den oprindelige rapport med føje angav, at kartellet ikke havde nogen konkret indvirkning på prisernes svingninger. Endelig har sagsøgerne, under henvisning til argumentationen i forbindelse med deres fjerde anbringende, gjort gældende, at sagsakterne indeholder eksempler på, at de svigagtige aftaler ikke blev overholdt, og at kartellet blev gennemført i et begrænset omfang. Sagsøgerne har således påstået, at udgangsbeløbet for deres bøde skulle have været fastsat i den nederste ende af bødeskalaen for overtrædelser i forbindelse med karteller og skulle have været mindre end tre gange udgangsbeløbet for den bøde, der blev pålagt Wieland og Outokumpu. Kommissionen har gjort gældende, at anbringendet skal forkastes. Den har bl.a. gjort gældende, at sagsøgerne hverken i deres svar på klagepunktsmeddelelsen eller i stævningen har bestridt tre ud af de fire aspekter vedrørende overtrædelsen på markedet, som Kommissionen konstaterede, dvs. indvirkningen på udbuddet af priser og mængder til kunderne, gennemførelsen af prisforhøjelser og stabilisering af markedsandele. Kommissionen har understreget, at sagsøgerne bestred disse tre aspekter for første gang i replikken, hvilket derved udgør et nyt anbringende, som følgelig bør afvises i henhold til procesreglementets artikel 48, stk. 2. Den har endvidere gjort gældende, at de ovenfor nævnte faktiske omstændigheder i klagepunktsmeddelelsen figurerede blandt de elementer, der udgjorde overtrædelsen. Kommissionen har bemærket, at den ved at indrømme sagsøgerne en nedsættelse af bøden med 30% tog hensyn til, at de ikke havde bestridt disse faktiske omstændigheder under den administrative procedure. Den fremhæver, at den ikke ville have indrømmet nedsættelsen, hvis sagsøgerne i deres svar på klagepunktsmeddelelsen havde bestridt disse omstændigheder. Følgelig har Kommissionen anmodet Retten om at forhøje den bøde, der blev pålagt sagsøgerne. Kommissionen har endvidere gjort en afvisningspåstand gældende med hensyn til den anden uddybende rapport. Ifølge Kommissionen skal denne rapport afvises i henhold til procesreglementets artikel 48, stk. 1. I stedet for at modbevise de af Kommissionen fremsatte kritikpunkter i dens svarskrift vedrørende de tidligere beregninger forsøgte ophavsmændene til den anden uddybende rapport nemlig at anvende en række nye beregninger, som skulle erstatte de i den første uddybende rapport anvendte. Ifølge Kommissionen bør den anden uddybende rapport også afvises i henhold til procesreglementets artikel 44, stk. 1, litra c), da den, selv om den er et bilag, indeholder argumenter, som udgør materielle svar på Kommissionens argumenter i dens svarskrift. Rettens bemærkninger Der skal indledningsvis tages stilling til Kommissionens afvisningspåstande og til dens modpåstand. Hvad for det første angår anfægtelsen af »tre ud af de fire aspekter ved overtrædelsen« fastslås, at sagsøgerne i stævningen har anfægtet Kommissionens konklusion om, at overtrædelsen havde en konkret og global indvirkning på markedet. De har hævdet, at kartellet ikke havde haft nogen væsentlig indvirkning på priserne, og har gjort gældende, at stabiliseringen af markedsandelene og af gennemførelsen af prisforhøjelser ikke kan være relevante for godtgørelsen af, om overtrædelsen har en reel indvirkning. Det må fastslås, at sagsøgerne har formuleret denne argumentation i replikken ved at besvare den af Kommissionen i svarskriftet fremsatte påstand om, at tre ud af fire aspekter ved kartellet ikke var bestridt i stævningen. Følgelig er Kommissionens afvisningspåstand i denne sammenhæng åbenbart ugrundet, og modpåstanden skal derfor afvises. Hvad angår spørgsmålet, om den anden uddybende rapport udgør bevismateriale, der kan antages til realitetsbehandling, må det påpeges, at parterne i henhold til procesreglementets artikel 48, stk. 1, i replikken og duplikken kan anføre yderligere beviser til støtte for deres anbringender, men de skal begrunde, hvorfor beviserne først påberåbes på det tidspunkt. Denne bestemmelse omfatter imidlertid nye beviser og skal ses i sammenhæng med samme reglements artikel 66, stk. 2, hvorefter adgangen til at føre modbevis og til at fremkomme med nye beviser udtrykkeligt bevares (Domstolens dom af 17.12.1998, sag C-185/95 P, Baustahlgewebe mod Kommissionen, Sml. I, s. 8417 , præmis 72, og Rettens dom af , sag T-448/04, Kommissionen mod Trends, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 52). I det foreliggende tilfælde blev stævningen vedlagt to økonomiske undersøgelser, dvs. den oprindelige rapport og den første uddybende rapport, med henblik på at støtte sagsøgernes påstand om, at overtrædelsen ikke har haft nogen indvirkning på markedet. I svarskriftet fremførte Kommissionen argumenter til støtte for, at de anvendte metoder og målestokke i den oprindelige rapport og den første uddybende rapport var mangelfulde og deres troværdighed usikker, og at resultaterne i disse rapporter under alle omstændigheder ikke var i strid med konstateringen af kartellets indvirkning på priserne. Følgelig kan den anden uddybende rapport, som har til formål at imødegå de nævnte, af Kommissionen fremsatte klagepunkter, ikke, som Kommissionen har hævdet, udgøre nyt bevismateriale, men svarer til en uddybning af beviserne vedrørende kartellets manglende indvirkning på priserne, hvilket bevis sagsøgerne allerede havde fremlagt på tidspunktet for stævningen. Hvad angår Kommissionens klagepunkt om, at den anden uddybende rapport, der, selv om den er et bilag, indeholder argumenter vedrørende realiteten i de af Kommissionen fremførte argumenter i svarskriftet, bør der lægges vægt på, at det naturligvis ikke tilkommer Retten ved hjælp af bilagene at eftersøge og at klarlægge, hvilke anbringender og argumenter der kan antages at udgøre grundlaget for søgsmålet, idet bilagene alene skal fungere som bevismateriale og et middel til sagens oplysning (jf. Rettens dom af 17.9.2007, sag T-201/04, Microsoft mod Kommissionen, Sml. II, s. 3601 , præmis 94 og den deri nævnte retspraksis). I det foreliggende tilfælde har sagsøgerne i replikken tilbagevist Kommissionens indsigelser vedrørende de to rapporter, der var vedlagt stævningen, dels som irrelevante, dels som ubegrundede. I denne sammenhæng har sagsøgerne i replikken hævdet, at selv om Kommissionens indsigelser vedrørende metoden tages i betragtning, forbliver rapporternes resultater, dvs. kartellets manglende indvirkning på priserne, uændrede. De har endvidere gjort gældende, at Kommissionens fortolkning af visse oplysninger i de to nævnte rapporter statistisk set var fejlagtige. Retten kan konstatere, at den anden uddybende rapport ikke indeholder nye retlige argumenter, men ved hjælp af nye beregningsmetoder og økonometriske henvisninger understøtter påstandene i replikken. Heraf følger, at alle beviser og klagepunkter, som sagsøgerne har fremlagt i forbindelse med det første anbringende, skal antages til realitetsbehandling. Hvad angår spørgsmålet, om dette anbringende er velbegrundet, bemærkes, at sagsøgerne ved hjælp heraf har gjort indsigelser mod både Kommissionens vurdering af overtrædelsens grovhed (jf. præmis 12 og 13 ovenfor) og dens forskellige behandling på grundlag af de berørte virksomheders markedsandele (jf. præmis 16 ovenfor). Hvad for det første angår den forskellige behandling af de berørte virksomheder giver Kommissionens begrundelse i den anfægtede beslutning i denne henseende bl.a. udtryk for et hensyn til »hver enkelt virksomheds specifikke vægt, og således den reelle virkning, som dens ulovlige adfærd havde for konkurrencen« (betragtning 322 til den anfægtede beslutning). Imidlertid må det understreges, at selv hvor der mangler bevis for overtrædelsens konkrete indvirkning på markedet, kan Kommissionen foretage en forskellig behandling ud fra de pågældende markedsandele, såsom den i betragtning 326-329 til den anfægtede beslutning anførte. Det følger nemlig af retspraksis, at hver af de berørte virksomheders markedsandele på det marked, som er genstand for en konkurrencebegrænsende praksis, er et objektivt element, som udgør en korrekt målestok for hver virksomheds ansvar for så vidt angår denne praksis’ potentielle skadelighed for de normale konkurrencevilkår (jf. i denne retning Rettens dom af 29.4.2004, forenede sager T-236/01, T-239/01, T-244/01 — T-246/01, T-251/01 og T-252/01, Tokai Carbon m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 1181 , præmis 197). Endvidere bemærkes det for så vidt angår bedømmelsen af overtrædelsens grovhed, at selv om Kommissionen ikke havde godtgjort, at kartellet havde en konkret indvirkning på markedet, ville dette ikke påvirke kvalificeringen af overtrædelsen som »meget alvorlig«, og således bødens størrelse. I denne forbindelse må det fastslås, at det følger af fællesskabsordningen om sanktioner for tilsidesættelser af konkurrencereglerne som indført ved forordning nr. 17 og fortolket i retspraksis, at karteller, på grund af deres særlige art, fortjener de største bøder. Deres eventuelle konkrete påvirkning af markedet, bl.a. i hvilket omfang konkurrencebegrænsningen har medført en markedspris, der er højere end den pris, som ville have været anvendt, såfremt der ikke forelå et kartel, er ikke et afgørende kriterium for fastsættelsen af bødens størrelse (jf. i denne retning Domstolens dom af 7.6.1983, forenede sager 100/80-103/80, Musique diffusion française m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 1825, præmis 120 og 129, af , sag C-219/95 P, Ferriere Nord mod Kommissionen, Sml. I, s. 4411 , præmis 33, af , sag C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags mod Kommissionen, Sml. I, s. 9925 , præmis 68-77, og af , sag C-407/04 P, Dalmine mod Kommissionen, Sml. I, s. 829 , præmis 129 og 130, samt dommen i sagen Tokai Carbon m.fl. mod Kommissionen, nævnt i præmis 62 ovenfor, præmis 225. Jf. endvidere generaladvokat Mischos forslag til afgørelse til Domstolens dom af , sag C-283/98, Mo och Domsjö mod Kommissionen, Sml. I, s. 9855 , på s. 9858, præmis 95-101). Det følger tillige af retningslinjerne, at aftaler eller samordnet praksis, der bl.a., som i det foreliggende tilfælde, har til formål at fastsætte priser og fordele kunder, alene på grund af deres egen beskaffenhed kan føre til en kvalifikation som »meget alvorlige«, uden at det er fornødent at beskrive den pågældende adfærd nærmere ved at angive dens særlige virkning eller geografiske udstrækning. Denne konklusion er underbygget af den omstændighed, at selv om beskrivelsen af »alvorlige« overtrædelser udtrykkeligt nævner indflydelsen på markedet og virkningen på store dele af fællesmarkedet, opstiller beskrivelsen af »meget alvorlige« overtrædelser derimod ikke noget krav om, at de har en konkret indvirkning, eller gør sig gældende inden for et bestemt geografisk område (Rettens dom af 25.10.2005, sag T-38/02, Groupe Danone mod Kommissionen, Sml. II, s. 4407 , præmis 150). Retten er for fuldstændighedens skyld af den opfattelse, at Kommissionen har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for kartellets konkrete indvirkning på det berørte marked. I denne sammenhæng må det understreges, at sagsøgernes første krav om, at Kommissionen i en situation, hvor den i forbindelse med fastsættelsen af bødens størrelse hævder, at kartellet har en konkret indvirkning på markedet, skal fremlægge videnskabelige beviser for, at der foreligger en mærkbar økonomiske indvirkning på markedet og en årsagssammenhæng mellem denne indvirkning og overtrædelsen, er blevet forkastet i retspraksis. Retten har nemlig flere gange fastslået, at et kartels konkrete indvirkning på markedet skal anses for tilstrækkeligt godtgjort, hvis Kommissionen kan fremlægge konkrete og troværdige indicier, der med rimelig sandsynlighed viser, at kartellet har haft følger for markedet (jf. bl.a. Rettens dom i sagen Scandinavian Airlines System mod Kommissionen, nævnt i præmis 36 ovenfor, præmis 122, samt domme af 27.9.2006, sag T-59/02, Archer Daniels Midland mod Kommissionen, Sml. II, s. 3627 , præmis 159-161, sag T-43/02, Jungbunzlauer mod Kommissionen, Sml. II, s. 3435, præmis 153-155, sag T-329/01, Archer Daniels Midland mod Kommissionen, Sml. II, s. 3255, præmis 176 og 178, og sag T-322/01, Roquette Frères mod Kommissionen, Sml. II, s. 3137, præmis 73-75). Det bemærkes i denne forbindelse, at sagsøgerne ikke har bestridt selve de ovenfor i præmis 13 nævnte faktiske omstændigheder, som Kommissionen har lagt til grund for at fastslå, at kartellet havde en konkret indvirkning på markedet, dvs. den omstændighed, at priserne faldt i perioder med en svag grad af overholdelse af den svigagtige aftale og steg væsentligt i andre perioder, gennemførelsen af en ordning om udveksling af oplysninger vedrørende salgsmængder og prisniveauer, størrelsen af den markedsandel, alle kartelmedlemmerne besad, og den omstændighed, at karteldeltagernes respektive markedsandele forblev relativt stabile under hele overtrædelsesperioden. Sagsøgerne har blot gjort gældende, at disse omstændigheder ikke godtgør, at den omhandlede overtrædelse havde en konkret indvirkning på markedet. Det følger af retspraksis, at Kommissionen er berettiget til, på grundlag af de i den foregående præmis nævnte indicier, at udlede, at overtrædelsen har haft en konkret indvirkning på markedet (jf. i denne retning dommen i sagen Jungbunzlauer mod Kommissionen, nævnt i præmis 68 ovenfor, præmis 159, i sagen Roquette Frères mod Kommissionen, nævnt i præmis 68 ovenfor, præmis 78, dommen af 27.9.2006 i sag T-59/02, Archer Daniels Midland mod Kommissionen, nævnt i præmis 68 ovenfor, præmis 165, dommen i sag T-329/01, Archer Daniels Midland mod Kommissionen, nævnt i præmis 68 ovenfor, præmis 181, samt Rettens dom af , forenede sager T-259/02 — T-264/02 og T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 5169 , præmis 285-287). Hvad angår sagsøgernes argument om, at sagsakterne indeholder eksempler på, at de svigagtige aftaler ikke blev overholdt, bemærkes, at den omstændighed, at aftalerne ikke altid bliver overholdt af kartelmedlemmerne, ikke er tilstrækkelig til at udelukke en indvirkning på markedet (jf. i denne retning Rettens dom i sagen Groupe Danone mod Kommissionen, nævnt i præmis 65 ovenfor, præmis 148). Sagsøgernes argumenter vedrørende deres egen adfærd kan heller ikke tiltrædes. Den faktiske adfærd, som en virksomhed hævder at have udvist, er nemlig uden betydning ved vurderingen af kartellets virkning på markedet, og kun virkningerne af den samlede overtrædelse skal tages i betragtning (Rettens dom af 9.7.2003, sag T-224/00, Archer Daniels Midland og Archer Daniels Midland Ingredients mod Kommissionen, Sml. II, s. 2597 , præmis 167). Kommissionen kan heller ikke kritiseres for i betragtning 303 til den anfægtede beslutning at have fastslået, at den oprindelige rapport ikke imødegik konklusionerne vedrørende overtrædelsens faktiske indvirkning på markedet. Den økonometriske analyse heri vedrører nemlig kun taloplysninger vedrørende sagsøgerne. På baggrund af alle de ovenstående overvejelser skal dette anbringende følgelig forkastes. Desuden er Retten af den opfattelse, at det som led i dens fulde prøvelsesret og i lyset af de ovenstående overvejelser ikke er fornødent igen at behandle udmålingen af bødens udgangsbeløb, som Kommissionen fastsatte ud fra overtrædelsens grovhed. Om det andet anbringende vedrørende en utilstrækkelig vurdering af størrelsen af den af overtrædelsen berørte sektor Parternes argumenter Med det andet anbringende har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionen ved at fastholde, at værdien af det berørte marked var på 288 mio. EUR, har overdrevet størrelsen af dette marked og følgelig overtrædelsens grovhed, hvilket har resulteret i en for vidtgående bøde. Sagsøgerne hævder tillige, at Kommissionens tilgang tilsidesætter ligebehandlingsprincippet. Sagsøgerne har indledningsvis anført, at den samlede pris for produkterne i sektoren for industrirør normalt består af prisen på kobber på grundlag af noteringen på London Metal Exchange (herefter »LME«) og udgifterne til forarbejdning, som svarer til den af fabrikanten tilførte merværdi (herefter »forarbejdningsmargenen«). De for fremstillingen af industrirør nødvendige råmaterialer leveres enten af kunden eller af rørfabrikanten selv, der således fakturerer dem i den samlede pris. Ifølge sagsøgerne er størrelsen af det berørte marked en relevant faktor ved fastsættelsen af bødens udgangsbeløb. Sagsøgerne har hævdet, at Kommissionen i det foreliggende tilfælde i det mindste har fastsat udgangsbeløbet ud fra størrelsen af det berørte marked. Sagsøgerne har hævdet, at de som producenter af industrirør ikke har nogen indflydelse på priserne på det primære råmateriale, dvs. kobber, der udgør omkring to tredjedele af den endelige pris, som kunderne betaler. I denne forbindelse har sagsøgerne anført, at metalprisen er fastsat ved den daglige notering på LME, og at de, når de skaffer dette metal, blot følger instruktionerne fra køberne af industrirør. Det er derfor kunderne selv, som fastsætter metalprisen. Følgelig er metalprisen kun et element, som lægges over på kunderne. Metalprisens følsomhed påvirker ikke sagsøgernes rentabilitet. Heraf følger, at det berørte markeds reelle økonomiske vægt er begrænset til forarbejdningsmargenen. Desuden er begrebet om den samlede omsætning, som skal tages i betragtning med henblik på fastsættelsen af loftet på 10% i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17, ikke nødvendigvis relevant i det foreliggende tilfælde, eftersom Kommissionen og Fællesskabets retsinstanser frit kan foretage forskellige fortolkninger af begrebet omsætning i forbindelse med beregningen af det berørte markeds størrelse. Omsætningen er nemlig en upræcis indikator for størrelsen af et produktmarked. I visse tilfælde kan andre elementer således gøre det muligt for Kommissionen at foretage en bedre vurdering af størrelsen af markedet. Med henvisning til det ovenstående har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionen skulle have udeladt omkring to tredjedele af den samlede pris for de omhandlede produkter under vurderingen af størrelsen af det berørte marked, hvilket indebærer et lavere udgangsbeløb for bøden. Sagsøgerne konkluderer, at Kommissionen, ved at undlade at udlede kobberprisen af omsætningen på det berørte marked har ignoreret markedets økonomiske realitet og har fastsat et udgangsbeløb for bøden, som er overdrevet i forhold til overtrædelsens grovhed, og som derfor tilsidesætter artikel 15 i forordning nr. 17 samt retningslinjerne. Ifølge sagsøgerne kan den omstændighed, at kartellet, ud over den svigagtige aftale vedrørende forarbejdningsmargenen og andre handelsvilkår, også omfattede opdeling af markedet og af kunderne samt en ulovlig udveksling af oplysninger, ikke påvirke gyldigheden af deres påstand om, at størrelsen af det berørte marked, som led i bedømmelsen af bødens udgangsbeløb, udelukkende skal vurderes ud fra den omsætning, som svarer til forarbejdningsmargenen. Desuden har sagsøgerne anført, at en sanktion, for at være afskrækkende, skal være knyttet til den fortjeneste, kartellet indebærer, og at kartelmedlemmernes fortjeneste i den foreliggende sag ikke afhænger af metalprisen, men udelukkende af forarbejdningsmargenen for rør. I øvrigt indebærer Kommissionens formalistiske fremgangsmåde en strengere behandling af de erhvervsdrivende, som er aktive nederst i produktionen, i forhold til virksomheder, der er aktive øverst i markedet. Dette gælder også erhvervsdrivende, som forarbejder dyre råmaterialer i forhold til dem, der forarbejder billige råmaterialer. Kommissionen har nedlagt påstand om, at sagsøgernes anbringende forkastes. Desuden har den i duplikken gjort gældende, at sagsøgerne for første gang i replikken har bestridt visse konklusioner i den anfægtede beslutning vedrørende udvidelsen af aftalen om priser til at omfatte de nærmere foranstaltninger vedrørende betaling og levering samt varedepoter. Kommissionen har endvidere gjort gældende, at den, ved at indrømme KME-koncernen en nedsættelse på 30% af bøden i henhold til samarbejdsmeddelelsen, bl.a. tog hensyn til den omstændighed, at koncernen ikke havde bestridt disse konklusioner. Kommissionen har følgelig for Retten nedlagt påstand om, at de ovennævnte argumenter afvises fra påkendelse, og at den under alle omstændigheder, ved udøvelsen af sin fulde prøvelsesret forhøjer den bøde, der er pålagt KME-koncernen. Rettens bemærkninger Det skal indledningsvis fastslås, at det hverken er fornødent at tage stilling til Kommissionens afvisningspåstand eller modpåstanden. Sagsøgerne har nemlig ved deres besvarelser af Rettens spørgsmål under retsmødet udtrykkeligt erkendt, at det omhandlede kartel omfattede de nærmere foranstaltninger vedrørende betaling og levering samt varedepoter. Det skal under alle omstændigheder fastslås, at afvisningspåstanden er ubegrundet, og at modpåstanden skal afvises, eftersom det fremgår af sagsakterne, at sagsøgerne både under den administrative procedure og i stævningen fremførte deres opfattelse af, at overtrædelsen kun påvirkede forarbejdningsmarkedet. Hvad angår realiteten er det væsentligt at understrege, for det første, at den metode, der er angivet i retningslinjerne, og som blev anvendt af Kommissionen i den anfægtede beslutning (jf. præmis 32 ovenfor), svarer til en fastlagt logik, hvorefter bødens udgangsbeløb, der fastsættes ud fra overtrædelsens grovhed, beregnes under hensyn til overtrædelsens art, overtrædelsens konkrete indvirkning på markedet — når den kan måles — og det berørte markeds udstrækning (retningslinjernes punkt 1 A, første afsnit). Dernæst individualiseres bødens udgangsbeløb for hver deltager, bl.a. ud fra dennes størrelse. Kommissionen kan desuden — men er ikke forpligtet hertil — ved fastsættelsen af bødens udgangsbeløb tage hensyn til størrelsen af det berørte marked (Rettens dom af 15.3.2006, sag T-15/02, BASF mod Kommissionen, Sml. II, s. 497 , præmis 134, og dommen i sagen Roquette Frères mod Kommissionen, nævnt i præmis 68 ovenfor, præmis 149 og 150). Det fremgår imidlertid klart af den anfægtede beslutning, at Kommissionen i det foreliggende tilfælde har valgt at tage hensyn til størrelsen af markedet for industrirør i EØS-området ved sin vurdering af den omhandlede overtrædelses grovhed. Selv om Kommissionen allerede på grundlag af overtrædelsens beskaffenhed havde fastslået, at denne var »meget alvorlig« som omhandlet i retningslinjerne (betragtning 294), fastsatte den nemlig i den anfægtede beslutning overtrædelsens grovhed, og følgelig bødens generelle udgangsbeløb, ved at tage hensyn til kartellets faktiske indvirkning på markedet (betragtning 295-314), det berørte markeds udstrækning (betragtning 315-317) og den omstændighed, at den sektor, der var genstand for overtrædelsen, var et vigtigt marked, hvis værdi i EØS var vurderet til 288 mio. EUR (betragtning 318 og 319). Selv om størrelsen af det berørte marked, med henblik på vurderingen af overtrædelsens grovhed og bødens udgangsbeløb, kun har udgjort et af de elementer, Kommissionen har lagt til grund i den anfægtede beslutning, har Kommissionen ikke desto mindre rent faktisk fastsat nævnte beløb under hensyntagen til dette element. Følgelig kan Retten ikke tiltræde Kommissionens påstand om, at udgangsbeløbet af den bøde, der er pålagt sagsøgerne, ikke nødvendigvis ville have været mindre end 35 mio. EUR, hvis prisen på kobber var blevet fratrukket omsætningen på markedet. Det skal derfor efterprøves, om Kommissionen ved vurderingen af størrelsen af det berørte marked med urette tog hensyn til prisen på kobber. Sagsøgerne har i denne forbindelse hævdet, dels at prisen på kobber ikke kan kontrolleres af fabrikanterne af industrirør, eftersom den fastsættes i henhold til LME, dels at køberne af industrirør selv beslutter, til hvilken pris metallet erhverves. Sagsøgerne har endvidere fremhævet, at svingningerne i metalpriserne ikke påvirker deres fortjeneste. Det skal imidlertid fastslås, at der ikke er nogen rimelig grund til, at omsætningen på det relevante marked beregnes ved at udelukke bestemte produktionsomkostninger. Som Kommissionen med føje har bemærket, findes der i alle erhvervsgrene omkostninger, der er knyttet til det endelige produkt, som fabrikanten ikke har kontrol over, men som ikke desto mindre udgør et væsentligt element i dennes samlede aktiviteter, og som følgelig ikke kan udelukkes fra omsætningen ved fastsættelsen af bødens udgangsbeløb (jf. i denne retning Rettens dom af 15.3.2000, forenede sager T-25/95, T-26/95, T-30/95 — T-32/95, T-34/95 — T-39/95, T-42/95 — T-46/95, T-48/95, T-50/95 — T-65/95, T-68/95 — T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 og T-104/95, Cimenteries CBR m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 491 , præmis 5030 og 5031). Den omstændighed, at kobberprisen udgør en væsentlig del af den endelige pris på industrirør, eller at risikoen for svingningerne i prisen på kobber er langt større end for andre råmaterialer, anfægter ikke denne konklusion. Endelig skal Retten — for så vidt angår sagsøgernes forskellige argumenter for, at det, i stedet for at anvende kriteriet om omsætningen på det relevante markedet, ville have været mere hensigtsmæssigt, med henblik på bødernes afskrækkende virkning og ligebehandlingsprincippet at fastsætte bødens beløb ud fra rentabiliteten i den berørte sektor eller den dertil knyttede merværdi — fastslå, at disse er uden relevans. I den forbindelse må det for det første fastslås, at overtrædelsens grovhed skal bestemmes på grundlag af flere faktorer, med hensyn til hvilke der tilkommer Kommissionen et skøn (Rettens dom af 12.12.2007, forenede sager T-101/05 og T-111/05, BASF mod Kommissionen, Sml. II, s. 4949 , præmis 65), uden at der er opstillet en bindende eller udtømmende liste over de kriterier, som obligatorisk skal tages i betragtning (dommen i sagen Dalmine mod Kommissionen, nævnt i præmis 64 ovenfor, præmis 129), og at det ikke tilkommer Fællesskabets retsinstanser, men Kommissionen, inden for rammerne af sit skøn og i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af ligebehandlingsprincippet og forordning nr. 17, at vælge de faktorer og taloplysninger, den vil lægge til grund for at gennemføre en politik, som sikrer overholdelsen af forbuddene i artikel 81 EF. Det er dernæst uomtvisteligt, at omsætningen i en virksomhed eller på et marked som en faktor i vurderingen af overtrædelsens grovhed nødvendigvis er vag og ufuldstændig. Den sondrer hverken mellem sektorer med en høj merværdi og sektorer med en lav merværdi eller mellem virksomheder med stor fortjeneste og dem med mindre fortjeneste. Imidlertid anser både fællesskabslovgiver, Kommissionen og Domstolen, på trods af den omtrentlige karakter, aktuelt omsætningen som et passende kriterium inden for rammerne af konkurrenceretten, med henblik på at bedømme de berørte virksomheders størrelse og økonomiske vægt (jf. bl.a. dommen i sagen Musique diffusion française m.fl. mod Kommissionen, nævnt i præmis 64 ovenfor, præmis 121, artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 17, betragtning 10 til samt artikel 14 og 15 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20.1.2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ( EFT L 24, s. 1 )). På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal det fastslås, at Kommissionen med føje indregnede kobberprisen med henblik på at fastlægge størrelsen af det berørte marked. Om det tredje anbringende vedrørende en fejlagtig forhøjelse af bødens udgangsbeløb som følge af overtrædelsens varighed Parternes argumenter Sagsøgerne har i det væsentlige gjort gældende, at Kommissionen ved at forhøje udgangsbeløbet for den bøde, de blev pålagt, med 10% for hvert års deltagelse i overtrædelsen har tilsidesat retningslinjerne og principperne om ligebehandling og proportionalitet, eftersom den ikke har taget hensyn til kartellets varierende intensitet i løbet af dets varighed. I denne forbindelse har de anført, at forhøjelsen med 10% for hvert års overtrædelse ifølge retningslinjerne udgør den maksimale forhøjelse, som Kommissionen kan pålægge, når der er tale om overtrædelser af lang varighed. Følgelig er forhøjelsen af bødens udgangsbeløb ud fra varigheden ikke mekanisk, men skal være proportionel med overtrædelsens konkrete og objektive indvirkning på forbrugerne. Sagsøgerne har understreget, at den omstændighed, at Kommissionen kan anvende begrebet »enkelt vedvarende overtrædelse« i forbindelse med komplekse karteller, for derved at udstrække de virksomheders ansvar, som ikke direkte har deltaget i alle de elementer, som udgør det samlede kartel, gør det uomgængeligt at tilpasse forhøjelsen af bøden ud fra varigheden som følge af eventuelle perioder, hvor kartellet har været mindre aktivt. I det foreliggende tilfælde berettiger de faktiske omstændigheder ikke en anvendelse af den årlige forhøjelse på 10%, da det berørte kartel for det første ikke har haft nogen væsentlig virkning på priserne og for det andet havde aktiviteter, hvis intensitet varierede i løbet af overtrædelsesperioden, hvilket Kommissionen desuden anførte i flere betragtninger til den anfægtede afgørelse. Kommissionen har nedlagt påstand om, at dette anbringende skal forkastes. Rettens bemærkninger Det bemærkes, at en forhøjelse af bøden på grundlag af varigheden ikke er begrænset til tilfælde, hvor der foreligger en direkte forbindelse mellem varigheden og den skade, som er blevet tilføjet de ved traktatens konkurrenceregler tilstræbte fællesskabsformål (jf. i denne retning Rettens dom af 30.9.2003, sag T-203/01, Michelin mod Kommissionen, Sml. II, s. 4071 , præmis 278 og den deri nævnte retspraksis). Det fremgår desuden af retningslinjerne, at Kommissionen ikke har fastslået, at der ikke er nogen overlapning af eller gensidig afhængighed mellem bedømmelsen af overtrædelsens grovhed og af dens varighed. Det fremgår tværtimod, for det første, af opbygningen af retningslinjerne, at de fastsætter en bedømmelse af selve overtrædelsens grovhed med henblik på at fastsætte et udgangsbeløb for bøden. For det andet analyseres overtrædelsens grovhed på baggrund af den berørte virksomheds egenskaber, bl.a. dens størrelse og dens stilling på det relevante marked, hvilket kan give anledning til en vægtning af udgangsbeløbet, til en opdeling af virksomhederne i kategorier og til fastsættelsen af et særligt udgangsbeløb. For det tredje henses der til overtrædelsens varighed med henblik på at fastsætte grundbeløbet, og for det fjerde fastsætter retningslinjerne, at der skal tages hensyn til de skærpende og formildende omstændigheder, som gør det muligt at fastsætte bøden, bl.a. i forhold til de berørte virksomheders aktive eller passive rolle i forbindelse med gennemførelsen af overtrædelsen. Heraf følger, at den ene omstændighed, at Kommissionen har forbeholdt sig muligheden for at foretage en forhøjelse for hvert års overtrædelser, som for så vidt angår overtrædelser af lang varighed kan være op til 10% af det beløb, der er fastsat for overtrædelsens grovhed, på ingen måde forpligter Kommissionen til at fastsætte denne sats ud fra intensiteten af kartellets aktiviteter eller dets virkninger, dvs. overtrædelsens grovhed. Det tilkommer nemlig Kommissionen inden for rammerne af dens skønsbeføjelse (jf. præmis 36 ovenfor) at vælge satsen for den forhøjelse, den ønsker at anvende på baggrund af overtrædelsens varighed. I det foreliggende tilfælde har Kommissionen bl.a. i betragtning 335 og 340 til den anfægtede beslutning fastslået, at KME-koncernen havde deltaget i overtrædelsen i en varighed af tolv år og ti måneder, dvs. en lang varighed i henhold til retningslinjerne, og følgelig forhøjet bøden med 125%. Således har Kommissionen ikke undladt at anvende de bestemmelser, den har pålagt sig selv i retningslinjerne. Retten finder det desuden ikke åbenbart, at denne forhøjelse på 125% i det foreliggende tilfælde er uforholdsmæssig. Det følger af alle de ovenstående overvejelser, at anbringendet vedrørende forhøjelsen af bøden på baggrund af varigheden skal forkastes. Om det fjerde anbringende vedrørende det manglende hensyn til visse formildende omstændigheder Parternes argumenter Inden for rammerne af det fjerde anbringende har sagsøgerne fremført fire klagepunkter og påstået, at Kommissionen har tilsidesat retningslinjernes punkt 3 ved at afslå at tage hensyn til visse formildende omstændigheder. For det første har sagsøgerne gjort gældende, at selv om de ikke systematisk afholdt sig fra at gennemføre de omtvistede aftaler, gennemførte de dem i begrænset omfang, hvilket udgør en formildende omstændighed. For det andet har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionen fejlagtigt undlod at tage hensyn til, at de bragte overtrædelsen til ophør umiddelbart og frivilligt efter Kommissionens kontrolundersøgelser. For det tredje har sagsøgerne hævdet, at Kommissionen fejlagtigt afviste, at den vanskelige økonomiske situation for industrirørsektoren kunne kvalificeres som en formildende omstændighed. Derved tilsidesatte Kommissionen princippet om ligebehandling og overskred væsentligt sin skønsbeføjelse, eftersom den i det foreliggende tilfælde anvendte strengere kriterier end dem, der er blevet anvendt i lignende situationer. I den forbindelse har sagsøgerne henvist til Kommissionens tidligere beslutninger, hvor vanskelige økonomiske vilkår berettigede nedsættelser af bødernes grundbeløb. For det fjerde har sagsøgerne gjort gældende at Kommissionen ikke, under tilsidesættelse af punkt 3, sjette led, samt principperne om billighed og ligebehandling, på passende vis i den anfægtede beslutning har taget hensyn til deres bidrag til fastlæggelsen af overtrædelsens samlede varighed. Det følger af Kommissionens beslutning 2005/349/EF af 10. december 2003 om en procedure efter artikel 81 [EF] og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/E-2/37.857 — Organiske peroxider) ( EUT 2005 L 110, s. 44 ), at et selskab, som videregiver afgørende oplysninger til Kommissionen, eller som supplerer Kommissionens bevismateriale for så vidt angår en overtrædelses bestemte perioder, ikke får pålagt bøder for disse perioder. I det foreliggende tilfælde har Kommissionen imidlertid, ved på denne baggrund kun at indrømme en nedsættelse af bødens grundbeløb for Outokumpu, ignoreret, at sagsøgerne var de første til at fremlægge afgørende bevismateriale om overtrædelsesperioderne fra maj 1988 til november 1992 og fra maj 1998 til slutningen af 1999. Kommissionen har således tilsidesat ligebehandlingsprincippet og har begået en fejl ved at hense til disse perioder ved beregningen af den bøde, der blev pålagt sagsøgerne. Sagsøgerne har bestridt Kommissionens fortolkning, hvorefter anvendelsen af retningslinjernes punkt 3 er forbeholdt den virksomhed, som først afslører overtrædelsens varighed, hvilket betyder, at kun én kan være omfattet af den i denne forbindelse indrømmede nedsættelse. En belønning af samarbejdet på grundlag af en tidsmæssig opdeling, uafhængig af kvaliteten og rækkevidden af de oplysninger og dokumenter, den samarbejdende virksomhed videregiver, er i strid med Kommissionens formål på dette område, som er at kontrollere, at kartellerne opdages og forbydes ved hjælp af en fuldstændig adgang til dokumenter, der har en høj beviskraft, og til afgørende oplysninger. Kommissionen har nedlagt påstand om, at anbringendet forkastes. Rettens bemærkninger Indledningsvis bemærkes, at Kommissionen i princippet skal være i overensstemmelse med sine egne retningslinjer, når den fastsætter bøder (præmis 33 ovenfor). Imidlertid er det ikke i retningslinjerne angivet, at Kommissionen altid skal tage alle de i regningslinjernes punkt 3 opregnede formildende omstændighed i betragtning hver for sig, og den er ikke forpligtet til, automatisk at indrømme en yderligere nedsættelse på denne baggrund, da spørgsmålet, om det er passende eventuelt at nedsætte bøden på grundlag af formildende omstændigheder, skal bedømmes ud fra en samlet vurdering under hensyn til alle de relevante omstændigheder. Vedtagelsen af retningslinjerne har nemlig ikke frataget den tidligere retspraksis sin relevans, ifølge hvilken Kommissionen har en skønsbeføjelse, som gør det muligt for den at tage hensyn til, eller ikke tage hensyn til bestemte elementer, når den fastsætter størrelsen af den bøde, den ønsker at pålægge, bl.a. på baggrund af de faktiske omstændigheder. Således må det, i mangel af bindende bestemmelser i retningslinjerne for så vidt angår de formildende omstændigheder, som kan tages i betragtning, fastslås, at Kommissionen har bibeholdt en vis skønsmargen med henblik på en samlet vurdering af omfanget af en eventuel nedsættelse af bøden, når der foreligger formildende omstændigheder. Hvad angår det første klagepunkt må Retten utvivlsomt forkaste det, eftersom det klart fremgår af retspraksis, at lovovertræderne, for at være omfattet af retningslinjernes punkt 3, andet led, skal bevise, at de har udvist en konkurrencemæssig adfærd, eller i det mindste, at de klart og virkningsfuldt har modsat sig gennemførelsen af dette kartel, således at de har forstyrret selve dettes funktion, og at de ikke tilsyneladende har tilsluttet sig aftalen og dermed tilskyndet andre virksomheder til at gennemføre det pågældende kartel (Rettens dom af 8.7.2004, sag T-50/00, Dalmine mod Kommissionen, Sml. II, s. 2395 , præmis 292, og af , sag T-26/02, Daiichi Pharmaceutical mod Kommissionen, Sml. II, s. 713 , præmis 113). I det foreliggende tilfælde har sagsøgerne imidlertid ikke gjort gældende, at de klart og virkningsfuldt har modsat sig gennemførelsen af kartellet, således at de har forstyrret selve dettes funktion. Følgelig kan det første klagepunkt ikke tiltrædes. Hvad angår det andet klagepunkt påpeges, at i medfør af retningslinjernes punkt 3, tredje led, udgør det forhold, at »en virksomhed har bragt overtrædelsen til ophør straks efter Kommissionens første indgreb (typisk en kontrolundersøgelse)«, en formildende omstændighed. Imidlertid kan en nedsættelse af bøden på grund af ophør af en overtrædelse straks efter Kommissionens første indgreb ikke ske automatisk, men afhænger af Kommissionens vurdering af sagens omstændigheder inden for rammerne af dens skønsbeføjelse. I det foreliggende tilfælde vedrører overtrædelsen et hemmeligt kartel, der har til formål at fastsætte priser og opdele markeder. Denne slags karteller er udtrykkeligt forbudt ved artikel 81, stk. 1, litra a) og c), EF og udgør en særlig alvorlig overtrædelse. Parterne burde derfor have været bevidst om deres adfærds ulovlige karakter. Det forhold, at kartellet var hemmeligt, bekræfter, at dette var tilfældet. Følgelig finder Retten det utvivlsomt, at denne overtrædelse er begået forsætligt af de berørte parter. Retten har dog allerede udtrykkelig udtalt, at ophøret af en overtrædelse, som er begået forsætligt, ikke kan anses for en formildende omstændighed, eftersom det er forårsaget af Kommissionens indgriben (Rettens dom af 11.3.1999, sag T-157/94, Ensidesa mod Kommissionen, Sml. II, s. 707 , præmis 498). På baggrund af det ovenstående skal sagsøgernes klagepunkt forkastes. Desuden er Retten i forbindelse med sin fulde prøvelsesret af den opfattelse, at den omstændighed, at sagsøgerne har bragt den omhandlede overtrædelse til ophør efter Kommissionens første indgriben, under alle omstændigheder ikke berettiger en nedsættelse af bøden. Dette ophør var nemlig en passende og normal reaktion på Kommissionens indgriben og kan ikke sidestilles med fortjenester, der følger af deres selvstændige initiativ. Ophøret udgør blot en tilbagevenden til en lovlig adfærd og har ikke bidraget til at gøre Kommissionens procedure mere effektiv. Hvad angår det tredje klagepunkt fremgår det af retspraksis, at Kommissionen ikke er forpligtet til at anse den dårlige økonomiske situation i den pågældende sektor for en formildende omstændighed. Blot fordi Kommissionen i tidligere afgørelser har anset den økonomiske situation i sektoren for en formildende omstændighed, skal den ikke nødvendigvis fortsætte denne praksis. Som hovedregel opstår karteller nemlig på et tidspunkt, hvor sektoren er i vanskeligheder (jf. dommen i sagen Tokai Carbon m.fl. mod Kommissionen, nævnt i præmis 62 ovenfor, præmis 345 og den deri nævnte retspraksis). Følgelig skal det tredje klagepunkt forkastes. Hvad angår det fjerde klagepunkt kan det først konstateres, at hverken Outokumpu eller sagsøgerne i henhold til samarbejdsmeddelelsen af 1996 kunne indrømmes en nedsættelse på over 50% af de endelige bøder, de blev pålagt, eftersom de ikke havde anmeldt overtrædelsen til Kommissionen, inden denne indledte kontrolundersøgelser, som gav den et tilstrækkeligt grundlag for at indlede den overtrædelsesprocedure, der medførte den anfægtede beslutning. Det er endvidere ubestridt, at Kommissionen i form af et notat fra Outokumpu af 30. maj 2001 for første gang fik oplysninger om kartellets samlede varighed. På grundlag af de oplysninger, som tidligere var blevet indleveret af selskabet Mueller Industries Inc., kunne Kommissionen nemlig kun bevise, at der forelå en overtrædelse fra maj 1994 til maj 1998. Imidlertid har sagsøgerne hævdet, at det er takket være de oplysninger, de videregav til Kommissionen i oktober 2002, at denne endeligt kunne bevise eksistensen af kartellet i perioderne fra maj 1988 til november 1992 og fra maj 1998 til slutningen af 1999. Ved at fastlægge overtrædelsens yderligere varighed kunne Kommissionen forhøje udgangsbeløbet for de bøder, der blev pålagt lovovertræderne med 125% i stedet for 40% i henhold til retningslinjernes punkt 1 B. Følgelig løb de virksomheder, som havde indgivet oplysninger til Kommissionen om overtrædelsens yderligere varighed, en risiko for at få udgangsbeløbet for deres bøder forhøjet med yderligere 85 procentpoint. Det drejer sig om det i samarbejdsmeddelelsen af 1996 iboende paradoks, hvorved en virksomhed, som henhører under meddelelsens afsnit D, og som indgiver nye oplysninger til Kommissionen, løber en risiko for at blive sanktioneret hårdere end i tilfældet, hvor den ikke havde videregivet disse oplysninger til Kommissionen. Retningslinjernes punkt 3, sjette led, hvorefter »virksomhedens reelle samarbejdsvilje i forbindelse med behandlingen af sagen, uden for [samarbejdsmeddelelsen af 1996]« kan udgøre en formildende omstændighed, gør det muligt at afhjælpe dette paradoks. I nærværende sag har Kommissionen, ved at anvende retningslinjernes punkt 3, sjette led, uden at nævne det, reelt indrømmet Outokumpu immunitet for så vidt angår den yderligere varighed af kartellet, hvilken varighed Kommissionen ikke var bekendt med inden modtagelsen af notatet af 30. maj 2001 (betragtning 386 til den anfægtede beslutning). Det skal derfor undersøges, om Kommissionen var forpligtet til, enten i henhold til retningslinjernes punkt 3, sjette led, eller efter ligebehandlingsprincippet, tillige at indrømme sagsøgerne en nedsættelse for de oplysninger, de indgav til Kommissionen, mere end 16 måneder efter Outokumpu vedrørende perioderne 1988-1992 og 1998-1999. Herved skal der først henvises til Kommissionens skøn med hensyn til anvendelsen af formildende omstændigheder (Rettens dom af 8.7.2004, sag T-44/00, Mannesmannröhren-Werke mod Kommissionen, Sml. II, s. 2223 , præmis 307). Det skal dernæst understreges, at det følger af logikken ved bødeimmunitet, at den kun kan indrømmes ét af kartelmedlemmerne, da den ønskede virkning er at skabe usikkerhed i kartellet og at tilskynde til en angivelse til Kommissionen. Denne usikkerhed skyldes netop den omstændighed, at karteldeltagerne véd, at kun én blandt dem kan få indrømmet bødeimmunitet ved at angive de andre deltagere i overtrædelsen, hvorved de løber en risiko for at få pålagt strengere bøder. I en situation som i den foreliggende sag, hvor Kommissionen er vidende om, at der foreligger et kartel, men ikke råder over bestemte, væsentlige elementer til godtgørelse af overtrædelsens samlede varighed, er det særligt ønskeligt at kunne anvende en sådan mekanisme, navnlig for at undgå, at lovovertræderne ikke aftaler at skjule sådanne elementer. En sådan situation adskiller sig fra den, hvor Kommissionen allerede har bevismateriale, men forsøger at supplere dette. I den sidstnævnte situation er indrømmelsen af en nedsættelse af bøden til lovovertræderne i stedet for bødeimmunitet til en enkelt virksomhed berettiget, da formålet ikke længere er at afsløre et forhold, som kan medføre en forhøjelse af den pålagte bøde, men at indsamle så mange beviser som muligt for at styrke Kommissionens mulighed for at fastlægge de pågældende faktiske omstændigheder. Hvad angår den angiveligt ulige behandling af Outokumpu og sagsøgerne er det tilstrækkeligt at bemærke, at de ikke befinder sig i en sammenlignelig situation, da førstnævnte indgav oplysningerne vedrørende den yderligere varighed af kartellet på 81/2 år til Kommissionen mere end et år før sagsøgerne. På baggrund af det ovenstående forkastes det fjerde klagepunkt. Følgelig skal dette anbringende forkastes i det hele. Om det femte anbringende vedrørende en utilstrækkelig nedsættelse af bødens grundbeløb i henhold til samarbejdsmeddelelsen af 1996 Parternes argumenter For det første har sagsøgerne sammenlignet deres samarbejde og den nedsættelse på 30%, de er blevet indrømmet, med den behandling, tredjeparter i tidligere sager har fået. De har i denne forbindelse konkluderet, at de har været genstand for en ugunstig behandling. For det andet finder sagsøgerne, at de, henset til samarbejdets positive indvirkning på undersøgelsens forløb, burde have fået indrømmet en nedsættelse på over 30% i henhold til afsnit D i retningslinjerne af 1996. Herved har de for det første gjort gældende, at de frivilligt indgav oplysninger til Kommissionen, som gik videre end de oplysninger, de var forpligtet til at udlevere i henhold til artikel 11 i forordning nr. 17. Dernæst har de gjort gældende, at disse oplysninger indeholder detaljer vedrørende kartellets funktion, og endelig, at visse af disse oplysninger var afgørende med henblik på at bevise overtrædelsen i perioden fra maj 1988 til november 1992 og fra maj 1998 til slutningen af 1999. For det tredje har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat princippet om ligebehandling, da den indrømmede en nedsættelse på 50% af den bøde, der var pålagt Outokumpu. Kommissionen tilsidesatte også dette princip, da den tog hensyn til Outokumpus samarbejde både med henblik på at indrømme en nedsættelse på 50% af bøden i henhold til afsnit D i samarbejdsmeddelelsen af 1996 og med henblik på at tage hensyn til en formildende omstændighed i henhold til retningslinjerne. Kommissionen har nedlagt påstand om, at dette anbringende forkastes. Rettens bemærkninger Hvad angår sagsøgernes sammenligning af den foreliggende sag med Kommissionens tidligere praksis må der henvises til retspraksis, hvorefter alene det forhold, at Kommissionen i sin tidligere beslutningspraksis har indrømmet en nedsættelse til en bestemt sats for en bestemt adfærd, ikke indebærer, at den har pligt til at give den samme nedsættelse i forbindelse med vurderingen af en lignende adfærd under en senere administrativ procedure (jf. Rettens dom af 20.3.2002, sag T-31/99, ABB Asea Brown Boveri mod Kommissionen, Sml. II, s. 1881 , præmis 239 og den deri nævnte retspraksis). Sagsøgerne kan derfor ikke lægge nedsættelser af bøder indrømmet i andre sager til grund. Hvad angår de øvrige klagepunkter bemærkes endvidere, at kun et åbenbart urigtigt skøn fra Kommissionen i forbindelse med bedømmelsen af kartelmedlemmers samarbejde kan anfægtes, eftersom Kommissionen har et vidt skøn for at vurdere kvaliteten og brugbarheden af en virksomheds samarbejde, navnlig i forhold til andre virksomheders bidrag (Domstolens dom af 10.5.2007, sag C-328/05 P, SGL Carbon mod Kommissionen, Sml. I, s. 3921 , præmis 88). Den kan dog i forbindelse med denne bedømmelse ikke tilsidesætte ligebehandlingsprincippet. I denne sammenhæng skal det fastslås, at Kommissionen i den anfægtede beslutning har erkendt, at sagsøgernes oplysninger overskred det, der kan kræves i henhold til artikel 11, i forordning nr. 17. Kommissionen gav endvidere tilladelse til, at sagsøgerne fremlagde nyt bevismateriale, og den bekræftede det eksisterende bevismateriale for hele varigheden af overtrædelsen, dvs. i perioden 1988-2001. Den tog navnlig i betragtning, at sagsøgerne havde hjulpet med at bedømme kartellets omfang i perioden 1997-1999. Kommissionen anførte imidlertid, at sagsøgerne hverken var blandt de første eller primære virksomheder, der indgav afgørende beviser vedrørende perioderne fra maj 1988 til november 1992 og fra 1997 til 1999. Kommissionen tog også hensyn til, at sagsøgerne først begyndte at samarbejde i form af en besvarelse af en skrivelse, de havde fået tilstillet i juli 2002 i henhold til artikel 11 i forordning nr. 17 (betragtning 415-417, 419, 420 og 423 til den anfægtede beslutning). Det er væsentligt straks at understrege, at Kommissionen ikke kan kritiseres for at have henset til den spontanitet, der var forbundet med indgivelsen af oplysningerne i henhold til afsnit D i samarbejdsmeddelelsen af 1996 (dommen i sagen ABB Asea Brown Boveri mod Kommissionen, nævnt i præmis 140 ovenfor, præmis 237 og 238). Som led i en rabatpolitik er det tilladt Kommissionen at indrømme de virksomheder, der spontant samarbejder, større nedsættelser af bøder end de nedsættelser, som indrømmes virksomheder, der ikke samarbejder. I nærværende sag er det ubestridt, at sagsøgerne, i modsætning til Outokumpu, først samarbejdede, efter at der blev afsendt en begæring om oplysninger. Hvad angår perioden fra maj 1988 til november 1992 fremgår det af sagsakterne, at Kommissionen med føje fastslog, at sagsøgernes beskrivelse af denne periode hverken var mere detaljeret eller mere fuldstændig end beskrivelsen fra Outokumpu, og at den på det tidspunkt, hvor sagsøgerne begyndte at samarbejde, i ca. 16 måneder havde rådet over afgørende bevismateriale fra andre kilder, der bekræftede eksistensen af en overtrædelse i disse år. Både Outokumpus tidligere samarbejde og to dokumenter, der blev fundet under kontrolundersøgelserne, angav, at det berørte kartel gik tilbage til 1988. Hvad angår perioden fra maj 1998 til slutningen af 1999 bemærkes, at det ikke fremgår af sagsakterne, at Kommissionen ignorerede sagsøgernes samarbejde. Tværtimod har Kommissionen i betragtning 419 til den anfægtede beslutning anført, at sagsøgernes samarbejde i et vist omfang var nyttigt for så vidt angår perioden fra 1997 til 1999. Kommissionen kan ikke kritiseres for tillige i denne betragtning at have nævnt, at den inden sagsøgernes samarbejde rådede over beviser vedrørende et bestemt antal møder og udvekslinger af fortrolige oplysninger, der fandt sted i løbet af denne periode, når denne påstand er understøttet af elementer i sagsakterne. Det fremgår desuden af det ovenstående, at sagsøgerne ikke har godtgjort, at Kommissionen foretog et åbenbart urigtigt skøn i forbindelse med samarbejdet. Hvad angår argumentet, hvorefter sagsøgerne har været genstand for forskelsbehandling, er det tilstrækkeligt at bemærke, at sagsøgerne og Outokumpu ikke befandt sig i en sammenlignelig situation, da Outokumpu samarbejdede med Kommissionen længe før sagsøgerne, og at sagsøgerne først påbegyndte deres samarbejde med Kommissionen efter at have modtaget en begæring om oplysninger. Desuden kan den omstændighed, at Outokumpu både i henhold til samarbejdsmeddelelsen af 1996 og i henhold til retningslinjerne blev indrømmet en nedsættelse af den bøde, selskabet blev pålagt for at have samarbejdet med Kommissionen længe før sagsøgerne, ikke udgøre forskelsbehandling af sagsøgerne. Den omstændighed, at Outokumpu blev indrømmet en nedsættelse i henhold til retningslinjernes punkt 3, sjette led, er nemlig knyttet til samspillet mellem retningslinjerne og samarbejdsmeddelelsen af 1996. Hvis sagsøgerne havde været de første virksomheder til at samarbejde med Kommissionen, kunne både samarbejdsmeddelelsen af 1996 og retningslinjerne være blevet anvendt på dem. På baggrund af det ovenstående forkastes dette anbringende. Om påstanden om betaling af udgifterne til oprettelsen af en bankgaranti Sagsøgerne har ikke fremsat nogen argumenter til støtte for denne påstand. Heraf følger, at stævningen på dette punkt ikke opfylder de minimumskrav, der er fastsat i artikel 21 i statutten for Domstolen og i procesreglementets artikel 44, stk. 1, litra c), for, at en stævning kan antages til realitetsbehandling. Følgelig skal påstanden afvises. Sagens omkostninger Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgerne har tabt sagen og pålægges derfor at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Kommissionens påstand herom. På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer RETTEN (Ottende Afdeling): 1) Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. 2) KME Germany AG, KME France SAS og KME Italy SpA betaler sagens omkostninger. Martins Ribeiro Papasavvas Wahl Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 6. maj 2009. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: engelsk. ( ) – Udeladte fortrolige oplysninger.

62000TJ0324

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Jogi háttér Az EK 87. cikk kimondja: „(1) Ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. [...]” Az EK 88. cikk a következőképpen rendelkezik: „(1) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja a tagállamokban létező támogatási programokat. A Bizottság javaslatot tesz a tagállamoknak a közös piac fokozatos fejlődése vagy működése által megkövetelt megfelelő intézkedések meghozatalára. (2) Ha a Bizottság – azt követően, hogy felhívta az érintett feleket észrevételeik megtételére – megállapítja, hogy egy állam által vagy állami forrásból nyújtott támogatás a 87. cikk értelmében nem egyeztethető össze a közös piaccal, vagy hogy az ilyen támogatást visszaélésszerűen használják fel, úgy határoz, hogy az érintett állam köteles a Bizottság által kitűzött határidőn belül a támogatást megszüntetni vagy módosítani. […]” Az EK‑Szerződés [88.] cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22‑i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 83., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 339. o.) 5. cikke értelmében: „(1) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az érintett tagállam által […] nyújtott információ hiányos, minden szükséges további információt megkér. Amikor egy tagállam válaszol az ilyen megkeresésre, a Bizottság értesíti a tagállamot a válasz kézhezvételéről. (2) Amennyiben az érintett tagállam nem, vagy hiányosan adja meg a kért információt a Bizottság által előírt határidőn belül, a Bizottság emlékeztetőt küld további megfelelő határidő biztosításával, amely alatt az információt át kell adni. […]” Ezenkívül a 659/1999 rendelet 6. cikke a következőképpen rendelkezik: „(1) A hivatalos vizsgálati eljárást kezdeményező határozat összefoglalja a vonatkozó ténybeli és jogi kérdéseket, tartalmazza a Bizottság előzetes értékelését a javasolt intézkedés támogatási jellegére vonatkozóan, és meghatározza a közös piaccal való összeegyeztethetőséggel kapcsolatban felmerült kétségeket. A határozat felszólítja az érintett tagállamot és az egyéb érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket egy meghatározott, általában egy hónapot meg nem haladó határidőn belül. Kellően indokolt esetben a Bizottság meghosszabbíthatja az előírt határidőt. […]” A 659/1999 rendelet 10. cikke szerint: „(1) Amennyiben bármilyen forrásból a Bizottság tudomására jut egy feltételezett jogellenes támogatásra vonatkozó információ, a Bizottság késedelem nélkül megvizsgálja az információt. „(2) A Bizottság szükség esetén információt kér az érintett tagállamtól. A[z] […] 5. cikk (1) és (2) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni. (3) Amennyiben az 5. cikk (2) bekezdése szerinti emlékeztető ellenére az érintett tagállam nem adja meg a Bizottság által előírt határidőn belül a kért információt, vagy amennyiben nem teljes információt ad, a Bizottság határozattal kérheti az információt (a továbbiakban: »információnyújtási rendelkezés«). A határozat rendelkezik a szükséges információkról, és határidőt szab annak benyújtására.” A 659/1999 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „(1) A lehetséges jogellenes támogatás vizsgálata a 4. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdése szerinti határozattal zárul. A hivatalos vizsgálati eljárást megindító határozatok esetében az eljárást a 7. cikk szerinti határozat zárja. Amennyiben egy tagállam nem tartja be az információnyújtási rendelkezést, a Bizottság a határozatot a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg.” Ugyanezen rendelet 14. cikke kimondja: „(1) Amennyiben a jogellenes támogatások esetén elutasító határozat születik, a Bizottság dönt arról, hogy az érintett tagállam hozza meg a szükséges intézkedéseket a támogatásnak a kedvezményezettől történő visszatérítésére (a továbbiakban: »visszatérítési utasítás«). A Bizottság nem követeli meg a támogatás visszatérítését, amennyiben az ellentétes a közösségi jog valamelyik általános elvével. (2) A visszatérítési utasítás szerint visszatérítésre kerülő támogatás magában foglalja a Bizottság által megfelelő kamatlábbal meghatározott kamatot. A kamat attól a naptól esedékes, amikor a jogellenes támogatást a kedvezményezett rendelkezésére bocsátották, addig a napig, amíg visszafizetésre nem került. (3) Az Európai Közösségek Bíróságának a[z EK 242. cikk] értelmében hozott határozatának sérelme nélkül, a visszatérítést késedelem nélkül és az érintett tagállam nemzeti joga szerinti eljárás keretében kell végrehajtani, feltéve, hogy e rendelkezések lehetővé teszik a Bizottság határozatának azonnali és hatékony végrehajtását. Ebből a célból és a nemzeti bíróságok előtt zajló eljárás esetén – a közösségi jog sérelme nélkül – az érintett tagállamok meghozzák a jogrendszerük szerint rendelkezésre álló szükséges intézkedéseket, beleértve az átmeneti intézkedéseket is.” Másfelől a 659/1999 rendelet 16., „A támogatással való visszaélés” című cikke értelmében: „A 23. cikk sérelme nélkül, a támogatással való visszaélés esetén a Bizottság a 4. cikk (4) bekezdése értelmében hivatalos vizsgálati eljárást kezdhet. A 6., 7., 9. és 10. cikket, a 11. cikk (1) bekezdését, a 12., 13., 14. és 15 cikket értelemszerűen kell alkalmazni.” Végül a Bizottság 1994‑ben elfogadta a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló, 1997‑ben módosított (HL C 283., 2. o.) közösségi iránymutatást (HL C 368., 12. o.) (a továbbiakban: a megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásokról szóló iránymutatás). A jogvita alapját képező tényállás A Németország által a CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Türingia) számára nyújtott állami támogatásról szóló, 2000. június 21‑i 2000/796/EK határozatával (a továbbiakban: a megtámadott határozat), a Bizottság a különböző német közjogi szervek által 1991 és 1995 között egy kompaktlemezeket (a továbbiakban: CD) és CD‑tartozékokat gyártó, a türingiai Albrechtsben letelepedett üzemnek (a továbbiakban: az albrechtsi CD‑üzem) nyújtott pénzügyi támogatások jogszerűségéről döntött. A – Általános háttér A megtámadott határozatban a Bizottság három fázist különböztetett meg: a vállalkozás megalakulásának fázisát, a vállalkozás szerkezetátalakításának fázisát, valamint a vállalkozás egyes eszközeinek a MediaTec Datentnträger GmbH társaság (a továbbiakban: MTDA) általi megváltását. 1.     A vállalkozás megalakulásának fázisa (1990–1992) A megtámadott határozatból kitűnik, hogy az albrechtsi CD-üzemet egyrészről a szászországi Drezdában székhellyel rendelkező (állami tulajdonú) VEB Kombinat Robotron (a továbbiakban: Robotron), másrészről a bajorországi Kranzbergben székhellyel rendelkező Pilz-csoporthoz (a továbbiakban: a Pilz-csoport) tartozó R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG társaság (a továbbiakban: PBK) között 1990. február 20‑án született közös vállalati szerződés alapján hozták létre. Az akkor „Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG” nevű közös vállalatnak (a továbbiakban: a közös vállalat) a Robotron kétharmad, a PBK egyharmad részben volt tulajdonosa. A közös vállalat célja CD‑k, CD‑tokok és CD‑kiegészítők gyártása volt. Az ügyvezetést Reiner Pilz, a Pilz-csoport irányítója látta el (a megtámadott határozat (11) preambulumbekezdése). A társasági cél elérése érdekében a közös vállalat 1990. augusztus 29‑én fővállalkozási szerződést kötött a Pilz-csoporthoz tartozó Pilz GmbH & Co. Construction KG társasággal (a továbbiakban: Pilz Construction), egy CD‑ket gyártó, kulcsrakész állapotban átadandó üzem 235,525 millió német márkás (DEM) átalányár fejében történő megépítésére. E költségekhez jött még a földterület közművesítésének 7,5 millió DEM‑re becsült költsége (a megtámadott határozat (12) és (20) preambulumbekezdése). Ezenkívül egy 1992. május 26‑i módosító záradékkal a közös vállalat két tagja a CD‑kre és CD‑tokokra vonatkozó gyártási kapacitás növeléséről szóló szerződést kötött. Az ehhez szükséges szolgáltatások és felszerelések összértéke 39 millió DEM‑et ért el (a megtámadott határozat (22) preambulumbekezdése). A beruházások finanszírozására a közös vállalat, a Robotron és a PBK a szükséges összegeket egy banki konzorciumtól vette fel kölcsönként. A banki hiteleket részben vagy egészben lefedte a Treuhandanstalt, az egykori Német Demokratikus Köztársaság vállalkozásai privatizációjának finanszírozásával megbízott állami ügynökség (a továbbiakban: THA), valamint Bajorország garanciavállalása. Ezenkívül Türingia és Bajorország – ez utóbbi a Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, vagyis Bajorország infrastruktúrafinanszírozási ügynöksége (a továbbiakban: LfA) révén – szubvenciókat és pénzügyi támogatásokat nyújtott a közös vállalat beruházására. Az albrechtsi CD-üzem megalakulási fázisában a közös vállalatban fennálló társasági részesedések több ízben is gazdát cseréltek. Először is a Robotron társaságnak a THA általi 1992‑es felszámolása miatt az e társaságot a közös vállalatban megillető társasági részesedést eladták a PBK‑nak. Ezt követően a PBK az őt a közös vállalatban megillető majdnem teljes társasági részesedést akként ruházta át a szintén a Pilz-csoporthoz tartozó Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG társaságra (a továbbiakban: Pilz Compact Disc), hogy a közös vállalat ez utóbbi leányvállalata lett. Végül 1992. november 24‑én, az átruházást és székhelyének Albrechtsbe történt áthelyezését követően, a közös vállalat Pilz Albrechts GmbH‑ra (a továbbiakban: PA) változtatta nevét. Rögtön az átruházást követően integrálták a Pilz-csoport központosított pénzgazdálkodási rendszerébe (a megtámadott határozat (13) és (14) preambulumbekezdése). 2.     A szerkezetátalakítás fázisa (1993–1998) A CD‑üzem 1993‑ban kezdte meg működését. Működésének kezdetétől fogva komoly nehézségekkel kellett szembenéznie, és súlyosan eladósodott (a megtámadott határozat (15) preambulumbekezdése). A helyzet orvoslása végett 1994. március 7‑én reorganizációs megállapodás jött létre a Pilz-csoport (benne a PA) és az albrechtsi CD-üzem építésének finanszírozásában részt vevő bankok és a közjogi szervek (a THA, az LfA, a Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft [a továbbiakban: TIB] és a Thüringer Aufbaubank [a továbbiakban: TAB]) között. A megállapodás keretében a CD‑üzem építéséhez nyújtott banki hitelek nagy részét részben vagy egészben visszafizették. Ezenkívül a reorganizációs megállapodás alapján 1994. január 1‑jére visszamenő hatállyal a PA 98%‑nyi társasági részesedését a TIB, 2%‑nyi társasági részesedését pedig a TAB szerezte meg, és így a PA kivált a Pilz-csoportból. 1994 októberétől a társaság CDA Compact Disc Albrechts GmbH‑ra (a továbbiakban: CD Albrechts) változtatta nevét (a megtámadott határozat (15) és (17) preambulumbekezdése). A TAB és az LfA 1994‑ben és 1995‑ben több hitelt nyújtott a CD Albrechtsnek. Szintén 1994 folyamán a német hatóságok tudomására jutott, hogy az albrechtsi CD-üzem építésének finanszírozásához nyújtott pénzügyi támogatások jelentős részével – a Pilz-csoporton belüli központosított pénzgazdálkodási rendszeren keresztül – visszaéltek a csoport többi társasága javára. Ezenkívül 1995. július 25‑én a Pilz‑csoport társaságainak teljes vagyonára csődeljárás indult. Végül Reiner Pilzet csődbűntett és más bűncselekmények miatt szabadságvesztés‑büntetésre ítélték (a megtámadott határozat (16) preambulumbekezdése). 3.     Egyes eszközöknek az MTDA által megváltása 1998. január 1‑jei hatállyal az MTDA, amely a TIB 100%‑os leányvállalata, és amely tevékenységét elsősorban nagyteljesítményű adathordozók, nevezetesen írható CD‑k (CD-ROM) és DVD‑k előállítása terén fejti ki, megváltotta a CD Albrechtshez tartozó eszközök, nevezetesen az állóeszközök, a termelési értékek és a rövid távon megvalósítható értékek egy részét, valamint a műszaki know how‑t és az értékesítést (a megtámadott határozat (18) preambulumbekezdése). A megváltással egyidejűleg a CD Albrechts megnevezése LCA Logistik Center Albrechts GmbH‑ra (a továbbiakban: LCA), az MTDA‑é pedig CDA Datentnträger Albrechts GmbH‑ra (a továbbiakban: CDA) változott. Az LCA mindazonáltal továbbra is a termeléshez szükséges földterület, az ott található épületek, a műszaki infrastruktúra, valamint a logisztika tulajdonosa maradt. Ezenkívül az LCA és a CDA szolgáltatások cseréjére irányuló szerződést kötöttek, amely egyrészt egy 800 000 DEM éves bérleti díjra vonatkozó haszonbérleti szerződésre, másrészt egy mintegy évi 3 millió DEM volumenű, az eladások volumenétől függő szolgáltatásnyújtási szerződésre vonatkozott (a megtámadott határozat (19) preambulumbekezdése). Végül 2000. szeptember 22‑én az LCA kérelmezte a csődeljárás során történő felszámolását. B – A közigazgatási eljárás lefolyása Miután a Bizottság a sajtóból tudomást szerzett arról, hogy a német hatóságok támogatásokat nyújtottak az albrechtsi CD-üzem építéséhez, 1994 októberétől kérte a Németországi Szövetségi Köztársaságtól a támogatásokra vonatkozó információk megküldését. Ezt követően intenzív levélváltásra és különböző értekezletekre került sor a német hatóságok és a Bizottság között (a megtámadott határozat (1)–(3) preambulumbekezdése). 1998. július 17‑i levelében (a továbbiakban: az eljárást megindító határozat), a Bizottság tájékoztatta a Németországi Szövetségi Köztársaságot az EK 88. cikk (2) bekezdésében szereplő hivatalos vizsgálati eljárás e támogatások tekintetében történt megnyitásáról szóló határozatáról. A levélhez csatolta a német hatóságokhoz intézett kérdések listáját. A eljárást megindító határozatot közzétették az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának 1998. december 15‑i számában (az EK [88. cikk (2) bekezdése] alkalmazásával a német kormány által a[z egykori bajorországi Pilz‑csoporthoz tartozó] türingiai CD Albrechts GmbH létrehozásához nyújtott támogatás vonatkozásában a többi tagállamhoz és az egyéb érdekeltekhez címzett bizottsági közlemény [HL C 390., 7. o.]). A német hatóságok különböző, kiegészítő információkat tartalmazó levelek megküldésével reagáltak az eljárást megindító határozatra. A német hatóságok és a Bizottság képviselői között különböző megbeszélések zajlottak. Mindazonáltal a Bizottság, mivel úgy vélte, hogy a német hatóságok által átadott információk nem adnak kielégítő választ kérdéseire, 1999. július 22‑i levelében 1999. augusztus 31‑ig terjedő válaszadási határidőt szabott. Miután 1999. július 28‑i levelükben a német hatóságok a határidő meghosszabbítását kérték, a Bizottság képviselőivel 1999. szeptember 23‑án Brüsszelben folytatott megbeszélést követően a német hatóságok újból kiegészítő információkat adtak. Az eljárást megindító határozatban megszabott határidő lejártát követően a CDA társaság, valamint a Point Group Ltd társaság, amely a CDA versenytársa, érintetti minőségben lépett fel, és észrevételeket nyújtott be a Bizottsághoz. Végül a megtámadott határozat 2000. június 21‑i elfogadásával a Bizottság lezárta az eljárást. C – Tényállás megállapítása és jogi minősítés A Bizottság elkülönítve vizsgálta a Németországi Szövetségi Köztársaság által a megalakulás fázisában, a szerkezetátalakítás fázisában, valamint a CD Albrechts bizonyos eszközeinek az MTDA általi megváltása során nyújtott pénzügyi támogatásokat. 1.     A Németországi Szövetségi Köztársaság által a megalakulási fázisában nyújtott pénzügyi támogatások A megtámadott határozatban a Bizottság öt, a megalakulás fázisában nyújtott pénzügyi támogatást azonosított. A megtámadott határozat (32) preambulumbekezdésében szereplő szinoptikus táblázat a következőképpen írja le ezeket: A támogatás jellege Összeg (millió DEM) Kedvez-ményezett Nyújtó Időpont Jogalap 100%‑os (kezdetben 80%‑os) teljesítési biztosíték 52,7 millió DEM‑ig 54,7 PBK LfA A Bajor állam állami biztosítékairól és kezességvállalásairól szóló törvény Szubvenciók és a befektetésre nyújtott pénzügyi támogatások 19,42 Közös vállalat LfA 1991/ 1992 „Regionális gazdasági szerkezet javítása” közérdekű feladat, a beruházási adókedvezményekről szóló törvény Tartozáselenge-dés 3,0 PBK LfA Nincs 100%-os kezességvállalás 190,0 Robotron, közös vállalat THA 199[2] THA‑program Szubvenciók és a befektetésre nyújtott pénzügyi támogatások 63,45 Közös vállalat, 1992. 11. 24‑től PA Türin-gia 1991–1993 „Regionális gazdasági szerkezet javítása” közérdekű feladat, a beruházási adókedvezményekről szóló törvény Össze-sen 330,57 A táblázatból először kitűnik, hogy 1992‑ben a THA 190 millió DEM összegben 100%‑os biztosítékot nyújtott, amely lefedte a Robotronnak és a közös vállalatnak megítélt banki hitelek túlnyomó részét. A Bizottság szerint a biztosítékot a közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak kell tekinteni, amennyiben nem a Bizottság által az 1991. szeptember 26‑i, SG(91) D/17825 (a továbbiakban: az első THA‑program), illetve az 1992. december 8‑i SG(92) D/17613 levélben (a továbbiakban: a második THA‑program) jóváhagyott támogatási programokban meghatározott feltételeknek megfelelően nyújtották. A Bizottság mindazonáltal úgy ítéli meg, hogy mivel a kezdetben biztosított 190 millió DEM‑ből a THA ténylegesen mindössze 120 millió DEM‑es összeget költött el biztosíték címén, csupán ez utóbbi összeget kell visszatéríteni. Másodszor: a Bizottság megállapította, hogy a Türingia által a közös vállalatnak, majd a PA‑nak 1993. december 31‑ig az „Investitionszulagengesetz” (a beruházási adókedvezményekről szóló törvény), valamint a huszadik és huszonegyedik „Rahmenpläne der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur«” (az 1969. október 6‑i törvény alkalmazásával az 1992‑es és az 1993‑as évre a „Regionális gazdasági szerkezet javítása” közérdekű feladatra vonatkozóan elfogadott keretprogramok, a továbbiakban: a TIC‑program) alapján nyújtott szubvenciók és beruházási támogatások összértéke 63,45 millió DEM‑et ért el. Ugyanakkor a Bizottság szerint e regionális célú támogatást tévesen nyújtották közérdekű feladat és a befektetés adókedvezményekről szóló törvény jogcímén, ennélfogva – mivel összeegyeztethetetlen a közös piaccal – vissza kell téríteni. Figyelemmel a Türingia által meghozott, 32,5 millió DEM‑es összeg visszatérítését elrendelő határozatra, a Bizottság úgy véli, hogy 30,95 millió DEM‑et még vissza kell téríttetni. Harmadszor: a Bizottság megállapította, hogy 1991‑ben és 1992‑ben Bajorország – az LfA közvetítésével – szubvenciókat és beruházási támogatásokat nyújtott a közös vállalatnak, 19,42 millió DEM összértékben. Ugyanakkor – amennyiben e szubvenciókkal és támogatásokkal a Pilz-csoport társaságainak javára visszaéltek – a Bizottság úgy véli, hogy azokat tévesen nyújtották a TIC-program és a beruházási adókedvezményekről szóló törvény jogcímén. A Bizottság szerint ennélfogva az EK‑Szerződéssel összeegyeztethetetlen támogatásokról van szó. Negyedszer: a Bizottság megállapította, hogy Bajorország a bajor pénzügyminisztérium 1973. augusztus 7‑i L 6511‑1/7 – 43358 közleményében közzétett „Richtlinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft” (az ipari ágazat számára történő állami biztosítéknyújtásról szóló iránymutatások, a továbbiakban: a Bajorország általi biztosítéknyújtásról szóló szabályozás) alkalmazásával 80–100%‑os biztosítékot nyújtott a PBK által végül felvett 54,7 millió DEM összértékű bankhitelekre. A Bizottság szerint a német hatóságok az eljárást megindító határozatban szereplő tájékoztatáskérés ellenére nem mutattak be olyan, kellően részletes bizonyítékokat, amelyek eloszlatták volna a Bajorország (az LfA) által nyújtott biztosítékkal kapcsolatos műveletek jogszerűségét érintő kételyeket. Ezenkívül a Bizottság – figyelemmel arra, hogy a szóban forgó támogatás nem beruházás finanszírozását szolgálta, hanem visszaéltek vele – úgy ítéli meg, hogy e biztosítékot összeegyeztethetetlen támogatásnak kell minősíteni. Ötödször: a Bizottság úgy vélte, hogy az, hogy az LfA elengedte a PBK‑nál keletkezett 3 millió DEM‑es tartozást, amely ezen összegnek a bankok számára a 34. pontban szereplő biztosíték jogcímén történt megfizetésével keletkezett, állami támogatást valósított meg. A Bizottság szerint e támogatás összeegyeztethetetlen a közös piaccal, amennyiben jogalap nélkül nyújtották. E megállapítások alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az albrechtsi CD-üzem megalakulásának fázisában a Németországi Szövetségi Köztársaság az EK 88. cikk (3) bekezdésének megsértésével 260,57 millió DEM összértékű állami támogatásokat nyújtott. E támogatások Türingia 63,45 millió DEM összegű, az LfA 77,12 millió DEM összegű (54,7 millió DEM biztosíték formájában, 19,42 millió DEM beruházási támogatás formájában és 3 millió DEM tartozáselengedés formájában), valamint a THA 120 millió DEM összegű támogatásából álltak. A Bizottság szerint e támogatások főként azért összeegyeztethetetlenek, mert a Pilz-csoporthoz tartozó társaságokat juttatták előnyhoz, és mert emiatt az EK 88. cikk (2) bekezdése értelmében visszaélésszerűen alkalmazták őket. 2.     A szerkezetátalakítás fázisában nyújtott pénzügyi támogatások A megtámadott határozatban a Bizottság a vállalkozás szerkezetátalakítási fázisában tizenkét pénzügyi támogatást azonosított és minősített. A megtámadott határozat (39) preambulumbekezdésében szereplő szinoptikus táblázatban a tizenkét támogatás a következőképpen szerepelt: A támogatás jellege Összeg (millió DEM) Kedvezményezett Nyújtó Időpont Jogalap Hitel 25,0 PA TAB 1993. október Nincs Hitel 20,0 PA TAB 1994. március Nincs Vételár 3,0 PBK TIB 1994. március Nincs Szubvenció 12,0 PA TIB 1994. március Nincs Társasági tőke 33,0 PA TIB (98%) TAB (2%) 1994. március Nincs Hitel 2,0 PA LfA 1994. március Nincs Tagi kölcsön 3,5 PA TIB 1994. április Nincs Hitel 15,0 Pilz-csoport LfA 1994. június Nincs Hitel 15,0 CD Albrechts TAB 1994. október Nincs Hitel 7,0 CD Albrechts LfA 1994. december Nincs Hitel 9,5 CD Albrechts TAB 1995. január Nincs Kamat 21,3 1993 vége óta Össze-sen 166,3 Először is: a Bizottság megállapította, hogy 1993 októberében 25 millió DEM‑es hitelt nyújtottak a PA‑nak a társaság készpénzkészleteinek feltöltésére, azonban a tőke – a Pilz-csoport központosított pénzgazdálkodási rendszerén keresztül – közvetlenül a csoport többi társaságához került. Másodszor: a Bizottság megállapította, hogy 1994 márciusában a TAB 20 millió DEM‑es hitelt nyújtott a PA‑nak a THA által garantált banki hitelek visszafizetéséhez, azonban a Pilz-csoport központosított pénzgazdálkodási rendszerén keresztül ez a tőke is közvetlenül a csoport többi társaságához került. Harmadszor: a Bizottság megállapította, hogy 1994 márciusában a TIB 3 millió DEM összeget folyósított a PBK‑nak az ez utóbbi tulajdonába tartozó PA társasági részesedéseinek megszerzéséhez. Negyedszer: a Bizottság megállapította, hogy 1994 márciusában a TIB a PA tőkéjéhez való hozzájárulás formájában szubvenciót nyújtott, amelynek összértéke 12 millió DEM volt. Ötödször: a Bizottság megállapította, hogy 1994 márciusában a PA társasági részesedéseinek 98%‑át a TIB, 2%‑át pedig a TAB szerezte meg, 33 millió DEM értékben. Hatodszor: a Bizottság megállapította, hogy 1994 márciusában Bajorország – az LfA‑n keresztül – 2 millió DEM‑es hitelt ítélt meg a PA‑nak. Hetedszer: a Bizottság megállapította, hogy 1994 áprilisában a TIB 3,5 millió DEM‑es tagi kölcsönt ítélt meg a PA‑nak. Nyolcadszor: a Bizottság megállapította, hogy 1994 júniusában az LfA a Pilz-csoportnak 15 millió DEM‑es működtetési hitelt ítélt meg, amelynek célja az albrechtsi CD-üzem privatizációjáig tartó időszak áthidalása volt. Kilencedszer: a Bizottság megállapította, hogy 1994 októberében a TAB 15 millió DEM‑es hitelt ítélt meg a CD Albrechtsnek. A Bizottság észlelte, hogy jóllehet a CD Albrechtsnek folyósították a tőkét, azt a Pilz-csoport vállalkozásainak nyújtott szolgáltatásokra fordították, amelyekért ez utóbbiak sohasem fizettek, és ekként kizárólag e vállalkozások jutottak előnyhöz. Tizedszer: a Bizottság megállapította, hogy 1994 decemberében Bajorország – az LfA‑n keresztül – újabb, 7 millió DEM‑es hitelt ítélt meg a CD Albrechtsnek. Tizenegyedszer: a Bizottság megállapította, hogy 1995 januárjában a TAB 9,5 millió DEM‑es hitelt ítélt meg a CD Albrechtsnek. Tizenkettedszer: a Bizottság megállapította, hogy – a német hatóságok információi szerint – a PA és a CD Albrechts 1993 vége és 1998 között 21,3 millió DEM összértékű támogatásban részesült kamat formájában. A Bizottság szerint a fentiekben részletezett tizenkét, 166,3 millió DEM összértékű pénzügyi támogatást jogellenes állami támogatásnak és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek kell minősíteni. Amennyiben ugyanis e támogatások hasznot hajtottak a TIB‑nek és a TAB‑nak, miután e társaságok átvették az albrechtsi CD-üzem üzemeltetését, az EK 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján és a megmentési célú és szerkezetátalakítási támogatásokról szóló iránymutatással összhangban kizárólag a Bizottság hagyhatta volna jóvá őket. Ugyanakkor a Bizottság szerint nyilvánvaló, hogy az említett támogatások nem felelnek meg az iránymutatásnak, miután a rendelkezésére álló adatok nem teszik lehetővé számára annak megállapítását, hogy e támogatásokat olyan konkrét belső intézkedésekből álló, életképes szerkezetátalakítási terv keretében nyújtották, amely lehetővé tette volna a Bizottság számára a vállalkozás rentabilitása és hosszú távú életképessége ésszerű határidőn belüli helyreállításának megállapítását. Ezenkívül nem jelentkezett egyetlen olyan magánszemély sem, aki vállalkozott volna az LCA és a CDA társaságok átvételére, így magánrészvétel hiányában nem lehetséges megállapítani, hogy a támogatás a szerkezetátalakítási költségekkel arányos volt‑e. 3.     A támogatások visszatérítéséről A 659/1999 rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alkalmazásával a Bizottság úgy határozott, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaságnak kérnie kell mind az albrechtsi CD-üzem megalakulásának fázisában, mind szerkezetátalakításának fázisában folyósított jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatás visszatérítését. Ezenkívül a Bizottság kiemelte, hogy a határozat végrehajtásának biztosítása és bármiféle versenytorzulás kiküszöbölése érdekében – szükség esetén – kénytelen előírni, hogy a támogatás-visszatérítési eljárás ne korlátozódjék a támogatás eredeti címzettjére, hanem terjedjen ki azon vállalkozásra, amely annak tevékenységét az átruházott termelőeszközökkel folytatja. Jelezte, hogy annak eldöntéséhez, hogy valamely vállalkozás ténylegesen a támogatás eredeti címzettjének tevékenységét folytatja‑e, több elemre volt figyelemmel, így az átruházás tárgyára, a vételárra, a korábbi vállalkozás és az átvevő tagjainak és tulajdonosainak azonosságára, az átruházás lebonyolításának időpontjára és annak kereskedelmi jellegére. Ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy jelen esetben az LCA és a CDA bizonyosan hasznot húzott a korábban a PBK‑nak, a közös vállalatnak és a PA‑nak nyújtott támogatásból, mivel tevékenységük folytatásához felhasználták e vállalkozások eszközeit és infrastruktúráját. Ennélfogva a Bizottság úgy határozott, hogy vissza kell venni a támogatásokat az LCA‑tól és a CDA‑tól, továbbá minden olyan vállalkozástól, amelyre a közös vállalat, a PA vagy a PBK eszközeit átruházták vagy átruházzák, mivel ez utóbbiak e támogatások „kedvezményezettjeinek” tekintendők. 4.     A megtámadott határozat rendelkező része E megállapításokra tekintettel a Bizottság az alábbi rendelkező részt fogadta el: „1. cikk (1) A Németország[i Szövetségi Köztársaság] által az albrechtsi CD-üzem (Türingia) építéséhez, működtetéséhez és konszolidálásához [a PBK‑nak, a közös vállalatnak és a PA‑nak] nyújtott állami támogatást 260,57 millió DEM összegben a Pilz-csoport más ágazatai használták fel. A támogatás Türingia [tartomány] 63,45 millió DEM összegű, az [LfA] 77,12 millió DEM összértékű és a THA 120 millió DEM összegű támogatásából áll. A visszaélés a támogatásnak az EK 88. cikk (2) bekezdése értelmében vett visszaélésszerű felhasználásában áll. Következésképpen a támogatás összeegyeztethetetlen az EK‑Szerződéssel. (2) Az EK 87. cikk (1) bekezdésének […] megfelelően a [CD Albrechts] szerkezetátalakítására szánt 166,3 millió DEM összértékű támogatás nem egyeztethető össze az EK‑Szerződés rendelkezéseivel. 2. cikk (1) [A] Németország[i Szövetségi Köztársaság] megteszi az 1. cikkben leírt, jogellenesen nyújtott támogatásnak a kedvezményezett általi visszatérítéséhez szükséges valamennyi intézkedést. (2) A visszatérítés a nemzeti eljárás szerint zajlik. A visszatérítendő összegek a támogatás kedvezményezettnek történt nyújtásától a tényleges visszatérítésig terjedő időszakra számított kamattal növekszenek. A kamat mértéke a regionális támogatások szubvenció-egyenértékére irányadó referencia-kamatláb alapján számítandó. (3) A jelen cikk alkalmazásában a »kedvezményezett« kifejezés a [CDA‑t] és az [LCA‑t], valamint minden olyan egyéb vállalkozást jelöl, amelyre [a PBK], a [közös vállalat] vagy a [PA] eszközeit és/vagy infrastruktúráját a jelen határozat jogkövetkezményeinek kijátszása végett átruházták. [...]” Az eljárás és a felek kérelmei Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2000. október 16‑án benyújtott keresetlevelével a CDA keresetet nyújtott be a megtámadott határozat megsemmisítése iránt. A keresetet T‑324/00. szám alatt iktatták. Az Elsőfokú Bíróság kibővített harmadik tanácsának elnöke 2001. május 28‑i végzésével a Németországi Szövetségi Köztársaság részére megengedte, hogy a CDA kérelmeinek támogatása végett, az ODS Optical Disk Service GmbH (a továbbiakban: ODS) részére pedig – amely a CDA versenytársa – hogy a Bizottság kérelmeinek támogatása végett beavatkozzék. Az ODS 2001. augusztus 29‑én, a Németországi Szövetségi Köztársaság pedig 2001. szeptember 3‑án nyújtotta be beavatkozási beadványát; 2001. október 24‑én a CDA és a Bizottság észrevételeket nyújtottak be az ODS és a Németországi Szövetségi Köztársaság beavatkozási beadványaira vonatkozóan. 2002. szeptember 30‑i végzéssel az Elsőfokú Bíróság (kibővített harmadik tanács) úgy határozott, hogy az eljárást a Bíróságnak a C‑328/99. sz., Olaszország kontra Bizottság, valamint a C‑399/00. sz., SIM 2 Multimedia kontra Bizottság ügyben hozandó ítéletének kihirdetéséig felfüggeszti. Az ezen egyesített ügykben 2003. május 8‑án meghozott ítéletre figyelemmel az Elsőfokú Bíróság felhívta a feleket, hogy nyilatkozzanak a jelen ügy további folytatásának kérdésében. Az észrevételek benyújtására 2003. június 23‑án és 24‑én került sor. Az előadó bíró jelentésére az Elsőfokú Bíróság felhívta a feleket, hogy nyilatkozzanak a jelen keresetnek a Türingia tartomány által benyújtott, az Elsőfokú Bíróság Hivatalában T‑318/00. sz. alatt nyilvántartásba vett, azonos tárgyú keresettel történő esetleges egyesítésének lehetőségéről. A felek észrevételeinek kézhezvételét követően az ügyeket – tárgyalás és ítélethozatal végett – a 2004. március 8‑i végzéssel egyesítették. Az előadó bíró jelentésére az Elsőfokú Bíróság úgy határozott, hogy megnyitja a szóbeli szakaszt, és az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 64. cikkében szereplő pervezető intézkedések keretében felhívta a feleket, hogy bizonyos dokumentumokat nyújtsanak be, és írásban kérdéseket tett fel. A 2004. május 5‑i tárgyaláson a felek megtették szóbeli előadásaikat, és válaszoltak az Elsőfokú Bíróság kérdéseire. A 2004. július 23‑i végzés a T‑318/00. és a T‑324/00. sz. ügyeket elkülönítette. A CDA azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság: –        elsődlegesen semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 2. cikkét; –        ennek elutasítása esetében semmisítse meg a megtámadott határozat 1. és 2. cikkét annyiban, amennyiben azokban a Bizottság a támogatásoknak az EK-Szerződéssel való összeegyeztethetetlenségét állapítja meg, és elrendeli a támogatásoknak a CDA‑tól és minden más olyan vállalkozástól történő visszatérítését, amelyekre a PBK, a közös vállalat vagy a PA eszközeinek és/vagy infrastruktúrájának részeit átruházzák; –        kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére, a beavatkozó ODS költségeinek kivételével, amelyet ez utóbbi visel. A beavatkozó Németországi Szövetségi Köztársaság azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság: –        semmisítse meg a megtámadott határozatot. A Bizottság – az ODS támogatásával – azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság: –        utasítsa el a keresetet; –        kötelezze a CDA‑t a költségek viselésére. A jogkérdésről I – Előzetes észrevételek Keresetének alátámasztására a CDA számos, a védelemhez való jog tiszteletben tartása elvének megsértésére, az indokolási kötelezettség megsértésére, bizonyos tények téves megállapítására, a gondos ügyintézésnek az EK 287. cikkel együttesen értelmezett elvének megsértésére, az EK 87. cikk (1) bekezdésének és az EK 88. cikk (2) bekezdésének, valamint a végrehajtásukra kiadott rendelkezések megsértésére, a Bizottság hatáskörének hiányára, az EK 249. cikk negyedik bekezdésének megsértésére, a tulajdonhoz való jog megsértésére, az arányosság elvének megsértésére, végül pedig a jogbiztonság elvének, illetve a „bizonyosság elvének” megsértésére alapított jogalapot jelöl meg. Keresetlevelében (2–5. pont) a CDA kifejti, hogy megsemmisítés iránti kérelme elsősorban a megtámadott határozat 2. cikkében szereplő visszatérítési utasítás ellen irányul, amennyiben az arra utasítja a Németországi Szövetségi Köztársaságot, hogy az 1. cikkben leírt támogatást vegye vissza a CDA‑tól, valamint az összes olyan vállalkozástól, amelyekre a PBK, a közös vállalat és a PA eszközeit és/vagy infrastruktúráját átruházták vagy átruházzák. Következésképpen az Elsőfokú Bíróság akként határoz, hogy először is a CDA által a megtámadott határozat 2. cikke jogellenességének bizonyítására felhozott, különösen az EK 87. cikk (1) bekezdésének és az EK 88. cikk (2) bekezdésének megsértésére alapított jogalapot vizsgálja meg. II – Az EK 87. cikk (1) bekezdésének és az EK 88. cikk (2) bekezdésének megsértésére alapított jogalapról A – A felek érvei A CDA – a Németországi Szövetségi Köztársaság támogatásával – előadja, hogy a Bizottság megsértette az EK 87. cikk (1) bekezdését és az EK 88. cikk (2) bekezdését, amennyiben a megtámadott határozat 2. cikkének (1) és (3) bekezdése értelmében arra kötelezi a Németországi Szövetségi Köztársaságot, hogy térítesse vissza a támogatásokat az LCA‑tól, a CDA‑tól és minden más olyan vállalkozástól „amelyekre a [PBK], a [közös vállalat] vagy a [PA] eszközeit és/vagy infrastruktúráját a […] határozat jogkövetkezményeinek kijátszása végett átruházták vagy átruházzák”. A CDA lényegében azt állítja, hogy a Bizottság nem követelheti a Németországi Szövetségi Köztársaságtól a támogatások azon vállalkozásoktól történő visszatérítését, amelyek nem részesültek a szóban forgó támogatásokból. Először rámutat arra, hogy a támogatásokkal nagyrészt a Pilz-csoport vállalkozásai javára éltek vissza, másodszor hogy – miként azt a Bizottság a megtámadott határozat (103) preambulumbekezdésében megállapította – az MTDA (a későbbi CDA) a CD Albrechts (a későbbi LCA) eszközeinek átvétele során nem részesült támogatásokban, mivel piaci árat fizetett, harmadszor hogy a támogatások egy részét közvetlenül a Pilz-csoportnak folyósították. A CDA ezenkívül azt állítja, hogy a Bizottság nem írhatja elő a támogatások harmadik személyektől történő visszatérítését visszaélés feltételezésére szorítkozva. Rámutat arra, hogy először is a Bizottság nem hozhat harmadik személyre kiterjedő visszatérítési utasítást anélkül, hogy bizonyítaná, hogy e harmadik személy részesült a támogatásban. Ezenkívül úgy ítéli meg, hogy a Bizottság által a visszaélés megállapításához használt objektív kritériumok – az átruházás tárgya, a vételár, a korábbi vállalkozás és az átvevő tagjainak vagy tulajdonosainak azonossága, az átruházás lebonyolításának időpontja és annak kereskedelmi jellege –, amelyek a megtámadott határozat (118) preambulumbekezdésében szerepelnek, a jelen esetben nem kielégítőek. A Bizottság – az ODS támogatásával – vitatja a CDA által annak alátámasztására előadott érvelés egészét, miszerint annak előírásával, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság követelje a támogatásnak az LCA, a CDA és minden olyan vállalkozás általi visszatérítését, amelyre a közös vállalat eszközeit vagy infrastruktúráját a megtámadott határozat jogkövetkezményeinek kijátszása végett átruházták vagy átruházzák, a Bizottság megsértette az EK 87. cikk (1) bekezdését és az EK 88. cikk (2) bekezdését. A Bizottság mindenekelőtt általános jelleggel kifejti a támogatások visszatérítésére kötelezett jogalanyoknak a kedvezményezett társaság társasági részesedései vagy eszközei átruházása esetében történő meghatározásával kapcsolatos álláspontját. E tekintetben annak megállapításával kezdi, hogy a kérdés nem vet fel különösebb problémát a társasági részesedés átruházása esetében, mivel a kedvezményezett társaság fennmarad, csupán tulajdonosai változnak. A Bizottság szerint az ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy ez esetben a visszatérítési kötelezettség a támogatásban részesülő társasággal vagy jogutódaival szemben áll fenn, a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változásoktól és a visszatérítési kötelezettségnek az eladási feltételek meghatározása során történt esetleges figyelembevételétől függetlenül. Rámutat arra, hogy a szubvencionált tevékenység végzésének folytatásával a társaság továbbra is előnyre tesz szert a támogatásokból, és így fenntartja a versenytorzulást. Ezt követően úgy véli, hogy nem merül fel több nehézség a kedvezményezett társaság eszközeinek az ugyanazon csoporthoz tartozó vállalkozásokra történt átruházása esetében sem. A Bizottság rámutat arra, hogy ilyen esetben a kedvezményezett társaságon felül a csoport azon vállalkozásai is kötelesek lesznek a támogatások visszatérítésére, amelyek az eszközök átruházásának köszönhetően hasznot húzhattak a támogatásokból fakadó kedvező hatásokból, és így gazdasági előnyre tettek szert. Ezenkívül ami a kedvezményezett társaság eszközeinek harmadik vállalkozásoknak történő eladását illeti, a Bizottság különbséget tesz aszerint, hogy e javakat egyenként vagy „együttesen” adták‑e el. Meglátása szerint amikor a javakat egyenként adják el piaci áron, a vevők nem kötelesek a támogatások visszatérítésére, mivel az eszközök egyenkénti eladását követően a szubvencionált tevékenység megszűnt, és az eszközök átruházását megelőzően nyújtott támogatás ennélfogva már nem alkalmas arra, hogy hátrányosan érintse a kedvezményezett társaság versenytársait. Ezzel szemben a Bizottság úgy véli, hogy más a helyzet, amikor az eszközökat „együttesen” adják el úgy, hogy a vevő számára lehetővé válik a kedvezményezett társaság tevékenységének folytatása. A Bizottság szerint ebben az esetben a szubvencionált tevékenység folytatása rögzítheti a versenytorzulást, és ezért különös éberség szükséges annak elkerülése végett, hogy a kedvezményezett társaság javainak átruházása az eladott javak „biztonságba” helyezésével lehetővé tegye a visszatérítési kötelezettség alapvető megkerülését. A Bizottság azt állítja, hogy az ilyen visszaélés csak akkor zárható ki, ha – azon kívül, hogy piaci áron megy végbe – a kedvezményezett társaság javainak „együttes” átruházása feltétel nélküli, a társaság valamennyi versenytársa számára elérhető eljárásban megy végbe. Ezen elvek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy helyesen járt el, amikor előírta a támogatásnak az LCA‑tól és a CDA‑tól történő visszatérítését, mivel: –        a CDA a támogatás eredeti kedvezményezettje gazdasági tevékenységeit folytatja azon „fertőzött” termelőeszközökkel, amelyeket a kapcsolódó vállalkozáscsoporton belül a TIB ellenőrzése alatt vett át; –        a CDA és az LCA továbbra is részesül a közös vállalatnak – valamint jogutódainak – jogellenesen nyújtott támogatásokból, amennyiben a támogatások nyújtásával előidézett versenytorzulás továbbra is kihat a CDA‑ra és az LCA‑ra; –        a 35,3 millió DEM összértékű, források átvállalásával kiegyenlített vételár (a megtámadott határozat (102) preambulumbekezdése) mindenesetre egy és ugyanazon vállalkozáscsoporton belül maradt a TIB által a CDA, valamint az LCA felett gyakorolt ellenőrzés következtében; –        gazdaságilag integrált vállalkozáscsoport esetében a vételár figyelembevétele ellentétes lenne a Bizottságot terhelő azon kötelezettséggel, hogy megakadályozza határozatai megkerülését, valamint a tagállamok azon kötelezettségével, hogy biztosítsák a határozatok rendelkezéseinek tiszteletben tartását (a megtámadott határozat (118) és (119) preambulumbekezdése). Végül a Bizottság rámutat arra, hogy a CDA téved, amikor arra hivatkozik, hogy a Bizottság nem írhatja elő azon támogatásoknak a CDA‑tól, illetve az LCA‑tól történő visszatérítést, amelyeket a Pilz-csoportnak közvetlenül folyósítottak, vagy annak javára visszaéltek vele. A Bizottság meglátása szerint ugyanis e támogatások a közös vállalat vagy jogutódai tevékenységi körét érintik akkor is, ha ezt követően azonnal elvonták őket a Pilz-csoport többi társasága javára. A Bizottság szerint aligha releváns e tekintetben, hogy e támogatások valójában nem gyarapították a közös vállalatot. A Bizottság rámutat arra, hogy a C‑24/95. sz., Alcan Deutschland ügyben 1997. március 20‑án hozott ítéletben (EBHT 1997., I‑1591. o.) a Bíróság kimondta, hogy a gazdagodás eltűnésére alapított kifogás a támogatások visszatérítésével szemben nem hívható fel. Úgy véli, hogy a Bíróság jogi okfejtése irányadó a jelen esetben is, ahol az eszközök vállalkozáscsoporton belüli átruházási mechanizmusainak célja lényegében az, hogy a támogatás eredeti kedvezményezettjénél bekövetkezett gazdagodást eltüntesse. A Bizottság meglátása szerint ilyen esetben kizárt a gazdagodás eltűnésére alapított kifogás figyelembevétele; ellenkezőleg, a jogellenes előnyt a csoport azon vállalkozásainak teszi felróhatóvá, amelyek eredetileg nekik címzett támogatásokat kaptak. Úgy ítéli meg, hogy a TIB és a kapcsolódó vállalkozások sem hivatkozhatnak e kifogásra, mivel Pilz-csoport támogatásokkal való visszaélése szintén felróható a közös vállalatnak és jogutódainak. B – Az Elsőfokú Bíróság álláspontja Mindenekelőtt emlékeztetni kell arra, hogy – a közösségi jognak megfelelően – ha a Bizottság megállapítja a támogatások közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét, előírhatja valamely tagállamnak, hogy a támogatásokat visszakövetelje a kedvezményezettektől (a Bíróság a 70/72. sz., Bizottság kontra Németország ügyben 1973. július 12‑én hozott ítéletének [EBHT 1973., 813. o.] 13. és 20. pontja, valamint a C‑277/00. sz., Németország kontra Bizottság ügyben 2004. április 29‑én hozott ítéletének [EBHT 2004., I‑3925. o.] 73. pontja). A jogellenes támogatás visszatérítés útján történő megszüntetése a jogellenesség megállapításának logikus következménye; és célja a korábbi helyzet visszaállítása (a fenti 76. pontban hivatkozott, a Németország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 74 pontja). E cél megvalósul akkor, amikor a szóban forgó – indokolt esetben késedelmi kamattal növelt – támogatásokat visszatérítik a kedvezményezett vállalkozások, másként fogalmazva azon vállalkozások, amelyek abból ténylegesen részesültek (lásd, ebben az értelemben, a Bíróság C‑303/88. sz., Olaszország kontra Bizottság ügyben 1991. március 21‑én hozott ítéletének [EBHT 1991., I‑1433. o.] 57. és 60. pontját). A visszatérítéssel a kedvezményezett ugyanis elveszíti azt az előnyt, amellyel a piacon versenytársaihoz képest rendelkezett, és helyreáll a támogatás folyósítását megelőző helyzet (a Bíróság C‑350/93. sz., Bizottság kontra Olaszország ügyben 1995. április 4‑én hozott ítéletének [EBHT 1995., I‑699. o.] 22. pontja). Ebből következően a jogellenesen nyújtott állami támogatás visszatérítésének fő célja a jogellenes támogatással biztosított versenyelőny által okozott versenytorzulás kiküszöbölése (a fenti 76. pontban hivatkozott, a Németország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 76. pontja). A megtámadott határozat 2. cikkében szereplő visszatérítési utasítás jogszerűségét ezen általános megfontolások alapján kell vizsgálni. Az utasítás jogszerűségének vizsgálatakor külön kell kezelni a támogatásnak az LCA‑tól, illetve a CDA‑tól történő visszatéríttetését. Nem vitás, hogy a CDA – az LCA‑val ellentétben – nem tekintendő a közös vállalat és a PA közvetlen jogutódjának. A megtámadott határozatban a visszatérítési utasítás ez utóbbira történő kiterjesztése ugyanis a megkerülési helyzet meglétén alapul. Ami a támogatásnak az LCA‑tól történő visszatéríttetését illeti, a CDA azt állítja, hogy az utasítás jogellenes, amennyiben kiterjed egyrészt azon támogatásokra, amelyeket közvetlenül a Pilz-csoportnak nyújtottak, másrészt azon támogatásokra, amelyekkel – jóllehet a közös vállalatnak és a PA‑nak nyújtottak őket – a csoport javára visszaéltek. E tekintetben meg kell állapítani, hogy – amint az a megtámadott határozat (32) és (39) preambulumbekezdésében szereplő táblázatokból kitűnik – a határozat 1. cikkében leírt támogatás ténylegesen magában foglal bizonyos számú támogatást, amelyeket közvetlenül a Pilz‑csoportnak és a csoporthoz tartozó PBK vállalkozásnak nyújtottak. Különösen áll ez a PBK‑nak Bajorország (az LfA) által 54,7 millió DEM összegben biztosíték címén nyújtott támogatásokra, a PBK‑nak 3 millió DEM összegben tartozáselengedés címén nyújtott támogatásokra, a PBK‑nak 3 millió DEM összegben a PA részeinek vételára címén nyújtott támogatásokra és a Pilz-csoportnak 15 millió DEM‑es hitel címén nyújtott támogatásokra. Az első két támogatást illetően nem vitás, hogy – jóllehet közvetlenül a PBK‑nak nyújtották – e támogatások célja az albrechtsi CD-üzem építésének finanszírozása volt, ekként – a Pilz-csoport többi vállalkozása javára történt visszaéléstől eltekintve – a Bizottság elvileg helyesen járt el, amikor elrendelte az LCA‑tól történő visszatérítésüket (lásd, ebben az értelemben, a Bíróság C‑457/00. sz., Belgium kontra Bizottság ügyben 2003. július 3‑án hozott ítéletének [EBHT 2003., I‑6931. o.] 55–62. pontját). Ami a 3 millió DEM‑es vételárat és a 15 millió DEM‑es hitelt illeti, meg kell állapítani, hogy e támogatásokat közvetlenül a Pilz-csoportnak folyósították, és e támogatások nem a közös vállalat vagy a PA szerkezetátalakítását célozták. Ennélfogva kizárt, hogy ez utóbbiakat a támogatások tényleges haszonélvezőinek lehessen minősíteni. E következtetést nem rontja le, hogy – miként azt a Bizottság a megtámadott határozat (37) preambulumbekezdésében megállapította – a 15 millió DEM‑es hitelnek a Pilz-csoportnak a PA átvételéig történő támogatását kellett szolgálnia. Ugyanis azon túlmenően, hogy a Bizottság semmiféle bizonyítékkal nem állt elő ezen állítás alátámasztására, nem állapítható meg, hogy a PA ténylegesen előnyhöz jutott a támogatás révén. Ennélfogva amennyiben a Bizottság elrendeli az 1. cikkben leírt támogatásoknak az LCA‑tól a PBK‑nak a 3 millió DEM‑es vételár címén nyújtott támogatásra, valamint a Pilz-csoportnak a 15 millió DEM‑es hitel címén nyújtott támogatásra kiterjedő visszatérítését, a megtámadott határozat 2. cikke nem egyeztethető össze a jogellenes állami támogatások visszatérítésére irányadó elvekkel. Ezt követően meg kell vizsgálni a CDA azon érvelését, miszerint a visszatérítési utasítás jogellenes annyiban, amennyiben kiterjed azon támogatásokra, amelyekkel – jóllehet a közös vállalatnak és a PA‑nak nyújtottak őket – a csoport javára visszaéltek. E tekintetben megállapítandó, hogy a megtámadott határozat számos, a megtámadott határozat 1. cikkében leírt támogatásoknak a Pilz-csoport javára történő visszaélésszerű felhasználására vonatkozó megállapítást tartalmaz. Így különösen a megtámadott határozat (27), (33), (38) és (63)–(75) preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy az albrechtsi CD‑üzem építéséhez, konszolidálásához és szerkezetátalakításához nyújtott támogatások nagy részével visszaéltek a csoport vállalkozásai javára. E megállapításokból az is kiderül, hogy a támogatásokkal való visszaélésre az üzemépítés során nyújtott szolgáltatások túlszámlázásával, a Pilz‑csoporton belül működő központosított pénzkészlet-kezelési rendszer segítségével, valamint a közös vállalat és a PA által a Pilz-csoportnak szállított áruk és nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésének elmaradásával került sor. Ugyanígy rögzítendő, hogy a Landgericht Mühlhausen mellett működő ügyészség vádirata – amelyet a német hatóságok a közigazgatási eljárás során becsatoltak – tartalmaz olyan elemeket, amelyek lehetővé teszik a Pilz-csoport javára történő támogatással való visszaélés mértékének legalább becslésszerű megállapítását. A Bizottság által előadottakkal ellentétben pusztán azon tényből, hogy a vádirat a Türingia tartomány befektetéséhez való szubvenció- és támogatásnyújtás keretében elkövetett jogellenes eljárásokra vonatkozik, önmagában nem lehet arra következtetni, hogy az abban szereplő elemek irrelevánsak a Bizottság által elvégzendő vizsgálat szempontjából. A vádirat ugyanis a csalás során alkalmazott különféle mechanizmusok leírásában és a megvalósított befektetések értékének meghatározásában pontos és hasznos jelzéseket tartalmaz az visszaélés mértékének meghatározásához. Ilyen körülmények között úgy kell tekinteni, hogy – legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalakor – a Bizottság rendelkezésére álltak olyan helytálló és egybevágó bizonyítékok, amelyekből kitűnik, hogy a közös vállalat és a PA ténylegesen nem részesült az albrechtsi CD-üzem építésére, konszolidálására és szerkezetátalakítására szánt támogatások nagy részéből. Ezenkívül e jelek lehetővé tették az visszaélés mértékének legalább becslésszerű meghatározását. Igaz – miként a Bizottság állítja –, hogy az iratok között nincs nyoma annak, hogy a német hatóságok pontos tájékoztatást adtak a támogatásnak a Pilz-csoport javára való visszaélés mértékét illetően. Mindazonáltal meg kell állapítani, hogy noha a Bizottság rendelkezik a szükséges eszközökkel (lásd, ebben az értelemben, a Bíróság C‑324/90. és C‑342/90. sz., Németország és Pleuger Worthington kontra Bizottság ügyben 1994. április 13‑án hozott ítéletének [EBHT 1994., I‑1173. o.] 29. pontját), az ügy iratai között nincs nyoma annak, hogy a Bizottság kérte a német hatóságoktól, hogy e tekintetben pontos tájékoztatással lássák el. Ugyanakkor – amint az a eljárást megindító határozatból kitűnik – legalább 1997 óta tudomással bírt a támogatások nagy részével való visszaélésről. Ennélfogva a Bizottság nem hivatkozhat arra, hogy a megtámadott határozat elfogadásakor rendelkezésére álló információkra tekintettel jogában állt megkövetelni az 1. cikkben leírt azon támogatásoknak az LCA‑tól történő visszatérítését, amelyekkel kapcsolatban tudta, vagy nem hagyhatta figyelmen kívül, hogy nem gazdagították a közös vállalatot és a PA‑t. Ugyanígy el kell utasítani a Bizottság azon érvelését, miszerint a megtámadott határozat 2. cikkében szereplő visszatérítési utasítás kiterjesztését indokolja a közös vállalatnak és jogutódainak a kapcsolódó vállalkozások olyan csoportjához való tartozása, amelyen belül belső mechanizmusok léteznek az eszközök átruházására. Ugyanis azon túlmenően, hogy a közös vállalat csupán 1992 októbere és 1993. december vége között volt a Pilz‑csoport tagja, a megtámadott határozatban megismételt megállapításokból világosan következik, hogy jelen esetben a csoporton belüli átruházási mechanizmusokat kizárólag e vállalkozás rovására, és nem annak javára alkalmazták. Ennélfogva nem állítható, hogy a csoporthoz tartozásánál fogva a közös vállalat ténylegesen részesült azon támogatásokból, amelyeknek nem volt kedvezményezettje. Ennélfogva, amennyiben a Bizottság elrendeli az 1. cikkben leírt támogatásoknak az LCA‑tól történő visszatérítését – köztük azoknak, amelyről bebizonyosodott, hogy e vállalkozás ténylegesen nem volt kedvezményezettjük –, a megtámadott határozat 2. cikke nem felel meg a jogellenes állami támogatások visszatérítését szabályozó elveknek. Ezt követően annyiban, amennyiben a megtámadott határozat 2. cikke elrendeli az említet határozat 1. cikkében leírt támogatásnak a CDA‑tól történő visszatérítését, a határozatból kitűnik, hogy a Bizottság lényegében a határozat jogkövetkezményeinek megkerülésére vonatkozó szándék fennálltára alapította megállapításait; e szándék – a Bizottság szerint – objektíven abból következik, hogy a CDA részesül a korábban a PBK‑nak, a közös vállalatnak, a PA‑nak és a CD Albrechtsnek megítélt támogatásból, amennyiben használja e vállalkozások eszközeit, és folytatja tevékenységüket (a megtámadott határozat (118) és (120) preambulumbekezdése). Ez az érvelés nem fogadható el. Igaz – ahogy egyébként a német hatóságok és a Bizottság között a közigazgatási eljárás során lezajlott levélváltásból kitűnik –, hogy az LCA-eszközök egy részének a CDA‑ra való átruházásának célja az volt, hogy az LCA‑nak a cég túlélését fenyegető jogi és közgazdasági bizonytalanságoktól mentes fejlesztésének a biztosításával megmentse az LCA működtetésének ezt a részét. A Bizottság és az ODS által a jelen eljárás során előadott különböző elemekből így az a következtetés vonható le, hogy az eszközök átruházását követően a CDA ténylegesen a közös vállalat, a PA és a CD Albrechts tevékenységét folytatja. Mindazonáltal ez az elem önmagában nem bizonyítja a visszatérítési utasítás jogkövetkezményeinek megkerülésére irányuló szándék jelen esetben való fennálltát. Ez a következtetés annál is inkább megingathatatlan, mivel – miként azt a megtámadott határozat (103) preambulumbekezdése megállapítja – a CDA a piaci árnak megfelelő vételárat fizetett az LCA eszközeinek átvételéért, ennélfogva e művelet nem jár azzal, hogy a CDA megőrzi az LCA‑nak nyújtott támogatások kedvezményéhez kapcsolódó versenyelőny tényleges élvezetét (lásd, ebben az értelemben, a fenti 76. pontban hivatkozott, a Németország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 92. pontját). Ilyen helyzetben nem lehet azt megállapítani – miként azt a Bizottság beadványaiban állította –, hogy a CDA aktívájának átvételét követően az LCA csupán „üres kagylóhéj, amellyel szemben nem lehet a jogellenes támogatások visszatérítését elérni”. Ugyanis tekintettel arra, hogy jelen esetben az LCA a csődeljárás 2000. októberi megnyitása óta felszámolás alatt áll, emlékeztetni kell arra, hogy a támogatásokban részesült, csődbe jutott vállalkozásokra vonatkozó ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy a korábbi helyzet visszaállítása és a jogellenes támogatásokból fakadó versenytorzulás kiküszöbölése fő szabályként elérhető az érintett támogatások visszatérítésére vonatkozó kötelezettségnek a felszámolás alatt álló vállalkozás forrásai közötti feltüntetésével, kivéve, ha a támogatásokból más vállalkozások részesülnek. Ezen ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis az ilyen feltüntetés elégséges a közös piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatások visszatérítését elrendelő határozat végrehajtásának biztosításához (lásd, ebben az értelemben, a Bíróság 52/84. sz., Bizottság kontra Belgium ügyben 1986. január 15‑én hozott ítéletének [EBHT 1986., 89. o.] 14. pontját és a C‑142/87. sz., Belgium kontra Bizottság ügyben 1990. március 21‑én hozott ítéletének [EBHT 1990., I‑959. o.] 60. és 62. pontját). Ezt követően a CDA és a Németországi Szövetségi Köztársaság kijelentette – és állításukat a Bizottság sem vitatta –, hogy egyrészt az eszközök csupán egy részét, nevezetesen az állóeszközöket, a termelési értékeket, a rövid távon megvalósítható értékeket, valamint a műszaki know how‑t és az értékesítést adták el a CDA‑nak, másrészt ezen eljárási mód magasabb összeg bevételezését tette lehetővé, mint amely a szóban forgó vagyoni elemek egyenkénti eladásával elérhető lett volna. E következtetésen mit sem változtat az a tény, hogy a vételárat a források átvételével egyenlítették ki. Meg kell ugyanis állapítani, hogy e fizetési forma a hitelezők helyzetére nézve nem hátrányos, miután a társaság eszközeinek csökkenését ellensúlyozta a források azonos mértékű csökkenése. Ezenkívül a tárgyalás során a CDA kijelentette – és állítását a Bizottság sem vitatta –, hogy az LCA‑hoz tartozó állóeszközök értéke viszonylag magas, és ekként nem lehet úgy tekinteni, hogy eszközeinek a CDA általi átvételét követően a vállalkozás „üres kagylóvá” vált. A Bizottság által a megtámadott határozat (118) preambulumbekezdésére tett utalás nem ronthatja le ezt az elemzést. Meg kell ugyanis állapítani, hogy e preambulumbekezdésben a Bizottság általános és szemléltető módon azon kritériumokat fejti ki, amelyeket annak eldöntéséhez alkalmaz, hogy egy adott művelet visszaélést rejt‑e magában. Ezzel szemben e kitétel a kritériumok jelen esetre történő semmilyen alkalmazását sem tartalmazza. Ennélfogva azt a következtetést kell levonni, hogy csupán a megtámadott határozatban feltüntetett ténybeli megállapítások alapján a Bizottság következtethetett arra, hogy a jelen esetben a visszatérítési utasítás joghatásainak megkerülésére irányuló szándék áll fenn. Ami a Bizottság által a beadványokban és a tárgyalás folyamán előadott ténybeli elemeket illeti, elégséges annak megállapítása, hogy azok a megtámadott határozatban sehol sem szerepelnek, ennélfogva nem hozhatók fel a visszatérítési utasításnak a CDA‑ra történő kiterjesztésének az indokolására. Egyébként is az Elsőfokú Bíróság úgy ítéli meg, hogy a különböző elemek a visszaélés jelen esetben történő fennállásának bizonyítását sem teszik lehetővé. E tekintetben el kell vetni a Bizottság azon állítását, miszerint az eszközöknek a CDA általi átvétele nem felel meg a gazdasági logikának. Meg kell ugyanis állapítani, hogy a közigazgatási eljárás során a német hatóságok és a CDA több alkalommal kiemelték, hogy az LCA eszközei egy részének a CDA általi átvétele megfelel ennek e logikának. Ugyanakkor noha „[az eszközök] átruházásának kereskedelmi jellege” a visszaélés fennállásának megállapításánál figyelembe veendő szempontok közé tartozik (a megtámadott határozat (118) preambulumbekezdése), a Bizottság a megtámadott határozatban egyetlen, a német hatóságok és a CDA álláspontjának megkérdőjelezésére alkalmas megfontolást sem tüntetett fel. Ugyanígy hangsúlyozni kell, hogy pusztán azon tényből, hogy az LCA‑t és a CDA‑t egyazon személy irányította az aktíva 1998. januári átvételekor, és hogy e művelettől kezdve az CDA a közös vállalat és a PA jogutódjaként lép fel a piacon, nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az LCA eszközei átvételének célja a megtámadott határozat 2. cikkében szereplő visszatérítési utasítás megkerülése volt. Ezen elemek ugyanis nem elégségesek annak bizonyítására, hogy a CDA a megtámadott határozat végrehajtása megakadályozásának szándékával járt el. Végül el kell vetni a Bizottság azon állítását, miszerint az LCA eszközeinek „együttes” átvétele nem nyílt és átlátható eljárásban zajlott, és hogy az LCA egyes versenytársai ennek következtében ki voltak zárva azon eszközök megszerzéséből, amelyekkel az említett társaság a szubvencionált tevékenységeket gyakorolta. Ugyanis mind a megtámadott határozat, mind az ügy bizonyos iratai, valamint a Türingia tartomány és a CDA által a 2004. május 5‑i tárgyalás során tett nyilatkozatok éppen ellenkezőleg arra utalnak, hogy az LCA eszközeinek a CDA általi átvételére nem azonnal került sor, hanem az LCA egészének harmadik személyeknek – köztük a beavatkozó ODS anyavállalatának – történő eredménytelen eladási kísérleteket követően (lásd, ebben az értelemben, a fenti 76. pontban hivatkozott, a Németország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 95. pontját). A fentiek alapján azt a következtetést kel levonni, hogy a Bizottság nem bizonyította a megtámadott határozat jogkövetkezményeinek megkerülésére irányuló ügylet létét, amely megalapozhatná a CDA‑nak a közös vállalatnak és jogutódainak megítélt jogellenes támogatások visszatérítésére való kötelezését. Következésképpen a megtámadott határozat annyiban, amennyiben elrendeli, hogy a CDA térítse vissza a PBK‑nak, a közös vállalatnak, a PA‑nak és a CD Albrechtsnek megítélt támogatásokat, nem felel meg a jogellenes állami támogatások visszatérítésére irányadó elveknek. Hasonló következtetést kell levonni annyiban, amennyiben a megtámadott határozat 2. cikke elrendeli az 1. cikkben leírt támogatás visszatérítését „minden más olyan vállalkozástól, amelyre [a PBK], [a közös vállalat] vagy [a PA] eszközeit és/vagy infrastruktúráját átruházták vagy átruházzák [az említett] határozat jogkövetkezményeinek megkerülése végett”. Elégséges ugyanis azt megállapítani, hogy a visszatérítési utasítás e vállalkozásokra való kiterjesztése ugyanazon indokokon nyugszik, mint az utasításnak a CDA‑ra való kiterjesztése. A fentiek alapján a jelen jogalapnak helyt kell adni. A fentiek alapján a megtámadott határozat 2. cikkét meg kell semmisíteni annyiban, amennyiben elrendeli a megtámadott határozat 1. cikkében leírt támogatásnak a CDA és az LCA társaságtól és minden olyan egyéb vállalkozástól történő visszatéríttetését, amelyre a PBK, a közös vállalat vagy a PA eszközeit vagy infrastruktúráját a jelen határozat jogkövetkezményeinek kijátszása végett átruházták vagy átruházzák. Ilyen körülmények között a megtámadott határozat 2. cikkében szereplő visszatérítési utasítás jogellenességének megállapítására felhozott további jogalapot már nem vizsgálni. Ezenkívül hangsúlyozni kell, hogy a CDA keresete – ahogy az különösen a keresetlevél 2–5. pontjából kitűnik – elsődlegesen a megtámadott határozat ellen irányul annyiban, amennyiben 2. cikkének (3) bekezdése értelmében a támogatás visszatérítési utasítást kiterjeszti a CDA‑ra, valamint az összes olyan vállalkozásra, amelyekre a PBK, a közös vállalat és a PA eszközeit és/vagy infrastruktúráját átruházták vagy átruházzák. Ugyanakkor annyiban, amennyiben a megtámadott határozat rendelkező részének e része megsemmisítésre kerül, már nem szükséges határozni a CDA által a megtámadott határozat 1. cikkét illetően előadott jogalapok összességéről. A költségekről Az eljárási szabályzat 87. cikke 2. §‑ának értelmében a pervesztes felet kötelezik a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Bizottság pervesztes lett, a CDA kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére. Az eljárási szabályzat 87. cikke 4. §‑a harmadik albekezdésének értelmében az Elsőfokú Bíróság elrendelheti, hogy a beavatkozók maguk viseljék saját költségeiket. A jelen ügyben a Németországi Szövetségi Köztársaság és az ODS maguk viselik saját költségeiket. A fenti indokok alapján AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (kibővített harmadik tanács) a következőképpen határozott: 1) Az Elsőfokú Bíróság a Németország által a CDA Compact Disc Albrechts GmbH‑nak (Türingia) nyújtott állami támogatásról szóló, 2002. június 21‑i 2000/796/EK bizottsági határozat 2. cikkének (3) bekezdését megsemmisíti. 2) A megsemmisítés iránti kérelem ezt meghaladó részéről már nem kell határozni. 3) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi saját és a CDA Datentnträger Albrechts GmbH költségeinek viselésére. A Németországi Szövetségi Köztársaság és az ODS Optical Disc Service GmbH maguk viselik saját költségeiket. Azizi García-Valdecasas Cooke Jaeger Dehousse Kihirdetve Luxembourgban, a 2005. október 19‑i nyilvános ülésen. E. Coulon J. Azizi hivatalvezető elnök Tartalomjegyzék Jogi háttér A jogvita alapját képező tényállás A –  Általános háttér 1.  A vállalkozás megalakulásának fázisa (1990–1992) 2.  A szerkezetátalakítás fázisa (1993–1998) 3.  Egyes eszközöknek az MTDA által megváltása B –  A közigazgatási eljárás lefolyása C –  Tényállás megállapítása és jogi minősítés 1.  A Németországi Szövetségi Köztársaság által a megalakulási fázisában nyújtott pénzügyi támogatások 2.  A szerkezetátalakítás fázisában nyújtott pénzügyi támogatások 3.  A támogatások visszatérítéséről 4.  A megtámadott határozat rendelkező része Az eljárás és a felek kérelmei A jogkérdésről I –  Előzetes észrevételek II –  Az EK 87. cikk (1) bekezdésének és az EK 88. cikk (2) bekezdésének megsértésére alapított jogalapról A –  A felek érvei B –  Az Elsőfokú Bíróság álláspontja A költségekről * Az eljárás nyelve: német.

62011CJ0501

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Con la loro impugnazione la Schindler Holding Ltd (in prosieguo: la «Schindler Holding»), la Schindler Management AG (in prosieguo: la «Schindler Management»), la Schindler SA (in prosieguo: la «Schindler Belgio»), la Schindler Sàrl (in prosieguo: la «Schindler Lussemburgo»), la Schindler Liften BV (in prosieguo: la «Schindler Paesi Bassi») e la Schindler Deutschland Holding GmbH (in prosieguo: la «Schindler Germania») (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Schindler») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2011, Schindler Holding e a./Commissione ( T-138/07, Racc. pag. II-4819 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto la loro domanda di annullamento della decisione C (2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [81 CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili; in prosieguo: la «decisione controversa»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( GU 2008, C 75, pag. 19 ), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte. Contesto normativo L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), che ha sostituito l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 1962, n. 13, pag. 204 ), così dispone ai paragrafi da 2 a 4: «2.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 [CE] o dell’articolo 82 [CE]; (...) (...) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (...) 3.   Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. 4.   Qualora sia irrogata un’ammenda a un’associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l’associazione non sia solvibile, l’associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda. Se tali contributi non sono stati versati all’associazione entro un termine stabilito dalla Commissione, quest’ultima può esigere il pagamento dell’ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell’associazione. Una volta richiesto il pagamento ai sensi del secondo comma, se necessario per garantire il totale pagamento dell’ammenda, la Commissione può esigere il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell’associazione presenti sul mercato nel quale si è verificata l’infrazione. Tuttavia la Commissione non esige il pagamento ai sensi del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell’associazione che ha costituito un’infrazione e che o non erano al corrente della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all’avvio delle indagini da parte della Commissione. La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa per il pagamento dell’ammenda non deve superare il 10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente». L’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 è formulato nei seguenti termini: «La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata». Il preambolo della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CECA]» ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), applicabile alla data dell’adozione della decisione controversa, così recita: «I principi indicati negli orientamenti [del 1998] dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza. La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti». Ai sensi del punto 1 degli orientamenti del 1998, «[tale] importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17». Per quanto riguarda la gravità, il punto 1, parte A, degli orientamenti del 1998 prevede che per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. Le infrazioni sono classificate in tre categorie: infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi. Secondo gli orientamenti del 1998, costituiscono infrazioni molto gravi, in particolare, le restrizioni orizzontali quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati. L’importo di base dell’ammenda applicabile è «oltre i 20 milioni di [euro]». A norma del punto 2 degli orientamenti del 1998, l’importo di base dell’ammenda può essere maggiorato in presenza di circostanze aggravanti quali, in particolare, la recidiva della medesima impresa o delle medesime imprese per un’infrazione del medesimo tipo. Secondo il punto 3 di detti orientamenti, tale importo di base può essere ridotto in caso di circostanze attenuanti particolari, come il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione, la mancata applicazione di fatto degli accordi illeciti o la collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese ( GU 1996, C 207, pag. 4 ). La comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ( GU 2002, C 45, pag. 3 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), applicabile ai fatti di causa, definisce le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la Commissione nel corso di un’indagine da essa condotta relativa ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro importo. Fatti e decisione controversa Il gruppo Schindler è uno dei primi gruppi mondiali fornitori di ascensori e scale mobili. La società controllante è la Schindler Holding, con sede in Svizzera. Il gruppo Schindler esercita le sue attività tramite controllate nazionali. Queste ultime sono, in particolare, la Schindler Belgio, la Schindler Lussemburgo, la Schindler Paesi Bassi e la Schindler Germania. Avendo ricevuto, nel corso dell’estate 2003, informazioni relative alla possibile esistenza di un’intesa tra i principali produttori europei di ascensori e scale mobili che esercitano attività commerciali nell’Unione europea, vale a dire la Kone Belgium SA, la Kone GmbH, la Kone Luxembourg Sàrl, la Kone BV Liften en Roltrappen, la Kone Oyj, l’Otis SA, l’Otis GmbH & Co. OHG, la General Technic-Otis Sàrl, la General Technic Sàrl, l’Otis BV, l’Otis Elevator Company, l’United Technologies Corporation, il gruppo Schindler, la ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, la ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, la ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, la ThyssenKrupp Elevator AG, la ThyssenKrupp AG, la ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl e la ThyssenKrupp Liften BV, la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di tali imprese all’inizio del 2004. Sono state presentate da tali imprese richieste di informazioni sulla base della comunicazione del 2002. Tra il mese di settembre ed il mese di dicembre 2004 la Commissione ha inoltre inviato richieste di informazioni alle imprese che avevano partecipato all’infrazione in Belgio, a vari clienti in tale Stato membro e all’associazione belga Agoria. La Commissione nella decisione controversa ha dichiarato che le suddette imprese nonché la Mitsubishi Elevator Europe BV hanno partecipato a quattro infrazioni singole, complesse e continuate all’articolo 81, paragrafo 1, CE in quattro Stati membri, ripartendosi i mercati attraverso accordi o concertazioni per l’attribuzione di appalti e di contratti relativi alla vendita, all’installazione, alla manutenzione e all’ammodernamento di ascensori e scale mobili. Quanto al gruppo Schindler, la data più risalente di inizio di un’infrazione è quella dell’infrazione in Germania, vale a dire il 1 o agosto 1995. All’articolo 2 della decisione controversa, il gruppo Schindler è stato condannato nel modo seguente: «1.   Per le infrazioni in Belgio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono inflitte le seguenti ammende: (...) — [il gruppo] Schindler: Schindler Holding (...) e [Schindler Belgio], in solido: 69300000 EUR; (...) (...) 2.   Per le infrazioni in Germania di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende: (...) — [il gruppo] Schindler: Schindler Holding (...) e [Schindler Germania], in solido: 21458250 EUR; (...) (...) 3.   Per le infrazioni in Lussemburgo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sono inflitte le seguenti ammende: (...) — [il gruppo] Schindler: Schindler Holding (...) e [Schindler Lussemburgo], in solido: 17820000 EUR; (...) (...) 4.   Per le infrazioni nei Paesi Bassi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono inflitte le seguenti ammende: (...) — [il gruppo] Schindler: Schindler Holding e [Schindler Paesi Bassi], in solido: 35169750 EUR». La sentenza impugnata Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2007, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, la riduzione dell’importo delle ammende inflitte. Il Consiglio dell’Unione europea è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Secondo la memoria presentata dinanzi al Tribunale, il suo intervento aveva ad oggetto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 sollevata dalle ricorrenti. Con decisione del 4 settembre 2007, comunicata al Tribunale il 30 giugno 2009, la Commissione ha rettificato l’articolo 4 della decisione impugnata in modo che quest’ultima non menzionasse più la Schindler Management come destinataria. Il Tribunale ha dichiarato, ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, che, nella parte in cui il ricorso riguardava tale società, quest’ultimo era divenuto privo di oggetto e non vi era luogo a provvedere. A sostegno del ricorso, le ricorrenti hanno dedotto tredici motivi, così esposti dal Tribunale al punto 45 della sentenza impugnata: «(...) Il primo motivo verte sulla violazione del principio di legalità delle pene, in ragione del fatto che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 conferirebbe alla Commissione un potere discrezionale illimitato per il calcolo delle ammende. Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di irretroattività nell’applicazione degli orientamenti del 1998 e della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di legalità delle pene e sulla carenza di competenza della Commissione ad adottare gli orientamenti del 1998. Il quarto motivo verte sull’illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per violazione dei principi nemo tenetur se ipsum accusare, nemo tenetur se ipsum prodere (...), in dubio pro reo e di proporzionalità. Il quinto motivo verte sulla violazione del principio della separazione dei poteri e del diritto ad un procedimento fondato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto. Il sesto motivo verte sulla natura confiscatoria delle ammende inflitte alle ricorrenti. Il settimo e l’ottavo motivo vertono sulla violazione degli orientamenti del 1998 nella fissazione dell’importo di partenza delle ammende e nella valutazione delle circostanze attenuanti. Il nono motivo verte sulla violazione degli orientamenti del 1998 e della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende per le infrazioni in Belgio, in Germania e in Lussemburgo. Il decimo motivo verte sul carattere sproporzionato dell’importo delle ammende. L’undicesimo motivo verte sulla mancanza di valida notifica della decisione [controversa] a Schindler Holding. Il dodicesimo motivo verte sull’inesistenza della responsabilità di Schindler Holding. Infine, il tredicesimo motivo verte sulla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003». Il Tribunale, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, ha modificato l’ordine dei motivi nel modo seguente: «47 A tal proposito, si deve osservare che varie censure delle ricorrenti riguardano la legittimità della decisione [controversa] nel suo complesso e verranno quindi esaminate per prime. Ciò vale per la censura delle ricorrenti formulata nell’ambito del loro quinto motivo, vertente, in sostanza, su una violazione dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”). Tra le censure concernenti la legittimità della decisione [controversa] nel suo complesso rientrano anche quelle sollevate nell’ambito dell’undicesimo e del dodicesimo motivo, vertenti rispettivamente sull’illegittimità della decisione [controversa] nella parte in cui riguarda Schindler Holding per la mancanza di una valida notifica e sull’illegittimità della decisione [controversa] nella parte in cui vi si afferma la responsabilità in solido di Schindler Holding. Verranno poi esaminate le censure relative alla legittimità dell’art. 2 della decisione [controversa], sollevate nell’ambito degli altri motivi di ricorso. A tal proposito, il Tribunale ritiene opportuno esaminare le censure delle ricorrenti nel modo seguente. Anzitutto, saranno analizzati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, nell’ambito dei quali le ricorrenti sollevano varie eccezioni di illegittimità relative all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, agli orientamenti del 1998 e alla comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il Tribunale esaminerà poi il sesto motivo, secondo cui la decisione [controversa] avrebbe natura confiscatoria. Infine, il Tribunale esaminerà il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e il tredicesimo motivo, nell’ambito dei quali le ricorrenti hanno invocato varie censure relative alla determinazione dell’importo delle loro ammende». Il Tribunale ha respinto questi motivi ed il ricorso nella sua interezza. Conclusioni delle parti Le ricorrenti chiedono, in sostanza, di annullare la sentenza impugnata, di annullare la decisione controversa, in subordine, di annullare o ridurre le ammende, in ulteriore subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e, infine, di condannare la Commissione alle spese. La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna delle ricorrenti alle spese. Il Consiglio chiede il rigetto dell’impugnazione per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità relativa al regolamento n. 1/2003 e chiede alla Corte di statuire in maniera appropriata sulle spese. Sull’impugnazione A sostegno delle loro conclusioni le ricorrenti deducono tredici motivi. Sul primo motivo, vertente su una violazione del principio della ripartizione dei poteri e dei requisiti di un procedimento basato sul rispetto dei principi di uno Stato di diritto Argomenti delle parti Con il primo motivo, le ricorrenti censurano la risposta del Tribunale al motivo vertente sulla violazione dell’articolo 6 della CEDU, con il quale sostenevano che il procedimento della Commissione viola il principio della ripartizione dei poteri e non rispetta i principi dello Stato di diritto applicabili ai procedimenti penali ai sensi di tale disposizione. Esse contestano, in particolare, il punto 53 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che le decisioni della Commissione che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno natura penale. Esse ritengono che l’argomentazione del Tribunale non tenga conto dell’importanza delle ammende inflitte né dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha radicalmente modificato la situazione. Le ricorrenti richiamano i criteri della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976 (serie A n. 22, § 80 e ss.) e sostengono che erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile ai procedimenti in materia di diritto delle intese la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Jussila c. Finlandia del 23 novembre 2006 ( Recueil des arrêts et décisions 2006-XIV, § 31), secondo la quale, per talune categorie di infrazioni che non fanno parte del nucleo centrale del diritto penale, non è necessario che la decisione sia adottata da un tribunale sempreché sia previsto un controllo completo della legittimità della decisione. Secondo le ricorrenti, simili procedimenti fanno parte del «nucleo centrale del diritto penale» ai sensi di tale sentenza. Esse citano a tale riguardo la sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/Commissione ( T-141/08, Racc. pag. II-5761 ), ed il punto 160 della sentenza impugnata. Le ricorrenti fanno peraltro valere che la giurisprudenza citata dal Tribunale, in particolare le sentenze del 29 ottobre 1980, van Landewyck e a./Commissione ( da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125 , punto 81), nonché del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione ( da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825 , punto 7), secondo le quali la Commissione non è qualificabile come tribunale ai sensi dell’articolo 6 della CEDU, è obsoleta a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dell’applicabilità diretta della CEDU. Ad avviso delle ricorrenti, la sanzione avrebbe dovuto essere inflitta da un tribunale e non da un’autorità amministrativa come la Commissione. Esse sostengono in proposito che, considerata la rilevanza delle sanzioni, non può applicarsi al caso di specie la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo derivante dalle sentenze Öztürk c. Germania del 21 febbraio 1984 (serie A n. 73) e Bendenoun c. Francia del 24 febbraio 1994 (serie A n. 284), secondo cui, in particolare nell’ipotesi di un elevato numero di infrazioni – ipotesi che, secondo le ricorrenti, costituisce una «delinquenza di massa» – o in quella in cui debbano essere perseguite infrazioni lievi, una sanzione può essere inflitta da un’autorità amministrativa, purché possa essere garantito un pieno controllo giurisdizionale. La Commissione e il Consiglio sostengono che il controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della Commissione garantisce che siano soddisfatti i requisiti di un processo equo, quale previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Nella loro memoria di replica, le ricorrenti asseriscono che i principi della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo A. Menarini Diagnostics c. Italia del 27 settembre 2011 (ricorso n. 43509/08), citata dalla Commissione nel suo controricorso, non possono essere trasposti al caso di specie, dato che, diversamente dall’autorità italiana garante della concorrenza di cui si discuteva in tale sentenza, la Commissione non è un’autorità amministrativa indipendente. Peraltro, il Tribunale non avrebbe svolto l’esame illimitato dei fatti richiesto dall’articolo 6 della CEDU. Nella sua controreplica, la Commissione afferma che il Tribunale non è tenuto a compiere d’ufficio un esame dei fatti, ma spetta ai ricorrenti sollevare motivi e fornire elementi di prova (sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C-386/10 P, Racc. pag. I-13085 , punto 62, nonché Corte eur. D.U., sentenza A. Menarini Diagnostics c. Italia, cit., § 63). Giudizio della Corte Occorre rilevare che il primo motivo si basa sull’errata premessa secondo cui l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona avrebbe modificato le norme giuridiche applicabili alla fattispecie, con la conseguenza che la decisione controversa sarebbe contraria all’articolo 6 della CEDU, in quanto sarebbe stata adottata dalla Commissione e non da un organo giurisdizionale. La decisione controversa è stata adottata il 21 febbraio 2007, ossia prima dell’adozione del Trattato di Lisbona, il 13 dicembre 2007, e, a maggior ragione, prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo, il 1 o dicembre 2009. Orbene, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità dell’atto impugnato dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato (v. sentenze del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione, 15/76 e 16/76, Racc. pag. 321 , punto 7; del 17 maggio 2001, IECC/Commissione, C-449/98 P, Racc. pag. I-3875 , punto 87, nonché del 28 luglio 2011, Agrana Zucker, C-309/10, Racc. pag. I-7333 , punto 31). Inoltre, anche se, come confermato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e anche se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati e corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli loro conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v. sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C-571/10, punto 62, e del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, punto 44). In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la circostanza che le decisioni con cui vengono inflitte ammende in materia di concorrenza siano adottate dalla Commissione non è di per sé contraria all’articolo 6 della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Si deve in proposito rilevare che, nella citata sentenza A. Menarini Diagnostics c. Italia, relativa a una sanzione inflitta dall’autorità italiana garante della concorrenza a causa di pratiche anticoncorrenziali analoghe a quelle addebitate alle ricorrenti, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che, considerato l’elevato importo dell’ammenda inflitta, la sanzione ricadesse, per la sua severità, nella materia penale. Essa ha tuttavia ricordato, al punto 58 di tale sentenza, che conferire alle autorità amministrative il compito di perseguire e punire le contravvenzioni alle norme di concorrenza non è incompatibile con la CEDU, purché l’interessato possa impugnare ogni decisione così adottata nei suoi confronti davanti ad un tribunale che offra le garanzie di cui all’articolo 6 della CEDU. Al punto 59 della citata sentenza A. Menarini Diagnostics c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato che la conformità con l’articolo 6 della CEDU non esclude che in un procedimento di natura amministrativa una «pena» sia anzitutto inflitta da un’autorità amministrativa. Si presuppone però che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi, di per sé, le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU debba subire il controllo a posteriori di un organo giudiziario avente giurisdizione piena. Tra le caratteristiche di un simile organo vi è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione adottata, resa da un organo di grado inferiore. L’organo giudiziario deve in particolare essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia per cui viene adito. Orbene, pronunciandosi sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione oggi sancito all’articolo 47 della Carta e corrispondente, nel diritto dell’Unione, all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, la Corte ha dichiarato che, oltre al controllo di legittimità previsto dal Trattato FUE, il giudice dell’Unione dispone di una competenza estesa al merito conferitagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE, che lo autorizza a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenza Chalkor/Commissione, cit., punto 63). Quanto al controllo di legittimità, la Corte ha ricordato che il giudice dell’Unione deve effettuarlo sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti, e non può far leva sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione – né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti del 1998 né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi – al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (sentenza Chalkor/Commissione, cit., punto 62). Poiché il controllo previsto dai trattati implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’importo delle ammende, la Corte ha concluso che non risulta, quindi, che il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito quanto all’importo dell’ammenda, prevista all’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, sia contrario ai dettami del principio della tutela giurisdizionale effettiva attualmente sancito dall’articolo 47 della Carta (sentenza Chalkor/Commissione, cit., punto 67). Da tali elementi risulta che il primo motivo è infondato. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del carattere diretto delle misure istruttorie Argomenti delle parti Con il secondo motivo, le ricorrenti si richiamano al quarto motivo dedotto a sostegno del loro ricorso di primo grado. A loro avviso, il «carattere diretto» delle misure istruttorie esige che il Tribunale si faccia un’impressione diretta a partire dalle persone che rendono dichiarazioni o forniscono altri elementi di prova. I testimoni dovrebbero essere sentiti sotto giuramento dinanzi a un tribunale, in pubblica udienza, e poter essere interrogati dalle imprese incolpate. L’indagine materiale della Commissione e il controllo del Tribunale non sarebbero conformi a tali requisiti, perché si baserebbero unicamente sull’esposizione scritta dei fatti da parte delle imprese che hanno cooperato con la Commissione. Orbene, in caso di dichiarazioni rese nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, sussisterebbe un rischio significativo che le imprese cooperanti falsino o esagerino i fatti. La Commissione sostiene che il secondo motivo è irricevibile. Giudizio della Corte Come risulta dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 112, paragrafo 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, nella versione applicabile alla data di presentazione dell’impugnazione in esame, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C-352/98 P, Racc. pag. I-5291 , punto 34, nonché dell’8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C-248/99 P, Racc. pag. I-1 , punto 68). Orbene, come sottolineato dalla Commissione nel suo controricorso, il secondo motivo è formulato in maniera astratta e non indica i punti contestati della sentenza impugnata. Il solo elemento identificativo è il riferimento al quarto motivo del ricorso di primo grado, che verteva sull’illegittimità della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per violazione dei principi nemo tenetur se ipsum accusare, nemo tenetur se ipsum prodere, in dubio pro reo e di proporzionalità. Ebbene, tale motivo appare privo di attinenza con il secondo motivo di impugnazione. Da tali elementi risulta che il secondo motivo è troppo oscuro per ricevere risposta e dev’essere dichiarato irricevibile. In ogni caso, nella parte in cui le ricorrenti censurano la mancata audizione di testimoni dinanzi al Tribunale, è sufficiente ricordare che, in un ricorso avverso una decisione della Commissione in materia di concorrenza, spetta in linea di principio al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi (v. sentenza Chalkor/Commissione, cit., punto 64). Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, le ricorrenti non hanno contestato i fatti esposti nella comunicazione negli addebiti, né hanno chiesto al Tribunale di procedere all’audizione di testimoni. Di conseguenza, il secondo motivo è irricevibile. Sul terzo motivo, vertente sull’invalidità dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 per violazione del principio di legalità Argomenti delle parti Con il terzo motivo, le ricorrenti richiamano il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso di primo grado e riguardante l’incompatibilità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 con il principio dello Stato di diritto e di precisione della legge applicabile (nulla poena sine lege certa) quale risulta dall’articolo 7 della CEDU e dall’articolo 49 della Carta. Esse sostengono che è compito del legislatore stabilire esso stesso gli elementi essenziali delle materie che devono essere disciplinate. A seguito del Trattato di Lisbona, tale principio sarebbe espressamente enunciato all’articolo 290, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TFUE, secondo cui «[g]li elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere». Le ricorrenti sostengono che la violazione del principio di legalità deriva dall’indeterminatezza della nozione di «impresa» utilizzata all’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. La Commissione e i giudici dell’Unione amplierebbero eccessivamente la portata di tale nozione attraverso il concetto di entità economica, completamente avulso dalla nozione di persona giuridica che ha certamente ispirato il legislatore dell’Unione. Secondo le ricorrenti, l’uso della nozione di «impresa» lede i diritti della società controllante solidalmente responsabile in mancanza di qualunque riferimento concreto e dettagliato in una legge formale. La violazione del principio di legalità deriverebbe inoltre dall’indeterminatezza delle sanzioni inflitte in caso di violazioni delle norme di concorrenza. Secondo le ricorrenti, la gravità e la durata dell’infrazione non costituiscono criteri sufficientemente precisi. Gli orientamenti del 1998 e la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non costituirebbero un rimedio, dato che non sono vincolanti, come la Corte avrebbe dichiarato nella sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer ( C-360/09, Racc. pag. I-5161 , punto 23). Quanto alla soglia del 10% del fatturato, che l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 indica come limite massimo dell’ammenda, essa sarebbe variabile e dipenderebbe in particolare dalla prassi decisionale della Commissione e dalle società cui l’infrazione è imputata, sarebbe legata all’impresa e non alla condotta e non costituirebbe un «limite massimo calcolabile e assoluto», come erroneamente affermato dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata. Infine, neppure la competenza estesa al merito sarebbe idonea a ovviare all’assenza di precisione della legge, senza contare il fatto che tale competenza esiste solo in teoria e non è generalmente esercitata dal Tribunale. La Commissione e il Consiglio sostengono che l’articolo 290 TFUE non è pertinente per valutare la legittimità dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. Per quanto riguarda la mancanza di precisione del termine «impresa» utilizzato all’articolo 23 di tale regolamento, il Consiglio fa valere che si tratta di un argomento nuovo e, dunque, irricevibile. Inoltre, la Commissione e il Consiglio osservano che la suddetta nozione di «impresa» è stata precisata dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione, il che sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. A loro giudizio, l’argomento riguardante l’asserita indeterminatezza della sanzione deve essere respinto anche alla luce della giurisprudenza relativa all’articolo 15 del regolamento n. 17 e all’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. Giudizio della Corte Con il terzo motivo, le ricorrenti censurano la risposta fornita dal Tribunale al primo motivo del ricorso di primo grado, senza tuttavia precisare quali siano i punti della sentenza impugnata contestati. Poiché questo motivo del ricorso è stato affrontato dal Tribunale ai punti da 93 a 116 della sentenza impugnata, occorre fare riferimento a tale parte della medesima. Orbene, dall’esame tanto della sentenza impugnata quanto del ricorso di primo grado emerge che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 139 delle sue conclusioni, l’argomento vertente sull’indeterminatezza della nozione di «impresa» alla luce del principio di legalità non è stato sollevato dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale, né è stato esaminato da quest’ultimo. Ne consegue che tale argomento dev’essere dichiarato irricevibile, dato che, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è in linea di principio limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita ai motivi discussi dinanzi al giudice di merito (sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C-380/09 P, punto 92). Quanto all’argomento relativo all’indeterminatezza del livello delle ammende alla luce del principio di legalità, occorre ricordare che, come si è poc’anzi illustrato al punto 31 della presente sentenza, le disposizioni del Trattato di Lisbona non sono pertinenti per la valutazione di un motivo relativo a una decisione in materia di concorrenza adottata ancor prima della firma di tale Trattato. Di conseguenza, l’argomento vertente su una violazione dell’articolo 290 TFUE è inconferente. Il Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, senza commettere errori di diritto, ha ricordato che il principio di legalità postula che la legge definisca chiaramente gli illeciti e le pene che li reprimono (sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C-413/08 P, Racc. pag. I-5361 , punto 94). Al punto 99 di tale sentenza, ancora una volta senza commettere errori di diritto, esso ha ricordato i criteri di valutazione della chiarezza della legge secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, vale a dire che la chiarezza della legge si valuta con riguardo non solo al tenore della disposizione rilevante, ma anche alle precisazioni apportate da una giurisprudenza costante e pubblicata (v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenza G. c. Francia del 27 settembre 1995, serie A n. 325-B, § 25), e che il fatto che una legge conferisca un potere discrezionale non è di per sé incompatibile con l’esigenza di prevedibilità, a condizione che l’estensione e le modalità di esercizio di un potere siffatto vengano definite con sufficiente chiarezza, in considerazione del legittimo obiettivo in gioco, per fornire all’individuo una protezione adeguata contro l’arbitrio (Corte eur. D.U., sentenza Margareta e Roger Andersson c. Svezia del 25 febbraio 1992, serie A n. 226, § 75). Secondo la giurisprudenza della Corte, se è vero che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla Commissione un potere discrezionale, esso ne limita nondimeno l’esercizio stabilendo criteri oggettivi ai quali detta istituzione deve attenersi. Così, da un lato, l’importo dell’ammenda applicabile ad un’impresa è soggetto ad un limite massimo calcolabile e assoluto, sicché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta a una data impresa è determinabile anticipatamente. Dall’altro, l’esercizio di tale potere discrezionale è altresì limitato dalle regole di condotta che la Commissione si è essa stessa imposta nella comunicazione sulla cooperazione del 2002 e negli orientamenti del 1998. Inoltre, la prassi amministrativa nota e accessibile della Commissione è sottoposta al pieno sindacato del giudice dell’Unione, la cui giurisprudenza costante ha consentito di precisare le nozioni che il citato articolo 23, paragrafo 2, poteva contenere. Un operatore accorto può quindi, avvalendosi se del caso dei servizi di un consulente legale, prevedere in maniera sufficientemente precisa il metodo di calcolo e l’ordine di grandezza delle ammende in cui può incorrere per un comportamento determinato, e la circostanza che tale operatore non possa conoscere con precisione in anticipo il livello delle ammende che la Commissione infliggerà in ogni fattispecie non può costituire una violazione del principio di legalità delle pene (v. altresì, in tal senso, sentenza del 22 maggio 2008, Evonik Degussa/Commissione, C-266/06 P, punti da 50 a 55). Alla luce di tali elementi, occorre constatare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell’esaminare il potere discrezionale della Commissione alla luce, in particolare, dei criteri oggettivi, dei principi generali del diritto e degli orientamenti del 1998 ai quali la Commissione deve attenersi e nel concludere, al punto 116 della sentenza impugnata, che l’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, vertente su una violazione del principio di legalità delle pene, doveva essere respinta. Ne consegue che il terzo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato. Sul quarto motivo, vertente sull’invalidità degli orientamenti del 1998 a causa della carenza di competenza della Commissione in quanto organo legislativo Argomenti delle parti Con il quarto motivo, le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale secondo cui gli orientamenti del 1998 hanno «soltanto contribuito a precisare i limiti dell’esercizio del potere discrezionale della Commissione». Esse affermano che tali orientamenti, che, nella prassi, sono determinanti per la fissazione delle ammende, dovevano essere adottati dal Consiglio nella sua qualità di legislatore. Esse fanno riferimento, a questo riguardo, all’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, relativo alla delega di potere alla Commissione con atto legislativo. Le ricorrenti contestano altresì il punto 136 della sentenza impugnata e, in particolare, l’argomento del Tribunale secondo cui, alla luce della finalità dissuasiva delle ammende, giustamente il loro metodo di calcolo e il loro ordine di grandezza sono stati rimessi alla valutazione della Commissione. Così pronunciandosi, il Tribunale sacrificherebbe la conformità di una sanzione allo Stato di diritto in nome degli obiettivi di repressione e di dissuasione. La Commissione asserisce che gli orientamenti del 1998 non costituiscono la base giuridica delle ammende inflitte, ma si limitano a precisare l’applicazione, da parte della Commissione, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e a garantire una prassi amministrativa uniforme. Si tratterebbe dunque di mere disposizioni amministrative della Commissione che, in linea di principio, non vincolano i giudici dell’Unione (sentenza Chalkor/Commissione, cit., punto 62). Questo è quanto il Tribunale avrebbe indicato al punto 133 della sentenza impugnata. Gli orientamenti del 1998 non costituirebbero una legislazione delegata. In ogni caso, l’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, introdotto dopo l’adozione della decisione controversa, si limiterebbe a stabilire il modo in cui la delega di potere deve presentarsi in un settore particolare, non pertinente nella fattispecie, e non individuerebbe le ipotesi in cui un atto richiede una delega. Peraltro, dato che la disciplina di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 non viola il principio di precisione, la censura sarebbe ancor meno fondata con riferimento a una mancanza di precisione degli orientamenti del 1998. Giudizio della Corte Ancora una volta si deve ricordare che, come precisato al punto 31 della presente sentenza, le disposizioni del Trattato di Lisbona non sono pertinenti per la valutazione di un motivo relativo a una decisione in materia di concorrenza adottata ancor prima della firma di tale Trattato. In ogni caso, gli orientamenti del 1998 non costituiscono né una legislazione né una legislazione delegata ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, e neppure la base giuridica delle ammende inflitte in materia di concorrenza, che sono adottate sul solo fondamento dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. Gli orientamenti del 1998 enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni compatibili con il principio della parità di trattamento (v. sentenza del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C-397/03 P, Racc. pag. I-4429 , punto 91), e si limitano a descrivere il metodo di esame dell’infrazione seguito dalla Commissione e i criteri che quest’ultima si obbliga a prendere in considerazione nel determinare l’importo dell’ammenda (v. sentenza Chalkor/Commissione, cit., punto 60). Orbene, nessuna disposizione dei trattati vieta a un’istituzione di adottare una simile regola di condotta indicativa. Ne consegue che la Commissione era competente ad adottare gli orientamenti del 1998, ragion per cui il quarto motivo è infondato. Sul quinto motivo, vertente su una violazione dei principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento Argomenti delle parti Con il quinto motivo, le ricorrenti censurano i punti da 117 a 130 della sentenza impugnata. Esse sostengono che gli orientamenti del 1998, quand’anche validi, non possono trovare applicazione a causa di una violazione del principio di irretroattività. La giurisprudenza citata dal Tribunale al punto 125 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione non può essere privata della possibilità di aumentare l’entità delle ammende se ciò è necessario per l’efficace applicazione delle norme della concorrenza, e quella menzionata al punto 126 di tale sentenza, giusta la quale le imprese non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende precedentemente praticato né nel metodo di calcolo di queste ultime, sarebbero incompatibili con l’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, che vieta un inasprimento retroattivo delle sanzioni che non sia sufficientemente prevedibile. Secondo le ricorrenti, erroneamente il Tribunale ha dichiarato che il fatto che la sanzione non possa superare il 10% del fatturato costituisce una limitazione essenziale del potere discrezionale. Peraltro, il Tribunale non avrebbe potuto, da un lato, invocare la circostanza che gli orientamenti del 1998 hanno aumentato la prevedibilità della sanzione e, dall’altro, autorizzare la Commissione a modificarli retroattivamente a scapito delle imprese interessate. Le ricorrenti fanno infine valere che, poiché gli orientamenti del 1998 non sono una «legge» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, il divieto di retroattività deve a maggior ragione applicarsi alla prassi amministrativa della Commissione. La Commissione sostiene che il Tribunale si è conformato alla giurisprudenza della Corte (sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425 , punto 231) laddove ha concluso, ai punti 123 e 125 della sentenza impugnata, che non vi era violazione dei principi di irretroattività e di tutela del legittimo affidamento. Giudizio della Corte Come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 169 e 170 delle sue conclusioni, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel richiamare e applicare, ai punti da 118 a 129 della sentenza impugnata, la costante giurisprudenza dei giudici dell’Unione secondo cui né gli orientamenti del 1998 né la prassi della Commissione in tema di entità delle ammende inflitte in materia di concorrenza violano il principio di irretroattività o il principio di tutela del legittimo affidamento (v. citate sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punti 217, 218 e da 227 a 231; Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, punto 25, nonché dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C-3/06 P, Racc. pag. I-1331 , punti da 87 a 92). Ne consegue che il quinto motivo è infondato. Sul sesto motivo, vertente su una violazione del principio della presunzione d’innocenza Argomenti delle parti Con il sesto motivo, le ricorrenti fanno riferimento al dodicesimo motivo del ricorso di primo grado. Esse ritengono che la Commissione non rispetti i principi elementari in materia di imputazione delle infrazioni, ma consideri che la responsabilità di una società sorga dal momento in cui un qualsiasi collaboratore di una delle sue controllate si sia comportato in maniera contraria al diritto delle intese nell’ambito del suo rapporto lavorativo. Un simile modus operandi sarebbe contrario all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che presuppone che l’impresa abbia agito «intenzionalmente o per negligenza», nonché al principio della presunzione d’innocenza previsto all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. Secondo le ricorrenti, per stabilire i criteri di imputazione ad una persona giuridica dei comportamenti dei suoi rappresentanti legali o di altri collaboratori è necessaria una disposizione di legge. A seconda dei casi, l’imputazione delle infrazioni potrebbe richiedere una violazione del dovere di vigilanza. Tuttavia, il Tribunale avrebbe dichiarato, al punto 88 della sentenza impugnata, che la Schindler Holding ha fatto tutto il possibile per impedire comportamenti delle sue controllate contrari all’articolo 81 CE. La Commissione sostiene che le ricorrenti espongono un motivo che non avevano dedotto nel loro ricorso dinanzi al Tribunale e che, pertanto, dev’essere dichiarato irricevibile. In ogni caso, l’argomento si baserebbe sull’errata premessa secondo cui, nei confronti della società controllante, non sarebbe stata accertata alcuna infrazione. Giudizio della Corte Occorre rilevare che le ricorrenti fanno riferimento al dodicesimo motivo del ricorso di primo grado, senza, tuttavia, precisare i punti della sentenza impugnata da loro censurati, sebbene da costante giurisprudenza – richiamata al punto 43 della presente sentenza – emerga che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. In ogni caso, facendo riferimento all’ordine di esame dei motivi esposto dal Tribunale ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, si può supporre che la parte di tale sentenza oggetto del sesto motivo sia costituita dai punti da 63 a 92 di detta sentenza, nei quali il Tribunale ha esaminato il motivo attinente all’illegittimità della decisione controversa nella parte in cui vi si afferma la responsabilità in solido della Schindler Holding. Orbene, tali punti affrontano non la questione dell’imputazione, a una persona giuridica, del comportamento dei suoi rappresentanti legali o dei suoi collaboratori, bensì quella dell’imputazione, a una società controllante, del comportamento delle sue controllate. Se l’intenzione delle ricorrenti è di rimettere in discussione l’imputazione a una persona giuridica del comportamento dei suoi rappresentanti legali o dei suoi collaboratori, si tratta di un motivo nuovo, irricevibile nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 55 della presente sentenza, nel contesto di un’impugnazione la competenza della Corte è, in linea di principio, limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita ai motivi discussi dinanzi al giudice di merito. Da tali elementi risulta che il sesto motivo non precisa adeguatamente i punti censurati della sentenza impugnata, è troppo oscuro per ricevere risposta e, in ogni caso, è nuovo. Di conseguenza, è irricevibile. Sul settimo motivo, vertente su un errore di diritto nel riconoscimento della responsabilità solidale della Schindler Holding Argomenti delle parti Con il settimo motivo, le ricorrenti contestano i punti da 63 a 92 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto il dodicesimo motivo del ricorso di primo grado con cui le ricorrenti sostenevano l’insussistenza dei presupposti della responsabilità solidale della Schindler Holding per le infrazioni commesse dalle sue controllate. Esse fanno valere che la giurisprudenza della Corte e del Tribunale che ammette la responsabilità solidale della società controllante per le infrazioni commesse dalle sue controllate viola le normative nazionali delle società che, in linea di principio, non ammettono un’estensione della responsabilità di persone giuridiche giuridicamente distinte e rispettano il principio della limitazione della responsabilità degli azionisti e dei soci per i debiti della loro società. In particolare, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non contemplerebbero la responsabilità della società controllante esclusivamente sulla base della presunta influenza esercitata dalla direzione commerciale della medesima sulle sue controllate. Il principio della limitazione della responsabilità troverebbe riconoscimento anche nel diritto derivato dell’Unione. Le ricorrenti citano, a tale riguardo, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) ( GU L 294, pag. 1 ), a termini del quale «[l]a SE è una società il cui capitale è diviso in azioni. Ciascun azionista risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto». Esse richiamano altresì l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE) [COM (2008) 396 def.], secondo cui «un azionista risponde soltanto nei limiti del capitale che ha sottoscritto o ha accettato di sottoscrivere», nonché la dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio ( GU L 395, pag. 40 ). Secondo le ricorrenti, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE conferisce all’Unione competenza legislativa solamente per quanto riguarda la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. Le regole di imputazione nell’ambito della relazione tra la società controllante e la sua controllata sarebbero tuttora di competenza degli Stati membri. Le ricorrenti citano in proposito il paragrafo 57 delle conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak presentate nell’ambito della causa sfociata nella sentenza del 21 ottobre 2010, Idryma Typou ( C-81/09, Racc. pag. I-10161 ), nonché la sentenza del 16 dicembre 1997, Rabobank ( C-104/96, Racc. pag. I-7211 , punti da 22 a 28). Le ricorrenti contestano quindi il fatto che la responsabilità solidale della società controllante per le infrazioni commesse dalle sue controllate sia stata sviluppata dalla prassi decisionale, e non da un intervento del legislatore, richiesto dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE – come è avvenuto nel caso dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, che prevede la responsabilità in solido dei membri di un’associazione di imprese per l’ammenda inflitta a quest’ultima qualora tale associazione non sia solvibile. In subordine, le ricorrenti contestano la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione ( C-97/08 P, Racc. pag. I-8237 ), come intesa dal Tribunale, che conduce a una responsabilità oggettiva della società controllante. Secondo le ricorrenti, la società controllante deve essere chiamata a rispondere di un proprio comportamento colpevole, che potrebbe risultare dalla sua partecipazione personale a un’infrazione o da una violazione di determinati obblighi organizzativi esistenti all’interno del gruppo. La Schindler Holding non avrebbe tenuto un simile comportamento colpevole, in quanto avrebbe fatto tutto il possibile per evitare comportamenti contrari al diritto delle intese delle sue controllate, istituendo e sviluppando un programma di messa in conformità che sarebbe un modello del genere. In via ulteriormente subordinata, le ricorrenti sostengono che, anche applicando allo stesso modo del Tribunale i principi di responsabilità come fissati nella citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, occorre nondimeno negare la responsabilità della Schindler Holding, dato che le sue quattro controllate operavano in maniera autonoma nel loro rispettivo Stato membro e che la Schindler Holding non esercitava influenza sulle loro attività correnti. Le ricorrenti contestano il punto 86 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha ritenuto che le prove da esse fornite fossero insufficienti, senza tuttavia aver offerto loro la possibilità di presentare altre prove nel corso del procedimento giudiziario. Secondo le ricorrenti, il ricorso di primo grado conteneva elementi a sufficienza e spettava alla Commissione fornire la prova contraria. Le ricorrenti contestano altresì l’ampia interpretazione della nozione di «politica commerciale» adottata dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza della Corte, occorrerebbe fornire la prova di un comportamento autonomo e non di una politica commerciale in senso lato. Le ricorrenti contestano infine la valutazione, che ritengono paradossale, del Tribunale, il quale, al punto 88 della sentenza impugnata, deduce l’esercizio di un controllo della Schindler Holding sulle sue controllate dalla circostanza che era stato istituito un importante programma di messa in conformità a livello del gruppo e che il suo rispetto era appurato tramite verifiche periodiche e altre misure. La Commissione sostiene che la prima parte del settimo motivo è irricevibile in quanto le ricorrenti non censurano la sentenza impugnata ed espongono un nuovo motivo, vertente sul difetto di competenza dell’Unione. In ogni caso, tale argomentazione farebbe prevalere una nozione di impresa propria del diritto societario sulla nozione di impresa economica e funzionale vigente nel diritto della concorrenza dell’Unione e sarebbe infondata. Al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, non si tratterebbe di un regime di responsabilità per fatto altrui né di una responsabilità a titolo di regresso dei soci di persone giuridiche, ma di un regime di responsabilità derivante dal fatto che le società interessate costituiscono una sola impresa ai sensi dell’articolo 81 CE (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09, Racc. pag. I-8947 , punto 88). Questo regime si distinguerebbe quindi da quello previsto all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, che riguarda varie imprese. Quanto alla presunzione secondo cui la società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, la Commissione sostiene che essa si basa, come ogni principio di prova, su una relazione di causalità tipica, confermata dall’esperienza. Il fatto che sia difficile fornire la prova contraria necessaria per rovesciare una presunzione non implicherebbe, di per sé, che quest’ultima sia di fatto assoluta. Il ricorso a tale presunzione non determinerebbe neppure, nel caso di specie, un ribaltamento dell’onere della prova incompatibile con il principio della presunzione d’innocenza. Si tratterebbe di una regola probatoria e non di una regola sull’imputazione degli illeciti. Dalla giurisprudenza della Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo emergerebbe, peraltro, che una presunzione, pur se difficile da superare, resta entro limiti accettabili fintantoché sia proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esista la possibilità di fornire la prova contraria e che i diritti della difesa siano garantiti. La Commissione sostiene che le ricorrenti, con le loro semplici dichiarazioni non supportate da prove, non hanno rovesciato la presunzione secondo cui la società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. A suo parere, le istruzioni di messa in conformità nonché l’istituzione delle strutture organizzative ad esse correlate attestano, nella fattispecie, l’influenza determinante della Schindler Holding sulle sue controllate e non sono idonee ad esimerla dalla sua responsabilità. Nella loro memoria di replica, le ricorrenti sostengono che, come risulta dalla citata sentenza Elf Aquitaine/Commissione, la questione della legittimità, alla luce dell’articolo 6 della CEDU, della presunzione secondo cui la società controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata non è ancora risolta. Esse ricordano che, secondo il paragrafo 40 della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Klouvi c. Francia del 30 giugno 2011 (ricorso n. 30754/03), l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU dev’essere interpretato in modo da garantire diritti concreti ed effettivi, e non teorici e illusori. Orbene, la suddetta presunzione, come interpretata dal Tribunale, sarebbe impossibile da rovesciare. Si tratterebbe di una responsabilità collettiva, e non di una responsabilità per un proprio comportamento colpevole. Le ricorrenti fanno al riguardo valere gli elementi di prova presentati al Tribunale. Le ricorrenti sostengono infine che il Tribunale era obbligato a controllare ex officio la motivazione della decisione controversa. Orbene, quest’ultima, in particolare ai punti 629, 630 e 631, sarebbe motivata solo superficialmente, il che non soddisfa il criterio individuato dalla Corte nella citata sentenza Elf Aquitaine/Commissione. Nella sua memoria di controreplica, la Commissione confuta questa argomentazione delle ricorrenti. Giudizio della Corte Con la prima parte del settimo motivo, le ricorrenti sostengono che la giurisprudenza dei giudici dell’Unione viola il principio della responsabilità personale delle persone giuridiche. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, questo principio, pur rivestendo particolare importanza segnatamente sotto il profilo della responsabilità nella sfera del diritto civile, non può avere rilevanza nell’individuazione dell’autore di un’infrazione al diritto della concorrenza, il quale ha ad oggetto il comportamento concreto delle imprese. Gli autori dei trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di impresa per designare l’autore – sanzionabile in applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE, divenuti articoli 101 TFUE e 102 TFUE – di un’infrazione al diritto della concorrenza, e non la nozione di società o di persona giuridica utilizzata all’articolo 48 CE, divenuto articolo 54 TFUE. È a quest’ultima disposizione che il diritto derivato citato dalle ricorrenti fa riferimento, diritto che non è, quindi, pertinente per determinare l’autore di un’infrazione al diritto della concorrenza. La nozione di impresa è stata precisata dal giudice dell’Unione e designa un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche (v., in tal senso, citate sentenze Akzo Nobel e a./Commissione, punto 55, nonché Elf Aquitaine/Commissione, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che, dopo aver richiamato tale giurisprudenza al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, al punto 67 di tale sentenza, che, qualora un soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto a rispondere di tale infrazione. Con la seconda parte del settimo motivo, le ricorrenti sostengono che l’Unione non ha competenza legislativa per determinare le regole d’imputazione delle infrazioni nell’ambito della relazione tra una società controllante e la sua controllata e che spetta al legislatore, e non ai giudici dell’Unione, definire una regola giuridica così basilare come la nozione di autore di un’infrazione alle norme della concorrenza. Tuttavia, le ricorrenti non indicano gli elementi della sentenza impugnata che censurano e la lettura dei punti da 63 a 92 di tale sentenza non consente di trovare la minima allusione a un simile argomento. Quest’ultimo deve quindi essere dichiarato irricevibile in quanto nuovo o, in ogni caso, per la sua totale mancanza di precisione. Nella loro replica, le ricorrenti contestano il fondamento della giurisprudenza derivante dalla citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione alla luce dell’articolo 6 della CEDU, facendo valere che la questione della legittimità, rispetto a tale disposizione, della presunzione di un’influenza determinante esercitata sulla controllata da parte della società controllante non sarebbe tuttora risolta. La Corte ha tuttavia ricordato, al punto 62 della citata sentenza Elf Aquitaine/Commissione, che una presunzione, anche se difficile da superare, resta entro limiti accettabili fintantoché sia proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esista la possibilità di apportare la prova contraria e che i diritti della difesa siano garantiti (v., in tal senso, sentenza della Corte del 23 dicembre 2009, Spector Photo Group e Van Raemdonck, C-45/08, Racc. pag. I-12073 , punti 43 e 44, nonché Corte eur. D.U., sentenza Janosevic c. Svezia del 23 luglio 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-VII, § 101 e ss.). Orbene, la presunzione di un’influenza determinante esercitata sulla controllata detenuta totalmente o quasi totalmente dalla sua società controllante mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra, da un lato, l’importanza dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme della concorrenza, segnatamente all’articolo 81 CE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, le esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, in particolare, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, compreso il principio della parità delle armi (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., punto 59). Ne consegue che una presunzione siffatta è proporzionata al legittimo scopo perseguito. Inoltre, da un lato, tale presunzione si fonda sulla constatazione secondo la quale, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola detenzione, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può normalmente essere ricercata nel modo più utile nella sfera dei soggetti contro cui detta presunzione opera. Essa è tuttavia relativa e i soggetti che desiderano superare la presunzione di cui trattasi possono addurre tutti gli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla società controllante e che considerano atti a dimostrare che la controllata e la società controllante non costituiscono un’entità economica unica, ma che la controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenze del 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, C-286/98 P, Racc. pag. I-9925 , punto 29; Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 61, nonché Elf Aquitaine/Commissione, cit., punti 57 e 65). Infine, la società controllante dev’essere sentita dalla Commissione prima che questa adotti una decisione nei suoi confronti e tale decisione può essere soggetta al controllo del giudice dell’Unione, che deve pronunciarsi nel rispetto dei diritti della difesa. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto applicando, al punto 71 della sentenza impugnata, il principio della presunzione di responsabilità della società controllante per i comportamenti della sua controllata di cui detiene il 100% del capitale. Con la terza parte del settimo motivo, le ricorrenti contestano l’applicazione da parte del Tribunale della giurisprudenza derivante dalla citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, facendo valere che il Tribunale ha adottato, al punto 86 della sentenza impugnata, un’interpretazione troppo ampia della nozione di politica commerciale. Occorre tuttavia ricordare che, al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato, si deve prendere in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra tale controllata e la società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono dunque essere elencati in modo esaustivo (v., in tal senso, sentenze citate Akzo Nobel e a./Commissione, punti 73 e 74, nonché Elf Aquitaine/Commissione, punto 58). La politica commerciale è pertanto solo un elemento tra gli altri e inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non deve essere interpretata in maniera restrittiva. Le ricorrenti sostengono altresì, in sostanza, che non può affermarsi la responsabilità della Schindler Holding dato che questa aveva istituito un programma di messa in conformità. Anche ammettendo che tale argomento sia ricevibile in quanto diretto contro un criterio di valutazione utilizzato dal Tribunale, è sufficiente constatare che quest’ultimo non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, al punto 88 della sentenza impugnata, che l’adozione da parte della Schindler Holding di un codice di condotta diretto ad impedire le violazioni, da parte delle sue controllate, del diritto della concorrenza e degli orientamenti ad esso relativi, da un lato, non muta in nulla la realtà dell’infrazione rilevata nei suoi confronti e, dall’altro, non consente di dimostrare che dette controllate determinassero autonomamente la loro politica commerciale. Come il Tribunale ha correttamente, e fra l’altro senza contraddirsi, dichiarato al punto 88 della sentenza impugnata, l’applicazione del menzionato codice di condotta sembra semmai indicare che la società controllante esercitava un controllo effettivo sulla politica commerciale delle sue controllate. Il fatto che taluni dei dipendenti delle sue controllate non si siano conformati al codice di condotta medesimo non è sufficiente a dimostrare il carattere autonomo della politica commerciale delle controllate in questione. Le ricorrenti contestano infine la valutazione del Tribunale, di cui al punto 86 della sentenza impugnata, secondo la quale esse non hanno presentato elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni e, in ogni caso, simili affermazioni non sarebbero sufficienti per superare la presunzione di un’influenza determinante esercitata sulle controllate da parte della società controllante. Occorre tuttavia ricordare che la valutazione delle prove compete al Tribunale e che non spetta alla Corte sindacarla nell’ambito di un’impugnazione. Da tutte le precedenti considerazioni risulta che il settimo motivo dev’essere respinto, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione del limite superiore dell’ammenda previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 Argomenti delle parti Con l’ottavo motivo, le ricorrenti contestano i punti da 362 a 364 della sentenza impugnata. Esse considerano errato in diritto l’argomento secondo cui una società madre e le sue controllate costituiscono un’unica impresa ed occorre, di conseguenza, riferirsi al fatturato del gruppo per fissare l’insieme delle ammende. La Commissione ritiene che l’ottavo motivo sia infondato per i motivi da essa esposti nell’ambito del settimo motivo. Giudizio della Corte Come si è poc’anzi affermato in risposta al settimo motivo, l’argomento secondo cui una società controllante e le sue controllate possono costituire, e costituiscono nel caso di specie, un’unica impresa non è errato in diritto. L’ottavo motivo deve pertanto essere respinto. Sul nono motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà Argomenti delle parti Con il nono motivo, le ricorrenti contestano i punti da 185 a 196 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto il sesto motivo dedotto nel ricorso di primo grado. Esse sostengono che la fissazione delle ammende produce, in violazione del diritto internazionale, gli stessi effetti di un’espropriazione. Pronunciandosi come ha fatto, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta e l’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU. Esso non avrebbe verificato, erroneamente, se l’ammenda di cui trattasi potesse essere considerata proporzionata alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, segnatamente della sentenza di quest’ultima Mamidakis c. Grecia dell’11 gennaio 2007 (ricorso n. 35533/04), ma avrebbe fatto unicamente riferimento alla propria giurisprudenza e a quella della Corte, mentre, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sarebbe stato tenuto a sottoporre la propria giurisprudenza precedente a un vaglio critico alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Peraltro, il ragionamento del Tribunale si baserebbe su una premessa errata, ossia che la Schindler Holding e le sue controllate formano un’entità economica. La Commissione fa valere che, nel ricorso di primo grado, le ricorrenti non avevano invocato il diritto di proprietà come diritto fondamentale. Ciò spiegherebbe perché il Tribunale non si sia pronunciato sulla Carta o sulla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Mamidakis c. Grecia. In ogni caso, il controllo di proporzionalità compiuto dal Tribunale ai punti da 191 a 195 della sentenza impugnata sarebbe lo stesso effettuato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua citata sentenza Mamidakis c. Grecia. Giudizio della Corte Come ricordato dalla Corte al punto 32 della presente sentenza, fintantoché l’Unione non abbia aderito alla CEDU, quest’ultima non costituisce un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, i diritti fondamentali, fra i quali rientra il diritto di proprietà, costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce il rispetto (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1979, Hauer, 44/79, Racc. pag. 3727 , punti 15 e17). La tutela del diritto di proprietà è peraltro prevista all’articolo 17 della Carta. Nella fattispecie, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver effettuato il controllo di proporzionalità alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare della sua citata sentenza Mamidakis c. Grecia, ma di essersi riferito unicamente alla propria giurisprudenza e a quella della Corte. A tale riguardo, si deve preliminarmente rilevare che le ricorrenti non hanno mai invocato la tutela del diritto di proprietà in quanto diritto fondamentale. Al contrario, le ricorrenti hanno precisato, al punto 97 del loro ricorso di primo grado, che «poco importa sapere se e in quale misura la Comunità europea tuteli già la proprietà privata delle imprese, per esempio, nell’ambito dei diritti fondamentali». Esse invocavano invece, al medesimo punto 97, lo «standard di tutela propria del diritto internazionale in favore di operatori esteri che investono nella Comunità europea». Ne consegue che le ricorrenti non possono censurare il Tribunale per non aver risposto a motivi che non hanno dedotto. Peraltro, esse non sostengono che il Tribunale sarebbe stato tenuto a procedere ex officio al controllo della proporzionalità alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In ogni caso, nella parte in cui le ricorrenti lamentano una violazione della Carta, esse possono dimostrare un errore di diritto nel controllo effettuato dal Tribunale solamente provando che questo non ha attribuito al diritto di proprietà lo stesso senso e la stessa portata conferitigli dalla CEDU. Quanto alla presa in considerazione della Schindler Holding e delle sue controllate come entità economica, è sufficiente rilevare che non si tratta di una premessa erronea del ragionamento del Tribunale, ma di un principio fondamentale del diritto della concorrenza che costituisce oggetto di costante giurisprudenza, come si è poc’anzi ricordato ai punti da 101 a 103 della presente sentenza in risposta al settimo motivo. La definizione dell’autore di un’infrazione al diritto della concorrenza, infatti, viene data facendo riferimento ad entità economiche, anche se queste, da un punto di vista giuridico, sono costituite da più persone fisiche o giuridiche. Occorre di conseguenza respingere il nono motivo. Sul decimo motivo, vertente su una violazione degli orientamenti del 1998, in quanto gli importi di partenza utilizzati per il calcolo dell’ammenda sarebbero troppo elevati Argomenti delle parti Con il decimo motivo, le ricorrenti contestano i punti da 197 a 270 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto il settimo motivo del ricorso di primo grado. Esse ritengono che il Tribunale abbia applicato in maniera errata la giurisprudenza relativa agli orientamenti del 1998 e abbia a torto ritenuto che l’impatto delle infrazioni non fosse misurabile. Le ricorrenti sostengono, da un lato, di aver fornito indizi della mancanza di impatto o dell’impatto ridotto degli accordi in questione e, dall’altro, che tale impatto avrebbe potuto essere determinato tramite una perizia econometrica. Poiché la Commissione non ha prodotto una simile perizia, il Tribunale avrebbe dovuto adottare esso stesso misure istruttorie ed esercitare la propria competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. La Commissione confuta l’argomentazione delle ricorrenti. Giudizio della Corte Con il decimo motivo, le ricorrenti non contestano la classificazione delle infrazioni tra le «infrazioni molto gravi» esclusivamente sulla natura delle stesse e sulla loro estensione geografica, come risulta al punto 671 della decisione controversa, richiamato al punto 217 della sentenza impugnata, ma censurano unicamente la valutazione del Tribunale secondo cui l’impatto concreto dell’intesa non era misurabile. Orbene, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 178 delle sue conclusioni, da giurisprudenza ben consolidata emerge che, anche se l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato è un elemento da prendere in considerazione per valutarne la gravità, si tratta di uno tra più criteri, quali la natura propria dell’infrazione e l’estensione del mercato geografico (v., in tal senso, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 129). Ne consegue che l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è, di per sé, un criterio decisivo ai fini della valutazione dell’importo adeguato dell’ammenda. In particolare, elementi attinenti all’intenzionalità possono essere più rilevanti di quelli relativi a detti effetti, soprattutto quando si tratti di infrazioni intrinsecamente gravi, quali la ripartizione dei mercati, elemento presente nel caso di specie (sentenze del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C-194/99 P, Racc. pag. I-10821 , punto 118; del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C-534/07 P, Racc. pag. I-7415 , punto 96, nonché del 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commissione, C-554/08 P, punto 44). Peraltro, dal punto 1, parte A, primo comma, degli orientamenti del 1998 emerge che tale impatto è da prendere in considerazione solo se misurabile (sentenze del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C-511/06 P, Racc. pag. I-5843 , punto 125, nonché Prym e Prym Consumer/Commissione, cit., punto 74). Di conseguenza, se il Tribunale avesse tenuto conto dell’impatto concreto dell’infrazione di cui trattasi sul mercato, ammesso che tale impatto fosse effettivamente misurabile, lo avrebbe fatto ad abundantiam (v., in tal senso, ordinanza del 13 dicembre 2012, Transcatab/Commissione, C-654/11 P, punto 43, nonché sentenza del 13 giugno 2013, Versalis/Commissione, C-511/11 P, punti 83 e 84). Ne consegue che il decimo motivo, quand’anche fondato, non può rimettere in discussione la valutazione del Tribunale, al punto 232 della sentenza impugnata, secondo cui occorreva respingere gli argomenti che contestavano la legittimità della qualificazione come «molto gravi» delle infrazioni constatate all’articolo 1 della decisione controversa. Tale motivo è dunque inconferente. Sull’undicesimo motivo, vertente su una violazione degli orientamenti del 1998 a causa di riduzioni troppo lievi delle ammende per circostanze attenuanti Argomenti delle parti Con l’undicesimo motivo, le ricorrenti contestano i punti da 271 a 279 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha giustificato la decisione della Commissione di non prendere in considerazione, quale circostanza attenuante, la cessazione volontaria dell’infrazione da parte del gruppo Schindler in Germania invocando il fatto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, una circostanza attenuante ai sensi del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti del 1998 può essere concessa solo nel caso in cui si sia posto fine all’infrazione a causa dell’intervento della Commissione. Secondo le ricorrenti, la valutazione del Tribunale non è conforme alla citata sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, avente ad oggetto un’intesa alla quale tutti i partecipanti avevano posto fine prima di qualsiasi intervento della Commissione, mentre, nella fattispecie, una sola impresa si era ritirata dall’intesa. Peraltro, l’argomento secondo cui una cessazione volontaria dell’infrazione è già sufficientemente presa in considerazione nella durata della medesima sarebbe errato. Infine, la valutazione del Tribunale, al punto 275 della sentenza impugnata, secondo cui la manifesta illegittimità degli accordi osta al riconoscimento di una circostanza attenuante sarebbe supportata solamente da sentenze del Tribunale, ma non da sentenze della Corte. Le ricorrenti contestano altresì il punto 282 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui occorrerebbe tener conto, a titolo di circostanza attenuante, del programma di messa in conformità adottato dal gruppo Schindler. Secondo le ricorrenti, non è dirimente stabilire se misure di messa in conformità siano idonee a «mutare la realtà di un’infrazione». Rileverebbe solamente il fatto che, adottando misure interne, il gruppo Schindler ha voluto evitare infrazioni e che la Schindler Holding ha, segnatamente, fatto tutto quel che poteva a tal fine. La riduzione di ammenda dovrebbe essere a maggior ragione importante in quanto uno degli effetti secondari del sistema di messa in conformità adottato dal gruppo Schindler è quello di rendere più difficile la scoperta, al proprio interno, di infrazioni che malgrado tutto venissero commesse, poiché i collaboratori che violano tale sistema sono minacciati di sanzioni severe. La Commissione fa valere che le ricorrenti non contestano le affermazioni espresse al punto 276 della sentenza impugnata, relativo alle circostanze in cui le ricorrenti hanno posto fine all’infrazione, ossia il fatto che esse hanno abbandonato l’intesa unicamente a motivo di un disaccordo con gli altri partecipanti, dovuto al rifiuto di questi ultimi di concedere alle medesime una quota di mercato superiore. Quanto alla considerazione del programma di messa in conformità, la Commissione sostiene che la ricompensa spettante a un programma siffatto è, idealmente, l’assenza di comportamenti anticoncorrenziali, ma non una riduzione dell’ammenda per una partecipazione ad un’intesa che ha comunque avuto luogo. Giudizio della Corte Con un accertamento di fatto che non spetta alla Corte sindacare, il Tribunale ha dichiarato, al punto 276 della sentenza impugnata, che il gruppo Schindler ha «abbandonato l’intesa, secondo quanto emerge dagli atti, unicamente a motivo di un disaccordo con gli altri partecipanti, dovuto al loro rifiuto di conceder[gli] una quota di mercato superiore». Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti 274 e 275 della sentenza impugnata e a questa valutazione di fatto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel respingere l’argomento delle ricorrenti relativo alla cessazione volontaria dell’infrazione. Quanto al programma di conformità istituito dal gruppo Schindler, esso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 185 delle sue conclusioni, non ha manifestamente avuto effetto positivo e, anzi, ha reso più difficile la scoperta delle infrazioni di cui trattasi. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto respingendo l’argomento delle ricorrenti a questo riguardo. Di conseguenza, l’undicesimo motivo è infondato. Sul dodicesimo motivo, vertente su una violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 a causa di riduzioni troppo lievi dell’importo delle ammende a titolo di cooperazione Argomenti delle parti Con il dodicesimo motivo, le ricorrenti contestano i punti da 287 a 361 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto il nono motivo del ricorso di primo grado. In primo luogo, esse contestano l’entità troppo esigua delle riduzioni dell’importo delle ammende e le disparità di trattamento nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Esse confutano in particolare il punto 296 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che la Commissione dispone di un margine di valutazione sostanziale, e il punto 300 di tale sentenza, ove ha statuito che solo il manifesto superamento di tale margine può essere censurato. Secondo le ricorrenti, un siffatto margine di valutazione non esiste e il Tribunale era obbligato a verificare integralmente la decisione controversa per quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’ammenda, in tal modo esercitando la competenza estesa al merito riconosciutagli dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Peraltro, erroneamente il Tribunale ha respinto, al punto 309 della sentenza impugnata, la dichiarazione fornita dalle ricorrenti alla Commissione. Infine, ai punti da 312 a 319 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe applicato in modo errato il principio della parità di trattamento nei confronti delle prove che erano state fornite dalle ricorrenti. In secondo luogo, le ricorrenti contestano i punti da 350 a 361 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto la parte del nono motivo del ricorso di primo grado in cui facevano valere che una riduzione dell’ammenda dell’1% per la loro cooperazione al di fuori della comunicazione sulla cooperazione del 2002 era troppo esigua, in quanto esse non avevano contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. Esse ritengono che il ragionamento del Tribunale sia errato e contraddittorio rispetto alla giurisprudenza anteriore. La Commissione ritiene che il Tribunale abbia correttamente esposto, al punto 308 della sentenza impugnata, la ragione per cui la dichiarazione delle ricorrenti non era significativa, il che rappresenta una condizione necessaria per una riduzione di ammenda ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Si tratterebbe di una valutazione di fatto, non sindacabile dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione. Quanto all’argomento vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, la Commissione sostiene che le ricorrenti passano sotto silenzio le «spiegazioni dettagliate sul sistema» fornite da una delle imprese partecipanti all’intesa, che giustificano il valore aggiunto significativo della domanda di trattamento favorevole di tale impresa. Per quanto riguarda i punti da 350 a 361 della sentenza impugnata, la Commissione fa valere che la circostanza attenuante a titolo del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998 non è volta a ricompensare malgrado tutto domande di trattamento favorevole che non sono state accolte o che sono state soddisfatte in maniera insufficiente, poiché ciò rimetterebbe in discussione l’effetto incentivante della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e gli obblighi di cooperazione derivanti da tale comunicazione, dato che vengono concesse riduzioni scaglionate solo se, per l’appunto, è stato apportato un «valore aggiunto significativo» e in funzione della data della cooperazione. Giudizio della Corte È importante ricordare che il giudice dell’Unione, quando esercita il controllo della legittimità di una decisione che infligge ammende per violazione delle norme di concorrenza, non può far leva sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione – né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti del 1998 né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi – al fine di rinunciare ad esercitare un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (sentenza Chalkor/Commissione, cit., punto 62). Una regola siffatta si applica anche quando il giudice verifica la corretta applicazione, da parte della Commissione, della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Anche se i principi espressi dal Tribunale ai punti da 295 a 300 non corrispondono a tale giurisprudenza, occorre tuttavia esaminare il modo in cui il Tribunale ha svolto il proprio controllo nella presente causa per verificare se abbia violato detti principi. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 191 delle sue conclusioni, ciò che conta è il criterio che il Tribunale ha effettivamente applicato per esaminare concretamente il valore aggiunto apportato dalla cooperazione dell’impresa interessata con la Commissione. Ai punti da 301 a 349 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato gli elementi di prova presentati dalle ricorrenti al fine di determinare se questi avessero apportato un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Anche se tale esame contiene valutazioni di fatto che non spetta alla Corte sindacare nell’ambito di un’impugnazione, si deve rilevare che il Tribunale ha proceduto a un controllo approfondito nel quale ha esso stesso esaminato gli elementi di prova, senza fare riferimento al potere discrezionale della Commissione e motivando dettagliatamente la propria decisione. Con riferimento alle censure relative ai punti 309 e da 312 a 319 della sentenza impugnata, si deve constatare che esse rimettono in questione valutazioni di fatto del Tribunale che non spetta alla Corte controllare nell’ambito di un’impugnazione. In ogni caso, il principio della parità di trattamento non osta a che solo l’impresa che apporta un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 sia trattata favorevolmente, dato che lo scopo di tale disposizione è legittimo. Quanto alla censura riguardante i punti da 350 a 361 della sentenza impugnata, occorre dichiararla infondata per il motivo esposto dalla Commissione e ripreso al punto 154 della presente sentenza. Di conseguenza, il dodicesimo motivo è infondato. Sul tredicesimo motivo, vertente sul carattere sproporzionato dell’importo delle ammende Argomenti delle parti Con il tredicesimo motivo, le ricorrenti contestano i punti da 365 a 372 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha respinto il decimo motivo dedotto nel ricorso di primo grado. Esse ritengono che la premessa del ragionamento del Tribunale sia errata, poiché le infrazioni non sono imputabili alla Schindler Holding. Peraltro, un’ammenda non dovrebbe essere considerata proporzionata solo perché non supera il limite del 10% del fatturato. Dall’articolo 49 della Carta risulterebbe che l’esame della proporzionalità dell’ammenda costituisce un aspetto distinto che si aggiunge alla verifica del rispetto del limite del 10% del fatturato. Esse richiamano in proposito la citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Mamidakis c. Grecia, nella quale detta Corte ha considerato sproporzionata un’ammenda di importo complessivo pari a circa EUR 8 milioni. La Commissione sostiene che il tredicesimo motivo è infondato. Giudizio della Corte Da costante giurisprudenza risulta che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte ad imprese in seguito alla violazione, da parte di queste ultime, del diritto dell’Unione (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 245). Soltanto nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inappropriato, ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale a causa del carattere incongruo dell’importo di un’ammenda (sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C-89/11 P, punto 126). Nella fattispecie, il Tribunale non si è limitato a verificare che l’importo delle ammende non superasse il limite del 10% del fatturato previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, ma ha proceduto, ai punti da 368 a 370 della sentenza impugnata, a un esame approfondito della proporzionalità delle ammende. Quanto alla censura relativa alla presa in considerazione del fatturato della Schindler Holding, essa si basa su una premessa errata circa la legittimità del ricorso alla nozione di impresa, come dimostrato in risposta al settimo motivo. Per quanto riguarda il riferimento alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Mamidakis c. Grecia, ammesso che questa sia pertinente in una causa in materia di concorrenza che coinvolge una società commerciale e le sue controllate e non una persona fisica, occorre sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 214 delle sue conclusioni, non è possibile stabilire, prendendo in considerazione solamente l’importo nominale di un’ammenda, se questa determini un aggravio sproporzionato per il suo destinatario. Ciò dipende anche, in particolare, dalla capacità contributiva di quest’ultimo. Si deve in proposito sottolineare che, nel caso in cui siano inflitte ammende a un’impresa che costituisce un’unità economica e che è solo formalmente composta da più persone giuridiche, la capacità contributiva di queste ultime non può essere presa in considerazione in maniera individualizzata. In tale contesto, correttamente il Tribunale – tenendo conto della gravità delle pratiche interessate, delle dimensioni nonché della potenza economica del gruppo Schindler – ha rilevato, al punto 370 della sentenza impugnata, che l’importo complessivo delle ammende irrogate alle ricorrenti rappresenta all’incirca il 2% del loro fatturato consolidato nel 2005, il che non può considerarsi sproporzionato rispetto alle dimensioni del gruppo interessato. Risulta da tali elementi che il tredicesimo motivo è infondato. Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta. Sulle spese A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. Dato che il Consiglio non ha chiesto la condanna delle ricorrenti, ma ha domandato alla Corte di pronunciarsi in maniera appropriata sulle spese, esso sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Schindler Holding Ltd, la Schindler Management AG, la Schindler SA, la Schindler Sàrl, la Schindler Liften BV e la Schindler Deutschland Holding GmbH sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

61984CJ0300

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Ved kendelse af 11. december 1984, indgået til Domstolen den 19. december s.a., har Raad van Beroep, Utrecht, i medfør af EØF-traktatens artikel 177 forelagt seks præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af traktatens artikler 52 og 53 samt af en række bestemmelser i Rådets forordning nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT 1971 II, s. 366), som ændret ved Rådets forordning nr. 1390/81 af 12. maj 1981 om udvidelse af forordning nr. 1408/71 til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer ( EFT L 143, s. 1 ). Disse spørgsmål blev rejst under en sag mellem A. J. M. van Roosmalen (herefter benævnt sagsøgeren i hovedsagen) og Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Zeist (Nederlandene), ved direktionen (herefter benævnt sagsøgte i hovedsagen), vedrørende sidstnævntes afvisning af den af sagsøgeren i hovedsagen indgivne ansøgning om invalidepension i medfør af Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW — lov om almindelig uarbejdsdygtighed, Staatsblad 1975, nr. 674). Som det fremgår af forelæggelseskendelsen, er sagsøgeren i hovedsagen, der er romerskkatolsk præst tilhørende Norbertiner-ordenen (også kaldet præmonstratenserordenen), nederlandsk statsborger, født i Oost-, West- en Middelbeers kommune, hvor han havde bopæl indtil december 1945. Da han herefter flyttede til Postel (Belgien), som ligger lige på den anden side af den belgisknederlandske grænse, for at studere ved et kloster tilhørende Norbertiner-ordenen, blev han slettet af folkeregisteret i ovennævnte kommune. I perioden 1955-1980 var han udsendt som missionær til Belgisk Congo, siden 1960 Zaire. Under sin ferie i Nederlandene i 1977 og 1980 tilmeldte sagsøgeren i hovedsagen sig igen folkeregisteret i ovennævnte nederlandske kommune. Det bemærkes, at sagsøgeren under sit ophold i Zaire ikke skulle betale skat af løn eller anden indtægt i Nederlandene, mens han under sit ferieophold i Nederlandene skulle svare skat af de ydelser, som han fik udbetalt i henhold til Algemene Bijstandswet (ABW — Staatsblad 1963, nr. 284). I 1977, under sin ferie i ovennævnte kommune, tegnede han en frivillig forsikring i henhold til artikel 77 i AAW, som trådte i kraft den 1. oktober 1976, til gunst for personer, som er beskæftiget i et udviklingsland. I henhold til loven omfatter forsikringen principielt enhver person, som har bopæl på kongeriget Nederlandenes område i Europa. AAW's artikel 77 bestemmer imidlertid, at ikke blot tidligere forsikrede, men også personer, som er fyldt 15 år, og som inden 1. oktober 1976 har haft bopæl i Nederlandene, kan indbetale bidrag for de perioder, for hvilke de ikke er forsikrede, såfremt de tager ophold i et udviklingsland — herunder Zaire — for dér at udøve en beskæftigelse. Ifølge artikel 13 i Koninklijk Besluit af 19. november 1976 (Stb. 622), som er udstedt til gennemførelse af AAW's artikel 77, omfatter muligheden for at tegne en frivillig forsikring i henhold til AAW også personer, som den 1. oktober 1976 allerede var beskæftiget i et udviklingsland, og som efter at være fyldt 15 år har haft bopæl i Nederlandene. Efter at have pådraget sig en invaliderende sygdom i Zaire vendte sagsøgeren i hovedsagen i marts 1981 tilbage til Oost-, West- en Middelbeers kommune, hvor han med virkning fra 12. januar 1982 modtog invalidepension fra sagsøgte i hovedsagen i henhold til AAW. Efter at have fået kendskab til, at sagsøgeren i hovedsagen havde taget fast bopæl i Postel den 2. juli 1982, besluttede sagsøgte i hovedsagen ved afgørelse af 8. december 1982 at stille udbetalingen af disse ydelser i bero med virkning fra 1. december 1982 med den begrundelse, at sagsøgeren i hovedsagen ikke opfyldte opholdskravet i henhold til artikel 10 i ovennævnte Koninklijk Besluit af 19. november 1976. Bestemmelsen lyder således: »1. Enhver, som anses for forsikret, har som undtagelse fra lovens artikel 6 først ret til ydelser for uarbejdsdygtighed, når han her i landet i en uafbrudt periode på 52 uger har været uarbejdsdygtig, og hvis han efter denne periode fortsat er uarbejdsdygtig. 2. Såfremt det kan godtgøres over for Bedrijfsvereniging, at uarbejdsdygtigheden indtrådte inden den dag, den, som anses for forsikret, igen bosatte sig i landet, har han ret til tildeling af ydelser for uarbejdsdygtighed, når han i nævnte tidsrum har været uarbejdsdygtig i en uafbrudt periode på 52 uger, og hvis han fortsat er uarbejdsdygtig, idet det yderligere gælder, at ydelserne først kan tildeles med virkning fra den dag, da han igen bosatte sig i landet.« Sagsøgeren i hovedsagen anlagde sag til prøvelse af ovennævnte afgørelse ved Raad van Beroep, Utrecht, nærede alvorlig tvivl om, hvorvidt dette opholdskrav var i overensstemmelse med fællesskabsretten, og derfor ved kendelse af 11. december 1984 forelagde Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1) Er det i strid med artikel 52 eller 53 i traktaten om oprettelse af EØF eller andre fællesskabsretlige bestemmelser, at der ifølge en EØF-medlemsstats lovbestemmelser, hvorefter medlemsstatens borgere har mulighed for frivilligt at forsikre sig mod de økonomiske følger af uarbejdsdygtighed, som opstår under beskæftigelse i et udviklingsland uden for EØF, som supplerende betingelse for retten til ydelser af kontrolhensyn stilles krav om, at den forsikrede efter forsikringsbegivenhedens indtræden skal have haft bopæl eller opholdssted i netop denne medlemsstat i en uafbrudt periode på 52 uger, inden der erhverves ret til ydelser, uden at bopæl eller opholdssted i en anden medlemsstat efter forsikringsbegivenhedens indtræden kan ligestilles med bopæl eller opholdssted i førstnævnte medlemsstat? 2) Skal de i artikel 1, litra a ii), i forordning nr. 1408/71 fastsatte kriterier, som omfatter de i bilag I nævnte kriterier, ligeledes anvendes for at afgøre, om en person inden for rammerne af en social sikringsordning for samtlige indbyggere ’udøver lønnet virksomhed eller selvstændig virksomhed’, jfr. artikel 1, litra a iv), eller har denne formulering en anden selvstændig betydning og i bekræftende fald hvilken? 3) Omfatter begrebet ’selvstændig’, jfr. bl. a. artikel 1, litra a ii), i forordning nr. 1408/71, også personer, som inden for rammerne af en social sikringsordning for samtlige indbyggere kan støtte ret til ydelser på arbejdsindtægter, som ikke i henhold til national lov anses for indtægter fra tjenesteydelser eller selvstændig virksomhed? 4) Omfatter begrebet ’selvstændig’, jfr. bl. a. artikel 1, litra a ii) i forordning nr. 1408/71, eller begrebet ’selvstændig virksomhed’, jfr. artikel 1, litra a iv), også personer, som inden for rammerne af en ordning for samtlige indbyggere udøver en beskæftigelse, hvad enten denne er omfattet af ordningen for fortsat frivillig forsikring eller ikke, selv om disse personer ikke i henhold til national lov anses for arbejdstagere eller selvstændige, men, for så vidt angår den frivillige forsikring, nyder samme beskyttelse som de ’virkelige’ arbejdstagere og selvstændige? 5) Skal en lovbestemt ordning, som omfatter områder uden for EØF, anses for ’lovgivning’ i den i artikel 2 i forordning nr. 1408/71 anførte betydning? Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, betyder det da, at arbejdstagere eller selvstændige, som udelukkende har været omfattet af denne lovgivning på grund af virksomhed uden for EØF's område, har ret til beskyttelse efter forordning nr. 1408/71? 6) Såfremt der ifølge en national lovbestemmelse ikke tildeles ydelser, fordi den pågældende ikke har været uarbejdsdygtig i den pågældende medlemsstat i en uafbrudt periode på 52 uger, er der da tale om, at en ydelse ikke har været fastsat på grund af bopæl, jfr. artikel 2, stk. 4, i forordning nr. 1390/81? Skal det foregående spørgsmål besvares anderledes, såfremt ’uarbejdsdygtig i den pågældende medlemsstat’ opfattes således, at den pågældende skal have haft bopæl i medlemsstaten?« Ved beslutning af 26. november 1985 har Domstolen henvist sagen til anden afdeling. Den nederlandske regering og Kommissionen for De europæiske Fællesskaber har indgivet skriftlige indlæg til Domstolen. Den forelæggende ret har stillet en række spørgsmål, idet den i det væsentlige ønsker afgjort, om en opholdsklausul som forudsætning for tildeling af invalidepension under de i sagen foreliggende omstændigheder er forenelig med fællesskabsretten. For at tage stilling til dette punkt, som er omfattet af det første og det sjette spørgsmål, er det nødvendigt først at behandle de forhold, som er nævnt i det andet og det femte spørgsmål, og som vedrører definitionen af begreberne »selvstændig erhvervsdrivende« og »lovgivning«, jfr. bestemmelserne i forordning nr. 1408/71, som ændret ved forordning nr. 1390/81. Vedrørende de anfægtede nederlandske bestemmelser, de faktiske omstændigheder samt parternes anbringender og argumenter henvises til retsmøderapporten. Disse omstændigheder omtales derfor kun i det følgende, såfremt det på de enkelte punkter er nødvendigt for forståelsen af Domstolens argumentation. Definitionen af begrebet »selvstændig erhvervsdrivende« (andet-fjerde spørgsmål) Den forelæggende ret ønsker afgjort, om begrebet »selvstændig erhvervsdrivende«, jfr. forordning nr. 1408/71, som ændret ved forordning nr. 1390/81, omfatter personer, som ikke er bundet af en arbejdskontrakt og ikke udøver selvstændigt erhverv eller driver en selvstændig virksomhed, men som udøver en eller anden beskæftigelse, for hvilken de oppebærer indtægter, for at kunne tage stilling til, om en præst, som ikke modtager løn fra sin orden, men hvis underhold dækkes af hans sognebørn, er omfattet af dette begreb. Den forelæggende ret har her bemærket, at ifølge nederlandsk skatteret omfatter begrebet »arbejdsindtægter« indtægter fra arbejde i samfundets økonomiske liv, hvorved der tilstræbes økonomisk gevinst, eller hvorved en sådan efter samfundets almindelige økonomiske regler med rimelighed kan forventes. Den nederlandske regering har her anført, at begrebet »selvstændig erhvervsdrivende«, for så vidt angår Nederlandene og i overensstemmelse med punkt I i bilag I til den nævnte forordning, må forstås som »enhver person, der har en beskæftigelse eller et erhverv, hvor der ikke foreligger en arbejdskontrakt«. Det kan således ikke kræves, at de indtægter, som den pågældende oppebærer, hidrører fra udførelsen af en arbejdskontrakt, driften af en virksomhed eller udøvelsen af et selvstændigt erhverv, jfr. den nationale lovgivning. Begrebet omfatter derfor også personer, som inden for rammerne af en socialsikringsordning oprettet for samtlige indbyggere, uanset hvilken beskæftigelse de udøver, kan tegne en frivillig forsikring, selv om de ikke i den nationale lovgivnings forstand kan betragtes som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Regeringen har imidlertid anført, at selv om der ikke i den nederlandske lovgivning om socialsikring skelnes mellem forskellige kategorier af forsikrede, sondres der i visse tilfælde i henhold til AAW, ved fastsættelse af supplerende betingelser for at erhverve ret til ydelser, mellem frivilligt forsikrede og lovpligtigt forsikrede. Også Kommissionen er af den opfattelse, at udtrykket »selvstændig erhvervsdrivende« ikke kan begrænses til personer, som driver en virksomhed eller udøver et selvstændigt erhverv, jfr. den nationale lovgivning, men snarere omfatter enhver person, som i henhold til den for samtlige indbyggere gældende socialsikringsordning har ret til ydelser som følge af indtægter fra arbejde i samfundets økonomiske liv, hvorved der tilstræbes økonomisk gevinst, eller hvorved en sådan efter samfundets almindelige økonomiske regler med rimelighed kan forventes. For så vidt angår fortolkningen af begrebet »selvstændig erhvervsdrivende«, bemærkes indledningsvis, at bestemmelserne i forordning nr. 1408/71, udstedt til gennemførelse af traktatens artikel 51, oprindelig kun omfattede »arbejdstagere«. Ifølge Domstolens faste praksis skal dette begreb ikke henføres under medlemsstaternes nationale ret, men under fællesskabsretten og fortolkes vidt under hensyntagen til artikel 51's formål, nemlig at bidrage til i videst muligt omfang at sikre vandrende arbejdsugeres frie bevægelighed, hvilket er et af Fællesskabets grundlæggende principper. Når henses til, at princippet om den frie bevægelighed for personer ikke blot er begrænset til arbejdstagere, men også omfatter selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser, og at det for at gennemføre et af Fællesskabets formål er nødvendigt at koordinere de for selvstændige erhvervsdrivende gældende socialsikringsordninger, har Rådet ved ovennævnte forordning nr. 1390/81 generelt udvidet forordning nr. 1408/71's anvendelsesområde til at omfatte selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer. Da forordning nr. 1390/81 er udstedt til gennemførelse af de samme formål som forordning nr. 1408/71, har den til formål at yde »selvstændige erhvervsdrivende« samme sociale beskyttelse som arbejdstagere, og begrebet bør derfor fortolkes vidt. For så vidt angår navnlig definitionen af begrebet »selvstændig erhvervsdrivende«, bemærkes, at ifølge artikel 1, litra a iv), i forordning nr. 1408/71, som ændret ved forordning nr. 1390/81, omfatter begrebet enhver person, der, som sagsøgeren i hovedsagen, er frivilligt forsikret, når den pågældende »udøver... selvstændig virksomhed«. For så vidt angår personer, der er tvungent forsikret henvises der i denne forbindelse i artikel 1, litra a ii), enten til sikringsordningens »administrations- eller finansieringsmetode« eller, subsidiært, til »definitionen i bilag I« til forordningen. Ifølge bilagets punkt I, litra I), som udelukkende vedrører Nederlandene, forstås der ved selvstændig erhvervsdrivende i henhold til ovennævnte bestemmelse »enhver person, der har en beskæftigelse eller et erhverv, hvor der ikke foreligger en arbejdskontrakt«. Det fremgår heraf, at inden for rammerne af en frivillig socialsikringsordning for arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende eller samtlige indbyggere, er begrebet »selvstændig erhvervsdrivende« kendetegnet ved den beskæftigelse, som en person udøver eller har udøvet, og der ikke er tale om en hvilken som helst beskæftigelse, men udelukkende om en erhvervsmæssig beskæftigelse. Når henses til, at dette begreb nødvendigvis må fortolkes vidt, kan det imidlertid ikke kræves, at den selvstændige erhvervsdrivende modtager et vederlag som direkte modydelse for sit arbejde. Det er tilstrækkeligt, at han i forbindelse med sit arbejde modtager ydelser, som sætter ham i stand til helt eller delvis at sikre sit underhold, selv om ydelserne — som i det foreliggende tilfælde — tilvejebringes af personer, som en som missionær udsendt præst virker for. Følgelig skal det forelagte spørgsmål besvares således, at begrebet »selvstændig erhvervsdrivende«, jfr. artikel 1, litra a iv), i forordning nr. 1408/71, som ændret ved forordning nr. 1390/81, omfatter personer, som ikke er bundet af en arbejdskontrakt og ikke udøver selvstændigt erhverv eller driver en selvstændig virksomhed, men som udøver eller har udøvet en erhvervsmæssig beskæftigelse, for hvilken de modtager midler, hvorved de helt eller delvis kan dække deres daglige fornødenheder, selv om midlerne tilvejebringes af personer, som en som missionær udsendt præst virker for. Begrebet »lovgivning« (femte spørgsmål) Med dette spørgsmål ønsker den forelæggende ret afgjort, om en national socialsikringsordning, der — som den nederlandske AAW — omfatter personer, der helt eller delvis udøver eller har udøvet beskæftigelse uden for Fællesskabet, skal anses for »lovgivning«, jfr. artikel 2 i forordning nr. 1408/71. Den nederlandske regering har anført, at forordning nr. 1408/71 ikke har til formål at begrænse den nationale lovgivnings geografiske anvendelsesområde, og at bestemmelserne således også gælder for områder uden for Fællesskabet. Selv arbejdstagere, som udelukkende har været undergivet lovgivningen på grund af beskæftigelse udøvet uden for Fællesskabet, er således principielt omfattet af forordningens personkreds. Hvis lovgivningen udtrykkeligt forudsætter ophold på et område inden for Fællesskabet, kan den imidlertid ikke påberåbes af en sådan arbejdstager. Kommissionen har gjort gældende, at det forhold, at en national lovgivning om social sikring indeholder mulighed for at tegne forsikring på grundlag af en beskæftigelse udøvet i tredjeland og giver ret til tilsvarende sociale ydelser, er tilstrækkeligt til, at de forsikrede er omfattet af forordning nr. 1408/7l's anvendelsesområde. Følgelig finder forordning nr. 1408/71 også anvendelse på modtagere af ydelser, som udbetales i henhold til en medlemsstats lovgivning, og som vedrører en EF-borgers beskæftigelse, der udelukkende udøves uden for Fællesskabets område. Det bemærkes indledningsvis, at artikel 1, litra j), første led, i forordning nr. 1408/71 indeholder følgende definition af begrebet »lovgivning«: »[I denne forordning] betyder udtrykket ’lovgivning’ i forhold til enhver medlemsstat bestående og fremtidige love, administrative forskrifter, vedtægtsmæssige bestemmelser og alle andre gennemførelsesregler vedrørende de i artikel 4, stk. 1 og 2, nævnte sociale sikringsgrene eller sikringsordninger«. Som Domstolen har udtalt i dom af 31. marts 1977 (Bozzone, 87/76, Smi. s. 687 ), omfatter denne meget vide definition alle typer af medlemsstaternes ved lov, administrativt eller vedtægtsmæssigt fastsatte foranstaltninger og må fortolkes således, at den omfatter samtlige nationale foranstaltninger på det pågældende område. Når henses hertil, er det væsentligste kriterium ved fastlæggelsen af rækkevidden af dette begreb ikke det sted, hvor den erhvervsmæssige beskæftigelse har været udøvet, men derimod arbejdstagerens tilknytning til en medlemsstats socialsikringsordning, i henhold til hvilken han har tilbagelagt forsikringsperioder, uanset det sted hvor han har udøvet eller udøver sin erhvervsmæssige beskæftigelse. Da det afgørende kriterium for anvendelsen af forordning nr. 1408/71 er den forsikredes tilknytning til en medlemsstats socialsikringsordning, er det uden betydning, om den forsikrede udelukkende har udøvet beskæftigelse uden for EF-medlemsstaternes område. Det forelagte spørgsmål skal derfor besvares således, at nationale lovbestemmelser om social sikring, som også omfatter personer, der helt eller delvis udøver eller har udøvet beskæftigelse uden for Fællesskabet, skal anses for »lovgivning«, jfr. artikel 2 i forordning nr. 1408/71. Bopælskravet (første og sidste spørgsmål) Med disse spørgsmål ønsker den forelæggende ret afgjort, om traktatens bestemmelser og artikel 2, stk. 4, i forordning nr. 1390/81 finder anvendelse på en socialsikringsinstitutions afslag på en anmodning om ydelser ved invaliditet med den begrundelse, at den forsikrede ikke forud har haft opholdssted eller bopæl i den pågældende medlemsstat i en uafbrudt periode af en vis varighed. Den nederlandske regering har anført, at forordning nr. 1390/81 blot udvider forordning nr. 1408/7l's anvendelsesområde til at omfatte selvstændige erhvervsdrivende, uden at disse herved tillægges større rettigheder end dem, der gælder for arbejdstagere, og for så vidt angår sidstnævnte, er formålet med artikel 94 i forordning nr. 1408/71 ikke generelt at ophæve nationalitets- eller bopælskravet, men udelukkende sidestilling af bopælsperioder for allerede erhvervede ydelser. Følgelig kan hverken denne bestemmelse eller artikel 2 i forordning nr. 1390/81 anvendes på et bopælskrav som det her omhandlede, da det er en forudsætning for at opnå ret til ydelser. Regeringen har yderligere gjort gældende, at ovennævnte bestemmelser kun finder anvendelse på ydelser, som ikke var fastsat, eller som var stillet i bero inden den 1. juli 1982, da forordning nr. 1390/81 trådte i kraft, mens den anfægtede afgørelse blev truffet efter denne dato. Kommissionen er derimod af den opfattelse, at ophævelsen af bopælskravene ikke blot bevirker, at den forsikrede bevarer retten til at modtage de ydelser, der allerede er erhvervet ret til, men også, at man ikke kan nægte ham retten til at erhverve sådanne ydelser, alene fordi han har bopæl på en anden medlemsstats område end den, hvor den institution, som det påhviler at udrede ydelsen, er beliggende. Der bemærkes først, at formålet med artikel 2, stk. 4, i forordning nr. 1390/81, hvorefter »enhver ydelse, som på grund af den pågældendes nationalitet eller bopæl ikke har været fastsat eller har været suspenderet, ... på den pågældendes begæring [skal] fastsættes eller udredes på ny fra denne forordnings ikrafttræden...«, er at sikre, at de personer, som er omfattet af forordningens anvendelsesområde, modtager de socialsikringsydelser, hvis fastsættelse var blevet dem nægtet, eller hvis udbetaling — efter fastsættelsen — var stillet i bero, fordi den forsikrede var udlænding eller havde bopæl uden for den pågældende medlemsstat. Den fremgår heraf, at bopæl eller opholdssted i en anden medlemsstat sidestilles med bopæl eller opholdssted i den berørte medlemsstat. For så vidt angår navnlig retsvirkningen af ophævelsen af bopælsbestemmelserne, bemærkes, at artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 1408/71 bestemmer: »Kontantydelser ved invaliditet..., hvortil der er erhvervet ret efter lovgivningen i en eller flere medlemsstater, kan, medmindre andet er bestemt i denne forordning, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at den berettigede er bosat i en anden medlemsstat end den, hvori den institution, som det påhviler at udrede ydelsen, er beliggende.« Domstolen har i dommene af 7. november 1973 (Śmieja, 51/73, Smi. s. 1213 ) og af 10. juni 1982 (Camera, 92/81, Smi. s. 2213 ) fastslået, at bestemmelsen skal fremme arbejdskraftens frie bevægelighed ved at beskytte dem mod de tab, som kan opstå som følge af, at de flytter fra en medlemsstat til en anden. Domstolen har i ovennævnte dom af 10. juni 1982 yderligere fremhævet, at det fremgår af dette princip, at den pågældende ikke blot bevarer sin ret til at modtage »pension og andre ydelser, som han har erhvervet ret til i medfør af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, selv efter at have taget bopæl i en anden medlemsstat, men ligeledes at han ikke kan nægtes en sådan ret, udelukkende fordi han ikke har bopæl på området i den stat, hvori den institution, som det påhviler at udrede ydelsen, er beliggende«. Når henses til ikrafttrædelsesdatoen for forordning nr. 1390/81, som udvidede ovennævnte bestemmelse til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende, kan disse i henhold til forordningens artikel 2, stk. 1, først påberåbe sig ovennævnte bestemmelse fra den 1. juli 1982, for så vidt angår ydelser, der er erhvervet ret til i henhold til national lovgivning. Det forelagte spørgsmål skal derfor besvares således, at artikel 2, stk. 4, i forordning nr. 1390/81 finder anvendelse, såfremt en socialsikringsinstitution nægter at udbetale ydelser ved invaliditet med den begrundelse, at den forsikrede ikke forud har haft opholdssted eller bopæl i den pågældende medlemsstat i en uafbrudt periode af en vis varighed. Den forsikrede kan dog kun påberåbe sig bestemmelsen med virkning fra 1. juli 1982. Sagens omkostninger De udgifter, der er afholdt af kongeriget Nederlandenes regering og af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke godtgøres. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale domstol, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN (anden afdeling) vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Raad van Beroep, Utrecht, ved kendelse af 11. december 1984, for ret: 1) Begrebet »selvstændig erhvervsdrivende«, jfr. artikel 1, litra a iv), i forordning nr. 1408/71, som ændret ved forordning nr. 1390/81, omfatter personer, som ikke er bundet af en arbejdskontrakt og ikke udøver selvstændigt erhverv eller driver en selvstændig virksomhed, men som udøver eller har udøvet en erhvervsmæssig beskæftigelse, for hvilken de modtager midler, hvorved de helt eller delvis kan dække deres daglige fornødenheder, selv om midlerne tilvejebringes af personer, som en som missionær udsendt præst virker for. 2) Nationale lovbestemmelser om social sikring, som også omfatter personer, der helt eller delvis udøver eller har udøvet beskæftigelse uden for Fællesskabet, skal anses for »lovgivning«, jfr. artikel 2 i forordning nr. 1408/71. 3) Artikel 2, stk. 4, i forordning nr. 1390/81 finder anvendelse, såfremt en socialsikringsinstitution nægter at udbetale ydelser ved invaliditet med den begrundelse, at den forsikrede ikke forud har haft opholdssted eller bopæl i den pågældende medlemsstat i en uafbrudt periode af en vis varighed. Den forsikrede kan dog kun påberåbe sig bestemmelsen med virkning fra 1. juli 1982. Bahlmann Schockweiler Due Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 23. oktober 1986. P. Heim Justitssekretær K. Bahlmann Formand for anden afdeling ( *1 ) – Processprog: Nederlandsk.

61999CJ0339

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Motifs de l'arrêt 1 Par ordonnance du 1er septembre 1999, parvenue à la Cour le 13 septembre suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 4, paragraphe 1, sous c), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après la «directive 69/335»). 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Energie Steiermark Holding AG (ci-après «ESTAG») à la Finanzlandesdirektion für Steiermark (administration des finances du Land de Styrie, ci-après la «Finanzlandesdirektion») au sujet de la perception du droit d'apport lors de l'augmentation du capital social d'une société de capitaux financée par l'émission de nouvelles actions et du versement, par la société mère du nouvel associé de ladite société, de différentes contributions financières. Le cadre juridique La réglementation communautaire 3 Ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive 69/335 tend à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme l'une des conditions essentielles à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur. 4 Selon le sixième considérant de la directive 69/335, la poursuite d'une telle finalité suppose, en ce qui concerne la taxation frappant les rassemblements de capitaux, la suppression des impôts indirects jusqu'alors en vigueur dans les États membres et l'application, à leur place, d'un impôt perçu une seule fois dans le marché commun et d'un niveau égal dans tous les États membres. 5 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 69/335: «Sont soumises au droit d'apport les opérations suivantes: [...] c) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature; d) l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l'avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d'associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation; [...]» 6 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 69/335 prévoit: «Peuvent continuer à être soumises au droit d'apport les opérations suivantes, dans la mesure où elles étaient taxées au taux de 1 % à la date du 1er juillet 1984: a) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions; b) l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n'entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales; c) l'emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société; d) l'emprunt que contracte une société de capitaux auprès d'un associé, du conjoint ou d'un enfant d'un associé, ainsi que celui contracté auprès d'un tiers, lorsqu'il est garanti par un associé, à la condition que ces emprunts aient la même fonction qu'une augmentation du capital social. [...]» 7 L'article 5 de la directive 69/335 est libellé comme suit: «1. Le droit est liquidé: a) dans le cas de constitution d'une société de capitaux, de l'augmentation de son capital social ou de l'augmentation de son avoir social, opérations visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a), c) et d): sur la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de chaque apport; les États membres ont la faculté de ne percevoir le droit d'apport qu'au fur et à mesure des libérations effectives; [...] d) dans le cas de l'augmentation de l'avoir social visée à l'article 4 paragraphe 2 sous b): sur la valeur réelle des prestations effectuées, après déduction des obligations assumées et des charges supportées par la société du fait de ces prestations; [...] 2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a) et b), les États membres peuvent déterminer le montant sur lequel le droit est à percevoir sur la base de la valeur réelle des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé; cela ne s'applique pas aux cas où uniquement des apports en numéraire sont à effectuer. Le montant sur lequel le droit est liquidé ne peut en aucun cas être inférieur au montant nominal des parts sociales attribuées ou appartenant à chaque associé. [...]» La législation nationale 8 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du Kapitalverkehrsteuergesetz (loi relative à l'impôt sur les mouvements de capitaux), du 16 octobre 1934 (DRGBl. 1934/1058, dans la version modifiée telle que publiée au BGBl. 1995/21, ci-après le «KVG»), le droit d'apport «frappe l'acquisition de droits sociaux dans une société de capitaux résidente par le premier acquéreur». 9 En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous a), du KVG, la base imposable prise en considération lors d'une telle acquisition est constituée par la valeur de la contrepartie versée, cette dernière contenant également les coûts relatifs à la constitution de la société ou à l'augmentation de son capital social assumés par les associés, à l'exception du droit d'apport dû pour l'acquisition des droits sociaux. Le litige au principal et les questions préjudicielles 10 ESTAG est une société anonyme dont le capital social intégralement libéré s'élevait, avant la transaction à l'origine de l'affaire au principal, à 500 000 000 ATS et dont l'actionnaire unique était le Land Steiermark (Land de Styrie, ci-après le «Land»). ESTAG détient 98,8 % des actions de la Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, 99,994 % des actions de la Steirische Ferngas-Aktiengesellschaft et 99,996 % des actions de la Steirische Fernwärme GmbH. ESTAG et ses trois filiales forment le «Groupe ESTAG». 11 Les 22 et 27 janvier 1998, le Land et Électricité de France International SA (ci-après «EDFI»), filiale d'Électricité de France (ci-après «EDF»), ont conclu un contrat de participation d'entreprise («Unternehmensbeteiligungsvertrag») dont le but était une prise de participation d'EDFI dans ESTAG par le biais d'une augmentation du capital social de cette dernière moyennant l'émission de nouvelles actions. 12 Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, le Land s'est engagé à procéder à une augmentation du capital social d'ESTAG à hauteur d'une valeur nominale de 166 668 000 ATS, moyennant l'émission de 166 668 actions au porteur d'une valeur nominale de 1 000 ATS, soit un prix d'émission de 1 000 ATS chacune. En outre, le Land devait renoncer à son droit préférentiel de souscription et n'autoriser que la seule société EDFI à souscrire les actions nouvellement émises. 13 EDFI, pour sa part, s'est tout d'abord engagée à souscrire l'intégralité des nouvelles actions et à procéder au virement du montant de 166 668 000 ATS sur un compte détenu par ESTAG dénommé «augmentation de capital 1998». Par le biais de cette augmentation de capital, EDFI devait détenir une participation égale à 25 % plus une des actions constituant le nouveau capital social d'ESTAG. 14 EDFI devait ensuite verser, en même temps que le montant nominal des nouvelles actions, une somme de 5 083 332 000 ATS en tant que «contribution d'associé» non remboursable. Ce montant devait être versé sur le compte d'un tiers mandataire qui avait l'obligation de virer cette somme, majorée des intérêts, à titre de contribution financière, en faveur d'ESTAG et/ou en faveur de ses trois filiales susmentionnées. Il était prévu que, si le mandataire n'avait reçu aucune instruction commune des deux parties au contrat dans les deux semaines suivant l'émission des nouvelles actions, il devait procéder au virement de la somme majorée des intérêts en faveur d'ESTAG. EDFI pouvait faire verser cette contribution en tout ou en partie par EDF. 15 Enfin, EDFI s'est engagée à verser un montant de 350 000 000 ATS sur un autre compte du même mandataire, intitulé compte «garantie». Ce compte devait être maintenu pendant une durée maximale de deux ans durant lesquels EDFI avait droit, sous certaines conditions, au remboursement de tout montant figurant sur ledit compte. À l'issue d'un délai déterminé, le montant total ou le solde du compte «garantie» devait être versé à ESTAG ou à ses filiales en tant que «contribution d'associé» non remboursable. 16 L'augmentation du capital social a été décidée le 16 avril 1998, lors d'une assemblée générale extraordinaire d'ESTAG. Le représentant du Land à cette assemblée disposait d'une procuration lui permettant d'approuver le rapport du directoire d'ESTAG concernant un apport de capital par EDFI d'un montant de 5 600 000 000 ATS. 17 Ainsi qu'il résulte du dossier de l'affaire au principal, EDFI et EDF ont versé les montants de respectivement 166 668 000 ATS et 5 433 332 000 ATS aux destinataires prévus par le contrat de participation d'entreprise. 18 Par décision du 11 mai 1998, le Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern (administration fiscale des taxes et droits d'enregistrement) de Graz (Autriche) a déterminé le droit d'apport dû par ESTAG en retenant comme base imposable le montant de 5 600 000 000 ATS. 19 ESTAG a introduit un recours contre cette décision devant la Finanzlandesdirektion en faisant valoir que seul le montant versé par EDFI est soumis au droit d'apport et que les sommes versées par EDF constituent des «contributions de grand-mère» («Großmutterzuschüsse») non soumises au droit d'apport. 20 La Finanzlandesdirektion a rejeté ce recours au motif que l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 prévoit que la base d'imposition est constituée par la valeur réelle des biens de toute nature apportés ou à apporter par les associés. 21 ESTAG a attaqué cette décision devant le Verwaltungsgerichtshof. À l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que, conformément à la directive 69/335, les apports qui n'ont pas augmenté le capital social d'une société ainsi que ceux pour lesquels aucun droit social ou droit comparable n'a été octroyé ne peuvent être soumis au droit d'apport, non plus que des contributions qui ne sont pas versées par un associé de la société de capitaux qui en bénéficie. Elle a également soutenu qu'une telle interprétation est d'autant plus justifiée que ces contributions bénéficient non pas à la société qui augmente son capital mais à des filiales de celle-ci, que le montant du droit d'apport dû doit être déduit de la base imposable et que les apports non encore effectués ne doivent pas être inclus dans la base imposable. 22 Dans son ordonnance de renvoi, le Verwaltungsgerichtshof relève que des apports effectués ou à effectuer par un nouvel actionnaire pour acquérir des parts représentatives du capital social d'une société, même de façon indirecte, à savoir soit par l'intermédiaire de sa société mère, soit en faveur des filiales de la société dont il devient actionnaire, constituent la contrepartie à prendre en considération lors du calcul du droit d'apport, dès lors que le paiement de ces apports est, comme dans l'affaire au principal, une condition sine qua non de l'admission de cet actionnaire dans la société. 23 La juridiction de renvoi considère en outre que la notion d'«apport de biens de toute nature», qui figure aux articles 4, paragraphe 1, sous c) et d), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, permet de distinguer non seulement les apports en numéraire des apports en nature, mais également les apports directs des apports indirects. Selon elle, dès lors qu'il existe un lien de causalité entre une contribution et l'augmentation du capital social d'une société de capitaux, cette contribution est soumise au droit d'apport, en application de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335. 24 Toutefois, le Verwaltungsgerichtshof relève également que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, et plus particulièrement de l'arrêt du 27 octobre 1998, Nonwoven (C-4/97, Rec. p. I-6469), une interprétation littérale des articles 4, paragraphe 1, sous c) et d), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 ne saurait être exclue. 25 C'est dans ces conditions que le Verwaltungsgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) Les prestations qu'un nouvel associé, autorisé, dans le cadre d'une augmentation de capital (pour laquelle le droit préférentiel de souscription des associés existants a été exclu), à souscrire les nouvelles parts de la société, n'effectue pas lui-même mais par l'intermédiaire de sa société mère constituent-elles un apport de biens de toute nature au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 [...]? 2) Les prestations qu'un nouvel associé, autorisé, dans le cadre d'une augmentation de capital (pour laquelle le droit préférentiel de souscription des associés existants a été exclu), à souscrire les nouvelles parts de la société, effectue non pas en faveur de la société qui augmente son capital mais en faveur de ses filiales constituent-elles un apport de biens de toute nature au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 [...]? 3) Les prestations non encore effectuées constituent-elles un apport de biens de toute nature au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 [...]? 4) Le droit d'apport que doit acquitter la société est-il une obligation ou charge à déduire de la base imposable en application de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 [...]?» Sur les questions préjudicielles 26 À titre liminaire, il y a lieu de constater, d'une part, que les contributions visées par la juridiction de renvoi dans ses questions sont des contributions versées par la société mère de l'acquéreur des actions émises, ce dernier n'ayant versé que les sommes correspondant au montant nominal des actions acquises. Il convient de rappeler, d'autre part, que ladite juridiction a constaté que, dans l'affaire au principal, les contributions en cause ont été effectuées pour financer l'acquisition des actions nouvellement émises et constituaient une condition sine qua non pour l'admission du nouvel actionnaire dans le capital social de la société émettrice. Sur la première question 27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens que la notion d'«apport de biens de toute nature» qui y figure vise les contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son capital social au moyen de l'émission de nouvelles actions pour permettre l'acquisition de celles-ci par une filiale de ladite société mère. 28 En vue de répondre à la question ainsi reformulée, il convient, en premier lieu, de déterminer si des contributions financières effectuées à l'occasion d'une augmentation du capital social d'une société de capitaux, mais dont le montant excède la valeur nominale de ladite augmentation tout en constituant une condition préalable de celle-ci, sont susceptibles de relever du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335. 29 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature est soumise au droit d'apport. 30 Lorsque, à l'occasion d'une augmentation de capital, le versement d'un prix d'acquisition d'une participation au capital supérieur à la valeur nominale de celle-ci est une condition indispensable à l'acquisition de cette participation, ainsi qu'ESTAG l'a admis en ce qui concerne la situation en cause au principal, les diverses contributions versées pour atteindre ce prix doivent être considérées comme constituant l'apport ouvrant droit à cette participation et, dès lors, comme relevant du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335. 31 L'interprétation qui précède est corroborée par l'article 5, paragraphe 1, sous a), de cette même directive, qui prévoit que la base imposable pour la liquidation du droit d'apport est constituée par la valeur réelle des apports effectués pour financer l'opération en cause. 32 Or, lors d'une opération telle que celle en cause au principal, la valeur réelle des apports effectués dans le cadre de l'augmentation du capital social d'une société de capitaux correspond à la valeur nominale des actions émises majorée de la valeur des contributions financières supplémentaires perçues. 33 Il s'ensuit que des contributions financières telles que celles en cause au principal relèvent du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, alors même que leur montant excède la valeur nominale de l'augmentation du capital à laquelle il a été procédé. 34 Il convient, en second lieu, d'examiner si de telles contributions relèvent de ladite disposition quand bien même elles ont été effectuées non pas par le nouvel associé lui-même, mais par la société mère de celui-ci. 35 À cet égard, ESTAG fait valoir que, eu égard au libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, seuls les apports effectués par des associés directs de la société de capitaux qui en bénéficie sont soumis au droit d'apport. Dans la mesure où des contributions telles que celles en cause au principal ne remplissent pas ce critère, elles ne relèveraient pas du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de ladite directive. 36 Cette interprétation ne saurait être retenue. 37 En effet, ainsi qu'il résulte du point 11 de l'arrêt du 13 octobre 1992, Weber Haus (C-49/91, Rec. p. I-5207), il convient, afin de déterminer si une opération relève ou non du champ d'application de l'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335, d'adopter une approche économique et non pas une approche formelle, fondée uniquement sur l'origine des apports. 38 Par analogie, lorsqu'il s'agit de déterminer si des apports relèvent du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, il convient de rechercher à qui leur versement doit être attribué et de ne pas se limiter à identifier leur origine formelle. 39 Or, dans une situation telle que celle au principal, qui se caractérise, d'une part, par le fait que la société qui s'est contractuellement engagée à verser certaines contributions financières afin d'acquérir une participation dans une autre société est la filiale de la société qui a finalement procédé au paiement de ces contributions et, d'autre part, par la circonstance que ce paiement a eu un caractère libératoire pour cette filiale, ledit paiement doit être considéré comme ayant été effectué par la filiale en sa qualité d'associé de la société procédant à l'augmentation de son capital social. 40 En outre, il y a lieu de relever, ainsi que M. l'avocat général l'a fait au point 32 de ses conclusions, que l'interprétation de la directive 69/335 préconisée par ESTAG aurait pour conséquence de compromettre son effet utile, dans la mesure où une société appartenant à un groupe pourrait procéder à une opération relevant, en principe, du champ d'application de cette directive sans que cette opération soit frappée du droit d'apport. 41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens que la notion d'«apport de biens de toute nature» qui y figure vise les contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son capital social au moyen de l'émission de nouvelles actions pour permettre l'acquisition de celles-ci par une filiale de ladite société mère. Sur la deuxième question 42 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens que la notion d'«apport de biens de toute nature» qui y figure vise des contributions financières supplémentaires lorsqu'elles sont versées à des filiales de la société de capitaux qui procède à l'augmentation de son capital social par le biais d'une émission de nouvelles actions. 43 Alors qu'ESTAG soutient que, dans la mesure où les contributions dont ses filiales ont bénéficié n'ont pas été rémunérées par des parts représentatives du capital de ces dernières, il n'existerait aucune base juridique permettant de soumettre de telles contributions au droit d'apport, le gouvernement autrichien et la Commission font valoir que, dès lors qu'ESTAG est, en sa qualité d'actionnaire quasi unique de ses filiales, la bénéficiaire indirecte desdites contributions, celles-ci relèvent du champ d'application de la directive 69/335. 44 Cette dernière interprétation est soutenue à bon droit. En effet, afin de déterminer si une opération relève du champ d'application de la directive 69/335, il convient non seulement de vérifier que cette opération figure au nombre de celles qui sont énumérées à l'article 4 de celle-ci, mais également de prendre en compte le contexte dans lequel elle est effectuée, ainsi qu'il ressort des points 37 et 38 du présent arrêt. 45 Doit dès lors être considérée comme relevant de la notion d'«apport de biens de toute nature», au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, toute contribution qu'un nouvel associé de la société de capitaux qui augmente son capital social par l'émission de nouvelles actions a versée à une filiale de celle-ci lorsqu'il apparaît clairement des circonstances de l'espèce que, d'un point de vue économique, la véritable bénéficiaire de ces contributions est ladite société. 46 Or, dans une situation telle que celle au principal, dans laquelle le capital social des sociétés bénéficiant des contributions financières est pour la quasi-totalité détenu par une seule société et que, au surplus, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, cette dernière non seulement donne l'ordre de procéder au paiement de ces contributions, mais peut librement déterminer le montant de celles-ci que chacune de ses filiales doit recevoir et même décider d'en être l'unique destinataire, cette société doit être considérée comme étant, d'un point de vue économique, la véritable bénéficiaire de ces contributions. 47 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 doit être interprété en ce sens que la notion d'«apport de biens de toute nature» qui y figure vise des contributions financières supplémentaires qu'un nouvel associé verse non pas à la société de capitaux qui augmente son capital social mais à des filiales de celle-ci, lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que, d'un point de vue économique, la véritable bénéficiaire de ces contributions est ladite société. Sur la troisième question 48 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si des apports effectués sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive constituent des apports au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335. 49 À cet égard, il y a lieu de relever que les articles 4, paragraphe 1, sous c), et 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 ne précisent pas à quel moment intervient le fait générateur du droit d'apport. 50 Toutefois, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 39 de ses conclusions, il ressort de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335 que des apports à effectuer peuvent également donner lieu à la perception du droit d'apport. Doivent être considérés comme entrant dans les prévisions de cette disposition des apports qu'une personne physique ou morale a l'obligation d'effectuer et qui ont un caractère certain. 51 Or, lorsque, comme dans l'affaire au principal, l'apport est versé sur le compte d'un tiers mais que, en raison de l'existence d'une condition suspensive, il n'est pas certain que cet apport soit véritablement dû, l'obligation de l'associé d'effectuer l'apport en question ne devient certaine qu'au moment où cette condition se réalise. Par conséquent, ce n'est qu'à partir de ce moment que ledit apport doit être considéré comme constituant un apport au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335. 52 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de répondre à la troisième question que des apports effectués sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive ne constituent des apports au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335 qu'après que ladite condition s'est réalisée. Sur la quatrième question 53 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit d'apport constitue une «obligation» ou une «charge» au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335. 54 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 17 de l'arrêt du 5 février 1991, Trave-Schiffahrtsgesellschaft (C-249/89, Rec. p. I-257), la Cour a jugé que, en l'absence de charges particulières liées à l'obtention d'un prêt sans intérêts accordé à une société par l'un de ses associés, la base imposable à retenir en application de l'article 5, paragraphe 1, sous d), de la directive 69/335 pour le calcul du droit d'apport est constituée par le montant des intérêts économisés par ladite société. 55 Il ressort clairement de cette jurisprudence, applicable par analogie à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, que le montant du droit d'apport ne doit pas être pris en considération lors de la détermination de la base imposable et ne constitue donc pas une «obligation» ou une «charge» au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 69/335. 56 Dès lors, il convient de répondre à la quatrième question que le droit d'apport ne constitue pas une «obligation» ou une «charge» au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 57 Les frais exposés par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (sixième chambre), statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du 1er septembre 1999, dit pour droit: 1) L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que la notion d'«apport de biens de toute nature» qui y figure vise les contributions financières qu'une société mère effectue au bénéfice d'une société de capitaux procédant à une augmentation de son capital social au moyen d'une émission de nouvelles actions pour permettre l'acquisition de celles-ci par une filiale de ladite société mère. 2) L'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, telle que modifiée par l'acte d'adhésion susmentionné, doit être interprété en ce sens que la notion d'«apport de biens de toute nature» qui y figure vise des contributions financières supplémentaires qu'un nouvel associé verse non pas à la société de capitaux qui augmente son capital social mais à des filiales de celle-ci, lorsqu'il ressort clairement des circonstances de l'espèce que, d'un point de vue économique, la véritable bénéficiaire de ces contributions est ladite société. 3) Des apports effectués sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive ne constituent des apports au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 69/335, telle que modifiée par ledit acte d'adhésion, qu'après que ladite condition s'est réalisée. 4) Le droit d'apport ne constitue pas une «obligation» ou une «charge» au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335, telle que modifiée par l'acte d'adhésion mentionné au point 1 du présent dispositif.

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Περιστατικά Ι — Πραγματικά περιστατικά και διαδικασία Με την οδηγία 77/780 του Συμβουλίου σκοπείται ο συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εν λόγω οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 15 Δεκεμβρίου 1977. Κατά το άρθρο 14, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη είχαν την υποχρέωση να δέσουν σε ισχύ το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 1979, τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, της εν λόγω οδηγίας και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Διαπιστώνοντας ότι στις 15 Δεκεμβρίου 1979 το Βασίλειο του Βελγίου δεν της παρέσχε καμία σχετική πληροφορία, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει, με όχληση της 29ης Μαίου 1980 τη διαδικασία του άρθρου 169 της συνθήκης ΕΟΚ. Με επιστολές της 2ας Ιουλίου 1980 και της 29ης Δεκεμβρίου 1980, το Βασίλειο του Βελγίου πληροφόρησε την Επιτροπή ότι, για τους σκοπούς της μεταφοράς της οικείας οδηγίας, το υπουργικό Συμβούλιο είχε καταρτίσει νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε ενώπιον της βουλής. Διαπιστώνοντας ότι η οδηγία δεν είχε ακόμα μεταφερθεί, η Επιτροπή διατύπωσε στις 24 Μαρτίου 1981, την αιτιολογημένη γνώμη που προβλέπει το άρθρο 169, πρώτη παράγραφος, της συνθήκης ΕΟΚ, με την οποία καλούσε το Βασίλειο του Βελγίου να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δύο μηνών. Δεδομένου ότι δεν δόθηκε απάντηση στην εν λόγω γνώμη, η Επιτροπή άσκησε την παρούσα προσφυγή, που πρωτοκολλήθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 30 Νοεμβρίου 1981. Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και μετά από ακρόαση της γενικής εισαγγελέα, το Δικαστήριο αποφάσισε την έναρξη της προφορικής διαδικασίας χωρίς προηγούμενη διεξαγωγή αποδείξεων. Το Δικαστήριο κάλεσε πάντως τη βελγική κυβέρνηση να του διαβιβάσει το νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρεται και να του υποδείξει τις διατάξεις εθνικού δικαίου που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της οδηγίας και μέσω των οποίων αυτή ισχύει ήδη. II — Αιτήματα των διαδίκων Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο: «— να αναγνωρίσει ότι το Βασίλειο του Βελγίου, παραλείποντας να θεσπίσει εντός της ταχθείσης προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για τη συμμόρφωση του προς την οδηγία του Συμβουλίου 77/780/ΕΟΚ, της 12ης Δεκεμβρίου 1976, περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη συνθήκη ΕΟΚ· — να καταδικάσει το Βασίλειο του Βελγίου στα δικαστικά έξοδα». Το Βασίλειο του Βελγίου ζητεί από το Δικαστήριο: «— να κηρύξει την προσφυγή της Επιτροπής απαράδεκτη και, επικουρικώς, αβάσιμη· — να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα». III — Ισχυρισμοί και επιχειρήματα των διαδίκων Κατά την Επιτροπή, ο δεσμευτικός χαρακτήρας των οδηγιών συνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών μελών να τηρούν τις προθεσμίες που καθορίζονται για τη θέσπιση των εσωτερικών διατάξεων εφαρμογής τους. Η μη τήρηση των εν λόγω προθεσμιών συνεπάγεται παράβαση της συνθήκης ΕΟΚ, ανεξάρτητα από το κρατικό όργανο, στην πράξη ή παράλειψη του οποίου οφείλεται η μη εκτέλεση. Το εν λόγω κράτος μέλος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράβαση με ισχυρισμούς που αφορούν εσωτερικές διατάξεις, την ακολουθούμενη στο εσωτερικό του πρακτική ή σε ιδιαίτερες πραγματικές καταστάσεις επί εθνικού επιπέδου. Η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου έχει επιβεβαιώσει τις αρχές αυτές. Με το υπόμνημα αντικρούσεως της, η βελγική κυοερνηοη τονίζει καταρχάς το μέγεθος των δυσχερειών τεχνικής, καθώς και θεσμικής και πολιτικής φύσεως, που εξηγούν πως, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η βελγική κυβέρνηση, το νομοσχέδιο, με το οποίο εξασφαλίζεται η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, δεν μπόρεσε ακόμη να κατατεθεί ενώπιον της βουλής. De jure, η βελγική κυβέρνηση θεωρεί ότι η προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι απαράδεκτη και αβάσιμη. Επί του παραδεκτού, η βελγική κυβέρνηση διατείνεται ότι τόσον η προσφυγή όσον και η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένες. Δεν γίνεται καμία μνεία ως προς την έκταση των εθνικών νομοθετικών διατάξεων που πρέπει να θεσπιστούν για την εφαρμογή της οδηγίας, τις εθνικές διατάξεις που είναι ενδεχομένως ασυμβίβαστες προς την οδηγία, τα μέτρα που σχεδιάζει η βελγική κυβέρνηση για την ενσωμάτωση του κειμένου της οδηγίας σε ένα ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο ή τις δυσχέρειες που αντιμετώπισε το Βελγικό Δημόσιο, αν ληφθούν υπόψη οι κατ' ανάγκη μακρές προθεσμίες που απαιτεί η νομο9ετική διαδικασία και οι ειδικές δυσκολίες που συναντά το Βέλγιο. Επιπλέον, η Βελγική κυβέρνηση θεωρεί ότι ούτε η προσφυγή ούτε η αιτιολογημένη γνώμη περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει όχι μόνο αδράνεια ή αντίθεση του Βελγικού Δημοσίου προς την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου εντός των ταχθεισών προθεσμιών, αλλά επίσης και παράβαση των ουσιωδών κανόνων της οδηγίας. Η βελγική κυβέρνηση θεωρεί επίσης ότι η προσφυγή είναι απαράδεκτη στο βαθμό που η προθεσμία που έτασσε η αιτιολογημένη γνώμη ήταν προφανώς ανεπαρκής και όχι εύλογη. Επί του αβάσιμου της προσφυγής της Επιτροπής, η βελγική κυβέρνηση διατείνεται καταρχάς ότι αποφάσισε να κάνει χρήση της ευκαιρίας αυτής για να διατυπώσει με σαφήνεια τους παλαιούς κανόνες, να προσαρμόσει τη σύνταξη στο σύγχρονο πνεύμα, να ενοποιήσει τις υφιστάμενες νομοθεσίες και να προσδώσει μορφή νόμου σε κανόνες που απορρέουν από τις γενικές αρχές του βελγικού διοικητικού δικαίου. Κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο ικανοποιεί στόχους που ξεπερνούν κατά πολύ την αυστηρή εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας. Δεύτερον, η βελγική κυβέρνηση διατείνεται ότι καμία από τις ισχύουσες διατάξεις της βελγικής νομοθεσίας, ρυθμίσεως και γενικής πρακτικής δεν αντιβαίνει προς τις διατάξεις της οδηγίας. Μάλιστα ήδη πριν από τη θέσπιση της οδηγίας, το Βέλγιο τροποποίησε τη νομοθεσία του, ώστε να ληφθούν υπόψη ορισμένες διατάξεις που περιείχε η πρόταση οδηγίας, όπως τη διαβίβασε η Επιτροπή στο Συμβούλιο. Ακόμη και σχετικά με τις διατάξεις της οδηγίας για τις οποίες δεν υφίστανται μέχρι σήμερα αντίστοιχες εθνικές νομοθετικές διατάξεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι αρμοοιες αρχές εφαρμοςουν ηοη, συμφωνά με διοικητικούς κανόνες γενικής ισχύος και με τη δέουσα δημοσιότητα, τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. Κατόπιν αυτών, η βελγική κυβέρνηση συμπεραίνει ότι τηρήθηκαν οι επίδικοι κοινοτικοί κανόνες και ότι με το νομοσχέδιο της τους επαναλαμβάνει για λόγους καθαρά τυπικής συνοχής. Τρίτον, η βελγική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η οδηγία 77/780 του Συμβουλίου θέτει ερμηνευτικά προβλήματα ως προς την ίδια τη (ρύση των υποχρεώσεων που συνεπάγεται για τα κράτη μέλη και την άμεση εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της. Οι δυσκολίες αυτές ανέκυψαν σαφώς με την ευκαιρία συσκέψεως που οργάνωσε η Επιτροπή προς εξέταση των θεμάτων εφαρμογής της οδηγίας, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Μαΐου 1980. Η βελγική κυβέρνηση μνημονεύει ειδικότερα ερμηνευτικές δυσχέρειες ως προς το άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 2 της οδηγίας. Τέταρτον, η βελγική κυβέρνηση αναφέρει τις ειδικές δυσχέρειες που έχουν προκύψει όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας έναντι των δημοσίων πιστωτικών ιδρυμάτων, για τα οποία η βελγική κυβέρνηση αποφάσισε, χωρίς να κάνει χρήση των δυνατοτήτων εξαιρέσεως και αναβολής της εφαρμογής που προβλέπει η οδηγία, να υπαγάγει στο σύνολο τους στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Τέλος, η βελγική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι iļ προβλεφθείσα αρχικά προθεσμία των 24 μηνών για την εφαρμογή της οδηγίας ήταν προδήλως ανεπαρκής. Εξάλλου, οι συντάκτες της οδηγίας, έχοντας επίγνωση του πράγματος, προέβλεψαν στο άρθρο 4, στοιχείο α) της οδηγίας ειδικό καθεστώς για τα ιδρύματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους όρους «το αργότερο κατά την ημερομηνία κατά την οποία οι εθνικές αρχές Sa λάβουν μέτρα εντάξεως της παρούσης οδηγίας στο εθνικό δίκαιο». Τον ανεπαρκή χαρακτήρα της προβλεφθείσης προθεσμίας επιβεβαίωσαν και οι ερμηνευτικές δυσχέρειες που ανέκυψαν εντός της Κοινότητας κατά το 1980, μετά δηλαδή από την εκπνοή της προθεσμίας που είχε τάξει η οδηγία. Επίσης, η βελγική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η προθεσμία που όριζε η αιτιολογημένη γνώμη (δύο μηνών) ήταν και αυτή υπερβολικά βραχεία και φανερώνει ένα διαδικαστικό αυτοματισμό που δεν συμβιβάζεται με τους επιδιωκόμενους από τη συνθήκη στόχους, όταν αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσία που η τελευταία προτίθεται να χρησιμοποιήσει στην παρούσα διαδικασία. Από όσα προηγήθηκαν, η βελγική κυβέρνηση συμπεραίνει ότι η Επιτροπή αγνόησε κατά την εφαρμογή της παρούσης διαδικασίας τόσο τις δυσκολίες που συνάντησε η βελγική κυβέρνηση, όσο και την έλλειψη οποιασδήποτε αντιθέσεως μεταξύ του κοινοτικού και του βελγικού δικαίου, καθώς και τον περιορισμένο αν όχι τον τυπικό χαρακτήρα των προσαρμογών που εναπόκειται στον εθνικό νομοθέτη να επιφέρει, ούτε τέλος τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την κατάρτιση ενός συνόλου κανόνων, οι οποίοι δεν μεταφέρουν απλώς το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας, αλλά βαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις και πέρα από τις κοινοτικές υποχρεώσεις. Με την απάντηση της, η Επιτροπή απορρίπτει τα επιχειρήματα της βελγικής κυβερνήσεως, κατά τα οποία η προσφυγή είναι απαράδεκτη και εν πάση περιπτώσει αβάσιμη. Ως προς τον ισχυρισμό που αρύεται από την προσβαλλόμενη έλλειψη αιτιολογήσεως της αιτιολογημένης γνώμης και της προσφυγής, η Επιτροπή διατείνεται καταρχάς ότι ουδέποτε θεώρησε ότι υπήρξε ή ήταν δυνατό να υπάρξει αδράνεια ή αντίθεση εκ μέρους της βελγικής κυβερνήσεως. Οπωσδήποτε όμως, παρόμοια αδράνεια ή αντίθεση δεν αποτελεί κατά την Επιτροπή προϋπόθεση του παραδεκτού προσφυγής που ασκείται δυνάμει του άρθρου 169. Το παραδεκτό παρόμοιας προσφυγής βασίζεται στο μοναδικό αντικειμενικό στοιχείο της παραβάσεως. Εξάλλου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολόγηση της προσφυγής και της αιτιολογημένης γνώμης δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκής λόγω ελλείψεως ενδείξεων ως προς την έκταση των μέτρων, η λήψη των οποίων απαιτείται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Δεδομένου ότι η οδηγία είναι σαφέστατη επ' αυτού, η βελγική κυβέρνηση γνώριζε απολύτως τα σχετικά μέτρα και, εξάλλου, πριν από την άσκηση της προσφυγής, ουδέποτε θεώρησε ότι η υποχρέωση της ήταν αόριστη. Άλλωστε, η εν λόγω κυβέρνηση αναγνώρισε ρητά ότι ήταν σε θέση να καταρτίσει νομοσχέδιο και να το υποβάλει στη βουλή. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αιτιολογημένη γνώμη και η προσφυγή είναι απολύτως σαφείς και επαρκώς αιτιολογημένες, εφόσον επισημαίνουν την υποχρέωση που βαρύνει το καθού για μεταφορά της οδηγίας και την παράλειψη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως του αυτής. Ως προς τον ισχυρισμό περί απαραδέκτου, που η βελγική κυβέρνηση αντλεί από την προθεσμία των δύο μηνών που τάσσει η αιτιολογημένη γνώμη και που είναι κατ' αυτήν όχι εύλογη, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για σύγχυση μεταξύ της προθεσμίας που τάσσει η αιτιολογημένη γνώμη και εκείνης της οδηγίας. Την τελευταία αυτή, που είναι 24 μηνών, την καθόρισε το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση και δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε όχι εύλογη ούτε ανεπαρκής. Ως προς την προθεσμία της αιτιολογημένης γνώμης, δεν συνιστά προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας, αλλά απλώς προθεσμία, εντός της οποίας ο παραβάτης καλείται να θέσει τέρμα στη σημειωθείσα παράβαση. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή τονίζει ότι το καθού είχε ουσιαστικά 48 μήνες στη διάθεση του για να μεταφέρει την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο, προτού η Επιτροπή ασκήσει την προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου. Η εκπνοή άπρακτης μιας τέτοιας προθεσμίας καταρρίπτει κάθε σχετικό επιχείρημα. Ως προς τα επιχειρήματα που η βελγική κυβέρνηση προβάλλει προς απόρριψη της προσφυγής, η Επιτροπή διατείνεται καταρχάς ότι ο δήθεν ανεπαρκής χαρακτήρας της προθεσμίας εφαρμογής που έτασσε η οδηγία δεν είναι ικανός να θίξει το βάσιμο της προσφυγής που άσκησε η Επιτροπή, δοθέντος ότι, όπως διευκρίνισε το Δικαστήριο με την απόφαση του στην υπόθεση 52/75 (Recueil 1976, σ. 277) , σε παρόμοια περίπτωση το μόνο μέσο που συμβιβάζεται προς το κοινοτικό δίκαιο συνίσταται στην εκ μέρους του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ανάληψη των κατάλληλων πρωτοβουλιών, μέσα στα κοινοτικά πλαίσια, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία παράταση της προθεσμίας από το αρμόδιο κοινοτικό όργανο. Δεύτερον, η Επιτροπή διατείνεται ότι η απόφαση να καταρτιστεί νομοσχέδιο, ο στόχος του οποίου βαίνει πέραν της αυστηρής εφαρμογής της οδηγίας, συνιστά μια επιλογή που ασφαλώς η βελγική κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να κάνει, αλλά που δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στη μεταφορά της οικείας οδηγίας. Τρίτον, η Επιτροπή αμφισβητεί ότι οι κοινοτικοί κανόνες τηρούνται ήδη στην ουσία. Το ίδιο το καθού κατάρτισε νομοσχέδιο και με το υπόμνημα αντικρούσεως του αναγνώρισε ότι η εφαρμογή της οδηγίας απαιτούσε τροποποίηση των διατάξεων περί πιστωτικών ιδρυμάτων. Εξάλλου, τα παραδείγματα που αναφέρει το καθού προς υποστήριξη της απόψεως του ότι οι κοινοτικοί κανόνες τηρούνται ήδη στην ουσία δεν είναι πειστικά. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή διατείνεται ότι το καθού υποχρεούται οπωσδήποτε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα μεταφοράς των αρχών που καθιερώνει η οδηγία με ρητές διατάξεις εσωτερικού δικαίου και να υλοποιήσει κατ' αυτόν τον τρόπο την επιτακτική ανάγκη για ασφάλεια του δικαίου. Συναφώς, παραπέμπει στην απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Μαΐου 1980 στην υπόθεση 102/79 (Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου, Recueil σ. 1473 και ιδίως σ. 1486) . Η Επιτροπή διευκρινίζει επίσης ότι, έστω και αν στη βελγική διοικητική πρακτική εφαρμόζονται ορισμένες από τις επιταγές που ορίζουν οι διατάξεις της οδηγίας, μια τέτοια κατάσταση δεν ικανοποιεί με κανένα τρόπο την επιτακτική ανάγκη της προαναφερθείσας ασφάλειας του δικαίου. Επ' ευκαιρία, παραπέμπει πάλι στην απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Μαΐου 1980 που αναφέρθηκε παραπάνω. Όσον αφορά τις ερμηνευτικές δυσχέρειες που προβάλλει το καθού, η Επιτροπή, χωρίς να αποκλείει παρόμοιο ενδεχόμενο για το ένα ή το άλλο σημείο, υποστηρίζει ότι, κατά τις συσκέψεις της 17ης και 18ης Μαρτίου 1980, που οργάνωσε η ίδια με σκοπό να εκτιμηθεί η κατάσταση από απόψεως εφαρμογής της οδηγίας, δεν διαπιστώθηκε καμία ουσιαστική διάσταση απόψεων. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, στο μέτρο που το καθού υπαινίσσεται δυσχέρειες ως προς τον καθορισμό τού ποιες από τις διατάξεις της οδηγίας έχουν άμεση εφαρμογή, το γεγονός αυτό, ακόμα και αν υποτεθεί ότι αληθεύει, δεν το απαλλάσσει από την υποχρέωση του να λάβει τα τυπικά μέτρα υποδοχής της οδηγίας στην εσωτερική του έννομη τάξη (προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Μαΐου 1980). Τέλος, αναφορικά με τις ειδικότερες δυσχέρειες τεχνικής και πολιτικής φύσεως που συνάντησε η βελγική κυβέρνηση, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το καθού δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράβαση του επικαλούμενο λόγους που στηρίζονται σε εσωτερικές διατάξεις, την ακολουθούμενη πρακτική ή ειδικές καταστάσεις σε εθνικό επίπεδο. Με την ανταπάντηση της, η οελγική κυοέρνηοη εμμένει στο ότι η «στερεότυπη» αιτιολόγηση που δίδεται με την αιτιολογημένη γνώμη και την προσφυγή της Επιτροπής είναι ανεπαρκής, εφόσον δεν εξηγεί για ποιο λόγο οι ισχύουσες στο Βέλγιο νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις δεν τηρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας ή δεν προσδιορίζει τις διατάξεις της οδηγίας που δεν εφαρμόζονται στο Βέλγιο. Στο σημείο αυτό, η βελγική κυβέρνηση αναφέρεται στη νομολογία του Δικαστηρίου στην υπόθεση 7/61 (Receuil 1961, σ. 635). Σχετικά με την ανεπαρκή προθεσμία που της δόθηκε, η βελγική κυβέρνηση διευκρινίζει ότι, σε αντίθεση προς ό,τι πιστεύει η προσφεύγουσα, δεν συγχέει τη δίμηνη προθεσμία που της έτασσε η αιτιολογημένη γνώμη, προθεσμία την οποία θεωρεί ανεπαρκή και όχι εύλογη, και για τον πρόσθετο λόγο ότι αγνοεί τελείως το γενικότερο περιβάλλον όπου ανέκυψε το ζήτημα της θέσεως σε εφαρμογή της οδηγίας από όλα τα κράτη μέλη. Επ' αυτού, η βελγική κυβέρνηση αναφέρεται στη θεωρία, σύμφωνα με την οποία τονίστηκε κατά καιρούς ότι η προθεσμία που ορίζεται στην αιτιολογημένη γνώμη πρέπει να είναι εύλογη και να λαμβάνει υπόψη της τόσο τη φύση της παραβάσεως, όσο και την απαραίτητη ενέργεια για τη θεραπεία της. Ως προς την επιλογή της να ενσωματώσει στο νομοσχέδιο περί μεταφοράς της οδηγίας ορισμένες διατάξεις που αφορούν άλλες πλευρές της πολιτικής και του ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων, η βελγική κυβέρνηση εμμένει στην άποψη ότι αυτός ο τρόπος ενέργειας είναι ασφαλώς μακρύτερος, αλλά και λογικότερος και εν τέλει συνεπέστερος προς το πνεύμα του κοινοτικού δικαίου, εντασσόμενο αρμονικά σε ένα ομοιογενές εθνικό σύνολο κανόνων δικαίου. Επομένως, δεν είναι δυνατό να της προσάπτεται μομφή γι' αυτό. Ως προς το επιχείρημα της ότι η υφιστάμενη βελγική νομοθεσία τηρεί ήδη τις κοινοτικές διατάξεις, η βελγική κυβέρνηση διατείνεται καταρχάς ότι κατ' αυτήν ένα νομοσχέδιο δεν αποτελεί — σε αντίθεση προς ό,τι φαίνεται να πιστεύει η Επιτροπή — απόδειξη της μη συμμορφώσεως του βελγικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο. Στην προκειμένη περίπτωση, το εν λόγω σχέδιο επιτρέπει το συντονισμό διασκορπισμένων κειμένων, καθώς και το να καταστεί σαφέστερη η νομοθεσία, να βελτιωθεί από «νομικίστικη» άποψη και να συμπληρωθεί σε ορισμένα σημεία που δεν καλύπτει η οδηγία, χωρίς πάντως να είναι αναγκαία η ψήφιση του λόγω υφιστάμενων μεταξύ του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου αντιθέσεων. Η βελγική κυβέρνηση εμμένει στο ότι τα παραδείγματα που αναφέρει στο υπόμνημα αντικρούσεως της αποδεικνύουν τη συμφωνία του βελγικού προς το κοινοτικό δίκαιο σε αντίθεση προς ό,τι υποστηρίζει η προσφεύγουσα που δεν συζητεί εξάλλου στις λεπτομέρειες τους τα προταθέντα παραδείγματα. Ειδικότερα ως προς την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η βελγική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν αντιλαμβάνεται πώς το βελγικό δίκαιο δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές και υποστηρίζει ότι η προσφεύγουσα δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Εξάλλου, είναι ανακριβές να βεβαιώνεται ότι το Βέλγιο, προς εξασφάλιση της μεταφοράς της οδηγίας, περιορίζεται σε διοικητική πρακτική. Στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται όχι για διοικητική πρακτική αλλά για διοικητικούς κανόνες γενικής ισχύος στους οποίους δόθηκε η κατάλληλη δημοσιότητα. Η βελγική κυβέρνηση εμμένει στο ότι η εφαρμογή της οδηγίας θέτει ερμηνευτικές δυσχέρειες. Διευκρινίζει ότι, κατά την άποψη της, η ανάπτυξη στην οποία προέβη η Επιτροπή με την απάντηση της σχετικά με τις διατάξεις αμέσου εφαρμογής δεν είναι τέτοια που να μπορεί να περιλάβει τις δυσχέρειες που ανέκυψαν από την εξέταση της οδηγίας. Ως προς το επιχείρημα που αντλεί από τις δυσχέρειες που η εφαρμογή της οδηγίας θέτει στα βελγικά δημόσια πιστωτικά ιδρύματα, η βελγική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Επιτροπή υποτιμά τις δυσχέρειες που συναντά επί του δέματος, έστω και αν, όσον αφορά τα ιδρύματα αυτά — καθώς επίσης και τα ιδιωτικά ιδρύματα — το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο παγιώνει απλώς ή διατυπώνει ρητώς κανόνες που εφαρμόζονται και είναι σύμφωνοι προς την οδηγία. Συμπερασματικά, η βελγική κυβέρνηση, αφού διευκρίνισε ότι το προαναφερθέν νομοσχέδιο μετά από μια τελευταία γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι έτοιμο να κατατεθεί στη βουλή, εμμένει στα αιτήματα της κατά τα οποία η προσφυγή είναι απαράδεκτη και, εν πάση περιπτώσει, αβάσιμη. Συμμορφούμενη προς την εντολή του Δικαστηρίου, η βελγική κυβέρνηση κατέθεσε στις 11 Οκτωβρίου 1982 στη γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφο, στο οποίο απαριθμούνται οι διάφορες εθνικές διατάξεις που κατ' αυτήν διασφαλίζουν την εφαρμογή της οδηγίας στο βελγικό δίκαιο. IV — Προφορική διαδικασία Το Βασίλειο του Βελγίου, εκπροσωπούμενο από τον R. Hocbaer, διευθυντή του υπουργείου εξωτερικών, εξωτερικού εμπορίου και συνεργασίας για την ανάπτυξη, από τον R. Geudens, σύμβουλο του υπουργείου οικονομικών και από τον J. Le Brun, σύμβουλο της τραπεζικής επιτροπής, και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από το νομικό της σύμβουλο Α. Abate και τον Η. van Lier, μέλος της νομικής της υπηρεσίας, ανέπτυξαν τις παρατηρήσεις τους κατά τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 1982. Με τις παρατηρήσεις της, η βελγική κυβέρνηση εμμένει στον ισχυρισμό της περί απαραδέκτου της προσφυγής και, αναφερόμενη στο έγγραφο που κατέθεσε, υποστηρίζει ότι εν πάση περιπτώσει η προσφυγή λόγω παραβάσεως είναι αβάσιμη. Ως προς την Επιτροπή, η τελευταία, εμμένει στο ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, εφόσον η γνώμη της ήταν επαρκώς αιτιολογημένη ενόψει της απαντήσεως της βελγικής κυβερνήσεως στην όχληση της Επιτροπής, η οποία απάντηση περιείχε τη σιωπηρή αναγνώριση της εν λόγω παραβάσεως. Επί του βασίμου της προσφυγής της, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, παρά τα επιχειρήματα που προβάλλει με το έγγραφο που κατέθεσε η βελγική κυβέρνηση και εξήγησε διεξοδικότερα κατά τη συνεδρίαση, έχει αποδείξει την παράβαση που προσάπτει στο Βασίλειο του Βελγίου. Η γενική εισαγγελέας ανέπτυξε τις προτάσεις της κατά τη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 1982. Σκεπτικό Με δικόγραφο που κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 30 Νοεμβρίου 1981, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της συνθήκης ΕΟΚ, προσφυγή, με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι το Βασίλειο του Βελγίου, παραλείποντας να θεσπίσει εντός της ταχθείσης προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για τη συμμόρφωση του προς την οδηγία 77/780 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1977, περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τψ ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητος πιστωτικού ιδρύματος (ΕΕ ειδ. έκδ. 06/002, σ. 3), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 189, τρίτο εδάφιο της συνθήκης. Η εν λόγω προσφυγή πρέπει να εξεταστεί ενόψει του ιστορικού της ίδιας της οδηγίας, καθώς και των γεγονότων που προηγήθηκαν της ασκήσεως της προσφυγής λόγω παραβάσεως. Η οδηγία 77/780 του Συμβουλίου αποτελεί το πρώτο στάδιο της καθιερώσεως εναρμονίσεως των τραπεζικών δομών και του ελέγχου τους. Η εναρμόνιση αυτή θα επέτρεπε την προοδευτική υλοποίηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων και την ελεύθερη παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών. Η οδηγία θέτει σχετικά ορισμένους ελάχιστους όρους που αφορούν την έγκριση λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, τους οποίους οφείλουν να τηρούν όλα τα κράτη μέλη. Με την οδηγία σκοπείται ιδίως η μείωση του περιθωρίου διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν ορισμένες αρχές ελέγχου σχετικά με την έγκριση λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να διευκολύνεται η ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας τους. Δυνάμει του άρθρου 14, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα συμμορφώσεως τους προς την οδηγία εντός προθεσμίας 24 μηνών από την κοινοποίηση της· στην προκειμένη περίπτωση η προθεσμία αυτή έληξε στις 15 Δεκεμβρίου 1979. Στο Βέλγιο, η εν λόγω διάταξη συνετέλεσε στη σύνταξη νομοσχεδίου που δεν είχε ακόμη κατατεθεί ενώπιον των νομοθετικών σωμάτων όταν η Επιτροπή άσκησε την προσφυγή της λόγω παραβάσεως. Προς υπεράσπιση της η βελγική κυβέρνηση υπογραμμίζει καταρχάς τη σπουδαιότητα των δυσχερειών τεχνικής, καθώς και θεσμικής και πολιτικής φύσεως, που εξηγούν πώς, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η βελγική κυβέρνηση, το νομοσχέδιο, με το οποίο εξασφαλίζεται η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, δεν μπόρεσε ακόμη να κατατεθεί ενώπιον της βουλής. Επιπλέον, ορισμένα προβλήματα ανέκυψαν από το γεγονός ότι αποφάσισε να επωφεληθεί της θεσπίσεως της οδηγίας για να τροποποιήσει τη βελγική τραπεζική νομοθεσία που αφορά το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι περιστάσεις αυτές, αν και μπορούν να εξηγήσουν τις δυσχέρειες εφαρμογής της οδηγίας, δεν είναι πάντως ικανές να εξαλείψουν την παράβαση που προσάπτεται στο Βασίλειο του Βελγίου. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επικαλεστεί διατάξεις, την ακολουθούμενη πρακτική ή καταστάσεις της εσωτερικής εννόμου τάξεως του για να δικαιολογήσει τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες. Η βελγική κυβέρνηση θεωρεί εξάλλου ότι τόσο η αιτιολογημένη γνώμη όσο και η προσφυγή της Επιτροπής δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες, στο μέτρο που δεν αναφέρονται στις δυσχέρειες εφαρμογής της οδηγίας ούτε σε οιαδήποτε αδράνεια ή αντίθεση του Βελγικού Δημοσίου σχετικά με την εφαρμογή της. Επιπλέον, η προθεσμία που τάσσει η αιτιολογημένη γνώμη είναι ανεπαρκής. Επ' αυτού, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το παραδεκτό μιας προσφυγής που στηρίζεται στο άρθρο 169 της συνθήκης εξαρτάται από την απλή αντικειμενική διαπίστωση της παραβάσεως και όχι από την απόδειξη οιασδήποτε αδράνειας ή αντιθέσεως εκ μέρους του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Όπως έχει ήδη κρίνει το Δικαστήριο, η κατά το άρθρο 169 γνώμη πρέπει να θεωρηθεί ως κατά νόμο επαρκώς αιτιολογημένη όταν περιλαμβάνει, όπως στην προκειμένη περίπτωση, συνεκτική παράθεση των λόγων που έπεισαν την Επιτροπή ότι το ενδιαφερόμενο κράτος παρέβη μία από τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη συνθήκη. Στο μέτρο αυτό η Επιτροπή δεν όφειλε να αναφερθεί σε ενδεχόμενες δυσχέρειες εφαρμογής της οδηγίας στο εν λόγω κράτος μέλος. Τέλος, η οδηγία παρείχε στα κράτη μέλη προθεσμία 24 μηνών για τη λήψη των μέτρων εφαρμογής. Η προθεσμία των 2 μηνών της αιτιολογημένης γνώμης συνιστά υπό την έννοια αυτή απλή συμπληρωματική προθεσμία, εντός της οποίας το κράτος μέλος καλείται να θέσει τέρμα στην παράβαση που του προσάπτεται. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέμεινε περισσότερο από 2 χρόνια αφότου απέστειλε την αιτιολογημένη γνώμη για να προσφύγει στο Δικαστήριο. Μάταια, επομένως, το Βασίλειο του Βελγίου αμφισβητεί υπό τις περιστάσεις αυτές την προθεσμία των 2 μηνών της αιτιολογημένης γνώμης. Η βελγική κυβέρνηση ισχυρίζεται ακόμη ότι η προσφυγή είναι αβάσιμη, διότι η προθεσμία των 24 μηνών που προβλέπονται για την εφαρμογή της οδηγίας είναι σαφώς ανεπαρκής. Η οδηγία 77/780 του Συμβουλίου θέτει επίσης ερμηνευτικά προβλήματα ως προς την ίδια τη φύση των υποχρεώσεων που συνεπάγεται για τα κράτη μέλη και την άμεση εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της. Επ' αυτού, πρέπει να τονιστεί ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών συμμετέχουν στις προπαρασκευαστικές εργασίες των οδηγιών και οφείλουν συνεπώς να είναι σε θέση να εκπονήσουν εντός της τασσόμενης προθεσμίας τις αναγκαίες για την εφαρμογή τους νομοθετικές διατάξεις. Αν εντούτοις η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας αποδεικνύεται υπερβολικά βραχεία, το μόνο μέσο που συμβιβάζεται προς το κοινοτικό δίκαιο συνίσταται στην εκ μέρους του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ανάληψη των κατάλληλων πρωτοβουλιών, μέσα στα κοινοτικά πλαίσια, ώστε να επιτευχθεί η ενδεχόμενη παράταση της προθεσμίας από το αρμόδιο κοινοτικό όργανο. Ως προς τις ερμηνευτικές δυσχέρειες της οδηγίας, αυτές δεν μπορεί να υπήρξαν τέτοιας φύσεως, ώστε να είναι δυνατόν να νομιμοποιήσουν τη μη τήρηση εκ μέρους της βελγικής κυβερνήσεως των προθεσμιών που η ίδια είχε δεχθεί, τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία είχε στη διάθεση της και άλλα μέσα που της επέτρεπαν να προσδιορίσει την έκταση των υποχρεώσεων της. Επιπλέον, ακόμη και αν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας είχαν άμεση εφαρμογή, το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει το βελγικό κράτος από την υποχρέωση του να εκτελέσει την οδηγία θεσπίζοντας εσωτερικές διατάξεις. Πράγματι, όπως έχει ήδη δεχθεί το Δικαστήριο με την απόφαση του της 6ης Μαΐου 1980 (Επιτροπή κατά Βελγίου, 102/79, Receuil σ. 1487), το δικαίωμα των πολιτών να επικαλούνται ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγία έναντι παραβάτου κράτους μέλους, συνιστά ελάχιστη εγγύηση που απορρέει από το δεσμευτικό χαρακτήρα της υποχρεώσεως που επιβάλλεται στα κράτη μέλη ως συνέπεια των οδηγιών δυνάμει του άρθρου 189, τρίτο εδάφιο, και δεν μπορεί να χρησιμεύσει σε κράτος μέλος ως δικαιολογία για να απαλλαγεί από την υποχρέωση να λάβει εγκαίρως κατάλληλα μέτρα εφαρμογής κάθε οδηγίας. Με το υπόμνημα αντικρούσεως της, η βελγική κυβέρνηση παρατηρεί τέλος ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας ανευρίσκονται είτε στις εθνικές νομοθετικές διατάξεις καθαυτές είτε σε διοικητικές διατάξεις γενικής ισχύος στις οποίες δόθηκε η δέουσα δημοσιότητα. Με την ανταπάντηση της, η βελγική κυβέρνηση επεσήμανε ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως απλή διοικητική πρακτική, αλλ' ότι επρόκειτο ακριβώς για διοικητικές διατάξεις. Συμμορφούμενη προς την εντολή του Δικαστηρίου, η βελγική κυβέρνηση κατέθεσε στις 11 Οκτωβρίου 1982 στη γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφο, σε παράρτημα του οποίου παρατίθενται οι διάφορες εθνικές διατάξεις που κατά την άποψη της διασφαλίζουν την εκτέλεση της οδηγίας στο βελγικό δίκαιο. Επ' αυτού, πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η βελγική κυβέρνηση δεν προέβαλε τον παραπάνω ισχυρισμό παρά μόνο κατά τη διάρκεια της ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασίας, ενώ κατά την προηγηθείσα της προσφυγής φάση περιορίστηκε να βεβαιώσει ότι για τους σκοπούς της μεταφοράς της οικείας οδηγίας ήταν υπό κατάρτιση νόμος περί της μεταφοράς της οδηγίας. Πρέπει να διαπιστωθεί ότι παρόμοιος τρόπος ενέργειας δεν είναι σύμφωνος προς την υποχρέωση που επιβάλλει στα κράτη μέλη το άρθρο 14, παράγραφος 1, της οδηγίας 77/780 και η οποία συνίσταται στο να παρέχουν αμέσως στην Επιτροπή κάθε χρήσιμη πληροφορία που αφορά τα μέτρα που έλαβαν για τη συμμόρφωση τους προς την οδηγία. Εν πάση περιπτώσει, η προσφυγή που άσκησε η Επιτροπή αποβλέπει αποκλειστικά στο να αναγνωριστεί ότι, «παραλείποντας να θεσπίσει εντός της ταχθείσης προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για τη συμμόρφωση του προς την οδηγία 77/780/ΕΟΚ του Συμβουλίου», το Βασίλειο του Βελγίου παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη συνθήκη ΕΟΚ και δεν αφορά επομένως την υποχρέωση για ενημέρωση που απορρέει από το άρθρο 14 της εν λόγω οδηγίας. Άρα, στα πλαίσια αυτά πρέπει να δοθεί και η απάντηση στον παραπάνω ισχυρισμό της βελγικής κυβερνήσεως. Πάντως, ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί. Μπορούν να αναφερθούν εδώ ενδεικτικά διάφορες σαφείς παραβάσεις της οδηγίας. Καταρχάς, φαίνεται ότι οι διάφορες υποχρεώσεις για κοινοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι βελγικές αρχές ελέγχου, τις οποίες επιβάλλουν εκτός των άλλων το άρθρο 3, παράγραφος 7, άρθρο 8, παράγραφος 5 και άρθρο 9, παράγραφος 2 της οδηγίας δεν περιλαμβάνονται σε κανένα από τα ισχύοντα κείμενα. Όσον αφορά την εκπλήρωση της υποχρεώσεως των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών να ανακοινώνουν αμοιβαία όλες τις πληροφορίες που μπορούν να διευκολύνουν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 7 της οδηγίας), το Βασίλειο του Βελγίου διατείνεται ότι η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 40 του βασιλικού διατάγματος αριθ. 185 της 9ης Ιουλίου 1935. Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο αίρει ασφαλώς την υποχρέωση τηρήσεως του επαγγελματικού απορρήτου που βαρύνει τα μέλη της τραπεζικής επιτροπής και τους επιθεωρητές όταν κοινοποιούν πληροφορίες σε ξένη αρχή ελέγχου, δεν περιλαμβάνει όμως καμία υποχρέωση των βελγικών αρχών να συνεργάζονται με τις αρχές των λοιπών κρατών μελών. Εξάλλου, το έγγραφο που προσκόμισε η βελγική κυβέρνηση δεν αποδεικνύει την ύπαρξη καμιάς διατάξεως εφαρμογής του άρθρου 5 της οδηγίας που αφορά το δικαίωμα των υποκαταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων να χρησιμοποιούν την ίδια επωνυμία που χρησιμοποιούν στο κράτος μέλος της έδρας τους. Τέλος, στο βελγικό δίκαιο δεν απαντώνται διατάξεις αντίστοιχες προς ορισμένες διατάξεις που αφορούν την ανάκληση της αδείας λειτουργίας (άρθρο 8). Το αυτό ισχύει και για την προθεσμία των 12 μηνών, η οποία προβλέπεται, προκειμένου οι αρχές να μπορέσουν να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας σε περίπτωση μη ασκήσεως από το ίδρυμα της δραστηριότητας του. Πρέπει επομένως να αναγνωριστεί ότι το Βασίλειο του Βελγίου, παραλείποντας να θεσπίσει εντός της ταχθείσης προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για τη συμμόρφωση του προς την οδηγία 77/780 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1977, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη συνθήκη της ΕΟΚ. Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα. Επειδή το καθού ηττήθη, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Διά ταύτα ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ κρίνει και αποφασίζει: 1) Παραλείποντας να θεσπίσει εντός της ταχθείσης προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις για τη συμμόρφωση του προς την οδηγία 77/780 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1977, περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος, το Βασίλειο του Βελγίου παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη συνθήκη ΕΟΚ. 2) Καταδικάζει το καθού στα δικαστικά έξοδα. Menens de Wilman Pescatore O'Keeffe Evening Mackenzie Stuart Bosco Galmot Δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο την 1η Μαρτίου 1983. Ο γραμματέας Ρ. Heim Ο πρόεδρος J.Mertens de Wilmais

61991CJ0168

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Motifs de l'arrêt 1 Par ordonnance du 27 juin 1991, parvenue à la Cour le 1er juillet suivant, l' Amtsgericht Tuebingen (République fédérale d' Allemagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 5, 7, 48, 52, 59 et 60 du traité. 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Christos Konstantinidis au Stadt Altensteig - Standesamt et au Landratsamt Calw - Ordnungsamt. 3 Le requérant dans l' affaire au principal est un ressortissant hellénique qui vit à Altensteig (République fédérale d' Allemagne). Il y exerce, à titre indépendant, la profession de masseur et d' assistant en hydrothérapie. Selon son acte de naissance grec, son prénom est ******* et son nom de famille **************. 4 L' intéressé s' est marié, le 1er juillet 1983, devant l' officier de l' état civil d' Altensteig. Dans le registre des actes de mariage, son nom a été orthographié "Christos Konstadinidis". Le 31 octobre 1990, il a demandé à l' officier de l' état civil d' Altensteig de rectifier l' indication de son nom de famille dans ce registre, en remplaçant "Konstadinidis" par "Konstantinidis", au motif que cette graphie indiquait aussi fidèlement que possible aux utilisateurs de la langue allemande la prononciation correcte de son nom en grec et qu' en outre son nom était transcrit de cette façon en caractères latins dans son passeport grec. 5 L' inscription du nom de l' intéressé dans le registre des actes de mariage devant correspondre à l' inscription figurant dans son acte de naissance, l' Amtsgericht Tuebingen, compétent pour ordonner de telles rectifications, a fait procéder à une traduction de l' acte de naissance. La transcription du nom a été faite en appliquant, en conformité avec les dispositions administratives en vigueur et une jurisprudence constante des juridictions supérieures allemandes, la norme ISO-18, qui est prescrite par l' article 3 de la convention relative à l' indication des noms et prénoms dans les registres de l' état civil du 13 septembre 1973 (Bundesgesetzblatt 1976 II, p. 1473, ci-après "convention") et qui prévoit une translittération. La convention est entrée en vigueur, pour la République fédérale d' Allemagne, le 16 février 1977 (Bundesgesetzblatt 1977 II, p. 254); la République hellénique a adhéré à la convention en 1987. En appliquant la norme ISO-18, précitée, la transcription latine du nom de l' intéressé devient "Hréstos Kónstantinidés". 6 L' intéressé a contesté cette transcription devant l' Amtsgericht Tuebingen en faisant valoir qu' elle déformait la prononciation de son nom. 7 Le Landratsamt Calw, autorité de tutelle de l' officier de l' état civil d' Altensteig, a demandé à son tour une rectification du registre des actes de mariage, de telle sorte que le nom de l' intéressé soit inscrit sous la forme "Hréstos Kónstantinidés", conformément à la norme ISO-18. 8 L' Amtsgericht Tuebingen a estimé que le litige soulevait des problèmes d' interprétation du droit communautaire et a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: "1) Un ressortissant d' un État membre des Communautés européennes exerçant une activité salariée ou non salariée au sens des articles 48, 52, 59 et suivants du traité instituant la Communauté économique européenne est-il lésé dans ses droits, en violation des articles 5 et 7 du traité instituant la Communauté économique européenne, par le fait qu' il est obligé, dans un autre État membre, d' admettre contre sa volonté déclarée l' inscription de son nom dans les registres de l' état civil du pays d' accueil selon une graphie non conforme à la traduction phonétique et telle que la prononciation de son nom s' en trouve modifiée et déformée; concrètement, selon une graphie telle que le nom grec Christos Konstantinidis (traduction phonétique directe) devient: 'Hréstos Kónstantinidés' ? 2) Est-il porté atteinte de cette façon au droit d' établissement et de libre prestation de services établi aux articles 52, 59 et 60 du traité instituant la Communauté économique européenne?" 9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable, ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont reproduits ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour. 10 Il y a lieu d' observer, à titre liminaire, qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi que le requérant au principal est un ressortissant hellénique qui exerce en République fédérale d' Allemagne, à titre indépendant, la profession de masseur et d' assistant en hydrothérapie. 11 Dans ces conditions, il y a lieu d' admettre que, par ses deux questions, le juge de renvoi cherche, en substance, à savoir si l' article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce que le nom d' un ressortissant hellénique, qui s' est établi dans un autre État membre afin d' y exercer une profession à titre indépendant, soit inscrit dans les registres de l' état civil de cet État selon une graphie non conforme à la transcription phonétique de son nom et telle que la prononciation de son nom s' en trouve modifiée et déformée. 12 En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler, d' abord, ainsi que la Cour l' a constaté à maintes reprises, que l' article 52 du traité constitue l' une des dispositions fondamentales de la Communauté. Cet article impose, en matière de droit d' établissement, le respect de l' assimilation des ressortissants des autres États membres aux nationaux en interdisant toute discrimination fondée sur la nationalité résultant des législations, réglementations ou pratiques nationales (arrêt du 18 juin 1985, Steinhauser, 197/84, Rec. p. 1819, point 14). 13 Il y a, dès lors, lieu d' examiner si des règles nationales concernant la transcription en caractères latins du nom d' un ressortissant hellénique dans les registres de l' état civil de l' État membre où il s' est établi sont susceptibles de le placer dans une situation de droit ou de fait désavantageuse par rapport à la situation faite, dans les mêmes circonstances, à un ressortissant de cet État membre. 14 Il convient de constater à cet égard que rien dans le traité ne s' oppose à la transcription d' un nom grec en caractères latins dans les registres de l' état civil d' un État membre qui utilise l' alphabet latin. Dans ces conditions, il appartient à cet État membre d' en fixer les modalités, par la voie législative ou administrative et selon les règles prévues par des conventions internationales qu' il a conclues en matière d' état civil. 15 Des règles de ce genre ne doivent être considérées comme incompatibles avec l' article 52 du traité que dans la mesure où leur application crée pour un ressortissant hellénique une gêne telle qu' elle porte, en fait, atteinte au libre exercice du droit d' établissement que cet article lui garantit. 16 Or, tel est le cas si la législation de l' État d' établissement oblige un ressortissant hellénique à utiliser, dans l' exercice de sa profession, une graphie de son nom résultant de la translittération dans les registres de l' état civil, si cette graphie est telle que la prononciation s' en trouve dénaturée et si cette déformation l' expose au risque d' une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle. 17 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l' article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' un ressortissant hellénique se voie obligé, par la législation nationale applicable, d' utiliser, dans l' exercice de sa profession, une graphie de son nom telle que la prononciation s' en trouve dénaturée et que la déformation qui en résulte l' expose au risque d' une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 18 Les frais exposés par le gouvernement allemand, le gouvernement hellénique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (sixième chambre), statuant sur les questions à elle soumises par l' Amtsgericht Tuebingen, par ordonnance du 27 juin 1991, dit pour droit: L' article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' un ressortissant hellénique se voie obligé, par la législation nationale applicable, d' utiliser, dans l' exercice de sa profession, une graphie de son nom telle que la prononciation s' en trouve dénaturée et que la déformation qui en résulte l' expose au risque d' une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle.

62013TJ0104

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Okolnosti spora Tužitelj i predmetni proizvod Tužitelj, Toshiba Corp., svjetski je poduzetnik koji proizvodi i prodaje elektroničke i elektronske proizvode, među kojima i katodne cijevi (u daljnjem tekstu: CRT). CRT‑i su staklena kućišta iz kojih je izvučen zrak i koja sadržavaju elektronski top i fluorescentni ekran, te su uglavnom opremljena s vanjskim ili unutarnjim uređajima za ubrzavanje i usmjeravanje elektrona. Kada elektroni iz elektronskog topa dotaknu fluorescentni ekran, on se osvjetljava i nastaje slika na ekranu. U vrijeme nastanka činjenica u glavnom postupku, postojale su dvije vrste CRT‑a, odnosno cijevi u boji za računalne ekrane (colour display tubes, u daljnjem tekstu: CDT) i katodne cijevi za televizore u boji (colour picture tubes, u daljnjem tekstu: CPT). CDT‑i i CPT‑i su pojedinačni sastavni dijelovi koji se kombiniraju s okvirom i ostalim dijelovima nužnim za proizvodnju računalnog ekrana ili televizora u boji. Postoje različite dimenzije zaslona (mali, srednji, veliki i jumbo), koje se izražavaju u inčima. Tužitelj je sudjelovao u proizvodnji i prodaji CRT‑a, izravno ili putem svojih društava kćeri, osobito [ povjerljivo ] ( ), [ povjerljivo ], [ povjerljivo ] i [ povjerljivo ], smještenih u Europi, Aziji i Sjevernoj Americi. [ povjerljivo ], sa sjedištem u [ povjerljivo ] i u cijelosti u vlasništvu [ povjerljivo ], bio je europska podružnica zadužena za proizvodnju tužiteljevih elektroničkih komponenti te njegov ekskluzivni distributer CDT‑a i CPT‑a u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i to od 1995. godine do 31. ožujka 2003. Dana 31. ožujka 2003. tužitelj je prenio sve svoje aktivnosti u vezi s CRT‑om na zajedničko društvo, Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd (u daljnjem tekstu: MTPD), koje je osnovao zajedno s društvom Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (u daljnjem tekstu: MEI). Do 31. ožujka 2007. MEI je imao 64,5%, a tužitelj 35,5% vlasničkog udjela u MTPD‑u, nakon čega je tužitelj svoj udio prenio na MEI, tako da je MTPD postao društvo kći u potpunom vlasništvu potonjeg te je promijenilo svoju tvrtku u MT Picture Display Co. Ltd. Što se tiče MEI‑ja, on je svoju tvrtku 1. listopada 2008. promijenio u Panasonic Corp. Upravni postupak Taj postupak pokrenut je nakon zahtjeva za imunitet koji je u smislu Obavijesti Komisije o oslobađanju od kazni i smanjenju kazni u slučajevima kartela ( SL 2006., C 298, str. 17 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 62.), 23. ožujka 2007. podnijelo društvo Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd. Društva Samsung SDI Co. Ltd, Samsung SDI Germany GmbH, Samsung SDI (Malaysia) Berhad (u daljnjem tekstu zajedno nazvani Samsung SDI), MEI, Koninklijke Philips Electronics NV (u daljnjem tekstu: Philips) i Thomson SA podnijeli su zahtjeve za primjenu pokajničkog programa, sukladno obavijesti navedenoj u točki 5. ove presude. Dana 23. studenoga 2009. Komisija Europskih zajednica usvojila je obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama koja je bila upućena tužitelju kao i društvima Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd, Chunghwa Picture Tubes (Malezija) Sdn. Bhd, CPTF Optronics Co. Ltd (u daljnjem tekstu zajedno nazvani Chunghwa), Samsung SDI, Philips, LG Electronics, Inc. (u daljnjem tekstu: LGE), PT LG Electronics Indonesia Ltd, LG Electronics European Holding BV, Thomson, Panasonic, [ povjerljivo ], [ povjerljivo ] i MTPD te je 26. i 27. svibnja 2010. održala saslušanje (u daljnjem tekstu: saslušanje) svih adresata te obavijesti. Dopisima od 2. srpnja 2010. Panasonic i tužitelj dostavili su dodatna očitovanja te podnijeli dokaze u odnosu na navodno odlučujući utjecaj koji imaju na postupanje MTPD‑a na tržištu. Dopisom od 14. prosinca 2010. tužitelj je ponovio zahtjev koji je postavio u svojim prethodnim očitovanjima od 2. srpnja da mu se omogući pristup očitovanjima Panasonica iznesenima na saslušanju, kao i svim novim dokazima koji su uloženi u spis nakon obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama. Dopisom od 22. prosinca 2010. Komisija je Panasonicu i tužitelju dostavila opis činjeničnog stanja u vezi s dodatnim dokazima na koje se namjerava osloniti kako bi prema potrebi utvrdila da su oni zajedno i solidarno odgovorni za eventualnu sankciju izrečenu MTPD‑u za njegovo sudjelovanje u sveukupnom zabranjenom sporazumu. Dopisom službenika za saslušanja od 19. siječnja 2011. Komisija je odbila zahtjeve tužitelja od 14. i 23. prosinca 2010. za odobravanje pristupa odgovorima drugih poduzetnika na obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama. Dopisom od 4. veljače 2011. tužitelj je odgovorio na opis činjeničnog stanja koji je dostavila Komisija. Dopisom od 4. ožujka 2011. Komisija je uputila zahtjev za pružanje informacija, među ostalima i tužitelju, sukladno članku 18. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima [101. i 102. UFEU‑a] ( SL 2003., L 1, str. 1 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.) pozivajući ga da dostavi podatke o ostvarenim prodajama i ukupnim prihodima. Pobijana odluka U Odluci C (2012) 8839 final od 5. prosinca 2012. o postupku primjene članka 101. UFEU‑a i članka 53. Sporazuma o EGP‑u (predmet COMP/39.437 – katodne cijevi za televizore i računalne ekrane) (u daljnjem tekstu: pobijana odluka), Komisija je utvrdila da su najznačajniji svjetski proizvođači CRT‑a povrijedili članak 101. UFEU‑a i članak 53. Sporazuma o EGP‑u (u daljnjem tekstu: sporazum o EGP‑u) sudjelujući u dvije zasebne povrede, od kojih svaka predstavlja jedinstvenu i trajnu povredu. Te se povrede tiču, s jedne strane, tržišta CDT‑a (u daljnjem tekstu: zabranjeni sporazum o CDT‑u) i, s druge strane, tržišta CPT‑a (u daljnjem tekstu: zabranjeni sporazum o CPT‑u). Te su se povrede odvijale između 24. listopada 1996. i 14. ožujka 2006. te između 3. prosinca 1997. i 15. studenoga 2006. i to u obliku sporazuma i usklađenih djelovanja proizvođača CRT‑a s ciljem određivanja cijena, raspodjele tržišta i kupaca dodjeljivanjem opsega prodaje, kupaca i dijelova tržišta, ograničavanja proizvodnje, razmjene osjetljivih poslovnih informacija i kontrole provedbe tajnih sporazuma. U odnosu na zabranjeni sporazum o CPT‑u, koji je jedini obuhvaćen ovom tužbom, Komisija je smatrala da su se sudionici dogovarali o ciljanim ili najnižim cijenama za različite dimenzije CPT‑a, da su se trudili zadržati raspon cijena istovjetnih proizvoda koji se prodaju u Europi i Aziji i da su strogo nadzirali sporazume o određivanju cijena. Zaključili su također sporazume koji su određivali koji će proizvođač i za koliko povećati cijenu kojem kupcu. Proizvođači CPT‑a su se, nadalje, dogovarali o svojim udjelima na tržištu te o usklađenom ograničavanju proizvodnje s ciljem smanjivanja ponude i povećanja ili zadržavanja cijena. Osim toga, oni su razmjenjivali osjetljive poslovne informacije vezano za predviđenu proizvodnju i proizvodne kapacitete, realiziranu i predviđenu prodaju, predviđanja o budućoj potražnji, određivanje cijena i strategije cijena, opće uvjete prodaje, te za pregovore s potonjima u pogledu cijena i količine. U uvodnim izjavama 123. i 124. pobijane odluke istaknuto je da su se tijekom početnog razdoblja, tijekom kojeg su CPT‑i bili predmet rasprava na istim sastancima koji su se odnosili i na CDT‑e, od jeseni 1998. održavali višestrani sastanci koji su se redovito nazivali „CPT glass meetings“ i koji su u početku bili organizirani u Aziji (u daljnjem tekstu: azijski sastanci o staklu) između azijskih poduzetnika koji čine okosnicu zabranjenog sporazuma, odnosno, između društava Chunghwa, Samsung SDI, [ povjerljivo ], [ povjerljivo ] i LGE na mjesečnoj ili tromjesečnoj bazi, dok su proizvođači diljem svijeta održavali dvostrane sastanke i često razmjenjivali informacije. Od 1999. azijski poduzetnici namjeravaju proširiti krug članova zabranjenog sporazuma kako bi u njega uključili sve glavne azijske i europske proizvođače. Priključila su im se društva [ povjerljivo ], MEI, Philips, Thomson i tužitelj. Sudjelovanje europskih poduzetnika, društava Philips i Thomson dokazano je nakon pokretanja antidumping postupka u Europi, u proljeće 2009., vezano za uvoz 14-inčnih azijskih CPT‑a. Dokazi potvrđuju da su se nakon toga sastanci o staklu (u daljnjem tekstu: sastanci o staklu) održavali i u Europi (u daljnjem tekstu: europski sastanci o staklu). Nadalje, tijekom 2002. – 2003. azijski sastanci o staklu su se održavali u izmijenjenom obliku te su bili organizirani na dvjema razinama, namijenjenima proizvođačima CPT‑a sa sjedištem u Aziji, uključujući, s jedne strane, sastanke između društava Samsung SDI i MTPD te grupe LG Philips Displays (u daljnjem tekstu: grupa LPD, umjesto društava LGE i Philips, koji su joj ustupili svoju aktivnost vezano za CPT‑e), nazvane „SML“, koji su se u najvećem dijelu odnosili na CPT‑e u srednjoj i extralarge dimenziji, i, s druge strane, sastanke jugoistoka Azije, između društva Samsung SDI, grupe LPD, te društava MTPD, Chunghwa i [ povjerljivo ], nazvani „ASEAN“, koji su se u najvećem dijelu odnosili na CPT‑e malih i srednjih dimenzija. Iako su europski sastanci o staklu vezano za CPT navodno bili organizirani i vođeni odvojeno od sastanaka održanih u Aziji, Komisija je istaknula da su društva kćeri istih poduzetnika i, povremeno, isti pojedinci sudjelovali na sastancima s konkurentima kako u Europi tako i u Aziji. Stoga je Komisija zauzela stav da su europski i azijski sastanci o staklu bili međusobno povezani, s obzirom na to da se na njima raspravljalo o istim temama i da su razmjenjivane iste vrste informacija, unatoč činjenici da dokumenti iz spisa ne opisuju postojanje zajedničke središnje organizacije. U tom pogledu, prema pobijanoj odluci, europski sastanci o staklu bili su produžetak azijskih sastanaka te su bili usredotočeniji na tržišne uvjete i cijene u Europi, dok su kontakti koji su u okviru zabranjenog sporazuma održavani u Aziji obuhvaćali cijeli svijet pa prema tome i Europu. Nadalje, sporazumi koji se odnose na europsko tržište zaključivali su se na sastancima održavanima kako u Europi tako i u Aziji, a usklađene cijene redovito su se nadzirale, pri čemu su azijske cijene korištene kao pokazatelj prilikom ispitivanja razine europskih cijena. Naposljetku, u odnosu na uključenost tužitelja u zabranjeni sporazum o CPT‑u Komisija je, kao prvo, utvrdila da je on u njima izravno sudjelovao održavanjem dvostranih kontakata između 16. svibnja 2000. i 11. travnja 2002. s većinom poduzetnika koji čine okosnicu navedenog zabranjenog sporazuma, u okviru kojih su se odvijale iste vrste rasprava kao i na pojedinim sastancima o staklu, tako i sudjelovanjem, računajući od 12. travnja 2002., na nekima od tih sastanaka. Kao drugo, Komisija je istaknula da je počevši od 1. travnja 2003., MTPD, na koji su MEI i tužitelj izvršavali odlučujući utjecaj, bez prekida nastavio sudjelovati u zabranjenom sporazumu o CPT‑u, kako razmjenom osjetljivih poslovnih informacija u pogledu tog sporazuma tako i dvostranim kontaktima s poduzetnicima koji sudjeluju na europskim sastancima o staklu, kao i sudjelovanjem na sastancima SML‑a i ASEAN‑a od svjetske važnosti, održavanima u Aziji. Posljedično, Komisija je zaključila da je tužitelj odgovoran, s jedne strane, za izravno počinjenu povredu prije osnivanja MTPD‑a i, s druge strane, zajedno i solidarno s Panasonicom, za povredu koju je počinio MTPD, od njegova osnivanja. U odnosu na izračun iznosa novčane kazne izrečene tužitelju, Komisija se oslonila na Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2003 ( SL 2006., C 210, str. 2 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 58., u daljnjem tekstu: Smjernice iz 2006.). Ponajprije, u odnosu na izračun iznosa novčane kazne, Komisija je zauzela stav da u svrhu određivanja vrijednosti prihoda od prodaje robe povezane s povredom, u smislu točke 13. Smjernica iz 2006. valja uzeti u obzir prosječnu godišnju vrijednost prihoda od „stvarne“ prodaje tijekom cjelokupnog trajanja zabranjenog sporazuma o CPT‑u, koja se sastoji, s jedne strane, od prodaje CPT‑a izravno kupcima sa sjedištem u EGP‑u koju je izvršio jedan od adresata pobijane odluke (u daljnjem tekstu: izravna prodaja u EGP‑u) i, s druge strane, od prodaje CPT‑a, unutar iste grupe ugrađenih u konačni proizvod koje zatim jedan od adresata pobijane odluke prodaje kupcima sa sjedištem u EGP‑u (u daljnjem tekstu: izravne prodaje u EGP‑u putem prerađenih proizvoda). Prema uvodnim izjavama 1021., 1026. i 1029. navedene odluke, prva „stvarna“ prodaja CPT‑a – prodanog kao takvog ili ugrađenog u konačne proizvode – odgovara prodaji koju je u EGP‑u tijekom razdoblja trajanja zabranjenog sporazuma o CPT‑u izvršio jedan od adresata pobijane odluke vanjskom kupcu. Nasuprot tomu, Komisija nije uzela u obzir „neizravne prodaje“ koje odgovaraju vrijednosti CPT‑a koje je jedan od adresata pobijane odluke prodao kupcima sa sjedištem izvan EGP‑a, koji su ih zatim ugradili u konačne proizvode i prodali ih u EGP‑u. Komisija je, nadalje, istaknula da su društvo Panasonic i tužitelj sudjelovali u zabranjenom sporazumu o CPT‑u prije osnivanja MTPD‑a te da su nakon njegova osnivanja njegovim posredstvom nastavili sudjelovati u tom sporazumu. Također je zauzela stav da čak i ako je tužitelj neprekidno sudjelovao u zabranjenom sporazumu o CPT‑u valja razlikovati dva razdoblja prilikom izračuna iznosa novčanih kazni koje su mu izrečene, odnosno, s jedne strane, razdoblja prije osnivanja MTPD‑a, kada su društvo Panasonic i tužitelj bili osobno odgovorni za izravno sudjelovanje u zabranjenom sporazumu o CPT‑u i, s druge strane, razdoblja nakon osnivanja MTPD‑a, kada su društvo Panasonic i tužitelj bili zajedno i solidarno odgovorni s MTPD‑om. Što se tiče razdoblja prije osnivanja MTPD‑a, Komisija je uzela u obzir prosječnu vrijednost prihoda od „stvarne“ pojedinačne prodaje koje su ostvarivala društva majke, dok je za razdoblje nakon osnivanja MTPD‑a uzela u obzir vrijednost prihoda od prodaje koje je ostvarivao MTPD, kako bi se prikazala gospodarska moć navedenog poduzetnika. Potonja prodaja obuhvaća kako izravnu prodaju u EGP‑u koje je ostvario MTPD tako i izravnu prodaju u EGP‑u putem prerađenih proizvoda između MTPD‑a, s jedne strane, te društva Panasonic i tužitelja, s druge. Što se tiče vrijednosti prihoda od prodaje koja se koristi u svrhu izračuna dodatnog iznosa uključenog u osnovni iznos novčane kazne koju Komisija izriče svakom društvu majci MTPD‑a, ona je utvrđena uzimanjem u obzir ne samo prosječne godišnje vrijednosti prihoda od pojedinačne prodaje CPT‑a koju je svako od društava majki ostvarilo prije osnivanja MTPD‑a nego i dijela prodaje CPT‑a koju je potonji ostvario, a koji odgovara vlasničkom udjelu pojedinog društva majke. U tom pogledu, Komisija je smatrala da, uzimajući u obzir težinu povrede, udio u vrijednosti prihoda od prodaje koji treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja osnovnog iznosa novčane kazne valja odrediti, za sve poduzetnike o kojima je riječ, u visini od 18% kada je riječ o zabranjenom sporazumu o CPT‑u, odnosno u visini od 19% kada je riječ o zabranjenom sporazumu o CDT‑u, pomnoženo s trajanjem njihova sudjelovanja u povredi, razmjerno i zaokruživanjem na manji broj mjeseci. Nadalje, neovisno o trajanju sudjelovanja poduzetnika u zabranjenom sporazumu o CPT‑u i u svrhu odvraćanja od pristupanja horizontalnim sporazumima o određivanju cijena i raspodjeli tržišta, Komisija je u osnovni iznos novčanih kazni izrečenih društvu Panasonic i tužitelju uključila dodatni iznos od 18% vrijednosti prihoda od prodaje relevantne za zabranjeni sporazum o CPT‑u. Osim toga, Komisija je smatrala da ne postoje otegotne okolnosti, ali nije priznala niti postojanje olakotnih okolnosti na strani tužitelja, koje bi opravdale prilagodbu osnovnog iznosa. Naposljetku, s obzirom na to da su prihodi tužitelja ocijenjeni iznimno visokim, neovisno o prodaji dobara na koje se povreda odnosi, Komisija je primijenila multiplikator odvraćanja od 10% na iznos tužitelju izrečene novčane kazne. Članci 1. i 2. izreke pobijane odluke glase kako slijedi: „Članak [1.] […] 2. Sljedeći poduzetnici povrijedili su članak 101. […] UFEU‑a i članak Sporazuma o EGP‑u sudjelujući tijekom navedenih razdoblja u jedinstvenom i trajnom nizu sporazuma i usklađenih djelovanja u sektoru [CPT‑a]: […] c) Panasonic […] od 15. srpnja 1999. do 12. lipnja 2006.; d) Toshiba […] od 16. svibnja 2000. do 12. lipnja 2006.; e) [MTPD] od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006.; […] Članak 2. […] 2. Za povrede iz članka 1. [stavka] 2. izriču se sljedeće novčane kazne: […] f) Panasonic […]: 157478000 [eura]; g) Toshiba […]: 28048000 [eura]; h) Panasonic […], Toshiba […] i [MTPD], zajedno i solidarno odgovorni: 86738000 [eura]; i) Panasonic […] i [MTPD], zajedno i solidarno odgovorni: 7885000 [eura]; […]“ Postupak i zahtjevi stranaka Zahtjevom podnesenim tajništvu Općeg suda 20. veljače 2013. tužitelj je pokrenuo ovaj postupak. Zbog promjene sastava vijećâ Općeg suda, sudac izvjestitelj raspoređen je u treće vijeće, kojemu je slijedom toga dodijeljen ovaj predmet. Na temelju izvještaja suca izvjestitelja, Opći sud (treće vijeće) odlučio je otvoriti usmeni dio postupka i u okviru mjera upravljanja postupkom predviđenih u članku 64. svojeg Poslovnika od 2. svibnja 1991. postaviti strankama određena pitanja. Tom je zahtjevu udovoljeno u za to određenom roku. Na raspravi održanoj 11. studenoga 2014. saslušana su izlaganja stranaka i njihovi odgovori na pitanja Općeg suda. Tijekom te rasprave odlučeno je pozvati stranke da podnesu svoja eventualna očitovanja na presudu Suda od 12. studenoga 2014., Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija (C‑580/12 P, Zb.) u roku od deset dana od dana objave te presude, koji je rok, na Komisijin zahtjev i u odnosu na nju, produljen do 28. studenoga 2014. Dopisom podnesenim tajništvu Općeg suda 21. i 28. studenoga 2014. tužitelj i Komisija udovoljili su tom zahtjevu. Usmeni dio postupka zatvoren je 5. prosinca 2014. Rješenjem od 26. svibnja 2015. Opći je sud, na temelju članka 62. Poslovnika od 2. svibnja 1991., odlučio ponovno otvoriti usmeni dio postupka. U okviru mjera upravljanja postupkom predviđenih člankom 64. Poslovnika od 2. svibnja 1991., Opći sud pozvao je stranke da podnesu eventualna očitovanja na mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Watheleta u predmetu InnoLux/Komisija (C‑231/14 P, Zb.). Tom je zahtjevu udovoljeno u za to određenom roku. Stranke su zatim podnijele svoja očitovanja na odgovore dane u okviru spomenute mjere upravljanja postupkom, osobito u pogledu izračuna i iznosa novčanih kazni. Usmeni dio postupka zatvoren je 10. srpnja 2015. Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da: — poništi članak 1. stavak 2. točku (d) pobijane odluke; — poništi članak 1. stavak 2. točku (e) pobijane odluke; — poništi članak 2. stavak 2. točku (g) pobijane odluke ili, podredno, smanji novčanu kaznu na iznos koji Opći sud smatra prikladnim; — poništi članak 2. stavak 2. točku (h) pobijane odluke ili, podredno, poništi navedenu odredbu u dijelu u kojem je tužitelj proglašen zajedno i solidarno odgovornim ili, podredno, smanji novčanu kaznu na iznos koji Opći sud smatra prikladnim; — naloži Komisiji snošenje troškova. Komisija od Općeg suda zahtijeva da: — odbije tužbu; — naloži tužitelju snošenje troškova. Pravo Prvim i drugim dijelom tužbenog zahtjeva tužitelj ponajprije traži djelomično poništenje pobijane odluke, a trećim i četvrtim dijelom tužbenog zahtjeva podredno traži ukidanje ili smanjenje iznosa novčane kazne koja mu je navedenom odlukom izrečena. Najprije valja ispitati prvi i drugi dio tužbenog zahtjeva kojima se traži djelomično poništenje pobijane odluke. Glavni tužbeni zahtjev za djelomično poništenje pobijane odluke Tužitelj iznosi pet tužbenih razloga u potporu svojeg zahtjeva. Prvi, drugi i treći tužbeni razlog temelje se na pogreškama iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj odgovoran za povredu počinjenu u razdobljima od 16. svibnja 2000. do 11. travnja 2002., od 12. travnja 2002. do 31. ožujka 2003. i od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. Četvrti tužbeni razlog temelji se na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj zajedno i solidarno odgovoran za sudjelovanje MTPD‑a u povredi počinjenoj u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. Peti tužbeni razlog, podredno istaknut, temelji se na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je MTPD odgovoran za sudjelovanje u povredi počinjenoj u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. Valja najprije ispitati prvi tužbeni razlog, potom drugi, četvrti i treći te, naposljetku, peti tužbeni razlog. Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj odgovoran za povredu počinjenu između 16. svibnja 2000. i 11. travnja 2002. Ovaj tužbeni razlog sastoji se od četiri dijela. Prvi dio temelji se na povredi prava obrane s obzirom na to da tužitelj nije bio saslušan glede datuma koji je u pobijanoj odluci određen kao datum njegova navodnog uključivanja u počinjenje povrede. Drugi i treći dio temelje se na pogreškama u ocjeni vezano za kvalifikaciju određenih dvostranih sastanaka kao dijelova jedinstvene i trajne povrede. Četvrti dio temelji se na povredi načela jednakog postupanja, jer je Komisija primijenila drukčije standarde dokazivanja prilikom isključivanja sudjelovanja drugog poduzetnika, [ povjerljivo ], u zabranjenom sporazumu o CPT‑u i to unatoč tomu što je sudjelovao na pojedinim dvostranim sastancima u Europi kao i na europskim sastancima o staklu tijekom istog razdoblja kao i tužitelj. Valja najprije, i to zajedno, ispitati drugi i treći dio. U okviru drugog dijela prvog tužbenog razloga tužitelj ističe da, čak i da je Opći sud zaključio da je cilj sastanka od 16. svibnja 2000., koji se održao između tužitelja i društva Philips, bio protutržišne naravi, taj sastanak nije dio jedinstvene i trajne povrede utvrđene pobijanom odlukom. U okviru trećeg dijela tužitelj ističe da nijedan od ostalih, sporadičnih i međusobno nepovezanih, dvostranih kontakata koje Komisija navodi u pobijanoj odluci nema značajke sastanaka o staklu koji su se navodno održali u tom razdoblju, niti sadržavaju informacije o dogovorima postignutima na sastancima članova zabranjenog sporazuma. Valja istaknuti da je među strankama nesporno da tužitelj nije sudjelovao niti na azijskim sastancima o staklu, od 1997. do 2002., niti na europskim sastancima o staklu, od 1999. do 2005., nego je između 16. svibnja 2000. i 11. travnja 2002. imao devet dvostranih kontakata, uglavnom s tri sudionika navedenih sastanaka, odnosno s društvom Samsung SDI, kada je riječ o prvonavedenim sastancima te s društvima Thomson i Philips, kada je riječ o drugonavedenima. Međutim, tužitelj ističe da, čak i da su navedeni kontakti podrazumijevali postupanje tih poduzetnika koje bi bilo protutržišne naravi, nijedan dokaz ne potvrđuje da je tužitelj, prilikom tih kontakata, bio upoznat s činjenicom postojanja navodne jedinstvene i trajne povrede, na podlozi čega bi se moglo ocijeniti da je od proljeća 2000. uključen u njezino počinjenje. S tim u vezi, tužitelj navodi da se Komisija u uvodnim izjavama 126., 274., 279., 287., 313., 502. i 686. pobijane odluke poziva na dokaze koji prethode datumu koji se smatra datumom njegova pristupanja zabranjenom sporazumu o CPT‑u, odnosno 16. svibnja 2000. i od kojih neki nisu bili navedeni u obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u svrhu utvrđivanja, s jedne strane, da je on imao saznanja o postojanju sastanaka o staklu i da je, s druge strane, njegova strategija bila na njima sudjelovati putem dvostranih kontakata. Osim toga, dokazi na koje se Komisija poziva kako bi dokazala da je tužitelj bio informiran o postojanju zabranjenog sporazuma o CPT‑u putem konkurenta, odnosno [ povjerljivo ], koji je sudjelovao na sastancima o staklu, bili su previše neizravni i općeniti, iako je sigurno da su se navodni pokušaji njegovih konkurenata da ga uključe u predmetni zabranjeni sporazum odnosili na [ povjerljivo ]. Iz pismena stranaka proizlazi da one osporavaju dokaznu vrijednost dokaza na koje se Komisija oslonila u pobijanoj odluci prilikom izvođenja zaključka da je tužitelj, s jedne strane, bio upoznat s postojanjem protutržišnih djelovanja koja su planirali ili provodili sudionici azijskih i europskih sastanaka o staklu kao i s postojanjem zajedničkih ciljeva potonjih ili da ih je mogao razumno predvidjeti te da je bio spreman prihvatiti rizik koji iz toga proizlazi te da je, s druge strane, namjeravao tim ciljevima pridonijeti vlastitim djelovanjem. S obzirom na prirodu povreda u pitanju te prirodu i težinu s njima povezanih kazni, valja podsjetiti da se načelo pretpostavke nedužnosti, kao što posebice proizlazi iz članka 48. stavka 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te članka 6. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, potpisane u Rimu 4. studenoga 1950., primjenjuje osobito na postupke povodom povreda pravila tržišnog natjecanja primjenjivih na poduzetnike, u kojima se mogu odrediti novčane kazne ili periodični penali (vidjeti presudu Općeg suda od 10. listopada 2014., Soliver/Komisija, T‑68/09, Zb., t. 57. i navedenu sudsku praksu). Iz navedenog slijedi, s jedne strane, da Komisija mora iznijeti dokaze kojima se u dovoljnoj mjeri može dokazati postojanje činjenica koje predstavljaju povredu članka 101. UFEU‑a (presude Suda od 17. prosinca 1998., Baustahlgewebe/Komisija, C-185/95 P, Zb., str. I-8417. , t. 58. i od 8. srpnja 1999., Komisija/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Zb., str. I-4125. , t. 86.) te da postojanje sumnje na strani suda treba ići u korist poduzetnika na kojeg se odnosi odluka o utvrđenju povrede (vidjeti presudu Općeg suda od 24. ožujka 2011., Kaimer i dr./Komisija, T‑379/06, neobjavljena u Zborniku, t. 47. i navedenu sudsku praksu). U tim uvjetima na Komisiji je da utvrdi sve elemente koji omogućuju izvođenje zaključka o sudjelovanju poduzetnika u takvoj povredi i o njegovoj odgovornosti za različite njezine elemente (presuda Komisija/Anic Partecipazioni, gore navedena, t. 86.). Slijedi da sudjelovanje poduzetnika u zabranjenom sporazumu ne može biti podvrgnuto nagađanjima na temelju nepreciznih dokaza (vidjeti presudu Soliver/Komisija, t. 49. supra , t. 58. i navedenu sudsku praksu). Treba također provjeriti jesu li dokazi koje je Komisija istaknula u pobijanoj odluci dovoljno vjerodostojni, precizni i dosljedni da bi stvorili čvrsto uvjerenje o sudjelovanju tužitelja u zabranjenom sporazumu o CPT‑u. S tim u vezi, valja podsjetiti da postojanje jedinstvene i trajne povrede ne znači da se poduzetnik koji sudjeluje u njezinu jednom ili drugom pojavnom obliku može smatrati odgovornim za cjelokupnu povredu. Komisija mora svejedno dokazati da je taj poduzetnik bio svjestan protutržišne aktivnosti drugih poduzetnika na europskoj razini ili da ih je mogao razumno predvidjeti. Sama istovjetnost predmeta sporazuma u kojem sudjeluje poduzetnik i sveukupnog zabranjenog sporazuma nije dovoljna da se tom poduzetniku pripiše sudjelovanje tom zabranjenom sporazumu. Naime, članak 101. stavak 1. UFEU‑a se ne primjenjuje, osim ako ne postoji sukladnost volja između stranaka u pitanju (vidjeti presudu Soliver/Komisija, t. 49. supra , t. 62. i navedenu sudsku praksu). Stoga, samo ako je poduzetnik tijekom sudjelovanja u sporazumu znao ili morao znati da se time uključio u sveukupni zabranjeni sporazum, to njegovo sudjelovanje može predstavljati izraz njegova pristupanja tom zabranjenom sporazumu (presude Općeg suda od 20. ožujka 2002., Sigma Tecnologie/Komisija, T-28/99, Zb., str. II-1845. , t. 45.; od 16. studenoga 2011., Low & Bonar i Bonar Technical Fabrics/Komisija, T‑59/06, neobjavljena u Zborniku, t. 61. i od 30. studenoga 2011., Quinn Barlo i dr./Komisija, T-208/06, Zb., str. II-7953. , t. 144.). Drugim riječima, mora se utvrditi da je navedeni poduzetnik namjeravao vlastitim djelovanjem pridonijeti zajedničkim ciljevima sudionika te da je bio svjestan predviđenih ili provedenih protupravnih postupaka drugih poduzetnika usmjerenih na postizanje istih ciljeva ili da ih je mogao razumno predvidjeti i da je bio spreman prihvatiti takav rizik (vidjeti presudu Soliver/Komisija, t. 49. supra , t. 63. i navedenu sudsku praksu). Poduzetnik u pitanju stoga mora biti svjestan opće primjene i bitnih svojstava zabranjenog sporazuma u cjelini (vidjeti presudu Soliver/Komisija, t. 49. supra , t. 64. i navedenu sudsku praksu). Iz toga proizlazi da se Komisija, u svrhu utvrđivanja sudjelovanja tužitelja u jedinstvenoj i trajnoj povredi povezanoj s CPT‑om, ne može ograničiti na dokazivanje protutržišne naravi tužiteljevih kontakata s konkurentima u razdoblju od 16. ožujka 2000. do 11. travnja 2002., nego mora također utvrditi da je tužitelj bio svjestan ili da je razumno za pretpostaviti da je bio svjestan, s jedne strane, činjenice da su kontakti dio sveobuhvatnog plana i da teže tomu da pridonesu ostvarivanju ciljeva sveukupnog zabranjenog sporazuma i, s druge strane, opće primjene i bitnih svojstava tog sporazuma. Naime, kao što to tvrdi tužitelj i kao što je navedeno u točki 52. ove presude, u izostanku indicija koje pokazuju da je bio svjestan postojanja ili sadržaja sporazuma i usklađenih djelovanja dogovorenih na sastancima o staklu, sama činjenica da je predmet sastanaka na kojima je sudjelovao i sveukupnog zabranjenog sporazuma o CPT‑u bio istovjetan kao i činjenica da je imao kontakte s poduzetnicima čije je sudjelovanje u navedenom zabranjenom sporazumu utvrđeno nije dovoljno za dokazivanje takve svijesti o tom zabranjenom sporazumu (presuda Općeg suda od 15. ožujka 2000., Cimenteries CBR i dr./Komisija, T-25/95, T-26/95, T-30/95 do T-32/95, T-34/95 do T-39/95, T-42/95 do T-46/95, T-48/95, T-50/95 do T-65/95, T-68/95 do T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 i T-104/95, Zb., str. II-491. , t. 4112.). Prema tome, valja ispitati potvrđuju li dokazi koje Komisija navodi u pobijanoj odluci da je na dan navodnog pristupanja zabranjenom sporazumu o CPT‑u, odnosno 16. svibnja 2000., tužitelj bio svjestan postojanja zabranjenog sporazuma o CPT‑u ili se može smatrati da su ga konkurenti obavijestili o njegovu postojanju i da je namjeravao vlastitim djelovanjem pridonijeti zajedničkim ciljevima svih sudionika navedenog zabranjenog sporazuma. U tom pogledu, u svrhu dokazivanja tvrdnje da je tužitelj, unatoč činjenici da nije prisustvovao sastancima o staklu prije travnja 2002., bio neizravno obaviješten o zabranjenom sporazumu o CPT‑u od strane pojedinih konkurenata (uvodne izjave 313., 498. do 500., 502., 511., 546. i 686. pobijane odluke), koji su ga pokušali u njega uključiti (uvodne izjave 502. i 511. navedene odluke), iz te odluke proizlazi da Komisija upućuje na dokaze navedene u njezinim uvodnim izjavama 264. do 270., 273., 274., 278., 279., 287. i 502., kao i na izjave podnositelja zahtjeva za primjenu pokajničkog programa navedene u njezinim uvodnim izjavama 126. (bilješka br. 176) i 549. do 552. Kao prvo, bez potrebe odlučivanja o tome je li se Komisija s pravom pozvala na dokaze koji prethode datumu navodnog pristupanja tužitelja zabranjenom sporazumu o CPT‑u u svrhu dokazivanja da je on tog datuma bio svjestan njegova postojanja predviđenih ili provedenih protupravnih djelovanja poduzetnika sudionika ili da ih je mogao razumno predvidjeti, dovoljno je utvrditi da se, osim sastanka od 14. siječnja 1998., na kojem je sudjelovao, navedeni elementi tiču [ povjerljivo ], a ne tužitelja. Naime, suprotno tvrdnji iz uvodne izjave 502. pobijane odluke, a kao što proizlazi iz uvodnih izjava 273. i 279. te odluke i kao što to tužitelj pravilno potvrđuje, pokušaji drugih poduzetnika koji sudjeluju u zabranjenom sporazumu, zabilježeni tijekom prvih godina zabranjenog sporazuma o CPT‑u, odnosno 1998. i 1999., među kojima i [ povjerljivo ], da potaknu druge poduzetnike na sudjelovanje u tom sporazumu bili su usmjereni na [ povjerljivo ], a ne na tužitelja. Međutim, osim okolnosti istaknutih u uvodnim izjavama 69. i 926. pobijane odluke, da je tužitelj, s jedne strane, bio manjinski dioničar koji drži 20 do 30% poslovnih udjela tog zajedničkog društva, osnovanog s [ povjerljivo ], [ povjerljivo ] i [ povjerljivo ] i, s druge strane, da je taj poduzetnik i sam sudjelovao u zabranjenom sporazumu o CPT‑u, Komisija u navedenoj odluci nije utvrdila nikakvu poveznicu između tužitelja i [ povjerljivo ]. S tim u vezi, iako je Komisija obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama uputila također i [ povjerljivo ], valja istaknuti da potonji nije adresat pobijane odluke. Nadalje, kao što to tužitelj i tvrdi, iz navedene odluke ne proizlazi da mu je Komisija pripisala postupanje [ povjerljivo ]. Naime, u pobijanoj odluci Komisija se potrudila razlikovati ta dva gospodarska subjekta. Iz toga proizlazi da ne može opstati Komisijin argument da je predstavnik [ povjerljivo ] na sastanku od 20. listopada 1999. postupao u ime cijele grupe kada je obznanio da je namjera tužitelja da „u 2001. prenese liniju od 33 inča iz svoje tvornice u Japanu u Indoneziju“. Takve tvrdnje nema u pobijanoj odluci, u kojoj Komisija samo ističe da je na tom sastanku [ povjerljivo ] obavijestio društvo Chunghwa o povećanju cijena svojih 14-inčnih i 20-inčnih CPT‑a za posebne kupce. Kao drugo, izvaci iz zapisnika sastanaka od 10. i 20. svibnja i od 23. kolovoza 1999., navedeni u uvodnoj izjavi 279. pobijane odluke, kao i onih sa sastanka od 21. rujna 1999. iz uvodne izjave 287. navedene odluke bilježe samo namjeru sudionika zabranjenog sporazuma o CPT‑u da kontaktiraju [ povjerljivo ], s kojim je [ povjerljivo ] redovito komunicirao. Nadalje, suprotno onomu što je navedeno u uvodnoj izjavi 280. te odluke, izjava predstavnika [ povjerljivo ], sa sastanka od 23. kolovoza 1999., prema kojoj je imao namjeru organizirati sastanak s najodgovornijima u „Toshibi“ kako bi ih uvjerio da slijede dogovoreno povećanje cijena, ne odnosi se na tužitelja, nego na [ povjerljivo ]. Naime, ta izjava navedena je u rubrici zapisnika s navedenog sastanka naslovljenog [ povjerljivo ], koja upućuje na zakašnjenje u provedbi povećanja cijena u Indoneziji. Činjenica da poduzetnik o kojem je riječ u toj izjavi nije bio tužitelj također je u skladu sa zadatkom povjerenim [ povjerljivo ] da [ povjerljivo ] pruža aktualne informacije o predmetnom tržištu. Stoga, suprotno zaključku Komisije iz uvodnih izjava 280. i 995. pobijane odluke, ti dokazi ne potvrđuju da je [ povjerljivo ] doista obavijestio tužitelja o zabranjenom sporazumu o CPT‑u. Što se tiče sastanka od 14. siječnja 1998, navedenog u bilješci br. 169 pobijane odluke i opisanog u bilješci br. 131 obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama, na kojem je tužiteljev potpredsjednik predložio da poduzetnici koji sudjeluju na sastancima o zabranjenom sporazumu o CDT‑u pošalju predstavnike u Japan, Koreju i na Tajvan kako bi uspostavili dvostrane kontakte s japanskim poduzetnicima koji ne sudjeluju na sastancima o staklu, valja istaknuti da se taj sastanak odnosio isključivo na CDT te se, prema tome, ticao drugog zabranjenog sporazuma. Naime, u uvodnim izjavama 649. do 656. pobijane odluke Komisija je utvrdila da, unatoč postojanju povezanosti između zabranjenih sporazuma o CPT‑u i o CDT‑u, složeni niz sporazuma ili s njima povezanih usklađenih djelovanja predstavljaju dvije zasebne jedinstvene i trajne povrede. Isto tako, kao što to tužitelj tvrdi u replici, pozivanja na „CPT“ u zapisniku sa sastanka o kojem je riječ odnose se na „Chunghwa Picture Tubes“, društvo koje je prisustvovalo navedenom sastanku. U tim okolnostima, bez potrebe odlučivanja o navodnoj nedopuštenosti tog dokaza jer nije naveden u obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u vezi sa zabranjenim sporazumom o CPT‑u, Komisija ne može na navedenom zapisniku iz uvodne izjave 502. pobijane odluke temeljiti svoj zaključak da je tužitelj namjeravao sudjelovati u zabranjenom sporazumu o CPT‑u putem dvostranih kontakata odnosno da je, prema tome, bio svjestan njihova postojanja. Nadalje, suprotno tvrdnjama Komisije i utvrđenjima iz pobijane odluke, činjenica da su na pojedinim sastancima o staklu, osobito na onima od 7. ožujka, 10. i 20. svibnja, 23. kolovoza, 21. rujna i 20. listopada 1999., kao i od 20. ožujka i 20. studenoga 2001., izneseni osjetljivi poslovni podaci koji se odnose na opseg prodaje, proizvodne kapacitete i cijene koje primjenjuje tužitelj nije dovoljna da bi se smatralo da je on bio svjestan postojanja zabranjenog sporazuma o CPT‑u i da je namjeravao pridonijeti njegovim ciljevima. Konačno, Komisija nije dokazala da su podaci koje su razmijenili sudionici navedenih sastanaka bili upravo podaci o tužitelju i da se na njega, a ne na [ povjerljivo ], odnose upućivanja na „TSB“ u tim zapisnicima, na kojima Komisija temelji svoje utvrđenje o sudjelovanju tužitelja u zabranjenom sporazumu o CPT‑u. S tim u vezi, valja istaknuti da činjenica da su u tim zapisnicima ponekad korišteni akronimi koji odgovaraju nazivima različitih društava, poput „TSB“, [ povjerljivo ] ili [ povjerljivo ], nije dovoljna da bi se ocijenilo da sudionici vode računa o sustavnom razlikovanju tužitelja i [ povjerljivo ]. Naime, ta se upućivanja moraju iščitati iz njihova konteksta. Međutim, važno je zapaziti da zapisnici sa sastanaka od 7. ožujka, 21. rujna i 10. svibnja 1999. upućuju na proizvođače televizora sa sjedištem u Jugoistočnoj Aziji, klijente [ povjerljivo ], što je u skladu s uvodnom izjavom 279. pobijane odluke, prema kojoj su na azijskom sastanku o staklu od 21. lipnja 1999., sudionici raspravljali o povećanju cijena također upućujući na [ povjerljivo ] i na društvo Aiwa, kojemu je [ povjerljivo ] najveći dobavljač. Nadalje, izjava predstavnika [ povjerljivo ] sa sastanka održanog 6. ožujka 2000. s [ povjerljivo ], navedena u uvodnoj izjavi 330. pobijane odluke, prema kojoj će „TSB nedvojbeno slijediti GSM ako on odluči povećati svoje cijene“, ne može se tumačiti na način da se odnosi na tužitelja, s obzirom na to da je teško zamislivo da strategija nekog poduzetnika u kojoj tužitelj ima manjinski udio utječe na njegovu cjenovnu politiku i, još manje, da ga ta strategija obvezuje. Štoviše, iz odgovora tužitelja na obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama proizlazi da [ povjerljivo ] svoje cijene određuje autonomno i da njegovi zaposlenici nemaju ovlast donošenja odluka izvan društva. Nadalje, sama činjenica da je [ povjerljivo ] odlučio pratiti eventualno usklađeno povećanje cijena predviđeno na sastancima o staklu ne dopušta zaključak da je o tome obavijestio tužitelja. Naposljetku, napomena da „japansko sjedište“ namjerava prenijeti određene linije proizvodnje na svoje tvornice smještene na Tajlandu ili u Indoneziji ne dokazuje niti to da je tužitelj bio obaviješten o predviđenim ili provedenim protutržišnim djelovanjima i ciljevima sudionika zabranjenog sporazuma o CPT‑u, među kojima i društva Chunghwa. Kao treće, Komisija u pobijanoj odluci nije potvrdila da je [ povjerljivo ] na bilo koji način obavijestio tužitelja o postojanju zabranjenog sporazuma o CPT‑u ili o ciljevima njegovih sudionika. Kao četvrto, čak i pod pretpostavkom, kao što je to Komisija utvrdila u uvodnoj izjavi 287. pobijane odluke, da se može smatrati da je tužitelj bio upoznat s postojanjem sastanaka o zabranjenom sporazumu o CPT‑u, nijedan dokaz ne potvrđuje da je on namjeravao vlastitim djelovanjem pridonijeti zajedničkim ciljevima svih sudionika navedenog zabranjenog sporazuma. U tom pogledu, suprotno onomu što je Komisija isticala u svojim pismenima, izvadak iz bilješki jednog zaposlenika društva Chunghwa sa sastanka o staklu od 21. rujna 1999., koje govore o tome što je zaposlenik [ povjerljivo ] istaknuo u vezi s pismom koje je tužitelj („japansko sjedište TSB‑a“) uputio [ povjerljivo ], zahtijevajući od njega da ne sudjeluje na sastancima o staklu, ne dokazuje da je tužitelj doista izabrao ne sudjelovati na navedenim sastancima i ne dopušta zaključak poput onog u presudi Općeg suda od 6. ožujka 2012., UPM‑Kymmene/Komisija (T‑53/06, neobjavljena u Zborniku), da je on bio svjestan postojanja zabranjenog sporazuma o CPT‑u i da je namjeravao pridonijeti ostvarivanju ciljeva njegovih sudionika. Kao što to ističe tužitelj, upravo suprotno, navedeni izvadak više je dokaz tomu da on nije htio da [ povjerljivo ] sudjeluje na sastancima o staklu. Kao peto, suprotno zaključku Komisije iz uvodnih izjava 498., 499. i 995. pobijane odluke, niti iz usmenih izjava troje podnositelja zahtjeva za primjenu pokajničkog programa, koje su u uvodnoj izjavi 126. navedene odluke ocijenjene „čvrstim dokazima o uključenosti tužitelja [u zabranjeni sporazum o CPT‑u] od proljeća 2000.“ i koje su navedene u bilješci br. 176 spomenute uvodne izjave, ne proizlazi da je tužitelj, iako je samo rijetko prisustvovao višestranim sastancima, bio općenito obavještavan o njihovom ishodu od strane [ povjerljivo ]. Uz to što je navedena tvrdnja općenitog karaktera, važno je istaknuti, kao prvo, da usmena izjava društva Chunghwa od 28. studenoga 2007. upućuje na [ povjerljivo ] kao sudionika dvostranih sastanaka, a ne na tužitelja. Prema navedenoj izjavi, pojedini poduzetnici održavali su dvostrane sastanke s poduzetnicima koji su prisustvovali sastancima o staklu, što je potonjima omogućilo razmjenu osjetljivih poslovnih informacija o onima koji na tim sastancima nisu sudjelovali, kao i proširenje njihovih rasprava o cijenama i proizvodnji navedenih poduzetnika. U tom pogledu, u toj se izjavi spominju tri sastanka između poduzetnika koji sudjeluju u zabranjenom sporazumu o CPT‑u, održana 25. studenoga 1996. te 23. kolovoza i 27. listopada 1999. na kojima je dogovoreno kontaktiranje poduzetnika nesudionika. Međutim, valja podsjetiti, kao što je to utvrđeno u točki 62. ove presude, da zapisnik sa sastanka od 23. kolovoza 1999., naveden u uvodnim izjavama 279. i 280. pobijane odluke, obuhvaća [ povjerljivo ], a ne tužitelja. Isto tako, prema uvodnoj izjavi 291. navedene odluke, sudionici sastanka od 27. listopada 1999. detaljno su ispitali ažurirane statute poduzetnika među kojima i [ povjerljivo ], pri čemu se nije raspravljalo o tužitelju. Kao drugo, u svojoj kasnijoj usmenoj izjavi od 16. ožujka 2009. društvo Chunghwa navodi samo to da je tužitelj sudjelovao na dvostranim i višestranim sastancima. Međutim, navedena izjava ne precizira upućuje li naziv „Toshiba“ na sjedište društva i, prema tome, na tužitelja, ili i na druge zakonite gospodarske subjekte, kao što je [ povjerljivo ]. Stoga, nije jasno razjašnjeno odnosi li se na tužitelja navodna uključenost „Toshibe“ u sastanke „grupe“ i dvostrane sastanke. Kao treće, usmena izjava društva Samsung SDI od 13. veljače 2008., na koju se upućuje u uvodnoj izjavi 550. pobijane odluke, opisuje sastanak održan 24. studenoga 1998. između društava Samsung SDI, LGE i [ povjerljivo ], na koji je taj poduzetnik pozvao „Tosummit/Toshibu“ da na njemu prisustvuje i opisuje njegovo sudjelovanje na sastancima iste vrste. Međutim, kao što je to Komisija priznala u uvodnoj izjavi 273. pobijane odluke i kako proizlazi iz te izjave, navedeni gospodarski subjekt upućivao je na [ povjerljivo ], a ne na tužitelja. Nadalje, suprotno onomu što ističe Komisija u uvodnoj izjavi 550. pobijane odluke, pozivajući se na usmenu izjavu društva Samsung SDI od 12. ožujka 2009., [ povjerljivo ] je bio uskoj vezi s [ povjerljivo ], s obzirom na to da je s njim, a ne s tužiteljem, zaključio sporazum o tehničkoj pomoći. Naposljetku, tvrdnja Samsunga SDI iz njegove usmene izjave od 20. lipnja 2008. da je tužitelj bio općenito obaviješten putem [ povjerljivo ], nije u dovoljnoj mjeri dokazana. Štoviše, s obzirom na njegovu neizravnu prirodu, taj dokaz, koji potječe od poduzetnika koji nije obavještavao tužitelja, nije dovoljan za utvrđenje da je potonji bio svjestan postojanja zabranjenog sporazuma o CPT‑u. Iz toga proizlazi da, suprotno onomu što je utvrdila Komisija u uvodnim izjavama 548. i 552. pobijane odluke, usmene izjave o kojima je riječ ne dokazuju tužiteljevo sudjelovanje u zabranjenom sporazumu o CPT‑u i ne može ih se, prema tome, tumačiti kao da potvrđuju postojeće dokaze o navedenom sudjelovanju (vidjeti u tom smislu presude Općeg suda od 8. srpnja 2004., JFE Engineering i dr./Komisija, T-67/00, T-68/00, T-71/00 i T-78/00, Zb., str. II-2501. , t. 219. i od 25. listopada 2005., Groupe Danone/Komisija, T-38/02, Zb., str. II-4407. , t. 285.). Usto, Komisija u svojim pismenima priznaje da navedene usmene izjave ne sadržavaju nikakve detalje o dvostranim sastancima tijekom kojih je [ povjerljivo ] obavještavao tužitelja o sporazumima i usklađenim djelovanjima planiranim na sastancima o staklu. S obzirom na sve navedeno valja zaključiti da iz dokaza, uzetih pojedinačno ili u cijelosti, na koje se Komisija poziva kako bi potvrdila da je tužitelj bio svjestan postojanja ili sadržaja zabranjenog sporazuma o CPT‑u prije travnja 2002. proizlazi da nije u dovoljnoj mjeri dokazano da je tužitelj bio svjestan postojanja sveukupnog zabranjenog sporazuma o CPT‑u ili da su ga o tome doista obavještavali konkurenti te da je namjeravao pridonijeti, vlastitim djelovanjem, zajedničkim ciljevima svih sudionika navedenog zabranjenog sporazuma. U tim okolnostima nije nužno, u svakom slučaju, ispitivati je li priroda dvostranih kontakata protutržišna te jesu li oni eventualno povezani sa zabranjenim sporazumom o CPT‑u (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 4. srpnja 2013., Komisija/Aalberts Industries i dr., C‑287/11 P, Zb., t. 62. i 63.). Prema tome, valja prihvatiti drugi i treći dio prvog tužbenog razloga te posljedično, u predmetnom slučaju, prvi tužbeni razlog u cijelosti, bez potrebe za izjašnjavanjem o povredi prava obrane i povredi načela jednakog postupanja, istaknutih u prilog prvom i četvrtom dijelu navedenog tužbenog razloga. Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj odgovoran za povredu počinjenu u razdoblju između 12. travnja 2002. i 31. ožujka 2003. Ovaj tužbeni razlog sastoji se od dva dijela, od kojih se prvi temelji na nenadležnosti Komisije glede utvrđivanja povrede u smislu članka 101. UFEU‑a dok se drugi temelji na pogrešci prilikom utvrđivanja tužiteljeva sudjelovanja u jedinstvenoj i trajnoj povredi. U okviru prvog dijela, tužitelj tvrdi da ga se ne može smatrati odgovornim za povredu zbog sudjelovanja na sastancima SML‑a, s obzirom na to da Komisija nije dokazala, s jedne strane, da su sporazumi koji su zaključeni ili planirani na tim sastancima provedeni u EGP‑u i, s druge strane, da su ti sporazumi imali neposredan, znatan i predvidiv učinak na tržište EGP‑a prodajom prerađenih proizvoda. Osim toga, tužitelj ističe povredu prava obrane s obzirom na to da nije imao mogućnost zauzimanja stajališta o tom potonjem navodu Komisije. U okviru drugog dijela, tužitelj tvrdi da je Komisija počinila pogrešku kada ga je proglasila odgovornim za jedinstvenu i trajnu povredu zbog sudjelovanja na četiri sastanka SML‑a održana u Aziji 12. travnja, 27. svibnja i 6. prosinca 2002., kao i 10. veljače 2003. koji su uključivali društvo Samsung SDI i grupu LPD. S tim u vezi, tužitelj tvrdi da je Komisija pogriješila kada je aktivnosti koje proizlaze iz četiri različite grupe sastanaka, odnosno sastanaka SML‑a, sastanaka ASEAN‑a, azijskih i europskih sastanaka o staklu, objedinila u jedinstvenu i trajnu povredu, u izostanku dokaza koji bi upućivali na postojanje sveobuhvatnog plana glede jedinstvenog gospodarskog cilja i uslijed činjenice da te grupe sastanaka nisu bile dovoljno usklađene i povezane. Podredno, tužitelj tvrdi da ga se ne može proglasiti odgovornim za sveukupni sporazum, s obzirom na to da nije bio svjestan njegova postojanja i da nije imao namjeru pridonijeti mu svojim sudjelovanjem na sastancima SML‑a. Ponajprije valja razmotriti drugi dio ovog tužbenog razloga i, osobito, pitanje je li Komisija s pravom utvrdila da je tužitelj sudjelovao u jedinstvenoj i trajnoj povredi uslijed činjenice da je sudjelovao na četiri sastanka SML‑a, između 12. travnja 2002. i 10. veljače 2003. S tim u vezi, iz uvodne izjave 313. pobijane odluke proizlazi da je tužitelj, od travnja 2002., sam počeo redovito sudjelovati na sastancima i da dokazi o tim kontaktima pokazuju da ih je održavao kako bi dobio aktualne informacije i bio uključen u tekuća zbivanja i buduće projekte koji se odnose na proizvodne kapacitete, prodaju i cijene na svjetskoj razini. Prema uvodnoj izjavi 502. spomenute odluke, na prvom od tih sastanaka, onom od 12. travnja 2002., navedenom u uvodnim izjavama 374. i 375. te odluke, sudionici su dogovorili trajnu suradnju, održavanje sastanaka svaka dva mjeseca, održavanje cijena na istoj razini ili njihovo povećanje u trećem tromjesečju 2002., kao i smjernice o cijenama. Naposljetku, prema uvodnim izjavama 387., 388. i 503. te odluke, postojali su također dokazi koji potvrđuju aktivnu tužiteljevu ulogu u kartelu. Međutim, važno je istaknuti da, osim dokaza koji potvrđuju sudjelovanje tužitelja na sastancima SML‑a i njihov predmet protutržišne naravi, koji nisu osporavani, Komisija nije u pobijanoj odluci precizirala na koje se dokaze oslonila prilikom utvrđenja da je tužitelj bio svjestan predviđenih ili provedenih protupravnih postupaka sudionika zabranjenog sporazuma o CPT‑u i da je namjeravao, vlastitim djelovanjem, pridonijeti zajedničkim ciljevima potonjih. S tim u vezi i u svakom slučaju, analiza zapisnika sa sastanaka SML‑a, kako ju je Komisija izvršila u uvodnim izjavama 374., 375., 377., 384. i 387. pobijane odluke, ne dopušta zaključak o tome da je tužitelj bio svjestan postojanja sveukupnog zabranjenog sporazuma o CPT‑u niti da je namjeravao pridonijeti ciljevima njegovih sudionika. Naime, Komisija je samo opisala predmet i globalnu narav tih sastanaka te je istaknula da su sudionici prvog od tih sastanaka navodno odlučili nastaviti svoju suradnju na globalnoj razini. Međutim, takva okolnost, pod pretpostavkom da je i utvrđena, ne omogućuje zaključak da je svijest o postojanju zabranjenog sporazuma o CPT‑u dokazana, u smislu sudske prakse navedene u točkama 52. i 53. ove presude. Iz toga slijedi da, bez potrebe ispitivanja jesu li sastanci SML‑a bili dio jedinstvene i trajne povrede, valja zaključiti da Komisija nije u dovoljnoj mjeri dokazala da je tužitelj, sudjelujući na četiri sastanka SML‑a namjeravao, vlastitim djelovanjem, pridonijeti svim zajedničkim ciljevima poduzetnika koji su sudjelovali u zabranjenom sporazumu o CPT‑u i da je bio svjestan predviđenih ili provedenih protupravnih postupaka navedenih sudionika u ostvarivanju tih ciljeva, ili da ih je razumno mogao predvidjeti te je bio spreman prihvatiti s tim povezani rizik, u smislu sudske prakse navedene u točkama 52. do 54. ove presude. Konačno, zaključak o postojanju svijesti o tim postupcima nije moguće, na temelju ukupne ocjene dokaza sadržanih u pobijanoj odluci, izvesti iz činjenice da je tužitelj u početku održavao dvostrane kontakte s pojedinim sudionicima zabranjenog sporazuma o CPT‑u, a potom s nekima od njih prisustvovao četirima sastancima SML‑a. Stoga drugi dio drugog tužbenog razloga treba prihvatiti, bez potrebe odlučivanja, u ovom stadiju, o nadležnosti Komisije za utvrđivanje povrede u smislu članka 101. UFEU‑a zbog sudjelovanja tužitelja na sastancima SML‑a. Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj zajedno i solidarno odgovoran zbog sudjelovanja MTPD‑a u povredi počinjenoj u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. Ovaj tužbeni razlog sastoji se od tri dijela, od kojih se prvi temelji na nedostatku obrazloženja, drugi na pogrešci u ocjeni tužiteljeva izvršavanja odlučujućeg utjecaja na postupanje zajedničkog društva i treći na povredi prava obrane s obzirom na to da tužitelj nije imao pristup očitovanjima koje je društvo Panasonic podnijelo na obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama kao ni onima koje je podnijelo nakon rasprave. Ponajprije valja ispitati drugi dio ovog tužbenog razloga. – Drugi dio Tužitelj ističe da je MEI imao isključivu kontrolu nad MTPD‑om putem većinskog udjela od 64,5%, da je imenovao većinu članova njegova upravnog vijeća te da je na taj način izvršavao nadzor nad svim odlukama koje su donosili organi upravljanja, a za koje je potrebna obična većina, da je birao njegova predsjednika i upravljao njegovim tekućim poslovima. Prema tome, tužitelj je imao tek manjinski udio od 35,5%, ali nije imao prava koja bi bila veća od uobičajenih prava manjinskih dioničara. Međutim, prema mišljenju tužitelja, unatoč dokazima koji to potvrđuju i suprotno odluci Bundeskartellamta (njemačko tijelo nadležno za tržišno natjecanje) koji je odobrio projekt osnivanja MTPD‑a kao stjecanja isključivog MEI‑jeva nadzora nad zajedničkim društvom, Komisija pogrešno smatra da prava utvrđena u statutu MTPD‑a i u sporazumu o osnivanju MTPD‑a (sporazum o okrupnjavanju aktivnosti, u daljnjem tekstu: BIA) tužitelju dodjeljuju pravo veta na strateške mjere, omogućujući mu zajedničku kontrolu nad navedenim poduzetnikom. Prema njegovu mišljenju, ta prava mu ne omogućuju da utječe na svakodnevne aktivnosti MTPD‑a ili na njegovo postupanje na tržištu, kao ni to da nadzire cijene, prodaju ili neki drugi aspekt njegove poslovne politike te tužitelju ne daju nikakvu ovlast glede upravljanja. Prema tome, tužitelj tvrdi, suprotno zaključcima iz pobijane odluke, da nije tvorio gospodarsku jedinicu s MTPD‑om te da nije mogao izvršavati odlučujući utjecaj na njegovo ponašanje na tržištu, niti je stvarno izvršavao takav utjecaj. U tom pogledu, on potvrđuje da nikada nije izvršavao svoja navodna prava veta i da Komisija nije dokazala da je bio svjestan sudjelovanja MTPD‑a u zabranjenom sporazumu o CPT‑u u razdoblju između 1. travnja 2003. i 12. lipnja 2006. Komisija osporava tu argumentaciju. U tom pogledu valja podsjetiti da se, prema ustaljenoj sudskoj praksi, postupanje društva kćeri može pripisati društvu majci osobito kada to društvo kći, iako ima zasebnu pravnu osobnost, ne donosi samostalne odluke o svojem ponašanju na tržištu nego uglavnom provodi upute koje je dobilo od društva majke, uzimajući u obzir gospodarske, organizacijske i pravne veze između tih dvaju pravnih subjekata (vidjeti presudu Suda od 26. rujna 2013., EI du Pont de Nemours/Komisija, C‑172/12 P, neobjavljena u Zborniku, t. 41. i navedenu sudsku praksu). Naime, budući da u takvoj situaciji društvo majka i njegovo društvo kći čine dio iste gospodarske jedinice, a time su i samo jedan poduzetnik u smislu članka 101. UFEU‑a, Komisija može donijeti odluku kojom izriče novčane kazne društvu majci, a da pritom ne mora utvrditi osobnu umiješanost tog društva u počinjenje povrede (presuda EI du Pont de Nemours/Komisija, t. 93. supra , t. 42.). Valja također istaknuti da Komisija ne može pripisivanje društvu majci ponašanja društva kćeri temeljiti na samoj sposobnosti društva majke da izvršava odlučujući utjecaj na ponašanje svojeg društva kćeri, a da pritom ne ispita je li taj utjecaj bio stvarno izvršen (presuda EI du Pont de Nemours/Komisija, t. 93. supra , t. 44.; vidjeti presude Općeg suda od 11. srpnja 2014., Sasol i dr./Komisija, T‑541/08, Zb., t. 43. i RWE i RWE Dea/Komisija, T‑543/08, Zb., t. 101. i navedenu sudsku praksu). Načelno je na Komisiji da dokaže takav odlučujući utjecaj na temelju svih činjeničnih elemenata (vidjeti presudu Općeg suda od 27. rujna 2006., Avebe/Komisija, T-314/01, Zb., str. II-3085. , t. 136. i navedenu sudsku praksu). Držanje većinskog udjela u temeljnom kapitalu društva kćeri može društvu majci u načelu omogućiti stvarno izvršavanje odlučujućeg utjecaja na svoje društvo kćer, a osobito na ponašanje potonjeg na tržištu. Također je presuđeno da, kada društvo majka izvršava stvarnu kontrolu nad svojim društvom kćeri, u kojem drži 25,001% temeljnog kapitala, što odgovara manjinskom udjelu koji je puno manji od većinskog, ne može se smatrati da društvo majka i njegovo društvo kći pripadaju istoj grupi, unutar koje tvore gospodarsku jedinicu (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 12. srpnja 2011., Fuji Electric/Komisija, T-132/07, Zb., str. II-4091. , t. 182. i navedenu sudsku praksu). Međutim, manjinski udio u vlasništvu može društvu majci omogućiti da stvarno izvršava odlučujući utjecaj na ponašanje njegova društva kćeri na tržištu ako uključuje prava veća od onih koja inače imaju manjinski dioničari kako bi zaštitili svoje financijske interese i koja su, ispitana metodom skupa usklađenih pravnih i gospodarskih indicija, takva da mogu potvrditi izvršavanje odlučujućeg utjecaja na ponašanje društva kćeri na tržištu. Prema tome, stvarno izvršavanje odlučujućeg utjecaja Komisija može dokazati zahvaljujući skupu indicija, čak i ako nijedna od njih zasebno nema dovoljnu dokaznu snagu (presuda Fuji Electric/Komisija, t. 96. supra , t. 183.). Budući da se Opći sud na temelju članka 263. UFEU‑a mora ograničiti na kontrolu zakonitosti pobijane odluke na temelju razloga navedenih u njezinu obrazloženju, stvarno izvršavanje ovlasti društva majke da upravlja svojim društvom kćeri treba ocjenjivati samo na temelju dokaza koje je Komisija iznijela u odluci kojom se odgovornost za povredu pripisuje društvu majci. Stoga, jedino je relevantno pitanje potvrđuju li ti dokazi spomenutu povredu (vidjeti presudu Fuji Electric/Komisija, t. 96. supra , t. 185. i navedenu sudsku praksu). Potom je važno istaknuti da je Sud već presudio da zajedničko izvršavanje kontrole dvoje međusobno neovisnih društava majki nad svojim društvom kćeri u načelu ne onemogućava to da Komisija utvrdi postojanje gospodarske jedinice koju sačinjava jedno od tih društava majki i društvo kći o kojem je riječ i da to također vrijedi i u slučaju da društvo majka u kapitalu društva kćeri drži manji udio od drugog društva majke (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 16. prosinca 2010., AceaElectrabel Produzione/Komisija, C-480/09 P, Zb., str. I-13355. , t. 64.). Stvarno izvršavanje ovlasti društva majke ili društava majki da upravljaju svojim društvom kćeri može proizlaziti izravno iz provedbe primjenjivih pravnih odredbi ili iz sporazuma o upravljanju zajedničkim društvom kćeri koji su društva majke zaključile u skladu s tim istim pravnim odredbama. Razinu uključenosti društva majke u upravljanju društvom kćeri može se također potvrditi činjenicom da se na čelu društva kćeri nalaze brojne osobe koje obavljaju upravljačke funkcije u društvu majci. Takvo kumuliranje funkcija neizostavno stavlja društvo majku u situaciju da odlučujuće utječe na ponašanje svojeg društva kćeri na tržištu s obzirom na to da članovima uprave društva majke omogućuje da nadziru, u okviru izvršavanja svojih rukovodećih funkcija u društvu kćeri, je li postupanje društva kćeri na tržištu u skladu sa smjernicama rukovodećih tijela društva majke. Taj cilj se može postići čak i ako članovi društva majke koji preuzimaju upravljačke funkcije unutar društva kćeri nisu zastupnici društva majke. Naposljetku, uključenost društva majke ili društava majki u upravljanje društvom kćeri može proizlaziti iz međusobnih poslovnih odnosa. Stoga, kada je društvo majka ujedno dobavljač ili kupac svojeg društva kćeri, ono ima poseban interes u upravljanju proizvodnim ili distribucijskim aktivnostima potonjeg kako bi u cijelosti iskoristila dodanu vrijednost takve vertikalne integracije (vidjeti presudu Fuji Electric/Komisija, t. 96. supra , t. 184. i navedenu sudsku praksu). Naposljetku, kada iz tih odredbi proizlazi da su društva majke ovlaštene samo zajednički postupati za račun zajedničkog društva i samo zajednički ga obvezivati prema trećima i da su bila zajedno odgovorna za politiku koju slijedi navedeni poduzetnik, moguće je pretpostaviti stvarno izvršavanje odlučujućeg utjecaja na poslovno ponašanje potonjeg, po uzoru na predviđajuću analizu u području kontrole koncentracija (vidjeti u tom smislu presudu Sasol i dr./Komisija, t. 95. supra , t. 49.). Međutim, budući da je ispitivanje u pogledu stvarnog izvršavanja odlučujućeg utjecaja retrospektivno i stoga se može temeljiti na konkretnim činjenicama, i Komisija i zainteresirane stranke mogu dokazivati da su se poslovne odluke zajedničkog društva donosile drukčije nego što bi to proizlazilo iz puke apstraktne analize sporazuma o djelovanju zajedničkog društva (vidjeti u tom smislu presudu Fuji Electric/Komisija, t. 96. supra , t. 194. i 195. i presudu Općeg suda od 13. srpnja 2011., General Technic‑Otis i dr./Komisija, T-141/07, T-142/07, T-145/07 i T-146/07, Zb., str. II-4977. , t. 115. do 117.). Osnovanost drugog dijela četvrtog tužbenog razloga treba analizirati upravo u svjetlu tih elemenata. U predmetnom slučaju, u uvodnim izjavama 931. do 933. i 956. pobijane odluke Komisija je ponajprije nabrojala objektivne okolnosti koje dokazuju da dva društva majke MTPD‑a mogu izvršavati odlučujući utjecaj na njegovo ponašanje na tržištu, aktivno sudjelujući u nadzoru i upravljanju. Potom, u uvodnim izjavama 934. do 936. pobijane odluke Komisija navodi primjere suradnje između dvaju društava majki MTPD‑a koji dokazuju, s jedne strane, stvarno izvršavanje odlučujućeg utjecaja na ponašanje potonjeg na tržištu i, s druge strane, činjenicu da je za donošenje važnih odluka u vezi s MTPD‑om potrebno njihovo zajedničko odobrenje. Uvodno valja istaknuti da, uzevši u obzir činjenicu da su prvi i drugi tužbeni razlog prihvaćeni, ne može opstati tvrdnja Komisije da je tužitelj bio svjestan postojanja zabranjenog sporazuma o CPT‑u, s obzirom na svoju izravnu uključenost prije osnivanja MTPD‑a i, stoga, kasnijeg sudjelovanja potonjeg. Važno je u svakom slučaju naglasiti, kada je riječ o pitanju pripisivanja ponašanja MTPD‑a tužitelju, da je tvrdnja da je potonji bio svjestan MTPD‑ova sudjelovanja u navedenom zabranjenom sporazumu irelevantna. Naime, u svrhu pripisivanja društvu majci postupaka koje je počinilo njegovo društvo kći, ne zahtijeva se dokazivanje da je navedeno društvo majka bilo izravno uključeno u inkriminirana ponašanja, ili da ih je bilo svjesno. U tom pogledu valja podsjetiti da ono što ovlašćuje Komisiju na donošenje odluke kojom se izriču novčane kazne društvu majci nije odnos u kojem je društvo majka poticalo na povredu svoje društvo kćer, ni, a fortiori , umiješanost društva majke u navedenu povredu, nego činjenica da ta društva tvore jedinstvenog poduzetnika u smislu članka 101. UFEU‑a (vidjeti presudu Općeg suda od 2. veljače 2012., EI du Pont de Nemours i dr./Komisija, T‑76/08, neobjavljena u Zborniku, t. 76. i navedenu sudsku praksu). U odnosu na dioničku strukturu i strukturu donošenja odluka statutarnih MTPD‑a valja istaknuti, kao prvo, da je Komisija s pravom u uvodnim izjavama 932. i 956. pobijane odluke utvrdila da, u skladu s odredbama BIA‑e, dva društva majke imaju pravo veta glede pitanja od strateške važnosti koja su temeljna za izvršavanje aktivnosti MTPD‑a, što je dokaz izvršavanja zajedničke kontrole nad potonjim. U tom pogledu, tužitelj ne može osporiti da sva područja koja su pokrivena odlukama navedenima u članku 21. stavku 2. BIA‑e, za čije je donošenje potrebno odobrenje obaju društava majki i onima navedenima u članku 23. stavku 2. navedenog BIA‑e, za koje je potrebno odobrenje barem jednog direktora kojeg imenuje svako od društava majki, ulaze u sferu uobičajenih prava manjinskih dioničara koja služe zaštiti njihovih financijskih interesa kao ulagatelja u zajedničko društvo, u smislu točke 66. Pročišćene obavijesti Komisije o nadležnosti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika ( SL 2008., C 95, str. 1 ., u daljnjem tekstu: pročišćena obavijest o nadležnosti). Naime, iz točke 67. te obavijesti, čiju važnost stranke u predmetnom slučaju ne osporavaju, proizlazi da se prava veta koja omogućuju zajedničku kontrolu u načelu odnose na odluke vezano za pitanja kao što je proračun, plan razvoja poduzetnika, velika ulaganja ili imenovanje višeg rukovodstva. Nadalje, iz točaka 68. do 70. pročišćene obavijesti o nadležnosti proizlazi da pravo veta na plan razvoja poduzetnika može biti dovoljno, samo za sebe, da manjinskom dioničaru omogući zajedničku kontrolu nad zajedničkim društvom, čak i u izostanku svih drugih prava veta, iako se prava koja se odnose na imenovanje ili opozivanje višeg rukovodstva kao i na odobravanje proračuna smatraju jako važnima. Naposljetku, u smislu članka 71. navedene obavijesti, ako se pravo veta odnosi na ulaganja zajedničkog društva, njegov opseg će ovisiti o visini ulaganja za koje je potrebno odobrenje društava majki i o tome ima li to ulaganje značajnu ulogu na tržištu na kojem je zajedničko društvo aktivno. Međutim, članak 23. stavak 2. BIA‑e dodjeljuje Toshibi prava veta i na materijalna ulaganja (točka 12. te odredbe) kao i na osnivanje, kapitalne udjele ili kupnju društva te druge vrste aktivnosti koje uključuju izdatke od milijardu jena ili više (točka 8. te odredbe) ili na davanje zajmova društvima kćerima i drugim gospodarskim subjektima u iznosu od milijardu jena ili više (točka 9. te odredbe). Kao što to tvrdi Komisija, ti iznosi se ne čine prevelikima u odnosu na početna tužiteljeva ulaganja u MTPD, ukupno u iznosu od 26,5 milijardi jena, tako da pravo veta u tom području može predstavljati indiciju o tužiteljevoj mogućnosti izvršavanja odlučujućeg utjecaja na ponašanje MTPD‑a na tržištu. Nadalje, kao što je to Komisija istaknula u uvodnim izjavama 933. i 953. pobijane odluke, u skladu s člankom 27. stavkom 1. BIA‑e, MEI i tužitelj su usvojili dokument s važenjem do 31. ožujka 2008., koji sadržava informacije o prodajama, proizvodnji, razvoju, osoblju, ulaganjima, financijskim planovima i povratu kapitala MTPD‑a i koji čini temelj razvojnog plana potonjeg. Ta odredba predviđa da će društva majke, tijekom početnog razdoblja od dvije godine čiji je završetak predviđen za 31. ožujka 2005., usvojiti razvojni plan MTPD‑a, nakon čega će, sukladno drugom stavku tog članka, računajući od tog dana, godišnje planove razvoja utvrđivati MTPD, nakon savjetovanja sa svojim društvima majkama. Međutim, memorandumom o razumijevanju od 7. prosinca 2004., kojim je izmijenjen članak 27. stavak 2. BIA‑e, društva majke produljile su početno razdoblje do 31. ožujka 2007., s obzirom na to da su se morali usuglasiti o razvojnom planu MTPD‑a i njegovim kasnijim izmjenama tijekom cjelokupnog postojanja tog društva. Iz toga proizlazi da je Komisija s pravom zauzela stav da su o BIA‑i i o razvojnom planu, koji sadržavaju glavne operativne i financijske ciljeve MTPD‑a kao i njegovo temeljno strateško planiranje, odluke donosila njegova društva majke. Naime, čak i pod pretpostavkom da tužitelj, kao što je tvrdio u svojim pismenima, nije bio konkretno uključen u izradu navedenih planova, i dalje je u skladu s člankom 27. stavkom 2. BIA‑e bilo potrebno da on odobri te dokumente te da se o njima prethodno očituje. Konačno, tužitelj niti ne osporava da je odobrio sve godišnje razvojne planove MTPD‑a. Prema tome, bez potrebe izjašnjavanja o razlozima produljenja početnog razdoblja koje navodi tužitelj, valja utvrditi da to produljenje ima za učinak davanje potonjem prava veta na razvojni plan MTPD‑a, koji se također odnosio i na njegov proračun, i to tijekom cjelokupnog njegova postojanja. Stoga, suprotno tvrdnjama tužitelja, pravo veta na navedeni razvojni plan nije bilo lišeno korisnog učinka. Štoviše, postojanje takvog prava samo je po sebi dovoljno za ocjenu da je tužitelj, u smislu točke 70. pročišćene obavijesti o nadležnosti, stvarno izvršavao odlučujući utjecaj na zajedničko društvo. S obzirom na prethodno navedeno, kao što je to utvrdila Komisija, pojedina prava nabrojana kako u članku 23. stavku 2. BIA‑e tako i u njegovu članku 27. spadaju u područja koja tužitelju omogućuju da zajedno s društvom Panasonic izvršava odlučujući utjecaj na poslovnu strategiju MTPD‑a. Također, kao što i proizlazi iz uvodne izjave 956. pobijane odluke, pitanje je li tužitelj ikada stvarno koristio ta prava irelevantno je u predmetnom slučaju za ocjenu njegova izvršavanja odlučujućeg utjecaja na ponašanje MTPD‑a na tržištu. Naime, da bi se donosile odluke u tim područjima, osobito onima iz članka 23. stavka 2. BIA‑e, dva društva majke morala su se o tome prethodno usuglasiti. Stoga, posjedovanje prava na veto o kojem je riječ nužno je moralo utjecati, čak i neizravno, na upravljanje MTPD‑om. Štoviše, tim se pravima pridružuju prava nabrojana u članku 21. stavku 2. BIA‑e, odnosno prava u vezi s pitanjima koja zahtijevaju posebna rješenja skupštine dioničara na temelju trgovačkog prava i pitanja koja se odnose na izdavanje novih dionica kao i na raspodjelu dividendi. Ta prava predstavljaju dodatnu indiciju na kojoj je Komisija mogla temeljiti svoju tvrdnju o tužiteljevoj mogućnosti izvršavanja odlučujućeg utjecanja na ponašanje MTPD‑a. Kao drugo, valja istaknuti, kao što to proizlazi iz pobijane odluke, da i druge okolnosti koje je Komisija u njoj istaknula dopuštaju izvođenje zaključka o tome da je tužitelj mogao izvršavati odlučujući utjecaj na ponašanje MTPD‑a na tržištu. U tom pogledu, valja najprije primijetiti, kao što je to u uvodnoj izjavi 975. pobijane odluke utvrdila Komisija, da je jedan od četiri direktora koje je tužitelj imenovao od deset koliko ih je ukupno u upravnom vijeću MTPD‑a na temelju članka 22. stavka 2. BIA‑e, istodobno zauzimao mjesto u upravi tužitelja, što ovaj nije niti osporavao. Međutim, ta činjenica predstavlja indiciju na kojoj je, zajedno s drugim dokazima, Komisija mogla temeljiti svoju tvrdnju o tužiteljevoj mogućnosti izvršavanja odlučujućeg utjecaja na ponašanje MTPD‑a. Nadalje, u skladu s člankom 22. stavkom 3. BIA‑e tužitelj je morao imenovati jednog od dvojice upravitelja ovlaštenih da predstavljaju zajedničko društvo, koji je usto bio i potpredsjednik zajedničkog društva. Međutim, kao što je to Komisija pravilno utvrdila u uvodnim izjavama 940. i 941. pobijane odluke, dva potpredsjednika MTPD‑a koji su imenovani tijekom njegova postojanja prethodno su obavljali visoko rangirane funkcije unutar uprave tužitelja kojem su se vratili naknadno. Iz toga proizlazi da su navedene osobe, iako nisu zadržale ugovorne veze s tužiteljem i iako mu nisu više bile niti izravno podređene, zasigurno imale produbljenu svijest o njegovoj politici i o njegovim poslovnim ciljevima te su mogle uskladiti politiku MTPD‑a s tužiteljevim interesima. Konačno, tvrdnja tužitelja da je uloga potpredsjednika MTPD‑a navodno simbolična ne može dovesti u pitanje ovaj zaključak. Štoviše, kao što to Komisija utvrđuje u uvodnoj izjavi 957. pobijane odluke, činjenica da se upravno vijeće MTPD‑a nije nikada usprotivilo odlukama svojeg predsjednika, kojeg imenuje društvo Panasonic, ne može se tumačiti kao da tužitelj ne izvršava odlučujući utjecaj na ponašanje MTPD‑a na tržištu, nego više kao odobrenje poslovne politike potonjeg. U tim uvjetima, činjenica da je, s jedne strane, predsjednik MTPD‑a, kojeg imenuje društvo Panasonic, bio zadužen za svakodnevno upravljanje MTPD‑om i da je odobravao većinu važnih odluka vezano za njegovo poslovanje te da je, s druge strane, društvo Panasonic bilo odgovorno za vođenje i upravljanje MTPD‑om, na temelju članka 20. stavka 2. BIA‑e, ne može navesti na zaključak da je samo društvo Panasonic izvršavalo odlučujući utjecaj na MTPD. Naime, kako je to istaknuto u uvodnoj izjavi 956. pobijane oduke, prema toj istoj odredbi, u vezi s člankom 20. stavkom 3. BIA‑e, tužiteljeva je suradnja bila nužna za upravljanje zajedničkim društvom. Osim toga, kao što je to Komisija utvrdila u uvodnim izjavama 977. i 978. pobijane oduke, klauzula iz članka 28. stavka 3. BIA‑e koja predviđa da je MTPD glavni dobavljač društava majki u proizvodnji televizora i da su navedena društva, istodobno, glavni dobavljači sastavnih dijelova CRT‑a za MTPD predstavlja dodatnu indiciju o tužiteljevu sudjelovanju u upravljanju MTPD‑om i otkriva postojanje njihove bliske i dugotrajne gospodarske povezanosti, koja se mora uzeti u obzir prilikom ocjene postoji li odlučujući utjecaj (vidjeti u tom smislu presudu Fuji Electric/Komisija, t. 96. supra , t. 184.). Ovaj zaključak ne može dovesti u pitanje činjenica da se tužitelj opskrbljivao i kod drugih dobavljača CPT‑a. Štoviše, tužitelj ne može s uspjehom tvrditi da nije bio uključen u prodaju gotovih proizvoda MTPD‑a s obzirom na to da je, kao što je to Komisija precizirala, a što nije s uspjehom osporeno, nakon prijenosa njegove aktivnosti u području CRT‑a na MTPD potonji koristio [ povjerljivo ], koji drži tužitelj (vidjeti točku 3. ove presude), kao prodajni kanal u Europskoj uniji. K tomu, tužitelj nije s uspjehom pobio činjenicu koju je Komisija istaknula u uvodnoj izjavi 977. pobijane odluke, a to je da CPT‑i koji su prodani na taj način djelomično potječu iz tvornica MTPD‑a, a djelomično su proizvedeni u tužiteljevoj tvornici u Himeji (Japan), koja nije prenesena na MTPD. Kao treće, iz elemenata na koje se Komisija oslanja u pobijanoj odluci proizlazi da je tužitelj sudjelovao u upravljanju MTPD‑om, osobito davanjem odobrenja za zatvaranje dvaju njegovih društava kćeri u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama u studenome 2005. U tom pogledu, valja istaknuti da tužitelj ne osporava davanje odobrenja za zatvaranje navedenih tvornica, nego samo ističe da je ta mjera po prirodi iznimna i ne spada u poslovnu politiku MTPD‑a. Stoga, njegovo sudjelovanje u donošenju takve odluke ne dokazuje njegov dugotrajni utjecaj na ponašanje MTPD‑a. Međutim, suprotno tužiteljevim argumentima, okolnost, istaknuta u uvodnim izjavama 936. i 964. pobijane odluke, da bez njegova odobrenja do tog zatvaranja nije moglo doći, što, konačno, proizlazi i iz članka 23. stavka 2. BIA‑e, predstavlja indiciju da je on stvarno izvršavao odlučujući utjecaj na poslovnu politiku zajedničkog društva. Naime, prema toj odredbi takvu odluku nije moglo donijeti zajedničko društvo, a da pritom direktor u upravnom vijeću MTP‑a kojeg je imenovao tužitelj ne da svoje odobrenje (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 2. veljače 2012., Dow Chemical/Komisija, T‑77/08, neobjavljena u Zborniku, t. 86.). U odnosu na argumente tužitelja kojima on osporava da je MTPD‑u davao gospodarske upute i da je bio uključen u njegovo svakodnevno upravljanje, valja podsjetiti, kao što je to Komisija utvrdila u uvodnoj izjavi 958. pobijane odluke i kao što i proizlazi iz sudske prakse, da mogućnost izvršavanja odlučujućeg utjecaja na poslovnu politiku zajedničkog društva ne zahtijeva dokazivanje umiješanosti u svakodnevno upravljanje aktivnostima navedenog poduzetnika niti utjecaja na poslovnu politiku potonjeg stricto sensu , kao što je njegova strategija distribucije ili cijena, nego više dokazivanje opće strategije koja pruža smjernice poduzetniku. Društvo majka može posebice izvršavati odlučujući utjecaj na svoja društva kćeri čak i ako se pritom ne koristi pravom na suodlučivanje i suzdržava se od davanja uputa ili konkretnih smjernica za pojedine aspekte poslovne politike. Takve upute samo su indicija očitog postojanja odlučujućeg utjecaja društva majke na poslovnu politiku svojeg društva kćeri. Izostanak navedenog nikako ne nameće zaključak da je društvo kći autonomno. Ujednačena poslovna politika unutar grupe također može biti neizravan odraz svih gospodarskih i pravnih poveznica između društva majke i njegovih društava kćeri. Primjerice, utjecaj društva majke na svoja društva kćeri kada je riječ o poduzetničkoj strategiji, poduzetničkoj politici, razvojnim projektima, ulaganjima, kapacitetima, financijskim izvorima, ljudskim potencijalima i pravnim predmetima može imati neizravni učinak na ponašanje društava kćeri i cjelokupne grupe na tržištu. Konačno, odlučujuće je pitanje izvršava li društvo majka utjecaj u dovoljnoj mjeri da usmjeri ponašanje društva kćeri na način da se trebaju smatrati gospodarskom cjelinom (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 10. rujna 2009., Akzo Nobel i dr./Komisija, C-97/08 P, Zb., str. I-8237. , t. 73. i presudu Dow Chemical/Komisija, t. 120. supra , t. 77.). Stoga, iz svega prethodno navedenog proizlazi da, s obzirom na sve gospodarske, pravne i organizacijske poveznice koje ujedinjuju tužitelja i MTPD, Komisija nije počinila pogrešku kada je utvrdila da je tužitelj – kao društvo majka MTPD‑a, usklađeno s društvom Panasonic – izvršavao odlučujući utjecaj na ponašanje MTPD‑a na tržištu CPT‑a. Prema tome, Komisija nije počinila pogrešku kada je zauzela stav da tužitelj i MTPD čine jedinstvenog poduzetnika u smislu članka 101. UFEU‑a i da su tužitelj i društvo Panasonic solidarno odgovorni za ponašanje MTPD‑a u razdoblju između 1. travnja 2003. i 12. lipnja 2006. Iz toga proizlazi da drugi dio četvrtog tužbenog razloga treba odbiti. – Prvi dio Tužitelj tvrdi da Komisija uopće nije istaknula koja se to prava uobičajeno dodjeljuju manjinskim dioničarima niti precizirala elemente iz članka 23. stavka 2. BIA‑e koji prelaze tu uobičajenu granicu. Međutim, valja istaknuti da je pobijana odluka – s obzirom na to da je Opći sud o drugom dijelu četvrtog tužbenog razloga mogao odlučivati o meritumu i da je tužitelj mogao, suprotno onomu što tvrdi, osigurati svoju obranu – u dovoljnoj mjeri obrazložena u tom dijelu. Stoga prigovor koji je istaknut u potporu prvom dijelu treba odbiti kao neosnovan. – Treći dio Tužitelj se poziva na povredu svojih prava obrane iz razloga što, unatoč zahtjevima u tom pravcu, nije imao pristup očitovanjima koje je društvo Panasonic podnijelo kao odgovor na obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama niti nakon rasprave po pitanju razvojnog plana MTPD‑a. Iako su njegovi zahtjevi za pristup odbijeni s obrazloženjem da Komisija nije imala namjeru pozivati se na te dokumente protiv njega u pobijanoj odluci, on s tim u vezi tvrdi da se ona bezrezervno oslanja na njih kako bi utemeljila svoju tvrdnju o odlučujućem utjecaju na ponašanje MTPD‑a. U tom pogledu, valja podsjetiti da je poštovanje prava obrane u svakom postupku koji može dovesti do izricanja sankcija, osobito novčanih kazni ili periodičnih penala, temeljno načelo prava Unije koje se mora poštovati čak i u upravnom postupku (vidjeti presudu Suda od 2. listopada 2003., Thyssen Stahl/Komisija, C-194/99 P, Zb., str. I-10821. , t. 30. i navedenu sudsku praksu). Poštovanje prava na obranu nalaže da poduzetnik protiv kojeg se upravni postupak vodi može, tijekom tog postupka, iznijeti svoje stajalište o istinitosti i relevantnosti iznesenih činjenica i okolnosti kao i dokumentima koje je Komisija koristila u prilog svojoj tvrdnji o postojanju povrede (vidjeti presudu Suda od 25. siječnja 2007., Dalmine/Komisija, C-407/04 P, Zb., str. I-829. , t. 44. i navedenu sudsku praksu). Nadalje, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da izostanak dostave nekog dokumenta predstavlja povredu prava obrane samo ako se, s jedne strane, Komisija poziva na taj dokument kako bi utemeljila svoj prigovor vezano za postojanje povrede i, s druge strane, ako se osnovanost tog prigovora može dokazati samo upućivanjem na taj dokument. Ako postoje drugi dokumentirani dokazi kojih su stranke svjesne tijekom upravnog postupka i koji osobito idu u prilog tezi Komisije, odbacivanje dokumenta koji nije dostavljen tužitelju kao dokaznog sredstva ne utječe na osnovanost prigovora iz pobijane odluke. Na predmetnom je poduzetniku da dokaže da bi rezultat do kojeg je došla Komisija u svojoj odluci bio različit da je dokument koji nije bio dostavljen poduzetniku, a na koji se Komisija oslonila kako bi ga inkriminirala, odbačen kao dokazno sredstvo (vidjeti presudu Suda od 1. srpnja 2010., Knauf Gips/Komisija, C-407/08 P, Zb., str. I-6375. , t. 13. i navedenu sudsku praksu). U predmetnom slučaju, u uvodnoj izjavi 933. pobijane odluke Komisija je utvrdila da su o razvojnom planu MTPD‑a odlučivala društva majke te je u bilješci br. 1821 istaknula da je društvo Panasonic potvrdilo ovu ocjenu u svojem odgovoru na obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama. Nadalje, u uvodnoj izjavi 934. pobijane odluke Komisija je istaknula da je u svojim očitovanjima nakon rasprave društvo Panasonic potvrdilo da su o razvojnom planu MTPD‑a zajednički odlučivala njegova društva majke, upućujući na odgovor koje je to društvo dalo na obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama. Naposljetku, u uvodnoj izjavi 948. te odluke, Komisija je ponovila tu tvrdnju upućivanjem na dokumente koje je društvo Panasonic podnijelo tijekom rasprave, a koji dokazuju da je MTPD u 2004. zatražio posebno odobrenje tužitelja za nastavak svojih financijskih gubitaka. Valja podsjetiti, kao što je to utvrđeno u okviru drugog dijela ovog tužbenog razloga (točka 109. ove presude), da čak i pod pretpostavkom da tužitelj nije bio konkretno uključen u izradu razvojnih planova MTPD‑a, njegovo je odobrenje kao i njegovo prethodno savjetovanje bilo potrebno s obzirom na BIA‑u. Naime, s jedne strane, odgovornost tužitelja kao jednog od društava majki MTPD‑a bila je u dovoljnoj mjeri utvrđena i bez potrebe izjašnjavanja o dokumentima koje je društvo Panasonic podnijelo nakon usmene rasprave, a kojima tužitelj po svojem kazivanju nije imao pristup (vidjeti točke 104. do 123. ove presude). S druge strane, tužitelj nije potvrdio da su navedeni dokumenti sadržavali elemente koji bi ga oslobodili od odgovornosti i na koje bi se on mogao pozvati. U tim okolnostima, izostanak dostave navedenih dokumenata ne predstavlja povredu njegovih prava obrane, u smislu sudske prakse navedene u točki 129. ove presude. Stoga, treći dio četvrtog tužbenog razloga kao i četvrti tužbeni razlog u cijelosti treba odbiti. Treći tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj odgovoran za povredu počinjenu u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. Tužitelj tvrdi da je pobijana odluka zahvaćena pogreškom u dijelu u kojem ne pravi razliku između njegove izravne odgovornosti zbog navodnog sudjelovanja u povredi i njegove odgovornosti koja proizlazi iz navodnog sudjelovanja MTPD‑a. Međutim, prema mišljenju tužitelja, Komisija je morala zaključiti da je svako njegovo sudjelovanje u povredi završilo 31. ožujka 2003., kada je napustio tržište CRT‑a prenošenjem svih svojih aktivnosti na MTPD. Tužitelj navodi da njegova odgovornost u razdoblju između 1. travnja 2003. i 12. lipnja 2006. može stoga proizlaziti samo iz sudjelovanja MTPD‑a u povredi i da je to u izreci odluke moralo biti jasno naznačeno. Komisija pobija tu argumentaciju. Uvodno, valja podsjetiti da je Komisija u članku 1. stavku 2. točki (d) izreke pobijane odluke utvrdila da je tužitelj sudjelovao u zabranjenom sporazumu od 16. svibnja 2000. do 12. lipnja 2006. S tim u vezi važno je istaknuti, kako je zaključeno u okviru četvrtog tužbenog razloga, da je Komisija s pravom tužitelju i društvu Panasonic pripisala protupravno ponašanje MTPD‑a između 1. travnja 2003. i 12. lipnja 2006., smatrajući da oni predstavljaju jedinstvenu gospodarsku jedinicu. Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da čak i kad društvo majka ne sudjeluje izravno u povredi, ono u takvim uvjetima izvršava odlučujući utjecaj na društva kćeri koja su sudjelovala u njezinu počinjenju. Iz toga proizlazi da se u tom kontekstu odgovornost društva majke ne može smatrati objektivnom odgovornošću. U tim okolnostima društvo majka kažnjava se za počinjenje povrede kao da ju je samo počinilo (vidjeti presudu Općeg suda od 27. lipnja 2012., Bolloré/Komisija, T‑372/10, Zb., t. 52. i navedenu sudsku praksu). U svakom slučaju, kao što i proizlazi iz obrazloženja pobijane odluke i, osobito, iz razloga iznesenih u njezinim uvodnim izjavama 126., 303., 923. do 927., 993. do 996., 1000. i 1088., Komisija je razlikovala dva razdoblja kod pripisivanja odgovornosti pravnim subjektima koji su dio tužiteljeve grupe društava ili su pod njegovom kontrolom (vidjeti točke 3. i 4. ove presude): razdoblje prije prijenosa njegovih aktivnosti u području CRT‑a na zajedničko društvo, u kojem je proglašen odgovornim zbog svojeg izravnog sudjelovanja u zabranjenom sporazumu i razdoblja nakon tog prijenosa, u kojem je ocijenjen odgovornim zbog sudjelovanja MTPD‑a, na čije ponašanje je prema mišljenju Komisije izvršavao odlučujući utjecaj. Stoga je u uvodnoj izjavi 1183. pobijane odluke (tablica 12., pod (b), točke 9. i 10.) zaključeno da tužitelju treba za razdoblje prije osnivanja MTPD‑a izreći novčanu kaznu u iznosu od28048000 eura, dok mu za razdoblje postojanja zajedničkog društva treba, zajedno i solidarno s društvom Panasonic i MTPD‑om, izreći novčanu kaznu u iznosu od 86738000 eura. Te novčane kazne proizlaze iz članka 2. stavka 2. točaka (g) i (h) pobijane odluke. Valja istaknuti da iz svega prethodnog proizlazi, s jedne strane, da se tužitelja smatra počiniteljem povrede za cjelokupno razdoblje iz članka 1. stavka 2. točke (d) izreke pobijane odluke i, s druge strane, da obrazloženje pobijane odluke dostatno potkrepljuje njezinu izreku. Iz toga proizlazi da tužitelj ne može s uspjehom tvrditi da je pobijana odluka zahvaćena pogreškom jer ne pravi razliku između njegove odgovornosti zbog navodnog izravnog sudjelovanja u povredi i njegove odgovornosti koja proizlazi iz navodnog sudjelovanja MTPD‑a u toj povredi i da treba odbiti prigovor prema kojem je Komisija morala zaključiti da je tužitelj završio sa svakim sudjelovanjem u povredi 31. ožujka 2003. Stoga, treći tužbeni razlog treba odbiti. Peti tužbeni razlog, podredno istaknut, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je MTPD odgovoran zbog sudjelovanja u povredi počinjenoj u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. Peti tužbeni razlog sastoji se od dva dijela. U okviru prvog dijela ovog tužbenog razloga tužitelj ističe da njegova odgovornost u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. ne može biti veća od odgovornosti MTPD‑a jer je izvedena iz odgovornosti potonjeg i uzgredna te smatra da mora moći imati koristi od svakog ukidanja ili smanjenja iznosa novčane kazne izrečene MTPD‑u koja bi mogla proizići iz tužbe koju su MTPD i društvo Panasonic podnijeli protiv pobijane odluke pred Općim sudom, koja se vodi pod brojem T‑82/13, osobito zato što MTPD nije sudjelovao u zabranjenom sporazumu o CPT‑u što je utvrđeno navedenom odlukom. U okviru drugog dijela ovog tužbenog razloga tužitelj tvrdi da je MTPD pogrešno smatran odgovornim zbog sudjelovanja u zabranjenom sporazumu o CPT‑u zbog svojeg sudjelovanja na sastancima SML‑a i ASEAN‑a kao i na navodnim dvostranim sastancima. On smatra da pobijanu odluku treba poništiti u dijelu u kojem MTPD proglašava odgovornim za povredu u tom razdoblju. Komisija osporava tu argumentaciju. – Prvi dio Ponajprije valja istaknuti da, uzevši u obzir činjenicu da su prvi i drugi tužbeni razlog prihvaćeni, pobijanu odluku treba poništiti u dijelu u kojem je utvrđeno da je tužitelj izravno sudjelovao u zabranjenom sporazumu o CPT‑u prije osnivanja MTPD‑a. Nasuprot tomu, iz ispitivanja četvrtog tužbenog razloga proizlazi je Komisija s pravom protupravno ponašanje MTPD‑a pripisala tužitelju. Iz toga slijedi da odgovornost potonjeg može proizlaziti samo iz njegova svojstva društva majke koje, zajedno s društvom Panasonic, izvršava odlučujući utjecaj na ponašanje MTPD‑a na tržištu (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 24. ožujka 2011., Tomkins/Komisija, T-382/06, Zb., str. II-1157. , t. 38.). Međutim, u tom pogledu valja primijetiti da u ovim okolnostima zajednička i solidarna odgovornost tužitelja i MTPD‑a za plaćanje novčane kazne koja im je izrečena, zajedno i solidarno s društvom Panasonic, dovodi navedene u posebnu situaciju u slučaju poništenja ili preinačenja pobijane odluke koja utječe na tužitelja kojem je pripisano protupravno ponašanje MTPD‑a. Naime, ako nema protupravnog ponašanja MTPD‑a ne može doći do pripisivanja navedenog ponašanja društvima majkama niti do njihova novčanog kažnjavanja zajedno i solidarno sa zajedničkim društvom (vidjeti u tom smislu presudu Tomkins/Komisija, t. 145. supra , t. 45.). Potom valja napomenuti da je Opći sud današnjom presudom Panasonic i MT Picture Display/Komisija (T‑82/13, Zb. (ulomci)), s jedne strane, odbio tužbu koju su podnijeli društvo Panasonic i MTPD u dijelu u kojem su zahtijevali poništenje pobijane odluke, prihvaćajući s druge strane njihov zahtjev za preinačenje navedene odluke, na način da umanji iznos novčanih kazni solidarno i zajedno izrečenih MTPD‑u i njegovim društvima majkama zbog njegova sudjelovanja u zabranjenom sporazumu o CPT‑u od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. Budući da tužitelj traži korist od svakog ukidanja ili smanjenja novčane kazne izrečene MTPD‑u do kojeg bi moglo doći u predmetu u kojem je donesena presuda Panasonic i MT Picture Display/Komisija, t. 147. supra , slijedi da se njegov zahtjev može prihvatiti samo u dijelu u kojem se odnosi na smanjenje iznosa novčane kazne izrečene MTPD‑u solidarno i zajedno s društvom Panasonic i s njim samim, u okviru izvršavanja neograničene nadležnosti Općeg suda i ispitivanja tužbenih zahtjeva za preinačenje. Stoga valja ispitati može li se, u svjetlu argumenata koje je istaknuo tužitelj u okviru drugog dijela ovog tužbenog razloga, zakonitost pobijane odluke dovesti u pitanje u dijelu u kojem je utvrđeno da je MTPD sudjelovao u zabranjenom sporazumu o CPT‑u. – Drugi dio Kao prvo, tužitelj tvrdi da dokazi na koje se Komisija poziva u pobijanoj odluci ne dovode do zaključka da je MTPD povrijedio članak 101. UFEU‑a sudjelovanjem na sastancima SML‑a i ASEAN‑a jer se potonji nisu odnosili na europsko tržište, nego na CPT‑e namijenjene prodaji azijskim kupcima i da nijedan sporazum o cijenama, proizvodnji ili dijelovima tržišta u EGP‑u nije bio zaključen na navedenim sastancima. On tvrdi da, prema tome, nijedan sporazum koji je proveden u EGP‑u – ili je u njemu imao neposredan, predvidiv i znatan učinak – nije bio zaključen na tim sastancima i da je Komisija počinila pogrešku smatrajući se nadležnom za utvrđivanje povrede. Kao drugo, tužitelj tvrdi da je pobijana odluka zahvaćena pogreškom u dijelu u kojem je zaključeno da sastanci SML‑a i ASEAN‑a na kojima je MTPD prisustvovao čine dio jedinstvene i trajne povrede i da ta odluka ne sadržava ni jedan uvjerljiv dokaz koji potvrđuje da je MTPD bio svjestan sporazuma zaključenih u Europi. Kao treće, tužitelj tvrdi, s jedne strane, da na sastancima ASEAN‑a nije sudjelovao MTPD, nego pravni sljednik [ povjerljivo ], MT Picture Display Indonesia, u čijem kapitalu je MTPD imao udjel od 53% i da, s druge strane, pobijanu odluku treba poništiti jer u njoj nisu izneseni razlozi zbog kojih je MTPD trebalo smatrati odgovornim. Valja odmah odbiti argument tužitelja prema kojem MTPD nije sudjelovao na sastancima ASEAN‑a. Naime, kao što je to Komisija istaknula u odgovoru na tužbu, što tužitelj nije osporio u replici, analiza zapisnika s navedenih sastanaka, osobito onih održanih 16. veljače, 16. ožujka, 18. svibnja, 18. lipnja i 5. studenoga 2004. kao i 6. prosinca 2005. pokazuje da su, s jedne strane, uz predstavnike drugih društava kćeri MTPD‑a, poput društva MTPD Indonesia, zaposlenici MTPD‑a na tim sastancima aktivno sudjelovali i da se, s druge strane, MTPD bez iznimke spominjao na svim sastancima ASEAN‑a koji su se održali tijekom tog razdoblja i koje je Komisija navela u pobijanoj odluci. Kada je riječ o nadležnosti Komisije za utvrđivanje povrede, valja podsjetiti da u slučaju kada poduzetnici koji imaju sjedište izvan EGP‑a, ali proizvode robu koja se trećima prodaje unutar EGP‑a, međusobno usklađuju cijene koje primjenjuju prema kupcima sa sjedištem unutar EGP‑a i provode to usklađivanje na način da robu prodaju po cijenama koje su zapravo koordinirane, takvo usklađivanje za cilj i učinak ima ograničavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu u smislu članka 101. UFEU‑a, te da je Komisija mjesno nadležna postupati (vidjeti presudu Općeg suda od 27. siječnja 2014., InnoLux/Komisija, T‑91/11, Zb., t. 58. i navedenu sudsku praksu). Iz sudske prakse također proizlazi da povreda članka 101. UFEU‑a obuhvaća dvije vrste postupanja, odnosno uspostavljanje zabranjenog sporazuma i njegovu provedbu. Kad bi primjena zabrana određenih pravom tržišnog natjecanja ovisila o mjestu uspostavljanja zabranjenog sporazuma, to bi očito omogućilo poduzetnicima da na jednostavan način izbjegnu navedene zabrane. Stoga je mjerodavno mjesto provedbe zabranjenog sporazuma. Osim toga, za utvrđivanje nalazi li se to mjesto unutar EGP‑a nije relevantna činjenica jesu li sudionici zabranjenog sporazuma, kako bi uspostavili kontakte s kupcima unutar Zajednice, to učinili posredstvom društava kćeri, zastupnika, podzastupnika ili podružnica sa sjedištem unutar EGP‑a (vidjeti presudu InnoLux/Komisija, t. 154. supra , t. 59. i navedenu sudsku praksu). Ako se uvjet koji se tiče provedbe zabranjenog sporazuma ispuni, nadležnost Komisije da primijeni pravila tržišnog natjecanja Unije na takvo ponašanje pokrivena je teritorijalnim načelom koje je opće priznato međunarodnim javnim pravom (presuda Suda od 27. rujna 1988., Ahlström Osakeyhtiö i dr./Komisija, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 i 125/85 do 129/85, Zb., str. 5193. , t. 18. i presuda InnoLux/Komisija, t. 154. supra , t. 60.). Nadalje, kriterij provođenja zabranjenog sporazuma kao okolnosti koja predstavlja poveznicu s područjem Unije je ispunjen samom prodajom proizvoda koji je predmet kartela unutar Unije, neovisno o tome gdje se nalaze izvori opskrbe i proizvodni pogoni (vidjeti presudu InnoLux/Komisija, t. 154. supra , t. 63. i navedenu sudsku praksu). Upravo primjenom tih načela Komisija se u svrhu primjene članka 101. UFEU‑a i članka 53. Sporazuma o EGP‑u u predmetnom slučaju s pravom ocijenila nadležnom. Naime, iz uvodnih izjava 585. do 599. pobijane odluke proizlazi da su tajna djelovanja provedena na tom području te su imala neposredan, predvidiv i znatan učinak u Uniji, iako su pojedini poduzetnici o kojima je riječ u trenutku povrede bili smješteni izvan područja Unije te nisu imali društva kćeri ustanovljena na tom području. U tom pogledu, Komisija je utvrdila da su sudionici zabranjenog sporazuma, unatoč činjenici da su dogovori u okviru tog sporazuma postizani izvan EGP‑a i da njihov glavni cilj nije bila Europa, svejedno izvršavali utjecaj na kupce u EGP‑u prodajom CPT‑a na tom području ili mjerama koje utječu na tu prodaju. Kao prvo, Komisija je pravilno zauzela stav da je povreda neposredno utjecala na EGP s obzirom na to da su, s jedne strane, tajni sporazumi izravno utjecali na određivanje cijena i količine CRT‑a koji će se bilo izravno bilo putem prerađenih proizvoda isporučivati na tom području te, s druge strane, s obzirom na to da su CDT‑i CPT‑i napravljeni i isporučeni u EGP izravno iz proizvodnih pogona članova zabranjenog sporazuma smještenih u drugim dijelovima svijeta. Kao drugo, Komisija je s pravom ocijenila da je učinak povrede na EGP bio predvidiv s obzirom na to da su cijene i količine koje su predmet kartela imale očit utjecaj na slobodno tržišno natjecanje između proizvođača CRT‑a kao i na nizvodno tržište. Nadalje, po uzoru na Komisijinu ocjenu valja napomenuti da se sudionici u zabranjenom sporazumu o CPT‑u nisu dogovarali samo o cijenama, nego su provodili i koordinirano usklađivanje proizvodnje iz tvornica smještenih u EGP‑u ili izvan njega, ograničavajući time ponudu u EGP‑u. Osim toga, kao što je to Komisija utvrdila, predmetni zabranjeni sporazum imao je neposredan i predvidiv učinak na EGP i kada je riječ o vertikalno integriranim dobavljačima, kao što su društva Philips, LGE, Panasonic i tužitelj, među ostalim i putem dostava zajedničkog društva društvima majkama. Kao treće, Komisija je pravilno utvrdila da je učinak zabranjenog sporazuma o CPT‑u bio znatan zbog težine povrede, njezina produljenog trajanja i uloge stranaka zabranjenog sporazuma na europskom tržištu kada je riječ o CRT‑u i prerađenim proizvodima. Iz toga slijedi da je manjkav tužiteljev argument da su sastanci SML‑a i ASEAN‑a bili usredotočeni na azijsko tržište te da se na njima zaključeni sporazumi nisu odnosili na EGP jer su sudionici navedenih sastanaka prodavali CPT‑e u EGP‑u neovisnim trećim stranama, izravno ili putem prerađenih proizvoda. U tom pogledu, kada vertikalno integrirani poduzetnik ugrađuje proizvode obuhvaćene povredom u gotove proizvode u svojim proizvodnim jedinicama koje se nalaze izvan EGP‑a, prodaja tih gotovih proizvoda unutar EGP‑a neovisnim trećim stranama može utjecati na tržišno natjecanje na tržištu tih proizvoda pa se za takvu povredu može smatrati da izaziva posljedice unutar EGP‑a, čak i ako je tržište predmetnih gotovih proizvoda odvojeno od onog obuhvaćenog spomenutom povredom. U odnosu na tvrdnju da su sastanci SML‑a i ASEAN‑a tvorili dio jedinstvene i trajne povrede povezane s CPT‑om, valja istaknuti da Komisija smatra da rasprave na tim sastancima, iako su se odnosili na prodaje u Aziji, nisu bile odvojene od događaja u drugim regijama, osobito onih u Europi te su često obuhvaćale cijeli svijet. Komisija je stoga s pravom smatrala, pozivajući se na razloge iznesene u uvodnim izjavama 478. do 490., 496., 499., 517., 518. i 521. do 523. pobijane odluke, da su ti sastanci bili međusobno povezani s europskim sastancima o staklu na više načina i da bi bilo neprirodno odvojiti ih od drugih kontakata u okviru zabranjenog sporazuma o CPT‑u, s obzirom na to da su tvorili sastavni dio jedinstvene i trajne povrede koja uključuje tajne kontakte kako u Europi tako i u Aziji. Tako je Komisija, kao prvo, podsjetila da su se tri niza sastanaka organiziranih u Aziji – u konkretnom slučaju sastanci o staklu te sastanci SML‑a i ASEAN‑a – kao i sastanci u Europi, odnosili na istu vrstu ograničenja, odnosno na određivanje cijena i planiranje prodaje, što uključuje razmjenu osjetljivih informacija. Kao drugo, vrste predmetnih proizvoda, odnosno CPT‑a svih dimenzija, bile su slične na sastancima uzetim u cjelini. Kao treće, bilo je preklapanja u pogledu zemljopisnog obuhvata rasprava na različitim sastancima, s obzirom na to da su oni ASEAN‑a i SML‑a obuhvaćali cijeli svijet jer su uključivali EGP ili su se odnosili na Europu. Na isti način Komisija je istaknula da se na europskim sastancima o staklu govorilo i o Aziji. Kao četvrto, sastanci SML‑a i ASEAN‑a, koji su bili produžetak azijskih sastanaka o staklu, održavali su se tijekom istog razdoblja kao i europski sastanci o staklu, od 1999. do 2005. Kao peto, različite kategorije organiziranih sastanaka, odnosno europski sastanci o staklu, azijski sastanci o staklu kao i sastanci SML‑a i ASEAN‑a uključuju, u velikoj mjeri, iste sudionike. Kao šesto, stranke zabranjenog sporazuma o CPT‑u htjele su zadržati razumnu razliku u cijeni istovjetnih proizvoda koji se prodaju u EGP‑u i u Aziji te povećati cijene u Europi. Prema tome, Komisija je mogla s pravom utvrditi da je zabranjeni sporazum o CPT‑u obuhvaćao EGP i da je on proveden na tom području, uzevši u obzir izravnu prodaju u EGP‑u i izravnu prodaju u EGP‑u putem prerađenih CPT‑a. Kako bi došla do tih zaključaka, kao što to proizlazi iz pobijane odluke, Komisija je ispitala kontekst u kojem su se održavale tri skupine sastanaka u Aziji, odnosno azijski sastanci o staklu te sastanci SML‑a i ASEAN‑a, kao i kontekst njihovih zapisnika da bi iz toga s pravom zaključila da su se ti sastanci međusobno dopunjavali s europskim sastancima o staklu i da su stoga bili međusobno povezani. U tom pogledu, iz uvodnih izjava 287. i 288. pobijane odluke proizlazi da se prvi europski višestrani sastanak održao 2. listopada 1999. u Glasgowu na poziv društva Samsung SDI upućen na višestranom sastanku koji je 21. rujna 1999. održan na Tajvanu, a na kojem su sudjelovala društva Chunghwa, Samsung SDI, LGE, [ povjerljivo ] i Philips, čiji je cilj bio ojačati suradnju s europskim tržištem i navesti poduzetnike koji su sudionici zabranjenog sporazuma da redovito organiziraju sastanke u svrhu razmjenjivanja informacija o tržištu i određivanja cijena. Izražena je zabrinutost visinom plasiranih cijena 14-inčnih CPT‑a u Europi, koje su ocijenjene preniskima u odnosu na azijske cijene. Na kasnijem sastanku navedenom u uvodnim izjavama 251. i 290. pobijane odluke, održanom 27. listopada 1999. na Tajlandu, azijski poduzetnici su izrazili zadovoljstvo tendencijom povećanja cijena na europskom i američkom tržištu zahvaljujući smanjenju proizvodnih kapaciteta proizvođača CPT‑a u Aziji. Nadalje, iz zapisnika s azijskih sastanaka proizlazi da su njihovi sudionici uspoređivali situaciju na tržištima u Europi sa situacijom na tržištima u Aziji te da su se redovito usuglašavali o usklađivanju svojih cijena i proizvodnih kapaciteta. Prema uvodnoj izjavi 486. pobijane odluke sudionici azijskih sastanaka dogovarali su se o smanjivanju proizvodnih kapaciteta što bi olakšalo napore vezano za povećanje cijena članova zabranjenog sporazuma u EGP‑u te su definirali ciljeve u pogledu tržišnih udjela i razine opskrbe na svjetskoj razini. Osim toga, cijene koje se prakticiraju u određenoj regiji koristile su se kao referentna točka za dogovaranje o cijenama u nekoj drugoj regiji. Prema tome, postojala je međuovisnost između azijskih i europskih cijena. Iz toga slijedi, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, da su razina proizvodnje i cijene u Aziji imale utjecaj na europske cijene. Usto, kako je to istaknuto u pobijanoj odluci, više azijskih sudionika zabranjenog sporazuma o CPT‑u raspolagalo je linijama proizvodnje u Europi tijekom većeg dijela razdoblja u kojem su se među konkurentima održavali različiti sastanci. Osim toga, iz pobijane odluke proizlazi da su pojedina europska društva kćeri obavještavala svoje azijske središnjice o situaciji na tržištu i o dogovorima postignutima u okviru zabranjenog sporazuma o CPT‑u u Europi i obratno, što tužitelj, konačno, niti ne osporava. Štoviše, iz uvodnih izjava 413. do 415. pobijane odluke proizlazi da su se tijekom posljednje faze zabranjenog sporazuma o CPT‑u, u razdoblju od 2004. do studenoga 2006., osim sastanaka SML‑a i ASEAN‑a koji su bili glavni višestrani forumi, održali mnogobrojni ad hoc kontakti vezano za planove svjetske prodaje i proizvodnje, osobito u Europi, u koje su bili uključeni MTPD i sudionici europskih sastanaka o staklu, kao što je društvo Samsung SDI, grupa LPD i društvo Thomson. U tom pogledu, bilješka br. 1074 spominje dvostrane sastanke o razmjeni informacija održane 6. prosinca 2004. kao i 21. veljače i 8. srpnja 2005. između grupe LPD i MTPD‑a. Prema toj bilješci, MTPD je uz svoj odgovor na Komisijin zahtjev za pružanje informacija priložio dokumente iz kojih je proizlazilo da su informacije koje se odnose na kapacitete proizvođača CRT‑a, a datiraju od studenoga 2006. i potječu od njegovih konkurenata, kao i podaci koji se odnose na cijeli svijet, uključujući planove u području prodaje, ponude te predviđanja u pogledu potražnje, koji se odnose na CRT za televizore i datiraju od travnja 2005. podneseni MTPD‑u, što tužitelj, naposljetku, niti ne osporava. U tim uvjetima, tužitelj ne može s uspjehom tvrditi da pobijana odluka ne sadržava nijedan uvjerljiv dokaz u prilog činjenici da je MTPD bio svjestan postojanja zabranjenog sporazuma o CPT‑u. Naposljetku, irelevantan je tužiteljev argument prema kojem, kao što je to Komisija u pobijanoj odluci priznala, ne postoji zajednička središnja organizacija koja bi povezivala europske i azijske sastanke o staklu sa sastancima SML‑a i ASEAN‑a. Naime, iz prethodnih razmatranja, koja su iznesena u pobijanoj odluci, proizlazi da su se ti sastanci međusobno nadopunjavali i da su bili dio sveobuhvatnog plana, tako da ih je Komisija mogla pravilno okvalificirati kao jedinstvenu i trajnu povredu. Osim toga, suprotno tvrdnjama tužitelja, kao što to tvrdi Komisija i kao što proizlazi iz zapisnika, na pojedinim sastancima ASEAN‑a kojima je prisustvovao MTPD, među kojima su oni od 16. veljače, 16. ožujka i 5. studenoga 2004., osim o sporazumu o europskim cijenama za posebne kupce, čija je provedba bila strogo kontrolirana, raspravljalo se i o ponudi te o budućoj potražnji, linijama proizvodnje i proizvodnim kapacitetima na svjetskom tržištu, u što je uključen i EGP. Također, takva razmjena osjetljivih poslovnih informacija među konkurentima, poput one koja se odvijala na sastancima od 18. lipnja 2004. i 6. prosinca 2005., predstavljala je usklađena djelovanja koja mogu dovesti do ograničavanja proizvodnje i podjelu tržišnih udjela. U tom pogledu, izostanak službenih sporazuma o tim dvama aspektima povrede ne utječe na zakonitost pobijane odluke, sukladno sudskoj praksi prema kojoj je dovoljno da razmjena informacija ublažava ili uklanja stupanj neizvjesnosti u pogledu funkcioniranja predmetnog tržišta što za posljedicu ima ograničavanje tržišnog natjecanja između poduzetnika (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 4. lipnja 2009., T‑Mobile Netherlands i dr., C-8/08, Zb., str. I-4529. , t. 35. i navedenu sudsku praksu). Nadalje, kao što to ističe Komisija, činjenica da se jedan dio rasprava odnosi na Aziju objašnjava se time da je većina proizvodnih pogona smještena u toj regiji. Što se tiče sastanaka SML‑a, iz pobijane odluke, a osobito iz zapisnika sa sastanaka od 28. studenoga 2003. i 10. prosinca 2004. te od 15. ožujka i 26. prosinca 2005. proizlazi da su ti poduzetnici, među kojima i MTPD, razmjenjivali informacije vezano za Europu i da su analizirali situaciju na globalnoj razini, uključujući europski kontinent. Nadalje, sudionici tih sastanaka su raspravljali o mogućnosti kontroliranja cijena na europskom tržištu, uključujući i cijene CPT‑a malih i srednjih dimenzija te su utvrdili nužnost kontroliranja proizvodnje kao i koordiniranog zatvaranja europskih tvornica. Osim toga, dva su se sastanka, onaj od 28. studenoga 2003. i onaj od 10. prosinca 2004., odnosila isključivo na određivanje cijena u Europi. Stoga tužitelj ne može tvrditi da pobijana odluka ne sadržava dokaze o raspodjeli tržišnih udjela i o ograničavanju proizvodnje CPT‑a u tom razdoblju na sastancima SML‑a i ASEAN‑a, s obzirom na to da iz zapisnika s više takvih sastanaka proizlazi da su njihovi sudionici razmjenjivali podatke o proizvodnji, prodaji, proizvodnim kapacitetima i svojim predviđanjima na svjetskoj razini, koji su se mogli koristiti za izračunavanje tržišnih udjela poduzetnika sudionika, za provedbu sporazuma i za određivanje smjernica za cijene CPT‑a različitih dimenzija na globalnoj razini. Iz toga slijedi da ovaj tužbeni razlog valja odbiti. S obzirom na prethodno navedeno, valja prihvatiti prvi dio tužbenog zahtjeva i poništiti članak 1. stavak 2. točku (d) pobijane odluke u dijelu u kojem je navedeno da je tužitelj povrijedio članak 101. UFEU‑a sudjelovanjem u zabranjenom sporazumu o CPT‑u od 16. svibnja 2000. do 31. ožujka 2003. Kao posljedicu tog poništenja, valja također prihvatiti treći dio tužbenog zahtjeva i poništiti članak 2. stavak 2. točku (g) pobijane odluke kojim je tužitelju izrečena novčana kazna u iznosu od 28048000 eura zbog sudjelovanja u zabranjenom sporazumu u razdoblju od 16. svibnja 2000. do 31. ožujka 2003. Naposljetku, zahtjev za poništenje valja u preostalom dijelu odbiti. Podredni tužbeni zahtjev za ukidanje ili smanjenje iznosa novčane kazne U prilog svojem zahtjevu tužitelj je istaknuo samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci sadržanoj u pobijanoj odluci u dijelu u kojem mu je izrečena novčana kazna u članku 2. stavku 2. točkama (g) i (h) ili, podredno, onoj počinjenoj prilikom izračuna iznosa te novčane kazne. S obzirom na poništenje članka 2. stavka 2. točke (g) pobijane odluke, ovaj tužbeni razlog valja ispitati isključivo u dijelu u kojem se nastoji dokazati da je Komisija počinila pogrešku u pobijanoj odluci kada je tužitelju izrekla novčanu kaznu u članku 2. stavku 2. točki (h) navedene odluke te da je izračun iznosa te novčane kazne pogrešan. Ovaj tužbeni razlog, kojim tužitelj poziva Opći sud da iskoristi svoju neograničenu nadležnost, sastoji se od dva dijela. U okviru prvog dijela tužitelj ponajprije zahtijeva od Općeg suda da izvede odgovarajuće posljedice iz pogrešaka koje je Komisija navodno počinila, a koje je utvrdio prilikom ispitivanja tužbenih razloga za poništenje. U okviru drugog dijela i podredno, tužitelj ističe pogreške u izračunu iznosa novčane kazne koje su u načelu dovele do povreda načela proporcionalnosti i jednakog postupanja, kao i do povrede prava obrane. Uzevši u obzir činjenicu da su nakon ispitivanja tužbenih razloga istaknutih u prilog zahtjevu za poništenje pobijane odluke, prihvaćeni samo prvi i treći dio tužbenog zahtjeva (vidjeti točku 173. ove presude), ne treba ispitati prvi dio ovog tužbenog razloga. Stoga je na Općem sudu da u okviru izvršavanja svoje neograničene nadležnosti ispita drugi dio ovog tužbenog razloga, u svjetlu četvrtog dijela tužbenog zahtjeva u kojem tužitelj od Općeg suda traži smanjenje iznosa novčane kazne koja mu je izrečena, zajedno i solidarno s društvom Panasonic, zbog sudjelovanja u zabranjenom sporazumu posredstvom MTPD‑a. Tužitelj ističe četiri dodatna argumenta u potporu svojem zahtjevu za preinačenje novčanih kazni koje su mu izrečene. Kao prvo, tužitelj tvrdi da je obrazloženje Komisije vezano za određivanje udjela vrijednosti prihoda od prodaje koji je uzet u obzir prilikom izračuna osnovnog iznosa novčane kazne nejasno i lakonsko i da upućuje na povredu načela proporcionalnosti. U tom pogledu, tužitelj tvrdi, s jedne strane, da iznos novčane kazne ne odražava bitne razlike između opsega zabranjenog sporazuma o CDT‑u i opsega zabranjenog sporazuma o CPT‑u, koji nije tako višedimenzionalan kako to tvrdi Komisija, i, s druge strane, da je postotak od 18% koji je s obzirom na težinu navedenog zabranjenog sporazuma utvrđen u svrhu određivanja osnovnog iznosa neproporcionalan. U tom pogledu, valja podsjetiti da sukladno članku 23. stavku 3. Uredbe br. 1/2003, u svrhu određivanja iznosa novčane kazne, valja uzeti u obzir težinu i trajanje povrede. Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da Komisija, u granicama predviđenima Uredbom br. 1/2003, raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću u izvršavanju svoje ovlasti izricanja takvih novčanih kazni (presude Suda od 28. lipnja 2005., Dansk Rørindustri i dr./Komisija, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02 P, Zb., str. I-5425. , t. 172. i od 24. rujna 2009., Erste Group Bank i dr./Komisija, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P i C-137/07 P, Zb., str. I-8681. , t. 123.). Međutim, kad Komisija donese smjernice čija je svrha u skladu s Ugovorom potanko odrediti kriterije koje namjerava primjenjivati u okviru izvršavanja svoje diskrecijske ovlasti, ona time samoograničava tu ovlast jer je dužna pridržavati se okvirnih pravila koja si je sama nametnula (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 8. listopada 2008., Carbone Lorraine/Komisija, T-73/04, Zb., str. II-2661. , t. 192. i navedenu sudsku praksu). Ona ne može u određenom slučaju odstupiti od tih pravila, a da pritom ne ponudi razloge sukladne načelu jednakog postupanja koje zahtijeva da se u usporedivim situacijama ne postupa na različit način i da se u različitim situacijama ne postupa na jednak način, osim ako je takvo postupanje objektivno opravdano (vidjeti presudu Suda od 15. listopada 2009., Audiolux i dr., C-101/08, Zb., str. I-9823. , t. 54. i navedenu sudsku praksu). Osim toga, u točki 4. Smjernica iz 2006. navedeno je sljedeće: „Ovlasti Komisije za nametanje kazni […] ubrajaju se među sredstva dodijeljena Komisiji za ispunjavanje njezine zadaće nadziranja koja joj je povjerena Ugovorom. Ta zadaća ne samo da uključuje obvezu istrage i sankcioniranja pojedinih povreda, nego i obuhvaća obvezu provedbe opće politike čiji je cilj primjena načela utvrđenih Ugovorom u pitanjima tržišnoga natjecanja i usmjeravanje poslovanja poduzetnika […] U tu svrhu, Komisija se mora pobrinuti da njezino postupanje ima nužan preventivan učinak […] U skladu s tim, kada Komisija otkrije da je prekršen članak 81. ili članak 82. [EZ‑a], može se pokazati potrebnim nametnuti kaznu onima koji su postupili protivno pravu. Kazne bi trebale imati dovoljno preventivan učinak ne samo kako bi sankcionirale dotične poduzetnike (poseban preventivni učinak), nego i kako bi odvratile druge poduzetnike od poduzimanja ili nastavka ponašanja koje je protivno člancima 81. i 82. [UEZ‑a] (opći preventivni učinak).“ Osim toga, kao što to proizlazi iz točaka 5. do 7. Smjernica iz 2006., kako bi ostvarila te ciljeve Komisija kao temelj za utvrđivanje kazne uzima u obzir vrijednost prihoda od prodaje robe ili usluga na koje se povreda odnosi i broj godina tijekom kojih je poduzetnik sudjelovao u povredi, uz uključivanje u osnovni iznos novčane kazne posebnog iznosa s ciljem odvraćanja poduzetnika od protupravnih aktivnosti. Valja podsjetiti da je u točki 19. Smjernica iz 2006. precizirano da je „osnovni iznos novčane kazne povezan s udjelom vrijednosti prihoda od prodaje, ovisno o stupnju težine povrede, pomnoženo s brojem godina povrede“. Što se tiče čimbenika koji utječu na težinu povrede, Smjernice iz 2006. u svojoj točki 20. preciziraju da se „težina svake vrste povreda ocjenjuje za svaki slučaj posebno, uzimajući u obzir sve bitne okolnosti pojedinog slučaja“. Što se tiče određivanja udjela vrijednosti prihoda od prodaje koji se uzima u obzir, u točki 21. Smjernica iz 2006. je navedeno da se „[u] pravilu [on] utvrđuje u visini do 30%“. Iz točke 22. Smjernica proizlazi da „[p]ri odlučivanju treba li udio vrijednosti prihoda prodaje, koji se u danom slučaju treba razmotriti, biti na donjem ili gornjem dijelu tog raspona, Komisija uzima u obzir niz čimbenika kao što je narav povreda, zajednički tržišni udio svih dotičnih poduzetnika, zemljopisni opseg povreda te je li povreda u potpunosti izvršena ili ne“. Naposljetku, u točki 23. navedenih smjernica podsjeća se u tom pogledu na sljedeće: „Horizontalni sporazumi o određivanju cijena, podjeli tržišta te ograničenju proizvodnje, koji su obično tajni, po svojoj su naravi među najtežim oblicima ograničavanja tržišnog natjecanja. Sa stajališta politike tržišnog natjecanja, njih se kažnjava visokim novčanim kaznama. Stoga je udio vrijednosti prihoda od prodaje koji se uzima u obzir u takvim slučajevima povreda u pravilu u gornjem dijelu tog raspona.“ U predmetnom slučaju, u svrhu određivanja težine povrede Komisija je osobito uzela u obzir činjenicu, kao što to proizlazi iz uvodne izjave 1059. pobijane odluke, da su i zabranjeni sporazum o CPT‑u i zabranjeni sporazum o CDT‑u bili višedimenzionalni s obzirom na to da su sadržavali horizontalne sporazume o određivanju ciljanih i najnižih cijena, raspodjeli tržišta i ograničavanju proizvodnje te, kod zabranjenog sporazuma o CDT‑u, također i sporazum o raspodjeli kupaca. Komisija je istaknula da te povrede spadaju po samoj svojoj prirodi u jedan od najtežih oblika ograničavanja tržišnog natjecanja sukladno odredbama članka 101. UFEU‑a, uslijed čega točka 23. Smjernica iz 2006. predviđa uzimanje u obzir udjela vrijednosti prihoda od prodaje iz gornjeg dijela raspona. Nadalje, Komisija je usto podsjetila da su poduzetnici koji su uključeni u te povrede bili ili morali biti svjesni da su njihove aktivnosti nezakonite, što dokazuje činjenica da su poduzimali mjere u svrhu prikrivanja postojanja zabranjenog sporazuma. Osim toga, Komisija je istaknula da zemljopisno gledano, kako zabranjeni sporazum o CDT‑u tako i onaj o CPT‑u, obuhvaćaju cijeli EGP i da je zajednički tržišni udjel, na razini EGP‑a poduzetnika koji su bili adresati pobijane odluke i u odnosu na koje su povrede utvrđene, bio manji od 80%. Naposljetku, utvrdila je da su zabranjeni sporazumi bili vrlo strukturirani, da su se strogo primjenjivali i da su bili podvrgnuti kontrolama. U uvodnoj izjavi 1070. navedene odluke Komisija je zaključila da je, vodeći računa o prirodi povrede, potrebno upotrijebiti postotak od 18% predmetne prodaje. Suprotno tužiteljevim argumentima, ova ocjena je dovoljno obrazložena s obzirom na to da je Komisija doista vodila računa o čimbenicima navedenima u točki 22. Smjernica iz 2006. (vidjeti točku 189. ove presude), odnosno, osim o prirodi povrede, o zajedničkom tržišnom udjelu predmetnih poduzetnika na cjelokupnom tržištu, zemljopisnom opsegu povrede koji se prostire na cijeli EGP i o činjenici da je zabranjeni sporazum izvršen. Nadalje, nije sporno da povreda koja se odnosi na CPT spada u kategoriju iz točke 23. Smjernica iz 2006., osobito s obzirom na to da, među ostalim, uključuje tajne horizontalne sporazume o određivanju cijena. Prema tome, vodeći računa o činjenici da Smjernice iz 2006. predviđaju gornju granicu od 30%, Komisija je, uzevši u obzir 18% vrijednosti prihoda od prodaje, odnosno tek nešto više od polovice propisanog raspona, postupila u skladu s pravilima koje si je sama nametnula u navedenim smjernicama. Naime, takva očita povreda pravila o tržišnom natjecanju je po svojoj prirodi osobito teška i protivna najvažnijim ciljevima Unije (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 29. lipnja 2012., GDF Suez/Komisija, T‑370/09, Zb., t. 420. i navedenu sudsku praksu). Nijedan od elemenata koje je istaknuo tužitelj ne dovodi u pitanje ovu ocjenu. Naime, ispitivanje četvrtog i petog tužbenog razloga istaknutih u prilog zahtjevu za poništenje pobijane odluke nije dovelo u pitanje sudjelovanje predmetnih poduzetnika u jedinstvenoj i trajnoj povredi iz članka 101. UFEU‑a, koja je imala za učinak ograničavanje tržišnog natjecanja na tržištu EGP‑a i koja je osobito uključivala određivanje cijena čija je provedba bila strogo kontrolirana, ograničavanje proizvodnje i razmjenu povjerljivih informacija o CPT‑ima. Suprotno tužiteljevim tvrdnjama, treba istaknuti, s jedne strane, da je stupanj sofisticiranosti ili složenosti zabranjenog sporazuma o CDT‑u u odnosu na onaj zabranjenog sporazuma o CPT‑u irelevantan što se tiče učinaka dvaju sporazuma, a to je ograničavanje tržišnog natjecanja na tržištu EGP‑a. S druge strane, kao što i proizlazi iz uvodne izjave 1059. pobijane odluke, prilikom utvrđivanja veće težine zabranjenog sporazuma o CDT‑u vodilo se računa o činjenici da on, za razliku od zabranjenog sporazuma o CPT‑u, podrazumijeva i raspodjelu kupaca. Što se tiče argumenata da pobijana odluka ne sadržava dovoljno dokaza o ograničenju proizvodnje i raspodjeli tržišta, oni ne mogu opstati, uzevši u obzir analizu koja je izvršena u okviru drugog dijela petog tužbenog razloga. Naposljetku, što se tiče tvrdnje tužitelja da dva od tri aspekta povrede, odnosno ograničenje proizvodnje i raspodjela tržišta, nisu postajala tijekom cjelokupnog trajanja povrede, valja utvrditi da, čak i da je točna, ona nije dovoljna da dovede u pitanje ocjenu Komisije o postojanju povrede, njezinoj težini u predmetnom slučaju i stoga, o udjelu vrijednosti prihoda od prodaje koji treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja osnovnog iznosa novčane kazne (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 13. prosinca 2012., Versalis i Eni/Komisija, T‑103/08, neobjavljena u Zborniku, t. 241.). Iz toga slijedi da Komisija, time što je u skladu sa Smjernicama iz 2006. udio vrijednosti od prihoda od prodaje koji treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja osnovnog iznosa novčane kazne koju treba izreći tužitelju odredila na 18%, nije prešla granice svoje diskrecijske ovlasti. Stoga treba odbiti argument prema kojemu taj postotak nije proporcionalan onomu koji je za zabranjeni sporazum o CDT‑u određen na 19%. Valja također odbiti argumente tužitelja o provedbi i o učincima povrede, s obzirom na to da je Komisija, u skladu s točkom 23. Smjernica iz 2006., mogla odrediti iznos novčane kazne isključivim oslanjanjem na kriterij naravi povrede (presuda GDF Suez/Komisija, t. 192. supra , t. 423.). Naposljetku, nijedan drugi element ne može opravdati to da Opći sud iskoristi svoju ovlast preinačenja pobijane odluke u pogledu iznosa novčane kazne s obzirom na težinu povrede. Iz toga proizlazi da ovaj prigovor treba odbiti. Kao drugo, tužitelj tvrdi da Komisija nije uzela u obzir ograničenu narav njegova sudjelovanja i sudjelovanja MTPD‑a ni prilikom određivanja udjela vrijednosti prihoda od prodaje za potrebe izračuna osnovnog iznosa novčane kazne ni prilikom uzimanja u obzir eventualnih olakotnih okolnosti. Valja podsjetiti da je, prema sudskoj praksi, smanjivanje osnovnog iznosa novčane kazne zbog olakotnih okolnosti nužno povezano s okolnostima pojedinog slučaja, koje mogu navesti Komisiju na to da kaznu ne smanjuje poduzetniku koji je stranka nezakonitog sporazuma. Naime, priznavanje koristi od olakotnih okolnosti u situacijama u kojima je neki poduzetnik stranka očito nezakonitog sporazuma kojeg je svjestan ili za koji nije mogao ne znati da predstavlja povredu, ne smije dovesti do toga da izrečena novčana kazna izgubi svoj odvraćajući učinak te da se ugrozi korisni učinak iz članka 101. stavka 1. UFEU‑a (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 9. srpnja 2009., Archer Daniels Midland/Komisija, C-511/06 P, Zb., str. I-5843. , t. 104. i 105. i navedenu sudsku praksu). Nadalje, iz točke 29. Smjernica iz 2006. proizlazi da Komisija nema nikakvu obvezu sustavno uzimati u obzir svaku nabrojanu olakotnu okolnost zasebno ili automatski dodatno smanjivati osnovni iznos novčane kazne čim poduzetnik iznese dokaze koji mogu uputiti na postojanje neke od tih okolnosti. Naime, primjerenost eventualnog smanjenja iznosa novčane kazne zbog olakotnih okolnosti treba sagledavati sveobuhvatno, vodeći računa o svim relevantnim okolnostima. Stoga, s obzirom na to da u Smjernicama iz 2006. u dijelu u kojem se odnose na olakotne okolnosti koje se mogu uzeti u obzir, nema naznaka imperativne prirode, valja smatrati da je Komisija sačuvala određenu diskreciju u pogledu opće ocjene o mogućnosti smanjivanja iznosa novčanih kazni zbog olakotnih okolnosti (vidjeti u tom smislu presudu Općeg suda od 2. veljače 2012., Denki Kagaku Kogyo i Denka Chemicals/Komisija, T‑83/08, neobjavljena u Zborniku, t. 240. i navedenu sudsku praksu). U predmetnom slučaju, kada je riječ o argumentu prema kojem je Komisija morala uzeti u obzir činjenicu da MTPD nije sudjelovao na europskim sastancima o staklu, nego jedino na sastancima SML‑a i ASEAN‑a, valja podsjetiti, kao što to proizlazi iz analize drugog dijela petog tužbenog razloga, da je Komisija pravilno smatrala da je MTPD, s kojim su tužitelj i društvo Panasonic činili gospodarsku jedinicu, sudjelovao u jedinstvenoj i trajnoj povredi članka 101. UFEU‑a i članka 53. Sporazuma o EGP‑u, koja je obuhvaćala čitavo područje EGP‑a i koja se sastojala od sporazuma i usklađenih djelovanja koja su imala za cilj dogovaranje o cijenama i proizvodnji te o razmjeni osjetljivih poslovnih informacija među konkurentima. Uzevši u obzir diskrecijsku ovlast koju je imala na raspolaganju prilikom određivanja iznosa novčanih kazni koje namjerava izreći, Komisija je mogla smatrati, uzevši u obzir sve te elemente, da korist od olakotnih okolnosti nije opravdana. Tužitelj usto nije dokazao da se MTPD protivio zabranjenom sporazumu o CPT‑u na način da je ometao njegovo nesmetano funkcioniranje, što predstavlja standard ustanovljen u sudskoj praksi da bi se neprovođenje zabranjenog sporazuma smatralo opravdanjem za smanjivanje iznosa novčane kazne zbog olakotnih okolnosti (vidjeti u tom smislu presudu Denki Kagaku Kogyo i Denka Chemicals/Komisija, t. 202. supra , t. 248. i navedenu sudsku praksu). Iz toga slijedi da Komisija nije prekoračila granice diskrecijske ovlasti kojom raspolaže u tom području kada nije uzela u obzir, kao olakotnu okolnost koja opravdava smanjenje iznosa novčane kazne, činjenicu, pod pretpostavkom da je utvrđena, da MTPD nije sudjelovao u svim konstitutivnim elementima predmetnog zabranjenog sporazuma. Naime, kada je riječ o odgovornosti za povredu kao takvoj, iz sudske prakse proizlazi da činjenica da poduzetnik nije izravno sudjelovao u svim konstitutivnim elementima sveukupnog zabranjenog sporazuma ne može navedenog osloboditi od odgovornosti za povredu članka 101. stavka 1. UFEU‑a, ako je utvrđeno, kao što je to slučaj u ovom predmetu, da je morao nužno znati, s jedne strane, da su tajni dogovori u kojima je sudjelovao bili dio cjelovitog plana i, s druge strane, da taj cjeloviti plan uključuje sve konstitutivne elemente zabranjenog sporazuma (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 8. prosinca 2011., Chalkor/Komisija, C-386/10 P, Zb., str. I-13085. , t. 91. i navedenu sudsku praksu). Nadalje, tužitelj uopće ne pojašnjava na koji je to način Komisija, uskraćujući mu korist od olakotnih okolnosti, povrijedila načelo proporcionalnosti ili načelo jednakog postupanja. Čak i pod pretpostavkom da tužitelj svojom argumentacijom ima za cilj utvrditi da je njegova uloga u zabranjenom sporazumu bila isključivo pasivna, valja istaknuti, s jedne strane, da iako je ta okolnost izričito navedena kao moguće olakotna u Smjernicama iz 1998., ona više nije jedna od onih koje se mogu uzimati u obzir na temelju Smjernica iz 2006. Navedeno, prema tome, svjedoči o svjesnom političkom odabiru da se više „ohrabruje“ pasivno ponašanje sudionika u povredi pravila o tržišnom natjecanju. Taj odabir dio je diskrecijske ovlasti Komisije prilikom određivanja i provedbe politike tržišnog natjecanja. S druge strane, „isključivo pasivno ili sljedbeničko“ ponašanje poduzetnika u ostvarivanju povrede podrazumijeva, prema definiciji, njegovu „neuočljivost“, odnosno izostanak aktivnog sudjelovanja u izradi jednog ili više protutržišnih sporazuma (presuda Općeg suda od 9. srpnja 2003., Cheil Jedang/Komisija, T-220/00, Zb., str. II-2473. , t. 167.). Iz sudske prakse proizlazi da elementi koji po prirodi otkrivaju pasivnu ulogu poduzetnika unutar nekog zabranjenog sporazuma uključuju i situaciju u kojoj je njegovo sudjelovanje u zabranjenom sporazumu umnogome sporadičnije nego ono običnih članova zabranjenog sporazuma kao i situaciju u kojoj predstavnik drugog poduzetnika koji sudjeluje u zabranjenom sporazumu dade izričitu izjavu vezano za ulogu tog poduzetnika u zabranjenom sporazumu, uzevši u obzir sve relevantne okolnosti pojedinog slučaja (vidjeti gore navedenu presudu Cheil Jedang/Komisija, t. 168. i navedenu sudsku praksu). Međutim, u predmetnom slučaju MTPD je sudjelovao na nezanemarivom broju sastanaka u okviru zabranjenog sporazuma o CPT‑u, čiji je protutržišni karakter dokazan i na kojima je svojim konkurentima davao određene osjetljive poslovne informacije. Čak i da su te informacije bile pogrešne ili na drugi način dostupne, one su kod konkurenata svejedno ostavljale dojam da je MTPD sudionik zabranjenog sporazuma te su ih ohrabrivale na njegovu provedbu. Osim toga, nijedan od sudionika predmetnog zabranjenog sporazuma nije naveo da je tužitelj postupao „neuočljivo“ tijekom povrede. Upravo zato ne može se smatrati da je njegova uloga bila isključivo pasivna. Iz toga slijedi da Komisija nije prekoračila granice svoje diskrecijske ovlasti kojom raspolaže u ovom području kada nije prihvatila navodno isključivo pasivnu i marginalnu ulogu MTPD‑a kao olakotnu okolnost koja bi opravdavala smanjenje iznosa novčane kazne. Kao treće, tužitelj tvrdi da je Komisija povrijedila Smjernice iz 2006. uzevši u obzir, kao relevantni prihod, ne samo prihod od prodaje CRT‑a kupcima sa sjedištem u EGP‑u, nego i prihod od izravne prodaje u EGP‑u putem prerađenih proizvoda, koji nisu bili ni u izravnoj ni u neizravnoj vezi s povredom. U tom pogledu, s jedne strane, on prigovara Komisiji da nije dokazala postojanje protutržišnog ponašanja u odnosu na vlastitu prodaju, koja je bila izričito isključena iz rasprava koje su se vodile na sastancima SML‑a i ASEAN‑a te stoga nije izravno povezana s povredom. S druge strane, on tvrdi da se Komisija nije mogla oslanjati na presumpciju da je povreda utjecala na nizvodno tržište televizora u EGP‑u tako da izravna prodaja u EGP‑u putem prerađenih proizvoda nije bila neizravno povezana s povredom. Valja podsjetiti da je u članku 23. stavku 2. drugoj alineji Uredbe br. 1/2003 propisano da novčana kazna za svakog poduzetnika i svako udruženje poduzetnika koje sudjeluje u povredi ne smije prelaziti 10% njegova ukupnog prihoda u prethodnoj poslovnoj godini. Kao što je to Sud već presudio, Komisija mora u svakom pojedinačnom slučaju i imajući u vidu kontekst kao i ciljeve određene sustavom kazni uspostavljenim Uredbom br. 1/2003 ocijeniti željeni učinak na poduzetnika o kojem je riječ, osobito uzimajući u obzir prihod koji odražava stvarni gospodarski položaj poduzetnika tijekom razdoblja u kojem je počinjena povreda (presude od 7. lipnja 2007., Britannia Alloys & Chemicals/Komisija, C-76/06 P, Zb., str. I-04405. , t. 25.; Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, t. 30. supra , t. 53., od 23. travnja 2015., LG Display i LG Display Taiwan/Komisija, C‑227/14 P, Zb., t. 49.). U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, pri izračunu iznosa novčane kazne dopušteno je uzeti u obzir kako ukupni prihod poduzetnika, koji je pokazatelj, premda približan i nepotpun, njegove veličine i gospodarske snage, tako i udio tog prihoda ostvaren proizvodima obuhvaćenima povredom, koji je pokazatelj opsega povrede (presude Suda od 7. lipnja 1983., Musique Diffusion française i dr./Komisija, 100/80 do 103/80, Zb., str. 1825. , t. 121.; Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, t. 30. supra , t. 54. i LG Display i LG Display Taiwan/Komisija, t. 213. supra , t. 50.). Iz ustaljene sudske prakse Suda proizlazi da, iako se člankom 23. stavkom 2. Uredbe br. 1/2003 Komisiji dodjeljuje diskrecijska ovlast, njime se ta ovlast ipak ograničava tako da se uspostavljaju objektivni kriteriji kojih se Komisija mora držati. Prema tome, s jedne strane, iznos novčane kazne koja se može nametnuti poduzetniku podložan je brojčano odredivoj i apsolutnoj gornjoj granici, tako da je najveći iznos novčane kazne koji se može izreći određenom poduzetniku unaprijed odrediv. S druge strane, izvršavanje te diskrecijske ovlasti ograničeno je također pravilima postupanja koja si je sama Komisija nametnula, osobito u Smjernicama za izračun novčanih kazni (presude Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, t. 30. supra , t. 55. i LG Display i LG Display Taiwan/Komisija, t. 213. supra , t. 51.). U skladu s točkom 13. Smjernica iz 2006., „[u] određivanju osnovnog iznosa kazne koju će nametnuti, Komisija će upotrijebiti vrijednost prihoda od prodaje robe ili usluga tog poduzetnika na koju se povreda izravno ili neizravno [...] odnosi u odgovarajućem zemljopisnom području unutar Europskoga gospodarskog prostora“. Te smjernice u točki 6. preciziraju da se „[k]ombinacija vrijednosti prihoda od prodaje na koju se odnosi povreda te [njezino] trajanje smatra [...] primjerenom formulom koja odražava ekonomsku važnost povrede kao i relativnu težinu svakog poduzetnika u povredi“. Slijedi da je postavljeni cilj točke 13. Smjernica iz 2006. da kao polazište za izračunavanje novčane kazne koja se izriče nekom poduzetniku uzme iznos koji odražava ekonomsku važnost povrede i veličinu poduzetnikova doprinosa toj povredi (presude Suda od 11. srpnja 2013., Team Relocations i dr./Komisija, C‑444/11 P, neobjavljena u Zborniku, t. 76.; Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, t. 30. supra , t. 57., kao i LG Display i LG Display Taiwan/Komisija, t. 213. supra , t. 53.). Prema tome, pojam vrijednosti prihoda od prodaje naveden u točki 13. Smjernica obuhvaća prihode od prodaje ostvarene na tržištu zahvaćenom povredom koje se nalazi unutar EGP‑a, pri čemu nije potrebno utvrđivati je li spomenuta prodaja doista bila zahvaćena tom povredom, s obzirom na to da dio prihoda od prodaje proizvoda na koje se povreda odnosi najbolje odražava ekonomsku važnost te povrede (vidjeti u tom smislu presude Team Relocations i dr./Komisija, t. 217. supra , t. 75. do 78.; Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, t. 30. supra , t. 57. do 59.; te presude Suda od 19. ožujka 2015., Dole Food i Dole Fresh Fruit Europe/Komisija, C‑286/13 P, Zb., t. 148. i 149. i LG Display i LG Display Taiwan/Komisija, t. 213. supra , t. 53. do 58. i 64.). U predmetnom slučaju, sudionici zabranjenog sporazuma poput MTPD‑a, na čije je ponašanje tužitelj izvršavao odlučujući utjecaj, koji su bili vertikalno integrirani poduzetnici, ugrađivali su izvan EGP‑a CPT‑e koji su predmet kartela u konačne proizvode koji se prodaju u EGP‑u. Kao što to tvrdi tužitelj, prodaja koja je uzeta u obzir pri izračunu novčane kazne kao izravna prodaja unutar EGP‑a putem prerađenih proizvoda nije obavljena na tržištu proizvoda na koji se povreda odnosi, što je u ovom slučaju tržište CRT‑a koji su predmet kartela, nego na tržištu proizvoda koji se od njega razlikuje, to jest na nizvodnom tržištu gotovih proizvoda u koje su ugrađeni navedeni CRT‑i koji su predmet kartela, a koji su u tom slučaju bili predmet unutarnje prodaje izvan EGP‑a između MTPD‑a i njegovih vertikalno integriranih društava kćeri. Iz uvodnih izjava 1026. i 1029. pobijane odluke proizlazi, međutim, da je Komisija prilikom utvrđivanja osnovnog iznosa novčanih kazni uzela u obzir samo cijenu CDT‑a i CPT‑a ugrađenih u televizore ili računalne zaslone, a ne cijenu potonjih. Stoga, prihodi od prodaje gotovih proizvoda u koje su ugrađeni CRT‑i koji su predmet kartela nisu uzeti u obzir u cjelokupnoj svojoj vrijednosti, nego samo u onom dijelu te vrijednosti koja može odgovarati vrijednosti CRT‑a koji su predmet kartela, a ugrađeni su u gotove proizvode, kada je potonje neovisnim trećim stranama sa sjedištem unutar EGP‑a prodavao poduzetnik kojeg je tužitelj dio. Ova tvrdnja nije osporavana. Prema tome, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, Komisija je pravilno uzela u obzir prodaju televizora i računalnih zaslona u svrhu izračuna iznosa novčane kazne. Iako je točno da se pojam „vrijednosti prihoda od prodaje“, naveden u točki 13. Smjernica iz 2006. ne može proširiti tako da uključuje prodaju dotičnog poduzetnika koja nije obuhvaćena područjem primjene zabranjenog sporazuma koji mu se stavlja na teret (vidjeti presude Team Relocations i dr./Komisija, t. 217. supra , t. 76.; Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, t. 30. supra , t. 57. i LG Display i LG Display Taiwan/Komisija, t. 213. supra , t. 53.), bilo bi protivno cilju kojem teži članak 23. stavak 2. Uredbe br. 1/2003 kada bi vertikalno integrirani sudionici zabranjenog sporazuma mogli postići to da se, samo zato što su proizvode obuhvaćene povredom ugradili u gotove proizvode izvan EGP‑a, iz izračuna novčane kazne isključi onaj dio vrijednosti prihoda koje su ostvarili prodajom gotovih proizvoda unutar EGP‑a koji bi mogao odgovarati vrijednosti proizvoda obuhvaćenih povredom. Doista, kako je to Sud već presuđivao, vertikalno integrirani poduzetnici mogu imati koristi od horizontalnog sporazuma o utvrđivanju cijena sklopljenih protivno članku 101. UFEU‑a, ne samo prilikom prodaje neovisnim trećim stranama na tržištu proizvoda obuhvaćenog povredom nego i na nizvodnom tržištu prerađenih proizvoda koji su sastavljeni, među ostalim, od proizvoda obuhvaćenih povredom, i to na dvjema osnovama. Ili ti poduzetnici prenose povećanja u cijeni faktora proizvodnje koja su posljedica povrede na prerađene proizvode, ili ih ne prenose, što im posljedično daje prednost pred njihovim konkurentima u pogledu troškova, koji te iste faktore proizvodnje nabavljaju na tržištu proizvoda obuhvaćenih povredom (presuda Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, t. 30. supra , t. 60.). U tim je okolnostima Komisija pravilno smatrala da je izravna prodaja u EGP‑u putem prerađenih proizvoda, bez obzira na to što nije obavljena na tržištu proizvoda na koji se povreda odnosi, narušila tržišno natjecanje unutar EGP‑a, povređujući članak 101. UFEU‑a osobito na štetu potrošača i da je prodaja tih proizvoda bila u vezi s povredom unutar EGP‑a, u smislu točke 13. Smjernica iz 2006. Iz toga slijedi da ne može opstati argumentacija tužitelja prema kojoj se Komisija nije mogla osloniti na presumpciju o utjecaju povrede na nizvodno tržište televizora u EGP‑u, s obzirom na sudsku praksu navedenu u točki 223. ove presude. Štoviše, s obzirom na to da, kao što se podsjeća u točki 220. ove presude, Komisija nije uzela u obzir vrijednost prerađenih proizvoda u cijelosti, nego samo vrijednost cijevi koje su u njega ugrađene, takva argumentacija je, u svakom slučaju, bespredmetna. Usto valja istaknuti da bi isključivanje izravne prodaje u EGP‑u putem prerađenih proizvoda dovelo do umjetnog smanjivanja ekonomske važnosti povrede koju je počinio određeni poduzetnik jer bi sama činjenica da takva prodaja nije uzeta u obzir, iako je unutar EGP‑a doista obuhvaćena zabranjenim sporazumom, naposljetku dovela do izricanja novčane kazne koja ne bi vjerno odražavala područje primjene tog sporazuma u Europskom gospodarskom prostoru (vidjeti analogijom presude Team Relocations i dr./Komisija, t. 217. supra , t. 77.; Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, t. 30. supra , t. 58. i LG Display i LG Display Taiwan/Komisija, t. 213. supra , t. 54.). Konkretnije govoreći, kao što je to Komisija pravilno utvrdila u uvodnoj izjavi 1022. pobijane odluke i suprotno tužiteljevim argumentima, neuzimanje u obzir vrijednosti prihoda od te prodaje nužno bi dovelo do pružanja neopravdane prednosti vertikalno integriranim društvima poput MTPD‑a, koja u svojim proizvodnim jedinicama sa sjedištem izvan EGP‑a ugrađuju znatan dio proizvoda obuhvaćenih povredom, omogućujući im da izbjegnu kaznu koja je proporcionalna njihovoj ekonomskoj važnosti na tržištu tih proizvoda i štetnosti njihova postupanja za tržišno natjecanje unutar EGP‑a. Stoga, Komisija nije povrijedila svoje Smjernice iz 2006. kada je uzela u obzir izravne prodaje u EGP‑u putem prerađenih proizvoda kako bi odredila iznos novčane kazne izrečene MTPD‑u, zajedno i solidarno s tužiteljem i društvom Panasonic. Kao četvrto, tužitelj tvrdi da je Komisija odstupila od točke 25. Smjernica iz 2006. bez objektivnih razloga koji bi bili u skladu s načelom jednakog postupanja, kada je prilikom izračunavanja dodatnog iznosa uključenog u osnovni iznos novčane kazne koja mu je izrečena kao društvu majci MTPD‑a koristila vrijednost prihoda od posebne prodaje (vidjeti točku 22. ove presude). Važno je istaknuti da tužitelj tom argumentacijom nastoji dovesti u pitanje metodologiju koju je Komisija primijenila za izračun iznosa novčane kazne koja mu je izrečena zbog njegova izravnog sudjelovanja u zabranjenom sporazumu o CPT‑u prije osnivanja MTPD‑a, s obzirom na to da je za potrebe izračuna dodatnog iznosa koristila, uz vrijednost prihoda od vlastite prodaje, udio vrijednosti prihoda od prodaje koje je ostvarilo zajedničko društvo. Kao što je Komisija pojasnila u bilješci 1972. uvodne izjave 1055. pobijane odluke, to znači da nije postojala zajednička i solidarna odgovornost društava majki za dodatne iznose. Nadalje, iz uvodne izjave 1076. pobijane odluke vidljivo je da su društvu Panasonic i tužitelju izrečeni zasebni dodatni iznosi novčane kazne, dok MTDP‑u nije nametnut takav iznos. S obzirom na to da su poništeni članak 1. stavak 2. točka (d) i članak 2. stavak 2. točka (g) pobijane odluke, argumentaciju tužitelja po tom pitanju treba odbiti kao bespredmetnu. Iz toga slijedi da nije nužno, u svakom slučaju, odlučivati o osnovanosti argumentacije o navodnoj povredi prava obrane, koja se temelji na tome da tužitelj nije imao pristup podacima koje je društvo Panasonic dostavilo za račun MTPD‑a u dijelu koji se odnosi na određivanje dodatnog iznosa. U tim uvjetima, Opći sud utvrđuje da nijedan drugi razlog koji bi se mogao povezati s argumentacijom tužitelja iznesenom u prilog ovom dijelu tužbenog zahtjeva ne može dovesti do zaključka da su iznosi novčanih kazni neprikladni, uzevši u obzir, s jedne strane, težinu i trajanje povrede koju je počinio tužitelj i, s druge strane, nužnost izricanja odvraćajućih novčanih kazni. Opći sud nadalje ocjenjuje da nijedan razlog javnog poretka koji bi trebao biti istaknut po službenoj dužnosti (vidjeti u tom smislu presudu Suda od 8. prosinca 2011., KME Germany i dr./Komisija, C-272/09 P, Zb., str. I-12789. , t. 104.), ne opravdava korištenje njegove ovlasti preinačenja na način da ukine novčanu kaznu. Prema tome, u skladu sa zaključcima iznesenima u točkama 146. do 148. ove presude, drugi dio tužbenog razloga istaknutog u prilog četvrtom dijelu tužbenog zahtjeva, kojim se traži smanjenje iznosa novčane kazne izrečene tužitelju zbog sudjelovanja u povredi posredstvom MTPD‑a, treba prihvatiti samo u dijelu u kojem se predlaže smanjenje iznosa novčane kazne koja mu je izrečena solidarno i zajednički s društvom Panasonic i MTPD‑om, utvrđene presudom Panasonic i MT Picture Display/Komisija, t. 147. supra , u kojoj je ta novčana kazna određena u iznosu od 82826000 eura. Zahtjev za ukidanje novčane kazne ili smanjenje njezina iznosa u preostalom se dijelu odbija. Troškovi U skladu s člankom 134. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, ako stranke djelomično uspiju u svojim zahtjevima svaka stranka snosi vlastite troškove. U predmetnom slučaju, s obzirom na to da su zahtjevi tužitelja djelomično proglašeni osnovanima, valja naložiti svakoj stranci da snosi vlastite troškove. Slijedom navedenoga, OPĆI SUD (treće vijeće) proglašava i presuđuje: 1. Članak 1. stavak 2. točka (d) Odluke Komisije C (2012) 8839 final od 5. prosinca 2012. koja se odnosi na postupak primjene članka 101. UFEU‑a i članka 53. Sporazuma o EGP‑u (predmet COMP/39.437 – Katodne cijevi za televizore i računalne ekrane) poništava se u dijelu u kojem se utvrđuje da je društvo Toshiba Corp. sudjelovalo u sveukupnom zabranjenom sporazumu na tržištu katodnih cijevi za televizore u boji, od 16. svibnja 2000. do 31. ožujka 2003. 2. Poništava se članak 2. stavak 2. točka (g) te odluke u dijelu u kojem se društvu Toshiba izriče novčana kazna u iznosu od 28 048 000 eura zbog njegova izravnog sudjelovanja u sveukupnom zabranjenom sporazumu na tržištu katodnih cijevi za televizore u boji. 3. Iznos novčane kazne koja je izrečena društvu Toshiba u članku 2. stavku 2. točki (h) predmetne odluke, zajedno i solidarno s društvima Panasonic Corp. i MT Picture Display Co. Ltd, utvrđuje se u visini od 82826000 eura. 4. U preostalom dijelu tužba se odbija. 5. Svaka stranka snosit će svoje troškove. Papasavvas Forwood Bieliūnas Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 9. rujna 2015. Potpisi Sadržaj Okolnosti spora Tužitelj i predmetni proizvod Upravni postupak Pobijana odluka Postupak i zahtjevi stranaka Pravo Glavni tužbeni zahtjev za djelomično poništenje pobijane odluke Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj odgovoran za povredu počinjenu između 16. svibnja 2000. i 11. travnja 2002. Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj odgovoran za povredu počinjenu u razdoblju između 12. travnja 2002. i 31. ožujka 2003. Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj zajedno i solidarno odgovoran zbog sudjelovanja MTPD‑a u povredi počinjenoj u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. – Drugi dio – Prvi dio – Treći dio Treći tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je tužitelj odgovoran za povredu počinjenu u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. Peti tužbeni razlog, podredno istaknut, koji se temelji na pogrešci iz pobijane odluke u dijelu u kojem je zaključeno da je MTPD odgovoran zbog sudjelovanja u povredi počinjenoj u razdoblju od 1. travnja 2003. do 12. lipnja 2006. – Prvi dio – Drugi dio Podredni tužbeni zahtjev za ukidanje ili smanjenje iznosa novčane kazne Troškovi ( *1 ) Jezik postupka: engleski ( ) Povjerljivi podaci su izostavljeni.

62000TJ0366(01)

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Tuomion perustelut Riidan taustalla olevat tosiseikat 1. Yhdysvaltojen oikeuden mukaan perustettu yhtiö Scott Paper Co. osti Ranskan oikeuden mukaan perustetun yhtiön Bouton Brochardin vuonna 1969 ja loi erillisen yhtiön, Bouton Brochard Scott SA:n, joka jatkoi Bouton Brochardin liiketoimintaa. Bouton Brochard Scottin nimi muutettiin marraskuussa 1987 Scott SA:ksi. Viimeksi mainitun toimialaan tämän asian kannalta merkityksellisenä ajanjaksona kuului saniteetti- ja kotitaloustarkoituksiin käytettävän paperin tuotanto. 2. Orléansin kaupunki (Ranska), Loiret’n departementti (Ranska) ja kantaja tekivät 31.8.1987 sopimuksen, joka koski kantajalle myytävää 48 hehtaarin maa-aluetta La Saussayen teollisuusalueelta ja vedenpuhdistusmaksua, jonka suuruus oli määrä laskea edullisen perusteen mukaisesti (jäljempänä Scott-sopimus). Sopimuksessa todettiin lisäksi, että Loiret’n departementti ja Orléansin kaupunki osallistuisivat enintään 80 miljoonalla Ranskan frangilla (FRF) (12,2 miljoonaa euroa) kantajan hyväksi toteutettaviin maa-alueen suunnittelu- ja kehitystöihin. 3. Kyseisen maa-alueen suunnittelun ja kehittämisen edellyttämien tutkimusten ja toimenpiteiden toteuttaminen uskottiin Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret’lle (osin julkisessa, osin yksityisessä omistuksessa oleva, Loiret’n alueen varustamisesta huolehtiva yhtiö, jäljempänä Sempel). Loiret’n departementin, Orléansin kaupungin ja Sempelin välillä 12.9.1987 tehdystä sopimuksesta (jäljempänä Sempel-sopimus) ilmenee, että Orléansin kaupunki luovutti Sempelille 68 hehtaaria yhden frangin symboliseen hintaan. Scott-sopimuksen 4 artiklasta samoin kuin Sempel-sopimuksen 12 artiklasta ilmenee lisäksi, että viimeksi mainittu myisi 48 hehtaarin maa-alueen ja tehdas-varaston (jäljempänä riidanalainen maa-alue) Scottille 31 miljoonan FRF:n hintaan (4,7 miljoonaa euroa), eli 65 FRF:n hintaan neliömetriltä. 4. Ranskan tilintarkastustuomioistuin julkaisi marraskuussa 1996 kertomuksen nimeltä ”Alueellisten julkisyhteisöjen tukitoimenpiteet yritysten hyväksi”. Tällä kertomuksella tilintarkastustuomioistuin pyrki kiinnittämään huomiota eräisiin Ranskan alueellisten julkisyhteisöjen yritysten hyväksi mahdollisesti myöntämiin tukiin ja muun muassa riidanalaisen maa-alueen luovuttamiseen kantajalle La Saussayen teollisuusalueelta. 5. Tuon kertomuksen julkaisemisen jälkeen komissiolle tehtiin 23.12.1996 päivätyllä kirjeellä kantelu, joka koski edullisia ehtoja, joilla Orléansin kaupungin ja Loiret’n departementin väitettiin myyneen riidanalaisen maa-alueen kantajalle, ja kantajaan sovellettua vedenpuhdistusmaksun maksuperustetta. 6. Komissio pyysi Ranskan viranomaisilta lisätietoja 17.1.1997 päivätyllä kirjeellä. Tätä seurasi komission ja Ranskan viranomaisten välinen kirjeenvaihto tammikuun 1997 ja huhtikuun 1998 välisenä aikana, jonka kuluessa Ranskan viranomaiset toimittivat muun muassa 17.3.1997, 17.4.1997 ja 29.5.1997 päivätyillä kirjeillä osittain ne tiedot ja täsmennykset, joita niiltä oli pyydetty. Komissio pyysi uudelleen 8.8.1997 päivätyllä kirjeellä täsmennyksiä Ranskan viranomaisilta. Komissio sai lisätiedot Ranskan viranomaisilta 3.11.1997 ja kantelijalta 8.12.1997, 29.1.1998 ja 1.4.1998. 7. Komissio ilmoitti Ranskan viranomaisille 10.7.1998 päivätyllä kirjeellä 20.5.1998 tekemästään päätöksestä aloittaa EY 88 artiklan 2 kohdan mukainen menettely ja kehotti näitä toimittamaan huomautuksensa ja vastaamaan eräisiin kysymyksiin (jäljempänä menettelyn aloittamispäätös). Komissio pyysi samassa kirjeessä Ranskan viranomaisia myös ilmoittamaan kantajalle menettelyn aloittamisesta ja siitä, että tämä saattaisi joutua palauttamaan kaiken sääntöjenvastaisesti saamansa tuen. Osapuolille, joita asia koskee, ilmoitettiin menettelyn aloittamisesta julkaisemalla edellä mainittu kirje Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 30.9.1998 (EYVL C 301, s. 4) ja niitä pyydettiin esittämään mahdolliset huomautuksensa kyseessä olevista toimenpiteistä. 8. Ranskan viranomaiset ilmoittivat 30.9.1998 puhelimitse kantajalle menettelyn aloittamispäätöksestä. Kantaja esitti 23.11.1998 päivätyssä kirjeessä menettelyn aloittamispäätöstä koskevia huomautuksia. 9. Myös Ranskan viranomaiset esittivät 25.11.1998 päivätyssä kirjeessä menettelyn aloittamispäätöstä koskevia huomautuksia. 10. Sen jälkeen kun komissio oli tutustunut Ranskan viranomaisten ja ulkopuolisten esittämiin huomautuksiin, se pyysi Ranskan viranomaisilta uudelleen lisätietoja. Koska ne vastasivat vain osittain, komissio vaati 8.7.1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen [88] artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (EYVL L 83, s. 1) 10 artiklan 3 kohdan perusteella, että ne antaisivat sille tarvittavat tiedot. Ranskan viranomaiset vastasivat 15.10.1999 osittain tähän pyyntöön. 11. Ranskalaisen valtuuskunnan, jossa oli myös Scottin edustajia, ja komission välillä 7.12.1999 pidetyssä kokouksessa viimeksi mainittu antoi valtuuskunnalle poikkeuksellisesti ja menettelyn edistämiseksi luvan lisätietojen toimittamiseen joulukuun 1999 loppuun mennessä. 12. Kantaja esitti 24.12.1999 päivätyssä kirjeessä lisähuomautuksia 7.12.1999 pidetyssä kokouksessa sovitun mukaisesti. Komissio ilmoitti 12.1.2000 kantajalle, että se kieltäytyi hyväksymästä kyseistä kirjettä, koska se oli jätetty menettelyn aloittamispäätöksessä määrätyn, 30.10.1998 päättyneen määräajan jälkeen. 13. Ranskan viranomaiset toimittivat komissiolle 10.1.2000 ja 21.2.2000 lisätietoja. 14. Kimberly-Clark Corp. (jäljempänä KC) osti kantajan osakkeet tammikuussa 1996. KC ilmoitti tammikuussa 1998 tehtaan sulkemisesta. Tehtaan omaisuus eli maa-alue ja paperitehdas myytiin Procter & Gamblelle (jäljempänä P & G) kesäkuussa 1998. Riidanalainen päätös 15. Komissio teki 12.7.2000 päätöksen 2002/14/EY valtiontuesta, jonka Ranska on myöntänyt Scott Paper SA:lle / Kimberly-Clarkille (EYVL 2002, L 12, s. 1; jäljempänä riidanalainen päätös). Komissio antoi tämän kanteen nostamisen jälkeen (ks. jäljempänä 23 kohta) 2.3.2001 Ranskan tasavallalle tiedoksi riidanalaisen päätöksen korjauksen. Näin korjattiin riidanalaisen päätöksen 1 artiklaa ja sen 172 ja 217 perustelukappaletta sekä 239 perustelukappaleen b kohdan a alakohtaa. 16. Riidanalaisessa päätöksessä, sellaisena kuin se on muutettuna, määrätään seuraavaa: ”1 artikla Valtiontuki, jonka Ranska on myöntänyt Scott Paperille maa-alueeseen liittyvänä hintaetuna ja jonka arvo on 39,58 miljoonaa Ranskan frangia (6,03 miljoonaa euroa), eli nykyarvoisena 80,77 miljoonaa Ranskan frangia (12,3 miljoonaa euroa), ja vedenpuhdistusmaksuun liittyvänä hintaetuna – – ei sovellu yhteismarkkinoille. 2 artikla 1. Ranskan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 1 artiklassa tarkoitetun ja tuensaajalle sääntöjenvastaisesti maksetun tuen perimiseksi takaisin. 2. Tuki on maksettava takaisin viipymättä kansallisen oikeuden menettelyjen mukaisesti, jos niissä mahdollistetaan päätöksen välitön ja tehokas täytäntöönpano. Takaisinperittävään tukeen sisällytetään korko alkaen siitä, kun tuki asetettiin tuensaajan käyttöön, tuen todelliseen takaisinperintään asti. Korko perustuu aluetukien avustusekvivalenttien laskennassa käytettyyn viitekorkoon.” 17. Tuen arvoa laskiessaan komissio katsoi, että Ranskan viranomaiset olivat hankkineet 68 hehtaarin suuruisen raakamaa-alueen vuosien 1975 ja 1987 välisenä aikana 10,9 miljoonan FRF:n hintaan (1,7 miljoonaa euroa) (riidanalaisen päätöksen 15 ja 170 perustelukappale). 18. Tuohon määrään komissio lisäsi kustannukset, jotka Sempelille oli 26.7.1993 laaditun ”Z.1 La Saussaye & La Planche” ‑nimisen tulo- ja menolaskelman mukaan (jäljempänä Sempelin tulo- ja menolaskelma) aiheutunut maa-alueiden suunnittelu- ja kehitystöistä, toisin sanoen 140,4 miljoonaa FRF (21,4 miljoonaa euroa), päätyen 151,3 miljoonaan FRF:iin (23,1 miljoonaa euroa) (riidanalaisen päätöksen 168–170 perustelukappale). 19. Tämän jälkeen komissio vähensi 51,3 miljoonaa FRF (7,9 miljoonaa euroa), joka vastasi Sempelin ottamien lainojen rahoituskuluja, alueen suunnittelu- ja kehitystöistä maksetun arvonlisäveron palautusta sekä jätevesiviemärin, jonka Ranskan viranomaiset olivat osoittaneet hyödyttävän Scottin lisäksi koko aluetta, kustannuksia. 20. Komission mukaan riidanalaisen maa-alueen myyntitoimenpiteen kustannus oli siis 100 miljoonaa FRF (15,2 miljoonaa euroa). Komissio arvioi, että Scottiin suoraan liittyvän toimenpiteen kustannukset ovat 48/68 tästä 100 miljoonan FRF:n (15,2 miljoonaa euroa) määrästä, eli 70,588 miljoonaa FRF (10,76 miljoonaa euroa), koska viimeksi mainittu oli ostanut vain 48 kyseisen maa-alueen 68 hehtaarista. 21. Komissio vähensi lopuksi tästä määrästä 31 miljoonaa FRF (4,7 miljoonaa euroa), jotka Sempel oli saanut Scottilta, ja päätyi siihen, että Ranskan viranomaisille oli aiheutunut noin 39,58 miljoonan FRF:n (6,03 miljoonaa euroa), tai nykyarvon mukaan 80,77 miljoonan FRF:n (12,3 miljoonaa euroa) suuruinen nettotappio. 22. Tuen arvon laskenta voidaan esittää lyhyesti seuraavalla tavalla: >lt>1 Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset 23. Kantaja on nostanut nyt esillä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.11.2000 jättämällään kannekirjelmällä. 24. Loiret’n departementti on myös nostanut kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi toimittamalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.12.2000 kannekirjelmän, joka rekisteröitiin numerolla T-369/00. 25. Ranskan tasavalta on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 5.4.2001 jättämässään asiakirjassa pyytänyt saada osallistua tähän oikeudenkäyntiin kantajien vaatimuksia tukevana väliintulijana. 26. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen laajennetun viidennen jaoston puheenjohtaja hyväksyi 10.5.2001 antamallaan määräyksellä Ranskan tasavallan väliintulijaksi tukemaan kantajan vaatimuksia. 27. Scottin pyynnöstä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päättänyt ennen pääasian käsittelyn aloittamista ratkaista ensin Scottin asetuksen N:o 659/1999 15 artiklan nojalla esittämän vanhentumisväitteen. 28. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi 10.4.2003 antamillaan tuomioilla Scottin ja Loiret’n departementin nostamat kanteet siltä osin kuin ne perustuivat siihen, että komissio olisi rikkonut asetuksen N:o 659/1999 15 artiklaa, ja määräsi, että oikeudenkäyntikuluista päätettäisiin myöhemmin (asia T-366/00, Scott v. komissio, tuomio 10.4.2003, Kok. 2003, s. II‑1763 ja asia T-369/00, Département du Loiret v. komissio, tuomio 10.4.2003, Kok. 2003, s. II‑1789). Muilta osin oikeudenkäyntejä päätettiin jatkaa. 29. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lykkäsi tämän asian ja asian T‑369/00 käsittelyä odottaakseen, että yhteisöjen tuomioistuin ratkaisisi Scottin edellä 28 kohdassa mainitusta, asiassa Scott vastaan komissio annetusta tuomiosta tekemän valituksen. 30. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi asiassa C-276/03 P, Scott vastaan komissio, 6.10.2005 antamallaan tuomiolla (Kok. 2005, s. I-8437) Scottin edellä 28 kohdassa mainitussa asiassa Scott vastaan komissio 10.4.2003 annetusta tuomiosta tekemän valituksen. 31. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kehotti asianosaisia 10.11.2005 päivätyllä kirjeellä esittämään oikeudenkäynnin jatkamista koskevat huomautuksensa edellä 30 kohdassa mainitussa asiassa Scott vastaan komissio 6.10.2005 annetun tuomion valossa. Kantaja vahvisti 24.11.2005 antamassaan vastauksessa, että ainoat jäljellä olevat ratkaisua vaativat kanneperusteet ja vaatimukset koskivat valtiontukea, jonka kantajan väitettiin saaneen La Saussayen teollisuusalueelta ostamansa riidanalaisen maa-alueen hintaetuna, ja komission takaisinperintämääräyksessä soveltamaa koronkorkoa. 32. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella päättänyt aloittaa suullisen käsittelyn uudelleen ja on prosessinjohtotoimenpiteenä kehottanut asianosaisia vastaamaan kirjallisesti tiettyihin kysymyksiin. Tähän pyyntöön on vastattu. 33. Asianosaisten suulliset lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin on kuultu 25.10.2006 pidetyssä istunnossa. 34. Kantaja vaatii tässä yhteydessä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – kumoaa riidanalaisen päätöksen 2 artiklan siltä osin kuin se koskee kyseisen päätöksen 1 artiklassa tarkoitetun maa-alueen hintaetuna myönnettyä tukea – velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 35. Ranskan tasavalta, joka on kantajan vaatimuksia tukeva väliintulija, vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – kumoaa riidanalaisen päätöksen – velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 36. Komissio vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – hylkää kanteen – velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut – toissijaisesti velvoittaa asianosaiset vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan. Oikeudellinen arviointi 37. Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta. Ensimmäisen kanneperusteen mukaan menettelyllisiä takeita on loukattu, toisen mukaan yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu, kolmannen mukaan luottamuksensuojan periaatetta on loukattu ja neljännen mukaan tukea on arvioitu virheellisesti. 38. Ensin on tutkittava, voidaanko kannekirjelmän liitteet ottaa tutkittaviksi ja tämän jälkeen on tutkittava suoraan neljäs kanneperuste. Kannekirjelmän liitteiden tutkittavaksi ottaminen Asianosaisten lausumat 39. Komissio arvostelee sitä, että kantaja nojautuu asiakirjoihin, jotka eivät olleet osa komissiossa käytyä hallinnollista menettelyä. Komission mukaan kannekirjelmän seuraavia liitteitä ei voida ottaa tutkittaviksi: liite 6 (Les Échos - lehdessä 31.3.–1.4.2000 ilmestynyt artikkeli), liite 13 (Scottin asianajajan 24.12.1999 päivätty kirje komissiolle) ja liite 19 (Scottin asianajajan 24.3.2000 päivätty kirje komission jäsen Montin kabinetin eräälle jäsenelle). 40. Komissio toteaa lisäksi, että kannekirjelmän liite 23 (Orléansin kaupungin kantajalle alun perin tekemä tarjous) on annettu osittain komission tiedoksi Ranskan viranomaisten 7.1.2000 päivätyn kirjeen liitteenä. Useita sivuja oli kuitenkin puuttunut. Kannekirjelmän liite 23 sisältää puuttuvat sivut. Koska tämä on ensimmäinen kerta, kun nämä sivut on annettu komission tiedoksi, niitä ei voida ottaa tutkittaviksi. Komissio lisää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voisi tämän asian olosuhteissa ottaa oikeudellisesti huomioon tiettyjä tässä asiakirjassa esitettyjä seikkoja. 41. Kantaja toteaa, että Les Échos - lehdessä ilmestynyt artikkeli (ks. edellä 39 kohta) voidaan ottaa tutkittavaksi siitä syystä, ettei sitä julkaistu ennen sen ajanjakson päättymistä, jonka aikana sillä oli lupa esittää aineellisia selvityksiä. 42. Se toteaa 24.12.1999 ja 24.3.2000 päivätyistä kirjeistä (ks. edellä 39 kohta), että niiden olisi pitänyt kuulua komissiossa käytyyn hallinnolliseen menettelyyn ja että komissio on virheellisesti kieltäytynyt niistä. 43. Kantaja väittää kannekirjelmän liitteestä 23 (ks. edellä 40 kohta), ettei se tiennyt Ranskan hallituksen toimittaneen komissiolle vain epätäydellisen jäljennöksen tästä asiakirjasta. Komissiolla ei kuitenkaan pitäisi olla oikeutta olla ottamatta huomioon selvityksiä, jos ilmenee, että jäsenvaltion komissiolle antamat aineelliset selvitykset ovat virheellisiä tai epätäydellisiä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 44. Aluksi on todettava, että asiakirjat, joita ei komission mielestä voida ottaa tutkittaviksi, on pätevästi liitetty kannekirjelmään ja että ne siis kuuluvat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiakirjavihkoon. Tästä seuraa, että tässä ei ole kyse niiden tutkittavaksi ottamisesta sinänsä. Komissio nimittäin väittää pääasiallisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei pitäisi ottaa kyseisiä asiakirjoja huomioon, kun se arvioi, onko riidanalainen päätös lainmukainen, siitä syystä, etteivät ne kuuluneet komission asiakirjoihin hallinnollisen menettelyn aikana. 45. On muistutettava, että valtiontukea koskevan komission päätöksen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tietojen valossa, joita komissiolla on voinut olla päätöstä tehdessään (asia 234/84, Belgia v. komissio, tuomio 10.7.1986, Kok. 1986, s. 2263, Kok. Ep. VIII, s. 717, 16 kohta ja asia C-197/99 P, Belgia v. komissio, tuomio 11.9.2003, Kok. 2003, s. I‑8461, 86 kohta). Kuten komissio on perustellusti todennut, tästä seuraa, että kantaja ei voi esittää väitteitä tosiseikoista, joita komissio ei tunne ja joita ei ole esitetty tämän menettelyn kuluessa (ks. vastaavasti asia T-110/97, Kneissl Dachstein v. komissio, tuomio 6.10.1999, Kok. 1999, s. II‑2881, 102 kohta). 46. Tästä oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan ilmene, että tuensaajan kumoamiskanteessaan esittämiä todisteita ei voitaisi ottaa huomioon riidanalaisen päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa, jos ne on pätevästi esitetty komissiolle hallinnollisen menettelyn kuluessa ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä ja jos viimeksi mainittu on perusteettomasti sivuuttanut ne. 47. Kukin kyseessä olevista liitteistä on siis tutkittava. 48. Les Échos - lehdessä ilmestyneestä artikkelista (ks. edellä 39 kohta) on todettava olevan kiistatonta, ettei sitä ole esitetty komissiolle hallinnollisen menettelyn aikana. Sitä ei näin ollen voida ottaa huomioon riidanalaisen päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa. 49. Orléansin kaupungin kantajalle alun perin tekemästä tarjouksesta (ks. edellä 40 kohta) on todettava, ettei ole kiistetty, että Ranskan tasavalta oli lähettänyt tämän asiakirjan tiettyjä sivuja komissiolle hallinnollisen menettelyn kuluessa 7.1.2000 päivätyn kirjeensä liitteenä, mutta jättänyt lähettämättä tiettyjä muita sivuja siitä komissiolle ilmoittamatta. Tätä pois jättämistä ei voitu havaita lähetettyjä sivuja luettaessa. Komissiota ei näin ollen voida moittia siitä, ettei se ollut pyytänyt Ranskan hallitusta toimittamaan puuttuvia sivuja, eikä riidanalaisen päätöksen laillisuutta voida arvioida näiden sivujen sisällön valossa. 50. Scottin asianajajan komissiolle 24.3.2000 lähettämästä kirjeestä (ks. edellä 39 kohta) on todettava, että se koskee vanhentumiskysymystä, minkä Scott on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjallisiin kysymyksiin vastatessaan myöntänyt. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo käsitellyt tämän kysymyksen (ks. edellä 27 ja 28 kohta), tätä kirjettä vastaan esitetty väite on tehoton tätä tuomiota annettaessa. 51. Tämän jälkeen on tutkittava Scottin asianajajan komissiolle 24.12.1999 lähettämä kirje (ks. edellä 39 kohta). Komissio kieltäytyi ottamasta tätä kirjettä huomioon siitä syystä, että se oli peräisin ulkopuoliselta ja että se oli jätetty menettelyn aloittamispäätöksessä asetetun määräajan päättymisen jälkeen (ks. edellä 12 kohta). 52. Tässä suhteessa on tärkeää muistuttaa, että valtiontukien valvontamenettely on, sen systematiikka huomioon ottaen, tuen myöntämisestä yhteisön oikeuden mukaisiin velvoitteisiinsa nähden vastuussa olevaa jäsenvaltiota vastaan aloitettu menettely (yhdistetyt asiat C-74/00 P ja C-75/00 P, Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomio 24.9.2002, Kok. 2002, s. I‑7869, 81 kohta). 53. Kun ei oteta lukuun tuen myöntämisestä vastuussa olevaa jäsenvaltiota, ne, joita asia koskee, eivät siis voi itse vaatia valtiontukien valvontamenettelyssä, että komission olisi kuultava niitä samalla kontradiktorisella tavalla kuin sen on kuultava kyseessä olevaa jäsenvaltiota. Niillä on näin ollen lähinnä komission tiedonlähteen asema (ks. asia T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau v. komissio, tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II‑2717, 192 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). 54. Yhdessäkään valtiontukien valvontamenettelyä koskevassa säännöksessä ei varata kaikista niistä, joita asia koskee, juuri tuensaajalle mitään erityistä asemaa. Tältä osin on tarkennettava, että valtiontukien valvontamenettely ei ole tuensaajaa ”vastaan” aloitettu menettely, mikä tarkoittaisi sitä, että tuensaaja voisi vedota niinkin laajoihin oikeuksiin kuin puolustautumisoikeudet sellaisinaan (edellä 52 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomion 83 kohta). Vaikka tuensaajalla ei olekaan menettelyssä asianosaisen asemaa, sille on oikeuskäytännössä annettu tiettyjä menettelyllisiä takeita, joiden tarkoituksena on antaa sille mahdollisuus toimittaa tietoja komissiolle ja esittää perustelunsa (edellä 30 kohdassa mainitussa asiassa Scott v. komissio 6.10.2005 annettu tuomio, 34 kohta). 55. Tässä tapauksessa on kiistatonta, että Scottia on kehotettu esittämään huomautuksensa muodollisessa tutkintamenettelyssä EY 88 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 659/1999 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja että se on käyttänyt tätä mahdollisuutta jättämällä yksityiskohtaiset huomautuksensa 23.11.1998 komissiolle (ks. edellä 8 kohta). 56. Edellä 52–54 kohdassa mieliin palautetusta oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan ilmene, että komissiolla olisi oikeus olla ottamatta huomioon huomautuksia, joita tuensaajat esittävät muodollisen tutkintamenettelyn aloittamispäätöksessä asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Sitä vastoin oikeuskäytännöstä ilmenee, että komission on EY 88 artiklan yhteydessä tutkittava asia huolellisesti ja puolueettomasti (ks. asia C‑367/95 P, komissio v. Sytraval ja Brink’s France, tuomio 2.4.1998, Kok. 1998, s. I‑1719, 62 kohta, jäljempänä asiassa Sytraval annettu tuomio, ja yhdistetyt asiat T-228/99 ja T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale ja Land Nordrhein-Westfalen v. komissio, tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II‑435, 167 ja 168 kohta). Tästä seuraa, että komissiolla saattaa olla tietyissä olosuhteissa velvollisuus ottaa huomioon tuensaajan aloittamispäätöksessä asetetun määräajan päättymisen jälkeen esittämät huomautukset. 57. Erityisesti on todettava, ettei yksikään asetuksen N:o 659/1999 säännöksistä eikä etenkään sen 6 artikla estä sitä, että komissio hyväksyy tällaiset huomautukset. Tällä artiklalla sallitaan se, että komissio pidentää huomautusten esittämiselle asetettua määräaikaa niiden osalta, joita asia koskee, jos se on asianmukaisesti perusteltua. 58. On syytä muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan toimenpiteen luokitteleminen tueksi edellyttää, että kaikki EY 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät (asia C-142/87, Belgia v. komissio, tuomio 21.3.1990, Kok. 1990, s. I‑959, Kok. Ep. X, s. 387, 25 kohta, ns. Tubemeuse-tapaus, ja asia C‑280/00, Altmark Trans ja Regierungspräsidium Magdeburg, tuomio 24.7.2003, Kok. 2003, s. I‑7747, 74 kohta). Komissiolla on näin velvollisuus tarkistaa, että tuensaaja on todellisuudessa saanut väitetyn edun. Nyt esillä olevassa asiassa tällaisen edun olemassaolo on tutkintamenettelyn kuluessa ehdottomasti kiistetty. Riidanalaisen maa-alueen arvon määrittämisestä on vilkkaasti keskusteltu Ranskan viranomaisten, Scottin ja komission kesken. Näin ollen komissio ei voi suojautua sille valtiontukien alalla kuuluvien velvollisuuksien muodollisen tulkinnan taakse, kun se epää tuensaajalta mahdollisuuden esittää huomautuksensa tutkinnassa kiistanalaisesta seikasta ja kun se hylkää sille sen itse asettamassa määräajassa esitetyt tiedot (ks. vastaavasti asia T-34/02, Le Levant 001 ym. v. komissio, tuomio 22.2.2006, Kok. 2006, s. II‑267, 96 kohta). 59. Vaikka valtiontukien valvontamenettely aloitetaankin vastuussa olevaa jäsenvaltiota vastaan ja huolimatta viimeksi mainitun velvollisuudesta olla kaikin puolin yhteistyössä komission kanssa ja antaa sille kaikki pyydetyt tiedot, komissio ei voi jättää huomiotta sitä, että mahdollisesta takaisinperintämääräyksestä saattaa olla merkittäviä taloudellisia seurauksia tuensaajalle. Komissio ei myöskään todisteiden esittämistä vaatiessaan ja niitä arvioidessaan saa olettaa, että jäsenvaltiolla ja tuensaajalla on yhteinen intressi etenkin tuen arvon laskennan suhteen. Kun otetaan huomioon, että tuki palautetaan asianomaiselle jäsenvaltiolle eikä yhteisölle, komissio ei voi olettaa, että jäsenvaltion tavoitteena on ollut takaisinperittävän määrän minimointi, jotta tuensaajaa kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti. 60. Komission tutkittavaksi on tässä asiassa saatettu väitetty valtiontuki lähes kymmenen vuotta sen vuonna 1987 tapahtuneen myöntämisen jälkeen. Lisäksi KC on vuonna 1996 ostanut tuensaaja Scottin ja on tämän jälkeen vuonna 1998 myynyt riidanalaisen maa-alueen P & G:lle (ks. edellä 14 kohta). Kyse on siis asiasta, jossa tuen arvoa koskevia tietoja ei ollut helppoa saada. 61. Komissio yritti selvittää tämän asian tosiseikkoja edelleen Ranskan valtuuskunnan kanssa, johon kuului Scottin edustajia, 7.12.1999 pidetyssä kokouksessa. Se päätti näin ”tutkintamenettelyn edistämiseksi” (riidanalaisen päätöksen 11 perustelukappale) antaa luvan lisätietojen toimittamiseen joulukuun 1999 loppuun mennessä. Asianosaisten käsitykset siitä, antoiko komissio luvan lisätietojen toimittamiseen vain Ranskan viranomaisille, vai oliko tämä tarjous osoitettu koko valtuuskunnalle, johon Scottin edustajat kuuluivat, eroavat toisistaan. Komissio ei kuitenkaan ole näyttänyt toteen, että se olisi rajoittanut tarjouksensa nimenomaisesti vain Ranskan viranomaisiin kyseisen kokouksen aikana. Joka tapauksessa Scott vastasi tähän tarjoukseen lähettämällä 24.12.1999 päivätyn kirjeensä komissiolle. 62. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että komission päätös hylätä tämä kirje oli suhteeton ja ristiriitainen. Kun ensinnäkin otetaan huomioon, että komissio oli valmis kyseisen kokouksen jälkeen hyväksymään lisätietoja 31.12.1999 asti, sillä ei noissa olosuhteissa ollut mitään syytä tehdä kyseisen tiedon lähteen mukaista erottelua ja hylätä kirjettä pelkästään siitä syystä, että se oli peräisin tuensaajalta eikä Ranskan viranomaisilta. Tässä suhteessa on todettava, että komissio on istunnossa vahvistanut, että jos 24.12.1999 päivätyssä kirjeessä mainitut seikat olisi esitetty Ranskan hallituksen virallisella kirjepaperilla, se olisi hyväksynyt kyseisen asiakirjan ja ottanut sen huomioon riidanalaista päätöstä tehdessään. Komissio ei saa menetellä siten, että se ensin sallii tuensaajan osallistua kokoukseen, jonka kuluessa komissio antaa luvan lisätietojen antamiseen, ja että se tämän jälkeen kieltää tuensaajaa antamasta tällaisia tietoja. Toiseksi komission reaktio oli ristiriitainen, koska se oli hyväksynyt melko lailla samanlaiset tiedot, jotka se sai Ranskan viranomaisilta 7.1. ja 21.2.2000 (ks. edellä 13 kohta), toisin sanoen sen jälkeen, kun 7.12.1999 pidetyssä kokouksessa asetettu määräaika oli 31.12.1999 päättynyt. 63. Näin ollen ne syyt, joiden perusteella kantajan 24.12.1999 päivätty kirje hylättiin, eivät ole päteviä. Kantaja voi siis vedota tähän kirjeeseen kiistäessään riidanalaisen päätöksen laillisuuden, sillä sen sisältö on esitetty komissiolle määräajassa, jonka viimeksi mainittu itse oli asettanut ennen hallinnollisen menettelyn päättymistä ja kuusi kuukautta ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä. Tuen virheellistä arviointia koskeva neljäs kanneperuste Asianosaisten lausumat 64. Kantaja toteaa ensiksi, että komissio on tehnyt virheen riidanalaisen maa-alueen arvoa arvioidessaan. Komission omaksuma lähestymistapa on erityisen virheellinen siltä osin kuin se perustuu raakamaasta ja sen suunnittelu- ja kehitystöistä jäsenvaltiolle aiheutuvaan kustannukseen olettaen, että kyseiset kustannukset, joista oli vähennetty Sempelille maksettu 31 miljoonan FRF:n suuruinen määrä, vastasivat väitettyä tukea. 65. Kantaja toteaa raakamaan arvosta, että ne kustannukset, joita Orléansin kaupungille oli aiheutunut niiden kahdentoista vuoden aikana, jotka edelsivät ajankohtaa, jona maa-alue luovutettiin kantajalle, eivät luotettavasti osoita raakamaan arvoa vuonna 1987. Kantaja väittää 24.12.1999 päivättyyn kirjeeseensä ja Ranskan tasavallan 21.2.2000 päivättyyn kirjeeseen viitaten, että komission olisi pitänyt perustaa arvionsa verotarkastukseen, jonka mukaan raakamaan arvo oli todellisuudessa vain 5,55 FRF/m 2 vuonna 1987 tai 1988. 66. Kantaja toteaa komission väitteestä, jonka mukaan se ei ollut voinut ottaa huomioon verotarkastusta sen vuoksi, että se oli toimitettu kuusi vuotta kyseisen luovutuksen jälkeen, että kyseinen tarkastus liittyy raakamaan arvoon hetkellä, jolla on merkitystä valtiontukimenettelyn kannalta katsoen ja joka perustuu tuohon aikaan tehtyyn arviointiin. Kantaja lisää tähän, että maa-alueen arviointi verotarkastusta varten oli ollut asianmukaista väitetyn valtiontuen tutkinnan yhteydessä, sillä veroviranomaisten etujen mukaista oli selvästi ollut vahvistaa maa-alueelle mahdollisimman korkea arvo niiden tehtaasta tehtävien poistojen vähentämiseksi, joihin kantaja saattoi vedota tulevaa tuloveroansa laskettaessa. 67. Kantaja täsmentää, että väitetyllä ilmeisellä arviointivirheellä ei tarkoiteta virhettä, jonka komissio teki jättäessään ottamatta huomioon vuoden 1993 verotarkastuksessa käytetyn vuoden 1988 arvion. Virhe liittyy pikemminkin siihen, että komissio käytti perustana tietoja, jotka eivät selvästikään olleet vakuuttavia, vaikka kantaja oli toimittanut varteenotettavia vaihtoehtoisia tietoja, joita komissio ei ollut tutkinut. 68. Kantaja katsoo, että koska Orléansin kaupunki omisti kyseisen maa-alueen vuodesta 1975 alkaen (riidanalaisen päätöksen 15 perustelukappale), kyse ei ollut tilanteesta, jossa valtion elin suostuu hankkimaan maa-alueen valtion elimen ja valtiontuen saavan yrityksen välisen sopimuksen perusteella luovuttaakseen sen yritykselle sen ostohintaa alhaisemmasta hinnasta. Valtiontuen arviointi tehtäisiin tuollaisessa tapauksessa sen kustannuksen perusteella, joka maa-alueen hankinnasta on valtion elimelle aiheutunut. Nyt esillä olevassa asiassa komission olisi sitä vastoin pitänyt määrittää maa-alueen arvo sinä päivänä, jona se luovutettiin Scottille. 69. Maa-alueen suunnittelu- ja kehitystöistä aiheutuneista kustannuksista kantaja toteaa, että komissio oli väärin samaistanut Sempelille maa-alueen suunnittelu- ja kehitystöistä aiheutuneet kustannukset tuen arvoon. Scott-sopimuksesta ilmenee paikallisten yhdyskuntien sopineen, että Sempel suorittaisi alueella töitä enintään 80 miljoonalla FRF:lla. Kun tämä katto otetaan huomioon, komission oletus, jonka mukaan kantajan saama etu olisi 48/68 kustakin Sempelin käyttämästä frangista, on selvästi virheellinen ja epäoikeudenmukainen. 70. Lisäksi Sempelille aiheutuneita kustannuksia olisi voitu tuhlata tai ne olisi voitu käyttää sellaisten töiden suorittamiseen, joita Scott ei ollut pyytänyt ja jotka eivät olleet sen etujen mukaisia. Ne olisivat myös voineet edustaa infrastruktuuritöitä, jotka vastaavat valtion talousarvioon normaalisti merkittyjä töitä, eivätkä ne näin ollen olisi olleet tukea. 71. Kantaja lisää, että riidanalainen maa-alue luovutettiin sille 31 miljoonan FRF:n (eli 64 FRF/m 2 ) hinnasta. Kantajan mukaan se on markkinahinta. Se huomauttaa tässä suhteessa, että P & G osti vuonna 1998 kyseisen 48 hehtaarin suuruisen maa-alueen ja tehtaan todelliseen markkinahintaan, toisin sanoen 27,653 miljoonalla FRF:lla. P & G:n maksama hinta osoittaa riidanalaisen maa-alueen hinnan vuonna 1987 paremmin kuin ne seikat, jotka komissio on valinnut huomioonotettaviksi. 72. Toiseksi kantaja väittää, että komissio on tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä tuen määrää laskiessaan. 73. Riidanalaisessa päätöksessä oli muun muassa ollut laskuvirhe, jonka komissio korjasi kannekirjelmän jättämisen jälkeen (ks. edellä 15 kohta). 74. Lisäksi komissio oli tehnyt ilmeisen arviointivirheen, kun se oli vahvistanut korkokannan 5,7 prosentiksi riidanalaista maa-aluetta koskevan tuen nykyarvoa laskiessaan. Tästä tuesta valtiolle aiheutuneita kustannuksia arvioidessaan komission olisi pitänyt käyttää tosiasiallisesti julkiseen sektoriin kuuluviin elimiin, kuten Sempeliin, Ranskassa sovellettavaa korkokantaa, toisin sanoen kantaa, joka on alhaisempi kuin yksityisen sektorin lainoistaan maksama määrä. 75. Komissio korostaa ensiksi, ettei kantaja kiistä komission noudattaneen niitä yleisiä sääntöjä, jotka koskevat tietojen antamista koskevia välipäätöksiä (ks. asetuksen N:o 659/1999 13 artikla ja yhdistetyt asiat C-324/90 ja C-342/90, Saksa ja Pleuger Worthington v. komissio, tuomio 13.4.1994, Kok. 1994, s. I‑1173, 26 kohta). Komissio lisää, ettei sillä ollut velvollisuutta ilmoittaa välipäätöksestä suoraan kantajalle, koska valtiontukimenettely tapahtuu yksinomaan komission ja jäsenvaltion välillä. Kantajalla oli ollut tilaisuus huomautustensa esittämiseen menettelyn aloittamispäätöksen jälkeen, ja sillä oli joka tapauksessa ollut mahdollisuus esittää puuttuvat tiedot sen jälkeen, kun asiassa oli annettu tietojen antamista koskevaan välipäätökseen liittyvä lehdistötiedote. Lisäksi ja kuten komissio tulee jäljempänä osoittamaan, se korostaa erityisesti sitä, että näiden tietojen puuttuminen ei ole merkittävä ongelma nyt esillä olevassa asiassa. 76. Komissio toteaa yrittäneensä määrittää kantajalle luovutetun raakamaan ja suunnittelu- ja kehitystöiden arvon. Siltä osin kuin komissio oli tukeutunut jäsenvaltiolle aiheutuneisiin kustannuksiin, se oli menetellyt näin siitä syystä, että se oli todennut tämän lähestymistavan osoittavan tässä tapauksessa luotettavasti kantajalle luovutetun riidanalaisen maa-alueen arvon. 77. Komissio oli yrittänyt määrittää raakamaan arvon 31.8.1987, joka oli sopimuksen tekopäivä. Vaikka se ei ollutkaan soveltanut julkisten viranomaisten tekemiin, maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista annettua tiedonantoaan (EYVL 1997, C 209, s. 3) taannehtivasti riidanalaisessa päätöksessä, se oli soveltanut EY 87 artiklan 1 kohtaan liittyvää, ”systemaattista ja johdonmukaista” lähestymistapaansa sellaisena kuin se on sen esittänyt kyseisessä tiedonannossa. Komissio korostaa tässä suhteessa, että riidanalaista maa-aluetta ei myyty ehdottomassa tarjousmenettelyssä ja että riidanalaista maa-aluetta ei arvioitu riippumattomasti sitä kantajalle myytäessä. Komissio väittää, että maa-alueesta alun perin viranomaisille aiheutunut kustannus on näin ollen ”tärkeä osoitus” raakamaan arvosta. 78. Ranskan viranomaiset olivat ilmoittaneet komissiolle kolme kertaa menettelyn aikana, että vuosien 1975 ja 1987 välillä hankitun raakamaan keskikustannus oli 15 FRF/m 2 (riidanalaisen päätöksen alaviite 8). Vaikka nuo viranomaiset olivatkin voineet täsmentää 3.11.1997 päivätyssä kirjeessään, että 1.7.1975 oli hankittu 30 hehtaaria, 13.12.1984 oli hankittu 32,5 hehtaaria ja 18.9.1987 oli hankittu 5,5 hehtaaria, ne olivat olleet mieluummin toimittamatta kunkin hankinnan hintaa. Komissio huomauttaa tältä osin, ettei myyntisopimuksia eikä muitakaan asiakirjoja, jotka oli laadittu Orléansin kaupungin tekemistä peräkkäisistä raakamaan hankinnoista, ollut esitetty sille hallinnollisen menettelyn aikana. Komissiolle ei ollut ilmoitettu, miten 15 FRF:n/m 2 suuruinen keskihinta oli laskettu. Lisäksi ei tarkasti tiedetä, mitkä maa-alueet Orléansin kaupungin hankkimasta, kaiken kaikkiaan 68 hehtaarin suuruisesta maa-alueesta oli lopultakin siirretty kantajalle 48 hehtaarin suuruisen palstan muodostamiseksi. Näin ollen komissiolla oli oikeus päätellä, että ilmoitettu hinta, 15 FRF/m 2 , koskee vuoteen 1987 kestänyttä ajanjaksoa, ja että sitä tästä syystä voidaan pitää riittävän tuoreena ja siis luotettavana osoituksena maa-alueen vähimmäisarvosta Scott-sopimusta tehtäessä. 79. Orléansin kaupunginvaltuuston 27.5.1994 pidetyssä kokouksessa laaditun istuntopöytäkirjan 2.2 kohdan mukaan raakamaan alkuperäinen arvo oli 10,9 miljoonaa FRF, toisin sanoen ”hyvin kohtuullinen” 23 FRF/m 2 . Koska tämän pöytäkirjan on ennen tätä oikeudenkäyntiä laatinut viranomainen, joka itse oli myöntänyt lainvastaiseksi väitetyn tuen, komissio katsoo, että se tarjosi kohtuullisen ja luotettavan perustan raakamaan arvon määrittämiselle. Komissio lisää, että Orléansin kaupungin kantajaa varten valmistelemasta tarjousasiakirjasta ilmenee, että ”[raakamaan] arvo maaliskuussa 1987 [oli] 20 miljoonaa frangia” (eli 50 hehtaaria à 40 FRF/m 2 ). 80. Toisin kuin kantaja väittää, Ranskan viranomaiset eivät olleet 21.2.2000 päivätyssä kirjeessään viitanneet siihen, että raakamaan hinnaksi olisi väitetyn verotarkastuksen perusteella arvioitu 5,55 FRF/m 2 . Komission mukaan kyse on yksinkertaisesti vain tiedosta, joka oli tarkoitettu helpottamaan erään taulukon ymmärtämistä, eikä sitä tue minkäänlainen asiakirjanäyttö, se koskee vuotta 1993, noin kuusi vuotta Scott-sopimuksen jälkeen, ja se on ristiriidassa Ranskan viranomaisten menettelyn aikana antamien ilmoitusten ja Orléansin kaupunginvaltuuston istuntopöytäkirjassa annetun ilmoituksen kanssa. Tästä seuraa, että komissio ei ollut tehnyt virhettä ollessaan puuttumatta kantajan mainitsemaan tekstin osaan, jonka mukaan oli näytetty, että raakamaan arvo oli 5,55 FRF/m 2 . 81. Kantaja väittää ensimmäistä kertaa vasta vastineessaan, että 24.12.1999 päivättyyn kirjeeseen sisältyi raakamaata koskeva arvio, joka oli tehty vuonna 1988 (ks. edellä 65 kohta). Komission mukaan vastineeseen sisältyviä, tosiseikkoja koskevia uusia lausumia ei voida ottaa tutkittaviksi samalla perusteella kuin 24.12.1999 päivättyä kirjettäkään. Komissio huomauttaa tältä osin, että tuossakaan kirjeessä ei ole vähäisintäkään viittausta vuonna 1988 tehtyyn arvioon. 82. Paitsi että kyseistä kirjettä ei voida ottaa tutkittavaksi, komissio väittää, että se on hylättävä aineellisesti. Kantaja ei ollut ensinnäkään esittänyt asiakirjoja tukeakseen väitettään, jonka mukaan tällainen arvio oli tehty vuonna 1988 raakamaan vuodelta 1987 peräisin olevan arvon perusteella, eikä se ollut mitenkään täsmentänyt, minkä lain tai asetuksen perusteella tuollainen arvio olisi ollut tehtävä. Toiseksi komissio katsoo, että paikalliset veroviranomaiset voivat antaa maa-alueille symbolisia ja pääasiallisesti kuvitteellisia arvoja, kun ne arvioivat, onko niistä kannettava paikallinen vero, ja tällaiset arvot ovat vain vähän tai eivät ollenkaan suhteessa maa-alueiden todelliseen markkina-arvoon. Kolmanneksi ja toisin kuin kantaja väittää, mitään perustetta ei ollut päätellä, että veroviranomaiset olisivat antaneet maa-alueelle mahdollisimman korkean arvon rajoittaakseen mahdollisimman paljon suunnittelu- ja kehitystöiden arvoa, vähentääkseen kantajan poistokelpoisia kustannuksia ja lisätäkseen näin viimeksi mainitun maksettavaksi tulevaa veroa. Neljänneksi komissio katsoo, että veroviranomaisten tekemällä arviolla ei välttämättä suljeta pois sitä, että kyse on valtiontuesta. 83. Lisäksi komissio kiistää kantajan väitteen, jonka mukaan Orléansin kaupunki omistaa raakamaan vuodesta 1975. Kuten edellä 78 kohdassa on todettu, Ranskan viranomaiset olivat todenneet, että 30 hehtaaria oli hankittu 1.7.1975, 32,5 hehtaaria 13.12.1984 (noin kaksi vuotta ennen Scottin tekemää tarjousta) ja 5,5 hehtaaria 18.9.1987, toisin sanoen Scott- ja Sempel-sopimusten tekemisen jälkeen. Näin ollen, kuten kantaja itsekin on esittänyt (ks. edellä 68 kohta), kyseessä on tilanne, jossa komissiolla oli syy ottaa huomioon hinta, joka valtion olisi pitänyt maksaa raakamaan hankinnasta. Komissio lisää tähän, että Ranskan tasavalta oli päättänyt olla ilmoittamatta komissiolle niin kantajalle lopulta luovutetun maa-alueen osan yksityiskohtia kuin keskihinnan laskentamenetelmääkään. 84. Komissio oli päätöksellä kehottanut Ranskan viranomaisia toimittamaan sille suunnittelu- ja kehitystöitä koskevat yksityiskohtaiset selitykset ja asiakirjat, joista Sempelin suorittamat työt ja niiden todelliset kustannukset ilmenevät yksityiskohtaisesti. Näitä tietoja ei ollut toimitettu komissiolle hallinnollisen menettelyn aikana. 85. Kantaja ei myöskään ole esittänyt mitään selitystä siitä todellisesta arvosta, jonka se katsoo sille luovutetuilla suunnittelu- ja kehitystöillä olevan. Kuten edellä 77 kohdassa on selitetty, koska ennen myyntineuvotteluja ei toimitettu asianmukaista tarjousmenettelyä tai hankittu riippumattoman asiantuntijan arviota, valtiolle aiheutuva kustannus on hyvä osoitus kantajalle luovutettujen suunnittelu- ja kehitystöiden arvosta, joka on 89,1 miljoonaa FRF. Komissio täsmentää tältä osin käyttäneensä Sempelin selvitystilatilinpäätöstä, toisin sanoen käytössään ollutta luotettavinta asiakirjatodistetta (tässä tapauksessa oikeaksi todistettua) vähentämällä Sempelin rahoituskulut, arvonlisäveron ja yleiset infrastruktuurikulut Ranskan viranomaisten suostumuksella (riidanalaisen päätöksen 89 ja 171 perustelukappale). Komissio oli määrittänyt suunnittelu- ja kehitystöiden kokonaiskustannukset tuon tilinpäätöksen perusteella. Toisin kuin kantaja väittää, sille luovutettujen suunnittelu- ja kehitystöiden arvo riippui Sempelin tosiasiallisesti tekemistä töistä eikä Scott-sopimuksen määräyksistä. 86. Komissio huomauttaa, että Orléansin kaupungin kaupunginvaltuuston 27.5.1994 pidetystä kokouksesta laaditun istuntopöytäkirjan mukaan hankkeen kokonaiskustannus Orléansin kaupungille ja Loiret’n departementille maa-alue ja suunnittelu- ja kehitystyöt mukaan lukien oli joko 84,482 274 miljoonaa FRF tai 92,531 048 miljoonaa FRF (2.2 kohta). 87. Komissio arvioi, että P & G:n vuonna 1997 maksama kauppahinta (ks. edellä 71 kohta) ei ole parempi osoitus vuonna 1987 tehtyjen suunnittelu- ja kehitystöiden arvosta kuin ne muut todisteet, jotka olivat sen hallussa ja jotka kuvataan riidanalaisessa päätöksessä. Komissio kiinnittää huomiota siihen, että kantaja on koko menettelyn ajan valittanut tietystä epäoikeudenmukaisuudesta siitä syystä, että KC oli sen mukaan Scottin hankkiessaan maksanut täyden hinnan, mutta kun Scott oli myynyt omaisuutensa, ostohintaan ei sisältynyt määrää, joka olisi heijastanut kyseistä tukea. Tällä lausumalla myönnetään sen mukaan se, että P & G:ltä saatu myyntihinta heijasti sellaista omaisuuden arviointia, johon oli syvästi vaikuttanut alusta alkaen juuri kyseisen tuen olemassaolo. Komissio katsoo, ettei kantaja voi saada ”voita ja voirahaa”: P & G on joko ”maksanut” Scottille tuesta, missä tapauksessa tuen takaisinperiminen Scottilta ei ole epäoikeudenmukaista, tai tuen myöntäminen on suoralta kädeltä vaikuttanut P & G:n maksamaan hintaan – ja hintaan, josta Scott voi myydä ja oli valmis myymään –, jolloin sitä ei missään tapauksessa voitu käyttää perustana laskettaessa maa-alueen ja suunnittelu- ja kehitystöiden todellista arvoa. 88. Komissio muistuttaa lisäksi, että se oli määrännyt Ranskan viranomaiset toimittamaan sille yksityiskohtaisempia tietoja (riidanalaisen päätöksen 97 ja 168 perustelukappale). 89. Toiseksi komissio myöntää, että riidanalaisessa päätöksessä on laskuvirhe (ks. edellä 73 kohta) ja huomauttaa, että se on tämän vuoksi ryhtynyt tarvittaviin toimiin virheen korjaamiseksi (ks. edellä 15 kohta). 90. Kantajan lausuma, jonka mukaan komission lähestymistapa ei ollut ollut kovin yhtenäinen ja sen olisi pitänyt käyttää Sempeliin sovellettua korkokantaa (ks. edellä 74 kohta), on hylättävä. Komissio oli asianmukaisesti käyttänyt 5,6 prosentin korkokantaa, joka perustuu tiedonantoon, jonka se on antanut viitekantojen vahvistamis- ja aktualisointimenetelmästä laskettaessa lainvastaisen valtiontuen palauttamismääräyksen perusteella palautettavaa määrää. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 91. Koska tuen käsite on oikeudellinen ja koska sitä on arvioitava objektiivisten seikkojen perusteella, yhteisöjen tuomioistuinten on lähtökohtaisesti valvottava kokonaisvaltaisesti sitä, kuuluuko jokin toimenpide EY 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, ottaen huomioon niiden käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät konkreettiset seikat samoin kuin sen, onko komission arvio tekninen tai monimutkainen (asia C‑83/98 P, Ranska v. Ladbroke Racing ja komissio, tuomio 16.5.2000, Kok. 2000, s. I-3271, 25 kohta ja asia T-98/00, Linde v. komissio, tuomio 17.10.2002, Kok. 2002, s. II-3961, 40 kohta). 92. EY 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edut ovat toimenpiteitä, jotka eri tavoin alentavat yrityksen vastattavaksi tavallisesti kuuluvia kustannuksia ja ovat siten sekä luonteeltaan että vaikutuksiltaan avustusten kaltaisia (ks. vastaavasti asia 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. korkea viranomainen, tuomio 23.2.1961, Kok. 1961, s. 3, Kok. Ep. I, s. 69, 39 kohta ja yhdistetyt asiat C-328/99 ja C‑399/00, Italia ja SIM 2 Multimedia v. komissio, tuomio 8.5.2003, Kok. 2003, s. I‑4035, 35 kohta), ja niihin kuuluu muun muassa tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen suosituimmuusehdoin (asia C‑126/01, GEMO, tuomio 20.11.2003, Kok. 2003, s. I‑13769, 29 kohta; ks. myös yhdistetyt asiat 67/85, 68/85 ja 70/85, Van der Kooy ym. v. komissio, tuomio 2.2.1988, Kok. 1988, s. 219, Kok. Ep. IX, s. 307, 28 ja 29 kohta). 93. Sellaiseen tapaukseen sovellettuna, jossa julkisyhteisö myy maa-alueen yritykselle, tästä periaatteesta seuraa, että on tutkittava, olisiko ostaja voinut ostaa alueen tähän hintaan normaaleissa markkinaolosuhteissa (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T‑127/99, T‑129/99 ja T‑148/99, Diputación Foral de Álava ym. v. komissio, tuomio 6.3.2002, Kok. 2002, s. II‑1275, 73 kohta). Kun komissio määrittää markkinahintaa, sen on otettava huomioon se sattumanvaraisuus, joka voi liittyä tällaisten markkinahintojen jälkikäteen tapahtuvaan määrittämiseen (asia T-274/01, Valmont v. komissio, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. II‑3145, 45 kohta). 94. On syytä muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan komissio pyrkii lainvastaisen tuen takaisinperimistä vaatiessaan siihen, että tuensaaja menettää edun, jonka se sai markkinoilla kilpailijoihinsa nähden, ja että tämän tuen maksamista edeltänyt tilanne palautetaan (ks. vastaavasti edellä 58 kohdassa mainittu Tubemeuse-tapaus, tuomion 66 kohta, ja asia C-348/93, komissio v. Italia, tuomio 4.4.1995, Kok. 1995, s. I-673, 27 kohta). Näin ollen lainvastaisten tukien takaisinperintä ei voi olla seuraamus, josta ei säädetä yhteisön oikeudessa, vaikka se suoritettaisiin kauan kyseisen tuen myöntämisen jälkeen (asia C-75/97, Belgia v. komissio, tuomio 17.6.1999, Kok. 1999, s. I‑3671, 65 kohta ja asia T-55/99, CETM v. komissio, tuomio 29.9.2000, Kok. 2000, s. II‑3207, 164 kohta). Komission valtiontukialalla tekemät päätökset, joilla se määrää kyseiset tuet takaisinperittäviksi, ovat toisin sanoen aikaisemman tilanteen ennalleensaattamiseen tähtääviä toimia eikä niillä ole rikosoikeudellista luonnetta. 95. Jos komissio kuitenkin päättää määrätä tietyn määrän palautettavaksi, sen on noudattaen velvollisuutta, joka koskee EY 88 artiklaan liittyvien asioiden huolellista ja puolueetonta käsittelyä (edellä 56 kohdassa mainittu asia Sytraval, tuomion 62 kohta ja edellä 56 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Westdeutsche Landesbank Girozentrale ja Land Nordrhein-Westfalen v. komissio, tuomion 167 kohta), määritettävä niin täsmällisesti kuin asian olosuhteissa on mahdollista yrityksen saaman tuen arvo. Kun komissio palauttaa ennalleen tuen maksamista edeltävän tilanteen, sillä on velvollisuus varmistua siitä, että tuesta aiheutunut todellinen etu poistetaan, ja näin määrätä koko tuki takaisinperittäväksi. Se ei voi laupeudesta tuensaajaa kohtaan määrätä takaisinperittäväksi summaa, joka alittaa viimeksi mainitun saaman tuen arvon. Toisaalta komissiolla ei ole toimivaltaa määrätä takaisinperittäväksi tuensaajan saaman tuen arvon ylittävää määrää osoittaakseen lainvastaisuuden vakavuutta koskevan paheksuntansa. 96. Tältä osin on syytä lisätä, ettei komissiota voida moittia siitä, että se olisi tehnyt likimääräisen arvion. Kun kyse on ilmoittamatta jääneestä tuesta, on nimittäin mahdollista, että tietyn asian olosuhteissa ja etenkin silloin kun maa-alueen myynnistä on kulunut pitkä aika, komissiolla voi olla vaikeuksia selvittää tuen tarkka määrä. Tällaiset olosuhteet voidaan ottaa huomioon arvioitaessa, onko komission päätös lainmukainen ja etenkin onko komissio toimittanut huolellisesti EY 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tutkintavaiheen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta siihen, että tukea arvioitaessa olennainen kysymys on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka lainmukaisuus yhteisöjen tuomioistuinten on tutkittava kaikilta osiltaan. Pelkästään se seikka, että komissio voi joutua tekemään likimääräisen arvion asiaan liittyvien olosuhteiden vuoksi, ei silti anna sille harkinnanvaraa sen määrän määrittämisessä, jonka se määrää palautettavaksi. 97. Nyt esillä olevassa asiassa kantaja pitäytyy tiukasti siinä tosiseikassa, että sen riidanalaisesta maa-alueesta maksama hinta, 31 miljoonaa FRF, vastasi maa-alueen markkina-arvoa vuonna 1987, eli ajankohtana, jona Sempel-sopimus tehtiin. 98. Komissio on riidanalaisessa päätöksessä katsonut, että Ranskan viranomaiset olivat myyneet riidanalaisen maa-alueen Scottille edullisella hinnalla ja vahvistaneet maa-alueen hinnaksi 70,588 miljoonaa FRF. Komissio ei ole vahvistanut tätä viimeksi mainittua määrää suhteessa arvioon siitä, mikä hinta riidanalaista maa-aluetta mahdollisesti vuonna 1987 markkinoilla myytäessä saataisiin, vaan asianomaisten viranomaisten esittämiin kustannuksiin (ks. edellä 17–20 kohta). 99. Komissio väittää, että sillä oli toimivalta ja jopa velvollisuus käyttää perustana Ranskan viranomaisten esittämiä kustannuksia. Tällainen lähestymistapa antaa sen mukaan luotettavan osoituksen kantajalle luovutetun maa-alueen ja aluesuunnittelu- ja kehitystöiden todennäköisestä arvosta. Komissio korostaa riidanalaisessa päätöksessään (ks. mm. 97–99 perustelukappale), ettei Ranskan tasavalta ollut toiminut yhteistyössä hallinnollisen menettelyn aikana, että se oli viivytellyt ja ettei se varsinkaan ollut antanut kaikkia niitä tietoja, jotka tarvittiin valtiontuen arvon määrittämiseksi, ja näin oli tapahtunut siitä huolimatta, että sitä oli asetuksen N:o 659/1999 10 artiklan 3 kohdan nojalla vaadittu antamaan tietoja (ks. edellä 10 kohta). 100. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on näissä olosuhteissa ja edellä 91–95 kohdassa mainitun oikeuskäytännön valossa tarkistettava, onko komissio tutkinut asian arvioimalla kaikella tarvittavalla huolellisuudella kyseiset tosis eikat, ja erityisesti sen on harkittava, onko komissio riidanalaisessa päätöksessään lainvastaisen edun määrää arvioidessaan määrittänyt riidanalaisen maa-alueen arvon siten, että se vastaa riittävällä täsmällisyydellä vuoden 1987 markkinahintaa. 101. Aluksi on syytä muistuttaa, että on kiistatonta, että komissio on tehnyt aineellisen virheen laskiessaan tuen määrää riidanalaisen päätöksen ensimmäisessä versiossa ja että se on korjannut sen nyt esillä olevan kanteen nostamisen jälkeen. Päätöksen ensimmäisessä versiossa komissio otti lähtökohdaksi koko 68 hehtaarin suuruisen alueen myynnistä aiheutuneen kustannuksen, josta se vähensi kantajan maksamat 31 miljoonaa FRF. Tämän jälkeen se kertoi saadun summan 48/68:lla ottaakseen huomioon sen, että Scott oli ostanut vain 48 hehtaaria. Tuon laskelman mukaan olemassa oli 48,7 miljoonan FRF:n (7,42 miljoonaa euroa), tai tämän hetkisen arvon mukaan 100 miljoonan FRF:n (15,2 miljoonaa euroa), suuruinen tuki, kun kyse on riidanalaisen maa-alueen hintaedusta. 102. Komissio on tehnyt virheellisen laskelman osoittamalla Scottille vain 48/68:aa 31 miljoonasta FRF:sta eikä koko tätä summaa. Se on myöntänyt tämän virheen ja on riidanalaisen päätöksen korjatussa versiossa päätellyt, että tuen määrä oli ollut 39,58 miljoonaa FRF, eli tämän hetkiseltä arvoltaan 80,77 miljoonaa FRF. 103. Koska komissio oli korjannut tämän virheen nyt esillä olevan kanteen vireillepanon jälkeen, se ei voi yksinään olla riidanalaisen päätöksen kumoamisen perusteena. Siitä on esitettävä kuitenkin kaksi huomautusta. Ensinnäkin on lupa pohtia niitä syitä, jotka saivat komission tutkinnan aikana tekemään näinkin vakavan virheen. Toiseksi ja ennen kaikkea tällaisen virheen sattuminen lisää tarvetta siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii pikkutarkasti tuen laskennan kaikki muut vaiheet. 104. Näin ollen on tutkittava, millaisen lähestymistavan komissio omaksui riidanalaisessa päätöksessään määrittäessään riidanalaisen maa-alueen arvoa. – Riidanalaisessa päätöksessä olevat laskentatapa- ja laskuvirheet 105. Aluksi on syytä muistuttaa, että arvioitaessa sellaisen valtiontuen arvoa, joka on annettu myymällä maa-alue väitetysti edullisella hinnalla, sovelletaan periaatetta, joka koskee yksityisen sijoittajan toimintaa markkinataloudessa. Näin ollen tuen arvo on yhtä suuri kuin tuensaajan todellisuudessa maksaman hinnan ja sen hinnan välinen erotus, joka sen olisi tuona ajankohtana pitänyt maksaa normaaleissa markkinaolosuhteissa ostaakseen vastaavan maa-alueen yksityissektorilla toimivalta myyjältä. 106. Komissio myöntää nyt esillä olevassa asiassa, että se on tukeutunut Ranskan viranomaisten maksamiin kustannuksiin arvioidakseen tuen määrää (ks. edellä 76 kohta). Komissio ei näet riidanalaisessa päätöksessä käytä perustana minkäänlaista välitöntä ja riippumatonta arviota riidanalaisen maa-alueen markkina-arvosta vuonna 1987. Sitä vastoin se käyttää perustana asianomaisten viranomaisten riidanalaisesta maa-alueesta maksamaa kustannusta. Vaikka osto- ja aluesuunnittelu- sekä kehitystyökustannukset voivatkin antaa toissijaisen tai välillisen osoituksen riidanalaisen maa-alueen arvosta, tällaiset seikat eivät ole paras todiste tästä arvosta. Yksityistä sijoittajaa koskevan periaatteen soveltaminen tarkoittaa näet sitä, että arvioidaan se myyntihinta, joka riidanalaisesta maa-alueesta olisi saatu, jos se olisi myyty elokuussa 1987 normaaleissa markkinaolosuhteissa. Tuo hinta ei välttämättä määräydy myyjälle aiheutuneiden kustannusten nojalla, sillä siihen saattavat vaikuttaa useat eri tekijät, kuten tarjonnan ja kysynnän välinen tasapaino myyntiajankohtana. Toisin sanoen ne kustannukset, joita Ranskan viranomaisille aiheutui kahdentoista vuoden aikana raakamaan ostamisesta (ks. edellä 17 kohta) ja sen suunnittelu- ja kehitystöistä, eivät välttämättä vastaa sen markkina-arvoa elokuussa 1987. 107. Komissio perustelee Ranskan viranomaisille aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan arvioinnin käyttämistä toteamalla, että toisin kuin komission EY 87 artiklan 1 kohtaa koskevassa ”systemaattisessa ja johdonmukaisessa” lähestymistavassa, sellaisena kuin komissio on sen sittemmin esittänyt julkisten viranomaisten tekemiin, maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista annetussa tiedonannossaan 97/C 209/03, Ranskan viranomaiset eivät myyneet riidanalaista maa-aluetta ehdottomassa tarjousmenettelyssä eivätkä ne turvautuneet riidanalaisen maa-alueen riippumattomaan arviointiin myydessään sitä kantajalle (ks. edellä 77 ja 85 kohta). Näin ollen se katsoo, että se saattoi perustellusti käyttää perustana kyseisille viranomaisille aiheutuneita kustannuksia määrittääkseen riidanalaisen maa-alueen arvon. 108. Se seikka, että Ranskan viranomaiset eivät vuonna 1987 määrittäneet omaisuuden arvoa tarjouspyyntöjen avulla tai riidanalaisesta maa-alueesta hankitun riippumattoman arvioinnin perusteella ennen kuin ne myivät sen Scottille, ei vapauta komissiota omasta velvollisuudestaan määrittää EY 88 artiklan 2 kohdan nojalla tekemässään tutkinnassa omaisuuden arvo luotettavimman menetelmän perusteella. Toisin kuin komissio väittää, se ei ole noudattanut vuoden 1997 tiedonannossa mainittua systemaattista ja johdonmukaista lähestymistapaa, vaan on käyttänyt suoraan Ranskan viranomaisten esittämiä riidanalaisen maa-alueen aikaisempia hankinta- ja suunnittelu- sekä kehitystyökustannuksia, harkitsematta mahdollisuutta tilata riippumaton arviointi (ks. jäljempänä 137 ja 138 kohta). 109. Vaikka oletettaisiinkin, että komissiolla oli oikeus käyttää perustana yksinomaan kyseisten viranomaisten esittämiä kustannuksia riidanalaisen maa-alueen arvoa määrittäessään, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että lähestymistapa, jota se käytti arvioidessaan raakamaata, on virheellinen, koska se teki tältä osin toisen laskuvirheen ja koska se käytti kyseisten kustannusten osalta perustana epätarkkoja tietoja. 110. Komissio toteaa riidanalaisessa päätöksessä ensinnäkin, että ”[Orléansin] kaupunki oli ostanut” kyseisen 68 hehtaarin alueen, ”joka oli tuolloin maatalousalue, vuosien 1975 ja 1987 välisenä aikana 16 Ranskan frangilla/m 2 (2,4 eurolla/m 2 ) eli yhteensä 10,9 miljoonalla frangilla (1,7 milj. eurolla)” (15 perustelukappale). Se käyttää perustana tältä osin Orléansin kaupunginvaltuuston 27.5.1994 pidetyn kokouksen istuntopöytäkirjan 2.2 kohtaa. Kyseisestä istuntopöytäkirjasta ilmenee joka tapauksessa, että 10,9 miljoonan FRF:n summa vastasi Scottille luovutetun 48 hehtaarin eikä 68 hehtaarin kokoisen raakamaan kustannusta. Näin ollen ja toisin kuin komissio laski, raakamaan kustannus oli 23 FRF/m 2 , toisin sanoen lähes 50 prosenttia enemmän kuin 16 FRF/m 2 . Komissio on näin ollen tehnyt laskuvirheen. 111. Tästä seuraa, ettei komission olisi Scottin saaman edun määrää laskiessaan pitänyt jakaa 10,9 miljoonan FRF:n summaa 48 hehtaarin suuruisen ja 20 hehtaarin suuruisen maa-alueen välillä (riidanalaisen päätöksen 170 perustelukappale), vaan kohdistaa se kokonaisuudessaan 48 hehtaarin suuruiseen maa-alueeseen. Se seikka, että Scott hyötyy tästä virheestä, ei tee siitä anteeksiannettavaa. Komissiolla oli velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan vahvistaa kyseisen tuen todellinen arvo ja määrätä se takaisinperittäväksi (ks. edellä 95 kohdassa mieliin palautettu oikeuskäytäntö). 112. Tästä seuraa, että komissio on erehtynyt myös katsoessaan, että arviota, jonka mukaan raakamaan arvo oli 16 FRF/m 2 , tuki 68 hehtaarin keskimääräinen ostohinta, 15 FRF/m 2 , jonka Ranskan viranomaiset olivat ilmoittaneet hallinnollisen menettelyn aikana (riidanalaisen päätöksen 15 perustelukappale ja alaviite 8). 113. Jos komissio ei olisi virheellisesti päätellyt, että 48 hehtaarin aiheuttama kustannus oli 16 FRF/m 2 , voidaan olettaa, että se olisi huomannut lukujen 15 FRF/m 2 ja 23 FRF/m 2 välisen huomattavan eron ja että se olisi tästä syystä pohtinut raakamaan kustannusta koskevien tietojen luotettavuutta. 114. Epätäsmällisten tietojen käyttämisestä raakamaan kustannusten osalta on toiseksi todettava, että komissio käytti ainakin osittain perustana 15 FRF/m 2 suuruista keskihintaa, jonka Ranskan viranomaiset olivat maksaneet 68 hehtaarin suuruisesta raakamaasta, jonka ne olivat ostaneet 1.7.1975 (30 hehtaaria), 13.12.1984 (32,5 hehtaaria) ja 18.9.1987 (5,5 hehtaaria). Komissio on nimittäin useaan otteeseen istunnossa todennut, että se oli pitänyt keskihintaa 15 FRF/m 2 raakamaan arvona. 115. Komissio ei kuitenkaan ole tarkistanut kunkin kyseisen palstan ostohintaa. Se on sitä vastoin käyttänyt keskihintaa, joka muodostuu vuosien 1975, 1984 ja 1987 ostokustannuksista, millä ei välttämättä päädytä raakamaan markkina-arvoon vuonna 1987. Toisin kuin komissio väittää (ks. edellä 78 kohta), vuosina 1975 ja 1984 ostetuista 30 ja 32,5 hehtaarin palstoista aiheutuneet kustannukset eivät välttämättä edusta raakamaan arvoa vuonna 1987 yksityistä sijoittajaa koskevan periaatteen mukaan. Tässä suhteessa on todettava, että julkisten viranomaisten tekemiin, maa-alueita ja rakennuksia koskeviin kauppoihin sisältyvistä tuista annetusta komission tiedonannosta 97/C 209/03 ilmenee, että ”julkisen viranomaisen maksamat maa-alueiden ja rakennusten hankintakustannukset ovat markkina-arvon osoitin, paitsi jos maa-alueiden ja rakennusten oston ja myynnin välillä on kulunut huomattavasti aikaa” (II kohdan 2 alakohdan d alakohta). Vaikka komissio olisikin käyttänyt tuosta tiedonannosta ilmenevää komission lähestymistapaa, sillä ei todellakaan ollut oikeutta käyttää perustana vuonna 1975 ostetun palstan ostokustannuksia. 116. Riidanalaisen myynnin aikaan vuonna 1987 ostetun 5,5 hehtaarin ostohinta olisi sitä vastoin voinut antaa osoituksen kyseisen raakamaan neliömetrihinnasta tuohon aikaan, tietenkin sillä varauksella, että olosuhteet ja kyseiseen ostoon liittyneet ehdot olisi tarkistettu. Sen sijaan että komissio olisi yrittänyt saada nämä tiedot (ks. tältä osin jäljempänä 151–153 kohta), se tukeutui toisarvoisiin tietoihin. 117. Asiakirjoista ei myöskään ilmene, mikä osa 68 hehtaarista myytiin Scottille eikä etenkään mikä on vuosina 1975, 1984 ja 1987 ostetun kolmen palstan ja Scottin vuonna 1987 ostaman 48 hehtaarin välinen suhde. 118. Komissio korostaa kirjelmissään (ks. edellä 79 kohta) ja etenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin antamissaan vastauksissa useaan otteeseen, että Orléansin kaupungin kaupunginvaltuuston 27.5.1994 päivätyssä istuntopöytäkirjassa mainittu 10,9 miljoonan FRF:n määrä tarkoittaa 48 hehtaarin kokoisen raakamaan ”hyvin kohtuullista” alkuperäistä arvoa pikemminkin kuin sen hintaa. Lukuun ottamatta sitä, että komissio on virheellisesti katsonut riidanalaisessa päätöksessä, että 10,9 miljoonan FRF:n määrä liittyi 68 hehtaariin (ks. edellä 110 kohta), on syytä todeta, että kyseisen pöytäkirjan 2.2 kohta on tosiasiassa erittäin lyhyt yhteenveto eikä siinä selvitetä yksityiskohtaisesti ”toimenpiteen kustannusta”, varsinkaan raakamaan ostoon käytetyn 10,9 miljoonan FRF:n osalta, joka oli ”kiinteistön alkuperäinen arvo”. Komissio on itse todennut riidanalaisessa päätöksessä, että kyse oli ”ostohinnasta” tai Ranskan viranomaisille raakamaasta aiheutuneesta ”kustannuksesta” (20, 157, 161 ja 170 perustelukappale). 119. Komissiolla ei ollut nimittäin mitään tietoja niistä olosuhteista, joissa Orléansin kaupunki oli ostanut kaiken kaikkiaan 68 hehtaarin alueen muodostavat kolme palstaa. Näihin ostoihin liittyviä sopimustekstejä ei niitäkään tunneta. Komissio ei tiennyt, oliko kukin näistä palstoista hankittu neuvotteluteitse vai yleisen tarpeen vuoksi tehdyllä pakkolunastuksella. Jos kyse on viimeksi mainitusta tilanteesta, on mahdollista, että 10,9 miljoonan FRF:n määrä sisälsi pakkolunastuskorvauksen näiden maa-alueiden entisille omistajille, mukaan lukien korvauksen maataloustoiminnan harjoittamisen lakkaamisesta kyseisillä maa-alueilla, tai muita valtiolle aiheutuneita ostokustannuksia, jotka ylittävät raakamaan todellisen markkina-arvon. 120. Lisäksi on syytä huomauttaa asiakirjoista ilmenevän, että komissio on jättänyt huomiotta tiettyjä kyseisellä maa-alueella tehtyjen suunnittelu- ja kehitystöiden arvioinnin kannalta merkityksellisiä seikkoja. Scott-sopimuksessa (ks. edellä 2 ja 3 kohta) määrättiin, että Scott maksaisi riidanalaisesta maa-alueesta 31 miljoonan euron hinnan, mihin sisältyi 30 000 m 2 :n suuruisen tehtaan rakentaminen. Orléansin kaupunginvaltuuston 27.5.1994 päivätyn istuntopöytäkirjan mukaan ”noin 54 000 m 2 :n tehdas on rakennettu (alun perin tarkoitetun 30 000 m 2 :n sijaan)”. Tätä eroa ei ole mainittu riidanalaisessa päätöksessä, eikä komissio ilmeisesti ole ottanut sitä huomioon asiaa tutkiessaan. Jos viimeksi mainittu olisi ottanut tämän seikan huomioon, voidaan olettaa, että se olisi kyseenalaistanut riidanalaisen maa-alueen neliöhintaa koskevan arvionsa luotettavuuden. 121. Lisäksi Scott-sopimuksen 4 artiklasta ilmenee, että kantaja oli sitoutunut ostamaan riidanalaisen maa-alueen 31 miljoonalla FRF:lla ja että Sempel suorittaisi alueella töitä ”enintään 80 [miljoonalla FRF:lla]”. Ranskan viranomaisten komissiolle 6.10.1999 lähettämän Sempelin selvitystilatilinpäätöksen mukaan maa-alueen suunnittelu- sekä kehitystöistä Sempelille aiheutunut kokonaiskustannus oli kuitenkin 140,4 miljoonaa FRF. Sen seikan, että suunnittelu- sekä kehitystyöt maksoivat 140,4 miljoonaa FRF ”enintään 80 [miljoonan FRF:n]” sijaan, mistä määrättiin Scott-sopimuksessa ja mikä siis merkitsi 75,5 prosentin ylitystä, olisi pitänyt saada komissio ymmärtämään, että Sempelille aiheutuneet kustannukset eivät välttämättä olleet sellainen seikka, joka heijasti riidanalaisen maa-alueen markkina-arvoa. Sempelin selvitystilatilinpäätöstä ei tältä osin mainita menettelyn aloittamispäätöksessä, mistä Scott on komissiota moittinut. Komission olisi pitänyt ainakin hankkia Scottilta tietoja siitä, miksi 140,4 miljoonan FRF:n määrä ja Scott-sopimuksessa määrätty 80 miljoonan FRF:n määrä erosivat toisistaan. 122. Asiakirjat vaikenevat siitä seikasta, onko Sempelin näin esittämien kustannusten ylittyminen seurausta melkein kaksi kertaa alun perin suunniteltua suuremman tehtaan rakentamisesta, vai onko se seurausta Sempelin tehottomuudesta aiheutuneesta kustannusten ylittymisestä vai tuhlauksesta, jolla ei lisätty maa-alueen arvoa. Asianosaiset, joille ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on istunnossa esittänyt näitä seikkoja koskevia kysymyksiä, eivät ole kyenneet täsmentämään, oliko tehtaan koon kasvu seurausta siitä, että Scottille haluttiin myöntää vieläkin suurempi valtiontuki, vai jostakin tehdasta rakennettaessa tapahtuneesta virheestä. 123. Edellä esitetystä seuraa, että komissio määritti riidanalaisen maa-alueen vuoden 1987 markkina-arvon virheellisesti. – Tiedot, jotka komissio jätti huomiotta 124. On syytä todeta, että EY 88 artiklan 2 kohdassa määrätyn muodollisen tutkinnan päättyessä, eli vuoden 2000 alussa, komissio tiesi tai sen olisi pitänyt tietää riidanalaisen maa-alueen markkina-arvoa osoittavista useista muista tekijöistä, myös siitä, että siitä oli tehty muitakin arvioita. Siitä huolimatta, että komissiolla oli vain epätäsmällisiä tietoja raakamaan ostokustannuksista, se ei kuitenkaan pohtinut kyseisten tekijöiden mahdollista merkitystä. 125. Ensinnäkin 24.12.1999 päivätyssä kirjeessä, joka komission olisi pitänyt ottaa huomioon (ks. edellä 51–63 kohta), Scott on viitannut siihen, että Ranskan veroviranomaiset olivat arvioineet raakamaan arvoksi 5,5 FRF/m 2 Orléansin kaupungin myydessä maa-alueen Sempelille vuonna 1987. Ranskan viranomaiset ovat nekin viitanneet tuohon arvioon 21.2.2000 päivätyssä kirjeessä (ks. edellä 13 kohta). Viranomaiset olivat vuonna 1993 pysyttäneet tuon arvion Scottissa toimitetussa verotarkastuksessa. Kuten komissio on todennut (ks. edellä 82 kohta), ei tosin ole itsestään selvää, että verotarkastuksessa vahvistettu arvo osoittaa maa-alueen markkina-arvon. Se on kuitenkin ensi arviolta riippumattoman viranomaisen tuohon aikaan tekemä, raakamaata koskeva arviointi, jota komission olisi pitänyt vähintäänkin pohtia. Riidanalaisessa päätöksessä ei kuitenkaan millään tavoin viitata lukuun 5,5 FRF/m 2 . 126. Scott on samassa kirjeessä viitannut myös riidanalaisesta maa-alueesta annettuun asiantuntijalausuntoon, jonka oli tehnyt Galtier-niminen asiantuntijatoimisto, joka vuonna 1996 ajankohtana, jona komissio ei vielä ollut aloittanut Scottille myönnettyjä väitettyjä tukia koskevaa tutkintamenettelyä, oli arvioinut Scottin 31 miljoonalla FRF:lla Sempeliltä vuonna 1987 ostaman riidanalaisen maa-alueen hinnaksi 40,6 miljoonaa FRF. On syytä muistuttaa, että komissio on riidanalaisessa päätöksessä katsonut, että tuon maa-alueen arvo, sellaisena kuin se oli suunnittelu- ja kehitystöiden jälkeen, oli 70,588 miljoonaa FRF (ks. edellä 20 kohta). Scott ehdotti 24.12.1999 päivätyssä kirjeessään, että se lähettäisi komissiolle jäljennöksen Galtierin kertomuksesta. 127. Lisäksi Scott viittasi Tribunal de commerce de Nanterren puheenjohtajan Scottia ja KC:tä varten nimeämän, apporttiomaisuuden arviointiin erikoistuneen asiantuntijan, jota oli lain mukaisesti pyydetty määrittämään vain P & G:lle myydyn omaisuuden (ks. edellä 14 kohta) markkina-arvo, laatimaan arviointiin. Tuo asiantuntija oli arvioinut kyseisen omaisuuden arvon vieläkin alhaisemmaksi kuin Galtier. Scott oli liittänyt 24.12.1999 päivättyyn kirjeeseensä kaksi taulukkoa, joissa esitetään lyhyesti useista kyseessä olevista omaisuusryhmistä tehdyt arviot. 128. On syytä lisätä, että Ranskan viranomaiset viittasivat nekin 21.2.2000 päivätyssä kirjeessään kyseisiin arviointeihin ja liittivät niihin samat taulukot, jotka olivat Scottin 24.12.1999 päivätyn kirjeen liitteinä. Komissio ei pyytänyt Ranskan viranomaisia toimittamaan kyseisiä arviointeja eikä esittänyt näille samoille viranomaisille niiden laatimiseen johtaneita olosuhteita koskevia kysymyksiä. 129. Komissio esittää useita syitä siihen, miksi se ei pitänyt näitä arviointeja merkityksellisinä nyt esillä olevassa asiassa. 130. Se väittää kirjelmissään ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin antamassaan vastauksessa, ettei Scott ole tässä kanteessa esittänyt lausumia, jotka koskisivat kyseisten kertomusten puuttumista ja ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näin ollen voi tällä perusteella kumota riidanalaista päätöstä. Se väittää myös, että kantaja on viitannut Ranskan veroviranomaisten arviointiin vasta vastineessaan ja ettei sen tätä koskevaa lausumaa siis voida ottaa tutkittavaksi (ks. edellä 81 kohta). 131. Scott on väittänyt komission tehneen virheen tämän määrittäessä riidanalaisen maa-alueen arvoa ja korostanut komission menetelleen huolimattomasti asiaa tutkiessaan (ks. edellä 64–71 kohta). Koska riidanalaisen maa-alueen arvon määrittäminen on riitautettu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on tarkistettava tämä kysymys kokonaisuudessaan (ks. edellä 91 kohta). Kantajalla oli lisäksi oikeus esittää tältä osin täsmennyksiä vastineessaan myös viittaamalla Ranskan veroviranomaisten raakamaasta tekemään arviointiin. 132. Komission mukaan näiden arviointien olemassaoloon on vedottu menettelyssä liian myöhään. Se väittää, ettei se ollut saanut edes tarvittavia asiakirjatodisteita. Näitä lausumia ei voida hyväksyä. Koska komissio oli sallinut sen, että Ranskan valtuuskunta esitti huomautuksensa 7.12.1999 pidetyn kokouksen jälkeen, sillä oli velvollisuus kaikin puolin tutkia kyseiset huomautukset. Komission olisi pitänyt sen velvollisuutensa mukaisesti, joka koskee asian huolellista ja puolueetonta tutkimista EY 88 artiklaan liittyvissä asioissa, tutkia kyseiset tiedot ja pyytää näiden Scottin sille tarjoamien arviointien esittämistä. 133. Komissio väittää, ettei kyseisistä arvioinneista olisi ollut hyötyä. Suunnittelu- ja kehitystyöt oli yhtäältä teetetty ”mittatilaustyönä” Scottille ja kyseiset arvioinnit eivät olleet luotettava perusta Scottille myönnetyn tuen arvoa laskettaessa. Toisaalta kyseiset arvioinnit oli tehty useita vuosia riidanalaisen myynnin jälkeen, eivätkä ne näin ollen voineet luotettavasti osoittaa riidanalaisen maa-alueen arvoa. 134. Vaikka kyseisiä arviointeja ei ollutkaan tehty riidanalaisen myynnin aikaan, ne saattavat olla hyödyllisiä, koska ne ovat ainoat ilmeisesti riippumattomat arvioinnit, joilla on pyritty määrittämään riidanalaisen maa-alueen markkina-arvo käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä arviointimenetelmiä. Komissio ei kiistä sitä, että nämä arvioinnit ovat riippumattomien asiantuntijoiden laatimia, eikä se kyseenalaista Galtierin ja apporttiomaisuuden arviointiin erikoistuneen asiantuntijan käyttämiä menetelmiä. Näin ollen komission olisi pitänyt vähintäänkin tutkia kyseisten arviointien sisältö päättääkseen, mikä niiden todistusarvo on. 135. Tältä osin on tärkeää muistuttaa, että EY 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tutkintavaiheen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi, että komissio saa käyttöönsä täydelliset tiedot kaikista asiaan liittyvistä seikoista (ks. edellä 56 kohdassa mainittu asia Sytraval, tuomion 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Komission on näin ollen hankittava itselleen kaikki tarvittavat selvitykset, jotta se olisi täysin selvillä kaikista asiaan liittyvistä tiedoista ennen kuin se tekee päätöksensä (ks. vastaavasti asia 84/82, Saksa v. komissio, tuomio 20.3.1984, Kok. 1984, s. 1451, Kok. Ep. VII, s. 545, 13 kohta ja edellä 56 kohdassa mainittu asia Sytraval, tuomion 39 kohta). Komissio on nyt esillä olevassa asiassa jättänyt tutkimatta lausunnot, joilla olisi voinut olla todistusarvoa riidanalaisen maa-alueen arvoa määritettäessä. 136. Tähän on syytä lisätä, että se seikka, että riidanalaista maa-aluetta koskevat muut arviot oli saatettu komission tietoon ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä, ei osoita, että Scottin maksama 31 miljoonan FRF:n määrä oli markkina-arvo tai että komission arviointi oli virheellinen. Nämä muut arvioinnit ovat merkityksellisiä siinä mielessä, että komissio tiesi riidanalaisen päätöksen tekoajankohtana tietyistä sellaisista riidanalaista maa-aluetta koskevista arvioinneista, jotka olivat ristiriidassa sen suorittaman arvioinnin kanssa. Koska komissio ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin poistaakseen tätä arviointia koskevan epävarmuuden, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettei se ole noudattanut EY 88 artiklan 2 kohtaan perustuvassa tutkinnassaan velvollisuuttaan tutkia asia huolellisesti ja puolueettomasti. 137. Sen lisäksi, että komission olisi pitänyt pyytää kyseisten arviointien esittämistä, se olisi voinut käyttää muitakin keinoja hankkiakseen tässä asiassa tarvittavat tiedot. Tässä suhteessa on syytä todeta, että komissio voi, vaikkakaan sillä ei ole tähän velvollisuutta, käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita (ks. vastaavasti asia T-106/95, FFSA ym. v. komissio, tuomio 27.2.1997, Kok. 1997, s. II‑229, 102 kohta ja yhdistetyt asiat T-371/94 ja T-394/94, British Airways ym. ja British Midland Airways v. komissio, tuomio 25.6.1998, Kok. 1998, s. II‑2405, 72 kohta). Komissio olisi näin ollen voinut määrätä, että kyseisellä paikkakunnalla sijaitsevien maa-alueiden arvosta elokuussa 1987 hankitaan asiantuntijalausunto. Tällainen asiantuntijalausunto olisi voinut olla erityisen hyödyllinen nyt esillä olevassa asiassa, kun otetaan huomioon se sattumanvaraisuus, joka voi liittyä komission suorittamaan maa-alueiden markkinahinnan jälkikäteen tapahtuvaan määrittämiseen (ks. edellä 93 kohta). 138. Vaikka asiantuntijan suorittama arviointi olisikin väkisin tapahtunut yli kymmenen vuotta riidanalaisen myynnin jälkeen, paikallinen kiinteistöasiantuntija, joka tunsi markkinat vuonna 1987 ja erityisesti vastaavien maa-alueiden kaupat normaaleissa markkinaolosuhteissa, olisi voinut antaa komissiolle lisätietoja siitä, vastasivatko nämä seikat ja komission esittämä arvo toisiaan vai eivät. 139. Myöskin on muistutettava, että Scott ja Ranskan tasavalta ovat ensin mainittu 24.12.1999 ja toiseksi mainittu 21.2.2000 päivätyillä kirjeillään ilmoittaneet komissiolle, että Scott/KC oli myynyt riidanalaisen maa-alueen P & G:lle vuonna 1998 27,6 miljoonalla FRF:lla (4,2 miljoonaa euroa), tukeakseen kantaansa, jonka mukaan riidanalaisen maa-alueen arvo vuonna 1987 oli 31 miljoonaa FRF. Komissio ei kiistä, että myynti P & G:lle tapahtui normaaleissa markkinaolosuhteissa. Tällainen myynti muutama vuosi riidanalaisen myynnin jälkeen olisi voinut antaa yhden osoituksen riidanalaisen maa-alueen arvosta. 140. Komissio ei edes ajatellut, että tuon luvun paikkansapitävyys olisi ollut syytä tarkistaa (riidanalaisen päätöksen 163 perustelukappale). Komissio on selittänyt, että KC oli valmis hyväksymään alhaisemman myyntihinnan, koska teollisuusalueen hyödyntämisestä aiheutui sille tappioita ja koska se oli päättänyt sulkea tehtaan tammikuussa 1998. Varsinkin kun KC oli jo sijoittanut kyseiseen teollisuusalueeseen, näitä kustannuksia oli komission mukaan pidettävä jo maksettuina. KC oli siis vuonna 1998 täysin erilaisessa tilanteessa kuin viranomaiset vuonna 1987, sillä viimeksi mainitut tiesivät jo, että investointi aiheuttaisi noin 60 miljoonan FRF:n (9,2 miljoonaa euroa) tappiot, joten hintoja ei voitu tästä syystä verrata keskenään (riidanalaisen päätöksen 164–166 perustelukappale). 141. Tässä suhteessa on todettava, että komission mukaan riidanalaisen maa-alueen arvo oli 70,588 miljoonaa FRF vuonna 1987. Vaikka oletettaisiin, että KC olisi ollut valmis hyväksymään alhaisen hinnan tästä maa-alueesta, on todettava, että KC myi maa-alueen komission laskelmien mukaan 42,9 miljoonan FRF:n tappiolla, eli tappiolla, joka on 60 prosenttia riidanalaisen maa-alueen arvosta. Komission olisi pitänyt näissä olosuhteissa huolellisemmin tutkia 27,6 miljoonan FRF:n myyntihinta vuonna 1998, joka oli joka tapauksessa suhteellisen lähellä Scottin mukaista riidanalaisen maa-alueen arvoa. Se seikka, että KC sai riidanalaisen maa-alueen myynnistä vuonna 1998 kiinteistöjen hintojen yleisestä noususta huolimatta vähemmän kuin Scott oli siitä maksanut vuonna 1987, puhuu sen puolesta, että Scottin vuonna 1987 maksama hinta on uskottavampi markkinahintana. 142. Tästä seuraa, että komissio on jättänyt huomiotta tietoja, jotka olisivat voineet olla hyödyllisiä määritettäessä, mikä riidanalaisen maa-alueen markkinahinta oli elokuussa 1987. – Tietojen antamista koskeva välipäätös 143. Komissio väittää, että vaikka se arvo, jonka se antoi riidanalaisen maa-alueen hintaedusta aiheutuvalle edulle, ei pitänyt paikkaansa, sillä oli oikeus ja jopa velvollisuus pitäytyä siinä siitä syystä, etteivät Ranskan viranomaiset toimineet yhteistyössä eivätkä antaneet tarkempia tietoja. Näin ollen komissio katsoo, että sillä oli oikeus tehdä päätös saatavilla olleiden tietojen perusteella (riidanalaisen päätöksen 97–99 perustelukappale). 144. Oikeuskäytännöstä ilmenee, että jos jäsenvaltio ei noudata yhteistyövelvoitettaan ja jättää toimittamatta tiedot, jotka komissio on siltä pyytänyt tutkiakseen soveltuuko tuki yhteismarkkinoille, komissiolla on oikeus tehdä päätös saatavilla olevien tietojen perusteella (asia C-301/87, Ranska v. komissio, tuomio 14.2.1990, Kok. 1990, s. I-307, Kok. Ep. X, s. 319, 22 kohta, jäljempänä ns. Boussac-tapaus, ja edellä 75 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Saksa ja Pleuger Worthington v. komissio, tuomion 26 kohta). Ennen tällaisen päätöksen tekemistä komission on kuitenkin noudatettava tiettyjä prosessuaalisia vaatimuksia. Sen on ensinnäkin kehotettava jäsenvaltiota toimittamaan komissiolle sen asettaman määräajan kuluessa kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen EY 88 artiklan vaatimukset täyttävän päätöksen tekemiseksi. Ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltio jättää komission määräyksestä huolimatta toimittamatta pyydetyt tiedot, komissiolla on oikeus lopettaa menettely ja päättää saatavilla olevien tietojen perusteella, onko tuki yhteismarkkinoille soveltuva vai soveltumaton (em. Boussac-tapaus, tuomion 19 ja 22 kohta). Nämä vaatimukset on otettu asetuksen N:o 659/1999 5 artiklan 2 kohtaan, 10 artiklan 3 kohtaan ja 13 artiklan 1 kohtaan. Tuon asetuksen 10 artiklan 3 kohdasta ilmenee erityisesti, että tietojen antamista koskevassa välipäätöksessä on ”eriteltävä vaadittavat tiedot”. 145. On myös muistutettava, että asetuksen N:o 659/1999 6 artiklan 1 kohdan mukaan ”muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esitetään asiaan liittyvät oikeudelliset seikat ja tosiseikat lyhyesti, komission alustava arvio ehdotetun toimenpiteen tukiluonteesta ja epäilyt toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille”. Tällä päätöksellä ja sen julkaisemisella Euroopan unionin virallisessa lehdessä jäsenvaltiolle ja muille, joita asia koskee, ilmoitetaan seikoista, joihin komissio aikoo päätöksessään nojautua. Tästä seuraa, että mikäli nämä osapuolet katsovat, että tietyt muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevaan päätökseen otetut seikat ovat virheellisiä, niiden on ilmoitettava tästä komissiolle hallinnollisen menettelyn aikana sillä uhalla, että ne eivät voi enää kiistää näitä seikkoja oikeudenkäynnissä (ks. vastaavasti jäsenvaltion osalta yhdistetyt asiat C‑278/92–C‑280/92, Espanja v. komissio, tuomio 14.9.1994, Kok. 1994, s. I‑4103, 31 kohta). 146. Edellä 144 ja 145 kohdassa mainittujen, oikeuskäytäntöön ja lainsäädäntöön perustuvien periaatteiden mukaisesti, silloin kun asianomaiset osapuolet eivät ole esittäneet päinvastaisia tietoja, komissiolla on oikeus nojautua virheellisiinkin tietoihin, jotka ovat sen saatavilla sen tehdessä lopullista päätöstä, jos komissio on kehottanut jäsenvaltiota toimittamaan sille kyseisiä tosiseikkoja koskevat tarvittavat tiedot. Mikäli se sitä vastoin pidättäytyy kehottamasta jäsenvaltiota toimittamaan sille tietoja seikoista, jotka se aikoo ottaa huomioon, se ei voi myöhemmin perustella mahdollisia tosiseikkoja koskevia virheitä vetoamalla siihen, että se saattoi muodollisen tutkintamenettelyn päättävää päätöstä tehdessään perustellusti ottaa huomioon ainoastaan tuolloin saatavilla olleet tiedot (asia T-318/00, Freistaat Thüringen v. komissio, tuomio 19.10.2005, Kok. 2005, s. II‑4179, 88 kohta). 147. Mikäli komissio näin ollen perustaa päätöksensä tiettyjä tosiseikkoja koskeviin, saatavilla oleviin tietoihin, ilman että se olisi juuri tältä osin noudattanut oikeuskäytännössä tunnustettuja ja asetukseen N:o 659/1999 otettuja menettelyllisiä vaatimuksia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi harjoittaa laillisuusvalvontaansa sen osalta, voiko näiden seikkojen huomioon ottaminen merkitä arviointivirhettä, joka vaikuttaa riidanalaisen päätöksen laillisuuteen (edellä 146 kohdassa mainittu asia Freistaat Thüringen v. komissio, tuomion 89 kohta). 148. Sen edellytyksenä, että komissiolla olisi oikeus tehdä päätöksensä saatavilla olevien tietojen perusteella, on lisäksi se, että sen saatavilla olevat tiedot ovat luotettavia. 149. Siitä, että jäsenvaltio ei toimi komission kanssa yhteistyössä, ei seuraa, etteivät yhteisöjen tuomioistuimet voisi millään tavoin valvoa komission menettelyä. Komission on käytettävä kaikkia toimivaltuuksiaan saadakseen mahdollisuuksien mukaan kyseiset tiedot ja toimiakseen huolellisesti. Koska nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevan kaltainen takaisinperintämääräys vaikuttaa ulkopuolisiin, komission on käytettävä kaikkia sille annettuja toimivaltuuksia välttääkseen sen, että siitä, ettei kyseinen jäsenvaltio toimi yhteistyössä, aiheutuisi kielteisiä ja anteeksiantamattomia seurauksia näille ulkopuolisille (ks. edellä 59 kohta). 150. Komissiolla ei ollut nyt esillä olevassa asiassa oikeutta oikeuskäytännön mukaisesti ja asetuksen N:o 659/1999 13 artiklan perusteella tehdä päätöstä saatavilla olleiden tietojen perusteella, koska asianosaiset olivat toimittaneet sille vastakkaisia tietoja, jotka se kieltäytyi ottamasta huomioon (ks. edellä 125–128 kohta). 151. Lisäksi on todettava, ettei komissio ole käyttänyt toimivaltaansa tehdä välipäätös pyytääkseen tuen arvoa koskevia tiettyjä merkityksellisiä tietoja nyt esillä olevassa asiassa. Etenkään se ei ole kehottanut Ranskan viranomaisia asetuksen N:o 659/1999 10 artiklan 3 kohdan perusteella tehdyllä tietojen antamista koskevalla välipäätöksellä antamaan täsmällisiä tietoja Orléansin kaupungin raakamaahankinnoista (ks. edellä 114–119 kohta). 152. Komissio on 2.5.1999 päivätyllä kirjeellä pyytänyt täsmällisesti Ranskan viranomaisia ”toimittamaan Orléansin kaupungin ja jäljellä olevalta 20 hehtaarilta [Scott osti vain 48 hehtaaria 68:sta] maa-alueita ostaneen kuuden yrityksen välillä tehdyt myyntisopimukset (jotka sisältävät erityisesti luovutushinnat)”. Komissio on todellisuudessa ottanut tämän viimeksi esitetyn maininnan tietojen antamista koskevan, 8.7.1999 tehdyn välipäätöksen 1 artiklan d kohtaan. Komissio ei sitä vastoin koskaan kehottanut Ranskan viranomaisia toimittamaan Orléansin kaupungin raakamaahankintoja koskevia myyntisopimuksia tai täsmentämään, mikä osa 68 hehtaarista oli luovutettu Scottille. Komissio ei myöskään pyytänyt ilmoittamaan 68 hehtaarin kokonaisuuden muodostavien, vuosina 1975, 1984 ja 1987 ostettujen kolmen palstan myyntihintaa, toisin sanoen komission oman vastineen mukaan ”olennaista tietoa”. 153. Komissio on nimittäin todennut istunnossa useaan otteeseen, että kolmannen palstan ostohinta vuonna 1987, riidanalaisen myynnin ajankohtana, olisi voinut antaa erittäin hyödyllisen osoituksen maa-alueen arvosta, ja se on korostanut, että Ranskan tasavalta ja kantaja olivat vastuussa siitä, ettei komissiolla ollut tästä enempää tietoja (ks. edellä 78 ja 83 kohta). Komissio olisi kuitenkin voinut kehottaa Ranskan tasavaltaa esittämään tästä täsmällisiä tietoja, eikä sillä ollut oikeutta käyttää perustana raakamaan kustannusta kehottamatta jäsenvaltiota ensin antamaan nämä tiedot. 154. Komissio on kehottanut Ranskan tasavaltaa antamaan sille kaikki ”hyödylliset asiakirjat, tiedot ja seikat, jotta [se] voisi – – tutkia Scottiin kohdistuvien toimenpiteiden yhteensoveltuvuuden [EY] 87 artiklan kanssa”. Näin yleisesti muotoiltu pyyntö ei ole asetuksen N:o 659/1999 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin tavoin riittävän täsmällinen. 155. Tästä seuraa, että komissiolla ei ollut toimivaltaa tehdä päätöstä asetuksen N:o 659/1999 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen, saatavilla olevien tietojen perusteella. – Päätelmät 156. Lopuksi on yleisesti syytä todeta, että komissio oli, tai sen olisi pitänyt olla, EY 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn päättyessä selvillä siitä, että riidanalaisen maa-alueen markkina-arvosta oli useita eri osoituksia. Ranskan viranomaiset olivat ilmoittaneet, että raakamaan keskiostohinta oli 15 FRF/m 2 . Se katsoi, että tuo määrä tuki virheellistä laskelmaa, jonka se oli tehnyt Orléansin kaupunginvaltuuston 27.5.1994 laaditun istuntopöytäkirjan perusteella ja jonka mukaan ostohinta oli 16 FRF/m 2 (ks. edellä 112 kohta). Tähän pöytäkirjaan nojautuen sen olisi pitänyt saada tulokseksi arvo 23 FRF/m 2 (ks. edellä 110–112 kohta). Komissiolle ilmoitettiin myös siitä, että Ranskan veroviranomaiset olivat arvioineet raakamaan arvoksi 5,5 FRF/m 2 (ks. edellä 125 kohta). Sivumennen on syytä todeta, että komissio on tässä asiassa kehottanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ottamaan huomioon sen, että Orléansin kaupungin alkuperäisestä tarjouksesta kantajalle ilmenee, että raakamaan arvo oli todellisuudessa 40 FRF/m 2 (ks. edellä 79 kohta). 157. Suunnittelu- ja kehitystöiden kohteena olleen maa-alueen osalta on kiistatonta, että Sempel myi sen Scottille 31 miljoonan FRF:n hintaan. Galtier-toimisto arvioi riidanalaisen maa-alueen hinnaksi 40,6 miljoonaa FRF vuonna 1996, ja apporttiomaisuuden arviointiin erikoistunut asiantuntija oli arvioinut sen arvon vieläkin alhaisemmaksi (ks. edellä 126 ja 127 kohta). KC oli tämän jälkeen myynyt alueen P & G:lle vuonna 1998 27,6 miljoonasta FRF:sta (ks. edellä 139 kohta). Kuten edellä on todettu, komissio ei kuitenkaan tutkinut näitä arviointeja ja tyytyi käyttämään perustana jäsenvaltion kustannuksia katsoen riidanalaisessa päätöksessä, että riidanalaisen maa-alueen arvo oli 70,588 miljoonaa FRF. 158. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että riidanalaisen maa-alueen arvosta oli merkittävää epävarmuutta ja ettei komissio toimittanut EY 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkintavaihetta huolellisesti eikä varsinkaan tutkinut riidanalaisen maa-alueen arvoa riittävän perinpohjaisesti. Lisäksi on todettava, että kun otetaan huomioon riidanalaisen myynnin ja riidanalaisen päätöksen tekemisen ja tarkemmin ottaen takaisinperittävästä määrästä maksettavien korkojen määräämisen välillä kulunut aika, komission virheistä aiheutui erityisen merkittäviä seurauksia tuensaajalle. 159. Näin ollen neljäs kanneperuste on hyväksyttävä ja kumottava riidanalaisen päätöksen 2 artikla siltä osin kuin se koskee riidanalaisen maa-alueen hintaetuna myönnettyä valtiontukea, eikä kantajan esittämiä muita kanneperusteita ja lausumia, mukaan lukien sen lausuman tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, joka koskee yhdistetyn korkokannan käyttämistä tuen nykyarvon laskennassa, ole tarpeen tutkia (ks. edellä 31 kohta). Oikeudenkäyntikulut 160. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä 28 kohdassa mainitussa asiassa Scott vastaan komissio 10.4.2003 antamassaan tuomiossa määrännyt, että oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin. 161. Yhteisöjen tuomioistuin on edellä 30 kohdassa mainitussa asiassa Scott vastaan komissio 6.10.2005 antamassaan tuomiossa määrännyt, että kukin asianosainen vastaa muutoksenhakumenettelyn aiheuttamista omista oikeudenkäyntikuluistaan. 162. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on siis tässä tuomiossa lausuttava kaikista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyistä oikeudenkäynneistä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. 163. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska vastaaja on olennaisilta osin hävinnyt asian, vastaajan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvattava kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti. 164. Ranskan tasavallan on työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan. Päätöksen päätösosa Näillä perusteilla YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Kumotaan valtiontuesta, jonka Ranska on myöntänyt Scott Paper SA:lle / Kimberly-Clarkille, 12.7.2000 tehdyn komission päätöksen 2002/14/EY 2 artikla siltä osin kuin se koskee sen 1 artiklassa tarkoitettua, riidanalaisen maa-alueen hintaetuna myönnettyä valtiontukea. 2) Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajalle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyistä oikeudenkäynneistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. 3) Ranskan tasavalta vastaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyistä oikeudenkäynneistä aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.

62008CJ0028

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By its appeal, the Commission of the European Communities seeks the annulment of the judgment of the Court of First Instance of the European Communities (now ‘the General Court’) of 8 November 2007 in Case T-194/04 Bavarian Lager v Commission [2007] ECR II‑4523; ‘the judgment under appeal’), in so far as that judgment annulled the Commission’s decision of 18 March 2004 (‘the contested decision’), rejecting the request by The Bavarian Lager Co. Ltd (‘Bavarian Lager’) for access to the full minutes of a meeting of 11 October 1996, held in the context of a procedure for failure to fulfil obligations (‘the meeting of 11 October 1996’). Legal context Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (OJ 1995 L 281, p. 31) requires Member States to ensure the protection of the fundamental rights and freedoms of natural persons, and in particular their privacy in relation to the handling of personal data, in order to ensure the free movement of personal data in the European Community. Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ 2001 L 8, p. 1), was adopted on the basis of Article 286 EC. Recitals 1, 2, 5, 7, 8, 12, 14 and 15 of Regulation No 45/2001, or certain parts thereof, read as follows: (1)      Article 286 [EC] requires the application to the Community institutions and bodies of the Community acts on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data. (2)      A fully-fledged system of protection of personal data not only requires the establishment of rights for data subjects and obligations for those who process personal data, but also appropriate sanctions for offenders and monitoring by an independent supervisory body. … (5)      A Regulation is necessary to provide the individual with legally enforceable rights … … (7)      The persons to be protected are those whose personal data are processed by Community institutions or bodies in any context whatsoever … (8)      The principles of data protection should apply to any information concerning an identified or identifiable person. … … (12)      Consistent and homogeneous application of the rules for the protection of individuals’ fundamental rights and freedoms with regard to the processing of personal data should be ensured throughout the Community. … (14)      To this end measures should be adopted which are binding on the Community institutions and bodies. These measures should apply to all processing of personal data by all Community institutions and bodies insofar as such processing is carried out in the exercise of activities all or part of which fall within the scope of Community law. (15)      Where such processing is carried out by Community institutions or bodies in the exercise of activities falling outside the scope of this Regulation, in particular those laid down in Titles V and VI of the [EU Treaty, in its version prior to the Treaty of Lisbon], the protection of individuals’ fundamental rights and freedoms shall be ensured with due regard to Article 6 of [that EU Treaty]. Access to documents, including conditions for access to documents containing personal data, is governed by the rules adopted on the basis of Article 255 … EC the scope of which includes Titles V and VI of [the said EU Treaty].’ Article 1 of Regulation No 45/2001 provides: ‘1.      In accordance with this Regulation, the institutions and bodies set up by, or on the basis of, the Treaties establishing the European Communities, hereinafter referred to as “Community institutions or bodies”, shall protect the fundamental rights and freedoms of natural persons, and in particular their right to privacy with respect to the processing of personal data and shall neither restrict nor prohibit the free flow of personal data between themselves or to recipients subject to the national law of the Member States implementing Directive 95/46 … 2.      The independent supervisory authority established by this Regulation, hereinafter referred to as the European Data Protection Supervisor, shall monitor the application of the provisions of this Regulation to all processing operations carried out by a Community institution or body.’ Article 2 of that regulation provides: ‘For the purposes of this Regulation: (a)      “personal data” shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person hereinafter referred to as “data subject”; an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his or her physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity; (b)      “processing of personal data” … any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction; …’ Article 3 of the said regulation provides: ‘1.      This Regulation shall apply to the processing of personal data by all Community institutions and bodies insofar as such processing is carried out in the exercise of activities all or part of which fall within the scope of Community law. 2.      This Regulation shall apply to the processing of personal data wholly or partly by automatic means, and to the processing otherwise than by automatic means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.’ According to Article 4 of the same regulation: ‘1.      Personal data must be: (a)      processed fairly and lawfully; (b)      collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a way incompatible with those purposes … ...’ Article 5 of Regulation No 45/2001 provides: ‘Personal data may be processed only if: (a)      processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest on the basis of the Treaties establishing the European Communities or other legal instruments adopted on the basis thereof or in the legitimate exercise of official authority vested in the Community institution or body or in a third party to whom the data are disclosed, or (b)      processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject, or ... (c)      the data subject has unambiguously given his or her consent ... …’ Article 8 of that regulation, headed ‘Transfer of personal data to recipients, other than Community institutions and bodies, subject to Directive 95/46 …’, provides: ‘Without prejudice to Articles 4, 5, 6 and 10, personal data shall only be transferred to recipients subject to the national law adopted for the implementation of Directive 95/46: (a)      if the recipient establishes that the data are necessary for the performance of a task carried out in the public interest or subject to the exercise of public authority, or (b)      if the recipient establishes the necessity of having the data transferred and if there is no reason to assume that the data subject’s legitimate interests might be prejudiced.’ Article 18 of the said regulation, headed ‘The data subject’s right to object’, states: ‘The data subject shall have the right: (a)      to object at any time, on compelling legitimate grounds relating to his or her particular situation, to the processing of data relating to him or her, except in the cases covered by Article 5(b), (c) and (d). Where there is a justified objection, the processing in question may no longer involve those data; (b)      to be informed before personal data are disclosed for the first time to third parties or before they are used on their behalf for the purposes of direct marketing, and to be expressly offered the right to object free of charge to such disclosure or use.’ Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (OJ 2001 L 145, p. 43), defines the principles, conditions and limits for the right of access to documents of those institutions laid down by Article 255 EC. That regulation has applied since 3 December 2001. According to recital 1 of Regulation No 1049/2001: ‘The second subparagraph of Article 1 of the [EU Treaty in its version prior to the Lisbon Treaty] enshrines the concept of openness, stating that the Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen.’ According to recital 2 of Regulation No 1049/2001: ‘Openness enables citizens to participate more closely in the decision-making process and guarantees that the administration enjoys greater legitimacy and is more effective and more accountable to the citizen in a democratic system. Openness contributes to strengthening the principles of democracy and respect for fundamental rights as laid down in Article 6 of the EU Treaty [in its version prior to the Treaty of Lisbon] and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union [“the Charter”].’ Recitals 4 and 11 of Regulation No 1049/2010 state: ‘(4)      The purpose of this Regulation is to give the fullest possible effect to the right of public access to documents and to lay down the general principles and limits on such access in accordance with Article 255(2) … EC. ... (11)      In principle, all documents of the institutions should be accessible to the public. However, certain public and private interests should be protected by way of exceptions. The institutions should be entitled to protect their internal consultations and deliberations where necessary to safeguard their ability to carry out their tasks. In assessing the exceptions, the institutions should take account of the principles in Community legislation concerning the protection of personal data, in all areas of Union activities.’ According to Article 2 of Regulation No 1049/2001, headed ‘Beneficiaries and scope’: ‘1.      Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State, has a right of access to documents of the institutions, subject to the principles, conditions and limits defined in this Regulation. 2.      The institutions may, subject to the same principles, conditions and limits, grant access to documents to any natural or legal person not residing or not having its registered office in a Member State. 3.      This Regulation shall apply to all documents held by an institution, that is to say, documents drawn up or received by it and in its possession, in all areas of activity of the European Union. 4.      Without prejudice to Articles 4 and 9, documents shall be made accessible to the public either following a written application or directly in electronic form or through a register. In particular, documents drawn up or received in the course of a legislative procedure shall be made directly accessible in accordance with Article 12. 5.      Sensitive documents as defined in Article 9(1) shall be subject to special treatment in accordance with that Article. …’ According to Article 4 of Regulation No 1049/2001, concerning exceptions to the right of access: The institutions shall refuse access to a document where disclosure would undermine the protection of: ... b)      privacy and the integrity of the individual, in particular in accordance with Community legislation regarding the protection of personal data. 2.      The institutions shall refuse access to a document where disclosure would undermine the protection of: ... –        the purpose of inspections, investigations and audits, unless there is an overriding public interest in disclosure. ...’ Article 6(1) of Regulation No 1049/2001 provides that ‘[t]he applicant is not obliged to state reasons for the application’. Factual background to the dispute The facts behind the present dispute are set out in paragraphs 15 to 28 and 34 to 37 of the judgment under appeal as follows: ‘15      [Bavarian Lager] was established on 28 May 1992 for the importation of German beer for public houses and bars in the United Kingdom, situated primarily in the North of England. 16      However, Bavarian Lager was not able to sell its product, since a large number of publicans in the United Kingdom were tied by exclusive purchasing contracts obliging them to obtain their supplies of beer from certain breweries. 17      Under the Supply of Beer (Tied Estate) Order 1989 SI 1989/2390, British breweries holding rights in more than 2 000 pubs are required to allow the managers of those establishments the possibility of buying a beer from another brewery, on condition, according to Article 7(2)(a) of the order, that it is conditioned in a cask and has an alcohol content exceeding 1.2% by volume. That provision is commonly known as the “Guest Beer Provision” (“the GBP”). 18      However, most beers produced outside the United Kingdom cannot be regarded as “cask-conditioned beers”, within the meaning of the GBP, and thus do not fall within its scope. 19      Considering that the GBP constituted a measure having equivalent effect to a quantitative restriction on imports, and was thus incompatible with Article 30 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 28 EC), [Bavarian Lager] lodged a complaint with the Commission by letter of 3 April 1993, registered under reference P/93/4490/UK. 20      Following its investigation, the Commission decided, on 12 April 1995, to institute proceedings against the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under Article 169 of the EC Treaty (now Article 226 EC). It notified the applicant on 28 September 1995 of that investigation and of the fact that it had sent a letter of formal notice to the United Kingdom on 15 September 1995. On 26 June 1996, the Commission decided to send a reasoned opinion to the United Kingdom and, on 5 August 1996, issued a press release announcing that decision. 21      On 11 October 1996, … [the meeting of 11 October 1996 was held] which was attended by officers of the Directorate-General (DG) for the Internal Market and Financial Services, officials of the United Kingdom Government Department of Trade and Industry and representatives of the Confederation des Brasseurs du Marche Commun (“CBMC”). [Bavarian Lager] had requested the right to attend the meeting [of 11 October 1996] in a letter dated 27 August 1996, but the Commission refused to grant permission to attend. 22      On 15 March 1997 the Department of Trade and Industry in the United Kingdom announced a proposal to amend the GBP under which a bottle-conditioned beer could be sold as a guest beer, as well as cask-conditioned beer. After the Commission had, on two occasions, namely 19 March 1997 and 26 June 1997, suspended its decision to issue a reasoned opinion to the United Kingdom, the head of Unit 2 “Application of Articles 30 to 36 of the EC Treaty (notification, complaints, infringements etc.) and removal of trade barriers” of Directorate B “Free movement of goods and public procurement” of DG “Internal Market and Financial Services”, in a letter of 21 April 1997, informed [Bavarian Lager] that, in view of the proposed amendment of the GBP, the Article 169 procedure had been suspended and the reasoned opinion had not been served on the United Kingdom Government. He indicated that the procedure would be discontinued entirely as soon as the amended GBP came into force. The new version of the GBP became applicable on 22 August 1997. Consequently, the reasoned opinion was never sent to the United Kingdom and the Commission finally decided on 10 December 1997 to take no further action in the infringement procedure. 23      By fax of 21 March 1997, [Bavarian Lager] asked the Director-General of DG “Internal Market and Financial Services” for a copy of the “reasoned opinion”, in accordance with the Code of Conduct [concerning public access to Council and Commission documents (OJ 1993 L 340, p. 41)]. That request, despite being repeated, was refused. 24      By [decision] of 18 September 1997 …, the Secretary-General of the Commission confirmed the refusal of the application sent to DG “Internal Market and Financial Services”. 25      [Bavarian Lager] brought an action, registered as Case T‑309/97, before the [General Court] against the decision of 18 September 1997. In its judgment of 14 October 1999 in Case T‑309/97 Bavarian Lager v Commission [1999] ECR II‑3217, the [General Court] dismissed the action, stating that the preservation of the aim in question, namely allowing a Member State to comply voluntarily with the requirements of the Treaty, or, where necessary, to give it the opportunity to justify its position, justified, for the protection of the public interest, the refusal of access to a preparatory document relating to the investigation stage of the procedure under Article 169 of the Treaty … 26      On 4 May 1998, [Bavarian Lager] addressed a request to the Commission under the Code of Conduct for access to all of the submissions made under file reference P/93/4490/UK by 11 named companies and organisations and by three defined categories of person or company. The Commission refused the initial application on the ground that the [said] Code of Conduct applies only to documents of which the Commission is the author. The confirmatory application was rejected on the grounds that the Commission was not the author of the document in question and that any application had to be sent to the author. 27      On 8 July 1998, [Bavarian Lager] complained to the European Ombudsman under reference 713/98/IJH, stating, by letter dated 2 February 1999, that it wished to obtain the names of the delegates of the CBMC who had attended the meeting on 11 October 1996 and the names of the companies and any persons who fell into one of the 14 categories identified in the original request for access to documents containing the communications to the Commission under file reference P/93/4490/UK. 28      Following an exchange of letters between the Ombudsman and the Commission, the latter indicated to the Ombudsman in October and November 1999 that, of the 45 letters that it had written to the persons concerned requesting approval to disclose their identities to [Bavarian Lager], 20 replies had been received, of which 14 were positive and 6 were negative. The Commission supplied the names and addresses of those that had responded positively. [Bavarian Lager] stated to the Ombudsman that the information provided by the Commission was still incomplete. … 34      By e-mail of 5 December 2003, [Bavarian Lager] sent a request to the Commission for access to the documents referred to in paragraph 26 above, based on Regulation No 1049/2001. 35      The Commission replied to that request by letter of 27 January 2004 stating that certain documents relating to the meeting [of 11 October 1996] could be disclosed, but drawing [Bavarian Lager’s] attention to the fact that five names had been blanked out from the minutes of the meeting of 11 October 1996, following two express refusals by persons to consent to the disclosure of their identity and the Commission’s failure to contact the remaining three attendees. 36      By e-mail of 9 February 2004, [Bavarian Lager] made a confirmatory application within the meaning of Article 7(2) of Regulation No 1049/2001, in which it requested the full minutes of the meeting of 11 October 1996, including all of the names. 37      By [the contested decision], the Commission rejected the confirmatory application of [Bavarian Lager]. It confirmed that Regulation No 45/2001 applied to the request for disclosure of the names of the other participants. As [Bavarian Lager] had not established an express and legitimate purpose or need for such a disclosure, the conditions set out by Article 8 of that regulation had not been met and the exception provided for in Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 applied. It added that, even if the rules on the protection of personal data did not apply, it would nevertheless have had to refuse to disclose the other names under Article 4(2), third indent, of Regulation No 1049/2001 so as not to compromise its ability to conduct inquiries.’ Procedure before the General Court and the judgment under appeal By the judgment under appeal, the General Court annulled the contested decision. Regarding access to the full minutes of the meeting of 11 October 1996, the General Court took the view, in paragraphs 90 to 95 of the judgment under appeal, that Bavarian Lager’s request was based on Regulation No 1049/2001. Whilst pointing out that, according to Article 6(1) of Regulation No 1049/2001, a person requesting access is not required to justify his request and therefore does not have to demonstrate any interest in having access to the documents requested, the Court examined the exception to communication laid down in Article 4(1)(b) of that regulation, where disclosure of such a document might undermine the protection of privacy and the integrity of the individual. In paragraphs 96 to 119 of the judgment under appeal, the General Court examined the relationship between Regulations Nos 45/2001 and 1049/2001. While stating that recital 15 of Regulation No 45/2001 indicates that access to documents, including those containing personal data, is governed by Article 255 EC, the Court emphasised that, according to recital 11 of Regulation No 1049/2001, in assessing the need for an exception, the institutions should take account of the principles in Community legislation concerning the protection of personal data in all areas of activity of the Union, thus including principles laid down in Regulation No 45/2001. Referring to the definitions of ‘personal data’ and ‘processing of personal data’ mentioned in Article 2(a) and (b) of Regulation No 45/2001, in paragraph 105 of the judgment under appeal, the General Court concluded that communication of data, by transmission, dissemination or otherwise making available, falls within the definition of ‘processing’, and thus Regulation No 45/2001 itself provides, independently of Regulation No 1049/2001, for the possibility of making certain personal data public. In paragraph 106 of the judgment under appeal, the General Court stated that the processing of personal data must be lawful under Article 5(a) or (b) of Regulation No 45/2001, according to which the processing must be necessary for the performance of a task carried out in the public interest or for compliance with a legal obligation to which the controller is subject. The Court then pointed out that the right of access to documents of the institutions recognised to citizens of the European Union and to any natural or legal person residing in or having its registered office in a Member State, laid down by Article 2 of Regulation No 1049/2001, constitutes a legal obligation for the purposes of Article 5(b) of Regulation No 45/2001. Therefore, if Regulation No 1049/2001 requires the communication of data, which constitutes ‘processing’ within the meaning of Article 2(b) of Regulation No 45/2001, Article 5 of that same regulation makes such communication lawful in that respect. Ruling on the question of the obligation to prove the need to transfer, laid down by Article 8(b) of Regulation No 45/2001, and of the data subject’s right to object pursuant to Article 18 of that regulation, the General Court held, in particular, in paragraphs 107 to 109 of the judgment under appeal, as follows: 107      As regards the obligation to prove the need to transfer, laid down by Article 8(b) of Regulation No 45/2001, it should be remembered that access to documents containing personal data falls within the application of Regulation No 1049/2001, and that, according to Article 6(1) of the latter, a person requesting access is not required to justify his request and therefore does not have to demonstrate any interest in having access to the documents requested … Therefore, where personal data are transferred in order to give effect to Article 2 of Regulation No 1049/2001, laying down the right of access to documents for all citizens of the Union, the situation falls within the application of that regulation and, therefore, the applicant does not need to prove the necessity of disclosure for the purposes of Article 8(b) of Regulation No 45/2001. If one were to require the applicant to demonstrate the necessity of having the data transferred, as an additional condition imposed in Regulation No 45/2001, that requirement would be contrary to the objective of Regulation No 1049/2001, namely the widest possible public access to documents held by the institutions. 108      Moreover, given that access to a document will be refused under Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 where disclosure would undermine protection of the privacy and the integrity of the individual, a transfer that does not fall under that exception cannot, in principle, prejudice the legitimate interests of the person concerned within the meaning of Article 8(b) of Regulation No 45/2001. 109      As regards the data subject’s right to object, Article 18 of Regulation No 45/2001 provides that that person has the right to object at any time, on compelling legitimate grounds relating to his or her particular situation, to the processing of data relating to him or her, except in cases covered by, in particular, Article 5(b) of that regulation. Therefore, given that the processing envisaged by Regulation No 1049/2001 constitutes a legal obligation for the purposes of Article 5(b) of Regulation No 45/2001, the data subject does not, in principle, have a right to object. However, since Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 lays down an exception to that legal obligation, it is necessary to take into account, on that basis, the impact of the disclosure of data concerning the data subject.’ Finally, the General Court held that the exception under Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 had to be interpreted restrictively and concerned only personal data that were capable of actually and specifically undermining the protection of privacy and the integrity of the individual. Examination as to whether a person’s private life might be undermined had to be carried out in the light of Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome on 4 November 1950 (‘the ECHR’) and the case-law based thereon. The Court concluded generally in paragraph 133, and specifically in paragraph 139 of the judgment under appeal, that the Commission had erred in law by holding that Bavarian Lager had not established either an express and legitimate purpose or any need to obtain the names of the five persons who participated in the meeting of 11 October 1996 and who, after that meeting, objected to communication of their identity to Bavarian Lager. As regards the exception concerning protection of the purpose of inspections, investigations and audits laid down in Article 4(2), third indent, of Regulation No 1049/2001, the General Court found in general that that provision could not be applied to the present case, and, in particular, it held that confidential treatment could not be granted to persons other than the complainant and that that protection was justified only if the procedure in question was still in progress. Procedure before the Court and forms of order sought By order of the President of the Court of Justice of 13 June 2008, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Council of the European Union were granted leave to intervene in support of the Commission. The Republic of Finland and the Kingdom of Sweden were granted leave to intervene in support of Bavarian Lager, and the Kingdom of Denmark was granted leave to intervene in support of Bavarian Lager and the European Data Protection Supervisor. The Commission claims that the Court should: –        set aside the judgment under appeal, in so far as it annuls the contested decision; –        give a final ruling on the questions which form the subject-matter of the present appeal; and –        order Bavarian Lager to pay the costs incurred by it at first instance and in the current appeal, or, should it be unsuccessful, order it to pay half the costs incurred by Bavarian Lager at first instance. The Council contends that the Court should: –        set aside the judgment under appeal, and –        order Bavarian Lager to pay the costs. The United Kingdom contends that the Court should: –        uphold the appeal by the Commission and grant the forms of order sought by the latter. Bavarian Lager contends that the Court should: –        dismiss the Commission’s appeal in its entirety, and –        order the Commission to pay the costs incurred by Bavarian Lager at first instance and in the present appeal, or, should the appeal be upheld, order each of the parties to bear its own costs. The Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the European Data Protection Supervisor contend that the Court should: –        dismiss the appeal in its entirety. The application for reopening of the oral procedure By letters of 11 and 13 November 2009, the Commission and the European Data Protection Supervisor applied for the reopening of the oral procedure. The Court may of its own motion, or on a proposal from the Advocate General, or at the request of the parties, order the reopening of the oral procedure in accordance with Article 61 of the Rules of Procedure if it considers that it lacks sufficient information, or that the case must be dealt with on the basis of an argument which has not been debated between the parties (Case C‑42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional and Bwin International [2009] ECR I-0000, paragraph 31 and case-law cited). In their applications, the Commission and the European Data Protection Supervisor restrict themselves to claiming that the Advocate General’s Opinion was based on arguments that were not debated either before the General Court or before the Court of Justice. The Court considers that it has all the material necessary for it to decide the dispute before it and that the case does not have to be examined in the light of an argument that has not been the subject of discussion before it. Therefore, there is no need to reopen the oral procedure. The appeal In support of its appeal, the Commission puts forward three grounds, namely: –        the General Court, by declaring that Article 8(b) of Regulation No 45/2001 was not applicable to this case, misinterpreted and misapplied Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001; –        by interpreting restrictively the condition in Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001, the General Court erred in law by excluding from its scope the Community legislation on protection of personal data contained in a document; and –        as regards the interpretation of Article 4(2), third indent, of Regulation No 1049/2001, the General Court wrongly limited the protection of confidentiality of investigations to complainants only, and, for that confidentiality to be maintained, required that the investigation be still current. Findings of the Court Since the first two pleas largely overlap, it will be convenient to examine them together. The Commission, supported by the United Kingdom and the Council, argues in essence that the General Court made errors of law in its findings concerning the application of the exemption in Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 and thereby rendered certain provisions of Regulation No 45/2001 ineffective. The Commission considers that the General Court ruled without reference to the second part of the sentence in Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001, which provides that institutions are to refuse access to a document where disclosure would undermine the protection of privacy and the integrity of the individual, ‘in particular in accordance with Community legislation regarding the protection of personal data’. The General Court interpreted the exception laid down in Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 only in the light of Article 8 of the ECHR and the case-law based thereon. That erroneous interpretation of the exception laid down by the said Article 4(1)(b) had the consequence of rendering ineffective several provisions of Regulation No 45/2001, and in particular Articles 8(b) and 18(a) of that regulation. It is precisely, the Commission argues, by giving precedence to Article 6(1) of Regulation No 1049/2001, which provides that, in the context of requests from the public for access to documents, the applicant is not obliged to state reasons for the application, that the General Court renders ineffective Article 8(b) of Regulation No 45/2001, which requires the recipient of a transfer of personal data to demonstrate the need for their disclosure. The obligation on a recipient of a transfer of personal data to demonstrate that a legitimate purpose is being pursued, contained in Article 8(b) of Regulation 45/2001 is, the Commission submits, one of the key provisions of the whole of the Union legislation concerning data protection. Thus, communication of personal data appearing in a document held by an institution constitutes not only public access to a document under Regulation No 1049/2001, but also a processing of personal data under Regulation No 45/2001, which the General Court did not take into account. The Commission adds that the General Court, in holding that any request for personal data must comply with the legal obligation arising from the right of public access, within the meaning of Article 5(b) of Regulation No 45/2001, renders devoid of purpose Article 18(a) of that regulation, which confers on the data subject the right to object at any time, on compelling legitimate grounds relating to his or her particular situation, to the processing of data relating to him or her. It should be noted that the General Court devotes a significant part of its reasoning, and in particular paragraphs 96 to 119 of the judgment under appeal, to the relationship between Regulations Nos 45/2001 and 1049/2001 and then applies, in paragraphs 121 to 139 of that judgment, the criteria which it inferred therefrom to this case. As the General Court rightly states in paragraph 98 of the judgment under appeal, when examining the relationship between Regulations Nos 1049/2001 and 45/2001 for the purpose of applying the exception under Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 to the case in point, it must be borne in mind that those regulations have different objectives. The first is designed to ensure the greatest possible transparency of the decision-making process of the public authorities and the information on which they base their decisions. It is thus designed to facilitate as far as possible the exercise of the right of access to documents, and to promote good administrative practices. The second is designed to ensure the protection of the freedoms and fundamental rights of individuals, particularly their private life, in the handling of personal data. As stated in recital 2 of Regulation No 45/2001, the Union legislature intended to establish a ‘fully-fledged system’ of protection of personal data, and considered it necessary, in the words of recital 12 thereof, to ensure throughout the Community ‘consistent and homogeneous application of the rules for the protection of individuals’ fundamental rights and freedoms with regard to the processing of personal data’. According to that same recital 12, the rights conferred on data subjects for their protection with regard to the processing of personal data constitute rules for the protection of fundamental rights and freedoms. In the mind of the Union legislature, the Union legislation on the processing of personal data serves to protect fundamental rights and freedoms. According to recitals 7 and 14 of Regulation No 45/2001, the measures in question are ‘binding measures’ which apply to ‘all processing of personal data by all Community institutions and bodies’ and ‘in any context whatsoever’. As indicated in recital 1 thereof, Regulation No 1049/2001 forms part of the intention expressed in the second paragraph of Article 1 EU to mark a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen. According to recital 2 of that regulation, openness enables citizens to participate more closely in the decision-making process and guarantees that the administration enjoys greater legitimacy and is more effective and more accountable to the citizen in a democratic system. Regulation No 1049/2001 lays down as a general rule that the public may have access to the documents of the institutions, but provides for exceptions by reason of certain public and private interests. In particular, recital 11 of that regulation states that, ‘[i]n assessing the exceptions, the institutions should take account of the principles in Community legislation concerning the protection of personal data, in all areas of Union activities’. Regulations Nos 45/2001 and 1049/2001 were adopted on dates very close to each other. They do not contain any provisions granting one regulation primacy over the other. In principle, their full application should be ensured. The only express link between those two regulations is established in Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001, which provides for an exception to access to a document where disclosure would undermine the protection of privacy and the integrity of the individual, in particular in accordance with Community legislation regarding the protection of personal data. In this case, in paragraphs 111 to 120 of the judgment under appeal, the General Court limits the application of the exception under Article 4(1)(b) of that regulation to situations in which privacy or the integrity of the individual would be infringed for the purposes of Article 8 of the ECHR and the case-law of the European Court of Human Rights, without taking into account the legislation of the Union concerning the protection of personal data, particularly Regulation No 45/2001. It should be observed that, in acting in that way, the General Court disregards the wording of Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001, which is an indivisible provision and requires that any undermining of privacy and the integrity of the individual must always be examined and assessed in conformity with the legislation of the Union concerning the protection of personal data, and in particular with Regulation No 45/2001. Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 establishes a specific and reinforced system of protection of a person whose personal data could, in certain cases, be communicated to the public. According to Article 1(1) of Regulation No 45/2001, the purpose of that regulation is to ‘protect the fundamental rights and freedoms of natural persons, and in particular their right to privacy with respect to the processing of personal data’. That provision does not allow cases of processing of personal data to be separated into two categories, namely a category in which that treatment is examined solely on the basis of Article 8 of the ECHR and the case-law of the European Court of Human Rights relating to that article and another category in which that processing is subject to the provisions of Regulation No 45/2001. It is clear from the first sentence of recital 15 of Regulation No 45/2001 that the Union legislature has pointed to the need to apply Article 6 EU and, by that means, Article 8 of the ECHR, ‘[w]here such processing is carried out by Community institutions or bodies in the exercise of activities falling outside the scope of this Regulation, in particular those laid down in Titles V and VI of the [EU Treaty in its version prior to the Treaty of Lisbon]’. By contrast, such a reference was not found necessary for processing carried out in the exercise of activities within the scope of that regulation, given that, in such cases, it is clearly Regulation No 45/2001 itself which applies. It follows that, where a request based on Regulation No 1049/2001 seeks to obtain access to documents including personal data, the provisions of Regulation No 45/2001 become applicable in their entirety, including Articles 8 and 18 thereof. By not taking account of the reference in Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 to the legislation of the Union concerning the protection of personal data and thus to Regulation No 45/2001, the General Court dismissed at the outset, in paragraph 107 of the judgment under appeal, the application of Article 8(b) of Regulation No 45/2001, and, in paragraph 109 of the judgment under appeal, the application of Article 18 of Regulation No 45/2001. And yet those articles constitute essential provisions of the system of protection established by Regulation No 45/2001. Consequently, the particular and restrictive interpretation which the General Court gave to Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 does not correspond to the equilibrium which the Union legislature intended to establish between the two regulations in question. In this case, it is apparent from the information on the file, and in particular from the contested decision, that, following the requests by Bavarian Lager of 4 May 1998, 5 December 2003 and 9 February 2004, the Commission sent the latter a document containing the minutes of the meeting of 11 October 1996, with five names removed. Of those five names, three persons could not be contacted by the Commission in order to give their consent, and two others expressly objected to the disclosure of their identity. In refusing full access to that document, the Commission based its reasoning on Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 and Article 8 of Regulation No 45/2001. It should be noted that, in paragraph 104 of the judgment under appeal, the General Court, in examining Article 2(a) of Regulation No 45/2001, that is to say the definition of the concept of ‘personal data’, correctly held that surnames and forenames may be regarded as personal data. It also correctly established, in paragraph 105 of that judgment, in examining Article 2(b) of that regulation, that is to say the definition of the concept of ‘processing of personal data’, that the communication of such data falls within the definition of ‘processing’, for the purposes of that regulation. The General Court was right to conclude, in paragraph 122 of the judgment under appeal, that the list of participants in the meeting of 11 October 1996 appearing in the minutes of that meeting thus contains personal data for the purposes of Article 2(a) of Regulation No 45/2001, since the persons who participated in that meeting can be identified. Therefore, the decisive question is whether the Commission could grant access to the document including the five names of the participants in the meeting of 11 October 1996, in compliance with Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 and Regulation No 45/2001. First of all, it should be noted that Bavarian Lager was able to have access to all the information concerning the meeting of 11 October 1996, including the opinions which those contributing expressed in their professional capacity. The Commission, at the time of the first request by Bavarian Lager dated 4 May 1998, sought the agreement of the participants at the meeting of 11 October 1996 to the disclosure of their names. As the Commission indicates in the decision of 18 March 2003, that procedure was in compliance with the requirements of Directive 95/46, in force at that time. Following a new request by Bavarian Lager to the Commission, dated 5 December 2003, seeking communication of the full minutes of the meeting of 11 October 1996, the Commission informed Bavarian Lager on 27 January 2004 that, having regard to the entry into force of Regulations Nos 45/2001 and 1049/2001, it was henceforward obliged to treat that request under the specific regime of those regulations, particularly Article 8(b) of Regulation No 45/2001. Whether under the former system of Directive 95/46 or under the system of Regulations Nos 45/2001 and 1049/2001, the Commission was right to verify whether the data subjects had given their consent to the disclosure of personal data concerning them. This Court finds that, by releasing the expurgated version of the minutes of the meeting of 11 October 1996 with the names of five participants removed therefrom, the Commission did not infringe the provisions of Regulation No 1049/2001 and sufficiently complied with its duty of openness. By requiring that, in respect of the five persons who had not given their express consent, Bavarian Lager establish the necessity for those personal data to be transferred, the Commission complied with the provisions of Article 8(b) of Regulation No 45/2001. As Bavarian Lager has not provided any express and legitimate justification or any convincing argument in order to demonstrate the necessity for those personal data to be transferred, the Commission has not been able to weigh up the various interests of the parties concerned. Nor was it able to verify whether there was any reason to assume that the data subjects’ legitimate interests might be prejudiced, as required by Article 8(b) of Regulation No 45/2001. It follows from the above that the Commission was right to reject the application for access to the full minutes of the meeting of 11 October 1996. Therefore, the General Court erred in law in concluding, in paragraphs 133 and 139 of the judgment under appeal, that in this case the Commission had wrongly applied Article 4(1)(b) of Regulation No 1049/2001 and held that Bavarian Lager had not established either an express and legitimate purpose in obtaining, or any need to obtain, the document at issue in its entirety. In the light of those considerations as a whole, it is appropriate, without there being any need to examine the other arguments and pleas of the parties, to set aside the judgment under appeal in so far as it annuls the contested decision. The consequences of the judgment under appeal being set aside In accordance with the first paragraph of Article 61 of the Statute of the Court of Justice, if the Court quashes the decision of the General Court, it may itself give final judgment in the matter, where the state of the proceedings so permits. That is the case here. As the Court has found in paragraphs 69 and 73 of this judgment, the contested decision did not infringe the provisions of Regulations Nos 45/2001 and 1049/2001. The action for annulment by Bavarian Lager against that decision must therefore be dismissed. Costs Pursuant to the first paragraph of Article 122 of the Rules of Procedure, where the appeal is well founded and the Court of Justice itself gives final judgment in the case, the Court is to make a decision as to costs. Under Article 69(2) of those rules, which applies to appeal proceedings by virtue of Article 118 thereof, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs, if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Under Article 69(4) of those rules, which applies to appeal proceedings by virtue of Article 118 thereof, Member States and institutions which intervene in the proceedings are to bear their own costs. The Court may order an intervener to bear its own costs. Since the Commission has applied for costs and Bavarian Lager has been unsuccessful in the appeal, Bavarian Lager must be ordered to pay the costs relating to the appeal. Since the Commission has also applied for an order that Bavarian Lager pay the costs of the procedure before the General Court and the action before that Court has been dismissed, Bavarian Lager must be ordered to pay the costs relating to the procedure at first instance. The Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom, the Council and the European Data Protection Supervisor must be ordered to bear their own costs. On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby: 1. Sets aside the judgment of the Court of First Instance of the European Communities of 8 November 2007 in Case T-194/04 Bavarian Lager v Commission , in so far as it annuls the Commission’s decision of 18 March 2004, rejecting an application for access to the full minutes of the meeting of 11 October 1996, including all the names, and in so far as it orders the European Commission to pay the costs of The Bavarian Lager Co. Ltd; 2. Dismisses the action of The Bavarian Lager Co. Ltd against the Commission’s decision of 18 March 2004, rejecting an application for access to the full minutes of the meeting of 11 October 1996, including all the names; 3. Orders The Bavarian Lager Co. Ltd to pay the costs incurred by the European Commission both in the context of the present appeal proceedings and before the Court of First Instance; 4. Orders the Kingdom of Denmark, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Council of the European Union and the European Data Protection Supervisor to bear their own costs. [Signatures] * Language of the case: English.

62003CJ0232

it

Inadempimento di uno Stato – Artt. 10 e 39 CE – Condizioni, applicabili ai lavoratori residenti in Finlandia ed occupati all’estero, per l’utilizzazione di veicoli immatricolati all’estero e messi a loro disposizione dal datore di lavoro Dispositivo Impedendo ai lavoratori frontalieri che risiedono in Finlandia ed occupano un impiego in un altro Stato membro di fruire dell’utilizzazione dei veicoli di servizio messi a loro disposizione dai datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro ed immatricolati in codesto Stato membro, unicamente per il motivo che i lavoratori frontalieri di cui trattasi risiedono sul territorio finlandese, dove sono introdotti i veicoli appartenenti ai loro datori di lavoro, e impedendo ai lavoratori frontalieri in questione di fruire, a fini professionali e privati, dell’utilizzazione dei veicoli della ditta messi a loro disposizione dai datori di lavoro stabiliti in un altro Stato membro ed immatricolati in codesto Stato membro, quando tali veicoli non sono né destinati ad essere sostanzialmente utilizzati in Finlandia in via permanente né, di fatto, utilizzati a tale stregua, unicamente per il motivo che gli stessi lavoratori risiedono sul territorio finlandese, dove sono introdotti i veicoli appartenenti ai loro datori di lavoro, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell’art. 39 CE. Il ricorso è respinto per il resto. Ciascuna parte sopporta le proprie spese. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

61998CJ0059

nl

Overwegingen van het arrest 1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 27 februari 1998, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen het Hof krachtens artikel 169 EG-Verdrag verzocht vast te stellen dat het Groothertogdom Luxemburg, door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van richtlijn 88/301/EEG en richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satellietcommunicatie (PB L 268, blz. 15; hierna: "richtlijn"), de krachtens die richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. 2 Bij de richtlijn is inzonderheid richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatiediensten (PB L 192, blz. 10), gewijzigd. Deze richtlijn wil de bijzondere of uitsluitende rechten op het gebied van telecommunicatiediensten afschaffen en ervoor zorgen dat elke exploitant gerechtigd is dergelijke diensten aan te bieden. 3 De richtlijn beoogt het wettelijk kader in te voeren dat nodig is voor de opheffing van de beperkingen en voor de bevordering van nieuwe activiteiten op het gebied van satelliettelecommunicatie. Dienaangaande moeten de lidstaten met name ingevolge het bepaalde in artikel 2, tweede alinea, van richtlijn 90/388, zoals gewijzigd bij artikel 2, punt 2, sub b, van de richtlijn, mededeling doen van "de criteria op grond waarvan vergunningen worden verleend, alsook van de aan deze vergunningen en aan de procedures voor het afgeven van verklaringen voor de exploitatie van terrestrische zendstations verbonden voorwaarden". 4 Artikel 4 van de richtlijn bepaalt, dat de lidstaten de Commissie binnen negen maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn informatie verstrekken aan de hand waarvan zij kan vaststellen, dat de bepalingen ervan zijn geëerbiedigd. Aangezien de richtlijn op 8 november 1994 in werking is getreden, is de aan de lidstaten gestelde termijn voor kennisgeving van de omzettingsmaatregelen dus op 7 augustus 1995 verstreken. 5 Bij het verstrijken van die termijn had het Groothertogdom Luxemburg de Commissie geen enkele bepaling tot omzetting van de richtlijn meegedeeld. Daarop maande de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 169 van het Verdrag de Luxemburgse regering bij brief van 27 oktober 1995 aan om binnen een termijn van twee maanden haar opmerkingen kenbaar te maken. 6 Bij brief van 20 december 1995 deelde de Luxemburgse regering de Commissie mee, dat zij op 1 december 1995 een nieuw ontwerp van wet inzake de telecommunicatie had goedgekeurd. 7 Bij brief van 27 mei 1997 stelde de Luxemburgse regering de Commissie ervan in kennis, dat richtlijn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor een gecoördineerde invoering van openbare pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden (PB L 196, blz. 85), en richtlijn 90/388, zoals gewijzigd bij artikel 2 van de richtlijn, in nationaal recht waren omgezet bij groothertogelijk besluit van 25 april 1997 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden voor het bestek voor het opzetten en exploiteren van netwerken van GSM- en GSM/DCS 1800-diensten (hierna: "groothertogelijk GSM-besluit"). 8 Omdat zij had vastgesteld, dat het groothertogelijk GSM-besluit geen betrekking had op satellietcommunicatie, doch uitsluitend op mobiele communicatie te land, was de Commissie van mening, dat niet alle bepalingen waren vastgesteld die nodig waren voor de omzetting van de richtlijn. Derhalve zond zij het Groothertogdom Luxemburg op 7 juli 1997 een met redenen omkleed advies toe, waarin zij stelde dat het Groothertogdom, door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om aan de richtlijn te voldoen, de krachtens die richtlijn op hem rustende verplichtingen niet was nagekomen, en verzocht zij het Groothertogdom, binnen een termijn van twee maanden na kennisgeving van dat advies de maatregelen vast te stellen om aan dat advies te voldoen. 9 Bij brief van 14 juli 1997 stelde de Luxemburgse regering de Commissie opnieuw ervan in kennis, dat de richtlijn was omgezet bij het groothertogelijk GSM-besluit, alsmede bij de op 1 april 1997 in werking getreden wet van 21 maart 1997 inzake de telecommunicatie (hierna: "wet van 21 maart 1997"). 10 Op 28 en 30 juli 1997 bereikten de Commissie langs niet-officiële weg groothertogelijk besluit van 23 april 1997 betreffende de eindapparatuur voor telecommunicatie, de apparatuur van satellietgrondstations en de onderlinge erkenning van de conformiteit van de apparatuur, het ontwerp van groothertogelijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het bestek voor het opzetten en exploiteren van vaste netwerken van telecommunicatie en telefoondiensten, bedoeld in artikel 7, lid 2, sub a, van de wet van 21 maart 1997, en het ontwerp van groothertogelijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het bestek voor het opzetten en exploiteren van vaste netwerken van telecommunicatie, bedoeld in artikel 7, lid 2, sub b, van die wet. 11 Bij brief van 8 september 1997 werd de Commissie officieel van beide voornoemde ontwerpen van groothertogelijk besluit kennis gegeven als omzetting van andere richtlijnen. Deze ontwerpen werden op 22 december 1997 goedgekeurd en op 29 december 1997 gepubliceerd in het Mémorial: Journal officiel du grand-duché de Luxembourg. 12 Van mening dat de werkingssfeer van die besluiten satellietdiensten zou kunnen omvatten, nu deze niet duidelijk hiervan waren uitgesloten, verzocht de Commissie bij brief van 22 december 1997 de Luxemburgse regering om opheldering ter zake, doch een antwoord bleef uit. Hoe dan ook heeft de Luxemburgse regering van die besluiten geen kennis gegeven in het kader van de omzetting van de richtlijn. 13 Daar haars inziens niet alle maatregelen waren getroffen die nodig waren om de omzetting van de richtlijn te verzekeren en de Luxemburgse regering niet had voldaan aan het met redenen omkleed advies, heeft de Commissie het onderhavige beroep ingesteld. 14 De Commissie betoogt, dat de tenuitvoerlegging van de richtlijn door het Groothertogdom Luxemburg de exploitanten van satellietdiensten in staat moest stellen op die markt te opereren en inzonderheid vanaf Luxemburgs grondgebied de satelliet van hun keuze aan te stralen dankzij de opheffing van de beperkingen op het aanbieden van dergelijke diensten en de invoering van een wettelijk kader waarin de criteria en procedures worden gepreciseerd voor het verlenen van de vergunningen die vereist zijn om op dit grondgebied te opereren, met inbegrip van de procedures ter verkrijging van frequenties en voor de coördinatie van de zendlocaties met het oog op het vermijden van schadelijke interferentie, een en ander overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, punt 2, sub b, van de richtlijn. 15 De besluiten tot toepassing van de wet van 21 maart 1997, bedoeld in artikel 10, lid 2, betreffende de criteria en procedures voor het verlenen van de vergunningen op verzoek van de aanvrager, artikel 14, lid 4, betreffende het bedrag van de leges voor de diensten waarvoor een verklaring is vereist, artikel 30, lid 4, inzake de vergoedingen voor de exclusieve toewijzing van frequenties, en artikel 65 inzake het bedrag van de heffingen dat overeenkomt met de kosten van het jaarlijkse beheer van de individuele vergunningen, zijn nog steeds niet vastgesteld. 16 Voorts is het de Commissie niet bekend, of de formulieren voor de vergunningaanvraag, bedoeld in artikel 10, lid 2, van het ontwerp-besluit inzake de criteria en procedures voor het verlenen van de vergunningen, zijn gepubliceerd, noch of de met communicatiezaken belaste minister overeenkomstig artikel 14, lid 3, van de wet van 21 maart 1997 de nadere voorschriften heeft vastgesteld voor de afgifte van een verklaring voor de diensten waarvoor een verklaring is vereist, noch of een besluit is vastgesteld tot precisering van de modaliteiten van de in artikel 30, lid 1, van die wet genoemde procedure voor toewijzing en toedeling van frequenties. 17 De Luxemburgse regering betwist de haar door de Commissie verweten niet-nakoming. Zij stelt inzonderheid, dat de richtlijn, wat de afschaffing van de uitsluitende of bijzondere rechten op het gebied van satelliettelecommunicatie betreft, is omgezet bij de wet van 21 maart 1997. Die wet is van toepassing op satellietcommunicatie, aangezien zij betrekking heeft op telecommunicatie in het algemeen. Voor het aanbieden van satellietdiensten is weliswaar een vergunning vereist, doch die wordt vrijwel automatisch verleend, omdat een eenvoudige mededeling volstaat. Dat voor het gebruik van de frequenties een algemene vergunning wordt vereist, is noodzakelijk wegens de bijzondere kenmerken van bepaalde geografische locaties, teneinde de goede werking van satellietdiensten in het algemeen te verzekeren. In casu gaat het evenwel louter om een formaliteit. 18 In repliek verduidelijkt de Commissie, dat zij het Groothertogdom Luxemburg niet verwijt, dat het niet alle maatregelen heeft afgeschaft waarbij in voorkomend geval bijzondere of uitsluitende rechten op het gebied van satellietcommunicatie zouden worden verleend, doch wel dat het niet de in de punten 15 en 16 van dit arrest genoemde regelingen heeft vastgesteld. 19 Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat de richtlijn ter bereiking van het nagestreefde doel de lidstaten verplicht, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat elke exploitant gerechtigd is diensten op het gebied van satellietcommunicatie aan te bieden. Zo moeten de lidstaten ingevolge artikel 2, punt 2, sub b, van de richtlijn mededeling doen van de criteria op grond waarvan vergunningen worden verleend, alsook van de voorwaarden welke aan deze vergunningen en aan de procedures voor het afgeven van verklaringen voor de exploitatie van terrestrische zendstations zijn verbonden. 20 Volgens de Luxemburgse wettelijke regeling is een vergunning vereist voor het opzetten en exploiteren van satellietcommunicatie. Ingevolge artikel 14, lid 3, van de wet van 21 maart 1997 dient evenwel de bevoegde minister de nadere voorschriften vast te stellen voor de door de exploitant van een telecommunicatiedienst te verrichten aanmelding. Ook moet het bedrag van de door de exploitant van satellietcommunicatie verschuldigde leges op grond van artikel 14, lid 4, van die wet worden vastgesteld bij groothertogelijk besluit. 21 Voorts bevatten de artikelen 29 en volgende van de wet van 21 maart 1997 de raamvoorschriften en algemene beginselen die van toepassing zijn op de procedure voor de toewijzing en het gebruik van de frequenties. De precieze modaliteiten van de procedure voor toewijzing van de frequenties en het bedrag van de desbetreffende kosten die door de exploitant verschuldigd zijn, moeten door de minister worden vastgesteld. 22 Aangezien de wet van 21 maart 1997 en de op de grondslag van die wet vastgestelde groothertogelijke besluiten betrekking hebben op de exploitatie van telecommunicatienetwerken in het algemeen, moet ten slotte worden geconcludeerd, zoals de Commissie terecht heeft gedaan, dat voor het opzetten en exploiteren van een netwerk van satellieten eveneens een vergunning is vereist, hetgeen overigens door de Luxemburgse regering niet wordt betwist. Volgens de artikelen 10, lid 2, en 65 van de wet van 21 maart 1997 moeten de criteria voor de verlening van een dergelijke vergunning en het bedrag van de op elke exploitant toe te passen heffingen eveneens bij groothertogelijke besluiten worden vastgesteld. 23 Hieruit volgt, dat, zoals de advocaat-generaal in punt 29 van zijn conclusie heeft opgemerkt, bij de wet van 21 maart 1997 weliswaar het wettelijk kader en de algemene voorwaarden voor het opzetten en exploiteren van satellietcommunicatie zijn vastgesteld vanaf het tijdstip van de aanmelding tot aan de toewijzing van de frequenties en de afgifte van de vergunningen, doch in casu geen bepalingen zijn vastgesteld die de uitvoering van elk van die procedures regelen. Inzonderheid worden in de wet van 21 maart 1997 niet de modaliteiten bepaald volgens welke de exploitant de vergunningen kan verkrijgen, noch wordt het bedrag vastgesteld van de leges en vergoedingen die door hem moeten worden betaald. 24 Mitsdien moet worden vastgesteld, dat het Groothertogdom Luxemburg, door niet binnen de gestelde termijn alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan de richtlijn, de krachtens die richtlijn op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. Beslissing inzake de kosten Kosten 25 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover zulks is gevorderd. Aangezien het Groothertogdom Luxemburg in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van de Commissie in de kosten worden verwezen. Dictum HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer) rechtdoende, verstaat: 1) Door niet binnen de gestelde termijn alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van richtlijn 88/301/EEG en richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satellietcommunicatie, is het Groothertogdom Luxemburg de krachtens die richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen. 2) Het Groothertogdom Luxemburg wordt verwezen in de kosten.

62010CJ0225

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL 1997, L 28, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2006 (EUVL 392, s. 1; jäljempänä asetus N:o 1408/71), 77 ja 78 artiklan tulkintaa. Pyyntö on esitetty neljässä asiassa, joissa vastakkain ovat yhtäältä Juan Pérez García, José Arias Neira, Fernando Barrera Castro ja José Bernal Fernándezin oikeudenomistajana Dolores Verdún Espinosa sekä toisaalta Familienkasse Nürnberg (Nürnbergin perheavustuskassa) ja joka koskee viimeksi mainitun kieltäytymistä myöntämästä ensin mainituille lapsilisiä heidän täysi-ikäisten vammaisten lastensa hyväksi. Asiaa koskevat oikeussäännöt Unionin säännöstö Asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan u alakohdan mukaan kyseisessä asetuksessa ”i)      ’perhe-etuuksilla’ tarkoitetaan kaikkia luontois- tai rahaetuuksia, jotka on tarkoitettu korvaamaan perhekustannuksia 4 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti, lukuun ottamatta liitteessä II mainittuja erityisiä syntymä- tai adoptioavustuksia; ii)      ’perheavustuksilla’ tarkoitetaan yksinomaan perheenjäsenten lukumäärän ja tapauksen mukaan iän perusteella määräajoin suoritettavia rahaetuuksia”. Mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaan asetusta sovelletaan kaikkeen perhe-etuuksia koskevilla sosiaaliturvan aloilla annettuun lainsäädäntöön. Asetuksen N:o 1408/71 10 a artiklan 1 kohdassa säädetään, että sen III osaston säännöksiä ei sovelleta erityisiin maksuihin perustumattomiin rahaetuuksiin ja että henkilöille, joihin asetusta sovelletaan, myönnetään näitä etuuksia yksinomaan sen jäsenvaltion alueella, jossa he asuvat, ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, edellyttäen että nämä etuudet on lueteltu liitteessä II a. Asetuksen N:o 1408/71 liitteen II a, jonka otsikko on ”Erityiset maksuihin perustumattomat rahaetuudet”, jaksossa ”H. Espanja”, mainitaan seuraavaa: ”a)      Taattu vähimmäistoimeentulo [vammaisten sopeuttamisesta yhteiskuntaan 7.4.1982 annettu laki 13/1982 (Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos; BOE nro 103, 30.4.1982, s. 11106)]. – – c)      [Yleisestä sosiaaliturvasta annetun lain konsolidoidun version hyväksymisestä 20.6.1994 annetun kuninkaan asetuksen 1/1994 (Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social; BOE nro 154, 29.6.1994, s. 20658)] 38 [§:n] 1 [momentissa] tarkoitetut maksuihin perustumattomat työkyvyttömyyseläkkeet ja vanhuuseläkkeet. – –” Kuten asetuksen N:o 1408/71 III osaston otsikosta käy ilmi, siinä on kyse eri etuusryhmiä koskevista erityissäännöksistä. Asetuksen N:o 1408/71 III osastoon sisältyvään 7 lukuun, jonka otsikko on ”Perhe-etuudet”, kuuluvassa 76 artiklassa, jonka otsikko on ”Ensisijaisuussäännöt tilanteessa, jossa toimivaltaisen valtion lainsäädännön mukainen ja perheenjäsenten asuinvaltion lainsäädännön mukainen oikeus perhe-eläkkeeseen on päällekkäinen”, säädetään seuraavaa: ”1.       Jos samana aikana samaa perheenjäsentä varten ja ammatin harjoittamisen perusteella voidaan perhe-etuuksia suorittaa sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella perheenjäsenet asuvat, oikeus perhe-etuuksiin, jotka olisi tarvittaessa 73 tai 74 artiklan mukaan maksettava toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, keskeytetään määrään, josta säädetään ensiksi mainitun jäsenvaltion lainsäädännössä. 2.      Jos etuuksia ei haeta jäsenvaltiossa, jonka alueella perheenjäsenet asuvat, toisen jäsenvaltion toimivaltainen laitos voi soveltaa 1 kohdan säännöksiä, niin kuin etuudet olisi myönnetty ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa.” Saman III osaston 8 lukuun, jonka otsikko on ”Etuudet eläkeläisten huollettaville lapsille ja orvoille”, kuuluvassa 77 artiklassa säädetään seuraavaa: ”1.      Ilmaisulla ’etuudet’ tarkoitetaan tässä artiklassa perheavustuksia henkilöille, jotka saavat vanhuus-, työkyvyttömyys- tai tapaturma- tai ammattitautieläkettä ja tällaisiin eläkkeisiin maksettavia korotuksia tai lisiä tällaisten eläkeläisten lasten suhteen, poikkeuksena lisät, jotka myönnetään työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmistä. 2.      Etuudet myönnetään seuraavien sääntöjen mukaisesti riippumatta jäsenvaltiosta, jonka alueella eläkeläinen tai lapset asuvat: a)      eläkeläiselle, joka saa eläkettä vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, joka on vastuussa eläkkeestä; b)      eläkeläiselle, joka saa eläkettä useamman kuin yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan: i)      sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella hän asuu, edellyttäen, että tarvittaessa huomioon ottaen 79 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännökset oikeus yhteen 1 kohdassa tarkoitetuista etuuksista on saavutettu tämän valtion lainsäädännön mukaan – –” Samoin asetuksen N:o 1408/71 8 lukuun kuuluvassa 78 artiklassa, jonka otsikko on ”Orvot”, säädetään seuraavaa: ”1.      Ilmaisulla ’etuudet’ tarkoitetaan tässä artiklassa perheavustuksia ja tietyissä tapauksissa orpojen lisä- tai erityisavustuksia. 2.      Orvon etuudet myönnetään seuraavien sääntöjen mukaisesti riippumatta jäsenvaltiosta, jonka alueella orpo tai hänestä tosiasiallisesti huolehtiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö asuu; a)      sellaisen palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan, joka on vain yhden jäsenvaltion lainsäädännön alainen, orvolle tämän valtion lainsäädännön mukaisesti; b)      sellaisen kuolleen palkatun työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan orvolle, joka on usean jäsenvaltion lainsäädännön alainen: i)      sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella orpo asuu, edellyttäen, että ottaen tarvittaessa huomioon 79 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännökset oikeus yhteen 1 kohdassa tarkoitetuista etuuksista on saavutettu tämän valtion lainsäädännön mukaan – –” Asetuksen N:o 1408/71 5 artiklan mukaan ”jäsenvaltioiden on täsmennettävä – – 77 ja 78 artiklassa tarkoitetut etuudet julistuksilla, jotka annetaan tiedoksi ja julkaistaan – –”. Kyseisen 5 artiklan mukaisessa julistuksessaan (EUVL 2003, C 210, s. 1) Saksan liittotasavalta ilmoitti, että eläkeläisten lapsille lapsilisästä 31.1.1994 annetun lain (Bundeskindergeldgesetz, jäljempänä BKGG) nojalla maksetut lapsilisät ovat asetuksen N:o 1408/71 77 ja 78 artiklassa tarkoitettuja perhe-etuuksia. Espanjan kuningaskunta ilmoitti samalla perusteella antamassaan julistuksessa (EUVL 2005, C 79, s. 9), että kuninkaan asetuksen 1/1994 mukaiset perhe-etuudet ja orpojen etuudet kuuluvat näiden säännösten soveltamisalaan. Kansallinen säännöstö Saksan säännöstö BKGG:n 28.1.2009 julkaistussa versiossa (BGBl. 2009 I, s. 142) säädetään eläkeläisten oikeudesta lapsilisään huollettavasta lapsesta siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta, tai tietyin edellytyksin siihen saakka, kunnes hän täyttää 25 vuotta (jäljempänä Saksan lapsilisä). BKGG:ssä säädetään, että vammaisista lapsista, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään, lapsilisä maksetaan ilman ikärajoituksia, jos vamma on todettu ennen 25 vuoden ikää. Maksettava määrä riippuu huollettavien lasten lukumäärästä. Espanjan säännöstö Ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdyn päätöksen mukaan 18 vuotta täyttäneet vammaiset lapset voivat hakea maksuihin perustumatonta työkyvyttömyyseläkettä laissa 13/1982 tarkoitettuna erityisenä tukena (jäljempänä Espanjan maksuihin perustumaton vammaisetuus). Lisäksi kuninkaan asetuksessa 1/1994 säädetään avustuksen maksamisesta Espanjassa asuvalle eläkeläiselle jokaisesta saman valtion alueella asuvasta alle 18-vuotiaasta lapsesta, elleivät perheen tulot ylitä tiettyä enimmäismäärää ja ellei kummallakaan vanhemmista ole oikeutta toisen julkisen sosiaaliturvajärjestelmän perusteella saataviin samanlaisiin etuuksiin (jäljempänä Espanjan lapsilisä). Espanjan lapsilisää maksetaan koko elämän ajan jokaisesta vammaisesta lapsesta, jonka invaliditeetti on vähintään 65 prosenttia, riippumatta iästä ja tuloista. Vähintään 33 prosentin, 65 prosentin ja 75 prosentin invaliditeetista seuraa etuuden perusmäärän korottaminen vastaavasti. Tätä etuutta ei kuitenkaan myönnetä vammaiselle lapselle, jos hän saa toiseen julkiseen sosiaaliturvajärjestelmään perustuvaa vastaavaa etuutta, lain 13/1982 nojalla myönnettyä ”erityistä tukea” tai ”maksuihin perustumatonta työkyvyttömyyseläkettä”, ja asianomaisen henkilön on valittava tässä yhteydessä jokin näistä keskenään yhteensopimattomiksi todetuista etuuksista. Pääasiat ja ennakkoratkaisukysymykset Ennakkoratkaisupyyntöpäätöksestä ilmenee, että Pérez García, Arias Neira, Barrera Castro ja Bernal Fernández, joka kuoli pääasian vireilläoloaikana, ovat Espanjassa asuvia Espanjan kansalaisia, jotka ovat työskennelleet Saksassa siirtotyöläisinä. Tämän työskentelyn perusteella jokainen heistä saa tai sai vanhuus- ja/tai työkyvyttömyyseläkettä sekä Saksassa että Espanjassa, ja Saksa myöntää heille myös oikeuden ”valtionsisäiseen” eläkkeeseen yksinomaan Saksan lainsäädännön säännösten perusteella. Lisäksi he kaikki ovat tai olivat 18 vuotta täyttäneen vammaisen lapsen isiä. Jokaiselle on ennakkoratkaisupyyntöpäätöksen mukaan myönnetty Espanjassa heidän lastensa vamman perusteella lain 13/1982 mukainen Espanjan maksuihin perustumaton vammaisetuus mutta ei kuninkaan asetuksen 1/1994 mukaista Espanjan lapsilisää. Familienkasse Nürnberg tapauksen mukaan hylkäsi tai peruutti marraskuun 2007 ja kesäkuun 2008 välillä tekemillään päätöksillä Saksan lapsilisän maksamisen Pérez Garcíalle, Arias Neiralle, Barrera Castrolla ja Bernal Fernándezille olennaisilta osin siitä syystä, että heillä on Espanjassa oikeus heille Saksassa maksettua perhe-etuutta määrältään suurempiin etuuksiin ja että he voivat siten milloin tahansa hakea niitä. Familienkasse Nürnbergin mukaan tässä yhteydessä ratkaisevaa oli, että Espanjan perhe-etuudet on maksettava, vaikka vammaisesta lapsesta ei tässä tilanteessa voitaisi saada Espanjan maksuihin perustumatonta vammaisetuutta. Koska Pérez Garcían, Arias Neiran, Barrera Castron ja Bernal Fernándezin päätöksistä tekemät oikaisuvaatimukset hylättiin, kukin heistä nosti Sozialgericht Nürnbergissä kanteen, jolla he vaativat Saksan lapsilisän maksamista. Bernal Fernándezin kuoltua 20.4.2009 hänen leskensä Verdún Espinosa jatkoi kanteen ajamista hänen oikeudenomistajanaan. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo ennakkoratkaisupyynnössään, että kaikissa sen käsiteltävinä olevissa asioissa oikeus Espanjan lapsilisään on asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja 78 artiklan 2 alakohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”saavutettu”, sillä sen lakisääteiset myöntämisedellytykset täyttyvät. Koska näin ollen oikeus Espanjan lapsilisään on suljettu pois vain siitä syystä, että vammaisen lapsen vanhemmat ovat käyttäneet Espanjan lainsäädännön tarjoamaa vaihtoehtoa, kyseinen tuomioistuin on taipuvainen ajattelemaan, että Espanjan maksuihin perustumattoman vammaisetuuden saaminen estää asianomaisia henkilöitä vaatimasta Saksan lapsilisää jäsenvaltiolta, joka siitä syystä, ettei se ole asuinjäsenvaltio, toimii asiassa vain toissijaisesti edellä mainittujen säännösten perusteella. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan tästä ei seuraa siirtotyöläisten liikkumisvapauden loukkausta. Sen mukaan on totta, että kun eläkettä Espanjassa tai Saksassa saava henkilö muuttaa asuinpaikkansa Saksasta Espanjaan, hän menettää ensisijaisen oikeuden Saksan lapsilisään, jonka saaminen mahdollistettiin asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa hänen entisen asuinjäsenvaltionsa lainsäädännön perusteella, mutta hän saa saman säännöksen perusteella ensisijaisen oikeuden määrältään suurempaan lapsilisään uudessa asuinjäsenvaltiossaan. Tilanne on sama myös mainitun asetuksen 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan osalta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että oikeus Saksan lapsilisään voidaan sen sijaan myöntää kyseisten etuuksien määrien erotusta vastaavaan määrään saakka, jos Espanjan maksuihin perustumatonta vammaisetuutta saavaa vammaista lasta ei pidetä tai ei enää pidetä Espanjassa huollettavana lapsena. Tilanne olisi tällainen esimerkiksi silloin, jos vammainen lapsi lakkaisi pysyvästi asumasta vanhempiensa kanssa ja muuttaisi omaan asuntoon tai hoitokotiin. Tällaisessa tilanteessa ei olisi minkäänlaista valinnanmahdollisuutta Espanjan lapsilisän ja Espanjan maksuihin perustumattoman vammaisetuuden välillä. Tässä tilanteessa Sozialgericht Nürnberg on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1)       Onko asetuksen – – N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa tulkittava siten, että entisen työskentelyvaltion ei tarvitse myöntää perheavustuksia vanhuus-, työkyvyttömyys-, tapaturma- tai ammattitautieläkettä saaville henkilöille, jotka saavat eläkettä useamman kuin yhden jäsenvaltion lainsäädännön mukaan (ns. kahteen tai useampaan eläkejärjestelmään kuuluva eläkeläinen) ja joiden oikeus eläkkeeseen perustuu entisen työskentelyvaltion lainsäädäntöön (’valtionsisäinen’ eläkeoikeus), jos asuinvaltiossa on säädetty vastaavanlaisesta suuremmasta etuudesta, joka on kuitenkin yhteensopimaton asianomaisen henkilön valinnanmahdollisuutensa perusteella valitseman toisen etuuden kanssa? 2)      Onko asetuksen – – 1408/71 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa tulkittava siten, että entisen työskentelyvaltion ei tarvitse myöntää perheavustuksia kuolleen työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan, joka on ollut usean eri jäsenvaltion lainsäädännön alainen, orvoille, joiden tapauksessa fiktiivinen oikeus orvoneläkkeeseen perustuu entisen työskentelyvaltion lainsäädäntöön (mahdollinen ’valtionsisäinen’ eläkeoikeus), jos asuinvaltiossa on säädetty vastaavanlaisesta suuremmasta etuudesta, joka on kuitenkin yhteensopimaton asianomaisen henkilön valinnanmahdollisuutensa perusteella valitseman toisen etuuden kanssa? 3)      Koskeeko tämä myös asetuksen – – N:o 1408/71 77 tai 78 artiklan soveltamisalaan kuuluvaa etuutta, josta on säädetty periaatteessa lasten asuinvaltiossa mutta jota koskevaa valinnanmahdollisuutta ei ole?” Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Kaksi ensimmäistä kysymystä Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kahdella ensimmäisellä kysymyksellään, jotka on tutkittava yhdessä, pääasiallisesti sitä, onko asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa tulkittava siten, että vanhuus- ja/tai työkyvyttömyyseläkettä saavilla henkilöillä tai kuolleen työntekijän orvolla, joihin on sovellettu useampien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä mutta joiden eläkeoikeudet tai orvon oikeudet perustuvat yksinomaan entisen työskentelyjäsenvaltion lainsäädäntöön, on oikeus vaatia kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta sen lainsäädännön mukaisia perheavustuksia vammaisten lasten hyväksi, vaikka he eivät ole hakeneet asuinjäsenvaltiossa sen lainsäädännön mukaisia määrältään suurempia vastaavia avustuksia sen vuoksi, että he ovat valinneet toisen vammaisetuuden, joka on niiden kanssa yhteensopimaton. Kysymykset on esitetty asioissa, joissa kyseessä olevat eläkkeensaajat sekä orpo (jäljempänä asianomaiset henkilöt) ovat tämän tuomion 17 kohdasta ilmenevällä tavalla valinneet asuinjäsenvaltionsa toimivaltaisten laitosten maksaman maksuihin perustumattoman vammaisetuuden, jonka maksaminen sulkee kyseisen valtion sisäisen lainsäädännön säännösten perusteella pois huollettavien lasten hyväksi tarkoitettujen etuuksien saamisen myös silloin, jos he ovat vammaisia. Tässä tilanteessa entisen työskentelyjäsenvaltion toimivaltaiset laitokset katsovat, että asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdasta ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdasta seuraa, että vain asuinjäsenvaltion on myönnettävä asianomaisille henkilöille perheavustuksia, koska oikeus tällaisiin avustuksiin on mainittujen säännösten mukaan ”saavutettu” kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, sillä kaikki lakisääteiset edellytykset näiden avustusten saamiselle täyttyvät, vaikka asianomaiset henkilöt ovat päättäneet olla hakematta niitä. Vaikka Espanjan hallitus täsmentää kirjallisissa huomautuksissaan, että Espanjan maksuihin perustumattomasta vammaisetuudesta, johon ennakkoratkaisupyynnössä on viitattu, on säädetty lain 13/1982 sijasta kuninkaan asetuksella 1/1994, se myöntää kuitenkin, ettei täsmennys vaikuta esitettyjen kysymysten merkityksellisyyteen, koska jokainen asianomaisten henkilöiden Espanjassa valitsemista etuuksista on niiden luonteesta riippumatta tämän tuomion 16 kohdasta ilmenevällä tavalla joka tapauksessa yhteensopimaton Espanjan lapsilisän, josta säädetään kuninkaan asetuksella 1/1994 vammaisten lasten hyväksi, kanssa. Nyt käsiteltävässä asiassa on aluksi tutkittava, kuuluuko ainakin yksi pääasiassa kyseessä olevista sosiaalietuuksista ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen katsomalla tavalla asetuksen N:o 1408/71 77 ja 78 artiklan soveltamisalaan. Jos näin ei ole, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen näiden säännösten tulkinnasta esittämät kysymykset ovat merkityksettömiä. Asetuksen N:o 1408/71 77 ja 78 artiklassa tarkoitetut etuudet Asetuksen N:o 1408/71 77 ja 78 artiklan 1 kohdan mukaan siinä tarkoitetut etuudet ovat ”perheavustuksia” ja orpojen kohdalla mahdollisesti myös tällaisiin avustuksiin maksettavia korotuksia tai lisiä. Asetuksen 1 artiklan u alakohdan ii alakohdan mukaan ”perheavustuksilla” tarkoitetaan kyseisessä asetuksessa yksinomaan perheenjäsenten lukumäärän ja tapauksen mukaan iän perusteella määräajoin suoritettavia rahaetuuksia. Tästä seuraa, että ”perheavustukset”, joiden maksamisesta mainituissa 77 ja 78 artiklassa säädetään, ovat ainoastaan etuuksia, jotka vastaavat tätä määritelmää, eivätkä niihin kuulu muut huollettavien lasten hyväksi tarkoitetut perhe-etuudet (ks. vastaavasti asia 313/86, Lenoir, tuomio 27.9.1988, Kok., s. 5391, Kok. Ep. IX, s. 703, 10 ja 11 kohta; asia C‑33/99, Fahmi ja Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, tuomio 20.3.2001, Kok., s. I‑2415, 33–35 kohta ja asia C‑43/99, Leclere ja Deaconescu, tuomio 31.5.2001, Kok., s. I‑4265, 41 ja 42 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa on aluksi huomattava, kun tarkastellaan asianosaisten asuinjäsenvaltiossaan valitsemaa Espanjan maksuihin perustumatonta vammaisetuutta, että se on kuninkaan asetukseen 1/1994 perustuva ”maksuihin perustumaton työkyvyttömyyseläke” tai lakiin 13/1982 perustuva ”erityinen tuki” ja sisältyy asetuksen N:o 1408/71 liitteeseen II a, johon sisältyvässä H jaksossa mainitaan ne Espanjan maksuihin perustumattomat erityiset etuudet, joihin saman asetuksen 10 a artiklan nojalla ei sovelleta III luvun säännöksiä. On riidatonta, että kyseinen etuus on maksuihin perustumaton erityinen etuus. Niinpä se ei kuulu asetuksen 1 artiklan u alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun käsitteen ”perheavustukset” piiriin eikä siten ole sen 77 ja 78 artiklan soveltamisalaan kuuluva ”etuus”. Lisäksi on riidatonta, että kyseessä olevien työntekijöiden entisessä työskentelyjäsenvaltiossa vammaisten lasten hyväksi säädetty Saksan lapsilisä, jonka Saksan liittotasavalta mainitsee asetuksen N:o 1408/71 5 artiklan nojalla antamassaan julistuksessa saman asetuksen 77 ja 78 artiklassa tarkoitettuihin etuuksiin kuuluvana, on puolestaan kyseisessä 1 artiklan u alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin ”perheavustuksiin” kuuluva etuus. Euroopan komissio esittää sitä vastoin olennaisilta osin Barrera Castron tavoin, että vastoin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymyksiin sisältyvää olettamaa kuninkaan asetuksen 1/1994 nojalla vammaisten lasten vanhemmille maksettava Espanjan lapsilisä ei kuulu mainittujen 77 ja 78 artiklan soveltamisalaan. Komission mukaan ei voida katsoa, että kyseinen etuus myönnettäisiin pelkästään perheenjäsenten lukumäärän ja tapauksen mukaan iän perusteella, sillä merkitystä on myös täydentävillä tai erilaisilla perusteilla, kuten vammalla ja sen asteella tai vakavuudella. Komission mukaan tämän arvioinnin vahvistaa kyseisen etuuden yhteensopimattomuus laissa 13/1982 säädetyn etuuden kanssa. Sen mukaan tällainen kansallisen oikeuden mukainen yhteensopimattomuus voisi selittyä vain sillä, että Espanjan lainsäätäjä katsoo, että nämä kaksi etuutta ovat samanlaisia tai että niillä on ainakin sama tavoite. On kuitenkin todettava, että Espanjan kuningaskunta mainitsi asetuksen N:o 1408/71 5 artiklan nojalla antamassaan julistuksessa nimenomaisesti, että kuninkaan asetuksessa 1/1994 säädetty Espanjan lapsilisä on mainitun asetuksen 77 artiklassa tarkoitettu etuus ja että saman lain mukaiset orpojen etuudet ovat sen 78 artiklassa tarkoitettuja etuuksia. Oikeuskäytännössä on aikaisemmin todettu, että vaikka se seikka, ettei tiettyjä eläkeläisten huollettaville lapsille kansallisen lain tai asetuksen nojalla myönnettyjä etuuksia ole mainittu asetuksen N:o 1408/71 5 artiklassa tarkoitetussa julistuksessa, ei ole itsessään osoitus siitä, etteivät nämä etuudet ole saman asetuksen 77 ja 78 artiklassa tarkoitettuja etuuksia, on sen sijaan katsottava, että kun tällaiset etuudet on mainittu kyseisessä julistuksessa, ne ovat näissä säännöksissä tarkoitettuja etuuksia (ks. vastaavasti asia C-251/89, Athanasopoulos ym., tuomio 11.6.1991, Kok., s. I‑2797, 28 kohta). Tästä seuraa, että Saksan lapsilisän, josta on säädetty asianomaisten henkilöiden entisessä työskentelyjäsenvaltiossa, tavoin myös Espanjan lapsilisä, josta on säädetty heidän asuinjäsenvaltiossaan kuninkaan asetuksella 1/1994, on asetuksen N:o 1408/71 1 artiklan u alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu ”perheavustus” ja siten saman asetuksen 77 ja 78 artiklan soveltamisalaan kuuluva ”etuus”. Tässä tilanteessa on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen pyytämällä tavalla tutkittava, onko entisen työskentelyjäsenvaltion toimivaltaisilla laitoksilla oikeus kieltäytyä maksamasta asianomaisille henkilöille perheavustuksia, joihin heillä on oikeus yksinomaan kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla, sillä perusteella, että asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaan heidän uudella asuinjäsenvaltiollaan on yksinomainen toimivalta maksaa näitä avustuksia, koska asianosaiset ovat jättäneet entisen työskentelyjäsenvaltionsa palatakseen kotijäsenvaltioonsa. Jäsenvaltio, jolla on perheavustusten maksamista koskeva toimivalta Tässä yhteydessä on huomautettava, että 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan säännösten mukaan silloin, kun eläkeläinen tai kuollut työntekijä on kuulunut useamman jäsenvaltion lainsäädännön alaisuuteen, perheavustukset myönnetään sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa eläkeläinen tai kuolleen työntekijän orpo asuu. Näillä asetuksen N:o 1408/71 säännöksillä asuinjäsenvaltiolle on näin ollen annettu yksinomainen toimivalta myöntää kyseessä olevia perheavustuksia (ks. vastaavasti asia C‑59/95, Bastos Moriana ym., tuomio 27.2.1997, Kok., s. I‑1071, 15 ja 18 kohta). Kyseisten asetuksen N:o 1408/71 säännösten sanamuodon itsensä mukaan asuinjäsenvaltio määritetään asetuksella N:o 1408/71 toimivaltaiseksi valtioksi kuitenkin vain silloin, kun oikeus perheavustuksiin on asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella ”saavutettu”. Viimeksi mainitun edellytyksen, joka on puhtaasti kansalliseen oikeuteen liittyvä kysymys, arviointi kuuluu kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan (asia C-471/99, Martínez Domínguez ym., tuomio 24.9.2002, Kok., s. I‑7835, 25 kohta). Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii nyt käsiteltävässä asiassa kuitenkin nimenomaan määrittämään asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetun käsitteen ”saavutettu” ulottuvuuden. Se haluaa tietää, voidaanko asuinjäsenvaltion lainsäädännössä säädettyä oikeutta perheavustuksiin pitää mainittujen säännösten mukaisesti ”saavutettuna”, jos se on suljettu pois vain sen vuoksi, että asianomaiset henkilöt ovat itse valinneet mainittujen perheavustusten kanssa yhteensopimattoman etuuden käyttämällä jäsenvaltion sisäiseen lainsäädäntöön perustuvaa valintaoikeuttaan. Tällainen kysymys unionin säännöstöön kuuluvan säännön tulkinnasta kuuluu selkeästi unionin tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan. Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että jotta perheavustuksia voitaisiin pitää jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ”saavutettuina”, kyseisen valtion lainsäädännössä on tunnustettava oikeus etuuksien maksuun tässä valtiossa työskentelevän tai työskennelleen perheenjäsenen hyväksi, ja etuudet on näin ollen tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti maksettava (ks. analogisesti asia 134/77, Ragazzoni, tuomio 20.4.1978, Kok., s. 963, 8 kohta ja asia 191/83, Salzano, tuomio 13.11.1984, Kok., s. 3741, 7 kohta). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tällaisen oikeuden tunnustaminen edellyttää kuitenkin, että asianomainen henkilö täyttää kaikki kyseisen valtion kansallisessa lainsäädännössä tämän oikeuden käytölle asetetut muodolliset ja aineelliset vaatimukset, joihin voi tarvittaessa kuulua edellytys, että tällaisia etuuksia on haettu etukäteen (ks. analogisesti em. asia Ragazzoni, tuomion 8 ja 9 kohta; em. asia Salzano, tuomion 7 ja 10 kohta; asia 153/84, Ferraioli, tuomio 23.4.1986, Kok., s. 1401, 14 kohta; asia C‑117/89, Kracht, tuomio 4.7.1990, Kok., s. I‑2781, 11 kohta ja asia C‑119/91, McMenamin, tuomio 9.12.1992, Kok., s. I‑6393, 26 kohta). Tästä seuraa, että jos asianomaiset henkilöt eivät pääasian tilanteen tavoin voi hakea asuinjäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjä perheavustuksia, koska he ovat valinneet toisen etuuden, jonka myöntäminen sulkee pois näiden avustusten maksamisen, asianomaisten henkilöiden oikeutta ei voida Espanjan hallituksen väittämällä ja myös Saksan hallituksen tukemalla tavalla pitää asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”saavutettuna”. Näin ollen asianomaiset henkilöt eivät täytä kaikkia mainittujen avustusten myöntämisen muodollisia ja aineellisia vaatimuksia. Tässä tilanteessa kyseisillä asetuksen N:o 1408/71 säännöksillä käyttöön otettua sääntöä, jonka mukaan asianomaisten henkilöiden asuinjäsenvaltiolla on yksinomainen toimivalta myöntää perheavustuksia sellaisille eläkeläisille tai kuolleiden työntekijöiden orvoille, joihin on sovellettu useamman jäsenvaltion lainsäädäntöä, ei näin ollen voida soveltaa. Saksan hallitus esittää kuitenkin, että silloin, kun oikeus perheavustuksiin asuinpaikkavaltiossa on pääasian tilanteen tavoin suljettu pois vain sen vuoksi, että asianomaiset henkilöt ovat valinneet samassa valtiossa toisen etuuden, on sovellettava analogisesti asetuksen N:o 1408/71 76 artiklan 2 kohtaa. Nyt käsiteltävään asiaan siirrettynä mainitun säännöksen soveltaminen merkitsee Saksan hallituksen mukaan sitä, että Saksan toimivaltaiset laitokset voisivat toimia samoin kuin siinä tapauksessa, että asianomaiset henkilöt olisivat valinneet Espanjan lainsäädännössä säädetyt perheavustukset, jolloin oikeus Saksan lainsäädännössä säädettyihin perheavustuksiin sulkeutuu pois. Saksan hallituksen mukaan tämä rinnastus on tehtävä yhtäältä tarkasteltavien intressien samankaltaisuuden vuoksi, sillä eläkeläisten huollettavia lapsia on kohdeltava samoin kuin työntekijöiden lapsia. Toisaalta näkemystä tukee myös 76 artiklan 2 kohdan tarkoitus ja tavoite. Kyseisellä säännöksellä ei pyritä vain välttämään etuuksien päällekkäisyyttä vaan myös takaamaan oikeudenmukainen vastuunjako jäsenvaltioiden välillä. Tarkoituksellisesta perhe-etuuksien hakematta jättämisestä ei pitäisi näin ollen seurata niiden myöntämisvelvoitteen siirtymistä tässä yhteydessä ensisijaiselta jäsenvaltiolta vasta toissijaisesti toimivaltaiselle jäsenvaltiolle. Tätä perustelua ei kuitenkaan voida hyväksyä. On totta, että tämän tuomion 43 ja 44 kohdassa mainittuihin tuomioihin johtaneissa asioissa merkityksellisten tosiseikkojen tapahtuma-ajan jälkeen asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se oli tuolloin voimassa, 76 artiklaa – josta tuomioissa oli kyse – on muutettu 30.10.1989 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3427/89 (EYVL L 331, s. 1) lisäämällä siihen 2 kohta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa se, että työskentelyjäsenvaltio voi keskeyttää oikeuden perhe-etuuksiin, jos niitä ei ole haettu asuinjäsenvaltiossa eikä tämä valtio ole näin ollen maksanut niitä. Tämä seikka ei kuitenkaan tee mainitusta oikeuskäytännöstä hyödytöntä tulkittaessa asetuksen N:o 1408/71 77 ja 78 artiklaa. Erona asetuksen N:o 1408/71 76 artiklan – joka liittyy sellaisiin perhe-etuuksia koskevien oikeuksien päällekkäisyystilanteisiin, joissa tällaisia etuuksia on maksettava perheenjäsenten asuinjäsenvaltiossa tapahtuvan ammatin harjoittamisen ja toisen jäsenvaltion lainsäädännön perusteella – aikaisempaan versioon, eläkeläisten ja kuolleiden työntekijöiden orpojen oikeutta perheavustuksiin koskevia 77 ja 78 artiklaa ei ole täydennetty asetuksella N:o 3427/89, jolla on kuitenkin muutettu useilla tavoin perheavustusten myöntämistä koskevien asetuksen N:o 1408/71 säännösten silloista versiota (ks. vastaavasti asia C-16/09, Schwemmer, tuomio 14.10.2010, 57 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Lisäksi on niin, varsinkin kun otetaan erityisesti huomioon kansallisten sosiaaliturvalainsäädäntöjen yhteensovittamista koskevan unionin säännöstön taustalla olevat tavoitteet, että sitä ei voida – ellei tästä ole olemassa näiden tavoitteiden mukaista nimenomaista poikkeusta – soveltaa siten, että siirtotyöläistä tai hänen oikeudenomistajiaan estetään saamasta etua yksinomaan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön perusteella myönnetyistä etuuksista pelkästään tämän lainsäädännön piirissä täyttyneiden vakuutusjaksojen perusteella (ks. vastaavasti mm. asia 9/67, Colditz, tuomio 5.7.1967, Kok., s. 297 ja 304; asia 100/78, Rossi, tuomio 6.3.1979, Kok., s. 831, Kok. Ep. IV, s. 421, 14 kohta; em. asia Schwemmer, tuomion 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia C‑388/09, da Silva Martins, tuomio 30.6.2011, 75 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Oikeuskäytännössä on aikaisemmin todettu asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdasta ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdasta, ettei näitä säännöksiä voida tulkita niin, että työntekijää tai kuolleen työntekijän orpoa estetään saamasta parempaa etuutta korvaamalla aikaisemmin yksinomaan toisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön perusteella hankitut etuudet uudessa asuinjäsenvaltiossa saavutetuilla etuuksilla (ks. vastaavasti mm. asia 733/79, Laterza, tuomio 12.6.1980, Kok., s. 1915, 9 ja 10 kohta; asia 807/79, Gravina, tuomio 9.7.1980, Kok., s. 2205, 8 kohta; asia 320/82, D’Amario, tuomio 24.11.1983, Kok., s. 3811, 5 kohta; asia 269/87, Ventura, tuomio 14.12.1988, Kok., s. 6411, 14 kohta ja em. asia Bastos Moriana ym., tuomion 16 kohta). Pääasiassa on riidatonta, että jokaisella asianomaisista henkilöistä oli, kuten ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymysten sanamuodostakin ilmenee, Saksassa oikeus yksinomaan Saksan lainsäädännön perusteella kyseisessä jäsenvaltiossa kertyneiden vakuutuskausien ansiosta saavutettuun eläkkeeseen. Tässä tilanteessa asetuksen N:o 1408/71 77 ja 78 artiklaa ei voida tulkita siten, että entisellä työskentelyjäsenvaltiolla olisi oikeus kieltäytyä maksamasta asianomaisille henkilöille yksinomaan sen valtion lainsäädännön perusteella saavutettuja perheavustuksia sillä perusteella, että asianomaiset henkilöt olisivat voineet hakea määrältään suurempia perheavustuksia asuinjäsenvaltiossaan. Koska näin ollen pääasiassa on riidatonta, kuten tämän tuomion 39–46 kohdasta ilmenee, etteivät asianomaiset henkilöt ole ”saavuttaneet” oikeutta perheavustuksiin asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella, entisen työskentelyjäsenvaltion, jossa oikeus tällaisiin perheavustuksiin on hankittu yksinomaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, toimivaltaisten laitosten on maksettava nämä avustukset täysimääräisesti kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä asetettujen edellytysten ja rajoitusten mukaisesti (ks. vastaavasti asia C-113/96, Gómez Rodríguez, tuomio 7.5.1998, Kok., s. I‑2461, 32 kohta ja em. asia Martínez Domínguez ym., tuomion 21 ja 22 kohta). Kahteen ensimmäiseen kysymykseen on edellä esitetyn perusteella vastattava, että asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa on tulkittava siten, että vanhuus- ja/tai työkyvyttömyyseläkettä saavilla henkilöillä tai kuolleen työntekijän orvolla, joihin on sovellettu useampien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä mutta joiden eläkeoikeudet tai orvon oikeudet perustuvat yksinomaan entisen työskentelyjäsenvaltion lainsäädäntöön, on oikeus vaatia kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta sen lainsäädännön mukaisia perheavustuksia vammaisten lasten hyväksi täysimääräisinä, vaikka he eivät ole hakeneet asuinjäsenvaltiossa sen lainsäädännön mukaisia määrältään suurempia vastaavia avustuksia sen vuoksi, että he ovat valinneet toisen vammaisetuuden, joka on niiden kanssa yhteensopimaton, jos oikeus perheavustuksiin entisessä työskentelyjäsenvaltiossa on saavutettu yksinomaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön perusteella. Kolmas kysymys Kun otetaan huomioon tämän tuomion 39–46 kohdassa mainitut seikat, voidaan todeta, että tilanteeseen, jossa asianomaisilla henkilöillä ei ole asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella mahdollisuutta valita perheavustusten maksamista kyseisessä jäsenvaltiossa esimerkiksi sen vuoksi, ettei kyseessä olevia lapsia voida enää pitää vanhempiensa huollettavina olevina, voidaan soveltaa soveltuvin osin unionin tuomioistuimen edellisessä kohdassa antamaa vastausta. Tällaisessa tilanteessa oikeutta perheavustuksiin ei voida nimittäin myöskään pitää asetuksen N:o 1408/71 77 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 78 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”saavutettuna” asuinjäsenvaltiossa, koska ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa itse, että tässä tapauksessa kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen avustusten myöntämisen aineelliset edellytykset eivät täyty, joten velvollisuutta näiden etuuksien maksamiseen ei ole. Niinpä kolmanteen kysymykseen on vastattava siten, että siihen on annettava sama vastaus kuin kahteen ensimmäiseen kysymykseen silloin, kun asianomaisilla henkilöillä ei ole asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella mahdollisuutta valita perheavustusten maksamista kyseisessä jäsenvaltiossa. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2006, 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa ja 78 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohtaa on tulkittava siten, että vanhuus- ja/tai työkyvyttömyyseläkettä saavilla henkilöillä tai kuolleen työntekijän orvolla, joihin on sovellettu useampien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä mutta joiden eläkeoikeudet tai orvon oikeudet perustuvat yksinomaan entisen työskentelyjäsenvaltion lainsäädäntöön, on oikeus vaatia kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta sen lainsäädännön mukaisia perheavustuksia vammaisten lasten hyväksi täysimääräisinä, vaikka he eivät ole hakeneet asuinjäsenvaltiossa sen lainsäädännön mukaisia määrältään suurempia vastaavia avustuksia sen vuoksi, että he ovat valinneet toisen vammaisetuuden, joka on niiden kanssa yhteensopimaton, jos oikeus perheavustuksiin entisessä työskentelyjäsenvaltiossa on saavutettu yksinomaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön perusteella. 2) Kolmanteen kysymykseen annettava vastaus on sama kuin kahteen ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus silloin, kun asianomaisilla henkilöillä ei ole asuinjäsenvaltion lainsäädännön perusteella mahdollisuutta valita perheavustusten maksamista kyseisessä jäsenvaltiossa. Allekirjoitukset * Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62003CJ0542

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1       Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie, art. 7 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 7 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1222/94 z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem II do traktatu oraz kryteria ustalania kwoty takich refundacji (Dz.U. L 136, str. 5), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 229/96 z dnia 7 lutego 1996 r. (Dz.U. L 30, str. 24, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1222/94”). 2       Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (zwanym dalej „Hauptzollamt”) a spółką Milupa GmbH & Co. KG (zwaną dalej „Milupą”) w przedmiocie uprawnienia do otrzymania refundacji wywozowej na towary zawierające mieszankę półproduktu wytworzonego nie z odtłuszczonego mleka świeżego, jak wskazano w zgłoszeniu wywozowym, ale z odtłuszczonego mleka koncentrowanego. Wspólnotowe ramy prawne Rozporządzenie (WE) nr 3448/93 3       Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającego zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (Dz.U. L 318, str. 18) stanowi: „Przy wywozie towarów produkty rolne, które zostały użyte i które spełniają warunki określone w art. 9 ust. 2 traktatu mogą kwalifikować się do refundacji określonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wspólnej organizacji rynku w danych sektorach. Nie przyznaje się refundacji eksportowych na produkty rolne należące do towarów nieobjętych wspólną organizacją rynku przewidującą refundacje eksportowe na produkty wytworzone w formie takich towarów”. Rozporządzenie nr 1222/94 4       Rozporządzenie to ustanawia wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji mające zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem II do traktatu WE (obecnie, po zmianie, załącznikiem I WE) i których produkty podstawowe są wyliczone w załącznikach do jednego z rozporządzeń podstawowych w sprawie wspólnej organizacji rynku w sektorach mleka i przetworów mlecznych, jaj, ryżu, cukru lub zbóż. Rozporządzenie nr 1222/94 stosuje się do produktów podstawowych wymienionych w załączniku A do tego rozporządzenia, do produktów powstałych wskutek ich przetworzenia, wymienionych w załączniku B lub C oraz do produktów zrównanych z jedną z tych dwóch kategorii zgodnie z art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia. 5       Załącznik A do rozporządzenia nr 1222/94 obejmuje w szczególności produkty podstawowe objęte kodem CN ex 0402 10 19 i oznaczone jako „mleko w proszku, niezawierające dodatków cukru lub innych środków słodzących, otrzymane metodą rozpyłową, o zawartości tłuszczu mniejszej niż 1,5% w masie oraz o zawartości wody mniejszej niż 5% w masie (PG 2)”. 6       Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1222/94 przewiduje zrównanie pewnej liczby produktów z innymi produktami. Tak więc art. 1 ust. 2 lit. c) tiret pierwsze oraz art. 1 ust. 2 lit. f) tiret pierwsze wymienionego rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2915/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. (Dz.U. L 305, str. 33), stanowi: „Do celów niniejszego rozporządzenia: […] c) –      mleko i przetwory mleczne objęte kodami CN 0403 10 22, 0403 90 51, 0404 90 11 i 0404 90 31, nieskoncentrowane ani niezawierające dodatku cukru lub innych środków słodzących, nawet mrożone, o zawartości tłuszczu w mleku nieprzekraczającej 0,1% w masie, […] zrównane są z odtłuszczonym mlekiem w proszku wymienionym w załączniku A (PG 2); […] f) –      mleko, śmietana i przetwory mleczne objęte kodami CN od 0403 10 22 do 0403 10 26, kodami CN od 0403 90 51 do 0403 90 59 oraz kodami CN od 0404 90 11 do 0404 90 39, skoncentrowane, inne niż w proszku, granulkach albo w innej postaci stałej, niezawierające dodatku cukru lub innych środków słodzących […] zrównane są z: i)      odtłuszczonym mlekiem w proszku wymienionym w załączniku A (PG 2), w odniesieniu do beztłuszczowej części zawartości suchej masy w zrównanym produkcie oraz ii)      masłem określonym w załączniku A (PG 6) w odniesieniu do części tłuszczu w mleku w zrównanym produkcie” [tłumaczenie nieoficjalne]. 7       Artykuł 3 rozporządzenia nr 1222/94 zawiera liczne przepisy odnoszące się do określania ilości produktów podstawowych, która ma być uwzględniona przy obliczaniu refundacji. W art. 3 ust. 2 tego artykułu przewiduje się w szczególności, że w pewnych okolicznościach ilość tę można ustalić, za zgodą właściwych władz, na podstawie wzoru produkcyjnego dla danych towarów lub na podstawie średnich ilości produktu, wykorzystanych w określonym czasie do wytworzenia danej ilości tych towarów. 8       Artykuł 7 rozporządzenia nr 1222/94 stanowi: „1.      Stosuje się rozporządzenie (EWG) nr 3665/87. Ponadto jeżeli towary mają zostać wywiezione, zainteresowany musi dokonać zgłoszenia ilości produktów podstawowych, produktów uzyskanych w wyniku ich przetworzenia albo produktów zrównanych z jedną z tych dwóch kategorii zgodnie z art. 1 ust. 2, które zostały faktycznie wykorzystane w rozumieniu art. 3 ust. 2 do wytworzenia tych towarów, w odniesieniu do których wnioskowana będzie refundacja, albo w inny sposób odnieść się do tego składu, jeżeli został on określony zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit trzeci. […] 2.      Zainteresowany, który nie sporządzi zgłoszenia określonego w ust. 1 albo nie dostarczy wystarczających informacji na poparcie swego zgłoszenia, nie jest uprawniony do refundacji. […] 5.      Na dokumencie poświadczającym wywóz należy wyszczególnić ilości towarów wywożonych oraz ilości produktów określonych w ust. 1 akapit pierwszy lub zamieścić odniesienie do składu określonego zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit trzeci. Jednakże w przypadku gdy stosuje się ust. 2 akapit drugi niniejszego artykułu, odniesienie to należy zastąpić ilościami produktów podstawowych wykazanych w kolumnie 4 załącznika D, odpowiednio do wyników analizy wywożonych towarów. […]” [tłumaczenie nieoficjalne]. Rozporządzenie (EWG) nr 3665/87 9       Artykuł 3 ust. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 27 listopada 1987 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych dla produktów rolnych (Dz.U. L 351, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2945/94 z dnia 2 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 310, str. 57, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 3665/87”), stanowi: „Dokument stosowany w wywozie w celu skorzystania z refundacji zawiera wszystkie konieczne informacje do obliczenia refundacji, w szczególności: a)       opis produktów zgodnie z nomenklaturą refundacji; b)       masę netto produktów lub, w razie konieczności, ilość wyrażoną w jednostce miary w celu obliczenia refundacji; c)       gdy okaże się to konieczne dla obliczenia refundacji, skład danych produktów lub odniesienie do niego. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest zgłoszeniem wywozowym, obok tych informacji musi on zawierać również kod refundacji” [tłumaczenie nieoficjalne]. 10     Artykuł 11 rozporządzenia nr 3665/87, stosowany przy wywozie, dla którego formalności określone w art. 3 tego rozporządzenia zostały spełnione od dnia 1 kwietnia 1995 r., stanowi: „1.      W przypadku stwierdzenia, że w celu przyznania refundacji wywozowej eksporter złożył wniosek o refundację wyższą od refundacji stosowanej, refundacja należna w przypadku danego wywozu jest refundacją stosowaną do produktów faktycznie wywiezionych, zmniejszoną o kwotę odpowiadającą: a)      połowie różnicy między refundacją wnioskowaną a refundacją stosowaną do wywozu faktycznie dokonanego; b)      podwójnej różnicy między refundacją wnioskowaną a refundacją stosowaną, w przypadku gdy eksporter umyślnie dostarczył fałszywych informacji. Za refundację wnioskowaną uważa się kwotę obliczoną na podstawie informacji dostarczonych na podstawie art. 3 lub 25 ust. 2. […] Kary przewidzianej w lit. a) nie stosuje się: […] –       w przypadku gdy refundacja, o którą się występuje, jest zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1222/94 […], w szczególności z jego art. 3 ust. 2, oraz jest obliczona na podstawie średnich ilości używanych w ustalonym okresie, […]. 3.      Bez uszczerbku dla obowiązku uiszczenia kwoty ujemnej na podstawie ust. 1 akapit czwarty, w przypadku wypłacenia nienależnej refundacji, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu nienależnie otrzymanych kwot łącznie z karą stosowaną na podstawie ust. 1 akapit pierwszy i odsetkami obliczonymi za okres, który upłynął między płatnością i zwrotem. […]” [tłumaczenie nieoficjalne]. Rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 11     Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz.U. L 366, str. 1) wprowadza nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych na podstawie nomenklatury scalonej. 12     Artykuł 3 tego rozporządzenia stanowi: „Nomenklatura refundacji jest wykorzystywana przez Komisję i państwa członkowskie w celu stosowania środków wspólnotowych odnoszących się do refundacji wywozowych do produktów rolnych, a kody numeryczne wpisuje się w dokumentach dostarczanych w tym celu. […] Komisja ogłasza w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pełną wersję nomenklatury refundacji, jak wynika to z przepisów regulujących wywóz produktów rolnych, która ma być stosowana, począwszy od dnia 1 stycznia każdego roku”. Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne 13     W 1996 r. Milupa wywiozła do Turcji towary nieobjęte załącznikiem II do traktatu i otrzymała na podstawie złożonego przez nią wniosku refundację wywozową. W zgłoszeniu wywozowym i w egzemplarzu kontrolnym T5 Milupa, na podstawie objaśnień przedstawionych przez producenta tych towarów wskazała, że w charakterze produktu pośredniego użyto mieszanki półproduktu wytworzonego z odtłuszczonego mleka świeżego o zawartości tłuszczu w mleku w wysokości 0,05% w masie. 14     W grudniu 1996 r. Milupa otrzymała informację, że mieszanka została wytworzona z odtłuszczonego mleka koncentrowanego o zawartości tłuszczu w mleku w wysokości od 0,14 do 0,19% w masie oraz 29,31% beztłuszczowej substancji suchej w masie. Pismem z dnia 22 stycznia 1997 r. Milupa zawiadomiła Hauptzollamt o sprostowanych danych. Decyzjami z dnia 11 i 12 lutego 1998 r. Hauptzollamt wezwał Milupę do zwrotu przyznanej jej refundacji wywozowej. 15     W wyniku skargi wniesionej przez Milupę Finanzgericht Hamburg uchylił zaskarżone decyzje, ponieważ Hauptzollamt wezwał do zwrotu kwoty odpowiadającej refundacji wywozowej, jaka powinna była zostać przyznana w przypadku użycia odtłuszczonego mleka skoncentrowanego w celu wytworzenia wywożonych towarów. W uzasadnieniu wyroku Finanzgericht Hamburg podkreślił, że wystarczy, aby zgłoszenie przedstawione przez zainteresowanego było ścisłe co do istoty. W przypadku wyłącznie pomniejszych rozbieżności pomiędzy rodzajem produktów użytych w celu wytworzenia towarów wywożonych wskazanym przez wnioskującego o refundację a ich rzeczywistym rodzajem całkowita utrata prawa do refundacji wywozowej nie stanowi, zdaniem Finanzgericht Hamburg, stosownej sankcji ani nie jest konieczna do zapobiegania nadużyciom, przyjąwszy, że wnioskujący otrzymałby refundację w kwocie w rzeczywistości równej kwocie, jaka zostałaby przyznana, gdyby przedstawione informacje były ścisłe. 16     Hauptzollamt wniósł apelację do sądu odsyłającego. W tych okolicznościach Bundesfinanzhof postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: „Czy art. 7 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie, art. 7 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1222/94, w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie (WE) nr 229/96, należy interpretować w ten sposób, że zainteresowany nie może ubiegać się o refundację wywozową, jeżeli w celu wytworzenia wywożonych towarów nie użyto zgłoszonego produktu, zrównanego z odtłuszczonym mlekiem w proszku tego rodzaju, jak wymienione w załączniku A (PG 2) na podstawie art. 1 ust. 2 lit. c) tiret pierwsze rozporządzenia nr 1222/94, lecz innego produktu, który, w odniesieniu do zawartości w nim beztłuszczowej substancji suchej, jest również zrównany z odtłuszczonym mlekiem w proszku tego rodzaju, jak wymienione w załączniku A (PG 2) na podstawie art. 1 ust. 2 lit. f) tiret pierwsze tego rozporządzenia?”. W przedmiocie pytania prejudycjalnego 17     W postawionym pytaniu sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 7 rozporządzenia nr 1222/94 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku takim jak w postępowaniu przed sądem krajowym zainteresowany nie może ubiegać się o refundację wywozową. 18     Zarówno Milupa, jak i Komisja utrzymują, że eksporter nie może zostać całkowicie pozbawiony refundacji. Jednak podczas gdy Milupa utrzymuje, że art. 7 rozporządzenia nr 1222/94 nie stoi na przeszkodzie takiej refundacji, Komisja ze swej strony twierdzi, że refundacja jest przewidziana w art. 11 rozporządzenia nr 3665/87. 19     Milupa zaznacza w szczególności, że wskazała ona produkt, który podlega zrównaniu na tej samej zasadzie co produkt, który został faktycznie użyty, oraz że przyznano jej refundację w kwocie prawie równej tej, do której była uprawniona. Milupa twierdzi, że zachowanie prawa do refundacji nie jest zatem sprzeczne z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1222/94. Całkowite cofnięcie refundacji zdaniem Milupy nie jest ani uzasadnione, ani konieczne oraz narusza zasadę proporcjonalności. 20     W tym względzie należy stwierdzić, że, zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1222/94, rozporządzenie nr 3665/87 stosuje się do refundacji, o które złożono wniosek w odniesieniu do produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem II do traktatu i objęte rozporządzeniem nr 1222/94. 21     Wspomniany art. 7 rozporządzenia nr 1222/94 zawiera ponadto pewne przepisy szczególne, właściwe rodzajowi produktów objętych tym rozporządzeniem. Artykuł 7 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie tego rozporządzenia stanowi więc, że jeżeli towary mają zostać wywiezione, zainteresowany musi dokonać zgłoszenia ilości produktów podstawowych, produktów uzyskanych w wyniku ich przetworzenia albo produktów zrównanych z jedną z tych dwóch kategorii zgodnie z art. 1 ust. 2, które zostały faktycznie wykorzystane w rozumieniu art. 3 ust. 2 do wytworzenia tych towarów, w odniesieniu do których wnioskowana będzie refundacja, albo w inny sposób odnieść się do tego składu, jeżeli został on określony zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit trzeci. 22     Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1222/94 stanowi, że „zainteresowany, który nie sporządzi zgłoszenia […] albo nie dostarczy wystarczających informacji na poparcie swego zgłoszenia, nie jest uprawniony do refundacji”. Jednak nie wydaje się, aby Milupa znajdowała się w sytuacji, o której mowa w tym przepisie. 23     Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 3665/87, stosowanego zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1222/94 przywołanym w pkt 20 niniejszego wyroku, sankcję przewidzianą w tym przepisie stosuje się „w przypadku stwierdzenia, że w celu przyznania refundacji wywozowej eksporter złożył wniosek o refundację wyższą od refundacji stosowanej”. Ten jasno sformułowany tekst nie zawiera żadnych odniesień do zasad zrównania wymienionych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1222/94. 24     Ponadto o ile art. 7 rozporządzenia nr 1222/94 zawiera pewne przepisy szczególne, właściwe rodzajowi produktów objętych tym rozporządzeniem, należy odnotować, że żaden z nich nie pozostaje w kolizji z art. 11 rozporządzenia nr 3665/87 w odniesieniu do stosowania tego przepisu w postępowaniu przed sądem odsyłającym. 25     Artykuł 11 ust. 1 akapit trzeci tiret czwarte rozporządzenia nr 3665/87 stanowi, że przewidzianej w tym artykule sankcji nie stosuje się, jeżeli refundacja, o którą się występuje, jest zgodna z rozporządzeniem nr 1222/94. Z przepisu tego można więc wywnioskować, że sankcję tę stosuje się wtedy, gdy wniosek o refundację wyższą niż stosowana, złożony na podstawie rozporządzenia nr 1222/94, jest z nim niezgodny. 26     W odniesieniu do oceny, w świetle zasady proporcjonalności, tej samej sankcji stosowanej wobec eksportera, który, nie ponosząc winy, złożył wniosek o refundację wyższą niż refundacja stosowana, Trybunał orzekł już, że sankcja ta nie narusza wspomnianej zasady, ponieważ nie można uznać jej za nieodpowiednią do celów zakładanych przez uregulowania wspólnotowe, czyli zwalczania nieprawidłowości i oszustw, ani za wykraczającą poza to, co jest konieczne do ich osiągnięcia (wyrok z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C‑210/00 Käserei Champignon Hofmeister, Rec. str. I‑6453, pkt 68). 27     Na postawione pytanie trzeba więc udzielić odpowiedzi, że art. 7 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie, art. 7 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 7 ust. 5 rozporządzenia nr 1222/94 należy interpretować w ten sposób, że jeżeli eksporter zgłosił we wniosku o refundację wywozową, iż w celu wytworzenia spornych towarów użyto produktu zrównanego z odtłuszczonym mlekiem w proszku wymienionym w załączniku A (PG 2) na podstawie art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, podczas gdy użyto innego produktu, również zrównanego z odtłuszczonym mlekiem w proszku na podstawie tego samego przepisu, może on ubiegać się o refundację wywozową, w danym przypadku w wysokości skorygowanej na podstawie art. 11 rozporządzenia nr 3665/87. W przedmiocie kosztów 28     Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje: Artykuł 7 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie, art. 7 ust. 2 akapit pierwszy oraz art. 7 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1222/94 z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem II do traktatu oraz kryteria ustalania kwoty takich refundacji, w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/96 z dnia 7 lutego 1996 r., należy interpretować w ten sposób, że jeżeli eksporter zgłosił we wniosku o refundację wywozową, iż w celu wytworzenia spornych towarów użyto produktu zrównanego z odtłuszczonym mlekiem w proszku wymienionym w załączniku A (PG 2) na podstawie art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, podczas gdy użyto innego produktu, również zrównanego z odtłuszczonym mlekiem w proszku na podstawie tego samego przepisu, może on ubiegać się o refundację wywozową, w danym przypadku w wysokości skorygowanej na podstawie art. 11 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 27 listopada 1987 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania refundacji wywozowych dla produktów rolnych w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 2945/94 z dnia 2 grudnia 1994 r. Podpisy * Język postępowania: niemiecki.

61985CJ0167

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1 VED STAEVNINGER REGISTERET PAA DOMSTOLENS JUSTITSKONTOR DEN 31 . MAJ OG DEN 12 . JULI 1985 HAR ASSIDER OG DEN ITALIENSKE REPUBLIKS REGERING I MEDFOER AF EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 35, STK . 3, ANLAGT SAG MED PAASTAND OM ANNULLATION AF KOMMISSIONENS STILTIENDE BESLUTNING OM AT AFVISE AT ANVENDE BESTEMMELSERNE I ARTIKEL 15B I KOMMISSIONENS BESLUTNING NR . 234/84/EKSF AF 31 . JANUAR 1984 OM FORLAENGELSE AF OVERVAAGNINGSORDNINGEN OG SYSTEMET FOR PRODUKTIONSKVOTER FOR VISSE PRODUKTER FOR VIRKSOMHEDERNE I JERN - OG STAALINDUSTRIEN ( EFT L*29, S.*1 ). 2 ASSIDER HAR SUBSIDIAERT NEDLAGT PAASTAND OM ANNULLATION AF DEN UDTRYKKELIGE BESLUTNING OM AT AFVISE AT ANVENDE NAEVNTE ARTIKEL 15B, DER EVENTUELT MAATTE FORELIGGE MED KOMMISSIONENS SKRIVELSE AF 22 . MARTS 1985 . 3 DEN ITALIENSKE REGERING HAR I SKRIVELSER TIL KOMMISSIONEN I TIDSRUMMET 30 . NOVEMBER 1984 - 25 . FEBRUAR 1985 DELS GJORT DEN OPMAERKSOM PAA, AT DE LEVEREDE MAENGDER I ITALIEN AF JERN - OG STAALPRODUKTER OMFATTET AF NAEVNTE BESLUTNING NR . 234/84/EKSF I HELE 1984 HAVDE AENDRET SIG VAESENTLIGT I FORHOLD TIL DE TRADITIONELLE LEVERANCER, DELS ANMODET KOMMISSIONEN OM AT IVAERKSAETTE DE I ARTIKEL 15B I BESLUTNING NR . 234/84/EKSF OMHANDLEDE UDLIGNINGSFORANSTALTNINGER . VED SKRIVELSE AF 18 . FEBRUAR 1985 ANMODEDE OGSAA ASSIDER OM, AT DENNE BESTEMMELSE BLEV BRAGT I ANVENDELSE . 4 KOMMISSIONEN MEDDELTE VED SKRIVELSE AF 22 . MARTS 1985 DEN ITALIENSKE REGERING, AT DEN EFTER EN UNDERSOEGELSE I TIDEN EFTER DEN 5 . JUNI 1984 AF GRUNDLAGET FOR DEN ITALIENSKE REGERINGS KLAGER OG EFTER AFHOLDELSE AF BILATERALE MOEDER MED DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER I DE BEROERTE MEDLEMSSTATER HAVDE INDLEDT PROCEDURER VEDROERENDE FORSKELLIGE OVERTRAEDELSER PAA PRISOMRAADET, OG AT DEN I HVERT ENKELT TILFAELDE VILLE TAGE STILLING TIL, OM DET VAR HENSIGTSMAESSIGT AT FORTSAETTE DEN I ARTIKEL 15B I BESLUTNING NR . 234/84/EKSF OMHANDLEDE PROCEDURE . 5 KOMMISSIONEN TILSTILLEDE DEN 24 . APRIL 1985 ASSIDER EN SKRIVELSE MED SAMME INDHOLD SOM SKRIVELSEN TIL DEN ITALIENSKE REGERING AF 22 . MARTS 1985, HVORI DET BLOT TILFOEJES, AT ASSIDER VIL BLIVE UNDERRETTET, SAAFREMT DE IGANGVAERENDE UNDERSOEGELSER SKULLE BERETTIGE KOMMISSIONEN TIL AT TAGE YDERLIGERE SKRIDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 15B I BESLUTNING NR . 234/84/EKSF . 6 VEDROERENDE DE FOR TVISTEN RELEVANTE RETSREGLER SAMT PARTERNES ANBRINGENDER OG ARGUMENTER SKAL DER HENVISES TIL RETSMOEDERAPPORTEN . DISSE OMSTAENDIGHEDER OMTALES DERFOR KUN I DET FOELGENDE, SAAFREMT DET PAA DE ENKELTE PUNKTER ER NOEDVENDIGT FOR FORSTAAELSEN AF DOMSTOLENS ARGUMENTATION . FORMALITETEN SAMT ASSIDER' S SUBSIDIAERE PAASTANDE 7 KOMMISSIONEN HAR AFVIST, AT SKRIVELSERNE AF 22 . MARTS 1985 OG 24 . APRIL 1985 INDEHOLDER ET UDTRYKKELIGT AFSLAG PAA SAGSOEGERNES ANMODNING I HENHOLD TIL EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 35 . ASSIDER' S SUBSIDIAERE PAASTAND OM ANNULLATION AF DET UDTRYKKELIGE AFSLAG, DER HAEVDES AT FORELIGGE VED SKRIVELSEN AF 22 . MARTS 1985, BOER DERFOR AFVISES . 8 AF ORDLYDEN AF DEN OVENFOR CITEREDE SKRIVELSE AF 22 . MARTS 1985, DER BLEV TILSTILLET ASSIDER DEN 24 . APRIL 1985 FREMGAAR, AT DER IKKE ER TALE OM EN UDTRYKKELIG AFVISNING AF AT ANVENDE PROCEDUREN I HENHOLD TIL ARTIKEL 15B, MEN DERIMOD OM EN MEDDELELSE OM, HVOR LANGT MAN VAR NAAET I SAGSBEHANDLINGEN MED HENBLIK PAA EN EVENTUEL BESLUTNING . NAEVNTE SKRIVELSE KAN FOELGELIG IKKE LIGESTILLES MED EN UDTRYKKELIG AFVISNING, DER KAN AFBRYDE FRISTEN I HENHOLD TIL EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 35, STK . 3, OG DERMED GOERES TIL GENSTAND FOR ET ANNULLATIONSSOEGSMAAL . 9 AF DET ANFOERTE FOELGER, AT ASSIDER' S SUBSIDIAERE PAASTAND OM ANNULLATION AF DEN BESLUTNING, DER EVENTUELT MAATTE FORELIGGE VED SKRIVELSEN AF 22 . MARTS 1985, SKAL AFVISES . DERIMOD SKAL SAGSOEGERNES PAASTANDE OM ANNULLATION AF DEN STILTIENDE AFVISNING, DER MAA ANTAGES AT FORELIGGE I OG MED, AT KOMMISSIONEN IKKE BESVAREDE DERES ANMODNINGER, BEHANDLES I REALITETEN . REALITETEN 10 DET SKAL FREMHAEVES, AT SELV OM SAGSOEGERNE RIGTIGNOK UDEN TILFOEJELSER I OEVRIGT ANMODEDE KOMMISSIONEN OM BLOT AT BRINGE ARTIKEL 15B I NAEVNTE EKSF-BESLUTNING I ANVENDELSE, FREMGAAR DET AF BAADE STAEVNINGERNE OG RETSFORHANDLINGERNE, AT ASSIDER OG DEN ITALIENSKE REGERING UNDER SAGEN KUN HAR REJST KRAV OM ANNULLATION AF KOMMISSIONENS STILTIENDE BESLUTNING OM AT AFVISE AT ANVENDE BESLUTNINGENS ARTIKEL 15B . 11 SAGSOEGERNE HAR STOETTET DERES PAASTANDE PAA TO ANBRINGENDER . DE HAR FOR DET FOERSTE GJORT GAELDENDE, AT DER FORELIGGER EN TILSIDESAETTELSE AF EKSF-BESLUTNINGENS ARTIKEL 15B, STK . 4, SAMT AF FORSKELLIGE EKSF-TRAKTATBESTEMMELSER . ENDVIDERE HAR DE GJORT GAELDENDE, AT DER FORELIGGER MAGTFORDREJNING, IDET KOMMISSIONEN HAR FORFULGT ET ANDET FORMAAL END DET MED VEDTAGELSEN AF ARTIKEL 15B TILSIGTEDE FORMAAL . 12 SAGSOEGERNE HAR I FOERSTE RAEKKE HENVIST TIL, AT KOMMISSIONEN I DET OMFANG, HVORI DEN ITALIENSKE REGERINGS KLAGE SOM HER I SAGEN BLEV FUNDET BERETTIGET, HAVDE PLIGT TIL STRAKS AT GRIBE IND OG ANMODE DE BEROERTE VIRKSOMHEDER OM SKRIFTLIGT AT FORPLIGTE SIG TIL AT UDLIGNE UBALANCEN I DERES TRADITIONELLE LEVERANCER . MED OVERTRAEDELSEN AF ARTIKEL 15B, STK . 4, FORELIGGER DER SAMTIDIG EN OVERTRAEDELSE AF EKSF-TRAKTATENS ARTIKEL 58, DER DANNER HJEMMEL FOR BESLUTNING NR . 234/84/EKSF, SAMT AF TRAKTATENS ARTIKEL 5, HVOREFTER FAELLESSKABET ER FORPLIGTET TIL AT SOERGE FOR BLANDT ANDET OPRETHOLDELSE AF NORMALE KONKURRENCEBETINGELSER . 13 DET BEMAERKES, AT KOMMISSIONEN IFOELGE NAEVNTE ARTIKEL 15B, STK . 4, KUN SKAL GRIBE IND, HVIS DEN FINDER, AT DEN KLAGE, DER ER INDGIVET AF EN MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL SAMME ARTIKELS STK . 1, ER BERETTIGET . 14 AF STK . 3 I ARTIKEL 15B FREMGAAR KLART, AT KOMMISSIONEN VED VURDERINGEN AF, OM EN MEDLEMSSTATS KLAGE ER BERETTIGET, IKKE BLOT SKAL HOLDE SIG TIL DE STATISTISKE OPLYSNINGER, DER ER BLEVET MEDDELT DEN, MEN OGSAA SKAL TAGE HENSYN TIL "ALLE OMSTAENDIGHEDER I DEN FORELIGGENDE SAG ". VED AFGOERELSEN AF, OM EN MEDLEMSSTATS KLAGE ER BERETTIGET, HAR KOMMISSIONEN ALTSAA EN VIS SKOENSMARGEN . 15 OMVENDT FOELGER DET AF DE I ARTIKEL 15B, STK . 4, ANVENDTE ORD, AT KOMMISSIONEN, HVIS DEN FORELAGTE KLAGE FINDES BERETTIGET, HAR PLIGT TIL AT ANMODE DE BEROERTE VIRKSOMHEDER OM AT PAATAGE SIG DEN I BESTEMMELSEN BESKREVNE FORPLIGTELSE . DET MAA BEMAERKES, AT ARTIKEL 15B, STK . 5, OMVENDT LEVNER KOMMISSIONEN EN VID SKOENSMARGEN VED AFGOERELSEN OM EN NEDSAETTELSE AF KVOTERNE FOR EN VIRKSOMHED, DER HAR UNDLADT AT PAATAGE SIG ELLER AT OVERHOLDE EN SAADAN FORPLIGTELSE . 16 KONKRET FREMGAAR DET AF SAGEN, AT KOMMISSIONEN ANERKENDTE RIGTIGHEDEN AF DE STATISTISKE OPLYSNINGER, DEN ITALIENSKE REGERING FREMLAGDE, OG PAA GRUNDLAG HERAF NAAEDE TIL DET RESULTAT, AT LEVERANCERNE VAR AENDRET VAESENTLIGT I FORHOLD TIL DE TRADITIONELLE LEVERANCER, JFR . ARTIKEL 15B, STK . 1 . DEN FASTSLOG DESUDEN, AT DISSE AENDRINGER, DER VAR SKET TIL SKADE FOR DE ITALIENSKE PRODUCENTER, IKKE VAR BLEVET UDLIGNET VED ANDRE AENDRINGER TIL FORDEL FOR DEM, OG AT DISSE FAENOMENER IKKE KUNNE TILSKRIVES SAEDVANLIGE UDSVING PAA MARKEDET, MEN DERIMOD SKYLDTES, AT EN RAEKKE PRODUCENTER HAVDE OVERTRAADT FAELLESSKABETS ORDNING FOR PRISER PAA JERN - OG STAALPRODUKTER . AF SAGEN FREMGAAR ENDELIG OGSAA, AT KOMMISSIONEN I OKTOBER 1984 IVAERKSATTE DE HOERINGER AF DE PAAGAELDENDE MEDLEMSSTATER, DER IFOELGE ARTIKEL 15B, STK . 4, ER PAAKRAEVET, SAAFREMT "KOMMISSIONEN FINDER KLAGEN BERETTIGET ". 17 DET MAA HEREFTER FASTSLAAS, AT KOMMISSIONEN ALLEREDE I FJERDE KVARTAL 1984 VAR NAAET TIL DET RESULTAT, AT DEN ITALIENSKE REGERINGS KLAGE VAR BERETTIGET, OG DEN MAATTE DERFOR I HENHOLD TIL BESTEMMELSEN I ARTIKEL 15B, STK . 4, HAVE PLIGT TIL AT ANMODE DE ANSVARLIGE VIRKSOMHEDER OM SKRIFTLIGT AT FORPLIGTE SIG TIL AT UDLIGNE UBALANCEN I DERES TRADITIONELLE LEVERANCER . 18 KOMMISSIONEN HAR BEGRUNDET SIN UNDLADELSE AF AT HANDLE MED, AT DEN IKKE HAVDE PLIGT TIL AT SKRIDE IND INDEN ET BESTEMT TIDSPUNKT, SAMT AT DEN FANDT DET NOEDVENDIGT FORUD FOR ANVENDELSEN AF ARTIKEL 15B, STK . 4, AT AFVENTE UDFALDET AF DE PROCEDURER OM OVERTRAEDELSE AF PRISORDNINGEN FOR JERN - OG STAALPRODUKTER, SOM DEN HAVDE INDLEDT OVER FOR VISSE PRODUCENTER . DISSE PROCEDURER VAR IKKE AFSLUTTET I DECEMBER 1986 . 19 DENNE ARGUMENTATION KAN IKKE TILTRAEDES . DEN I ARTIKEL 15B, STK . 4, OMHANDLEDE FORANSTALTNING HAR IKKE KARAKTER AF EN SANKTION OG ER DERFOR IKKE BETINGET AF, AT DET KONSTATERES, AT DER FORELIGGER EN OVERTRAEDELSE AF EN ELLER ANDEN ART FRA DE OMHANDLEDE VIRKSOMHEDERS SIDE . DET FREMGAAR ENDVIDERE AF ARTIKEL 15B' S ORDLYD, AT DEN PROCEDURE, DER ER TALE OM, SKAL GENNEMFOERES HURTIGT, LIGESOM DET IFOELGE BESTEMMELSENS STK . 4, NETOP ER PAAKRAEVET, AT DEN FORPLIGTELSE, VIRKSOMHEDERNE PAATAGER SIG, OPFYLDES I KVARTALET EFTER DET KVARTAL, HVOR KOMMISSIONEN HAR FUNDET KLAGEN BERETTIGET . KOMMISSIONEN HAVDE DERFOR I DET FORELIGGENDE TILFAELDE PLIGT TIL AT ANMODE DE BEROERTE VIRKSOMHEDER OM ALLEREDE I FOERSTE KVARTAL 1985 AT UDLIGNE UBALANCEN I DERES TRADITIONELLE LEVERANCER . 20 HEREFTER OG IDET EN STILLINGTAGEN TIL DEN ANDEN SOEGSMAALSGRUND FINDES UPAAKRAEVET, KAN DET FASTSLAAS, AT KOMMISSIONENS STILTIENDE BESLUTNING OM AT TRAEFFE DE I ARTIKEL 15B, STK . 4, I BESLUTNING NR . 234/84/EKSF OMHANDLEDE FORANSTALTNINGER IFOELGE NAEVNTE BESTEMMELSE HAR VAERET RETSSTRIDIG OG DERFOR BOER ANNULLERES . Afgørelse om sagsomkostninger SAGENS OMKOSTNINGER 21 I HENHOLD TIL PROCESREGLEMENTETS ARTIKEL 69, STK . 2, DOEMMES DEN PART, DER TABER SAGEN, TIL AT AFHOLDE SAGENS OMKOSTNINGER . DA KOMMISSIONEN HAR TABT SAGEN, PAALAEGGES DEN SAGENS OMKOSTNINGER . Afgørelse PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER UDTALER OG BESTEMMER DOMSTOLEN 1 ) KOMMISSIONENS STILTIENDE BESLUTNING OM AT AFVISE AT TRAEFFE DE I ARTIKEL 15B, STK . 4, I BESLUTNING NR . 234/84/EKSF OMHANDLEDE FORANSTALTNINGER ANNULLERES . 2 ) KOMMISSIONEN BETALER SAGENS OMKOSTNINGER .

62000CJ0427

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Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 20 de Novembro de 2000, a Comissão das Comunidades Europeias instaurou, nos termos do artigo 226.° CE, uma acção destinada a obter a declaração de que, ao não garantir a conformidade das suas águas balneares com os valores-limite fixados nos termos do artigo 3.° da Directiva 76/160/CEE do Conselho, de 8 de Dezembro de 1975, relativa à qualidade das águas balneares (JO 1976, L 31, p. 1; EE 15 F1 p. 133, a seguir «directiva»), o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força daquela directiva. 2 O artigo 1.° , n.° 2, alínea a), da directiva dispõe: «Na acepção da presente directiva, entende-se por: a) Águas balneares - as águas, no seu total ou em parte, doces, correntes ou estagnadas, assim como a água do mar nas quais o banho: - é expressamente autorizado pelas autoridades competentes de cada Estado-Membro, ou - não é proibido e é habitualmente praticado por um número considerável de banhistas.» 3 Nos termos do artigo 3.° , n.° 1, primeiro parágrafo, da directiva, «[o]s Estados-Membros fixarão, para todas as zonas balneares ou para cada uma delas, os valores aplicáveis às águas balneares no que respeita aos parâmetros indicados no anexo». 4 O artigo 3.° , n.° 2, da directiva prevê que «[o]s valores fixados por força do n.° 1 não podem ser menos rigorosos que os indicados na coluna I do anexo». Do anexo da directiva constam 19 parâmetros, bem como valores-limite imperativos para a maioria destes. 5 Resulta do artigo 4.° , n.° 1, da directiva que os Estados-Membros eram obrigados a tomar as disposições necessárias para que a qualidade das águas balneares satisfizesse os valores-limite fixados nos termos do artigo 3.° da referida directiva no prazo de dez anos após a notificação desta. 6 O artigo 13.° da directiva, na versão que resulta da Directiva 91/692/CEE do Conselho, de 23 de Dezembro de 1991, relativa à normalização e à racionalização dos relatórios sobre a aplicação de determinadas directivas respeitantes ao ambiente (JO L 377, p. 48), prevê que, anualmente, os Estados-Membros transmitam à Comissão um relatório sobre a aplicação da presente directiva durante esse ano. Este relatório é enviado à Comissão antes do termo do ano em questão. 7 A directiva foi notificada ao Reino Unido em 10 de Dezembro de 1975. 8 As autoridades britânicas transmitiram à Comissão relatórios sobre a aplicação da directiva, nomeadamente, para as épocas balneares de 1996 e 1997. Neles, a Comissão constatou que, durante a época balnear de 1997, apenas 88,3% das águas balneares do Reino Unido respeitavam os valores-limite imperativos especificados na coluna I do anexo da directiva, sendo esse valor de 89,4% durante a época balnear de 1996. Consequentemente, por notificação de 22 de Janeiro de 1999, a Comissão chamou a atenção do Reino Unido para tais incumprimentos e convidou-o a transmitir-lhe as suas observações a este respeito. 9 O Governo do Reino Unido respondeu por carta de 30 de Março de 1999, invocando a sua determinação em garantir, o mais cedo possível, o respeito da directiva e indicando que estavam em curso trabalhos destinados a melhorar a qualidade das águas balneares em causa. 10 Não satisfeita com a resposta, a Comissão dirigiu ao Reino Unido, em 28 de Fevereiro de 2000, um parecer fundamentado no qual concluiu que, ao não garantir a conformidade das suas águas balneares com os valores-limite fixados nos termos do artigo 3.° da directiva, aquele Estado-Membro não cumprira as obrigações que lhe incumbem por força da referida directiva e convidou-o a tomar as medidas necessárias para dar cumprimento ao mesmo parecer no prazo de dois meses a contar da respectiva notificação. 11 As autoridades britânicas responderam por carta de 14 de Junho de 2000, reconhecendo que não haviam cumprido, da forma exigida, as normas da directiva. Todavia, afirmaram que as falhas reveladas em 1997 eram excepcionais e que a taxa de conformidade global tinha ascendido a 91,4% em 1999. Além disso, alegaram que, até 2005, a realização de peritagens aprofundadas e a aplicação de medidas de correcção eram susceptíveis de elevar a 97% a taxa de conformidade com os valores-limite imperativos. 12 Todavia, a Comissão considerou que a situação de incumprimento persistia e, por conseguinte, instaurou a presente acção. 13 Na sua contestação, o Governo do Reino Unido alega que, desde 1997, o nível de qualidade das águas balneares no Reino Unido melhorou consideravelmente, até atingir uma taxa de conformidade recorde, no ano 2000, de 94% para as águas costeiras. Todavia, reconhece a justeza da acusação formulada pela Comissão quanto às épocas balneares objecto da presente acção por incumprimento. 14 Resulta do artigo 4.° , n.° 1, da directiva que os Estados-Membros eram obrigados a tomar as disposições necessárias para que a qualidade das águas balneares satisfizesse os valores-limite fixados nos termos do artigo 3.° da referida directiva no prazo de dez anos após a notificação desta. A directiva impõe, portanto, aos Estados-Membros que sejam atingidos determinados resultados e não lhes permite invocar, salvo as derrogações nela previstas, circunstâncias especiais para justificar o não respeito desta obrigação (v. acórdãos de 14 de Julho de 1993, Comissão/Reino Unido, C-56/90, Colect., p. I-4109, n.os 42 a 44, e de 25 de Maio de 2000, Comissão/Bélgica, C-307/98, Colect., p. I-3933, n.os 48 e 49). 15 Ora, as autoridades britânicas não invocam nenhuma dessas derrogações. Além disso, segundo os elementos submetidos à Comissão e não contestados pelas referidas autoridades, a qualidade das águas balneares britânicas não passou a satisfazer os valores-limite imperativos fixados nos termos do artigo 3.° da directiva no prazo estabelecido no parecer fundamentado. 16 Por conseguinte, há que concluir que, ao não garantir a conformidade das suas águas balneares com os valores-limite imperativos fixados nos termos do artigo 3.° da directiva, o Reino Unido não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força da referida directiva. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 17 Por força do artigo 69.° , n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencida o tiver requerido. Tendo a Comissão requerido a condenação do Reino Unido e tendo este sido vencido, há que condená-lo nas despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção) decide: 1) Ao não garantir a conformidade das suas águas balneares com os valores-limite imperativos fixados nos termos do artigo 3.° da Directiva 76/160/CEE do Conselho, de 8 de Dezembro de 1975, relativa à qualidade das águas balneares, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força daquela directiva. 2) O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte é condenado nas despesas.

62017CJ0115

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Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της αρχής της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο δίκης μεταξύ, αφενός, της administration des douanes et droits indirects (υπηρεσίας τελωνείων και εμμέσων φόρων, Γαλλία) και του Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (δημόσιου οργανισμού για τα γεωργικά και τα αλιευτικά προϊόντα, Γαλλία) και, αφετέρου, των Hubert Clergeau, Jean‑Luc Labrousse, Jean‑Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean‑Paul Matrat, Jean‑Pierre Paziot και Patrice Raillot (στο εξής: κατηγορούμενοι της κύριας δίκης) σχετικά με την ποινική ευθύνη τους για ψευδείς δηλώσεις ή τεχνάσματα με σκοπό την αποκόμιση πλεονεκτήματος κατά την εξαγωγή. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Ο κανονισμός (ΕΟΚ) 1964/82 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 1982, περί θεσπίσεως των όρων χορηγήσεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα αποστεωμένα βόεια κρέατα ( ΕΕ 1982, L 212, σ. 48 ), προέβλεπε τους όρους χορηγήσεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένες ποιότητες κρεάτων. Κατά τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού αυτού: «[…] λόγω της καταστάσεως της αγοράς, της οικονομικής καταστάσεως του τομέα του βοείου κρέατος και των δυνατοτήτων διαθέσεως ορισμένων από αυτά τα προϊόντα, πρέπει να προβλεφτούν οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να χορηγηθούν σ’ αυτά τα προϊόντα ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή […]». Προς τον σκοπό αυτό, το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού όριζε τα εξής: «Τα αποστεωμένα τεμάχια που προέρχονται από νωπά ή διατηρημένα δι’ απλής ψύξεως οπίσθια τεταρτημόρια αρρένων χονδρών βοοειδών που είναι συσκευασμένα ξεχωριστά, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού, είναι δυνατόν να τύχουν ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή. […]» Το άρθρο 2, παράγραφος 1, του ίδιου ως άνω κανονισμού προέβλεπε τα εξής: «Ο διαχειριστής υποβάλλει στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, που ορίζουν τα Κράτη μέλη, δήλωση με την οποία εκδηλώνει τη θέλησή του να αποστεώσει τα οπίσθια τεταρτημόρια που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού, και να εξαγάγει ολόκληρη την ποσότητα των αποστεωμένων τεμαχίων, κάθε ένα από τα οποία θα είναι ξεχωριστά συσκευασμένο.» Τα άρθρα 1 και 2, παράγραφος 1, του κανονισμού 1964/82 τροποποιήθηκαν, με ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου 1998, με τον κανονισμό (ΕΚ) 2469/97 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 1997, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 για τη θέσπιση των όρων χορήγησης ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα αποστεωμένα βόεια κρέατα, (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 που καθορίζει την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και ([ΕΚ]) αριθ. 1445/95 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος ( ΕΕ 1997, L 341, σ. 8 ). Η δεύτερη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 2469/97 είχε ως εξής: «[εκτιμώντας] ότι, μετά από την εφαρμογή της γεωργικής συμφωνίας του Γύρου της Ουρουγουάης, αποδεικνύεται σκόπιμο να συσταθεί καθεστώς που θα επιτρέψει να καθορίζονται καλύτερα τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος που πρέπει να εξαχθούν με μια σχετική προτίμηση για τις τρίτες χώρες· ότι η εισαγωγή ειδικής επιστροφής για τα αποστεωμένα τεμάχια των εμπροσθίων τεταρτημορίων των χονδρών αρρένων βοοειδών θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη αυτού του στόχου· ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να επεκταθεί το ισχύον καθεστώς του κανονισμού [1964/82] στα εν λόγω προϊόντα». Το άρθρο 1 του κανονισμού 1964/82, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2469/97, όριζε τα εξής: «Τα αποστεωμένα τεμάχια που προέρχονται από νωπά ή διατηρημένα δι’ απλής ψύξεως εμπρόσθια και οπίσθια τεταρτημόρια αρρένων χονδρών βοοειδών που είναι συσκευασμένα ξεχωριστά και μέσης περιεκτικότητας σε άπαχο βόειο κρέας 55 % ή περισσότερο, είναι δυνατόν, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού, να τύχουν ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή. […]» Ο κανονισμός (ΕΚ) 1359/2007 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2007, περί θεσπίσεως των όρων χορηγήσεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα αποστεωμένα βόεια κρέατα ( ΕΕ 2007, L 304, σ. 21 ), κατάργησε και αντικατέστησε από την 1η Ιανουαρίου 2008 τον κανονισμό 1964/82. Η αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού 1359/2007 έχει ως εξής: «Λόγω της καταστάσεως της αγοράς, της οικονομικής καταστάσεως του τομέα του βοείου κρέατος και των δυνατοτήτων διαθέσεως ορισμένων από αυτά τα προϊόντα, πρέπει να προβλεφτούν οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να χορηγηθούν σε αυτά τα προϊόντα ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή. Ιδιαιτέρως, τέτοιοι όροι πρέπει να καθοριστούν για ορισμένες ποιότητες κρεάτων που προέρχονται από την αποστέωση τεταρτημορίων αρρένων βοοειδών.» Τα άρθρα 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού επαναλαμβάνουν με κατ’ ουσίαν πανομοιότυπη διατύπωση το γράμμα του άρθρου 1 του κανονισμού 1964/82, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2469/97. Το γαλλικό δίκαιο Το άρθρο 426 του code des douanes (τελωνειακού κώδικα) ορίζει τα εξής: «Ως εισαγωγή ή εξαγωγή απαγορευμένων εμπορευμάτων χωρίς δήλωση θεωρούνται: […] 4° ψευδείς δηλώσεις ή τεχνάσματα με σκοπό ή αποτέλεσμα την εν όλω ή εν μέρει επιστροφή, απαλλαγή, μείωση των δασμών ή την αποκόμιση πλεονεκτήματος σε σχέση με την εισαγωγή ή την εξαγωγή, με εξαίρεση τις παραβάσεις των κανόνων που αφορούν την ποιότητα ή τη συσκευασία, όταν οι εν λόγω παραβάσεις δεν έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την επιστροφή, απαλλαγή, μείωση των δασμών ή την αποκόμιση οικονομικού πλεονεκτήματος· […]». Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα Στις 21 Δεκεμβρίου 1990, ο procureur de la République de La Rochelle (εισαγγελέας της La Rochelle, Γαλλία) κίνησε δικαστική έρευνα κατά αγνώστων για το αδίκημα των ψευδών δηλώσεων ή τεχνασμάτων κατά την έννοια του άρθρου 426.4° του code des douanes (τελωνειακού κώδικα). Η δικαστική αυτή έρευνα αφορούσε πράξεις που φέρονταν ότι τελέστηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Clergeau SA, εταιρίας με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αγορά, πώληση, μεταφορά, εισαγωγή και εξαγωγή κρέατος, καθώς και τη λειτουργία σφαγείων. Στις 25 Μαΐου 2010, το chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers (συμβούλιο εφετών Poitiers, Γαλλία) αποφάσισε να περατώσει τη δικαστική έρευνα και να παραπέμψει τους κατηγορουμένους της κύριας δίκης στο ακροατήριο του πλημμελειοδικείου. Στους εν λόγω κατηγορουμένους προσάπτεται, κατ’ ουσίαν, ότι μεταξύ του 1987 και του 1992 τέλεσαν πράξεις ως αποτέλεσμα των οποίων η Clergeau εισέπραξε ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή κατά την έννοια του κανονισμού 1964/82, τις οποίες αυτή δεν δικαιούνταν, δηλώνοντας ως «αποστεωμένα τεμάχια που προέρχονται από […] οπίσθια τεταρτημόρια» αρρένων χονδρών βοοειδών, κατά την έννοια του άρθρου 1 του εν λόγω κανονισμού, κομμάτια κρέατος τα οποία δεν ενέπιπταν στον ορισμό αυτόν. Ειδικότερα, στους κατηγορουμένους της κύριας δίκης προσάπτεται ότι παρέδωσαν στην εγκεκριμένη αποθήκη εξαγωγών τεμάχια που προέρχονταν κατά κύριο λόγο από τα εμπρόσθια τεταρτημόρια, ενώ επιλέξιμα για τη χορήγηση των επιστροφών αυτών ήταν μόνο τα τεμάχια που προέρχονταν από τα οπίσθια τεταρτημόρια. Με απόφαση του tribunal correctionnel de La Rochelle (πλημμελειοδικείου La Rochelle, Γαλλία) της 3ης Δεκεμβρίου 2013, η οποία επικυρώθηκε κατ’ έφεση με απόφαση του cour d’appel de Poitiers (εφετείο Poitiers, Γαλλία) της 12ης Μαρτίου 2015, οι κατηγορούμενοι της κύριας δίκης απαλλάχθηκαν από τις εις βάρος τους κατηγορίες. Εν συνεχεία, η administration des douanes et droits indirects (υπηρεσία τελωνείων και εμμέσων φόρων) και ο FranceAgriMer άσκησαν αναίρεση κατά της εφετειακής αποφάσεως ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, το οποίο εκτιμά ότι με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως που προβάλλει ο FranceAgriMer εγείρεται ζήτημα δικαίου της Ένωσης σχετικά με την ερμηνεία της αρχής της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 49, παράγραφος 1, του Χάρτη. Προς στήριξη του λόγου αυτού αναιρέσεως, ο FranceAgriMer υποστηρίζει κατ’ ουσίαν ότι το cour d’appel de Poitiers (εφετείο Poitiers) παραβίασε τις αρχές του διαχρονικού ποινικού δικαίου, εφαρμόζοντας αναδρομικώς στη διαφορά της κύριας δίκης τα τροποποιημένα κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά τις ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή και όχι εκείνα που προέβλεπε αρχικώς ο κανονισμός 1964/82. Ειδικότερα, κατά την άποψή του, η τροποποίηση αυτή των κριτηρίων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αρχής της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου, δεδομένου ότι δεν αφορούσε τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος και δεν μετέβαλε τον ποινικό χαρακτηρισμό της απαγγελθείσας στην κύρια δίκη κατηγορίας. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει εξαρχής ότι ο κανονισμός 1964/82 προέβλεπε τη χορήγηση ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή που εφαρμόζονταν στα αποστεωμένα τεμάχια τα οποία προέρχονταν από τα οπίσθια τεταρτημόρια χονδρών αρρένων βοοειδών. Εντούτοις, σε χρόνο μεταγενέστερο των επίμαχων πραγματικών περιστατικών στην υπόθεση της κύριας δίκης, ο κανονισμός αυτός αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό 1359/2007 με τον οποίο το ευεργέτημα των ως άνω επιστροφών επεκτάθηκε και στα τεμάχια που προέρχονται από τα εμπρόσθια τεταρτημόρια. Τίθεται συνεπώς εν προκειμένω το ζήτημα αν οι τροποποιημένες αυτές διατάξεις πρέπει να εφαρμοστούν στη διαφορά της κύριας δίκης βάσει της αρχής της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου. Ως προς το ζήτημα αυτό, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει καταρχάς ότι η ως άνω αρχή συνδέεται με την αντίληψη ότι οι κατηγορίες απαγγέλλονται και οι ποινές επιβάλλονται μόνον εφόσον κρίνονται αναγκαίες. Η εκτίμηση όμως της αναγκαιότητας αυτής έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα όταν πρόκειται για οικονομικές ρυθμίσεις, λόγω της μεταβαλλόμενης φύσεώς τους. Στον τομέα αυτόν, το γεγονός ότι ορισμένο μέτρο δεν παρίσταται πλέον αναγκαίο υπό το πρίσμα της σημερινής οικονομικής καταστάσεως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί κύρωση για την παράβασή του κατά το παρελθόν. Εν συνεχεία, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι το άρθρο 426.4° του code des douanes (τελωνειακού κώδικα) θέτει σε εφαρμογή στη γαλλική έννομη τάξη την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ να επιβάλλονται κυρώσεις στα πρόσωπα που, εξαιτίας ψευδών δηλώσεων ή τεχνασμάτων, εισπράττουν ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή τις οποίες δεν δικαιούνταν. Πλην όμως, η εθνική αυτή διάταξη, που αποτελεί τη νομική βάση των διώξεων στην υπόθεση της κύριας δίκης, δεν έχει τροποποιηθεί διαχρονικά. Τέλος, το εν λόγω δικαστήριο εκτιμά ότι η εφαρμογή της αρχής της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου σε περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης συνεπάγεται αποδυνάμωση της καταστολής των πράξεων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η εφαρμογή της αρχής που προβλέπεται στο άρθρο 49, παράγραφος 1, του Χάρτη ενδέχεται να εμποδίσει την τήρηση του άρθρου 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γαλλία) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Έχει το άρθρο 49 του Χάρτη […] την έννοια ότι αντιτίθεται στο να καταδικαστεί ένα πρόσωπο επειδή εισέπραξε αχρεωστήτως επιστροφή κατά την εξαγωγή μέσω τεχνασμάτων ή ψευδών δηλώσεων ως προς τη φύση των εμπορευμάτων για τα οποία ζητήθηκαν οι επιστροφές, ενώ, κατόπιν τροποποιήσεως της εφαρμοστέας κανονιστικής ρυθμίσεως, η οποία επήλθε σε χρόνο μεταγενέστερο των πραγματικών περιστατικών, τα εμπορεύματα τα οποία είχε ήδη εξαγάγει κατέστησαν επιλέξιμα για τη χορήγηση των εν λόγω επιστροφών;» Επί του προδικαστικού ερωτήματος Με το προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη έχει την έννοια ότι αντιτίθεται στην καταδίκη ορισμένου προσώπου επειδή εισέπραξε αχρεωστήτως επιστροφές κατά την εξαγωγή προβλεπόμενες από τον κανονισμό 1964/82, μέσω τεχνασμάτων ή ψευδών δηλώσεων σχετικά με τη φύση των εμπορευμάτων για τα οποία ζητήθηκαν οι επιστροφές, στην περίπτωση που, κατόπιν τροποποιήσεως του κανονισμού αυτού που επήλθε σε χρόνο μεταγενέστερο των πράξεων για τις οποίες απαγγέλθηκε κατηγορία, τα εμπορεύματα τα οποία εξήγαγε το πρόσωπο αυτό κατέστησαν επιλέξιμα για τις ως άνω επιστροφές. Κατ’ αρχάς, υπενθυμίζεται ότι η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 49, παράγραφος 1, του Χάρτη, αποτελεί μέρος του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης. Ακόμη και πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, η οποία προσέδωσε στον Χάρτη την ίδια νομική ισχύ με τις Συνθήκες, το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η αρχή αυτή απορρέει από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης τις οποίες ο εθνικός δικαστής πρέπει να σέβεται κατά την εφαρμογή του εθνικού δικαίου (απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2016, Paoletti κ.λπ., C-218/15 , EU:C:2016:748 , σκέψη ). Επομένως, το γεγονός και μόνον ότι τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως της κύριας δίκης έλαβαν χώρα μεταξύ του 1987 και του 1992, ήτοι πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, δεν εμποδίζει, εν προκειμένω, την εφαρμογή της αρχής της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην έννομη τάξη της Ένωσης ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις οι οποίες διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, αλλά όχι πέραν των καταστάσεων αυτών (απόφαση της 14ης Ιουνίου 2017, Online Games κ.λπ., C-685/15 , EU:C:2017:452 , σκέψη ). Εν προκειμένω, αρκεί η επισήμανση ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέσχε το αιτούν δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι της κύριας δίκης διώκονται βάσει του άρθρου 426.4° του code des douanes (τελωνειακού κώδικα), επειδή προέβησαν σε τεχνάσματα και ψευδείς δηλώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την είσπραξη ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή τις οποίες προβλέπει ο κανονισμός 1964/82. Συνεπώς, η διάταξη αυτή του code des douanes (τελωνειακού κώδικα) έχει, μεταξύ άλλων, ως σκοπό να τιμωρεί την προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη από το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ και το άρθρο 325 ΣΛΕΕ. Υπό τις συνθήκες αυτές, διαπιστώνεται ότι η αξιόποινη πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 426.4° του code des douanes (τελωνειακού κώδικα) και η ποινική διαδικασία της κύριας δίκης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην έννομη τάξη της Ένωσης, κατά την έννοια της νομολογίας που εκτέθηκε στη σκέψη 28 της παρούσας αποφάσεως, και, άρα, το αιτούν δικαστήριο έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει την τήρηση, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, της αρχής της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 3ης Μαΐου 2005, Berlusconi κ.λπ., C-387/02, C-391/02 και C-403/02 , EU:C:2005:270 , σκέψη ). Τούτου δοθέντος, προς απάντηση του ερωτήματος του αιτούντος δικαστηρίου, υπενθυμίζεται ότι, σε χρόνο μεταγενέστερο των επίμαχων στην υπόθεση της κύριας δίκης πραγματικών περιστατικών, το άρθρο 1 του κανονισμού 1964/82 τροποποιήθηκε, με ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου 1998, με τον κανονισμό 2469/97 με τον οποίο το ευεργέτημα των προβλεπόμενων από τον κανονισμό 1964/82 ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή επεκτάθηκε και στα τεμάχια που προέρχονται από τα εμπρόσθια τεταρτημόρια των χονδρών αρρένων βοοειδών, όπως εκείνα τα οποία αφορούσαν οι ψευδείς δηλώσεις ή τα τεχνάσματα που προσάπτονται στους κατηγορουμένους της κύριας δίκης. Οι τροποποιημένες διατάξεις επαναλήφθηκαν εν συνεχεία στο άρθρο 1 του κανονισμού 1359/2007 ο οποίος κωδικοποίησε και αντικατέστησε τον κανονισμό 1964/82 από την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξακριβωθεί αν, λαμβανομένης υπόψη της εν λόγω τροποποιήσεως των κριτηρίων επιλεξιμότητας που προβλέπει το άρθρο 1 του κανονισμού 1964/82, η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη αντιτίθεται, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, στην καταδίκη ορισμένου προσώπου επειδή προέβη σε ψευδείς δηλώσεις ή τεχνάσματα κατά την έννοια του άρθρου 426.4° του code des douanes (τελωνειακού κώδικα). Ως προς το ζήτημα αυτό, πρέπει να υπομνησθεί ότι η εφαρμογή του επιεικέστερου ποινικού νόμου προϋποθέτει κατ’ ανάγκην διαχρονική διαδοχή νόμων και βασίζεται στη διαπίστωση ότι ο νομοθέτης άλλαξε γνώμη είτε ως προς τον ποινικό χαρακτηρισμό των πράξεων είτε ως προς την ποινή η οποία πρέπει να επιβληθεί για μια αξιόποινη πράξη (απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2016, Paoletti κ.λπ., C-218/15 , EU:C:2016:748 , σκέψη ). Πλην όμως, επισημαίνεται, αφενός, ότι, όπως προκύπτει από τη δικογραφία που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο, από τον χρόνο της διαπράξεως του επίμαχου στην υπόθεση της κύριας δίκης αδικήματος, ο Γάλλος νομοθέτης δεν έχει επιφέρει καμία τροποποίηση ως προς την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 426.4° του code des douanes (τελωνειακού κώδικα). Οι ψευδείς δηλώσεις ή τα τεχνάσματα που είχαν ως αποτέλεσμα την αποκόμιση πλεονεκτήματος σχετικού με τις εξαγωγές, όπως οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό 1964/82 ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή, εξακολουθούν συνεπώς να είναι ποινικώς κολάσιμες όπως ακριβώς ήταν και κατά τον χρόνο των επίμαχων στην υπόθεση της κύριας δίκης πραγματικών περιστατικών. Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι, όπως επισήμανε η γενική εισαγγελέας στο σημείο 41 των προτάσεών της, εν προκειμένω δεν μεταβλήθηκε η εκτίμηση του Γάλλου νομοθέτη ως προς τον ποινικό χαρακτηρισμό των πράξεων για τις οποίες απαγγέλθηκε κατηγορία ή ως προς την ποινή η οποία πρέπει να επιβληθεί για το αδίκημα που προσάπτεται στους κατηγορουμένους της κύριας δίκης. Αφετέρου, όσον αφορά την τροποποίηση που επήλθε στις κανονιστικές ρυθμίσεις του δικαίου της Ένωσης για την οποία έγινε λόγος στη σκέψη 31 της παρούσας αποφάσεως, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 2469/97, η καθιέρωση ειδικής επιστροφής κατά την εξαγωγή για τα αποστεωμένα τεμάχια που προέρχονται από τα εμπρόσθια τεταρτημόρια των χονδρών αρρένων βοοειδών σκοπό είχε να προσαρμόσει τις εν λόγω ρυθμίσεις στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς κρέατος και ιδίως στις εξελίξεις στην κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς που οφείλονται στην εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης. Κατά συνέπεια, η επιλογή του νομοθέτη της Ένωσης να τροποποιήσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προβλέπει το άρθρο 1 του κανονισμού 1964/82 στηρίζεται σε αμιγώς οικονομική και τεχνική εκτίμηση της καταστάσεως της παγκόσμιας αγοράς κρέατος. Διαπιστώνεται συνεπώς ότι με την τροποποίηση αυτή ο νομοθέτης της Ένωσης ουδόλως είχε ως σκοπό να θέσει εν αμφιβόλω τον ποινικό χαρακτηρισμό ή την εκτίμηση, εκ μέρους των αρμόδιων εθνικών αρχών, της ποινής η οποία πρέπει να επιβάλλεται για συμπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσμα την αθέμιτη είσπραξη ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή τις οποίες προβλέπει ο κανονισμός 1964/82, όπως οι ψευδείς δηλώσεις ή τα τεχνάσματα που προσάπτονται στους κατηγορουμένους της κύριας δίκης. Εξάλλου, όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η Γαλλική Κυβέρνηση με τις γραπτές της παρατηρήσεις, πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η τροποποίηση που επήλθε στο πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμίσεων της Ένωσης δεν μετέβαλε τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος που προσάπτεται στους κατηγορουμένους της κύριας δίκης. Συγκεκριμένα, εφόσον το αδίκημα αυτό αφορά ψευδείς δηλώσεις και τεχνάσματα που είχαν ως αποτέλεσμα την είσπραξη ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή τις οποίες προβλέπει ο κανονισμός 1964/82, το γεγονός και μόνον ότι, σε χρόνο μεταγενέστερο των επίμαχων στην υπόθεση της κύριας δίκης πραγματικών περιστατικών, τα εμπορεύματα για τα οποία ζητήθηκαν οι ως άνω επιστροφές κατέστησαν επιλέξιμα για το ευεργέτημα αυτό δεν παρίσταται ικανό να επηρεάσει τον ποινικά κολάσιμο χαρακτήρα αυτών των ψευδών δηλώσεων και τεχνασμάτων. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σκέψεων, στο υποβληθέν προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στην καταδίκη ορισμένου προσώπου επειδή εισέπραξε αχρεωστήτως ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή προβλεπόμενες από τον κανονισμό 1964/82, μέσω τεχνασμάτων ή ψευδών δηλώσεων σχετικά με τη φύση των εμπορευμάτων για τα οποία ζητήθηκαν οι επιστροφές, καίτοι, κατόπιν τροποποιήσεως του κανονισμού αυτού που επήλθε σε χρόνο μεταγενέστερο των πράξεων για τις οποίες απαγγέλθηκε κατηγορία, τα εμπορεύματα τα οποία εξήγαγε το πρόσωπο αυτό κατέστησαν επιλέξιμα για τις ως άνω επιστροφές. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφαίνεται: Η αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 49, παράγραφος 1, τρίτη περίοδος, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στην καταδίκη ορισμένου προσώπου επειδή εισέπραξε αχρεωστήτως ειδικές επιστροφές κατά την εξαγωγή προβλεπόμενες από τον κανονισμό (ΕΟΚ) 1964/82 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 1982, περί θεσπίσεως των όρων χορηγήσεως ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα αποστεωμένα βόεια κρέατα, μέσω τεχνασμάτων ή ψευδών δηλώσεων σχετικά με τη φύση των εμπορευμάτων για τα οποία ζητήθηκαν οι επιστροφές, καίτοι, κατόπιν τροποποιήσεως του κανονισμού αυτού που επήλθε σε χρόνο μεταγενέστερο των πράξεων για τις οποίες απαγγέλθηκε κατηγορία, τα εμπορεύματα τα οποία εξήγαγε το πρόσωπο αυτό κατέστησαν επιλέξιμα για τις ως άνω επιστροφές. ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.